DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO I	México, DF, 30 de marzo de 2004	Sesión No. 6

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Con todo gusto, señor Presidente.

Le informo que existen registrados 303 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 11: 21horas):

Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 30 de marzo de 2004.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de los estados de Chihuahua y de Quintana Roo.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política, con proyecto de acuerdo sobre la integración de delegaciones de diputados ante organismos parlamentarios internacionales.

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que reforma la Ley Federal de Derechos, presentada por la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

En el que transcribe punto de acuerdo por el que comunica que se declara 2004 como ``Año del CL (150) aniversario del Himno Nacional Mexicano''.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación en relación con el punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, para solicitar al Ejecutivo Federal promover nuevos vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. (Turno a comisión.)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Natania Swirski Roldán pueda prestar servicios en la Embajada de Australia en México. (Turno a comisión.)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luz Marina Frock Castillo, Juan Pablo Nieto Villarreal, Marina Martínez Benítez, Sihomara Zúñiga León y Jacqueline Itzel Solís González puedan prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora y Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el Consulado de Canadá en Puerto Vallarta, Jalisco, y en su Embajada, respectivamente, y se comunica que la ciudadana Claudia Patricia Cordero Fernández ha dejado de prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México. (Turno a comisión.)

Iniciativas de diputados

Que adiciona un párrafo al artículo 94 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3º de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que adiciona un párrafo noveno al artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desplazados internos, a cargo del diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Que reforma y adiciona los artículos 58 y 61 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de participación infantil y juvenil, a cargo de la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que adiciona dos fracciones al artículo 10 y reforma el artículo 208 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar al Ejecutivo la facultad de presentar iniciativas de ley o decreto de carácter urgente, a cargo del diputado Alvaro Elías Loredo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para precisar los alcances de la labor de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, adelantar la fecha de presentación del mismo y fijar una fecha límite para su aprobación, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 112-bis de la Ley de Instituciones de Crédito y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y adiciona un párrafo al artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para tipificar el delito de falsificación de tarjetas, títulos de crédito, cheques y otros documentos para el pago de bienes o servicios y para disposición de efectivo, a cargo del diputado Manuel Ignacio López Villarreal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para prohibir actos de discriminación laboral contra las mujeres, a cargo de la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Dictámenes a discusión

De las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo en relación con la proposición para apoyar una reforma fundamental de la Organización de las Naciones Unidas para que el Consejo de Seguridad sea un órgano de mayor legitimación que ofrezca a los miembros de la organización un marco de seguridad efectiva.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Proposiciones

Con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno de México que se abstenga de votar contra una resolución en materia de derechos humanos en Cuba, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que lleve a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara y en caso de que no se cumplan por parte del grupo concesionario las obligaciones de conservación y mantenimiento en este aeropuerto y se le sancione o, en su caso, se le revoque la concesión conforme a derecho, a cargo de la diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para crear la comisión especial para los festejos del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para recomendar a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público, para que a través de sus órganos desconcentrados exista una mayor coordinación en el diseño y propuesta de instrumentos económicos, fiscales, financieros y del mercado, destinados a apoyar la internalización de daños ambientales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política que integre una comisión especial de seguimiento al caso del cardenal Posadas Ocampo, a cargo del diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a retirar las reservas impuestas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo a fin de exhortar al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dé trámite y respuesta a la petición de las comisiones relacionadas con el campo, sobre la reasignación de 10 mil 800 millones de pesos de presupuesto para el campo, suscrita por integrantes de diversas comisiones de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado J. Miguel Luna Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que de los ingresos netos de Pronósticos Deportivos que se enteran a la Tesorería de la Federación, 8% se destine al fomento del deporte en los municipios del país, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para ordenar a la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos federalizados asignados al estado de Colima, con objeto de transparentar el ejercicio de su gasto y, en especial a los destinados al pago electrónico de la nómina, suscrita por los diputados Antonio Morales de la Peña y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, investiguen e informen a esta soberanía acerca de la continuación del Programa de Deportación Lateral puesto en marcha por el Gobierno de Estados Unidos de América y que es violatorio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía para que a través de la Comisión Reguladora, de acuerdo con sus facultades, establezcan mecanismos de coordinación para prevenir accidentes en las compañías que tienen la concesión de la distribución de gas natural en el Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo gire sus instrucciones a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para que se establezcan nuevas tarifas al suministro y venta de electricidad a los productores agropecuarios del estado de Chihuahua y se cree una tarifa preferencial para uso agrícola y otra para uso ganadero en el mismo Estado, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para hacer un atento exhorto a las secretarías de la Función Pública, y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Procuraduría General de la República, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, investiguen al Servicio Postal Mexicano por el presunto robo de cheques enviados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América a migrantes mexicanos por concepto de pensión y devolución de impuestos, a cargo del diputado José Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para exhortar al pleno de la Cámara de Diputados a honrar la memoria de las víctimas de los atentados de Madrid y de la invasión de Irak; así como exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a adoptar una política exterior activa que contribuya al fin de la ocupación norteamericana y evite las guerras en el mundo, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación aplique una auditoría técnica y de desempeño a la investigación desarrollada por la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República del Caso Colosio, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la instalación de plantas regasificadoras en Baja California, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, a que se destinen los recursos necesarios para que se realicen los proyectos de riego de ``San Vicente Boquerón'' y ``Los Zapotes'', en el estado de Puebla, a cargo de la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que cumpla plena y oportunamente diversos aspectos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que, mediante las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, investigue y proceda legalmente en el caso de importación de azúcar al país, imponiendo las sanciones que resulten aplicables, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, en nombre de diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades educativas federales y locales, verifiquen que los centros educativos que imparten el nivel de preescolar cumplan con la normatividad establecida en la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Dirección General de Pemex a no deshacerse de capital humano y técnico con el argumento de la aplicación de los criterios de austeridad contenidos en el artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a informar oportunamente de los recursos a los que se refiere el artículo 7o., fracción XI, de la Ley de Ingresos, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a todos los partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados a suscribir un acuerdo nacional en contra de la corrupción y a trabajar con apego a su declaración de principios, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Transportes la realización de un foro nacional de consulta, análisis y discusión sobre el sector de transportes, a fin de contar con los elementos suficientes para la generación de una iniciativa de ley que rija en el sector, a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los gobiernos federal, del estado de Tamaulipas y del municipio de Altamira para que se coordinen para impulsar el proyecto Fénix en esta demarcación, a cargo del diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Congreso de Guerrero para que apruebe la propuesta de Ley de Desaparición Forzada de Personas, presentada por la sociedad civil, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo a fin de que se establezca el programa de capacitación integral para la mujer, en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país, a cargo del diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a regularizar la prestación del servicio público de transporte transfronterizo de pasajeros, a cargo del diputado Alfredo Fernández Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, atiendan a ex trabajadores de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Michoacán realicen las acciones necesarias a efecto de evitar la tala clandestina y la deforestación de las áreas forestales en el estado de Michoacán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que destine la cantidad de 270 millones de pesos como subsidio para ayudar a los consumidores del municipio de Musical, Baja California, a pagar los recibos de energía eléctrica durante el próximo verano, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Profepa y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a colocar puntos de supervisión en las carreteras de los estados de Oaxaca y de Chiapas para combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que solicita la creación de la comisión especial para definir el futuro de México, a cargo del diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar se reabra la investigación sobre el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Salud, y de Gobernación, así como a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a que apliquen puntualmente la normatividad en relación con la publicidad y comercialización de los llamados ``medicamentos milagro'', a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades y a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que encuentren un equilibrio que resuelva la situación que actualmente enfrenta el régimen de jubilaciones y pensiones de esta institución, a cargo del diputado Manuel Pérez Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Comisión Federal de Electricidad el cambio de la División Centro Sur a la División Centro Occidente, de los municipios de Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Carácuaro, Tzitzio y Tuzantla, del estado de Michoacán, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo por el que se propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ordene que se lleve a cabo la sustitución, manejo y disposición final de los bifenilos policlorados, así como de los equipos y materiales que los contienen, donde quiera que éstos se ubiquen, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía y a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad a que reclasifiquen la tarifa del servicio residencial de energía eléctrica en los municipios de Córdoba, Fortín, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Carrillo Puerto, Naranjal, Yanga, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Acayucan, en el estado de Veracruz, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que no se apliquen las acciones administrativas para cancelar los pozos profundos en el estado de Chihuahua cuyos títulos de concesión se encuentran vencidos, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo propuesto al grupo parlamentario del PAN, por parte del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, para fortalecer las acciones en materia de lucha contra el contrabando, la piratería, la adulteración y el comercio ilegal a fin de contrarrestar este mal, a cargo del diputado Miguel Angel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a la brevedad, suspenda la transmisión de los spots publicitarios en radio y televisión que promueven la Ley de Ahorro y Crédito Popular y el desprestigio de las sociedades cooperativas de ahorro y crédito que han manifestado inconformidad con dicho ordenamiento, a cargo del diputado David Ferreira Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a que implante un programa de mantenimiento y capacitación al interior de todo el sector eléctrico paraestatal, así como de modernización para todas las unidades de generación que sean sujetas a mejoras tecnológicas durante los periodos que estén fuera de operación, con la finalidad de aumentar su eficiencia y competitividad, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo a fin de solicitar a las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público que implanten de manera urgente programas y acciones para el combate al contrabando, la piratería y la mercancía robada en la industria textil, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para aplicar en Estados Unidos de América medidas de efecto equivalente por las moratorias establecidas en ese país a la apertura acordada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrita por los diputados Federico Döring Casar y Francisco Juan Avila Camberos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Gobernación a que intervengan en la resolución de los hechos de agresión con armas de fuego a trabajadores petroleros de la Sección Decimocuarta del STPRM, en ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al gobierno del estado de Jalisco y al ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, su pronta intervención ante la afectación del estero conocido como El Salado, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la agenda política del estado de México, a cargo del diputado Juan Carlos Núñez Armas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo a fin de que el Pleno de la Cámara de Diputados exhorte a la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a que detenga el canje de pagarés de Fobaproa hasta que no se observe el estricto cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo respecto al caso que presentó México ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por la situación de 52 mexicanos sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo en torno de la situación que se vive en el municipio de Tetipac, Guerrero, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo respecto de la entrada a territorio nacional de militares del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para realizar presuntamente prácticas militares en el estado de Puebla, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo relativo al informe anual 2003 presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a cargo del diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Excitativas

A las comisiones unidas de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las comisiones de Salud y de Seguridad Social, de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, a solicitud de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Rubén Figueroa Smutny, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las comisiones de Gobernación, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las comisiones unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, a solicitud del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Sobre la persistencia de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre los resultados de la reunión de la CEPAL, misma que conmemora los 10 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en Santiago de Chile, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la Ley 151, aprobada por el estado de Sonora, en relación con la reforma del Código Electoral del estado para la asignación de 50% de todas las candidaturas para cada género, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Sobre el LXVI aniversario de la Expropiación Petrolera, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, y de Convergencia.

Sobre el aniversario del natalicio de don Benito Juárez, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, y de Convergencia.

Sobre el X aniversario luctuoso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el XCI aniversario de la firma del Plan de Guadalupe, que se cumple el 26 de marzo, a cargo del diputado Jesús Zúñiga Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Sobre el Día Forestal Mundial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el Día Meteorológico Mundial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el Día Mundial de la Tuberculosis, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

En votación económica, las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinticinco de marzo de dos mil cuatro, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las diez horas con veintiún minutos del jueves veinticinco de marzo de dos mil cuatro, con la asistencia de doscientos setenta y cinco diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Comunicación del Congreso del estado de Tabasco con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

La Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo noventa y nueve de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite copia de la contestación de la Subsecretaría de Normatividad de Medios, a los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, relativos a los tiempos acumulados y los porcentajes de utilización de los tiempos sociales de ley en radio y televisión, a partir del primero de enero de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al promovente, para su conocimiento.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

María del Carmen Izaguirre Francos, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley General de Protección y Desarrollo de las Explotaciones y Granjas Avícolas y Porcícolas. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Minerva Hernández Torres, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, que reforma y adiciona el artículo setenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo veintiséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo veinte de la Ley de Planeación. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.

Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Participación Ciudadana con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

Francisco Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un régimen de disciplina y ética parlamentarias. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

A las once horas con veinte minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos veintinueve diputadas y diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.

Alejandra Méndez Salorio, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ochenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Amalín Yabur Elías, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento dos, ciento tres y ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Miguel Ángel Osorio Chong, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo once bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la obligación de diputados y senadores de rendir un informe anual de actividades. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo trescientos veintitrés del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Miguel Ángel Yunes Linares, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

Una, con la que informa de cambios en la integración de las comisiones de Juventud y Deporte; de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; de Seguridad Social; Especial para analizar la situación de la Cuenca Lerma - Chapala; de Transportes y de Cultura; y del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. De enterado.

Una, con acuerdo relativo a la integración de la Sección Instructora. El Presidente hace comentarios sobre la comunicación de referencia, informa que se reserva el punto segundo del acuerdo y aclara el procedimiento para su desahogo. Sin nadie que solicite el uso de la palabra, la Asamblea aprueba el acuerdo en lo general y en lo particular los puntos no reservados, en votación económica. Para hablar en contra del punto segundo del acuerdo, reservado, se concede la palabra a los diputados: José González Morfín, del Partido Acción Nacional, quien durante su intervención solicita la lectura del primer párrafo del artículo ciento once de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente instruye a la Secretaría a atender la solicitud, y acepta interpelaciones de la diputada Sofía Castro Ríos y del diputado Jorge Romero Romero, del Partido Revolucionario Institucional; y Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia. Desde su curul el diputado Pablo Alejo López Núñez, del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de otros diputados, solicita que la votación del punto segundo reservado sea nominal. La Asamblea, en votación económica, considera suficientemente discutido el acuerdo en lo particular. Desde su curul el diputado Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, solicita a la Presidencia aclarar el sentido de la votación y el Presidente atiende la solicitud e instruye a la Secretaría a dar lectura al punto segundo reservado, el que se aprueba por doscientos cuarenta y siete votos en pro, ciento cuarenta y tres en contra y veintiséis abstenciones. Aprobado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de la Sección Instructora. Comuníquese.

En debate pactado, se refieren a la reforma electoral los diputados: Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia;

Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña

Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo; Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México; Emilio Zebadúa González, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Javier Barrio Terrazas, del Partido Acción Nacional; José Alberto Aguilar Iñárritu, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia; Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo; Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México; René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática; Pablo Alejo López Núñez, del Partido Acción Nacional; y Luis Antonio Ramírez Pineda, del Partido Revolucionario Institucional.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo diecisiete de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Es de primera lectura.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social, a incorporar en las zonas de atención prioritaria, contempladas en la Ley General de Desarrollo Social, a la región de la Sierra Madre del Sur, que comprende los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Habla en pro el diputado Gerardo Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea, en votación económica, considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social, a facilitar la incorporación de personas con capacidades diferentes a los programas que opera, en particular los denominados Oportunidades y Hábitat, mediante la modificación de las reglas de operación de los mismos. Hablan en pro los diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia, a nombre de la Comisión; y María del Carmen Mendoza Flores, del Partido Acción Nacional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

Dictamen negativo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se declaran no aprobadas siete iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan el Código Fiscal de la Federación. Sin discusión se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dictamen negativo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se declaran no aprobadas tres iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Sin nadie que solicite el uso de la palabra, se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, del Partido Acción Nacional, para exhortar al gobernador del estado de Sonora para que deje sin efecto el decreto que reforma el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública y solicita trámite de urgente resolución. En votación económica la Asamblea no considera de esa manera el asunto y el Presidente turna la proposición a la Junta de Coordinación Política.

Jorge Martínez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática, y a nombre de diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y de Convergencia, para que la Cámara de Diputados exprese sus condolencias y solidaridad al pueblo de España por los atentados terroristas del once de marzo de dos mil cuatro y salude al Presidente Electo de ese país, señor José Luis Rodríguez Zapatero, y solicita trámite de urgente resolución. El Presidente hace aclaraciones sobre el trámite solicitado y con fundamento en el párrafo cuarto del artículo cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, considera improcedente la solicitud. Se turna la proposición a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Maximino Alejandro Fernández Ávila, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que informe sobre los niveles de contaminación que guardan las playas mexicanas, así como de las medidas de contingencia que se aplicarán durante el próximo periodo vacacional de semana santa y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea, en votación económica, considera de esa forma el asunto. Hablan en pro los diputados: Raúl Leonel Paredes Vega, del Partido Acción Nacional; y Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión e informa del registro final de cuatrocientos nueve diputadas y diputados.

El Presidente levanta la sesión a las quince horas con veintiséis minutos, citando para la que tendrá lugar el martes treinta de marzo de dos mil cuatro, a las once horas.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.

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ESTADO DE CHIHUAHUA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo.--- Congreso del Estado.--- LX Legislatura.--- Chihuahua.

H. Congreso de la Unión.--- Congreso de la Unión s/n, Col. San Lázaro.--- México, DF.

Le remito el acuerdo número 823/04 XII P.E., aprobado por el H. Congreso del estado en sesión de esta fecha, mediante el cual se le exhorta respetuosamente a que tenga a bien realizar los estudios que conduzcan a la creación del marco jurídico que regule integralmente la clonación humana.

Sin otro particular de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 24 de febrero de 2004.--- Dip. Manuel Acosta Lara (rúbrica), Presidente del H. Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- Secretaría.

ACUERDO No. 823/04 XII P.E.

La Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su duodécimo periodo extraordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional,

Acuerda

Unico. La Sexagésima Legislatura constitucional del estado exhorta respetuosamente al H. Congreso de la Unión a que tenga a bien realizar los estudios que conduzcan a la creación del marco jurídico que regule integralmente la clonación humana.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil cuatro.--- Dip. Manuel Acosta Lara (rúbrica), Presidente; Dip. Miguel Rubio Castillo (rúbrica), Secretario (rúbrica); Dip. Jorge Arellanes Moreno (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo.--- Congreso del Estado.--- LX Legislatura.--- Chihuahua.

H. Congreso de la Unión.--- Congreso de la Unión s/n, Col. San Lázaro.--- México, DF.

Le remito el acuerdo número 825/04 XII P.E., aprobado por el H. Congreso del estado en sesión de esta fecha, mediante el cual se le exhorta respetuosamente a efecto de que realice las reformas constitucionales necesarias para prohibir la pena de muerte en el territorio del país.

Sin otro particular de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No. Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 24 de febrero de 2004.--- Dip. Manuel Acosta Lara (rúbrica), Presidente del H. Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- Secretaría.

ACUERDO No.825/ 04 XII P.E.

La Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su duodécimo periodo extraordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional

Acuerda

Unico. La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del estado exhorta respetuosamente al H. Congreso de la Unión a efecto de que realice las reformas constitucionales necesarias para prohibir la pena de muerte en el territorio del país.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil cuatro.--- Dip. Manuel Acosta Lara (rúbrica), Presidente; Dip. Miguel Rubio Castillo (rúbrica), Secretario; Dip. Jorge Arellanes Moreno (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.

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ESTADO DE QUINTANA ROO
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.--- Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.

CC. Diputados Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

La X Legislatura constitucional del estado, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar que en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2004 declaró instalado y clausurado su segundo período extraordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungió durante el mismo, la cual quedó integrada de la siguiente manera:

Presidenta: Dip. María de Guadalupe Novelo Espadas; Vicepresidente: Dip. Román Guzmán González.

Sin otro particular por el momento, me es grato reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Chetumal, Quintana Roo, a 16 de marzo de 2004.--- Dip. Pablo de Jesús Rivero Arceo (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

De enterado.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.--- Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.

CC. Diputados Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

En cumplimiento del artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito comunicar que en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de marzo del 2004, se eligió al diputado Javier Félix Zetina González como Presidente de la Diputación Permanente del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la X Legislatura del H. Congreso del estado.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Chetumal, Q. Roo, a 16 de marzo de 2004.--- Dip. Pablo de Jesús Rivero Arceo (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:De enterado.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.--- Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.

CC. Diputados Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito comunicar que en reunión celebrada el día 5 de marzo del 2004, se eligió al ciudadano contador público Javier Félix Zetina González como Presidente de la Gran Comisión de la X Legislatura del H. Congreso del estado.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Chetumal, Q. Roo, a 8 de marzo de 2004.--- Dip. Francisco Javier Díaz Carvajal (rúbrica), Secretario de la Gran Comisión.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:De enterado.

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COMISIONES LEGISLATIVAS
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

En relación con los atentos oficios de fechas 24, 25 y 26 de marzo del año en curso, suscritos por el C. Dip. Pablo Gómez Alvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, mediante el cual hizo del conocimiento de la Junta de Coordinación Política, diversas modificaciones en la integración de Comisiones respecto de Diputados del Grupo Parlamentario que coordina, me permito informar a usted lo siguiente:

En reunión de trabajo celebrada el día de hoy, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, se dieron por enterados de las comunicaciones formuladas en términos de lo dispuesto por los artículos 34, numeral 1, inciso c) y 44 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los nombramientos y bajas que a continuación se precisan:

Dip. Enrique Torres Cuadros, causa baja como integrante de la Comisión de Reforma Agraria.

Dip. Francisco Chavarría Valdeolivar, causa baja de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo y sea dado de alta en la Comisión de Pesca, así como en la Comisión Especial del Café.

Dip. Israel Tentory García, causa alta en la Comisión Especial para analizar los problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar.

Dip. René Arce Islas, causa alta en la Comisión Especial de Reforma del Estado.

Dip. Emilio Zebadúa González, causa alta en la Comisión Especial de Reforma del Estado.

Dip. Carlos Hernán Silva Valdez, causa alta en la Comisión Especial para Analizar la Situación de la Cuenca Lerma-Chapala.

Dip. Juan García Costilla, causa alta en la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y Dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México.

Lo anterior me permito hacerlo de su conocimiento para los efectos que resulten procedentes.

Sin otro particular por el momento, me es grato expresar a usted un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 29 de marzo de 2004.--- Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:De enterado.

Continúe la Secretaría.

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LEY FEDERAL DE DERECHOS
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Con su permiso, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Derechos.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 25 de marzo de 2004.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LIX Legislatura.

Gloria Lavara Mejía, Sara Isabel Castellanos Cortés, Erika Larregui Nagel, Verónica Velasco Rodríguez y Emilia Patricia Gómez Bravo, Senadoras de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, y 73, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente Iniciativa de Ley, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El progreso de cualquier país depende de la habilidad de sus habitantes para emplear los recursos energéticos en acciones que fortalezcan la competitividad de su economía, al mismo tiempo en que se protege y mejora al medio ambiente, en otras palabras, procurar un desarrollo que satisfaga tanto las necesidades actuales como las futuras.

Ya en la década de los setentas, ante la crisis de los energéticos, algunos miembros de la comunidad internacional dieron el primer paso en la búsqueda de fuentes alternas de producción de energía impulsando la investigación y el desarrollo de energías renovables.

Los recursos no renovables se agotan y no se pueden regenerar; esto significa que extraer y consumir una unidad en el presente involucra un costo de oportunidad: el valor que podría tener en el futuro esa unidad. El costo de oportunidad se debe tomar en cuenta cuando se determina la asignación del recurso a través del tiempo: en términos económicos, al costo marginal de producción debe añadírsele ese costo de oportunidad, teniendo en cuenta el valor del recurso a través del tiempo; la rentabilidad será la diferencia entre el precio y los costos marginales (incluido el de oportunidad).

Entonces, el reto es analizar, diseñar, instrumentar y evaluar políticas que rectifican las fuerzas de mercado cuando no se protege y mejora el medio ambiente.

Tales políticas deberán establecer acciones para la prevención y mitigación de la contaminación con la finalidad de disminuir los efectos ambientales adversos asociados con la producción, distribución y consumo de energéticos; maximizar la productividad energética para fortalecer la competitividad de la economía, y reducir la vulnerabilidad frente a impactos causados por los mercados globales de energía.

El objetivo básico de estas políticas será mejorar la calidad de vida de todos los individuos en un país.

México cuenta con un enorme potencial para explotar las fuentes renovables de generación eléctrica. Sin embargo, el fomento que han obtenido estos recursos han sido casi nulos, ya que además de establecer políticas energéticas que inciten a su utilización, se les aplica el pago de derechos en la misma medida que al resto de los medios no renovables.

En este sentido, es que el Poder Legislativo debe utilizar los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, y otorgar el apoyo que necesitan estos medios.

Es por ello que en el mes de diciembre de 2003, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República propuso la adición del artículo 56 BIS a la Ley Federal de Derechos, el cual fue aprobado por esta Soberanía, y establece que en ningún caso se pagará el derecho de permiso de energía eléctrica por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición o modificación del título de permiso, cuando sea bajo las modalidades de fuentes de energía renovables.

Por error involuntario del Congreso de la Unión durante el proceso legislativo, es conveniente aclararlo, también fue aprobado en diciembre de 2003 la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal en la cual se adicionaba una fracción quinta al artículo 55 de la Ley en comento, misma que establece el pago de derechos de permiso de energía eléctrica, por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición o modificación del título de permiso tratándose de las modalidades de cogeneración o fuentes de energía renovables como hidráulica, eólica, solar, biomasa o biogás. Esta clara contradicción impide a la autoridad administrativa correspondiente saber cual de los dos preceptos debe cobrar, y desafortunadamente pudiese hasta provocar una discrecionalidad en la aplicación de la Ley.

Es por eso que proponemos la derogación de la fracción quinta del artículo 56 de la Ley Federal de Derechos, que se refiere al pago por el derecho de permiso para la utilización de fuentes renovables como medios de generación eléctrica.

Esta iniciativa es una medida que representa un pequeño esfuerzo, pero que conseguirá un gran impacto en el fomento de las energías renovables en nuestro país.

Con base en estos razonamientos, se busca la anuencia del Congreso para una modificación que tiene como único fin; la sustentabilidad en el sector eléctrico; y que redundará en el crecimiento de nuestra nación.

En atención a lo expuesto, las Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, respetuosamente sometemos a este H. Pleno, la siguiente iniciativa de:

DECRETO mediante el cual se deroga la fracción V del artículo 56 de la Ley Federal de Derechos.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga la fracción V de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Artículo 56.- ...

I al IV.- ...

V.- Se deroga.

TRANSITORIO

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sede de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinticinco días del mes de marzo de 2004.--- Senadoras: Erika Larregui Nagel (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), Sara Isabel Castellanos Cortés, Emilia Patricia Gómez Bravo (rúbrica), Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Hacienda Crédito Público.

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HIMNO NACIONAL MEXICANO
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó Dictamen de la Comisión de Gobernación, con el Punto de Acuerdo que a continuación se transcribe:

``PRIMERO.- Se declara al 2004 como ``el año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano''.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a todas las instancias de gobierno federal, estatal y municipal, a que en el ámbito de sus competencias, realicen actividades cívicas tendientes a la conmemoración del centésimo quincuagésimo aniversario del Himno Nacional Mexicano.

TERCERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, promueva la realización de homenajes al Himno Nacional Mexicano en los sistemas de educación primaria, secundaria, media superior y superior.

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente a las Cámaras del Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los Estados y a los cabildos municipales a que realicen sesiones solemnes el día 15 de septiembre del año 2004, en conmemoración del centésimo quincuagésimo aniversario del Himno Nacional Mexicano.''

Atentamente.

México, DF, a 25 de marzo de 2004.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención a su oficio No. D.G.P.L: 59-II-2-350, signado el día 28 de enero último por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño copia del similar número......................... IPAB/DGCSEI/095/2004 IPAB/DGJCS/00207/2004 suscrito el día 12 del mes en curso por los CC. J. Roberto González Corona y licenciado Gabriel Guzmán Martell; encargado del Despacho de la Dirección General de Comunicación Social y Enlace Institucional y director general Jurídico de lo Consultivo, respectivamente, del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, mediante el que comunican que han quedado enterados del punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a promover nuevos vocales de la Junta de Gobierno de dicho Instituto para cubrir dos vacantes, presentado por la C. diputada Dolores Padierna Luna.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 23 de marzo de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo.--- IPAB.--- Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a su oficio con número SEL/300/152/04 de fecha 29 de enero del presente, por el cual se remite un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el pasado 28 de enero del mismo año, cabe señalar que este Instituto recibió el citado acuerdo cuyo resolutivo contiene lo siguiente:

``Primero.- La Comisión Permanente considera improcedente el exhortar al Ejecutivo a proponer nuevos vocales para sustituir a Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, en virtud de que fue nombrado por el Ejecutivo Federal y ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tal como lo establece la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Segundo.- La Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la brevedad posible las propuestas de sustitución de los dos vocales que están vacantes en la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario''.

Al respecto, este Instituto se da por enterado del punto de acuerdo a que se refiere el párrafo anterior.

La presente comunicación sé expide con fundamento en los artículos 28, fracciones V y VII, 30 y 41 del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 12 de marzo de 2004.--- Encargado del despacho de la Dirección General de Comunicación Social y Enlace Institucional, J. Roberto González Corona (rúbrica); Director General Jurídico de lo Consultivo, Lic. Gabriel Guzmán Martell (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Remítase a la Cámara de Senadores y copia al promovente, para su conocimiento.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos de Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Natania Swirski Roldán. Puesto: Oficial de Visas. Lugar de trabajo: Embajada de Australia en México.

Por lo anterior, me permito anexar, para que se integren en su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes, asimismo copia simple de su identificación.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 22 de marzo de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Es todo, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Disculpe señor Presidente, falta el siguiente documento:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Luz Marina Frock Castillo. Puesto: Secretaria. Lugar de trabajo: Consulado de EUA en Hermosillo, Sonora.

Nombre: Juan Pablo Nieto Villarreal. Puesto: Empleado de la Sección de Visas. Lugar de trabajo: Consulado de EUA en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Nombre: Marina Martínez Benítez. Puesto: Empleada de Sección de Visas. Lugar de trabajo: Consulado de EUA en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Nombre: Sihomara Zúñiga León. Puesto: Asistente consular. Lugar de Trabajo: Consulado de Canadá en Puerto Vallarta, Jalisco.

Nombre: Jacqueline Itzel Solís. Puesto: Asistente del administrador de Bienes. Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México, DF.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de su identificación oficial.

Al mismo tiempo se informa que la C: Claudia Cordero Fernández solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar sus servicios al gobierno estadounidense.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 24 de marzo de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Por lo que se refiere a la solicitud de permiso, recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación. Por lo que se refiere a la ciudadana que ha dejado de prestar sus servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores para su conocimiento.

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LEY AGRARIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es iniciativas de los diputados.

Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Morales Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 94 de la Ley Agraria.

El diputado Jesús Morales Flores:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.

El ejido ha sido, en forma sistemática, blanco de ataques por quienes desconocen a esta institución como una unidad económica de producción que tiene rentabilidad productiva a pesar de la falta de créditos, de organización y asistencia técnica. El ejido es producto de un movimiento nacional, con gran contenido social que cristaliza con la primera Ley Agraria del 6 de enero de 1915, de Venustiano Carranza.

Ni la contrarreforma llevada a cabo en 1992 al cambiar el sentido del artículo 27 constitucional y la Ley Agraria cuyo objetivo era la privatización del ejido, pudieron acabar con él. A 12 años, hemos visto que el ejido se encuentra arraigado en la mente y el corazón de los campesinos de México.

La idea privatizadora de los tres últimos gobiernos no ha prosperado. Los diputados del sector agrario tenemos por lo tanto la obligación de revalorarlo con nuestra acción e impulsarlo para hacerlo productivo, debemos modernizarlo para que sea una palanca de desarrollo nacional.

Sostenemos los diputados del sector agrario que junto con la propiedad privada, el ejido coadyuva para no depender en materia alimentaria del exterior. Sostenemos que el ejido es garante de la soberanía alimentaria y por consecuencia garante también de la paz, de la tranquilidad social y de la estabilidad del país. Por eso hoy presento esta iniciativa con proyecto de decreto que consiste en una adición al primer párrafo del artículo 94 de la Ley Agraria, solicitándole al señor Presidente se inserte en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

A saber: el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares que se puso en marcha en el año de 1993, cuya finalidad consiste en que cada núcleo ejidal o comunal delimite conforme a la ley y su superficie, con base a las normas técnicas emitidas y publicadas por el Registro Agrario Nacional y aplicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se reconozca como propiedad privada a los solares de asentamientos humanos, la asamblea ejidal asigne las parcelas individualmente a los ejidatarios y posesionarios, así como los porcentajes de aprovechamiento que les corresponda a las tierras de uso común.

Concluido el proceso de regularización de la tenencia de la tierra bajo las bondades de este programa, el registro agrario nacional emite y entrega los certificados parcelarios y títulos correspondientes con los que el ejido queda certificado.

Se ha culminado la regularización de 24,792 núcleos agrarios equivalentes al 83% del total nacional, para los cuales se han expedido 7 millones 768 mil 267 certificados de derechos agrarios que benefician a 3 millones, 520 mil 832 personas, así como la certificación y la titulación de 68.8 millones de hectáreas.

En sentido estricto, para poder sostener este proyecto de decreto en los términos planteados, es un requisito de procedibilidad que el ejido o comunidad a expropiar se encuentre formalmente parcelado y certificado para poder configurar la enajenación que contempla el artículo 80 de la Ley Agraria que sólo puede darse entre ejidatarios o avecindados del mismo núcleo ejidal, pues podría ser anulada la venta si para la validez de la enajenación no se cumple con los requisitos de ley.

Bajo esta perspectiva, la acción agraria de expropiación por causa de utilidad pública planteada por el o los promoventes ante la Secretaría de la Reforma Agraria, podría versar sobre parcelas en lo individual o sobre tierras de uso común; en ambos casos, el criterio debe prevalecer en la Comisión Nacional de Avalúos, que se trata de un ejido o comunidad ya certificado y por ende, el valor comercial debe ser calculado con base en derecho civil y no con base en el derecho agrario.

En la práctica, los legisladores que conformamos el sector agrario hemos intervenido para mejorar el monto de las indemnizaciones y hemos mejorado las condiciones de los ejidos, por eso esta intervención se hace generalmente al margen de los avalúos que practica la CAMIN, que generalmente son irreales e injustos, pues no toma en consideración que a través del tiempo esos terrenos ya no pueden permanecer en las mismas condiciones en cuanto a su vocación original; muchas veces por la dinámica del crecimiento de los centros de población y en muchas ocasiones generalizando el criterio y omitiendo fenómenos como la conurbación, la ubicación en áreas de crecimiento de los centros de población etcétera.

La injusta aplicación de estos criterios provoca casi siempre estallidos sociales en los ejidos, cuando las causas de la utilidad públicas es para el establecimiento de servicios públicos. El más reciente caso fue intento fallido en la construcción del aeropuerto en terrenos ejidales, el de Salvador Atenco, en el estado de México, en donde el avalúo por metro cuadrado era de 7 pesos, cuando el valor real era de aproximadamente 300.

Lo mismo sucede cuando la causa es la creación de unidades de producción de bienes y servicios de indudables beneficios para la comunidad, como fábricas, maquiladoras, reservas territoriales para el crecimiento de los centros de población, centrales camioneras, corredores industriales, en donde invierte el sector privado para adquirir esos terrenos como propiedad privada, a precios que se cotizan en el mercado inmobiliario en el libre juego de la oferta y la demanda, en detrimento del ejido propietario de las tierras a expropiar.

Destacamos el hecho de que cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios, la asamblea general, que es el órgano supremo del ejido, podrá resolver que los ejidatarios que así lo deseen, puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas.

La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales se cambia al régimen legal del ejido, sujetándolos, por ende, a la disposición del derecho común y se produce un desmembramiento legal de la parcela del régimen ejidal. En estas circunstancias, ya como propietarios sus titulares podrán incuestionablemente vender, hipotecar o ceder sus parcelas libremente, sin que el objeto de la presente iniciativa se aplique respecto a la propiedad privada, en cuyo caso es prioritaria la negociación sobre una compra-venta; en otras circunstancias se optará por la expropiación como acto de autoridad por causa de autoridad pública como única opción constitucional.

La exposición de estas consideraciones, inspiradas en criterios de aplicación de la justicia distributiva a la sociedad rural, nos lleva a solicitar de esta soberanía su solidaridad institucional y legal para aprobar esta iniciativa con proyecto de decreto que contempla una adición al primer párrafo del artículo 94 de la Ley Agraria, considerando que el monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o el organismo competente, atendiendo al valor comercial de los bienes a expropiar, bajo el criterio legal de que se trata de una propiedad privada regulada por el derecho civil y no contemplarla como propiedad social.

Por las consideraciones expuestas, la diputación federal del sector agrario del grupo parlamentario del PRI, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y amplía el párrafo primero del artículo 94 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo único. Se adiciona el párrafo primero del artículo 94, para quedar en los siguientes términos:

La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria, deberá hacerse por decreto Presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización, será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados. Para la determinación del valor comercial se tomará en cuenta el destino final de los bienes expropiados; tratándose de ejidos ya certificados, la comisión para los efectos del avalúo los considerará regulados por el derecho común.

Artículo Transitorio El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

«Iniciativa que adiciona un parrafo al artículo 94 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal, del Sector Agrario, correspondiente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, consistente en una adición al primer párrafo del artículo 94 de la Ley Agraria, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La superficie del territorio nacional es de 196.4 millones de hectáreas. Descontadas las superficies insulares, los ríos y los cuerpos de agua naturales y artificiales, las vías de comunicación carretera y ferroviaria y las zonas urbanas, el territorio no ocupado es de 190.9 millones de hectáreas.

De las 190.9 millones de hectáreas, la superficie de fincas rústicas representa el 91.2% (175 millones). De esta cantidad, 59.1% (103.5) millones en propiedad de los 29950 ejidos y comunidades, que se rigen con una legislación diferente a la del derecho común.

Ahora bien, hasta antes del año de 1992, cuando entra en vigor la nueva Ley Agraria, el certificado de derechos agrarios, sirvió para acreditar el carácter de ejidatario, más no para identificar la unidad de dotación, pues no contiene medidas y colindancias ni superficie de la parcela. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que se puso en marcha en el año de 1993, (cuya finalidad consiste en que cada núcleo ejidal o comunal, delimite conforme a la ley su superficie, con base a las normas técnicas emitidas y publicadas por el Registro Agrario Nacional (RAN), y aplicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se reconozca como propiedad privada a los solares del asentamiento humano, la Asamblea Ejidal asigne las parcelas individualmente a los ejidatarios y posesionarios, así como los porcentajes de aprovechamiento que les corresponde en las tierras de uso común. Concluído el proceso de regularización de la tenencia de la tierra, bajo las bondades de este Programa, el Registro Agrario Nacional emite y entrega los certificados parcelarios, y títulos correspondientes, con los que el ejido queda ``certificado''.

En el universo de trabajo que realizan de manera concurrente la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dentro del desarrollo del Procede, hasta el 30 de diciembre del 2003, tenemos los siguientes datos: 27 688 núcleos agrarios, el (92%) se han incorporado al Programa; se han concluido los trabajos de medición en 25 257 núcleos agrarios (84%), tarea que ha significado la cobertura territorial de 79.9 millones de hectáreas que representan el 77% de la superficie ejidal y comunal, y en lo particular se ha realizado la medición de 7 262 421 parcelas y solares; y 25,011 núcleos agrarios ya han celebrado su Asamblea de Delimitación Destino y Asignación de Tierras.

Finalmente, se ha culminado la regularización de 24,792 núcleos agrarios equivalentes al (83%), del total nacional, para los cuales se han expedido 7 768 267 certificados y títulos equivalentes a: 4 292,062 certificados parcelarios, 1 574,747 certificados de uso común y 1 902,458 títulos de solares) que benefician a 3 520,832 sujetos de derecho, así como la certificación y la titulación de 68.8 millones de has.

En sentido estricto, para poder sostener este proyecto de decreto, en los términos planteados, es un requisito de procedibilidad, sine qua non, que el ejido o comunidad a expropiar, se encuentre formalmente parcelado y certificado, para poderse configurar la enajenación, que contempla el artículo 80 de la Ley Agraria que sólo puede darse, entre ejidatarios o avecindados del mismo núcleo ejidal; pues podría ser anulada la ``venta'' si para la validez de la enajenación no se cumplen los siguientes requisitos: escrito de conformidad de las partes ante dos testigos, la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional para expedir el nuevo certificado y el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción en el libro respectivo y notificar al cónyuge y a los hijos del enajenante, en ese orden, que gozarán del derecho del tanto.

Bajo esta perspectiva, la acción agraria de expropiación, por causa de utilidad pública planteada por él o la promovente ante la Secretaría de la Reforma Agraria, podrá versar sobre parcelas en lo individual o sobre tierras de uso común. En ambos casos, el criterio que debe prevalecer en la CABIN, es de que se trata de un ejido o comunidad ya certificados y, por ende el valor comercial debe ser calculado sobre un bien que ``de jure'' trasciende el régimen jurídico de tenencia del bien ejidal (propiedad social), a la de un bien protegido por la legislación civil (por el derecho común), que ``per se'' experimenta una plusvalía, hasta de carácter especulativo, y que con este razonamiento la Cabin (Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales), deberá razonar sus avalúos con base en el libre precio de la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario de la tierra.

En la práctica, los legisladores que conformamos el Sector Agrario, hemos intervenido, para mejorar el monto de las indemnizaciones en ejidos, mediante convenios con los promoventes de las expropiaciones (Estados, Municipios, Gobierno Federal, Organismos Públicos Descentralizados). Esta intervención, se hace al margen de los avalúos practicados por la Cabin, caracterizados por injustos, e irreales; y pues no toma en consideración que a través del tiempo esos terrenos ya no pueden permanecer en las mismas condiciones en cuanto a su vocación original, muchas veces por la dinámica de crecimiento de los centros de población; y en muchas ocasiones generalizando el criterio y omitiendo fenómenos como la conurbación, la ubicación en áreas de crecimiento de los centros de población etc. La injusta aplicación de estos criterios, provoca casi siempre, estallidos sociales, en los ejidos, cuando la causa de la utilidad pública es para el establecimiento de servicios públicos. El más reciente fue el intento fallido en la construcción del aeropuerto en terrenos ejidales en San Salvador Atenco en el estado de México, en donde el avalúo por metro cuadrado era por 7 pesos y el valor comercial era de 350 pesos, aproximadamente; lo mismo sucede cuando la causa es la creación de unidades de producción de bienes y servicios de indudable beneficio para la comunidad, como fábricas, maquiladoras, reservas territoriales para el crecimiento de los centros de población, centrales camioneras corredores industriales, en donde invierte el sector privado para adquirir esos terrenos como propiedad privada, a precios que se cotizan en el mercado inmobiliario en el libre juego de la oferta y la demanda, a precio especulativo, en detrimento del ejido propietario de las tierras a expropiar.

Destacamos el hecho de que, cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios, la asamblea general, órgano supremo del ejido, podrá resolver que los ejidatarios que así lo deseen puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja en dicho registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad.

La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales sí cambia el régimen legal del ejido, sujetándolos por ende, a las disposiciones del Derecho Común, y se produce un desmembramiento legal de la parcela del régimen ejidal; en estas circunstancias, ya como propietarios, sus titulares podrán, incuestionablemente, vender, hipotecar y ceder sus parcelas libremente, sin que el objeto de la presente iniciativa se aplique respecto a la propiedad privada, en cuyo caso, es prioritaria la negociación sobre una compraventa, en otras circunstancias, se optará por la expropiación como acto de autoridad por causa de utilidad pública como única opción Constitucional.

Es relevante ponderar que de los 29950 ejidos y comunidades, menos del uno por ciento, han optado por el dominio pleno, a raíz del viraje que nuestro país dio al modificar el artículo 27 Constitucional, como estrategia para promover el mercado de tierras, impulsar la asociación de pequeños productores y potencializar la actividad agropecuaria. Esta estrategia se vio truncada por la crisis económica a mediados de los años noventa.

La exposición de estas consideraciones, inspiradas en criterios de aplicación de la justicia distributiva a la sociedad rural, nos lleva a solicitar de esta soberanía su solidaridad institucional y legal, para aprobar esta iniciativa con proyecto de decreto que, contempla una adición al primer párrafo del Art. 94 de la Ley Agraria, considerando que el monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin), o el organismo competente, atendiendo al valor comercial de los bienes a expropiar bajo el criterio legal de que se trata de una propiedad privada regulada por el derecho común y no contemplarla como propiedad social.

Por las consideraciones expuestas, la diputación federal del Sector Agrario, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y amplía el párrafo primero del artículo 94 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo Unico.- Se adiciona el párrafo primero del artículo 94, para quedar en los siguientes términos:

Art. 94. ``La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados; para la determinación del valor comercial se tomará en cuenta el destino final de los bienes expropiados; tratándose de ejidos ya certificados, la comisión, para los efectos del avalúo, los considerará regulados por el derecho común.

Artículo Transitorio.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de marzo de 2004.--- Dip. Jesús Morales Flores (rúbrica), coordinador.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, transcríbase el documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no haya sido publicado.

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LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el último párrafo de la fracción III, del artículo 3º de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas.

El diputado José Antonio Cabello Gil:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que me otorga la legislación vigente someto a la consideración de esta soberanía iniciativa de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3º de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas, al tenor de la siguiente exposición de motivos y cuya lectura completa omitiré, solicitando a la Presidencia sea publicada la versión íntegra en el Diario de los Debates.

El proceso de transformación que México ha experimentado ha generado profundos cambios en las instituciones nacionales y entre ellas, particularmente las culturales. Desde el punto de vista cultural, México ha hecho frente a una serie de desafíos que lo han obligado a replantear su dinámica nacional. Este nuevo contexto, caracterizado por la globalización de la economía, de las comunicaciones y de la cultura, está orientado hacia la creación de la sociedad de la información y el conocimiento, en donde las empresas culturales tienen un rol preponderante; sin embargo, a pesar del potencial rol protagónico que pueden tener los pequeños productores culturales en este proceso, éste no siempre ha sido reconocido ni por el Estado ni por el sector privado, por ello es necesario analizar posibles vías de solución que desde un punto de vista normativo puedan plantearse a fin de permitir que el sector cultural pueda alcanzar mejores condiciones para su desarrollo.

Con la precisión que proponemos al texto de la ley, queremos destacar el rol que las empresas culturales, no importando su tamaño, pueden tener no sólo en el fortalecimiento de la entidad nacional, sino también en el mejoramiento de la competitividad, el empleo y el crecimiento económico nacional. Así, identificamos a las micro, pequeñas y medianas empresas culturales o Mipyme culturales, como aquellos pequeños productores que si bien producen, reproducen, difunden y comercializan bienes y servicios culturales de acuerdo a criterios económicos y siguiendo una estrategia comercial, cumplen un rol importante en la vida social tanto por el impacto mismo que generan los productos y servicios culturales, como por el que pueden tener en la vida económica nacional.

De esta manera, al referirnos a las Mipyme culturales nos estamos refiriendo a los pequeños productores de la radio, la televisión, el cine, la industria de la música, el libro, los periódicos, el teatro, el turismo cultural, la ópera, entre muchos otros de la misma naturaleza por cuanto en éstas es posible conjugar tanto el aspecto económico como el cultural.

La compleja relación entre cultura y mercado requiere de una definición jurídica, pues en caso contrario el Estado mexicano verá cada vez más restringida su capacidad de establecer políticas públicas que favorezcan el crecimiento y desarrollo del sector cultural. Para lograr dicho objetivo se requiere que consideremos al sector cultural como un sector productivo de importancia para la economía nacional.

Hay que reconocer que el actual Gobierno Federal ha realizado importantes esfuerzos por fortalecer la cultura en México; sin embargo, desde el Poder Legislativo debemos apoyar y enriquecer decididamente esta estrategia para que los pequeños productores culturales tengan la oportunidad de desarrollarse y apuntalar, tanto la cultura nacional como la actividad económica.

En este orden de ideas, lo que nuestra iniciativa pretende es que este sector sea reconocido en el marco jurídico correspondiente, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas y que pase a ser beneficiario del mismo a través de las diferentes medidas que se lleven a pago para la promoción de las Mipyme, entre las que se pueden mencionar los mecanismos de financiamiento público, que pueden estar al alcance de los pequeños productores culturales que carezcan de los recursos económicos suficientes para concretar sus esfuerzos y que sean elegibles para aspirar a estos mecanismos.

Además, la iniciativa recoge el diagnóstico y las recomendaciones que recientemente hizo la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México 2003. Este documento plantea en el rubro de los derechos económicos, sociales y culturales, una serie de recomendaciones hacia el Gobierno de México y en donde se enfatiza la importancia que representa el integrar de manera efectiva, objetivos sociales a las políticas y decisiones económicas para ajustarlas al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambiéntales.

Dentro de las propuestas que la Comisión de la ONU recomienda a México en el ámbito legislativo, se encuentran las de establecer un modelo participativo para un mayor impulso de los derechos culturales dentro del proceso democrático actual, crear incentivos fiscales para mejorar la protección y producción de las empresas culturales; actualizar y ampliar el marco jurídico de manera que se reconozca a las empresas culturales que promueven y/o comercializan bienes y servicios.

Esta iniciativa pretende también incidir sobre la actuación de las instituciones públicas para que pongan en práctica políticas tendientes a promover proyectos de pequeños productores culturales, ya que se pondrá al alcance de ellos mecanismos de capacitación, financiamiento, suministro de información sobre oportunidades de mercados, entre otros, así como la infraestructura que tiene la Secretaría de Economía, tendiente a apoyar las Mipyme.

Para concluir, es necesario considerar a las Mipyme culturales, no sólo como patrimonio histórico vivo, recurso que proporcione empleo e ingresos, actividad económica que produce retornos tributarios, sino también, como signos vivos de la gran diversidad y riqueza de las manifestaciones culturales que existen en nuestro país.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3º de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas.

Artículo único.- Se reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3º de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas, para quedar como sigue:

Ultimo párrafo.- Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales.

Transitorio

Unico. El presente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 30 de marzo de 2004.

Solicito, señor Presidente, que la iniciativa sea turnada a la Comisión de Economía para su dictamen y a la Comisión de Cultura, para su opinión.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

El que suscribe, Diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para e1 Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía iniciativa de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del Artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Producto de innumerables cambios que se han dado en México y en el mundo, hoy nos encontramos en una fase de transición. Las últimas tendencias conviven hoy con algunos w desarrollos conceptúales que parecen aflorar desde la sociedad civil, con nuevas exigencias hacia lo público y que constituyen antecedentes de un nuevo modelo de convivencia social.

El proceso de transformación que México ha experimentado ha generado profundos cambios en las instituciones nacionales, entre ellas las culturales. Desde e1 punto de vista cultural, México ha debido hacer frente a una serie de desafíos que lo han obligado a replantear su dinámica nacional.

Este nuevo contexto, caracterizado por la globalización de la economía, de las y comunicaciones y de la cultura, está orientado hacia la creación de la sociedad de la Información y el conocimiento en la que las empresas culturales tienen un rol preponderante.

Sin embargo, a pesar del potencial rol protagónico que pueden tener los pequeños productores culturales en este proceso, éste no siempre ha sido reconocido ni por el Estado ni por el sector privado. Por ello, es necesario analizar posibles vías de solución que, desde el punto de vista normativo, pueden plantearse a fin de permitir que dicho sector logre alcanzar mejores condiciones para su desarrollo.

Con la precisión que proponemos al texto de la ley, queremos destacar el rol importante que las empresas culturales, no importando su tamaño, pueden tener no sólo en el fortalecimiento de la identidad nacional, sino también en el mejoramiento de la competitividad, el empleo y el crecimiento económico nacional.

Así, identificamos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas culturales (Mipymes culturales) como aquellos pequeños productores que si bien producen, reproducen, difunden y comercializan bienes y servicios culturales reproducibles a escala, de acuerdo a criterios económicos y siguiendo una estrategia comercial, cumplen un rol importante en la vida social, tanto por el impacto mismo que tienen los productos y servicios culturales que generan, como por el que pueden tener en la vida económica nacional.

De esta manera, al referirnos a las Mipymes culturales, nos estamos refiriendo a los pequeños productores y comercializadores de la radio, la televisión, el cine, la industria de la música, el libro, los periódicos, el teatro, el turismo cultural, la ópera, entre otros de la misma naturaleza, por cuanto en éstas es posible conjugar tanto el aspecto económico como cultural.

La compleja relación entre cultura y mercado requiere de una definición jurídica pues, en caso contrario, el Estado Mexicano verá cada vez más restringida su capacidad de establecer políticas públicas que favorezcan el crecimiento y desarrollo del sector cultural. Para lograr dicho objetivo se requiere que consideremos al sector cultural como un sector productivo de importancia para la economía nacional.

Hay que reconocer que el actual Gobierno Federal ha realizado importantes esfuerzos para fortalecer a la cultura en México. Sin embargo, desde el Poder Legislativo debemos apoyar y enriquecer decididamente esta estrategia, para que los pequeños productores culturales tengan la oportunidad de desarrollarse y apuntalar tanto a la cultura nacional como a la actividad económica.

En este orden de ideas, lo que nuestra iniciativa pretende es que este sector sea reconocido en el marco jurídico correspondiente (Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas) y que pase a ser beneficiario del mismo, a través de las diferentes medidas que se lleven a cabo para la promoción de las Mipymes, entre las que se pueden mencionar los mecanismos de financiamiento público, que puedan estar al alcance de los pequeños productores culturales que carezcan de los recursos económicos necesarios para concretar sus esfuerzos y que sean elegibles para aspirar a estos mecanismos.

Además, la iniciativa recoge el diagnóstico y las recomendaciones que recientemente hizo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México 2003. Este documento plantea, en el rubro de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una serie de recomendaciones hacía el Gobierno de México, y en donde se enfatiza la importancia que representa el ``integrar de manera efectiva y verificable objetivos sociales a las políticas y decisiones económicas, para ajustarlas, al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales''.

Dentro de las propuestas que la Comisión de la ONU recomienda a México en el ámbito legislativo se encuentran las de establecer un ``modelo participativo'' para un mayor impulso de los derechos culturales dentro del proceso democrático actual; crear incentivos fiscales para mejorar la protección y producción de las empresas culturales; actualizar y ampliar el marco jurídico, de manera que se reconozca a las empresas culturales que promueven y/o comercializan bienes y servicios.

No cabe duda que estamos inmersos en una dinámica internacional dirigida por el fenómeno de la globalización y que es difícil y poco recomendable estar ajenos del mismo. No obstante, debemos vigilar que esta situación no afecte a nuestros pequeños productores culturales. Es una realidad que con la desregulación y privatización de las telecomunicaciones, las estaciones radiales y los canales públicos y la reducción de subsidios a la producción local se ha visto la concomitante penetración de los conglomerados globales de entretenimiento, que no sólo adquieren los derechos a los repertorios latinoamericanos sino que estrangulan gran número de productoras y editoriales, en su gran mayoría micro, pequeñas y medianas empresas. Se reduce no sólo la diversidad de la estructura empresarial, sino que se aminora la capacidad de gestión de lo local, pues las decisiones acerca de qué productos culturales se deben producir se ajustan a una lógica de la rentabilidad articulada desde las sedes de las grandes cadenas y empresas transnacionales.

De aquí la necesidad de financiar proyectos culturales, ya no sólo nacionales, sino también regionales y locales, que faciliten la creación de mercados en los que se intercambien los productos de agentes culturales residentes en diversas localidades y regiones.

Es necesario operar en pequeña escala, y la casi imposibilidad de que se coloque la producción cultural local en circuitos nacionales, como los operados por los conglomerados de entretenimiento, conduce a una mayor búsqueda de alianzas dentro del territorio regional y nacional. De ahí que los artistas más reconocidos de pequeños municipios o ciudades compartan espacios y estrategias con los responsables de organizaciones tradicionales como los clubes, los grupos de danzas tradicionales, los patronatos y las asociaciones comunitarias.

Las circunstancias particulares del contexto mexicano no sólo conducen a esta convivencia entre actores muy diversos, sino que entrañan además una estrategia económica. En efecto, puesto que no ha existido un camino financiero que haga viables proyectos de pequeños productores culturales, el ``autosubsidio'' y la solidaridad han suplido la falta de recursos.

Esta iniciativa pretende también incidir sobre la actuación de las instituciones públicas, para que pongan en práctica políticas tendientes a promover proyectos de los pequeños productores culturales, ya que se pondrá al alcance de dichos productores mecanismos de capacitación, financiamiento, suministro de información sobre oportunidades de mercados, entre otros, además de la infraestructura que tiene la Secretaría de Economía tendiente a apoyar a las Mipyme.

La iniciativa pretende estimular la producción de pequeños grupos culturales y asegurar la supervivencia de las Mipyme y la creación de otras nuevas. Pues más allá de la necesidad de diversidad en la estructura empresarial que proporcione empleo para diversos sectores sociales, se reconoce que las Mipyme facilitan el acceso de muchos grupos, en especial los culturales, étnicos y regionales, que de otra manera no tienen fácil entrada a los medios de las grandes empresas culturales.

Para concluir, es necesario considerar a las Mipyme culturales como patrimonio histórico vivo, recurso que proporciona empleo e ingresos, actividad económica que produce retornos tributarios, pero sobre todo como signos vivos de la gran diversidad y riqueza de las manifestaciones culturales que existen en nuestro país.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. soberanía la siguiente

Iniciativa de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas

Artículo Unico. Se reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas, para quedar como sigue:

``Artículo 3º

I...

II...

III...

.....

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales''.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 30 de marzo de 2004.--- Dip. José Antonio Cabello Gil.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado don José Antonio Cabello Gil.

Como lo solicitó, túrnese a la Comisión de Economía y solicítese opinión de la Comisión de Cultura.

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ARTICULO 4º CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo noveno al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desplazados internos.

El diputado Emilio Zebadúa González:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados de esta Cámara:

En la última década se ha desarrollado un marco jurídico, en el ámbito del derecho internacional, para establecer principios rectores que protegen a los desplazados internos.

La Organización de las Naciones Unidas ha establecido que se entenderá por desplazados internos, a aquellas personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

Cabe aclarar que esta categoría del derecho internacional humanitario, difiere del refugiado, ya que aunque en ambos casos las personas se ven forzadas a abandonar sus hogares, los desplazados no pueden acceder a la categoría de refugiados con derecho a la protección específica que les proporcionan los instrumentos internacionales de la materia, puesto que justamente no han cruzado una frontera internacionalmente reconocida.

Los principios rectores de la ONU contemplan normas aplicables a los fenómenos del desplazamiento en su conjunto, dado que reconocen el abanico de posibilidades que van desde la protección contra desplazamientos arbitrarios, es decir, acciones preventivas para evitar dicho desplazamiento, a la situación concreta del desplazamiento cuando éste ya se ha manifestado, así como a las normas que se aplicarían al regreso y a la reintegración de los desplazados a sus comunidades de origen.

Es importante destacar que estos principios rectores representan un mínimo de normas aplicables a la materia como estándares reconocidos por el derecho internacional, que son declaraciones moralmente vinculantes que, sin embargo, los gobiernos nacionales deben reconocer como obligaciones que surgen del derecho internacional y que sirven de referencia para la necesaria armonización de las legislaciones nacionales a la letra y el espíritu del derecho internacional.

Cabe también hacer mención que ante la magnitud del problema que reviste en el mundo la situación de los desplazados internos, en 1992 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU requirió al Secretario General la designación de un representantes especial para los desplazados internos, recayendo dicha designación en el doctor Francis Deing, que realizó una visita oficial a nuestro país entre el 18 y el 28 de agosto del 2002, por invitación del Gobierno Federal mexicano.

De su informe se destacan algunos puntos que es necesario abordar en esta exposición de motivos, ya que el documento representa un punto de encuentro sobre la situación del fenómeno de desplazados internos en nuestro país.

En dicho documento se reconocen como causas de desplazamiento forzoso en México a lo largo de los últimos años el conflicto en Chiapas, así como las disputas por tierras, el tráfico de drogas, intolerancia religiosa, proyectos de desarrollo y desastres naturales que por aquel entonces se habían registrado en los estados de Oaxaca, Tabasco y Sinaloa, pero al mismo tiempo dicho informe reconoce que no existen estadísticas oficiales sobre el número, la ubicación y las necesidades de dichos desplazados internos.

En el informe igualmente se destaca de manera muy especial, la situación de extrema vulnerabilidad de los que además de ser desplazados, son mujeres y niños.

En el cuerpo del informe, destaca asimismo una serie de recomendaciones que tienen qué ver con la adopción y aplicación de políticas por parte del Gobierno para abordar efectivamente esta problemática, la necesidad, entre otras cosas, de recabar datos para determinar su magnitud, seleccionar las necesidades especiales para atender a los desplazados con programas y proyectos, mecanismos de coordinación, protección y asistencia, asistencia para su retorno, reasentamiento o integración local, cooperación internacional y fortalecimiento de intervención de los distintos niveles de gobierno.

Por otra parte, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizó en el año de 2003 un diagnóstico sobre los derechos humanos en nuestro país, en el cual se pretende o pretendió, identificar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos con base en un análisis no coyuntural.

En el diagnóstico de referencia se señaló que a raíz del conflicto armado de 1994, quedaron desplazadas más de doce mil personas, algunas de ellas recibieron ayuda del Gobierno o de organizaciones humanitarias nacionales o internacionales, pero en general, se reconoce que sus condiciones de existencia han sido por lo general sumamente difíciles.

Por cuanto hace a las recomendaciones de dicho informe, que se presenta para la atención de los desplazados internos, destacan las siguientes:

1. El Gobierno Federal debe adoptar medidas de protección legal para atender las necesidades identificadas por el relator especial de la ONU sobre desplazados internos, así como el establecimiento de áreas de especial vulnerabilidad de estos grupos.

Se recomienda igualmente al Poder Ejecutivo, analizar distintas opciones para coordinar el trabajo en esta materia, pudiendo facultar a una dependencia ya existente como la COMAR o crear un organismo descentralizado o autónomo intersecretarial.

Otro aspecto que destaca el informe de la ONU sobre desplazados internos, es la urgente necesidad de establecer mecanismos de resolución no violenta de los conflictos y se le recomienda al Gobierno Federal que se involucre directamente en buscar mecanismos de mediación, conciliación, negociación e intermediación, para que las partes en conflictos agrarios, religiosos, territoriales, políticos o étnicos, puedan resolver sus diferencias sin alterar el orden público.

Entre otras de las recomendaciones, destaca que es necesario que el Poder Legislativo, en coordinación con instancias del Poder Ejecutivo, como la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, incorporen los lineamientos establecidos en los principios rectores aplicados a los desplazamientos internos de la ONU a la legislación nacional.

Los desplazados consultados a través del proceso de diagnósticos diversos que han realizado organizaciones no gubernamentales y distintos niveles de gobierno, enfatizan, reconoce la ONU, la importancia que tiene la relación tradicional que guardan con sus tierras los indígenas, quienes constituyen la mayor parte de esta población desplazada.

Es necesario que en los procesos de reforma legislativa y de política pública en materia de población, se conduzca al reconocimiento de los desplazados internos como sujetos de derecho y que se reconozcan explícitamente las necesidades territoriales de los desplazados indígenas.

Es con estos elementos que se propone la presente iniciativa de reforma constitucional, tomando en cuenta que ciertamente nuestro marco jurídico vigente cuenta con una serie de garantías individuales consagradas en la Carta Magna que inciden de manera directa en el fenómeno del desplazamiento interno, pero que no se cuenta en la misma con las herramientas institucionales para poder enfrentar en todas sus dimensiones y aristas esta problemática, debido fundamentalmente, a como lo reconoce el propio Informe del Representante Especial de la ONU para desplazados internos, que en México se carece de los elementos mínimos para propiciar una coordinación intergubernamental adecuada, integral y suficiente.

Por lo que de entrada estamos proponiendo introducir una nueva categoría del derecho internacional humanitario en nuestro sistema constitucional, una categoría que no está contemplada hasta ahora, puesto que trata de reconocer a la vez una situación de hecho y una responsabilidad jurídica del Estado, para atender las causas como las consecuencias del desplazamiento interno.

Se ha querido, como ya mencioné, confundir este tipo de desplazamiento con otros fenómenos de carácter jurídico distinto. Por ello, se ha destacado la garantía constitucional de libre tránsito establecida en el artículo 11, o bien, con obligaciones del Estado en sus tres órdenes de gobierno, para atender los desplazamientos por causas naturales con programas de auxilio.

Y lo cierto es que ninguno de estos fenómenos o figuras, recogen en todas sus dimensiones y alcance, la figura de desplazado interno.

Por las anteriores consideraciones, es que se propone adicionar un párrafo noveno al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desplazados internos, en los siguientes términos:

Unico. Es responsabilidad del Estado garantizar la atención, la seguridad, así como la restitución de derechos de los desplazados internos, ya sea de grupos o de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia, para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano dentro de sus fronteras, según lo disponga la ley en la materia, la cual establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que adiciona un parrafo noveno al articulo 4° de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos, en materia de desplazados internos, a cargo del diputado emilio zebadua gonzalez, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe diputado federal Emilio Zebadúa González, integrante del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desplazados internos con la siguiente:

Exposición de Motivos

Considerando que la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que se entenderá por desplazados internos a aquellas ``personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocados por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida''. Esta definición se encuentra establecida en el párrafo número 2 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos del 11 de febrero de 1998.

Esta definición que proviene del ámbito del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, que tienen relación con otros instrumentos internacionales como por ejemplo, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Facultativos de 1977, la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, de 1994 , y desde luego, los Principios Rectores del Representante del Secretario General de la ONU para Deslazados Internos arriba citados.

Cabe aclarar que esta categoría del derecho internacional humanitario difiere de la de refugiado, ya que aún cuando en ambos casos, las personas se ven forzadas a abandonar sus hogares, los desplazados no pueden acceder a la categoría de refugiados, con derecho a la protección específica que les proporcionan los instrumentos internacionales de la materia, puesto que no han cruzado una frontera internacionalmente reconocida, por lo que el gobierno tiene la responsabilidad de satisfacer sus necesidades de protección y asistencia.

Los Principios Rectores contemplan normas aplicables al fenómeno del desplazamiento en su conjunto, dado que reconocen el abanico de posibilidades que van desde la protección contra desplazamientos arbitrarios, es decir, las acciones preventivas para evitar el desplazamiento, la situación concreta del desplazamiento, cuando éste ya se ha manifestado, así como las normas que se aplicarían al regreso y la reintegración a las comunidades.

Es importante destacar que estos principios representan un mínimo de normas aplicables a la materia como estándares reconocidos por el derecho internacional, que son declaraciones moralmente vinculantes que, sin embargo, los gobiernos nacionales deben reconocerlas como obligaciones que surgen del derecho internacional y que sirven de referencia para la necesaria armonización de las legislaciones nacionales a su letra y espíritu.

Cabe hacer mención que ante la magnitud del problema que reviste en el mundo la situación de desplazamiento interno de millones de personas, en 1992, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU requirió a su Secretario General, la designación de un representante especial para los desplazados internos, siendo designado para esta responsabilidad, el Sr. Francis Deng, quien realizó una visita oficial a México del 18 al 28 de agosto del 2002, por invitación del gobierno. De su informe, se destacan algunos puntos que es necesario abordar en esta exposición de motivos, ya que este documento representa un punto de encuentro sobre la situación del fenómeno de desplazamiento interno en nuestro país.

Del documento de referencia se reconocen como causas del desplazamiento forzoso en México, el conflicto de Chiapas así como las disputas por tierras, el tráfico de drogas, intolerancia religiosa, proyectos de desarrollo y los desastres naturales que por aquél entonces se habían registrado en los estados de Oaxaca, Tabasco y Sinaloa, pero también reconoce que no existen estadísticas oficiales sobre su número, ubicación, sus necesidades, así como las posibles respuestas institucionales para atenderlos.

En este informe se destaca de manera muy especial la situación de extrema vulnerabilidad de las mujeres y niños, así como de la población indígena que representa la mayoría de la población desplazada de México.

En el cuerpo del informe destacan asimismo, una serie de recomendaciones que tienen que ver con la adopción y aplicación de políticas por parte del gobierno para abordar efectivamente esta problemática, la necesidad de recabar datos para determinar su magnitud, seleccionar las necesidades especiales de los desplazados en programas y estructuras, mecanismos de coordinación, protección y asistencia a los desplazados, asistencia para el regreso, el reasentamiento o integración local, cooperación internacional, fortalecimiento de la intervención de la ONU, la difusión de los Principios Rectores a nivel regional y la búsqueda de soluciones para el conflicto.

Sobre la adopción y aplicación de políticas por parte del gobierno para abordar efectivamente esta problemática, reconoce que ``es urgente que estas autoridades aceleren el enunciado, la adopción y la aplicación de políticas sobre los desplazados internos. Estas políticas deben estar vinculadas a otros planes, políticas y programas de derechos humanos. Con ellas hay que procurar resolver cuestiones de protección frente a desplazamientos arbitrarios, cubrir las actuales necesidades de protección y ayuda y plantearse las posibilidades de un retorno voluntario, el reasentamiento o la integración local de los desplazados de un modo seguro y digno'', fin de cita.

Y por otro lado, reconoce en la parte que tiene que ver con los mecanismos de coordinación que ``los esfuerzos de las autoridades estatales para abordar el problema de los desplazados internos se ha iniciado sin mucha coordinación con las autoridades federales. En algunos casos, las autoridades de los Estados han establecido cierta coordinación con la sociedad civil; esa colaboración hay que ampliarla. Es importante establecer mecanismos de coordinación en el seno del Gobierno Federal, entre éste y los gobiernos de los estados y con ONG´s humanitarias, de derechos humanos y de desarrollo, así como con la comunidad internacional, para abordar de manera más eficaz la crisis de los desplazamientos'' , fin de cita.

Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) realizó un diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México, en el cual se ``pretende identificar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos en México, con base en un análisis no coyuntural''. Así mismo, el Diagnóstico ``recoge demandas que constituyen un clamor de la sociedad mexicana, y que en la mayoría de los casos también están reflejadas en las recomendaciones y diversos informes que en materia de Derechos Humanos han realizado sobre el país la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, por medio de sus distintos mecanismos de protección, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales''.

En el diagnóstico de referencia se señala que ``a raíz del conflicto (armado de 1994), quedaron desplazadas más de 12,000 personas. Algunas recibieron ayuda del gobierno o de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales. Sus condiciones de existencia, por lo general, son sumamente difíciles. Entre los desplazados la inseguridad y temor persisten, y a mediados de 2003 el problema sigue vigente. En otras regiones indígenas del país también existen desplazados de los que no se habla. Se trata de quienes fueron reubicados sin su consentimiento por la construcción de alguna presa u otra obra años atrás, y que aún esperan recibir las compensaciones que el gobierno les ofreció.'' En la parte relativa a grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación se expresa que ``no se dispone en México de estadísticas oficiales sobre desplazados internos, y las estimaciones varían considerablemente. Se tomó una fuente que habla de entre 3,000 y 21,000, pero otras estimaciones llegan hasta 60,000. En Chiapas y Guerrero se han llevado a cabo conteos más amplios, con la participación de ONG´s locales o internacionales, diócesis eclesiásticas locales, dependencias gubernamentales y organismos humanitarios. En el diagnóstico se identificaron dos obstáculos para la medición: su naturaleza inestable y temporal y el hecho de que ninguna dependencia, gubernamental o no, tiene un mandato explícito para dar seguimiento a estos desplazados. En lo que hay coincidencia es en que son uno de grupos más desprotegidos, porque generalmente carecen de medios para subsistir y de cualquier mecanismo para hacer valer sus derechos. Por su invisibilidad enfrentan altos riesgos de abusos, explotación e inclusive de ser privados de la vida.''

Por cuanto hace a las recomendaciones que presenta para la atención a los desplazados internos destacan las siguientes:

El Gobierno Federal debe adoptar medidas de protección legal para atender las necesidades identificadas por el Relator Especial de la ONU sobre Desplazados Internos, como el establecimiento de áreas de especial vulnerabilidad de estos grupos. Se recomienda al Poder Ejecutivo analizar distintas opciones para coordinar el trabajo en esta materia. Puede facultar a una dependencia ya existente, como la COMAR, o crear un organismo descentralizado o autónomo intersectorial.

Otro aspecto que destaca el Informe de la ONU sobre Desplazados Internos en México, es la urgente necesidad de establecer mecanismos de resolución no violenta de conflictos. Se recomienda que el Gobierno Federal se involucre directamente en buscar mecanismos de mediación, conciliación, negociación e intermediación, para que las partes en conflictos agrarios, religiosos, territoriales, políticos y étnicos, puedan resolver sus diferencias sin alterar el orden público.

Es necesario que el Poder Legislativo, en coordinación con instancias del Poder Ejecutivo, como la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, incorporen los lineamientos establecidos en los Principios Rectores aplicables a los Desplazamientos Internos de la ONU.

Los desplazados consultados a través del proceso del diagnóstico enfatizan la importancia que tiene la relación tradicional que guardan con sus tierras los indígenas, quienes constituyen la mayor parte de esta población. Es necesario que en los procesos de reforma legislativa y de política pública en materia de población que conduzcan al reconocimiento de los desplazados internos como sujetos de derecho, se reconozcan explícitamente las necesidades territoriales de los desplazados indígenas.

Con estos elementos es que se propone la presente iniciativa de reforma constitucional, tomando en cuenta que ciertamente nuestro marco jurídico vigente, si bien cuenta con una serie de garantías individuales consagradas en la Carta Magna que inciden de manera directa en el fenómeno de desplazamiento interno, no se cuenta en la misma con las herramientas institucionales para poder enfrentar esta problemática, debido fundamentalmente como lo reconoce el propio informe del representante especial, que se carece de los elementos mínimos para propiciar una coordinación intergubernamental adecuada.

Por lo que de entrada, estamos proponiendo introducir una nueva categoría del derecho internacional humanitario en nuestro sistema constitucional, que no está contemplada hasta ahora, puesto que trata de reconocer a la vez una situación de hecho y la responsabilidad del Estado para atender sus causas como sus consecuencias. Se ha querido confundir este tipo de desplazamiento con la garantía constitucional del libre tránsito del artículo 11 o bien con obligaciones del Estado, en sus tres órdenes de gobierno, para atender los desplazamientos por causas naturales en programas de auxilio y lo cierto, es que tanto el confundir el libre tránsito con la figura del desplazamiento interno y las causas que lo motivan, es desconocer totalmente la gravedad del problema y por otro lado, minimizar la responsabilidad del Estado con la aplicación de programas de auxilio y de asistencia en casos de desastre.

Con esta definición pretendemos armonizar esta figura del derecho internacional humanitario dentro de nuestro sistema jurídico determinando con claridad la responsabilidad del Estado para garantizar la atención, la seguridad, así como la restitución de derechos de los desplazados internos que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia, para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, dentro de sus fronteras, como un primer paso para reglamentar en la ley la concurrencia de la Federación y las entidades federativas.

Por las anteriores consideraciones proponemos el siguiente: proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo noveno artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desplazados internos.

Unico.- Se adiciona un párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 4o....

...

...

...

...

...

...

...

Es responsabilidad del Estado garantizar la atención, la seguridad, así como la restitución de derechos de los desplazados internos, ya sea de grupos o de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia, para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, dentro de sus fronteras, según lo disponga la ley en la materia, la cual establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias.

Transitorio

Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los 30 días del mes marzo de 2004.--- Dip. Emilio Zebadúa González (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado don Emilio Zebadúa González.

Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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FUNCIONARIOS PUBLICOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Originariamente el concepto de funcionario público se fundamenta en un criterio orgánico de jerarquía y de potestad pública, que da origen al carácter de autoridad que reviste a los funcionarios públicos para distinguirlos de los demás empleados y personas que prestan sus servicios al Estado, bajo circunstancias opuestas, es decir, ejecutan órdenes de la superioridad y no tienen representatividad del órgano al que están adscritos.

Este concepto, desde el punto de vista administrativo, se adapta con mayor claridad al campo de lo propiamente administrativo y del ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere en la esfera administrativa, lo que excluye de esta situación a los demás funcionarios de los órganos constitucionales como el Congreso de la Unión, que accedan al servicio del Estado mediante elección popular.

En doctrina se ha subrayado la tajante distinción entre funcionarios y empleados públicos, esta distinción que recurre a ciertas características del trabajo que desempeñan unos y otros y a la legislación vigente, pone de relieve que para la naturaleza de sus funciones y debido a que la designación de los primeros por el titular del Ejecutivo Federal, pueden ser removidos por éste en cualquier tiempo y, por lo tanto, el ejercicio de sus funciones no es permanente.

En cambio, tratándose de que los empleados que son meros auxiliares y que únicamente ejecutan el régimen jurídico de sus relaciones con el Estado, se les garantiza estabilidad en el empleo y su remoción o destitución se da en función de los supuestos de incumplimiento, a través de los cuales la ley considera que debe darse término en dicha relación y no de la confianza que se encuentra implícita en el acto del nombramiento.

La denominación del funcionario público en consecuencia, no proviene de la naturaleza misma de la función pública, puesto que también está desempeñada por la otra categoría de servidor público llamado empleado.

La ausencia de los elementos que en la legislación mexicana impide integrar con facilidad el concepto de funcionario público por ejemplo, la Constitución Mexicana hace referencia a funcionarios y empleados, en los artículos 80, 89, 108 y 114, altos funcionarios y empleados, en los artículos 110 y 111 servidores públicos y cargos de confianza, en el artículo 123.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, alude a servidores públicos federales; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del artículo123 de la Constitución, divide a estos trabajadores de base y de confianza.

De conformidad con dichas disposiciones bajo la denominación de servidores públicos, se incluye al Presidente de la República y a todos los empleados y funcionarios de la Administración Pública Federal centralizada y descentralizada, a los diputados federales y senadores, a los miembros de los Poderes Judicial, Federal y del Distrito Federal, a todo empleado y funcionario del Distrito Federal, a los gobernadores, diputados y magistrados en los tribunales de justicia en los estados y finalmente a cualquier otro individuo que maneje o aplique recursos económicos federales.

Con todo, subsiste la duda de si en dicha enumeración no se incluye a los empleados de los Poderes Legislativo y Judicial Federal, ya que no están expresamente enumerados, salvo en el supuesto de que manejen o apliquen fondos federales.

El elemento categórico que de tal legislación se desprende para esbozar el régimen jurídico de la relación entre Estado y funcionario público, es la de confianza puesto que la aplicación de la Ley Federal para los Trabajadores del Servicio del Estado, no solamente los divide en trabajadores de base y de confianza, sino en su artículo 8º excluya a estos últimos de las disposiciones relativas a los trabajadores de base, en donde resulta que en principio el calificativo de trabajador de confianza coincide con la categoría de funcionario público.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que conoce de los conflictos individuales entre el Estado y sus trabajadores, se ha pronunciado ampliamente respecto de la situación de los empleados de confianza y algunos de sus laudos contienen elementos comparables con los del concepto en que en principio se adopta, de funcionario público.

Cito: ``... empleados de confianza el principio general que rige el estatuto jurídico es el que los trabajadores al servicio del Estado deban ser protegidos por el mismo, de manera que los empleados de confianza que estén fuera de su protección constituyen la excepción dentro del principio general y consiguientemente los preceptos que determinan cuáles empleos de confianza son limitativos.

En tal virtud para que un empleo deba catalogarse como tal, debe estar perfectamente determinado en dichos preceptos con la designación que los presupuestos de egresos o las leyes y reglamentos que rigen a cada dependencia le hayan dado, pues de lo contrario deben estimarse como la base.

Por ello, la Cámara de Diputados al establecer en su ley orgánica las diferencias entre empleados de base y los llamados empleados de confianza, se deben catalogar a éstos últimos como funcionarios públicos.

De lo anterior deviene necesario puntualizar que muchos de estos trabajadores tienen a su encargo tareas que, por condición laboral pueden tener injerencia o facultad no expresa para usar u omitir la recesión de un acto o proyecto en deterioro de la Nación.

Si lo que buscamos como Poder Legislativo y particularmente como Cámara de Diputados, es transparentar todos y cada uno de nuestros procesos y acciones, entonces debemos procurar que los trabajadores al servicio de la misma deban informar a la ciudadanía su situación patrimonial antes y después de su encargo.

Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforma el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el artículo 5º de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional.

En virtud de la limitación en el tiempo omitiré la lectura del articulado, pero solicito atentamente a la Presidencia ordene su inserción plena al Diario de Debates y a la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada por el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se turne a la Comisión de Gobernación, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

Originariamente, el concepto de funcionario público se fundamenta en un criterio orgánico, de jerarquía y de potestad pública que da origen al carácter de autoridad que reviste a los funcionarios públicos para distinguirlos de los demás empleados y personas que prestan sus servicios al Estado, bajo circunstancias opuestas; es decir, ejecutan órdenes de la superioridad y no tienen representatividad del órgano al que están adscritos.

Este concepto, desde el punto de vista administrativo, se adapta con mayor claridad al campo de lo propiamente administrativo y del ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere en la esfera administrativa, lo que excluye de esta situación a los demás funcionarios de los órganos constitucionales como el Congreso de la Unión, que acceden al servicio del Estado, mediante elección popular.

Así también, en el Poder Judicial, y aun cuando en éste, la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es hecha por el presidente de la República, el régimen jurídico de sus relaciones con el Estado, es un régimen especial y acorde con la naturaleza de la función que desempeñan.

En doctrina, se ha subrayado la tajante distinción entre funcionarios y empleados públicos. Esta distinción que recurre a ciertas características del trabajo que desempeñan unos y otros, y a la legislación vigente. Pone de relieve que por la naturaleza de sus funciones y debido a que la designación de los primeros por el titular del Ejecutivo Federal pueden ser removidas por este en cualquier tiempo y, por tanto, el ejercido de sus funciones no es permanente; en cambio, tratándose de los empleados que son meros auxiliares y que únicamente ejecutan el régimen jurídico de sus relaciones con el Estado, se les garantiza estabilidad en el empleo y su remoción o destitución se da en función de los supuestos de incumplimiento, a través de los cuales la ley considera que debe darse término a dicha relación y no de la confianza, que se encuentra implícita en el acto del nombramiento.

La denominación de funcionario público, en consecuencia, no proviene de la naturaleza misma de la función pública, puesto que también esta es desempeñada por la otra categoría de servidor público llamado empleado.

La ausencia de elementos que en la legislación mexicana impide integrar con facilidad el concepto de funcionario público, por ejemplo, la Constitución Mexicana hace referencia a funcionarios y empleados en los artículos 80, 89, 108 y 114; altos funcionarios y empleados, en los artículos 110 y 111; servidores públicos y cargos de confianza, en el artículo 123. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos alude a servidores públicos federales. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado ``B'' del Artículo 123 de la Constitución divide a estos en trabajadores de base y de confianza.

De conformidad, pues con dichas disposiciones, bajo la denominación de servidores públicos se incluye al presidente de la República y todos los empleados y funcionarios de la administración pública federal centralizada y descentralizada; a los diputados federales y senadores; a los miembros de los poderes judicial federal y del Distrito Federal; a todo empleado y funcionario del Distrito Federal; a los gobernadores diputados y magistrados de los tribunales de justicia, en los estados; y, finalmente, a cualquier otro individuo que maneje o aplique recursos económicos federales.

Con todo, subsiste la duda de si en dicha enumeración no se incluyen a los empleados de los poderes Legislativo y Judicial federal, ya que no están expresamente enumerados, salvo en el supuesto de que manejen o apliquen fondos federales.

El elemento categórico que de tal legislación se desprende para esbozar el régimen jurídico de la relación entre Estado y funcionario público es el de la confianza, pues la aplicación de la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado no solamente los divide en trabajadores de base y de confianza, sino que en su artículo 8° excluye a estos últimos de las disposiciones relativas a los trabajadores de base de donde resulta que en principio, el calificativo de trabajador de confianza coincide con la categoría de funcionario público.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que conoce de los conflictos individuales entre el Estado y sus trabajadores1; se ha pronunciado ampliamente respecto de la situación de los empleados de confianza y algunos de sus laudos contienen elementos comparables con los del concepto que en principio se adopta de funcionario público.

``Empleados de confianza. El principio general que rige el estatuto jurídico es el que los trabajadores al servicio del Estado deban ser protegidos por el mismo, de manera que los empleados de confianza que están fuera de su protección constituyen la excepción dentro del principio general y consiguientemente los preceptos que determinan cuáles empleos de confianza son limitativos, en tal virtud, para que un empleo deba catalogarse como tal, debe estar perfectamente determinado en dichos preceptos con la designación que los Presupuestos de Egresos o las leyes y reglamentos que rigen a cada dependencia le hayan dado, pues de lo contrario deben estimarse como la base.'' (Ejecutoria: Informe de Labores del Tribunal de Arbitraje, 1963, A.D. 2050/51. Jefe del Departamento del DF vs. Tribunal de Arbitraje.)

Por ello, la Cámara de Diputados al establecer en su Ley Orgánica2 las diferencias entre los empleados de base y los llamados empleados ``de confianza'', se deben catalogar éstos, como funcionarios públicos.

De lo anterior, deviene necesario puntualizar que muchos de estos trabajadores, tienen a su encargo tareas que, por condición laboral, pueden tener injerencia o facultad no expresa para realizar u omitir la realización de un acto o proyecto en detrimento de la nación.

Si lo que buscamos como Poder Legislativo, y particularmente como Cámara de Diputados es transparentar todos y cada uno de nuestros procesos y acciones, entonces debemos procurar que los trabajadores al servicio de la misma, deban informar a la ciudadanía de su situación patrimonial antes y después de su encargo.

Por ello, sometemos a la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de

Decreto mediante el cual se reforman los artículos 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 5° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado ``B'' del Artículo 123 Constitucional

Artículo Primero. Se reforma el artículo 36 de la Ley Federal De Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 36

Tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 35, bajo protesta de decir verdad, en los términos que la ley señala:

I. En el Congreso de la Unión: diputados y senadores, secretarios generales, tesoreros, directores de las Cámaras y los trabajadores de confianza;

De la fracción II a la XIV. ...

...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 5° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado ``B'' del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado ``B'' del Artículo 123 Constitucional

Título Primero

Artículo 5

Son trabajadores de confianza:

De la fracción I a la II. ...

III. En el Poder Legislativo; en la Cámara de Diputados; el secretario general, el director general de departamentos y oficinas, el tesorero general, los cajeros de la Tesorería, el director industrial de la Imprenta y Encuadernación y el director de la Biblioteca del Congreso.

Y los que realizan funciones de:

A) Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando a nivel directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores y jefes de departamento;

B) Manejo de fondos o valores;

C) Control directo de adquisiciones: con facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y compras, así como el personal encargado de apoyar con elementos técnicos estas decisiones;

D) En almacenes e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o salida de bienes o valores y su destino o la baja y alta en inventarios;

E) Institutos de Investigación, siempre que implique facultades para determinar el sentido y la forma de la investigación que se lleve a cabo;

F) Asesoría o consultoría, únicamente cuando se proporcione a los siguientes servicios legislativos; secretaria general y sus secretarias, Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política, coordinaciones parlamentarias, y en todas las comisiones y comités que se integren en la Legislatura correspondiente;

G) El personal adscrito presupuestalmente a las secretarias particulares;

H) Los secretarios particulares de: Presidente, vicepresidentes, coordinador de grupo parlamentario, secretario general y secretarios, y directores generales.

En la Auditoría Superior de la Federación: el auditor superior y los auditores especiales, titulares de unidades, directores generales, directores, subdirectores, auditores los asesores y los secretarios particulares de los funcionarios mencionados.

En la Cámara de Senadores: oficial mayor, tesorero y subtesorero;

De la fracción IV a la V. ...

...

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 días del mes de marzo de 2004.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado don Cuauhtémoc Ochoa Fernández.

Como lo solicita, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en caso de que no haya sido publicado y túrnese a las comisiones unidas de Gobernación, de Justicia y de Derechos Humanos.

Nos acompañan en las galerías miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Tlalnepantla y jóvenes alumnos de tercero de preparatoria del Instituto de la Juventud del estado de México. Bienvenidos.

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REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

¿Falta alguna diputada o diputado de registrar asistencia?..

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 457 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula.

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LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.

El diputado Joel Padilla Peña:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores; secretarios de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión:

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, bajo la siguiente exposición de motivos.

Por la forma como está estructurada y sus métodos de organización de la banca privada, es uno de los principales obstáculos al desarrollo económico de México. De manera más ostentosa, desde la crisis financiera de mediados de los 90 la banca en manos de particulares no cumple la función que la sociedad le asigna, esto es, canalizar crédito para actividades productivas o para mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas.

Esta disfuncionalidad social de la banca es un producto del fracaso de la reforma neoliberal y de la miopía de las autoridades bancario-financieras, que se han negado a reconocer el problema y lo han empeorado año con año.

Fue un error privatizar los bancos y beneficiarlos con un régimen de autorregulación; del mismo modo, fue un error rescatar a los accionistas de los bancos, sanearlos con altísimas pérdidas para el erario público, pero sobre todo fue un gran error hacer del rescate bancario un negocio vitalicio para los accionistas nacionales y extranjeros, a costa del bienestar conjunto de la población.

Fue un error abrir las puertas indiscriminadamente al capital extranjero sin haber establecido normas para evitar la carterización de los bancos.

Desde mediados de los años noventa se ha derrumbado el crédito a las actividades productivas y a la par ha despuntado la rentabilidad de los bancos para convertirlos en los más lucrativos del mundo.

Si en 1994, antes de la crisis financiera, el crédito total de la banca comercial al sector privado representaba el 42% del producto interno bruto (PIB), para 2003 representó el 15%, lo que en sí es una catástrofe económica y social.

El rubro más afectado es el crédito a las actividades productivas o comerciales, que se redujo de 1994 a 2003, a menos de la mitad de su valor real.

Debido a la creciente desintermediación bancaria, en años de crecimiento, la falta de crédito para la producción significa un sacrificio del producto interno bruto anual equivalente del 1.5 al 2.5 del mismo.

Pero además de los perjuicios a la actividad económica, el nivel de vida de la población se ha visto afectado en la medida que los usuarios comunes de la banca comercial sobrellevan cargas excesivas por los servicios que reciben.

Los bancos sólo atienden a los sectores más rentables y que no ofrecen riesgos, como son: tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios. Han sido precisamente estos créditos los que han atenuado la caída del financiamiento total al sector privado, al que nos referimos anteriormente. En cambio la pequeña y mediana empresas están prácticamente marginadas del sistema bancario y subsisten principalmente del crédito de proveedores y del agiotismo.

El Partido del Trabajo propone una iniciativa para que se restablezca la rectoría del Estado en la actividad bancaria bajo principios viables. La parte medular de la propuesta que sometemos a su consideración, es crear una banca de servicio público en la cual el accionista mayoritario sea el Gobierno Federal.

La banca de servicio público estaría constituida por dos tipos de entidades: la banca de desarrollo y nuevos bancos que compitan con la banca privada múltiple.

Proponemos que la banca de desarrollo se reorganice para que de la fusión de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, emane una institución líder. La función central de esa institución, será capitalizar a los bancos de servicio público que competirán con la banca privada.

Los bancos de servicio público que compitan con la banca privada, tendrán la función de arbitrar en el mercado para abatir las tasas activas y elevar las tasas pasivas de interés. En otras palabras, su función consiste en introducir condiciones reales de competencia para erradicar las situaciones de carterización y oligopolio que existen actualmente.

El abaratamiento del crédito promoverá la creación de empleos y al mismo tiempo, el fortalecimiento de mejores réditos a los ahorradores, fortalecerá al propio sector financiero, haciéndonos menos dependientes del endeudamiento externo.

Proponemos que los bancos que llevan la misión de la competencia, se sometan al mismo reordenamiento legal que los bancos privados, de manera que no se den situaciones que puedan calificarse de competencia desleal y debiliten el proyecto de servicio público.

La operación eficiente de los nuevos bancos es parte central de nuestra propuesta y representa un primer paso hacia la concreción de un nuevo paradigma estatal que ayude a erradicar los vicios de la fallida reforma neoliberal.

Para que México pueda aspirar a ser un país próspero, dinámico e igualitario, necesita una banca moderna y eficiente que brinde condiciones de acceso al crédito equivalentes a la de nuestros socios comerciales. Para lograr esta meta ha llegado el momento de fortalecer al sector público.

Compañeras y compañeros diputados: por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Instituciones de Crédito.

Solicitamos al Presidente de la Mesa Directiva se inserte íntegra la iniciativa en comento en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 30 días del mes de marzo de 2004.

Es cuanto.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, presentada por el diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT.

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Con la privatización del sistema bancario mexicano se abrió una etapa de desintermediación crediticia que le ha causado grandes daños a la economía nacional.

La complementación entre liberalización financiera, que significó supresión del encaje legal, la liberalización de las tasas de interés y la eliminación de los cajones de crédito, así como el traspaso de los bancos a particulares significó un grave retroceso en la canalización del crédito, en cuanto que éste quedó al servicio del consumo y la especulación.

El régimen de autorregulación que instauraron los bancos ante los vacíos legales creados por la liberalización financiera fue la antesala de la crisis y la quiebra posterior de los mismos a raíz de la devaluación del peso de diciembre de 1994.

Al quedar al margen de la supervisión los bancos incurrieron en riegos excesivos, tanto al prestar como al invertir sus recursos.

No crearon las reservas de ley o el monto de éstas fue insuficiente en comparación con sus operaciones de préstamo e inversión, de suerte que una conmoción como la que se dio con la devaluación del peso, llevó a la mayoría de los bancos a la insolvencia financiera.

Posteriormente, como una consecuencia lógica de lo anterior, vino el rescate bancario pero sobre todo, la apertura al capital extranjero.

El rescate de los bancos a cargo del Fobaproa tuvo como objetivo prioritario evitar la ruina de los accionistas de los bancos. En un lugar secundario quedó el cumplimiento de la garantía a los depositantes, que era el mandato que el Banco de México estaba obligado a cumplir por encima de cualquier otra consideración.

Al rescatar a los accionistas, el Estado tuvo que asumir, primero indirectamente y luego directamente, grandes compromisos financieros, que han limitado sus obligaciones básicas, como la promoción del desarrollo, la lucha contra la pobreza, el impulso al capital social básico, etcétera.

La más grave anomalía del rescate bancario fue cambiar la cartera vencida por bonos que para efectos prácticos no son redimibles y por ello causan un quebranto permanente al erario público.

Para pagar los bonos del rescate, el pueblo de México ha traspasado sumas multimillonarias a accionistas nacionales y extranjeros. Está por demás insistir en que esos ingresos son hoy en día la principal fuente de ingresos de las instituciones de banca múltiple.

La apertura al capital extranjero para que comprara acciones de los bancos mexicanos hasta por un 100 por ciento del valor de las mismas, fue vista por las autoridades monetarias como una solución a la crisis.

Lamentablemente, esa apertura al ser efectuada de manera imprudente ha agudizado el problema bancario, convirtiéndolo en un problema económico nacional. En primer lugar no generó competencia entre los bancos que era deseable para abaratar el crédito, sino que más bien atrajo a operadores interesados en sacar provecho de la cartelización de las operaciones bancarias.

En las condiciones actuales los bancos no apoyan las actividades productivas, pero también han encarecido los servicios bancarios lo que en conjunto resta competitividad a las empresas nacionales, pero también lesiona al conjunto de la población. Los bancos extranjeros, sobre todo los españoles, han adoptado la estrategia de utilizar sus operaciones en México para tener acceso a ganancias de monopolio, aprovechando tasas de interés que son de dos a tres veces superiores a las de su plaza de origen, dependiendo del tipo de crédito. Los créditos hipotecarios que ofrecen BBVA y Santander oscilan en México en torno de 18 por ciento anual, en tanto que en España cobran alrededor de 6 por ciento.

La compra del remanente de las acciones de Bancomer fue argumentada por el banco Argentaria-BBVA como una oportunidad sin equivalente en otra parte del mundo para obtener ganancias extraordinarias gracias a tres mecanismos: a) la cartelización del sistema bancario mexicano que posibilitaba ubicar las tasas de interés y las comisiones sobre servicios a niveles exorbitantes; b) los rendimientos extraordinarios por la compra de títulos de deuda pública; y c) los rendimientos por el bono de rescate bancario que forma la parte medular de la rentabilidad bancaria.

Como se advierte, nada de ello tiene que ver con la atención a las necesidades de los usuarios del crédito, en espacial los de la pequeña empresa.

Podemos decir, para extraer del modo más claro posible el significado de todo lo anterior, que los acontecimientos que se iniciaron en 1988 con las leyes de liberalización bancaria, llevaron a la destrucción definitiva de una de las bases institucionales sobre las cuales se edifica una economía dinámica y participativa.

Ante esta grave situación que está causando estragos en la economía nacional, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito.

Partimos del hecho incontrovertible que la reforma bancaria fue un fracaso mundial y la experiencia de México es sólo un caso más entre muchos otros que proliferan en América Latina.

El objeto de esta propuesta es modificar enteramente la lógica de mercado bajo la cual operan los bancos privados, erradicando las prácticas parasitarias.

El eje de nuestra propuesta es crear una banca de servicio público que agrupe a los bancos de desarrollo, pero también incorpore nuevas instituciones.

Las nuevas instituciones bancarias de capital mayoritariamente estatal, tendrán la función de competir con la banca privada múltiple en las operaciones de recepción de depósitos y otorgamiento de créditos.

Su función será la de arbitraje para abatir los costos de la intermediación crediticia y evitar situaciones de oligopolio y cartelización.

Al brindar una opción a escala nacional para los millones de usuarios de la banca, estas nuevas instituciones podrán contribuir a abatir las tasas activas de interés y a proporcionar mejores rendimientos a los ahorradores.

Gracias a esa función de arbitraje se hará efectivo el capítulo 4 de la Ley de Instituciones de Crédito y habrá una convergencia entre los costos del crédito entre México y nuestros socios comerciales internacionales.

Para evitar nuevas cargas financieras sobre el Gobierno Federal, el capital social de los bancos de servicio público que competirán con la banca privada múltiple será aportado por los dos pilares de la banca de desarrollo, Nacional Financiera y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. En la presente iniciativa proponemos que ambos bancos se fusionen para cumplir mejor sus nuevos objetivos.

Es necesario subrayar que este nuevo esquema de participación pública toma en cuenta la presencia del capital privado en la banca, así como el ingreso del capital extranjero.

Sin contravenir esas condiciones debe aprovecharse la vía del arbitraje. Eso significa que el Estado debe participar directamente en el mercado bancario para introducir elementos reales de competencia, que modifiquen los parámetros de esa industria a favor del público en general y de las empresas productivas en particular.

La intervención pública, bajo una forma que no contradiga los principios de la competencia, sino que los refuerce, permitirá romper con las situaciones de manejo oligopólico del crédito que hasta ahora es uno de los principales lastres del desarrollo nacional.

Finalmente, para que la banca de servicio público sea sostenible a largo plazo debe romper con los viejos criterios políticos de gestión de la empresa pública como los compadrazgos, la corrupción, entre otras y opere eficientemente. Por ello, en esta propuesta se indica la necesidad que la banca múltiple, privada y pública operen en condiciones de igualdad.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Instituciones de Crédito

Artículo Primero. Se reforman los artículos 2, fracción I, 3, párrafo 1, y 30, párrafo 1; y se adicionan el artículo 3, con un segundo párrafo, y un Capítulo II Bis, con los artículos 30 Bis-1 a 30 Bis-15, para quedar como sigue:

Artículo 2.

Los servicios de banca y crédito sólo podrán prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser:

I. Instituciones de banca múltiple, privadas y públicas;

II. ...

...

...

Artículo 3.

El sistema bancario mexicano estará integrado por el Banco de México, instituciones de banca múltiple, la banca de servicio público, las instituciones de banca de desarrollo, el Patronato del Ahorro Nacional y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico, así como aquellos que para el desempeño de las funciones que la ley encomienda al Banco de México, con tal carácter se construyan.

La banca de servicio público estará constituida por una institución de soporte financiero, que resulta de la fusión de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que cumplirá las funciones de capitalización de las instituciones que operen como banca de servicio público que compiten con la banca múltiple. Esta institución de soporte fijará la política bancaria de la banca de nueva creación conforme a los dictados del artículo 4 de la presente ley.

Artículo 30.

Las instituciones de banca de desarrollo como parte de la banca de servicio público serán entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito, en los términos de sus correspondientes leyes orgánicas y de esta ley.

...

...

...

Capítulo II Bis

De las Instituciones de Banca de Servicio Público que Compiten con la Banca Privada Múltiple

Artículo 30 Bis-1.

Las instituciones de banca de servicio público son entidades de la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito en términos de su correspondiente ley orgánica y de esta ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá el reglamento orgánico de estas instituciones en el que establecerá las bases conforme a las cuales se regirá su organización y funcionamiento.

El reglamento orgánico y sus modificaciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación e inscribirse en el registro público de comercio.

Artículo 30 Bis-2.

La banca de servicio público que compite con la banca múltiple tiene como objetivo fundamental arbitrar en el mercado bancario con el objeto de influir en la determinación de las tasas activas y pasivas, en términos de lo establecido por el artículo 4 de la presente ley.

El capital social de la banca pública será aportado por el banco que resulte de la fusión entre Nacional financiera y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que actuará como su institución de soporte, fijando su política bancaria conforme lo establecido por el párrafo anterior.

Artículo 30 Bis-3.

La banca de servicio público que presta el servicio de banca múltiple se organizará de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en todo lo que no está previsto por esta ley y, particularmente, con lo siguiente:

I. Tendrán como objeto la prestación del servicio de banca y de crédito, en los términos de la presente ley.

II. Ejercerá la función de arbitraje sobre las tasas de interés activas y pasivas, para orientar las operaciones de la banca privada múltiple y evitar actos de cartelización y oligopolio. Para desempeñar esta función, la banca de servicio público se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley, en particular en el precepto de rectoría estatal del sistema bancario mexicano.

III. La duración de la sociedad será indefinida.

IV. Las instituciones de soporte financiero de la banca de servicio público será la institución que resulte de la fusión de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

V. Su domicilio social estará en el territorio nacional.

La escritura constitutiva y cualquier modificación de la misma, deberá ser sometida a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez aprobadas las escrituras constitutivas deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio sin que sea preciso mandamiento judicial.

Artículo 30 Bis-4.

Los lineamientos para operar como institución de banca de servicio público serán fijados por los consejos de administración de sus instituciones de soporte, que las definirán de acuerdo a los siguientes criterios:

a) El estado de la competencia en la fijación de las tasas activas para abatir ordenadamente su nivel y promover su cercanía con el que corresponde al de nuestros socios comerciales.

b) Promover el ahorro a todos los niveles mediante la fijación de tasas pasivas que resulten atractivas para la población.

Artículo 30 Bis-5.

El capital social de las instituciones de banca de servicio público estará formado por una parte ordinaria y podrá también estar integrada por una parte adicional.

El capital social ordinario de las instituciones de banca de servicio público se integrará por acciones de la serie ``O''.

En su caso, el capital social adicional estará representado por las acciones serie ``L'', que podrán emitirse hasta por un monto equivalente al cuarenta por ciento del capital social ordinario, previa autorización del consejo directivo de su institución de soporte, quien a su vez lo someterán a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Artículo 30 Bis-6.

Las acciones de la serie ``O'' serán suscritas exclusivamente por las instituciones de soporte que las mantendrán en depósito y asumirán los compromisos de representatividad exigidos por la Ley del Mercado de Valores.

Artículo 30 Bis-7.

Las acciones serie ``L'' no serán de libre suscripción. Sólo podrán adquirirlas, previa aprobación del Consejo Directivo del banco que resulte de la fusión de nacional Financiera y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Las acciones de este tipo podrán recibir un dividendo preferente y acumulativo, así como un dividendo superior al de las acciones representativas del capital ordinario. En ningún caso los dividendos de esta serie podrán ser inferiores a los de las otras series.

Artículo 30 Bis-8.

El capital mínimo de la banca de servicio público será el que apruebe la Cámara de Diputados a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la opinión de su institución de soporte.

El director general deberá elaborar y presentar al consejo de administración para su aprobación, las políticas para el adecuado empleo y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de la institución. Esta propuesta debe contemplar la opinión del director general y del consejo de administración de su banca de soporte establecida en el artículo 3.

Artículo 30 Bis-9.

La administración de las instituciones de banca de servicio público que compite con la banca múltiple será efectuada por un consejo de administración y un director general, nombrados a propuesta del director general de su banca de soporte y aprobado por el consejo de administración de la misma.

El consejo de administración de esta banca de servicio público deberá contar con un comité de auditoría, con carácter consultivo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, establecerá en las disposiciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley, las funciones mínimas que deberá realizar el comité de auditoría, así como las normas relativas a su integración, periodicidad de sus sesiones y la oportunidad y suficiencia de la información que debe considerar.

Artículo 30 Bis-10.

El consejo de administración de las instituciones de la banca de servicio público estará integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince consejeros propietarios, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser independientes. Por cada consejero propietario se designará un suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener ese mismo carácter.

Por consejero independiente deberá entenderse a la persona que sea ajena a la administración de las instituciones de banca múltiple, de la institución de soporte y de la banca de desarrollo y que reúna los requisitos y condiciones que determine la CNBV, mediante disposiciones de carácter general, en las que igualmente se establecerán los supuestos bajo los cuales se considerará que un consejero deja de ser independiente, para los efectos de este artículo.

En ningún caso podrán ser consejeros independientes:

I. Empleados o directivos de la institución de soporte.

II. Miembros del consejo de administración o accionistas de la institución de soporte.

III. Accionistas que sin ser empleados o directivos de ambas instituciones, tengan poder de mando sobre los directivos de la misma.

IV. Socios o empleados de sociedades o asociaciones que presten servicios de asesoría o consultoría a la institución.

V. Clientes, proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados de una sociedad que sea cliente, proveedor, deudor o acreedor importante de la institución. Se considera que un cliente o proveedor es importante cuando los servicios que le preste a la institución o las ventas que le haga a ésta, representen más del diez por ciento de los servicios o ventas totales del cliente o del proveedor, respectivamente. Asimismo, se considera que un deudor o acreedor es importante cuando el importe del crédito es mayor al quince por ciento de los activos de la institución o de su contraparte.

VI. Cónyuges o concubinarios, así como los parientes por consanguinidad, afinidad o civil hasta el primer grado respecto de alguna de las personas mencionadas en las fracciones III a VI anteriores, o bien, hasta el tercer grado, en relación con las señaladas en las fracciones I y II de este artículo.

Artículo 30 Bis-11.

El nombramiento de los consejeros de las instituciones de banca de servicio público deberá recaer en personas que cuenten con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, legal o administrativa.

Los consejeros estarán obligados a abstenerse de participar en la deliberación y votación de cualquier asunto que implique para ellos un conflicto de intereses. Asimismo, deberán mantener absoluta confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos a la institución de banca múltiple de que sea consejero, así como de toda deliberación que se lleve a cabo en el consejo, sin perjuicio de la obligación que tendrá la institución de proporcionar toda la información que le sea solicitada al amparo de la presente ley.

En ningún caso podrán ser consejeros:

I. Los funcionarios y empleados de la institución, con excepción del director general y de los funcionarios de la institución que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inmediatas inferiores a la de aquél, sin que éstos constituyan más de la tercera parte del consejo de administración.

II. El cónyuge. Las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, o civil, con más de dos consejeros.

III. Las personas que tengan litigio pendiente con la institución de que se trate.

IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano.

V. Los quebrados y concursados que no hayan sido rehabilitados.

VI. Quienes realicen funciones de regulación de las instituciones de crédito, salvo que exista participación del Gobierno Federal en el capital de las mismas o reciban apoyos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro.

Los consejeros deberán ser mexicanos y residentes en territorio nacional.

Artículo 30 Bis-12.

Los nombramientos de director general de las instituciones de banca de servicio público y de los funcionarios que ocupen cargos con las dos jerarquías inmediatas inferiores a la de éste, deberán recaer en personas que cuenten con elegibilidad crediticia y honorabilidad y que además reúnan los requisitos siguientes:

I. Ser residente en territorio mexicano, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.

II. Haber prestado por lo menos durante cinco años sus servicios en puestos de alto nivel decisorio, cuyo desempeño requiera conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa.

III. No tener alguno de los impedimentos para ser consejero, señalados en las fracciones I a VI del artículo anterior.

Los comisarios de las instituciones de referencia deberán cumplir con el requisito establecido en la fracción I anterior.

Artículo 30 Bis-13.

La institución de banca de servicio público deberá verificar que las personas que sean designadas como consejeros, director general y funcionarios con las jerarquías inmediatas inferiores a la de este último, cumplan, con anterioridad al inicio de sus gestiones, con los requisitos señalados en los artículos 38 y 39 de esta ley. La CNBV podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, los criterios mediante los cuales se deberán integrar los expedientes que acrediten el cumplimiento de lo señalado en el presente artículo.

En todo caso, las personas mencionadas en el párrafo anterior deberán manifestar por escrito:

I. Que no se ubican en ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones III a VI del artículo 38, tratándose de Consejeros y III del artículo 39 para el caso del director general y funcionarios a que se refiere el primer párrafo de este artículo;

II. Que se encuentren al corriente de sus obligaciones crediticias de cualquier género; y

III. Que conocen los derechos y obligaciones crediticias que asumen al aceptar el cargo que corresponda.

Las instituciones de banca de servicio público deberán informar a la CNBV a través de la banca de soporte los nombramientos de director general y funcionarios con las dos jerarquías inmediatas inferiores a la de este último, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación, manifestando expresamente que los mismos cumplen los requisitos aplicables.

Artículo 30 Bis-14.

La CNBV, con acuerdo de su Junta de Gobierno y habiendo oído la opinión de la banca de soporte, podrá en todo tiempo proceder a la remoción o suspensión de los miembros del consejo de administración, directores generales, comisarios, directores y gerentes, delegados fiduciarios y funcionarios que puedan obligar con su firma a la institución, así como imponer veto de seis meses hasta cinco años a las personas antes mencionadas, cuando considere que no cuentan con la suficiente calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio para el desempeño de sus funciones, no reúna los requisitos al efecto establecidos o incurra de manera grave o reiterada en infracciones a la presente ley o a las disposiciones de carácter general que de ella deriven. En lo dos últimos supuestos, la propia Comisión podrán además inhabilitar a las citadas personas para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del sistema financiero mexicano, por el mismo período de seis meses a cinco años, sin perjuicio de las sanciones que conforme a éste u otros ordenamientos legales fueren aplicables. Antes de dictar la resolución correspondiente, la citada Comisión deberá escuchar al afectado y a la institución de banca de servicio público y de soporte.

La propia comisión podrá, también de acuerdo con su junta de gobierno y con la opinión de la banca de soporte, ordenar la remoción o suspensión de los auditores externos independientes de las instituciones de banca de servicio público, así como imponer veto a dichas personas por el periodo señalado en el párrafo anterior, cuando incurran de manera grave o reiterada en infracciones de esta ley o las disposiciones de carácter general que de la misma emanen, sin perjuicio de las sanciones a que pudiera hacerse acreedores.

Artículo 30 Bis-15.

La disolución y liquidación de las instituciones de banca de servicio público, se regirá por lo dispuesto en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y en los Capítulos X y XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días de marzo de dos mil cuatro.--- Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: Diputados: Alejandro González Yáñez, coordinador; Pedro Vázquez González, vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Oscar González Yáñez, Joel Padilla Peña, Amadeo Espinosa Ramos (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputado Joel.

Como lo solicita el diputado, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 51 y 61 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

«El suscrito diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, diputado de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 58 y 61 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión, en su artículo 73, fracción XXIX, inciso G, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Es decir, el mandato constitucional señala con claridad la necesidad de que los tres niveles de gobierno concurran, o compartan dicha facultad, en el ámbito de sus respectivas competencias.

En base a dicho fundamento, el 28 de enero de 1988 fue expedida la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que si bien es cierto persigue el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, dista mucho de atender al criterio federalista que demandan los tiempos actuales.

Y es que, de acuerdo a dicha normatividad, las zonas del territorio nacional, y aquéllas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, y en la que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas, son sujetas a ser declaradas Zonas Naturales Protegidas. En consecuencia, los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de las áreas naturales protegidas, deberán sujetarse a las modalidades establecidas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Dicha legislación considera, en su artículo 46, a las Reservas de la Biosfera, los Parques Nacionales, los Monumentos Naturales, las Areas de Protección de Recursos Naturales, las Areas de Protección de Flora y Fauna, los Santuarios, los Parques y Reservas Estatales, así como las Zonas de Preservación Ecológica de los centros de población, como sujetas a ser declaradas Areas Naturales Protegidas.

Con excepción de los Parques y Reservas Estatales y las Zonas de Preservación Ecológica de los centros de población, las otras áreas naturales protegidas ya señaladas son de competencia exclusiva de la Federación. Es decir, ni los Gobiernos de los Estados, ni el del Distrito Federal, tienen competencia alguna en materia de regulación, ya que el establecimiento, administración y manejo de dichas áreas compete a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas.

No hay duda del interés generalizado por conservar nuestros recursos naturales. Toda sociedad ha venido realizando sus mejores esfuerzos por el aprovechamiento sustentable de su flora y fauna. México no es la excepción: En 1994, el número de áreas naturales protegidas de competencia federal era de 99, con una superficie de diez millones quinientas ochenta y un mil hectáreas. Hoy día, de acuerdo a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas existen 149 áreas naturales protegidas reguladas por la federación, con una superficie de diecisiete millones ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientas sesenta y siete hectáreas. Dicho crecimiento representa un incremento del 50% de estas áreas, así como un 65% de incremento en la superficie de las mismas.

Ahora bien, si bien es cierto que, en materia de declaratoria de Areas Naturales Protegidas se busca proteger los entornos naturales y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos, también debe propiciar el desarrollo integral de la población, haciéndoles partícipes en el establecimiento, administración y manejo de dichas superficies.

Desafortunadamente, el procedimiento actual no cumple con este propósito, y contraviene al mandato constitucional para hacer partícipes a las Entidades Federativas en la toma de decisiones. En efecto, el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala que, previa la Declaratoria para el establecimiento de una Area Natural Protegida, ``la Secretaría deberá solicitar la opinión de: I.- Los gobiernos locales, en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural de que se trate''.

Dicho en otros términos, la facultad de los gobiernos locales no limita la discrecionalidad del Gobierno Federal en esta materia, puesto que sólo lo obliga a solicitar su opinión, independientemente de su acuerdo o desacuerdo con el manejo que se le quiera dar a la reserva.

Esta facultad ha generado discrepancias en torno al tema entre los Gobiernos Federal y de los Estados. Sonora es una muestra de ello, en donde comunidades pesqueras se han visto afectadas ante la falta de certidumbre en su actividad.

Por ello se propone una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que esté acorde al mandato Constitucional, y promueva una participación más activa de las Entidades Federativas, así como del Congreso de la Unión. Una reforma que le de certidumbre a las actividades económicas que dependen, directa o indirectamente, del aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales.

Con fundamento en los artículos 25, 40 y 73 fracción XXIX G, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se propone la reforma y adición al tenor del siguiente:

Proyecto de DecretoPor el que se reforman los artículos 56 Bis y 58, y se adiciona el artículo 57 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 56 Bis, para quedar de la siguiente manera:

La Secretaría constituirá un Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas, que estará integrado por:

1) Un representante de la Secretaría;

2) Representantes de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

3) Representantes de Instituciones Académicas y centros de Investigación;

4) Representantes de agrupaciones de productores y empresarios;

5) Organizaciones no gubernamentales con reconocido prestigio en la materia;

6) Organizaciones de carácter social o privado, así como personas físicas, con reconocido prestigio en la materia.

El Consejo fungirá como órgano de consulta y apoyo de la Secretaría en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política para el establecimiento, manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas.

Para emitir sus opiniones y recomendaciones, dicho Consejo deberá evaluar y atender las opiniones de los gobiernos locales en cuyas circunscripciones se localice al área natural correspondiente, o aquellos gobiernos locales adyacentes tratándose de aguas comprendidas dentro del mar territorial mexicano.

Las opiniones que formule el Consejo, así como los gobiernos locales señalados en el párrafo anterior, deberán ser consideradas y atendidas en el establecimiento del área natural protegida.

Artículo Segundo.- Se adiciona el artículo 57 para quedar de la siguiente manera:

Artículo 57.-

Las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I al VIII del artículo 46 de esta Ley, se establecerán mediante declaratoria que expida el Titular del Ejecutivo Federal conforme a ésta y las demás leyes aplicables.

Dicha declaratoria deberá contar con la autorización expresa de los gobiernos locales en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural de que se trate, en los términos previstos por la presente ley. Tratándose de aguas comprendidas dentro del mar territorial mexicano, sobre las que se pretenda proceder a decretar un área natural protegida, el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas deberá contar con la autorización de los gobiernos locales adyacentes.

Artículo Tercero.- Se reforma el artículo 58, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 58.-

Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, se deberán realizar los estudios que lo justifiquen, en los términos del presente capítulo, mismos que deberán ser publicados en diarios de circulación nacional, así como en los principales diarios locales de la región que está siendo afectada, quince días naturales previos a la declaratoria.

Una vez publicados los estudios señalados en el párrafo anterior, los Gobiernos de los Estados y los Municipios en cuyas jurisdicciones territoriales se localice el área natural de que se trate, podrán hacer valer las observaciones correspondientes, en un plazo no mayor de 10 días naturales posteriores a la publicación. Dichas observaciones deberán ser observadas por el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Asimismo, la Secretaría deberá solicitar la opinión de:

I.- Las dependencias de la Administración Pública Federal que deban intervenir, de conformidad con sus atribuciones;

II.- Las organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas, y demás personas físicas o morales interesadas, y

III.- Las Universidades, Centros de Investigación, instituciones y organismos de los sectores público, social y privado interesados en el establecimiento, administración y vigilancia de áreas naturales protegidas.

Transitorio

Artículo Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 30 de marzo de 2004.--- Dip. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputado Antonio Francisco Astiazarán.

Como lo solicita, túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra, la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que Reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de Participación Infantil y Juvenil.

La diputada Norma Patricia Saucedo Moreno:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la suscrita diputada federal Norma Patricia Saucedo Moreno, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometí a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 69 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sustentada en la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4º establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, correspondiendo a los ascendientes tutores y custodios, el deber de preservar esos derechos y al Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de los mismos.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño en vigor desde septiembre de 1990, dicta que a los niños se les debe garantizar las condiciones para formarse un juicio propio y otorgarles la libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia.

De igual forma, la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, vigente a partir de mayo del 2000 en el Capítulo XIII, otorga a los niños y adolescentes derechos como los de expresar libremente su opinión, ejercer sus capacidades de análisis y crítica y el derecho a recibir información.

Si consideramos que sólo aquellos que cumplan los requisitos del artículo 34 constitucional tienen el derecho y la obligación de emitir su voto y participar en decisiones que definen el rumbo de la nación y que en la actualidad las instituciones políticas se encuentran ante una crisis de credibilidad y confianza y que las estadísticas electorales evidencian cada vez mayores índices de abstencionismo, nos encontramos ante la imperiosa necesidad de formar una educación cívica y una cultura democrática en las niñas, niños y jóvenes de hoy, los futuros ciudadanos.

La capacitación y educación cívica es por disposición constitucional responsabilidad del Instituto Federal Electoral, el cual considera a la educación cívica como un procedimiento de formación de los individuos que a la vez que alienta el desarrollo pleno de sus potencialidades en un contexto de libertad y respeto a la dignidad humana, promueve la solidaridad y la corresponsabilidad social para la construcción de un orden democrático.

Así pues, la educación cívica se concibe como un proceso integral de desarrollo humano que prepara ciudadanos conscientes, informados y participativos, cuyo desempeño sea acorde con los valores, las instituciones y las prácticas democráticas.

Por tal motivo, en cumplimiento de esta tarea, el IFE ha desarrollado una diversidad de actividades a favor de la formación cívica destacando desde hace siete años las consultas cívico-políticas para los niños, niñas y adolescentes entre los seis y 17 años de edad.

Los ejercicios de participación y expresión cívica para la población infantil y juvenil, incorporan con contenidos y condiciones para que estos grupos de población ejerzan sus derechos, conozcan y pongan en práctica procedimientos democráticos, reflexionen respecto de su entorno, desplieguen su juicio crítico, aprendan a formular propuestas de solución a problemas públicos y desarrollen un sentido de corresponsabilidad.

Estos procesos colocaron a México en la vanguardia en materia de promoción de la participación infantil y juvenil.

En un claro reconocimiento de este hecho, la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Carol Belamie, seleccionó a México para presentar el Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2003.

Con motivo del mismo, Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas declaró que solamente conseguiremos cambiar el mundo con los niños y solamente podremos construir un mundo apropiado para ellos si los gobiernos cumplen con la promesa de escuchar a los niños y a los jóvenes cuando expresen sus opiniones en voz alta y clara si aseguramos la participación plena de los niños en la labor de construir un futuro mejor.

En tal virtud, Acción Nacional considera que este ejercicio cívico que ha tenido continuidad y resultados favorables en la formación de ciudadanos, debe quedar plasmado en la ley electoral a fin de que sea obligatorio realizar en cada elección federal la consulta cívico-política infantil y juvenil.

Este interés legítimo del Partido Acción Nacional está sustentado en su filosofía humanista.

Al respecto, en nuestra proyección de principios de doctrina, señalamos claramente que corresponde a la actividad política el establecimiento de un orden dinámico que respete la libertad y promueva la responsabilidad social con bases para el desarrollo de una comunidad democrática sustentable y solidaria.

La democracia, como sistema de vida y de gobierno, se funda en la igualdad de todos los seres humanos, condición esencial para responsabilizar a las personas del cuidado y procuración del bien común. Es la forma superior de organización del poder político y el sistema óptimo para respetar la dignidad humana.

El buen funcionamiento de la democracia requiere de instituciones y ciudadanos conscientes de sus obligaciones y de una sociedad organizada. Entre nuestras instituciones políticas debe privar el diálogo y la colaboración, a fin de que la responsabilidad social encuentre realidad y eficacia.

Los ciudadanos deben tener acceso al conocimiento cívico, político y económico necesario para el uso apropiado de los instrumentos y las instituciones que la democracia pone a su alcance.

Debemos fortalecer la iniciativa ciudadana, estimular el interés por los asuntos públicos y entusiasmar la participación libre y ordenada en organismos intermedios.

Requerimos que los ciudadanos y sus representantes asuman un compromiso permanente con la conservación, profundización y ampliación de las actitudes, los valores y las destrezas políticas propias de la democracia.

Para dar cumplimiento cabal a estos postulados, se requiere que desde hoy se emprendan las acciones necesarias para formar desde la niñez los futuros ciudadanos. Por ello, una de nuestras propuestas para la niñez mexicana, punto fundamental de nuestra plataforma legislativa 2003, es que la infancia participe desde los primeros años en las cuestiones públicas para lo cual proponemos reformar el Cofipe a fin de que niñas y niños puedan participar en ejercicios de elección donde las opciones sean similares a las de los adultos.

Es importante destacar que la propuesta que hoy se presenta, no representaría un gasto adicional para el Instituto Federal Electoral puesto que es un ejercicio que se ha venido llevando a cabo desde 1997.

Como consecuencia de estos argumentos y en uso de las atribuciones a las que he hecho referencia, en aras del desarrollo democrático de nuestro país y buscando que este cuerpo legislativo sea garante de los derechos de la niñez, presentamos y sometemos a la aprobación de esta honorable Asamblea, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 69 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo único. Se adiciona el inciso g) del numeral uno del artículo 69 y se recorre el actual inciso h) para ser el i), del artículo 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 69.- Son fines del Instituto.

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática.

Del inciso b) al f), quedan tal cual.

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática de los ciudadanos, niños, niñas y adolescentes.

Artículo 96. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral de Educación Cívica, tiene las siguientes atribuciones:

Del inciso a) al g), quedan tal cual.

h) Realizar de manera simultánea a las elecciones federales, ejercicios de participación cívica, infantil y juvenil, orientados a formación de valores y prácticas de la democracia, derechos de la niñez y participación en la resolución de problemas locales y nacionales.

i) Las demás que le confiera este código.

Transitorios

Primero. Las presentes reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, serán aplicables en las elecciones federales inmediatas, posteriores y entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Federal Electoral acordará la regulación relativa a la instrumentación de las consultas cívico- políticas, establecidas en este decreto con las autoridades federales y locales, para el efecto que considere conveniente.

Palacio Legislativo, a 30 de marzo del 2004.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en Materia de Participación Infantil y Juvenil, a cargo de la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del PAN

C. Diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, mediante la suscrita, diputada federal Norma Patricia Saucedo Moreno, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 69 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sustentada en la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4°, establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, correspondiendo a los ascendientes, tutores y custodios el deber de preservar esos derechos y al Estado el de proveer lo necesario para propiciar el respeto de la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de los mismos.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor desde septiembre de 1990, dicta que a los niños se deben garantizar las condiciones para formarse un juicio propio; y otorgarles la libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia.

De igual forma, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente a partir de mayo de 2000, en el Capítulo XIII otorga a los niños y a los adolescentes derechos como los de expresar libremente su opinión, ejercer sus capacidades de análisis y crítica, y el inalienable derecho a recibir información.

Si consideramos que:

- Sólo quienes cumplan los requisitos del artículo 34 constitucional tienen el derecho y la obligación de emitir su voto y participar en decisiones que definan el rumbo de la nación.

- Que en la actualidad las instituciones políticas se encuentran ante una crisis de credibilidad y confianza.

- Y que las estadísticas electorales evidencian cada vez mayores índices de abstencionismo.

Nos encontramos ante la imperiosa necesidad de formar una educación cívica y una cultura democrática en las niñas, los niños y los jóvenes de hoy, los futuros ciudadanos.

La capacitación y educación cívica son, por disposición constitucional, responsabilidad del Instituto Federal Electoral (IFE), el cual considera ``la educación cívica como un proceso de formación de los individuos que, a la vez que alienta el desarrollo pleno de sus potencialidades en un contexto de libertad y respeto a la dignidad humana, promueve la solidaridad y la corresponsabilidad social para la construcción de un orden democrático. Así pues, la educación cívica se concibe como un proceso integral de desarrollo humano, que prepara ciudadanos conscientes, informados y participativos, cuyo desempeño sea acorde con los valores, las instituciones y las prácticas democráticas''.1

1. Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2003. IFE, México, 2003.

Por tal motivo, en cumplimiento de esa tarea, el IFE ha desarrollado una diversidad de actividades en favor de la formación cívica, destacando desde hace siete años las consultas cívico-políticas para los niños, las niñas y los adolescentes entre los 6 y 17 años de edad.

Los ejercicios de participación y expresión cívica para la población infantil y juvenil incorporan contenidos y condiciones para que esos grupos de población ejerzan sus derechos, conozcan y pongan en práctica procedimientos democráticos, reflexionen respecto de su entorno, desplieguen su juicio crítico, aprendan a formular propuestas de solución a problemas públicos y desarrollen un sentido de corresponsabilidad.

Esos procesos colocaron a México en la vanguardia en materia de promoción de la participación infantil y juvenil. En un claro reconocimiento de ese hecho, la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Carol Bellamy, seleccionó a México para presentar el informe Estado mundial de la infancia 2003.

Con motivo del mismo informe, Koffi Annan, secretario general de Naciones Unidas, declaró que solamente conseguiremos cambiar el mundo con los niños, y solamente podremos construir un mundo apropiado para ellos ``...si los gobiernos cumplen la promesa de escuchar a los niños y los jóvenes cuando expresen sus opiniones en voz alta y clara, si aseguramos la participación plena de los niños en la labor de construir un futuro mejor''.

En tal virtud, Acción Nacional considera que este ejercicio cívico, que ha tenido continuidad y resultados favorables en la formación de ciudadanos, debe quedar plasmado en la ley electoral, a fin de que sea obligatorio realizar en cada elección federal la consulta cívico-política infantil y juvenil.

Este interés legítimo del Partido Acción Nacional está sustentado en su filosofía humanista. Al respecto, en nuestra Proyección de Principios de Doctrina señalamos claramente que corresponde a la actividad política el establecimiento de un orden dinámico que respete la libertad y promueva la responsabilidad social como bases para el desarrollo de una comunidad democrática, sustentable y solidaria.

Para Acción Nacional, la responsabilidad social no se agota en el ejercicio del derecho ciudadano al sufragio; se perfecciona permanentemente con la participación ciudadana en el cumplimiento de los deberes cívicos, políticos y sociales que tiene la persona en comunidad.

La democracia, como sistema de vida y de gobierno, se funda en la igualdad de todos los seres humanos, condición esencial para responsabilizar a las personas del cuidado y la procuración del bien común. Es la forma superior de organización del poder político y el sistema óptimo para respetar la dignidad humana:

El buen funcionamiento de la democracia requiere instituciones y ciudadanos conscientes de sus obligaciones y una sociedad organizada. Entre nuestras instituciones políticas deben privar el diálogo y la colaboración, a fin de que la responsabilidad social encuentre realidad y eficacia. Los ciudadanos deben tener acceso al conocimiento cívico, político y económico necesario para el uso apropiado de los instrumentos y las instituciones que la democracia pone a su alcance.

Debemos fortalecer la iniciativa ciudadana, estimular el interés por los asuntos públicos y entusiasmar a la participación libre y ordenada en organismos intermedios. Requerimos que los ciudadanos y sus representantes asuman un compromiso permanente con la conservación, la profundización y la ampliación de las actitudes, los valores y las destrezas políticas propias de la democracia.

Para dar cumplimiento cabal a esos postulados, se requiere que desde hoy se emprendan las acciones necesarias para formar desde la niñez a los futuros ciudadanos. Por ello, una de nuestras propuestas para la niñez mexicana, punto fundamental de nuestra Plataforma Legislativa 2003, es que la infancia participe desde los primeros años en las cuestiones públicas, para lo cual proponemos reformar el Cofipe a fin de que niñas y niños puedan participar en ejercicios de elección, donde las opciones sean similares a las de los adultos.

Es importante destacar que la propuesta que hoy se presenta no representaría un gasto adicional para el Instituto Federal Electoral, puesto que es un ejercicio que se ha venido llevando a cabo desde 1997.

Como consecuencia de esos argumentos, en uso de las atribuciones a que he hecho referencia, en aras del desarrollo democrático de nuestro país y buscando que este cuerpo legislativo sea garante de los derechos de la niñez, presentamos y sometemos a la aprobación de esta honorable asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 69 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Unico. Se adiciona el inciso g) del numeral 1 del artículo 69; se reforma el inciso h) y se recorre el actual inciso h) para ser el i) del artículo 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 69.- 1. Son fines del Instituto:

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

b) a f) ...

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática de los ciudadanos, niños, niñas y adolescentes.

2. ...

3. ...

Artículo 96.- 1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones:

a) a g) ...

h) Realizar de manera simultánea a las elecciones federales ejercicios de participación cívica infantil y juvenil orientados a la formación de valores y prácticas de la democracia, derechos de la niñez y participación en la resolución de problemas locales y nacionales.

i) Las demás que le confiera este código.

Transitorios

Primero. Las presentes reformas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales serán aplicables en las elecciones federales inmediatas posteriores y entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Federal Electoral acordará la regulación relativa a la instrumentación de las consultas cívico-políticas establecidas en este decreto con las autoridades federales y las locales que para el efecto considere conveniente.

Palacio Legislativo, a 30 de marzo de 2004.--- Dip. Norma Patricia Saucedo Moreno.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada Norma Patricia Saucedo Moreno.

Túrnese la iniciativa a la Comisión de Gobernación.

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LEY DE AMPARO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que adiciona dos fracciones al artículo 10 y reforma el artículo 208 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari:

Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, diputado Jorge.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari:

Compañeras y compañeros legisladores:

Un Estado de Derecho, no es aquel que tiene un sistema de leyes o un marco jurídico, sino aquel que reconoce y respeta los derechos y garantías del gobernado; aquel que contempla en su cuerpo jurídico mecanismos a través de los cuales, los ciudadanos tengan el derecho y la oportunidad de defenderse en contra de los actos de los funcionarios que ejercen el poder público. En ese sentido, el Estado que tiene instituciones democráticas reales y respete las decisiones de sus electores, es en suma un Estado de Derecho.

El juicio de amparo es un medio extraordinario de defender a cualquier ciudadano, pueda invocar cuando un acto de autoridad se aparte de la constitucionalidad y de la legalidad. A contrario sensu, todo acto de autoridad debe ser emitido con acuerdo a la Constitución y a las leyes que de ella emanen.

Se ha calificado como garantías individuales los derechos y libertades del ser humano tales como: la vida, la libertad, el derecho al trabajo, la integridad física y la moral. Por lo tanto, la acción de amparo es el objetivo que tiene el gobernado de acudir ante las autoridades jurisdiccionales para reclamar o pedir la protección constitucional contra los actos de autoridad que le han vulnerado, una o varias garantías.

De la actuación ministerial están colmados los extremos del artículo 16 constitucional, es decir, que se acredita o comprueba el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, generando con ello, la impunidad y agravando todavía más la situación de las víctimas o de sus familiares, lo cual es intolerable en un Estado de Derecho.

Ahora bien, en el año de 1993, se adicionó un párrafo en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, con el que se elevó a rango constitucional el derecho o facultad que tiene el ofendido o la víctima del delito a que se le satisfaga la reparación del daño causado por la comisión de un delito.

En la última década, en nuestro país se han dado avances importantes respecto al tratamiento que debe darse a la víctima del delito, de tal manera que poco a poco ha surgido una nueva forma de ver y tratarlo, sin embargo, se reconoce que todavía falta mucho por hacer y por avanzar. Ciencias como la criminología, la sociología y recientemente la victimología han contribuido para normar el criterio del legislador, en el sentido de plasmar en la Carta Magna y las leyes que de ella emanen, garantías y derechos que le den seguridad jurídica al sujeto pasivo del delito y personas afectadas por él, en cuanto a la reparación del daño.

En síntesis, tenemos que a la víctima del delito se le ha puesto en el rango importante, pero insuficiente, por ello se propone que en el proceso penal cuando el juzgador instructor dicte un acto de sobreseimiento o cuando la resolución que se emita en el incidente de desvanecimiento de datos, sea en sentido de considerar que los datos que sirvieron para dictar el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso han quedado desvanecidos y, por lo tanto, otorguen la libertad personal del inculpado, las víctimas o los ofendidos puedan impugnar en la vía del amparo esa resolución.

La adición que se propone se fortifica y legitima atento a las reformas que en el año de 1999 se aplicaron al artículo 20 de la Constitución Federal, dividiéndose en los apartados A y B. El primero de ellos reorganizó las garantías de seguridad jurídica del inculpado, tanto en la averiguación previa como en el proceso, en tanto el segundo establece un catálogo de derechos o garantías a favor de la víctima y del ofendido.

Consecuentemente, el derecho de la víctima y del ofendido en reclamar las determinaciones del no ejercicio de la acción penal o del desistimiento de ella por parte del Ministerio Público, son garantías individuales por estar contenidas en el artículo 20 y 21 de la Carta Política. De tal suerte que la adición de las fracciones IV y V del artículo 10 de la Ley de Amparo contienen el mismo espíritu, es decir, se proyecta que la víctima y el ofendido del delito tengan la posibilidad de ejercer un mecanismo de defensa contra la resolución que emitan los jueces penales en los autos de sobreseimiento, así como contra las resoluciones que dejen en libertad a procesados en el incidente de desvanecimiento de datos.

Es pertinente aclarar que no se trata de que al inculpado se le coarte el derecho a la libertad cuando se emita a su favor el sobreseimiento del juicio penal o que se resuelva proceder el incidente de desvanecimiento de datos, sino que la víctima o el ofendido tengan la misma facultad de ejercitar su derecho constitucional.

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la ley precitada establece: ``si después de concedido el amparo, la autoridad responsable insiste en la repetición del acto reclamado o trata de eludir el cumplimiento de la sentencia de la autoridad federal, inmediatamente será separado de su cargo y consignado al juez del distrito que corresponda, para que juzgue por la desobediencia cometida, la que será sancionada en los términos del Código Penal aplicable en materia federal, señalada por el delito de abuso de autoridad''.

Como se advierte en el campo del derecho mexicano, el órgano competente para designar a una persona ante el juez, es el Ministerio Público. De conformidad con el segundo párrafo del artículo 21 de nuestra Norma Suprema, de tal forma que la redacción actual del precepto aludido es erróneo e incongruente, porque en la realidad, se tiene que denunciar ante la representación social para que inicie una averiguación previa y posteriormente resuelva sobre el ejercicio o no, de la acción penal. En caso afirmativo, consigna al indiciado ante el Juez que deba conocer del asunto.

Finalmente, lo que esta iniciativa también procura, es dotar de una mejor redacción en el artículo 208 de la ley en cita, para lograr una mejor congruencia y con precisión en su contenido.

Por respeto al tiempo permitido, se solicita que se publique íntegramente la presente iniciativa en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto, señor Presidente.

Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona dos fracciones al artículo 10 y reforma el artículo 208 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Jorge A. Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la presente iniciativa, que adiciona dos fracciones al artículo 10 y reforma el artículo 208 de la Ley de Amparo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Un Estado de derecho no es el que tiene un sistema de leyes o un marco jurídico, sino el que reconoce y respeta los derechos y garantías del gobernado; aquel que contempla, en su cuerpo jurídico mecanismos, a través de los cuales los ciudadanos tengan el derecho y la oportunidad de defenderse en contra de los funcionarios que tienen y ejercen el poder público.

En ese sentido, el Estado que tiene instituciones democráticas reales y que respeta las decisiones de sus electores es, en suma, un Estado de derecho.

En mérito de lo antes dicho, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que cualquier ciudadano puede invocar, cuando un acto de autoridad se aparta de la constitucionalidad y de la legalidad. A contrario sensu, todo acto de autoridad debe ser emitido con apego a la Constitución y a las leyes que de ella emanen.

Se han calificado como garantías individuales los derechos y las libertades propiamente dichos del ser humano, como la vida, la libertad, el derecho al trabajo, y la integridad física y la moral. Por tanto, la acción de amparo es el derecho subjetivo que tiene el gobernado de acudir ante las autoridades jurisdiccionales para reclamar o pedir la protección constitucional de la autoridad de amparo contra los actos de autoridad que le han vulnerado una o varias garantías.

Constitucionalmente, el juicio de amparo encuentra su procedencia en el artículo 103 de la Carta Política y las bases que han de regir al mismo están previstas en el 107 de la propia Ley Suprema. Asimismo, la ley que lo reglamenta es precisamente la Ley de Amparo.

En 1994, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa que culminó con la adición al artículo 21 de la Norma Suprema, con el propósito de sujetar al Ministerio Público al principio de legalidad, cuando sus resoluciones fueran en el sentido de no ejercitar la acción penal correspondiente, y que se advierta de las actuaciones ministeriales que están colmados los extremos del artículo 16 constitucional, es decir se acredita y comprueba ``el cuerpo del delito'' y la ``probable responsabilidad'' del indiciado, generando con ello la impunidad y agravándose todavía más la situación de las víctimas o de sus familiares, lo cual es intolerable en un Estado de derecho.

Ahora bien, en 1993 se adicionó un párrafo al artículo 20 de nuestra Carta Magna, con lo que se elevó a rango constitucional, el derecho o facultad que tiene el ofendido o la víctima del delito a que se le satisfaga la reparación del daño causado por la comisión de un delito. Consecuentemente, si la víctima o el ofendido tiene una garantía que hacer valer frente al Ministerio Público, para exigirle que provea todo aquello que sea necesario para que al final, una vez tramitado el proceso, se les satisfaga el daño causado por la comisión de un delito y para el caso contrario, es decir cuando no se ejercite la acción penal por parte del Ministerio Público o se desista de ella, o cuando el juez del proceso dicte una sentencia en la que absuelva al reo de la reparación del daño, el medio de defensa para impugnar dichas resoluciones lo es el juicio de amparo, según lo dispone el artículo 103 de la Constitución federal.

En la última década en nuestro país se han dado avances importantes respecto al tratamiento que debe darse a la víctima del delito, de tal manera que poco a poco ha surgido una nueva forma de ver y de tratar a las víctimas del delito. Sin embargo se reconoce que todavía falta mucho por hacer y por avanzar. Ciencias como la criminología, la sociología y recientemente la victimología han contribuido para normar el criterio del legislador, en el sentido de plasmar en la Carta Magna y las leyes que de ella emanen, garantías y derechos que le den seguridad jurídica al sujeto pasivo del delito y personas afectadas por él, en cuanto a la reparación del daño se refiere. La realidad social es otra: ese acervo que nos dejaron los legisladores que nos antecedieron es suficiente para soportar la reforma legislativa que hoy se propone.

Considerando que corresponde al legislador la tarea de enriquecer las leyes, mediante reformas y adiciones para procurar una mayor seguridad jurídica y, por tanto, alcanzar justicia. Seguridad y justicia son conceptos jurídicos que cualquier gobernado debe acceder, en el caso que nos ocupa, las personas que sufran daño no solamente material, sino también daño moral por el evento antisocial presentado. En síntesis, tenemos que a las víctimas del delito se les ha puesto en un rango importante, pero insuficiente, por ello se propone que en el proceso penal, cuando el juzgador instructor dicte un auto de sobreseimiento, o cuando la resolución que se emita en el incidente de desvanecimiento de datos, sea en el sentido de considerar que los datos que sirvieron para dictar el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, han quedado desvanecidos y por lo tanto otorguen la libertad personal del inculpado, la víctima o los ofendidos puedan impugnar en la vía de amparo esas resoluciones, a fin de velar por la legalidad y la seguridad jurídica que esas determinaciones del juzgador ordinario deben contemplar.

La reforma del artículo 10 de la Ley de Amparo, que se propone, se fortifica y legitima, atento a las reformas que en el año de 1999 se aplicaron al artículo 20 de la Constitución Federal, dividiéndose en dos apartados ``A'' y ``B'', que reorganizó las garantías de seguridad jurídica del inculpado tanto en averiguación previa como en proceso, el primero, en tanto el segundo estableció un catálogo de derechos o garantías a favor de la víctima y del ofendido. Consecuentemente, el derecho de la víctima y del ofendido en reclamar, las determinaciones del no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de ella por parte del Ministerio Público; son garantías individuales, por estar contenidas en los artículos 20 y 21 de la Carta Política, de tal suerte que la adición de las fracciones IV y V del precepto mencionado, contienen el mismo espíritu, es decir se pretende con la presente iniciativa que la víctima y el ofendido del delito, tengan la posibilidad de ejercer un mecanismo de defensa contra las resoluciones que emitan los jueces penales, en los autos de sobreseimiento, así como contra la resolución que deje en libertad al procesado en el incidente de desvanecimiento de datos. Lo anterior es así, porque ambas determinaciones ordenarían la libertad del sujeto activo del delito, y por ende se haría nugatoria la posibilidad de que a la víctima se le reparara el daño.

Esta iniciativa tiene dos propósitos: por un lado que la víctima o el ofendido del delito ejercite su garantía de reparación del daño, a través del juicio constitucional; y, por el otro, que el juzgador de amparo analice si las resoluciones impugnadas cumplen con el principio de legalidad consignado en el texto constitucional; de tal suerte que sí la razón asiste a la víctima o al ofendido del delito en el proceso penal, que se personaliza en la figura del quejoso en el juicio de garantías, la Justicia de la Unión lo proteja contra los actos de autoridad como son, el auto de sobreseimiento dictado en el proceso penal así como en contra del incidente de desvanecimiento de datos que ordene la libertad del procesado.

Es pertinente aclarar que no se pretende que al inculpado se coarte el derecho a la libertad cuando se emita en su favor el sobreseimiento del juicio penal o que se resuelva procedente el incidente de desvanecimiento de datos, sino que la víctima o el ofendido tengan la misma facultad de ejercitar sus derechos constitucionales en cuanto a la legalidad de las resoluciones señaladas, surtiéndose por lo tanto la procedencia del juicio constitucional de amparo.

La iniciativa que se propone tampoco pretende invadir la esfera de competencia del Ministerio Público, que por mandato constitucional tiene la facultad de investigación y persecución de los delitos concentrándose en él función de órgano acusador, sin embargo al emitirse las resoluciones multimencionadas, la representación social que actúa en el proceso penal se ve imposibilidad para acceder a la promoción del juicio de garantías, porque a lo sumo puede promover el recurso de apelación y en su caso comparecer a la audiencia constitucional interponiendo alegatos, de conformidad con el artículo 155 de la Ley de Amparo.

La naturaleza de la reparación del daño exigible al delincuente tiene el carácter de sanción pública, como lo establece el artículo 34 del Código Penal Federal, lo que necesariamente conduce a considerar que su imposición corresponde al juzgador, de acuerdo con la valoración de las pruebas existentes en el sumario; sin que sea obstáculo que el agente del Ministerio Público no indicara en su correspondiente pliego acusatorio los medios de convicción que la justifiquen, pues basta que al respecto la haya solicitado en sus conclusiones para que el Juez del proceso se aboque legalmente a su análisis. Luego entonces el auto que sobresee el juicio penal, tiene los alcances y efectos de una sentencia que absuelve al acusado, en tanto el incidente de desvanecimiento de datos se promueve cuando los elementos que sirvieron para dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso se han desvanecido. En ambas resoluciones se absuelve al acusado del o de los delitos que se le imputan, son formas por las cuales termina de manera anormal el proceso, luego entonces, queda nula toda posibilidad para que el sujeto pasivo del delito pueda promover cualquier acto tendiente a la obtención de la reparación del daño.

La procedencia del juicio constitucional estriba en que el órgano de amparo atendiendo a los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso revise sí en la especie se conculcaron las garantías o derechos del pasivo del delito, cuando el juez natural emita las resoluciones mencionadas; o si se observaron las formalidades del procedimiento; o si en realidad los elementos que sirvieron de base para dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso quedaron desvanecidos.

En otro orden de ideas, el actual artículo 208 de la ley precitada establece que: ``si después de concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir el cumplimiento de la sentencia de la autoridad federal, inmediatamente será separada de su cargo y consignada al juez de Distrito que corresponda, para que la juzgue por la desobediencia cometida, la que será sancionada en los términos que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad''.

De lo anterior se puede apreciar, que sí una autoridad señalada como responsable insiste en la repetición del acto que el quejoso le reclama en vía de amparo y la sentencia dictada en el juicio de referencia protege al gobernado, pero sin embargo la autoridad cuestionada hace caso omiso de lo mandatado en el juicio de garantías, se surtirán dos efectos a saber: a) será separada de su encargo; y b) consignada al juez de distrito.

De lo anterior se advierte que, en el campo del derecho mexicano el órgano competente para consignar a una persona ante el juez, es el Ministerio Público, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 21 de nuestra Norma Suprema, de tal forma que la redacción actual del precepto aludido es errónea e incongruente porque, en la realidad se tiene que denunciar ante la Representación Social para que inicie una averiguación previa y posteriormente resuelva sobre el ejercicio o no de la acción penal, en caso afirmativo, consignar al indiciado ante el juez que deba conocer el asunto.

Finalmente, esta iniciativa pretende dotar de una mejor redacción al artículo 208 de la ley en cita, para lograr una mejor congruencia y comprensión en su contenido.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos al Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones IV y V del artículo 10 y reforma el artículo 208 de la Ley de Amparo

Artículo Primero. Se adicionan las fracciones IV y V del artículo 10 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Artículo 10.

I. a III. ...

IV. Contra los autos de sobreseimiento dictados en el procedimiento penal;

V. Contra la resolución dictada en el incidente de desvanecimiento de datos, en el procedimiento penal, en que se conceda la libertad al reo.

La víctima o el ofendido, podrán acudir al amparo en el caso de las fracciones IV y V, cuando se trate de delitos que merezcan pena privativa de la libertad.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 208 de la Ley de Amparo, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 208. Si después de concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir el cumplimiento de la sentencia de la autoridad federal, inmediatamente será separada de su cargo y consignada al Ministerio Público competente por la desobediencia cometida, para que sea sancionada en los términos que el Código Penal Federal señala para el delito de abuso de autoridad.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 días del mes de marzo de 2004.--- Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica) y Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputado Jorge.

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VERIFICACION DE QUORUM

El diputado Jesús Porfirio González Schmal (desde su curul):

Señor Presidente, respetuosamente solicito se verifique el quórum de esta asamblea, porque es notoria la ausencia de los compañeros diputados.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se instruye a la Secretaría, para el efecto de que se verifique el quórum sin suspensión de la sesión, por cuatro minutos ábrase el sistema electrónico.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Háganse los avisos del artículo 161...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Perdón, rectifico el tiempo en atención a lo que señala el acuerdo parlamentario. Se instruye se abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos y se continúa el desahogo de la sesión.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión.

Abrase el tablero electrónico por 10 minutos para rectificación de quórum.

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LEY DE AMPARO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Como lo solicita el diputado Jorge Kahwagi Macari, insértese el texto íntegro de su iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY GENERAL DE EDUCACION
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación.

La diputada Rosalina Mazari Espín:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados federales:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación, en materia de educación superior, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente

Exposición de Motivos

Es preocupante para la sociedad entera, la calidad profesional de los egresados de las instituciones de educación superior. La población que contrata a los servicios profesionales espera encontrar un desempeño intelectual con la más alta calidad, con lealtad al cliente y con honradez en los juicios de opinión que emitan.

Es una lástima que ante los límites presupuestales que tiene la universidad pública, sea en la actualidad incapaz de albergar a los millares de jóvenes que exigen con legítimo derecho, prepararse a nivel superior o universitario para acceder al conocimiento y un mejor nivel económico en su vida.

Ante esta incapacidad, el Estado mexicano abrió la posibilidad de que los particulares impartieran la educación superior con mayor flexibilidad para obtener la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios e integrarse al Sistema Educativo Nacional.

Nadie puede negar que en las entidades federativas que ustedes como legisladores de la República representan, han proliferado un sinnúmero de universidades privadas para atender la demanda educativa superior, muchas de ellas con un deplorable nivel de enseñanza que daña de origen a la persona en su formación intelectual y, sobre todo, existe un grave costo a la sociedad porque se formarán profesionistas que serán un peligro para la población por su ineficiente nivel académico.

Todos estamos expuestos, voluntaria e involuntariamente, a recibir los servicios de abogados, contadores, arquitectos, economistas, doctores, administradores y de otras profesiones, de los cuales, como ciudadanos, esperamos el mejor trato y conocimiento de su profesión para nosotros, nuestra familia y población en general.

Si en la ley no existen los requisitos necesarios para que las instituciones privadas realicen una función educativa en sus tres grandes aspectos que son la enseñanza del conocimiento, la investigación que crea conocimiento y la difusión de la cultura en la sociedad, si lo anterior no lo realizan, estamos hablando de universidades pragmáticas, mercantilistas y maquiladoras de estudiantes, quienes son formados deficientemente en perjuicio de ellos, sus padres y de la ciudadanía.

Muchos de los aquí presentes han sido o son académicos e investigadores en instituciones educativas y saben que muchas universidades de este país se limitan a la enseñanza, por ser la de menor costo y de más fácil recuperación de inversión; con facilidad se relega la investigación y la difusión de la cultura, que son de gran importancia y trascendencia en la formación del estudiante y en la solidez de sus conocimientos.

La sociedad espera recibir de las universidades excelentes profesionistas que sean profesionales y con aportación cultural que alcance a los distintos sectores de la población...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, señora diputada.

Por favor, suspendan el marcaje del tiempo.

Les ruego a los señores legisladores tengan la bondad de prestar atención y guardar la cortesía debida a la oradora.

Continúe, diputada.

Continúe el marcaje de tiempo.

La diputada Rosalina Mazari Espín:

Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores:

Propongo en esta iniciativa adicionar una fracción al artículo 55 de la Ley General de Educación, para que la educación superior que impartan los particulares al momento de solicitar la autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios ante la autoridad otorgante, cumpla como requisito esencial el tener centros de investigación y de difusión de la cultura.

Con esta reforma la ley secundaria, garantizaremos con exactitud los fines de educar, investigar y difundir la cultura que nuestra Constitución Federal de la República menciona para las universidades públicas o instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía y que las universidades privadas del país no cumplen, al no ser un requisito para su inicio y funcionamiento.

Hacer esta reforma transformará y fortalecerá en grandes dimensiones al sistema educativo superior, porque las instituciones que se establezcan, desde su creación, ofrecerán mayor seriedad, calidad y prestigio del plantel educativo a la sociedad; permitirán concentrar a investigadores, mejorará el nivel docente del profesorado y el académico para los alumnos, la población obtendrá mayor cultura para la difusión que las instituciones realicen.

Las bondades de esta reforma son grandes y el mayor beneficio será a la población estudiantil y la ciudadanía.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General de Educación

Artículo único. Se reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación para adicionar la fracción IV y quedar como sigue:

Artículo 55. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios, se otorgarán cuando los solicitantes cuenten...

Fracción IV. ...con censos de investigación por área de conocimiento que impartan y centro de difusión de la cultura en cada institución, por lo que concierne a la educación superior.

Los centros tendrán personal especializado, quien deberá satisfacer los grados académicos y condiciones que la autoridad otorgante determine.

Artículos Transitorios

Primero. Se concede a las instituciones de educación superior en funciones, un término de seis meses para dar cumplimiento a la presente reforma.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 55 de la Ley General de educación, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del PRI

Rosalina Mazari Espín, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55,56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación, en materia de educación superior, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente:

Exposición de Motivos

Es preocupante para la sociedad entera la calidad profesional de los egresados de las instituciones de educación superior. La población que contrata los servicios profesionales espera encontrar un desempeño intelectual con la más alta calidad, con lealtad al cliente y con honradez en los juicios de opinión que emitan.

Es una lástima que ante los límites presupuestales que tiene la Universidad Pública, sea en la actualidad incapaz de albergar a los millares de jóvenes que exigen con legítimo derecho prepararse a nivel superior o universitario para acceder al conocimiento y un mejor nivel económico en su vida. Ante esta incapacidad el Estado Mexicano abrió la posibilidad de que los particulares impartieran educación superior con mayor flexibilidad para obtener la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios, e integrarse al sistema educativo nacional.

Nadie puede negar que en las entidades federativas que Ustedes como legisladores de la república representan, han proliferado un sin número de Universidades Privadas para atender la demanda educativa superior, muchas de ellas con un deplorable nivel de enseñanza que dañan de origen a la persona en su formación intelectual y sobre todo existe un grave costo a la sociedad porque se formarán profesionistas que serán un peligro para la población, por su ineficiente nivel académico.

Todos estamos expuestos voluntaria e involuntariamente a recibir los servicios de abogados, contadores, arquitectos, economistas, doctores, administradores, y de otras profesiones, de los cuales como ciudadanos esperamos el mejor trato y conocimiento de su profesión para nosotros, nuestra familia y población en general. Si en la ley no existen los requisitos necesarios para que las instituciones privadas realicen una función educativa en sus tres grandes aspectos que son la enseñanza del conocimiento, la investigación que crea conocimiento y la difusión de la cultura en la sociedad, si lo anterior no lo realizan, estamos hablando de Universidades pragmáticas, mercantilistas y maquiladoras de estudiantes quienes son formados deficientemente en perjuicio de ellos, sus padres y de la ciudadanía.

Muchos de los aquí presentes han sido o son académicos e investigadores en instituciones educativas, y saben que muchas Universidades de este país se limitan a la enseñanza por ser la de menor costo y de más fácil recuperación de inversión, con facilidad se relega la investigación y la difusión de la cultura que son de gran importancia y trascendencia en la formación del estudiante y en la solidez de sus conocimientos. La sociedad espera recibir de las Universidades excelentes profesionistas que sean profesionales y con aportación cultural que alcance a los distintos sectores de la población.

Compañeros legisladores, propongo en esta iniciativa adicionar una fracción al artículo 55, de la Ley General de Educación , para que la educación superior que impartan los particulares al momento de solicitar la autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, ante la autoridad otorgante; cumplan como requisito esencial el tener Centros de Investigación y de Difusión de la Cultura, con esta reforma en la ley secundaria garantizará con exactitud los fines de educar, investigar y difundir la cultura que nuestra Constitución Federal de la República menciona para las Universidades públicas o instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, y que las Universidades Privadas del país no cumplen al no ser un requisito para su inicio y funcionamiento.

Hacer esta reforma transformará y fortalecerá en grandes dimensiones al sistema educativo superior, porque las instituciones que se establezcan desde su creación ofrecerán mayor seriedad, calidad y prestigio del plantel educativo a la sociedad, permitirá concentrar a investigadores, mejorará el nivel docente del profesorado y el académico para los alumnos, la población obtendrá mayor cultura por la difusión que las Instituciones realicen. Las bondades de esta reforma son grandes y el mayor beneficiario será la población estudiantil y la ciudadanía.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación

Artículo Unico: Se reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación para adicionar la fracción IV, y quedar como sigue:

Artículo 55.- Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I.- ...

II.- ...

III.- ...

IV.- Con Centros de Investigación por área de conocimiento que impartan y Centro de Difusión de la Cultura en cada institución, por lo que concierne a la educación superior. Los Centros tendrán personal especializado quienes deberán satisfacer los grados académicos y condiciones que la autoridad otorgante determine.

Transitorios

Primero. Se concede a las Instituciones de Educación Superior en funciones un término de seis meses para dar cumplimiento a la presente reforma.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF., a 30 de marzo de 2004.--- Dip. Rosalina Mazari Espín (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada Rosalina Mazari Espín.

Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Esta Presidencia da la bienvenida a los estudiantes del CEDTIS 223 de Galeana, Mor.

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ARTICULO 71 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Alvaro Elías Loredo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma que el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Alvaro Elías Loredo:

Señor Presidente; integrantes de la Mesa Directiva; honorable Asamblea:

Con fundamento en el artículo 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II de nuestro Reglamento, someto a la consideración del Constituyente Permanente la iniciativa para reformar el artículo 71 constitucional, a fin de dotar al Ejecutivo Federal de la facultad de iniciar leyes o decretos con carácter urgente o como dice el derecho comparado: de urgente consideración.

El artículo 71 de nuestra Carta Magna permanece intacto desde 1917, este artículo se refiere a la facultad de iniciar leyes o decretos y establece asimismo quienes están facultados...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, señor diputado.

Suspendan el marcaje de tiempo.

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VERIFICACION DE QUORUM
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a informar el resultado de la asistencia con motivo del recuento del quórum.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Sí, señor Presidente.

¿Falta alguna diputada o algún diputado por pasar asistencia?

Bien, señor Presidente, se informa que el sistema registra una asistencia de 431 diputadas y diputados, con la última diputada.

Ciérrese el sistema electrónico por favor.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Declarándose que hay quórum continúe el diputado Elías Loredo.

Continúe el marcaje del tiempo.

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ARTICULO 71 CONSTITUCIONAL
El diputado Alvaro Elías Loredo:

Muchas gracias, señor Presidente.

Decía que el artículo 71 constitucional se refiere a la facultad de iniciar leyes o decretos, que es la primera etapa del proceso legislativo, asimismo este artículo faculta al Presidente de la República, a los diputados y senadores, así como a las legislaturas de los estados, para presentar iniciativas de ley o decreto.

A lo largo de nuestra historia constitucional, nuestras constituciones siempre han reconocido esta facultad del Presidente para iniciar leyes o decretos y es que la Constitución Mexicana adoptó en su artículo 49 la división de poderes, pero una división de poderes acotada, donde participa el Ejecutivo por ejemplo en el proceso legislativo.

La presente iniciativa tiene como propósito facultar al Ejecutivo Federal para presentar iniciativas de ley o decreto con carácter de urgente o como dice el derecho comparado: de urgente consideración. Pero esto no implica que el Congreso de la Unión suprima la discusión y análisis de los proyectos de esta naturaleza, lo que significa que en breve término las Cámaras del Congreso de la Unión dictaminen la iniciativa presidencial.

Tampoco significa que el Congreso siempre deba decir sí a las iniciativas del Ejecutivo. Repito y reitero: se trata de que tengan estas iniciativas así marcadas por el Ejecutivo Federal, un trato preferente en las cámaras del Congreso de la Unión.

Esto no es nuevo; hay en el derecho comparado, los ejemplos de Uruguay y de Paraguay, donde se faculta al Presidente de la República para presentar este tipo de iniciativas.

Por lo demás, en nuestro mismo sistema constitucional tenemos ejemplos de que en casos especiales de grave peligro o conflicto, el Presidente de la República puede suspender garantías individuales, cumpliendo con los requisitos establecidos por el 29 constitucional y que el Congreso en esas condiciones faculta al Ejecutivo para hacer frente a la situación. Y las facultades del Congreso son facultades legislativas que, repito, en casos de excepción se le otorgan al Presidente de la República.

Asimismo hay otra excepción al artículo 49 constitucional y tiene qué ver con la facultad impositiva para el Presidente de la República en materia de importaciones y exportaciones. De manera que no es una novedad la propuesta que hoy pongo a su consideración.

En el Congreso mexicano no podemos nosotros regresar a etapas de presidencialismo exacerbado cuando en unas cuantas horas o en unos cuantos días, se podían aprobar iniciativas del Presidente de la República.

Desde el año de 1994 ningún grupo parlamentario tiene las dos terceras partes de los votos en el Congreso de la Unión. Desde el año de 1997 ningún grupo parlamentario tiene mayoría absoluta en las Cámaras del Congreso de la Unión.

Por todo lo antes expuesto someto a la consideración del Constituyente Permanente, esta iniciativa de reforma constitucional al artículo 71, para quedar como sigue:

``El derecho de iniciar leyes o decretos compete al Presidente de la República, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados.

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los estados y por las diputaciones de los mismos pasarán desde luego a comisión, las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates y la adición; y las que presente el Presidente de la República con el carácter de trámite legislativo preferente serán votadas prioritariamente por las cámaras del Congreso de la Unión en los términos de la ley respectiva.''

Artículo Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2004. Y firma el de la voz y un grupo de diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar al Ejecutivo la facultad de presentar iniciativas de Ley o Decreto de Carácter urgente, a cargo del diputado Alvaro Elías Loredo, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en el artículo 71, fracción segunda, 135, y 78, tercera fracción, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscribimos: diputado Alvaro Elías Loredo, y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, venimos a presentar iniciativa de reforma constitucional al artículo 71 (setenta y uno), para otorgar al Ejecutivo la facultad de presentar iniciativas de ley o decreto con carácter de ``trámite legislativo preferente'', bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 71 constitucional, mismo que no ha sufrido reforma alguna desde su aprobación en 1917, se refiere al procedimiento legislativo, específicamente a una de sus etapas: la iniciativa, a través de la cual se comienza el procedimiento de formación o creación de leyes o decretos. Este artículo de nuestra Constitución determina, asimismo, quienes son competentes para iniciar leyes o decretos.

El contenido del artículo 71 en cita, en términos generales, se ha mantenido constante a lo largo de nuestra evolución constitucional y nuestro legislador constituyente siempre ha reconocido la idoneidad de que el titular del Poder Ejecutivo Federal esté facultado para presentar ante el Congreso de la Unión iniciativas de ley o decreto. Sin embargo un factor propio del Congreso Mexicano moderno nos obliga a replantear la facultad del Presidente de la República en este sentido. Efectivamente, el Estado mexicano necesita tener una vía dentro de las prácticas parlamentarias para darle prioridad a reformas que por su importancia y trascendencia requieren de una atención por parte del órgano legislativo, más acelerada que la dispuesta en nuestras normas jurídicas vigentes, y no enfrentar la necesidad de esperar el turno que les tocaría si se sometiesen al trámite normal.

La propuesta no es otra más que, tal y como sucede en algunos países que también cuentan con un sistema presidencial, dotar al Ejecutivo Federal de la facultad discrecional de presentar iniciativas de ley o decreto con el carácter de trámite legislativo preferente, o trámite legislativo de urgente consideración, según el término aplicado por el derecho comparado.

El trámite legislativo de urgente consideración es la solicitud hecha al Poder Legislativo federal por parte del Presidente de la República para que una iniciativa de ley o decreto sea atendida con mayor celeridad y prontitud que el resto de las iniciativas presentada por el propio titular de Ejecutivo. No se trata de un trámite preferente respecto del rigor con el que se efectúa el análisis, discusión y argumentación tanto a favor como en contra del proyecto legislativo; la preferencia se encuentra única y exclusivamente en la rapidez con que se deberá desahogar, afirmativa o negativamente, dicha propuesta. En otras palabras: con la propuesta de referencia, tal y como sucede hoy día, el Congreso de la Unión tendría en todo momento y circunstancia la última palabra respecto de la idoneidad o no de aprobar las iniciativas de ley o decreto presentadas por el Presidente de la República, con independencia de si éstas fueron presentadas o no con carácter de urgente.

Es fundamental destacar que la propuesta está lejos de implicar una suprasubordinación del Legislativo hacia el Ejecutivo. De ser aprobado el proyecto de referencia, no se estaría volviendo a los aciagos días del presidencialismo exacerbado, ni se estaría poniendo en riesgo la dignidad y el profesionalismo del Congreso de la Unión, de ninguna manera se estaría violando la división de poderes consagrada en nuestra Ley Fundamental, ni se estaría disminuyendo la capacidad de autonomía que caracteriza al Congreso mexicano moderno.

La indeleble realidad política consistente en el pluripartidismo imperante tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, así como la existencia de un Gobierno Federal que no controla las mayorías parlamentarias, pero que necesita de éstas para poder impulsar su proyecto de nación, exigen la articulación de mecanismos institucionales de entendimiento. Es por eso que, de ser aprobado el presente proyecto de reforma constitucional se le dotaría a México (no únicamente al Ejecutivo o al Legislativo), del beneficio de contar con un mecanismo que permita agilizar y eficientar la toma de algunas decisiones, las cuales, a criterio del Presidente de la República y de los legisladores federales, sean fundamentales para la buena marcha del país.

Como puede apreciarse, la propuesta del trámite legislativo preferente (o urgente) representa una excepción a la normalidad del procedimiento legislativo establecida por la propia Constitución, a favor del Ejecutivo Federal. Sin embargo, esto no es nuevo, ya que el propio Constituyente Permanente ha decidido otorgar algunas excepciones a la cotidianidad constitucional, las cuales permiten al Presidente de la República alterar de manera temporal el status quo consagrado en la Constitución. Ejemplo de esto último es el artículo 29 constitucional, el cual faculta al Presidente para que, en caso de que la sociedad esté en grave peligro o conflicto, y previo cumplimiento de algunos requisitos, pueda suspender en todo el país las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a aquellas situaciones que impliquen la perturbación de la paz pública. De igual forma el artículo 131 de nuestra Ley Suprema faculta al titular del Ejecutivo para que, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito de beneficio del país, pueda, cuando lo estime urgente, legislar en materia de exportaciones e importaciones.

Del análisis de la propuesta en comento, necesariamente se llega a la conclusión de que estamos ante un proyecto que presupone la colaboración entre poderes y no el sometimiento de uno a la voluntad del otro.

Se permite pues la concertación de soluciones dialogadas, sin afectar de ninguna manera a la democracia representativa.

En la comparación de legislaciones, encontramos casos en donde ya se aplica esta figura jurídica en otros sistemas constitucionales, verbigracia, el caso paraguayo, que en su Constitución contempla como una atribución de la Presidencia de la República proponer al Congreso proyectos de ley, los cuales podrán ser presentados con solicitud de urgente consideración. Otro ejemplo es la República Oriental de Uruguay, en donde se contempla que el Presidente de la República, actuando con el ministro o ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, podrá proponer a las Cámaras, proyectos de ley o modificaciones a las leyes anteriormente dictadas. Dichos proyectos podrán ser remitidos con declaratoria de urgente consideración.

Por lo expuesto y atendiendo que hay reformas que requieren urgentemente una resolución del Congreso de la Unión, es que se propone la presente iniciativa, la cual da un paso hacia delante en el sentido de proporcionarle al titular del Ejecutivo, la posibilidad de resaltar algún asunto de la agenda nacional, y solicitar al Congreso de la Unión que resuelva este tipo de iniciativas, cuya resolución podrá ser en el sentido afirmativo o negativo de como la envía el Ejecutivo, conservando siempre el Poder Legislativo el modo de resolverlas, pero con el mandato constitucional de darle prioridad a su resolución.

Es importante que esta iniciativa sea el principio de una reforma profunda a la legislación secundaria en donde se fijen plazos para que las comisiones dictaminen una iniciativa, por la vía normal, y de igual manera un plazo para el trámite preferente. Es tiempo de un nuevo parlamentarismo en México. Hagamos de este Congreso un órgano eficiente y eficaz.

Honorable Asamblea:

Por lo antes expuesto, los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración del Constituyente permanente el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Unico. Se reforma el artículo 71 en su último párrafo, para quedar como sigue:

``Artículo 71.

El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I.- Al Presidente de la República;

II.- A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y

III.- A las Legislaturas de los estados.

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los estados, por las diputaciones de los mismos pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates, y las que presente el Presidente de la República, con el carácter de trámite legislativo preferente, serán votadas prioritariamente por las Cámaras del Congreso de la Unión, en los términos de la ley respectiva.''

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de marzo de 2004.--- Dip. Alvaro Elías Loredo (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno, José María de la Vega Larraga, Marco Antonio Gama Basarte, Marisol Vargas Bárcena, Francisco Xavier Salazar Díaz de Sollano, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Jaspeado Villanueva, María del Rocío, José Sigona Torres, Janette Ovando Reazola, Margarita Saldaña Hernández, Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio, José Luis Treviño Rodríguez y Sergio Alvarez Mata.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputado Alvaro Elías Loredo.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

México enfrenta hoy una situación particularmente compleja, caracterizada por un prolongado y costoso estancamiento económico y un cuestionamiento al sentido social de la actividad política.

La premisa de que el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone se ha interpretado como una participación limitada del Congreso en la promoción de reformas estructurales que el país requiere para atender las demandas sociales, promover el crecimiento económico y darle viabilidad a nuestro proyecto de nación libre, democrática y soberana.

Los nuevos tiempos reclaman asumir las tareas pendientes y la necesidad de decirle a la sociedad que, por convicción y principios, el Legislativo también propone.

La crisis profunda de la economía mexicana que se expresa en desempleo, subempleo y desigualdad crecientes, pérdida de dinamismo del mercado interior y debilitamiento de la competitividad externa limitan la capacidad de respuesta del Estado y plantean la urgencia de que el Congreso realmente influya en la elaboración de las políticas públicas.

Para lograr este objetivo es importante adelantar la discusión del paquete económico y fomentar un entorno caracterizado por la certidumbre, ingrediente indispensable para propiciar políticas sólidas y creíbles en materia fiscal, monetaria y financiera.

Es indispensable, hoy como nunca, una mayor voluntad de coordinación del Ejecutivo con el Legislativo para impulsar reformas que lleven a transformar realidades y permitan a los agentes económicos conocer las bases con las que se formularon el presupuesto y la Ley de Ingresos.

En la era de la globalización y el libre mercado México no puede quedarse a la zaga de otros países que planean con oportunidad sus presupuestos y eficientan el ejercicio del gasto público, lo que les permite enviar señales claras de confianza a los diversos sectores sociales y a la comunidad financiera.

En ese sentido, la iniciativa de reforma constitucional que hoy pongo a la consideración de esta soberanía contempla reformar la fracción IV del artículo 74 constitucional para adelantar al 5 de septiembre la presentación del paquete económico enviado por el Ejecutivo, para ampliar los plazos en el examen y discusión del paquete económico y precisar como fecha límite para aprobar la Ley de Ingresos el 31 de octubre y el presupuesto de egresos a más tardar el 15 de noviembre del año anterior a su ejercicio.

Esto es así porque las agobiantes necesidades del país demandan eficientar el ejercicio del gasto público y dar certeza a la planeación del Gobierno Federal, de estados y municipios, así como de los diferentes agentes que esperan la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

La incertidumbre que genera la falta de acuerdos políticos para aprobar el presupuesto en el umbral del nuevo ejercicio fiscal tiene un alto costo económico y social. Las negociaciones apresuradas limitan la reflexión y el debate y dificultan realizar un trabajo legislativo que desemboque en planteamientos integrales, coherentes y viables.

Las modificaciones jurídicas contenidas en esta iniciativa, parten de la tesis de que las reformas estructurales deben pasar por una reforma presupuestaria de fondo. Para ello es necesario ampliar los plazos de discusión de las fuentes de ingreso, de las variables económicas que sirven como base para la elaboración del presupuesto, así como del ejercicio de los recursos públicos asignados a la Federación, estados y municipios.

Esta iniciativa amplia los alcances del Poder Legislativo en el proceso de integración, revisión y aprobación del paquete económico que anualmente envía el Ejecutivo al Congreso y establece mecanismos de comunicación horizontal con el Gobierno, para que no sólo participemos en la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, sino que con antelación contribuyamos a la integración de los programas, les demos seguimiento y evaluemos sus resultados para asignar recursos suficientes a los que sí estén cumpliendo su cometido.

Si queremos acreditarnos como fluidos interlocutores entre la población y el Estado, las líneas deben venir de la sociedad que demanda no legislar al vapor y discutir con suficiencia los delicados instrumentos de política económica que nos permitan superar desigualdades y rezagos, cancelar injusticias y abrir un horizonte más promisorio para la nación mexicana.

Demandamos un Estado que abdique de su papel como regulador, promotor y árbitro del desarrollo, pero también, un Poder Legislativo que en el marco de la división de poderes, asuma su responsabilidad de velar por los intereses de la sociedad y promueva los cambios que destinan con rasgos de equidad y justicia, un país donde nadie se sienta excluido.

El proceso de evolución democrática en que el Congreso ha adquirido una mayor autonomía e independencia y el hecho de que en la actualidad no hay fuerza hegemónica que pueda determinar por sí sola el sentido de la mayoría, implica un arduo trabajo de argumentación y negociación partidista en torno a temas sustantivos para la aprobación de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la revisión de la Cuenta Pública.

Esta iniciativa busca corregir los desfases en el ejercicio del Presupuesto por parte de la Federación, los estados y los municipios que tradicionalmente no lo aplican a partir del 1º de enero, como sería lo pertinente, sino meses después, incurriendo en subejercicios y afectando con ello la oportunidad y eficiencia de los programas sociales.

Pretende, también, construir el entramado jurídico para realizar una reforma fiscal que bien estructurada, impida perder juicios interpuestos por las empresas inconformes con el esquema tributario contemplado en la Ley de Ingresos y dé certeza jurídica.

La agenda legislativa del Congreso debe contemplar a mi juicio, una serie de temas que ya no pueden esperar. De las reformas estructurales pendientes, la reforma hacendaria es indispensable para dar certidumbre e incentivar la inversión y con ello el empleo, el crecimientos sostenido, el desarrollo rural y la promoción de los servicios básicos para todos.

Esta iniciativa es el primer paso para avanzar en ese sentido y generar las condiciones que den certidumbre al proceso de planeación económica.

El pragmatismo que antaño ha definido la discusión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, lleva a suponer a la opinión pública que su aprobación es sólo un trámite formal sin mayor contenido. Sabemos que no es así. Por ello mi interés de adecuar los tiempos al significado político de esta tarea y abrir la puerta a los análisis amplios y profundos, contando con el tiempo suficiente que nos permita dar seguridad y certeza a la sociedad de que sus intereses, sus demandas y sus esperanzas tienen cabida en el Presupuesto autorizado por el Congreso.

Este es el espíritu de la iniciativa que hoy someto a la consideración de esta soberanía, a la que han sumado su simpatía compañeros diputados del PRD, del Partido Verde Ecologista, del Partido del Trabajo, del Partido de Convergencia y la solidaridad plena de mis compañeros diputados del PRI y que seguramente será analizada con toda atención e interés en las comisiones respectivas.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado, se le agotó el tiempo.

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda:

Termino, señor Presidente.

Solicito a esta Presidencia que esta iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, así como se publique nuevamente en la Gaceta Parlamentaria, ya que la iniciativa publicada presenta algunas modificaciones.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa de decreto que modifica el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de adelantar la fecha de presentación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación y fijar una fecha límite para su aprobación, presentada por el Dip. Fed. Luis Antonio Ramírez Pineda.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de adelantar el plazo para la presentación de la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y fijar una fecha límite de aprobación de los mismos, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En un sistema democrático, el contrapeso ejercido por el Congreso en un tema como el que es objeto de la presente Iniciativa, resulta fundamental. Ello requiere de la participación activa de los legisladores en el proceso de estudio, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio.

Esto tiene mayor relevancia en un proceso democrático, como el que actualmente se vive en México, en el cual el Congreso ha adquirido una mayor autonomía e independencia y en que en la composición legislativa, ningún partido detenta la mayoría.

Uno debe ser el objetivo principal que debe perseguirse en la responsabilidad legislativa que tenemos y que es materia de esta Iniciativa: vigilar el uso adecuado y óptimo de los recursos públicos. Es por ello que en la elaboración de la Iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, herramienta fundamental en la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento rector de la actuación gubernamental, es muy conveniente la estrecha comunicación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el ámbito de su responsabilidad.

Por décadas el Congreso de la Unión ha sido marginado del proceso de elaboración de las políticas públicas, cuyo principal instrumento de participación y vinculación es el Presupuesto de Egresos de la Federación. Tampoco se le debe ver sólo como una instancia para la aprobación de las propuestas del Ejecutivo. El Congreso es la expresión de la Soberanía Nacional, en donde por voluntad del Pueblo se encuentran representadas todas las corrientes de la vida nacional. En tal sentido, su voz debe ser escuchada, ya que conlleva las demandas, inquietudes y reclamos mas sentidos de la ciudadanía. Ello a su vez requiere de tiempo para un análisis profundo de las iniciativas planteadas y de sus repercusiones en todos los ámbitos de la vida nacional. Para eso estimamos necesario adecuar el marco jurídico vigente, que no incentiva una adecuada comunicación del Legislativo con el Ejecutivo en el proceso presupuestario.

En dicho proceso sobresale, como uno de los principales obstáculos, el plazo de que dispone la Cámara de Diputados para estudiar, discutir y aprobar el Presupuesto. Ello es consecuencia del plazo máximo con que cuenta el Ejecutivo para la presentación de la Iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a la consideración del Legislativo. Destacan varios aspectos:

1. Los documentos antes enunciados se presentan a consideración del Legislativo, para su estudio, discusión y eventual aprobación, cuando el periodo ordinario de sesiones va muy avanzado. Ello tensa y desborda el proceso de negociación. No hay tiempo suficiente para dar cauce al normal surgimiento de diferencias que es necesario conciliar con una clara y sólida argumentación, con retroalimentación de puntos de vista de las partes y bajo un espíritu de amplia colaboración, en beneficio del interés nacional.

2. Lo anterior implica que se requiere del tiempo suficiente para examinar la documentación que sustenta las Iniciativas presentadas. Con el plazo actual de 30 días (el más bajo en comparación a los que ejercen otros países latinoamericanos) en que dichas iniciativas son entregadas a la Cámara de Diputados, no existe el tiempo suficiente para su adecuado examen y discusión. Un mes de estudio, en un tema tan importante como el que nos ocupa, trae como resultado insatisfacciones y confrontaciones en los que pierde el desarrollo del país.

3. La cercanía del fin del proceso presupuestario, con el término del período de sesiones ordinarias y del propio ejercicio fiscal, genera un alto grado de incertidumbre que afecta el desarrollo de las diversas variables económicas, causando volatilidad en el tipo de cambio y en la tasa de interés, en buena medida por la percepción generada en los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, en el desenvolvimiento de la economía. Estos desequilibrios presionan aún más el desempeño de la misma.

Por lo anterior, es necesario y más aún en el contexto de una economía globalizada brindar mayor certidumbre a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, a fin de que puedan planear sus inversiones.

En síntesis, de las experiencias vividas en torno a la discusión del presupuesto, concluimos que el tiempo es insuficiente para un examen adecuado; que existen presiones políticas y económicas por la cercanía del término del ejercicio fiscal y que una eventual falta de aprobación del mismo en el período ordinario de sesiones, afecta al sistema económico y financiero.

Por estas razones, se hace necesario modificar las fechas de presentación de las Iniciativas de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a esta Soberanía, así como determinar una fecha límite para su aprobación, de tal manera que, su publicación y el inicio de su ejercicio en forma oportuna, beneficie plenamente los grandes intereses nacionales. Asimismo, se facilitaría la vinculación del examen relativo, a los resultados obtenidos por el Gobierno Federal, con el examen y discusión del Presupuesto del siguiente ejercicio.

No pasa desapercibido, que las autoridades hacendarias han mencionado la dificultad de adelantar la fecha de presentación, debido a que un anticipo en los tiempos provocaría que las proyecciones de las distintas variables macroeconómicas que inciden en el Presupuesto fueran menos precisas. Sin embargo, ante ello, deben considerarse, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Es necesario que el Gobierno Federal realice proyecciones de ingreso -- gasto bajo escenarios de largo plazo, es decir, multianuales y que los mismos se ajusten anualmente de acuerdo a las condiciones económicas internas y externas.

2. Los escenarios anteriores, deberán responder al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo y en los diversos Programas Sectoriales.

3. Dichos escenarios permitirían dimensionar las necesidades de recursos a mediano y largo plazo y sobre esta base establecer las medidas de política económica y financiera a seguir, particularmente en el corto y mediano plazo y evitaría los constantes ajustes a la política impositiva que tanta confusión y trabajo causa a los contribuyentes.

4. Toda proyección es incierta. Se realiza sobre las mejores bases disponibles, pero sus resultados difícilmente coincidirán con la realidad. Es de todos conocido que en economía difícilmente existe plena certeza del comportamiento futuro de las principales variables y que el presupuesto actualmente se elabora con base en las estimaciones de cierre del ejercicio en curso, y en el mejor de los casos, con los datos disponibles del tercer trimestre.

5. Será necesario establecer una mayor y mejor coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso que permita monitorear el comportamiento de las distintas variables macroeconómicas y sobre esta base tomar las decisiones presupuestarias, tanto en materia de ingresos como de gasto, que correspondan. Sin embargo, considerando los escenarios de largo plazo esbozados, las decisiones no impactarían sólo el corto plazo, sino que serían también con una clara visión de futuro.

En tal sentido, la presente iniciativa propone las siguientes modificaciones al texto constitucional:

1. Adelantar al 5 de septiembre, la fecha de entrega de la Iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación al Poder Legislativo, por parte del Poder Ejecutivo.

2. Asignar el 15 de noviembre, como la fecha límite para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para lo cual la Ley de Ingresos deberá aprobarse antes del 31 de octubre.

3. Desaparecer la disposición constitucional que indica que en los casos de una nueva Administración Federal, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos podrán presentarse hasta el 15 de diciembre. De este modo, el Gobierno que culmina su período tendría la responsabilidad de presentar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación ante la Legislatura que iniciaría sus funciones. Dicha Legislatura, en el proceso de aprobación de ambos documentos, podrá realizar mecanismos de coordinación con el nuevo gobierno electo con el objeto de incluir sus propuestas en el Presupuesto. De este modo, se evitaría que, cuando inicia un nuevo gobierno, en ese año el Congreso cuente sólo con dos semanas para examinar, discutir, modificar y aprobar el Presupuesto, a punto de iniciar el próximo ejercicio, con las consecuencias negativas que ya hemos comentado.

De aprobarse, esta reforma permitiría:

a. Ampliar a 70 días el tiempo de que dispondría el Legislativo para estudiar, discutir, proponer, modificar y en su caso aprobar el Presupuesto y para la Ley de Ingresos, el tiempo sería de 55 días.

b. Determinar un plazo mínimo entre la aprobación de la Ley de Ingresos y la del Presupuesto de Egresos de la Federación, con lo cual se eliminan presiones.

c. Vincular el examen y la discusión del Informe de Gobierno con el examen y discusión del Presupuesto.

d. Disminuir la incertidumbre que genera la cercanía de las fechas de fin del período ordinario de sesiones y de conclusión del ejercicio fiscal e inicio del nuevo ejercicio sin Presupuesto aprobado.

e. Permitir que el Ejecutivo Federal, el Congreso, los gobiernos locales y los sectores económico y social interesados, conozcan el resultado final del Presupuesto aprobado, con anticipación suficiente al inicio del ejercicio, con lo cual:

i. Se podrían realizar los trámites necesarios para la oportuna asignación de recursos y para que desde principios del mes de enero, dé inicio la operación de los distintos programas y proyectos y no en meses posteriores como actualmente sucede. Ello elevaría la eficiencia de la Administración Pública, permitiría dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el marco de Planeación -- Presupuestación, evitaría la presencia de subejercicios en el gasto y beneficiaría a la Actividad Económica en su conjunto. En este sentido debe aclararse que no se justifica la aplicación de medidas tendientes a la obtención de subejercicios de un gasto aprobado, con miras a alcanzar los objetivos macroeconómicos comprometidos y menos si con ello se impacta negativamente la actividad económica y el beneficio social.

4. Se plantea también en la iniciativa incluir la obligación del Ejecutivo y el Legislativo de determinar mecanismos de comunicación durante el proceso de integración del presupuesto a efecto de facilitar el análisis y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esta propuesta implicaría un avance fundamental en la comunicación entre ambos Poderes para un asunto tan relevante como es el Presupuesto en forma previa a su presentación por parte del Ejecutivo. Esto facilitaría la posibilidad de realizar cambios derivados de recomendaciones oportunas por parte del Ejecutivo Federal, por causa de modificaciones en la evolución de variables macroeconómicas que incidan en las estimaciones de ingresos o gasto.

5. Se propone también precisar la facultad de la Cámara de Diputados de modificar el presupuesto, que aunque puede parecer obvio al interpretar la redacción actual, en lo relativo a la facultad de examinar, discutir y aprobar el Presupuesto, es importante destacarlo con el objeto de evitar cuestionamientos, como los que actualmente se realizan por diferentes actores y que no sólo afectan la imagen de las instituciones, sino también la debilitan y pretenden limitar la participación de la Cámara en el proceso presupuestario.

6. En la iniciativa se propone aclarar que este proceso deberá realizarse bajo criterios de eficiencia y responsabilidad social y económica, es decir, que las medidas, asignaciones y programas que se aprueben en el Presupuesto deberán tener el mayor impacto positivo social posible; jerarquizar y atender los principales requerimientos sociales, logrando el mayor beneficio con el menor costo; y que no afecten negativamente el desempeño de las principales variables económicas.

En los años recientes se han aprobado por el Congreso diversas medidas en materia de finanzas públicas que, si bien no han conformado una reforma integral de la hacienda pública, han implicado un avance sustancial que puede tomarse como base de una reforma integral como la que el País requiere. Me refiero a las reformas aprobadas en la legislación tributaria como la nueva Ley del ISR, reformas a la Ley del IVA, la Ley del IEPS, el Código Fiscal de la Federación, así como las importantes reformas a la Ley del Servicio de Administración Tributaria que obligan a este organismo a presentar mayor información, a establecer medidas de eficiencia y de rendición de cuentas en la administración tributaria. En materia presupuestaria, sin embargo, las propuestas han sido varias pero los avances pocos. Con la presente iniciativa, se abre la puerta a una reforma fiscal y presupuestaria de fondo, que genere una mayor eficiencia en las finanzas públicas y permita al Estado atender sus obligaciones sociales con mejores resultados.

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL

La presente iniciativa tiene como objetivos centrales:

Brindar mayor certidumbre al proceso presupuestario y a sus implicaciones económicas.

Generar los incentivos adecuados para una discusión objetiva y responsable durante el proceso presupuestario.

Impulsar la colaboración entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el proceso presupuestario, con el objeto de construir un presupuesto más eficiente.

Por lo anterior, en mi condición de diputado federal y de acuerdo al marco jurídico actual, me permito presentar ante esta Soberanía la presente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ÚNICO.- Se reforma el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 74

Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I a III....

IV.- Examinar, discutir, modificar y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, tomando en cuenta criterios de eficiencia y responsabilidad social y económica, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 5 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 de noviembre, para lo cual la Ley de Ingresos respectiva deberá ser aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión antes del día 31 de octubre. La Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal deberán instrumentar mecanismos que permitan una adecuada comunicación durante el proceso presupuestario en beneficio del interés nacional.

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Transitorios

UNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en caso de que no haya sido publicada y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se hace una atenta súplica a los señores legisladores que presenten iniciativas de ley, tengan la bondad de presentarlas para publicar en la Gaceta Parlamentaria y en esos términos darle lectura.

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LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Saldaña Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, toda vez que el siguiente punto del orden del día que seguía ha sido retirado por el grupo parlamentario promovente.

Adelante, señora diputada.

La diputada Margarita Saldaña Hernández:

Con su venia, señor Presidente; diputadas y diputados:

La suscrita, Margarita Saldaña Hernández, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de este Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La crisis bancaria genera gran interés de los Poderes Legislativo y Ejecutivo sobre el sector financiero en general y su modernización, lo cual se ha visto reflejado en el número de reformas que se han realizado a las leyes relacionadas con el mismo como son la Ley de Instituciones de Crédito, que a partir de 1994 se ha reformado 13 veces o la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que se ha reformado 10 veces o la Ley General de Organizaciones de Actividades Auxiliares de Crédito, que se ha reformado 10 veces. Inclusive se aprobó la denominada Miscelánea de Garantías a fin de facilitar a las instituciones financieras el cobro efectivo de las garantías que le otorgan los usuarios.

Asimismo para responder a la irritación social derivada de esta crisis y la carencia de medios de defensa eficientes para resolver las controversias con las instituciones financieras la LVII Legislatura de este Congreso aprobó por unanimidad, el 12 de diciembre de 1998, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, misma que da origen a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros como organismo especializado que procure un mayor equilibrio en las relaciones de los usuarios con las instituciones financieras.

A partir de la crisis de 1995 la imagen del sector financiero entre el público usuario se ha deteriorado consistentemente debido a la falta de credibilidad en las propias instituciones, tanto por una insatisfacción en el servicio que ofrecen como por la existencia de bajos rendimientos y altas en el cobro de diversos servicios frente al cuestionado y elevado costo del rescate bancario y en adición a esto sus clientes todavía no encuentran los conductos institucionales adecuados y suficientes para resolver sus dudas o controversias por más sencillas que éstas sean.

Asimismo, es una realidad que los usuarios de los servicios financieros se enfrentan a problemas de certeza y seguridad jurídica respecto de los servicios que reciben, no sólo por la falta de información clara y objetiva, sino por las limitadas medidas de carácter preventivo que hasta ahora se han adoptado por las instancias correspondientes.

Sin embargo, en comparación con las reformas que se han hecho al sistema financiero, los esfuerzos del Congreso por equilibrar esta relación desigual entre usuarios e instituciones financieras no han sido igual de consistentes. En distintos foros se ha señalado que a dicha entidad le faltan dientes y muslos, pero nadie se ha preocupado por dárselos.

La entidad cuenta con 36 delegaciones en toda la República, insuficientes para atender a más de 40 millones de usuarios. Su presupuesto no ha crecido en los casi cinco años que tiene de existencia. Su estructura se ha visto reducida continuamente. Esta situación evita que la entidad cuente con el personal debidamente capacitado para realizar labores de prevención y de fomento de la cultura financiera. Asimismo se ha enfrentado a actitudes hostiles por parte de las instituciones financieras y de las propias autoridades.

A pesar de éstas y otras condiciones adversas, el organismo ha demostrado en los hechos que su existencia no sólo es necesario, es primordial para un sano desarrollo del sector financiero, pero su labor aún no alcanza las expectativas originalmente planteadas por el Poder Legislativo.

En tal virtud, me permito proponer a la consideración del honorable Congreso, esta iniciativa de decreto, con el propósito fundamental de mantener en equilibrio las relaciones entre los usuarios de los servicios financieros y las instituciones financieras.

A fin de proporcionar una visión general de las reformas y adiciones que se someten a consideración de esta soberanía, a continuación se describen las características generales de esta iniciativa, así como sus objetivos y alcances.

Por lo que se refiere a la fracción IV del artículo 12, se proponen varias modificaciones. En primer lugar derogar el segundo párrafo, con el fin de evitar interpretaciones erróneas o confusión sobre el ámbito de aplicación de esta ley. En segundo, incluir aquellas entidades que actualmente existen en el sector financiero, pero que no han sido previstas en esta ley, como son las sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión o las entidades de ahorro y crédito popular. Y finalmente, se da competencia al organismo para conocer de reclamaciones en contra de cualquier sociedad que ofrezca un producto o servicio financiero.

Se propone modificar el citado artículo 9º, a fin de ajustarlo a esta disposición constitucional.

Existen casos en los cuales el quehacer de la Condusef resulta insuficiente para brindar un adecuado apoyo al usuario cuando su patrimonio se ve afectado por un fraude perpetrado mediante cajeros automáticos, consumos o expedición de cheques, siendo necesario dotar a la comisión de mayores atribuciones para coadyuvar con el Ministerio Público en la integración de la averiguación previa correspondiente, por lo que se propone adicionar al artículo 11 una fracción en los términos antes señalados.

De conformidad con las disposiciones vigentes, las instituciones financieras pueden solicitar la condonación de una sanción, sin embargo el procedimiento resulta complejo, ya que se tiene que someter el asunto correspondiente a la aprobación de la Junta de Gobierno, órgano que por ser la máxima autoridad de la Comisión Nacional, no es el administrativamente adecuado para conocer a detalle y resolver sobre el particular. Al respecto se propone trasladar esta atribución al presidente de la comisión, lo que permitirá agilizar la atención a este tipo de solicitudes.

De conformidad con lo establecido en la Ley sobre el Contrato de Seguro, el plazo de prescripción de las acciones derivadas de dicho acto es de dos años a partir del acontecimiento que les dio origen, por lo que se propone dar el mismo tratamiento que en justicia corresponde a un usuario afectado por un problema vinculado con seguros respecto de otro usuario, cuya reclamación se enderece contra alguna institución financiera, modificando para tales efectos el artículo 65.

De la misma forma se sugiere prever la posibilidad de realizar la conciliación vía telefónica por cualquier medio idóneo en aquellos casos que así lo permitan. Asimismo se faculta a la Comisión Nacional para que cuantifique la obligación contractual y en estos casos el dictamen que emita adquiera la naturaleza de título ejecutivo no negociable a favor del usuario, lo cual permitirá que sin resolver de manera vinculativa sobre el asunto, se proporcione al usuario un documento que le permita agilizar el procedimiento que habrá de entablar ante la autoridad jurisdiccional.

Actualmente la ley exige que en el caso de no lograrse un acuerdo conciliatorio, la autoridad necesariamente deba ordenar el registro del pasivo contingente o la constitución de la reserva técnica correspondiente, circunstancia que se vuelve inequitativa cuando de las constancias que obran en el expediente de méritos se desprende la improcedencia de la reclamación formulada por el usuario. En este caso procede en estricta justicia, admitir legalmente la posibilidad de no ordenar dichos actos por lo que se propone la modificación respectiva.

El proyecto también incorpora una disposición que prevé el carácter de sentencia ejecutoria que debe atribuirse a los convenios conciliatorios firmados ante la comisión nacional evitando así problemas de interpretación, ya que la ley vigente contempla esta circunstancia únicamente dentro del apartado relativo al arbitraje. Con la finalidad de otorgar más atribuciones a la comisión nacional para sancionar las instituciones financieras cuando reiteradamente han incurrido en violaciones a la ley, se adiciona la facultad de ordenar la clausura de sucursales, matriz u oficinas de la infractora especificándose la gravedad de los casos que ameriten esta sanción.

Se plantea un procedimiento a partir del cual las multas se hagan efectivas cargando su importe en las cuentas de las instituciones financieras, lo cual también fortalece el presupuesto del organismo haciéndolo financieramente más viable. La misma fórmula se propone para el caso de ejecución de sentencia.

Por lo que se refiere al recurso administrativo de revisión, se propone establecer su carácter optativo, a fin de reconocer la posibilidad de que el afectado pueda demandar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sin tener necesariamente que agotar este recurso.

Por otra parte, se establece también una nueva redacción, especificando la procedencia del recurso exclusivamente contra aquellas resoluciones que pongan fin al procedimiento o impongan una sanción, con el propósito de evitar que este medio de defensa sea utilizado exclusivamente como táctica dilatoria que dificulte y de que efectúe el procedimiento conciliatorio respectivo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara, la siguiente:

Iniciativa de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Señor Presidente, por autonomía legislativa le solicito se incluya la transcripción completa de esta iniciativa en el Diario de los Debates concluyendo con ésta la presentación de la iniciativa en comento.

Por su atención, señoras y señores diputados, muchas gracias.

«Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

La suscrita, Margarita Saldaña Hernández, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del H. Congreso de la Unión la presente Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, conforme a la siguiente

Exposición de motivos

La crisis bancaria genera gran interés de los poderes legislativo y ejecutivo sobre el sector financiero en general y su modernización, lo cual se ha visto reflejado en el número de reformas que se han realizado a las leyes relacionadas con el mismo como son la Ley de Instituciones de Crédito, que a partir de 1994 se ha reformado trece veces, o la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros que se ha reformado diez veces o la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que se ha reformado diez veces, inclusive, se aprobó la denominada miscelánea de garantías, a fin de facilitar a las instituciones financieras el cobro efectivo de las garantías que le otorgan los usuarios.

Asimismo, para responder a la irritación social derivada de esta crisis y la carencia de medios de defensa eficientes para resolver las controversias con las instituciones financieras, la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión aprobó por unanimidad el 12 de diciembre de 1998, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, misma que da origen a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros como organismo especializado que procure un mayor equilibrio en las relaciones de los usuarios con las instituciones financieras. En diciembre de 1999 se presentó una iniciativa de reformas a esta Ley, misma que volvió a ser aprobada por unanimidad, es decir, todos los partidos han coincidido en la necesidad de proteger y defender los derechos de los mexicanos en contra de las prácticas abusivas de las instituciones financieras.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) es un Organismo Público Descentralizado, cuyo objeto es promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas que utilizan o contratan un producto o servicio financiero ofrecido por las Instituciones Financieras que operen dentro del territorio nacional, así como también crear y fomentar entre los usuarios una cultura adecuada respecto de las operaciones y servicios financieros.

Las atribuciones del organismo van dirigidas a todo usuario, entendiendo a éste como la persona que contrata, utiliza o que por cualquier otra causa tiene un derecho respecto de un producto o servicio ofrecido por algunas Instituciones Financieras debidamente autorizadas y clasificadas como instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, especialistas bursátiles, sociedades de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, instituciones de seguros, administradoras de fondos para el retiro, empresas operadoras de la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro y cualquier otra sociedad que realice actividades análogas a las de las sociedades anteriormente mencionadas, que ofrezca un producto o servicio financiero.

Diagnóstico del sector financiero

A partir de la crisis de 1995, la imagen del sector financiero entre el público usuario se ha deteriorado consistentemente debido a la falta de credibilidad en las propias instituciones, tanto por una insatisfacción en el servicio que ofrecen como por la existencia de bajos rendimientos y alzas en el cobro de diversos servicios, frente al cuestionado y elevado costo del rescate bancario. En adición, sus clientes todavía no encuentran los conductos institucionales adecuados y suficientes para resolver sus dudas o controversias, por más sencillas que éstas sean.

Asimismo, es una realidad que los usuarios de servicios financieros se enfrentan a problemas de certeza y seguridad jurídica respecto de los servicios que reciben, no sólo por la falta de información clara y objetiva, sino por las limitadas medidas de carácter preventivo que hasta ahora se han adoptado por las instancias correspondientes.

Sin embargo, en comparación con las reformas que se han hecho al sistema financiero, los esfuerzos del Congreso por equilibrar esta relación desigual entre usuarios e instituciones financieras no han sido igual de consistentes.

En distintos foros se ha señalado que a dicha entidad le faltan dientes y músculo, pero nadie se ha preocupado por dárselos. La entidad cuenta con 36 delegaciones en toda la República, insuficientes para atender a más de 40 millones de usuarios; su presupuesto no ha crecido en los casi cinco años que tiene de existencia, su estructura se ha visto reducida continuamente, esta situación evita que la entidad cuente con el personal debidamente capacitado para realizar labores de prevención y de fomento de la cultura financiera; asimismo se ha enfrentado a actitudes hostiles por parte de las instituciones financieras y de las propias autoridades.

A pesar de éstas y otras condiciones adversas, el organismo ha demostrado en los hechos que su existencia no sólo es necesaria, es primordial para un sano desarrollo del sector financiero. Pero su labor aún no alcanza las expectativas originalmente planteadas por el Poder Legislativo.

Si todos los partidos pugnamos porque este organismo se creara; a cinco años de este hecho, es el momento para darle un nuevo impulso a esta entidad, buscar su crecimiento y dotarle de mayores herramientas legales, ya que si no actuamos de inmediato para que la Comisión Nacional proporcione un servicio acorde al reto planteado, sus deficiencias necesariamente en algún momento se traducirán en una disminución e ineficiencia en la protección y defensa a los usuarios de servicios financieros.

En este sentido, consideramos pertinente seguir fortaleciendo las atribuciones de la Condusef, de esta manera se podrán tener las herramientas y los mecanismos necesarios para que los usuarios de servicios financieros cuenten con una defensa más eficaz frente a los abusos de las Instituciones Financieras.

Es un hecho que la Condusef es una ventana hacia el público, también lo es el que la Condusef ha ido abriendo camino para posicionarse como una entidad importante, por tratar de transmitir en forma comprensible temas financieros de interés para la generalidad del público que, como usuario de los servicios financieros, ha permanecido al margen de cualquier política de este tipo.

En tal virtud, me permito proponer a la consideración del Honorable Congreso, esta iniciativa de decreto, con el propósito fundamental de mantener en equilibrio las relaciones entre los usuarios de servicios financieros y las instituciones financieras.

A fin de proporcionar una visión general de las reformas y adiciones que se someten a consideración de esta Soberanía, a continuación se describen las características generales de esta iniciativa, así como sus objetivos y alcances.

Por lo que se refiere a la fracción IV del artículo 2, se proponen varias modificaciones. En primer lugar, derogar el segundo párrafo, con el fin de evitar interpretaciones erróneas o confusión sobre el ámbito de aplicación de esta ley, en segundo, incluir aquellas entidades que actualmente existen en el sector financiero, pero que no han sido previstas en esta ley, como son las sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión o las entidades de ahorro y crédito popular; y, finalmente, se da competencia al organismo para conocer de reclamaciones en contra de cualquier sociedad que ofrezca un producto o servicio financiero.

La Condusef es un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones de trabajo se regulan por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional de conformidad con el artículo 9 de la Ley, sin embargo, dicha disposición es contraria a una norma de mayor jerarquía en el orden jurídico, como lo es el Apartado ``A'', fracción XXXI, inciso b), del artículo 123 constitucional, que establece que se regirán por este Apartado ``A'', los organismos descentralizados, aunado a que éste ha sido el criterio de la Suprema Corte de Justicia, por lo que se propone modificar el citado artículo 9, a fin de ajustarlo a esta disposición constitucional.

Existen casos en los cuales el quehacer de la Condusef resulta insuficiente para brindar un adecuado apoyo al usuario, cuando su patrimonio se ve afectado por un fraude perpetrado mediante cajeros automáticos, consumos o expedición de cheques, siendo necesario dotar a la Comisión de mayores atribuciones para coadyuvar con el Ministerio Público en la integración de la averiguación previa correspondiente, por lo que se propone adicionar al artículo 11 una fracción en los términos antes señalados.

El procedimiento conciliatorio constituye una importante alternativa para solucionar la controversia específica que se presente. No obstante para que el conciliador logre desempeñar un papel activo y cualitativamente propositivo, es menester que tenga la facultad de allegarse de todos los elementos de juicio disponibles para tener una clara percepción del problema y estar en posibilidad de realizar propuestas de solución. Con ese propósito se plantea ampliar la facultad de la Comisión para requerir no únicamente información, sino también documentación y aquellos elementos que estime necesarios, ya que en la medida que los distintos actores del sistema financiero proporcionen al organismo mayores elementos e información, la Condusef podrá otorgar servicios más eficientes.

De conformidad con las disposiciones vigentes, las instituciones financieras pueden solicitar la condonación de una sanción, sin embargo el procedimiento resulta complejo, ya que se tiene que someter el asunto correspondiente a la aprobación de la Junta de Gobierno, órgano que por ser la máxima autoridad de la Comisión Nacional, no es administrativamente el adecuado para conocer a detalle y resolver sobre el particular. Al respecto se propone trasladar esta atribución al Presidente de la Comisión, lo que permitirá agilizar la atención de este tipo de solicitudes.

Los criterios entre las instituciones financieras varían de una entidad a otra, por lo que resulta necesario que la Comisión regule los aspectos que inciden en los derechos de los usuarios de los servicios financieros, expidiendo para ello disposiciones de carácter general en el ámbito de su competencia.

La fracción V del artículo 63 de la Ley, faculta al organismo para suplir la deficiencia de las reclamaciones presentadas por el usuario, sin embargo, la redacción actual no resulta clara, por lo que se propone su modificación, a fin de aclarar los alcances de esta disposición.

De conformidad con lo establecido en la ley sobre el contrato de seguro, el plazo de prescripción de las acciones derivadas de dicho acto, es de dos años, a partir del acontecimiento que les dio origen, por lo que se propone dar el mismo tratamiento que en justicia corresponde a un usuario afectado por un problema vinculado con seguros, respecto de otro usuario, cuya reclamación se enderece contra alguna otra institución financiera, modificando para tales efectos el artículo 65.

Se propone realizar un ajuste de redacción al artículo 66 con la finalidad de no confundir las figuras de interrupción y suspensión de la prescripción, ya que en el caso de la primera no existe necesidad de especificar algún lapso de duración.

También se incorporan en este proyecto algunas modificaciones al procedimiento conciliatorio que pretende agilizar el mismo y dotar de mejores herramientas a la autoridad, para lograr un mayor impacto como resultado de su intervención en el avenimiento del conflicto. Tal es el caso de la atribución consistente en solicitar elementos adicionales e inclusive probatorios al momento de requerir el informe correspondiente.

De la misma forma se sugiere prever la posibilidad de realizar la conciliación vía telefónica o por cualquier medio idóneo en aquellos casos que así lo permitan. Asimismo, se faculta a la Comisión Nacional para que cuantifique la obligación contractual y en estos casos el dictamen que emita adquiera la naturaleza de título ejecutivo no negociable a favor del usuario, lo cual permitirá que sin resolver de manera vinculativa sobre el asunto, se proporcione al usuario un documento que le permita agilizar el procedimiento que habrá de entablar ante la autoridad jurisdiccional.

Actualmente la ley exige que en el caso de no lograrse un arreglo conciliatorio, la autoridad necesariamente deba ordenar el registro del pasivo contingente o la constitución de la reserva técnica correspondiente; circunstancia que se vuelve inequitativa cuando de las constancias que obran en el expediente de mérito se desprende la improcedencia de la reclamación formulada por el usuario. En este caso procede en estricta justicia admitir legalmente la posibilidad de no ordenar dichos actos, por lo que se propone la modificación respectiva.

El proyecto también incorpora una disposición que prevé el carácter de sentencia ejecutoria que debe atribuirse a los convenios conciliatorios firmados ante la Comisión Nacional evitando así problemas de interpretación; ya que la ley vigente contempla esta circunstancia únicamente dentro del apartado relativo al arbitraje.

Por otra parte, se realiza una precisión en la redacción de la ley para especificar que el plazo de quince días hábiles para el cumplimiento de un laudo correrá a partir de la notificación de que éste ha quedado firme.

Con la finalidad de otorgar más atribuciones a la Comisión Nacional para sancionar a las instituciones financieras cuando reiteradamente han incurrido en violaciones a la ley, se adiciona la facultad de ordenar la clausura de sucursales, matriz u oficinas de la infractora especificándose la gravedad de los casos que ameriten esta sanción.

La consecuencia del incumplimiento de la ley, consistente en la imposición de una sanción la cual al hacerse efectiva, pasa a formar parte del patrimonio del organismo, en múltiples casos pierde su eficacia al dificultarse administrativamente la ejecución de la misma, por lo que el proyecto que nos ocupa, plantea un procedimiento a partir del cual las multas se hagan efectivas cargando su importe en las cuentas de las instituciones financieras, lo cual también fortalece el presupuesto del organismo, haciéndolo financieramente más viable; la misma fórmula se propone para el caso de ejecución de sentencias.

Por lo que se refiere al recurso administrativo de revisión se propone establecer su carácter optativo, a fin de reconocer la posibilidad de que el afectado pueda demandar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sin tener necesariamente que agotar este recurso. Por otra parte, se establece también una nueva redacción especificando la procedencia del recurso, exclusivamente contra aquellas resoluciones que pongan fin al procedimiento o impongan una sanción con el propósito de evitar que este medio de defensa sea utilizado exclusivamente como táctica dilatoria que dificulte y desvirtúe el procedimiento conciliatorio respectivo.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Cámara, la siguiente

Iniciativa de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

ARTICULO PRIMERO: Se REFORMAN los artículos 2, fracción IV; 9; 11, fracciones XX y XXVI; 12; 26, fracción XIX; 39; 42; 50 Bis, fracciones IV y V; 63, fracción V; 65; 66; 67; 68, fracciones III y VII, en donde el párrafo segundo pasa a ser el tercero; 69; 72 Bis; 75 fracciones III y V; 81 y 99; se ADICIONAN los artículos 11, fracciones XVII, con segundo párrafo; XX, con un segundo y tercer párrafos y XXVII; 26, fracción XX; 50 Bis fracción V; 59 Bis; 67,con un segundo párrafo; 68 fracciones I, con un segundo párrafo, VII con un segundo, cuarto y quinto párrafos y X con un tercer párrafo; 68 Bis; 70 con un segundo párrafo y 95 Bis; se DEROGAN los artículos 2, fracción IV, segundo párrafo y 22, fracción XVIII, para quedar como sigue:

Artículo 2o...

I a III...

IV. Institución Financiera, en singular o plural, a las sociedades controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, especialistas bursátiles, sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, entidades de ahorro y crédito popular, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, instituciones de seguros, sociedades nacionales de crédito, sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el retiro, empresas operadoras de la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro y cualquiera otra sociedad que ofrezca un producto o servicio financiero y o realice actividades análogas a las de las sociedades enumeradas anteriormente.

V a IX...

Artículo 9o. Las relaciones de trabajo entre la Comisión Nacional y sus trabajadores se regularán por la Ley Federal del Trabajo y las condiciones generales de trabajo que al efecto se determinen.

Artículo 11. La Comisión Nacional está facultada para:

I a XIX...

XX. Solicitar a las autoridades la información que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión Nacional.

La Comisión Nacional podrá en su caso, solicitar a las Comisiones Nacionales, la información sobre los contratos de adhesión, publicidad, modelos de estados de cuenta, unidades especializadas de atención a usuarios, productos y servicios financieros y toda aquella información relacionada con las instituciones financieras y que el organismo requiera para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

Asimismo, podrá requerir los reportes de crédito necesarios para la sustanciación de los procedimientos de conciliación y de arbitraje a que se refiere esta Ley. Para todos los efectos legales, la sola presentación de la reclamación por parte del usuario, faculta a la Comisión Nacional para exigir la información relativa;

XXI a XXV...

XXVI. Coadyuvar con el Ministerio Público en la integración de la averiguación previa derivada de la comisión de delitos relacionados con los servicios y productos financieros;

XXVII. Ejercer la facultad prevista en los artículos 251 y 260 de la ley de Concursos Mercantiles, nombrando en caso de ser necesario a interventores cuando sea declarada en concurso mercantil una institución de crédito o una institución auxiliar del crédito y

XXVIII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento.

Artículo 12. Para el debido cumplimiento de las facultades que esta Ley atribuye a la Comisión Nacional, las unidades administrativas de la Secretaría, las Comisiones Nacionales, el Banco de México, así como las Instituciones Financieras, deberán proporcionarle la información, documentación y todos aquellos elementos que les solicite.

Artículo 22. Corresponde a la Junta:

I a XVII...

XVIII. Se deroga;

XIX a XXIV...

Artículo 26. Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional:

I a XVII...

XVIII. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración y pleitos y cobranzas, aun de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias;

XIX. Resolver respecto de la condonación, reducción o conmutación de multas y

XX. Las demás que le atribuya la Junta, esta Ley u otros ordenamientos.

Artículo 39. Para la vigilancia y control de la Comisión Nacional, la Secretaría de la Función Pública designará un Comisario Público Propietario y uno Suplente, quienes actuarán ante la Junta, independientemente del órgano de control interno a que se refiere este Capítulo.

Artículo 42. El órgano de control interno de la Comisión Nacional tendrá las facultades que señalen las disposiciones legales aplicables, el Estatuto Orgánico y demás ordenamientos. Desarrollará sus atribuciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública, de la cual dependerá su Titular, así como sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades.

Artículo 50 Bis. ...

I a III...

IV. Deberá responder por escrito al Usuario dentro de un plazo que no exceda de 30 días hábiles, contado a partir de la fecha de recepción de las consultas o reclamaciones;

V. El titular de la Unidad Especializada deberá presentar un informe trimestral a la Comisión Nacional diferenciado por producto o servicio, identificando las operaciones o áreas que registren el mayor número de consultas o reclamaciones, con el alcance que la Comisión Nacional estime procedente. Dicho informe deberá realizarse en el formato que al efecto autorice, o en su caso proponga la propia Comisión Nacional y

V. Con los resultados del análisis efectuado por la Comisión Nacional, ésta hará del conocimiento del Consejo de Administración de la Institución Financiera de que se trate los productos y servicios, así como las áreas de la institución que implican el mayor número de reclamaciones y las causas que las motiven, a fin de que se adopten las medidas correctivas que sean necesarias.

Artículo 63. La Comisión Nacional recibirá las reclamaciones de los usuarios con base en las disposiciones de esta Ley. Dichas reclamaciones podrán presentarse ya sea por comparecencia del afectado, en forma escrita o por cualquier otro medio idóneo, cumpliendo los siguientes requisitos:

I a IV...

V. Documentación que ampare la contratación del servicio que origina la reclamación.

La Comisión Nacional estará facultada para suplir la deficiencia de las reclamaciones en beneficio del Usuario.

...

Artículo 65. Las reclamaciones deberán presentarse dentro del término de dos años contados a partir de que se presente el hecho que les dio origen.

La reclamación podrá presentarse, a elección del Usuario, en el domicilio de la Comisión Nacional o en cualquiera de las Delegaciones.

Artículo 66. La reclamación que reúna los requisitos señalados, por su sola presentación, interrumpirá la prescripción de las acciones legales correspondientes, hasta que concluya el procedimiento de conciliación.

Artículo 67. La Comisión Nacional correrá traslado a la Institución Financiera acerca de la reclamación presentada en su contra, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la misma, anexando todos los elementos que el Usuario hubiera aportado y señalando en el mismo acto la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, con apercibimiento de sanción pecuniaria en caso de no asistir.

La Comisión Nacional podrá en todo momento solicitar a la Institución Financiera información, documentación y todos los elementos relacionados con la reclamación.

Tratándose de instituciones de fianzas, deberá citarse al fiado en el domicilio que la Institución tuviere de éste o de su representante legal.

(Iniciativa del Diputado Helíodoro Carlos Díaz Escárraga)

Artículo 68. La Comisión Nacional deberá agotar el procedimiento de conciliación, conforme a las siguientes reglas:

I. La Comisión Nacional citará a las partes a una audiencia de conciliación que se realizará dentro de los 20 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se reciba la reclamación.

Si a juicio de la Comisión Nacional las circunstancias del caso así lo permiten se intentará la conciliación inmediata por cualquier medio idóneo, en cuyo caso será necesario se confirmen por escrito los compromisos adquiridos;

II...

III. En el informe citado en la fracción anterior, la Institución Financiera deberá responder de manera razonada a todos y cada uno de los hechos a que se refiere la reclamación, anexando los elementos que en cada caso solicite la Comisión Nacional o aquéllos en los que se sustente su dicho. En caso contrario, dicho informe se tendrá por no presentado para todos los efectos legales a que haya lugar;

IV a VI...

VIl. En la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses y, si esto no fuere posible, la Comisión Nacional las invitará a que, de común acuerdo, designen como árbitro para resolver su controversia a la propia Comisión Nacional o a alguno o algunos de los árbitros que ésta les proponga, quedando a elección de las mismas que el juicio arbitral sea en amigable composición o de estricto derecho. El compromiso correspondiente se hará constar en el acta que al efecto se firme ante la Comisión Nacional. En caso de no someterse al arbitraje se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes o en la vía que proceda.

En el evento de que la Institución Financiera no asista a la junta de conciliación o las partes rechacen el arbitraje, la Comisión Nacional podrá emitir, previa solicitud por escrito del Usuario, un dictamen técnico. Para la elaboración del dictamen, la Comisión Nacional podrá allegarse todos los elementos que juzgue necesarios.

El dictamen contendrá una valoración técnico-jurídica elaborada con base en la información que hayan presentado las partes, tanto en el escrito de reclamación, como en el informe a que se refiere la fracción II del presente artículo; así como en la documentación que se haya exhibido en el procedimiento de conciliación o que haya sido requerida por la Comisión Nacional, así como en los elementos adicionales que el organismo se hubiere allegado.

La Comisión Nacional entregará al reclamante, contra pago de su costo, copia certificada del dictamen técnico para los efectos a que hubiere lugar, el cual, ante los tribunales judiciales hará prueba plena.

El Usuario podrá solicitar que en el dictamen se cuantifique en cantidad liquida la obligación contractual a cargo de la institución financiera, en este caso, el proyecto de dictamen se hará del conocimiento de las partes a los 15 días siguientes, en una audiencia donde se podrán formular observaciones al mismo.

El dictamen a que se refiere el párrafo anterior constituirá título ejecutivo no negociable a favor del usuario, dicho título se ejecutará por la vía jurisdiccional respectiva, dentro de la cual la Institución Financiera podrá controvertir el título y oponer las excepciones que estime convenientes;

VIII y IX ...

X. Concluidas las audiencias de conciliación y en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, la Comisión Nacional ordenará a la Institución Financiera correspondiente que registre el pasivo contingente que derive de la reclamación, dando aviso de ello, en su caso, a las Comisiones Nacionales a las que corresponda su supervisión. Ese registro contable podrá ser cancelado por la Institución Financiera, bajo su estricta responsabilidad, si transcurridos 180 días naturales después de su anotación, el reclamante no ha hecho valer sus derechos ante la autoridad judicial competente o no ha dado inicio al procedimiento arbitral conforme a esta Ley.

En el caso de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la orden mencionada en el primer párrafo de esta fracción, se referirá a la constitución e inversión conforme a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros de una reserva técnica específica para obligaciones pendientes de cumplir, cuyo monto no deberá exceder de la suma asegurada. Dicha reserva se registrará en una partida contable determinada.

Si de las constancias que obren en el expediente respectivo se desprende a juicio de la Comisión la notoria improcedencia de las pretensiones del usuario ésta podrá abstenerse de ordenar el pasivo contingente o la reserva técnica.

XI. En el caso de que la Comisión Nacional determine que las Instituciones Financieras incumplieron con las disposiciones legales o contractuales aplicables a los productos o servicios financieros, impondrá una multa equivalente hasta por el doble del monto de lo reclamado o perjuicio causado al usuario.

(Iniciativa del Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga)

Artículo 68 Bis. En materia jurisdiccional, los tribunales no darán entrada a demanda alguna contra una institución financiera, si el actor en ella no afirma bajo protesta de decir verdad, que ante la Comisión Nacional se agotó el procedimiento de conciliación establecido en este Capítulo.

En cualquier momento en que aparezca que no se agotó el procedimiento de conciliación, deberá sobreseerse la instancia e imponer al actor las costas originadas por el procedimiento.

La omisión del procedimiento de conciliación en vía administrativa constituye, además, una excepción que puede interponerse por la institución financiera demandada.

Los Jueces para ejecutar sus sentencias ejecutoriadas requerirán al Banco de México que se hagan efectivas en las cuentas que lleven de cada Institución Financiera.

Artículo 69. En el caso de que el Usuario no acuda a la audiencia de conciliación y no presente dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha fijada para su celebración justificación de su inasistencia, se levantará el acta respectiva en la que se hará constar la razón, pudiendo presentar por única ocasión una nueva, dentro de los siguientes 90 días naturales, con la finalidad de agotar el procedimiento conciliatorio.

La falta de comparecencia del fiado o de su representante, no impedirá que se lleve a cabo la audiencia de conciliación.

Artículo 70. En caso de que la Institución Financiera incumpla con cualesquiera de las obligaciones derivadas del convenio de conciliación, la Comisión Nacional ordenará a la Institución Financiera correspondiente que registre el pasivo contingente que derive de la reclamación o, en su caso, como reserva en términos de lo establecido en el artículo 68 fracción X.

Los convenios celebrados ante la Comisión Nacional tendrán los efectos de una sentencia ejecutoria.

Artículo 72 Bis. En los juicios arbitrales en amigable composición o de estricto derecho, las partes de común acuerdo podrán adherirse a las reglas de procedimiento establecidas por la Comisión Nacional, total o parcialmente.

...

Artículo 75. El procedimiento arbitral de estricto derecho se sujetará como mínimo a los plazos y bases siguientes:

I a III...

III. Salvo convenio expreso de las partes, contestada la demanda o transcurrido el plazo para hacerlo, se dictará auto abriendo el juicio a un periodo de prueba de 40 días hábiles, de los cuales los 10 primeros serán para ofrecer aquellas pruebas que tiendan a desvirtuar las ofrecidas por el demandado y los 30 restantes para el desahogo de todas las pruebas. Cuando a juicio del árbitro y atendiendo a la naturaleza de las pruebas resulte insuficiente el mencionado plazo, éste podrá ser ampliado por una sola vez. Concluido el plazo o la prórroga otorgada por el árbitro, sólo les serán admitidas las pruebas supervenientes, conforme a lo previsto en el Código de Comercio;

IV...

V. Tres días comunes para formular alegatos;

VI a IX...

Artículo 81. En caso de que el laudo emitido condene a la Institución Financiera y una vez que quede firme, se dará un plazo de 15 días hábiles contado a partir de la notificación para su cumplimiento o ejecución.

...

...

Artículo 95 Bis. La Comisión Nacional podrá sancionar con la clausura de la sucursal, matriz u oficinas de las Instituciones Financieras, la cual podrá ser hasta de 10 días, el que una Institución Financiera tenga como una práctica reiterada contravenir lo dispuesto por esta Ley.

Artículo 99. Procede el recurso de revisión contra aquellos actos o resoluciones que pongan fin a un procedimiento, o bien, cuando a través del mismo se imponga una sanción.

(Iniciativa del Sen. David Jiménez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional)

``La interposición del recurso de revisión será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.''

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 30 de marzo de 2004.--- Dip. Margarita Saldaña Hernández, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Muchas gracias, Margarita Saldaña Hernández.

Como lo pide, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en caso de que no haya sido publicada y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para prohibir actos de discriminación laboral contra las mujeres.

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo:

Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante.

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo:

Diputadas y diputados:

Permítanme en primer lugar dedicar esta intervención del grupo parlamentario del PAN, a Lisa Isabel Salas, una de las principales mujeres panistas que lucharon por la democracia de este país.

Impulsora de la organización de mujeres dentro del PAN, promotora de la participación de la mujer en la política y en la toma de decisiones.

Ella fue la primera mujer en formar parte del Comité Ejecutivo Nacional desde 1953, la recuerdo hablando con orgullo de su trabajo en el PAN y de su padre con el orgullo que habla una hija de un padre digno y congruente en el hacer y en el pensar.

Cuando celebramos los 50 años del Reconocimiento del Derecho al Voto de la Mujer, aquí los panistas la recordaron, aún vivía, el domingo 28 de marzo, ella murió. Por ella va.

Acción Nacional ha sostenido que toda forma de discriminación debe ser rechazada, corregida y, en su caso, sancionada. La equidad de género significa que mujeres y hombres deben desarrollarse plena, libre y responsablemente.

La discriminación existente contra la mujer en la familia, el trabajo, la política y en las demás esferas sociales, es inaceptable, los hombres y mujeres deben reconocer mutuamente su valor propio y responsabilizarse el uno del otro compartiendo las tareas que les corresponde dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos y obligaciones.

Cada vez somos más quienes hemos caído en la cuenta de la discriminación laboral hacia las mujeres, estoy segura que quienes formaron parte de esta Cámara de Diputados, todos tenemos una hermana, una tía, una mamá, una hija, una sobrina, que ha sido discriminada en la vida laboral de este país. Nos encontramos ante un asunto arraigado en la cultura y aunque hubo esfuerzos por eliminarlo está ahí, como norma cultural.

Me atrevería a decir que la discriminación contra la mujer no siempre es conscientemente intencional, porque tratándose de asuntos culturales es mucho más difícil la erradicación y para ello están también las leyes, para contribuir, para crear las condiciones para que las personas, hombres y mujeres, puedan desarrollarse plenamente.

Poco se ha reformado la Ley Federal del Trabajo desde su creación en 1970.

Se realizaron reformas en 1974 a los artículos 132, 133 y 166, sobre todo por el marco de la Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada por la ONU en México, que fue en 1975.

Poco se ha reformado la Ley Federal del Trabajo que desde 1970 y de 1970 para acá mucho ha cambiado este país. El ingreso de las mujeres al mercado laboral, el ingreso de los jóvenes, nuevas industrias, incluso la industria como la computación no existía en esa época y esa realidad no la tomó en cuenta la ley.

Muchos, muchos han sido los motivos y los pretextos para discriminar a las mujeres en materia laboral, desde ridículos y simples pretextos, hasta los más sofisticados: que si está embarazada, que si se va a casar, que si va a tener hijos... Es que en el caso de las mujeres, hay futurismos, suposiciones y hasta hace poco se oía decir como, bueno, es por su bien... es por el bien de la familia... Son pretextos para no contratarlas, son pretextos para despedirlas.

Todos los que estamos aquí, conocemos a quienes dejando a un lado el curriculum inicia una cadena de preguntas, varias de ellas escondiendo juicios calificativos. Frente a una mujer que solicita un trabajo le dicen: bueno y cuándo te casas... y cuándo vas a tener hijos... pero verdad que cuando tengas hijos te vas a salir... Porque es muy importante que la mamá esté con los hijos como si no fuera importante que los papás estuvieran.

No sé cuántas veces se le hacen esas preguntas a los hombres que solicitan un trabajo, pero dudo mucho que sea con la misma frecuencia que se le hace a las mujeres.

Esta nueva realidad laboral en la que están inmersas las mujeres que trabajan fuera de su hogar, es una realidad que no está contemplada ni en la cultura de quienes contratan ni de los contratados ni en la ley que rige la vida laboral del país.

No es la primera vez que se presenta una iniciativa por parte del PAN, en esta materia, para eliminar la discriminación de las mujeres en la vida laboral. Los ordenamientos internacionales lo exigen, lo exige una larga lucha de mujeres que desde la sociedad civil ha señalado la importancia de que se plasme en la ley laboral disposiciones como ésta; hay propuestas innumerables en los parlamentos de mujeres y muchas otras que hemos presentado desde diversos partidos.

Porque es una exigencia de la realidad, presentamos esta iniciativa en la que se destaca el hecho de que la discriminación contra la mujer debe ser considerada como un ataque a los derechos de terceros y son muchos los motivos por los que se discriminan, particularmente la edad, el embarazo, el estado civil, especialmente en el caso de matrimonios.

Esta iniciativa por eso es tan enfática al prohibir a los empleadores la exigencia del certificado de ingravidez como parte de la solicitud de un empleo o bien para mantener el empleo o un motivo para despedirla.

Las mujeres se han integrado a la vida laboral del país no sólo por su situación económica, sino porque el trabajo realiza a las personas. ``Es el trabajo, dice Acción Nacional en sus principios de doctrina, una acción humana, creadora y transformadora''. No puede, no debe haber discriminación alguna porque deja de ser una actividad y de humanización de la sociedad; nos degrada como sociedad, nos degrada como humanidad.

La ley tiene como fin, además de la justicia y la seguridad jurídica, lograr el bien común y el perfeccionamiento de la sociedad, por ello, además de esta iniciativa estaremos presentando muchas otras de flexibilización de horario, de prohibición al hostigamiento sexual, de discriminaciones, de acciones afirmativas.

Hemos presentado ya la semana pasada, los tiempos para que una mujer pueda optar para su descanso en el caso del parto y posparto, lo estamos haciendo en temas de genero, lo haremos en otros temas para llamar la atención a esta Cámara para que vuelva haber estos temas de mujeres jóvenes en la vida laboral, unos temas que urgen al país que son de la vida diaria, de lo cotidiano, de lo simple, de la esencia de la vida del pueblo de México.

Le pido, señor Presidente que integre lo dicho aquí como parte de la exposición de motivos y lo que se presenta en el Diario de Debates y en mérito del tiempo y de que está publicado en el Diario de Debates, me permitiré únicamente leer lo conducente en la propuesta en los artículos correspondientes, en donde dice:

Además del artículo 5º al 133. Queda prohibido a los empleadores, negarse a aceptar trabajadores por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, responsabilidades familiares, en general aduciendo cualquier distinción discriminatoria.

Queda prohibido a los empleadores. Fracción XII, exigir la presentación de certificados médicos de ingravidez a las mujeres que soliciten un empleo.

Fracción XIII.- Despedir una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, cambiar de estado civil o por tener a su cargo el cuidado de hijos menores.

El artículo 164, que señalaría las causas que se considera discriminación laboral contra la mujer. Exigirle el certificado médico de ingravidez para obtener o mantener un empleo, negarle la admisión por el hecho de ser mujer, estar embarazada o tener un estado civil determinado o tener al cuidado hijos menores.

Fracción III.- Despedirla de su empleo o coaccionarla para que renuncié a él, por estar embarazada, cambiar de estado civil o tener a su cuidado hijos menores y

Fracción IV.- Retribuirla con un salario inferior al que se pague a otros por trabajo de igual valor, realizar en su perjuicio cualquier otra distinción o exclusión por el hecho de ser mujer y que tenga por objeto del resultado, menoscabar, anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo. También se prevé en el artículo 164, las sanciones y las consecuencias.

Por su atención, muchas gracias.

«C. Presidente de la H. Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presente.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por medio de la suscrita Dip. Margarita Zavala Gómez del Campo, presenta, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y la fracción X del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para Prohibir actos de Discriminación Laboral contra las mujeres al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Honorable Asamblea:

La discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, dificulta la participación de ciertos grupos de población en la vida política, social, económica y cultural y constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia.

La discriminación es un fenómeno con múltiples aristas que puede manifestarse negando un puesto de trabajo (aún y cuando se cumpla con las obligaciones del mismo), por medio del despido, la confinación a determinadas ocupaciones, el trabajo forzoso u obligatorio o un salario menor.

La incorporación de la mujer a la actividad económica ha crecido de manera sostenida durante los últimos lustros: de 17.6% en 1970 a 35.3% en 2003. Si bien las condiciones laborales son ahora más equitativas que en el pasado, persiste la desigualdad, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Recientemente se han generado estadísticas sobre la discriminación salarial1, que dan cuenta que las mujeres reciben un menor salario que los hombres dentro de un mismo puesto de trabajo, en el que ambos tienen la misma calificación y laboran igual número de horas.

Por otro lado y no obstante que no se tiene certeza estadística, se sabe que en muchas ocasiones se exige que las aspirantes y trabajadoras cuenten con un certificado de no embarazo para acceder o mantener el empleo.

En México, las estadísticas dan a conocer un mercado laboral femenino que ha experimentado cambios vertiginosos en unos cuantos años, entre los cuales se encuentran (a) una progresiva participación en el trabajo extradoméstico; (b) la transición en la estructura sectorial, pasando de las actividades primarias hacia el sector de los servicios; (c) el paso de población joven hacia población adulta; d) el cambio en el estado civil, de mujeres solteras a mujeres separadas y divorciadas con responsabilidades familiares y (e) un número mayor de mujeres que realizan trabajo por cuenta propia.

Sin lugar a dudas, son las mujeres de edad adulta o avanzada quienes sufren de los mayores obstáculos para acceder al empleo y son las mujeres con responsabilidades familiares quienes más necesitan un empleo. Justamente por ellas es urgente reformar el marco jurídico, para prohibir las prácticas discriminatorias en todas sus dimensiones.

La discriminación no le conviene a nadie, sus consecuencias son adversas tanto en el plano individual como en lo social y afecta el desarrollo económico del país, ya que merma las oportunidades de las mujeres y los hombres para desarrollar su potencial, sus aptitudes y cualidades y para ser remunerados en función de sus méritos. La discriminación en el trabajo genera desigualdades en los resultados del mercado de trabajo y coloca en una situación de desventaja a los miembros de determinados grupos sociales:

En nuestra Proyección de Principios de Doctrina claramente dejamos establecido que la responsabilidad del Estado en materia laboral es integral. Una de sus obligaciones es determinar un marco institucional y legal que ampare las prestaciones que mujeres y hombres requieren para desempeñarse con dignidad.

La eliminación de la discriminación en el trabajo es fundamental para que la dignidad humana y la libertad individual, la justicia y la cohesión social sean más que llanas declaraciones.

La discriminación en el trabajo no se origina únicamente como consecuencia de actos aislados de un empleador o de un trabajador o de una única medida política. Más bien son los procedimientos, las prácticas y las instituciones del mercado de trabajo los que generan y refuerzan la discriminación o los que rompen el ciclo de la discriminación. Las instituciones y las prácticas no son inamovibles, y pueden cambiarse para promover la igualdad.2

No podemos dejar a un lado el esfuerzo de mexicanos y mexicanas que desde el gobierno, desde el Congreso y por supuesto desde la sociedad civil. Tales esfuerzos se ven reflejados en las reformas al artículo 1o. Constitucional, en el que se prohíbe toda forma de discriminación, se refleja en la creación de la Ley Federal par prevenir y eliminar la discriminación para la igualdad de oportunidades, se refleja en la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, y Adolescentes.

Sin embargo, los ordenamientos internacionales y constitucionales no están plasmados en la legislación laboral.

Si bien existe un amplio número de iniciativas legislativas para modificar la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que ésta no ha sido reformada, simplemente, por falta de voluntad política, porque todavía no es tiempo, porque hay que esperar a la reforma integral. Por lo que exhorto a que entremos de forma decidida a beneficiar a las mujeres trabajadoras de México.

En Acción Nacional hemos trabajado para que toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra, sea rechazada, corregida y, en su caso, sancionada.

Nos congratulamos de ser impulsores decididos en esta materia: la iniciativa que presentó la entonces Dip. María Elena Álvarez Bernal en 1996 para beneficiar a las mujeres trabajadoras ha servido de marco de referencia para posteriores iniciativas.

Para Acción Nacional, la equidad de género significa que mujeres y hombres deben desarrollarse plena, libre y responsablemente. La discriminación existente contra la mujer en la familia, el trabajo, la política y en las demás esferas sociales es inaceptable. Los hombres y mujeres deben reconocer mutuamente su valor propio y responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas que les corresponden dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos y de obligaciones.

Creemos que el trabajo es el espacio natural de la responsabilidad social. Es medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades. Tiene como eje a la persona humana. No es una mercancía y tiene primacía sobre el capital.

Toda persona apta para el trabajo debe tener oportunidad constante de realizarlo sin discriminación alguna. El acceso a las oportunidades laborales y al disfrute de su compensación debe ser igual para la mujer y para el hombre. El trabajo del hogar debe ser socialmente reconocido. Las responsabilidades familiares, sociales y económicas se deben atender con equidad por los hombres y las mujeres.

Coincidiendo con esa ideología, hemos ofrecido en nuestra Plataforma Legislativa 2003-2006, que la equidad de género debe fortalecerse en el ámbito laboral. Para ello propusimos combatir la discriminación reformando la Ley Federal del Trabajo para evitar prácticas como la solicitud obligatoria de certificado de ingravidez, la presión a renunciar por ser madre o padre, la negación del empleo por guardar un estado civil determinado, la retribución inferior, el hostigamiento sexual o la exclusión de la capacitación y el adiestramiento. Para lograr un México con oportunidades para hombres y mujeres más humano y libre.

Este proyecto forma parte de un paquete de iniciativas que Acción Nacional estará presentando, en congruencia con su Plataforma y con las demandas y necesidades de la sociedad en la esfera del trabajo. De ésta, destacamos las propuestas más importantes:

1. Se dicta que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca un salario menor por trabajo de igual valor, por el estado civil, el estado de gestación, la maternidad, las responsabilidades familiares o la discapacidad.

2. Se prohíbe explícitamente a los empleadores negarse a aceptar trabajadores por su estado civil, estado de gestación en la mujer, maternidad o responsabilidades familiares y, en general, aduciendo cualquier distinción discriminatoria de las previstas en esta Ley. Esto no significa que existan casos en el que por salud deban de pedirse más requisitos. Por ejemplo, en los trabajos que implique el manejo con radiaciones, o sustancias químicas que pudieran afectar en la salud de la madre o de la persona concebida.

3. Se elimina el término ``patrón'' y se reemplaza por el concepto actual de ``empleador'', adoptado y promovido a nivel internacional por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

4. Se adiciona un apartado especial para que se consideren como discriminación laboral contra la mujer el exigirle certificado de gravidez, negarle la admisión a un empleo, despedirla o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie a él, retribuirle un salario inferior y hostigarla sexualmente; asimismo y con la finalidad que las prohibiciones no sean letra muerta, se contemplan sanciones y la reparación del daño.

Por lo expuesto y fundado anteriormente, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para Prohibir actos de Discriminación Laboral Contra las Mujeres.

Artículo primero. Se adiciona el inciso b, de la fracción I del artículo 4; a la fracción XI, así como una fracción XIII para recorrer hasta la fracción XIV del artículo 5; a la fracción I y las fracciones XII y XIII del artículo 133, al primer y segundo párrafos y cinco fracciones del artículo 164; se adiciona un artículo 164-A de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 4o. No se podrá impedir el trabajo de ninguna persona...

I. Se atacan los derechos de tercero en los casos previstos en las leyes y en los siguientes:

a) ...

b) Cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor, con permiso o con licencia de maternidad, al presentarse nuevamente a sus labores.

...

Artículo 5o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea estricto o verbal, la estipulación que establezca:

I a X...

XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual valor, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, estado civil, sexo, maternidad, responsabilidades familiares, discapacidad o nacionalidad.

XII.

XIII. Renuncia al empleo por parte de la mujer trabajadora, en los casos en que contraiga matrimonio, se embarace o tenga a su cuidado hijos menores.

XIV. (se recorre la fracción XIII)

Artículo 133. Queda prohibido a los empleadores:

I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo o responsabilidades familiares y, en general, aduciendo cualquier distinción discriminatoria.

II. a XI.

XII. Exigir la presentación de certificados médicos de ingravidez a las mujeres que soliciten un empleo.

XIII. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, cambiar de estado civil o por tener a su cargo el cuidado de hijos menores.

Artículo 164. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. En consecuencia, se prohibe toda discriminación laboral contra las mujeres.

Se considera discriminación laboral contra la mujer las siguientes:

I. Exigirle certificado médico de ingravidez para obtener o mantener un empleo.

II. Negarle la admisión a un empleo por el hecho de ser mujer, estar embarazada, tener un estado civil determinado o tener al cuidado hijos menores.

III. Despedirla de su empleo o coaccionarla para que renuncie a él por estar embarazada, cambiar de estado civil o tener al cuidado hijos menores.

IV. Retribuirla con un salario inferior al que se pague a otros por trabajo de igual valor.

V. Realizar en su perjuicio cualquier otra distinción, exclusión por el hecho de ser mujer y que tenga por objeto o resultado menoscabar, anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo.

Artículo 164-A. La mujer en cuyo perjuicio se hubiera realizado cualquier discriminación de las contempladas en las fracciones I y II del artículo 164 tendrán derecho a solicitar el pago de una indemnización de tres meses del salario que hubiera devengado.

La mujer en cuyo perjuicio se hubiera realizado cualquier discriminación contemplada en las fracciones III, IV y V del mencionado artículo tendrá derecho a ejercer cualquiera de las acciones señaladas en el artículo 48 de la Ley o a rescindir el contrato de trabajo.

Artículo segundo. Se señalan como artículos transitorios:

Artículo 1o. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 2o. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en este Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de marzo de 2004.--- Diputados: Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Rocío Guzmán de Paz, María Guadalupe García Velasco, José Luis Treviño Rodríguez, Norma Patricia Saucedo Moreno, Lorena Torres Ramos, Adriana González Carrillo, Gabriela Ruiz del Rincón, Irene Blanco Becerra, Ruth Trinidad Hernández Martínez, Adriana González Furlong, Miguel Angel Toscano Velasco, Janette Ovando Reazola, Rogelio Flores Mejía, Tomás Antonio Trueba Gracian y Ramón Galindo Noriega.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada Margarita Zavala Gómez del Campo.

Como lo solicita insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

¿Con qué propósito, diputada? Por favor, activen el sonido en la curul de la diputada Mícher.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul):

Para solicitarle de la manera más atenta, se sirva turnarse esta iniciativa también a la Comisión de Equidad y Genero.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se turna también la iniciativa a la Comisión de Equidad y Genero, aparte de la Comisión de Trabajo.

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LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión; es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Reforma Agraria.

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su discusión y resolución, constitucional, la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Estas Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las facultades que les otorgan los artículos 39, numerales 1 y 2 fracciones XIX y XXX; 45; numeral 6, incisos f) y g) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 57, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso General, someten a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados en fecha 7 de octubre del 2003, se recibió del Senado de la República la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y en esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el turno correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria para su estudio y dictamen.

Durante los trabajos de análisis, estudio y discusión de la Minuta con Proyecto de Decreto, se recibieron opiniones y propuestas tanto de legisladores federales integrantes de las comisiones, como de especialistas, investigadores y titulares de instituciones agrarias del Poder Ejecutivo; con base en las cuales se fue conformando el presente documento para su discusión y análisis en Comisión.

OBJETO DE LA MINUTA

La Minuta, propone adicionar un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a efecto de establecer que los magistrados que concluyan o estén próximos a concluir su encargo de seis años por el que fueron designados, deberán ser incluidos de manera obligatoria en la lista de candidatos que el Ejecutivo Federal envíe a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, para que el órgano legislativo competente resuelva sobre su ratificación. Si a juicio del Ejecutivo Federal fuere improcedente la ratificación de alguno de los magistrados, deberá expresar de manera fundada sus motivos, razones o circunstancias con base en lo que al respecto establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo al artículo vigente, el Titular del Ejecutivo Federal puede o no considerar a los magistrados en funciones, de manera discrecional; con la propuesta, se garantiza la posibilidad de ratificación de los magistrados en funciones que están por concluir su encargo.

De esta manera el Legislador desea proporcionar seguridad a aquellas personas que habiéndose dedicado a una carrera temática, como la agraria, encuentren la cobertura jurídica para ser postulados nuevamente para permanecer en su cargo.

Además, la población campesina de nuestro país podría verse beneficiada al contar con magistrados cada vez mas experimentados en el trabajo de los órganos de justicia agraria.

Para el caso de que a juicio del Ejecutivo Federal, no proceda la ratificación de alguno de los magistrados, deberá expresar de manera fundada los motivos, razones o circunstancias, que hubiere considerado, con base en lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al efecto.

En la Minuta en comento destaca el interés del legislador de evitar que las personas que han sido designadas pare ejercer el cargo de magistrados agrarios y lo han hecho correctamente, sean desplazados de la función sin un dictamen de evaluación de su desempeño que funde y motive la decisión de ratificarlo en tal ejercicio o la negativa a ello.

CONSIDERACIONES

El artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, vigente, ya establece la posibilidad de ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior Agrario.

De la Minuta en comento se desprenden básicamente los siguientes aspectos:

El establecimiento de un mecanismo que garantiza la participación de los Magistrados en funciones, dentro del proceso de designación.

La no ratificación de los magistrados en funciones, fundada en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La adición, sin duda, fortalece el principio de profesionalización de la función jurisdiccional y por tanto la carrera judicial.

La garantía propuesta, presenta trascendencia cuando la ratificación está referida a los funcionarios del Poder Judicial, ya que es lógico afirmar que donde no existe garantía de permanencia, de manera plena e indiscutida, los funcionarios judiciales adolecen de independencia.

Las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria consideran que el objeto de la Minuta en comento es, contribuir a fortalecer y especializar la impartición de justicia agraria en nuestro país.

Por último, estas comisiones consideran:

Que el objeto de la Minuta es proporcionar constancia de transparencia al proceso por el cual se ratifica a los Magistrados agrarios.

Que la Minuta no pretende coartar la decisión del Titular del Ejecutivo Federal, porque él puede proponer a otros aspirantes que reúnan las características necesarias para cubrir las vacantes de magistrados agrarios, además de los magistrados salientes.

Que la Minuta tampoco tiene por objeto obligar al Senado de la República a ratificar a los magistrados salientes, ya que tienen la libertad de decidir sobre la lista propuesta por el Ejecutivo a las personas que ocuparán los cargos.

Por lo anterior expuesto, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, convencidos de la necesidad de la adición propuesta en la Minuta referida, turnada por el Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para quedar como sigue:

Artículo 17. Los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, durarán en su encargo seis años. Si concluido dicho término fueren ratificados serán inamovibles.

Los magistrados únicamente podrán ser removidos en caso de falta grave en el desempeño de su cargo, conforme al procedimiento aplicable para los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

Los magistrados que estén próximos a cumplir con el periodo de seis años por el que fueron designados, deberán ser incluidos en la lista de candidatos que el Ejecutivo Federal envíe a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, para que el órgano legislativo competente resuelva sobre su ratificación. Si a juicio del Ejecutivo Federal no procede la ratificación de alguno de los magistrados, expresará fundadamente los motivos, razones o circunstancias, que hubiere considerado con base en lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al efecto.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por la Comisión de Reforma Agraria.

Así se acordó y votó en Sesión Plenaria de la Comisión de Reforma Agraria, realizada en fecha 21 de enero de 2004. Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:

Diputados: T. Manuel García Corpus, Presidente (rúbrica); Rubén Alfredo Torres Zavala, secretario (rúbrica); Margarito Fierros Tano, secretario (rúbrica); José Lamberto Díaz Niebla, secretario (rúbrica); María Hilaria Domínguez Arvizu, secretaria (rúbrica); Margarita Chávez Murguía (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Ramón González González (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz, Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar, José Jesús Vázquez González, Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz, Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Javier Manzano Salazar, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Roberto A. Aguilar Hernández, Juan Bustillos Montalvo, Elpidio D. Concha Arellano (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Oscar Félix Ochoa (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica), Enrique Guerrero Santana (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, José Alfonso Muñoz Muñoz, Eviel Pérez Magaña (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica).

Por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos:

Diputados: Rebeca Godínez y Bravo, Presidenta (rúbrica); Leticia Gutiérrez Corona, secretaria (rúbrica); Fidel René Meza Cabrera, secretario (rúbrica); Miguel Angel Llera Bello, secretario (rúbrica); Francisco Valdéz de Anda, secretario (rúbrica); Gilberto Ensástiga Santiago, secretario (rúbrica); Félix Adrián Fuentes Villalobos, secretario (rúbrica); Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), María Martha Laguette Lardizábal, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), José Rangel Espinoza (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica en contra), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Carlos Vega Bernardo (rúbrica), Miguel Angel Yunes Linares (rúbrica), Gustavo de Unanue Aguirre (rúbrica en contra), Fernando Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcenas, Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Diana R. Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Juan García Costilla, Víctor Manuel Camacho Solís, Jaime Miguel Moreno Garavilla.»

Es de segunda lectura.El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Teófilo Manuel García Corpus, por la comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con lo que dispone el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus:

Con su venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, señor diputado.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus:

Señoras y señores diputados:

Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Justicia y Derechos Humanos, por mi conducto presentan la fundamentación del dictamen del proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, bajo las siguientes

Consideraciones

En sesión celebrada el 7 de octubre de 2003, la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, la minuta de referencia. Durante los trabajos de análisis y estudio del proyecto se recibieron las opiniones y propuestas de diversos legisladores federales, se consultó a especialistas de la materia y funcionarios del sector, con base en las cuales se conformó el dictamen de las comisiones.

El proyecto de decreto argumenta la necesidad de evitar que por causas injustificadas, las personas que han sido designadas para ejercer el cargo de magistrados agrarios y lo han hecho por el periodo que establece la ley, sean desplazadas de esa función sin un dictamen de evaluación de su desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional en la materia, que funde y motive la decisión de ratificarlo en tal ejercicio o la negativa para ello.

El dictamen que presentamos propone adicionar un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a efecto de establecer un mecanismo para la ratificación de los magistrados señalando que antes del término de su periodo en el cargo, deberán ser incluidos en la lista propuesta por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, en su caso.

Cabe señalar que el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios ya establece la posibilidad de ratificación de los magistrados del Tribunal Superior Agrario. De acuerdo al artículo vigente, el Ejecutivo puede o no considerar a los magistrados en funciones, es éste, hasta ahora, un acto discrecional. Con la propuesta se elimina esta discrecionalidad y se establece la obligatoriedad para el Ejecutivo de incluir en el proceso de selección a los magistrados en funciones próximas a concluir su encargo, excepto los casos en que a su juicio no proceda la propuesta de inclusión, los cuales deberá fundar y motivar en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien, la adición para asegurar la propuesta de ratificación de los magistrados, sin duda, fortalece el principio de profesionalización de la función jurisdiccional en materia agraria, la carrera judicial y la autonomía del Tribunal Superior Agrario, además una consecuencia fundamental, relevante del proyecto de decreto en comento, la constituye el hecho de que, tratándose de servidores públicos encargados de la función jurisdiccional en materia agraria, se fortalece el supremo principio constitucional de división de poderes, al restar intervención al Ejecutivo Federal en la conformación del Organo Superior de Justicia Agraria y a través de ello, en la función jurisdiccional propia del Poder Judicial. Con esto, se contribuye a perfeccionar la estructura fundamental y el orden jurídico de nuestra República.

Sin embargo, los legisladores que integramos la Comisión de Reforma Agraria, sabemos y estamos conscientes de que esto es sólo un punto, una pequeña contribución que con esto no se resuelve ni mucho menos lo que está pendiente de resolverse en materia legislativa agraria.

El problema de fondo estructural, consiste en que a 12 años de la reforma legislativa en materia agraria, que significó la modificación al artículo 27 constitucional y la creación de la Ley Agraria y de los Tribunales Agrarios, no se ha logrado su objetivo, más bien se han empeorado las condiciones en que viven los campesinos.

El campo mexicano vive hoy en peores condiciones de pobreza, se encuentra empantanado, sin desarrollo productivo ni crecimiento económico, lo que ha impedido la autosuficiencia, seguridad y soberanía alimentaria, que deben alcanzarse para reinsertar la participación del sector en el desarrollo económico del país y, con ello, permitir el acceso de los campesinos a superiores estándares de vida y bienestar.

Por ello, en la Comisión de Reforma Agraria nos hemos propuesto realizar un diagnóstico certero del impacto de las reformas del 92 a la legislación agraria, así como de la situación actual del campo y las perspectivas de su desarrollo, con objeto de impulsar una reforma profunda e integral al marco jurídico vigente, con lo que además se pretende dar cumplimiento al reclamo de los campesinos, plasmados en el Acuerdo Nacional Para el Campo.

Obviamente, al plasmarse esta iniciativa de ley, la reforma integral habrá que retomar a profundidad la situación integral del sector y dentro de ésta, plantear modificaciones de fondo al Sistema de Justicia Agraria, respecto de las cuales la reforma de hoy, aunque represente un avance, resultaría insuficiente.

Por lo anteriormente expuesto, las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Justicia y Derechos Humanos, proponemos a consideración de esta soberanía, el proyecto de decreto que nos ocupa, solicitando su aprobación, pero invitando a los legisladores de la LIX Legislatura, a trabajar en la revisión integral y de fondo, al marco jurídico de este sector, que sigue siendo origen y esencia de nuestra historia, se encuentra abandonado a su suerte.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Después de fundamentar el dictamen por parte de la comisión, se abre la discusión del dictamen, en lo general y en lo particular. Esta Presidencia tiene registrados para fijar posiciones, por parte de los grupos parlamentarios, al diputado Jesús González Schmal, por parte del grupo de Convergencia; al diputado Pedro Vázquez González, por parte del grupo del Partido del Trabajo; al diputado Luis Antonio González Roldán, por parte del Partido Verde Ecologista de México; al diputado Margarito Fierros Tano, por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; al diputado Rubén Alfredo Torres Zavala, por parte del Partido Acción Nacional y al diputado José Lamberto Díaz Nieblas, por parte del Partido Revolucionario Institucional.

Y para hablar en pro, después de fijar posiciones, al diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.

En consecuencia se concede el uso de la palabra, para fijar posición, al diputado Jesús González Schmal.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Con su anuencia, señor Presidente; compañeras y compañero diputados:

Es, en efecto, importante hacerlo, como lo hizo el compañero diputado de la Comisión de Reforma Agraria, evocar necesariamente en la materia agraria los antecedentes históricos que son imprescindibles; toda nuestra historia, desde la lucha insurgente por la independencia, hasta la reforma y la Revolución Mexicana de 1910, tienen en su esencia, en su móvil primario, el rescatar el derecho para la tierra de quienes la trabajan, de quienes de ella viven, de quienes con ella contribuyen al bienestar de la nación al producir los alimentos, al producir los bienes consumibles que permiten la supervivencia y la pervivencia de la especie humana y en concreto de los mexicanos.

¡Cómo no recordar, ahora en efecto, esa ley independentista de Miguel Hidalgo, en Guadalajara, aboliendo la esclavitud y restituyéndole al trabajador de la tierra el concepto y la medida de dignidad en la que debería valorarse su trabajo y su esfuerzo!

¡Cómo no reconocer también ahora en la lucha reformista, el haber promulgado la ley de tierras en manos muertas que vivificó, que restauró para la nación la capacidad de que cada día más mexicanos dejaran sus esfuerzos, dedicaran sus energías a la producción agrícola, al trabajo de las faenas laborales en la tierra!

¡Y cómo no traer aquí, ahora, muy frescamente a la memoria, a propósito de la conmemoración del Plan de Guadalupe, apenas el pasado 26 de marzo, la Ley Agraria de 1915 del Presidente Carranza, que sentó las bases, que fijó la línea, que abrió el camino para después hacer emerger en nuestro texto constitucional precisamente el artículo 27 que situó a México ante el mundo como el país más avanzado, de legislación más progresista, de sentido más justo y humano del desarrollo económico, contemplando en él como primer y fundamental eje el trabajo en la tierra y al hombre del campo dedicado a ella!

Es por eso que interesa ahora repasar y reconocer que en estos antecedentes históricos, se le dio al Ejecutivo de la Unión la potestad, la competencia, para que impartiera justicia, que asumiera las facultades jurisdiccionales en materia agraria, porque precisamente es un derecho que requiere de todo el interés nacional, de todo el empeño y de todo el poder y la fuerza de la ley para que esta justicia agraria se dé en el campo, se dé en la práctica cotidiana de nuestros ancestros y en nuestros días.

Por eso es que el Tribunal Agrario pertenece justamente a la esfera de competencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, pero no deja de ser efectivamente una función judicial primaria jurisdiccional que requiere de la mayor preparación, de la mayor dedicación y de la mejor vocación de los jueces que en esta materia y que en esta especialidad ejercen el derecho.

Y qué importante es, por lo tanto, esta iniciativa que da a los jueces más garantía en materia agraria, más garantía de la inamovilidad; del permanecer en el cargo, si es que están cumpliendo cabalmente con el cometido, con la misión altísima de impartir justicia en el campo mexicano en el medio rural y esta reforma, permite que no sea a capricho, que no sea a discreción del Poder Ejecutivo el eliminar entre las propuestas para la ratificación de los cargos en la Magistratura del Tribunal Agrario, a quienes han desempeñado este cargo después de seis años en que esta inmovilidad los ha protegido.

Y qué importante, pues, es que aprobemos esta reforma con la conciencia de que tenemos que contribuir a la inamovilidad de los jueces en materia agraria y hacerlo en una circunstancia muy concreta y muy real y vergonzosa que se nos presenta en estos momentos, justamente a quien hoy ejerce la Presidencia del Tribunal Agrario, al Magistrado Ricardo García Villalobos, se le está privando al no comprenderlo entre las ratificaciones que tiene que hacer el Senado respecto a la magistratura que le corresponde. Y ello porque el Poder Ejecutivo ha encontrado en la valoración terrible de la conducta del magistrado García Villalobos, que él asume conductas partidistas o las asumió en el pasado, que pertenece a uno de los partidos políticos de este país, y que conforme a sus convicciones actúa en consecuencia en la espera de su libertad personal infranqueable, como cualquier mexicano la tenemos en cualquier cargo o en cualquier encomienda pública que desempeñemos.

No puede ser que en estos tiempos se esté tachando el comportamiento, la posibilidad de la ratificación de un magistrado, porque éste ha tenido antecedentes en uno o en otro partido, no importa cual fuere. Pero esto significa, sí, discriminación, significa represalia política, significa atentar contra el principio de la inamovilidad de los jueces y significa retraso en la impartición de la justicia agraria.

Por eso interesa que ahora sea obligatorio el que en las ratificaciones el Poder Ejecutivo proponga a los magistrados que han cumplido su función y que sea el Senado el que dilucide y delibere respecto a la ratificación.

Y que en el extremo caso de que el Ejecutivo no tenga razones válidas para no ratificarlo o no proponer su permanencia, sean éstas sustentadas en derecho y perfectamente motivadas en los hechos que a su vez respaldan esa valoración jurídica.

Es por lo tanto, para Convergencia, importante aprobar, respaldar este esfuerzo y desde aquí también y en ocasión de esta propuesta, hacer un voto porque cesen las hostilidades, cese la recriminación por razones políticas y se respeten plenamente los derechos humanos en los jueces y muy específicamente en los que se refieren a la histórica, importantísima e imprescindible justicia agraria que nuestro país todavía espera con prontitud.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del PT.

El diputado Pedro Vázquez González:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El dictamen que discutimos es producto de una minuta enviada por el Senado de la República en la cual se propone la adición de un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

El propósito del cambio propuesto a dicha ley, tiene que ver con que los magistrados del tribunal agrario que estén próximos a concluir su encargo o que ya lo hayan concluido, puedan ser considerados en la terna que propone el titular del Poder Ejecutivo Federal, terna que el órgano legislativo competente ratificará si lo considera procedente.

La norma vigente establece que el titular del Ejecutivo Federal puede considerar o no a los magistrados en funciones que están por concluir su encargo de manera discrecional para integrar la terna.

Las motivaciones de los legisladores para impulsar este cambio, es la de propiciar seguridad jurídica a aquellas personas que habiéndose dedicado a una rama tan específica, como el derecho agrario, puedan ser postuladas nuevamente para permanecer como magistrados del Tribunal Agrario.

Asimismo el dictamen resalta la importancia de aprovechar el cúmulo de conocimiento y experiencias de las personas que han desempeñado el cargo de magistrados, ello beneficia de manera directa a la población campesina, que tiene que dirimir algún conflicto frente a la instancia judicial.

La adición, sin duda alguna, fortalece el principio de profesionalización de la función jurisdiccional y por lo tanto de la carrera judicial. Se precisa también en dicha adición que en el caso de que el titular del Poder Ejecutivo Federal considere que algunos de los magistrados que están por concluir su encargo, no debe de formar parte de la terna y por ende no deba ser ratificado en el cargo, debe señalar de manera fundada las razones o motivos que sustentan dicha decisión. Con ello no se pretende limitar la facultad del Poder Ejecutivo de proponer a los magistrados de dicho tribunal, sino por el contrario que se valore la experiencia y las aportaciones de los magistrados que ya han formado parte del tribunal en comento.

Lo anterior generará un ejercicio de corresponsabilidad entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo al buscar tener a las personas idóneas a cargos de alta responsabilidad como lo es de magistrados del tribunal agrario.

Por las consideraciones expuestas votaremos a favor del dictamen que hoy se está discutiendo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Luis Antonio González Roldán:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Hoy se somete a votación por este pleno el dictamen de las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para los que se busca aplicar acciones concretas en el futuro inmediato; algunas encaminadas a obtener resultados a corto y otras a largo plazo.

Anhelo sublime lo es la justicia agraria expedita, justa, y la atención equitativa y oportuna a las demandas de seguridad jurídica en el agro; indispensables para obtener mejores niveles de vida para los hombres y las mujeres del campo, con quienes tiene un enorme adeudo la nación mexicana.

El verdadero crecimiento económico, estable y sostenido requiere de un sector agropecuario dinámico y productivo que garantice la alimentación de los mexicanos y que produzca los excedentes necesarios para una participación favorable en el mercado externo. Pero también un pleno desarrollo agrario en sus instancias jurisdiccionales evitando revanchismos o vendettas.

La legislación agraria debe garantizar a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, el pleno ejercicio de sus derechos como legítimos propietarios de la tierra, así como una impartición de justicia con altos niveles de profesionalización. Sólo con plena justicia jurídica, con plena seguridad jurídica sobre la tierra y el agua, con mejores condiciones para la producción con el compromiso decidido de las instituciones públicas y con la voluntad de progreso de los hombres y las mujeres del campo, sentaremos las bases para una nueva etapa de productividad y bienestar.

Las reformas del presente dictamen consisten fundamentalmente en hacer realidad los principios fundamentales de nuestra Constitución Política en materia de tenencia de la tierra y de certidumbre jurídica, constituye un acto legislativo que busca adecuar el orden jurídico supletorio con el principal o fundamental que otorga validez a todo lo que de él dimana.

Con ese ánimo de renovación y actualización se proyecta impulsar la Minuta de reforma a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios para conseguir que en nuestros ordenamientos jurídicos, se otorguen los instrumentos jurídicos y materiales para proporcionar constancia de transparencia al proceso por el cual se ratifica a los magistrados agrarios.

Por todo lo anterior el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará de manera afirmativa el dictamen en comento, otorgando nuestro voto para que este Congreso conduzca de manera eficaz los intereses de los campesinos del país hacia un México que imparta justicia en beneficio de sus representados.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se le concede el uso de la palabra al diputado Margarito Fierros Tano.

El diputado Margarito Fierros Tano:

Con su venia, señor diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:

La función jurisdiccional agraria independiente y autónoma constituyó parte del ideario de Emiliano Zapata, quien conocedor de las injusticias en el campo mexicano, consignó en el punto 6 del Plan de Ayala, que la justicia agraria se impartirá por tribunales especiales que establecerían al triunfo de la Revolución Mexicana.

Sin embargo, el conocimiento y las soluciones de litigio en esta materia se encomendaron, desde la expedición de la ley de enero de 1915 y hasta 1992, a diversos órganos de la Administración Pública Federal y local, entre ellos al presidente de la República, a los ejecutivos de los estados, a la Comisión Nacional Agraria, a las comisiones nacionales agrarias, al cuerpo consultivo agrario y a las comisiones agrarias mixtas, siendo a partir del 6 de enero de 1992 cuando se da cauce a la reforma del artículo 27 de nuestra Ley Suprema, misma que adiciona el párrafo segundo de la fracción XIX que dispuso el establecimiento de un órgano para la administración de la justicia agraria en el país.

La reforma constitucional señalada fue complementada con la promulgación de la Ley Agraria y de la Ley Agraria de los Tribunales Agrarios, ambas del 26 de febrero de 1992.

De esta manera fueron creados los tribunales agrarios que tienen por objeto el dirimir todas las controversias que por límites de terrenos ejidales y comunales se presenten, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los mismos.

En este tenor, si bien las políticas gubernamentales tienen el propósito de terminar con el llamado rezago agrario, aún existen varios miles de expedientes instituidos con motivos de solicitudes de dotación de tierras, ampliación de ejidos, creación de nuevos centros de población ejidal, controversias por restitución de terrenos y conflictos de límite de terrenos comunales y ejidales que durante lustros se guardaron sin lograr una cabal integración en los anaqueles de los distintos órganos de la impartición de justicia agraria.

Lo anterior, no obstante las atribuciones que el Congreso de la Unión otorgó a los tribunales agrarios como órganos jurisdiccionales especializados y facultados legalmente para conocer, sustanciar y resolver juicios y procedimientos agrarios, gozando de total independencia y autonomía.

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 constitucional y lo dispuesto en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los tribunales superior y unitarios agrarios se conforman con magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o por la Comisión Permanente.

Con ello el titular del Poder Ejecutivo Federal cuenta con la facultad discrecional de considerar o no en la propuesta que envía a nuestra colegisladora o a la Comisión Permanente a los magistrados en funciones que están a punto de concluir su encargo.

Sin duda esta facultad discrecional debe eliminarse de la normatividad agraria, pues es obligación de este cuerpo colegiado dar seguridad jurídica y garantizar la posibilidad de ratificación a aquellos servidores públicos que se han desempeñado con profesionalismo, honradez, imparcialidad y excelencia en la importante labor de impartir justicia en el campo mexicano.

Por el dictamen de la minuta al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de la Reforma Agraria someten a la consideración de este honorable Pleno, tiene por objeto que los magistrados que concluyan o estén próximos a concluir su encargo de seis años por el que fueron designados, sean incluidos de manera obligatoria en la lista de candidatos que el Ejecutivo Federal envíe a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, estableciendo de manera explícita que si bien a juicio del Ejecutivo Federal, fuera improcedente la ratificación de algunos de los magistrados, éste deberá expresar de manera fundada sus motivos, razones o circunstancias con base en lo que al respecto establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Con esta forma lo que se busca es acotar la facultad del titular del Ejecutivo Federal estableciendo el procedimiento de la designación y en su caso la ratificación de los magistrados agrarios, evitando que en este último caso, por causas injustificadas o por cuestiones políticas o partidistas, se les imposibilite continuar con la labor de impartir justicia sin una evaluación seria de su desempeño profesional con estricto apego a la ley.

Además de aprobarse la reforma que hoy se promueve, fortaleceremos la profesionalización de la función jurisdiccional en materia agraria, para que aquellos que tienen la responsabilidad del conocimiento y la solución de los conflictos agrarios, sean hombres y mujeres con experiencia y profunda vocación social que les permita a través de su permanencia actuar de manera plena, independiente e imparcial en pro de la justicia agraria.

Pero no sería justo considerar que tal medida representa un avance determinante en la resolución de la problemática agraria. El objetivo fundamental se debe dirigir a impulsar una reforma agraria integral que atienda el desarrollo de la propiedad social en México y asegure la participación de los ejidos y las comunidades en los programas de desarrollo rural.

Para ello en un primer momento el Ejecutivo Federal debe cumplir y promover cabalmente la consecución de todos los compromisos suscritos en el Acuerdo Nacional para el Campo, documento que marca las directrices fundamentales para encaminar una política de fomento productivo y de desarrollo económico sustentable con orientación social, a fin de revertir los angustiosos años de política gubernamental que ha fomentado el abandono, pobreza y aislamiento de amplios núcleos de población rural.

Por lo tanto, no es ajeno comentar que la política agrícola del Ejecutivo Federal ha llevado a la sociedad rural mexicana en los últimos 24 años, a una de las crisis económica, social y política más profundas del periodo posrevolucionario, políticas que han quedado sustentadas en reformas al marco jurídico, recortes presupuestales, privatizaciones y desaparición de empresas estatales, apertura comercial abrupta e indiscriminada que se concentra en la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

Todo esto lejos de reactivar la producción y el desarrollo del campo, solamente ha profundizado el deterioro de las condiciones de la producción rural y ha motivado los bajos niveles del crecimiento del sector agropecuario en promedio del 1% en los últimos años, muy por abajo del crecimiento del conjunto de la economía y de la población, sumiendo al campo en la pobreza, la ingobernabilidad y la violencia, como ha sucedido en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Se trata de apoyar el dictamen que hoy es objeto de discusión y análisis por parte de esta honorable Asamblea, pero al mismo tiempo, de medir sus alcances y de establecer nuevos compromisos políticos para avanzar en la solución de los graves rezagos no tan sólo legales, sino de carácter económico, político y social.

Las modificaciones al marco jurídico agrario constituyen una prioridad nacional por ser el campo un sector estratégico para la economía del país y la base para alcanzar la soberanía alimentaria y la justicia social.

Por ello su orientación debe comprender la protección del derecho, de aprovechamiento de tierras, bosques y aguas, como sustento para recobrar el desarrollo económico y la defensa del patrimonio de los pueblos y comunidades rurales.

Compañeras y compañeros diputados: por las anteriores consideraciones, los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica en los Tribunales Agrarios con el firme propósito de coadyuvar a la mejor atención de los conflictos, conciliación y a la generación de acuerdos agrarios.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Rubén Alfredo Torres Zavala, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala:

Con su permiso, señor Presidente.

Desde hace 75 años el Partido Acción Nacional ha luchado contra la discreción y los poderes metaconstitucionales de sus gobernantes y de los gobernantes en todos los rincones del país. Hemos luchado por décadas por el fortalecimiento de nuestras instituciones. Fuimos y seremos el primer partido en exigir la real división de poderes.

En congruencia con nuestra historia los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional apoyamos este proyecto que pretende, por una parte, desterrar para siempre la discrecionalidad en la ratificación de los magistrados agrarios, discrecionalidad que sin duda vulnera la independencia de los tribunales agrarios.

El proyecto también fortalece al Legislativo, espejo democrático de nuestra pluralidad al otorgarle a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, las facultades para que estos órganos resuelvan sobre la ratificación.

Además es un reclamo básico de justicia: no es aceptable que sin un dictamen de evaluación de desempeño se motive la decisión de la ratificación o no de los magistrados, como ocurre actualmente.

Por lo anterior, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional apoyamos el presente proyecto, no sin notar que éste no alcanza las expectativas en cuanto al fortalecimiento de la división de poderes, puesto que los tribunales agrarios, instituciones jurisdiccionales, aún se encuentran dentro del Poder Ejecutivo y no dentro del Poder Judicial de la Federación, reto al cual la presente Legislatura no puede, no debe, abstenerse.

Hemos escuchado y seguiremos escuchando discursos en los que los ejidos y comunidades encabezan nuestra inspiración patriótica. Sin embargo, por otro lado ofrecemos en la justicia agraria una justicia de segunda a nuestros ejidatarios y a nuestros comuneros.

Es reto de la actual Legislatura el entrar al debate y a la revisión de toda la legislación agraria. Reto, compañeros, a los que los invito se sumen con responsabilidad y con patriotismo.

En cuanto a su servidor, es todo señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, diputado Torres Zavala.

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI se le concede el uso de la voz al diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza:

Con su venia, diputado Presidente.

El día de hoy nos ocupa la reforma al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Proviene de una minuta del Senado de la República, tal y como se ha manifestado en esta tribuna.

Deseo felicitar a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, así como a la de Reforma Agraria, por el dictamen a discusión.

Esta reforma parte de tres ejes fundamentales, el primero de ellos, limitar la facultad discrecional del Ejecutivo; el segundo, otorgar seguridad jurídica al servidor público y, el tercero, respetar la carrera, el trabajo del propio servidor público.

Por lo que corresponde a la primera parte, es incuestionable que para la designación de los magistrados interviene el Poder Ejecutivo, pero interviene realizando una propuesta, una propuesta cuya designación corresponde a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente, es decir, al pleno de uno de los poderes del Estado, de una de las Cámaras de los Poderes del Estado, es decir, ese magistrado fue designado por el pleno de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, al cumplir sus seis años puede ser ratificados para adquirir la inamovilidad, por lo tanto no puede quedar a criterio de una persona, en este caso el Poder Ejecutivo, que cualesquier magistrado no pase a la revisión del órgano que lo designó, que fue el pleno de la Cámara de Senadores o en su caso, la propia Comisión Permanente.

De esta manera se obliga al Ejecutivo Federal a que incluya a todos los magistrados, ¿para qué?, para que exista un análisis serio del trabajo realizado por cada uno de ellos, para que de ninguna manera por una decisión de carácter político sean excluidos servidores públicos que han cumplido con una carrera en pro en este caso del tema agrario en el país.

Es conveniente en este punto detenernos a reflexionar un eje fundamental de esta reforma, el respeto a las garantías de cualesquier gobernado, fundamentación y motivación. ¿Qué se le solicita al Ejecutivo Federal? Se le solicita que toda vez que la determinación fue por el pleno de la Cámara de Senadores o, en su caso, por la Comisión Permanente, que en el evento de que no se solicite la ratificación de algún magistrado, sea necesario que ese acto de autoridad sea debidamente fundado y motivado; ahí es donde le brindamos la seguridad jurídica a aquellos servidores públicos que trabajan de una manera honesta, de una manera comprometida con la nación.

Este caso es del Ejecutivo Federal, acotamos facultad discrecional, le damos seguridad jurídica a esos magistrados y a su vez respetamos la carrera profesional del servidor público.

Por tal motivo, esta minuta del Senado de la República y, en consecuencia, el dictamen que nos ocupa, espero sea apoyado por unanimidad de todos los compañeros diputados y a su vez espero que en lo futuro seamos congruentes en este escenario. Hay que limitar la facultad discrecional de cualquier poder y a su vez el brindarle seguridad jurídica a todo servidor público, independientemente del poder al que pertenezca.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, diputado Gutiérrez de la Garza.

Y una vez agotados los posicionamientos, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular del proyecto de decreto y a favor del dictamen, los diputados José Lamberto Díaz Nieblas y la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para hablar en pro del dictamen, al diputado José Lamberto Díaz Nieblas.

El diputado José Lamberto Díaz Nieblas:

Con la venia de la Presidencia:

Los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor de que en relación al dictamen del proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y mediante la reforma al artículo 27 constitucional y a la legislación secundaria agraria de 1992 que, como ustedes saben, se proponía entre otras cosas a la vez que descargaba al Estado la obligación de repartir tierras, dotar al campesino posesionario de la propiedad social de un paquete de derechos sobre la tierra dentro de los cuales se contempló la posibilidad de enajenar los derechos de posesión e incluso adquirir el dominio pleno, es decir, adquirir la propiedad de las tierras.

Sin embargo, un primer paso en este sentido era el deslinde, la regularización y certificación de los derechos ejidales y comunales los que ha venido haciendo a través del Procede, pero uno de los aspectos más importantes fue que al desaparecer el carácter de máxima autoridad agraria del Presidente de la República, la reforma de 1992 creó sendos órganos de justicia agraria en el campo, la Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios, siendo estos últimos los encargados de resolver los conflictos agrarios de que está plagado el campo mexicano.

El órgano de justicia es, pues, una institución de primera instancia en el orden jurídico de nuestro país, es el encargado de impartir la justicia a nuestros campesinos. Por lo tanto, los juzgadores, los magistrados agrarios no deben de prescindir de la vena social que los alimenta, deben conservarse como un tribunal de justicia social agraria con la capacidad y experiencia jurisdiccional, pero también con la necesaria sensibilidad para conocer y entender los asuntos del campo, pero, sobre todo, con la mayor autonomía e independencia respecto de los otros Poderes de la Unión.

Por eso, el Partido Revolucionario Institucional ha aprobado y apoya la decisión del tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en virtud de que con ésta, como ya se ha dicho, se profundiza y amplía la independencia del órgano de justicia y de la función jurisdiccional en materia agraria, lo que indudablemente contribuye también a fortalecer la división de poderes, base de nuestro sistema constitucional.

Restar al Ejecutivo, aunque sea un poco de su posibilidad e injerencia en la cuestión jurisdiccional, es fortalecer la justicia agraria por el bien de los campesinos mexicanos.

También hay que recordar, compañeras y compañeros diputados, el 18 de noviembre de 2003 presentamos a la consideración de esta soberanía, un punto de acuerdo que fue aprobado de urgente resolución, para exhortar al Poder Ejecutivo Federal que considerara una mayor justicia agraria en la participación de los ejidos y comunidades en los programas de desarrollo rural, mediante una reforma agraria Integral que deberá comprender todas estas consideraciones y posiblemente también, de que estos organismos en un futuro vayan a depender del Poder Judicial de la Federación.

Muchas gracias a todos, compañeros diputados.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Para hablar a favor del dictamen, se le concede el uso de la palabra a la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu:

Con la venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Adelante.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu:

Apreciables diputadas y diputados:

Hablar de la impartición de la justicia de los mexicanos, es hablar de origen y presencia , esencia patriótica y nacionalista porque el pueblo de México nace y se construye precisamente en el suelo mexicano, en la tenencia y buscando el mejoramiento de la justicia social.

Y ante tanto reclamo y ante tanta injusticia, el 6 de enero de 1915 instituimos la Ley Agraria, la primera; se fue reformando el Código Agrario, la Ley Federal de Reforma Agraria.

En 1992 el artículo 27 constitucional en su ley reglamentaria, se desarrollan modificaciones sustantivas y que da origen precisamente a la Ley Orgánica de los Tribunales Unitarios Agrarios, en donde emerge lo que es el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, instancias que habrán de tener que ver en la impartición de la justicia, en la conciliación agraria para resolver los problemas torales que por muchos años ancestrales han venido padeciendo nuestros hombres y nuestras mujeres del campo.

Ahora el tema que nos ocupa es adicionar un tercer párrafo en el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Unitarios Agrarios, en donde acota precisamente al Ejecutivo para que haya la voluntad suprema y la incorporación en las ternas de los magistrados que han desarrollado un trabajo extraordinario y que tienen una carrera de servicio en la impartición de la justicia agraria.

A nosotros nos preocupa particularmente este tema y seguramente, en los próximos meses habremos de tenerles a ustedes en el periodo ordinario, en el siguiente periodo ordinario, habremos de traer a esta soberana Asamblea, un proyecto de iniciativa estructural en materia agraria que responda a cabalidad al sentimiento, a la impartición de la justicia y al reclamo nacional en donde creemos condiciones de darle seguridad a los hombres y las mujeres del campo en sus tres tenencias de la tierra: en comunal, en ejidal y en pequeña propiedad, para elevar el segundo piso que debe de ser la organización, la producción y la productividad, el complemento integral para reactivar la economía de las y los mexicanos que sostenemos a este país, los que nos dedicamos a sembrar nuestras parcelas y a hacerlas mejor cada día y sostener a este pueblo mexicano.

Compañeras y compañeros diputados: por ello, solicito a cada uno de ustedes, hombres y mujeres legisladores, su voto a favor de esta propuesta, de este dictamen que ponemos a su consideración y que solicitamos su voto porque con ello estamos dándole solidez y fortaleza a las instituciones, seguridad y mejor servicio al pueblo de México.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, diputada Domínguez Arvizu.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Con todo gusto, señor Presidente.

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, diputada Secretaria. Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron 448 votos en pro y una abstención.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 448 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Continuando con el orden del día, los siguientes puntos son dictámenes a discusión relativo a puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Se autoriza.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Relaciones Exteriores.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo en relación con la proposición para apoyar una reforma fundamental de la organización de las Naciones Unidas a fin de que el Consejo de Seguridad sea un Órgano de Mayor Legitimación que ofrezca a los miembros de la organización un marco de seguridad efectiva

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, el punto de acuerdo relativo a apoyar una reforma fundamental de la Organización de las Naciones Unidas para que el Consejo de Seguridad sea un Órgano de mayor legitimación que ofrezca a los miembros de la Organización un marco de seguridad efectiva.

Los diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente Dictamen con Punto de Acuerdo, por las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Con su intervención en la sesión de inicio de los trabajos de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el Presidente de México, Vicente Fox Quesada, mostró que México tiene una política exterior proactiva, atenta día con día a la realidad mundial, y reafirmó la tradición diplomática y los principios constitucionales de nuestro país.

A través suyo, México hizo un llamado a todas las naciones a confirmar su compromiso con la ONU y a reafirmar su papel como el instrumento por excelencia para construir la paz y la seguridad mundiales.

La apuesta de México a la carta del multilateralismo es congruente con su trayectoria como miembro fundador de la ONU y como opositor sistemático de las soluciones de fuerza.

El diagnóstico acerca de la actual situación de la ONU coincide con el de la mayoría de los analistas internacionales: la crisis de Irak ha puesto en evidencia hondas implicaciones para el futuro de la Organización. Los ataques contra la misión de la ONU en Bagdad nos hieren a todos y lastiman el fundamento mismo del multilateralismo.

México no puede ni callar ni quedarse cruzado de brazos ante amenazas de tal envergadura. Además de recordar que han sido las graves disparidades las que han dado motivo a casi la totalidad de los conflictos, el Presidente de la República avanzó las tesis mexicanas acerca de la urgente reforma de la ONU, precisamente con el fin de convertirla en un eficaz instrumento de la paz y el desarrollo. Al efecto destacó cinco criterios rectores muy precisos para abordar el ejercicio de reforma:

1. Fortalecer nuestro sistema de seguridad colectiva.

2. Garantizar el apoyo al desarrollo económico y social de los estados.

3. Garantizar el respeto a la soberanía e independencia de los estados.

4. Promover y proteger los derechos humanos.

5. Dar mayor eficacia a la toma de decisiones.

La presencia y la voz de México se hicieron sentir en la Asamblea General como las de una nación respetable por su defensa sin ambages del derecho internacional como única garantía para la coexistencia pacífica, y por su capacidad de disentir y hacer siempre oír su razón, basado en la consolidación democrática lograda por la actual generación de mexicanos, que sustenta y legitima la acción internacional de nuestro gobierno.

México demostró que se considera parte integral de la comunidad de naciones; que nada de lo que en ella ocurra puede serle indiferente, y que está dispuesto a asumir sus compromisos y a hacer valer sus derechos, a rendir cuentas y también a exigir, en pie de igualdad, que todas las naciones observen los principios a que les compromete la Carta de la ONU.

A diferencia de otros líderes que se han presentado en la Asamblea con mensajes dedicados a hablar de la situación de sus países, el Presidente de México pronunció un discurso específica mente enfocado a contribuir ala creación de un mundo de reglas claras y de decisiones multilaterales.

Debemos destacar el llamado que ha hecho el Presidente a la corresponsabilidad de las naciones. Para un país como México, considerando su ubicación geográfica y sus relaciones internacionales, resulta muy importante enfocar su esfuerzo diplomático al fortalecimiento del derecho internacional y la creación de un mundo de certidumbre.

Nuestro desarrollo como nación necesita de un contexto de reglas claras. Por ello equilibramos nuestra política exterior con prioridades definidas en el ámbito bilateral y un renovado activismo multilateral.

México puede encabezar en gran medida la reflexión sobre las mejores vías para reformar el sistema de las Naciones Unidas, con base en nuestro prestigio diplomático. Podemos aprovechar ese liderazgo y convertirlo en un factor para impulsar aún más nuestra política exterior.

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de Diputados, creemos que se trató de un mensaje firme, oportuno, que llama a la unidad entre los mexicanos ante ideales compartidos, por lo que debemos cerrar filas y apoyar este esfuerzo por hacer del multilateralismo una vía adecuada para dar más realce a nuestro país y contribuir al contexto internacional que necesitamos para nuestro desarrollo.

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente:

Dictamen con Punto de Acuerdo

ÚNICO.- Para que la Honorable Cámara de Diputados dé su respaldo a la propuesta del Ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuente con el respaldo del Congreso para que México promueva activamente el proceso de reforma fundamental de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo el del Consejo de Seguridad para ofrecer a los miembros de la Organización Mundial el marco en el que todos los países puedan aspirar a un desarrollo armónico y sostenido tendiente a la obtención de una mayor seguridad, paz mundial y cooperación multilateral entre las naciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 11 de febrero de 2004.--- Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), secretario; Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretario; Arturo Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretario; Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Angel Juan Alonso Díaz Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez, María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico, Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona, Francisco Xavier López Mena, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica) y Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, diputado Secretario.

En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.

Se han anotado para hablar en pro del dictamen cuatro oradores: la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN; el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia; el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario de Partido del Trabajo y el diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pero de conformidad con el artículo 122 de nuestro Reglamento Interno, al terminar los primeros dos oradores se preguntará a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra a la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos para hablar a favor del dictamen.

La diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez:

Con su venia, señor Presidente.

Los puntos centrales de la reforma real de la ONU deberán sustentarse en cinco criterios rectores en consonancia con nuestro sistema democrático y con la extensión de los valores democráticos en el mundo:

Primero. El fortalecimiento de seguridad colectiva para lograr una respuesta oportuna y un proceso transparente en la toma de decisiones.

Segundo. Garantizar el apoyo al avance económico y social de las naciones, especialmente de las menos desarrolladas.

Tercero. Asegurar el respeto a la soberanía e independencia de los estados, al mismo tiempo que se otorga legitimidad y legalidad a la acción internacional en la lucha contra la impunidad.

Cuarto. La promoción y protección de los derechos humanos, y por último.

Quinto. Darle mayor eficacia a la toma de decisiones.

En el caso del Consejo de Seguridad, se ha planteado la conveniencia de adecuar su forma e integración para que tenga mayor representatividad, limitar el veto al que tienen derecho sólo los cinco países con asiento permanente y reglamentarlo, así como pugnar por una mayor transparencia y una más equilibrada relación con los demás órganos del sistema de Naciones Unidas, en particular con la Asamblea General. México aboga por una reforma a las Naciones Unidas en general y al Consejo de Seguridad, en particular, para que éstos sean más eficientes y legítimos.

Esta reforma debe reflejar la pluralidad, la democracia y la igualdad soberana de los estados en la toma de decisiones que afectan al globo. Es la reforma, pero es también la actualización de la ONU la que se busca en el planteamiento del Presidente Fox para que responda debidamente a las nuevas amenazas a la paz y a la seguridad internacionales.

Por ejemplo, para complementar su propuesta de reforma al sistema de Naciones Unidas, el Presidente Fox ha sostenido que en el proceso de paz internacional se deben de buscar también mecanismos de apoyo a las naciones en desarrollo y para el combate a la pobreza.

En términos de seguridad regional, la propuesta que hace México, que proviene de lo que fue el rechazo de México al Tratado del Río, es que no pueden considerarse como condiciones de seguridad únicamente acciones militares o policiacas y que tiene que ser extendido al mundo moderno a otros temas que son de la misma relevancia y que tienen que ser incluidos en un sistema de seguridad colectivo a nivel regional.

El tema de las enfermedades, de las amenazas contra la educación y la salud de las personas y el tema del desarrollo sustentable, deben ser incluidos en este renglón, ésta es la seguridad humana de la que deberá ocuparse la ONU y de la que sólo podrá ocuparse eficazmente después de su reforma.

Efectivamente, nuestra seguridad depende de que logremos enfrentar males como el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y de personas; el terrorismo y en general el crimen transnacional organizado. Sin embargo, depende sobre todo de que seamos capaces de detener y revertir los profundos niveles de iniquidad, de pobreza, de falta de desarrollo que aquejan a nuestras naciones, ahí se encuentra la causa principal de las amenazas a la estabilidad o gobernabilidad de nuestros países y de nuestras comunidades.

Con esta reforma se está intentando construir un sentido de comunidad democrática que no existió de manera efectiva durante el periodo de guerra fría. Esta comunidad se fundamenta en valores compartidos, también en el establecimiento de un marco político de valores y de ética global, sustentado en los valores universales, en especial la trilogía, la paz, democracia y desarrollo representa esta proyección.

Estos tres elementos redundan en un valor compartido esencial como es la paz, base esencial para todos los otros derechos.

Resulta también necesario que la agenda de desarrollo esté mejor vinculada a la prevención de conflictos y que las actividades de construcción de la paz conlleven siempre mecanismos para asegurar el desarrollo económico y social; por lo que creemos que podríamos ayudar a constituir también el Consejo de Seguridad Económica y Social.

Adicionalmente la propuesta del Presidente actualiza a la ONU a nuevas realidades conceptuales de la política internacional que buscan transformar el sentido de la globalización hacia una mundialización.

El proceso de globalización que hoy vemos acelerado, sostenía Carlos Castillo Peraza, implica una concepción de globo basada en intercambios económicos entre entes de interés comercial.

En cambio, una globalización que tenga la persona humana como su centro, supone una mundialización en donde se reconocen no sólo el intercambio de entes económicos dentro de un mercado global, sino personas, comunidades y naciones con historia, cultura, necesidades y proyectos que se relacionen entre ellas con libertad y dignidad.

El espíritu de la carta de las Naciones Unidas no se trastocará asegurar la vigencia de la ONU, es asegurar la reforma de la ONU. El organismo mundial se merece una reforma y una reflexión colectiva al respecto de hacerla más eficaz y combatir con el derecho internacional y la cooperación al unilateralismo de las grandes potencias.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señora diputada,

Se le concede el uso de la voz al diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal:

Con su anuencia, señor Presidente; compañeros y compañeras legisladoras:

Es en efecto, obligado, pronunciarnos respecto a esta propuesta con punto de acuerdo que constituye precisamente el dictamen que está a debate. Pero es importante también deslindar nuestra suma, nuestra aprobación en el fondo aun cuando muestra clara discrepancia en la forma.

Para Convergencia es importante respaldar no al Presidente de la República ni al Secretario de Relaciones Exteriores en posiciones a veces congruentes, a veces ambiguas. Es importante, fundamental e imprescindible, en cambio, resaltar que el Presidente de la República en la posición que asumió en las Naciones Unidas respecto a la reorganización del Consejo de Seguridad, es acorde por primera vez, fiel a los postulados de nuestra política exterior consignados en el artículo 89 fracción X de nuestra Carta Magna.

Es ahí donde sí necesitamos insistir, pedirle al Ejecutivo de la Unión que relea, que se compenetre plenamente de que estos postulados no son discrecionales; son posiciones obligatorias para México en su relación internacional.

Hablar justamente del multilateralismo, hablar del diálogo, de la cooperación, de desarrollo justo entre las naciones, de la distribución de la riqueza internacional, es hablar de la fracción X del artículo 89 constitucional.

Qué bueno que Vicente Fox haya retomado esa posición, importante que la sostenga, que no la asuma con titubeos, sino que la reitere cada que sea necesario porque es de los legados más significativos de nuestra historia diplomática, de nuestra historia y de nuestro comportamiento frente al concierto de las naciones.

Importante, pues, en este momento, hacer este señalamiento para que llegue al Ejecutivo y al Secretario de Relaciones Exteriores, perfectamente clara la posición de este Congreso; somos fieles, respaldamos la aplicación, la vigencia, el cumplimiento de la ley y no necesariamente a las posiciones circunstanciales que deben, en todo caso, acatar la ley, sin excepción de ninguna especie.

En esta tesitura, pues, que el dictamen en punto de acuerdo adquiere plena actualidad, en tanto reconoce la circunstancia que en el mismo se narra, es decir, la postura del Presidente de la República en las Naciones Unidas y a su vez, obliga en lo futuro a superar las ambigüedades y equívocos que han generado dudas respecto de la verdadera línea del Ejecutivo en la materia de relaciones internacionales.

Bien, aquí está el voto de apoyo y también la esperanza de que en lo sucesivo, la congruencia en la postura del Ejecutivo sea inequívoca y podamos ya confiadamente pensar que nuestro Jefe de Estado está representando realmente la posición, la conciencia, el interés y las esperanzas de la comunidad nacional.

Es todo, muchas gracias.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias, señor diputado.

Recuerdo que hay otros dos oradores registrados, pero de conformidad con el artículo 122 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Suficientemente discutido.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diversos Diputados presentaron iniciativas de reformas y adiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, mismas que fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen, las cuáles se relacionan a continuación:

Iniciativa que adiciona el artículo 219 bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la diputada Maricela Sánchez Cortés a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 12 de diciembre de 2002.

Iniciativa que reforma la fracción XXVIII, del artículo 109, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del diputado Uuc-Kib Espadas Ancona del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 8 de enero de 2003.

Iniciativa que reforma la fracción XX, del artículo 32, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del diputado Salvador Cosío Gaona del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 22 de enero de 2003.

Iniciativa que deroga el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (correspondiente al Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario), del diputado Salvador Cosío Gaona del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 26 de febrero de 2003.

Iniciativa de Reformas a Diversas Disposiciones Fiscales, del dip. José Manuel del Río Virgen, del Partido de Convergencia por la Democracia, de fecha 20 de marzo de 2001.

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Seguro Social, del dip. Rafael Hernández Estrada del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 04 de abril de 2002.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de las iniciativas antes señaladas y conforme a las deliberaciones y el análisis que de las mismas realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presenta a esta honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS:

La Iniciativa de la diputada Maricela Sánchez Cortes, del Grupo Parlamentario del PRI, plantea que el Consejo Nacional de Población proporciona cifras reveladoras del problema de las madres solteras, cuyo número asciende a 880 mil mujeres.

Señala la Iniciativa que las madres solteras son en su mayoría mujeres jóvenes, menores de 30 años de edad, mientras que las mujeres separadas y divorciadas concentran los mayores porcentajes entre los 30 y 49 años de edad; entre las viudas predominan las madres de 50 años. Las mujeres que viven en unión libre y las que se casan sólo por el civil, son en un alto porcentaje menores de 35 años.

En síntesis, el 28% de las madres mexicanas son solteras, separadas, divorciadas y viudas y representan el sector de la población más desprotegido frente al desempleo lo que hace necesario que el Gobierno Federal, actúe con determinación para brindar protección a este sector de la población, alentando con políticas públicas su incorporación al mercado de trabajo.

La propuesta que se plantea se refiere a otorgar un estimulo fiscal a las empresas que den prioridad en su contratación a madres solteras, con deducciones en el Impuesto Sobre la Renta por el 30% del monto de la contratación realizada, para lo cual propone la reforma al artículo 219 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Por su parte el diputado Uuc-Kib Espadas Ancona, del Grupo Parlamentario del PRD, señala que la Ley del Impuesto Sobre la Renta proporciona una mínima protección al trabajo intelectual. Indica el diputado Espadas Ancona que este trabajo se realiza en las más difíciles condiciones económicas y sociales, y que por su característica central -la explotación por parte de terceros, generalmente empresas medianas o grandes- se desarrolla en condiciones de dependencia.

Recuerda que el 30 de diciembre de 2001 el Congreso, al reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, eliminó la citada norma, concediendo a los autores un reducido margen de exención de dos salarios mínimos mensuales, monto insuficiente para proteger el trabajo de los intelectuales mexicanos. Un año después, en el 2002, y reconociendo como error haber eliminado la exención del impuesto en comento, el Congreso de la Unión aprobó una exención a los creadores que obtuvieran un ingreso inferior a los 25 salarios mínimos.

Por lo anterior propone exentar del pago del impuesto, los ingresos que se obtengan por permitir a terceros la publicación de obras escritas de su creación en libros, periódicos o revistas o bien, la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales de su creación, siempre que los libros periódicos o revistas, así como los bienes en los que se contengan las grabaciones se destinen para su enajenación al público por la persona que efectúa los pagos por estos conceptos y siempre que el creador de la obra expida por dichos ingresos el comprobante respectivo, por lo cual propone la reforma a la fracción XXVIII, del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En su iniciativa el diputado Salvador Cosío Gaona, del Grupo Parlamentario del PRI, argumenta que el sector de servicios, es uno de los más dinámicos del país y representa más de 60% del Producto Interno Bruto; agrega que la deducibilidad del consumo en restaurantes por motivos de negocio fue un apoyo fiscal utilizado durante años, retirado más tarde sin medir justificación; desde entonces ha sido un reclamo generalizado retornar dicho estímulo.

Señala que en diciembre de 2001, el Legislativo aprobó regresar el concepto en apoyo de la industria restaurantera nacional, otorgando la deducción de 50% del consumo en restaurantes para reuniones de negocios, acreditables al pagar el Impuesto Sobre la Renta, fijándose las reglas al respecto las que una vez que se perfeccionaron generaron crecimiento económico, así como mayor control fiscal a cargo de la industria restaurantera nacional.

No obstante, el Senado enmendó parcialmente la medida y aprobó que dicha deducción al pago del Impuesto sobre la Renta, en relación con los consumos en restaurantes en reunión de negocios, quedara en 25%.

Por lo señalado propone que es conveniente que con motivo de negocios de nuevo se aplique la deducción de consumos en restaurantes en un 50%, como estuvo vigente el 2002, por lo cual sugiere reformar la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En otra materia, el diputado Salvador Cosio Gaona, del Grupo Parlamentario del PRI, plantea que el objetivo del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario es que los patrones, las personas físicas o las morales que hagan pagos por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional, absorban el costo del crédito al salario.

Subraya que en enero de 2002 entró en vigencia este impuesto, que consiste en aplicar al total de las erogaciones realizadas por la prestación de un servicio total subordinado la tasa de 3%. Para el ejercicio fiscal de 2003, el Impuesto fue modificado con una tasa de 4%.

Agrega que no obstante la inconformidad que originó la creación del impuesto, parte del sector empresarial ya estaba absorbiendo esa disposición y, con la nueva modificación de la tasa a 4%, lo considera un impuesto excesivo.

Ante tales hechos propone que dicho impuesto debe ser modificado, actualmente con una tasa de 4%, a una de 3%, para lo cual plantea derogar el artículo tercero transitorio del decreto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1o. de enero de 2003.

En otro orden de ideas, el dip. José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia, considera en su propuesta la necesidad de revisar varios rubros referentes al Impuesto Sobre la Renta y considerando que la tasa de este impuesto es del 35%, propone reducirla al 32% para dar mayor flexibilidad a la tributación.

En materia de simplificación, señala que es conveniente tener una sola tarifa mensual y una anual para el cálculo de este impuesto, con el fin de que se simplifique el trámite del contribuyente en la determinación del gravamen.

En otro contexto, el dip. Rafael Hernández Estrada del Grupo Parlamentario del PRD, por su parte, plantea la necesidad de corregir la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, pues a pesar de que la base para el cálculo del impuesto que se define para los pequeños contribuyentes son los ingresos brutos, no las utilidades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que las notas y facturas de compra no sirven para determinar el monto de los impuestos.

Para ello, propone reformar el artículo 137, de la mencionada norma para que las personas físicas que desarrollen actividades empresariales, productivas, de transformación, comerciales y de servicios en establecimientos permanentes, mercados públicos, tianguis, concentraciones, comerciantes en vía pública, puestos fijos y semifijos, recicladores, incluidas las actividades desarrolladas en forma familiar permanente hasta con seis personas como máximo y las de manufacturación con un máximo de 16 personas, puedan optar por pagar el Impuesto Sobre la Renta, siempre que los ingresos propios de la actividad desarrollada y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior, no hubieran excedido de 3 millones 210 mil 649 pesos.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA.- Esta Comisión considera que no es procedente dictaminar favorablemente las iniciativas de mérito, ya que se refieren a diversos aspectos de un mismo ordenamiento, siendo que el mismo fue ya modificado y evaluado por la nueva legislatura en el período anterior de sesiones, aprobándose diversas reformas a dicho cuerpo legal, por lo que no se estima oportuno en este momento proceder a un nuevo examen de sus diversas disposiciones.

Por lo demás, dicho examen representaría un análisis fragmentado y sectorizado, ya que las iniciativas en cuestión, proponen reformas totalmente diversas y hasta contradictorias sobre un mismo ordenamiento legal; debiendo al respecto considerarse que los ordenamientos legales, en general y, con mayor razón, las leyes fiscales, deben respetar en todo caso, los principios fundamentales de la hermenéutica jurídica, por lo que no se considera conveniente que sean objeto de reformas o modificaciones parciales, que al no derivar de un examen general del sentido y espíritu que informa el cuerpo legal correspondiente, pudieran constituir ``parches legales'', es decir, modificaciones aisladas y fragmentarias que atentaran contra los principios referidos.

SEGUNDA.- Esta dictaminadora considera que la propuesta de la dip. Sánchez Cortés de otorgar un estímulo fiscal a la contratación de madres solteras, debe contemplar la contratación no sólo de madres solteras sino de mujeres en general, tema que deberá de analizarse conjuntamente con la Comisión de Equidad y Genero, para lo cual se pedirán sus puntos de vista y una vez que se cuente con la opinión de la citada comisión, se procedería a elaborar un nuevo dictamen. Adicionalmente se determinaría el efecto de este estímulo en la recaudación tributaria.

TERCERA.- En cuanto a la propuesta del Diputado Uuc-Kib Espadas esta se considera improcedente, en virtud de que esta Comisión opina que el mandato constitucional de contribuir a los gastos públicos, se dirige a todos los gobernados. Por lo demás los creadores intelectuales por su capacidad artística, científica, o de investigación se sitúan en un lugar de excepción dentro de la comunidad, razón por la cual sus talentos los hace estar doblemente obligados a contribuir al gasto publico, cuya finalidad es operar el aparato del Estado y realizar asimismo los programas públicos y sociales en beneficio de todos los habitantes del país y especialmente de los más desprotegidos, por lo que los intelectuales, investigadores y artistas deben ser los primeros es desear participar en estas tareas. De igual manera, esta Comisión no desconoce que la venta, entre otros, de los derechos para explotar obras musicales, genera en muchos casos, grandes ganancias en beneficio de sus titulares, lo que menos justificaría un tratamiento de exención. Finalmente la creación artística o intelectual queda en todo caso protegida porque se conserva en la Ley del Impuesto sobre la Renta, una exención a los creadores que obtengan hasta veinticinco salarios mínimos por la explotación de sus obras, exención con la que ni, por mucho cuentan otro tipo de profesionales e incluso obreros cuyo trabajo resulta igualmente valioso para la sociedad; independientemente de que los autores pueden, como el resto de los causantes, deducir de su base gravable, es decir, de su ingresos todos los gastos y erogaciones que tengan que efectuar para realizar su obra, debe recordarse que el Legislativo aprobó que los ingresos por derechos de autor no pagarán el impuesto cuando este no exceda de 20 salarios mínimos del área geográfica.

CUARTA.- La que dictamina considera improcedente pues las cargas y derechos tributarios en el Impuesto sobre la Renta, son de determinación anual y para el presente año, el Pleno decidió conservar en el 25% el porcentaje de deducción en restauran. Por lo que se considera que modificar al 50% afectaría la recaudación tributaría, no se considera precedente aprobar la iniciativa.

Resulta improcedente la iniciativa que se dictamina del diputado Cosío Gaona, ya que por norma expedida por el Pleno de la Cámara en el anterior periodo de sesiones, quedó derogado el impuesto sustitutivo del crédito al salario, previsto en el Art. 3 transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2003.

QUINTA.- El dip. José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia, considera en su propuesta la necesidad de revisar varios rubros referentes al Impuesto Sobre la Renta y considerando que la tasa de este impuesto es del 35%, propone reducirla al 32% para dar mayor flexibilidad a la tributación.

En materia de simplificación, señala que es conveniente tener una sola tarifa mensual y una anual para el cálculo de este impuesto, con el fin de que se simplifique el trámite del contribuyente en la determinación del gravamen.

SEXTA.- El dip. Rafael Hernández Estrada del Grupo Parlamentario del PRD, por su parte, plantea la necesidad de corregir la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, pues a pesar de que la base para el cálculo del impuesto que se define para los pequeños contribuyentes son los ingresos brutos, no las utilidades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que las notas y facturas de compra no sirven para determinar el monto de los impuestos.

Para ello, propone reformar el artículo 137, de la mencionada norma para que las personas físicas que desarrollen actividades empresariales, productivas, de transformación, comerciales y de servicios en establecimientos permanentes, mercados públicos, tianguis, concentraciones, comerciantes en vía pública, puestos fijos y semifijos, recicladores, incluidas las actividades desarrolladas en forma familiar permanente hasta con seis personas como máximo y las de manufacturación con un máximo de 16 personas, puedan optar por pagar el Impuesto Sobre la Renta, siempre que los ingresos propios de la actividad desarrollada y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior, no hubieran excedido de 3 millones 210 mil 649 pesos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración de la Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se declaran no aprobadas las Iniciativas materia de este Dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el expediente.

Palacio Legislativo, Salón de Sesiones, a 3 de febrero de 2004.--- Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez y Dávila (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, Oscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), secretarios; José Alarcón Hernández, José Arturo Alcántara Rojas, Angel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica), José Trejo Reyes, Francisco Javier Valdez de Anda (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica) y Emilio Zebadúa González (rúbrica).»

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Está a discusión el punto de acuerdo...

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Aprobado. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido...

Continúe la Secretaría.

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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diversos Diputados presentaron iniciativas de reformas y adiciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, mismas que fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen, las cuáles se relacionan a continuación:

Iniciativa que reforma el inciso 1 de la Fracción I del artículo 2-A y la Fracción III del Artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del Grupo Parlamentario PRD, de fecha 27 de diciembre de 2002.

Iniciativa que Reforma el último párrafo del Artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Artículo 137-bis 1 de la Ley Aduanera, del Diputado Armín José Valdés Torres a nombre de diputados por el Estado de Coahuila de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PRD, de fecha 03 de abril de 2003.

Iniciativa que Reforma Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Diputado Alfredo Hernández Raigosa del Grupo Parlamentario PRD, de fecha 28 de abril de 2003.

Iniciativa que adiciona el Artículo 2-A, de la Ley del Impuesto al valor agregado (en materia de agua potable), de la Sen. Martha Sofía Tamayo Morales del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 09 de diciembre de 2002.

Iniciativa de Reformas a Diversas Disposiciones Fiscales, del Dip. José Manuel del Río Virgen, del Partido de Convergencia por la Democracia, de fecha 20 de marzo de 2001.

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Seguro Social, del Dip. Rafael Hernández Estrada del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 04 de abril de 2002.

Iniciativa que adiciona una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera; y una fracción IX al artículo 25 de la Ley del Impuesto al valor agregado, del Sen. Roberto Pérez de Alva Blanco del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 21 de noviembre de 2002.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de las iniciativas antes señaladas y conforme a las deliberaciones y el análisis que de las mismas realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente.

DICTAMEN DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS:

La iniciativa del Diputado Uuc-Kib Espadas Ancona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, plantea el fomento de la lectura y auspiciar la actividad editorial del país para poder pasar de un país alfabetizado a un país de lectores, por lo que considera indispensable que se restablezca por la vía de Ley, la tasa 0 a la venta de revistas.

En otro aspecto, el Diputado Armín José Valdés Torres, del Grupo Parlamentario del PRI señala que la región conocida como ``Los Cinco Manantiales'' que comprende la totalidad de tos municipios de Allende, Morelos Nava, Villa Unión y Zaragoza en el estado de Coahuila, sé han visto afectados en su economía por el desplazamiento de consumidores hacia las ciudades vecinas de Estados Unidos de América, fenómeno que deprime en forma significativa la economía de dichos municipios.

Por lo tanto estima necesario proponer que se aplique en el territorio de los municipios citados el tratamiento fiscal en materia de impuesto al valor agregado, es decir la tasa del 10 por ciento a la región fronteriza, con la finalidad de promover el comercio y el empleo, mejorando así su situación competitiva y evitando la salida de divisas al extranjero.

Por su parte, el Diputado Alfredo Hernández Raigosa Del Grupo Parlamentario Del PRD argumenta que en México el condón femenino se ha difundido desde 1987; sin embargo su alto costo y la falta de importación no ha facilitado su acceso a través de farmacias y servicios de salud; agrega que hasta el 20 de octubre del 2000, se obtiene el registro sanitario para su importación, a través de un precio preferencial del fabricante, que al ser gravado por el IVA, eleva su precio directo al consumidor entre un 30% y un 40%

Por ello dado que el condón femenino es un método bajo el control de las mujeres que ofrece protección ante el ITS VIH/SIDA y los embarazos no deseados, que cada día se infectan en México más mujeres de VIH/SIDA y que hasta ahora, el único método para prevenir su transmisión es el uso del condón masculino y/o femenino, propone la aplicación de la tasa 0 a la enajenación del condón femenino o preservativo artificial.

En otro orden de ideas, la Senadora Martha Sofía Tamayo Morales del PRI señala por su parte, que existen en el país alrededor de 2,500 organismos operadores y suministradores del servicio de agua potable para uso doméstico, y sólo 360 de ellos están registrados ante la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, mismos que correspondan a ciudades grandes e intermedias. Agrega que la situación financiera de tales organismos no es equilibrada puesto que de esa totalidad, sólo son superavitarios 30, que representan el 1.2 por ciento del total, y solo 5 de ellos o sea el 0.2 por ciento son financieramente eficientes.

Subraya la senadora Tamayo, que la disposición del Poder legislativo por la cual se exentó el pago del IVA el suministro o servicio de agua para uso doméstico, significa una prohibición expresa en perjuicio de los organismos operadores, ya que están legalmente incapacitados para acreditar el IVA pagado en la compra de suministros y la contratación de servicios necesarios para prestar el suministro, lo que se traduce en la reducción del 15 por ciento de sus ingresos; y si bien el usuario doméstico del servicio no se ve afectado al no pagar IVA sobre su consumo, los prestadores del servicio que recuperaban el IVA ahora, con la disposición mencionada, es decir, la exención, deterioran su situación financiera, generando como consecuencia el encarecimiento del servicio o la baja en la calidad del agua de consumo humano.

Por lo anterior propone que se adicione el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al valor agregado, para que el impuesto se calcule aplicando la tasa del cero por ciento a los valores a que se refiere la ley, cuando se realice la prestación o suministro de agua para los usuarios del servicio doméstico.

En otro contexto, el Dip. José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia, considera en su propuesta la necesidad de revisar varios rubros referentes al Impuesto Sobre la Renta y considerando que la tasa de este impuesto es del 35%, propone reducirla al 32% para dar mayor flexibilidad a la tributación.

En materia de simplificación, señala que es conveniente tener una sola tarifa mensual y una anual para el cálculo de este impuesto, con el fin de que se simplifique el trámite del contribuyente en la determinación del gravamen.

Por lo que respecta a las modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, considera que no es adecuado que se elimine la tasa del 0%, a las medicinas y los alimentos, ya que esta medida repercutiría negativamente en los sectores más desprotegidos de la población, además de reducir las ventas de productos de consumo generalizado, lo cual podría crear una situación recesiva en lo económico.

Con relación a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el diputado Del Río Virgen señala que con el fin de incrementar la recaudación, sería conveniente que se gravaran aquellos artículos suntuarios, que no son de primera necesidad; por lo anterior, propone reformar el párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Finalmente, el Dip. Rafael Hernández Estrada, del Grupo Parlamentario del PRD, considera que no es adecuado que se elimine la tasa del 0%, a las medicinas y los alimentos, ya que esta medida repercutiría negativamente en los sectores más desprotegidos de la población, además de reducir las ventas de productos de consumo generalizado, lo cual podría crear una situación recesiva en lo económico.

El Senador Roberto Pérez de Alva Blanco del PRI, plantea una fracción IX al artículo 25 de la Ley del Impuesto al valor agregado, relativa a que las mercancías pasen a formar parte del patrimonio de la Federación o de la entidad federativa que se trate, según el caso. Esta obligación deberá cumplirse dentro de los cinco días siguientes a la importación de la mercancía.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA.- Esta Comisión considera que no es procedente dictaminar favorablemente las iniciativas de mérito, ya que se refieren a diversos aspectos de un mismo ordenamiento, siendo que el mismo fue ya modificado y evaluado por la nueva legislatura en el período anterior de sesiones, aprobándose diversas reformas a dicho cuerpo legal, por lo que no se estima oportuno en este momento proceder a un nuevo examen de sus diversas disposiciones.

Por lo demás, dicho examen representaría un análisis fragmentado y sectorizado, ya que las iniciativas en cuestión, proponen reformas totalmente diversas y hasta contradictorias sobre un mismo ordenamiento legal; debiendo al respecto considerarse que los ordenamientos legales, en general y, con mayor razón, las leyes fiscales, deben respetar en todo caso, los principios fundamentales de la hermenéutica jurídica, por lo que no se considera conveniente que sean objeto de reformas o modificaciones parciales, que al no derivar de un examen general del sentido y espíritu que informa el cuerpo legal correspondiente, pudieran constituir ``parches legales'', es decir, modificaciones aisladas y fragmentarias que atentaran contra los principios referidos.

SEGUNDA.- Por lo que hace á la primera de las iniciativas señaladas en el proemio del presente dictamen, esta dictaminadora considera que ha quedado sin materia la Iniciativa presentada por el Dip. Uuc-Kib Espadas, pues por reformas realizadas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el pasado período de sesiones, se legisló para restablecer la tasa cero en materia de revistas, homologándolas con los libros, que es precisamente lo que se pretendía en la iniciativa referida.

TERCERA.- Por otra parte, y en lo que respecta a la iniciativa presentada por el Diputado Armin José Valdés Torres a nombre de diputados por el Estado de Coahuila de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PRD, de fecha 03 de abril de 2003, tendiente a incorporar ciertos municipios del Estado de Coahuila el tratamiento fiscal a las regiones fronterizas, ésta no se considera procedente en virtud del alto costo para el erario federal que representan las múltiples exenciones y regímenes especiales en nuestro marco jurídico.

CUARTA.- Asimismo, en lo que corresponde a la iniciativa presentada por el Diputado Alfredo Hernández Raigosa del Grupo Parlamentario PRD, la que dictamina considera que aplicar la tasa cero a la enajenación de condones femeninos, no se considera procedente en virtud del alto costo para el erario federal que representan las múltiples exenciones y regímenes especiales que nuestro marco jurídico fiscal contempla actualmente y que ascienden a casi 5 puntos del PIB según consta en el presupuesto de gastos fiscales que envió el Ejecutivo Federal a solicitud del Congreso de la Unión. Esta Comisión considera asimismo que los objetivos de estas iniciativas podrían atenderse de mejor manera a través de la política de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

QUINTA.- En cuanto a la iniciativa de la senadora Tamayo Morales, para reformar el artículo 6 de la Ley del IVA, cabe señalar que actualmente ya se encuentran en tasa cero por ciento los servicios de suministro de agua para uso domestico, bajo la condición de que el monto del saldo a favor se destine al pago de derechos a que están obligados o para inversión en la infraestructura hidráulica, por lo que esta Comisión considera que se ha atendido el planteamiento de esta propuesta.

SEXTA.- Por lo que atañe a la iniciativa presentada por el Dip. José Manuel del Río Virgen, del Partido de Convergencia por la Democracia, esta Comisión considera que no es procedente dictaminar favorablemente la iniciativa fiscal en merito, ya que se refiere a diversos aspectos de un ordenamiento, que fue ya modificado y evaluado por la LIX Legislatura, en el reciente período de sesiones, aprobándose diversas reformas a dicho cuerpo legal.

Por lo demás, dicho examen representaría un análisis fragmentado y sectorizado, ya que la iniciativa en cuestión propone reformas diversas y hasta contradictorias sobre un mismo ordenamiento legal; debiendo considerarse que los ordenamientos legales, en general y, con mayor razón las leyes fiscales, deben respetar en todo caso los principios fundamentales de la Hermenéutica jurídica, por lo que no es conveniente que sean objeto de reformas o modificaciones parciales, que al no derivar de un examen general del sentido y espíritu que informa el cuerpo legal correspondiente, pudieran constituir ``parches legales'', es decir, modificaciones aisladas y fragmentarias que atentan contra los principios referidos

SÉPTIMA.- Por lo que corresponde a la iniciativa presentada por el diputado Hernández Estrada, cabe señalar también que la reforma al Impuesto Sobre la Renta, contempló para el régimen de pequeños contribuyentes un límite de ingresos de 1.5 millones de pesos anuales con una tasa del 1% sobre ingresos brutos, quedando exentos hasta 3 salarios mínimos generales, desapareciendo la diversidad de tasas que existían en la Ley anterior. Al respecto, el régimen de Pequeños contribuyentes se modifico para el ejercicio 2004 sin que se haya considerado procedente esta iniciativa

OCTAVA.- Finalmente, por lo que hace a la iniciativa presentada por el senador Pérez de Alva Blanco señala la necesidad de exentar la importación de mercancías que se destine a la enseñanza a cargo de instituciones públicas del sistema educativo nacional; al respecto, la actual Ley Aduanera en la fracción IX del artículo 61 regula a las mercancías de importación destinada a la enseñanza que por medio de personas morales no contribuyentes autorizados para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta, quedan exentas, con los requisitos correspondientes, por lo que la que Dictamina considera que no es necesaria la reforma al encontrarse regulada la propuesta materia de este dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración de la Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se declaran no aprobadas las Iniciativas materia de este Dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el expediente.

Palacio Legislativo, Salón de Sesiones, a 3 de febrero de 2004.--- Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez y Dávila (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, Oscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), secretarios; José Alarcón Hernández, José Arturo Alcántara Rojas, Angel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica), José Trejo Reyes, Francisco Javier Valdez de Anda (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica) y Emilio Zebadúa González (rúbrica).»

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Está a discusión el punto de acuerdo...

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a las diputadas y diputados si se aprueba el punto de acuerdo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Aprobado. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

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REPUBLICA DE CUBA
El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Pasando al apartado del orden del día de proposiciones con punto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno de México se abstenga de votar en contra de una resolución en materia de derechos humanos en Cuba.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Con su permiso, señor Presidente.

Quiero presentar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar al Gobierno de México se abstenga de votar una resolución en contra de Cuba durante la Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas.

Como todos sabemos, desde el pasado 15 de marzo, se encuentra sesionando la Comisión de Derechos Humanos que depende de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene como objetivo fundamental fortalecer instrumentos internacionales de derechos humanos y la responsabilidad, cada vez mayor asumida, por particulares y estados miembros para que esto se cumpla.

Sin embargo es importante que recordemos que en la declaración adoptada en la Conferencia de Viena en 1993, en relación con los derechos humanos que son legítima preocupación de todos los países que pertenecen a esta Comisión, México desde 1980, destaca algo que no debemos de perder de vista y es precisamente que los derechos humanos deben enmarcarse fundamentalmente en principio de objetividad, no selectividad y universalidad, éstos son los elementos centrales para cualquier tipo de decisión.

México siempre ha promovido el fortalecimiento del diálogo constructivo, con objeto de lograr una verdadera promoción y protección de los derechos humanos. Desgraciadamente ha imperado en algunos casos la politización en la consideración de casos nacionales, con intereses ajenos a una genuina promoción y protección de los derechos humanos, haciendo en muchos casos, ineficiente la labor de esta importante comisión.

Uno de los temas que está agendado precisamente para el próximo 16 ó 17 de abril de esta sesión, son las resoluciones condenatorias contra países que han violado sistemáticamente los derechos humanos. Así fue el caso en su momento de Serbia o de otras naciones, cuyas acciones de genocidio eran evidentes. Hoy, como lo he dicho, está pendiente precisamente y agendado el caso de Cuba.

Por razones políticas el tema de la situación de los derechos humanos en Cuba, ha sido siempre tratado con énfasis en utilizar un lenguaje condenatorio, más allá de los procedimientos que la propia ONU decida realizar en coordinación con gobierno y pueblo cubanos.

Creo, compañeras y compañeros legisladores, que vale la pena que recordemos que México siempre ha participado en materia de política internacional, en las más diversas acciones diplomáticas, que nos ha venido dando crédito a nivel internacional, incluso logrando el propio reconocimiento del vecino país del norte, como son los casos del Tratado de Tlatelolco, del Grupo Contadora, de la Cumbre Iberoamericana, en el Diálogo Norte-Sur y otras muchas iniciativas mexicanas que permitieron que nuestro país adquiriera este prestigio.

Sin embargo, necesitamos recordar también que desde 1991 al 2001 México se abstuvo precisamente de votar en contra de esa resolución, porque no se ajustaba a los principios de objetividad, de selectividad y de universalidad, por eso nos preocupa que en el 2000, 2001, 2002 y 2003, se haya votado en contra.

Creemos que no forzosamente, que por el hecho de que un partido en el poder, actualmente representado también en esta Cámara, considera que deba de aprobar y estar siempre en la misma línea que ha asumido el Ejecutivo Federal.

Creo que es tiempo compañeras y compañeros diputados, de que el Poder Legislativo se pronuncie para recobrar esos principios que le dieron el prestigio y el nombre internacional que México tuvo en esta materia de política internacional, de hombres que dedicaron su vida para darle luz a esta país y que pudiera ganarse el respeto del propio Estados Unidos.

Por esta razón me permito poner a la consideración de todos ustedes el siguiente

Punto de Acuerdo

Que esta legislatura del Congreso de la Unión, solicite al Gobierno de México que durante los trabajos que se realicen en el sexagésimo periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se abstenga de votar una resolución condenatoria en contra de Cuba respondiendo al espíritu humanitario, solidario y latinoamericanista de cooperación y diálogo que es paradigma del desempeño de la política exterior.

Gracias por su comprensión, señor Presidente, por el tiempo excedido.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Gobierno de México que se abstenga de votar en contra de una resolución en materia de derechos humanos en Cuba, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.

Los que suscriben, diputados federales del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, en base a las siguientes

Consideraciones

La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas realiza en Ginebra, Suiza, en su 60° periodo de sesiones. Esta reunión debe cumplir la misión que la ONU le asigna en la búsqueda de fortalecer los instrumentos internacionales de derechos humanos y la responsabilidad cada vez mayor asumida por particulares y Estados miembros de que éstos se cumplan.

El Gobierno de México apoya el enfoque que establece que las violaciones a los derechos humanos son una legítima preocupación para la comunidad internacional, tal como lo señala la declaración adoptada en la Conferencia de Viena de 1993. Esa declaración destaca que para cumplirse debe enmarcarse en los principios de objetividad, no selectividad y universalidad, como elementos centrales en el examen de los derechos humanos en los foros internacionales.

Reconociendo la importancia del fortalecimiento de la cooperación internacional en la materia, México ha sido miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) desde 1980 y ha mantenido una participación activa y propositiva en este mecanismo multilateral que no ha sido ni defensiva, ni pasiva.

México siempre ha promovido el fortalecimiento del diálogo constructivo con objeto de lograr una verdadera promoción y protección de los derechos humanos. Desgraciadamente ha imperado en algunos casos la politización en la consideración de los casos nacionales con intereses ajenos a una genuina promoción y protección de los derechos humanos, haciendo ineficiente la labor de la Comisión.

Uno de los temas más delicados de estas sesiones de trabajo son las resoluciones condenatorias contra países que han violado sistemáticamente los derechos humanos. Así fue con el caso de Serbia o de otras naciones cuyas acciones de genocidio eran evidentes. Por razones políticas, el tema de la situación de los derechos humanos en Cuba ha sido tratado con énfasis en utilizar un lenguaje condenatorio, más allá de los procedimientos que la propia ONU decida realizar en coordinación con gobierno y pueblo cubanos.

Desde 1991 hasta 2001, México se abstuvo en la votación sobre la resolución de Cuba, señalando que una cooperación internacional amplia y fructífera en el ámbito de los derechos humanos sólo es posible si ésta se apoya en los principios de objetividad, de no selectividad y de universalidad, reconocidos ampliamente en la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos de 1993.

Al explicar su voto, en estas ocasiones la delegación manifestó que México su deseo de que en el siglo XXI la comunidad latinoamericana y caribeña esté compuesta, sin excepciones, por naciones soberanas, de hombres y mujeres libres; naciones democráticas e incuestionablemente respetuosas de los derechos humanos y quiere, por supuesto, que Cuba forme parte inseparable de dicha comunidad. Sin embargo, el gobierno de México considera que este propósito no podrá ser alcanzado en ninguna parte del planeta mediante presiones externas de condena, aplicación extraterritorial de leyes estrictamente nacionales, ni mucho menos por medio de embargos y bloqueos comerciales.

La delegación de México señalaba en su momento que ``con su abstención, el gobierno mexicano reitera que la política que más favorece la democracia es el diálogo, no la condena; es la vinculación, no el aislamiento; es la fraternidad, no la agresividad'' y reiteró el firme compromiso del Gobierno de México ...con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, así como su indeclinable vocación de diálogo con las instancias internacionales en esta materia.''

Sin embrago, en los últimos dos años las circunstancias han cambiado y México ha modificado su consideración para apoyar, gracias a un fuerte cabildeo del gobierno norteamericano, su posición respecto a estas resoluciones de la CDH. Por ello, en 2002 y 2003, México ha expresado un voto a favor de una resolución que de manera evidente pretende continuar las políticas injerencistas contra la isla caribeña.

El pueblo de Cuba se ha enfrentado durante más de 45 años a un bloqueo brutal que ha pretendido coartar sus libertades y su capacidad de acción y vinculación con el resto del mundo. Y, sin lugar a dudas, la votación de una resolución en contra de Cuba para imponer al país nuevas condicionantes en su desarrollo interno, bajo la lupa de países extraños y sin capacidad de decisión sobre el presente y el futuro que esa nación se ha planteado a si misma, es una más de esas medidas que extralimitan una presión política internacional dirigida cuyos resultados lamenta el resto de América Latina.

A pesar del bloqueo y de los muchos intentos de coartar la libertad de decisión, fundamental de un pueblo, el desarrollo educativo, cultural, sanitario y científico, entre muchos otros, son ejemplo de otras latitudes donde las oportunidades existen pero son desaprovechadas por sus pueblos, sin ningún pretexto o riesgo. El pueblo de Cuba se desarrolla, a pesar de los retos y vicisitudes, con paso firme y es menester apoyar este loable esfuerzo otorgándoles la posibilidad de seguir definiendo su propio perfil de nación sin encontrar, en el abuso del poder transacional, una barrera infranqueable que desacelera lo andando y pone en riesgo la seguridad de este pueblo.

Es momento de que México asuma una postura congruente con su visión internacional, vinculatoria, solidaria y latinoamericanista. Por ello, el Gobierno de México debe considerar que una abstención ofrece más libertad y dignidad que el apoyo a tientas que exige unilateralmente una sola nación.

Con su abstención, México reiterará su convicción de que la política que más favorece a la democracia internacional es el diálogo y no la condena. La abstención mexicana en este foro multilateral permitirá balancear intereses y compromisos, con la convicción de que los más altos propósitos nacionales no pueden ser alcanzados en ninguna parte del orbe mediante presiones externas de condena, la aplicación extraterritorial de leyes estrictamente nacionales, ni mucho menos por medio de embargos y bloqueos comerciales que deterioran gravemente a una sociedad que se debilita, atada de manos, cautiva de intereses ajenos a los de su propia comunidad internacional.

Todo ello, se apoya además, en la voluntad del pueblo y el gobierno cubanos de cooperar con los organismos multilaterales, que continuamente visitan esa nación para desarrollar programas conjuntos que mejoren las condiciones de vida del país. Pero no pueden permitirlo a partir de la injusticia, la condena, la selectividad y la particularidad de un caso, sólo para cumplir con los caprichos e intereses de otras naciones. Esa es la dignidad que ha mantenido a Cuba en activo y no podemos permitir que se agote. Cuba necesita de México tanto como México necesita de Cuba y el resto de la comunidad latinoamericana.

Por todo ello, respetuosamente presentamos a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión solicita al gobierno de México que, durante los trabajos que se realizan en el 60° periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, se abstenga de votar una resolución condenatoria en contra de Cuba, respondiendo al espíritu humanitario, solidario y latinoamericanista de cooperación y diálogo que es paradigma del desempeño de la política exterior mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 17 de marzo de 2004.--- Diputados: Jesús E. Martínez Alvarez, Luis Maldonado Venegas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Jesús P. González Schmal y Juan Fernando Perdomo Bueno.»

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Gracias a usted, diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición expuesta por el punto de acuerdo para solicitar al Gobierno de México se abstenga de votar en contra de una resolución en materia de derechos humanos en Cuba.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Antonio Morales de la Peña:

Se considera de urgente resolución.

En consecuencia está a discusión la Proposición.

Se han registrado para hablar a favor del punto de acuerdo, el diputado José Alberto Aguilar Iñárritu, del grupo parlamentario del PRI; el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del PT y el diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del PRD.

Y para hablar en contra del punto de acuerdo, se ha registrado el diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

En consecuencia se le concede la palabra hasta por cinco minutos al diputado José Alberto Aguilar Iñárritu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.

El diputado José Alberto Aguilar Iñárritu:

Con su venia, señor Presidente:

A nombre de la fracción parlamentaria de mi partido el PRI, queremos manifestar ante esta soberanía, que estamos en absoluto de acuerdo con la propuesta que presentó el Partido Convergencia.

Hace un momento escuchamos aquí palabras sabias, palabras correctas, que nos referían la importancia de la seguridad como uno de los factores centrales para garantizar la paz, la cooperación y el desarrollo en el mundo global.

No pasa desapercibido que las arquitecturas de otras épocas en este momento requieren ser actualizadas y complementadas con nuevos elementos que permitan que las naciones tengan certidumbre en su relación internacional, frente a retos y frente a adversidades que producto del mismo proceso global hoy se presentan en formas inéditas.

Es así que en el mundo se ha puesto de manifiesto la importancia de generar una nueva agenda en materia de seguridad. Es para nosotros sorprendente que en México esa agenda no se entienda en primer lugar como una agenda a favor de los intereses nacionales; como una agenda que tiene qué ver con la definición de lo que se llamaría el primer círculo de seguridad de México; un círculo que tiene qué ver con las fronteras de México: América Central, América del Norte, el Caribe y el Gran Caribe, lo cual involucra a Venezuela y a Colombia.

En este contexto hemos manifestado en muchísimas tribunas, la importancia de actualizar nuestra doctrina, de manifestar con toda precisión cuáles son los intereses en la materia y particularmente en lo que significa nuestra región inmediata.

Esta región inmediata es nuestro vecindario, un vecindario donde queremos vivir en paz, donde no estamos dispuestos a tolerar ningún elemento que ponga en riesgo la situación de nuestra nación y el derecho de nuestros compatriotas y de la región misma para vivir y desarrollarse adecuadamente.

Por esta razón nosotros observamos el bloqueo a Cuba no solamente como un acto injusto e inhumano, sino como un acto antediluviano que responde a condiciones que no existen hoy.

Adicionalmente lo consideramos un foco de tensión que afecta la seguridad a que aspiramos en el primer círculo de seguridad de México.

Es por eso que nosotros observamos que las continuas condenas a Cuba en materia de derechos humanos se encuentran más en el tono de encontrar elementos para mantener un bloqueo que a todas luces, que a todos foros se encuentre una condena permanente para tratar de encontrar el último resquicio para poderlo mantener.

México, en una conciencia plena de sus intereses, no puede estar a favor de eso ni puede hacerle el juego a esos intereses. Aquí no estamos hablando de la legítima defensa de los derechos humanos; aquí de lo que estamos hablando es de la politización de los derechos humanos para hacer valer un proceso desgastado de mantener el bloqueo contra Cuba.

Por eso nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que México debe de abstenerse de cualquier propuesta condenatoria en esa materia.

Adicionalmente debemos considerar que ya es momento de cambiar en nuestra relación bilateral con nuestros amigos, Estados Unidos, un sesgo republicano en los procesos. La republicanización de nuestra relación en esos términos no va a dejar nada nuevo.

Contemplemos que hay cambios en la correlación de fuerza en Estados Unidos, contemplemos que Estados Unidos, como nosotros, es un país diverso. Atendamos a esa diversidad para comportarnos en una relación bilateral que justamente responda a esos términos.

Adicionalmente, no se nos debe escapar que los cambios en América del Sur, en un acto condenatorio a los derechos humanos en Cuba, no harán más que México continúe con un proceso de pérdida de liderazgo y de aislacionismo en el marco de nuestra América Latina.

Es momento de evitarlo. Tomemos conciencia. Votemos por México. No permitamos el uso equivocado de nuestras facultades en función de intereses teóricos o de otro tipo que nos lleven a cometer más errores en esta materia.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado:

Tiene el uso de la palabra el diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en contra.

El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez:

Con su venia, señor Presidente.

Cuando se habla de derechos humanos México vota a favor de una causa y no en contra de un país.

Señores, México ha promovido la defensa de los derechos humanos, política con la que ha sido congruente al ser signatario de la mayoría de los tratados internacionales que protegen los derechos inherentes del ser humano.

Además, y por primera vez en su historia por aquellos que decían que desde 1971 al 2001 México se había abstenido en esta materia, México aceptó la mirada externa a través del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país como parte de la segunda fase del acuerdo de cooperación técnica entre el Gobierno mexicano y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

¿Alguien considera esto una intromisión, una violación a la soberanía? o ¿hablar de los derechos humanos es un tema antediluviano?

Señores, hay que acabar con el doble discurso. Por un lado se habla de soberanía del paraíso en la tierra que es Cuba en lo que es socialismo. Pero en realidad hay un régimen autoritario, violador de derechos humanos y paraíso, sí, pero de corruptos.

No dan libertad a su gente de salir de su isla ni de tener propiedad privada. Pero eso sí, dejan que gente como Salinas o como Ahumada recientemente capturado por la Interpol y la PGR, en Cuba, laven dinero sucio y tengan propiedades, ellos sí, en la isla.

Señores: hay que acabar con el doble discurso. ¿Están con los derechos humanos o con la dictadura? ¿Están con la honestidad que a veces dicen valiente, pero aquí no veo esa valentía, o con quien escondió por más de un mes a Carlos Ahumada?

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, señor diputado. Tengan la bondad de suspender el marcaje del tiempo.

Señoras y señores legisladores: tanto respeto merecen los señores oradores del contra como los señores oradores del pro. Se ha abierto el registro para externar toda la argumentación en uno u otro sentido. Ruego respeto a los oradores.

Continúe, señor diputado y continúe el marcaje del tiempo.

El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez:

Este mes es el primer aniversario de la ola de opresión más dura de los últimos años en Cuba. Setenta y cinco luchadores por la democracia y derechos humanos, fueron encarcelados y sentenciados con penas que alcanzan los 28 años.

Hoy Cuba encabeza la lista de los países con más periodistas encarcelados del mundo, pues ha dejado a más de 32 de ellos condenados, hablando de condenas, de 14 a 27 años de prisión, por emitir una opinión discordante a la del régimen. Estos prisioneros de conciencia, cuyo único delito fue portar una pluma y una mente libre, deben tener el apoyo del pueblo mexicano y el repudio a aquellos que los llamaron ``mercenarios'' por ejercer el derecho de libre prensa.

Hoy estamos enfrentándonos a la pregunta que cada año nos aqueja con respecto a la posición de nuestro país en el caso Cuba y su desempeño en cuestiones de derechos humanos. Por ello la pregunta es: ¿de qué lado de la balanza nos vamos a inclinar? ¿Debemos de darle la espalda a la congruencia y a nuestra lucha por alcanzar instituciones democráticas y que promueven y defienden los derechos humanos?

Acción Nacional responde categóricamente, porque es un partido que se honra de ser centro humanista basado en la dignidad de la persona y los derechos humanos. Creemos firmemente en la democracia como el mejor camino para garantizar el bien común. Por eso condenamos el embargo económico que sufren los cubanos, pero también condenamos el embargo de las libertades fundamentales que inflige el dictador Castro a su pueblo.

Por ello y porque somos congruentes y porque no profesamos un doble discurso, les pedimos a los compañeros diputados aquí presentes, que se definan y no le den la espalda a los valores fundamentales de asociación, de manifestación de ideas, de escribir y de publicar.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado:

Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en pro del punto de acuerdo.

El diputado Pedro Vázquez González:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Como ya se ha vuelto costumbre, en los últimos años el gobierno norteamericano y sus aliados, que se escuche bien: y sus aliados, insisten en chantajear al gobierno cubano ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, para lograr un voto de censura en contra de una propuesta distinta de organización política y social.

Debemos de recordarles a los panistas y al Presidente Fox que el contenido de la fracción X del artículo 89 constitucional establece los principios normativos de la política exterior de nuestro país y que el Presidente de la República está obligado a seguir, entre los que destacan: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias.

Basados en estos principios de nuestra política exterior nos oponemos tajantemente a que el Presidente Bush se mantenga al acecho y persista en mantener la presión internacional en contra de Cuba. Pero no tan sólo están presentes nuestros postulados en esta materia, sino que además cada vez está más claro que los halcones que hoy detentan el poder en el vecino país del norte, cada vez tienen menos credibilidad para erigirse como jueces en el mundo.

Como se dijo en el comunicado de los terroristas sobre los atentados recientes en España: ¿dónde están los norteamericanos para defender al pueblo español? Es decir, no sólo son mentirosos porque nunca se encontraron armas de destrucción masiva en Irak, sino que sólo fueron justificaciones urdidas mañosamente para apoderarse del petróleo de esa nación.

El cinismo y las mentiras de Bush y de sus seguidores quedaron al descubierto, cuando en el mundo nos enteramos que la reconstrucción de Irak fue un botín para las empresas de los altos funcionarios de la Casa Blanca, dejando incluso hasta a sus propios aliados como simples espectadores de esa rapiña.

Los aliados ponen los muertos, como es el caso de la tragedia española y la sospechosa muerte del doctor Kelly en Inglaterra. Esto es tan sólo una muestra de hechos recientes de la actitud y la política internacional de Estados Unidos, pero que ilustra con suficiente fuerza su falta de respeto a las normas internacionales y a los derechos humanos de los habitantes del mundo.

Compañeras y compañeros diputados: me pregunto: ¿es posible secundar una política de tal naturaleza por nuestro Gobierno? Me pregunto: ¿es posible que México apoye a un gobierno que mata, veja y viola sistemáticamente los derechos humanos de nuestros compatriotas? Me pregunto: ¿debe México apoyar un voto de censura contra el pueblo de Cuba ante la presión del Presidente Bush?

Ahora mismo el gobierno norteamericano se encuentra violando los derechos de su propio pueblo. La Ley Antiterrorismo que implementó después del pasado 11 de septiembre de 2001 faculta a las autoridades norteamericanas para hacer y deshacer lo que le dé la gana en contra de los ciudadanos norteamericanos.

Me pregunto: ¿cómo una nación que hace estas cosas puede hablar de respeto a los derechos humanos? En todo caso revisemos junto con el Presidente Bush qué se entiende por los derechos humanos. Porque si por respeto a los derechos humanos entiende que puede enviar fuerzas militares para invadir otros pueblos, como lo hizo recientemente en Haití, en aras de proteger sus intereses, entonces es un paladín de los derechos humanos.

Sin embargo, la realidad lo desmentiría de inmediato. Porque si repasamos en nuestras mentes la foto que recorrió al mundo del niño Alí, sin brazos y con la frustración de haber perdido a sus padres, gracias a los bombardeos enviados por Bush, entonces tendríamos que reconocer que el Presidente norteamericano es un criminal; o bien reconocer que nos hace falta una buena dosis de locura e insensibilidad ante el dolor humano.

Entonces queda claro que México no tiene por qué seguir haciéndole el juego a un asesino y mentiroso que acusa a cualquier gobierno que no se pliegue a sus dictados y a sus caprichos.

Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del punto de acuerdo en el que se solicita al gobierno del presidente Fox que nuestra representación en Ginebra, Suiza, se abstenga de votar en contra de la hermana República de Cuba.

Por su atención gracias y es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para hablar en contra de la proposición el diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas:

Con su venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante.

El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas:

Aquí se ha dicho que no estamos hablando de los derechos humanos, lo peor de todo es que esto es cierto. Tiene razón el orador que antes de mí señalaba que aquí no estamos hablando de los derechos humanos, al menos no todos. Estamos hablando y oyendo hablar de muchas cosas, menos de lo que verdaderamente importa.

Se ha hablado de geopolítica, se ha hablado de soberanía nacional, se ha hablado de poder ideológico, se ha hablado de seguridad nacional, de cualquier cosa, menos de las mujeres y de los hombres que viven oprimidos bajo un régimen dictatorial que cancela todas sus libertades y ése sí, cancela hasta sus esperanzas.

No es posible sostener principios como el primer círculo a la seguridad nacional, principios como la soberanía del pueblo, cuando no se está del lado de la única y verdadera encarnación con sentido del pueblo, cada hombre y cada mujer que lo forman y que tienen que padecer prisión por decir lo que piensan, que tienen que padecer prisión por escribir poesía y por decirla, que padecen prisión por cosas que en cualquier país medianamente libre no son más que la rutina que hace el día a día de la libertad y de los derechos humanos, que sólo se defienden cuando el sujeto de los derechos es precisamente un hombre y una mujer, cada hombre y cada mujer y no conceptos abstractos del pueblo que en realidad disfrazan doctrinas de soberanía nacional colectivas, que pasan sobre los derechos de las personas de carne y hueso.

Veo que en este debate retomamos aquella división que el gran Goethe decía que era la división verdadera de la política, por un lado los amigos del orden, por el otro los amigos de las libertades.

No deja de ser paradójico que las izquierdas se alineen hoy del lado del orden, del orden de una dictadura por encima de las libertades, del orden de la opresión de la libertad de expresión...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, señor diputado Molinar.

Suspéndase el marcaje.

Por favor, activen el sonido en la curul del diputado Moreno Garavilla.

¿Con qué propósito, diputado?

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde su curul):

Señor Presidente, para rogarle por su conducto al orador, se sirva aceptar un par de preguntas.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Acepta diputado Molinar?

El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas:

Con mucho gusto, señor Presidente, si usted las acepta.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, diputado Moreno Garavilla.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde su curul):

Muchas gracias.

Señor diputado Molinar Horcasitas, quisiera solicitarle muy respetuosamente se sirva ilustrarnos, dándonos a conocer su concepción sobre los derechos humanos. ¿Sabe usted cómo define nuestra Carta Magna lo que es un derecho humano?

Y, número dos, ¿cómo define usted el concepto de libertad en los términos de nuestra Ley Suprema? Para ver si lo que usted nos está señalando, atribuyéndolo a otro país, sea el que fuere, ocurre o no ocurre en nuestro propio país.

Por sus respuestas, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Diputado Molinar, adelante.

El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas:

Muchas gracias, señor Presidente.

Mire, diputado Moreno Garavilla, desde luego que la única manera en que podemos entender los derechos humanos, es cuando los materializamos precisamente en las personas. Los discursos abstractos sobre derechos humanos, cuyo objeto son los pueblos, las naciones, son discursos que ocultan lo esencial y que es lo que este partido ha defendido siempre: la dignidad de la persona humana y la persona humana es, finalmente, eso, una identidad personalísima que se caracteriza fundamentalmente por su derecho inalienable a la libertad de otros.

Y la libertad, finalmente, es una capacidad de optar, una capacidad de optar que en este país se ha venido construyendo de una manera firme, de una manera yo diría que hasta heroica y en esa construcción de la capacidad de decidir de las personas en este país, han contribuido partidos de todas las orientaciones y han contribuido, debo decirlo, todos los partidos aquí presentes, incluido el suyo, aunque es recién llegado a la arena política.

Hasta ahí mi respuesta y quiero..

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias diputado Molinar... Un momento diputado, ¿Con qué propósito, diputado Moreno?

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde su curul):

Señor Presidente, para formular una tercera y última pregunta al diputado.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Acepta, diputado Juan Molinar?

El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas:

Sí, a pesar de que la segunda era la última, con todo gusto.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, adelante.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde su curul):

Mire usted, los derechos humanos es el contenido de un continente llamado garantías individuales que se esgrimen en los primeros 29 preceptos preferentemente de nuestra Carta Magna y que tienen el propósito de proteger cuatro esferas jurídicas fundamentales de todo gobernado, incluyéndolo a usted, que es la libertad en su más variada y múltiple acepción, la seguridad jurídica, la igualdad y la propiedad.

Y. por otro lado, la libertad efectivamente implica la posibilidad de optar pero fundamentalmente no sólo es un concepto oponible de esclavitud, sino que se determina en libertad de pensamiento, de expresión, de tránsito, como la que esgrimen los artículos 8º, 9º, 10 y 11.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor diputado, yo quisiera rogarle que concretara la pregunta.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde su curul):

Sí, con mucho gusto, señor Presidente.

Nada más, no estamos hablando de conceptos abstractos, diputado y cuando yo tuve el honor de participar en la LVII Legislatura usted creo que estaba en el IFE, yo no sé quién sea más nuevo si usted o su servidor... y debo decirle respetuosamente, que la pregunta fue si conoce usted o qué dice nuestra Constitución, no lo que piensa usted, sino lo que dice la Constitución sobre derechos humanos y sobre libertad.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante diputado Juan Molinar, si es tan amable.

El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas:

Muchas gracias, diputado Moreno Gavilla, a pesar de que no hubo tercera pregunta, trataré de responder lo que probablemente de su exposición se desprende y sobre todo, agradecer el recordatorio que le ha hecho a toda esta Cámara sobre el contenido de los derechos humanos, lamentando al mismo tiempo que su partido lo haya olvidado en el momento de la confección de este punto de acuerdo, porque es perfectamente contrario a todo lo que usted ha señalado... y voy a continuar con mi intervención señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continúe y continúe el marcaje del tiempo.

El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas:

Con una votación como ésta, con un punto de acuerdo como éste, realmente me pregunto, quienes así lo proponen y quienes así lo apoyan ¿cómo van a exigir después, con qué congruencia van a exigir después comisiones de la verdad para revisar nuestro pasado cuando le niegan la libertad de decir su verdad a los oprimidos de hoy en un pueblo vecino y hermano... y cuando se lo niegan para buscarla mañana y para cuando se la seguirán negando en aras de interpretaciones fundamentalmente opuestas a la dignidad y la libertad de la persona?

La verdad es, que apoyar a una dictadura escudándose en esas interpretaciones que por desgracia no son caducas sino parece que se renuevan una y otra vez como el pensamiento autoritario encuentra maneras de renacer en cualquier época, ustedes con ese apoyo se oponen a las libertades. Ustedes, con ese apoyo se oponen a los verdaderos integrantes de un pueblo que quiere ser libre, cada mujer y cada hombre que en esa isla es oprimido, ustedes forman hoy el campo del orden, del orden dictatorial. Acción Nacional vota por los derechos humanos porque forma hoy y siempre, en el campo de las libertades.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputado Molinar.

Tiene el uso de la palabra, para hablar en pro de la proposición, el diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Jorge Martínez Ramos:

Con su venia, señor Presidente:

Antes que nada quiero entregar a la Secretaría una respuesta que pido que se traslade a la versión estenográfica como cuerpo de la respuesta, tiene que ver con los juicios de los 75 cubanos y no voy a perder tiempo en eso.

``Se celebraron 29 juicios en Cuba, acusadas 75 personas: 74 hombres y una mujer. Se impusieron por los tribunales sanciones de privación de libertad de entre 6 y 28 años. En ningún caso se impuso la pena de muerte, ni cadena perpetua. No se utilizó violencia alguna o fuerza, los inculpados no se resistieron a los arrestos.

Los procesos penales se instruyeron con carácter sumario en virtud de la Ley No. 5 de 1977, ``Ley de Procedimiento Penal'' significa la potestad del Presidente del Tribunal Supremo para acortar los plazos de ejecución del juicio.

Todos los acusados conocieron previamente los cargos que se les imputaban. Todos los acusados ejercieron el derecho de contar con un abogado defensor, participaron 54 abogados defensores, 44 de ellos designados por los propios acusados o sus familias.

Escuchados en juicio oral por tribunales civiles ordinarios, previamente constituidos, conforme a la legislación cubana e internacional. No se creó ningún tribunal especial ad hoc para juzgarlos, ni se nombraron jueces especiales o de urgencia.

Las vistas orales de todos los juicios fueron públicas y contradictorias. En ellas participaron aproximadamente 3,000 personas.

Efectivamente, unos pocos diplomáticos extranjeros acreditados en La Habana no estuvieron presentes en los juicios, pues no estaba siendo juzgado ningún extranjero. Las Convenciones de Viena sólo prevén el acceso consular en los casos que los detenidos sean extranjeros. Todos los acusados tuvieron el derecho de recurrir las sentencias ante un tribunal superior al que fueron condenados.

Uno de los acusados declaró libremente ``yo quiero significar aquí, delante de este tribunal, el trato correcto que nos han dado las autoridades de la Seguridad del Estado dentro del órgano de instrucción, que ha sido un trato justo, no hemos sido vejados, no hemos sido maltratados en ningún momento'', y agradecer que este trato ha sido correcto, que hemos tenido una atención médica esmerada tres veces al día y que ante cualquier circunstancia de dolor, de cualquier problema de salud, han estado los médicos en la celda. Nos han accedido a la visita de nuestros familiares y en fin, el contacto con nuestros abogados defensores también ha sido amplio, nos han dado todo el tiempo del mundo para comunicarnos con ellos''.

A ver, hay que empezar por decir que la discusión sobre los derechos humanos al interior de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha sido desvirtuada, contaminada y manipulada por parte de Estados Unidos a partir de criterios por ellos mismos generados para condenar o exaltar los derechos humanos al interior de terceros países, según su albedrío, según su conveniencia y al auspicio y con el contubernio de la gusanera de Miami que tiene sus personeros en la derecha mexicana también.

Es clarísimo ejemplo de la política discriminatoria, de la política diferenciada, selectiva de la política exterior norteamericana, los casos que ya han sido citados y no repito de Afganistán, de Irak, de China, de Guantánamo, entre muchos otros. Este trato diferenciado les ha permitido, entre otras cosas, permitir el tema de los derechos humanos en divisa de cambio, son eso: divisa de cambio, desde la óptica hegemónica y como en la derecha todo tiene siempre un interés capital monetario, igualmente los convierten en divisa de cambio e igualmente están dispuestos a no condenar a China, a no hablar del tema de Guantánamo, a no hablar de la cantidad de familias afectadas por la guerra de Irak, eso no, eso se lo callan porque, insisto, se convierte en divisa de cambio para lo cual están siempre prestos y atentos.

Este trato diferenciado, decía, es particularmente cierto en el caso de Cuba. Hay que partir en el caso de Cuba, de que vive en un estado de excepción, un estado de excepción producto de un bloqueo conocido por todos nosotros, pero que más que un bloqueo se trata de un verdadero sitio.

Es la nación del mundo que ha vivido el sitio más largo de la historia enfrentándose en condiciones de desventaja inigualables que sí vulneran los derechos humanos.

Hago una comparación sencilla: la nación más beligerante que ha habido sobre la faz de la Tierra, con la economía más fuerte del planeta, con 280 millones de habitantes, tiene 30 veces más habitantes que la isla de Cuba a 90 millas de distancia.

Esto es como si México se confrontara contra la nación más poderosa del mundo con alrededor de 2,800 o 3 mil millones de habitantes. A ése abuso, a ésa absoluta torpeza de Goliat, que es verdaderamente de circo romano, a eso, a esas letrinas que ensucia el tío Sam, es a lo que ustedes contribuyen a limpiar.

¿De qué países estamos hablando? El Producto Interno Bruto de Cuba y el Producto Interno Bruto de los norteamericanos tiene... es 500 veces distinto, esa es la comparación de la pelea que da el pueblo cubano pero vamos a hablar de cómo se vive en Cuba y de qué hacen los cubanos hablando de derechos humanos.

Cuba es un país que ofrece una expectativa de vida de 74 años, que es la más alta de América Latina o de las más altas; canaliza el 16% del PIB a la salud; emprende programas de capacitación y educación a jóvenes desempleados que reciben paga por aprender.

Hay que decir que mientras la condena hacia Cuba por parte ya dijimos de quien, ocurre y mientras enormes cantidades de cocaína producida por los mismos señores de la guerra aliados de los norteamericanos que producen en Afganistán, que ellos llaman liberado y pasan por la antigua Yugoslavia, también por ellos destruida, para llegar a la Europa Occidental, al mismo tiempo en Cuba se atiende y se ha bajado la mortalidad infantil en medio de la crisis más grave que ha vivido cualquier país de América Latina de 11 a 6 por cada mil nacidos.

Hay que decir que los programas, por ejemplo, de VIH de lo cual ustedes se llenan la boca en hablar, en donde los más avanzados del mundo están en Cuba, es el mejor tratamiento que hay en el planeta, la medicina es gratuita, no como aquí que es de facto discriminatoria y que elimina a la mayor parte de la población; son enfermedades evitables y sufrimientos evitables. Ustedes se rasgan las vestiduras cuando oyen hablar del condón siquiera e impiden salvar vidas y sufrimiento, cuando en aquella isla acuden de todo el mundo a atenderse.

Y termino con la solidaridad cubana, hay 14 mil cubanos trabajando en la salud en América Latina, sólo en la Haití despreciada, vituperada y desdeñada por tres imperios, sólo en Haití hay 500 cubanos, que están trabajando ahí por el beneficio de América Latina, esos son derechos humanos, no dobles discursos ni doble moral.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se le agotó el tiempo. Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para hablar en contra de la proposición, el diputado José Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado José Francisco Landero Gutiérrez:

Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante.

El diputado José Francisco Landero Gutiérrez:

Después de este elogio al fascismo, me dan la oportunidad de hablar y hacer un elogio a favor de la libertad y los derechos humanos. Acción Nacional cree en la mundialización, entendiendo por mundialización, teniendo como centro de este concepto a la persona humana y a su dignidad.

He tenido la oportunidad en dos ocasiones de viajar a ese hermoso país que es Cuba. Ahí no en calidad de turista o en las misiones diplomáticas que realizan muchos de nuestros compañeros para elogiar las acciones gubernamentales de la dictadura; he tenido la oportunidad de convivir con el pueblo cubano; de estar ahí en donde están las guaguas con sus autos viejos de los años cuarenta; ahí donde está la desnutrición de los niños que no tienen qué comer, porque el régimen no da las oportunidades.

He estado ahí en ese país donde no se permite tener acceso a la información y al Internet, porque puede ser pecaminoso o puede traer otras ideas que no son propias de lo que piensa en señor Castro; ahí en ese país donde no se permite el tránsito ni dentro de...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, señor diputado Landero. Suspendan el marcaje del tiempo. Por favor activen el sonido en la curul del diputado.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez (desde su curul):

Para hacer una pregunta al orador, respecto al hambre de los niños en Cuba.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Acepta, diputado Landero?

El diputado José Francisco Landero Gutiérrez:

No, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

No acepta la interpelación, señor diputado. Continué diputado Landero.

El diputado José Francisco Landero Gutiérrez:

Decía yo también, que en este país, no se les permite o no hay las oportunidades para que las personas se dediquen a la profesión que eligieron. En cambio por ejemplo, tenemos que en nuestro país y en muchos otros, podemos venir aquí a expresar libremente nuestras opiniones; allá en Cuba los parlamentarios pertenecen o los hacen pertenecer a una misma visión, a un mismo régimen, no hay la libertad de expresión.

También quiero dejar claro de una vez por todas, porque aquí se dijo una postura que no es la correcta. El gobierno del Presidente Fox, nunca en ningún momento avaló la invasión a Irak, como se mencionó; el gobierno del Presidente Fox condena el bloqueo que realiza el Gobierno de Estados Unidos a la isla de Cuba, porque sabemos y estamos seguros que va también en contra del pueblo cubano.

Sin embargo, en el tema de los derechos humanos es muy claro que no hay fronteras. Los falsos argumentos que aquí se dicen de la soberanía y la abstención, no tienen en ningún momento ninguna fundamentación. Para el tema de los derechos humanos y la dignidad de la persona, no hay fronteras, no hay países, no hay gobiernos.

Por ello, el gobierno del Presidente Fox y el grupo parlamentario de Acción Nacional estamos firmes en la convicción de que se debe realizar una condena, no al pueblo cubano, sino a favor de los derechos humanos, como se está proponiendo en Ginebra que se realice.

También se mencionaba aquí que Cuba y sus habitantes son de los pueblos que tienen mayor vida, se decía aquí que 74 años puede vivir gracias a las condiciones de salud. Pero yo les pregunto, señores legisladores: ¿para qué, para qué queremos 74 años de vida?, ¿para vivirlos en la cárcel, condenados por expresar las ideas, o para sobrevivir en mucha de la miseria en que vive el pueblo cubano por las políticas del Gobierno de Castro? ¿Para eso queremos 74 años de vida, para no poder tener la libertad en el propio país? No, señores, para empezar y hablar, antes de hablar de salud, de educación, de los logros del Gobierno cubano, primero tenemos que hablar de la dignidad de la persona y de su libertad.

Señores legisladores, les pido que seamos responsables y congruentes. Señores, no más tibiezas, no a la abstención que promueve el voto, a ver qué nos damos, a qué sucede. Señores, en cuestión de derechos humanos no hay tibieza; hay firmeza, por eso les pido a todos que aprobemos un punto de acuerdo, pero un punto de acuerdo en donde se condene precisamente esta situación de los derechos humanos en la isla.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Señoras y señores legisladores, primero haré la pregunta de si está suficientemente discutido, en los términos del artículo 114 del Reglamento para el Gobierno Interior, que indica que en asuntos que sean económicos de cada Cámara, bastará que hablen tres en cada sentido, a no ser que ésta acuerde ampliar el debate.

Si la Cámara acuerda ampliar el debate, tomaré debido registro. Si se me pide la palabra para rectificar hechos o para contestar alusiones personales, la concederé después de la votación.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno de México se abstenga de votar en contra de una resolución en materia de derechos humanos en Cuba.

Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados y diputadas que estén por la negativa... Empatados.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Hay dudas, Secretaria?

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Sí, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se instruye a la Secretaría, para que reciba en votación nominal la decisión de la asamblea de si se encuentra suficientemente discutido y se abra el sistema electrónico por dos minutos.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Se solicita se abra el sistema electrónico, por el artículo 161 del Reglamento. Háganse los avisos. Por dos minutos ábrase el sistema electrónico.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En virtud de que la Secretaría me informa que hay un grupo numeroso de diputados que no han emitido todavía su voto, le solicito que se instruya para que permanezca abierto el registro electrónico por dos minutos más.

Me dicen que no es posible técnicamente, entonces le ruego que tome de viva voz a los que no han votado.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Adelante, entonces.

De viva voz:

La diputada Patricia Elisa Durán Reveles (desde su curul):

En contra.

El diputado Rómulo Cárdenas Vélez (desde su curul):

En contra.

La diputada Janette Ovando Reazola (desde su curul):

En contra.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):

En contra.

El diputado Felipe de Jesús Díaz González (desde su curul):

En contra.

La diputada Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (desde su curul):

En contra.

El diputado Salvador Vega Casillas (desde su curul):

En contra.

La diputada Alejandra Méndez Salorio (desde su curul):

En contra.

La diputada Marcela Guerra Castillo (desde su curul):

En contra, por favor.

La diputada Gisela Juliana Lara Saldaña (desde su curul):

En contra.

El diputado David Hernández Pérez (desde su curul):

No.

El diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (desde su curul):

En contra.

El diputado José Rangel Espinosa (desde su curul):

Ya voté.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Ya había votado, gracias.

El diputado José Orlando Pérez Moguel (desde su curul):

En contra.

El diputado Alfredo Rodríguez y Pacheco (desde su curul):

En contra.

La diputada Consuelo Muro Urista (desde su curul):

En contra.

La diputada Gema Isabel Martínez López (desde su curul):

En contra.

El diputado Alfredo Villegas Arreola (desde su curul):

En contra.

El diputado Roberto Rafael Campa Cifrián (desde su curul):

En contra.

La diputada Blanca Eppen Canales (desde su curul):

En contra.

El diputado Francisco Suárez y Dávila (desde su curul):

En contra.

La diputada Alejandra Méndez Salorio (desde su curul):

En contra. (Aparece dos veces en la votación.)

La diputada Sofía Castro Ríos (desde su curul):

En contra.

El diputado Isaías Soriano López (desde su curul):

En contra.

El diputado Francisco Grajales Palacios (desde su curul):

En contra.

El diputado Abraham Velázquez Iribe (desde su curul):

En contra, Abraham Velázquez.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

El diputado Sherman, digo, el diputado Schmal, perdón. ¿No? Ah, ok.

El diputado Omar Bazán (desde su curul):

En contra.

El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul):

En contra.

El diputado Jesús Zúñiga Romero (desde su curul):

En contra.

El diputado José María Ramón (desde su curul):

En contra.

El diputado Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (desde su curul):

En contra.

El diputado Baltazar Hinojosa (desde su curul):

En contra.

El diputado José Angel Ibáñez Montes (desde su curul):

Presente y en contra.

El diputado Sami David (desde su curul):

En contra.

La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (desde su curul):

En contra.

El diputado José Manuel Abdala de la Fuente (desde su curul):

En contra.

El diputado Jorge Ortiz Alvarado (desde su curul):

En contra.

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda (desde su curul):

En contra.

El diputado Juan Antonio Gordillo Reyes (desde su curul):

En contra.

La diputada Sonia Rincón Chanona (desde su curul):

En contra.

El diputado José Luis Naranjo y Quintana (desde su curul):

En contra.

El diputado Juan Pérez Medina (desde su curul):

En contra.

El diputado Javier Manzano Salazar (desde su curul):

Javier, soy Javier Manzano. En contra.

El diputado David Ferreyra Martínez (desde su curul):

En contra.

La diputada Eliana García Laguna (desde su curul):

En contra, García Laguna.

El diputado Benjamín Sagahón Medina (desde su curul):

En contra.

El diputado Jaime Rafael Galindo (desde su curul):

En contra.

El diputado Jorge Fernando Franco Vargas (desde su curul):

En contra.

El diputado Jorge Franco (desde su curul):

En contra.

El diputado Martín Carrillo (desde su curul):

En contra.

La diputada Blanca Estela Gómez Carmona (desde su curul):

En contra.

El diputado Federico Döring (desde su curul):

En contra.

El diputado Alvaro Burgos (desde su curul):

En contra.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

Gracias.

Señor Presidente, verificación: en contra 404, en pro 26 y 14 abstenciones.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

No se considera suficientemente discutido tal manera que la Presidencia informa que hay un segundo registro de oradores. Como nada más pueden hablar tres a favor de cada postura, daré lectura en el orden en que fueron registrados:

En pro los diputados: José Alberto Aguilar Iñárritu, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Jorge Martínez Ramos, Pedro Vázquez González, Francisco Javier Guízar Macías, René Arce Islas y Salvador Martínez Della Rocca.

En contra los diputados: Rodrigo Iván Cortés Jiménez, Juan Francisco Molinar Horcasitas, José Francisco Landero Gutiérrez, Fernando Guzmán Pérez Peláez, Blanca Judith Díaz Delgado y Germán Martínez Cázares.

En el orden en que fueron registrados, daré el uso de la palabra a tres de cada una de las posturas y luego preguntaré a la Asamblea si está suficientemente discutido.

Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Guzmán Pérez Peláez, en contra.

El diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

No hay duda alguna de que la amistad del pueblo de México con Cuba ha sido trascendente en nuestra identidad como país, nosotros fuimos los primeros, los primeros en reconocer el triunfo de Fidel Castro y la revolución cubana en el año de 1959, y hemos sido los únicos en Latinoamérica que no hemos roto relaciones con ellos. Es por eso que hoy nos seguimos congratulando de tener relaciones bilaterales con el pueblo cubano, no sólo por su cercanía geográfica, sino sobre todo por su cultura, su alto nivel educativo y su preocupación por los adelantos científicos y tecnológicos, a pesar de las carencias con las que a veces se enfrentan.

Pero también nos entristece ver cómo su gobierno, el gobierno de Fidel Castro, no acepta que el sistema internacional ha cambiado y se ha comprometido antes que nada, antes que el desarrollo, antes que la ciencia, antes que los avances tecnológicos, con el respeto absoluto, firme, claro, a los derechos humanos. No puede haber avances científicos, salud, educación, construidos a costa de la sangre del pueblo de Cuba.

Compañeros legisladores: el mundo global que hoy vivimos en este tercer milenio obliga a las naciones a un firme compromiso con los derechos humanos.

Actualmente en Cuba existen 400 prisioneros político de los que no se tiene información respecto de su situación. Estos prisioneros políticos cubanos cumplen largas condenas simplemente porque no se ha respetado el derecho esencial a la manifestación de sus ideas y a disentir. Esto no es posible que se dé sin el repudio de las naciones.

En marzo de este año 75 activistas fueron detenidos, juzgados y condenados a condenas de prisión de hasta 28 años por promover y defender el respeto a los derechos humanos. Nuestros conciudadanos de distintas generaciones han comentado en forma de chiste, puesto que el pueblo de México es alegre, que Cuba es el país más grande del mundo porque tiene su territorio en La Habana, su población en Miami y su gobierno en Moscú.

Ha acabado ya el periodo de la polarización y de la guerra fría. Pero debe ser desterrado de todo pueblo y de toda nación, la violación sistemática a los derechos humanos. Por ello no es posible votar a favor de un punto de acuerdo que sea por la abstención.

En materia de derechos humanos nuestra nación, nuestro Gobierno debe estar en forma irrestricta a favor de los derechos humanos y por condenar las violaciones sistemáticas a los mismos. Esa es la posición que asumirá Acción Nacional y su grupo parlamentario. Nada por encima de los derechos humanos. Este es el compromiso que llevaremos en nuestro voto.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para hablar en pro del punto de acuerdo el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla:

No se trata de advertir un debate sobre la consistencia y teleología de los derechos humanos; se trata simplemente de ver quién tiene la autoridad moral para hablar de ellos. Y antes que eso si se vislumbra un compromiso para ir en pos de los derechos humanos, habrá que recordar que aquí, implicando un juramento que advierte un impacto a la conciencia, protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Es un juramento, no es un buen deseo expedido en un acto protocolario. La Constitución ordena, y lo hace para el Ejecutivo Federal, para el Presidente de la República, en la fracción X del artículo 89, apegarse a los principios inveterados de la Doctrina Estrada, que es lo que le ha dado respetabilidad a nuestro país frente al concierto de naciones.

Y esto implica, señoras y señores, vea el que tenga ojos abiertos para ver y escuche el que tenga oídos abiertos para escuchar, esto implica el que se diriman por la vía pacífica y por las instancias jurídicas los conflictos entre las naciones.

Esto implica el respeto a la libre determinación de los pueblos. Esto implica tener la facultad moral de mirar a otras latitudes cuando se tiene el problema resuelto en casa. Esto implica no olvidar que el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace unos días acaba de venir a dar cuenta a esta honorable Cámara de que desde su creación a la fecha hay más de 90 mil quejas en relación a violación a los derechos humanos.

Tenemos en México, y ahí va la pregunta con respeto al Presidente de la República, a todos los integrantes del Congreso de la Unión, a los integrantes del órgano jurisdiccional en sus tres niveles, ¿hay facultad moral en México para ir a exportar nuestras doctrinas sobre derechos humanos a otras latitudes?

¿No hay 50 millones de seres humanos que se debaten hoy en nuestro territorio ante el dilema de si comen o no comen al día siguiente?

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, diputado Jaime Miguel. Suspéndase el marcaje de tiempo.

Con qué propósito, diputado Juan Molinar.

El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas (desde su curul):

Hacerle una pregunta al diputado, si es que él me la acepta.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Acepta, diputado Jaime Miguel?

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla:

Pero con enorme gusto, diputado.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, diputado Juan Molinar.

El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas (desde su curul):

Es muy simple mi pregunta, diputado Moreno Garavilla. Usted ha señalado que hay varios miles de quejas sobre derechos humanos siendo procesadas en México por la Comisión de Derechos Humanos. Habría que sumar también las comisiones estatales de derechos humanos y seguramente la cifra que usted indica sería mayor.

¿Puede usted decirme cuántas comisiones independientes del estado en Cuba y del gobierno en Cuba existen? ¿Cuántas quejas de derechos humanos sobre violaciones de derechos humanos han procesado las instancias protectoras de los derechos humanos en Cuba? Y qué señalan los informes de visitadores de derechos humanos que hayan podido visitar Cuba, si es que lo han hecho.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, diputado Jaime Miguel.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla:

Voy a dar respuesta, diputado, a su planteamiento. Mire usted, no sé cuántas haya en Cuba, no lo sé, no lo sé, diputado. Con esto contesto con honestidad intelectual a su pregunta.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continúe el marcaje de tiempo.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla:

La facultad moral es determinar si el hambre, si la miseria o la ignorancia no son tres proyectiles, a manera de dardos ardientes, a la conciencia de nuestro pueblo.

Eso no cuenta. Lo único que cuenta es estar mirando lo que hacen bien o mal los de afuera. Y ¿qué hacemos nosotros? ¿Tenemos facultad moral para plantarnos en un organismo internacional como las Naciones Unidas, colocándonos en una posición a favor del unilateralismo exacerbado que denigra al andamiaje internacional en materia jurídica?

A propósito de este unilateralismo exacerbado, si Hobbes volviera a nacer, se volvería a morir del espanto.

No es posible, compañeras y compañeros, como lo dijimos alguna vez en esta tribuna, apuntar con el índice tratando de denunciar a los demás y olvidando que tres flamígeros apuntan hacia nuestra propia esencia.

Ese voto de México por respeto, por elemental respeto, por honestidad intelectual, tiene que ser de abstención, en el mejor de los casos, porque de otra manera no sólo rompemos la Doctrina Estrada; rompemos la rectitud de la conciencia. Y señoras y señores, la rectitud de la conciencia forma parte del patrimonio del alma y el patrimonio del alma ni se vende ni se alquila.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, la diputada Blanca Judith Díaz Delgado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Blanca Judith Díaz Delgado:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Vamos precisando el tema. Este es un asunto elemental de derechos humanos pero también de libertades. No es contra un pueblo, al contrario, es por solidaridad con el pueblo cubano que señalamos que no podemos guardar silencio frente a un régimen que viola constantemente elementales derechos humanos.

¿Cómo cuáles? Libertad de expresión, de reunión, de credo, de ejercicio libre de la profesión, de tránsito, de voto.

Por otro lado, compañeros, el desarrollo de un país no puede medirse única y exclusivamente por el dato de años de esperanza de vida, sino también por su calidad de vida.

¿Cómo viven los cubanos? ¿Con libertad o en la opresión? Y ¿qué de los presos políticos, de los ciudadanos, de esos seres humanos que buscando la libertad pierden la vida en el camino?

Por último, quisiera precisar que si tenemos autoridad moral para hablar de los temas de los derechos humanos, sí tenemos autoridad moral porque en este país, aunque los derechos humanos se violen, hemos sido abiertos para que tengamos visitadores y hemos sido además quienes impulsamos esas visitas de observadores externos para que revisen nuestros procesos en derechos humanos. Además hemos ido en conjunto trabajando para que se creen precisamente estas organizaciones tanto las que están dentro de nuestro marco legal como aquellas autónomas en materia de derechos humanos.

Pero también quisiera hablar del procedimiento. ¿Cómo es que estamos pidiendo o queremos exhortar al Gobierno de México que se abstenga de votar algo en donde ni siquiera conocemos la propuesta? ¿O es que ya la conocen? ¿En dónde está el dictamen? ¡Conozcámoslo!

Pero lo que sí quiero dejar muy claro es que la libertad del pueblo cubano, de aquellos seres humanos que habitan en la isla de Cuba, está por encima de todos los discursos que vengamos aquí a exponer. Y que el Partido Acción Nacional luchará siempre por los derechos humanos de ese pueblo y de cualquier otro.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, señora Secretaría. Diputado Wintilo...

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul):

Señor Presidente, puso a votación usted si estaba suficientemente discutido...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Sí, señor.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul):

Bajo la premisa de que hablarían tres oradores a favor y tres en contra. Cosa que no se ha terminado la ronda...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

No es así.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul):

...Cuando termine la ronda, entonces sí estaría la disposición para preguntar si está suficientemente discutido.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

No es así. La Presidencia ha sido muy liberal otorgando el uso de la palabra y debió con un solo orador haber repetido la pregunta. Le voy a citar lo que dice el artículo 115: ``Cuando hubieren hablado todos los individuos que puedan hacer uso de la palabra el Presidente mandará preguntar si el asunto está o no suficientemente discutido. En el primer caso se procederá inmediatamente a la votación, en el segundo continuará la discusión, pero bastará que hable uno en pro y otro en contra para que se pueda repetir la pregunta''.

La Presidencia se ha excedido y permitió hablar dos y dos. La pregunta se debió haber repetido con uno solo, pero no se preocupe, la Asamblea es la que decide.

Se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si está suficientemente discutido el tema.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la negativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia, se concede el uso de la palabra para hablar en contra al diputado Germán Martínez Cázares, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Germán Martínez Cázares:

Con su permiso, señor Presidente.

Acción Nacional viene a esta tribuna a solidarizarse, una vez más, con cada una de las cubanas y de los cubanos, como lo hizo Guadalupe Victoria en la primera mitad del Siglo XIX y se solidarizó a Félix Varela para que Cuba lograra también, como lo habíamos logrado nosotros, la independencia del pueblo y del gobierno español.

Frente a la barbarie del terrorismo, frente a la barbarie del mercado, lo único que le queda a un pueblo que cree en la democracia, en la libertad y en su dignidad, es apostar por el orden y el derecho internacionales. Lo único que nos queda frente al imperio de Estados Unidos es apostar justamente por el orden internacional y eso es lo que hoy viene a hacer congruente con su historia el Partido Acción Nacional.

La mundialización...

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde su curul):

¡Señor Presidente!

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momentito, don Germán. Suspéndase el marcaje de tiempo.

Don Emilio: ¿con qué propósito?

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde su curul):

Si es tan amable de preguntarle al orador si me permite hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Acepta, don Germán?

El diputado Germán Martínez Cázares:

Sí.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, don Emilio.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde su curul):

Diputado: se ve que usted conoce Cuba, ha de haber visitado Cuba. Yo le pregunto: ¿está usted de acuerdo con el criminal bloqueo que tiene Cuba desde hace años? Es la pregunta.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, diputado Germán.

El diputado Germán Martínez Cázares:

Sí, diputado Emilio, con todo gusto. Por supuesto, categóricamente, sin titubeos, sin duda, estamos en contra del bloqueo a Cuba. No hay duda. ¡Acción Nacional está en contra del bloqueo a Cuba! Por una razón: porque cree en la mundialización, diputado Emilio. La mundialización...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continúe el conteo de tiempo.

El diputado Germán Martínez Cázares:

Todavía no.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Todavía no termina. Adelante, diputado Germán.

El diputado Germán Martínez Cázares:

La mundialización para nosotros, diputado, es globalizar los valores fundamentales del hombre como los derechos humanos y la responsabilidad solidaria. ¡No creemos que los valores del hombre, no creemos que la responsabilidad solidaria tenga excepciones, por eso no creemos en el bloqueo comercial, pero tampoco creemos en el bloqueo al respeto a los derechos humanos que el propio régimen cubano le hace a sus propios ciudadanos.

¡En congruencia, porque estamos a favor de la mundialización, porque queremos derribar las fronteras también para el respeto a los derechos humanos y a la democracia en todos los países del planeta, estamos en contra de ese bloqueo, de ese embargo, de esa hipoteca que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de Cuba, de sus derechos humanos!

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Diputado Emilio. Por favor, activen el sonido en la curul del diputado Emilio.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde su curul):

No me contestó diputado si conoce Cuba, si ha visitado Cuba.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Va a hacer otra pregunta señor?

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde su curul):

Sí, perdón Presidente, si me permite hacerle otra pregunta el orador.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante. ¿Acepta, diputado Germán?

El diputado Germán Martínez Cázares:

Acepto, por supuesto.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde su curul):

No me contestó si conoce Cuba, si ha visitado Cuba y se ha dado cuenta de que en Cuba no hay desempleo, no hay comercio en vía pública, que la educación es gratuita, que el servicio médico es gratuito y no sé si se habrá dado cuenta, diputado, que el pueblo de Cuba vive mejor que el pueblo de México. Es la pregunta que le hago.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Diputado Germán.

El diputado German Martínez Cázares:

Sí conozco Cuba, sí he visitado Cuba y lamento que la Cruz Roja Internacional no pueda visitar Cuba ni las cárceles cubanas para verificar, es el único país de la Tierra y no necesitamos conocerlo, en el que la Cruz Roja Internacional no puede visitar las cárceles de Cuba, eso debe ser condenable.

¡No debe admitirse, señor Pablo Gómez, lo interpelo para que venga aquí a esta tribuna por alusiones personales, a que venga a fijar su posición!

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

No se permiten los diálogos, diputado Germán.

Continúe el marcaje de tiempo.

El diputado Germán Martínez Cázares:

¡No hay un Poder Judicial independiente, hay una televisión única! ¡Desde enero pasado está prohibido el Internet! ¡El tema es la violación a los derechos humanos, no hay libertad de asociación, no hay libertad de reunión, no hay libertad de manifestación, no hay libertad de opinión, hay problemas para la libertad de credo de cualquier religión, no hay libertad de tránsito, no hay derechos políticos para votar y ser votado! ¡Eso es una locura, eso se llama despotismo, eso es dictadura aquí, en China y en Cuba!

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias.

Tiene el uso de la palabra el diputado René Arce Islas.

¿Dígame, señor diputado?

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):

¿Procede responder alusiones o no?

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

No diputado Pablo. Al término de la votación con todo gusto por los precedentes, le doy el uso de la palabra.

Diputado René Arce Islas...

¿Dígame diputado Pablo?

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):

No le estoy solicitando la palabra, nada más le hice una pregunta.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Contesté la pregunta. Adelante.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):

No estoy en la lista. Bórreme de la lista.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Borrado está de la lista, señor diputado.

Diputado René Arce Islas, tiene el uso de la palabra para hablar en pro.

El diputado René Arce Islas:

Compañeras y compañeros diputados:

La peor manera de discutir el asunto de Cuba es cayendo en maniqueísmos. No puede haber aquí quienes desconozcan o traten de desconocer que el régimen político cubano es un régimen político alejado de las prácticas democráticas que los países occidentales y que muchos de los países quisiéramos ver en Cuba.

Por supuesto que también en Cuba hay violaciones a los derechos elementales de los seres humanos, por supuesto que también en Cuba hay problemas delicados en cuanto a libertades como la expresión y el derecho a poder elegir a sus gobernantes y en un determinado momento, también a través del voto, poderlos hacer a un lado.

Eso nadie lo puede ocultar porque es una verdad conocida, discutida, analizada en foros internacionales, nacionales y en una gran cantidad de artículos de analistas de todo tipo.

Sin embargo, esto que sucede e Cuba y que sucede en una gran cantidad de países del mundo todavía, debe de ser el motivo para irnos al otro extremo y dejar de reconocer que Cuba también está atravesando por un severo problema de bloqueo y que la mejor manera de no ayudar a que eso siga sucediendo, es precisamente no prestándonos a los ejercicios que atentan en contra del crecimiento y desarrollo de un pueblo como el cubano.

No es precisamente haciendo condenas contra ese pueblo, no es precisamente haciendo bloqueos contra ese pueblo, no es precisamente tomando ese tipo de posturas como podemos ayudar al desarrollo de la democracia y de los derechos humanos en esa isla y para nadie es desconocido lo que significa para los gobernantes de Estados Unidos también jugar en este asunto, no olvidemos que una elección presidencial en Estados Unidos se decidió precisamente por el voto de la gente de Miami, de los grupos más ultra- derechistas que a través de la violencia incluso han querido cambiar el régimen político en Cuba.

No podemos dejar de desconocer que ha habido una sistemática agresión a este pueblo y entonces ¿cuál debe de ser la postura de nuestro Gobierno? ¿Caer en esa simulación supuesta de apoyar la democracia y los derechos humanos en Cuba cuando una nación se ha encargado de ir a Irak y hacer lo que ha hecho y lo que está haciendo en otros países y estar de acuerdo con ellos y votar con ellos? o en todo caso, lo que valdría la pena es que este Gobierno se abstuviera de apoyar este tipo de intentos que sí han golpeado la soberanía de esa nación, pero no ocultar de ninguna manera tampoco lo que sucede ahí, no se trata de ocultarlo porque ese es el maniqueísmo en el que no debemos de caer quienes estamos a favor de la democracia y del respeto a los derechos humanos, porque si no, de lo contrario, a esta tribuna traeremos cada vez y así lo consideramos, resoluciones condenatorias para algunos países , entonces algunos dirán, no, porque vamos a tener severos problemas con esos países si los condenamos por invadir o por hacer una serie de acciones en contra de otros países

¿Y es a lo que queremos entrarle aquí, compañeras y compañeros? Yo creo que no, creo que la postura de nuestro país tiene que ser una postura digna, una postura de ver a los intereses de grupos ultraderechistas que sí han querido golpear al pueblo cubano y a la soberanía cubana, pero tampoco caer en el maniqueísmo de defender a ultranza lo que sucede en ese país. Creo que ésa es la postura digna y por eso creo que hay que apoyar ese planteamiento de los compañeros de Convergencia, porque no están planteando aquí el apoyo al régimen cubano; están planteando una postura digna para el Gobierno de México.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Guízar Macías, a quien le tocaba el turno después de la diputada Blanca Judith Díaz Delgado y por inadvertencia de la Presidencia, por lo que se le da una disculpa de parte de la Presidencia, no se le mencionó.

Adelante, señor diputado.

El diputado Francisco Javier Guízar Macías:

Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante.

El diputado Francisco Javier Guízar Macías:

Con su permiso señor Presidente y acepto sus disculpas.

El falso dilema que ustedes proponen compañeros diputados de Acción Nacional es un intervencionismo camuflajeado que con el pretexto de los derechos humanos busca ser comparsa de una nación vecina de nuestro país que ha estado bloqueando durante casi 42 años a un pueblo que no merece eso. Muchos jóvenes cubanos, muchos niños cubanos tienen precisamente problemas por este bloqueo.

Yo les pregunto a ustedes: ¿este bloqueo no será en contra de los derechos humanos? ¿Este bloqueo que el Gobierno de México también ha defendido, el actual, el del 2000 para acá, no será este bloqueo... no estará en contra de todos los derechos humanos? Yo le pregunto a la bancada de Acción Nacional: ustedes defienden los derechos humanos, luchan por los derechos humanos, ¿por qué no lucharon por los derechos humanos de las muertas de Juárez cuando su coordinador era gobernador?..

Aludo al coordinador de la bancada panista y también a mi compañero diputado de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, porque también ¿que acaso fue a defender los derechos humanos cuando a Maximiano Barbosa, líder de El Barzón se le golpeó indiscriminadamente cuando usted era Secretario General de Gobierno?..

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ruego al señor diputado en uso de la palabra, se concrete al tema. Adelante diputado, continúe.

El diputado Francisco Javier Guízar Macías:

Yo quiero invitarlos compañeros diputados de Acción Nacional a que recuerden los principios de política exterior de nuestro país; a que aquí mismo en este recinto, vean en este extremo una institución como El Heroico Colegio Militar y en el otro extremo, a La Heroica Escuela Naval Militar, dos instituciones, compañeros diputados, dos instituciones que nos recuerdan el intervencionismo...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento diputado. Don Fernando Guzmán.

Activen el sonido en la curul de don Fernando Guzmán Pérez Peláez.

¿Con qué objeto, don Fernando?

El diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (desde su curul):

De preguntarle al diputado Guízar si acepta una pregunta.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Acepta, diputado Guízar?

El diputado Francisco Javier Guízar Macías:

Las que usted guste, señor diputado.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, don Fernando.

El diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (desde su curul):

Y recordarle que precisamente cuando la Cumbre, en Guadalajara, y el señor Castro Ruz estuvo ahí presente, yo como ciudadano junto con varias centenas, nos apostamos al paso de la caravana de este señor Castro Ruz para manifestar desde ahí el repudio, el repudio a la conducta violatoria a los derechos humanos del dictador Castro Ruz.

Ahí lo hice yo personalmente, con centenas de ciudadanos jaliscienses.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Cuál es la pregunta don Fernando?

El diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (desde su curul):

Y la pregunta es para el diputado Guízar, si le parece conveniente el mantenerse en abstención como seguramente le gustaría también al gobernador del estado de México que mete a la cárcel a las personas que lo increpan en la vía pública en un derecho de crítica...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Diputado Guízar. Tenga la bondad de contestar.

El diputado Francisco Javier Guízar Macías:

No me gustaría mantenerme en abstención porque yo sí tengo mis principios de política internacional bien fundamentados y mi bancada también.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continúe el marcaje de tiempo.

El diputado Francisco Javier Guízar Macías:

Yo los invitaría a que recordaran, compañeros, a estas dos instituciones que fueron objeto de intervención en nuestro país y que defendieron a nuestro país. Yo les invitaría a que leyeran un poquito más arriba pero, perdón, ahorita recuerdo que ustedes sacaron a Juárez de Los Pinos, pero aquí lo tenemos todavía nosotros...

``Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz''. Dejemos en paz al pueblo cubano y ayudémosles a quitar este bloqueo infernal que tienen desde hace 42 años...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si el tema ha sido suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, Secretaria diputada.

Antes de recabar la votación, esta Presidencia hace un planteamiento al grupo de Convergencia: si no tiene inconveniente en una corrección al punto único del acuerdo. El acuerdo como está planteado dice: ``La LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión''. Nosotros no constituimos, como Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión. La corrección sería: La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión... ¿De acuerdo?.

En esos términos, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada. Comuníquese.

En virtud de que ha transcurrido con exceso el tiempo correspondiente a la presente sesión, se instruye a la Secretaría dé lectura al orden del día de la próxima sesión, la cual incluirá los asuntos no abordados en la presente.

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ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 1o. de abril de 2004.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de los estados de Michoacán y Puebla.

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Juan Pablo Santana Valdez y Alicia Margarita de la Fuente Cruz, para prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Luz Marina Frock Castillo, Juan Pablo Nieto Villarreal, Marina Martínez Benítez, Sihomara Zúñiga León, Jacqueline Itzel Solís González y Natania Swirski Roldán, para prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en el Consulado y en la Embajada de Canadá en Puerto Vallarta, Jalisco y en México y en la Embajada de Australia en México, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Carlos Astiazarán Orcí, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la república de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.

Dictámenes negativos a discusión

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos.

De la Comisión de Reforma Agraria con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 75 y 79 de la Ley Agraria.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé Cuenta.»

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, Secretaria diputada.

La última votación servirá de base para el registro de asistencia.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 16: 57 horas):Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 1o. de abril a las 10:00 horas.

Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 5 horas 33 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 303 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 457 diputados.

Asistencia al verificar quórum: 431 diputados.

Asistencia al final de la sesión: 444 diputados.

Puntos de acuerdo aprobados: 1.

Oradores en tribuna: 37

PRI-10; PAN-13; PRD-4; PVEM-3; PT-3; PC-4.

Se recibió:

5 comunicaciones de los Congresos de los estados de Chihuahua y Quintana Roo;

1 Comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que informa de cambios en la integración de las comisiones de Reforma Agraria; de Fortalecimiento del Federalismo; de Pesca; Especial del Café; Especial para analizar los problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar; Especial para la Reforma del Estado; Especial para analizar la situación de la Cuenca Lerma-Chapala; y Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del Sur-Sureste de México;

1 oficio de la Cámara de Senadores por el que remite acuerdo por el que se declara el año 2004 como Año del CL aniversario del Himno Nacional Mexicano;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestación de dependencia en relación con punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso necesario para que seis ciudadanos puedan prestar servicios e informa que una ciudadana ha dejado de prestarlos, en representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en México;

1 iniciativa de senador del PVEM;

4 iniciativas del PRI;

5 iniciativas del PAN;

1 iniciativa del PRD;

3 iniciativas del PVEM;

1 iniciativa del PT.

Dictámenes de primera lectura:

1 de las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Dictámenes aprobados:

1 de las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios;

1 de la Comisión de Relaciones Exteriores con punto de acuerdo para apoyar la propuesta del Presidente de la República, en el sentido de promover una reforma de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo su Consejo de Seguridad;

1 negativo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se declaran no aprobadas seis iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentadas los días: 20 de marzo de 2001; 4 de abril y 12 de diciembre de 2002; 8 y 22 de enero y 26 de febrero de 2003;

1 negativo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se declaran no aprobadas siete iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentadas los días: 20 de marzo de 2001; 4 de abril, 21 de noviembre 9 y 27 de diciembre de 2002; 3 y 28 de abril de 2003

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DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Aguilar Iñárritu, José Alberto (PRI) Zebadúa González, Emilio (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . :

Arce Islas, René (PRD) República de Cuba: 123

Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco (PRI) República de Cuba: 141

Cabello Gil, José Antonio (PAN) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 54

Cortés Jiménez, Rodrigo Iván (PAN) Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas: 31

Díaz Delgado, Blanca Judith (PAN) República de Cuba: 124

Díaz Nieblas, José Lamberto (PRI) República de Cuba: 137

Domínguez Arvizu, María Hilaria (PRI) Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios: 105

Elías Loredo, Alvaro (PAN) Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios: 106

Fierros Tano, Margarito (PRD) Artículo 71 constitucional: 70

Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia (PAN) Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios: 102

García Corpus, Teófilo Manuel (PRI) Organización de las Naciones Unidas: 110 Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios

González Roldán, Luis Antonio (PVEM) Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios: 101

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios: 99

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Organización de las Naciones Unidas: 111 República de Cuba

Guízar Macías, Francisco Javier (PRI) Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios: 104

Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI) República de Cuba: 135

Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio (PAN) República de Cuba: 141 desde curul

Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio (PAN) Ley de Amparo: 61

Kahwagi Macari, Jorge Antonio (PVEM) República de Cuba: 130

Landero Gutiérrez, José Francisco Javier (PAN) República de Cuba: 120

Martínez Alvarez, Jesús Emilio (PC) República de Cuba: 138

Martínez Cázares, Germán (PAN) República de Cuba: 129

Martínez Ramos, Jorge (PRD) Ley General de Educación: 66

Mazari Espín, Rosalina (PRI) Ley Federal del Trabajo: 95 desde curul

Mícher Camarena, Martha Lucía (PRD) República de Cuba: 126

Molinar Horcasitas, Juan Francisco (PAN) República de Cuba: 136 desde curul

Molinar Horcasitas, Juan Francisco (PAN Ley Agraria: 27

Morales Flores, Jesús (PRI) República de Cuba: 136

Moreno Garavilla, Jaime Miguel (PC) República de Cuba: 126 desde curul

Moreno Garavilla, Jaime Miguel (PC) Funcionarios públicos: 41

Ochoa Fernández, Cuauhtémoc (PVEM) Ley de Instituciones de Crédito: 46

Padilla Peña, Joel (PT) Artículo 74 constitucional: 74

Ramírez Pineda, Luis Antonio (PRI) Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros: 79

Saldaña Hernández, Margarita (PAN) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 56

Saucedo Moreno, Norma Patricia (PAN) República de Cuba: 138 desde curul

Serrano Jiménez, Emilio (PRD) Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios: 104

Torres Zavala, Rubén Alfredo (PAN) Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios: 101

Vázquez González, Pedro (PT) República de Cuba: 125

Vázquez González, Pedro (PT) República de Cuba: 138 desde curul

Vega Murillo, Wintilo (PRI) Ley Federal del Trabajo: 89

Zavala Gómez del Campo, Margarita Ester (PAN) Artículo 4º constitucional: 36