Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LIX Legislatura
Comisión Permanente
Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio
DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA
Gilberto Becerril Olivares
PRESIDENTE
Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Norberto Reyes Ayala
AÑO IIMéxico, DF, 29 de diciembre de 2004 Sesión No. 3
DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

Comunicación del diputado Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón, con la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en el V distrito del estado de Sinaloa. Se aprueba

LEY FEDERAL DE DERECHOS

Comunicación del Congreso del estado de Jalisco con acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión, revisar la Ley Federal de Derechos con la finalidad de adecuar criterios para el cobro del uso del certificado zoosanitario. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados

ESTADO DE JALISCO

Oficio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2004, relativo a la verificación de los vertimientos de aguas residuales desalojadas hacia el estero El Salado, en el municipio de Puerto Vallarta. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento

CONDECORACIONES

Diez oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso necesario para que 6 ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el Ejército de la República de Chile, las Fuerzas Armadas de la República de El Salvador, el Gobierno y la Guardia Costera de Estados Unidos de América, el Ministerio de Defensa de la República Francesa, las comandancias generales del Ejército y de la Fuerza Aérea de la República del Perú y el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente. Se turnan a la Primera Comisión

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El diputado Leonardo Alvarez Romo, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia del derecho a la información ambiental. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El diputado Arturo Nahle García a nombre propio y del diputado René Arce Islas, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, sobre servicios celulares. Se turna a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados

ARTICULOS 24 Y 130 CONSTITUCIONALES

El diputado Arturo Nahle García a nombre propio y del diputado René Arce Islas, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 y adiciona el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados

PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACION

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que expidiera el titular del Poder Ejecutivo federal, del maestro Luis Felipe Mancera de Arrigunaga como procurador fiscal de la Federación

Fija la posición de su grupo parlamentario el diputado Javier Salinas Narváez

Interviene el diputado José Guadalupe Osuna Millán

Suficientemente discutido se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese

El Presidente designa comisión que acompañe al ciudadano Mancera de Arrigunaga en el acto de rendir su protesta de ley como procurador fiscal de la Federación

UNIDAD DE CREDITO PUBLICO

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que expidiera el titular del Poder Ejecutivo federal, del maestro Gerardo Rodríguez Regordosa como titular de la Unidad de Crédito Público

Sin discusión se aprueba. Comuníquese

El Presidente designa comisión que acompañe al ciudadano Rodríguez Regordosa en el acto de rendir su protesta de ley como titular de la Unidad de Crédito Público

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que expidiera el titular del Poder Ejecutivo federal, del ciudadano Carlos Enrique Isoard y Viesca como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un segundo y último periodo comprendido del 1o. de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008

Sin discusión se aprueba. Comuníquese

El Presidente designa comisión que acompañe al ciudadano Isoard y Viesca, en el acto de rendir su protesta de ley como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

CONTRABANDO

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada el pasado 22 de diciembre, para solicitar a las secretarías de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público y a las procuradurías General de la República y Federal del Consumidor, información sobre las medidas dispuestas durante el periodo de diciembre de 2004 para combatir el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancías a comercios y transportes y su venta en vía pública. Sin discusión se aprueba, comuníquese

SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO

El Presidente informa de la recepción de proposición con punto de acuerdo para que los diputados federales de la LIX Legislatura realicen por única vez, una donación pecuniaria y de un libro en beneficio del Sistema de Bibliotecas, suscrita por integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

DESASTRES NATURALES

El senador Esteban Miguel Angeles Cerón presenta proposición con punto de acuerdo, para que comparezcan los titulares de la Coordinación General de Protección Civil, de la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que expliquen los programas y acciones que tiene previsto el gobierno federal para situaciones de desastre en la época invernal. Se turna a la Primera Comisión

ESTADO DE JALISCO

El diputado José Luis Treviño Rodríguez presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública, a que realicen actividades conjuntas para la conclusión de la carretera Lagos de Moreno - San Luis Potosí, en el tramo Lagos de Moreno - Las Amarillas, y del nodo vial en Lagos de Moreno, Jalisco. Se turna a la Tercera Comisión

PETROLEOS MEXICANOS

El senador César Raúl Ojeda Zubieta presenta proposición con punto de acuerdo, para solicitar a los titulares de la empresa Petróleos Mexicanos y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, información sobre la magnitud y las causas del derrame de petróleo ocurrido el 22 de diciembre de 2004 en el estado de Veracruz

Se considera de urgente resolución. Intervienen los legisladores:

Senadora Lydia Madero García

Diputado Martín Remigio Vidaña Pérez

Suficientemente discutido el punto de acuerdo se aprueba. Comuníquese

ESTADO DE VERACRUZ

El diputado Leonardo Alvarez Romo presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que realice un programa de restauración ecológica en el río Coatzacoalcos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados

ALCOHOLISMO

El diputado Javier Salinas Narváez a nombre propio y de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que por conducto del Consejo de Salubridad General, ordene suspender la vigencia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 6 de julio y 26 de octubre de 2004, en materia de combate al alcoholismo, y sean remitidos con sus antecedentes, a la Cámara de Diputados para su revisión. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados

ESTADO DE GUERRERO

El diputado Arturo Nahle García a nombre propio y de la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, presenta proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial que observe y dé testimonio del desarrollo del proceso electoral en el estado de Guerrero. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

PETROLEOS MEXICANOS

El diputado Javier Salinas Narváez a nombre propio y de diputados de diversos grupos parlamentarios, presenta proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos de la Cámara de Diputados, encargada de dar seguimiento a las políticas públicas en materia de precios del petróleo. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

MAREMOTOS

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero presenta proposición con punto de acuerdo, para expresar condolencias a los gobiernos de Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, India, Malasia, Tailandia y las Islas Maldivas, así como a los familiares de las víctimas de los maremotos en el sudeste asiático

La Asamblea guarda minuto de silencio y considera de urgente resolución el asunto

Intervienen los legisladores:

Diputado Leonardo Alvarez Romo, quien propone que el Congreso de la Unión y los legisladores de la Comisión Permanente realicen un donativo para la denominada Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, Asociación Civil

Diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés

Senadora María Lucero Saldaña Pérez

La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo

El Presidente turna la propuesta del diputado Alvarez Romo a las juntas de Coordinación Política de las cámaras de Diputados y de Senadores y propone, a nombre de los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente, añadir al punto de acuerdo un mensaje de condolencias

La Asamblea aprueba con el añadido propuesto por la Presidencia. Comuníquese

SAN JUAN IXTAYOPAN, DELEGACION DE TLAHUAC

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con las investigaciones de la Procuraduría General de la República en el caso de los policías linchados en San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac. Se turna a la Primera Comisión

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El diputado Arturo Nahle García presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que retire al embajador de México en Estados Unidos de América, en protesta por la entrada en vigor de la denominada Ley 200 aprobada en el estado de Arizona y de otras leyes discriminatorias que están a punto de aprobarse en el Congreso norteamericano. Se turna a la Segunda Comisión

ESTADO DE OAXACA

El diputado Arturo Nahle García a nombre propio y de la diputada Eliana García Laguna, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de Oaxaca a que garantice un cambio de poderes pacífico y ordenado en el municipio de Huautla de Jiménez y se esclarezca el homicidio del señor Serafín García Contreras. Se turna a la Primera Comisión

BANRURAL

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público, al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al director liquidador del Banco de Crédito Rural, para que realicen la transferencia de derechos de las bodegas ubicadas en la Central de Abastos de la Ciudad de México, solicitada por la Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina AC. Se turna a la Tercera Comisión

MINERA SAN XAVIER

El diputado Arturo Nahle García a nombre propio y de legisladores de diversos grupos parlamentarios, presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que acate la ejecutoria de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que cancela el permiso de operación condicionada a la empresa Minera San Xavier, SA de CV, en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Se turna a la Primera Comisión

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

El diputado Javier Salinas Narváez comenta la decisión de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo federal contra el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005

Intervienen sobre el tema, los legisladores:

Diputado Joel Padilla Peña

Senador Jorge Zermeño Infante

Desde su curul, realiza interpelación el diputado Arturo Nahle García

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

Desde su curul, realiza interpelación la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero

Rectifican hechos o contestan alusiones personales, los legisladores:

Senador Jesús Galván Muñoz

Diputado Javier Salinas Narváez

Diputado Arturo Nahle García

Senador Jesús Galván Muñoz

Desde su curul, realiza interpelación el diputado Arturo Nahle García

Senadora Martha Sofía Tamayo Morales

ORDEN DEL DIA

De la próxima sesión


Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

ASISTENCIA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se va a proceder al pase de lista de la asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.

Hay una asistencia de 31 legisladores, señor Presidente. Hay quórum.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 11:31 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría entonces a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día.

Los señores diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Por la negativa... Ciudadano Presidente, mayoría. Se dispensa la lectura.

«Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Segundo Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 29 de diciembre de 2004.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Jesús Vizcarra Calderón.

Del Congreso del estado de Jalisco.

De la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Diez por los que solicitan el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos César Mayolo Mata Duarte, José Luis Torres Martínez, David Francisco Castro López, Alberto Castro Rosas, Luis Orozco Inclán y José Luis Sánchez Sánchez puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Tercera Comisión, por el que se aprueba el nombramiento del maestro Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, como procurador fiscal de la Federación.

De la Tercera Comisión, por el que se aprueba el nombramiento del maestro Gerardo Rodríguez Regordosa, como titular de la Unidad de Crédito Público.

De la Tercera Comisión, por el que se aprueba el nombramiento del licenciado Carlos Enrique Isoard y Viesca, como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

De la Tercera Comisión, en relación con la proposición de la senadora Lydia Madero García, para que las autoridades de las Secretarías de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público; de las Procuradurías: General de la República y Federal del Consumidor, informen sobre las medidas tomadas para hacer valer el Estado de derecho en relación con el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancías a comercios y transportes y su venta en la vía pública.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para que en beneficio del Sistema de Bibliotecas de la Cámara de Diputados, se realice, por única vez, una donación pecuniaria y se obsequie un libro por parte de los diputados federales de la LIX Legislatura, suscrita por integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para citar a comparecer a los titulares de la Coordinación General de Protección Civil, de la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que expliquen que programas y acciones tiene previsto el Gobierno Federal para situaciones de desastre, a cargo del senador Esteban Ángeles Cerón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de la Función Pública, a que realicen en conjunto las actividades necesarias para llevar a cabo las obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de Pemex y de la Profepa remitir a la brevedad información suficiente que explique la magnitud y las causas del derrame de petróleo ocurrido el 23 de diciembre en el estado de Veracruz, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para citar a comparecer al director de Pemex y al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por la catástrofe ambiental suscitada en Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo del diputado Leonardo Alvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que, por conducto del Consejo de Salubridad General, ordene suspender la vigencia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 6 de julio y 26 de octubre de 2004, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear una Comisión Especial que vigile las próximas elecciones en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear una Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para expresar condolencias a los gobiernos de Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, India, Malasia, Tailandia y las Islas Maldivas, así como a los familiares de las víctimas de los maremotos en la región asiática, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero y suscrita por diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que comparezca el director general de Pemex, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al procurador general de la República a que realice una investigación seria, imparcial y sin sesgos políticos en el caso Tláhuac, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativa a la Ley 200 aprobada en el estado de Arizona, Estados Unidos de América, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar que prevalezcan las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica en la comunidad de Huautla de Jiménez, Oaxaca, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público, al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al director liquidador de Banrural para que realicen la transferencia de derechos de las bodegas ubicadas en la Central de Abastos de la Ciudad de México, solicitada por la Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre los hechos ocurridos en Guadalajara, Jalisco en el marco de la cumbre celebrada el 28 de mayo de 2004, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por el diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Agenda política

Posicionamiento en relación con el terremoto y maremoto que azotaron amplias zonas del sudeste asiático y del Océano Indico el domingo 26 de diciembre de 2004, a cargo de senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Posicionamiento en relación con los procesos judiciales que se siguen en el caso Tláhuac, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Posicionamiento en relación con la decisión de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»


ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría, consulte a la Asamblea, si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintidós de diciembre de dos mil cuatro, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta legisladores, a las once horas con veintidós minutos del miércoles veintidós de diciembre dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Secretaría da lectura al acta de la Sesión de Instalación y la Asamblea la aprueba en votación económica.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del nonagésimo aniversario de la promulgación de la Ley Agraria. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.

Comunicación del diputado Alfonso Juventino Nava Díaz con la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en el primer distrito del estado de San Luis Potosí. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo por el que se concede la licencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Comunicación del diputado Homero Díaz Rodríguez con la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo por el que se concede la licencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación comunica la clausura de su segundo periodo de sesiones de dos mil cuatro. De enterado.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura de la propuesta de acuerdo de la Mesa Directiva y de los representantes de los grupos parlamentarios, que establece los lineamientos para el funcionamiento de la Comisión Permanente durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura y sin discusión lo aprueba de la misma manera.

El diputado Alejandro Ismael Murat Hinojosa, a nombre propio y de diversos diputados del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo dos -- C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Sendos oficios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la Procuraduría General de la República, del Banco de México y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados en relación con: los homicidios de policías en el pueblo de San Juan Ixtayopan, Tláhuac; las medidas para detener el problema de inseguridad pública que representa la organización delictiva conocida como Mara Salvatrucha; las comisiones que cobran entidades financieras; y la evaluación del impacto ambiental de la construcción de la presa Cañón de Cabeza. Se turnan: a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; a las comisiones de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento; a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento; y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, respectivamente.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

  • Uno, por el que comunica el nombramiento por parte del Presidente de la República de los ciudadanos Luis Felipe Mancera de Arrigunaga y Gerardo Rodríguez Regordosa como Procurador Fiscal de la Federación y como titular de la Unidad de Crédito Público, respectivamente. Se turna a la Tercera Comisión.

  • Seis, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados relativos a: los daños ecológicos ocasionados por el proyecto Puerto Mío; la importación y comercialización de fórmulas lácteas contaminadas; la instalación de un relleno sanitario en el municipio de Matamoros, Tamaulipas; el acuerdo secretarial número ciento diecisiete, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de septiembre de dos mil tres, que amplía las áreas de prevención y exclusión marítima de la sonda de Campeche; el subsidio en el consumo de energía eléctrica en el estado de Chihuahua; y la contaminación del río Santiago. Se turnan a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

  • Ocho, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores en relación con: programas para prevenir, investigar, dar seguimiento y combatir la violencia contra las mujeres; programas de participación ciudadana y de prevención del delito para garantizar la seguridad de estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas; la presunta contaminación provocada por la actividad petrolera en la reserva de la biosfera Pantanos de Centla, Tabasco; las acciones para prevenir y combatir a las bandas denominadas Maras Salvatruchas; y la Conferencia Internacional para Examinar la Aplicación del Programa de Acción de Barbados para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Remítanse a la Cámara de Senadores.

  • Uno, por el que solicita el permiso necesario para que seis ciudadanos puedan prestar servicios en distintas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México, y comunica que cuatro ciudadanos han dejado de prestarlos. Por lo que se refiere a las solicitudes de permiso, se turna a la Primera Comisión, y por los que respecta a quienes han dejado de prestar servicios, se turna a las comisiones de Gobernación de las cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.

    El ciudadano Carlos Edgar Ross Scheede solicita el permiso necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Presidente de la República Federal de Alemania. Se turna a la Primera Comisión.

    Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:

  • Diputado Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Procurador Federal de Protección al Ambiente, a que instrumenten medidas urgentes a fin de evitar más daños ecológicos y proteger la flora y fauna del Lago de Guadalupe, del municipio de Cuautitlán Izcalli, estado de México. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

  • Senadora Lydia Madero García, del Partido Acción Nacional, para solicitar información a las secretarías de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público y a las procuradurías General de la República y Federal del Consumidor, en relación con las medidas dispuestas para reducir el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancías y su venta en vía pública. Se turna a la Tercera Comisión.

  • Senador César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática, para que comparezca el Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a fin de que explique la compra -- venta de los terrenos del proyecto Riviera de Cancún. Se turna a la Tercera Comisión.

  • Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Presidente de la Confederación Deportiva Mexicana, como integrante del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, a que conjuntamente con las asociaciones deportivas nacionales, garantice el cumplimiento de los estatutos plasmados en la ley general de la materia. Se turna a las comisiones de Juventud y Deporte y de Equidad y Género de la Cámara de Senadores.

  • Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre propio y de la senadora Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Instituto Nacional de las Mujeres y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a que otorguen respaldo a la futbolista Maribel Domínguez para contrarrestar los vicios de discriminación de que pueda ser objeto en el desempeño de su actividad deportiva. Se turna a las comisiones de Juventud y Deporte y de Equidad y Género de la Cámara de Senadores.

  • Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre propio y de la diputada Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar se mantenga a la Policía Federal Preventiva en el municipio de Acapulco, Guerrero. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

  • Diputada Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Secretaría de Salud, el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana referente a la prestación de los servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico -- psiquiátrica. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

  • Diputado Arturo Nahle García, a nombre propio y del diputado Jorge Martínez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática, para saludar los procesos de integración que diversos países sudamericanos realizan en el marco de las reuniones de la Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común del Sur, celebrar la reciente formación de la Comunidad Sudamericana de Naciones y manifestarse por el fortalecimiento de los espacios de diálogo parlamentario en el proceso de integración latinoamericana, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma forma. Comuníquese.

  • Diputado Inti Muñoz Santini, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar el retiro de los cargos y de la acusación en contra de los jóvenes presos con motivo de los hechos ocurridos el veintiocho de mayo de dos mil cuatro en Guadalajara, Jalisco. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Primera Comisión.

  • Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre propio y de los diputados Eliana García Laguna y Jorge Martínez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la captura y extradición del ex Ministro del Interior de la República de Guatemala, Donaldo Alvarez Ruiz, acusado de crímenes contra la humanidad y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea no considera de esa manera el asunto en votación económica y el Presidente turna la proposición a la Segunda Comisión.

  • Diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al gobernador del estado de Oaxaca a que garantice un cambio de poderes pacífico y ordenado en el municipio de Huautla de Jiménez y se esclarezca el homicidio del señor Serafín García Contreras. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

  • Diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal, a los secretarios de Estado y a los demás titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, a que apliquen íntegramente los recursos de conformidad con el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

    Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite propuesta del Presidente de la República para ratificar al ciudadano Carlos Enrique Isoard y Viesca como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un segundo y último periodo comprendido del primero de enero de dos mil cinco al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho. Se turna a la Tercera Comisión.

    La Secretaría da lectura a la propuesta de la Mesa Directiva para la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente y la Asamblea la aprueba en votación económica.

    Hablan sobre la presentación de la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo Federal respecto al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, los diputados: Jorge Romero Romero, del Partido Revolucionario Institucional; Luis Maldonado Venegas, de Convergencia;

    Presidencia del diputado Alfredo Villegas Arreola

    Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo; Leonardo Alvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México;

    Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

    Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática; y José Guadalupe Osuna Millán, del Partido Acción Nacional.

    Rectifican hechos los legisladores: diputado Alejandro Ismael Murat Hinojosa, del Partido Revolucionario Institucional; senador Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional; diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática; y senador Jesús Galván Muñoz, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelaciones del diputado Murat Hinojosa, del senador Carlos Chaurand Arzate, ambos del Partido Revolucionario Institucional, del diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática, y del diputado Jorge Romero Romero, del Partido Revolucionario Institucional.

    Continúan rectificando hechos los senadores: Armando Chavarría Barrera, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Zermeño Infante y Gildardo Gómez Verónica, ambos del Partido Acción Nacional; y Carlos Chaurand Arzate, del Partido Revolucionario Institucional.

    El Presidente informa de la recepción por escrito de los comentarios sobre el aniversario luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón, de los diputados Luis Maldonado Venegas, de Convergencia; y Leonardo Alvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México, e instruye la inserción íntegra de los textos en el Diario de los Debates y su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

    Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente levanta la de hoy a las catorce horas con treinta y cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles veintinueve de diciembre de dos mil cuatro a las once horas.»

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

    En consecuencia, proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

    La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el acta.... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

    Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta.

    Continúe con las comunicaciones, la Secretaría.


    DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

    La Secretaria senadora María Lucero Saldaña Pérez: Con mucho gusto, señor Presidente.

    «Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

    Con fundamento en el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por este medio me permito solicitar de la manera más atenta y respetuosa a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se otorgue al suscrito licencia por tiempo indefinido para apartarme de mi cargo como diputado federal, a partir del día 31 de diciembre del presente año.

    Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las finas atenciones que se sirva dar a la presente, quedo a sus apreciables órdenes.

    Atentamente.

    Palacio Legislativo, a 28 de diciembre de 2004.--- Dip. Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica).»

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

    La Secretaria senadora María Lucero Saldaña Pérez: Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jesús Vizcarra Calderón, para separarse de sus funciones como diputado federal en el estado de Sinaloa a partir del 31 de diciembre del presente año.

    No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba, a los compañeros y compañeras legisladoras que estén por la afirmativa, favor de expresarlo...

    Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado por unanimidad.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado y comuníquese a la Cámara de Diputados.
    LEY FEDERAL DE DERECHOS

    La Secretaria senadora María Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

    Honorable Congreso de la Unión

    Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo 685/04, en el que se ordena girarles atento oficio solicitándoles hagan una revisión exhaustiva a la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de adecuar criterios para el cobro del uso del certificado zoosanitario, establecido en el artículo 86-A, fracción II, de la Ley antes mencionada, en particular a los transitorios que modifican y autorizan el incremento, conforme a los motivos antes expuestos; asimismo se solicita sea considerada la asignación del monto del derecho en forma proporcional de acuerdo a la cantidad de animales, productos y subproductos a movilizar.

    Por instrucciones de la Directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.

    Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

    Atentamente.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    Mtro. Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica), Secretario General del Congreso del Estado.»

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

    Exposición de Motivos

    I.- El formato del certificado zoosanitario; es un documento de carácter federal, que se ha venido utilizando para regular la movilización legal sanitaria de los animales domésticos, productos y subproductos.

    II.- En los últimos 8 años se ha venido modificando la función principal de este formato y se le ha agregado otra función, que es la de carácter recaudatorio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con la Sagarpa, gravaron el uso del certificado zoosanitario a través del pago de derechos que se establece en la Ley Federal de Derechos en su artículo 86-A, fracción II, que a la letra dice: ``Por cada certificado zoosanitario para la movilización nacional de animales vivos, productos y subproductos animales, sujetos a regulación zoosanitaria...'' cubrirán la cantidad de 30.00 pesos.

    Mismos que se cubren utilizando el formato SAT No.- 5 con clave de pago de derechos 400055.

    III.- Paulatinamente, el uso de este formato ha venido incrementando su costo en forma semestral hasta llegar hoy en día al valor de los 60.00 pesos. No existiendo ninguna disposición legal que le dé validez a dicho incremento, ya que la citada Ley Federal de Derechos, publicada en el diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 2003, establece su costo original de 30.00 pesos.

    IV.- El costo de referencia establecido en la multicitada ley se ha venido incrementando en un porcentaje por instrucción de la Dirección de General de Salud Animal de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Organismo Nacional de Certificación, AC, aplicándolo a tal grado que a partir del 31 de enero de 2004 el costo por el uso de este formato es de 60.00 pesos. Según oficio B00.02.03.03.02.006, expedido el 7 de enero de 2004 por la Sagarpa y circular No. 1 de fecha 14 de enero de 2004, expedida por el Organismo Nacional de Certificación Ganadera, AC.

    V.- Existiendo entonces una incongruencia entre la cantidad establecida en la Ley Federal de Derechos y publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 2003.

    Y lo que por medio de oficio expedido por la Sagarpa y el Organismo Nacional de Certificación Ganadera, AC, establecen un porcentaje en forma semestral a su libre arbitrio y que dicho cobro se aplica a las personas que tienen necesidad de utilizar dicho certificado zoosanitario en el formato SAT No. 5.

    Esta Comisión, una vez analizado dicho acuerdo legislativo llego a las siguientes

    Conclusiones

    I.- Si bien es cierto el cobro que se señala es de 60 pesos por el pago de derechos del certificado zoosanitario para la movilización de animales vivos, productos y subproductos animales, esto se encuentra dentro del margen de la Ley Federal de Derechos, ya que la misma en su artículo 86-A, fracción II, a la letra reza:

    ``II.- Por cada certificado zoosanitario para la movilización nacional de animales vivos, productos y subproductos animales, sujetos a regulación zoosanitaria $30.00''

    La confusión nace ya que al estipular tal cantidad la ley, no se puede cobrar otra tasa diferente a ésta, pero en sus transitorios la Ley Federal de Derechos a la letra señala:

    Artículo Segundo

    Durante el año 2003 se aplicarán en materia de derechos das siguientes disposiciones:

    I. Para los efectos del artículo 1º de la Ley Federal de Derechos, las cuotas de los derechos se incrementarán:a) En los meses de enero y julio de 2003, en los términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 1º de la Ley Federal de Derechos.

    Asimismo, la cuota del derecho a que se refiere la fracción I del artículo 172-H de la Ley federal de Derechos se sujetará a lo dispuesto en el párrafo anterior.

    b. Para el año 2003 las cuotas de los derechos a que se refiere el Capítulo I, Sección Primera, y el Capítulo II del Título I de la ley Federad de Derechos, así como los derechos señalados en los artículos 150-A, 150-B y 151 de la misma, se actualizarán de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, únicamente el 1º de enero de 2003, con el factor que resulte de dividir el índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre de 2002 entre el índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre de 2001.

    II. En los artículos de la Ley Federal de Derechos que por virtud de la presente ley hayan sufrido modificaciones únicamente en su texto, y no así en su cuota correspondiente, ésta se actualizará en el mes de enero de 2003, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 1º de la Ley Federal de Derechos.

    Asimismo, en el caso de los derechos que se crean con la presente ley o que hayan sufrido modificaciones en su cuota, éstas no se incrementarán en el mes de enero de 2003.

    Las cuotas que no se incrementen en el mes de enero de 2003, conforme a esta fracción, se incrementarán en el mes de julio de 2003, conforme a lo dispuesto en la fracción I, inciso a), de este artículo.''

    Es por lo anterior que se considera necesario que se envíen sendos oficios a las autoridades que se señalan en el cuerpo del acuerdo legislativo con la finalidad de que mantengan el cobro y no sea incrementado en los dos años posteriores para apoyar el sector pecuario y evitar las pérdidas o evasión de dicho cobro.

    Lo anterior por ser favorable para la sanidad pecuaria del estado de Jalisco y extender el reclamo a las demás legislaturas de los estados.

    Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artículos 150, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, resolvemos someter a la consideración de ustedes, ciudadanos diputados, el siguiente:

    Acuerdo Legislativo

    Primero: Se gire atento oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que, de ser posible, mantengan el pago de derechos por el uso del certificado zoosanitario para la movilización nacional de animales vivos, productos y subproductos animales, sujetos a regulación zoosanitaria, que actualmente es de $60.00 para los próximos dos años; es decir que no se aumente más.

    Segundo: Se ordena girar atento oficio al Congreso de la Unión, para que hagan una revisión exhaustiva a la Ley Federal de Derechos con la finalidad de adecuar criterios para el cobro del uso del certificado zoosanitario establecido en el artículo 86-A, fracción II, de la ley antes mencionada, en particular a los transitorios que modifican y autorizan el incremento, conforme a los motivos antes expuestos, asimismo se solicita sea considerada la asignación del monto del derecho en forma proporcional de acuerdo a la cantidad de animales, productos y subproductos a movilizar.

    Tercero.- Envíese atento oficio, acompañado de copia del presente acuerdo legislativo, a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal, para que se sumen al reclamo general de los productores pecuarios del estado de Jalisco.

    Salón de Sesiones del Congreso del Estado.--- Guadalajara, Jalisco, a 18 de noviembre de 2004.--- Comisión de Ganadería: Diputados: Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Félix Bañuelos Jiménez (rúbrica), Gabriel Guerra Béjar (rúbrica), Julián Orozco González (rúbrica), Felipe Reyes Rivas (rúbrica).»

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
    ESTADO DE JALISCO

    El Secretario diputado Arturo Nahle García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.

    Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.--- Presente.

    Me refiero a su atento oficio No. D.G.P.L. 59-II-4-960, de fecha 30 de noviembre de 2004, recibido el 2 de diciembre del año en curso, por el que tuvo a bien informar al ingeniero José Luis Luege Tamargo, procurador federal de Protección al Ambiente, sobre el punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el mismo 30 de noviembre, que en su punto segundo a la letra dice:

    ``Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, verifiquen los vertimientos de aguas residuales desalojadas hacía el estero El Salado; y dé cumplimiento a lo establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996.''

    Sobre el particular, hago de su conocimiento que la verificación de las descargas de aguas residuales es atribución exclusiva de la Comisión Nacional del Agua (CNA), por lo cual la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no tiene facultades para inspección o verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua, incluyendo los límites establecidos en la NOM---001-SEMARNAT-1996.

    No obstante lo anterior, esta Subprocuraduría, mediante oficio No. EOO.SII.- 300, de fecha 6 de diciembre de 2004, ha hecho llegar al licenciado Cristóbal Jaime Jáquez, director general de la CNA, copia del oficio enviado por usted, para los efectos a que haya lugar, a fin de atender el mencionado punto de acuerdo.

    Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

    Atentamente.

    Sufragio Efectivo. No Reelección

    México, Distrito Federal, a 7 de diciembre de 2004.--- Ing. José Ramón Ardavín Ituarte (rúbrica), Subprocurador.»

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
    CONDECORACIONES

    El Secretario diputado Arturo Nahle García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

    CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de Intendencia César Mayolo Mata Duarte pueda aceptar y usar la condecoración ``O'Higgins'', que le otorga el Ejército de la República de Chile.

    Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

    CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Capitán Segundo de Infantería DEM José Luis Torres Martínez pueda aceptar y usar la medalla ``Minerva'', que le otorga el Ejército de la República de Chile.

    Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

    CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador David Francisco Castro López pueda aceptar y usar el gafete y la medalla ``Capitán General Gerardo Barrios'', que le otorgan las Fuerzas Armadas de la República de El Salvador.

    Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

    CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de Intendencia César Mayolo Mata Duarte pueda aceptar y usar el gafete y la medalla ``Capitán General Gerardo Barrios'', que le otorgan las fuerzas armadas de la República de El Salvador.

    Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.».

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

    CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Vicealmirante CG DEM Alberto Castro Rosas pueda aceptar y usar la condecoración de la ``Legión al Mérito'', en grado de Comandante, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

    Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

    CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Capitán de Navío CG DEM Luis Orozco Inclán pueda aceptar y usar la medalla ``Coast Guard Commandation Medal'', que le otorga la Guardia Costera de los Estados Unidos de América.

    Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.».

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

    CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Capitán de Navío CG DEM José Luis Sánchez Sánchez pueda aceptar y usar la ``Medalla de la Defensa Nacional'', que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Francesa.

    Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

    CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de Intendencia César Mayolo Mata Duarte, pueda aceptar y usar la condecoración ``Medalla Académico del Ejército'', en grado de ``Al Mérito'', que le otorga la Comandancia General del Ejército de la República del Perú.

    Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

    CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador David Francisco Castro López pueda aceptar y usar el ``Brevete de Piloto Honorario'', que le otorga la Comandancia General de la Fuerza Aérea de la República del Perú.

    Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

    CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador David Francisco Castro López pueda aceptar y usar la medalla ``Teniente Carlos Meyer'', que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.

    Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    México, DF, a 30 de noviembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Recibo y túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
    LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE
    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Leonardo Alvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

    El diputado Leonardo Alvarez Romo: Con su venia, diputado Presidente.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante.

    El diputado Leonardo Alvarez Romo: Compañeras y compañeros senadores; compañeras y compañeros diputados:

    Ante el nuevo panorama en nuestro país, donde la oportunidad de obtener información se ha convertido en un instrumento insustituible para el cuidado a efecto de evaluar el trabajo de sus gobernantes, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, no puede sustraerse de esta garantía legal de todos los mexicanos.

    El acceso a la información gubernamental, es una garantía constitucional del cuidado que brinda certidumbre y confianza a los actos de gobierno.

    El artículo 6º de la Constitución Política, en su parte final, establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información. Lamentablemente esta garantía individual no había sido trabajada en leyes secundarias de forma ordenada, por lo que no se le daban al gobernado los instrumentos necesarios para evaluar la rendición de cuentas con objeto de fiscalizar los actos del Gobierno. Estas lagunas han dificultado al ciudadano ejercer con plenitud la garantía constitucional del derecho a la información.

    Caso concreto es el Título Quinto, participación social e información ambiental de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su Capítulo II, del derecho a la información ambiental, donde la norma ha sido rebasada por las condiciones que imperan actualmente.

    Los artículos que contiene dicho capítulo, por una parte necesitan ser adecuados a las nuevas disposiciones jurídicas que existen actualmente, ya que el legislador no puede soslayar que la norma ambiental en materia de información necesita ser adecuada al contexto jurídico actual.

    Por otra parte, el sendero jurídico marcado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que la garantía constitucional del derecho a la información tendría que ampliarse en el sentido de que las autoridades están obligadas a no entregar al ciudadano información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violaciones a garantías individuales.

    El presente decreto permitirá la entrega expedita y completa de la información ambiental y de esta manera, ser congruente con los principios de transparencia que cualquier país democrático espera.

    En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consideramos que esta iniciativa es fundamental, ya que le da herramientas al ciudadano para que participe en la evaluación y en la toma de decisiones que realiza el Gobierno en materia ambiental.

    La realidad del país ya no permite acciones en la oscuridad; exige apertura y claridad, pero lo más importante, instrumentos que realmente ayudan a rendición de cuentas y al combate a la corrupción.

    Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, siempre que se pretende ampliar a la sociedad su acceso a la información se menciona que un Estado que genera un flujo confiable de información genera una mayor certidumbre a las personas interesadas en invertir en el país y establece un estado real de derecho.

    El pueblo de México está cansado de mantenerse al margen de las grandes decisiones del país.

    Esta ley le permitirá sancionar lo sancionable y confiar no más a ciegas sino con elementos objetivos que le permitan transformarse en un verdadero fiscalizador del trabajo gubernamental en materia ambiental.

    Nosotros, el Partido Verde Ecologista de México, reiteramos nuestro concepto de que el pueblo de México tiene el derecho inalienable y natural a conocer qué tipo de medio ambiente es el que interactúa con él y que este derecho esté garantizado por el Estado.

    Es necesaria la construcción del marco regulatorio, un marco administrativo y de mecanismos de evaluación de riesgos, de toma de decisiones, de manejo de información y de participación para las partes interesadas y para la sociedad civil.

    Sobre todo que proteja la salud humana, el medio ambiente, la economía y la soberanía nacional y esta iniciativa es un primer paso para concretar ese marco regulatorio en materia ambiental.

    Por todo ello los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México respetuosamente sometemos a esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 159 Bis, 159 Bis 1, 159 Bis 3, 159 Bis 4 y 159 Bis 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

    En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria la presente iniciativa, omitiré la lectura del articulado pero solicito a la presidencia su publicación íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias, compañeros legisladores.

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

    Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del PVEM

    El diputado Leonardo Alvarez Romo que firma al calce, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73 fracción XXIX-G y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, de conformidad con la siguiente

    Exposición de Motivos

    Ante el nuevo panorama en nuestro país, donde la oportunidad de obtener información se ha convertido en un instrumento insustituible para el ciudadano ha efecto de evaluar el trabajo de sus gobernantes, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no puede sustraerse de esta garantía legal de todos los mexicanos.

    En este sentido, existe la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, que sin lugar a dudas trascenderá como uno de las legislaciones mas importantes del sistema democrático de nuestro país, permitiendo que lo público sea público.

    El acceso a la información gubernamental es una garantía constitucional del ciudadano, que brinda certidumbre y confianza a los actos de gobierno. El artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte final, establece la obligación del estado de garantizar el derecho a la información.

    Lamentablemente esta garantía individual no había sido trabajada en leyes secundarias de forma ordenada, por lo que no se le daba al gobernado los instrumentos necesarios para evaluar la rendición de cuentas con objeto de fiscalizar los actos del gobierno. Estas lagunas han dificultado al ciudadano ejercer con plenitud la garantía constitucional del derecho a la información.

    Caso concreto, es el Titulo V Participación Social e Información Ambiental, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su Capítulo II del Derecho a la Información Ambiental, donde la norma ha sido rebasada por las condiciones que imperan actualmente.

    Los artículos que contiene dicho Capitulo, por una parte necesitan ser adecuados a las nuevas disposiciones jurídicas que existen actualmente, ya que el legislador no puede soslayar que la norma ambiental en materia de información necesita ser adecuada al contexto jurídico actual.

    Por otra parte, el sendero jurídico marcado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que la garantía constitucional del derecho a la información, tendría que ampliarse, en el sentido de que las autoridades estaban obligadas a no entregar al ciudadano información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violaciones a garantías individuales.

    El presente decreto permitirá la entrega expedita y completa de la información ambiental y de esta manera ser congruente con los principios de transparencia que cualquier país democrático espera.

    En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que esta ley forma parte de la reforma del estado, ya que le da herramientas al ciudadano para que participe en la evaluación y en la toma de decisiones que realiza el gobierno en materia ambiental. La realidad del país ya no permite acciones en la obscuridad, exige apertura y claridad, pero lo más importante instrumentos que realmente ayuden a rendición de cuentas y al combate a la corrupción.

    Como se ha señalado en reiteradas ocasiones siempre que se pretende ampliar a la sociedad su acceso a la información se menciona que: ``Un estado que genera un flujo confiable de información, genera una mayor certidumbre a las personas interesadas en invertir en el país y establece un estado real de derecho.''

    El pueblo de México esta cansado de mantenerse al margen de las grandes decisiones del país, esta ley le permitirá sancionar lo sancionable y confiar no mas a ciegas, si no con elementos objetivos que le permitan transformarse en un verdadero fiscalizador del trabajo gubernamental en materia ambiental.

    Nosotros, el Partido Verde Ecologista de México, reiteramos nuestro concepto de que el pueblo de México, tiene el derecho inalienable y natural, a conocer qué tipo de medio ambiente es el que interactúa con él, y que este derecho esté garantizado por el Estado.

    Es necesaria la construcción del marco regulatorio, un marco administrativo y de mecanismos de evaluación de riesgos, de toma de decisiones, de manejo de información y de participación, para las partes interesadas y para la sociedad civil. Sobre todo que proteja la salud humana, el medio ambiente (como está garantizado en nuestra Carta Magna, artículo 4°), la economía y la soberanía nacional y este decreto es un primer paso para concretar ese marco regulatorio en materia ambiental.

    Por todo ello, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, respetuosamente sometemos a esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

    DECRETO mediante el cual se reforman los artículos 159 Bis, 159 Bis 1, 159 Bis 3, 159 Bis 4 y 159 Bis 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

    ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 159 Bis, 159 Bis 1, 159 Bis 3, 159 Bis 4 y 159 Bis 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; para quedar como sigue:

    TITULO V Participación Social e Información Ambiental

    ...

    CAPITULO II Derecho a la Información Ambiental

    ARTICULO 159 Bis.- ...

    ...

    La Secretaría reunirá informes y documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos, auditorías ambientales o de cualquier otra índole en materia ambiental y de preservación de recursos naturales, realizados en el país por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los que serán remitidos al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, así como a la Unidad Administrativa de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

    ...

    ARTICULO 159 Bis 1.- La Secretaría deberá publicar anualmente un informe detallado de la situación general existente en el país en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente.

    ARTICULO 159 Bis 3.- ...

    Para los efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se considera información ambiental, cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos, de que dispongan las autoridades ambientales en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, así como sobre las actividades o medidas que afectan o puedan afectarlos, incluyendo los resultados de las inspecciones y verificaciones que realice la Secretaría y los de las auditorías ambientales efectuadas por los particulares en los términos de esta Ley.

    ...

    ARTICULO 159 BIS 4.- ...

    De la fracción I a la II ...

    III.- Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no estén obligados por disposición legal a proporcionarla, salvo en los casos de manifestaciones de impacto ambiental, informes preventivos y denuncia popular, o

    ...

    ARTICULO 159 BIS 5.- Las autoridades ambientales deberán resolver por escrito toda petición de información ambiental conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

    TRANSITORIOS

    ÚNICO.- El presente decreto comenzará su vigencia 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Dado en el Salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 29 días del mes de diciembre del 2004.--- Dip. Leonardo Álvarez Romo.»

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado. Publíquese íntegramente, como lo ha solicitado el señor diputado, en el Diario de los Debates su intervención y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
    LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Arturo Nahle García para presentar iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    El diputado Arturo Nahle García: Gracias, ciudadano Presidente.

    «Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del PRD

    De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de un grupo de diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de este órgano legislativo la presente Iniciativa de adición de un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con base en la siguiente

    Exposición de Motivos

    El uso de teléfonos celulares en la actualidad se ha extendido como parte de las necesidades inmediatas de la población, pasando en unos cuantos años de ser un servicio casi de lujo, a una cuestión básica en los procesos de comunicación que permiten el desarrollo de la industria, la producción y el comercio, así como las actividades públicas y privadas en general, lo que impulsa el desarrollo del país.

    Las características de las empresas prestadoras de los servicios de telefonía celular, desde el punto de vista económico, reflejan una situación oligopólica, donde existen unos cuantos oferentes del servicio, limitándose la libre concurrencia que garantiza el artículo 28 constitucional, ya que estas empresas controlan los precios de mercado del servicio, lo que lo hace caro y de difícil acceso a ciertos sectores de la población mexicana.

    Por otro lado, el ``redondeo'' en el cobro del uso del servicio de telefonía celular, genera grandes utilidades a las empresas que aplican ese esquema, el cual resulta injusto y al sumarse a la libre determinación de precios de mercado, genera ganancias millonarias a las empresas, a costa del pago de segundos de tiempo aire no consumidos por los clientes.

    El artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, regula en forma permisiva la libertad de precios de mercado para la prestación del servicio público de telecomunicación vía celular, razón por la cual la presente iniciativa tiene como fin establecer la prohibición expresa del redondeo de segundos a minutos, en el consumo de tiempo aire de dicho servicio.

    Con base en lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente

    Iniciativa de adición de un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de los concesionarios de telefonía celular, de no redondear los segundos de consumo de tiempo aire.

    Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

    Artículo 60.- ...

    Sólo podrán cobrarse a los usuarios de estos servicios, los segundos exactos de su consumo, quedando prohibida la práctica del redondeo de segundos a minutos exactos para su cobro.

    Artículo Transitorio

    Único.- La presente adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Dip. René Arce Islas (rúbrica).»

    Es cuanto.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
    ARTICULOS 24 Y 130 CONSTITUCIONALES
    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: También para presentar iniciativa que reforma a los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que fue suscrita por el diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra el señor diputado Arturo Nahle García.

    El diputado Arturo Nahle García: Gracias, diputado Presidente.

    Las asociaciones religiosas gozan actualmente de un reconocimiento jurídico que la Constitución y las leyes secundarias les negaron durante mucho tiempo.

    El marco jurídico actual de las asociaciones religiosas permite un mejor control del Estado sobre este importante factor de formación de conciencia social. Aunque en el Estado mexicano existe un gran número de personas que profesan una religión en particular, ello no implica que deba darse un trato preferente a una sola asociación religiosa, dado que desde la Constitución de 1857 se estableció el laicismo como decisión política fundamental en nuestro país y se abolió la existencia de una religión oficial, como se asentaba en el texto constitucional de 1824, primero de la vida independiente de nuestra nación.

    Hoy al celebrarse casi 200 años del natalicio del prócer Benito Juárez, quien impulsara el principio histórico de separación del Estado y las iglesias, es importante redimensionar el valor de todas las asociaciones religiosas en forma similar, con el propósito de impedir la existencia en los hechos de una religión oficial o de Estado, profesada por la clase política dominante o por un gran sector de la población, ya que ello atentaría contra los derechos de los creyentes que en ejercicio de la libertad consagrada en el artículo 24 constitucional profesan una fe distinta a la que promueve la iglesia católica mexicana.

    Ya el artículo 3º de la vigente Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público dispone que el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.

    No obstante, es menester elevar este precepto a rango constitucional, a fin de garantizar a las asociaciones religiosas las acciones necesarias para la defensa de sus derechos frente a actos del Estado, que pudieran resultar discriminatorios o reducir su capacidad de interlocución como actores sociales formadores de conciencia.

    Con base en lo anteriormente expuesto, el diputado René Arce y diversos legisladores del grupo parlamentario del PRD, ponen a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de reformas a los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la igualdad entre las asociaciones religiosas, quedando de la siguiente manera:

    Artículo primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Artículo 24. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna; el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.

    Artículo segundo. Se adiciona un segundo párrafo al inciso b), del artículo 130 constitucional para quedar como sigue:

    Artículo 130, inciso b) segundo párrafo. Ninguna asociación religiosa gozará de privilegio o trato preferencial dentro del Estado mexicano; las autoridades no podrán bajo ninguna consideración, hacer distinciones entre las asociaciones religiosas.

    Artículo Transitorio. Unico. La presente adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación una vez que se haya completado el procedimiento a que se refiere el artículo 135 constitucional.

    Es cuanto.

    «Iniciativa que reforma los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del PRD

    De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de un grupo de dipu- tados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de este órgano legislativo, la presente iniciativa de adición de un inciso d) a la fracción II del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

    Exposición de Motivos

    Las asociaciones religiosas gozan actualmente de un reconocimiento jurídico que la Constitución y las leyes secundarias les negaron durante mucho tiempo.

    El marco jurídico actual de las asociaciones religiosas, permite un mejor control del estado sobre este importante factor de formación de conciencia social.

    Aunque en el estado mexicano existe un gran número de personas que profesan una religión en particular, ello no implica que deba darse un trato preferente a una sola asociación religiosa, dado que, desde la constitución de 1857 se estableció el laicismo como decisión política fundamental en nuestro país, y se abolió la existencia de una religión oficial, como se asentaba en el texto constitucional de 1824, primero de la vida independiente de nuestra nación.

    Hoy, al celebrarse casi 200 años del natalicio del prócer Benito Juárez, quien impulsara el principio histórico de separación del estado y las iglesias, es importante redimensionar el valor de todas las asociaciones religiosas en forma similar, con el propósito de impedir la existencia en los hechos de una religión oficial o de estado, profesada por la clase política dominante o por un gran sector de la población, ya que ello atentaría contra los derechos de los creyentes que, en ejercicio de la libertad consagrada en el artículo 24 constitucional, profesan una fe distinta a la que promueve la iglesia católica mexicana.

    Ya el artículo tercero de la vigente Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público dispone que el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.

    No obstante, es menester elevar este precepto a rango constitucional, a fin de garantizar a las asociaciones religiosas las acciones necesarias para la defensa de sus derechos frente a actos del estado que pudieran resultar discriminatorios o reducir su capacidad de interlocución como actores sociales formadores de conciencia.

    Con base en lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente

    Iniciativa de reformas a los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la igualdad entre las asociaciones religiosas, presentada por el diputado René Árce Islas, a nombre de un grupo de diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    Artículo Primero.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Artículo 24.- ...

    El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.

    ...

    ...

    Artículo Segundo.- Se adiciona un segundo párrafo al inciso b) del artículo 130 constitucional, para quedar como sigue:

    Artículo 130.- ...

    ...

    a)

    b) ...

    Ninguna asociación religiosa gozará de privilegio o trato preferencial dentro del estado mexicano. Las autoridades no podrán, bajo ninguna consideración, hacer distinciones entre las asociaciones religiosas.

    c) a e)

    Artículo Transitorio

    Único.- La presente adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez que se haya completado el procedimiento a que se refiere el artículo 135 constitucional.

    Dip. René Arce Islas.»

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
    PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACION

    La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

    Dictemen de la Tercera Comisión --de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la Comisión Permanente, por el que se ratifica el nombramiento del C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga como procurador fiscal de la Federación

    HONORABLE ASAMBLEA:

    A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión; fue turnado mediante el oficio No. D.G.P.L. 59-II-3-1159 de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo a los nombramientos que el ciudadano Presidente de la República expidió al C. LUIS FELIPE MANCERA DE ARRIGUNAGA como Procurador Fiscal de la Federación, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción IV y XVI del artículo 89, fracción II del artículo 76 y fracción VII del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Esta Comisión, en términos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 89, fracciones IV y XVI de la propia Carta Magna y con fundamento en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conformidad con el procedimiento para la ratificación de nombramientos de empleados superiores de Hacienda establecido en el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores el 7 de diciembre de 2000 y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 del mismo mes y año, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen con base en los siguientes:

    I. ANTECEDENTES

    Con fecha 13 de diciembre de 2004, a través del oficio No. SEL/300/5518/04 remitido por el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se comunica las propuestas del C. Presidente de la República de acuerdo a los artículos 89 fracción IV y XVI, y 78 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la ratificación del C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga como Procurador Fiscal de la Federación.

    El trámite que dictó la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente fue, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

    II. CONSIDERANDOS.

    1. Los nombramientos que realiza el Presidente de la República de empleados superiores de Hacienda, en uso de las atribuciones que le confieren las fracciones IV y XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ser ratificados en los recesos legislativos por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto por el artículo 78, fracción VII de la propia Constitución.

    2. El Punto de Acuerdo de la Cámara de Senadores, de fecha 7 de diciembre de 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 del mismo mes y año, establece que para contar con mayores elementos que permitan evaluar si las personas nombradas por el titular del Ejecutivo Federal cumplen con el perfil adecuado para desempeñar cualquiera de los empleados superiores de Hacienda, sus expedientes serán revisados por la Comisión competente del Senado de la República o de la Comisión Permanente y además se les citará a una entrevista.

    3. Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión de Trabajo desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga consta que nació en la Ciudad de México el 27 de junio de 1966. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

    4. En su curriculum vitae se establece que C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga es Licenciado en Derecho con Mención Honorífica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, según consta el título expedido el 6 de septiembre de 1991. Cuenta además con una Maestría en Derecho y Diplomacia por la Tufts University en 1994.

    5. El C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, se ha desempeñado como Titular de la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Director Ejecutivo Jurídico Regulatorio de Avantel, S.A.; Consejero Jurídico Adjunto ``C'' de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; Asociado Extranjero de la firma Cleary Gottlieb Oteen & Hamilton; Subdirector Jurídico de Operaciones Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y colaborado en los Despachos de Santamarina y Steta, S.C. y Bremen, Quintana Obregón y Mancera, S.C.

    6. Los integrantes de la Tercera Comisión quienes suscriben, invitaron al C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, a una entrevista en donde se conversó sobre el estado actual de los asuntos relativos al puestos por el cual el C. Presidente de la República ha tenido a bien proponerlo, además de que presente su proyecto y programa de trabajo a realizar en caso, de ser ratificado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, dicha reunión tuvo su verificativo el día 28 de diciembre de 2004.

    7. Con base en la documentación remitida por la Secretaría de Gobernación a través del oficio SEL/300/5518/04, firmada por Subsecretario de Enlace Legislativo y por la información adicional derivada de la comparecencia del C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, ante los legisladores miembros de la Tercera Comisión que suscribe, se constató que el interesado cuenta con la capacidad profesional necesaria para desempeñar el cargo que se lo ha conferido respectivamente, por lo que los integrantes de esta Comisión coincidimos que es la persona idónea para desempeñarse como empleado superior de Hacienda en el cargo de Procurador Fiscal de la Federación.

    En tal virtud, y por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Haciendo y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

    ACUERDO

    ÚNICO.- En uso de las facultades que lo confiere la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del C. LUIS FELIPE MANCERA DE ARRIGUNAGA, al cargo de Procurador Fiscal de la Federación.

    Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil cuatro.--- Tercera Comisión de Trabajo: diputados: José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alcárreca Sánchez (rúbrica), secretario; Javier Salinas Narváez (rúbrica en contra), secretario; María Sara Rocha Medina (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica p.a. del diputado José González Morfín, suplente), Leonardo Álvarez Romo, Joel Padilla Peña; senadores: Raymundo Gómez Flores, Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Armando Chavarría Barrera

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está a discusión el dictamen...

    Se ha registrado para fundamentar su voto el diputado Javier Salinas Narváez, quien tiene el uso de la palabra.

    El diputado Javier Salinas Narváez: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.

    Luis Mancera Arrigunaga está descalificado para desempeñar el cargo de Procurador Fiscal, tiene graves conflictos de intereses en materia financiera, además de haber actuado a favor de los bancos en el caso Fobaproa.

    Compañeras y compañeros diputados, el 10 de mayo de 2002, el secretario de Hacienda y Crédito Público designó a Luis Mancera Arrigunaga, director general de Banca y Ahorro. En esa ocasión, el nombramiento del licenciado Mancera pasó prácticamente en el sigilo, sin embargo en el ámbito bancario fue recibido con beneplácito, sobre todo por el grupo Banamex-Citibank.

    Lo anterior, debido a que Mancera se desempeñó como director Jurídico de Avantel y fue un cercano colaborador de Francisco Gil Díaz, cuando este último laboró como director general de la empresa telefónica que fue propiedad del grupo Banamex-Axival.

    El licenciado Mancera, es primo de quien fuera el director del Fobaproa y en la actualidad es director de Administración de Banamex, Javier Arrigunaga. A este funcionario, el secretario Gil le encargó de manera personal la negociación de los bancos que se han negado a ser auditados y que han interpuesto amparos para evitar las auditorías que ordena el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB.

    Más aún, el licenciado Mancera fue uno de los principales operadores del ilegal convenio que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, firmaron con los bancos para que éstos fueran, se negaran a ser auditados.

    Es de recalcarse que Mancera Arrigunaga, conocido en su época de director Jurídico de Avantel como el ``zar del amparo'', es quien diseñó la demanda de controversia constitucional que el Ejecutivo federal promovió contra la Cámara de Diputados para dejar sin efecto las recomenda- ciones de la Auditoría Superior de la Federación, donde se le solicitó le fueran descontados a Banamex aproximadamente 7 mil millones de pesos, producto de que en el Fobaproa les compró cartera, créditos con todo e intereses moratorios que no le estaban permitidos al Fobaproa.

    Es bien sabido que desde 2002, Mancera Arrigunaga acude frecuentemente a las sesiones de la Junta de Gobierno del IPAB, donde ha marcado de manera definitiva la suave y condescendiente política que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha mantenido frente a los bancos en materia de rescate bancario. Lo anterior ha quedado evidenciado a través de varios documentos que él mismo ha presentado en dichas sesiones.

    Más aún, el día de ayer en la reunión de la Tercera Comisión, el licenciado Mancera Arrigunaga, señaló textualmente que asistía a las reuniones de la Junta de Gobierno del IPAB en calidad de asesor de esa Junta de Gobierno.

    Cabe destacar que minutos después de la citada reunión, el vocal integrante de la Junta de Gobierno del IPAB, Carlos Isoard, desmintió totalmente lo señalado por el licenciado Mancera; pero no es sólo eso. Desde su última posición frente a la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha tomado atribuciones que no le competen particularmente, ya que Mancera Arrigunaga se ha salido en férrea defensa de los intereses del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, quien actualmente continúa bajo investigación en Madrid, acusado de evasión fiscal y probable lavado de dinero en ciertas operaciones que llevó a cabo en Latinoamérica, particularmente en el caso de México por la adquisición del Banco Mercantil Probursa que fue propiedad de José Madariaga Lomelí.

    Para mostrar lo anterior, me permito mostrar ante ustedes un comunicado enviado y firmado por Luis Mancera Arrigunaga, con fecha 25 de agosto del 2004, cuyo número es VA/84/2004 a solicitud del director general Jurídico del Banco Bilbao Vizcaya, Luis Robles Mejía. En este oficio Mancera Arrigunaga defiende la legalidad de la operación realizada por el Banco Bilbao Vizcaya durante el proceso de compra de Mercantil Probursa.

    Ante esto, es evidente que Luis Mancera padece del mismo mal que Gil Díaz padeció en el asunto de Banamex y que padece Héctor Tinoco y Jonathan Davis y Carlos Isoard, que es un grave y evidente conflicto de intereses que le impide ser el abogado de la nación en materia fiscal y financiera. De hecho, el Procurador Fiscal es quien por ley tendría que sancionar los delitos cometidos durante el rescate bancario.

    Ante esto, el Partido de la Revolución Democrática votará en contra de la ratificación del licenciado Mancera, como Procurador Fiscal de la Federación. Muchas gracias.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado Salinas.

    Tiene la palabra para hablar en pro del dictamen, el diputado José Guadalupe Osuna Millán.

    El diputado José Guadalupe Osuna Millán: Con su permiso, Presidente.

    Ya la Secretaría dio lectura íntegra al cuerpo del dictamen y ya está publicado en la Gaceta. Anticiparía, señor Presidente, obviar la lectura de todo el dictamen, dado que ya está publicado en los siguientes nombramientos que en su oportunidad ratificará o no esta soberanía.

    Pero vengo a fundamentar el voto que los diversos grupos parlamentarios que votamos a favor del nombramiento del funcionario propuesto: Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, primero porque consideramos que cumple con todos los requisitos establecidos por la ley, porque cumple con un perfil curricular que nos convenció a los diputados y que puede ser un funcionario que puede cumplir con su labor.

    Y que en esa oportunidad, el día de ayer que se reunió la Comisión, el ciudadano Luis Felipe Mancera respondió a todos los cuestionamientos, incluso estos mismos que le formuló el representante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que la comisión, de manera institucional, le propone a esta soberanía, en uso de las facultades que nos confiere la Constitución, la fracción VII del artículo 78, esta Comisión Permanente ratifique el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo expidió a favor de Luis Felipe Mancera de Arrigunaga al cargo de Procurador Fiscal de la Federación. Es cuanto, señor Presidente.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.

    La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.

    Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

    Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está suficientemente discutido. Consulte entonces la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.

    La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.

    Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobado el dictamen.

    Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Luis Mancera de Arrigunaga, cuyo nombramiento como Procurador Fiscal de la Federación ha sido aprobado por esta Asamblea.

    Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a los siguientes ciudadanos legisladores: Alfredo Villegas Arreola, Genaro Borrego Estrada, José Luis Treviño Rodríguez, Leonardo Alvarez Romo, Joel Padilla Peña y Luis Maldonado Venegas.

    La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

    Se invita a los presentes ponerse de pie.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ciudadano Luis Felipe Mancera de Arrigunaga: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Procurador Fiscal de la Federación que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

    El ciudadano Luis Felipe Mancera de Arrigunaga: Sí, protesto.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

    Enhorabuena.


    unidad de credito publicoEl Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Continúe la Secretaría dando cuenta del siguiente dictamen de la Tercera Comisión y a solicitud del diputado Osuna, consulte en lugar de leer el mismo dictamen a la Asamblea, si es de obsequiarse el que se dispense la lectura.

    La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si acepta la dispensa de la lectura del dictamen.

    Quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo...

    Quienes estén por la negativa... Sí, se acepta, señor Presidente.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda entonces la Secretaría solamente a leer el punto de acuerdo que será sometido a discusión y votación.

    La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

    Dictamen de la Tercera Comisión --de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la Comisión Permanente, por el que se ratifica el nombramiento del C. Gerardo Rodríguez Regordosa como titular de la Unidad de Crédito Público

    HONORABLE ASAMBLEA:

    A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión; fue turnado mediante el oficio No. D.G.P.L. 59-II-3-1159 de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República expidió al C. GERARDO RODRIGUEZ REGORDOSA como Titular de la Unidad de Crédito Público, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción IV y XVI del artículo 89, fracción II del artículo 76 y fracción VII del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Esta Comisión, en términos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 89, fracciones IV y XVI de la propia Carta Magna y con fundamento en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conformidad con el procedimiento para la ratificación de nombramientos de empleados superiores de Hacienda establecido en el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores el 7 de diciembre de 2000 y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 del mismo mes y año, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen con base en los siguientes:

    I. ANTECEDENTES

    Con fecha 13 de diciembre de 2004, a través del oficio No. SEL/300/5518/04 remitido por el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se comunica las propuestas del C. Presidente de la República de acuerdo a los artículos 89 fracción IV y XVI, y 78 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la ratificación del C. Gerardo Rodríguez Regordosa como Titular de la Unidad de Crédito Público.

    El trámite que dictó la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente fue, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

    II. CONSIDERANDOS.

    1. Los nombramientos que realiza el Presidente de la República de empleados superiores de Hacienda, en uso de las atribuciones que le confieren las fracciones IV y XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ser ratificados en los recesos legislativos por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto por el artículo 78, fracción VII de la propia Constitución.

    2. El Punto de Acuerdo de la Cámara de Senadores, de fecha 7 de diciembre de 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 del mismo mes y año, establecen que para contar con mayores elementos que permitan evaluar si la personas nombradas por el titular de Ejecutivo Federal cumplen con el perfil adecuado para desempeñar cualquiera de los empleados superiores de Hacienda, sus expedientes serán revisados por la Comisión competente del Senado de la República o de la Comisión Permanente y además se les citará a una entrevista.

    3. Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión de Trabajo desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el C. Gerardo Rodríguez Regordosa consta que nació en la Ciudad de Puebla, 10 de julio de 1972. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

    4. En su currículum vitae se establece que el C. Gerardo Rodríguez Regordosa es Licenciado en Economía por la Universidad de las Américas, según consta el título expedido el 14 de febrero de 1997. Cuenta además con una Maestría en Ingeniería Económica e Investigación de Operaciones por la Universidad de Stanford en 1999.

    5. El C. Gerardo Rodríguez Regordosa, se ha desempeñado como Director General Adjunto de Crédito Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Gerente de Planeación Financiera de CINTRA, S.A. de C.V.; Gerente de Evaluación Financiera de Edison Internacional y Subdirector de Crédito Externo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

    6. Los integrantes de la Tercera Comisión quienes suscriben, invitaron al C. Gerardo Rodríguez Regordosa, a una entrevista en donde se conversó sobre el estado actual de los asuntos relativos al puesto por el cual el C. Presidente de la República ha tenido a bien proponerlo, además de que presente su proyecto y programa de trabajo a realizar en caso, de ser ratificados por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, dicha reunión tuvo su verificativo el día 28 de diciembre de 2004.

    7. Con base en la documentación remitida por la Secretaría de Gobernación a través del oficio SEL/300/5518/04, firmada por Subsecretario de Enlace Legislativo y por la información adicional derivada de la comparecencia del C. Gerardo Rodríguez Regordosa, ante los legisladores miembros de la Tercera Comisión que suscribe, se constató que el interesado cuenta con la capacidad profesional necesaria para desempeñar el cargo que le han conferido, por lo que los integrantes de esta Comisión coincidimos que es la persona idónea para desempeñarse como empleado superior de Hacienda, como Titular de la Unidad de Crédito Público.

    En tal virtud, y por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

    ACUERDO

    ÚNICO.- En uso de las facultades que lo confiere la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor del C. GERARDO RODRIGUEZ REGORDOSA, como Titular de la Unidad de Crédito Público.

    Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil cuatro.--- Tercera Comisión de Trabajo: diputados: José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), secretario; Javier Salinas Narváez (rúbrica), secretario; María Sara Rocha Medina (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica p.a. del diputado José González Morfín, suplente), Leonardo Alvarez Romo, Joel Padilla Peña; senadores: Raymundo Gómez Flores, Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Armando Chavarría Barrera

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia está a discusión el dictamen... No habiendo orador registrado para hacer uso de la palabra, se considera suficientemente discutido el dictamen y se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica, si se aprueba el dictamen.

    La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se consulta, de conformidad con las instrucciones de la Presidencia, a la Asamblea, si considera de aprobarse el dictamen.

    Quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo levantando la mano...

    Quienes estén por la negativa... Mayoría, señor Presidente.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobado el dictamen. Comuníquese.

    Se encuentra también a las puertas de este recinto, el ciudadano Gerardo Rodríguez Regordosa, cuyo nombramiento como titular de la Unidad de Crédito Público ha sido aprobado por esta Asamblea.

    Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a los siguientes legisladores:

    Verónica Muñoz Parra, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, Javier Salinas Narváez, Leonardo Alvarez Romo, Joel Padilla Peña y Luis Maldonado Venegas.

    La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se pide a la comisión cumplir con el encargo.

    Se invita a los presentes, ponerse de pie.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ciudadano Gerardo Rodríguez Regordosa: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titular de la Unidad de Crédito Público que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

    El ciudadano Gerardo Rodríguez Regordosa: Sí, protesto.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

    Enhorabuena.


    INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea si se dispensa también la lectura del siguiente dictamen de la Tercera Comisión, debido a que ha sido publicado oportunamente en la Gaceta Parlamentaria y se ponga a discusión después de leerlo, el punto de acuerdo.

    El Secretario diputado Arturo Nahle García: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta en votación económica si se dispensa la lectura del dictamen de la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agri- cultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

    Las ciudadanas legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Quienes se encuentren por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se ha dispensado la lectura. Ruego a la Secretaría dé sólo lectura al punto de acuerdo que estará a discusión y aprobación, en su caso.

    El Secretario diputado Arturo Nahle García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

    Dictamen de la Tercera Comisión --de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la Comisión Permanente, por el que se ratifica el nombramiento del C. Carlos Enrique Isoard y Viesca como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para un segundo y último periodo comprendido del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008

    HONORABLE ASAMBLEA:

    A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión; fue turnado mediante el oficio No. D.G.P.L. 59-II-4-1050 de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo a los nombramientos que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del C. CARLOS ENRIQUE ISOARD Y VIESCA como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un segundo y último periodo comprendido del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008.

    Esta Comisión, en términos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 89, fracciones IV y XVI de la propia Carta Magna y con fundamento en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conformidad con el procedimiento para la ratificación de nombramientos de empleados superiores de Hacienda establecido en los Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores el 7 de diciembre de 2000 y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 del mismo mes y año, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen con base en los siguientes:

    I. ANTECEDENTES

    Con fecha 13 de diciembre de 2004, a través del oficio No. SEL/300/5077/04 remitido por el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se comunica la designación propuesta por el C. Presidente de la República de acuerdo a los artículos 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 75 y 76 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a favor del C. Carlos Enrique Isoard y Viesca, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (en lo sucesivo el IPAB).

    El trámite que dictó la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente fue, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

    II. CONSIDERANDOS

    1. Los nombramientos que realiza el Presidente de la República de empleados superiores de Hacienda, en uso de las atribuciones que lo confieren las fracciones IV y XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ser ratificados en los recesos legislativos por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto por el artículo 78, fracción VII de la propia Constitución.

    2. Los Puntos de Acuerdo de la Cámara de Senadores, de fecha 7 de diciembre de 2000, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 12 del mismo mes y año, establecen que para contar con mayores elementos que permitan evaluar si las personas nombradas por el titular de Ejecutivo Federal cumplen con el perfil adecuado para desempeñar cualquiera de los empleados superiores de Hacienda, sus expedientes serán revisados por la Comisión competente del Senado de la República o de la Comisión Permanente y además se les citará a una entrevista.

    3. Después de haber analizado la designación que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, este Comisión de Trabajo desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Carlos Enrique Isoard y Viesca consta que nació en la Ciudad de México el 3 de marzo de 1949. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

    4. En su curriculum vitae se establece que Carlos Enrique Isoard y Viesca es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, según consta el título expedido el 24 de junio de 1974. Cuenta además con una Maestría en Economía por la Universidad de Chicago expedido en 1977.

    5. Carlos Enrique Isoard y Viesca, se ha desempeñado como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; desempeñó diversos cargos para el Banco de México entre los que destacan: Director General del Fondo para el Desarrollo Comercial, Subgerente de Programas en la Dirección de Crédito y Fomento, Subgerente de Investigación Económica, Subgerente de Flujos de Fondos, Jefe de las Oficinas de Investigación Bancaria, de Integración de Datos Bancarios y de Cuentas Financieras del Sistema Bancario.

    Asimismo, ha participado en diversos órganos colegiados de bancos de desarrollo, fideicomisos de fomento económico y desempeñado diversas actividades como académico.

    6. Los integrantes de la Tercera Comisión quienes suscriben, invitaron al C. Carlos Enrique Isoard y Viesca a una entrevista en donde se conversó sobre el estado actual de los asuntos relativos al cargo de Vocal de la Junta de Gobierno del IPAB por el cual, el C. Presidente de la República ha tenido a bien proponerlo, teniendo su verificativo de dicha reunión el día 28 de diciembre de 2004.

    7. Así, con base en la documentación remitida por la Secretaría de Gobernación a través del oficio SEL/300/5518/04, firmado por Subsecretario de Enlace Legislativo y por la información adicional derivada de la comparecencia del C. Carlos Enrique Isoard y Viesca, ante los legisladores miembros de la Tercera Comisión que suscribe, se constató que el interesado reúne los requisitos establecidos en el artículo 78 y 79 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y acreditó que cuenta con la capacidad profesional necesaria para desempeñar el cargo que se le ha conferido, por lo que los integrantes de esta Comisión coincidimos que es la persona idónea para desempeñarse como Vocal de la Junta de Gobierno del IPAB.

    En tal virtud, y por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

    ACUERDO

    ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano CARLOS ENRIQUE ISOARD Y VIESCA, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un segundo y último periodo que comprende del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008.

    Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil cuatro.--- Tercera Comisión de Trabajo: diputados: José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), secretario; Javier Salinas Narváez (rúbrica en contra), secretario; María Sara Rocha Medina (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica p.a. del diputado José González Morfín, suplente), Leonardo Alvarez Romo, Joel Padilla Peña; senadores: Raymundo Gómez Flores, Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Armando Chavarría Barrera

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, está a discusión el dictamen... No habiendo quien haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido, por lo cual, solicito a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal del dictamen.

    El Secretario diputado Arturo Nahle García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

    Se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen de derecha a izquierda, en el orden acostumbrado.

    (Votación.)

    Ciudadano Presidente, se emitieron 25 votos a favor, 5 en contra y una abstención.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado por 25 votos a favor, que es mayoría calificada. Comuníquese.

    Se encuentra a las puertas de este recinto, el ciudadano Carlos Enrique Isoard y Viesca, cuyo nombramiento como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ha sido aprobado por esta Asamblea.

    Se designa en comisión para que lo acompañen a rendir la protesta de ley, a los señores legisladores: Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Martha Sofía Tamayo Morales, Lydia Madero García, Leonardo Alvarez Romo, Luis Maldonado Venegas.

    El Secretario diputado Arturo Nahle García: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

    Se invita a los presentes ponerse de pie.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ciudadano Carlos Enrique Isoard y Viesca. ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

    El ciudadano Carlos Enrique Isoard y Viesca: Sí protesto.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

    Presidencia del diputado Alfredo Villegas Arreola
    CONTRABANDO
    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: El siguiente punto del orden del día es lo relativo a un dictamen de la Tercera Comisión. Ruego a la Secretaría dar lectura.

    La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

    Dictamen de la Tercera Comisión --de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la Comisión Permanente, en relación con la proposición de la senadora Lydia Madero García para que las autoridades de las Secretarías de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público; de las Procuradurías: General de la República y Federal del Consumidor informen sobre las medidas tomadas para hacer valer el Estado de derecho en relación con el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancías a comercios y transportes y su venta en la vía pública

    HONORABLE ASAMBLEA:

    A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del periodo ordinario de sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la propuesta con Punto de Acuerdo en relación con el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancía a comercios y transportes y el ambulantaje, presentado por la Senadora Lydia Madero García en la sesión del 22 de diciembre de 2004.

    Los CC. Legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis en relación con los temas abordados en la propuesta con Punto de Acuerdo, a efecto de valorar su contenido y deliberar sobre el particular e integrar el presente dictamen.

    Con fundamento en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, someten a consideración de la Asamblea el siguiente:

    DICTAMEN

    I. Análisis de la propuesta

    La propuesta de mérito destaca la relevancia que para la economía nacional tiene el periodo de diciembre, en el cual, los trabajadores asalariados disponen de una mayor cantidad de recursos que destinan al ahorro, al pago de compromisos o a la satisfacción de distintas necesidades, circunstancia que incentiva el consumo y en general a la economía.

    Se expresa que el sector empresarial finca amplias expectativas en esta época del año, ya que de los buenos resultados que obtengan dependerá, en buena medida, la cantidad de empleos que mantendrán vigentes, la adquisición de maquinaria y bienes inmobiliarios, la contratación de nuevos servicios, en resumen, la expansión de sus negocios.

    Sin embargo, se advierte en la propuesta, dichas expectativas económicas favorables para este ciclo, se limitan por el creciente aumento de la informalidad en todas sus manifestaciones; la proliferación del contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancía a transportes y comercios, así como la distribución ilegal de estas mercancías en la calles de todo el país.

    Por ello, se hace necesario que las autoridades cuya competencia es velar por el respeto al Estado de derecho y garantizar que la comercialización de bienes y servicios se desarrolle de conformidad con las disposiciones legales, redoblen sus esfuerzos en la presente época del año, en virtud de que el incremento del circulante incentiva el comercio en la vía pública de mercancía robada o internada al país de manera irregular y de productos falsificados.

    Tal situación representa una competencia desleal para los empresarios legalmente establecidos que cumplen con sus obligaciones fiscales y contractuales, lo que se traduce en un riesgo considerable para el empleo formal de muchos trabajadores.

    II. Consideraciones de la Comisión

    La Comisión que dictamina coincide con los motivos expresados en la Propuesta con Punto de Acuerdo que se analiza, en virtud de que en un Estado de derecho es imprescindible dar cabal cumplimiento a las disposiciones de la Ley y combatir aquellas prácticas que ponen en riesgo a las empresas formalmente establecidas y los empleos de mexicanos que de ellas dependen.

    En efecto, como consecuencia de la comercialización en la vía pública de productos introducidos ilegalmente al país, falsificados e, incluso, robados, se ha dificultado la operación de las industrias del ramo textil, vestido y accesorios, calzado, juguetes, videogramas y fonogramas, videojuegos, software, vinos y licores, libros, etcétera, empresas que registran pérdidas conjuntas estimadas de alrededor de 110 mil millones de pesos.

    Es cierto que la economía no estructurada tiene un peso significativo en el Producto Interno Bruto Nacional, de alrededor del 12.5 por ciento, circunstancia que puede agravarse de persistir las actitudes permisivas e incluso negligentes, de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno cuando consienten la instalación de ambulantes en la vía pública.

    Cabe señalar que el ambulantaje, no obstante que se considera una opción de subsistencia para muchas familias, también es cierto que, en ocasiones se convierte en el canal de salida de la mercancía producto del contrabando, la falsificación de marcas y del robo a comercios y transportes. De ahí la necesidad de que las autoridades federales, estatales y municipales se coordinen para combatir la red de ilícitos que están asociados a la venta de mercancía en la vía pública, en virtud de que, además de los perjuicios que genera al Estado de Derecho, pone en riesgo el desarrollo de las empresas legalmente establecidas, las que generan ingresos al país y cumplen con las prestaciones laborales de los trabajadores adscritos a las mismas.

    Esta Comisión considera procedente la propuesta con Punto de Acuerdo que se dictamina, en razón de que, diciembre es un periodo de gran importancia para la economía nacional, por lo qué se considera necesario que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, redoblen sus esfuerzos para combatir el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancía a comercios y transportes y, sobre todo, la venta de estos productos que se distribuyen en la vía pública para su comercialización y que representan una competencia desleal al comercio establecido.

    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión se permite someter a la consideración de la Comisión Permanente la aprobación del siguiente:

    ACUERDO

    ÚNICO.- Que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría Federal del Consumidor, informen a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, sobre las medidas que se han dispuesto durante el periodo de diciembre de 2004, para hacer valer el Estado de Derecho en relación con el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancía a comercios y transportes y su venta en la vía pública.

    Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil cuatro.--- Tercera Comisión de Trabajo: diputados: José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), secretario; Javier Salinas Narváez (rúbrica), secretario; María Sara Rocha Medina (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica p.a. del diputado José González Morfín, suplente), Leonardo Alvarez Romo, Joel Padilla Peña; senadores: Raymundo Gómez Flores, Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Armando Chavarría Barrera

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.

    Se abre el registro de oradores...

    No habiendo registro de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

    La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

    Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Suficientemente discutido.

    Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

    La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

    Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
    SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO
    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo para que en beneficio del Sistema de Bibliotecas de la Cámara de Diputados, se realice por única vez una donación pecuniaria y se obsequie un libro por los diputados federales de la LIX Legislatura, suscrita por los integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas.

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

    Proposición con punto de acuerdo, para que en beneficio del Sistema de Bibliotecas de la Cámara de Diputados se realice, por única vez, una donación pecuniaria y se obsequie un libro por parte de los diputados federales de la LIX Legislatura, suscrita por integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas

    Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, de los grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura ante esta honorable asamblea presentamos proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes

    Considerandos

    La H. Cámara de Diputados cuenta con una biblioteca que nos permite a los legisladores realizar nuestros trabajos y contar con la certeza jurídica de que estos se encuentran sustentados. Por lo que bajo este esquema no queremos que la tecnología nos deje atrás, las bibliotecas de la Cámara de Diputados corren el riesgo de ser obsoletas ante la falta de un presupuesto propio para satisfacer sus necesidades.

    Es importante que en estos tiempos donde la tecnología avanza a pasos agigantados no se olvide la cultura y el fomento de la lectura, es por ello que debemos poner mayor atención en nuestras bibliotecas y aprovechar el acervo de las ciencias aplicadas para que destaquen sus servicios.

    Por ello debemos tener un sistema de bibliotecas a la altura de los Parlamentos del mundo, que realmente sirvan de apoyo para los trabajos legislativos, que posean el material bibliográfico y técnico necesario para los fines trazados en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    Si bien es cierto que contamos con los servicios de información bibliográfica y documental con un acervo de 119,600 títulos aproximadamente, correspondientes a 263,850 volúmenes de libros esto no es suficiente, ya que la fuente principal del enriquecimiento de los acervos es el cumplimiento del decreto del depósito legal del 23 de julio de 1991, ya que no cuenta con un presupuesto propio para satisfacer estos requerimientos y fortalecer la oportunidad de respuesta a las necesidades de los diputados para efectuar el trabajo legislativo, por ello debemos brindar el apoyo ya que actualmente se cuenta con un sistema electrónico para el servicio y clasificación de la bibliografía denominado Unicorn, adquirido por la LVIII Legislatura, pero no así el equipo de computo para su operación, por lo tanto es inoperante e inexistente.

    Queremos puntualizar que es mucho lo que falta por hacer, que con el tiempo continuaremos con una biblioteca virtual, con todo un sistema cibernético de información que nos permita de mejor forma poder tener acceso a libros y leyes por medio de discos ópticos, o una red de intranet y modernizar nuestras bibliotecas para que compitan con las mejores del mundo.

    Otro particular es la necesidad de obtener 100 sillas para la sala de lectura del recinto de trabajo que algún día acogió al antiguo convento de Santa Clara, el cual de algún modo debe continuar operando sin los insumos necesarios para satisfacer las afluencias, de la presente y las futuras generaciones de diputados federales.

    Por ultimo señalaremos que la donación de libros es imperante para el incremento del patrimonio informativo en el ámbito de la actualidad y la vigencia, ya que a pesar de que las casas editoriales dan cumplimiento a lo ordenado en el decreto del depósito legal, no todas satisfacen su mandato, por lo que la gran mayoría de los materiales que se editan y nos donan no todos cubren las necesidades de los trabajos legislativos, lo cual coloca al Sistema de Bibliotecas de la Cámara de Diputados en el campo de la insuficiencia de las herramientas pertinentes y adecuadas para brindar al trabajo parlamentario eficiencia en la investigación, corriéndose el riesgo a corto plazo de convertir nuestros acervos en un almacén de libros cuya única utilidad sería la consulta histórica, académica y escolar, lo cual de ningún modo debe ocurrir.

    Por todo lo anteriormente expuesto proponemos a esta honorable asamblea el siguiente

    Punto de Acuerdo

    Primero.- Los diputados de la LIX Legislatura aportarán la suma de $300.00, por cada uno y por única vez, para la compra de 100 sillas para la sala de lectura de la biblioteca de Tacuba y el equipo de cómputo necesario para el sistema Unicorn, y la donación de un libro para el incremento del acervo del Sistema de Bibliotecas.

    Segundo.- Las donaciones y aportaciones serán recaudadas por la Secretaría General de la H. Cámara de Diputados, mediante los órganos administrativos competentes.

    Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de diciembre de dos mil cuatro.--- Diputados: Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Presidente; Carla Rochín Nieto (rúbrica), secretaria; Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica), secretario.»

    Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
    DESASTRES NATURALES
    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: El siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el senador Esteban Angeles Cerón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer a los titulares de la Coordinación General de Protección Civil, de la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que expliquen qué programas y acciones tiene previsto el Gobierno federal para situaciones de desastre.

    El senador Esteban Miguel Angeles Cerón: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

    En la Gaceta del día de hoy se publica el punto de acuerdo para rogar el apoyo de todas mis compañeras y compañeros senadores para apoyar este punto de acuerdo y que comparezcan los funcionarios mencionados.

    Una muestra de nuestras mayores responsabilidades es sentar las bases para garantizar la adecuada protección de la vida, la seguridad, el patrimonio y el bienestar de los mexicanos.

    Con verdadero asombro, estremecimiento y dolor, vimos las imágenes del sismo y maremoto que azotó el domingo pasado a países del sur de Asia, que nos hicieron recordar nuestra propia tragedia de 1985.

    Considero que ante una situación como la que vimos y que se refleja en la pérdida de millares de vidas humanas, es el principal fundamento de este punto de acuerdo.

    La tragedia del continente asiático que afectó las costas de Sri Lanka, Indonesia, India, Tailandia, Malasia y Maldivas ha causado un número indeterminado de muertos, cuyo cálculo extraoficial supera ya los 60 mil muertos.

    México, por sus características de ubicación geográfica y por lo diverso y complejo de su territorio, está considerado como un país que se encuentra en constante riesgo, debido a las ocurrencias de fenómenos naturales, accidentes industriales, riesgos sanitarios y fenómenos sociales que representan un grave peligro, por lo que está llamado a jugar un papel protagónico en materia de protección civil.

    La falla geológica de Cocos y San Andrés, la exposición constante al riesgo de sismos y maremotos, así como la alerta permanente del Popocatépetl y del volcán de Colima, son ejemplos de fenómenos naturales que ocurren en nuestra nación y ponen en peligro la tranquilidad de la población.

    Nuestro país, por su amplitud de costas, orografía y ubicación geográfica, es también altamente sensible al impacto de los fenómenos hidrometeorológicos por encontrarnos ubicados en la ruta de los ciclones y huracanes tanto en la costa del Pacífico como por el Caribe y el Golfo de México, por lo que año con año las inundaciones causan daños de consideración en áreas rurales y urbanas a los bienes de las familias, así como a las actividades económicas, industriales y de servicios, en la agricultura y en la ganadería y sobre todo en la pérdida de vidas humanas por las torrenciales lluvias y los fuertes vientos causados por estos fenómenos.

    Además están los daños que nos ocasionan las nevadas, las heladas, las granizadas, los tornados y las sequías.

    En estos días estamos sufriendo, en algunas entidades, graves daños a consecuencia de las bajas temperaturas. En México, en los últimos tiempos han ocurrido grandes desastres, algunos de origen natural y otros provocados por la mano del hombre, lo que ha ocasionado considerables pérdidas humanas y, de manera agregada, graves daños sociales y económicos.

    En 1985 experimentamos sismos de consideración que derribaron numerosos edificios y causaron miles de víctimas, principalmente en la ciudad capital.

    A 19 años de distancia la protección civil ha evolucionado favorablemente. Hoy ya contamos con un sistema más depurado de planeación, organización, capacitación, normatividad, difusión y sobre todo una cultura en ascenso de lo que debe ser la prevención.

    Sin embargo, considero que es menester intensificar las acciones preventivas por estar encaminadas a la disminución del impacto de los desastres, ya que representan la salvaguarda de un gran número de vidas humanas y reducen significativamente las erogaciones por concepto de reparación de daños.

    Se requiere entonces que las autoridades de protección civil presenten un reporte realista a la nación de lo que se viene haciendo y de lo que se hará para proteger a los mexicanos ante la ocurrencia de siniestros catastróficos.

    Nuestro país está expuesto, como cualquier otro y debemos contar con acciones estratégicas para salvar las vidas humanas en caso de algún fenómeno natural. No podemos aceptar que después de las trágicas experiencias propias y ajenas, en el futuro tengamos que lamentar nuestra falta de visión para desplegar acciones a favor de millones de mexicanos.

    Le ruego, señor Presidente, incluir el texto completo de la exposición de motivos del presente acuerdo y quiero hacer propicia la ocasión para manifestar ante las irreparables pérdidas y tragedia que sufrieron los países del sur de Asia, transmitirles mi más sentido pésame por esta inmensa tragedia y asimismo la convicción de que sabrán salir adelante, toda vez que contarán con el respaldo de todas las naciones del mundo. Muchísimas gracias.

    «Proposición del senador Esteban Angeles Cerón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que contiene punto de acuerdo para citar a comparecer a los titulares de la Coordinación General de Protección Civil, de la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que expliquen qué programas y acciones tiene previsto el Gobierno Federal para situaciones de desastre.

    Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

    El que suscribe, Esteban Angeles Cerón, senador de la República integrante de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

    Exposición de Motivos

    Una de nuestras mayores responsabilidades es sentar las bases para garantizar la adecuada protección de la vida, la seguridad, el patrimonio y el bienestar de los mexicanos.

    Los diversos siniestros acaecidos en los últimos días en otras latitudes, que registraron la pérdida de millares de vidas humanas, fundamentan este punto de acuerdo.

    La tragedia provocada por un maremoto en las aguas del continente asiático, que afectó las costas de Sri Lanka, Indonesia, India, Tailandia y Malasia, y que ha causado un número indeterminado de muertos, cuyo cálculo extraoficial supera los 60 mil, es una muestra más de lo indefenso y frágil que es todavía el ser humano respecto de fenómenos naturales tan imprevisibles como éste. También es la reiteración de que con frecuencia son los pobres quienes resienten con mayor fuerza los efectos destructores de este tipo de eventos

    México por sus características de ubicación geográfica y por lo diverso y complejo de su territorio, está considerado como un país de desastres que se encuentra en un constante riesgo, debido a la ocurrencia de fenómenos naturales, accidentes industriales, riesgos sanitarios y fenómenos sociales, que representan un grave peligro, por lo que está llamado a jugar un papel protagónico en materia de protección civil.

    Las fallas geológicas de Cocos y San Andrés, la exposición constante al riesgo de sismos y maremotos, así como la alerta permanente del Popocatépetl y del volcán de Colima, son algunos ejemplos de fenómenos naturales que ocurren en nuestra nación y ponen en peligro la tranquilidad de la población.

    Nuestro país, por su amplitud de costas, orografía y ubicación geográfica, es también altamente sensible al impacto de los fenómenos hidrometeorológicos, por encontrarnos ubicados en la ruta de ciclones y huracanes, tanto por la costa del Pacífico como por el Caribe y el golfo de México, por lo que año con año las inundaciones nos causan daños de consideración en las áreas rurales y urbanas, a los bienes de las familias, así como en las actividades económicas, industriales y de servicios, en la agricultura y en la ganadería y sobre todo en pérdidas de vidas humanas, por las torrenciales lluvias y los fuertes vientos causados por estos fenómenos. Además están los daños que nos ocasionan las nevadas, heladas, granizadas; los tornados y la sequía.

    Estos días estamos sufriendo en algunas entidades, graves daños a consecuencia de las bajas temperaturas, temperaturas que debido al calentamiento global de la Tierra seguirán extremándose y, con esto repitiéndose año con año.

    En México, en los últimos tiempos han ocurrido grandes desastres, algunos de origen natural y otros provocados por la mano del hombre, lo que ha ocasionado considerables pérdidas humanas y de manera agregada, graves daños sociales y económicos.

    En 1985, experimentamos sismos de consideración, que derribaron numerosos edificios y causaron miles de víctimas, principalmente en la capital de la República. A 19 años de distancia, la protección civil ha evolucionado favorablemente. Hoy ya contamos con sistemas más depurados de planeación, organización, capacitación, normatividad, difusión y sobre todo una cultura en ascenso de lo que es o debe ser la prevención.

    Sin embargo, considero que es menester intensificar las acciones preventivas por estar encaminadas a la disminución del impacto de los desastres, ya que representan la salvaguarda de un gran número de vidas humanas y reducen significativamente las erogaciones por concepto de reparación de daños.

    Si bien no es posible predecir un desastre natural y su control, en casi todos los casos el escenario de riesgo es previsible, es decir, aunque se ignore cuándo ocurrirá un fenómeno, y las consecuencias desastrosas de éste, pueden diseñarse medidas de carácter preventivo para reducir su impacto sobre la población, la planta productiva y el medio ambiente, sin importar cuándo se presente.

    Se requiere entonces, que las autoridades de protección civil presenten un reporte realista a la nación, de lo que se viene haciendo y lo que se haría para proteger a los mexicanos ante la ocurrencia de siniestros catastróficos.

    Nuestro país está tan expuesto como cualquier otro y debemos contar con acciones estratégicas para salvar vidas humanas en caso de algún fenómeno natural. No podemos aceptar que después de trágicas experiencias, propias y ajenas, en el futuro tengamos que lamentar nuestra falta de visión para desplegar acciones en favor de millones de mexicanos.

    Es imprescindible que los alcances de la prevención no se constriñan sólo a fenómenos naturales, ya que todos los agentes destructivos o fenómenos perturbadores deben ser abordados desde un punto de vista preventivo, incluyendo los de tipo socio-organizativos, químico-tecnológicos y los fenómenos sanitario-ecológicos.

    No sólo los fenómenos naturales son capaces de producir daños y víctimas. Los incendios forestales provocados por el hombre, así como los riesgos químicos caracterizados por el inadecuado manejo de residuos peligrosos generados en la industria o en el hogar, son fuente de desastres en el país.

    La protección civil debe ser elevada a la categoría de política pública de carácter concertador y coordinador, trascendente, que requiere para su culminación de la participación activa, comprometida y corresponsable de la ciudadanía tanto individual como colectiva.

    Es necesario que en caso de un desastre, se cuente con recursos humanos, materiales y económicos que respondan a la necesidad que se presenta, así como disponer de equipos de profesionales experimentados y con una sociedad organizada, capacitada y preparada para enfrentar la presencia de estos fenómenos catastróficos.

    En nuestro país, la rigidez, falta de agilidad y tardanza de los trámites para la asignación de recursos por parte del Fonden y FAPRACC, limita seriamente el cumplimiento de los objetivos de la protección civil, que son la prevención, autoprotección, el auxilio y la rehabilitación, por lo que es responsabilidad del Gobierno diseñar y aplicar políticas públicas eficientes y actuar como lo establece la ley, sin burocracias ni favoritismos.

    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

    Puntos de Acuerdo

    Primero. Se cita a comparecer a los titulares de la Coordinación General de Protección Civil, de la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que expliquen qué programas y acciones tiene previsto el Gobierno federal ante situaciones de desastre, dado el pronostico de que la temperatura continuará descendiendo en los próximos días en diversas entidades de la República y que afectará principalmente a la población de las zonas marginadas con el consecuente incremento de muertes a causa del frío, enfermedades respiratorias y del número de intoxicados por introducir anafres en los hogares.

    Segundo. Para que expliquen los programas y acciones de protección civil previstos para el 2005.

    Comisión Permanente, a 29 de diciembre de 2004.--- Senador Esteban Miguel Angeles Cerón.»

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente.
    ESTADO DE JALISCO
    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Tiene la palabra el diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de la Función Pública, a que realicen las actividades necesarias para llevar a cabo las obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí.

    El diputado José Luis Treviño Rodríguez: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

    Ante la Comisión Permanente de esta honorable Cámara de Diputados, les presento una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de la Función Pública, a que realicen en conjunto actividades necesarias para llevar a la brevedad posible y en buen término las obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí, en el tramo comprendido entre Lagos de Moreno y Las Amarillas y el nodo vial que está inconcluso en Lagos de Moreno.

    Antecedentes. Las comunicaciones y transportes son 2 actividades importantes para el desarrollo social y económico de la entidad, ya que su función primordial es la de facilitar la integración social y geográfica del territorio nacional con el traslado de bienes y personas a lo largo y ancho del país.

    En el año 2001 en el mes de octubre se firma el contrato de obra pública entre el Ejecutivo federal representado por la SCT y por la persona moral denominada Consultora Qhuazcani. Con fecha 13 de julio del 2004 se inició un procedimiento de terminación anticipada de contrato por no existir certeza de la fecha en que habrán de entregarse los recursos fiscales para continuar los trabajo y al no ser posible la terminación de la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

    Al haber este juicio de nulidad, el procedimiento de conciliación inicia el 22 de septiembre del año en curso mediante el expediente 008-2004 ante el órgano interno de control de la SCT y de la Secretaría de la Función Pública. La obra permanece detenida por más de 2 años, en la actualidad hay muchísimo accidentes, por no decir más, en la semana pasada el coordinador de diputados federales del PAN de Guanajuato y su familia, él pereció en ese accidente y, bueno, es importante que se entienda que ese tipo de obras no deben de quedar detenidas.

    El 29 de octubre de este año se emitieron diversos pronunciamientos normativos por parte de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas y Servicios y Patrimonio Federal, por su director general adjunto de Normatividad de Obras Públicas, el licenciado Marco Antonio Castro Rojas.

    Es importante entonces, determinar los lineamientos a seguir en el procedimiento de conciliación para una pronta y clara solución al problema que se ha suscitado entre la constructora y el centro de la SCT.

    El 25 de noviembre del presente año, también la constructora presentó una inconformidad ante el director del Centro de la SCT en Jalisco y con copia al órgano interno de control, por no haber sido recibidos para conciliar los intereses.

    Debido a todo esto y a que hay una clara muestra de que la relación entre el director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco, el ingeniero Guillermo E. Frank Escobar y la Constructora Qhuazcani, esta relación no es de lo más sana para llegar a establecer un vínculo de entendimiento y una pronta solución.

    Por lo anterior, sugerimos que la SCT designe a una persona que tenga facultades que otorgue la misma Secretaría, para llevar a cabo las negociaciones que den solución al problema, conforme a los lineamientos pronunciados por la Secretaría de la Función Pública, ya citado con anterioridad.

    Por lo antes expuesto en esta honorable Comisión Permanente de la Cámara, me permito presentar la siguiente proposición con

    Punto de Acuerdo

    Unico. Exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de la Función Pública, a que realicen en conjunto las actividades necesarias para llevar a la brevedad posible y con buen término las obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí, en el tramo comprendido entre Lagos de Moreno y Las Amarillas y el nodo vial que está inconcluso en Lagos de Moreno, Jalisco.

    Palacio Legislativo, a 29 de diciembre.--- José Luis Treviño. Diputado federal.

    Es cuanto, señor Presidente.

    «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de la Función Pública a que realicen en conjunto las actividades necesarias para llevar a cabo las obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN

    El suscrito diputado federal por el distrito 02 de Jalisco, con cabecera en Lagos de Moreno José Luis Treviño Rodríguez, integrante de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión en el ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II artículo 71 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expone ante la Comisión Permanente de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de la Función Pública a que realicen en conjunto las actividades necesarias para llevar a la brevedad posible y con buen término las obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí en el tramo comprendido entre Lagos de Moreno y ``Las Amarillas'' y el nodo vial que está inconcluso en Lagos de Moreno, Jalisco

    Antecedentes

    Las comunicaciones y transportes son dos actividades importantes para el desarrollo social y económico de la entidad ya que su función primordial es la de facilitar la integración social y geográfica del territorio nacional con el traslado de bienes y personas a lo largo y ancho de nuestro país.

    En el año del 2001, mes de octubre se firma el contrato de obra pública No. 1-N-CE-A-556-W-0-1, entre el Ejecutivo federal, representada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por la persona moral denominada Constructora Qhuazcani, SA de CV.

    Con fecha 13 de julio del 2004 se inicia un procedimiento de terminación anticipada de contrato por no existir certeza de la fecha en que habrá los recursos fiscales para la continuación de los trabajos y al no ser posible la determinación de la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

    El procedimiento de conciliación inicia el 22 de septiembre del año en curso, mediante el expediente 08/2004 ante el órgano interno de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de la Función Pública.

    El 29 de octubre de este año, se emitieron diversos pronunciamientos normativos por parte de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, y Servicios y Patrimonio Federal por su director general adjunto de Normatividad de Obras Públicas Lic. Marco Antonio Castro Rojas mediante el oficio No. UNAOPSPF/ 309/ OP/0.365/2004, al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para determinar los lineamientos a seguir en el procedimiento de conciliación para una pronta y clara solución al problema suscitado entre la Constructora Qhuazcani, SA de CV y el Centro de la SCT Jalisco.

    La conciliación de los intereses de las partes involucradas se fija el 24 de noviembre de este año mediante un acta de la audiencia de conciliación celebrada el 19 de noviembre del 2004 en la Ciudad de México, Distrito Federal, en las oficinas del Órgano de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dentro del mismo expediente de conciliación mencionado líneas arriba.

    El día 25 de noviembre del presente año la Constructora Qhuazcani, SA de CV, presenta su inconformidad ante el director del Centro de la SCT Jalisco y con copia al Órgano Interno de Control por no haber sido recibidos para conciliar los intereses y solucionar el problema por parte de los servidores públicos del Centro de la SCT Jalisco y el día y la hora que se habían obligado a cumplir y se expresa en el acta señalada en el párrafo anterior.

    Debido a lo anterior se encuentra demandada la SCT y otorgada una suspensión provisional a favor de la Constructora por parte de una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que deja abierta la posibilidad de solución inmediata a el problema, pudiéndose prolongar por meses o años.

    En los diversos medios de comunicación en el estado de Jalisco ambas partes han expresado sus puntos de vista, lo que lleva a la conclusión que no existe una solución pronta y expedita a este grave problema que padecen miles de habitantes en los municipios del norte del estado de Jalisco y cientos de miles de personas en tránsito diario por estas importantes vías de comunicación.

    La relación entre el director de Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco, Ing. Guillermo E. Frank Escobar y la persona moral Constructora Qhuazcani, SA de CV, no es la más sana para llegar a establecer un vinculo de entendimiento y pronta solución, por lo que sugerimos, se designe a una persona con facultades otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para llevar a cabo las negociaciones que den solución al problema conforme a los lineamientos pronunciados por la Secretaría de la Función Pública ya citado con anterioridad el escrito párrafos arriba.

    Por lo antes expuesto de frente ante esta honorable Comisión Permanente de Cámara de Diputados, me permito presentar la siguiente

    Proposición con Punto de Acuerdo

    Único.- Exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de la Función Pública a que realicen en conjunto las actividades necesarias para llevar a la brevedad posible y con buen término las obras de la carretera Lagos de Moreno - San Luis Potosí en el tramo comprendido entre Lagos de Moreno y ``Las Amarillas'' y el nodo vial que está inconcluso en Lagos de Moreno, Jalisco.

    Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de diciembre de 2004.--- Dip. José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica).»

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
    PETROLEOS MEXICANOS
    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Tiene la palabra el senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de Pemex y de la Profepa remitir a la brevedad información suficiente que explique la magnitud y las causas del derrame de petróleo ocurrido el pasado 23 de diciembre en el estado de Veracruz.

    El senador César Raúl Ojeda Zubieta: Con su permiso, compañero Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

    El pasado 23 de diciembre Petróleos Mexicanos dio a conocer un accidente que destruyó su central de bombeo ubicada en la localidad de Mazumiapan, municipio de Santiago Tuxtla, en Veracruz, que ocasionó heridas de gravedad entre trabajadores de la paraestatal y un importante derrame de petróleo crudo vertido al río Coatzacoalcos y hacia la margen costera de su desembocadura, dando lugar a lo que se ha calificado como un desastre ecológico. Petróleos Mexicanos ha informado que el derrame fue de una magnitud de 5 mil barriles y que, hasta el día de ayer, se había logrado recuperar el 70%; sin embargo, resulta evidente que los daños sobre la flora y la fauna del lugar es prácticamente irreversible, tal como ocurre en este tipo de accidentes.

    Adicionalmente, y es parte de nuestra preocupación, las versiones entre el gobierno estatal y la paraestatal no son coincidentes, porque mientras unos aseguran que del total de barriles han recuperado de un millón de litros que estiman fue el derrame aproximadamente 525 mil litros, la entidad responsable del estado de Veracruz habla de 100 mil litros, lo que da una banda mucho muy importante y que es precisamente el tema que nos ocupa el día de hoy, que queremos saber con precisión cuáles son los alcances y la magnitud de este derrame.

    El solo hecho de saber que el ducto, que la planta que estalló está ubicada a 100 kilómetros de distancia de donde hubo el derrame, 103, para ser más exacto si hablamos de que tiene 30 pulgadas el tubo conductor, si supiéramos la presión a la que lo están impulsando, tendríamos seguramente una mayor oportunidad de saber con exactitud de qué cantidad estamos hablando.

    Pero nosotros confiamos en que la autoridad responsable de Petróleos Mexicanos, tiene los elementos técnicos para identificar con precisión, nos consta y en este sentido hemos hecho un trabajo en una comisión especial que integra, entre otros compañeros, la compañera Lydia Madero, donde hay un sistema de válvulas y de terminales de medición que pueden identificar con exactitud milimétrica de qué estamos hablando.

    Por eso, yo creo que en este caso lo más prudente, lo más responsable es decir con exactitud la magnitud de lo que allá aconteció, el accidente ya se dio, no tendría sentido omitir información cuando ésta lastima tan seriamente, no solamente a los veracruzanos sino además preocupa a todos los que vivimos en el sureste y en muchas otras regiones por donde cruzan infinidad de ductos, nuestras tierras, nuestras poblaciones que pudiéramos estar hablando de situación indebida en el mantenimiento de los ductos.

    Por eso, creo que es indispensable que se nos precise por la autoridad de qué estamos hablando, cuál es la magnitud de los daños.

    Sabemos que Pemex se está esforzando por remediar los daños al medio ambiente y que se atenderá la demanda por daños causados a los pobladores de las zonas afectadas, el mismo gobierno del estado, hay que reconocerlo, ha intervenido oportunamente en este asunto para garantizar que el interés de los veracruzanos sea debidamente atendido.

    No obstante llama la atención que una vez detectado el incendio en la central de bombeo de Mazumiapan y tras la maniobra reglamentaria del cerrado de válvulas, ocurra un siniestro como planteábamos, a más de 100 kilómetros, entonces no hubo la respuesta de las válvulas, no hubo los famoso diablos que recorren la ductería, no pudieron leer en su oportunidad las condiciones en que se encontraba el ducto, porque de haber sido así, hubieran, desde tiempo atrás, haber identificado que ante su mayor presión no resistirían ni empaques ni el ducto en sí mismo.

    Pudiera ser y lo quiero advertir, sólo como una posibilidad, que diversas insuficiencias en la tarea de mantenimiento industrial que se deben realizar con toda precisión y puntualidad en la actividad petrolera, pudieran estar en la base de los frecuentes accidentes de Pemex.

    Recordemos el reciente también en Veracruz, en donde, no recuerdo con exactitud si fue Ciudad Alemán o en Ciudad Mendoza, donde hubo una explosión también derivada de la falta de mantenimiento en ductos y hubo una desgracia ahí sí, con muchas muertes que lamentar que se repite en el corto plazo, lo que nos indica que hay una constante que debemos revisar y atenderla adecuadamente.

    Desde sus orígenes la actividad petrolera en el país se ha caracterizado por una extraordinaria subestimación del medio ambiente y del entorno cultural y humano, el propósito ha sido obtener el máximo beneficio económico posible a los menores costos.

    Ciertamente, en la medida en que la sociedad ha ido cobrando conciencia de la importancia de la actividad petrolera pero también de su necesario desarrollo armónico con el resto de las actividades de los mexicanos, esa conducta ha cambiado, pero aún falta mucho por hacer.

    Por otra parte, durante los últimos años, el presupuesto de Pemex se ha visto reducido en términos reales y seguramente los funcionarios responsables habrán tenido que realizar ajustes y reasignaciones para garantizar que la empresa siga funcionando de la manera más adecuada posible.

    Es en este sentido que por la magnitud del accidente recientemente ocurrido en el estado de Veracruz, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente

    Punto de Acuerdo

    Unico. Se solicita a los titulares de Pemex y de la Profepa, remitir a la brevedad ante esta soberanía, la información suficiente que explique la magnitud y las causas del derrame de petróleo ocurrido el pasado 23 de diciembre en el estado de Veracruz.

    Señor Presidente, además de entregarle el punto de acuerdo, le ruego me permita una digresión para desearle a usted, a su familia, a todas las compañeras legisladoras, a los compañeros legisladores, a los compañeros de los medios, a todos los mexicanos un buen año; un año próspero y que nuestro trabajo redunde en beneficio de ello. Muchas gracias.

    «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de Pemex y de la Profepa que remitan a la brevedad información suficiente que explique la magnitud y las causas del derrame de petróleo ocurrido el 23 de diciembre en el estado de Veracruz, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del PRD

    El suscrito, César Raúl Ojeda Zubieta, senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al director general de Pemex y de la Profepa informen sobre la magnitud y las causas del derrame de petróleo el pasado 23 de diciembre, al tenor de las siguientes

    Consideraciones

    El pasado 23 de diciembre Petróleos Mexicanos dio a conocer un accidente que destruyó su central de bombeo ubicada en la localidad Mazumiapan, municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, que ocasionó heridas de gravedad entre trabajadores de la paraestatal y un importante derrame de petróleo crudo vertido al río Coatzacoalcos y hacia la margen costera de su desembocadura, dando lugar a lo que se ha calificado como un desastre ecológico.

    Petróleos Mexicanos ha informado que el derrame fue de una magnitud de cinco mil barriles y que, hasta el día de ayer, se había logrado recuperar el 70%, sin embargo, resulta evidente que los daños sobre la flora y la fauna del lugar es prácticamente irreversible, tal y como ocurre en este tipo de accidentes.

    Sabemos que Pemex se está esforzando por remediar los daños al medio ambiente y que se atenderá la demanda por daños causados a los pobladores de las zonas afectadas. El mismo gobierno del estado ha intervenido oportunamente en este asunto para garantizar que el interés de los veracruzanos sea debidamente atendido.

    No obstante, llama la atención que una vez detectado el incendio en la central de bombeo de Mazumiapan y tras la maniobra reglamentaria de cerrado de válvulas ocurra un siniestro de magnitud similar o mayor a más de cien kilómetros de distancia, es decir en los ductos del municipio de Nanchital, que se localiza en proximidad del río Coatzacoalcos.

    Se sabe que la industria petrolera es una actividad que entraña riesgos permanentes, sin embargo, los accidentes en ductos de Pemex, que han trascendido en los medios de comunicación, han venido aumentando en los últimos años, así como su magnitud.

    Pudiera ser, y lo quiero advertir solo como una posibilidad, que diversas insuficiencias en las tareas de mantenimiento industrial que se deben realizar con toda precisión y puntualidad en la actividad petrolera pudieran estar en la base de los frecuentes accidentes de Pemex.

    Desde sus orígenes, la actividad petrolera en el país se ha caracterizado por una extraordinaria subestimación del medio ambiente y del entorno cultural y humano. El propósito ha sido obtener el máximo beneficio económico posible a los menores costos. Ciertamente, en la medida que la sociedad ha ido cobrando conciencia de la importancia de la actividad petrolera pero también de su necesario desarrollo armónico con el resto de las actividades de los mexicanos esa conducta ha cambiado, pero aún falta mucho por hacer.

    Por otra parte, durante los últimos años el presupuesto de Pemex se ha visto reducido, en términos reales, y seguramente los funcionarios responsables habrán tenido que realizar ajustes y reasignaciones para garantizar que la empresa siga funcionando de la manera más adecuada posible.

    Es en este sentido que por la magnitud del accidente recientemente ocurrido en el estado de Veracruz me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

    Punto de Acuerdo

    Unico. Se solicita a los titulares de Pemex y de la Profepa remitir a la brevedad ante esta soberanía la información suficiente que explique la magnitud y las causas del derrame de petróleo ocurrido el pasado 23 de diciembre en el estado de Veracruz.

    Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el día 29 de diciembre de 2004.--- Sen. César Raúl Ojeda Zubieta.»

    «El derrame de petróleo llega a las costas del golfo de México.

  • La máxima multa para Pemex sería de $2 millones 262 mil, informó la Profepa.

    El derrame de petróleo llega a las costas del Golfo de México.

  • Pelícanos, garzas y gaviotas deambulan cubiertos de chapopote: protección civil estatal.

    Jesús Lastra, Andres T. Morales y Guadalupe López, corresponsales y reportera.

    El derrame de miles de barriles de petróleo crudo en el río Coatzacoalcos alcanzó las costas del Golfo de México y contaminó al menos 7 kilómetros de playa del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y de la congregación de Allende. La mancha afecta lagunas y ríos de la zona. Pelícanos, garzas y gaviotas deambulan cubiertos de chapopote, informa el director de Protección Civil de esa localidad, Luis Castro Mendizábal.

    Pese a la gravedad del desastre ecológico, la máxima multa que podría sufrir la empresa paraestatal sería de 50 mil salarios mínimos, equivalentes a 2 millones 262 mil pesos, según anunció en la Ciudad de México la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La dependencia agregó que interpondrá una denuncia penal contra Pemex y quien resulte responsable por la afectación ecológica.

    Este jueves el gobernador Fidel Herrera Beltrán mencionó que Petróleos Mexicanos (Pemex) sufrió una pérdida total en la estación de bombeo de Mazumiapan, municipio de Nanchital, donde se originó el percance, pero que la empresa se comprometió, mediante la firma de un convenio, a la remediación de los daños ecológicos y productivos al entorno.

    La afectación es muy grave, la contaminación daña la flora y fauna del bajo Coatzacoalcos, dijo hoy Luis Castro Mendizábal, director de Protección Civil de Coatzacoalcos. Calculó que pasará mucho tiempo para que la naturaleza se reponga del daño ecológico, porque fueron miles y miles los litros de hidrocarburo derramados al torrente. Pemex calculó en 5 mil barriles la fuga del hidrocarburo.

    El crudo comenzó a escurrir el río Coatzacoalcos desde las 9:30 horas del miércoles, al ocurrir una fuga en el poliducto de 30 pulgadas que lleva combustible de Nuevo Teapa a Poza Rica, en las inmediaciones a la unidad deportiva José María Morelos y Pavón de Nanchital.

    Incendio bajo control: Herrera

    Entrevistado este jueves durante una gira que realizó por el municipio de Angel R. Cabada, Herrera Beltrán mencionó que el incendio en la estación de el daño ecológico causado de ``impactante''.

    Juan Bueno Torio, director de Pemex-Refinación, consideró que se derramaron aproximadamente 5 mil barriles de petróleo en el río Coatzacoalcos, algo así como 1 millón de litros, que cabrían en 20 pipas, pero como el lecho del río es muy grande en Coatzacoalcos, prácticamente ocupa toda la superficie y se ve mucho.

    La estación de bombeo se perdió en su totalidad y va a tardar cerca de un año ponerla en operación, agregó. Más tarde, en un boletín de la empresa se informó que este sábado quedará reparado el ducto averiado y que el abasto de combustible a las estaciones de servicio está garantizado en toda la zona en esta temporada vacacional.

    La paraestatal informó que este jueves fue trasladado Ignacio Orozco, por vía área, al Hospital Central Sur Picacho, en la Ciudad de México, y este viernes se haría lo mismo con Alfredo Fonseca Constantino, mientras que Ramón Galván y Rafael Valencia continúan hospitalizados en el Hospital Regional de Minatitlán.

    Bueno Torio explicó que los fuertes oleajes provocados por el frente frío número 23 podrían concentrar el petróleo en las playas y el próximo domingo estarían libres del combustible.

    Por su parte, Eduardo Córdova Castillo, coordinador estatal de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Regional, mencionó que sólo se han podido recuperar 100 mil litros de chapopote en los 8 puntos de control y recuperación que se instalaron a lo largo de 15 kilómetros del mar. En esta tarea, dijo, participan personal de Pemex y elementos de Protección Civil y la Secretaría de Marina.

    Esta dependencia, junto con la Comisión Nacional del Agua (CNA), la Profepa y las universidades Nacional Autónoma de México y de Veracruz, evalúan los daños ambientales para determinar el plan de rehabilitación.

    En Jalapa, el delegado de la Procuraduría General de la República, Raúl Izabal Montoya, comentó que la agencia iniciará una investigación para conocer las causas de la explosión. Advirtió que presentará denuncia penal.

    En la Ciudad de México, la Profepa anunció que también interpondrá una denuncia penal contra Pemex y quien resulte responsable por la afectación ecológica. También impondrá una multa que podría alcanzar 50 mil salarios mínimos, equivalentes a 2 millones 262 mil pesos.

    Dijo la Profepa que a partir de las primeras observaciones realizadas por el personal de la dependencia la contaminación podría afectar por lo menos 5 hectáreas, entre el área del percance y la ribera del río.

    Los especialistas también detectaron que existe una mancha superficial del tramo de Nanchital a la playa de Coatzacoalcos, de aproximadamente 17 kilómetros, la cual está siendo inspeccionada por la CNA.

    Por su parte, la CNA informó que participa en la colocación de trampas para evitar que el petróleo derramado se extienda. Detalló que también participa en la recolección del líquido en 4 puntos distintos sobre la corriente del Coatzacoalcos.

    Resultaron afectados el río Coatzacoalcos y el arroyo Tepeyac, por lo que la CNA también iniciará un procedimiento penal contra quien resulte responsable por la contaminación de ambos cuerpos de agua, indicó el gerente regional del organismo, Guillermo Hernández Viveros.

    Boletines

    Diciembre 27 de 2004

    Avance de 70% en la recuperación del crudo derramado

  • Las playas de Coatzacoalcos y de Allende quedaron totalmente limpias

  • Se inició la evaluación de afectaciones a habitantes y pescadores

    Nanchital, Ver., a 27 de diciembre de 2004. A pesar del mal tiempo que se registró el fin de semana, los trabajos de recuperación de petróleo continuaron en el área afectada por el derrame registrado la semana pasada, lo que permitió que las playas de Coatzacoalcos y de Allende quedaran totalmente limpias y que, al día de hoy, se recuperara el 70 por ciento del hidrocarburo en el margen del río Coatzacoalcos.

    Al mejorar las condiciones climatológicas, alrededor de mil 300 personas prosiguieron con las labores de limpieza y recuperación de petróleo crudo tanto en cuerpos de agua como en tierra.

    De los 5 mil barriles derramados, hasta la mañana de hoy se recuperó un volumen de 3 mil metros cúbicos que fueron enviados para su reproceso a la refinería de Minatitlán, así como 4 mil 950 metros cúbicos de material sólido impregnado que fue captado por lirios acuático, palizada y basura presente en el río, para su tratamiento biológico.

    Cabe hacer notar que se estima que un volumen de alrededor de mil 500 barriles de petróleo derramado, generó 11 mil metros cúbicos de material sólido impregnado en lirio acuático y palizada, por lo que falta de recolectar alrededor del 60 por ciento de dicho material, así como 200 barriles de petróleo que aún se localizan en cuerpos de agua.

    Por lo que se refiere a los trabajadores que se encuentran internados en el Hospital Central Sur Picacho de Pemex, Alfredo Fonseca Constantino, fue reportado como delicado, en tanto que Ignacio Orozco García sigue grave en el área de cuidados intensivos. Por su parte, en el Hospital Regional de Pemex en Coatzacoalcos permanece internado el señor Rafael Valencia Bernal, quien su estado de salud es delicado y el señor Ramón Uscanga Galván, se encuentra estable.

    De acuerdo con el informe de los servicios médicos de Pemex, desde el inicio de la emergencia se han atendido 24 pacientes en el hospital de Pemex de Nanchital y 59 en visitas domiciliadas, luego de que se reportaran cefaleas e irritaciones leves de faringe.

    En coordinación con el Centro de Salud municipal se han efectuado 150 visitas a viviendas con 56 consultas médicas para un total de 244 atenciones médicas. Los servicios médicos de Pemex continuarán en el lugar del accidente para brindar atención a todas las personas que lo requieran.

    En coordinación con el H. Ayuntamiento de Nanchital se establecieron 3 frentes para atender y canalizar solicitudes de los habitantes del lugar, relacionadas con posibles afectaciones, los cuales estarán ubicados en el área urbana de la colonia Lázaro Cárdenas, en el cerco establecido de la calle 5 de mayo hacía el río Coatzacoalcos y hacia el límite con el arroyo Tepeyac.

    Asimismo se ha iniciado la evaluación de afectaciones a establecimientos comerciales, casas-habitación y embarcaciones de pescadores libres.

    Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios trabajan en la recolección del 100 por ciento del hidrocarburo, para lo cual emplean un barco de la Armada de México, así como embarcaciones de la paraestatal tales como remolcadores, chalanes, lanchas abastecedoras, así como 75 lanchas con motor fuera de borda que fueron contratadas a pescadores de la localidad.»

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución la proposición con punto de acuerdo presentada por el senador César Raúl Ojeda Zubieta.

    Secretaria, vamos a consultar a la Asamblea si se da de urgente resolución el trámite.

    El Secretario diputado Arturo Nahle García: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

    Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La totalidad por la afirmativa, señor Presidente.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Se considera de urgente resolución.

    En consecuencia, está a discusión la proposición con punto de acuerdo.

    Se abre el registro de oradores.

    La senadora Lydia Madero García (desde su curul): Señor Presidente.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: ¿En qué sentido?

    La senadora Lydia Madero García (desde su curul): A favor.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: A favor.

    Diputado Vidaña ¿en qué sentido?

    El diputado Martín Remigio Vidaña Pérez (desde su curul): A favor.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: En los términos del 122 del Reglamento, se cierra la lista de oradores.

    Cedemos el uso de la palabra a la senadora Lydia Madero, para hablar en pro.

    La senadora Lydia Madero García: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

    Con el objeto de que los legisladores demos seguimiento a las acciones del Gobierno Federal, pero también para fundamentar la toma de decisiones de parte de nosotros mismos de una forma veraz y oportuna, hoy más que nunca requerimos de información de parte de las distintas instituciones de la Federación.

    El tema que hoy nos ocupa requiere de información de la Profepa y de Petróleos Mexicanos a partir del accidente ocurrido en días pasados en el estado de Veracruz.

    En este tenor, como ya lo comentó mi compañero senador, en la Cámara de Senadores se ha nombrado una Comisión Especial para dar seguimiento a las acciones tomadas por la paraestatal para corregir los ilícitos de robo, contrabando, adulteración, comercialización ilícita de gasolina y la comisión a la que pertenecemos los dos legisladores que hemos hablado.

    Petróleos Mexicanos es una empresa que está dentro de las primeras mundiales y que pudiera ser mejor si los legisladores le diéramos oportunidad de reestructurar el régimen fiscal que hasta ahora ha dirigido la mayor parte de sus finanzas a colaborar con el Gobierno Federal y sin demérito de esta misma colaboración, se pudiera reestructurar este sistema fiscal para agilizar la economía de esta paraestatal y evitar este tipo de accidentes por falta de mantenimiento o por falta de modernización en la empresa.

    No obstante que estos asuntos son de vital importancia para nosotros, de una mayor importancia es el peligro y el daño que pueda o que ha afectado a la ecología en México a partir de estos accidentes.

    Es por esto que los legisladores del Partido Acción Nacional estamos en total acuerdo para llamar a las autoridades a informarnos de todas las acciones que se han generado a partir de este accidente.

    Sabemos, de hecho, que ha habido una movilización generalizado de la presidencia, por supuesto, de la presidencia municipal de Nanchital, de la protección civil, del Ejército Mexicano, de la Armada, del gobierno del estado de Veracruz, de las autoridades del corporativo de Pemex, de la CNA investigando.

    Requerimos conocer las causas reales del accidente con el objeto de tomar acciones contundentes para que no se vuelvan a repetir.

    Señoras y señores legisladores, es por esto que los legisladores del Partido Acción Nacional estamos en total acuerdo y apoyamos la propuesta de nuestro compañero César Raúl Ojeda. Muchas gracias.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Tiene la palabra el diputado Martín Vidaña Pérez, para hablar en pro de la proposición con punto de acuerdo.

    El diputado Martín Remigio Vidaña Pérez: Con su permiso, diputado Presidente. Efectivamente, el 22 de diciembre, minutos antes de las 10:00 horas. Hubo en la estación de bombeo en el municipio de Santiago Tuxtla, en Veracruz, ocurrió un incendio y eso ocasionó una sobrepresión de bombeo, ocasionó un derrame de crudo del oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Poza Rica, al margen izquierdo del río Coatzacoalcos, en el sur del estado.

    La fuga del crudo obviamente ocasionó contaminación importante en el río Coatzacoalcos y en el arroyo Tepeyac; 2, 3 kilómetros de nata de crudo de aproximadamente 3, 4 milímetros hicieron una contaminación enorme en esa área.

    Cinco personas de la paraestatal, todos hombres, sufrieron lesiones graves, quemaduras de tercer grado que incluso el paisano Ignacio Orozco García se encuentra en la ciudad de México, en el hospital de Pemex, muy grave de salud.

    Toda esta situación en la que se habla de 5 mil, de 8 mil, de 10 mil barriles de crudo que fueron vertidos en las márgenes del río Coatzocoalcos y en arroyo, Pemex dice unos datos, el gobierno del estado de Veracruz tiene otros y necesitamos por ello los legisladores tener la oportunidad de conocer la cabal realidad, la magnitud y la causa del daño ecológico irreversible, a pesar de los esfuerzos que se reconocen de Pemex y de las instituciones del Gobierno federal y del gobierno del estado para ir recolectando el hidrocarburo que se encontraba en el río.

    El desarrollo de la actividad de Pemex de ninguna manera se puede detener, pero en Omealca, para ser precisos, en el mes de septiembre hubo otro accidente por parte de Petróleos Mexicanos, en el estado de Veracruz, en la zona centro del estado; y ahora en la zona sur, a tres meses y medio de distancia, otro derrame, otro accidente.

    Necesitamos, aparte de la información, considero importante realizar una auditoría que en un momento dado permita el mantenimiento y operación de los ductos, puesto que Veracruz, como muchos estados del sur, tiene una red de miles de kilómetros de ductos, gaseoductos, oleoductos, etcétera, que atraviesan el estado cuan largo es y cuan ancho es.

    Por lo tanto, el Partido Revolucionario Institucional, la fracción del Partido Revolucionario Institucional apoya este punto de acuerdo del senador que me antecedió en el uso de la voz para hacer el exhorto a las autoridades, puesto que el desarrollo de la paraestatal si bien se reconoce como columna vertebral de la economía de ese país no puede estar causando deterioro al medio ambiente en ocasiones irreversibles y, sobre todo, lesionar en la salud o en la vida cualquier ser humano del estado de Veracruz, cualquier ser humano de nuestro país, de nuestra República. La vida de un ser humano y el entorno donde nosotros nos desarrollamos, tiene que tener privilegio por encima de la paraestatal Petróleos Mexicanos

    Por eso, la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional se une al punto de acuerdo del senador César Raúl Ojeda, para solicitar a los titulares de Pemex y de la Profepa, a la brevedad posible que nos den la información veraz y oportuna de las causas y la magnitud del daño causado y, sobre todo, que el resarcimiento a los pescadores afectados que son más de 765 de esa zona del sur, del estado de Veracruz, tanto en sus enseres como en sus embarcaciones asi como en su actividad productiva detenida por el derramamiento de crudo, les sean resarcidos y concluyo, yo considero que deberíamos ir a una auditoría a las causas de fondo anteriores para ver si es falla humana la que determinó este accidente o en los materiales y equipos existiera alguna situación que pudiera estar condicionando estos lamentables accidentes. Muchas gracias.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Gracias diputado Vidaña. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición con punto de acuerdo.

    El Secretario diputado Arturo Nahle García: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

    Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Las ciudadanas legisladoras y legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición con punto de acuerdo.

    El Secretario diputado Arturo Nahle García: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

    Las ciudadanas legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Las ciudadanas y ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Aprobada. Comuníquese.
    ESTADO DE VERACRUZ
    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Como siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el diputado Leonardo Alvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre la catástrofe ambiental suscitada en Coatzacoalcos, Veracruz.

    El diputado Leonardo Alvarez Romo: Con su venia diputado Presidente, compañeras y compañeros legisladores.

    Sirva este punto de acuerdo para unirnos al punto de acuerdo anterior y como posicionamiento también de nuestro grupo parlamentario para agregar también un punto.

    En la Gaceta Parlamentaria venía cómo citar a comparecer a los miembros del gabinete que tiene qué ver con el asunto, pero lo hemos querido cambiar porque el acuerdo para el orden del día en su artículo 12 no permite que a través de un punto de acuerdo se cite a comparecer a miembros del Poder Ejecutivo, pero venía un punto primero que es el que permanece y es lo que voy a tratar con ustedes.

    La contaminación por crudos es una de las formas más graves de contaminación del agua, los derrames de petróleo producen un fenómeno conocido como ``la marea negra''. Cuando una película de hidrocarburo cuya densidad es distinta a la del agua, se forma en la superficie del mar.

    Su efecto es letal para las especies que concurran al ecosistema marino, pero los prejuicios aumentan cuando el contaminante llega a la costa. Al derramarse petróleo en una zona acuática determinada, se observa la formación de una delgada capa en la superficie ocasionando disminución de la penetración de la luz hasta en un 90 por ciento con lo cual disminuye drásticamente la tasa de fotosíntesis.

    Los efectos tóxicos de los hidrocarburos sobre los organismos vivos, dependen de la concentración y el tiempo de exposición. Los componentes del petróleo de efectos más nocivos son los hidrocarburos aromáticos, ya que algunos de ellos actúan como tóxicos agudos y otros tienen actividad carcinogénica.

    Cuando el petróleo se derrama cerca de la costa o una mancha petrolífera deriva a la zona intermedia de las mareas y a las playas, se produce una mortalidad en la gran escala de organismos marinos, algunos de ellos de valor comercial. La muerte de grandes cantidades de aves marinas constituye uno de los efectos primarios y más aparentes de los derrames de petróleo.

    El 21 de diciembre de 2004 la explosión de un pozo y una planta de bombeo de Petróleos Mexicanos en el estado de Veracruz, como sabemos, dejó 5 personas lesionadas y cuantiosos daños en el río Coatzacoalcos, el más grande del estado de Veracruz y que desemboca en el Golfo de México, así como el posterior derrame de crudo por la zona.

    De acuerdo con fuentes de Protección Civil y de Seguridad Pública del estado, el primer percance se registró alrededor de las 10:50 horas en la estación de bombeo Masumiapan que se ubica en el ejido Zapatero de la congregación El Platanal, municipio de Santiago Tuxtla. Diversas fallas en los sistemas de bombeo ocasionaron un incendio y una posterior explosión en la planta de Pemex.

    Ante el percance, personal de la paraestatal cerró las válvulas que administraban el crudo al pozo y a la estación de bombeo, que sirve de enlace con oleoductos que van de Minatitlán a Nuevo Teapa y Poza Rica. Sin embargo, esta situación provocó que la presión rebasara los límites y reventara uno de los ductos a la altura del municipio de Nanchital, a unos 120 kilómetros de donde ocurrió la explosión.

    El director de Protección Ambiental de Pemex-Refinación, José Manuel Olivares Páez, informó en los primeros días después del incidente que, según la agencia EFE, el derrame de hidrocarburos se había extendido en un área de 3 kilómetros en el río Coatzacoalcos alcanzando al arroyo Tepeyac.

    El reporte preliminar señaló que la cantidad de crudo derramado se ha cuantificado entre 5 mil y 10 mil barriles, equivalentes a un promedio entre los 750 mil litros y un millón 500 mil litros. La Comisión Nacional del Agua informó que ya trabaja en coordinación con Pemex en el saneamiento del río Coatzacoalcos y la del arroyo Tepeyac. La comisión participó en la colocación de trampas para evitar que el petróleo derramado se extendiera. Detalló también que participa en la recolección del líquido en cuatro puntos distintos sobre la corriente del Coatzacoalcos.

    En la actualidad, la contaminación producida por las actividades humanas en México está aumentando de manera considerable y este rápido aumento guarda relación con problemas y consecuencias de alcance nacional que deben ser evaluados, y dominados, si se quiere tener éxito en la lucha contra la contaminación.

    Si no se lleva a cabo un programa de restauración de la zona, coordinado por las autoridades correspondientes, con el que se exija y obligue a Petróleos Mexicanos a que restaure y compense el daño causado por el derrame, las consecuencias pueden ser mayores.

    Reconocemos el anuncio que hoy se hizo por parte de la Profepa de levantar una denuncia en contra de Pemex, ¡vaya! Lo felicitamos, y también queremos subrayar que es increíble que con los recursos que maneja Pemex se cometan este tipo de tonterías.

    Como dijimos, nos unimos al punto de acuerdo anterior del senador César Ojeda y, además, queremos agregarle lo siguiente como punto de acuerdo aparte.

    Unico. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice un programa de restauración ecológica en el río Coatzacoalcos, sus rivieras y su zona marítimo-terrestre esto basado en la fracción XIII del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, además del arroyo Tepeyac, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación con Petróleos Mexicanos, esto basado en el artículo 5º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

    Es decir, no nada más que se retire el crudo y se controle el derrame, sino que se haga un programa profundo y eficaz de saneamiento y restauración ecológica

    Es cuanto, diputado Presidente; compañeros legisladores.

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

    Proposición con punto de acuerdo, para citar a comparecer al director de Pemex y al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por la catástrofe ambiental suscitada en Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del PVEM

    Leonardo Álvarez Romo, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

    Exposición de Motivos

    En la actualidad, se reconoce universalmente la gravedad de la contaminación de los arroyos, ríos y lagos, e incluso de los mares, que cada día se ven amenazados debido a los grandes centros de población e industrias emplazadas en sus costas y al volumen, cada vez mayor, de transporte marítimo. Muchos contaminantes industriales son acarreados a grandes distancias por la atmósfera, lo que hace que las actividades tecnológicas del hombre tengan una repercusión directa en la totalidad de los océanos.

    La contaminación por crudo, es una de las formas más graves de contaminación del agua. Los derrames de petróleo producen un fenómeno conocido como la ``marea negra'' cuando una película de hidrocarburo, cuya densidad es distinta a la del agua, se forma en la superficie del mar. Su efecto es letal para las especies que concurren al ecosistema marino, pero los perjuicios aumentan cuando el contaminante llega a la costa.

    La gravedad de los incidentes de derrames petroleros genera preocupación en muchos niveles. Es objeto de revisión por parte de organismos intergubernamentales y demanda la existencia de estrategias de respuesta y acción de los gobiernos frente a estos desastres ecológicos ya que luego de una descarga o derrame de petróleo en un ambiente acuático, se producen cambios ecológicos y una contaminación de gran importancia para el ecosistema causando graves consecuencias para la fauna y flora del lugar así como para los seres humanos que habitan la zona.

    Al derramarse petróleo en una zona acuática determinada se observa la formación de una delgada capa en la superficie, ocasionando disminución de la penetración de la luz hasta en un 90%, con lo cual disminuye drásticamente la tasa de fotosíntesis. Los efectos tóxicos de los hidrocarburos sobre los organismos vivos dependen de la concentración y el tiempo de exposición. Los componentes del petróleo de efectos más nocivos son los hidrocarburos aromáticos ya que algunos de ellos actúan como tóxicos agudos y otros tienen actividad carcinogénica.

    Cuando el petróleo se derrama cerca de la costa o una mancha petrolífera deriva a la zona intermedia de las mareas y a las playas, se produce una mortalidad en gran escala de organismos marinos, algunos de ellos de valor comercial. La muerte de grandes cantidades de aves marinas constituye uno de los efectos primarios y más aparentes de los derrames de petróleo.

    El petróleo en concentraciones bajas retarda la división celular y el crecimiento del plancton. En concentraciones superiores producen la muerte de gran cantidad de organismos, aves así como de larvas y huevos de peces. En los peces parecen tener efectos mecánicos, ya que al depositarse sobre las branquias, impide el intercambio gaseoso y los peces mueren por asfixia.

    El 21 de diciembre del 2004 la explosión de un pozo y una planta de bombeo de Petróleos Mexicanos en el estado de Veracruz dejó cinco personas lesionadas y cuantiosos daños en el río Coatzacoalcos, el más grande del estado y que desemboca en el Golfo de México, así como el posterior derrame de crudo por la zona.

    De acuerdo con fuentes de Protección Civil y de Seguridad Pública del estado, el primer percance se registró alrededor de las 10:50 horas en la estación de bombeo Masumiapan, que se ubica en el ejido Zapatero de la congregación El Platanal, municipio de Santiago Tuxtla. Diversas fallas en los sistemas de bombeo ocasionaron un incendio y una posterior explosión en la planta de Pemex.

    Ante el percance, personal de la paraestatal cerró las válvulas que administraban el crudo al pozo y a la estación de bombeo, que sirve de enlace con oleoductos que van de Minatitlán a Nuevo Teapa y Poza Rica. Sin embargo, esta situación provocó que la presión rebasara los límites y reventara uno de los ductos, a la altura del municipio de Nanchital, a unos 120 kilómetros de donde ocurrió la explosión.

    El percance obligó a la evacuación de al menos mil personas de cinco comunidades rurales, que fueron trasladadas a albergues.

    El director de Protección Ambiental de Pemex Refinación, José Manuel Olivares Páez, informó en los primeros días después del incidente que, según la agencia EFE, el derrame del hidrocarburo se había extendido en un área de 3 kilómetros en el río Coatzacoalcos alcanzando al arroyo Tepeyac.

    A partir de las primeras observaciones realizadas, se determinó que la contaminación podría afectar por lo menos cinco hectáreas, entre el área del percance y la ribera del río. Los especialistas detectaron que existe una mancha superficial del tramo de Nanchital a la playa de Coatzacoalcos, de aproximadamente 17 kilómetros, la cual estuvo siendo inspeccionada por la Comisión Nacional del Agua.

    El reporte preliminar, señaló que la cantidad de crudo derramado se ha cuantificado entre cinco mil y diez mil barriles, equivalentes a un promedio entre los 750 mil litros y 1 millón 500 mil litros. La Comisión Nacional del Agua informó que ya trabaja en coordinación con Pemex en el saneamiento del río Coatzacoalcos y del arroyo Tepeyac. La Comisión participó en la colocación de trampas, para evitar que el petróleo derramado se extendiera. Detalló también que participa en la recolección del líquido en cuatro puntos distintos sobre la corriente del Coatzacoalcos.

    A pesar de las acciones emprendidas, días después la paraestatal dio a conocer en un comunicado que debido al mal tiempo el combustible se esparció hasta el mar, alcanzado zonas importantes de las costas del Golfo de México. Al 25 de diciembre el derrame de petróleo en el río Coatzacoalcos, producía una enorme mancha negra que abarca 50 kilómetros, contaminando las playas de Coatzacoalcos y Congregación de Allende, por lo que autoridades navales han prohibido a la población nadar en esas aguas.

    La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció el pasado 24 de diciembre una multa de 50 mil salarios mínimos (2 millones y medio de pesos) en contra de la paraestatal por el desastre ecológico provocado. El delegado estatal de la Profepa, Manuel Molina Martínez, anunció además que en los primeros días de enero presentarán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la paraestatal por los daños ecológicos y económicos ya que el derrame paralizó la actividad pesquera a todo lo largo del litoral en perjuicio de más de 600 pescadores, quienes por su parte demandarán a Pemex el pago por las afectaciones causadas.

    Se dice que dicha dependencia ya verifica que Pemex realice las medidas de urgente aplicación, entre ellas, el acordonamiento de las áreas afectadas por el derrame; la recuperación del crudo; el levantamiento del suelo impactado; la colocación de trampas; y la conducción de los materiales recuperados con crudo a instalaciones autorizadas para su tratamiento.

    En la actualidad la contaminación producida por las actividades humanas en México está aumentando de manera considerable y este rápido aumento guarda relación con problemas y consecuencias de alcance nacional que deben ser evaluados, y dominados, si se quiere tener éxito en la lucha contra la contaminación.

    Si no se lleva a cabo un programa de restauración de la zona, coordinado por las autoridades correspondientes con el que se exija y obligue a Petróleos Mexicanos a que restaure y compense el daño causado por el derrame, las consecuencias pueden ser mayores. Algunos investigadores señalan que las verdaderas consecuencias de este hecho podrán verse dentro de unos dos meses aproximadamente, además de reiterar que el daño, si es que llega a desaparecer, podrá resarcirse en por lo menos 6 meses. La población del Nanchital, el municipio más contaminado, sufre los estragos del derrame, y según declaraciones de la gente, no ha recibido ayuda alguna.

    Es indispensable que se evalúe el problema en su conjunto, pensando no sólo en el momento actual, sino en la los posibles derrames futuros y sus consecuencias. Debemos evitar desastres ecológicos como éste. El ser humano debe de buscar las formas y la maquinaria más eficaz para explotar el entorno natural sin dañar los ecosistemas. Todo ello con el objetivo de que el desarrollo y el progreso sean armónicos y se utilicen, de manera racional, los ``recursos y su ambiente''. Cabe esperar que con un esfuerzo adecuado de la población y el gobierno mexicano, se tomen las medidas adecuadas para evitar la contaminación de los ríos y mares.

    Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México pone a consideración el siguiente:

    Punto de Acuerdo

    Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Medio y Recursos Naturales para que realice un programa1 de restauración ecológica en el río Coatzacoalcos, sus rivieras y su zona marítimo terrestre, así como el arroyo Tepeyac, con la cooperación de las autoridades federales2, estatales y municipales, en coordinación con Petróleos Mexicanos.

    Notas:

    1 Fracción XIII del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

    2 Artículo 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

    Dado en el Salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 29 días del mes de diciembre del 2004.--- Dip. Leonardo Álvarez Romo.»

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Gracias, señor diputado.

    Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.


    ALCOHOLISMO
    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Como siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que por conducto de Consejo de Salubridad General, ordene suspender la vigencia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de julio y 26 de octubre del 2004, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios.

    El diputado Javier Salinas Narváez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados.

    Los suscritos, diputados Hugo Rodríguez Díaz y Pablo Anaya Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Mora Ciprés, Horacio Duarte Olivares y Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Porfirio González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia; Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, todos ellos miembros de esta LIX Legislatura, en uso de las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, acudimos ante esta Asamblea a presentar esta propuesta con punto de acuerdo para lo cual hago de su conocimiento las siguientes

    Consideraciones

    El problema del alcoholismo es un problema que debe ser analizado y en su momento atacado por todas las vías legales y científicas posibles, dado el grado de conflicto que provoca su existencia en nuestra sociedad.

    El pasado 6 de julio y 26 de octubre, ambos de 2004, aparecieron publicados en el Diario Oficial de la Federación y suscritos por el secretario de Salud y Presidente del Consejo de Salubridad General, doctor Julio José Frenk Mora y la secretaria de este último órgano sanitario, Mercedes Juan, primero un acuerdo general y posteriormente una modificación a aquél acuerdo que tiene como supuesto propósito atacar el alcoholismo.

    Sin embargo, respecto del contenido y proceso que llevaron la publicación de estos acuerdos, han suscitado inconformidades entre los miembros de la industria alcoholera que, como todos los miembros de cualquier industria mexicana, tienen el derecho y garantía de audiencia.

    Asimismo, al revisar la base primera de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Federal, encontramos que nuestra máxima ley, si bien señala que el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones generales serán obligatorias para el país.

    También encontramos en la Base Cuarta que la misma fracción XVI se menciona en el artículo 77, nuestro Código máximo indica que las medidas tomadas por el Consejo de Salubridad General contra el alcoholismo, se dan después de revisar por el Congreso de la Unión, en los casos que le competen.

    En ese sentido encontramos que el artículo 39 en su punto segundo, inciso 32), correlacionado con el punto 3 de la Ley Orgánica de este órgano soberano, le otorga competencia a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para conocer asuntos relacionados con la salud y específicamente con el alcoholismo.

    Sin embargo, no obstante que han transcurrido más de 5 meses entre el primer acuerdo y casi 2 meses entre el segundo acuerdo tomado por el Consejo de Salubridad General ya citados, no se ha cumplido con la exigencia de la Constitución federal que obligue a este órgano sanitario a remitir los acuerdos que tomen encaminados contra el alcoholismo al Congreso de la Unión y para el caso específico a la Cámara de Diputados, que como ya se dijo, tiene competencia para el caso.

    Con base en lo dispuesto por los anteriores argumentos y datos contenidos en esta iniciativa, ponemos a consideración para la aprobación de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con

    Punto de Acuerdo

    Unico. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, emite un exhorto al titular del Ejecutivo federal, licenciado Vicente Fox Quesada, a fin de que por su conducto se ordene a quien corresponda como miembro del Consejo de Salubridad General, ordene suspender la vigencia de los acuerdos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, con fecha martes 6 de julio y martes 26 de octubre, ambas de 2004 y esos acuerdos, con todos sus antecedentes, sean remitidos a la Cámara de Diputados como órgano del Congreso de la Unión para ser revisados de conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Federal.

    Asimismo, solicito se transcriba íntegro el texto anterior, punto de acuerdo propuesto a esta honorable Asamblea en el Diario de los Debates.

    Muchas gracias. Respetuosamente, rúbrica de los diputados que suscriben.

    Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 28 de diciembre de 2004.

    Es cuanto, señor Presidente.

    «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que, por conducto del Consejo de Salubridad General, ordene suspender la vigencia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 6 de julio y 26 de octubre de 2004, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

    Los suscritos, diputados Hugo Rodríguez Díaz y Pablo Anaya Rivera, Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Mora Ciprés, Horacio Duarte Olivares y Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Porfirio González Schmall, del grupo parlamentario de Convergencia; Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, todos ellos miembros de esta LIX Legislatura, en uso de las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, acudimos ante esta asamblea a presentar esta propuesta con punto de acuerdo para lo cual hacemos de su conocimiento las siguientes

    Consideraciones

    1.- El problema del alcoholismo es un problema que debe ser analizado y, en su momento, atacado por todas las vías legales y científicas posibles, dado el grado de conflictos que provoca su existencia en nuestra sociedad.

    2.- Los pasados 6 de julio y 26 de octubre, ambos del 2004, aparecieron publicados en el Diario Oficial de la Federación y suscritos por el secretario de Salud y presidente del Consejo de Salubridad General, doctor Julio José Frenk Mora y la secretaria de éste último órgano sanitario, Mercedes Juan, primero un acuerdo general y posteriormente una modificación a aquél acuerdo que tiene como supuesto propósito el atacar el alcoholismo.

    3.- Sin embargo, respecto del contenido y proceso que llevaron a la publicación de estos acuerdos, han suscitado inconformidades entre miembros de la Industria Alcoholera que, como todos los miembros de cualquier industria mexicana, tienen el derecho y garantía de audiencia.

    4.- Así mismo, al revisar la base 1ª de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Federal, encontramos que nuestra Máxima Ley si bien señala que el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones generales serán obligatorias en el País, también encontramos que en la base 4ª de la misma fracción XVI del mencionado artículo 73 de nuestro Código Máximo indica que las medidas tomadas por el Consejo de Salubridad General contra el alcoholismo, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.

    5.- En ese sentido, encontramos que el artículo 39, en su punto 2, inciso XXXII correlacionado con el punto 3, de la Ley Orgánica de este órgano soberano, le otorga competencia a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para conocer asuntos relacionados con la salud y específicamente con el alcoholismo.

    6.- Sin embargo, no obstante que han transcurrido más de cinco meses entre el primer acuerdo y casi dos meses entre el segundo acuerdo tomado por el Consejo de Salubridad General ya citados, no se ha cumplimentado con la exigencia de la Constitución Federal que obliga a este órgano sanitario a remitir los acuerdos que tome encaminados contra el alcoholismo al Congreso de la Unión y para el caso específico, a la Cámara de Diputados que, como ya se dijo, tiene competencia en el caso.

    7.- Luego, toda vez que el Consejo de Salubridad General depende directamente del Presidente de la República, conviene emitir un punto de acuerdo donde se exhorte al Ejecutivo federal, como responsable directo de aquél órgano sanitario, para que ordene a quien corresponda dicte nuevo acuerdo donde se suspenda la puesta en vigor de los acuerdos del 6 de julio y 26 de octubre citados a fin que sean enviados, con todos sus antecedentes, a esta Cámara de Diputados, como órgano del Congreso de la Unión con un organismo con competencia para conocer de este caso como lo es la Comisión de Salud, a fin que se cumplimente la orden dada por la Constitución Federal y el contenido de los acuerdos contra el alcoholismo sean revisados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como órgano competente para conocer de estos asuntos.

    Con base en lo dispuesto por los anteriores argumentos y datos contenidos en esta Iniciativa, ponemos a consideración para la aprobación por esta honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con

    Punto de Acuerdo

    Único.- Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión emite un exhorto al titular del Ejecutivo federal, licenciado Vicente Fox Quesada, a fin que por su conducto se ordene a quien corresponda como miembro del Consejo de Salubridad General ordene suspender la vigencia de los acuerdos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación con fechas martes 6 de julio y martes 26 de octubre, ambas del 2004 y esos acuerdos, con todos sus antecedentes, sean remitidos a la Cámara de Diputados como órgano del Congreso de la Unión para ser revisados de conformidad con lo dispuesto por la base 4ª de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Federal.

    Asimismo, solicito se transcriba íntegro el texto del anterior punto de acuerdo propuesto a esta honorable asamblea en el Diario de Debates.

    Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 28 de diciembre de 2004.--- Diputados: Hugo Rodríguez Díaz, Pablo Anaya Rivera, Francisco Mora Ciprés, Horacio Duarte Olivares, Rafael García Tinajero Pérez, Jesús Porfirio González Schmal, Manuel Velasco Coello, Alejandro González Yáñez

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
    ESTADO DE GUERRERO
    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: El siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el diputado Arturo Nahle García, para presentar proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial que vigile las próximas elecciones en el estado de Guerrero, suscrita por la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    El diputado Arturo Nahle García: Gracias, ciudadano Presidente.

    En el estado de Guerrero, se desarrolla el proceso electoral por el que se renovará el Poder Ejecutivo de la entidad el próximo 6 de febrero del 2005.

    La democracia debe privilegiar la competencia electoral como sistema que define y expresa la voluntad de los ciudadanos; por ello, el Partido de la Revolución Democrática considera que en las campañas políticas, además de apegarse estrictamente a la ley, debe privilegiarse la cultura política en la que se destaque el comportamiento de los candidatos y de los electores, se subraye la importancia del contenido de las propuestas electorales y medios de comunicación que actúen con imparcialidad y objetividad para informar a los ciudadanos del desarrollo de las distintas campañas electorales.

    Las reformas electorales que se han generado en los últimos años, permiten contar con disposiciones específicas que definen el marco de actuación de las autoridades electorales y las limitaciones que los servidores públicos de los órganos de gobierno federal, estatal y municipales deben observar durante el desarrollo de las campañas.

    Durante el desarrollo de las campañas electorales para la elección de gobernador en el estado de Guerrero, se han detectado y denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y las autoridades electorales de la entidad actos irregulares que afectan el desarrollo del proceso electoral en la entidad, creando un ambiente de desconfianza para los ciudadanos, partidos políticos y candidatos en el actual proceso.

    Se han denunciado hechos ilegales como el empleo de personal de las dependencias administrativas estatales y municipales para la organización de eventos, la utilización de recursos y programas gubernamentales de carácter social para actos de proselitismo electoral, también se han manipulado los contenidos de los programas informativos de radio y televisión local para favorecer a determinados candidatos y en caso más absurdo, se ha distribuido en diferentes partes del estado propaganda apócrifa.

    Se pretende, pues, crear un ambiente de tensión para inhibir la participación de los ciudadanos en las urnas el próximo 6 de febrero. El Partido de la Revolución Democrática no apuesta a este escenario, porque confía en la libre decisión de los ciudadanos.

    La transparencia en el uso de los recursos públicos en este proceso electoral podrá cimentar en todos los actores políticos la confianza necesaria a fin de construir un verdadero estado de derecho, con el cual podamos consolidar la transición a la democracia que han impulsado miles de mexicanos.

    En este sentido, la Cámara de Diputados, al tener la facultad de vigilar e incluso investigar la malversación de fondos federales, puede crear una comisión especial que vigile la aplicación de recursos y programas federales, ya sea para las entidades administrativas de la Federación o de los gobiernos estatales y municipales en la organización y apoyo en forma directa o indirecta a campañas electorales.

    En virtud de las consideraciones expuestas, se solicita a esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la aprobación de los siguientes

    Puntos de Acuerdo

    Primero. Se aprueba crear una comisión especial de observación plural de legisladores que acuda al estado de Guerrero, a observar y dar testimonio del desarrollo del proceso electoral que se celebrará el próximo 6 de febrero del año 2005.

    Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que por su conducto, haga del conocimiento del presente a las dependencias y delegaciones del Gobierno Federal en esa entidad federativa, al ejecutivo estatal y a los gobiernos de los ayuntamientos de la entidad para que en forma efectiva, durante los 30 días previos a las elecciones y el día de la jornada electoral, se suspenda la difusión, publicitación o realización de campañas dirigidas a la población, relativas a la ejecución de obra pública gubernamental realizada en el estado de Guerrero, con el ánimo de no incidir en la decisión del voto ciudadano.

    Tercero. Hágase del conocimiento a las autoridades electorales del estado de Guerrero de la integración de la comisión especial para el debido cumplimiento de sus actividades.

    Suscriben la presente proposición la diputada Rosario Herrera Ascencio y un grupo de legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

    Proposición con punto de acuerdo, para crear una Comisión Especial que vigile las próximas elecciones en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del PRD

    La suscrita, Rosario Herrera Ascencio, diputada federal por el estado de Guerrero del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta H. Comisión Permanente un punto de acuerdo, en razón de las siguientes

    Consideraciones

    Que en el estado de Guerrero se desarrolla el proceso electoral por el que se renovará el poder Ejecutivo de la entidad, el 6 de febrero del 2005.

    La democracia debe privilegiar la competencia electoral, como sistema que define y expresa la voluntad de los ciudadanos, por ello el Partido de la Revolución Democrática considera que en las campañas políticas, además de apegarse estrictamente a la ley, debe privilegiarse la cultura política, en la que se destaque el comportamiento de los candidatos y de los electores, se subraye la importancia del contenido de las propuestas electorales y medios de comunicación que actúen con imparcialidad y objetividad para informar a los ciudadanos del desarrollo de las distintas campañas electorales.

    Las reformas electorales que se han generado en los últimos años, permiten contar con disposiciones específicas que definen el marco de actuación de las autoridades electorales y las limitaciones que los Servidores Públicos de los órganos de gobierno federal, estatal y municipales deben observar durante el desarrollo de las campañas electorales de los candidatos que los partidos políticos y coaliciones han postulado.

    Durante el desarrollo de las campañas electorales para la elección de gobernador en el estado de Guerrero se han detectado y denunciado que ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y las autoridades electorales de la entidad actos irregulares que afectan el desarrollo del proceso electoral en la entidad, creando un ambiente de desconfianza para los ciudadanos, partidos políticos y candidatos en el actual proceso electoral.

    Se han denunciado hechos ilegales como el empleo de personal de las dependencias administrativas estatales y municipales para la organización de eventos, la utilización de recursos y programas gubernamentales de carácter social para actos de proselitismo electoral, también se han manipulado los contenidos de los programas informativos de radio y televisión local para favorecer a determinados candidatos y en caso más absurdo, se ha distribuido en diferentes partes del Estado propaganda apócrifa que vincula al candidato de la Coalición Guerrero Será Mejor, Zeferino Torreblanca, con las siglas del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Manifestamos nuestro respeto al EZLN como expresión política y reprobamos el uso mañoso que de sus siglas se hace en el estado de Guerrero, con la pretensión de descalificar una candidatura que representa una alternativa de gobierno democrático para el estado la entidad. No dudamos que ante la certeza de triunfo de Zeferino Torreblanca, se pretenda crear un ambiente de tensión para inhibir la participación de los ciudadanos en las urnas el próximo 6 de febrero. El Partido de la Revolución Democrática no apuesta a este escenario, porque confía en la libre decisión de los ciudadanos.

    La transparencia en el uso de los recursos públicos en este proceso electoral podrá cimentar en todos los actores políticos la confianza necesaria a fin de construir un verdadero Estado de Derecho con el cual podamos consolidar la transición a la democracia que han impulsado miles de mexicanos.

    En este sentido la Cámara de Diputados, al tener la facultad de vigilar e incluso investigar la malversación de fondos federales, puede crear una comisión especial que vigile la aplicación de recursos y programas federales ---ya sea por las entidades administrativas de la federación o de los gobiernos estatal y municipales---en la organización y apoyo, en forma directa o indirecta, a campaña electorales.

    En tal contexto, es ineludible el respeto a los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad, y que obliga a todos y particularmente a los órganos encargados de su aplicación, a salvaguardar el estricto cumplimiento de la ley, actuar en sentido contrario cancela la esencia de la democracia y genera un ambiente innecesario de confrontación.

    En virtud de las consideraciones expuestas, solicito a esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LIX Legislatura, el siguiente

    Punto de Acuerdo

    Primero. Se aprueba crear una Comisión Especial de Observación Plural de Legisladores que acuda al Estado de Guerrero a observar y dar testimonio del desarrollo del proceso electoral que se celebrará el próximo 6 de febrero del 2005.

    Segundo. Se exhorte al Ejecutivo federal para que por su conducto haga del conocimiento el presente, a las dependencias y delegaciones del Gobierno Federal en nuestra entidad federativa; al Ejecutivo estatal y a los gobiernos de los ayuntamientos de la entidad; para que en forma efectiva durante los treinta días previos a las elecciones y el día de la jornada electoral se suspenda la difusión, publicitación o realización de campañas dirigidas a la población, relativas a la ejecución de obra pública gubernamental realizada en el estado de Guerrero; con el ánimo de no incidir en la decisión del voto ciudadano.

    Tercero. Hágase del conocimiento a las autoridades electorales del estado de Guerrero de la integración de la Comisión Especial, para el debido cumplimiento de sus actividades.

    Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro; Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LIX Legislatura, a 29 de diciembre de 2004.--- Dip. Rosario Herrera Ascencio (rúbrica).»

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
    PETROLEOS MEXICANOS
    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Como siguiente punto del orden del día tiene la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, para presentar proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos de la Cámara de Diputados, suscrita por el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    El diputado Javier Salinas Narváez: Gracias, señor Presidente, con su venia.

    Que las y los diputados integrantes de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 93 del Código Político de 1917; 41, numeral primero de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, por los artículos 58, 59, 89, 90 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones.

    El pasado día 4 del mes de noviembre Pemex anunció que había decidido, para el continente americano, recortar el factor de ajuste del crudo Maya en 3 dólares por barril y el del Istmo en 2.80 dólares por barril, así como en el crudo Maya destinado a la costa oeste de Estados Unidos de América la reducción sería de 2.50 dólares por barril.

    Estos descensos de precios entraron en vigor a partir del 1o. de diciembre.

    Que en lo que va del presente año, es la segunda ocasión en que se toman este tipo de medidas tan absurdas e inexplicables.

    Que no dejamos de señalar que previamente, el día 3 de junio, Pemex emitió dos noticias: en la primera señalaba que a partir de junio el precio de venta al público de gasolina Pemex-Premium tuvo un incremento de 2.9 por ciento, al pasar de 7.04 pesos a 7.25 pesos por litro, en tanto el precio de la gasolina Pemex-Magna aumentó de 0.33 por ciento a ubicarse a 6.13 pesos por litro, lo que representó dos centavos más en comparación al precio de venta al público en mayo pasado.

    A través de la segunda noticia Petróleos Mexicanos anuncia que a partir del 1º de julio próximo se aplicarán las siguientes modificaciones:

    Para el continente americano Pemex acordó que los factores de ajuste de las fórmulas de los precios de todos los crudos exportados a esa región se modifiquen a la baja. De este modo la reducción aplicable al factor del Maya será de 25 centavos de dólar por barril, mientras que en el caso del Istmo y Olmeca los factores de ajuste se verán disminuidos en 15 y 20 centavos, respectivamente.

    Por lo que respecta al crudo Maya destinado a la costa oeste de Estados Unidos de América, la reducción será de 30 centavos de dólar por barril.

    Así, las decisiones tomadas por las autoridades del sector energético para los meses de junio, julio y diciembre representan ya una política gubernamental no asumida de perjudicar a las finanzas de Pemex del país, así como malbaratar y entregar nuestros energéticos.

    Deseamos llamar la atención de que si en condiciones de precios internacionales del crudo a la alza las autoridades financieras mexicanas y las de Pemex deciden conscientemente y deliberadamente, en lugar de tomar esos altos precios crecientes del mercado, otorgar los precios inferiores para Estados Unidos, implica que los enormes recursos económicos que dejará de percibir México representan un verdadero subsidio a la economía de Estados Unidos con el petróleo mexicano y en particular a través del mayor precio que pagamos los mexicanos por la gasolina que consumimos.

    Entre los meses de julio y noviembre, Pemex ha dejado ya de percibir ingresos por 759 millones 330 mil pesos y en el mes de diciembre perderá aproximadamente mil 518 millones 660 mil pesos por efecto de esas dos medidas; en el presente año Pemex y México en su conjunto perderán 2 mil 277 millones 990 mil pesos y cada mes que se mantenga la reducción de 3 dólares anunciados, se perderán aproximadamente mil 518 millones 660 mil pesos.

    Los argumentos dados hasta ahora por los funcionarios públicos para justificar su decisión, resultan inverosímiles y por lo tanto, insostenibles.

    Es por estas razones expuestas que consideramos que el pleno de esta soberanía debe aprobar la creación de una Comisión Investigadora a Petróleos Mexicanos encargada de dar seguimiento a la política en materia de precios del petróleo.

    Por lo que, por lo anteriormente expuesto y con fundamento, sometemos al pleno de esta Asamblea los siguientes

    Puntos de Acuerdo

    Primero. Se crea la Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LIX Legislatura encargada de dar seguimiento a las políticas públicas en materia de precios del petróleo.

    Segundo. Que la Comisión Investigadora se reunirá y podrá solicitar, toda la información pertinente a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz y de Energía, licenciado Fernando Elizondo Barragán, a fin de que expliquen la decisión de reducir el precio del petróleo de la mezcla mexicana del petróleo crudo hacia Estados Unidos de América.

    Tercero. La Comisión Investigadora estará integrada por un número de diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios y funcionará por el término de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

    Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de diciembre de 2004 y suscriben 140 diputados el presente documento.

    «Proposición con punto de acuerdo, para crear una Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del PRD

    Las y los suscritos diputadas y diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 93 del Código Político de 1917; 41, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por los artículos 58, 59, 89, 90 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

    Consideraciones

    Que el pasado día 4 del mes de noviembre, Pemex anunció que había decidido ``para el continente americano, recortar el factor de ajuste del crudo Maya en 3 dólares por barril y el del Istmo en 2.80 dólares por barril'', así como ``el crudo Maya destinado a la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, la reducción será de 2.50 dólares por barril''. Estos descensos de precios entraron en vigor a partir del primero de diciembre.

    Que en lo que va del presente año es la segunda ocasión en que se toman este tipo de medidas tan absurdas e inexplicables.

    Que no dejamos de señalar que previamente, el día 3 de junio, Pemex emitió dos noticias. En la primera señalaba: ``a partir de junio, el precio de venta al público de la gasolina Pemex Premium tuvo un incremento de 2.9 por ciento, al pasar de 7.04 pesos a 7.25 pesos por litro'' en tanto que ``el precio de la gasolina Pemex Magna aumentó 0.33 por ciento al ubicarse en 6.13 pesos por litro, lo que representó dos centavos más en comparación al precio de venta al público en el mes de mayo''.

    A través de la segunda noticia ``Petróleos Mexicanos anuncia que a partir del primero de julio próximo se aplicarán las siguientes modificaciones para el continente americano, Pemex acordó que los factores de ajuste de las fórmulas de los precios de todos los crudos exportados a esa región se modifiquen a la baja. De este modo, la reducción aplicable al factor del Maya será de 25 centavos de dólar por barril, mientras que en el caso del Istmo y Olmeca, los factores de ajuste se verán disminuidos en 15 y 20 centavos, respectivamente. Por lo que respecta al crudo Maya destinado a la costa oeste de los Estados Unidos de América, la reducción será de 30 centavos de dólar por barril''.

    Así las decisiones tomadas por las autoridades del sector energético para los meses de junio-julio y de diciembre representan ya una política gubernamental, no asumida de perjudicar a las finanzas de Pemex, del país, así como de malbaratar y entregar nuestros energéticos.

    Deseamos llamar la atención de que si, en condiciones de precios internacionales del crudo al alza, las autoridades financieras mexicanas y las de Pemex deciden consciente y deliberadamente en lugar de tomar esos altos precios crecientes del mercado, otorgar precios inferiores para los Estados Unidos implica que los enormes recursos económicos que dejará de percibir México representan un verdadero subsidio a la economía de Estados Unidos con el petróleo mexicano. Y en particular, a través del mayor precio que pagamos los mexicanos por la gasolina que consumimos.

    Entre los meses de julio y noviembre Pemex ha dejado ya de percibir ingresos por 759 millones 330 mil pesos, y en el mes de diciembre perderá aproximadamente 1 mil 518 millones 660 mil pesos. Por efecto de estas dos medidas en el presente año Pemex, y México en su conjunto, perderá 2 mil 277 millones 990 mil pesos y cada mes que se mantenga la reducción de 3 dólares anunciada se perderán aproximadamente 1 mil 518 millones 660 mil pesos.

    Los argumentos dados hasta ahora por los funcionarios públicos para justificar su decisión resultan inverosímiles y por lo mismo insostenibles.

    En la proximidad del invierno la demanda de combustibles para calefacción se va a incrementar como efecto de una estacionalidad conocida; de acuerdo con analistas del sector energético, las reservas estratégicas de petróleo en Estados Unidos están en niveles bajos; y los problemas en Irak aún no están resueltos por lo que la oferta mundial de crudo no podría incrementarse en el corto plazo, entre otros factores que hacen improbable un descenso inmediato y generalizado de los precios internacionales del crudo que justificaran las medidas tomadas en México.

    Es por las razones expuestas, que consideramos que el Pleno de esta soberanía debe aprobar la creación de una Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos encargada de dar seguimiento a las políticas públicas en materia de precios del petróleo.

    Habrá que recordar que el Tribunal Pleno amplió los alcances del derecho a la información, que está estrechamente vinculado con el derecho a conocer la verdad, exige que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa en relación a este tema, con la finalidad de enfrentar y descalificar al Legislativo, so pena de incurrir en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional.

    Que por lo anteriormente expuesto, y fundamentado sometemos al pleno de esta asamblea el siguiente

    Punto de Acuerdo

    Primero. Se crea la Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LIX Legislatura, encargada de dar seguimiento a las políticas públicas en materia de precios del petróleo.

    Segundo. Que la Comisión Investigadora se reunirá y podrán solicitar toda la información pertinente a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Lic. Francisco Gil Díaz, y de Energía, Lic. Femando Elizondo Barragán, a fin de que expliquen la decisión de reducir el precio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo crudo hacia los Estados Unidos de América.

    Tercero. La Comisión Investigadora estará integrada por un número de diputados y diputadas, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, y funcionará por el término de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

    Palacio Legislativo de San Lázaro,a 29 de diciembre de 2004.--- Diputados: Francisco Javier Carrillo Soberón, Rosa María Avilés Nájera, Marcos Morales Torres, Emilio Serrano Jiménez, Gelacio Montiel Fuentes, Josefina Cota Cota, Arturo Nahle García, Guadalupe Morales Rubio, Irma Figueroa Romero, Horacio Duarte Olivares, Juan García Costilla, Gilberto Ensástiga Santiago, Ana Lilia Guillén Quiroz, Margarito Fierro Tanos, Reynaldo Francisco Valdés Manzo, Israel Tentory García, Daniel Ordoñez Hernández, Pascual Sigala Páez, Javier Manzano Salazar, Yadira Serrano Crespo, Gerardo Ulloa Pérez, Abraham Bagdadi Estrella, Emilio Zebadúa González, César Chávez Castillo, Angélica de la Peña Gómez, Alfonso Ramírez Cuéllar, Jorge Martínez Ramos, Horacio Martínez Meza, Dolores Padierna Luna, Susana Manzanares Córdova, Adrián Chávez Ruiz, José Luis Cabrera Padilla, Juan José García Ochoa, Julio Boltvinik Kalinka, Marcela González Salas, Carlos Silva Valdés, Héctor Miguel Bautista López, Javier Salinas Narváez, Pedro Vázquez González, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Oscar González Yáñez, Joel Padilla Peña, Alejandro González Yáñez, Sergio Posadas Lara, Pablo Franco Hernández, Angélica Díaz del Campo, Manuel Camacho Solís, Iván García Solís, María Marcela Lagarde y de los Ríos, René Arce Islas, Minerva Hernández Ramos, Inti Muñoz Santini, Eliana García Laguna, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Rogelio Franco Castán, Isidoro Ruiz Argáiz, Miguel Alonso Raya, Bernardino Ramos Iturbide, Marbella Casanova Calam, Dolores Gutiérrez Zurita, Martha Lucía Mícher Camarena, Francisco Javier Saucedo Pérez, Elpidio Tovar de la Cruz, Clara M. Brugada Molina, Pablo Gómez Alvarez, Diana Bernal Ladrón de Guevara, Lizbeth E. Rosas Montero, Edgar Torres Baltazar, J. Miguel Luna Hernández, Juan Pérez Medina, Sergio Magaña Martínez, Luis Eduardo Espinoza Pérez, Rocío Sánchez Pérez, Tomás Cruz Martínez, Omar Ortega Alvarez, Marcelo Herrera Herbert, Víctor Suárez Carrera, Rafael Flores Mendoza, José Agustín Ortiz Pinchetti, Socorro Díaz Palacios, José Luis Medina Lizalde, Antonio Mejía Haro, Hugo Rodríguez Díaz, Miguelángel García-Domínguez, Rafael Candelas Salinas, Salvador Martínez Della Rocca, Francisco Javier Obregón Espinoza, Guillermo Huízar Carranza, Roberto Javier Vega y Galina, Mayela Quiroga Tamez, Humberto Cervantes Vega, Pablo Pavón Vinales, Juan Fernando Perdomo Bueno, Jesús González Schmal, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Angel Buendía Tirado, Nora Elena Yu Hernández, Pedro Avila Nevárez, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, María Hilaria Domínguez Arvizu, Raúl José Mejía González, Alfonso Nava Díaz, Nancy Cárdenas Sánchez, Rosario Herrera Ascencio, Francisco Chavarría Valdeolivar, Inelvo Moreno Alvarez, Concepción Castañeda Ortiz, Filemón Arcos Suárez, Juan Bustillos Montalvo, René Meza Cabrera, Francisco Alberto Jiménez Merino, Cruz López Aguilar, Luis Antonio Ramírez Pineda, Alfonso Rodríguez Ochoa, Juan Carlos Pérez Góngora, Adrián Fuentes Villalobos, Manuel Velasco Coello, Luis Antonio González Roldán, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Alejandro Agundis Arias, Jorge Legorreta Ordorica, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, Rafael García Tinajero Pérez, Abdallán Guzmán Cruz, Enrique Torres Cuadros, Santiago Cortés Sandoval, Agustín Rodríguez Fuentes (rúbricas).»

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
    MAREMOTOS
    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: A continuación tiene la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero, para presentar proposición con punto de acuerdo para expresar condolencias a los gobiernos de Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, India, Malasia, Tailandia y las Islas Maldivas, así como a los familiares de las víctimas de los maremotos en la región asiática, suscrita por diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra, diputada.

    La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, ciudadano Presidente:

    «Proposición con punto de acuerdo, para expresar condolencias a los gobiernos de Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, India, Malasia, Tailandia y las Islas Maldivas, así como a los familiares de las víctimas de los maremotos en la región asiática.

    Los suscritos diputados federales, integrantes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con base en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución con base en los siguientes:

    Antecedentes

    1.- Un sismo de 9 grados en la escala de Richter ocurrido el pasado 25 de diciembre en Indonesia, desató maremotos que azotaron las costas de varios países asiáticos dejando un saldo de decenas de miles de muertos y desparecidos, entre los que se cuentan una gran cantidad de niños y niñas.

    2.- El horror desatado en las zonas afectadas y la gravedad de los daños humanos y materiales causados por el tsunami, fue posible en parte, por la ausencia de mecanismos de alerta que hubieran permitido en otras condiciones desarrollar acciones preventivas que salvaguardaran la vida de los habitantes y turistas que se encontraban en las zonas de la catástrofe.

    3.- La comunidad internacional ha comprometido ayuda económica y envío de equipos de socorro para contribuir en las tareas de rescate, atención médica y reconstrucción de los poblados y en México, embajadas de los países afectados han solicitado formalmente nuestro auxilio.

    4.- Las autoridades de los países afectados reportan que las mayores perdidas humanas y materiales se dieron en las zonas de mayor concentración de pobreza, dando cuenta nuevamente de la vergonzante relación entre pobreza y vulnerabilidad frente a desastres naturales. En otras palabras, cuando esto ocurre en los países ricos, los daños resultan notoriamente menores.

    5.- Lo ocurrido en el continente asiático, hace patente la urgencia de reformar la concepción y el sistema de seguridad internacional, de manera que éste contemple de manera explicita la mayor vulnerabilidad y riesgo que en términos de seguridad viven los países y regiones más pobres del planeta frente a situaciones de catástrofe.

    Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución.

    Punto de Acuerdo

    Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, expresa sus condolencias a las naciones afectadas por los maremotos en las costas de Asia y a las familias de quienes perdieron la vida en el siniestro o continúan desaparecidos.

    Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a responder a la solicitud de auxilio expresada por las embajadas en México de los países afectados.

    Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a contemplar en la iniciativa que prepara sobre reformas al Consejo de Seguridad de la ONU el tema de los fenómenos naturales en regiones pobres, como un tema neurálgico de seguridad internacional.

    Diputados: Eliana García Laguna (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica).»

    Ciudadano Presidente, también solicitaría a este pleno de la Permanente, pudiéramos dar un minuto de silencio en solidaridad y señal de luto, por esta tragedia mundial.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Esta Presidencia solicita a la Asamblea ponerse de pie, para rendir un minuto de silencio.

    (Minuto de silencio.)

    Se pueden sentar.

    Consulte la Secretaría a la Asamblea...

    El diputado Leonardo Alvarez Romo (desde su curul): Señor diputado.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: ¿Con qué objeto, diputado?

    El diputado Leonardo Alvarez Romo (desde su curul): Para proponer un agregado.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Está registrado como orador.

    Vamos a continuar con el trámite.

    Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

    La Secretaria senadora María Lucero Saldaña Pérez: En consecuencia, consulto a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente y obvia resolución el anterior punto de acuerdo.

    Quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo...

    Por la negativa... Por unanimidad aprobado, señor Presidente.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Se considera de urgente resolución la proposición con punto de acuerdo.

    En consecuencia, está a discusión la proposición con punto de acuerdo. Se abre el registro de oradores.

    Esta Presidencia ha registrado a los diputados Leonardo Alvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México y a la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del Partido Acción Nacional, así como a la senadora Lucero Saldaña Pérez, que han solicitado la palabra para fijar un posicionamiento a nombre de sus grupos parlamentarios.

    En consecuencia, tiene la palabra el diputado Leonardo Alvarez Romo.

    El diputado Leonardo Alvarez Romo: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

    Es preciso hablar en la máxima tribuna de la nación sobre un tema tan delicado y tan doloroso para la humanidad, es una catástrofe de dimensiones apocalípticas. Ahorita se calcula que ya van más de 100 mil muertos y hay más de 500 mil desaparecidos.

    El desastre tuvo la magnitud de más o menos 10 bombas atómicas. Si tomamos en cuenta que en Vietnam murieron 50 mil norteamericanos o que en Nagasaki murieron 40 mil seres humanos o que en Hiroshima murieron 250 mil seres humanos, sumada la cifra que apenas aparece, sin contar lo que va a provocar las infecciones, producto de la descomposición de los cadáveres, son más de 700 mil afectados en sus vidas o en su salud y rebasa, sumados los norteamericanos muertos en Vietnam, Hiroshima y Nagasaki.

    En nuestro país existe un grupo de rescatistas mejor conocidos como ``Los Topos de Tlatelolco'', que nacieron informalmente en la mañana del 19 de septiembre de 1985, cuando un terremoto azotó la Ciudad de México destruyendo gran número de construcciones de todo tipo y causando la muerte de miles de personas.

    Para el año 1986 nace legalmente la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, AC. La asociación no tiene ni persigue fines de lucro ni de especulación comercial; busca obtener apoyo tanto económico como de cualquier otra índole para sus nobles fines.

    Como ustedes saben, ellos viajan a todo el mundo representando a México para ayudar en todos los casos que se trate de catástrofes naturales. Su patrimonio se integra por los donativos, cuotas, inscripciones, subsidios, aportaciones o cualquier otro ingreso legal que percibe de sus asociados o de cualquier otra persona física o moral pública o privada, nacional o extranjera para el desarrollo de sus fines o por la realización de su objeto.

    Tenían proyectado ir 8 brigadistas de Los Topos, por falta de recursos ya nada más van 6; tenían pensado llevar a un perro, por falta de recursos no pueden llevar sus animales entrenados para esos casos.

    Actualmente Los Topos pretenden ser una agrupación de gente multidisciplinaria que proporciona el servicio de rescate, apoyo y asistencia a todo tipo de persona que se encuentra en una situación vulnerable provocada por una situación de riesgo geológico, hidrometrológico, quimi- cotecnológico, socioorganizativo, cualquier otra situación de peligro dentro o fuera de la República Mexicana.

    La agrupación ha participado en atención de huracanes auxiliando a los damnificados del Gilberto, Mitch, Paulina, en terremotos como en el DF, donde se hicieron famosos, en Colima y en Puebla, explosiones e incendios, así como la búsqueda de personas con la ayuda de unidades caninas.

    De igual forma han prestado su ayuda en lugares como El Salvador, Taiwán y China, así como en los atentados del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas en Nueva York, participación por la cual recibieron reconocimientos.

    Los mexicanos que conforman esta organización de rescate pretendían viajar en estos días a Asia, como les digo y como ya les informé, tienen problemas para trasladarse; tenían proyectado viajar hoy en la noche. Del valor, amor al prójimo y la entrega de sus integrantes depende que muchas personas puedan tener una segunda oportunidad de vida.

    Por ello, el Partido Verde Ecologista de México y varios compañeros con los que he platicado esta propuesta para agregarse al punto de acuerdo, consideran importante que el Congreso de la Unión otorgue un donativo al grupo de rescate denominado Los Topos.

    Por lo tanto, lo que queremos agregar es que el Congreso, respetando los reglamentos internos, dé la instrucción a la Junta de Coordinación Política para que determine, en el futuro cuando en febrero entre el periodo ordinario del Congreso, se den los donativos correspondientes a Los Topos, pero además una segunda propuesta que es los miembros de la Comisión Permanente donen un día de sueldo al grupo de Topos, para que puedan trasladarse inmediatamente y por eso es de urgente y obvia resolución, ojalá prediquemos con el ejemplo y la verdad sumados con buena voluntad no nos cuesta nada un día de sueldo a los miembros de la Comisión Permanente para que ellos puedan trasladarse con equipo completo y sus animales a los lugares de desastre natural.

    Es cuanto, diputado Presidente y que quede así agregado al punto de acuerdo presentado por la diputada. Muchas gracias.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Tiene la palabra la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, para fijar un posicionamiento a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre este tema.

    La diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

    El domingo 26 de diciembre un sismo de magnitud de 9 grados en la escala abierta de Richter tuvo su epicentro en el mar frente a la costa oeste de la isla Sumatra, originando olas gigantes que arrasaron las costas del sureste asiático.

    Al día de hoy, el mar del sureste de Asia continúa devolviendo cadáveres de las decenas de miles de víctimas del terremoto más fuerte registrado desde hace más de 60 años en el mundo.

    A pesar de que la zona afectada abarca Indonesia, Sri Lanka, Malasia, Tailandia, India, Miadmar, Bangladesh y las Islas Maldivas, las víctimas mortales que ha cobrado el maremoto trasciende fronteras, ya que ninguna nación puede sentirse exenta del dolor que provoca un desastre de esas magnitudes que cobró tantas vidas humanas; por ello, lamentamos profundamente la pérdida de cualquier vida en cualquier punto del planeta.

    Devueltos por el mar o hallados entre escombros de poblados arrasados, la aparición de decenas de miles de cadáveres elevó ayer a 60 mil el número de muertos y se teme por la cantidad de desaparecidos que la cifra de víctimas fatales alcance las 100 mil en las próximas horas.

    Además de las batallas que enfrenta ahora la población de aquella zona y de las enormes dificultades operativas, existe la posibilidad de enfrentarse a nuevas amenazas como la aparición de epidemias, las cuales podrían duplicar el número de muertos causados por la catástrofe natural.

    La zona afectada se enfrenta a pérdidas imposibles de restituir, como lo son las vidas de todas aquellas personas que fueron arrasadas por la agresión del maremoto; sin embargo, dicho acontecimiento dejó a su paso también grandes y graves pérdidas económicas difíciles de superar, aun cuando todavía no se ha cuantificado el monto de las mismas.

    Expresar solidaridad es esencial entre la persona humana y la sociedad, ya que no puede entenderse la existencia de la persona sin la sociedad ni la de ésta sin las personas; entendida así, la solidaridad viene a ser el rostro social del amor. La vida social y la solidaridad engrandecen al ser humano y nos hacen corresponsables en el mantenimiento de la vida y la dignidad de la persona humana.

    Por lo anterior, nos resulta de vital importancia actuar en solidaridad con nuestros hermanos asiáticos, en virtud de la relación mutua y esencial existente entre la persona humana y la sociedad.

    Los niños, mujeres y hombres víctimas de la catástrofe, nos obligan a expresar el duelo que embarga a todo ser humano por los lamentables acontecimientos y expresar nuestras sinceras condolencias.

    La comunidad internacional no puede voltear la mirada a otro lado, cuando miles de personas no encuentran en estas fechas más que dolor y desgracia.

    Acción Nacional, se suma de manera solidaria al dolor de las familias afectadas por esta terrible catástrofe natural, así como al exhorto al Ejecutivo para responder a la solicitud de auxilio expresada por las embajadas de México en los países afectados y para que contemple, en la iniciativa que prepara sobre reformas al Consejo de Seguridad de la ONU, el tema de los fenómenos naturales en regiones pobres. Es cuanto, señor Presidente.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Tiene la palabra la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.

    La senadora María Lucero Saldaña Pérez: Gracias, señor Presidente, honorable Asamblea:

    Las que suscribimos, la senadora Dulce María Sauri Riancho, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Región Asia-Pacífico; su servidora, a nombre de la fracción del grupo parlamentario del PRI, queremos expresar nuestro apoyo solidario a lo expresado aquí por los compañeros y compañeras senadoras esta fecha, un día después de la navidad.

    Un desastre sin precedente, que azotó una amplia área geográfica del sureste asiático, sismo de 8.9 grados en la escala de Richter, que afectó inicialmente la isla Indonesia de Sumatra, provocó un maremoto que impactó a toda la región del océano Indico, provocando estos enormes daños que todas y todos hemos visto a través de los medios.

    Innumerables pérdidas de todo tipo, sobre todo humanas, en estos 7 países de la región. Signo de lo excepcional del fenómeno natural, el maremoto alcanza costas orientales de Africa. Hasta el día de ayer en Somalia ya se había encontrado cadáveres de 40 pescadores y otros 60 se encontraban desaparecidos, presumiéndose fallecidos. Al menos 10 personas habrían muerto en Tanzania y una en Kenia.

    De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Geológicas de Estados Unidos, el fenómeno tuvo su epicentro frente a la costa occidental del norte de Sumatra, a 40 kilómetros por debajo del fondo del mar.

    Ese terremoto fue el quinto más poderoso que se haya experimentado en el planeta desde 1990 y el más fuerte de los últimos 40 años, desde aquel sismo de 9.2 grados que azotó la región de Alaska en 1964.

    La fuerza de este fenómeno hizo que sus efectos se sintieran a una gran distancia, afectando edificios ubicados a cientos de kilómetros desde Singapur hasta la ciudad de Chang May, en el norte de Tailandia.

    Pero su efecto más devastador fue, sin embargo, el maremoto que se extendió por toda la cuenca del océano Indico, arrastrando la línea costera de estos 7 países de Asia y tres de Africa, dejando al menos más de 60 mil muertos, según las cifras oficiales actualizadas hasta el día de ayer.

    La nación más afectada ha sido Indonesia, que anunció cerca de 28 mil de sus ciudadanos que perecieron en Sumatra. El hecho de que el desastre afectara a importantes centros turísticos ha trasladado la tragedia a muchas otras naciones.

    Según cifras preliminares, sólo en Tailandia más de 700 extranjeros perecieron, entre ellos norteamericanos, ingleses, franceses, argentinos, chilenos, brasileños y aparente, lamentablemente, conciudadanos.

    Se sabe que alrededor de 22 mexicanos se encuentran en la isla de Phuket y en la ciudad de Krabi, en Tailandia.

    Según reportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta el momento se han localizado más de 30 mexicanos provenientes de diversos estados de la República, Michoacán, Distrito Federal y Monterrey, sobre todo, en donde todavía hay algunos desaparecidos.

    Se presume que en estos 7 países afectados había un número mayor de mexicanos vacacionando de los que hasta el momento no hay registro oficial.

    Gobiernos extranjeros comenzaron a enviar aviones cargados de víveres, medicamentos y equipos de socorro. El día de ayer estaba prevista una reunión en Ginebra entre los gobiernos donantes, los países afectados por el desastre y las organizaciones de socorro internacionales para definir las acciones más urgentes a tomar para la atención a las zonas dañadas.

    A las muertes de ha sumado el problema de los desplazados por los daños. Al momento se han contabilizado ya un millón de personas desplazadas en Sri Lanka, otras 50 mil en Tailandia y 30 mil en India, según cifras preliminares de la Cruz Roja.

    Según un vocero también de asuntos humanitarios de la Organización de Naciones Unidas, esto es algo que ha sido la mayor operación de ayuda humanitaria registrada en la historia de las Naciones Unidas.

    Frente a la dimensión del desastre, varios países han decretado el estado de emergencia para solicitar la ayuda internacional y aplicarla con eficacia.

    En nuestro país, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha instrumentado un operativo especial para atender los eventuales casos. Las representaciones diplomáticas se encuentran trabajando las 24 horas del día.

    Esta magnitud de la tragedia nos obliga a ser solidarios con las naciones afectadas, pues compartimos la terrible realidad de los desastres naturales, como aquí mismo se ha expresado.

    El espíritu humano no puede dejar de responder con generosidad a los sufrimientos del prójimo, yo creo que el mensaje alrededor de estas fechas es el compartir. Por ello, nos comprometemos a enviar las condolencias a los gobiernos de las naciones que han sufrido pérdidas humanas y se han visto desplazadas y damnificadas poblaciones enteras. La fracción parlamentaria del PRI se pronuncia porque esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, está comprometida a manifestar sus más sentidas condolencias a los gobiernos de Indonesia, India, Sri Lanka, Islas Maldivias, Malasia, Tailandia, Bangladesh, Somalia, Kenya y Tanzania así como a las familias de las personas que murieron en esta tragedia.

    Además, la comunidad internacional debe dirigir su atención hacia la prevención de desastres naturales y buscar la forma en que podamos enfrentar sus consecuencias en una estrategia internacional para la reducción de desastres naturales como un marco global de trabajo para la acción, ello requiere de una participación conjunta entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, instancias internacionales, comunidad científica, medios de comunicación y grupos multisectoriales dedicados a la prevención y reducción de desastres.

    La solidaridad no nace simplemente de la solución inmediata de las carencias, por el contrario, pone en marcha un dinamismo de complementariedad ya que somos seres inacabados, seres incompletos, la solidaridad se manifiesta con hechos.

    Es todo, señor Presidente.

    Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones RiveraEl Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias senadora.

    Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la Proposición.

    La Secretaria senadora María Lucero Saldaña Pérez: Con gusto, diputado Presidente.

    En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se considera suficientemente discutido la proposición.

    Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Por unanimidad, señor Presidente

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Suficientemente discutida.

    Esta Presidencia ha tomado nota de la propuesta que hizo la diputada Lizbeth Rosas, misma que ha estado sujeta hoy a votación y quizá también con algunas propuestas adicionales que deban de añadirse al mismo.

    La propuesta de la Presidencia para votar este tema es de que demos turno a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, a la propuesta que hizo el señor diputado Leonardo Alvarez Romo ya que es competencia de ellas mismas.

    Votemos la propuesta hecha por la diputada Lizbeth Rosas y adicionalmente, junto con ello, un mensaje de condolencias que ha descrito suficientemente bien la senadora Lucero Saldaña y que podía ser redactado de esta manera y está a su consideración

    Señoras y señores legisladores, el pasado 26 de diciembre países hermanos de la región Asia-Pacífico sufrieron el embate de un terremoto que provocó una catástrofe natural en la región del océano Indico.

    Esta Presidencia, a nombre de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Partido Convergencia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hace llegar su sentimiento más profundo de solidaridad con los pueblos y gobiernos hermanos de Indonesia, India, Sri Lanka, Islas Maldivas, Malasia, Tailandia, Bangladesh, Somalia, Kenya y Tanzania, con nuestras condolencias a las familias de quienes lamentablemente perdieron la vida en esta dolorosa tragedia de la que nadie puede ser ajeno.

    Firma, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el que hace uso de la voz.

    Consulte entonces la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición hecha por la diputada Lizbeth Rosas, con el añadido de este mensaje de condolencia que ha sugerido la senadora Lucero Saldaña.

    La Secretaria senadora María Lucero Saldaña Pérez: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición que ha hecho la diputada Lizbeth Rosas con el añadido que ha hecho la senadora Lucero Saldaña.

    Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Por unanimidad, diputado Presidente.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada y comuníquese.
    SAN JUAN IXTAYOPAN, DELEGACION DE TLAHUAC
    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al procurador general de la República a que realice una investigación seria, imparcial y sin sesgos políticos en el caso Tláhuac.

    La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su permiso, ciudadano Presidente.

    La que suscribe, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes consideraciones.

    Hace más de un mes se suscitaron hechos a todas luces reprobables, deleznables en San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac en el Distrito Federal. Desde el primer momento la Procuraduría General de la República atrajo el caso y es fecha que aún no tiene una investigación profesional, seria, pero sobre todo confiable; hasta ahora lo único que ha prevalecido en las instancias federales ha sido la venganza, la falta de objetividad y la creación de culpables; por no hablar de la detención de pobladores de San Juan Ixtayopan a todas luces violatorias de las normas y leyes en la materia mexicanas e internacionales, ya que por ejemplo existen muchas inconsistencias en las acusaciones que hizo la PGR en contra de algunos detenidos, como el hecho de que no se especifique en la consignación el grado de participación en los mismos hechos.

    A más de un mes, una vez más este caso se ha utilizado políticamente para golpear al gobierno de la Ciudad de México, esto quedó claramente manifestado ante la decisión del presidente Fox, de destituir al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y no tocar ni tan siquiera con una llamado de atención a Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública Federal, aun cuando él es directamente responsable de la actividad que desarrollaban los tres elementos de la PFP en Tláhuac.

    Pero este golpeteo político se está intensificando ahora, ante la noticia que la jefa delegacional en Tláhuac y el subsecretario de Seguridad Pública pasaron de testigos a indiciados, sin que haya vistos o luces de los hechos que se están investigando de manera seria y apegada a la ley con rectitud.

    A 36 días de estos reprobables hechos sólo hay temor y enojo en una comunidad, de que por el simple hecho de vivir en ella se es culpable, cuando menos de homicidio, situación que naturalmente ha provocado el anuncio de una movilización de protesta en contra del desaseado proceso que está realizando la PGR del Monumento de la Revolución al Zócalo el próximo 14 de enero.

    Al general Rafael Macedo de la Concha, le estorba la autonomía que la ley le otorga a la Procuraduría General de la República, el general no se aboca a una investigación seria, recta y pulcra, sino tal vez se está abonando para otros motivos; no se trata aquí de retorcer la ley para sacar raja política o afectar a los adversarios políticos, se trata de sacar a la luz la verdad.

    Es por ello que subo a esta tribuna, a conminar al procurador general de la República a que hable y actúe con la verdad, a que explique a la sociedad mexicana lo que realmente sucedió en san Juan Ixtayopan aquel 23 de noviembre, que con base en esta verdad aclare cuáles son estas tres versiones y cuál es la oficial del gobierno foxista. La verdad es ¿en torno a qué estaban investigando? ¿Narcomenudeo o acciones terroristas?

    Este tan sólo es un cuestionamiento original, del que se desprenden con el correr de los días más dudas que respuestas, entre otras las que destaco las siguientes:

    ¿Por qué si los elementos agredidos eran del área de investigación de terrorismo, se les encomendó una investigación sobre narcomenudeo?

    ¿Por qué se envió y se abandonó a su suerte a 3 policías en Tláhuac? ¿Cuántos elementos de la PFP se encontraban en San Juan Ixtayopan? ¿Cuántos eran del Cisen y cuál es el verdadero origen del último vídeo del linchamiento?

    ¿Qué respuesta ha dado el amigo del presidente Fox, Secretario de Seguridad Pública Federal, sobre la colaboración entre la Federación y el gobierno del Distrito Federal?

    El titular de la PGR cuenta con el convenio de colaboración, tal y como lo marca la ley que sienta las bases del sistema nacional de seguridad pública o acaso eran agentes encubiertos que no tenían motivo alguno para realizar tal investigación.

    Por lo antes expuesto y con fundamento en la normatividad mencionada, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

    Punto de Acuerdo

    Unico. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, general Rafael Macedo de la Concha, a que en el marco de la Constitución y las leyes mexicanas se apegue estrictamente a derecho, en el caso de las investigaciones de lo sucedido en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, el 23 de noviembre del 2004 y que entregue a esta soberanía, en la medida de los tiempos que la ley se lo permita, un informe detallado y completo de dicha investigación.

    Es cuanto, ciudadano Presidente.

    «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al procurador general de la República a que realice una investigación seria, imparcial y sin sesgos políticos en el caso Tláhuac, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD

    La que suscribe, diputada federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, conforme a las siguientes

    Consideraciones

    Hace más de un mes se suscitaron hechos a todas luces reprobables y deleznables en San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac en el DF, desde el primer momento la Procuraduría General de la República atrajo el caso y es fecha en que aún no se tiene una investigación profesional, seria, pero sobre todo confiable; hasta ahora lo único que ha prevalecido en las instancias federales ha sido la venganza, la falta de objetividad y la creación de culpables; por no hablar de la detención de pobladores de San Juan Ixtayopan a todas luces violatorias de todas las normas y leyes, en la materia, mexicanas e internacionales. Ya que, por ejemplo, existen muchas inconsistencias en las acusaciones que hizo la PGR en contra de algunos detenidos, como el hecho de que no se especifique en la consignación el grado de participación de los mismos en los hechos.

    A más de un mes, una vez más, este caso se ha utilizado políticamente para golpear al Gobierno de la Ciudad de México, esto quedó claramente manifestado en la autoritaria decisión del presidente Fox de destituir al secretario de Seguridad Pública del DF y de no tocar, ni tan siquiera con una llamada de atención a su amigo, Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública Federal, aún cuando éste es el directamente responsable de la actividad que desarrollaban los tres elementos de la PFP en Tláhuac.

    Pero este golpeteo político se está intensificando ahora, ante la noticia de que la jefa delegacional en Tláhuac y el subsecretario de Seguridad Pública del DF pasaron de testigos a indiciados sin que haya visos o luces de que los hechos se estén investigando de manera seria, apegada a la ley y con rectitud.

    A 36 días de esos reprobables hechos sólo hay temor y enojo en una comunidad, en la cual por el simple hecho de vivir en ella se es culpable cuando menos de homicidio, situación que naturalmente ha provocado el anuncio de una movilización de protesta, en contra del desaseado proceso que esta realizando la PGR; del monumento a la Revolución al Zócalo, el próximo 14 de enero.

    Al general Rafael Macedo de la Concha le estorba la autonomía que la ley otorga a la PGR, le queda grande la procuración de justicia y está a la expectativa de los deseos bizarros del jefe del Ejecutivo, el general no se aboca a una investigación seria recta y pulcra, sino que tal vez esta abonando para que en su momento a él se le apoye sin cortapisas para llegar al gobierno de algún estado; el general Macedo no ha entendido que no se trata de evadir responsabilidades sino de ser justos, no se trata de retorcer la ley, para sacar raja política, o afectar a los adversarios políticos, se trata de sacar a la luz la verdad.

    Es por ello que subo a esta tribuna a conminar al general procurador a que hable y actúe con la verdad, a que explique a la sociedad mexicana lo que realmente sucedió en San Juan Ixtayopan aquél 23 de noviembre, que con base en esa verdad aclare el Sr. Macedo cual de las tres versiones es la oficial del gobierno foxista, ¿la verdad es en torno a que estaban investigando narcomenudeo o acaso era una investigación antiterrorista o tal vez la última versión sobre presunta actividad guerrillera? ¿Cual es la verdad Sr. Macedo?

    Este tan solo es el cuestionamiento original del que se desprenden, con el correr de los días más dudas que respuestas, entre otras, destaco las siguientes:

    ¿Por qué si los elementos agredidos eran del área de investigación de terrorismo, se les encomendó una investigación sobre narcomenudeo?

    ¿Por qué se envió y se abandonó a su suerte a tres policías a Tláhuac?, ¿Por ineptitud del secretario de Seguridad Pública? O ¿Se actuaba de forma deliberada en contra de la propia ley orgánica de la PFP buscando generar un conflicto con fines inconfesables?

    ¿Cuántos elementos de la PFP se encontraban en San Juan Ixtayopan ese 23 de noviembre?, ¿Cuántos elementos del CISEN?, ¿Cuál es el verdadero origen del último video sobre el linchamiento difundido por los medios de comunicación?

    ¿Qué respuesta ha dado el amigo del Presidente Fox, secretario de Seguridad Pública sobre la colaboración entre la Federación y el Gobierno del DF para llevar a cabo el operativo del 23 de noviembre en San Juan Ixtayopan?

    ¿Tiene usted, como titular de la PGR, ese convenio de colaboración tal y como lo marca la ley que sienta las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública?, o ¿es acaso que, Ramón Martín Huerta nunca avisó al gobierno capitalino sobre la presencia de agentes encubiertos ni el motivo de la investigación?

    Por lo antes expuesto y con fundamento en la normatividad mencionada, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

    Punto de Acuerdo

    Único. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, general Rafael Macedo de la Concha, a que en el marco de la constitución y las leyes mexicanas se apegue estrictamente a derecho en el caso de las investigaciones de lo sucedido en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, el 23 de noviembre de 2004. Y que entregue a esta soberanía en la medida y en los tiempos que la ley se lo permita, un informe detallado y completo de dicha investigación.

    Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de diciembre de 2004.--- Dip. Lizbeth E. Rosas Montero (rúbrica).»

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputada.

    ¿Es su solicitud de obvia y urgente resolución?

    La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Sí, Presidente.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte entonces la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

    La Secretaria senadora María Lucero Saldaña Pérez: En consecuencia se consulta a la Asamblea si el anterior asunto se considera de urgente y obvia resolución.

    Quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo levantando la mano...

    Quienes estén por la negativa... No se considera, señor Presidente.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: No se considera de urgente resolución.Se turna entonces, para su atención, a la Primera Comisión de esta Permanente.
    ESTADO UNIDOS DE AMERICA
    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Arturo Nahle García, para presentar proposición con punto de acuerdo, relativa a la Ley 200 aprobada en el estado de Arizona, Estados Unidos de América, suscrita por diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    El diputado Arturo Nahle García: Gracias, diputado Presidente.

    «Proposición con punto de acuerdo, relativa a la Ley 200 aprobada en el estado de Arizona, Estados Unidos de América.

    Los que suscriben, legisladores y legisladoras de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes

    Consideraciones

    La Ley 200, ``Protege Arizona'', aprobada por mayoría de votantes en un estado que se ha hecho famoso por las brigadas caza migrantes, es una acción encaminada a impedir la eventualidad de avanzar ya no digamos en un acuerdo migratorio bilateral, sino ni siquiera la unilateral reforma migratoria que han planteado algunos legisladores estadounidenses que se encuentra en la agenda de discusión del Congreso de Estados Unidos.

    Evidentemente significa un enorme obstáculo para el acuerdo migratorio bilateral, y una amenaza directa contra los mínimos derechos que tienen los indocumentados mexicanos no sólo en Arizona sino también en otros estados fronterizos.

    La reelección del señor Bush, por cierto apoyada por algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya perfilaba, no sólo la continuidad de una política belicista a nivel mundial, sino el fortalecimiento en todo Estados Unidos del conservadurismo de ultraderecha que no respeta valores mínimos de la dignidad humana, aún cuando en declaraciones recientes, el señor Bush haya retomado su propuesta de trabajadores temporales que emitió el 7 de enero de este año.

    Esta Ley, que además cultiva la delación y la denuncia como base de la lucha contra la seguridad fronteriza, tiene como objetivo declarado por sus promotores el de obligar al gobierno federal a que enfrente el problema de la migración ilegal masiva y endurezca sus leyes migratorias y es una propuesta discriminatoria y violatoria de la Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias que México ha firmado y ratificado.

    La entrada en vigor a partir de enero, abrirá la posibilidad de que otros estados en los que viven cientos de miles de indocumentados mexicanos, como California y Texas, puedan tomar medidas similares a través de leyes promovidas por los grupos xenofóbicos que cada día toman más fuerza, pues a partir del 11 de septiembre del 2001, la política de seguridad nacional de Estados Unidos ha significado la construcción del miedo y que en el caso de la frontera México - EUA se ha querido ligar al terrorismo con la migración de mexicanos.

    Las autoridades federales de relaciones exteriores y de otras dependencias del gobierno federal han sido copartícipes de crear este clima adverso para la migración de mexicanos al dar apoyo y aval incondicional a programas como la repatriación voluntaria, las balas de goma, o a programas que se construyen desde la perspectiva estadounidense de su seguridad doméstica y que el gobierno federal acepta sin restricciones y defiende, como ha sido el Convenio de Fronteras Inteligentes que no separa la lucha en contra del terrorismo de lo que ha sido el fenómeno migratorio.

    El gobierno mexicano debería realizar una acción de tanta contundencia como cuando decidió retirar a nuestra embajadora en Cuba por supuestas violaciones a nuestra soberanía. Aquí en este tema, se estén violando los derechos más elementales de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos, por lo que exigimos al gobierno mexicano que actúe con dignidad y firmeza y no sólo a través de declaraciones, sino que apoye con una sola acción de tanta contundencia como el agravio a los grupos de la comunidad mexicana y de derechos humanos que se oponen a la ley y con esto mandar un mensaje para que la apelación ante la Suprema Corte de esta decisión discriminatoria y racista pueda tener éxito.

    Por lo antes expuesto, someternos a esta soberanía la siguiente proposición con

    Punto de Acuerdo

    Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que de conformidad con la facultad que le otorga la fracción II del artículo 89 constitucional, de inmediato retire al embajador de México en Estados Unidos de América, Carlos de Icaza González, como forma de protesta por la entrada en vigor de la Ley 200 aprobada en el estado de Arizona y de otras leyes discriminatorias y racistas que están a punto de ser aprobadas en el congreso estadounidense.

    Diputados: Eliana García Laguna, Jorge Martínez Ramos, Inti Muñoz Santini, Arturo Nahle García (rúbricas).»

    Muchas gracias.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.
    ESTADO DE OAXACA
    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar que prevalezcan las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica en la comunidad de Huautla de Jiménez, Oaxaca, que fue suscrita por la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra el diputado Arturo Nahle García.

    El diputado Arturo Nahle García: Gracias, diputado Presidente.

    «Proposición con punto de acuerdo, para solicitar que prevalezcan las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica en la comunidad de Huautla de Jiménez, Oaxaca.

    Las y los suscritos legisladores en esta LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución al tenor de los siguientes:

    Considerandos

    El pasado 27 de julio en el contexto previo a las elecciones del estado de Oaxaca, fue privado de la vida mediante golpes con palos y tubos Serafín García Contreras en las inmediaciones del municipio de Huautla de Jiménez.

    Relacionado con lo anterior fue detenido dentro de su domicilio, sin orden judicial de cateo ni orden de aprehensión, Agustín Sosa Ortega, bajo el cargo del homicidio de Serafín García Contreras.

    Las evidencias fotográficas que anexamos a este Punto de Acuerdo muestran un conjunto de personas con vestimenta civil que con palos y tubos golpean al hoy occiso, pero en ninguna de las gráficas se aprecia la presencia de Agustín Sosa.

    Cabe mencionar que los vecinos de la comunidad de Huautla de Jiménez han señalado la inocencia de Agustín Sosa Ortega y que en el pueblo se vive un clima de tensión y hostigamiento que les hace temer por su vida y su libertad por los hechos del pasado 27 de julio.

    Es indispensable fortalecer el Estado de derecho en el país a partir de las acciones institucionales y apegadas a la ley de todos los poderes públicos constituidos; en ese sentido la prioridad del Estado es garantizar que los derechos y libertades constitucionales sean respetados y protegidos, en consecuencia la responsabilidad de ser garante de la protección de los derechos de las personas en el estado de Oaxaca le corresponde a las instancias del poder ejecutivo estatal, así como preservar la integridad de todas las personas, sus derechos y sus bienes en el marco de la Constitución de la entidad.

    Es importante que a través de los conductos legales adecuados el gobernador del estado de Oaxaca sea el principal promotor, a través del Ministerio Público, de que las y los ciudadanos de la comunidad de Huautla de Jiménez cuenten con las garantías del debido proceso y se revise la averiguación previa que señala al señor Agustín Sosa Ortega y en caso de demostrarse que no se acredita su responsabilidad penal se promueva su libertad, y que a través del mismo Ministerio Público persiga y sancione a quienes cometieron el homicidio. Esta acción tendría la finalidad de generar un ambiente de distensión política y gobernabilidad a partir del respeto a la ley y a los derechos humanos.

    El 1º de enero de 2005 se dará el cambio constitucional del Presidente Municipal electo por la comunidad de Huautla de Jiménez, por lo que sería oportuno que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus obligaciones contribuya con la comunidad para garantizar un cambio pacífico de poderes tal como lo establecen las normas de la entidad y que las libertades fundamentales y las garantías de seguridad jurídica que consagra la Constitución Federal en beneficio de todos los habitantes de la citada comunidad oaxaqueña sean preservadas para el fortalecimiento del Estado de derecho y la paz social en la entidad .

    Esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión puede contribuir con sus buenos oficios a desactivar un conflicto que ya ha tenido saldos cruentos y sería importante prever las necesarias garantías para evitar el riesgo latente de una mayor violencia que vulneraría aún más la convivencia comunitaria futura.

    En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este honorable Pleno el siguiente:

    Punto de Acuerdo

    La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta:

    Primero.- Respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, para que conforme a sus facultades constitucionales y legales garantice un cambio de poderes pacífico y ordenado en el municipio de Huautla de Jiménez el próximo 1º de enero y que institucionalmente provea lo necesario para que los derechos y libertades fundamentales de sus habitantes sean preservados para el fortalecimiento de la convivencia comunitaria y el Estado de derecho en la entidad.

    Segundo.- Al gobernador del estado de Oaxaca para que a través de los conductos ministeriales adecuados considere los elementos testimoniales y periciales existentes a favor de Agustín Sosa Ortega y abran las averiguaciones previas hacia quienes realmente privaron de la vida a Serafín García Contreras.

    Tercero.- A todos los actores políticos y sociales de Huautla de Jiménez a que contribuyan con sus actos a generar un ambiente de civilidad y estabilidad que garantice la salvaguarda y fortalecimiento del tejido social en esa comunidad.

    Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de diciembre de 2004.--- Dip. Eliana García Laguna (rúbrica), Dip. Arturo Nahle García.»

    Es cuanto.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

    La Secretaria senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se consulta, en votación económica, a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

    Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo...

    Quienes estén por la negativa... No se considera urgente.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese entonces, para su conocimiento y desahogo, a la Primera Comisión de Trabajo.
    BANRURAL
    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público, al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al director liquidador de Banrural para que realicen la transferencia de derechos de las bodegas ubicadas en la Central de Abastos de la Ciudad de México.

    La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su permiso, ciudadano Presidente.

    «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público, al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al director liquidador de Banrural para que realicen la transferencia de derechos de las bodegas ubicadas en la Central de Abastos de la Ciudad de México, solicitada por la Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina.

    La suscrita diputada federal en esta LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

    Consideraciones

    Con fecha 5 de junio de 2003 la Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina, AC, como actuales usuarios de las bodegas de la Central de Abastos de la Ciudad de México, solicitaron la transferencia de derechos de uso de dichas bodegas al gerente del Banco Nacional de Crédito Rural, SNC, por su siglas conocido como Banrural. Ello debido principalmente a la situación actual de la financiera mencionada que por decreto del 13 de diciembre de 2002 se ordena su disolución, y su liquidación a partir del 1º de julio de 2003.

    Ante los diferentes escritos signados al director de dicha institución financiera, el Lic. Alfredo Gómez Aguirre, el 2 de octubre de 2003 las partes se reunieron y acordaron la transferencia y la respectiva tramitación del derecho de uso de las bodegas.

    Sin embargo después de esta reunión, Banrural, o mejor dicho, su director así como los funcionarios el Lic. Adrián Fajardo Castellanos y la Lic. Maria Villafuerte García, han aplazado una y otra vez el acuerdo antes mencionado. Ya ha pasado más de un año, y esta institución lo único que ha hecho es incrementar el número de ``requisitos'' y no reconocer las propuestas para realizar la transferencia.

    Pese a que cada que Banrural emite un nuevo requisito para que se pueda realizar la transferencia, la Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina, AC, ha manifestado y ha hecho patente soluciones y propuestas, sin embargo, esto se ha vuelto una cadena de trámites y pretextos burocráticos pues ante cada propuesta que dicha organización campesina realiza, Banrural pone otra traba más para negar la transferencia de los bienes a los locatarios.

    La Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina, AC, haciendo un esfuerzo para solucionar esta gestión ha decidido aportar el 22% del monto global, esto es el valor en libros así como los adeudos por arrendamiento, mantenimiento y seguro. Para que Banrural realice la transferencia de derecho de uso de las bodegas de la Central de Abastos.

    En virtud de lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la normatividad mencionada, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición

    Puntos de Acuerdo

    Primero.- Se hace un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al director general de Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al director liquidador de Banrural para que den respuesta pronta, así como solución a este problema que aqueja a diversas organizaciones campesinas.

    Segundo. Se exhorta al director liquidador de Banrural para que de manera inmediata realice la transferencia de derechos de las bodegas ubicadas en la Central de Abastos de la Ciudad de México, solicitada por la Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina, AC.

    Tercero. Y que esta institución financiera acepte el monto propuesto por dicha Asociación Civil, o en su defecto haga una propuesta seria y concreta para solucionar el problema mencionado.

    Palacio Legislativo a 29 de diciembre de 2004.--- Dip. Lizbeth E. Rosas Montero (rúbrica).»

    Gracias, es cuanto, ciudadano Presidente.

    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, ciudadana diputada. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
    MINERA SAN XAVIER
    El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Arturo Nahle para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se acate la ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y que cancele el permiso de operación a Minera San Javier, SA de CV.

    El diputado Arturo Nahle García: Gracias, diputado Presidente.

    La presente proposición con punto de acuerdo la suscribe un grupo de diputados federales del grupo parlamentario del PRD, la diputada María Sara Rocha Medina, secretaria de esta Comisión Permanente del grupo parlamentario del PRI, así como el diputado Leonardo Alvarez Romo del Partido Verde Ecologista.

    «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que acate, sin demora, la ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de fecha 1 de septiembre de 2004, que cancela el permiso de operación condicionada a Minera San Xavier, SA de CV.

    Las y los legisladores suscritos, integrantes de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

    Consideraciones

    Primera.- La Minera San Xavier, en el municipio de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, ha generado el rechazo de ejidatarios y pobladores de los municipios de Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, así como de organizaciones, habitantes de la capital potosina y de amplios sectores de la sociedad mexicana, fundamentalmente por el inminente riesgo a la salud al que se exponen millón y medio de habitantes del Valle de San Luis, así como por los irreversibles daños al patrimonio histórico, ambiental y cultural de ese estado y de la nación.

    Todo esto por el método de extracción que pretende llevar a cabo dicha minera, y el cual combina dos métodos: el primero, conocido como ``tajo a cielo abierto'' y en el que se utilizan al menos 25 toneladas de explosivos para desaparecer kilómetro y medio de montañas, entre ellas el emblemático Cerro de San Pedro y su Villa Histórica; el segundo, conocido como ``lixiviación por montones'', que implica la utilización diaria de 16 toneladas de cianuro combinadas con 32 millones de litros de agua (en pleno desierto) para separar metales justo en la zona de recarga del acuífero que surte agua potable a los habitantes de la capital potosina y a la cuenca lechera de Soledad de Graciano Sánchez.

    Segunda.- El caso de Minera San Xavier ha sido materia de una reiterada discusión en el Poder Legislativo federal. En la pasada Comisión Permanente fueron presentados 3 puntos de acuerdo, incluso el Pleno de la Comisión Permanente se pronunció a favor de exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Alberto Cárdenas, a presentar un informe pormenorizado en función de las flagrantes violaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente que fueron documentadas ante este órgano legislativo. Durante el último periodo ordinario de sesiones el diputado Omar Ortega Álvarez presentó un punto de acuerdo relativo al tema en la Cámara de Diputados; a su vez, los senadores Jesús Ortega y la senadora Yolanda Eugenia González presentaron distintos puntos de acuerdo en la sesión ordinaria correspondiente al 30 de noviembre en el Senado de la República.

    Tercero.- El 1 de septiembre de 2004 la Sala Superior del Tribunal de Justicia y Administrativa emitió la sentencia ejecutoria por la cual se cancela el permiso de operación que la autoridad ambiental otorgó a Minera San Xavier en 1999. Además el 1 de diciembre de 2004 el Tribunal Unitario Agrario emitió la sentencia ejecutoria por la cual se cancelan los contratos de arrendamiento que Minera San Xavier firmó con falsos ejidatarios del municipio de Cerro de San Pedro, SLP. Esto quiere decir que la base legal para fundamentar el establecimiento y operación de Minera San Xavier ha sido cancelada. Sin embargo Minera San Xavier continúa operando normalmente.

    Cuarto.- Ante el empecinamiento de las autoridades estatales y federales por impulsar el proyecto, los opositores promovieron y obtuvieron a su favor diversos amparos y suspensiones, a efecto de que no se emitieran los permisos y licencias de construcción y funcionamiento, de consumo y uso de explosivos y de ocupación temporal, como consta en los juicios de amparo 564/2004, 909/2004 y 1934/2004 en el juzgado segundo de distrito en San Luis Potosí. No obstante, las autoridades e instituciones responsables distrito en San Luis Potosí. No obstante, las autoridades e instituciones responsables de emitir actos de autoridad no respetaron las suspensiones e incurrieron en desacato judicial.

    Quinta.- No obstante, el pasado fin de semana la Secretaría de la Defensa Nacional determinó suspender el permiso de compra y consumo de explosivos otorgado a Minera San Xavier en un gesto que debe ser interpretado como la determinación de acatar y respetar la legalidad y mantenerse al margen de intereses económicos particulares.

    Sexta.- Cabe decir que con la sentencia ejecutoría emitida el 1 de septiembre de 2004 por la Sala Superior del Tribunal de Justicia y Administrativo se anulan todas y cada una de las licencias y permisos emitidos por las autoridades, ya que son parte de la condicionante No. 10 del permiso de operación condicionada que la autoridad ambiental emitió a favor de la minera y que fue cancelada por el Tribunal.

    Por todo lo anterior, someternos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

    Punto de Acuerdo

    Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a que acate sin demora la ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de fecha 1 de septiembre de 2004, que cancela el permiso de operación condicionada a Minera San Xavier, SA de CV.

    Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 29 días del mes de diciembre de 2004.--- Diputados: Eliana García Laguna, Víctor Suárez Carrera, Jorge Martínez Ramos, Inti Muñoz Santini, Rosario Herrera Tapia, Jesús Ortega Martínez, Arturo Nahle García (rúbricas).»

    Es cuanto.

    Presidencia del diputado Alfredo Villegas ArreolaEl Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente.
    CONTROVERSIA CONSTITUCIONALEl Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: El siguiente punto del orden del día es agenda política.

    Para fijar un posicionamiento en relación con la decisión de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han solicitado el uso de la palabra los siguientes oradores:

    El diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo; el senador Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional y el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Partido Revolucionario Institucional.

    Tiene el uso de la palabra....

    El senador Jesús Galván Muñoz (desde su curul): Señor Presidente, solicito se me inscriba para hacer uso de la palabra.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: ¿Con relación al mismo tema? Jesús Galván. Bien.

    Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática.

    El diputado Javier Salinas Narváez: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

    La semana pasada la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió dar entrada a la controversia constitucional presentada por el Presidente de la República, para suspender diversas partidas aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

    Esa determinación ha implicado el congelamiento de una serie de recursos específicos del Presupuesto de Egresos por un monto de 4 mil 195 millones de pesos, que sin duda tendrá efectos muy negativos para las finanzas de estados, municipios y universidades del país.

    La congelación de esos recursos afectará a 31 obras de remodelación o construcción de carreteras, el programa de infraestructura básica para pueblos indígenas, la renovación de equipo de la Armada de México, bibliotecas y proyectos culturales, así como diversos proyectos para obras de infraestructura deportiva a lo largo y ancho del país.

    Por la manera en que se generó la decisión de la Comisión de Receso de la Suprema Corte, no tiene precedente y compromete gravemente la relación entre los poderes de la Unión y la propia constitucionalidad del país, ya no hablemos de los pronunciamientos de los propios magistrados sobre los contenidos del presupuesto y sobre una supuesta reducción en el monto de los recursos para la Corte, que obligaría a alguno de ellos a que se abstuvieran de participar en la deliberación del tema por un evidente conflicto de intereses.

    De lo que sí vale la pena hablar, es de la opinión de distintos juristas y constitucionalistas, abogados experimentados y conocedores del derecho mexicano, han expresado porque desde su perspectiva la mencionada comisión de receso se ha tomado atribuciones que no le competen; opiniones que coinciden con el reclamo hecho por el Presidente de la Cámara de Diputados y que dan cuenta de una genuina preocupación por el exceso que en el ejercicio de atribuciones cometió la Comisión de Receso de la Suprema Corte.

    Atribuciones, como la de dar entrada a la controversia constitucional y nombrar al ministrito instructor que se hará cargo del dictamen del caso que han violentado el procedimiento.

    En el Partido de la Revolución Democrática, queremos dejar muy claro que no se trata aquí de cuestionar la facultad del máximo tribunal del país para determinar la constitucionalidad de un decreto aprobado por la Cámara de Diputados, se trata de denunciar la irregularidada admisión de la controversia que puede viciar todo origen de todo proceso.

    ¿Cómo vamos a confiar más tarde en una sentencia apegada al derecho, si de inicio se trastocó la legalidad? No es un asunto menor, pues estamos hablando de la máxima instancia jurisdiccional del país y si ahí se quiebra la ilegalidad, ¿qué podemos esperar en el resto de los juzgados y tribunales de México?

    Vivimos un momento difícil de la vida de la nación debido al progresivo desapego del orden legal alentados desde el Poder Ejecutivo. Por ese motivo es aún más indispensable que todas las autoridades de todos los niveles y en todo procedimiento jurídico, se ciñan estrictamente a la legalidad, el país no está para suspicacias porque mucho de lo que se pone en riesgo en este caso, nada menos que es la certeza e imparcialidad en el actuar del máximo tribunal del país.

    ¿Qué mensaje recibirán los ciudadanos si desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se obvian trámites y se pretende violentar la legalidad? ¿Es eso lo que queremos, un país sin la mínima confianza en la actuación de los jueces y magistrados?

    Lo significativo del tema del presupuesto no es quién gane o pierda la controversia, estamos seguros que la razón le corresponde a la Cámara de Diputados, lo más importante es que el procedimiento sea apegado a derecho y no se vulnere la legalidad.

    Por esos razones, en el Partido de la Revolución Democrática creemos que es necesario y urgente un pronunciamiento conjunto de la totalidad de los ministros de la Corte sobre la ilegalidad de origen que rodea la admisión de la controversia.

    Hacemos un llamado al Presidente de la Corte para que se pronuncie lo más pronto posible sobre las decisiones que ha tomado la Comisión de Receso y vuelva las cosas a un clima de certeza.

    Queremos que se haga explícito si la mencionada Comisión de Receso actuó a la ligera, si no es que de mala fe al admitir la controversia constitucional. Investigaremos si incurrió en responsabilidad al nombrar al ministro instructor, si arbitrariamente suspendió las diversas partidas del Presupuesto de Egresos para el 2005 y si habrá lugar a juicio político.

    Señoras y señores legisladores, resulta muy preocupante para el país, que los poderes federales estemos inmersos en este debate sólo porque al Presidente de la República no le gustó el Presupuesto; qué grave que este 2004 termine en medio de una polémica que dividirá aún más a los mexicanos, que contribuirá a enrarecer más el clima político y que no augura en el 2005 donde privilegie el diálogo y la tolerancia.

    Con conocimiento de causa o sin él, se le está haciendo un daño innecesario a las instituciones del país en la irresponsabilidad política, en su más acabada expresión.

    Pareciera que lo que la Presidencia de la República quiere no es tanto que aquellas partidas no se ejecuten, sino que los poderes Judicial y Legislativo de la Federación se vean enfrentados, lo que mueve a la Presidencia es un espíritu de revancha no de aceptar que las y los diputados tenemos la razón y actuamos en el marco de la Constitución. Se piensa perversamente que se puede construir un desprestigio propio a costa del desprestigio ajeno.

    ¿Se imaginan, si los mexicanos volvieran a creer en el ``país de las maravillas'', si miran un pleito entre el Congreso y la Suprema Corte de Justicia? Se equivocan quienes así piensan. Los mexicanos no volverán a creer en el gobierno del supuesto cambio porque ya se les agotó la paciencia, porque después de cuatro años ya se dieron cuenta que lo que tienen enfrente es un montaje, un reality show que sólo sirve para el entretenimiento masivo, pero no para atender los graves problemas nacionales.

    Un gobierno que está dispuesto a todo: a que se dejen de construir carreteras, a que se cancelen proyectos de inversión, a que se deje de apoyar a los estados o municipios con tal de no aceptar que se equivocó; que el principal error no fue querer negociar a tiempo un presupuesto de consenso, sino imponer uno a modo; que con soberbia se quiso pasar por encima de la voluntad de los legisladores y se intentó utilizar a la Cámara de Diputados como una oficialía de partes.

    No lo permitiremos entonces y no lo permitiremos ahora. Vamos a luchar porque se respete la decisión de la mayoría de la Cámara de Diputados, vamos a recurrir a todos los instrumentos jurídicos que la ley nos otorga para combatir la irresponsabilidad de la Presidencia de la República. Muchas gracias.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Tiene la palabra el diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, para fijar el posicionamiento.

    El diputado Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

    Para no quedar en vergüenza ante la opinión pública, Fox cumplió su amenaza de querellarse contra la Cámara de Diputados, porque aprobamos un presupuesto con sentido social y para el pueblo.

    Es tal la incapacidad del gobierno de Fox, que su consejero jurídico formuló la controversia constitucional basándose en un documento diferente a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo más grave de este asunto es que los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, omitieron esta grave irregularidad y sobre esa base otorgaron la suspensión de las partidas de gasto impugnadas.

    No tuvieron el cuidado de confrontar los dichos del consejero jurídico con la veracidad y legalidad de las fuentes que estaba utilizando para sustentar la admisión de la controversia; incluso el ánimo relajado que priva en estos días de fiestas decembrinas, los llevó a no revisar de manera minuciosa la confrontación de las cifras, de los recursos, que el Poder Ejecutivo solicitaba fuese suspendida su ejecución.

    Ellos hablan de un monto de 4 mil 195 millones de pesos, mientras que el documento enviado a la Corte por el Ejecutivo federal señala una cifra superior a los 6 mil millones de pesos. Nos preguntamos ¿qué documento revisaron los citados ministros?

    Dada la gravedad de los hechos en que incurrieron los dos ministros señalados, nuestro grupo parlamentario promoverá una denuncia de juicio político en su contra por no haber acatado las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.

    Queda claro que los ministros señalados están actuando bajo consigna de torcer el sentido de la legalidad que establece la Constitución de la República. También nos queda claro que el Presidente Fox está dando palos de ciego y que lo único que quiere es llevar al extremo su confrontación con el Poder Legislativo. Quiere pasar la factura a una instancia que está haciendo todos los esfuerzos por enderezar el rumbo del país que él mismo se ha encargado de arruinar.

    Impugna un presupuesto que por incapacidad política no supo negociar con las demás fuerzas políticas y así lograr un presupuesto de egresos consensado. Cabe decir que muchas de las readecuaciones que hizo la Cámara fueron avaladas por los diputados de Acción Nacional en las comisiones que discutieron las propuestas del ramo respectivo.

    Queda demostrado una vez más que el Presidente utiliza un doble discurso. Por un lado pide que se anule el ejercicio de un ínfimo monto de gasto que apenas representa el 0.23 por ciento de los egresos totales y, por otro, solicita la invalidez de los anexos 2 al 20 del decreto, que representan el 45 por ciento del total del presupuesto.

    Ha hecho mucho ruido para tan pocas nueces. Quiere arrogarse el derecho de decidir la forma en que debe ser ejercido el gasto público. Está esperando ---deberá hacerlo sentado porque se va a cansar--- que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le diga que le asiste la razón y que la Cámara de Diputados se vea forzada a discutir un nuevo presupuesto de gasto para el país.

    Cree que puede meter las manos para imponer un gasto público que no construye suficientes escuelas, hospitales, carreteras; que no genera empleos y en cambio quiere que los recursos se usen para favorecer a los banqueros y a sus amigos, a los Amigos de Fox.

    Desde aquí queremos decirle al Presidente que la razón y la legalidad le asisten a la Cámara de Diputados. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo no va a dar un solo paso atrás en la defensa del presupuesto de egresos que ya aprobamos.

    Desde aquí le exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que actúe con imparcialidad y que en apego a estricto derecho resuelva esta controversia. Es cuanto.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Para referirse al mismo tema, tiene la palabra el senador Jorge Zermeño Infante, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

    El senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor Presidente.

    A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional queremos manifestar nuestro rechazo a las expresiones que aquí se han manifestado en este posicionamiento del PRD respecto a la suspensión dictada por la Corte en la controversia constitucional en el señalamiento, cuando dice que tenga efectos negativos en las finanzas de las universidades, toda vez que en este aspecto no existe ningún rubro del presupuesto en el que se dio la suspensión referida precisamente a este rubro.

    Se hace una serie de afirmaciones, de supuestos terceros perjudicados precisamente para tratar de señalar aspectos que ni siquiera están contemplados en la propia controversia presentada por el Ejecutivo.

    Nos parecen una ligereza varias de las afirmaciones aquí contenidas. Se dice también que es una decisión que compromete gravemente la relación entre los poderes de la Unión.

    Nosotros afirmamos que de esta naturaleza muestran un gran desconocimiento del Estado de derecho, toda vez que es una función de normas expedidas por el propio Congreso de la Unión que posibilitan dirimir las diferencias entre los poderes a través de la vía constitucional, como lo es, en su caso, la controversia constitucional.

    Con respecto a las declaraciones de distinguidos abogados en relación a la admisión de la controversia constitucional, no pasan de ser apreciaciones personales de carácter subjetivo que en nada afectan la decisión tomada por los ministros de la Corte y que, por supuesto, no deben influir en la correcta interpretación del derecho constitucional.

    Al efecto cabe recordar que en un Estado de derecho como el nuestro todas estas opiniones deben hacerse valer en el expediente de la controversia, pues es ahí donde se le otorga validez, valor jurídico y en su caso son materia de la resolución que recaiga sobre este asunto.

    Lo que se expresa en el propio posicionamiento del PRD no pasa también de ser apreciaciones que en nada contribuyen al fortalecimiento de las instituciones ni a la división de poderes, ni al respeto de los poderes, ni a a búsqueda de la verdad jurídica que está por dirimirse en un proceso jurisdiccional. Afirmar violaciones en la admisión de la controversia y concluir en censuras y amenazas de juicio político hacia los ministros de la Corte que asumieron esta determinación, solamente demuestra la intolerancia, la amenaza y el chantaje de quienes sólo aceptan como verdad la suya.

    Los legisladores de Acción Nacional rechazamos estas actitudes maniqueas, manifestamos nuestro respeto al Poder Judicial y a todos y cada uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde ahora señalamos nuestra confianza en su trabajo, nuestra confianza en que la resolución de fondo que se tome sobre este importante asunto, se haga conforme a nuestra Constitución.

    Pero también queremos que en esta controversia se defina de una vez por todas los alcances que debe tener el Ejecutivo para hacer observaciones tanto a las leyes como a los decretos, como en este caso al Presupuesto de Egresos de la Federación, como también nos interesa que se defina de una vez por todas los alcances que debe tener la modificación que en su caso pueden hacer los diputados al presupuesto de egresos para que de una vez por todas y de aquí en adelante, los mexicanos y los legisladores en este caso, tengamos la certidumbre jurídica de hasta donde podemos llegar sobre este asunto. Esto es lo que le interesa a la nación. Para evitar que de aquí en adelante se sigan emitiendo juicios ligeros, se sigan emitiendo presiones y chantajes, se sigan haciendo prejuicios sobre asuntos tan importantes para la nación como el asunto que en este momento debemos estar atentos a que lo resuelva quien tiene la facultad constitucional para interpretar los alcances de nuestra Constitución.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Un momento señor orador.

    Diputado Nahle.

    El diputado Arturo Nahle García (desde su curul): Para una pregunta al señor orador.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: ¿Acepta usted una pregunta de parte del diputado Arturo Nahle?

    El senador Jorge Zermeño Infante: Sí, Presidente.

    El diputado Arturo Nahle García (desde su curul): Señor senador, usted comenta que en este tipo de procedimientos jurisdiccionales como lo son las controversias, cualquier opinión, cualquier punto de vista, cualquier interpretación debe expresarse formalmente ante la instancia, hay que promover, no simplemente hacer declaraciones. Cualquier inconformidad, incluso usted señala, debe hacerse valer por las vías que en este caso señala la ley reglamentaria de las fracciones I y II del 105 constitucional.

    En ese tenor, yo le preguntaría señor senador, ¿entonces considera usted que está desapegado a lo que establece esta ley la rueda de prensa que dieron los dos ministros integrantes de la Comisión de Receso el día 22 de diciembre por la noche? En todo caso no había que ajustarse a la emisión de los autos que ellos suscribieron en lugar de citar a ruedas de prensa por TV nacional.

    El senador Jorge Zermeño Infante: Yo creo que vivimos en un país libre en donde habiendo sido tan criticados por ustedes, en este caso los dos ministros que aceptaron y le dieron entrada a la controversia que no la han resuelto de fondo y que otorgaron la suspensión, como es el caso no solamente en este asunto tan importante que debían haberlo hecho, como en la gran mayoría de los amparos que se solicitan en este país, de tal manera que el que ellos respondan a algunas de las declaraciones hechas, yo diría de manera ligera por muchos de ustedes, empezando por el Presidente de esta Cámara de Diputados, que debería de tener mayor prudencia dada la responsabilidad del cargo que tiene, representando a todos los diputados de todas las fracciones parlamentarias, me parece que lo menos que puede hacer alguien que ha sido tan criticado como lo han sido estos dos ministros por ustedes, puedan también decir su verdad.

    Pero lo que importa o lo que interesa en este caso, señor diputado, es que tengamos una cultura de respeto hacia las facultades o las funciones que tenemos todos; si desde aquí se amenaza con que si no se resuelven las cosas como a algunos les gusta, ya se les está promoviendo un juicio político; si desde aquí se está amenazando con que ya no se van a aprobar, por ejemplo, una iniciativa aprobada en el Senado de la República y que ha sido un anhelo de hace muchos años del Poder Judicial el poder tener derecho de iniciativa en los asuntos que le competen directamente al Poder Judicial y que ahora con este clima está la amenaza del juicio político y de no aprobar esta iniciativa, pues me parece simplemente que demuestra una enorme intolerancia.

    Y yo creo que estamos para dar un ejemplo de sensatez y de esperar a que con razones jurídicas se demuestre precisamente si hay razón de un lado o hay razón del otro.

    Creo que esto es lo que debe interesar a todos y no emitir prejuicios ni amenazas anticipadas. Muchas gracias.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Sobre este mismo tema, tiene la palabra el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

    El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Compañeras y compañeros legisladores:

    Más que posicionamiento, vengo como responsable legal de la Cámara de Diputados a comentarles varias de las acciones y el motivo de las mismas, que hemos llevado a cabo para responder conforme a nuestras facultades y en defensa de las facultades del Poder Legislativo y en específico, de la Cámara de Diputados.

    El tema principalísimo aquí es que estoy cierto, la mayoría de los diputados desde el momento en que iniciamos este largo y sano debate que está a discusión sobre facultades y competencias, estábamos ciertos que debería de concluir.

    Si quería proceder el Poder Ejecutivo a llevar a cabo una demanda de controversia constitucional era altamente saludada, no nada más saludable, incluso llegamos al momento a decir: ``si no lo hace el Poder Ejecutivo, deberemos de hacerlo nosotros, la Cámara de Diputados, para que de una vez por todas'', como bien dice el senador Zermeño, ``quede perfectamente claro cuáles son las facultades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en esta materia, de si puede o no hacer observaciones al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados''.

    El envío de regreso del Presupuesto al Presidente de la República, motivó por parte del Presidente de la República, del Poder Ejecutivo, esta demanda de controversia constitucional.

    Todo creo que iba bien y teníamos que esperar entonces que la Corte, con su respetabilidad, con su honorabilidad, estudiase y resolviese, y resolviese en definitiva, en definitiva algo que se ha prolongado por muchos años, desde 1919 en una discusión si tiene o no derecho a hacer observaciones el Ejecutivo.

    Por parte de la Cámara de Diputados, y del Presidente de la Cámara de Diputados, existe un enorme respeto hacia la Suprema Corte de Justicia y sus decisiones, así como también la búsqueda constante de fortalecer a nuestras instituciones democráticas y sobre todo, buscar salvaguardar a la República.

    Señalar incorrectos procedimientos por parte algunos ministros de la Corte, no demerita, de ninguna manera al Poder Judicial, sino que lo invita a reconsiderar a favor del Estado de derecho, como bien se ha manifestado aquí, su decisión que ha tomando y reencauzar sus procedimientos por el rumbo adecuado, o sea, evitar que se siga procediendo irregularmente.

    ¿Cuál es el motivo de nuestro recurso, interpuesto apenas hace unos días, de nulidad? Se sustenta en un acuerdo, un acuerdo que suscribió el pleno de la Suprema Corte de Justicia, que obviamente deja mucho que desear.

    Deja mucho que desear desde su redacción. En este acuerdo, por principio existen en los considerandos dos artículos terceros, que obviamente hablan de cuestiones distintas. Si esto fuera simplemente una fe de erratas que pudiera resolverse, es de humanos errar, equivocarse, parecería que entonces tendrían que resolverse otros asuntos que marcan aquí mismo cuál fue el motivo de esta obsequiosa y rápida forma de hacer un acuerdo para resolver lo que ya resolvía la ley orgánica y sobre todo la ley reglamentaria del 105 constitucional. Eso es muy importante.

    Y en el artículo 3° segundo, o sea, no el artículo 3° primero, se comete un nuevo error en el acuerdo y tratándose de la Suprema Corte de Justicia es muy grave, porque habla de cómo, para poder habilitar los días inhábiles, podrían acogerse al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales.

    La Corte, en este momento está creando un código inexistente...

    La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde su curul): Señor Presidente.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Un momento, señor orador.

    La diputada Lizbeth Rosas.

    La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde su curul): Quisiera hacerle una pregunta al orador.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Desea hacerle una pregunta. ¿Acepta usted?

    El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante diputada.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Adelante diputada.

    La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde su curul): Ciudadanos Presidente, para que nos pudiera precisar cuáles son las acciones que la Presidencia de la Mesa Directiva está llevando a cabo para poder defender la decisión que aprobamos.

    El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Como no, diputada.

    Es importante y es a lo que me estaba refiriendo en este momento, de cómo en este incidente de nulidad estamos queriendo corregir una irregularidad en el acuerdo.

    Le comentaba a ustedes, señores legisladores, que no nada más es repetir ese artículo 3° más bien, ese considerando 3°, sino que adicionalmente la Corte creó un código inexistente a donde tiene que referirse entonces el ministro instructor que indebidamente fue nombrado por los ministros que se encontraban en receso, apoyados en un acuerdo irregular que en su artículo único legisla.

    Siendo que la ley reglamentaria del 105 constitucional es sumamente clara, jutno con la Ley Orgánica del Poder Judicial de quién puede nombrar al Ministro Instructor y es solamente el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

    En este artículo único se le dan facultades adicionales a los ministros que conocen del receso de la Cámara y en estas facultades extraordinarias por encima, diputada, por encima de lo que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial en el cual establece, en su artículo 14, fracción XVIII sobre las facultades del Presidente de la Suprema Corte de Justicia que dice: ``Nombrar al ministro o ministros que deben proveer los trámites en asuntos administrativos de carácter urgente durante los periodos de receso de la Suprema Corte de Justicia''.

    El acuerdo dice que los ministros que estarán encargados de cubrir el receso, además de proveer los trámites urgentes en asuntos administrativos y en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad también, dice, deberán proveer los trámites urgentes y asuntos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

    Si algo está registrado tanto en la ley orgánica como en la ley reglamentaria del 105, son facultades expresas, como también en la ley reglamentaria existe una disposición expresa sobre los recesos de la Corte y dice con concreción el artículo 3º, fracción III: ``...los plazos en tema de controversia constitucionales, de conformidad con las reglas siguientes se computarán. No correrán durante los periodos de receso ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia''.

    Ah, el artículo 1º dice algo muy importante: ``... si no hay disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles''. Habiendo disposición expresa, no tiene por qué adoptarse de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y menos podría apoyarse en el inexistente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales que viniendo de la Suprema Corte de Justicia como acuerdo, pues deja mucho que desear y enseña la rapidez obsequiosa con la cual se trata al Poder Ejecutivo.

    ¿Quién puede defender entonces, como legislador, que las facultades legislativas puedan hoy recaer en el Poder Judicial?, ¿a qué estaríamos sujetos en el futuro si generamos un precedente de esta naturaleza? Estábamos hablando de competencias de los poderes y sobre todo de respeto a cada una de sus áreas.

    Por ello, lo que ha hecho el Poder Legislativo y en específico la Cámara de Diputados, es denunciar estas irregularidades y además, solicitando, diputada, estas irregularidades sean corregidas y que se reponga el procedimiento. Si quiere la Suprema Corte de Justicia y estoy seguro que la autoridad moral de la mayoría de sus miembros nos puede obsequiar ese paso, puede admitir, obviamente debe admitir la demanda de controversia constitucional del Poder Ejecutivo, pero lo debe de hacer, respetando, como obligación, la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y también la ley reglamentaria del 105 constitucional.

    Admitir este acuerdo y dejarlo subsistente, no nada más va en contra de la Cámara de Diputados o del Poder Legislativo, va en contra de cualquier ciudadano que en el futuro pueda ser objeto del uso de este acuerdo; porque este acuerdo estará en vigor en todos los periodos de receso que tenga de aquí en adelante la Suprema Corte de Justicia y eso sí es peligroso, porque entonces todos los periodos vacacionales que tenga la Suprema Corte de Justicia serán suficientes para que las barras de abogados o para que los abogados defensores, para que los ciudadanos, estén verdaderamente inquietos y tronándose los dedos de qué es lo que puede suceder cuando un ministro que conoce del receso, asume las facultades del pleno o del Presidente.

    Sería algo así tan extraño, como que la Cámara de Diputados o el Poder Legislativo en sí, hiciera un acuerdo para que la Comisión Permanente en un futuro no nada más reciba las propuestas, los puntos de acuerdo, las iniciativas de los legisladores, sino que turne y posteriormente las apruebe y les hagamos el trabajo entonces a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, lo cual sería más sencillo. Es sumamente peligroso.

    Así como el Poder Legislativo no puede conocer de controversias constitucionales, el Poder Judicial no puede conocer de asuntos legislativos. No puede legislar.

    Eso es lo que estamos defendiendo y no estamos defendiendo a la Cámara de Diputados simplemente, estamos defendiendo a los ciudadanos mexicanos, a todos aquellos que creen en la división de poderes y creen también y están seguros de la honorabilidad de la Corte. La Corte hoy tiene en sus manos la posibilidad de rectificar --que es de sabios hacerlo--, reponer el procedimiento y, si quiere admitir la controversia que lo haga, pero que lo haga desde el principio respetando la ley.

    Eso es lo único que nosotros pedimos. Hablar de que cualquier legislador como cualquier ministro de la Corte puede ser sujeto a juicio político cuando viola la ley no es ninguna amenaza. Eso es lo que prevé también nuestra legislación.

    Hablar de que estos ministros que conocieron se vieron muy obsequiosos es nada más decir la verdad porque al apoyarse, para hacer inhábiles los días hábiles, en el Código de Procedimientos Civiles en lugar del único que estaba autorizado por el acuerdo para que viese los días inhábiles para hacerlos hábiles, que es este inexistente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales, pues lo que hizo fue obsequiarle la solicitud que hacía el Ejecutivo que pedía que se aplicara de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cual, por haber disposición expresa, no lo debía de hacer.

    Pero en fin. Esto es lo que hoy nos anima. Nos anima defender a los mexicanos, a los ciudadanos mexicanos, el Estado de derecho que a todos nos invita, además, a hacerlo respetar y no caer en la tentación, que ya es peor, de legislar por acuerdo. Si antes estuvimos en contra de que se legislara por decreto, hoy legislar por acuerdo es todavía peor.

    Eso fue lo que hizo la Presidencia de la Cámara de Diputados: interpuso estos recursos y espera una sabia decisión por parte de la honorable Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Habiéndose agotado la lista de oradores en los términos del artículo 19 del Acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente, esta Presidencia ha registrado la solicitud para hacer uso de la palabra del senador Jesús Galván Muñoz y del diputado Arturo Nahle para rectificación de hechos.

    En consecuencia, en los términos del artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior de nuestro Congreso General, tiene la palabra, hasta por 5 minutos, el senador Jesús Galván Muñoz.

    El senador Jesús Galván Muñoz: Con su permiso, señor Presidente.

    Hay en las expresiones de los señores legisladores diferencias notables en los tonos en que aquí se han expresado. En uno hay una gran mesura, lo cual no quiere decir que esté de acuerdo con lo expresado por el señor diputado Beltrones, pero lo que aquí ha dicho, el tono, lo que exige, lo que pide como titular de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados es francamente muy mesurado y está en todo su derecho de hacerlo. Ya diré más adelante en qué no coincido con él.

    Pero lo que me parece absolutamente desmesurado son las expresiones, y no tanto el tono, son las expresiones usadas por el señor diputado del Partido de la Revolución Democrática.

    Hay diversas expresiones en su posicionamiento que son verdaderamente inadmisibles. Inadmisibles porque son desmesuradas y porque finalmente la expresión constituye por sí misma una invasión a la esfera de otro poder, que es el Poder Judicial.

    En ese posicionamiento se dice que se haga explícito y que se diga si los ministros han obrado de mala fe al admitir la demanda y al nombrar un ministro instructor. Eso es lo que dice ese posicionamiento.

    Y esto implica no solamente esa invasión a la esfera de otro poder, sino implica necesariamente que el Poder Judicial, que concretamente la Suprema Corte de Justicia está subordinado a la Cámara, a cualquiera de las cámaras, en este caso a la Comisión Permanente.

    Se dice que hay una serie de expresiones, de opiniones de algunos juristas. Con todo respeto, son eso, son opiniones. Pero el único facultado para resolver en forma definitiva sobre controversias es la Corte, nos guste o no, independientemente de que las decisiones de la Corte estén en contra de las opiniones de distinguidos juristas.

    Es bueno decir que hay opiniones discrepantes, pero de ninguna manera se puede subordinar las decisiones de la Corte a opiniones de los juristas más ilustres que pueda haber en este país.

    Quiero además decir que respecto a las expresiones del señor diputado Beltrones, ciertamente tiene razón en varias de ellas. Tiene razón al decir que de manera expresa son inhábiles aquellos plazos que corren durante el receso de la Suprema Corte. Efectivamente.

    Pero lo es igualmente en cualquier tipo de procedimientos. Los plazos judiciales nunca corren en ningún tipo de proceso. Siempre que el Poder Judicial local, federal, no importa cuál, está en receso, no corren plazos. Y entonces ciertamente hay una laguna en la norma y justamente en esa laguna, en la posibilidad que tiene el juzgador, cualquiera, cualquier juzgador, de habilitar plazos, como es el caso concreto, se amplían y se hacen hábiles, como ya fue hecho, a partir del 27 de diciembre.

    Son plazos que se habilitan porque el juzgador, cualquiera que sea, no solamente el juzgador federal, en el caso concreto apoyado justamente en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ahí está esa norma y en esa norma se apoyan justamente para habilitar.

    Dado que se me ha terminado el tiempo, señor Presidente, hasta aquí dejaría mi intervención.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Para rectificación de hechos, se ha registrado el uso de la palabra del diputado Javier Salinas para contestar alusiones personales. En consecuencia, tiene usted el uso de la palabra.

    El diputado Javier Salinas Narváez: Gracias, señor Presidente. De paso quiero señalar que la universidad afectada fue la U de G, en su biblioteca, en el Centro Cultural de Jalisco, que atiende a 3 mil 600 usuarios.

    El Partido de la Revolución Democrática reconoce a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el organismo facultado, pero sobre todo legitimado para ventilar los asuntos que estamos comentando, pero nunca estaremos de acuerdo con métodos, según los cuales se le da a la población un mensaje sesgado, de los cuales es el que menosprecia a un poder con la misma investidura que goza el Ejecutivo y en el que por encima de todo no se da el fundamental derecho de réplica, menos aún considerando la existencia de un órgano de administración de justicia confiable. Por ello, es imprescindible no equivocar el debate en esta cuestión.

    En el ejercicio de nuestras funciones como legisladores, hemos manifestado en diversas ocasiones la confianza que tenemos y debemos tener en el Poder Judicial; sin embargo, siendo ésta una institución conformada por humanos, sus resoluciones son falibles y tal es el caso de la suspensión provisional otorgada al Ejecutivo. Este es el hecho que considero crucial en el debate.

    La trascendencia del despacho dado a la controversia constitucional que nos ocupa no puede pasar inadvertida por esta Comisión Permanente, por lo que aclarando que las facultades para dar trámite la Comisión de Receso del máximo tribunal no son puestas en duda, quiero hacer algunas reflexiones en torno a los efectos de este hecho.

    El pasado 7 de diciembre de 2004 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo general número 12/4 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación, que otorga facultades a las comisiones de receso para prever los trámites urgentes de asuntos jurisdiccionales.

    En dicho acuerdo se establece que el ministro o ministros comisionados para los recesos de los periodos de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de prever los trámites urgentes en asuntos administrativos y en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, también deberán prever los trámites urgentes en los asuntos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

    De lo anterior, se infiere que en principio los ministros integrantes de la Comisión de Receso sí tienen facultades para dar trámite a la controversia constitucional; sin embargo, atendiendo a las disposiciones legales conducentes podemos estimar que éstos no tienen facultad para conceder la suspensión provisional en este caso.

    Al hacerlo, desatendieron lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 de la ley reglamentaria en las fracciones I y II del artículo 105 constitucional.

    Y para fundamentar mi dicho, me permito hacer las siguientes observaciones:

    El segundo párrafo del artículo 14 de la ley en comento establece que la suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales.

    Ahora bien, la publicación del Presupuesto de Egresos en el Diario Oficial de la Federación tiene efectos jurídicos de convertirlo en una norma general, aun cuando la misma no esté aún vigente.

    Además, el artículo 16 establece que la suspensión se tramitará por vía incidental y podrá ser solicitada por las partes en cualquier tiempo, antes de que se dicte sentencia definitiva; es decir, en este caso no operan las reglas generales del juicio de amparo, según las cuales existe una suspensión temporal que se otorga desde el momento en que se presenta la demanda.

    En este caso, la ley es clara, al establecer la obligatoriedad de celebrar una audiencia incidental para decidir sobre la suspensión, en la cual deberá darse oportunidad a las partes involucradas para estar presentes y manifestar lo que a su derecho convenga.

    Finalmente y lo más importante, la suspensión no debió haberse concedido, considerando lo dispuesto por el artículo 15 que señala a la letra: La suspensión no podrá concederse en los casos en que se ponga en peligro la seguridad o economía nacional, las instituciones fundamentales del órgano jurídico mexicano o puedan afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que ella pudiera obtener, el solicitante.

    Por eso, compañeras y compañeros, la fiabilidad de nuestras instituciones jurisdiccionales no deben verse mermadas por una inadecuada politización de la justicia, por lo que insisto a esta Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y qué bueno que lo ha hecho, que ha interpuesto los recursos procedentes a efecto de aclarar esta situación que es trascendental para la vida política del país.

    En mi papel de integrante del Partido de la Revolución Democrática, me permito reiterar mi compromiso con la legalidad y la defensa de las instituciones nacionales, por lo que subrayo mi disposición a colaborar en la defensa del Poder Legislativo en este juicio. Muchas gracias.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Para rectificación de hechos, en los términos del 102, tiene la palabra el diputado Arturo Nahle García, hasta por 5 minutos.

    El diputado Arturo Nahle García: Gracias, ciudadano Presidente.

    Yo espero que mi tono y las expresiones no las vayan a considerar inadecuadas o irrespetuosas.

    Ustedes recordarán que finalmente el pasado 20 de diciembre el Presidente de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el presupuesto que aprobamos desde la sesión del 15 de noviembre.

    Por cierto, la publicación que hizo del Presupuesto tiene una alteración, le agregó al decreto todo un capítulo de consideraciones, pero bueno, se publicó finalmente el 20 de diciembre.

    El día 21 ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional. No habían pasado siquiera 24 horas, no habían pasado ni siquiera 24 horas cuando ya los dos ministros integrantes de la Comisión de Receso, habían estudiado ``a fondo'', las más de 400 cuartillas que tiene el decreto de presupuesto, un documento muy complejo, muy técnico, ya habían estudiado las más de 100 cuartillas que tiene la demanda de controversia constitucional del señor Presidente de la República que también es un documento que se debe estudiar con un gran cuidado y en menos de 24 horas emitieron 4 acuerdos. Y no sólo emitieron estos 4 acuerdos que ahorita comentaremos, sino que también en menos de 24 horas ya los habían venido a notificar aquí al Palacio Legislativo de San Lázaro.

    Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo realidad un viejo anhelo de los mexicanos: ``la justicia pronta y expedita''. Sólo, sólo que al más alto tribunal de nuestro país se le olvidó algo, que el artículo 4° de la ley reglamentaria del 105 constitucional, establece que las resoluciones deben de notificarse al día siguiente en que se hubieren pronunciado, ``justicia pronta y expedita''.

    Bueno, comentábamos que ese 22 de diciembre, los ministros miembros de la Comisión de Receso emitieron 4 acuerdos y no necesariamente, diputado Beltrones, acuerdos de carácter administrativo, acuerdos eminentemente jurisdiccionales, en contra de lo que usted bien decía, establece la ley de la materia.

    En el primer acuerdo designan al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia como ministro instructor, efectivamente, aquí los diligentes ministros pasaron por alto lo que establece el artículo 29 de la ley reglamentaria del 105 constitucional, en el que con toda claridad se establece que esta designación le corresponde al Presidente de la Suprema Corte.

    En el segundo acuerdo, que tampoco es un acuerdo de índole administrativo, señala que como el ministro Ortiz Mayagoitia está de vacaciones, serán ellos mismos los que tramitarán la controversia durante las citadas vacaciones.

    Aquí la Comisión de Receso también olvidó que de conformidad con lo que establece la fracción XVIII del 14, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no tiene facultades jurisdiccionales.

    En el tercer acuerdo, y tal vez éste sea el más grave, admitieron a trámite la demanda del Presidente, determinaron que no hay causa de improcedencia, ordenaron el emplazamiento, fijaron plazo, esto contradice lo que usted comentaba hace un momento, senador, fijaron plazo para que se conteste la demanda y por si fuera poco declararon como hábil todo el periodo vacacional, aplicando como ya lo comentaba el diputado Beltrones de manera supletoria, dos artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles.

    Los señores ministros soslayaron que no procede ninguna aplicación supletoria, efectivamente, cuando existe una disposición expresa y ya se comentó y se comentó bien, que hay disposición expresa al respecto.

    Para concluir, para rematar, mejor dicho, en el último acuerdo concedieron la suspensión de obras presupuestadas por la Cámara por un supuesto monto de 4 mil 195 millones de pesos. Aquí los señores ministros ni siquiera hicieron bien las cuentas. Las obras que suspendieron tienen un presupuesto etiquetado por más de 6 mil 775 millones.

    Ya sabemos, porque aquí se ha comentado ampliamente, que esta suspensión violenta lo que establece el artículo 14 de la multicitada ley reglamentaria que prohibe expresamente otorgar suspensiones de normas generales y el presupuesto tiene el carácter de norma general.

    Por todo ello, por todo ello, desde esta tribuna y con esto concluyo, señor Presidente, los grupos parlamentarios del PRD en el Senado y la Cámara de Diputados, le hacemos un extrañamiento público a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su Presidente y de manera particular, a los integrantes de la Comisión de Receso, por la sospechosa celeridad y evidente desapego a nuestro marco legal en los acuerdos que emitieron el pasado 29 de noviembre y los 4 que emitieron el 22 de diciembre del año en curso. Extrañamiento es sinónimo de asombro, de sorpresa y francamente, nos sorprenden estos actos del Poder Judicial de la Federación.

    Cabe señalar que este extrañamiento público no es exclusivo del grupo parlamentario del PRD, ya el Presidente de la Cámara lo hizo en los escritos a través de los cuales se interpuso, tanto la nulidad, como las reclamaciones.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Para rectificación de hechos...

    El senador Jesús Galván Muñoz (desde su curul): Señor Presidente, solicito la palabra para alusiones personales.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Tiene la palabra, senador Jesús Galván, para alusiones personales, en los términos del 102.

    El senador Jesús Galván Muñoz: Gracias, señor Presidente.

    Sólo para aclarar algunas alusiones que el señor diputado Nahle, hizo referencia a mi persona.

    La primera de ellas tiene que ver con si los ministros, para no analizar los 4 acuerdos, sino sólo uno de ellos, si los ministros podían analizar las causales de improcedencia de la controversia y para ello, señor diputado, los ministros no tenían que haber estudiado todo el Presupuesto. Es inútil que para el efecto de admitir la controversia constitucional, los cientos de hojas que forman el Presupuesto, fueran estudiados por ellos.

    Lo único que tenían que haber estudiado los ministros y así fue, era justamente la demanda de controversia y se desprende del artículo 19 de la ley reglamentaria del 105, que no hay ninguna causal de improcedencia.

    ¿Cuáles son las causales de improcedencia? Son, dice este artículo 19, que las controversias constitucionales son improcedentes contra decisiones de la Suprema Corte y no es el caso. Contra normas generales o actos en materia electoral; tampoco es el caso. Contra normas o actos que sean materia de controversia pendiente; tampoco es el caso.

    Dado que no se...

    El diputado Arturo Nahle García (desde su curul): Señor Presidente, ¿acepta el orador una pregunta?.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Un momento, señor orador. Señor orador ¿acepta usted una pregunta del diputado Arturo Nahle?

    El senador Jesús Galván Muñoz: Con todo gusto, señor Presidente, si lo que se trata es que en este diálogo, efectivamente, cada una de las partes pueda exponer sus puntos de vista y de eso se trata, señor diputado y con todo gusto.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Adelante, diputado.

    El diputado Arturo Nahle García (desde su curul): Senador, con todo respeto, mi pregunta es la siguiente:

    Efectivamente, usted está dando lectura al artículo 19 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del 105 constitucional. En este artículo se enumeran 8 causales de improcedencia para las controversias constitucionales. Dio usted lectura a la primera fracción, a la segunda, pero luego se brincó la tercera que dice que las controversias constitucionales son improcedentes contra normas generales y hemos señalado con toda precisión que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación tiene el carácter de una norma general.

    Por otra parte, el acto reclamado, senador, y ésa sería mi pregunta, el acto reclamado en esta controversia constitucional ¿no es acaso el Presupuesto y por lo tanto había que darle una revisadita?

    El senador Jesús Galván Muñoz: ¿Me permite contestar, señor Presidente?

    Me parece que de su interpretación, señor diputado, hay una deficiente comprensión de esta fracción III, lo digo con el mismo respeto que usted se refirió a mí; porque la fracción III se refiere a normas generales o actos, o actos que sean materia de una controversia pendiente, es decir, que estas normas generales sean materia de una controversia pendiente y en el caso es evidente que esta norma general, suponiendo que así fuera, está pendiente su resolución en una controversia. Aquí es evidente que no hay tal cosa, no hay dependencia en el caso del Presupuesto.

    Lo que quiero demostrar --y creo que hasta ahí terminaría la contestación, señor Presidente, para no abusar del tiempo---lo que quiero hacer explícito es que lo único que tenían que hacer los ministros era verificar si había alguna de las causales de improcedencia, que están enunciadas muy claramente en este artículo 19.

    Y no hay nada, cuando menos de manera obvia, de manera evidente, que encuadre dentro de esas causales.

    Y luego, por lo que toca a la segunda pregunta, señor diputado, justamente el asunto de si el Presupuesto es una norma general o no. Curiosamente, por allá en 1998 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal inició una acción de inconstitucionalidad ---aquí hay uno, además del que tiene el uso de la palabra, hay un miembro de aquella Asamblea--- y en esta acción de inconstitucionalidad se planteaba justamente una inconformidad de un 33 por ciento de los miembros de aquella Asamblea Legislativa contra la resolución que tomó justamente la mayoría de este mismo órgano colegiado.

    Y lo que resolvió la Corte fue, a fin de cuentas, no admitir la acción de inconstitucionalidad justamente porque este órgano determinó que el presupuesto ---así está el precedente, se puede consultar---que el presupuesto no es una norma general, que el presupuesto no reúne las características de una ley. Así lo dijo la Corte.

    Yo creo que en el caso concreto de su partido, señor diputado, en aquel tiempo justamente los partidos de oposición procedimos en esa acción de inconstitucionalidad que en aquel tiempo favoreció al gobierno de su partido, justamente favoreció a los miembros de la Asamblea Legislativa que habían determinado una serie de cuestiones que, a juicio de la oposición, eran irregulares.

    Pero la Corte dijo que en virtud de que no era norma general no podía entrar al fondo del estudio del asunto.

    Aquí, en el caso concreto, se trata no de una acción de inconstitucionalidad; se trata justamente de una controversia y las controversias lo que está justamente en contradicción es si el Ejecutivo tiene o no facultades para poder hacer observaciones al Presupuesto, por un lado y, por otro, cuál es el ámbito y cuál es el alcance en que la Cámara de Diputados puede modificar el Presupuesto.

    Gracias, señor Presidente.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Para rectificación de hechos, en los términos del 102, tiene la palabra la senadora Martha Tamayo.

    La senadora Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

    Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano constitucional destinado a decidir las controversias constitucionales que entre los poderes surjan como es el caso que nos ocupa. Lo sano, lo deseable es y aquí ya se dijo por algunos de los legisladores que me antecedieron, es que se exprese en torno a un asunto que ahorita motiva confusión.

    Lo que nosotros queremos, tanto diputados como senadores priístas, es que esa expresión esté nutrida del apego al derecho que debe de caracterizar el ejercicio del Poder Judicial.

    Nosotros respetamos enormemente a los señores ministros de la Corte y sabemos que ellos son depositarios de esta enorme responsabilidad y que lo hacen cotidianamente bien.

    El problema es que aquí se advierte en las intervenciones, algunos elementos y se desprenden también del propio texto del acuerdo general que motivan la inquietud y la preo-cupación y creo que en el ejercicio de la libertad que tenemos los legisladores para expresarnos, podemos en términos comedidos, como he escuchado que se ha hecho aquí, hacer estas observaciones.

    Aquí se habló de una laguna y efectivamente yo me encuentro después de analizar los considerandos primero y segundo, el dos veces tercero y el cuarto. Ningún fundamento legal que faculten al Pleno para haber emitido un acuerdo general en los términos en que lo realizó.

    Cuando una autoridad interpretando las leyes encuentra la solución al problema que tenga entre manos, está aplicando sus facultades, el problema es que las lagunas, es decir la falta de una expresión jurídica específica para el caso, no se pueden suplir con interpretación y menos cuando se trata de competencias o de funciones.

    Hay un principio de autoridad que rige nuestro sistema de derecho, las autoridades incluye al Poder Judicial desde luego, sólo pueden hacer lo que expresamente les está permitido y citamos al artículo 94 constitucional. El acuerdo se fundamenta en el párrafo quinto de ese artículo 94 constitucional en donde se alude a que es competencia de la Suprema Corte expedir acuerdos, establece que se deben de regir , perdón, se basa en el quinto, y dice que el Pleno de la Suprema Corte está facultado, dice ese quinto, para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada -escúchese por favor distribución de las salas, de los asuntos que les competen para conocer también de los asuntos de los tribunales colegiados ad hoc los turnos que deben enviar. Ambos facultades específicas del artículo 94 nada tienen que ver con lo que el acuerdo se ocupa y el quinto que no se motivó, que no se fundamentó el acuerdo pero que yo lo quiero traer acá, dice: que la competencia de la Suprema Corte en el pleno, está ocupado de los asuntos que se regirán por las disposiciones de la ley, no de las interpretaciones de la ley, de conformidad con lo que esta Constitución establece.

    A ver, cuando no hay competencia, no la hay; cuando no hay funciones no existen lo que tiene qué decir la norma. ¿Qué es lo que le faculta la norma al Pleno de la Corte para haber emitido este acuerdo? Ya se dijo aquí, hacer acuerdos generales para turnos entre salas y el tribunal colegiado, nada más y también se llamó aquí la atención acerca de que había la posibilidad de encargarles a las comisiones de receso y que por cierto aquí se le da una vida nueva a estas comisiones de receso, de encargarles asuntos de orden administrativos urgentes y aquí ha quedado constancia plena de que lo que se ocupó el Pleno de la Corte no es de cuestiones administrativas urgentes, sino jurisdiccionales plenas que sólo corresponden al magistrado Instructor, a la Sala o al Pleno de la Suprema Corte. Eso es lo que preocupa.

    Yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base a lo que nosotros estamos marcando, puede muy bien hacer a un lado estas dudas; poder establecer, poder recomponer el procedimiento y actuar en consecuencia. Yo no veo cuál es la prisa.

    A ver, entiendo por qué los jueces de distrito tienen facultades, eso sí es, pero es así la ley, para en periodo de vacaciones actuar, pues sobre todo si se trata de la libertad de las personas.

    ¿Aquí qué es lo que se perdía, si el pleno de la Corte y el ministro instructor hubieran entrado al conocimiento del asunto el día tres y no de una manera forzada? Hay que decirlo así con toda claridad.

    Están halando normas, incluso de la materia electoral, que por cierto el 134 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala a la letra: ``Durante los procesos electorales federales es que se habilitan días y horas''. No es el caso.

    ¿Por qué ese afán de meterle tanta presión a una determinación que pudo haber esperado unos días?

    A nosotros nos gustaría mucho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera reconsiderar esto y lo que es una laguna, laguna es; que actuara dentro de sus funciones aplicando las normas que específicamente tienen, dentro de la competencia que le da la Constitución y pudiera reconsiderar el procedimiento a partir del día 3 de enero, que es donde de nueva cuenta se normalizan las funciones del Poder Judicial Federal y concretamente, las del Pleno.

    Cuando hay una situación de excepción la Ley Orgánica lo establece de manera expresa. Esta no es ninguna situación de excepción.

    Llama pues la atención que sin haber fundamentos de ningún tipo, sin haber funciones específicas y procurando integrar, que es un término todavía mayor y más grave al de interpretar, aquí se está integrando competencia, se le está dando al ministro o ministros comisionados ---nótese los términos---, se le están confiriendo facultades para proveer los trámites urgentes, ¿urgentes a juicio de quién?

    Esto tiene que ser materia de una regulación, y si hubiera otra instancia diversa a la Suprema Corte, ahorita ya estuviéramos promoviendo una controversia constitucional, porque a través de este acuerdo la Suprema Corte está pretendiendo legislar lo que no hay en la ley orgánica, que rige al Poder Judicial.

    Creo que hacer un llamado a través de este exhorto a la Suprema Corte no es ni indebido, no se le falta al respeto, simplemente se le pide como debe de ser, que se ciña en la aplicación del derecho. Muchas gracias.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: En razón de que se han cumplido las cuatro horas en la presente sesión, que dispone el artículo tercero del acuerdo aprobado, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si autoriza las intervenciones de dos legisladores inscritos para rectificación de hechos.

    Ruego a la Secretaría.

    La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si se autoriza a dos compañeros legisladores más, que suban para rectificación de hechos.

    Quien esté por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Quien esté por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la negativa, diputado Presidente.

    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
    ORDEN DEL DIA

    La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, en virtud de que se han agotado los asuntos en cartera.

    «Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Segundo Año.--- LIX Legislatura.

    Orden del día

    Miércoles 5 de enero de 2005.

    Lectura del acta de1a sesión anterior.

    Comunicaciones

    Del Congreso del estado de Morelos.

    Oficio de la Cámara de Senadores

    Por el que comunica que el Presidente de la República, designó al ciudadano Pablo Latapí y Sarre, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, para que funja como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia. (Turno a Comisión)

    Dictámenes de primera lectura

    De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Alfonso Ruiz Saldaña, Ivette Lizeth Varona González, Miguel Angel Vigueras Nolasco, Claudia Elvia Melgar Perales, Osbel Alejandro Vázquez Rodríquez y Hady Fuentes Sánchez, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en los consulados en Nuevo Laredo, Tamaulipas y Tijuana, Baja California, respectivamente.

    De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: César Mayolo Mata Duarte, David Francisco Castro López, José Luis Torres Martínez, Luis Orozco Inclán, Alberto Castro Rosas y José Luis Sánchez Sánchez, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones, que les confieren gobiernos extranjeros.

    De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Carlos Edgar Ross Scheede, para aceptar y usar la condecoración ``Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania'', que le confiere el gobierno de dicho país.

    Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

    Es cuanto, diputado Presidente.


    CLAUSURA Y CITATORIO
    El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola (a las 15:45 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el miércoles 5 de enero de 2005, a las 11: 00 horas.--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS
  • Tiempo de duración: 4 horas 11 minutos.

  • Quórum a la apertura de sesión: 31 legisladores.

  • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 3.

  • Diputado que solicita licencia: 1.

  • Proposiciones con puntos de acuerdo: 13.

  • Puntos de acuerdo aprobados: 2.

  • Minuto de silencio: 1.

  • Temas de agenda política: 1.

  • Oradores en tribuna: 32.

    PRI-5; PAN-7; PRD-16; PVEM-3; PT-1.

    Se recibió:

  • 1 comunicación del Congreso del estado de Jalisco;

  • 1 oficio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

  • 10 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso necesario para que 6 ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros;

  • 2 iniciativas del PRD;

  • 1 iniciativa del PVEM.

    Dictámenes aprobados:

  • 1 de la Tercera Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que expidiera el titular del Poder Ejecutivo federal, del maestro Luis Felipe Mancera de Arrigunaga como Procurador Fiscal de la Federación;

  • 1 de la Tercera Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que expidiera el titular del Poder Ejecutivo federal, del maestro Gerardo Rodríguez Regordosa como titular de la Unidad de Crédito Público;

  • 1 de la Tercera Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que expidiera el titular del Poder Ejecutivo federal, del ciudadano Carlos Enrique Isoard y Viesca como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un segundo y último periodo comprendido del 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008;

  • 1 de la Tercera Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada el pasado 22 de diciembre, para solicitar a las secretarías de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público y a las procuradurías General de la República y Federal del Consumidor, información sobre las medidas dispuestas durante el periodo de diciembre de 2004 para combatir el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancías a comercios y transportes y su venta en vía pública.

    DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)
  • Alvarez Romo, Leonardo (PVEM) Estado de Veracruz: 52
  • Alvarez Romo, Leonardo (PVEM) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 21
  • Alvarez Romo, Leonardo (PVEM) Maremotos: 66
  • Angeles Cerón, Esteban Miguel (PRI) Desastres naturales: 40
  • Aragón Cortés, Sheyla Fabiola (PAN) Maremotos: 67
  • Beltrones Rivera, Manlio Fabio (PRI) Controversia constitucional: 82
  • Galván Muñoz, Jesús (PAN) Controversia constitucional: 85, 88
  • Madero García, Lydia (PAN) Petróleos Mexicanos: 50
  • Nahle García, Arturo (PRD) Artículos 24 y 130 constitucionales: 26
  • Nahle García, Arturo (PRD) Controversia constitucional: 87
  • Nahle García, Arturo (PRD) Controversia constitucional: 81, 88 desde su curul
  • Nahle García, Arturo (PRD) Estado de Guerrero: 58
  • Nahle García, Arturo (PRD) Estado de Oaxaca: 74
  • Nahle García, Arturo (PRD) Estados Unidos de América: 72
  • Nahle García, Arturo (PRD) Ley Federal de Telecomunicaciones: 25
  • Nahle García, Arturo (PRD) Minera San Xavier: 76
  • Ojeda Zubieta, César Raúl (PRD) Petróleos Mexicanos: 45
  • Osuna Millán, José Guadalupe (PAN) Procurador Fiscal de la Federación: 30
  • Padilla Peña, Joel (PT) Controversia constitucional: 80
  • Rosas Montero, Lizbeth Eugenia (PRD) Banrural: 75
  • Rosas Montero, Lizbeth Eugenia (PRD) Controversia constitucional: 83 desde su curul
  • Rosas Montero, Lizbeth Eugenia (PRD) Maremotos: 64
  • Rosas Montero, Lizbeth Eugenia (PRD) San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac: 70
  • Saldaña Pérez, María Lucero (PRI) Maremotos: 67
  • Salinas Narváez, Javier (PRD) Alcoholismo: 56
  • Salinas Narváez, Javier (PRD) Controversia constitucional: 78, 85
  • Salinas Narváez, Javier (PRD) Petróleos Mexicanos: 61
  • Salinas Narváez, Javier (PRD) Procurador Fiscal de la Federación: 29
  • Tamayo Morales, Martha Sofía (PRI) Controversia constitucional: 89
  • Treviño Rodríguez, José Luis (PAN) Estado de Jalisco: 43
  • Vidaña Pérez, Martín Remigio (PRI) Petróleos Mexicanos: 51
  • Zermeño Infante, Jorge (PAN) Controversia constitucional: 80