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ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 302 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 11:20 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, tomando en consideración que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 6 de febrero de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Comisión Permanente.

De la Cámara de Senadores.

Del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

De la Comisión de la Función Pública.

De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

De la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

De la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

De la Junta de Coordinación Política.

De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con el que remite el informe por entidad federativa correspondiente al precierre del ejercicio fiscal de 2006.

Iniciativas de diputados

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

De Ley de Contratos sobre Proyectos de Prestación de Servicios, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciones diversas disposiciones de las leyes: de Instituciones de Crédito; de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; y del Banco de México, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 191 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de la Fracción VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.

Dictamen a discusión

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua un informe pormenorizado y actualizado sobre el estado que guarda el revestimiento del canal Todo Americano.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofetel y a la Comisión Federal de Competencia para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, analicen y presenten ante esta soberanía sus comentarios a la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo de la diputada Adriana Dávila Fernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal instruya la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica para algunas localidades en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la realización de una auditoria al Centro Nacional de Detección de Talentos y Alto Rendimiento, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relacionado con los programas y mejoras del ambiente derivados del proyecto Burgos, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR cree una fiscalía especial para investigación de los hechos delictivos derivados del conflicto político-social oaxaqueño, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que dictamine el punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial antimonopolio, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud a efecto de que explique las políticas públicas de la secretaría a su cargo en materia de salud reproductiva y en campañas de prevención de enfermedades y en contra de la discriminación, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CFE analicen la factibilidad de ampliar el periodo de aplicación del descuento de verano a la tarifa 1F del servicio doméstico de electricidad, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex y a la Sagarpa indemnicen al grupo de pescadores unidos de alta mar del golfo de Tehuantepec y ejecuten un programa integral de desarrollo económico y social para el sector pesquero del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para incorporar una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 con la finalidad de evitar desabasto de medicamentos antirretrovirales, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con relación a la reclasificación de tarifas eléctricas en diversos municipios del estado de Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas informe sobre las denuncias que se han presentado en el estado de Puebla, y dé celeridad a la averiguación previa motivada por el periodista Mario Martell, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SHCP y de la SFP para explicar los alcances del plan de austeridad y de la iniciativa de reforma constitucional relativa a los salarios de los servidores públicos, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la SEP gestionen las acciones necesarias para rescatar el mural Ejercicio plástico, del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, que se encuentra en Buenos Aires, Argentina, a cargo del diputado Benjamín González Roaro , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice una auditoría de desempeño a los trabajos de producción de gas natural que realiza Pemex Exploración y Producción en la cuenca de Burgos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conagua y al gobierno del estado de Jalisco consideren recursos para el saneamiento de la laguna de Cajititlán, en dicho estado, a cargo del diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de Pemex envíe un informe respecto a las causas de la fuga y explosión en el poliducto de gas etano en Centro, Tabasco, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la Sedesol y de Liconsa establezcan y cubran el precio de referencia de adquisición de la leche a los productores de la misma, a cargo del diputado José Antonio Muñoz Serrano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal publique la declaratoria de veda de aguas en la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, en Coahuila, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SHCP para que obligue a las instituciones financieras de banca y crédito públicas y privadas, casas comerciales y entidades afiliadas al buró de crédito, enviar un reporte de no adeudo a las sociedades de información crediticia respecto a las personas que han liquidado sus deudas, a cargo del diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de los humedales mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob incorpore en el calendario oficial el 24 de agosto como Día de la Firma de los Tratados de Córdoba y lo declare día de fiesta nacional, a cargo del diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección del valle de Mexicali y la región del delta del río Colorado, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a integrar una comisión de turismo, a cargo del diputado Francisco Dávila García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP aplique de manera obligatoria, pública y sin excepción los exámenes de oposición para el ingreso de docentes en el sistema de educación básica, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, cumpla la normatividad vigente para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la SE y a la SHCP consideren retomar el cierre de las importaciones de carne proveniente de los países infectados con fiebre aftosa, a cargo del diputado Pedro Pulido Pecero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la SE realicen diversas acciones a favor del sistema de centrales de abasto del país, suscrito por los diputados José Gildardo Guerrero Torres y Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la declaratoria de patrimonio mundial al proyecto Camino Real de Tierra Adentro, promovido por el INAH, a cargo del diputado Jorge Salum del Palacio , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa, a la Profepa y a la Conagua rindan un informe acerca de las acciones que se han realizado sobre el manejo de los contaminantes que emite la empresa granjas Carroll de México y sobre la extracción del agua del acuífero del calle de Perote, en Veracruz, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena y a la PGR suspendan la revisión en los tramos carreteros en Salamayuca, Chihuahua, suscrito por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tamaulipas establezca las políticas públicas necesarias en la atención de las personas de 60 años en adelante en Tampico y Ciudad Madero, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales en la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Leticia Díaz de León Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del DF acepte y cumplimente la recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal para que a través de la Segob informe y reconvenga al partido político español Izquierda Unida por la intervención política de sus militantes en el conflicto del estado de Oaxaca, suscrito por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez y Cristián Castaño Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice la fiscalización de la empresa Liconsa, a cargo del diputado Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Excitativas

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Ariel Castillo Nájera , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves primero de febrero de dos mil siete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con treinta y ocho minutos del jueves primero de febrero de dos mil siete, con la asistencia de cuatrocientos treinta y cinco diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

Puestos todos de pie, el Presidente declara: De conformidad con lo que establece el artículo sesenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy primero de febrero de dos mil siete, se declara formalmente iniciado el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El Presidente informa que la Mesa Directiva, para dar cumplimiento al artículo once del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, participará por escrito que la Cámara de Diputados ha iniciado formalmente el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Se recibe invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica conmemorativa del nonagésimo aniversario de la promulgación de la Constitución Política de mil novecientos diecisiete y al centésimo quincuagésimo aniversario de la Constitución Política de mil ochocientos cincuenta y siete. El Presidente designa la Comisión de Cortesía que asistirá a dicha ceremonia.

Se recibe del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México oficio por el que da cuenta de la presentación de su agenda legislativa a desarrollar durante el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura. Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

La Mesa Directiva remite acuerdo por el que se resuelve el turno de los asuntos pendientes de la anterior Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a fin de distribuirlos entre las actuales comisiones de Derechos Humanos, y de Justicia. De enterado, se instruye su publicación en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Desde su curul, el diputado Diego Cobo Terrazas , del Partido Verde Ecologista de México, solicita unirse a la iniciativa mundial de creación de conciencia en contra del calentamiento global. Desde sus respectivas curules manifiestan su adhesión a dicha propuesta los diputados: Javier González Garza , del Partido de la Revolución Democrática; Samuel Aguilar Solís , del Partido Revolucionario Institucional; Rocío del Carmen Morgan Franco , del Partido Acción Nacional; Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo; Miguel Ángel Jiménez Godínez , de Nueva Alianza; Aída Marina Arvizú Rivas, de Alternativa; Layda Sansores San Román , de Convergencia; Félix Castellanos Hernández , independiente. La Presidencia hace suya la propuesta e invita a los diputados expresar su solidaridad con dicha iniciativa y solicita a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, en tanto sea posible, se realice el corte de energía a las doce horas con cincuenta y cinco minutos, en áreas no prioritarias de la Cámara de Diputados durante cinco minutos.

La Junta de Coordinación Política, remite acuerdo por el que se crea la Comisión Bicameral encargada de los festejos con motivo de la conmemoración de los Ciento cincuenta años de la Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las doce horas con cinco minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes seis de febrero de dos mil siete a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

COMISION PERMANENTE

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Tenemos el honor de remitir a ustedes los asuntos que fueron reservados por esta Comisión Permanente, para conocimiento de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales aparecen listados en el inventario que se anexa.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, DF, 1 de febrero de 2007.--- Diputada Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Vicepresidenta; Senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Inventario de asuntos que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, remite a la honorable Cámara de Diputados, de Conformidad con el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

1. 354 Claudia Azucena Tabares Juárez, Jaime Pérez Rincón, Candelario Ramos Ocampo, Judith Monroy Ramírez, Román González Pedroza, Héctor Aldaco Reyna y Jorge Zamora Orozco,para que puedan prestar servicios de carácter administrativo en los Consulados de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Guadalajara, Jalisco y en Tijuana, Baja California; así como la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios de carácter administrativo a los ciudadanos Héctor Aldaco Reyna y Jorge Zamora Orozco en los consulados de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, y en Nogales, Sonora, respectivamente.

2. 316 Para que la ciudadana María del Carmen Beatriz Icazuriaga Montes, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

México, DF, a 1 de febrero de 2007.--- Diputada Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Vicepresidenta; Senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Túrnense las solicitudes a la Comisión de Gobernación.

COMISION PERMANENTE

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Informe sobre las actividades realizadas por la Comisión Permanente del primer receso del primer año de ejercicio de la LX Legislatura

Asunto: Sesiones celebradas

Cantidad:6

Asunto: Horas transcurridas

Cantidad: 13:41

Asunto: Acuerdos parlamentarios aprobados

Cantidad: 3

Asunto: Oficios recibidos:

16 de congresos locales

9 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

2 de la Cámara de Senadores

15 de instituciones públicas federales

3 de designaciones de servicios públicos

Cantidad: 45

Asunto: Diputados que solicitan licencia

Cantidad: 2

Asunto: Senadores que solicitan licencia

Cantidad: 2

Asunto: Iniciativas presentas por origen:

1 del Ejecutivo

20 de diputados

12 de senadores

5 de congresos locales

Cantidad: 38

Asunto: Contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados

Cantidad: 22

Asunto: Contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores

Cantidad: 16

Asunto: Contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente

Cantidad: 3

Asunto: Recepción de informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos correspondiente al año 2006

Cantidad: 1

Asunto: Proposiciones con punto de acuerdo:

17 turnadas a comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente

64 turnadas a comisiones u órganos de gobierno de ambas Cámaras del Congreso de la Unión

8 aprobadas como urgente resolución

Cantidad: 89

Asunto: Declaratorias de reformas constitucionales

Cantidad:1

Asunto: Dictámenes con proyectos de decreto relativos a permisos al Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional, aprobados

Cantidad: 1

Asunto: Dictámenes con proyecto de decreto relativos a permisos constitucionales, aprobados

Cantidad: 11

Asunto: Dictámenes con punto de acuerdo, aprobados

Cantidad: 14

Asunto: Ratificaciones de grados militares

Cantidad: 24

Asunto: Informes de las comisiones de trabajo

Cantidad: 3

Asunto: Pronunciamientos

Cantidad: 2.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Insértese en el Diario de los Debates. Proceda la Secretaría a dar cuenta con los oficios de la Comisión Permanente.

DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Secretarios de la H. Cámara de Diputados.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia de la diputada Sara Latife Chávez, presentada a la Presidencia de la Mesa Directiva, el día 17 de enero del año en curso, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputada federal y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

``Único.- Se concede licencia a la diputada Sara Latife Ruiz Chávez , para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en el primer distrito del estado de Quintana Roo, del 18 de enero al 19 de febrero del año en curso.''

La Presidencia dictó el siguiente trámite: ``Aprobado, comuníquese''.

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

México, DF, a 17 de enero de 2007.--- Sen. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica) Secretario; Dip. Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Secretarios de la H. Cámara de Diputados.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , presentada a la Presidencia de la Mesa Directiva, el día 24 de enero del año en curso, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

``Único.- Se concede licencia al diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el octavo distrito del estado de Chiapas, a partir de esta fecha hasta el 10 de febrero de 2007.''

La Presidencia dictó el siguiente trámite. ``Aprobado, comuníquese a la Cámara de Diputados''.

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

México, DF, a 24 de enero de 2007.--- Dip. Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica) Vicepresidenta; Dip. Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica) Secretario.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

CAMARA DE SENADORES

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para conocimiento de esa honorable colegisladora, me permito comunicarles que en sesión celebrada en esta fecha el Senado de la República declaró la apertura de su segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura de la Cámara de Senadores.

Atentamente

México, DF, a 1 de febrero de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Mediante la presente hago de su conocimiento que en sesión celebrada el día dos anterior los magistrados integrantes de esta Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional, acordaron por unanimidad de votos designarme como presidenta de la Sala por el periodo comprendido del dos de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, lo que hago de su conocimiento para los efectos procedentes.

Aprovecho la ocasión para enviarle un atento saludo con motivo del inicio de año, deseándole lo mejor.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 29 de enero de 2007.--- Magistrada Martha Elizabeth Ibarra Navarrete (rúbrica), Presidenta de la Sala Regional del Pacífico Centro.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

COMISION DE LA FUNCION PUBLICA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de la Función Pública.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Acuso recibo y me refiero al oficio de fecha 14 de diciembre de 2006 señalado al rubro (DGPL 60-II-6-368), suscrito por los diputados secretarios de esa Mesa Directiva, por el que tienen a bien informar a esta Comisión de la Función Pública el punto de acuerdo aprobado por el Pleno camaral, que fue propuesto por la diputada María del Pilar Ortega Martínez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las comisiones ordinarias de esta Cámara para que incluyan en su plan anual de trabajo, los temas relativos a las reformas institucionales o de Estado. Al respecto, me permito comunicarle lo siguiente:

Que la Comisión de la Función Pública, en su programa anual de trabajo aprobado en la sesión comicial de fecha 9 de noviembre de 2006, establece de manera específica, en el marco de sus atribuciones de dictamen legislativo, control evaluatorio e información, la especial atención de los siguientes rubros:

1. Transparencia y acceso a la información pública.

2. Servicio profesional de carrera.

3. Adquisiciones y obra pública.

4. Responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

5. Gobierno digital.

Dos de esos temas resaltan por su actualidad y oportunidad (dictamen legislativo), a saber:

I. El de transparencia y acceso a la información pública, cuya materia abordamos recientemente en el seminario-taller Transparencia, acceso a la información pública y democracia, organizado por este órgano legislativo y celebrado los días 13 y 14 de diciembre de 2006 (anexo programa). Y consecuentemente el estudio y dictamen de la iniciativa --suscrita por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios-- con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la cual esta comisión solicitó y obtuvo modificación de turno, para que seamos codictaminadora conjuntamente con la Comisión de Puntos Constitucionales.

II. El segundo gran tema lo constituye la reforma al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que se desprende de la reforma al artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de diciembre de 2006, cuya consecuencia legislativa será el estudio y la valoración de la ley secundaria que implica una verdadera reingeniería del sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

En este tenor, la Comisión de la Función Pública atiende el exhorto que formula la asamblea plenaria mediante el punto de acuerdo en cita, razón por la cual solicito a usted que lo comunique así a la Cámara de Diputados y a la proponente, sirviéndose también publicar en la Gaceta Parlamentaria el presente comunicado.

Reciba un cordial saludo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2007.--- Diputado Benjamín González Roaro (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado; remítase al promovente para su conocimiento.

COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Me refiero al oficio número D.G.P.L.59-II-3-2609, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por el que se remitió a esta comisión la proposición con punto de acuerdo presentada en sesión de esta soberanía de 25 de abril de 2006, por el entonces diputado federal Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la que solicitó:

Primero. Se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a que instruya a la Auditoría Superior de la Federación para que, a su vez, ésta audite el ejercicio de los recursos del programa denominado Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), a cargo de la Sagarpa, ejercido en 2005 y lo que va de este año, en Quintana Roo.

Sobre el particular, le informo que la Auditoría Superior de la Federación, a través del oficio número OASF/1986/06, del 4 de diciembre de 2006 (se anexa copia), comunicó:

Con el oficio número 08/114/OIC/AI/1530/06, de fecha 27 de noviembre de 2006, el OIC en la Sagarpa remitió a la ASF el oficio número SC/OS/DCS//2336/XI/06, con el resultado de la intervención de la Secretaria de la Contraloría de Gobierno del estado de Quintana Roo, con el que comunica que respecto a los recursos aplicados en el ejercicio de 2005 por Quintana Roo provenientes del FAPRACC, se realizó una auditoría financiera y técnica, en la que se observó que éstos fueron ejercidos y comprobados con arreglo a los ordenamientos legales emitidos para tal efecto, y cuyos resultados fueron dados a conocer en su momento al delegado de la Sagarpa en Quintana Roo.

Respecto al ejercicio de 2006, informó que en junio se realizó una revisión de los documentos generados en el proceso de aprobación y entrega de los apoyos, observándose que están integrados y requisitados de acuerdo con los instrumentos normativos correspondientes, situación que fue notificada a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena.

Asimismo, comunica que en el caso de los acontecimientos suscitados en Felipe Carrillo Puerto, en documentación que se anexa se exponen las aclaraciones que motivaron el atraso en la entrega de los apoyos a los beneficiarios del programa.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 26 de diciembre de 2006.--- Diputado Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Auditoría Superior de la Federación.--- Cámara de Diputados.

Diputado Federal Antonio Ortega Martínez , Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.--- Presente.

En alcance al oficio número OASF/954/06, con el que se dio respuesta al comunicado CVASF/LIX/250/06, enviado por el presidente de la Comisión de Vigilancia de la LIX Legislatura, en el que se solicita:

``Primero. Se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que instruya a la Auditoría Superior de la Federación para que, a su vez, ésta audite el ejercicio de los recursos del programa denominado Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), a cargo de la Sagarpa, ejercido en 2005 y lo que va de este año, en Quintana Roo.''

Nos permitimos referirlo a los siguientes antecedentes del caso que nos ocupa:

Con el oficio número 08/114/OIC/AI/1530/06, de fecha 27 de noviembre de 2006, el OIC en la Sagarpa remitió a la ASF el oficio número SC/OS/DCS//2336/XI/06, con el resultado de la intervención de la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado de Quintana Roo, con el que comunica que, respecto a los recursos aplicados en el ejercicio de 2005 por el estado de Quintana Roo provenientes del FAPRACC, se realizó una auditoría financiera y técnica, en la que se observó que éstos fueron ejercidos y comprobados con arreglo a los ordenamientos legales emitidos para tal efecto, y cuyos resultados fueron dados a conocer en su momento al delegado de la Sagarpa en Quintana Roo.

Respecto al ejercicio de 2006, informó que en junio se realizó una revisión de los documentos generados en el proceso de aprobación y entrega de los apoyos, observándose que están integrados y requisitados de acuerdo con los instrumentos normativos correspondientes, situación que fue notificada a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena.

Asimismo, comunica que en el caso de los acontecimientos suscitados en Felipe Carrillo Puerto, en documentación que se anexa se exponen las aclaraciones que motivaron el atraso en la entrega de los apoyos a los beneficiarios del programa.

Lo anterior, para los efectos procedentes.

Reiteramos a usted nuestra más distinguida consideración.

México, DF, a 4 de diciembre de 2006.--- CPC Arturo González de Aragón O. (rúbrica), auditor superior de la Federación.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado; archívese el expediente.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Me refiero a su oficio número D.G.P.L. 60-II-4-224, dirigido al licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, y que contiene el punto de acuerdo respecto a la NOM-029-PESC-2006, Pesca responsable de tiburones y rayas, especificaciones para su aprovechamiento.

Al respecto le comento que el exhorto consistente en cinco puntos está siendo atendido por esta Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y, en este sentido, anexo oficio sobre el tema, dirigido al licenciado Eduardo Amerena Lagunas, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Sin otro particular, le reitero el interés de esta Comisión Nacional y, en particular, del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, por atender las inquietudes expresadas por los distintos sectores respecto a la entrada en vigor de la norma referida.

Atentamente

México, DF, a 23 de enero de 2007.--- Doctor Martín Botello Ruvalcaba (rúbrica), director general y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Eduardo Amerena Lagunes, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/UEL/311/411/06, mediante el cual remite a esta comisión el oficio número D.G.P.L. 60-II-4-224, signado por los diputados Jorge Zermeño Infante y Cuauhtémoc Velasco Oliva , Presidente y Secretario de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, que contiene el punto de acuerdo con respecto a la NOM-029-PESC-2006. Pesca responsable de tiburones y rayas, especificaciones para su aprovechamiento, consistente en cinco puntos.

Al respecto de cada uno de los puntos le comento lo siguiente:

En relación con el exhorto sobre diferir la entrada en vigor de la NOM-029-PESC-2006, por un plazo no menor de 90 días naturales, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, le comento que no existe inconveniente por modificar el artículo transitorio segundo, para que la entrada en vigor de la NOM sea a los 90 días posteriores al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y no a los 60 días como originalmente se había planteado.

Respecto al exhorto para realizar dentro del plazo previsto en el resolutivo anterior (90 días posteriores a la publicación de la norma) un estudio de las repercusiones económicas que la entrada en vigor de dicha norma tendrá en las actividades comerciales y deportivas de tiburones y rayas, así como en la preservación de las especies citadas y las que de manera incidental son capturadas con ellas; le comento que ya se está compilando la información existente para analizar los elementos citados en el exhorto.

Acerca del exhorto sobre la implementación y desarrollo de una campaña de información y difusión dirigida a los que intervienen en el aprovechamiento de las especies de tiburones y rayas, a los prestadores de servicio de la pesca deportiva y al público en general, que explique de manera clara y sustentada los alcances y ventajas que la entrada en vigor de la NOM traerá consigo, le comento que se ha elaborado un cuadernillo en el cual se explica de manera clara, sencilla y concisa los alcances de la NOM 029, así como las ventajas que ofrece establecer dicha regulación (anexo cuadernillo).

Respecto a la difusión que dicha Norma ha tenido entre los sectores interesados, le comento además que conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, el proyecto de NOM y su manifestación de impacto regulatorio, fueron elaborados por un grupo de trabajo técnico, en el cual participaron distintas instancias gubernamentales y no gubernamentales, así como el sector productivo relacionado con la pesquería de elasmobranquios. Asimismo, acorde con esa misma ley y reglamento, se llevó a cabo la publicación del proyecto de dicha NOM para su consulta pública, con la oportunidad de que los interesados emitieran comentarios u observaciones sobre el mismo, durante los 60 días posteriores a su publicación.

Finalmente, respecto al exhorto referente a que dentro del plazo de los 90 días posteriores a la publicación de la NOM 029, concluyan los estudios sobre las repercusiones económicas a que se refiere el resolutivo tercero y determine la procedencia de seguir los trámites conducentes a las modificaciones a la NOM, después de su entrada en vigor, conforme a lo previsto en los artículos 48 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que tengan por objeto resolver o aliviar los efectos negativos que pudieran identificarse como resultado de los estudios de referencia; le comento que la misma norma prevé en su apartado 4.9 lo conducente para que una vez que la norma entre en vigor, la secretaría, con base en las investigaciones y programas de desarrollo tecnológico que se realicen con el objeto de garantizar la protección y el óptimo aprovechamiento del tiburón y rayas, notifique mediante aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación, acerca de nuevos sistemas, equipos o artes de pesca que se autoricen para su utilización en la captura de estos recursos en aguas de jurisdicción federal, así como las modificaciones a los límites de esfuerzo pesquero, volúmenes permisibles de captura incidental y aquellas relativas a la actualización de especificaciones de los equipos, artes y sistemas de pesca autorizados en la norma.

Asimismo, le comento que el tema referente al aprovechamiento pesquero de tiburones y rayas ha sido incluido en el Programa Nacional de Normalización de Pesca Responsable 2007, de manera que, en el caso de que exista el interés fundado de modificar algún aspecto de la NOM, éste pueda ser analizado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable y publicado oportunamente en el Diario Oficial de la Federación.

Sin otro particular, le reitero el interés de esta Comisión Nacional y, en particular, del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, por atender las inquietudes expresadas por los distintos sectores respecto a la entrada en vigor de la norma referida.

Atentamente

México, DF, a 22 de enero de 2007.--- Doctor Martín Botello Ruvalcaba (rúbrica), director general y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Diputados Jorge Zermeño Infante y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidente y Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me refiero a su oficio número D.G.P.L.60-II-6-370, de fecha 12 de diciembre de 2006, mediante el cual comunican al secretario de Gobernación el punto de acuerdo, aprobado en sesión de esa fecha, en el que solicitan: ``Primero... a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice una visita de inspección a efecto de determinar las causas que interfieren la señal de transmisión de Radio Universidad, con distintivo de llamada XEUBJ, la cual transmite en la frecuencia de amplitud modulada en el canal 1400 en la ciudad de Oaxaca; asimismo, realice las acciones correspondientes para restablecer su señal... Segundo... a la Secretaría de Gobernación inicie procedimiento para que se suspenda la programación de las transmisiones ilegales de la estación Radio Ciudadana que transmite en el canal 99.1 de frecuencia modulada en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca...''

Sobre el particular, comunico a ustedes que, en términos del artículo 591 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esta comisión llevará a cabo las averiguaciones respectivas en relación con los hechos manifestados y, según el resultado de las mismas, se actuará en consecuencia.

Por lo que se refiere a la estación de radiodifusión sonora a que hacen mención, denominada ``Radio Ciudadana'', que opera en la frecuencia 99.1 de frecuencia modulada, cabe señalar que, de acuerdo con la información que se tiene en el área de radio y televisión de esta comisión, aquélla dejó de transmitir aproximadamente a mediados de diciembre del año pasado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., 3o., 7o.-A, 8o. y 9o., fracción V, de la Ley Federal de Radio y Televisión; 1, 3, fracciones XV y XVI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones; 1, 2, 3, 12 y 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; cuarto y quinto transitorios del artículo primero del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial deja Federación el 11 de abril de 2006; 1o., 2o., fracción XXIX, y 37 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y 1o., 2o., 3o., 4o., fracción II, 15 y 16, fracción XVI, y 17 del Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 24 de enero de 2007.--- Arquitecto Héctor Osuna Jaime (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Arquitecto Héctor Osuna Jaime, Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.--- Presente.

Por instrucciones del doctor Rafael del Villar Alrich, subsecretario de Comunicaciones, me permito remitir a usted el número de control 100, enviado por la Dirección General de Comunicación Social a esta área; lo anterior, por ser un asunto de la competencia de esa comisión federal, conforme a la reforma de Ley Federal de Radio y Televisión y Ley Federal de Telecomunicaciones publicada el 11 de abril de 2006 en el Diario Oficial de la Federación.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de enero de 2007.--- Licenciado Juan Manuel Enríquez Grimaldo (rúbrica), secretario técnico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Doctor Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes.--- Presente.

En el oficio número D.G.P.L 60-II-6-370, fechado el 12 del mes en curso, los diputados Jorge Zermeño Infante y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunicaron al titular de esa dependencia el punto de acuerdo, aprobado en sesión de esa fecha, que a continuación hago de su conocimiento:

Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que realice una visita de inspección a efecto de determinar las causas que interfieren la señal de transmisión de Radio Universidad, con el distintivo de llamada XEUBJ, la cual transmite en la frecuencia de amplitud modulada en el canal 1400 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca; asimismo, realice las acciones correspondientes para restablecer su señal e informe a esta soberanía. Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Gobernación que inicie procedimiento para que se suspenda la programación de las transmisiones ilegales de la estación Radio Ciudadana que transmite en el canal 99.1 de frecuencia modulada en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca; asimismo, proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda e informe a este honorable Pleno de los resultados de sus investigaciones.

Por lo anterior, le acompaño copia del documento a que me he referido, así como de la proposición del citado punto de acuerdo, para los fines procedentes.

Agradezco la atención que conceda al presente y le reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2006.--- Eduardo Amerena Lagunas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, secretario de Gobernación.--- Presente.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se aprobaron los puntos de acuerdo que a continuación se transcriben:

``Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que realice una visita de inspección a efecto de determinar las causas que interfieren la señal de transmisión de Radio Universidad, con el distintivo de llamada XEUBJ, la cual transmite en la frecuencia de amplitud modulada en el canal 1400 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca; asimismo, realice las acciones correspondientes para restablecer su señal e informe a esta soberanía. Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Gobernación que inicie procedimiento para que se suspenda la programación de las transmisiones ilegales de la estación Radio Ciudadana que transmite en el canal 99.1 de frecuencia modulada en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca; asimismo, proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda e informe a este honorable Pleno de los resultados de sus investigaciones.''México, DF, a 12 de diciembre de 2006.--- Diputado Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Presidente; Diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela (rúbrica), Secretaria.»

«Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Las y los suscritos, diputados de distintos grupos parlamentarios de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que realice una visita de inspección a efecto de determinar las causas que interfieren la señal de transmisión de Radio Universidad; asimismo, realice las acciones conducentes para restablecer su señal; y a la de Gobernación, inicie procedimiento para que se suspenda la programación de las transmisiones ilegales de la estación Radio Ciudadana que transmite en el canal 99.1 de frecuencia modulada en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca; asimismo, proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda e informen a este honorable Pleno de los resultados de sus investigaciones, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Radio Universidad de Oaxaca comenzó sus transmisiones el 2 de octubre de 1964, durante la gestión del licenciado Alberto Canseco Ruiz, rector de la máxima casa de estudios oaxaqueña.

Actualmente transmite con el distintivo XEUBJ-AM, en el 1400 de amplitud modulada, con mil vatios de potencia, cuyo permisionario es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, como publica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su sitio web.

Esta frecuencia otorgada en favor de la Universidad, a partir de junio de 2006 ha sido víctima de múltiples atentados contra sus instalaciones y sus locutores, por las opiniones que se expresan, hechos que atentan flagrantemente contra la garantía constitucional de libertad de expresión.

La radiodifusora universitaria ha sufrido varias agresiones, organizadas por grupos paramilitares al exterior e interior del campus universitario.

El sábado 22 de julio de 2006, un grupo fuertemente armado entró en las instalaciones de transmisión, donde accionó varios disparos, sin que nadie resultara herido. Posteriormente, el 8 de agosto de 2006 recibió otra agresión más, ya que vaciaron ácido a sus transmisores, paralizando su funcionamiento mes y medio.

Un acontecimiento que despierta serias interrogantes es el caso de que el día 29 de octubre la estación de radio interrumpió su señal poco después de las 18:00 horas, cuando se produjo un apagón justo en el momento en que entraba la PFP en la ciudad.

El 4 de noviembre, poco antes de las 7 de la mañana, ``un grupo de hombres fuertemente armados accionó rifles AK-47 y de otros calibres contra las instalaciones de Radio Universidad'', según informaron estudiantes de la UABJO, que mostraron más de 10 casquillos calibre 762 como prueba de que la emisora fue agredida.

En ese atentado resultó herido el estudiante de 21 años Marcos Manuel Sánchez Martínez, cuyo estado de salud es actualmente muy delicado.

Una de las antenas presentaba al menos cinco impactos de bala, y otra se alojó en una de las lámparas que ilumina la parte trasera de la emisora.

El presunto ataque se realizó desde la calle Reforma Agraria, vialidad que hace esquina con 20 de Noviembre, desde la que se accede a Radio Universidad.

A finales de octubre, Radio Universidad empezó a registrar problemas de transmisión, y se teme que en breve pueda salir completamente del aire.

La alteración de la señal de Radio Universidad ha consistido en generar interferencia que perturba la recepción de la señal, encimar música durante la transmisión original, encimar la transmisión de otras estaciones de radio o mantener un ruido fuerte que impide captar la señal.

Por otro lado, al margen de la ley, de las concesiones y permisos de la SCT, durante este conflicto ha salido a la luz pública la señal Radio Ciudadana, en el 99.1 de frecuencia modulada, la cual transmite mensajes que incitan a la violencia, además de formular ataques directos al movimiento social que participa en Oaxaca.

Esta emisora ilegal atenta contra la paz de la entidad, pues convoca a los oaxaqueños a usar las armas y solucionar por esa vía el conflicto que vive la entidad.

En el presente contexto se considera necesaria la intervención de las autoridades federales que generen condiciones para la solución pacífica del conflicto.

Respecto a Radio Universidad, es necesario que la SCT garantice la libre emisión de su señal y se le brinden las garantías necesarias para ejercer el fundamental derecho de libre expresión.

No obstante, la SCT debe tomar en cuenta en todo momento el principio de autonomía de la máxima casa de estudios de Oaxaca.

Por lo expuesto, someto a la consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que realice una visita de inspección a efecto de determinar las causas que interfieren la señal de transmisión de Radio Universidad, con el distintivo de llamada XEUBJ, la cual transmite en la frecuencia de amplitud modulada en el canal 1400 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca; asimismo, realice las acciones correspondientes para restablecer su señal e informe a esta soberanía.»

«Fecha: 3 de diciembre de 2006.--- Noticias.--- Página 3, Sección A.--- Tendencia Neutral.

Se deslinda STIRT de Radio Ciudadana Eliza Ruiz Jaimes

``Nos deslindamos de cualquier acción de esa estación de radio (...); sus trabajadores no tienen qué ver con el sindicato'', indicó Jesús Bamán Jiménez Zacarías, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radiodifusión, Televisión, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRT). En entrevista telefónica, el representante sindical urgió la necesidad de la intervención de las autoridades correspondientes, ``para regular la situación de la denominada Radio Ciudadana.''

A su vez, comentó que los rumores respecto al origen y sustento de la estación de radio, la cual llega a la población a través del 99.1 del cuadrante de frecuencia modulada, son varios. Unos aseguran que es una estación de gobierno, por los contenidos también se sabe que son los empresarios locales los que están invirtiendo en este proyecto y que no se ha podido determinar la procedencia de la señal, pero nada ``comprobado''.

Lo que si es evidente, acotó, es que es un medio de confrontación, por lo que sugirió serían las autoridades las indicadas para intervenir y solucionar el caso de ``Radio Ciudadana''.

Consideró que el periodo de ingobernabilidad que se ha vivido en el Estado, permitió que este tipo de transmisiones se llevaran a cabo. No obstante, es tiempo de darle solución a los conflictos sociales, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) deberán revisar el caso de la radiodifusora para poder decidir -a favor o en contra-, sobre la concesión que están pidiendo los locutores a la gente para quedarse al aire, consideró.

Mientras tanto, el secretario sindical, también informó de una próxima reunión del gremio, en un pleno nacional. Ahí ``se ventilará el problema de Oaxaca como tema central y la situación sindical''. La información central del tema Oaxaca será puesto sobre la mesa, pues el STIRT está listo para entregar las propuestas que servirían como mecanismo de apoyo para los trabajadores de la radio y la televisión, los cuales han quedado en ``virtud de damnificados''. Bamán Jiménez, aseguró que la percepción económica de cada uno de estos empleados ``es insuficiente''.

Aclaró que el salario nominal les fue cubierto a los aproximadamente 94 trabajadores perjudicados por más de seis meses de conflicto social. Sin embargo, el resto de las prestaciones que percibían durante cada pago, más los apoyos adicionales, se vieron reducidos afectando las percepciones económicas. Por lo anterior, la reunión sindical que tendrá lugar en San Luis Potosí, el próximo cuatro y cinco de diciembre será importante para el sindicato y sus agremiados.»

«Fecha 3 de diciembre de 2006.--- Imparcial.--- Página 4.--- Sección A.--- Tendencia Neutral.

Sale del aire ``Radio Ciudadana'' Yadira Sosa Cruz

Después de un mes y medio de transmisión, ``Radio Ciudadana'' anunció salir del aire ayer ``luego de haber cumplido con los objetivos'', aseguraron sus improvisados locutores, Marco Tulio y Alexis, en el 99.1 de la Frecuencia Modulada.

Desde el pasado viernes, los locutores anunciaron terminar con la transmisión al señalar que el conflicto de Oaxaca ya está superado ``y no hay más anomalías que denunciar''.

Esta señal que inició funciones desde el pasado 14 de octubre con la intervención de dos locutores que dijeron llamarse Marco Tulio y Alexis, apareció con el argumento de dar voz al ``verdadero pueblo oaxaqueño''.

En dicha señal también participaron dos personas que se encargaron de dar a conocer lo que sucedía con el movimiento de la autodenominada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el magisterio oaxaqueño.

Ambos personajes se identificaron con el nombre de Pabel y Javier Cruz, quienes daban reportes del conflicto oaxaqueño mientras los locutores salían al aire, ya que en algunos momentos brindaban espacios musicales.

Luego de asegurar que la señal de transmisión está por concluir en breve, los locutores aseguraron regresar a sus lugares de origen porque no son oaxaqueños y ``vemos resuelto el problema de Oaxaca''.

Cabe destacar que el 99.1 surgió como una forma de contradecir las voces que se expresaban a través de Radio Universidad en posesión de los simpatizantes de la autordenominada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)

Sin embargo, una vez que ésta ya fue liberada y continúa la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la capital, Radio Ciudadana anunció desde el pasado viernes acabar con la transmisión, de la que se dijo, no surgió en apoyo de algún partido político.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 50, fracciones IV, V, VIII, y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicita atentamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, proporcionen una copia del permiso vigente otorgado para la operación de la frecuencia radiofónica XHOF-FM 105.7.

Segundo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un respetuoso exhorto a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, para establecer comunicación con las autoridades federales competentes, para definir el mecanismo de análisis y discusión respecto de la solicitud del Gobierno del Distrito Federal para que le sea devuelta la estación de radio referida.

Tercero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un respetuoso exhorto a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, a establecer comunicación con esta representación Legislativa en el Distrito Federal, con el objetivo de intercambiar información referente a los procedimientos legales y técnicos para el establecimiento de medios de comunicación públicos en el Distrito Federal, y con ello defender los derechos de expresión, participación ciudadana de los habitantes del Distrito Federal.

Cuarto. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal resuelve que la Comisión de Gobierno integre un grupo de trabajo, con representantes de cada una de los grupos parlamentarios que conformen la Asamblea Legislativa, para que dé puntual seguimiento al presente punto de acuerdo y a las acciones que deriven del mismo.

Quinto. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se pronunció por la conveniencia social, educativa y cultural de que el Distrito Federal cuente con medios de comunicación públicos vigilados por un consejo ciudadano de comunicación social en la ciudad.

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del conocimiento de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de esa soberanía. Sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo a 24 de enero de 2007.--- Diputado Isaías Villa González (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

La suscrita diputada Nancy Cárdenas Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la IV Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en uso de las facultades conferidas en el artículo 122, párrafo primero y segundo, base primera, fracción V, incisos g), i) y j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 42, fracciones XIV y XXX, del Estatuto de Gobierno del Distrito federal; 17, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, una copia del permiso vigente otorgado para la operación de la frecuencia radiofónica XHOF-FM IO5.7; para exhortar a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, a establecer un mecanismo de análisis y discusión respecto de la solicitud del GDF, para intercambiar información referente a los procedimientos legales y técnicos para el establecimiento de medios de comunicación públicos en el DF, y para pronunciamos a favor de medios públicos en la capital del país, lo anterior de acuerdo a los siguientes

Antecedentes

El 19 de diciembre de 1967 el Departamento del Distrito Federal (DDF) adquirió el permiso de la frecuencia radiofónica 105.7 FM con las siglas XHOF, y se denominó Radio Departamento.

El 23 de marzo de 1983 la Presidencia de la República promulgó el decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Radio (IMER). En la transferencia de la estación del DDF al IMER, prevalecieron sus funciones de origen, como se desprende del comunicado de la Dirección General de Concesiones y Permisos de Telecomunicaciones del 7 de julio de ese mismo año, con el cual se informa al entonces director general del IMER que la estación 105.7 seguirá siendo una estación permisionada y deberá cumplir los fines culturales para los cuales se emitió el permiso, pues seguía vigente (como lo indica el párrafo segundo del numeral III del artículo 20 de la Ley Federal de Radio y Televisión).

Por lo que el decreto de creación del IMER en ningún momento significó la autorización del traspaso del permiso de la estación XHOF-FM.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha emprendido distintas acciones encaminadas a recuperar este espacio de comunicación ciudadana. En marzo de 2005 la III Legislatura de la ALDF resolvió exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal para realizar gestiones necesarias para recuperar la operación de la estación radiofónica XHOF con frecuencia de 105.7 de frecuencia modulada.

En noviembre de ese mismo año la ALDF resolvió recomendar al jefe de Gobierno del Distrito Federal iniciar trámites conducentes ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para solicitar el permiso para operar una estación de radio y un canal de televisión.

El 16 de noviembre de 2006, a propuesta del diputado Salvador Martínez Della Rocca, el Pleno de la ALDF aprobó crear una Comisión Especial de Medios de Naturaleza Pública de la Ciudad de México, así como la autorización para la firma de un convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la conformación de un consejo asesor de dicha comisión especial.

El 9 de enero de 2007 el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, envió solicitudes al director general del Instituto Mexicano de la Radio, Héctor Villarreal, y al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna, con el fin de obtener permisos para operar una estación de radio y un canal de televisión, respectivamente.

El mandatario capitalino ha explicado que el objetivo de estas solicitudes es restituir al DF parte de sus derechos, pues casi todas las entidades cuentan con frecuencias de radio y televisión, y ha insistido en la creación de un consejo ciudadano coordinador de contenidos.

El IMER asegura que posee la titularidad del permiso de la XHOF-FM sin que hasta la fecha haya mostrado documento alguno que lo avale. El 12 de enero el GDF informó que continuará los procedimientos legales para recuperar la frecuencia XHOF-FM, y solicitó al IMER copia del instrumento jurídico del 11 de agosto de 2005, en el que se retiró el permiso al Distrito Federal.

Ese mismo día los medios de comunicación informaron de la iniciativa del diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, para crear el Instituto de Radio y Televisión del DF, con el objetivo de promover la producción de programas con contenido cultural, y anunció la realización de un foro con especialistas para el próximo mes.

Durante la sesión de la diputación permanente del pasado miércoles 17 de enero, el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín presentó un punto de acuerdo para solicitar al jefe de Gobierno del DF dar a conocer la justificación formal de la pretensión de contar con un canal de televisión y una estación de radio, así como facilitar copia de la documentación que dice tener relacionada con la estación de radio XHOF y evitar confrontaciones con el IMER.

El pasado 19 de enero, diversas notas periodísticas dieron cuenta de la opinión del presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, quien ha manifestado estar de acuerdo con que el Gobierno de la Ciudad de México pueda contar con frecuencias de radio y televisión.

El tema ha despertado un debate público respecto de la conveniencia de crear un Sistema de Radio y Televisión propios del Distrito Federal. Es importante tener en cuenta las siguientes

Consideraciones

Especialistas como Javier Corral y Gabriel Sosa Plata han señalado el derecho que tienen los habitantes y ciudadanos del Distrito Federal por contar con un sistema de comunicación de servicio público y social, así como la factibilidad técnica para dar espacios a otras estaciones en el DF.

Es importante destacar experiencias en el mundo de medios públicos exitosos como el caso de TV-Cultural de Brasil. Dicha televisora con más de 30 años de vida, recibe legalmente recursos financieros del gobierno para su manutención técnica y operativa, pero sin subsumir las decisiones de contenido al gobernante. Además, la legislación que da vida a dicha televisora, le permite comercializar ciertos espacios bajo un código de contenidos y además intercambiar difusiones de otros órganos de entidades gubernamentales.

La cadena de televisión BBC de Londres es un particular ejemplo de un medio público que aporta calidad y contenido en cada una de sus emisiones.

La Red Televisión Nacional de Chile, creada en la década de los sesenta, compite desde entonces con las televisoras universitarias de ese país, y ha demostrado ser una cadena eficiente y con contenidos culturales, sociales y educativos loables.

Desde luego en nuestro país, Canal 11, Canal 22, TV UNAM, entre otros sistemas estatales, muestran contenidos culturales, educativos y formativos que son dignos de reconocer.

Es imprescindible recordar la labor de Radio Ayuntamiento de Cancún 105.9 FM, radio permisionada al municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, que dio un servicio fundamental en la prevención y atención de las víctimas del Huracán Stan que azotó al Caribe mexicano durante los días 3, 4 y 5 de octubre de 2005.

En el país existen 25 sistemas estatales de radio y televisión operados por gobiernos locales. Cinco gobiernos estatales del país operan solamente una radio o un canal de televisión permisionados y que son Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Durango y Zacatecas. Por el contrario, hay entidades que tienen más de 5 permisos para operar radio o televisión como es el caso de Hidalgo. En el DF operan 40 señales de radio y de televisión, concesionadas o permisionadas, ninguna del GDF. Sólo el estado de Chihuahua y el Distrito Federal no cuentan con permisos para operar medios electrónicos públicos.

Lo anterior muestra una clara inequidad en la participación del Estado en la operación de medios públicos, así como un desequilibrio entre el modelo comercial mexicano frete a la radiodifusión de servicio público.

En el marco del pacto federal, los habitantes de la ciudad de México viven en un régimen de excepción, y tienen menos derechos que el resto de la población del país. El debate sobre su estatus inició en 1824, cuando se comenzó a discutir sobre la posibilidad de dotarlo de una constitución propia, sin que hasta ahora se haya dado ese importante paso.

Durante décadas el Distrito Federal vivió sometido a un régimen presidencial, centralista, en donde todas las decisiones y nombramientos las tomaba el Presidente de la República, como si se tratara de una simple entidad administrativa del gobierno federal.

La historia reciente, sin embargo, ha mostrado una tendencia a otorgar cada vez más derechos civiles y políticos, hecho que ha sido, en gran medida, producto de la propia movilización ciudadana, y que dio origen a esta asamblea legislativa.

Desde la expedición del Estatuto de Gobierno por parte del Congreso de la Unión, en 1994, donde por primera vez se establece la elección de un jefe de Gobierno y de los jefes delegacionales por voto universal, libre, secreto y directo, hasta los derechos adquiridos más recientemente, a tener a su alcance la información que se genera con recursos públicos, y que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida, optimizar la participación ciudadana, así como favorecer la rendición de cuentas por parte del poder público, lo cual se logra con la debida difusión de estos derechos.

Pero en un hecho contradictorio, como si se tratara de entes de menor rango, a los ciudadanos y a los habitantes del Distrito Federal aún se les niega el derecho de ser parte del Congreso Constituyente, se les impide definir su monto de endeudamiento, no se les permite nombrar a su titular de seguridad pública ni manejar los recursos destinados a la educación.

Y aún cuando el artículo Segundo Transitorio de las reformas de 1997 al Estatuto de Gobierno indican que el titular del Poder Ejecutivo federal dispondrá el mecanismo necesario para que bienes y recursos de la administración pública federal a cargo del Departamento del Distrito Federal y propios de éste sean incorporados al patrimonio del Distrito Federal una vez que haya sido nombrado el jefe del Distrito Federal para el periodo que inicia el 2 de diciembre de 1997, esta disposición del Congreso se omitió al integrar el Instituto Mexicano de la Radio y enajenar, de facto, la estación de radio que por ley le correspondía, y le corresponde, a los habitantes del Distrito Federal.

Por lo anterior, someto a la consideración de la diputación permanente de esta honorable asamblea legislativa, se sirva resolver sobre la presente propuesta con el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicita atentamente a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, proporcionen una copia del permiso vigente otorgado para la operación de la frecuencia radiofónica XHOF-FM 105.7.

Segundo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un respetuoso exhorto a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, para establecer comunicación con las autoridades federales competentes, para definir el mecanismo de análisis y discusión respecto de la solicitud del Gobierno del Distrito Federal para que le sea devuelta la estación de radio referida.

Tercero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un respetuoso exhorto a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, a establecer comunicación con esta representación legislativa en el Distrito Federal, con el objetivo de intercambiar información referente a los procedimientos legales y técnicos para el establecimiento de medios de comunicación públicos en el DF, y con ello defender los derechos de expresión participación ciudadana de los habitantes del DF.

Cuarto. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal resuelve que la Comisión de Gobierno integre un grupo de trabajo, con representantes de cada una de las tracciones parlamentarias que conforman la asamblea legislativa, para que dé puntual seguimiento al presente punto de acuerdo y a las acciones que deriven del mismo.

Quinto. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se pronuncia por la conveniencia social, educativa y cultura de que el Distrito Federal cuente con medios de comunicación públicos vigilados por un consejo ciudadano de comunicación social en la ciudad.

Atentamente

Dado en el recinto legislativo de Donceles, miércoles 24 de enero de 2007.--- Diputada Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cambio, solicitado por el coordinador del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Que el diputado Jericó Abramo Masso cause baja como integrante en la Comisión de Juventud y Deporte.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de febrero de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes cambios, solicitados por el diputado Ricardo Cantú Garza , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo:

Que la diputada Rosa Elia Romero Guzmán cause baja como integrante en la Comisión de Juventud y Deporte.

Que el diputado Silvano Garay Ulloa se incorpore a la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 1 de febrero de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : De enterado. Permítame, Secretario.

Pido respetuosamente a las señoras y señores de los medios nos hagan favor de ocupar sus lugares. Adelante, señor Secretario.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cambio, solicitado por el diputado Javier González Garza , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Que el diputado Othón Cuevas Córdova cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 1 de febrero de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con relación al Programa de Devolución de Derechos y de acuerdo con lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, anexo al presente para su conocimiento el informe por entidad federativa correspondiente al precierre del ejercicio fiscal 2006 de los recursos recaudados y devueltos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de enero de 2007.--- Ingeniero José Ramón Ardavín Ituarte (rúbrica), subdirector general.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Públicopara su conocimiento.

En el capítulo de iniciativas, tiene la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. No estando presente el diputado, se pasa al final.

LEY DE DESARROLLO SOCIAL - LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Elda Gómez Lugo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Socialy de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

La diputada Elda Gómez Lugo:Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores:

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Desarrollo Social, y de la Comisión Reguladora de Energía.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la suscrita diputada Elda Gómez Lugo , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan la fracción X del artículo 1 de la Ley General de Desarrollo Social, la fracción V del artículo segundo y la fracción VII del artículo tercero de Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

Exposición de Motivos

Desde el ámbito legislativo se ha buscado impulsar diversas normas jurídicas para apoyar y establecer los mecanismos necesarios que permitan garantizar los derechos y el desarrollo de la cultura indígena. Lo anterior, con el fin de que las autoridades competentes establezcan programas preferenciales atendiendo a diversos criterios, que permitan mejorar las condiciones de vida del sector social más desprotegido, los grupos étnicos.

Legislatura tras legislatura, se busca implantar políticas y programas institucionales que permitan un pleno desarrollo del sector indígena, proponiendo leyes que permitan el desarrollo de su cultura, tradiciones, artesanías, entre otras, mas sin embargo, no nos hemos preocupado por un desarrollo sustentable, que permita su acceso a una vida mejor.

México posee una riqueza muy grande en materia de gas natural, y cuya infraestructura de ductos, recorre veintiocho de los treinta y dos estados de la República, de los cuales en diecisiete tienen presencia de viviendas particulares habitadas por población indígena. Existen 2 millones 51 mil 444 viviendas particulares que son habitadas por población indígena y en un millón 279 mil 930 de estas viviendas aún se cocina con leña de carbón, es decir el 62.4 por ciento del total de las viviendas no cuenta con suministro de gas.

Ante esta problemática consideramos que deben elaborarse tarifas preferenciales que permitan el acceso del sector indígena a esta fuente de energía que le permitirá impulsar su desarrollo estructural, abatir su rezago y mejorar sus condiciones de vida.

Es menester dejar de manifiesto que con la infraestructura que tiene el país, sí es posible atender la demanda cada vez más sentida de los pueblos indígenas de contar con gas natural a precios accesibles.

Los parámetros existentes no atienden en la realidad el problema de fondo. Si analizamos los aumentos a los que está sujeto el gas, es claro que se desprotege a los sectores más vulnerables, que no poseen estabilidad de trabajo ni financiera.

Por ello, lo que se plantea con la presente iniciativa es que, además de los criterios ya establecidos para fijar los precios, se tomen en cuenta también los niveles de vulnerabilidad del sector indígena, ya que sabemos que el origen étnico también coloca en estado de mayor vulnerabilidad, a dichas comunidades

Esta iniciativa pretende que las autoridades encargadas de la administración del gas natural y las tarifas que rigen, establezcan programas tarifarios preferenciales para la atención del sector indígena. Se propone que existan programas que atiendan de manera específica a este grupo, mediante los estudios técnicos necesarios de sus necesidades y posibilidades sociales y económicas.

Se deben proporcionar precios más accesibles para la población, a fin de no afectar los pocos ingresos con que cuentan. Debemos reconocer que el gas es un elemento que puede mejorar la calidad de vida de los mexicanos; es parte ya de la canasta básica. A esto debemos aspirar, a que todos los mexicanos, por precaria que sea su situación, cuenten con el servicio de gas barato en sus domicilios. Los subsidios que proporciona el Estado deben destinarse precisamente para atenuar los niveles de pobreza, para ayudar a quienes menos tienen o para aquellos que por diversas circunstancias se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad.

Por lo anterior, la presente iniciativa pretende el establecimiento de programas específicos y viables para el apoyo de estos grupos. Programas que deben ser establecidos por las propias instancias del Estado mexicano, a partir de estudios minuciosos que los hagan viables. Lo importante de la iniciativa es crear la obligación legal de que estos se establezcan. Establecimiento que puede y debe ser progresivo, de acuerdo a las necesidades pero también a las posibilidades reales. Con base en lo anterior, se propone el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifican y adicionan la fracción X del artículo 1o. de la Ley General de Desarrollo Social, la fracción V del artículo segundo y la fracción VII del artículo tercero de la Ley de la Comisión de Energía.

Articulo Primero. Se reforma y adiciona la fracción X del artículo 1o. de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 1.

I. al IX ...

X. Establecer de manera coordinada con las secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y en colaboración con la Comisión Reguladora de Energía y Pemex, un Programa Nacional de Tarifas Preferenciales de Gas Natural, que permita la incorporación de los grupos indígenas al desarrollo social.

Articulo Segundo. Se reforman y adicionan la fracción V del artículo segundo y la fracción VII del articulo tercero de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, para quedar como sigue:

Artículo 2.

I. al IV ...

V. La venta de primera mano de gas natural, estableciendo las tarifas preferenciales que determine el apoyo al sector indígena; y las ventas de primera mano de gas licuado de petróleo;

VI. y VII. ...

Artículo 3.

I. a VI. ...

VII. La metodología para establecer los precios del gas natural a que hace referencia el primer párrafo, establecerá tarifas preferenciales para aquellos grupos o sectores indígenas, que promuevan su desarrollo. La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Energía, mediante acciones coordinadas realizarán los estudios técnicos necesarios para la ejecución de acciones específicas, en el área de sus atribuciones, que permitan el desarrollo integral de las zonas indígenas con el propósito de mejorar sus condiciones de vida.

Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2006.--- Diputada Elda Gómez Lugo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Elda Gómez Lugo.Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Energía.

LEY DE AVIACION CIVIL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

El diputado Alberto Esteva Salinas:Con el permiso del ciudadano Presidente y de los integrantes de esta Cámara: la privatización y desregulación del servicio de transporte aéreo en nuestro país es una de las tendencias más importantes en los últimos años.

La mayor participación de aerolíneas extranjeras, la flexibilización de las tarifas y de sus rutas, y el surgimiento de nuevas aerolíneas, son guías básicas de la operación nacional de autotransporte, lo cual ha originado poco a poco un ablandamiento en las condiciones legales de operación, que han propiciado cada vez más un alza en las demandas de los usuarios de las líneas aéreas por mal servicio, culminando esta historia en el fraude de que fuimos testigos hace unos días --en el marco, incluso, de las fiestas decembrinas-- de la empresa española Air-Madrid, Líneas Aéreas, SA.

Los lamentables acontecimientos que provocaron este fraude, propiciados por esta empresa aérea, sucedieron justamente --como comento-- en vísperas de la navidad pasada y siguen afectando en este momento a muchos de los mexicanos y de los extranjeros que compraron sus boletos de avión. Esto nos hace reflexionar en la necesidad inmediata que se tiene por parte de esta Asamblea, de hacer una revisión y análisis de todas y cada una de las empresas aéreas que operan en territorio nacional.

Si bien es cierto que las aerolíneas que ofrecen servicio de bajo costo representan una oportunidad para muchas familias mexicanas de poder viajar a destinos y que de otra forma no podrían hacerlo, porque representan gastos excesivos; también lo es que no se puede operar de manera arbitraria, desorganizada e irresponsable.

Como legisladores debemos asumir nuestro papel para que con nuestras facultades aportemos mecanismos para que a futuro no se vuelvan a repetir estos hechos vividos en el pasado reciente y que lastiman y deterioran la economía de los mexicanos.

Realizando un análisis de la actual industria aeronáutica en nuestro país podemos advertir una debilidad del autotransporte mexicano. Se observa cada vez más la participación de empresas internacionales, prestando servicio desde y hacia nuestro país; más ciudades, tanto nacionales como extranjeras o internacionales con servicio que se cubre regularmente por algunas compañías de autotransporte extranjeras.

Este fenómeno se realiza con el crecimiento del número de convenios bilaterales firmados por México. Al iniciar el año 2006 --y para que tengamos el dato como referente-- se tenían convenios con 37 países, el doble que en 1989.

El objetivo principal de los convenios bilaterales es precisamente repartir recíprocamente el mercado entre aerolíneas de los dos países involucrados. Sin embargo, como vemos en los datos, los más de 22 millones de mexicanos y de extranjeros que han sido transportados en vuelos internacionales, desde o hacia México, en el 2005 sólo 32 por ciento viajó en aerolíneas mexicanas, diez puntos porcentuales menos que en 1989.

Podría decirse que la industria ha venido teniendo una diversificación y crecimiento digno de aplausos. Pero realizando un análisis objetivo, advertimos el peligro de abrir el mercado a industrias extranjeras, a empresas aeronáuticas extranjeras. Y estamos convencidos de que constituye un peligro abrir el mercado a estas empresas si no contamos con suficientes garantías legales que protejan a los usuarios de estas compañías; prueba de ello es el fraude realizado en el mes de diciembre pasado.

Incluso se consultó a los directivos de la empresa aérea. En noviembre el periódico Reforma hizo la publicación de una entrevista a uno de los directivos de esta línea aérea, Air Madrid, y ese ejecutivo dijo que no había ningún riesgo de que esta línea suspendiera su servicio a nuestro país.

Días más tarde nos encontramos con la realidad de que cerca de 100 mil mexicanos habían sido defraudados; habían comprado sus boletos en México o en España para volar en esta línea de bajo costo, con el consecuente fraude que ocasionó haber suspendido vuelos. Y la línea aérea no se hizo responsable de los gastos que ocasionó a miles de mexicanos estar esperando la forma de poder llegar a la nación mexicana.

Y esto nos lleva también a pensar que el Poder Legislativo en esos días tomó el periodo de las fiestas decembrinas y prácticamente se quedaron estos cientos de miles de mexicanos en estado de indefensión.

Fue hasta los primeros días de enero cuando la instancia correspondiente del gobierno federal, la Procuraduría Federal del Consumidor, hizo un posicionamiento al respecto. Y creemos que esto avergüenza a las autoridades mexicanas, pero también compromete al Poder Legislativo, del que formamos parte; debemos considerar la posibilidad de hacer que nuestra Ley de Aeronáutica Civil contemple la responsabilidad de asumir por parte de las líneas aéreas extranjeras --y también las nacionales-- los costos que significan estar ofreciendo a un bajo precio los boletos de avión, pero que ocasionan que no se tenga la certeza del horario y del cumplimiento de los vuelos internacionales, como es el caso.

Por eso estamos reflexionando que este fraude ha sido posible por la falta, en la ley, de mecanismos por los cuales las empresas tanto nacionales como extranjeras respondan por los daños ocasionados a los usuarios por el cese de sus operaciones de forma definitiva o temporal, sea por cualquiera de los motivos que las empresas señalen como causantes de su cierre de operaciones. No podemos dejar al arbitrio de una compañía el pago de indemnizaciones por incumplimiento del servicio, más aún cuando la propia compañía es causante de ello.

Esta empresa aérea inició sus operaciones en México el 2 de agosto del año 2005, con un vuelo Madrid-Toluca, y desde entonces hubo siempre irregularidades en la prestación del servicio. Por eso una situación de esta índole propicia que hagamos esta iniciativa, que la presentemos a este Pleno y solicitamos que sea turnada a la Comisión de Transportes de esta LX Legislatura para su revisión, estudio y análisis y que nunca más vuelva a suceder que más de 100 mil mexicanos --y también extranjeros-- sean defraudados por la operación de una línea que no cuenta con las garantías suficientes y que le estamos dando a estas líneas internacionales el crédito de operar en nuestro país, incluso en contra de las propias empresas mexicanas y están incumpliendo con la operación y con el servicio que ofrecen a los nacionales. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Alberto Esteva Salinas , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos, 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

En cumplimiento de lo ordenado en los textos constitucionales y legales invocados, y con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del propio órgano legislativo, solicito a la Presidencia dé curso y ordene el trámite de esta iniciativa en términos de la normatividad vigente y sea turnada a la Comisión de Transportes.

Para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma y adición, se realiza a continuación la siguiente

Exposición de Motivos

Los lamentables acontecimientos sucedidos en vísperas de la navidad pasada propiciados por la empresa Air Madrid Líneas Aéreas, SA, y que siguen afectando de manera directa a muchos ciudadanos mexicanos, reflejan la necesidad inmediata de una revisión y análisis de todas y cada una de las empresas aéreas que operan en territorio nacional.

Si bien es cierto que las aerolíneas que ofrecen este servicio de bajo costo representan una oportunidad a muchas familias mexicanas de poder viajar a destinos que de otra forma representarían un gasto excesivo, éstas no pueden operar de forma arbitraria, desorganizada e irresponsable.

La inseguridad jurídica en la que se encuentran todavía miles de mexicanos que contrataron los servicios de Air Madrid Líneas Aéreas, SA,nos obliga a todos y cada uno de los que pertenecemos a instituciones públicas y de representación social, a dar una pronta solución y brindar mecanismos de ayuda viables a los mexicanos afectados como consecuencia del cese de operaciones de esta empresa.

Debemos asumir nuestro papel y colaborar con nuestra parte, para que, basados en nuestras facultades como legisladores, aportemos elementos suficientes para que a futuro, no se vuelvan a repetir estos hechos vividos en el mes de diciembre pasado que lastiman y deterioran la economía de mexicanos.

Para dar sustento a esta reforma y adición, debemos de realizar un análisis de la actual industria aeronáutica en nuestro país, partiendo de la base que el número total de pasajeros transportados por el sector aéreo (servicio doméstico e internacional) se multiplicó en los últimos 15 años. Según cifras oficiales, se pasó de un total de 18.6 millones en 1989 a 46.11 millones en 2006, de los cuales, 22.347 millones fueron trasladados a destinos mundiales en Europa, Asia, Sudamérica, Centroamérica, entre otros.

Otra evidencia del crecimiento y diversificación es la cantidad de ciudades, tanto nacionales como internacionales cubiertas regularmente por el sector de aerotransporte. Este crecimiento se relaciona con el número de convenios bilaterales firmados por México. Al iniciar el año 2006, se tenían convenios con 37 países, el doble que en 1989. Se establecieron convenios con cinco países de Centroamérica y el Caribe, región con la que no se tenía ninguno en 1990; casi se duplicó el número de convenios con países europeos; y creció significativamente, de tres a ocho, el número de convenios con países asiáticos.

Hasta ahora, el principal impulso hacia la diversificación del mercado de aerotransporte en México ha venido del exterior, pues cada año más empresas se suman a prestar servicio en territorio nacional, y de este fenómeno es del que debemos tener mayor control, tanto de calidad como de la cantidad. En 1989, sólo 13 ciudades mexicanas eran atendidas por alguna línea extranjera; en 2004, ya eran 31. El número de empresas extranjeras con vuelos de o hacia ciudades mexicanas pasó de 30 en 1989 a 54 en el 2006 según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El número de pasajeros transportados por estas empresas tuvo un crecimiento anual promedio de 8.8 por ciento, casi el doble que el de las empresas mexicanas.

La debilidad del aerotransporte mexicano también es evidente cuando se observa la participación de las empresas domésticas en el transporte internacional desde y hacia el país. El objetivo principal de los convenios bilaterales es precisamente repartir recíprocamente el mercado entre las aerolíneas de los dos países involucrados. Sin embargo, como lo vemos en los datos, de los 22.347 millones de pasajeros transportados en vuelos internacionales desde o hacia México en 2005, sólo el 32 por ciento viajó en aerolíneas mexicanas (10 puntos porcentuales menos que en 1989).

La privatización y desregulación del servicio de transporte aéreo es una de las tendencias más importantes en el sector. La mayor participación de aerolíneas extranjeras (basada en parte en una ampliación del convenio bilateral con Estados Unidos), la flexibilización de las tarifas y rutas, y el surgimiento de nuevas aerolíneas, son guías básicas de la operación nacional de aerotransporte, lo cual, ha originado poco a poco, un ablandamiento en las condiciones legales de operación que han propiciado cada vez mas, un alza en las demandas de los usuarios de las líneas aéreas por mal servicio, culminando esta historia, en el fraude realizado por la empresa Air Madrid Líneas Aéreas, SA.

Este fraude ha sido posible por la falta en la ley de mecanismos por los cuales las empresas, tanto nacionales como extranjeras, respondan por los daños ocasionados a sus usuarios por el cese de sus operaciones de forma definitiva o temporal, sea por cualquiera de los motivos que las empresas señalen como causantes de su cierre de operaciones.

Tal fue el caso, del repentino cese de operaciones de la empresa de bajo costo, Air Madrid Líneas Aéreas, SA, el cual, demostró el vacío legal de un mecanismo que obligue a las empresas a responder por daños y perjuicios suscitados por hechos de esta magnitud, de igual forma, tendríamos que analizar la figura operacional de bajo costo para advertir sus posibles fallas y evitar irregularidades como las que se presentaron con Air Madrid.

Una aerolínea de bajo coste (también conocidas como aerolíneas de descuento) es una aerolínea que generalmente ofrece bajas tarifas a cambio de eliminar muchos de los servicios tradicionales a los pasajeros. Su modelo empresarial se basa principalmente en una única clase de pasajeros, una flota compuesta de aviones de un único modelo para reducir los costes de entrenamiento y servicio del personal, vuelos a aeropuertos secundarios más baratos y menos congestionados, potenciación de la venta directa de boletos, especialmente a través de Internet para evitar tasas y comisiones de las agencias de viajes y de los sistemas informatizados de reserva, los empleados trabajan realizando múltiples tareas, por ejemplo auxiliares de vuelo que también limpian el avión o controlan la entrada en la puerta de embarque, no mostrar las tasas de aeropuerto y los cargos por emisión, entre otras.

Bajo estas reglas generales de funcionamiento muchas empresas han abierto operaciones trasatlánticas, queriendo acaparar el mercado mexicano ofreciendo servicios de viaje a distintas partes del mundo. Una de ellas fue Air Madrid, la cual a partir del 2 de agosto del año 2005, inició operaciones en México con la ruta Madrid-Toluca, con dos viajes por semana y un precio de 660 dólares promedio por boleto, sin embargo, detrás de estas operaciones, podemos advertir un cúmulo de irregularidades en su actividad.

Air Madrid enfrentó una crítica situación a lo largo de 2006, las múltiples quejas de los pasajeros, propiciaron que la Dirección General de Aviación Civil de España interviniera deteniendo aviones para revisarlos y conocer si cumplían con las medidas de seguridad. Se revisaron procedimientos de atención a pasajeros e indemnizaciones porque había diversas quejas de que no estaban cumpliendo.

La Dirección General de Aviación Civil en España impuso a esta aerolínea un plan correctivo debido a los frecuentes retrasos en sus vuelos y ante la mala atención a los pasajeros, incluso recomendaba a la aerolínea limitar sus vuelos y consideraba la posibilidad de suspender la licencia de manera temporal o definitiva.

Sobre el asunto, en el mes de noviembre, Jaime Montserrat, director general de Air Madrid en México, externó a Grupo Reforma que no había sido notificado de manera oficial sobre la intención de retirar la licencia y que no había indicios de que esto sucediera, inclusive, aceptó la serie de retrasos que la compañía venía realizando.

El 15 de diciembre de 2006, la dirección de Air Madrid presenta la suspensión de sus actividades como aerolínea, tras ser advertida por el Ministerio de Fomento español con la suspensión de la licencia para operar por incumplimiento del plan de medidas correctoras que había exigido dicho ministerio ante los continuos problemas de retrasos y averías de la aerolínea. Al día siguiente se ejecutó la suspensión por parte de aviación civil española y horas después se supo que la compañía decidió suspender sus actividades en el momento que recibió el dinero de las agencias de viajes a través de las cuales había vendido miles de boletos.

La justicia española, a través de la Audiencia Nacional (principal instancia penal de España), inició una investigación a la compañía Air Madrid por fraude, luego de que presumiblemente, la compañía siguió vendiendo boletos a los pasajeros cuando ya sabía que iba a cesar sus actividades y que los vuelos no iban a realizarse.

Una situación de esta índole propiciada por vacíos en nuestras leyes no puede pasar inadvertida por las instituciones públicas, es el momento de actuar con firmeza para evitar que en el futuro se repitan estas acciones, y evitar que México se convierta en una fructífero negocio de empresas mal intencionadas y fraudulentas.

Por lo anterior, el suscrito diputado federal Alberto Esteva Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, sea aprobado el siguiente

Decreto que adiciona y reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

Artículo Primero: Se reforma y adiciona el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil. Quedando en los términos siguientes:

Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave, se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, o exista un cese parcial o total de las operaciones en territorio nacional del concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

I. ...

II. ...

III. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.--- Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Comisión de Transportes.

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado Abundio Peregrino García , del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación.

El diputado Abundio Peregrino García:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: el combate y la prevención de las adicciones debe ser un tema prioritario de la política de salud en México. La ausencia de la formación de una personalidad consciente y segura es una de las causas que, junto con otros factores, están haciendo que un sector cada vez más importante de la sociedad se esté involucrando en el uso de las drogas.

Sin embargo, tenemos que ser objetivos y señalar que el factor fundamental que está haciendo que las personas consuman cada vez más drogas está asociado con la destrucción del núcleo familiar, producto de un modelo económico que ha provocado el empobrecimiento masivo de las familias porque ha privilegiado la competencia a ultranza y la intensificación de los ritmos de trabajo en las fábricas y el campo. Ésta es una de las razones fundamentales por la que las adicciones han ido en aumento en México y en el resto del mundo en los últimos 20 años.

El aumento de las adicciones ha provocado que desarrollen conductas asociadas a la delincuencia; problemas de violencia en la familia y en el conjunto de la comunidad. Por ejemplo, en años recientes un porcentaje importante de niños entre ocho y 10 años han pasado a formar parte de los adictos al alcohol, cuando antes iniciaban entre los 12 y los 14 años.

Las mujeres con padecimiento de alcoholismo fueron en aumento y abarca también a todas las clases sociales; el consumo de drogas cobró cada vez más víctimas y su incidencia abarca incluso a los niños que se encuentran estudiando la primaria. Es cada vez mayor el consumo de drogas clásicas sintéticas de bajo costo, como el crack, el cristal, las tachas, entre otras, cuyas repercusiones en los adictos son muy graves.

A pesar de que el consumo de drogas, el tabaquismo y el alcoholismo han crecido considerablemente en la sociedad mexicana, la respuesta del Estado a la problemática de las adicciones no es acorde con la dimensión que tomó este problema de salud pública.

Las políticas generales de salud de los gobiernos que hemos tenido, sólo han planteado líneas generales para reducir las adicciones al tabaco, al alcohol y las drogas. Nunca se han articulado programas y acciones gubernamentales que enfrenten de manera radical el combate y la prevención de las adicciones. Incluso las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que se abocaron a atender este flagelo social hicieron más y lograron mejores resultados que las acciones y los programas del gobierno.

Para nadie es desconocido el papel y los resultados que ha producido en el campo del combate al alcoholismo, de organismos no lucrativos, como Alcohólicos Anónimos, que ha logrado rehabilitar a un alto porcentaje de quienes se acercan a pedir ayuda para enfrentar esta enfermedad. El gobierno federal y la sociedad en su conjunto, tampoco alentaron una política que tomara un carácter de Estado para fomentar la integración familiar y la preparación de los padres de familia para que se reforzara a nivel emocional, familiar y social, la relación entre padres e hijos, cuya ausencia es uno de los factores que condicionaron el aumento de las adicciones en un contexto en que la sociedad se complejizaba.

Por lo tanto, el Partido del Trabajo, en su grupo parlamentario, tiene claro que para enfrentar el problema de las adicciones y su prevención debemos construir una política de Estado que involucre a todas las instancias del sector salud, a la sociedad en su conjunto, a la institución en educación superior y al Congreso de la Unión.

Por esa razón, estamos proponiendo la inclusión de una materia que forme parte del plan de estudios de la enseñanza básica que se imparta en quinto y sexto grado de la primaria y continúe en cada año la enseñanza secundaria, donde destaquen las razones que inducen al consumo de drogas, así como su prevención y las repercusiones que tienen en el entorno familiar y en la personalidad física y emocional de los seres humanos.

Por lo tanto nuestra propuesta consiste básicamente en lo siguiente.

Artículo primero. Se adiciona un párrafo segundo, corriéndose en su orden el actual párrafo segundo para pasar a ser párrafo tercero, y así sucesivamente, del artículo 48 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue.

Artículo 48. La Secretaría establecerá como obligatorio en el contenido de los planes y programas de estudio para el nivel básico, la incorporación de una materia que destaca la enseñanza de la prevención y el combate a las adicciones. Dicha materia deberá ser impartida en el sexto y quinto grado de primaria, así como en cada uno de los años que abarca la enseñanza secundaria.

Finalmente, pido, diputada Presidenta de la Mesa Directiva, que instruya para que se inserte íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates de esta Cámara. Es cuanto. Gracias señores diputados y señoras diputadas.

«Iniciativa que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto decreto que adiciona un párrafo segundo, corriéndose en su orden el actual párrafo segundo, para pasar a ser párrafo tercero, y así sucesivamente, al artículo 48 de la Ley General de Educación, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El combate y la prevención de las adicciones deben ser tema prioritario de la política de salud en México.

Debe ser parte de una política de Estado que ponga al servicio de la sociedad todo el saber generado en las universidades sobre el conocimiento del ser humano.

Es decir, impulsar una política de autoconocimiento de la personalidad y el carácter de los individuos para tener mejor desempeño emocional, de integración social, a fin de enfrentar con mayor capacidad los problemas y retos relacionados con la vida cotidiana, así como tomar decisiones que muestren firmeza de carácter y seguridad de la personalidad.

La ausencia de la formación de una personalidad consciente y segura, e las causas que junto con otros factores están haciendo que un sector cada vez más importante de la sociedad se esté involucrando en el uso de drogas.

Sin embargo, tenemos que ser objetivos y señalar que el factor fundamental por el que las personas consumen cada vez más drogas está asociado a la destrucción del núcleo familiar, producto de un modelo económico que ha provocado el empobrecimiento masivo de las familias, porque ha privilegiado la competencia a ultranza y la intensificación de los ritmos de trabajo en las fábricas y en el campo.

Ésta es una de las razones fundamentales por las que las adicciones han ido en aumento en México y en el resto del mundo en los últimos 20 años.

Porque millones de padres de familia de todos los estratos sociales se vieron envueltos en una dinámica de destinar mayor tiempo a las actividades laborales en detrimento del tiempo destinado a la convivencia familiar y con los hijos.

Además, la expresión del desarrollo de la cultura de la presión y la competencia económica y laboral se traduce en muchos casos en la creación de estados depresivos y ansiosos que pueden inducir a conductas adictivas y delictivas.

Pero no sólo la dinámica del modelo económico es la causante de este aumento de las adicciones y el consumo de drogas, también lo es el empobrecimiento económico, social y cultural de las familias, producto de la propia dinámica productiva de las sociedades capitalistas y de la política de los Estados a excluir del progreso material el sector mayoritario de la población y a favorecer a unos cuantos.

La pobreza de las familias puede generar una serie de estados depresivos y ansiedades que son el resultado de las carencias materiales y de los modelos comparativos con otros sectores pudientes de la sociedad.

El resultado final de esta pobreza es que termina por generar individuos emocionalmente inseguros que pueden ser más vulnerables al desarrollo de conductas depresivas y ansiosas, que pueden terminar a la larga por inducir al consumo de drogas o a otras conductas delictivas y adictivas.

Por esa razón, el aumento del consumo de drogas, el alcoholismo, el tabaquismo y otra serie más de conductas adictivas que distorsionan la personalidad de los individuos tienen que ver con alguna de las causas que hemos señalado y han ido abarcando a todos los estratos sociales de nuestro país, incluidos algunos padres de familia.

En el mismo nivel puede situarse a la desintegración familiar como causante de depresión y ansiedad en las personas que pueden tener el mismo final que las conductas señaladas.

El aumento de las adicciones ha provocado que se desarrollen conductas asociadas a la delincuencia, problemas de violencia en las familias y en el conjunto de la comunidad, a la delincuencia organizada, que utiliza un sector cada vez más creciente de la población en gran dependencia de las drogas y el alcoholismo, a sus actividades ilícitas.

Por ejemplo, en años recientes un porcentaje importante de niños de entre 8 y 10 años han pasado a formar parte de los adictos al alcohol, cuando antes se iniciaban entre los 12 y 14 años.

Las mujeres con padecimiento de alcoholismo fueron en aumento, y ello abarca también todas las clases sociales.

El consumo de drogas cobró cada vez más víctimas y su incidencia abarca incluso a los niños que se encuentran estudiando la primaria.

Es cada vez mayor el consumo de drogas sintéticas de bajo costo como el crack, el cristal y las tachas, entre otras, cuyas repercusiones en los adictos son muy graves.

Pese a que el consumo de drogas, el tabaquismo y el alcoholismo han crecido considerablemente en la sociedad mexicana, la respuesta del Estado a la problemática de las adicciones no fue acorde con la dimensión que tomó este problema de salud pública.

Las políticas generales de salud de los gobiernos que hemos tenido sólo han planteado líneas generales para reducir las adicciones al tabaco, al alcohol y a otras drogas.

Nunca se han articulado programas y acciones gubernamentales que enfrenten de manera radical el combate y la prevención de las adicciones.

Incluso, las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que se abocaron a atender este flagelo social hicieron más y lograron mejores resultados que las acciones y los programas del gobierno.

Para nadie son desconocidos el papel y los resultados que ha producido en el campo del combate del alcoholismo de organismos no lucrativos como Alcohólicos Anónimos, que ha logrado rehabilitar a un gran porcentaje de quienes se acercan a pedir ayuda para enfrentar esta enfermedad.

El gobierno federal y la sociedad en su conjunto tampoco alentaron una política que tomara un carácter de Estado para fomentar la integración familiar y la preparación de los padres de familia para que se reforzara a nivel emocional, familiar y social la relación entre padres e hijos, cuya ausencia es uno de los factores que condicionaron el aumento de las adicciones en un contexto en que la sociedad se tornaba compleja.

Por tanto, el Partido del Trabajo y su grupo parlamentario tienen claro que para enfrentar el problema de las adicciones y su prevención, debemos construir una política de Estado que involucre todas las instancias del sector salud, a la sociedad en su conjunto, las instituciones de educación superior y al Congreso de la Unión.

Por esa razón proponemos la inclusión de una materia que forme parte del plan de estudios de la enseñanza básica, que se imparta en quinto y sexto grado de la primaria y continúe en cada año de la enseñanza secundaria, donde se destaquen las razones que inducen al consumo de drogas, así como su prevención y las repercusiones que tiene en el entorno familiar y en la personalidad física y emocional de los seres humanos.

El contenido de esta materia debe destacar, entre otras cosas, el autoconocimiento del ser humano, el conocimiento de la historia de las raíces de la familia, las manías y la cultura emocional de ellas.

También debe abarcar el estudio de la sexualidad y del conocimiento del cuerpo humano, así como su potencialidad y vulnerabilidades, con el propósito de relacionar la función negativa que puede tener las adicciones sobre éste.

Nuestra iniciativa busca crear conciencia en el seno de nuestra sociedad, pues queremos construir hombres y mujeres que sean capaces de evitar, controlar y manejar sus emociones negativas y que vivan con la seguridad de que no necesitan recurrir a la puerta falsa de las adicciones, para conseguir los objetivos personales y los colectivos que se proponen como individuos socialmente conscientes.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo segundo, corriéndose en su orden el actual párrafo segundo, para pasar a ser párrafo tercero, y así sucesivamente, al artículo 48 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo segundo, corriéndose en su orden, el actual párrafo segundo, para pasar a ser párrafo tercero, y así sucesivamente, al artículo 48 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 48. ...

La Secretaría establecerá como obligatoria en el contenido de los planes y programas de estudio para el nivel básico la incorporación de una materia que destaque la enseñanza de la prevención y el combate de las adicciones. Dicha materia deberá ser impartida en el quinto y sexto grados de primaria, así como en cada uno de los años que abarca la enseñanza secundaria.

...

...

...

...

Transitorio

Artículo Único. La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.--- Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública de Servicios Educativos.

REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 440 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

CONSTITUCION POLITICA - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES - CODIGO PENAL FEDERAL - LEY DE RADIO Y TELEVISION

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor Secretario. Se concede el uso de la palabra al diputado Mario Enrique del Toro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código Penal Federal y de la Ley de Radio y Televisión.

El diputado Mario Enrique del Toro:Gracias, Presidenta; con su permiso, señores diputados y señoras diputadas: tienen ustedes en la Gaceta Parlamentaria la exposición de motivos y el texto de la propuesta de reforma. Se trata simplemente de algunos aspectos que considero importante se tienen que reformar de inmediato. Tenemos que darle mayor claridad a nuestras leyes en el marco electoral y, de igual forma, con esto vamos a consolidar nuestras instituciones.

En síntesis, esta iniciativa contempla que para las elecciones presidenciales utilicemos la figura de segunda vuelta. Con esto dejaremos a un lado las dudas que existieron en este pasado proceso, dándole mayor certidumbre y claridad a las elecciones y permitiendo que en este país gobiernen, efectivamente, las grandes mayorías.

De igual forma, estoy proponiendo la reducción de los tiempos de las campañas presidenciales a dos meses. Todos hemos visto el derroche de recursos. Las precampañas inician desde un año antes y yo considero que en dos meses, a través de los medios electrónicos se puede dar el posicionamiento de cada uno de los partidos políticos.

La propuesta también contempla la prohibición a los partidos políticos para contratar usos particulares de tiempo de radio y televisión para su publicidad. Éste es el aspecto, el rubro que más costo tiene en una campaña; y de igual forma estamos acotando para que los tiempos oficiales que tienen destinado a las televisoras y la radio sean utilizados por los partidos políticos para difundir sus propuestas electorales.

Estamos proponiendo que se establezca una prohibición para las denominadas campañas negras o denigrantes. Esto ayudará mucho para que el electorado tenga una claridad en cuanto a propuestas exclusivas y no sobre aquellos aspectos negativos que un partido o candidato tenga sobre otro.

Es importante, considero, que tengamos también la acotación para el uso de los tiempos oficiales. Es triste ver que los gobiernos, tanto federal como estatal y municipal, utilicen este tiempo para enaltecer la figura de los gobernantes. Yo considero que aquel gobierno que tiene que exaltar lo que hace es porque la gente no está sintiendo ese beneficio al que hace alusión.

Por eso, estoy proponiendo que los tiempos oficiales de radio y televisión sean utilizados exclusivamente para informar, para orientar acerca de algunos programas, pero nunca más para enaltecer a ningún gobierno ni a ninguna persona que al paso del tiempo, después, vemos que no era tan bueno, no era tan extraordinario como lo quieren pintar en los anuncios televisivos.

Con estas reformas pasaríamos de las invitaciones personales a integrar gabinetes de coalición, a formalizar acuerdos de cara a la ciudadanía, transparentando la negociación política entre las entidades políticas, para que la ciudadanía sepa que los acuerdos tienen que ver con la forma en que se basa el gobierno en las políticas públicas que se van a impulsar para fomentar el desarrollo sustentable.

Yo quiero exhortar a mis compañeros diputados a que en comisiones no vayan a desechar en forma rápida esta propuesta, sino que se haga un análisis a fondo, un estudio profundo y que le entremos a estas reformas. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Décima Sexta Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código Penal Federal, y de la Ley Federal de Radio y Televisión, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La existencia de un partido casi único retrasó la implantación de un sistema electoral que contemplara la competencia electoral con la mayor equidad y civilidad posible, en el que se pudieran ir construyendo mayorías naturales sin la mano directa o indirecta de estructuras administrativas del Ejecutivo en turno.

En un sistema de gobierno representativo imperfecto, de escasos diez años, los cambios de gobierno no traen en sí mismos resultados inmediatos que satisfagan la expectativa de crecimiento económico de abajo para arriba de los sectores sociales más golpeados y olvidados del supuesto avance macroeconómico. El dilema sigue siendo democracia para qué, si continuamos casi con los mismos males: pobreza insultante, desigualdad y concentración de la riqueza nacional en pequeños grupos económicos y sociales; corrupción que indigna, un sistema de justicia parcial, concentrado en un ``aristocracia jurídica'' al servicio de los grupos de poder que construyó el viejo régimen. Se llegó a considerar que con el sólo hecho de hacer a un lado al partido gobernante, el país y la población iban a crecer en todos los sentidos. Pero esto evidentemente no fue así, los privilegios de unos se convirtieron en el abuso de los nuevos residentes.

La democracia no expía culpas ni es garantía de acceso a mejores niveles de vida para los deciles poblacionales de ingreso más olvidados. Sólo se intenta responder a su precaria situación a través del asistencialismo gubernamental, más que con estrategias, planes y programas de corto y largo plazo que permitan dotarles de empleos permanentes, de calidad, especializados y de mejores condiciones materiales de existencia.

La democracia y la insultante inversión pública en el mantenimiento de su burocracia, no se ha reflejado en una sustancial mejora, reconocida por la población nacional, de los más de 60 millones de pobres indigentes y pobres no indigentes.

Repensar la función de los partidos políticos, los recursos públicos dirigidos a su financiamiento y los otorgados en especie a través de tiempos oficiales en televisión y radio, destinados a fortalecer la democracia, nos lleva a replantear el Estado mexicano y el frágil sistema político que se alimenta de canonjías, privilegios y complicidades. La entrada de la democracia a la vida política nacional no ha impactado significativamente en las personas promedio del país. Esto es lo grave, el desencanto e incompatibilidad, hasta ahora, entre ``bono y competitividad democrática'' y desarrollo económico personal, familiar y social de la población nacional.

Es entendible la percepción ciudadana respecto de la función y funcionalidad de la política, de los partidos políticos, de los poderes y gobiernos en los tres niveles: nos reprochan, rechazan y reprueban. Somos algo así como una carga institucional, legalizada pero no legitimada; en este sentido las explicaciones sobre el magro desarrollo desde el poder son expresión de la frivolidad, tal vez del cinismo en el que se ha incurrido, aunque sea doloroso y políticamente incorrecto admitirlo, pero cómo decir lo contrario cuando la pobreza, los abusos desde el poder, el nepotismo, el ``saqueo'', los juicios y sentencias que favorecen a quien tiene mayores recursos, la creciente e imparable violencia de la delincuencia común y organizada, las crecientes tasas delictivas, la ola creciente e imparable de ejecuciones por todo el país son más que evidentes.

A los mexicanos que viven de su trabajo y a los que subsisten de su no trabajo, sólo les provocamos indignación y hastío. Ante esa realidad debemos de responder con la fuerza de nuestras acciones, representemos con dignidad el poder que nos han otorgado los electores, actuemos con la convicción humana, con la eticidad que nos exigen millones de personas sin trabajo, sin acceso a servicios de salud, sin posibilidad de un futuro claro; tomemos la decisión de hacer de esta legislatura una palanca sustantiva del desarrollo, dotando de poder, de la fuerza transformadora del derecho a las viejas y nuevas instituciones para construir sobre de ellas un México más parejo, menos desigual, más humano y humanizado, en el que todos participemos de los beneficios de la República.

La desigualdad económica, la creciente brecha entre los que más y menos tienen, el autoritarismo gubernamental, el enriquecimiento a través del servicio público, el uso faccioso de los productos, derechos y aprovechamientos del Estado, lo que es objetivo es que la población mayoritaria no participa de los beneficios de la ostentada bonanza democrática, salvo el que disfrutan los miembros del grupo en el poder y que se benefician con la estabilidad de los fundamentales de la macroeconomía. Esta forma de mostrar el crecimiento económico nacional tiene referentes observables: el incremento de los pobres en el país, el insignificante crecimiento del salario de los trabajadores en comparación con las utilidades obtenidas en la Bolsa Mexicana de Valores por los accionistas, la descapitalización del campo, subsidios productivos insuficientes para los productores del campo y el constante empobrecimiento de la mayoría de la población. No es casual el estado de miseria en el que estamos sumidos, es causal, se llama abuso de poder permitido y/o promovido por quienes gobernamos, sea por negligencia, por interés personal o de grupo; por la falta de acuerdos, por la insuficiencia de mayorías que permitan llegar a converger en lo fundamental compartiendo la corresponsabilidad de gobernar y obtener beneficios político-electorales como resultado del objetivo beneficio de la población mayoritaria.

Se tiene la necesidad establecer reglas claras, fortalecer los mecanismos y las instituciones electorales para dar certeza jurídica a los actores políticos. Las elecciones son y serán cada vez más competidas, y el no contar con certeza y credibilidad en las instituciones y procesos electorales locales y federales continuará generando enfrentamiento entre los contendientes, sus simpatizantes y militantes en el marco de resultados electorales cerrados.

La inercia de fraudes electorales anteriores, la desconfianza entre los contendientes, la participación de áreas de los gobiernos federal, estatales o municipales en la promoción de un candidato-partido, consejeros electorales con intereses de partido, magistrados electorales con compromisos de grupo o económicos le imprimen a la contienda electoral pasión y descalificación, por ser elecciones de todo o nada.

Es conveniente que la ciudadanía conozca diferentes opciones y ofertas electorales, que participe con pasión, lo preocupante, porque nuestra historia electoral lo demuestra, es que no esté considerado un método que permita construir una mayoría clara para obtener el triunfo electoral y, naturalmente, que se convierta en un gobierno legítimo y legitimado.

Aceptar como triunfador al candidato que obtenga el 51 por ciento de la votación emitida, mayoría absoluta, o al que no logre obtener la mayoría absoluta y tenga, cuando menos, el 45 or ciento de la votación emitida y que la votación con la expresión política más cercana sea no menor del 10 por ciento inclusive, mayoría relativa acotada, permitirá ofrecer a la población un proceso electoral y resultados con certidumbre política. Para estar dentro de esta hipótesis se requiere construir candidaturas en concordancia, de menos, con las expectativas del electorado medio; con la visión de ofrecer una propuesta diferenciada por grupo poblacional que perciba que sus específicas demandas y aspiraciones están siendo consideradas por el candidato de su preferencia.

Es comprensible que existan opciones de partido que tengan la posibilidad, coyuntural, de obtener la mayoría absoluta para gobernar, pero seguramente, por la creciente politización del pueblo de México y el gradual incremento del nivel educativo, serán circunstancias raras, lo más probable es que tengamos que construir, con tolerancia, inteligencia y profundo respeto, coaliciones electorales y de gobierno.

Lo que nos debe diferenciar es el sustantivo, no el adjetivo. Así, la segunda vuelta se presenta como método y sistema para formar consensos que permitan gobernar a quien ganó, pero, sobre todo, que la población tenga la confianza, la certeza jurídica y política del resultado final.

La confianza en las instituciones no sólo se refiere a la aceptación gramatical de la ley, sino a la convicción, avalada por los hechos, de que quienes le dan vida a las instituciones actúan con pleno respeto a las personas, rechazando o aceptando sus razones jurídicas con las únicas probanzas que el juicio conlleva, sin mecanismos de aceptación o rechazo extrajudicial promovido por el poder económico o político que se siente lesionado.

Para evitar confusiones y dudas en los procesos electorales que generan conflictos legales y confrontaciones postelectorales, propongo la creación de la elección presidencial de segunda vuelta. Esta reforma se presenta como una necesidad de repensar y reestructurar una parte del sistema electoral, de ponerlo al día para disminuir el riesgo de crisis postelectorales que afecten la marcha del país en su conjunto. Las pasiones e ideologías en el actual sistema de partidos han sido rebasadas por la fuerza de los hechos al ir teniendo elecciones competidas en un marco general de alta abstención, en unos casos, y de elecciones que rebasan la barrera del 50 por ciento de participación de los electorales con posibilidad de votar en elecciones tanto federales como locales, en otros.

Los electoralmente derrotados no quedan satisfechos con los resultados, sea por el escaso margen de diferencia respecto del vencedor, sea porque intervino alguna administración a favor de algún candidato, cierto o no hay incertidumbre, conflictos y, en no raros casos, muertes innecesarias.

Si bien cada país tiene sus naturales circunstancias, es un hecho que en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, por ejemplo, el método del ballotageles ha permitido generar certidumbre política y económica, no obstante la alta y cerrada competencia que parece ser el común denominador de las elecciones presidenciales en la región.

Estos y otros temas, seguramente igual de trascendentes, pueden encontrar un ambiente más propicio en un sistema electoral que tiene incorporado el método del ballotage, a través del cual se pueden concretar acuerdos que repercutan en mayor eficiencia de la democracia, sin acotamientos, más transparente y positivamente percibido por la ciudadanía con y sin filiación partidaria.

Se proponen de igual forma reformas disminuyan los costos de las campañas eliminando la contratación de tiempos en los medios electrónicos e incrementando los tiempos oficiales de acceso a radio y televisión, de forma clara, equitativa y proporcional. El que los partidos políticos y el IFE no tengan que erogar en la difusión de información, programas, plataformas políticas y propuestas de sus candidatos, permitirá un ahorro de más del 60 por ciento de lo ejercido para este rubro.

Se propone también disminuir los tiempos de campaña de tal forma que inicien en el primer día de mayo y terminen hasta tres días antes de la elección. Las elecciones son importantes, mas no deben distraer la vida cultural, social y productiva nacional; desquiciaremos y contaminaremos menos la imagen urbana.

Propongo acotar el uso de los tiempos oficiales para que la difusión de programas de gobierno sea exclusivamente a nivel de orientación de inicio y objetivo de planes y programas, eliminando la promoción personal y de las acciones y logros de los servidores públicos y gobiernos en turno.

La serie de reformas que presento a esta soberanía incluyen también la prohibición expresa de que los organismos empresariales y organizaciones civiles contraten publicidad de cualquier tipo para denostar a determinado partido o candidato, de igual forma comprometer a los medios electrónicos de comunicación masiva a una participación limitada en los procesos electorales para evitar su influencia en el ánimos de los electores.

Con la reformas propuestas pasaríamos de las invitaciones personales a integrar gabinetes de coalición, a formalizar acuerdos de cara a la ciudadanía; transparentando la negociación política entre los entidades políticas para que la ciudadanía sepa que los acuerdos tienen que ver con la forma en que se va hacer gobierno, en las políticas públicas que se van a impulsar para fomentar el desarrollo sustentable.

La utilidad y ventaja del método del ballotage es básica: formar una mayoría y fuerza electoral que le dé a la ciudadanía la confianza, medible cuantitativa y cualitativamente, de que no obstante lo accidentado de las elecciones, más adelante habrán los consensos electorales, gubernamentales y legislativos que permitan la marcha de la economía y que ésta se traduzca en beneficios para todos los mexicanos; sólo el consenso público entre las diferentes fuerzas políticas generará las condiciones y cultura política para enfocarnos en el bien nacional, en el bienestar de todos de forma justa y equitativa.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; el Código Penal Federal y la Ley Federal de Radio y Televisión

Artículo primero. Se reforman los artículos 41, 81 y 99 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, ciertas, auténticas, periódicas y hasta en dos vueltas, en su caso, en lo correspondiente al Ejecutivo federal conforme a las siguientes bases:

Artículo 81. La elección del Presidente será directa y hasta en dos vueltas en los términos que disponga la ley electoral.

Artículo 99. ...

...

I. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en cada una de las vueltas electorales, en su caso, que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

Artículo segundo. Se reforman los artículos 9, 19, 21, 44, 45, 46, 47, 48, 49-A y 59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 9. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo cada seis años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos, y en hasta en dos vueltas electorales. La segunda vuelta se llevará a cabo si:

A. Ningún candidato obtiene el 51 por ciento de la votación emitida.

B. La diferencia entre el primero y el segundo de los candidatos más votados es inferior a la votación emitida, siempre que el candidato más votado haya obtenido el 45 por ciento de la votación emitida.

Solamente los dos candidatos más votados en la primera vuelta podrán contender en la segunda vuelta para elegir, de entre ellos, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

...

Artículo 19. ...

...

2. El día que deberán celebrarse las elecciones federales ordinarias de primera y segunda vuelta serán considerados como no laborables en todo el territorio nacional.

3. La segunda vuelta para elegir al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en su caso, será el primer domingo de agosto del mes siguiente en que se hayan celebrado las elecciones ordinarias de primera vuelta.

Artículo 20. ...

...

2. La convocatoria para la segunda vuelta para elegir Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se emitirá, en su caso, hasta en ocho días después de haberse celebrado la elección ordinaria de la primera vuelta.

Artículo 21. ...

1. Las convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias y la segunda vuelta, en su caso, no podrán restringir los derechos que este código reconoce a los ciudadanos mexicanos y a los partidos políticos nacionales, ni alterar los procedimientos y formalidades que establece.

2. El Consejo General del Instituto Federal Electoral podrá ajustar los plazos establecidos en este Código conforme a la fecha señalada en la convocatoria respectiva, que señalará expresamente como de inicio de campañas el primer día del mes de mayo del año en que se elija al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 44. ...

1. Del tiempo total que le corresponde al Estado en las frecuencias de radio y en los canales de televisión, cada partido político disfrutará de 60 minutos mensuales en cada uno de estos medios de comunicación.

2. Los partidos políticos tendrán derecho, además del tiempo regular mensual a que se refiere el párrafo anterior, a participar conjuntamente en programas especiales que establecerá y coordinará la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para ser transmitido por radio y televisión tres veces al mes.

Artículo 45. ...

1. Los partidos políticos harán uso de su tiempo mensual de forma continua o discontinua. El orden de presentación de los programas se hará mediante sorteos semestrales.

Artículo 46. ...

1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos propondrá las fechas, los canales, las estaciones y los horarios de las transmisiones, que habrán de ser en horarios de mayor audiencia. Asimismo, tomará las previsiones necesarias para que la programación que corresponda a los partidos políticos tenga la debida difusión a través de la prensa de circulación nacional.

2. Los tiempos destinados a las transmisiones de los programas de los partidos políticos y del Instituto Federal Electoral, tendrán preferencia dentro de la programación general en el tiempo estatal en la radio y la televisión. Se transmitirán en cobertura nacional y los concesionarios y permisionarios los deberán transmitir en horarios de mayor audiencia.

Artículo 47. ...

1. ...

a) En el proceso electoral en el que se elija Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el tiempo total de transmisión para todos los partidos políticos será de 700 horas en radio y 600 en televisión;

b) En los procesos electorales en que sólo se elija a integrantes del Congreso de la Unión, el tiempo de transmisión en radio y televisión corresponderá al 80 por ciento de los totales previstos en el inciso anterior; y

c) Durante el tiempo de las campañas electorales, adicionalmente al tiempo a que se refiere el inciso a) anterior, se adquirirán, por conducto del Instituto Federal Electoral para ponerlos a disposición de los partidos políticos y distribuirlos mensualmente, hasta 20 mil promocionales en radio y 5 mil en televisión, con duración de 20 segundos. En ningún caso el costo total de los promocionales excederá el 20 por ciento del financiamiento público que corresponda a los partidos políticos para las campañas en año de elección presidencial y el 12 por ciento cuando sólo se elija a integrantes del Congreso de la Unión. Los promocionales que no se utilicen durante el mes de que se trate, no podrán ser transmitidos con posterioridad.

Es facultad exclusiva del Instituto Federal Electoral la contratación de tiempos en radio y televisión destinados a las actividades de los partidos políticos y a las campañas para elegir Presidente de la República, senadores y diputados federales.

3. El tiempo de transmisión y el número de promocionales a que se refieren respectivamente, los incisos a) y c) del párrafo 1 de este artículo, se distribuirán entre los partidos con representación en el Congreso de la Unión, de la siguiente manera: el 30 por ciento en forma igualitaria, y el 70 por ciento restante en forma proporcional a su fuerza electoral. El mismo criterio de proporcionalidad se aplicará a los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta electoral, en su caso.

4. La duración de los programas en radio y televisión para cada partido a que se refiere el inciso a) del párrafo 1 de este artículo, será en impactos de 20 segundos como mínimo, a petición de los partidos políticos, también podrán transmitirse programas de 5, 7.5, 10 y 15 minutos del tiempo que les corresponda, conforme a la posibilidad técnica y horarios disponibles para las transmisiones a que se refiere este artículo.

...

7. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral tomará los acuerdos pertinentes a fin de que el ejercicio de estas prerrogativas, en los procesos electorales extraordinarios y en la segunda vuelta en su caso, se realicen con las modalidades de tiempos, coberturas, frecuencias radiales y canales de televisión, para los programas de los partidos políticos con contenidos regionales o locales. Este tiempo de transmisión de los partidos políticos no se computará con el utilizado en las emisiones del tiempo regular mensual a que se refiere el artículo 44 de este código.

Artículo 48. ...

...

2. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral solicitará oportunamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes su intervención, a fin de que los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, tanto nacionales como de cada entidad federativa, le proporcionen un catálogo de horarios y sus tarifas correspondientes, disponibles para su contratación por el Instituto Federal Electoral, para el periodo del 1 de mayo y hasta tres días antes del señalado por este Código para la jornada electoral. Dichas tarifas no serán superiores a las de publicidad comercial.

4. (Derogado)

5. (Derogado)

a) (Derogado)

6. (Derogado)

7. (Derogado)

8. (Derogado)

9. (Derogado)

10. ...

11. (Derogado)

12. (Derogado)

13. En ningún caso, se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros. El Instituto Federal Electoral y los partidos políticos son los únicos facultados para hacer las denuncias de hechos que correspondan y solicitar la cancelación de la concesión o permiso a la estación de radio o canal de televisión (abierta o de cable) que transmita propaganda o publicidad en contra de algún partido, coalición o frente político.

14. (Derogado)

Artículo 49-A. ...

...

e) En el Consejo General se presentará el dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la comisión, procediendo a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes. Los partidos que excedan los topes de campaña serán sancionados con la suspensión de todas las prerrogativas que de ley les correspondan durante todo el año natural siguiente. El o los candidatos en cuestión serán sancionados con el retiro de sus candidaturas y el desconocimiento de sus triunfos, en su caso, asignándose el triunfo al los segundos candidatos más votados.

Artículo 59. ...

...

c) Disfrutará de las prerrogativas en materia de radio y televisión. (Se deroga) En los casos en que por disposición de este Código se tome en cuenta la fuerza electoral, se considerará la del partido coaligado que haya obtenido la mayor votación en la última elección federal; y

Artículo tercero. Se reforma el artículo 403 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 403. Se impondrá de cincuenta a doscientos días de multa y prisión de once meses a cuatro años, a quien:

...

XIV. A quien contrate o difunda por radio o televisión información, publicidad o propaganda tácita o implícita en contra de algún partido político, miembros de su dirigencia o candidatos.

Artículo cuarto. Se reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión para quedar como sigue:

Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 60 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.

Las dependencias públicas federales, estatales y municipales centralizadas y descentralizadas, sólo podrán utilizar el tiempo oficial para informar sobre el inicio y estado de los programas oficialmente autorizados en los presupuestos respectivos, sin hacer alusión tácita o implícita a algún servidor público que sea responsable, coordinador o ejecutor de algún programa de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de cualesquiera de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

En procesos electorales federales, estatales y municipales, las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias de 120 minutos, continuos o discontinuos, dedicados a difundir las plataformas electorales de cada partido y sus candidatos. El material para el uso de dicho tiempo será proporcionado por cada partido político y las emisiones serán coordinadas por el Instituto Federal Electoral, con equidad y proporcionalidad, de conformidad con las reglas que acuerde el consejo general del Insitito Federal electoral para este efecto.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.--- Diputados: Mario Enrique del Toro, Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Justicia y de Radio, Televisión y Cinematografía.

La siguiente iniciativa, agendada por el Partido Revolucionario Institucional, se pospone.

CONSTITUCION POLITICA - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Esteva Salinas , del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Alberto Esteva Salinas:Con el permiso de la ciudadana Presidenta y diputada y los integrantes de la Mesa Directiva: el concepto de mandato que nos ocupa, cuando hablamos de revocación de mandato, se caracteriza porque es representativo y obedece a una voluntad general que delega el ejercicio de la soberanía o del poder soberano en un representante o en una autoridad.

Ustedes saben que recientemente en el país se han vivido casos patéticos de gobernantes que han traicionado la confianza del pueblo de México. Pero también tenemos casos patéticos de diputados, de senadores, de regidores, de síndicos que han traicionado y traicionan la confianza del pueblo de México de manera recurrente.

No quiero poner ejemplos, pero hay muchos casos verdaderamente lamentables y vergonzosos que nos ponen, no solamente al juicio de la población en nuestro país, sino al juicio de la comunidad internacional, como una sociedad que no alcanza su mayoría en la práctica democrática.

Por eso esta iniciativa de revocación de mandato que se presenta ante este Pleno, con la petición de que sea turnada a las comisiones tanto de Participación Ciudadana como de Puntos Constitucionales, lleva como propósito el encarrilar hacia la democracia participativa lo que hoy tiene que constituirse como una herramienta fundamental para que nunca más los representantes populares, o quienes tienen la posibilidad de ser gobierno y de coordinar los esfuerzos de los mexicanos en todas las regiones del país, puedan abusar del encargo y de la confianza que les ha sido otorgado.

No son cheques en blanco los que otorga la sociedad mexicana a quienes tenemos el honor y además la responsabilidad de representar, ni tampoco son cheques en blanco lo que le otorga a sus gobernantes la sociedad mexicana.

Vimos en Oaxaca hace dos días nuevamente una movilización masiva de un conflicto que se presenta de manera recurrente, porque no está resuelto, y vimos cómo pone en evidencia al Estado mexicano y a la carencia de herramientas para tomar decisiones, y no solamente es el caso de Oaxaca.

Pero me concreto a éste porque vimos nuevamente los ríos de gente indignada que camina exigiendo la salida de un gobernador que hoy se siente ya apoltronado en su silla, que no tiene ningún mecanismo la sociedad mexicana, desde luego ninguno la sociedad oaxaqueña, para poder tomar no solamente la justicia, sino la posibilidad de que se revise tanto a esta administración que está en turno, como la anterior, la del autoatentado, la que todos conocemos y de la que nos avergonzamos.

Si nosotros procuramos tener estas herramientas en nuestra legislación, si hacemos el ejercicio y además la posibilidad de revisar cómo en otras latitudes del mundo hay casos en los que este ejercicio de la revocación de mandato impide que estos personajes, que se convierten en gobernantes arbitrarios, en abusadores del poder, en saqueadores el erario público, puedan evitarse si tenemos este tipo de herramientas.

Por eso, con estas herramientas vamos a lograr que los representantes populares y los gobernantes sean más sensibles a las demandas de los ciudadanos y más responsables en sus promesas de campaña como candidatos y en el cumplimiento de las mismas, pues la vigilancia y el control ciudadano tendrán recursos para revocar el cargo a quien no cumpla, como gobernante o como representante popular, con los compromisos que adquiere.

Algo que se podría objetar sobre la revocación del mandato a los titulares de los cargos de gobierno y representación generaría inestabilidad --dicen algunos-- en el sistema político y minaría la gobernabilidad y, por ende --dicen--, debilitaría a las instituciones republicanas y el funcionamiento eficiente de los poderes públicos.

Sin embargo, abundan los ejemplos de naciones que han hecho un uso prudente e institucional de este mecanismo y así han elevado la calidad de su democracia, ampliando su legitimidad y consolidando su gobernabilidad en beneficio de la estabilidad y la funcionalidad de sus sistemas políticos.

La validez de la aseveración anterior se comprueba al constatar el amplio y creciente número de países democráticos que han incorporado mecanismos de democracia directa en sus diseños constitucionales.

En América Latina, por ejemplo, durante los tres lustros más recientes diversos países reformaron sus sistemas jurídicos para dar cabida a estos instrumentos legales. De hecho, sólo Bolivia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana y México presentan sistemas constitucionales que no incorporan, en el nivel nacional, mecanismos de democracia directa.

La propuesta tiene que ver con una reforma de ley para que la rabia, la frustración, la impotencia que hoy manifiesta el pueblo mexicano ante una nueva clase política pluripartidista, abusiva, insensible, que ve en los puestos públicos una lotería patrimonial, salvo honrosas excepciones, se canalicen pacíficamente a través de un procedimiento de ley, y el pueblo restituya el valor de su voto.

Ésta es una propuesta que combate otro tipo de fraude electoral, que consiste en la defraudación al ciudadano por parte de un político electo que fue a campaña con una oferta política, pero que en la práctica hace lo contrario. Si la ciudadanía, con su voto, llevó al poder a un personaje y éste no responde, entonces la ciudadanía debe quitarlo también con su voto.

Esto que menciono es que no es posible permitir que malos gobernantes afecten el proyecto de vida de millones de mexicanos sólo porque ya llegaron y no hay forma de quitarlos, y entonces hay que sufrirlos, padecerlos hasta que termine su periodo.

La revocación de mandato se ha desarrollado como una forma particular de acción política concreta que consiste en la facultad de los electores para revocar el mandato otorgado a sus representantes cuando consideren que los actos de éstos causan perjuicio a la colectividad.

Se le ha definido como el derecho del pueblo, de los electores, para separar a ciertos funcionarios públicos de naturaleza electiva, cuando ellos dejan de inspirar confianza.

La revocación de mandato es el derecho del pueblo para dejar sin efecto al mandato de sus representantes o revocar los actos realizados por éstos en el ejercicio de sus funciones cuando se desempeñan en forma inconveniente o peligrosa para el interés común.

Como objetivos concretos de esta propuesta mencionamos los más importantes de manera concreta, que son: evitar la defraudación al ciudadano cuando un servidor público con representación popular no cumple lo que promete, viola la ley que juró cumplir, no es sensible a los reclamos ciudadanos y no expresa vocación de servicio.

Las consecuencias de la propuesta serían el dar el poder al ciudadano y fomentar su participación en los procesos electorales, obligar a los partidos políticos y a los ciudadanos independientes que participen en la política a elevar el perfil de los contendientes, al igual que el de sus suplentes.

En México es necesario que demos este paso en la búsqueda de restar la distancia entre la ciudadanía y las instituciones de representación y de gobierno. Por ello es fundamental el fomento de la solidez ciudadana para poder transitar de la periódica participación de los votantes en los procesos electorales a la participación ciudadana en un sentido pleno.

Por eso Convergencia somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados sea aprobada la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 1o. Se reforman y adicionan los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2o. Se adicionan los artículos 1 y 174 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Transitorio. Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicitamos sea enviado a la Comisión de Participación Ciudadana y a la Comisión de Puntos Constitucionales. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Alberto Esteva Salinas , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 70, 71, fracción II, y 72, inciso h), y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1o. y 174 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En cumplimiento de lo ordenado en los textos constitucionales y legales invocados, y con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del propio órgano legislativo, solicito a la Presidencia que dé curso y ordene el trámite de esta iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Federal y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en términos de la normatividad vigente.

Para efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se realiza la siguiente

Exposición de Motivos

La democracia en que se mueve el México actual aún adolece de deficiencias. Una verdadera democracia debería permitir a los ciudadanos evaluar cada cierto tiempo a sus gobernantes y legisladores y, en caso de comprobárseles que únicamente ejercen el poder para beneficio personal y de grupo, revocarles el mandato.

Si así fuera, seguro que la gente no se alejaría de la política y habría más participación ciudadana en la solución de los pequeños y grandes problemas del país.

El término ``revocación'' proviene del latín revocatio onis, que significa ``acción y efecto de revocar''; esto es, dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución. Por su parte, el concepto ``mandato'', proviene del latín mandatum, que quiere decir ``orden''. Desde el punto de vista jurídico la revocación del mandato se da en materia civil y es una de las formas de determinación de los contratos o de extinción de actos jurídicos por voluntad del autor o de las partes.

Luego de estas consideraciones, tenemos que el concepto de mandato que ahora nos ocupa, se caracteriza por ser representativo y obedece a una voluntad general que delega el ejercicio de la soberanía o del poder soberano en un representante o en una autoridad, por lo que la revocación del mismo nos lleva a retomar la cuestión de la soberanía, de quién la ejerce y cómo la ejerce. En todo caso, es el pueblo soberano el que mediante sufragio elige a sus mandatarios; esto es, a los que asumen el compromiso de cumplir con el mandato que les fue conferido por medio de las urnas.

En este sentido, sí el pueblo es el titular de la soberanía y constitucionalmente se le faculta a modificar o a cambiar su forma de gobierno y además, ejerce dicha facultad por medio de órganos representativos, sería lógico que existiera una disposición normativa para implantar la revocación de mandato, en congruencia con las normas constitucionales.

Se podrá decir que la Constitución establece responsabilidades a los servidores públicos que, incluso, pueden ser sujetos a juicio político y en última instancia, inhabilitados para ocupar cargos públicos por un periodo determinado o, en su caso, ser sujetos a proceso si hubiere lugar a ello, dándose en los hechos una revocación de mandato. Este procedimiento es facultad del Poder Legislativo, que se constituye en jurado de declaración, y en segunda instancia el Poder Judicial, que se erige en jurado de sentencia, proceso en el cual los ciudadanos no tiene una opción para intervenir más directamente para determinar la continuidad o no de un mandato otorgado.

El recall, o revocación del mandato, constituye un procedimiento mediante el cual la comunidad electoral, o una parte significativa de ella, puede promover la destitución de los representantes electos antes de que concluyan su periodo, mediante comicios especiales donde se les confirme o destituya.

La revocación de mandato es una variante invertida de la elección de representantes, a partir de una petición popular que debe reunir ciertos requisitos, como una cantidad determinada de firmas, se somete a la aprobación de los votantes la permanencia en el cargo o la remoción de un representante electo antes del plazo previsto para la conclusión de su mandato por la ley respectiva.

Este mecanismo de participación ciudadana permite a los votantes separar a un representante de su cargo público mediante una petición que debe satisfacer ciertos requisitos y se distingue del proceso de impeachment (iniciar un proceso de destitución contra), en que se trata únicamente de un juicio político sin implicaciones legales.

De las formas de participación ciudadana la revocación de mandato es la de mayor impacto político, pues se trata de dar por terminado el mandato de una autoridad o de un representante, por lo que su instrumentación en nuestro marco jurídico deben precisarse con toda claridad.

En este contexto, es oportuno recordar la sabia observación de Juan Jacobo Rousseau, quien desde el siglo XVIII ya nos alertaba de las limitaciones de la democracia representativa cuando los ciudadanos limitan su praxis política a la simple elección de sus representantes y desatienden la supervisión de su gestión: ``El pueblo inglés cree que es libre, se equivoca; solamente es libre cuando elige a sus representantes al Parlamento. Tan pronto como son electos éstos, el pueblo se convierte en esclavo, ya no es nada. Durante los breves momentos de su libertad, el uso que hace de ella merece que la pierda.'' (Jean Jacques Rouseau, Du contrat social, 1962.)

La mera posibilidad del ejercicio del derecho a recurrir a la revocación del mandato a los gobernantes y representantes populares tendría una serie de efectos benéficos para las instituciones derivadas de la democracia representativa. Se acabaría el ejercicio de los cargos de elección popular como ``cheques en blanco'' durante el periodo de gestión, y sus titulares estarían conscientes que se deben a la voluntad ciudadana que les otorgó el mandato, pero que en cualquier momento puede retirárselos.

Así, gobernantes y representantes populares serían más sensibles a las demandas de los ciudadanos y más responsables en sus promesas de campaña como candidatos y en el cumplimiento de las mismas, pues la vigilancia y el control ciudadano tendrían recursos para revocar el cargo a quien como candidato hizo compromisos que ya durante su gestión no cumple.

Asimismo, quienes ocupen cargos de elección popular cuidarían que su conducta pública y política no sea causa de desprestigio social y, por supuesto, se sentirían más incentivados a mantener comunicación permanente con los ciudadanos y a rendirles cuentas.

Por otra parte, la posibilidad de la revocación de mandato elevaría la calidad del fuero constitucional de quienes ejercen un cargo de elección popular, al combatir los usos perversos del mismo que lo hacen sinónimo de impunidad. Aprobar la figura de revocación de mandato constituye un reconocimiento a la soberanía popular y a los asuntos públicos como patrimonio de la sociedad.

Se podrá decir que la Constitución y las leyes establecen responsabilidades a los servidores públicos, que incluso pueden ser sujetos a juicio político y, en última instancia, inhabilitados para ocupar cargos públicos por un periodo determinado o, en su caso, ser sujetos a proceso si hubiere lugar a ello, dándose en los hechos una revocación de mandato. Sin embargo, en este proceso los ciudadanos no tienen una opción para intervenir más directamente para determinar la continuidad o no de un mandato otorgado.

También se puede objetar que la revocación de mandato a los titulares de los cargos de gobierno y representación generaría inestabilidad en el sistema político y minar la gobernabilidad y, por ende, debilitar a las instituciones republicanas y el funcionamiento eficiente de los poderes públicos. Sin embargo, abundan los ejemplos de naciones que han hecho un uso prudente e institucional de este mecanismo, y así han elevado la calidad de su democracia, ampliado su legitimidad y consolidado su gobernabilidad en beneficio de la estabilidad y la funcionalidad de sus sistemas políticos.

La validez de la aseveración anterior se comprueba al constatar el amplio y creciente número de países democráticos que han incorporado mecanismos de democracia directa en sus diseños constitucionales. En América Latina, por ejemplo, durante los tres lustros más recientes diversos países reformaron sus sistemas jurídicos para dar cabida a estos instrumentos legales.

De hecho, sólo Bolivia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana y México presentan sistemas constitucionales que no incorporan en el nivel nacional mecanismos de democracia directa, si bien en los dos primeros países actualmente se está discutiendo la posibilidad de adoptarlos debido a las recientes experiencias políticas.

En México es necesario que demos este paso en la búsqueda de restar la distancia entre los ciudadanos y las instituciones de representación y de gobierno; por ello, es fundamental el fomento de la solidez ciudadana para poder transitar de la periódica participación de los votantes en los procesos electorales (situación que Rousseau criticaba de la democracia inglesa), a la participación ciudadana en un sentido pleno. Es decir, ciudadanos que se involucren en el espacio público y en la toma de decisiones, y que demanden con toda legitimidad la rendición de cuentas a sus gobernantes y representantes populares.

No son suficientes los llamados a la participación ciudadana, es también necesario construir los espacios y los procedimientos institucionales en los que dicha participación pueda realizarse.

Encauzar la energía ciudadana por estos conductos evitaría, indudablemente, estados de ánimo colectivo que nos lleven a decir que las revoluciones estallan cuando un pueblo debe soportar la autoridad de aquellos gobernantes que ya no la merecen.

Por lo anterior, el suscrito, diputado federal Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, sea aprobado el siguiente

Proyecto de reforma y adición a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo primero: Se reforman y adicionan los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quedando en los términos siguientes:

Título Segundo

Capítulo I De la Soberanía Nacional de la Forma de Gobierno

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Así también, el pueblo, tiene la facultad de revocar el mandato a los funcionarios públicos que incurran en el incumplimiento de sus obligaciones por conductas de acción u omisión que dañen o lesiones los intereses comunes del país.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, participativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41.

I. ...

II. ...

a)...

b)...

III. La organización de las elecciones federales y los procesos de revocación del mandato son una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.

...

...

IV. ...

V. Serán motivos de revocación del mandato del o los funcionarios que incurran en el incumplimiento de sus obligaciones por conductas de acción u omisión que dañen o lesionen los intereses comunes del país, los siguientes:

a. Ausencia definitiva del lugar donde desempeñe sus funciones.

b. Cualquier infracción a la Constitución Política del Estado o a las leyes, reglamentos y decretos que de ella emanen, cuando causen perjuicios al país, los estados o a los municipios, o motiven algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

c. Las acciones u omisiones de carácter grave en el cumplimiento de los ordenamientos señalados en la fracción anterior.

d. Las violaciones sistemáticas a las garantías individuales o sociales.

e. Por la comisión de un delito oficial en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

f. Por incurrir en abuso de autoridad.

g. Por desatender reiteradamente sus funciones.

h. Por disponer indebidamente de bienes o recursos del erario federal.

i. Por quedar inhabilitado en virtud de sentencia judicial por delito intencional.

j. Por obstruir las funciones de algún otro funcionario público en forma reiterada.

Quienes estarán facultades para solicitar la revocación del mandato serán los ciudadanos mexicanos que conformen por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en el proceso electoral del cual resultó electo.

La autoridad encargada de recibir la solicitud de la revocación del mandato y dar el curso necesario será el Instituto Federal Electoral por medio del Consejo General.

Artículo segundo: Se adicionan los artículos 1o. y 174 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, quedando en los términos siguientes:

Libro Primero, De la Integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión

Título Primero, Disposiciones Preliminares

Artículo 1

1. ...

2. Este Código reglamenta las normas constitucionales relativas a:

a)...

b)...

c)...

d)...

f) La organización de los procesos para la revocación de mandato de los representantes populares.

Libro Quinto, Del Proceso Electoral

Título Primero, Disposiciones Preliminares

Artículo 174

1. ...

...

Para efectos de la revocación de mandato, la solicitud procederá siempre y cuando haya transcurrido no menos de un año, contado a partir del momento de la posesión del respectivo servidor público, para lo cual se empleará el siguiente procedimiento:

a. Se iniciará con la presentación de la denuncia misma, que deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado. En caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse éstas en posesión de una autoridad, ante el señalamiento, podrán solicitarse para los efectos conducentes.

b. Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto.

c. El escrito de denuncia deberá ratificarse e informará al denunciado sobre la materia de la denuncia, haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá, a su elección, comparecer o informar por escrito en un término de tres días hábiles contados a partir de la notificación.

d. Una vez determinado que el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere la ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en la propia ley, y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y, entonces, amerita la incoación del procedimiento. En caso contrario, el desechamiento de plano de la denuncia presentada.

e. Practicadas todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de aquélla; estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado, deberá abrirse un periodo probatorio de diez días dentro del cual se recibirá las pruebas que ofrezcan el denunciante y el servidor público. Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible recibir las pruebas ofrecidas oportunamente, o es preciso allegarse otras o existan algunas supervenientes, podrá ampliarse en la medida que resulte estrictamente necesario. En todo caso, se calificará la pertinencia de las pruebas señalándose fecha y hora para su desahogo, desechándose las que a su juicio sean improcedentes.

f. Terminada la instrucción del procedimiento, por un plazo de cinco días, se pone el expediente a la vista del denunciante y posterior a esos días se pone a la vista por cinco días a la del servidor público y sus defensores, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, que deberán presentar por escrito a los seis días contados a partir del último día que en que vence el plazo para el servidor público para tomar nota del expediente. Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no entregado éstos, se resolverá en vista de las constancias del procedimiento.

g. Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del encausado, la resolución propondrá que se declare que no ha lugar a la iniciación del proceso de revocación de mandato; en caso de que esté legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia; y acreditada la responsabilidad del encausado, se determinará la imputación, al servidor publico denunciado considerando la audiencia, los alegatos formulados, las constancias procedimentales y una síntesis que contenga los puntos sustanciales de éstas, iniciando de inmediato el proceso de revocación de mandato a cargo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, proceso que se ajusta al tenor de los incisos subsecuentes.

h. El Consejo General del Instituto Federal Electoral realizará la convocatoria a la votación para la revocación de mandato, que deberá contener las razones que la fundamenten y motiven, tomando en consideración la resolución de procedencia recaída a la solicitud.

i. Realizada la convocatoria y debidamente publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Federal Electoral, dentro de los cinco días siguientes, notificará por cualquier medio del hecho al respectivo servidor público, para su conocimiento.

j. El Instituto Federal Electoral, dentro de un término que no excederá de dos meses, convocará a los ciudadanos, a efecto de llevar a cabo el procedimiento de revocación de mandato.

k. Corresponderá al Instituto Federal Electoral la divulgación y promoción de la convocatoria, así como la realización de la votación de acuerdo con las normas establecidas en este código para una elección ordinaria.

Se considerará revocado el mandato para servidores públicos cuando la revocación sea aprobada en la votación respectiva por una mayoría de los ciudadanos que participen en la respectiva votación, siempre que el número de sufragios no sea inferior al cincuenta por ciento (50%) de la votación registrada el día en que se eligió al servidor público, y únicamente podrán sufragar todos los ciudadanos que cuenten con su credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral.

Si como resultado de la votación no se revoca el mandato del servidor público, no podrá volver a intentarse en lo que resta de su periodo.

Habiéndose realizado la votación y previo informe del resultado de los escrutinios por el Instituto Federal Electoral, lo comunicará al Congreso de la Unión, para que proceda, según el caso, a la remoción del cargo del respectivo servidor público.

Surtido el trámite establecido en el párrafo anterior, la revocación del mandato será de ejecución inmediata.

Revocado el mandato a un servidor público, se convocará a elecciones para escoger al sucesor, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el Instituto Federal Electoral certifique los resultados de la votación.

Si se produce la revocación faltando menos de un año para la terminación del periodo del servidor público elegido popularmente, el Congreso de la Unión designará el reemplazo hasta la expiración del periodo, respetando la filiación a grupo, movimiento o partido político del servidor público relevado.

A falta de regulación expresa de este procedimiento se estará a lo dispuesto a la observancia del titulo respectivo al proceso electoral en el presente código.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.--- Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana.

Esta Presidencia da la bienvenida a los alumnos de la escuela primaria Ignacio Quiroz Gutiérrez, del municipio de Tlalnepantla, y les extiende un afectuoso saludo. Les agradecemos su visita.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene el uso de la palabra el diputado Isael Villa Villa , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Isael Villa Villa:Con su permiso señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados.

«Iniciativa que reforma el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada federal Elda Gómez Lugo , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de decreto por el que se modifica el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones y el acceso a cargos de elección popular para obtener representación política en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Exposición de Motivos

México es un país pluriétnico, donde la población mestiza coexiste con un importante número de grupos indígenas, descendientes de los pobladores que habitaban el territorio nacional antes de la llegada de los españoles.

Cada uno de estos grupos conserva algunos de sus rasgos culturales precolombinos; se caracterizan por tener formas particulares de organización social, ciclos festivos, tradiciones, costumbres y una lengua propia que los distingue del resto de la población.

De acuerdo con los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005, en nuestro país residen poco más 6 millones de personas de 5 y más años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 6.7 por ciento de la población de dichas edades; la mayoría de los hablantes vive en los estados del sur y sureste del territorio nacional, aunque también se encuentran cantidades importantes en los estados del centro y en los de las costas del Golfo y del Pacífico. Las entidades federativas con mayor presencia de población indígena son Yucatán y Oaxaca.

Las lenguas indígenas con mayor número de hablantes son el náhuatl (1.4 millones), el maya (759 mil), el mixteco (423 mil), el zapoteco (410 mil) y el tzotzil (329 mil).

Las estadísticas indican que la población hablante de lengua indígena tiene condiciones sociales más desfavorables que la población nacional en su conjunto: un alto porcentaje de monolingüismo (12.3 por ciento); en tanto que la tasa de asistencia escolar para los hablantes de 6 a 14 años (88.7 por ciento) es menor que para el total de la población de la misma edad (93.3 por ciento); el porcentaje de los hablantes de 15 años y más que no saben leer y escribir es de 31.7 por ciento, más del triple que el registrado para el total de la población de esta edad (8.4 por ciento), y su promedio de escolaridad es de 4.5 años, 3.5 menos que el del total de la población de 15 y más años que fue de 8 años.

Si bien la década de los cuarenta marcó para los pueblos indígenas el inicio de una serie de avances significativos en materia de inclusión, respeto, diálogo intercultural y reconocimiento de las diferencias, debemos reconocer que estos avances han sido insuficientes, ya que aún faltan muchas cosas por realizar para poder garantizar a los pueblos indígenas una vida plena, digna y satisfactoria, en donde abatir el rezago, la pobreza, la marginación y la discriminación de los pueblos indígenas sigue siendo un reto.

Es claro que los pueblos indígenas no cuentan con una auténtica representación en la vida política del país; el abandono del campo; el crecimiento poblacional y las políticas que el gobierno ha implementa en el medio rural, han dado lugar a un éxodo de indígenas en distintos puntos de la República Mexicana.

Desde 1992 la constitución mexicana define al país como nación ``pluricultural'', en reconocimiento de los pueblos indígenas que habitan su territorio. En este sentido, podemos decir que sólo con el desarrollo pleno de los pueblos indígenas se podrá consolidar la democracia de la nación.

Es por esto que se hace necesario que la legislación que regula todo lo relativo a los procesos electorales, así como las instituciones responsables de su cumplimiento, que forman parte del sistema electoral del país puedan ser mejorados, en orden a su perfeccionamiento.

Los partidos políticos al ocupar un lugar de primer orden en un sistema político democrático, como intermediarios entre la sociedad civil y las autoridades, deben cumplir funciones que trasciendan el hecho de representar únicamente candidatos a cargos de elección popular.

En 1998 se recogió una demanda de casi un centenar de comunidades que aspiraban a su propuesta de reforma del derecho a un puesto de elección popular. Por ello son las constituciones y las leyes de los estados las que, en forma natural, deben hacer el reconocimiento de unos y otros de acuerdo con sus circunstancias particulares.

El racismo y la discriminación racial se manifiestan con actitudes de desprecio y rechazo hacia los indígenas, incluso en los medios de comunicación; los perjuicios en contra de diversos aspectos de su cultura, tales como su espiritualidad, el uso de su idioma y un panorama generalizado de desventajas en el acceso a los beneficios del desarrollo y la participación político-social; un ejemplo tangible es que dentro de la naturaleza de su organización y visión, los partidos políticos manifiestan un claro cierre de espacios; debido a esto, sólo se permite ejercer el derecho a votar, pero escasamente tienen la oportunidad de ser votados.

En lo que corresponde a la participación política de los pueblos indígenas, el Estado tiene que reconocer que los partidos políticos no han asumido el rol de incorporar con igualdad a líderes indígenas en la estructura interna de los partidos políticos.

Por lo anterior, es claro que la composición del Congreso de la República no es congruente con la realidad de representación étnica y sociopolítica del país; asimismo, la conformación de entes estatales por nombramiento se da en una forma simbólica y en muchos de los casos no representativos de las justas aspiraciones de los pueblos indígenas. Esta situación debe atenderse para poder solventar la situación extremadamente difícil en que se encuentran los pueblos indígenas. Si bien, su realidad ha cambiado paulatinamente, éstos pugnan por el fortalecimiento y ampliación de la participación ciudadana, donde el estado propicia las condiciones para que éstas se den, sin embargo sigue prevaleciendo la escasa participación indígena en instituciones de gobierno, manteniéndose la situación de desigualdad, discriminación social y opresión.

Actualmente, el estado mexicano enfrenta situaciones adversas, como la violencia, la intolerancia y la exclusión social; estos aspectos, para su superación, requieren el esfuerzo conjunto de la sociedad civil y los sectores económicos y políticos para dar prioridad a la problemática social y de interés común, así como una activa y positiva participación ciudadana para avanzar en la construcción de una nación intercultural y democrática que, en la construcción de la paz, busque su propio desarrollo, reconozca su diversidad y promueva una cultura de respeto a los derechos humanos de todos los pueblos indígenas.

En cuanto al derecho a votar y ser votado, el cual es un principio constitucional, se avanza en la participación indígena con debilidades en los partidos políticos que limitan la elección de dirigentes indígenas en puestos de toma de decisión

Es claro que la participación indígena a puestos de elección popular en los partidos políticos es casi nula; mientras que, en contraparte, su participación en los procesos electorales ha ido en aumento, por lo cual no podemos decir que en la participación exista reciprocidad de oportunidades, por lo cual se hace indispensable apoyar la apertura de los puestos de elección popular a los representantes de los pueblos indígenas.

El acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas recomienda una reforma educativa profunda con currículas con pertenencia cultural; ésta es aún una tarea pendiente y corresponde a las instancias instaladas en esta materia, como el Código Federal de Procedimientos Electorales, resolverla.

Por lo anterior se somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con

Proyecto de Decreto

Único. Se adiciona un inciso t), recorriendo el actual para quedar como v), al artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, quedando de la siguiente manera:

Artículo 38.

1. ...

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

e) ...

f) ...

g) ...

h) ...

i) ...

j) ...

k) ...

l) ...

m) ...

n) ...

o) ...

p) ...

q) ...

r) ...

s) ...

t) Garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones y el acceso a cargos de elección popular para obtener representación política en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

v) Las demás que establezca este Código.

2. ...

Transitorios

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se ponga al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 5 de diciembre de 2006.--- Diputada Elda Gómez Lugo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Esta Presidencia da la bienvenida y extiende un cordial saludo a los alumnos de la Universidad de San Luis Potosí. Les agradecemos su visita.

Tiene la palabra el diputado José Luis Aguilera Rico , del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. No encontrándose en el salón, se pasa al final de este apartado.

LEY DE CONTRATOS SOBRE PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado José Rosas Aispuro Torres , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de Ley de Contratos sobre Proyectos de Prestación de Servicios.

El diputado José Rosas Aispuro Torres:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. En base a las facultades que me confieren tanto la Constitución como la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar iniciativa por la que se expide la Ley de Contratos sobre Prestación de Servicios.

El Estado asume, entre otras atribuciones, la de prestar servicios públicos con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas de inversión pública. Es un instrumento idóneo para que el Estado pueda prestar dichos servicios, así como para impulsar el desarrollo nacional, el crecimiento económico y fomentar la producción.

Son del conocimiento público los grandes rezagos que nuestro país tiene en materia de infraestructura pública en diversos rubros, como educación, salud, vías de comunicación, cultura, recreación, deporte, instalaciones portuarias, aeroportuarias, transporte agropecuario, turísticas, entre otras.

Todo ello incide en los niveles de pobreza en nuestro país, así como la falta de empleo y nos otorga bajos niveles de competitividad en el ámbito internacional que nos hacen buscar esquemas que nos permitan financiar dicha ausencia de infraestructura pública.

Ante la falta de recursos financieros ordinarios, la deuda pública se convierte en un recurso para financiar la ejecución de obras públicas productivas. Sin embargo, la contratación de empréstitos al final produce un detrimento al erario estatal; por ello, han surgido otro tipo de esquemas en los que se asocian el sector público y el privado.

Esquemas en los que comparten riesgos y beneficios mediante el desarrollo de infraestructura pública para la provisión eficiente de servicios públicos. Este tipo de esquemas se conocen como asociaciones público-privadas, las cuales tienen su origen en el derecho anglosajón.

Las modalidades de las asociaciones público-privadas que se han empleado en México, son las siguientes: concesiones (proyectos como carreteras, proyectos de agua potable y tratamiento de disposiciones de aguas residuales); proveedores externos; proyectos de inversión con efecto diferido en el registro del gasto público (los llamados Pidiregas), empleados por Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos; arrendamiento financiero, y proyectos para la prestación de servicios a largo plazo (PPS).

El objeto de la presente ley es regular los PPS, por lo que resulta imprescindible profundizar en dicha materia. Los PPS tienen su origen en el Reino Unido. A partir de 1992 se empezaron a desarrollar bajo el nombre de iniciativas de financiamiento privado. La Organización de las Naciones Unidas ha recomendado instrumentar como un mecanismo jurídico-financiero viable los llamados PPS.

En este sentido, ya son más de 50 países en todos los continentes que están aplicando los PPS y muchos de ellos ya cuentan con una ley que regula los mismos; entre los que destacan diversos países con los que México tiene afinidad tanto en el sistema jurídico, como por sus relaciones de carácter comercial. Tales países son como Italia, Chile, España, Francia, Brasil, Polonia, República Checa, entre otros.

Nuestro país ha previsto los PPS tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. A nivel federal, mediante el acuerdo por el que se establece las reglas para la realización de proyectos para prestación de servicios, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública en marzo de 2003 y actualizado en abril de 2004. Asimismo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria hacen referencia a los PPS.

En el ámbito local los estados han optado por reformar su marco jurídico de manera integral para regular también los PPS. Estados en los que se ha avanzado en esta materia son los siguientes: Oaxaca --que es el estado, la entidad federativa pionera en esta materia--, Baja California Sur, Guerrero y México. Entidades como Durango, Nayarit y Sonora ya tienen nuevas disposiciones que permiten esta asociación del sector público con el sector privado.

Los PPS se materializan a través de los contratos de servicios, los cuales involucran recursos de varios ejercicios fiscales y son celebrados entre una dependencia o entidad de la administración pública federal y un inversionista proveedor.

Mediante esto se establece la obligación a cargo del inversionista proveedor, de prestar servicios a largo plazo, uno o más servicios con los activos que éste construya ahí. Por la otra, la obligación del pago por parte de la dependencia o entidad, por los servicios que le sean proporcionados.

Lo que es importante destacar es que una vez que se proporcionaron los servicios de construcción y/o equipamiento de la infraestructura, la dependencia o entidad contratante pagará al inversionista proveedor de acuerdo al desempeño de los mismos, y éstos se registrarán como gasto corriente. De tal forma que no constituyen deuda pública y éste es uno de los instrumentos más importantes para que ahora en día el gobierno pueda fomentar realmente el desarrollo a través de este tipo de esquemas que nos permitan generar los empleos que la sociedad está demandando.

Sólo de esa manera podremos hacer realidad esa exigencia de muchos jóvenes que no encuentran trabajo. Sólo con este tipo de inversiones donde se asocia el capital público y el capital privado podremos dar respuestas a estas inquietudes.

A través de los PPS los riesgos que corresponden al Estado en el cumplimiento del diseño, construcción, operación, mantenimiento y financiamiento de los esquemas tradicionales como obra pública, son transferidos al sector público.

Así las cosas, los beneficios que otorgan los PPS son múltiples; entre ellos se encuentran los siguientes:

El mejoramiento en la prestación de los servicios públicos al intervenir inversionistas con experiencia en la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura, así como generar condiciones favorables de competencia. Se generan también oportunidades de inversión para los empresarios. Las dependencias y entidades podrán cumplir de manera más eficientes las funciones y responsabilidades que le tienen asignadas. Incremento en el empleo, con el que se fortalecerá la fuerza laboral. Se alienta también la inversión y un uso más eficiente de los recursos. Se reducen o eliminan los retrasos y sobrecostos que comúnmente aquejan al desarrollo de proyectos públicos. Se modera el impacto presupuestario de proyectos públicos.

Por lo anterior, es necesario expedir una ley que regule los proyectos de producción, ya que, si bien es cierto que estos proyectos están previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, únicamente tales ordenamientos hacen referencia a los PPS, pero no los regulan.

Importante es que podamos regular los mismos. Al regularse los PPS en una ley, se garantiza el cumplimiento de las obligaciones de las partes involucradas. Los riesgos se disminuyen y se fomenta la transparencia contractual; entre otras razones, por la participación conjunta del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el sector privado.

Asimismo, al preverse legalmente los PPS, se consigue aprovechar la eficiencia, experiencia, diseño y medios de infraestructura y financiamiento del sector privado que hasta ahora no se ha explotado.

El objetivo de la presente ley, compañeras y compañeros, que proponemos al Congreso, es regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, formalización, ejecución y control de los contratos sobre proyectos de prestación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal y los órganos constitucionalmente autónomos en los que no se contraponga a los ordenamientos legales que rigen. Asimismo, la citada ley excluye de su aplicación las áreas estratégicas como el petróleo, el gas y la electricidad.

De esta manera compañeras y compañeros diputados, creo que podríamos contribuir de manera muy importante al problema que enfrenta hoy en día nuestro país que es la falta de inversión pública para poder generar la infraestructura y los empleos que la sociedad está demandando.

Por su atención, muchas gracias y pido a la Presidencia que se inserte en el Diario de los Debates la presente iniciativa que hemos dado a conocer a los miembros de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.

«Iniciativa de Ley de Contratos sobre Proyectos de Prestación de Servicios, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres , del Grupo Parlamentario del PRI

Licenciado José Rosas Aispuro Torres , en uso de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; me permito presentar la siguiente iniciativa por la que se expide la Ley de Contratos sobre Proyectos de Prestación de Servicios; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado asume, entre otras atribuciones, la de prestar servicios públicos con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas. La inversión pública, es un instrumento idóneo para que el Estado pueda prestar dichos servicios, así como para impulsar el desarrollo nacional, crecimiento económico y fomento a la producción.

Es de conocimiento público los grandes rezagos que nuestro país tiene en materia de infraestructura pública, en diversos rubros, tales como la educación, la salud, las vías de comunicación, la cultura, la recreación, el deporte y las instalaciones portuarias, aeroportuarias, de transporte, agropecuarias y turísticas, sin dejar de mencionar los centros de readaptación social.

Sin ser prolijos, diremos que, por ejemplo, en materia educativa, la falta de escuelas e instalaciones que permitan atender los requerimientos de la niñez, especialmente en las zonas rurales, incide en los bajos niveles educativos o en los altos niveles de deserción.

En materia de salud, la falta de unidades médicas y de hospitales con cierto grado de especialización, afectan el volumen y calidad de atención de los servicios de salud que proporciona el Estado.

La falta de carreteras o caminos federales, sin duda afectan la falta de comunicación de las poblaciones o que el estado en que se encuentran los mismos, dificulten los niveles del comercio o la industria.

Todo ello, incide en los niveles de pobreza de nuestro país, así como la falta de empleo y nos otorga bajos niveles de competitividad en el ámbito internacional, que nos hacen buscar esquemas que nos permitan financiar dicha ausencia de infraestructura pública.

Ante la falta de recursos financieros ordinarios, la deuda pública se convierte en un recurso para financiar la ejecución de obras públicas productivas. Sin embargo, la contratación de empréstitos, al final produce un detrimento al erario estatal, por ello han surgido otro tipo de esquemas en los que se asocian el Sector Público y el Privado, los que comparten riesgos y beneficios, mediante el desarrollo de infraestructura pública para la provisión eficiente de servicios públicos, este tipo de esquemas se conocen como asociaciones público-privadas (APP), y en el derecho anglosajón como public-private partnerships (PPP).

Las modalidades de APP que se han empleado en México, son:

a) Concesiones (carreteras, proyectos de agua potable y tratamiento y disposición de aguas residuales, etcétera);

b) Proveedores externos (outsourcing);

c) Proyectos de inversión con efecto diferido en el registro del gasto --Pidiregas empleados por la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) y Petróleos Mexicanos ( Pemex);

d) Arrendamiento financiero; y

e) Proyectos para prestación de servicios a largo plazo (PPS).

El objeto de la presente ley es regular los PPS, por lo que resulta imprescindible profundizar en dicha materia.

Los PPS tienen su origen en el Reino Unido, donde a partir de 1992 se empezaron a desarrollar bajo el nombre de iniciativa de financiamiento privado (PFI); hasta noviembre de 2005, el referido país europeo lleva más de 700 proyectos PFI suscritos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha recomendado instrumentar como un mecanismo jurídico-financiero viable los PPS, mediante The guidelines for infrastructure development through built-design-operate (BOT) projects, y la Guía Legislativa de la CNUDMI (la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), sobre proyectos de infraestructura con financiación privada.

En este sentido, ya son más de 50 los países en todos los continentes que están aplicando los PPS y muchos de ellos ya cuentan con una ley que regula los PPS, entre los que destacan diversas naciones con las que México tiene afinidad por su sistema jurídico:

Nuestro país, ha previsto los PPS tanto en el ámbito Federal como en el ámbito local. A nivel Federal, mediante el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la realización de proyectos para prestación de servicios, expedido por la Secretaría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública en marzo de 2003 y actualizado en abril de 2004. Asimismo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria hacen referencia a los PPS.

En el ámbito local, los Estados han optado por (i) reformar su marco jurídico integralmente para regular los PPS, o (ii) expedir una ley específica en materia de PPS.

Los estados que han aprobado la reforma integral de su marco jurídico para regular los PPS son, Oaxaca (quien lo hizo por primera ocasión, en septiembre de 2005), Baja California Sur, Guerrero y México. Las entidades que han aprobado expedir una ley específica en materia de PPS son Durango, Nayarit y Sonora.

El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 fomenta la aplicación de este tipo de proyectos, al señalar que ``la infraestructura y los servicios públicos son un factor clave para la competitividad de los sectores económicos y para elevar la productividad general. En materia de infraestructura se impulsarán la inversión y el financiamiento privados, mediante la creación de marcos regulatorios transparentes, equitativos y que fomenten la competencia entre los participantes en los mercados. Se buscará estructurar, coordinar y financiar los proyectos de inversión que sean socialmente rentables''.

Los PPS se materializan a través de contratos de servicios, los cuales involucran recursos de varios ejercicios fiscales, y son celebrados entre una dependencia o entidad de la administración pública federal y un inversionista proveedor, mediante éstos se establece, por una parte, la obligación a cargo del inversionista proveedor de prestar a largo plazo, uno o más servicios con los activos que éste construya y, por la otra, la obligación de pago, por parte de la dependencia o entidad, por los servicios que le sean proporcionados.

Lo que es importante destacar es que, una vez que se proporcionaron los servicios de construcción y/o equipamiento de la infraestructura, la dependencia o entidad contratante pagará al inversionista proveedor, de acuerdo al desempeño de los mismos, y éstos se registrarán como gasto corriente, de tal forma que no constituyen deuda pública.

A través de los PPS, los riesgos que le corresponden al Estado, en el cumplimiento del diseño, construcción, operación, mantenimiento y financiamiento en los esquemas tradicionales, como obra pública, son transferidos al sector privado.

Así las cosas, los beneficios que otorgan los PPS son múltiples, entre ellos se encuentran:

a) El mejoramiento en la prestación de los servicios públicos, al intervenir inversionistas con experiencia en la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura, así como generar condiciones favorables de competencia;

b) Se generan oportunidades de inversión para los empresarios;

c) Las dependencias y entidades podrán cumplir de manera más eficiente las funciones y responsabilidades que tienen asignadas;

d) Incremento en el empleo, con lo que se fortalecerá la fuerza laboral;

e) Se alienta la innovación y un uso más eficiente de los recursos;

f) Se reducen o eliminan los retrasos y sobrecostos que comúnmente aquejan el desarrollo de proyectos públicos; y

g) Se modera el impacto presupuestario de proyectos públicos.

Por lo anterior, es necesario expedir una ley que regule los PPS, ya que si bien es cierto que estos proyectos están previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, únicamente tales ordenamientos hacen una referencia a los PPS y no los regulan.

El ``Acuerdo por el que se establecen las reglas para la realización de proyectos para prestación de servicios'' sí regula los PPS. Sin embargo, el citado acuerdo no es una ley, es un mero acto administrativo general, por lo que se vulnera con el principio de reserva de ley, el cual señala que determinadas materias, como los PPS, únicamente pueden ser reguladas por una ley en sentido formal y material.

Al regularse los PPS en una ley, se garantiza el cumplimiento de las obligaciones de las partes involucradas, los riesgos se disminuyen, y se fomenta la transparencia contractual, entre otras razones, por la participación conjunta del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Sector Privado. Asimismo, al preverse legalmente los PPS, se consigue aprovechar la eficiencia, experiencia, diseño y medios de infraestructura y financiamiento del sector privado que hasta ahora no se han explotado.

El objeto de la ley que se propone a este honorable Congreso, es regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, formalización, ejecución y control de los contratos sobre proyectos de prestación de servicios, que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal, y los órganos constitucionales autónomos, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rigen. Asimismo, la citada ley excluye de su aplicación a las áreas estratégicas, como el petróleo, gas y electricidad.

La ley que nos ocupa, está compuesta por dieciséis capítulos. El primero de ellos, Disposiciones Generales, establece el objeto de la ley, algunos conceptos relevantes como contrato sobre proyectos para prestación de servicios, así como los principios a los que se sujetarán las entidades y dependencias al aplicar la ley, entre otros artículos.

El Capítulo Segundo de la ley en cuestión, señala cuáles son las características que se deben satisfacer para que un proyecto sea considerado PPS. Asimismo, el citado capítulo menciona cuáles son los servicios que se prestan a través de los PPS.

Con base en el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, se prevé en los capítulos Tercero y Quinto de la ley comentada el Programa Nacional de Infraestructuras Públicas, con el propósito de prever los proyectos de infraestructura pública que el país requiere, el cual formará parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que requerirá de la aprobación de esta honorable Cámara de Diputados. Con ello, se fomenta un esquema de gobernabilidad, en el cual participe la Cámara de Diputados, la cual representa al pueblo y en ese sentido, sus representantes, conocen las necesidades de infraestructura pública que el país demanda.

Para llevar a cabo los PPS, es necesario realizar un análisis costo-beneficio, en el cual se compare el esquema PPS con un esquema tradicional, y sólo sí es más conveniente realizar el proyecto con base en los PPS, porque arroja beneficios al Estado, entonces se podrán suscribir los PPS correspondientes. Por ello, la ley mencionada, en su Capítulo Cuarto prevé el estudio costo-beneficio del proyecto.

En el esquema de los PPS el inversionista proveedor asume la obligación de financiar los servicios derivados del proyecto, por lo que se previó en el capítulo sexto de la ley referida el tema del financiamiento de los PPS.

La selección del inversionista proveedor es un aspecto toral en los esquemas PPS, por lo que, en aras de la transparencia se previó en la ley señalada, un Capítulo Séptimo, el cual establece cuál es el procedimiento de contratación, licitación pública, los requisitos que deben contener la convocatoria y las bases de licitación, así como las demás cuestiones de la contratación.

Asimismo, en este capítulo se prevé la figura del diálogo competitivo, que es un mecanismo novedoso de elección del particular en un ambiente de igualdad de trato y no discriminación que, al día de hoy, se está utilizando particularmente en Europa y en sustancia consiste en que, para proyectos de prestación de servicios excesivamente complejos, las dependencias y entidades, publicarán en el Diario Oficial de la Federación, los requerimientos genéricos de cada proyecto; por lo que se procederá con los proveedores inversionistas seleccionados, a llevar un diálogo cuyo objetivo será determinar y definir los medios adecuados, para satisfacer lo mejor posible las necesidades requeridas.

Asimismo, durante el diálogo, en el cual participará un representante de la Secretaría de la Función Pública, y con autorización de esta Secretaría y de la de Hacienda y Crédito Público, las dependencias y entidades, darán un trato igual a los licitantes y no otorgarán información a alguno, en forma discriminatoria, que pueda dar ventaja a determinados licitantes, con respecto al resto.

En este sentido, las dependencias y entidades no podrán revelar a los demás participantes, las soluciones propuestas por un participante u otros datos confidenciales, que éste les comunique sin previa autorización del participante, hasta llegar a una definición del proyecto.

El Capítulo Octavo contempla a la sociedad de objeto específico (SOE), como el medio para que el inversionista proveedor preste los servicios derivados del PPS. En este sentido, es establecen cuáles serán las características que debe de tener la SOE, y algunas prohibiciones a las que se debe someter la sociedad, con la finalidad de garantizar el esquema PPS.

La ley en cuestión, prevé el Capítulo Noveno, con la finalidad de precisar la naturaleza jurídica de los bienes sobre los cuales se ejecutarán los PPS, los actos jurídicos que se pueden celebrar relacionados con estos bienes y los permisos y licencias que se requieran para prestar los servicios relacionados con los PPS.

Puesto que los PPS se materializan en los contratos sobre proyectos de prestación de servicios, el Capítulo Décimo de la ley citada establece el objeto y contenido de los contratos en cuestión el plazo para suscribirlos, la contraprestación correspondiente y otras características que deben reunir los contratos mencionados.

En especial es de resaltar que una de las características principales de los PPS es la definición de los riesgos, los cuales deberán identificarse, para efectos de asunción de los mismos, como retenidos, transferidos o compartidos; asimismo, deberá preverse, en cada contrato, el mecanismo de reducción o mitigación de los mismos; en el entendido de que la mayoría de los riesgos en el proyecto de prestación de servicios, serán asumidos por el inversionista proveedor.

Resulta indispensable precisar los términos y condiciones de la ejecución de los PPS, por lo que la ley referida, en el Capítulo Décimo Primero, indica las etapas de ejecución del PPS, la evaluación del desempeño, la entrega-recepción de los servicios y la transferencia de los activos.

En el Capítulo Décimo Segundo, teniendo como eje rector el principio de transparencia, se establece el Registro Público de Contratos sobre Proyectos de Prestación de Servicios, en el cual se inscribirán todos los actos jurídicos relacionados con los proyectos sobre prestación de servicios, asimismo se llevará una inscripción de los inversionistas proveedores, que participen en los proyectos citados, así como se llevará el control administrativo de cada proyecto.

Es importante precisar que, si la transparencia y publicidad de los esquemas de contratación se dan desde la publicación de la convocatoria, y por supuesto, durante los procesos licitatorios, también es dable que, una vez que se han asignado los proyectos de prestación de servicios, también la publicidad y la transparencia se manifiesten en estos momentos, ya que sin el Registro Público de Contratos sobre Proyectos de Prestación de Servicios, se hace nugatorio el principio de transparencia en los procedimientos de contratación pública, y con mayor razón los gobiernos democráticos se asientan en principios, como el de transparencia, que permiten que la sociedad conozca lo que los gobernantes están ejecutando, en especial los proyectos que a la propia sociedad benefician.

En el Capítulo Décimo Tercero de la ley mencionada se establecen quiénes son las personas inhabilitadas para ser inversionistas proveedores, con la finalidad de contratar efectivamente, al proveedor cuya propuesta asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, y demás circunstancias pertinentes.

Para que el Estado verifique que los servicios derivados del los PPS, se prestan de conformidad con los contratos respectivos y legislación aplicable, la ley en comento, previó un Capítulo Décimo Cuarto, De la Información y Verificación.

La ley señalada en el Capítulo Décimo Quinto establece los supuestos en los que se aplicará sanción a los inversionistas proveedores, cuáles son las sanciones correspondientes, y los criterios para aplicarlas.

Finalmente, se prevé a los tribunales federales y al arbitraje, como mecanismos para solucionar las controversias derivadas de los PPS, en el capítulo décimo sexto de la ley en cuestión.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas en mi carácter de diputado, tengo a bien someter a esta honorable legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, la siguiente iniciativa, por la que se expide la Ley de Contratos sobre Proyectos de Prestación de Servicios, de conformidad con el siguiente:

Decreto

Artículo Único. Se expide la Ley de Contratos sobre Proyectos de Prestación de Servicios:

Ley de Contratos sobre Proyectos de Prestación de Servicios

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, formalización, ejecución y control de los contratos sobre proyectos de prestación de servicios, que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta ley, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a sus propios órganos de control.

Artículo 2. Sectores excluidos. Quedan excluidos de la aplicación de la presente ley, los sectores del petróleo, gas y electricidad, así como aquellos considerados por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como áreas estratégicas.

Artículo 3. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. Contrato sobre proyectos de prestación de servicios. El acto jurídico que involucre recursos de varios ejercicios fiscales, celebrado entre una dependencia o entidad de la administración pública federal y un inversionista proveedor, mediante el cual se establece, por una parte, la obligación a cargo del inversionista proveedor de prestar a largo plazo, uno o más servicios con los activos que éste construya y, por la otra, la obligación de pago, por parte de la dependencia o entidad, por los servicios que le sean proporcionados;

II. Dependencia o entidad contratante: Las dependencias o entidades de la administración pública federal señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que celebren un contrato sobre un proyecto de prestación de servicios con un inversionista proveedor;

III. Función Pública. La Secretaría de la Función Pública;

IV. Inversionista proveedor. La persona que celebre un contrato sobre un proyecto de prestación de servicios;

V. Largo plazo. La vigencia de un contrato sobre un proyecto de prestación de servicios, la cual nunca será menor a 15 años, ni podrá exceder de 30 años;

VI. Programa. El Programa Nacional de Infraestructuras Públicas, que corresponde elaborar al Presidente de la República, en términos de lo señalado en la presente ley;

VII. Proyecto para prestación de servicios o proyecto. Las acciones que se requieren para que una dependencia o entidad, reciba un conjunto de servicios por parte de un inversionista proveedor, incluyendo el acceso a los activos que se construyan o provean, de conformidad con lo previsto en la presente ley; y

VIII. Secretaría. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 4. Principios. Las dependencias y entidades, en la aplicación de la presente ley, deberán observar que la celebración de los contratos sobre proyectos de prestación de servicios y el ejercicio de los recursos públicos federales, se realicen con base en los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, igualdad de trato, no discriminación, respeto a los intereses de los usuarios, repartición objetiva de riesgos, responsabilidad hacendaria, transparencia, control y rendición de cuentas.

Artículo 5. Transparencia. Las dependencias y entidades, en la aplicación de la presente ley, deberán observar las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 6. Interpretación administrativa. La interpretación de esta ley para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Las dependencias y entidades deberán observar las reglas o disposiciones generales que emitan la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar correcta aplicación a lo dispuesto en esta ley; dichas disposiciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 7. Supletoriedad. En lo no previsto por esta ley y demás disposiciones que de ella se deriven, serán aplicables supletoriamente, en lo conducente, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 8. Comités de Infraestructura. Las dependencias y entidades deberán establecer comités de infraestructura, que tendrán como función principal, el dictaminar sobre la procedencia y el mecanismo de asignación de un proyecto para prestación de servicios.

Artículo 9. Administrador del proyecto. Las dependencias y entidades, a través de los comités de infraestructura, designarán a un servidor público, que actúe como administrador del proyecto, el cual vigilará la adecuada formalización y ejecución de los contratos sobre proyectos de prestación de servicios.

Capítulo II De los Proyectos

Artículo 10. Características. Para ser considerado como proyecto de prestación de servicios, los proyectos deben cumplir con lo siguiente:

I. Su realización debe implicar la celebración de un contrato sobre un proyecto de prestación de servicios y, en su caso, cualquier otro acto jurídico necesario para llevarlo a cabo;

II. Los servicios que se presten a la dependencia o entidad contratante, deberán permitir a ésta dar un mejor cumplimiento a los objetivos institucionales que la misma tiene asignados, conforme a las disposiciones legales aplicables, a los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Infraestructuras Públicas;

III. La prestación de los servicios debe hacerse con los activos que el inversionista proveedor construya o provea, con base en lo requerido por la dependencia o entidad y de acuerdo con lo establecido en el contrato sobre un proyecto de prestación de servicios; y

IV. La elaboración del estudio costo beneficio, a que se refiere la presente ley.

Artículo 11. Servicios. Las dependencias y entidades deberán especificar los servicios que pretendan recibir a través de la realización de proyectos para prestación de servicios. Dentro de estos servicios, se podrán incluir aquellos que sirvan de apoyo a las dependencias y entidades, para dar cumplimiento a las funciones y los servicios públicos que tienen encomendados, entre ellos se pueden incluir el diseño, mantenimiento, operación, conservación, explotación, construcción, equipamiento, ampliación, administración, arrendamiento, transferencia de activos y, en general, cualquier disponibilidad de servicios, para crear infraestructura pública.

Artículo 12. Autorización. La Secretaría emitirá reglas para la realización de proyectos para prestación de servicios o cualquier otra normatividad administrativa, en las que se señalen los procedimientos que deberán seguir las dependencias y entidades, para la realización de cualquier proyecto, que éstas pretendan celebrar, en los términos referidos en la presente ley.

Capítulo III Programa Nacional de Infraestructuras

Artículo 13. Programa Nacional de Infraestructuras Públicas. En el ámbito de la planeación democrática del desarrollo nacional, corresponde al Presidente de la República elaborar el Programa Nacional de Infraestructuras Públicas, el cual será presentado por el titular del Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados para su aprobación y el mismo formará parte del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda.

Artículo 14. Contenido. El programa deberá contener, el diagnóstico, estrategias, objetivos, metas, las líneas de acción y los proyectos de prestación de servicios, en materia de infraestructura pública que el país requiere. El programa, asimismo, deberá prever una visión de Largo Plazo, para las futuras infraestructuras públicas, contenidas en el programa, las cuales serán ejecutadas a través de los contratos sobre proyectos de prestación de servicios, contenidos en la presente ley.

Artículo 15. Obligatoriedad. Las dependencias y entidades deberán sujetarse a lo establecido en el programa y prever, dentro del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, las acciones que a cada una le corresponde.

Capítulo IV Estudio de Costo Beneficio

Artículo 16. Elaboración. Las dependencias y entidades deberán realizar un estudio de costo beneficio, de los proyectos para prestación de servicios, conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría, con el fin de establecer que el proyecto genera beneficios netos positivos, bajo supuestos razonables.

En el estudio costo beneficio, se deberá mostrar que el proyecto para prestación de servicios, genera beneficios netos iguales o mayores, a los que se obtendrían en caso de que los servicios fueran proporcionados mediante la realización de un proyecto que sirva de referencia.

Artículo 17. Contenido. El estudio costo beneficio, deberá contener como mínimo:

I. Resumen ejecutivo;

II. Diagnóstico de la situación actual y posibles soluciones;

III. Descripción de un proyecto de referencia o similar al que se pretende desarrollar;

IV. Descripción del proyecto de prestación de servicios que se pretende implantar;

V. Comparación entre los dos proyectos;

VI. Análisis de sensibilidad;

VII. Parámetros de referencia para la evaluación del desempeño del inversionista proveedor, y

VIII. Conclusiones.

Artículo 18. Autorización. La Secretaría, conforme a los lineamientos que expida al efecto, procederá a autorizar cada uno de los proyectos para prestación de servicios, conforme a las reglas señaladas en el artículo 12 de esta ley y al estudio costo beneficio que, al respecto, se elabore.

Capítulo V Presupuesto

Artículo 19. Presupuesto aprobado. La Cámara de Diputados, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, considerará una partida presupuestal, para cada uno de los contratos para prestación de servicios que haya autorizado, conforme a lo establecido en la presente ley.

Artículo 20. Partida presupuestal. Las dependencias y entidades, solamente cuando tengan la partida presupuestal aprobada, conforme a los ordenamientos aplicables, podrán emitir una convocatoria, para llevar a cabo la licitación pública de un contrato sobre proyectos para prestación de servicios.

Capítulo VI Financiamiento

Artículo 21. Financiamiento. En los proyectos para prestación de servicios, el inversionista proveedor, considerará los esquemas de financiamiento que en cada contrato sobre proyectos de prestación de servicios ofrezca, tomando en cuenta las condiciones jurídicas, técnicas, de disponibilidad y financieras, que en ese momento existan en el mercado.

Artículo 22. Responsabilidad de financiar. El inversionista Proveedor tiene la responsabilidad de financiar todos los servicios previstos en el objeto del contrato sobre proyectos para prestación de servicios, que le haya sido adjudicado.

Capítulo VII Selección del Proveedor

Artículo 23. Licitación pública. Los contratos sobre proyectos de prestación de servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente ley.

Artículo 24. Convocatoria. Las convocatorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y contendrán lo siguiente:

I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;

II. La descripción general, cantidad y unidad de medida de los servicios que sean objeto de la licitación;

III. Vigencia del contrato para prestación de servicios;

IV. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Igualmente, los interesados podrán consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los medios de difusión electrónica que establezca la Función Pública;

V. La fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones y de la primera junta de aclaraciones a las bases de licitación; y

VI. La indicación de si la licitación es nacional o internacional;

Artículo 25. Bases de licitación. Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones públicas para adjudicar un contrato sobre proyectos de prestación de servicios, se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado por la convocante como en los medios de difusión electrónica que establezca la Función Pública, a partir del día en que se publique la convocatoria y hasta, inclusive, quince días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo y contendrán, como mínimo, lo siguiente:

I. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;

II. Descripción completa de los servicios, así como los mecanismos de evaluación y desempeño de los mismos; información específica que se requiera respecto a operación, explotación, construcción, mantenimiento, conservación, transferencia, diseño, administración, ampliación, arrendamiento, modernización, equipamiento, asistencia técnica y capacitación;

III. Vigencia y características principales del contrato para proyectos de prestación de servicios, incluyendo un modelo del mismo;

IV. Descripción de los riesgos del proyecto para prestación de servicios y la forma en que los mismos se asumirán y mitigarán;

V. Monto del contrato para proyectos de prestación de servicios y las condiciones de la contraprestación; asimismo, se precisará si se trata de contraprestación fija o variable, para este último caso, se deberá indicar la fórmula o mecanismo de ajuste; condiciones de pago de la contraprestación, señalando el momento en que se haga exigible la misma;

VI. Moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo;

VII. Datos sobre las garantías;

VIII. Las penas convencionales que serán aplicables por atraso y vicios en la prestación de los servicios;

IX. Fecha, hora y lugar de la primera junta de aclaraciones a las bases de la licitación; fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato;

X. Forma en que se acreditará la existencia y personalidad jurídica del licitante;

XI. Características y requisitos de contenido y presentación de las propuestas técnica y económica de los licitantes;

XII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las propuestas y adjudicación de los contratos para proyectos de prestación de servicios;

XIII. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos podrán presentarse en español o en el idioma del país de origen de los bienes o servicios;

XIV. Señalamiento de que será causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación; asimismo, las causas en los que la dependencia y entidad convocante podrá cancelar la licitación pública o rescindir administrativamente el contrato sobre proyectos de prestación de servicios;

XV. Las características que deberá reunir la sociedad de objeto específico, que deberá constituir el licitante ganador;

XVI. La indicación de que no podrán participar las personas inhabilitadas por resolución de la Función Pública, así como aquellas personas previstas en el artículo 55 de esta ley; y

XVII. Demás requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar;

Artículo 26. Juntas de aclaraciones. Las dependencias y entidades podrán celebrar el número de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los servicios licitados, debiendo comunicar a los asistentes en cada junta, la nueva fecha de celebración.

En las juntas, los licitantes que hubieran adquirido las bases, podrán asistir y solicitar aclaraciones o modificaciones a las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por las dependencias y entidades. Asimismo, las dependencias y entidades podrán llevar a cabo modificaciones a la convocatoria y bases de la licitación pública.

De toda junta de aclaraciones se levantará un acta, que contendrá la firma de los asistentes y las preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas de la dependencia o entidad.

Artículo 27. Acto de presentación y apertura de propuestas. La entrega de proposiciones, la harán los licitantes en sobre cerrado, que contendrá la propuesta técnica y económica. La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga.

En las bases de licitación, se establecerá que dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir, en ese momento, una sociedad o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta se establezcan con precisión las partes de los servicios que cada persona realizará. En este supuesto, la propuesta deberá ser firmada por el representante común, que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos;

II. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público de la dependencia o entidad facultado para presidir el acto o el servidor público que éste designe, rubricarán las partes de las propuestas que previamente haya determinado la convocante en las bases de licitación, debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas;

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma; y

IV. En el acta a que se refiere la fracción anterior, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación.

Artículo 28. Evaluación. Las dependencias y entidades, para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación, considerando los criterios de evaluación de las propuestas, establecidos en las bases de licitación.

Artículo 29. Adjudicación. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato sobre proyectos de prestación de servicios se adjudicará al licitante, cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

Artículo 30. Fallo. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma.

En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, las dependencias y entidades proporcionarán por escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.

Artículo 31. Diálogo competitivo. En los casos de proyectos para prestación de servicios, excesivamente complejos y con autorización de la Secretaría y de la Función Pública, las dependencias y entidades, para adjudicar un contrato sobre proyectos de prestación de servicios, podrán utilizar en forma excepcional, el diálogo competitivo.

En este supuesto, las dependencias y entidades publicarán en el Diario Oficial de la Federación los requerimientos genéricos de cada proyecto, así como los criterios claros y detallados para la evaluación de las propuestas y adjudicación de los contratos para proyectos de prestación de servicios; por lo que se procederá con los proveedores inversionistas seleccionados a llevar un diálogo cuyo objetivo será determinar y definir los medios adecuados, para satisfacer lo mejor posible las necesidades requeridas.

Durante el diálogo, en el cual participará un representante de la Función Pública, las dependencias y entidades, darán un trato igual a los licitantes y no otorgarán información a alguno, en forma discriminatoria, que pueda dar ventaja a determinados licitantes, con respecto al resto.

Las dependencias y entidades no podrán revelar a los demás participantes, las soluciones propuestas por un participante u otros datos confidenciales, que éste les comunique sin previa autorización del participante.

Las dependencias y entidades, podrán llevar a cabo el diálogo, en fases sucesivas, a efecto de reducir el número de soluciones que han de examinarse durante la fase del diálogo, aplicando los criterios de evaluación de las propuestas, que se hayan publicado, comparando las soluciones entre sí.

Después de declarar cerrado el diálogo, y de haber informado de ello, a todos los participantes, las dependencias y entidades, invitarán a los participantes, a que presenten sus propuestas finales, basada en la solución o soluciones presentadas y especificadas, durante la fase de diálogo. Dichas propuestas deberán incluir todos los elementos requeridos y necesarios para la realización del proyecto. Concluida la evaluación final, las dependencias y entidades procederán a decretar el fallo del diálogo competitivo.

Capítulo VIII Sociedad de Objeto Específico

Artículo 32. Sociedad de objeto específico. El licitante declarado ganador, dentro de los 30 días naturales siguientes al fallo, deberá constituir, en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás ordenamientos aplicables, una sociedad de objeto específico, para el desarrollo del proyecto, la cual suscribirá y ejecutará el contrato sobre proyectos de prestación de servicios.

Artículo 33. Características. La sociedad de objeto específico tendrá como objeto social principal, el cumplimiento del contrato sobre el proyecto de prestación de servicios que se haya licitado y la vigencia de la misma será, cuando menos, por el mismo plazo de vigencia del contrato sobre el proyecto de prestación de servicios.

Artículo 34. Prohibiciones. Durante la ejecución del contrato sobre el proyecto de prestación de servicios, la sociedad de objeto específico, no podrá repartir dividendos ni los accionistas podrán transferir sus acciones; así como no podrá disolverse o extinguirse, ni modificar su objeto social.

En caso de que la sociedad de objeto específico quisiera cambiar el control accionario inicial, deberá obtener una aprobación de parte de la dependencia o entidad contratante, con el visto bueno de la Secretaría y de la Función Pública.

Capítulo IX Bienes

Artículo 35. Naturaleza. El contrato sobre proyectos de prestación de servicios que se celebre, en términos de lo señalado en la presente ley, se podrá ejecutar con bienes del dominio público o de dominio privado de la federación o en bienes que sean propiedad del inversionista proveedor o de un tercero, siempre y cuando al término de la vigencia del citado contrato, los bienes con los activos construidos pasen a formar parte de la federación.

Artículo 36. Actos jurídicos. La dependencia o entidad que celebre el contrato sobre proyectos de prestación de servicios, podrá celebrar los actos jurídicos necesarios, de acuerdo con la legislación aplicable, sobre los bienes en los cuales se vaya a celebrar el proyecto de prestación de servicios y estarán afectos al largo plazo, que será la vigencia del contrato sobre proyectos de prestación de servicios.

Artículo 37. Permisos y licencias. Las dependencias y entidades convocantes precisarán en las bases de licitación, el señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos, que conforme a otras disposiciones, sea necesario contar para la prestación de los servicios correspondientes, así como el responsable de obtenerlos.

Capítulo X El Contrato

Artículo 38. Plazo de firma del contrato sobre proyectos de prestación de servicios. Los contratos derivados de un proyecto, conforme a la presente ley, deberán ser suscritos, por la sociedad de objeto específico, dentro de los 45 días naturales siguientes a la fecha de fallo de la licitación pública.

Asimismo, en el contrato que al efecto se suscriba, se preferirá la condición de precio fijo. Si por alguna razón las partes establecen la condición de variabilidad del precio, entonces deberán convenir el mecanismo de ajuste del mismo.

Artículo 39. Contenido. Los contratos sobre proyectos de prestación de servicios contendrán, como mínimo, lo siguiente:

I. La autorización del proyecto de prestación de servicios en el Programa Nacional de Infraestructuras Públicas;

II. Las características del procedimiento licitatorio, conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;

III. La descripción pormenorizada de los servicios objeto del contrato;

IV. Las características detalladas de prestación de los servicios;

V. El precio y el importe total a pagar por los servicios;

VI. La fecha o plazo de prestación de los servicios;

VII. Plazo y condiciones de pago de la contraprestación por los servicios prestados;

VIII. Precisión de si la contraprestación es fija o estará sujeta a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste;

IX. La descripción de los riesgos, tanto los retenidos, transferidos y compartidos, así como el mecanismo de reducción o mitigación de los mismos;

X. Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso o irregularidades en el desempeño de los servicios prestados, por causas imputables a los inversionistas proveedores;

XI. El mecanismo de transferencia de los activos;

XII. Las garantías que el inversionista proveedor deba otorgar; y

XIII. Los demás aspectos y requisitos previstos en las bases o convenido entre las partes.

Para los efectos de esta ley, las bases de licitación, el contrato, sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

Artículo 40. Objeto del contrato. En el contrato sobre proyectos de prestación de servicios, que al efecto se suscriba, deberán describirse en forma pormenorizada los servicios objeto del mismo, en el entendido de que se podrán incluir aquellos que sirvan de apoyo a las dependencias y entidades, para dar cumplimiento a las funciones y los servicios públicos que tienen encomendados, entre ellos los señalados en el artículo 11 de esta ley.

Artículo 41. Contraprestación. La contraprestación es la cantidad en dinero que, la dependencia o entidad cubrirá al inversionista proveedor, por los servicios prestados, durante el plazo convenido en el contrato sobre proyectos de prestación de servicios. La dependencia o entidad no cubrirá ninguna cantidad al inversionista proveedor, en tanto los activos no se construyan y se disponga de los mismos. Los pagos que las dependencias y entidades realicen al inversionista proveedor no constituyen deuda pública y se registran como gasto corriente.

Artículo 42. Riesgos. Las dependencias y entidades, en el proyecto de prestación de servicios, que al efecto se elabore, deberá prever los riesgos, tanto los retenidos, transferidos y compartidos, así como el mecanismo de reducción o mitigación de los mismos; en el entendido de que la mayoría de los riesgos en el proyecto de prestación de servicios serán asumidos por el inversionista proveedor.

Artículo 43. Garantías. Los inversionistas proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta ley, deberán garantizar:

I. El cumplimiento de los contratos sobre proyectos de prestación de servicios que celebren, incluyendo el buen funcionamiento de los servicios que presten, y

II. La construcción de la infraestructura; en ese sentido, el inversionista proveedor quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato; y la garantía de vicios ocultos, deberá presentarse dentro de los treinta días naturales siguientes a que se levante el acta de entrega-recepción de la infraestructura.

Las garantías que deban otorgarse conforme a esta ley, se constituirán en favor de la Tesorería de la Federación, para los contratos celebrados con las dependencias y a nombre de las entidades, cuando los contratos se celebren con ellas mismas.

Artículo 44. Seguros. Es obligación del inversionista proveedor, contratar un seguro de responsabilidad civil y de daños, a favor de la dependencia o entidad, a efecto de resarcir cualquier daño que sufran los terceros o las instalaciones, durante la vigencia del contrato sobre proyectos de prestación de servicios.

Capítulo XI Ejecución del Contrato

Artículo 45. Ejecución. La sociedad de objeto específico, ejecutará por sí o a través de terceros que subcontrate, el contrato sobre el proyecto de prestación de servicios.

Artículo 46. Etapa de diseño. Será responsabilidad del inversionista proveedor el diseño del proyecto de prestación de servicios, de conformidad con los requerimientos de la dependencia o entidad, mismo que se precisará en el contrato respectivo.

Artículo 47. Etapa de construcción. Para efectos de la presente ley, la etapa de construcción aquí señalada forma parte de un proyecto para prestación de servicios; por lo tanto, el inversionista proveedor está obligado a llevar a cabo la construcción de los activos requeridos, conforme al diseño y a las especificaciones del propio proyecto para prestación de servicios.

Artículo 48. Etapa de Operación. Será responsabilidad del inversionista proveedor la operación o explotación del proyecto de prestación de servicios, de conformidad con los requerimientos de la dependencia o entidad y las necesidades de los servicios, mismos que se precisarán en el contrato respectivo.

Asimismo, son a riesgo del inversionista proveedor las acciones que tenga que desarrollar, a efecto de darle mantenimiento a los activos construidos y, en su caso, a los equipos que él mismo haya instalado.

Artículo 49. Evaluación del desempeño. Las dependencias y entidades tomarán las medidas que correspondan, a efecto de evaluar el desempeño de los inversionistas proveedores en la prestación de los servicios encomendados. Dicha evaluación, servirá para mantener los servicios en óptimas condiciones y para aplicar las penalidades que correspondan.

Artículo 50. Entrega-recepción. Al vencimiento de la etapa de construcción, las dependencias y entidades procederán a llevar a cabo la verificación de los trabajos y el procedimiento de recepción de los activos, a efecto de ocuparlos para el destino del mismo. Para ese efecto, el inversionista proveedor, deberá notificar la terminación de los trabajos, para lo cual anexará los documentos que lo soporten y se procederá a levantar un acta de terminación de los trabajos y la entrega-recepción de los activos construidos.

Si durante la verificación de los trabajos, la dependencia o entidad encuentra deficiencias en la terminación de los mismos deberá solicitar al proveedor inversionista su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato sobre proyectos de prestación de servicios.

Artículo 51. Transferencia de activos. Al vencimiento del contrato sobre proyectos de prestación de servicios, las dependencias y entidades procederán a llevar a cabo el procedimiento de cierre de contrato sobre proyectos de prestación de servicios, celebrando un convenio finiquito del mismo.

Celebrado el convenio finiquito correspondiente, los activos se transferirán automáticamente a la dependencia o entidad correspondiente para llevar a cabo los trámites pertinentes.

Capítulo XII Del Registro Público de Contratos

Artículo 52. Registro Público de Contratos. La Función Pública tendrá a su cargo el Registro Público de Contratos sobre proyectos de prestación de servicios, en el cual se inscribirán todos los actos jurídicos relacionados con los proyectos sobre prestación de servicios, asimismo se llevará una inscripción de los inversionistas proveedores, que participen en los proyectos citados, así como se llevará el control administrativo de cada proyecto.

Artículo 53. Publicidad del registro. Los encargados del Registro Público de Contratos sobre Proyectos de Prestación de Servicios, tienen la responsabilidad de permitir a los particulares que lo soliciten que se enteren de la información y documentos relacionados con el control del registro, en términos de lo señalado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 54. Organización. El reglamento de la presente ley establecerá la organización, funciones, procedimientos y políticas del Registro Público de Contratos sobre Proyectos de Prestación de Servicios, a efecto de que cualquier interesado pueda acceder al mismo.

Capítulo XIII Inhabilitación

Artículo 55. Inhabilitación. Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno a que se refiere esta ley, con las personas siguientes:

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte, durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Función Pública;

III. Aquellos inversionistas proveedores a quienes, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de cinco años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión;

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Función Pública;

V. Los inversionistas proveedores que se encuentren en situación de atraso en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos sobre proyectos de prestación de servicios celebrados con la propia dependencia o entidad, siempre y cuando éstas hayan resultado gravemente perjudicadas;

VI. Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil;

VII. Aquellas que presenten propuestas de servicios en un procedimiento de licitación pública que regula esta ley, que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común;

VIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de licitación pública, que regula esta ley y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar;

IX. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos sobre proyectos de prestación de servicios, en los que dichas personas o empresas sean parte;

X. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta ley sin estar facultadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual;

XI. Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

XII. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación; y

XIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley.

Capítulo XIV Información y Verificación

Artículo 56. De la información. Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información electrónica, comprobatoria de los actos y contratos materia del presente ordenamiento, cuando menos por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de terminación del contrato sobre proyectos de prestación de servicios; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables.

Artículo 57. Facultad de verificación. La Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que los servicios previstos en los contratos sobre proyectos de prestación de servicios, se realicen conforme al contrato, a lo establecido en esta ley o en otras disposiciones aplicables. Si la Función Pública determina la nulidad total del procedimiento de licitación pública por causas imputables a la convocante, la dependencia o entidad reembolsará a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Capítulo XV Sanciones

Artículo 58. Sanciones. Los licitantes o inversionistas proveedores que infrinjan las disposiciones de esta ley, serán sancionados por la Función Pública, con multa equivalente a la cantidad de mil a cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el párrafo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de licitación pública o celebrar contratos regulados por esta ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen el contrato adjudicado por la convocante;

II. Los proveedores que se encuentren en el supuesto de la fracción III del artículo 55 de este ordenamiento, respecto de dos o más dependencias o entidades;

III. Los inversionistas proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate;

IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de licitación pública, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en cualquier gestión que realicen, conforme a lo señalado en la presente ley; y

V. Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del artículo 55 de este ordenamiento.

La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Función Pública lo haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 59. Mecanismo para imposición de sanciones. La Función Pública impondrá las sanciones considerando:

I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse;

II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

III. La gravedad de la infracción, y

IV. Las condiciones del infractor.

La Función Pública impondrá las sanciones administrativas de que trata este capítulo, con base en las disposiciones relativas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 60. Responsabilidad administrativa de servidores públicos. La Función Pública aplicará las sanciones que procedan a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de la presente ley, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 61. Responsabilidades de otra índole. Las responsabilidades a que se refiere la presente ley, serán independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.

Capítulo XVI Solución de Controversias

Artículo 62. Controversias. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta ley o de los contratos celebrados con base en ella, por regla general, serán resueltas por los tribunales federales.

Artículo 63. Arbitraje. Las partes podrán convenir compromiso arbitral, como un mecanismo para resolver las controversias, ya sea en cláusula compromisoria incluida en el contrato o en convenio independiente, en aquellos casos en que se determinen por los Comités de Infraestructura.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor al siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas.

Tercero. El Ejecutivo federal expedirá el reglamento de esta ley, en un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir del día siguiente en que entre en vigor el presente ordenamiento.

6 de febrero de 2007.--- Diputado José Rosas Aispuro Torres (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado Jorge Godoy Cárdenas , del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jorge Godoy Cárdenas:Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: en nuestro país el cuidado ambiental ha ido en aumento, formando ciudadanos más conscientes de la importancia de contar con un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar --esto lo consagra la Constitución en su artículo 4o.--, así como de preservar y usar sustentablemente los recursos naturales a través de lineamientos como la reutilización, reciclaje y reducción del consumo de productos que utilizan a diario y cuyos efectos en el ambiente crean un sinfín de problemas alternos.

Desde 1984 el reporte de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, Nuestro Futuro Común, definió el término de desarrollo sustentable y desde entonces gran parte de las acciones de la cotidianeidad y el lineamiento de las políticas de desarrollo han retomado este concepto. Así, diversos países como los inmersos dentro de la Unión Europea han ido incorporando criterios de sustentabilidad dentro de sus unidades administrativas a nivel federal y local. En México esta inquietud quedó plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, donde se estableció que el medio ambiente es un tema prioritario, una convicción de gobierno y un requerimiento ético y comercial de la nueva convivencia internacional. Dentro de esta nueva cultura de sustentabilidad, uno de sus componentes se ha reflejado en lo concerniente al consumo y destino tanto de bienes como de servicios.

Ante esta tendencia, desde hace unos años la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ha instrumentado el Programa de Consumo Responsable de Materiales de Oficina dentro de las entidades de la administración pública federal, cuyo objetivo es crear una cultura ecológica que considere el cuidado del entorno y del medio ambiente en la toma de decisiones en todos los niveles y sectores, incorporando en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, conformando así una política ambiental integral e incluyente dentro del marco de desarrollo sustentable.

Si bien es cierto que la Cámara de Diputados no está considerada como una unidad de la administración pública, los lineamientos propuestos y los programas que han implementado y considerado dentro del programa de la Semarnat, bien puede ser instrumentado dentro de este recinto generando beneficios tanto en el corto como en el largo plazo.

La Cámara de Diputados, al igual que las diversas dependencias federales, es un gran consumidor de bienes y servicios que, debido a las características de los mismos y el nivel de consumo y la materia de hacer uso de ellos, ejerce una importante presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales de nuestro país.

En la actualidad las prácticas de consumo y el quehacer cotidiano de la administración de los poderes de la federación son insustentables. En general se puede hablar de que existen cinco grandes consideraciones sobre las cuales se debe realizar la gestión ambiental dentro del recinto legislativo. Éstos serían:

El manejo de los residuos sólidos; el ahorro y uso eficiente de energía y la posible introducción del uso de equipos eficientes o alternativos; ahorro del agua; impacto de las actividades normales del recinto al entorno y, finalmente, generación de una cultura y formación ambiental en todos los que laboran en la Cámara.

El manejo integral de los residuos sólidos tendría como propósitos fundamentales el reducir, reutilizar y reciclar el papel y ciertos residuos sólidos que se consumen en la Cámara, con la finalidad de disminuir los impactos negativos sobre los recursos naturales y el medio ambiente, ante la exigencia de hacer más eficientes las actividades que se realizan dentro del recinto de la Cámara de Diputados.

Debemos incorporar la idea de sustentabilidad mediante el uso eficiente de los recursos y desechos, toda vez que se reducen costos y se obtiene un ahorro en un corto y mediano plazo.

Por otra parte, existe el grave problema del ahorro y uso eficiente de energía en las diversas secciones de la Cámara. A manera de ejemplificar, podemos ver que el gobierno federal consume alrededor del 30 por ciento de la energía que se produce en este país.

Entre los principales consumidores están las empresas que generan energía: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza, las cuales hacen enormes esfuerzos en sus procesos industriales generadores de energía para ahorrarlo, maximizarlo y utilizar su consumo.

Sin embargo, existen programas como el Programa de Ahorro de Energía en Inmuebles de la Administración Pública Federal, creado por la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, en donde se estimula y capacita a dichas instituciones para facilitar el objetivo de ahorro de energía.

Desde su implantación en 1999, el Programa de Ahorro de Energía en la Administración Pública Federal ha logrado reducir un 20 por ciento el promedio de consumo de electricidad en los inmuebles registrados, que representan un ahorro por más de 471 millones de pesos.

Un buen ejemplo de los logros obtenidos por la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conae) son los ahorros de energía logrados en la administración pública federal en el 2004, que permitieron reducir en 140 mil las toneladas de bióxido de carbono emitido a la atmósfera, lo que ayuda a mitigar los efectos de cambio climático, que representa el mayor desafío ambiental del siglo XXI.

Es así que el ahorro de la energía significa un aspecto indispensable para avanzar al desarrollo sustentable debido a la disminución de contaminantes que conlleva. Dentro de la administración pública existen programas de uso eficiente y racional de agua que buscan fomentar una cultura de conservación y ahorro de agua entre los servidores públicos, empleados y visitantes de los edificios públicos federales.

Promover y difundir la aplicación de medidas efectivas como reparación de fugas, instalación de dispositivos y equipos ahorradores de agua, medición de abastecimiento, consumo de agua y hábitos en el uso del agua que permitan usar de forma más eficiente el manejo ambiental de este recurso, a partir de mejorar su gestión en las dependencias y entidades federales.

Disminuir el impacto ambiental causado por el consumo excesivo o el desperdicio de agua potable y planear y llevar a cabo acciones dirigidas a reducir el consumo de agua potable en edificios públicos federales para alcanzar en el mediano plazo consumos per cápita de agua potable, conforme a los estándares internacionales. Esto es, menos de 40 litros por empleado al día.

A fin de que estas acciones puedan ser aplicadas y adquirir un carácter de sustentabilidad, es necesario establecer y definir políticas y lineamientos ambientales para que se apliquen en los procesos operativos y en la toma de decisiones de la Cámara, así como promover una cultura de responsabilidad ambiental en los servidores públicos que contribuya al uso eficiente, racional y responsable de los recursos materiales.

Con objeto de mejorar el desempeño ambiental y los impactos que este recinto ejerce en su entorno, estas experiencias exitosas dentro de la administración pública bien pueden ser aprovechadas y adaptadas para ser implementadas por el recinto legislativo, aun cuando éste no es considerado como una unidad integrante de la administración pública.

La Cámara de Diputados no puede ser ajena a la conservación de los recursos naturales y debe ser partícipe de la sustentabilidad de la economía del país. Es así que el objetivo de la presente iniciativa es la creación de una unidad de gestión ambiental, dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados.

El objetivo global de la Dirección General de Gestión Ambiental de la Cámara de Diputados sería el integrar una cultura de consumo y aprovechamiento sustentable por parte de los servidores y gente que labora en las instalaciones, a fin de disminuir el impacto negativo al medio ambiente y al entorno, generado por las actividades cotidianas de la Cámara.

En este sentido, los objetivos específicos de la Dirección General de Gestión Ambiental serían: fomentar una cultura de uso, reutilización y reciclaje de materiales de oficina y de desechos de restaurante; fomentar una cultura de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica y agua en las instalaciones; propiciar la sustitución de materiales poco amigables al ambiente por materiales biodegradables; generar mayores espacios de áreas verdes dentro de la Cámara; generar conciencia ambiental dentro de los servidores y gente que labora en la Cámara; proponer programas de beneficio ambiental en las zonas aledañas a la Cámara; constituir e implementar el Programa de consumo responsable de materiales de oficina, energía y agua en la Cámara de Diputados.

Por tanto, y en atención a lo anteriormente expuesto, el suscrito, respetuosamente, somete a la consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue.

Artículo 51. La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros se integra con funcionarios de carrera y confiere unidad de acción a los siguientes servicios.

Del a) al g) quedan como están.

Se integra un inciso h), donde quedaría: Servicios de gestión ambiental, que comprenden los de aspecto del manejo de residuos sólidos, fomento de uso de energías alternativas y ahorro de agua; disminución del impacto negativo al medio ambiente y entorno generado por las actividades cotidianas de la Cámara de Diputados; capacitación y formación ambiental.

Solicito a esta soberanía que se inserte el texto íntegro en el Diario de Debates. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

Jorge Godoy Cárdenas , diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar que se turne a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

Antecedentes

En nuestro país, el cuidado ambiental ha ido en aumento, formando ciudadanos más conscientes de la importancia de contar con un ``ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar'',¹ así como de preservar y usar sustentablemente los recursos naturales, a través de lineamientos como el reúso, el reciclaje y la reducción del consumo de productos que utilizan a diario y cuyos efectos en el ambiente crean un sin fin de problemas alternos.

En 1984, el reporte de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Nuestro Futuro Común, definió el término desarrollo sustentable; desde entonces, gran parte de las acciones de la cotidianeidad y el lineamiento de las políticas de desarrollo han retomando este concepto. Así, diversos países, como los de la Unión Europea han ido incorporando criterios de sustentabilidad en sus unidades administrativas federales y en las locales.

En México, esa inquietud ha quedado plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, donde se establece que el ``ambiente es un tema prioritario, una convicción de gobierno y un requerimiento ético y comercial de la nueva convivencia internacional''.

En esta nueva cultura de sustentabilidad, uno de sus componentes se ha reflejado en lo concerniente al consumo y destino de bienes y de servicios. Ante esta tendencia, desde hace unos años la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha instaurado el Programa de Consumo Responsable de Materiales de Oficina en las entidades de la administración pública federal, cuyo objetivo es crear una cultura ecológica que considere el cuidado del entorno y del medio ambiente en la toma de decisiones en todos los niveles y sectores, incorporando en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, conformando así una política ambiental integral e incluyente dentro del marco de desarrollo sustentable.

Si bien la Cámara de Diputados no está considerada como una unidad de la administración pública, los lineamientos propuestos y los programas que se han implantado y considerado dentro del programa de la Semarnat bien puede ser instrumentada dentro de este recinto, generando beneficios tanto en el corto como en el largo plazo. La Cámara de Diputados, al igual que las diversas dependencias federales, es un gran consumidor de bienes y servicios que, debido a las características de los mismos, el nivel de consumo y la manera de hacer uso de ellos, ejerce una importante presión sobre el ambiente y los recursos naturales de nuestro país.

En la actualidad, las prácticas de consumo y el que hacer cotidiano de la administración de los poderes de la federación son insustentables. En general, hay cinco grandes consideraciones sobre los cuales se debe realizar una gestión ambiental en el recinto legislativo: el manejo de los residuos sólidos; el ahorro y uso eficiente de energía y la posible introducción del uso de equipos eficientes o alternativos; ahorro del agua; impacto de las actividades normales del recinto al entorno; y finalmente, generación de una cultura y formación ambiental a todos los que laboran en la Cámara.

En México, al igual que en la mayor parte del mundo, la basura o desechos sólidos municipales es uno de los grandes problemas ambientales, ya que su generación se ha multiplicado en los últimos años,² su composición hace más difícil su adecuado manejo y cada vez existen menos lugares para su disposición final, creando impactos negativos sobre el aire, agua y suelos,³ ya que la mayoría de los residuos generados se depositan en sitios no adecuados, como los tiraderos a cielo abierto, y por ende generando elevados costes de manejo. En el país, la basura se compone en 50 por ciento de materia orgánica; le siguen el papel y cartón, con 20 por ciento. Un bien estratégico para el consumo sustentable es el papel, ya que además de su elevado consumo en oficinas, tiene un impacto importante en el medio ambiente y en los recursos naturales. Así, para la elaboración de una tonelada de papel en promedio se requiere de 17 árboles; 26 mil litros de agua y 4 mil 100 kilovatios/hora de energía eléctrica.

El manejo integral de residuos sólidos, dentro de una dependencia, tendría como propósitos fundamentales el reducir, reusar y reciclar el papel y ciertos residuos sólidos que se consumen en la Cámara, con la finalidad de disminuir los impactos negativos sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Ante la exigencia de hacer más eficiente las actividades que se realizan dentro del recinto de la Cámara de Diputados, debemos de incorporar la idea de sustentabilidad, mediante el uso eficiente de los recursos y desechos, toda vez que se reducen costos y se obtiene ahorros en un mediano plazo.

Por otra parte, existe el grave problema del ahorro y uso eficiente de energía en las diversas secciones de la Cámara. A manera de ejemplificación, podemos ver que el gobierno federal consume alrededor de 30 por ciento de la energía que se produce en este país. Entre los principales consumidores son las empresas que generan energía: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, las cuales hacen enormes esfuerzos en sus procesos industriales generadores de energía para ahorrarlo, maximizarlo y utilizar su consumo.

Sin embargo, hay programas como el de Ahorro de Energía en Inmuebles de la Administración Pública Federal, creado por la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conae), donde se estimula y capacita a dichas instituciones para facilitar el objetivo de ahorro de energía. Desde su implantación, en 1999, el Programa de Ahorro de Energía en la Administración Pública Federal ha logrado reducir 20 por ciento en promedio el consumo de electricidad en los inmuebles registrados, que representa un ahorro por más de mil 471 millones de pesos.

Un buen ejemplo de los logros obtenidos por la Conae son los ahorros de energía logrados por la administración pública federal en 2004, que permitieron reducir en 140 mil las toneladas de bióxido de carbono emitidas a la atmósfera, lo que ayuda a mitigar los efectos del cambio climático, mismo que representa el mayor desafío ambiental del siglo XXI. Así, el ahorro de energía significa un aspecto indispensable para avanzar hacia el desarrollo sustentable, debido a la disminución de contaminantes que conlleva.

Adicionalmente, uno de los grandes retos a los que se enfrenta México es a la disponibilidad y calidad del agua. El agua es bien de gran importancia dado que es esencial para muchos procesos productivos y para la vida humana, y no tiene sustitutos. Por esa condición especial es necesario desarrollar un enfoque integrado del uso eficiente del agua orientada hacia acciones que tiendan a reducir la cantidad de agua empleada en las diferentes actividades de los sistemas de agua (desde la microcuenca hasta su descarga final a la naturaleza), para asegurar su sostenibilidad.

El uso eficiente de agua incluye toda actividad que está relacionada con una mejor utilización del recurso, hacer más o lo mismo con menos cantidad. Por tanto, se deben tomar medidas que permitan usar menos agua en cualquier proceso o actividad a fin de optimizar la conservación y el mejoramiento de los recursos hídricos. El uso eficiente de agua es uno de los principios considerados para el manejo integrado de los recursos hídricos.

En la administración pública existe el Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua, que busca fomentar una cultura de conservación y ahorro del agua entre los servidores públicos, empleados y visitantes de los edificios públicos federales; promover y difundir la aplicación de medidas efectivas, como reparación de fugas, instalación de dispositivos y equipos ahorradores de agua, medición de abastecimiento, consumo de agua y hábitos en el uso del agua, que permitan usar de forma más eficiente el manejo ambiental de este recurso, a partir de mejorar su gestión en las dependencias y las entidades federales; disminuir el impacto ambiental causado por el consumo excesivo o el desperdicio de agua potable; y planear y llevar a cabo acciones dirigidas a reducir el consumo de agua potable en edificios públicos federales para alcanzar, en el mediano plazo, consumos per cápita de agua potable conforme a los estándares internacionales, esto es, menos de 40 litros por empleado al día.

A fin de que estas acciones puedan ser aplicadas y adquirir un carácter de sustentabilidad, es necesario establecer y difundir políticas y lineamientos ambientales para que se apliquen en los procesos operativos y en la toma de decisiones de la Cámara, así como promover una cultura de responsabilidad ambiental en los servidores públicos que contribuya al uso eficiente, racional y responsable de los recursos materiales y financieros, con el objeto de mejorar el desempeño ambiental y los impactos que este recinto ejerce al entorno.

Estas experiencias exitosas en la administración pública, bien pueden ser aprovechadas y adaptadas para ser implantadas por el recinto legislativo, aun cuando este no es considerado como una unidad integrante de la administración pública.

La Cámara de Diputados no puede ser ajena a la conservación de los recursos naturales del país y ser partícipe de la sustentabilidad de la economía del país. Así, el objetivo de la presente iniciativa es crear una unidad de gestión ambiental, dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados. El objetivo general de la ``Dirección General de Gestión Ambiental de la Cámara de Diputados'' sería integrar una cultura de consumo y aprovechamiento sustentable por parte de los servidores y gente que labora en las instalaciones, a fin de disminuir del impacto negativo al ambiente y al entorno, generado por las actividades cotidianas de la Cámara de Diputados.

Los objetivos específicos de la Dirección General de Gestión Ambiental serían

Fomentar una cultura de uso, reúso y reciclaje de materiales de oficina y de desechos de restaurantes.

Fomentar una cultura de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica y agua en las instalaciones.

Propiciar la sustitución de materiales poco compatibles con el ambiente por materiales biodegradables.

Generar mayores espacios de áreas verdes en la Cámara.

General conciencia ambiental dentro de los servidores y gente que labora en la Cámara.

Proponer programas de beneficio ambiental a las zonas aledañas a la Cámara.

Constituir e implantar el Programa de Consumo Responsable de Materiales de Oficina, Energía y Agua en la Cámara de Diputados.

Así, entre las funciones de la unidad administrativa ambiental figurarían las siguientes:

I. Fomentar el consumo responsable, entre todos los integrantes de la Cámara, a través del reúso, disminución en la tasa de consumo de bienes e insumos utilizados en las oficinas de la Cámara de Diputados, así como por medio de la sustitución de bienes y servicios con menor impacto ambiental.

II. Promover la disminución y manejo adecuado de los desechos y desperdicios generados por las oficinas de la Cámara de Diputados.

III. Promover una educación y cultura ambiental permanente en todos los servidores públicos y empleados de la Cámara de Diputados.

IV. Fomentar la reducción de los niveles de consumo de energía eléctrica en los inmuebles de la Cámara de Diputados y establecer medidas de uso eficiente de la misma.

V. Promover la mejora de las instalaciones hidrosanitarias en la Cámara de Diputados e influir en los hábitos de consumo de los servidores públicos y empleados.

VI. Difundir beneficios, lineamientos, prácticas de éxito, avances y resultados de instrumentar el programa de manejo sustentable en la Cámara de Diputados.

VII. Asegurar la eficiencia y calidad en los procesos, productos y servicios que sustentan el programa de manejo sustentable.

VIII. Diseñar los manuales correspondientes y difundir la información necesaria sobre los procedimientos de reducción, reciclaje y reúso de los residuos sólidos y del ahorro de energía y agua.

Las funciones de la dirección serían

Planear, coordinar, dar seguimiento y evaluar la implantación de un programa de consumo responsable de materiales de oficina, energía y agua en la Cámara de Diputados, así como formular las observaciones y recomendaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del programa.

Revisar las operaciones administrativas que se llevan a cabo en materia de adquisiciones y consumo de agua y energía en cada uno de los edificios de la Cámara de Diputados.

Recolectar y analizar la información e identificación de posibles mejoramientos.

Revisar cuestiones relacionadas con el uso y desecho del papel y otros productos de oficina; prácticas en los servicios de cafetería y alimentos; la manera en que se utilizan productos químicos, así como su desecho; la forma en que se utiliza la energía, incluido el uso de equipos eléctricos y electrónicos; el uso del agua; la compra de materiales, consumo energético y de agua y la forma de producción y confinamiento de desechos.

Observar las oportunidades de reducir, reusar y reciclar; conservar energía y agua; y revisar el manejo de químicos.

Revisar y autorizar el programa anual de consumo responsable de materiales de oficina, energía y agua y sus metas, así como los reportes semestrales de la Cámara.

Analizar y autorizar el informe anual de la implantación del programa y proponer las acciones preventivas o correctivas que se consideren convenientes.

Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité interno, así como su calendario de sesiones.

Autorizar la creación de subdirecciones, cuando las características de sus funciones, por el tamaño o estructura organizativa de la dependencia o entidad así lo justifiquen.

Para el efectivo cumplimiento de las funciones de esta dirección general y con base en la diversidad de temas que se involucran, se propone la creación de un comité interno de gestión ambiental, integrado por los titulares de la Unidad de Capacitación y Formación permanente, la Contraloría Interna, el director general de Servicios de Tesorería y el director general de Servicios de Recursos Materiales y el director general de Gestión Ambiental, quienes podrán incorporar al comité a otras áreas de la institución, que consideren relevantes para la eficiente implantación del Programa de Consumo Responsable de Materiales de Oficina, Energía y Agua en la Cámara de Diputados. Los miembros se reunirán cada cuatro meses para dar seguimiento a los lineamientos, objetivos, acciones y metas del programa.

Las estrategias y acciones del programa deben asumirse como procesos permanentes de la cultura organizacional, por lo que debe considerarse que una adecuada implantación del programa requiere entre uno y dos años, tiempo en el cual la organización pondrá en practica los cambios que supone la implantación del Programa. De igual forma, una adecuada implantación del programa requiere la participación de todo el personal de la institución, ya que cada uno de ellos es un consumidor y, por tanto, generador de residuos sólidos, agua y energía. Por tanto, la motivación y capacitación de todos los empleados es indispensable para la implantación del programa.

Sabemos que el problema de la generación de basura, del uso irracional de los recursos naturales, como el agua, y la falta poca conciencia ambiental que aun persiste en nuestro país son resultado de las acciones de la generalidad, por tanto, las medidas que se encaminen a la consecución de la sustentabilidad y disminución de los impactos de estas acciones, deberán ser responsabilidad de todos. Así, corresponde a la Cámara de Diputados, el aportar y apoyar programas que fomenten y creen conciencia ambiental, generando en el mediano y largo plazos un bienestar para la colectividad y para las generaciones futuras.

Por tanto, el suscrito diputado respetuosamente somete a la consideración de esta Cámara la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el artículo 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 51.

1. La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros se integra con funcionarios de carrera y confiere unidad de acción a los servicios siguientes:

a) a g) ...

h) Servicios de gestión ambiental, que comprende los de aspectos de manejo de residuos sólidos, fomento de uso de energías alternativas y ahorro de agua, disminución del impacto negativo al medio y entorno, generado por las actividades cotidianas de la Cámara de Diputados, capacitación y formación ambiental.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 De acuerdo con los estilos de vida y el nivel de desarrollo de los países o regiones, varían la cantidad y composición de la basura que se genera. A manera de ejemplo, se señala que en Canadá y Estados Unidos de América cada habitante produce al año 693.5 y 547.5 kilogramos de basura, respectivamente, mientras que en México cada habitante genera 313.9 kilogramos de basura.

3 La inadecuada disposición de los residuos provoca la contaminación de los suelos que los reciben y, a través de la filtración de contaminantes contenidos en los líquidos provenientes de la descomposición de los residuos, se afectan negativamente las reservas subterráneas de agua. Asimismo, el aire y el viento contribuyen al proceso de descomposición y degradación de los residuos y a la transmisión de partículas contaminantes que flotan libremente en el aire, causando enfermedades, principalmente en las vías respiratorias y digestivas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 6 días del mes de febrero de 2007.--- Diputado Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS - LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS - LEY DEL BANCO DE MEXICO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado Mario Mendoza Cortés , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Instituciones de Crédito; de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; y del Banco de México.

El diputado Mario Mendoza Cortés:Con el permiso de la Mesa; honorable Asamblea: con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanospresento ante esta soberanía iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financierosy de la Ley del Banco de México.

Debido a que la iniciativa aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria, me permito exponer algunos motivos.

Esta reforma es fundamental porque la ley actual no protege a los usuarios de servicios financieros, ya sea por problemas en la operación de las propias instituciones o por el abuso en cobros indebidos.

Hoy en día se ha detectado que las instituciones financieras están realizando cobros indebidos que les generan ganancias incalculables, en perjuicio de sus usuarios. Y nuestro marco jurídico que reglamenta la actividad financiera no incluye la figura de responsabilidad civil objetiva que propicie la indemnización de los daños y perjuicios causados a los usuarios por estos cobros indebidos.

Los bancos han convertido el cobro de comisiones en una de sus principales fuentes de ganancias. Éstas son de las más altas que se cobran, en comparación con países como Estados Unidos o Canadá, quienes son nuestros principales socios comerciales. Y aún mucho más altas que países como Gran Bretaña, donde el poder adquisitivo es más de 10 veces en promedio comparado con el nuestro.

Por ejemplo, la comisión anual por el uso de tarjeta de crédito en el Reino Unido es de aproximadamente 55 pesos y en el nuestro asciende a la cantidad de 540 pesos promedio. Esto quiere decir que pagamos 10 veces más por el mismo servicio. Paralelamente, pero el sentido adverso, ganamos 10 veces menos que en esos países.

El abuso al consumidor por parte de las instituciones crediticias se da de muchas maneras y a través de acuerdos no explícitos en los contratos y que debieran ser gratuitos. Hoy día tienen costos muy elevados.

Usar los servicios financieros indispensables, como consultar el saldo o disponer de efectivo en tarjetas de crédito en cajeros de red, es todavía más alto que en otros países de donde son matrices los bancos que nos brindan este mismo servicio.

Por ejemplo, en el HSBC de Gran Bretaña al realizar un retiro en cajero de red no se cobra un solo peso; sin embargo, acá en México al realizar la misma operación se vienen cobrando 17 pesos. Esto es ilógico, pues si bien es cierto en México les abrimos las puertas a los inversionistas porque tenemos una economía en desarrollo. No podemos permitir que nos cobren comisiones por todo, incluyendo servicios que no recibimos y eso es responsabilidad también de nosotros los legisladores.

Los pagos que realizamos por comisiones en nuestro país son excesivos en todos sus rubros. No existe un cobro o comisión, y esto además de los que se presentan, también debo decirles que existen cobros excesivos en la cuota anual de tarjeta de crédito, comisión de cheques, comisión de los cheques que son devueltos, entre otros.

Actualmente, el Estado no cumple con la tarea de regular con imparcialidad la actividad financiera, debido a que las instituciones que tienen a su cargo la vigilancia de las actividades bancarias carecen de facultades para imponer sanciones. Es lamentable que ante tales circunstancias el marco jurídico actual no imponga a los bancos la obligación de indemnizar a sus usuarios por los daños causados.

Ello propicia que los banqueros no pongan especial interés en evitar esos abusos. Los ciudadanos no tenemos medios prácticos de defensa; estamos imposibilitados para exigir a que se le indemnice por los daños que se les causa.

Según datos de la Condusef, en el periodo que va de enero a agosto de 2006 se solicitaron 68 mil 400 asistencias técnicas relativas a quejas por diversos cobros indebidos, impuestas ante la institución de crédito.

Evidentemente son demasiadas las inconformidades en contra de las instituciones y al no existir procedimientos jurídico-prácticos los usuarios prefieren abandonar el trámite, olvidarse y, en consecuencia, esto significa que el banco, con todas sus anchas, pueda hacer de las suyas. Por tal motivo propongo que las instituciones tengan la obligación de implementar procedimientos rápidos y simples para la atención de las quejas de los usuarios.

Hay que señalar que no existe un prescribimiento breve en el cual se resuelva a favor del usuario y se proceda a la indemnización por parte del banco por estos excesos. Por tal motivo se establece en nuestra propuesta que la Condusef vele por los derechos de los ciudadanos, usuarios y el cumplimiento exacto, con la mayor brevedad, de la indemnización a que se tenga derecho; es decir, que se sancione a los bancos que no lo hagan en tiempo y forma.

El objetivo de la iniciativa es establecer mecanismos para resolver el problema del cobro indebido, para lo cual propongo que todo cargo indebido derivado de un crédito al consumo inmediatamente producirá un interés legal.

En el caso de que el cobro indebido se hubiera producido por malicia o por negligencia de la institución financiera, el usuario tendrá el derecho a la indemnización. Es necesario establecer mecanismos que regulen enérgicamente los cobros, que día con día están imponiendo los bancos, sobre todo porque los servicios que prestan no lo justifican.

Por eso hay que otorgar facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros para ejecutar las sanciones que se impondrán a los bancos que lleven a cabo estas prácticas, así como establecer la indemnización a que tiene derecho el usuario con base en lo señalado por esta propuesta de ley.

Señores legisladores, compañeros todos: debemos establecer las normas que fomenten la responsabilidad de los bancos frente a la ciudadanía para que no comentan abusos que causen daños y prejuicios en la economía familiar de los usuarios y que, en caso de hacerlo, paguen las indemnizaciones correspondientes, además de que dejen de centrarse en enriquecerse mediante los cobros injustos, pero además excesivos.

Para un mejor soporte de la exposición de motivos, permítanme comentarles una experiencia propia. En el mes de agosto del año pasado, acepté llenar una solicitud de tarjeta de crédito en uno de los tan recurrentes módulos de ventas, de ésos que se ubican en los centros comerciales o en las entradas de los bancos. En ese módulo llené mi solicitud de tarjeta, ingresé mis números de teléfono, la información de mi domicilio y mi firma donde solicito una tarjeta de crédito al Banco Santander.

Al día de hoy no he recibido ninguna notificación, ni siquiera ha recibido la aprobación de esta tarjeta ni siquiera una llamada; por el contrario, sí he recibido una notificación en donde tengo que pagar un total de 258 pesos por el servicio anual. Mientras tanto, no conozco siquiera la tarjeta. Ésta es precisamente la prueba más contundente de los excesos que los bancos provocan hacia los ciudadanos.

Es una arbitrariedad. Eso que somos diputados; un ciudadano común ni siquiera tiene derecho a decir nada y, para evitar trámites, prefiere dejar las cosas como están. Compañeros diputados, es momento de que volteemos los ojos y atendamos estas irregularidades.

Cabe destacar que pregunté constantemente al banco el estado que guardaba mi solicitud y no supieron darme una sola razón, pues nunca me dieron copia ni siquiera número de folio ni un número de teléfono. Lo busqué por mi medio, hice las llamadas correspondientes y lo único que me dijeron es que cuando tuvieran aprobada mi solicitud los ejecutivos del banco me llamarían. Estoy en espera de esa llamada.

¿Qué significa esto, señores? Esto significa que los bancos, para caso concreto del banco Serfin, tienen una perfecta organización, una logística detallada y vigilada; tienen excelentes métodos que incluyen la excesiva promoción de las tarjetas en puntos específicos, en oficinas, para asfixiarnos con llamadas telefónicas. Un excesivo despliegue de personal para inundar los sitios públicos con promotores de plásticos suficientemente capacitados para convencernos del beneficio de una tarjeta.

Todo esto es con un solo fin: realizar un robo, porque es eso, un robo, un fraude, porque así se llama lo que hacen estas personas. Una tarjeta que nunca recibe uno; uno no puede, al rato, estar pagando por algo.

Los usuarios, el día de hoy somos robados por los bancos al realizar los pagos de los servicios que hemos recibido. Somos sentenciados y no podemos argumentar en nuestra defensa, pues los dueños de los bancos tienen toda la protección de la ley, sí, pero al ciudadano quién lo protege; y las leyes se hacen aquí, en esta Cámara. Por eso, compañeros, los invito nuevamente a que encaminemos este esfuerzo y dictaminemos a favor.

Los bancos, al igual que muchas organizaciones en este país, sí pueden llamarnos para vender, sí pueden llamarnos para presionar a comprar, sí pueden llamarnos para inundarnos con sus promociones. Ah, pero no pueden llamarnos para decirnos que nuestra solicitud ha tenido éxito.

Señores, es momento de que esto se termine; es momento de que pongamos los ojos en esta demanda tan importante que una multitud de ciudadanos estamos realizando.

Compañeros del PAN, compañeros del PRD y compañeros de mi partido, del PRI, y de las demás fracciones, los exhorto a que juntos saquemos esta tarea. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Instituciones de Crédito; de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; y del Banco de México, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y de la Ley del Banco de México, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Resulta fundamental contar con un ambiente económico y legal adecuado para que los servicios financieros se identifiquen por la satisfacción total de las necesidades de sus usuarios y para que esta actividad sea rentable y cumpla su función de promoción del desarrollo del sistema financiero.

En este sentido, las instituciones de crédito deben estar reguladas con la finalidad de apoyar cualquier esfuerzo que contribuya al conocimiento y comprensión de las características de los servicios y productos bancarios que ofertan al público, ya que en muchas ocasiones las controversias se originan por falta de información o conocimiento de los mismos; así como continuar fortaleciendo no sólo sus áreas de atención al público, sino todos los servicios y productos bancarios.

Es preciso reconocer que en ocasiones la satisfacción total del cliente no se alcanza por problemas en la operación de las instituciones, por la actitud de un reducido número de funcionarios bancarios que han actuado de forma descortés o incluso violando procedimientos internos o de la propia ley, lo que ha generado que se esté observando una afectación a la economía familiar de los usuarios, por cobros indebidos y no justificados.

Es momento de frenar los cobros indebidos, que han estado generando ganancias incalculables por parte de los bancos que han llegado a los límites de lucro. Hoy en día ha ido en aumento, al grado que los bancos de nuestro país están basando sus ganancias cada vez más en el cobro indebido de comisiones, créditos, o por cualquier otro servicio, en lugar de estar desempeñando su papel de intermediarios financieros.

Por lo que proponemos que el Banco de México sea quien regule imponiendo una sanción a la institución financiera que efectúe un cobro indebido, esto con la finalidad de evitar los excesos que se cometen en el mercado financiero.

Actualmente la banca mexicana está envuelta en una guerra por la promoción y entrega de créditos al consumo, principalmente vía tarjeta de crédito, debido a que esta actividad crediticia representa enormes ganancias provenientes de las comisiones.

Muestra de esas ganancias tenemos que, de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, durante el primer trimestre de 2006 hubo ingresos por comisiones netas por 12 mil 520 millones de pesos, lo que representa 27.8 por ciento de sus ingresos totales de operación. Aunado a lo anterior, los ingresos por comisiones netas por la actividad de Intermediación arrojaron utilidades por 404 millones de pesos en el mismo periodo.

Esta intensa relación entre cliente-banco ha representado más de seis millones de operaciones que diariamente se realizan tan sólo en cuatro de los instrumentos bancarios más comunes (cheques, cajeros, tarjetas, banca electrónica).

El sentido de la iniciativa es establecer mecanismos para resolver el problema del cobro indebido impuestos por los bancos. Para lo cual también proponemos que todo cobro indebido derivado de un crédito al consumo inmediatamente producirá un interés legal. Si el interés contractual fuese superior al legal, devengará inmediatamente el primero.

En el caso de que el cobro indebido se hubiera producido por malicia o negligencia de la institución financiera, el usuario tendrá el derecho a la indemnización de los daños y perjuicios causados, que en ningún caso será inferior al interés legal incrementado en cinco puntos, o el del contrato, si es superior al interés legal, incrementado a su vez en cinco puntos; es decir, prevalecerá el interés más alto para cotizar el monto de la indemnización.

El prestigio es un elemento fundamental para lograr el reconocimiento sobre la calidad moral y la capacidad técnica en la provisión de los servicios bancarios; sólo de esa forma se logrará contar con la preferencia de los clientes, ya que el activo más importante de las instituciones de crédito es la confianza del público.

Si los bancos pusieran mayor énfasis en su función como intermediarios en lugar de estar enriqueciéndose a costa de dañar la economía de los usuarios mediante cobros indebidos, ello redundaría en el incremento de los créditos, lo que afectaría positivamente al aumentar los niveles de inversión. Además, hay que señalar que no existe un procedimiento breve, en el cual se resuelva a favor del usuario y se proceda a la indemnización por parte del banco por el cobro indebido; por tal motivo, se establece en nuestra propuesta que la Condusef velara por los derechos de los usuarios y el cumplimiento exacto y a la brevedad de la indemnización a que tenga derecho el usuario de los servicios financieros.

Asimismo, que los usuarios tengan el derecho de consultar la lista de las tarifas, e incluso llevársela y compararla con los servicios que ofrecen las diferentes instituciones financieras antes de tomar una decisión.

Preocupado por atender uno de los problemas más sentidos en la actualidad y que afecta de manera directa la economía familiar, es necesario establecer un mecanismo para regular enérgicamente los cobros indebidos que día con día están imponiendo los bancos sin causa justificada por los servicios que prestan, y otorgar facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para aprobar las sanciones que se impondrán a los bancos que lleven a cabo estas prácticas, así como establecer la indemnización a que tiene derecho el usuario con base en lo señalado en la ley, y vigilarán el cumplimiento de la misma.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y de la Ley del Banco de México, para quedar de la siguiente manera:

Artículo Primero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, un artículo 48 Bis, un párrafo segundo al artículo 77, y una fracción XXI al artículo 106, para quedar como sigue:

Artículo 48. ...

Las instituciones de crédito no podrán imponer cobros sin causa justificada. En caso de incurrir en algún cobro indebido, se le impondrá la sanción que determine la ley correspondiente; asimismo, indemnizará al usuario afectado por el cobro injustificado.

Artículo 48 Bis.

En los casos de cobro indebido derivado de un crédito o prestación de un servicio financiero, producirá inmediatamente un interés legal a favor del usuario, el cual será fijado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con base en el porcentaje de la inflación que esté vigente al momento en que se produce el cobro indebido. Si el interés contractual fuese superior al legal, devengará inmediatamente el primero.

Si el cobro indebido se hubiera producido por malicia o negligencia del empresario, el consumidor tendrá el derecho a la indemnización de los daños y perjuicios causados, que en ningún caso será inferior al interés legal incrementado en cinco puntos, o el del contrato, si es superior al interés legal, incrementado a su vez en cinco puntos.

Artículo 77.

Las instituciones tendrán que disponer de procedimientos rápidos y simples para la atención de las quejas de los usuarios. Los cuales deberán comunicar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y publicarlos en sus oficios y medios electrónicos para el conocimiento del público.

Artículo 106.

I a la XX

XXI. Imponer cobros sin que medie una razón justificada, motivada y fundamentada.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 60 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 60.

La Comisión Nacional está facultada para actuar como conciliador entre las instituciones financieras y los usuarios, con objeto de proteger los intereses de estos últimos. En los casos en que la institución financiera realice un cobro de forma indebida, la Comisión Nacional velará por el cumplimiento de la indemnización a que tiene derecho el usuario por parte de la institución financiera conforme a lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito, a más tardar en un plazo de 15 días, contados a partir de que se presentó la queja por parte del afectado.

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 4, fracción II del artículo 8, y 19 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 4.

El Banco de México promoverá el sano desarrollo de los sistemas de pagos. A este efecto está facultado para regular, mediante disposiciones de carácter general, el cobro de comisiones y cuotas interbancarias que lleven a cabo las entidades financieras. Asimismo, vigilará y sancionará a la entidad financiera que efectúe un cobro de forma indebida con motivo del cobro de comisión o prestación de un servicio financiero.

Artículo 8. ...

I. ...

II. El cobro de comisiones distintas en virtud del emisor del medio de disposición correspondiente, así como los cobros indebidos o los que sin que medie razón justificada o motivada para su requerimiento al cliente; y

III. ...

Artículo 19.

El cobro de comisiones o cuotas interbancarias que realicen las entidades financieras en contravención de las disposiciones que emita el Banco de México de conformidad con esta ley, será sancionado por éste con multa de dos mil a diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal el día en que se cometa la infracción. La misma sanción se impondrá a la entidad financiera que efectúe cobros de forma indebida, sin justificación ni motivada ni fundamentada a los clientes.

Artículo Cuarto. Se adiciona una fracción XXI al artículo 46 de la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:

Artículo 46. La Junta de Gobierno tendrá las facultades siguientes:

I a XX. ...

XXI. Determinar la sanción que se impondrá a las instituciones de crédito que realicen cobros de forma indebida por concepto de comisión o por pago de servicios que ofrecen al público.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2007.--- Diputado Mario Mendoza Cortés (rúbrica).»

Presidencia de diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mario Mendoza.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 191 de la Ley del Seguro Social.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros:Con su permiso, señor Presidente: el suscrito, diputado federal por el segundo distrito de Ahome, del estado de Sinaloa, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto bajo la siguiente exposición de motivos:

La seguridad social ha sido considerada como un derecho humano básico en la Declaración de Filadelfia, de la Organización Internacional del Trabajo, la cual tiene una profunda repercusión en todos los sectores de la sociedad. Este derecho está confirmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

La seguridad social en México, en relación con el nuevo sistema de pensiones y de ahorro para el retiro de 1997 ha causado polémica respecto a su eficacia en virtud de que el Estado --según el artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución General de la República-- consagra el derecho de los trabajadores a seguros de invalidez, de cesantía en edad avanzada y retiro, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería, así como cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores.

Dichos seguros y servicios han quedado establecidos en la Ley del Seguro Social, la cual --según el mismo mandato constitucional-- es de utilidad pública, siendo oportuno el señalar que con el nuevo sistema de pensiones de 1977 se privatizó el servicio de seguridad social, consistente en la administración de los recursos para el retiro de los trabajadores por empresas privadas denominadas administradoras de fondo para el retiro --las famosas Afore--, servicio que tradicionalmente ha estado a cargo del Estado, por su finalidad eminentemente social y de interés público.

Actualmente operan 17 administradoras, de las cuales, al cierre de junio del 2006, los recursos totales del Sistema de Ahorro para el Retiro en México alcanzaron un valor de más de mil 90 millones de pesos, que equivalen al 12.38 por ciento del producto interno bruto.

Por la administración de la cuenta individual estas Afore cobran comisiones que son de dos tipos, a saber: sobre flujo y sobre saldo, que han alcanzado un crecimiento de 0.03 puntos porcentuales durante el primer semestre del año pasado, aumentado de 0.24 a 0.27 por ciento. Esto, según datos obtenidos del informe presentado por la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro de fecha 28 de agosto de 2006 ante esta soberanía.

La problemática de este tipo de sistemas no termina con la distribución del ahorro de sus afiliados, pues existe a su alrededor otra gran dificultad. Tanto en la cuenta concentradora como en las propias Afore existen depósitos de dinero inactivos de más de tres millones de trabajadores que no están cotizando al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque cambiaron de sistema de seguridad, porque trabajan en forma independiente o porque ingresaron a la población activa informal, cuyo crecimiento es cada día mayor.

El manejo de estas cuentas inactivas implica trabajos y costos, razón por la cual se cree que es justo que se cobre la comisión por su administración, aunque ello signifique que vaya disminuyendo el monto acumulado del ahorro del trabajador a la fecha en que se dejaron de realizar estas aportaciones.

Siendo una política equivocada del sistema permitir que las Afore tomen las comisiones del fondo inactivo acumulado de los trabajadores, pues aunque no reciban nuevas aportaciones sus ahorros siguen trabajando y generando ingresos.

El riesgo de cobro de comisiones se traduce en que, con el transcurso del tiempo absorban el patrimonio acumulado del trabajador y, al llegar a la edad en que fija la ley --65 años-- para poder realizar su retiro de esta misma Afore, no tendrán nada que retirar y todas aquellas aportaciones hechas cuando fue activo resultan beneficiar a estas mismas administradoras.

Lo anterior significa que existen trabajadores que no han cumplido 65 años y que han dejado de cotizar al instituto porque se encuentran desempleados y sin la posibilidad jurídica de retirar el total de su saldo de la cuenta.

Debe quedar claro que es dinero del trabajador y que éste puede y debe disponer del mismo cuando lo considere conveniente conforme a sus necesidades, pues resulta injusto e ilógico que una persona que no tiene empleo no pueda disponer del monto total del dinero que acumuló en la cuenta de Afore bajo el argumento de falta de edad requerido por la ley, pues la pretensión inmediata del trabajador es obtener su dinero para subsistir y luego pensar en una pensión.

Por lo que, en virtud de ello, el presente proyecto de iniciativa propone otorgar el derecho optativo al trabajador que se encuentre en su puesto aludido, a fin de elegir entre seguir cotizando al Instituto o retirar la totalidad de lo acumulado en su cuenta de la Afore, según convenga a sus intereses, pues en este último caso se entiende que se ha convertido en un trabajador independiente y por ende cotizará al Instituto y en consecuencia no tendrá la atención que establece la ley.

Con la finalidad de salvaguardar derechos sociales contemplados en la Ley del Seguro Social, pero de forma colateral preservar garantías de la libertad de decisión de las personas, la iniciativa que hoy presento se enfoca a dar certeza jurídica al trabajador desempleado, que de manera independiente realiza actividades, sin estar sujeto a una relación laboral, a fin de restituirle el goce de su derecho de disponer del saldo total de su cuenta administrada.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este Pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona una fracción III al artículo 191 de la Ley del Seguro Social.

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero y se adiciona una nueva fracción III al artículo 191 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 191. Durante el tiempo que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral tendrá el derecho optativo de

Fracción III. Retirar el total de su saldo acumulado en la Afore correspondiente cuando trabaje de forma independiente.

Esperando que las Comisiones aprueben esta iniciativa y, a su vez, cuando corresponda a este Pleno. Ya no podemos ni debemos permitir que las grandes instituciones financieras y extranjeras además, sigan manejando a su antojo el dinero ajeno que es propiedad de los más necesitados, recordándoles que su producto es el ahorro de ellos mismos.

Solicito respetuosamente esta participación sea parte del Diario de los Debates. Es cuanto señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 191 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del PRI

Gerardo Octavio Vargas Landeros , diputado federal por el distrito de Ahome, de Sinaloa, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad social ha sido considerada un derecho humano básico en la Declaración de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo, la cual tiene una profunda repercusión en todos los sectores de la sociedad. Ese derecho está confirmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

La seguridad social en México en relación con el nuevo sistema de pensiones y de ahorro para el retiro de 1997 ha causado polémica respecto a su eficacia en virtud de que el Estado, según el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución General de la República, consagra el derecho de los trabajadores a seguros de invalidez, de cesantía en edad avanzada y retiro, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería así como cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores.

Dichos seguros y servicios han quedado establecidos en la Ley del Seguro Social la cual según el mismo mandato constitucional es de ``utilidad pública'', siendo oportuno señalar que con el nuevo sistema de pensiones de 1997 se privatizó el servicio de seguridad social consistente en la administración de los recursos para el retiro de los trabajadores por empresas privadas denominadas ``administradoras de fondos para el retiro'' (Afore), servicio que tradicionalmente siempre ha estado a cargo del Estado, por su finalidad eminentemente social y de interés público.

Actualmente operan 17 administradoras. Al cierre de junio de 2006, los recursos totales del Sistema de Ahorro para el Retiro en México alcanzaron un valor de 1,090,300.3 millones de pesos, equivalentes a 12.38 por ciento del producto interno bruto. Por la administración de la cuenta individual, las Afore cobran comisiones que son de dos tipos: sobre flujo y sobre saldo, que han alcanzado un crecimiento de 0.03 puntos porcentuales durante el primer semestre del año pasado aumentando de 0.24 a 0.27 por ciento, esto según datos obtenidos del informe presentado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de fecha 28 de agosto de 2006 ante el Congreso de la Unión.

La problemática de este tipo de sistema no termina con la distribución del ahorro de sus afiliados, pues existe a su alrededor otra dificultad, tanto en la cuenta concentradora como en las propias Afore, existen depósitos de dinero inactivos que suman 3 millones de trabajadores, que no están cotizando al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque cambiaron de sistema de seguridad, porque trabajan en forma independiente, o porque ingresaron en la población activa informal, cuyo crecimiento cada día es mayor.

El manejo de cuentas inactivas implica trabajo y costos, razón por la cual se cree que es justo se cobre comisión por su administración, aunque ello signifique ir disminuyendo el monto acumulado del ahorro del trabajador a la fecha en que se dejaron de realizar aportaciones, siendo una política equivocada del sistema, el permitir que las Afore tomen las comisiones del fondo inactivo acumulado de los trabajadores, pues aunque no reciba nuevas aportaciones, sus ahorros siguen trabajando y generando ingresos.

El riesgo del cobro de comisiones se traduce en que con el transcurso del tiempo absorban el patrimonio acumulado del trabajador y al llegar a la edad que fija la ley (65 años) para realizar su retiro de la Afore no tendrán nada que retirar y todas las aportaciones hechas cuando estuvieron activos benefician a las administradoras.

Lo anterior significa que existen trabajadores que no han cumplido 65 años y que han dejado de cotizar al instituto porque se encuentran desempleados y sin la posibilidad jurídica de retirar el total del saldo de su cuenta.

Debe quedar claro que es dinero del trabajador y que éste puede disponer del mismo cuando lo considere conveniente conforme a sus necesidades, pues resulta injusto e ilógico que una persona que no tiene empleo no pueda disponer del monto total del dinero que en su momento acumuló en una cuenta de Afore bajo el argumento de falta de edad requerida por la ley, pues la pretensión inmediata del trabajador será obtener su dinero para subsistir y luego pensar en una pensión.

En virtud de ello, el presente proyecto de iniciativa propone otorgar el derecho optativo al trabajador que se encuentre en el supuesto aludido, a fin de elegir entre seguir cotizando al Instituto, realizar retiros parciales de 10 por ciento o retirar la totalidad de lo acumulado en su cuenta de Afore, según convenga a sus intereses, pues en el último caso se entiende que se ha convertido en un trabajador independiente, y por ende no cotizará al instituto y en consecuencia no obtendrá la pensión que establece la ley.

Con la finalidad de salvaguardar derechos sociales considerados en la Ley del Seguro Social, pero de forma colateral preservar garantías de libertad de decisión de las personas, la iniciativa que hoy presento se enfoca a dar certeza jurídica al trabajador desempleado que de manera independiente realiza actividades sin estar sujeto a una relación laboral, a fin de restituirle en el goce de su derecho de disponer del saldo total de su cuenta administrado por la Afore.

De conformidad con lo anterior, me permito someter a la consideración de este Pleno el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona una fracción III al artículo 191 de la Ley del Seguro Social

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero y se adiciona una fracción III al artículo 191 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 191. Durante el tiempo en que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral tendrá el derecho optativo de

I. Realizar aportaciones a su cuenta individual; y

II. Retirar de su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez la cantidad que resulte menor entre sesenta y cinco días de su propio salario base de cotización de las últimas doscientas cincuenta semanas o diez por ciento de saldo de la propia subcuenta, a partir del cuadragésimo sexto día natural contado desde el día en que quedó desempleado.

... El trabajador deberá presentar la solicitud correspondiente, o

III. Retirar el total de su saldo acumulado en la Afore correspondiente, cuando trabaje de forma independiente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.--- Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Octavio Vargas Landeros. Insértese íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado Presidente; buenas tardes, diputadas y diputados: vengo a presentar, como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la siguiente iniciativa que reforma los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscalcon fundamento en la normatividad de este Congreso de la Unión y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la siguiente exposición de motivos:

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social fue incorporado a la Ley de Coordinación Fiscal mediante decreto que reforma y adiciona el Capítulo V, denominado De los fondos de aportaciones federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de diciembre de 1997. Entró en vigor el 1 de enero de 1998.

Es de mencionar que el FAIS se integra por el Fondo para la Infraestructura Social Estatal y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, cuyos antecedentes se encontraban en los recursos del Ramo 26, Superación de la Pobreza, los cuales se destinaban a proyectos sociales, la generación de empleos e impulsar las actividades productivas de las zonas y grupos de mayor pobreza.

Actualmente el FAIS forma parte del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, el cual tiene relevancia para los gobiernos locales, ya que representa una fuente de recursos financieros y plantea un nuevo esquema de administración de recursos y programas transferidos para la aplicación de la política social.

No obstante lo anterior, el Distrito Federal sigue en la actualidad excluido del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, por lo que ahora se propone su incorporación. Con esta acción se ha excluido a los habitantes pobres y a las zonas marginadas del equipamiento y la infraestructura que mejoraría el desarrollo comunitario.

Un asunto que ha preocupado a los legisladores es que desde su creación en 1998, la población del Distrito Federal no ha recibido los beneficios que la entidad aporta a la federación; y a partir de esa fecha ha dejado de percibir por este conducto cuatro mil 250.1 millones de pesos, necesarios para la creación de infraestructura básica, medular para el desarrollo económico y social de la entidad y que con justificada razón le corresponden.

Adicionalmente, el Distrito Federal --donde más de 16 millones de mexicanos conviven diariamente--, de acuerdo con el conteo de población y vivienda de 2005 realizado por el INEGI, tenía un total de 8 millones 720 mil 916 residentes habituales, de los cuales 52 por ciento son mujeres y 48 por ciento, hombres. Dicha población representa el 8.4 por ciento de los 103.3 millones de habitantes que conforman el total nacional.

No obstante, la Ciudad de México fue excluida de las reformas de 1999 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el argumento de no ser estado, es decir, por la falta de soberanía de la entidad. Si bien la propia Constitución Política tiene otros alcances, en cuanto a lo que considera como municipio.

Por tal motivo, considero que la presente iniciativa justifica que en la Ley de Coordinación Fiscal se contemple el derecho del Gobierno del Distrito Federal a participar, desde el próximo ejercicio fiscal, de los recursos que contempla el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

En efecto, dentro de los objetivos de estos fondos se establecen al menos dos condiciones que son cubiertas a plenitud por el Distrito Federal: la satisfacción de requerimientos y obligaciones financieras de las entidades y la atención a necesidades en materia de seguridad pública, por un lado, y el reparto que establece como indicador al número de habitantes por entidad federativa, por el otro.

El Distrito Federal concentra a más del ocho por ciento de la población nacional, es decir, cerca de nueve millones de mexicanos. También es la de mayor concentración de actividades económicas y de población con sueldos menores a dos salarios mínimos. Según datos del Gobierno del Distrito Federal, el 46.1 por ciento de la población recibe hasta dos salarios mínimos.

Si a esto se agrega el que la inversión pública requerida en materia de servicios, mantenimiento y expansión ha ido en aumento y va en razón directa tanto de la población flotante como la permanente, queda suficientemente motivada la inclusión del Distrito Federal en el FAIS.

Es de mencionar que el Ramo 33 se encuentra integrado por diferentes fondos de aportaciones federales, que tienen un destino específico establecido en la propia Ley de Coordinación Fiscal y son los siguientes:

1. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, mismo que se distribuye a través de dos fondos:

a) Fondo para la Infraestructura Social Estatal, y

b) Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

5. Fondo de Aportaciones Múltiples.

6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Cabe destacar que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable, según la estimación que de la misma se realice en el propio Presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para ese ejercicio.

Del total de la recaudación federal participable, el 0.303 por ciento corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social Estatal, y el 2.197 por ciento, al Fondo para la Infraestructura Social Municipal. El Fondo de Aportación para la Infraestructura Social debe ser destinado exclusivamente, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a lo siguiente:

a) Financiamiento de Obras.

b) Acciones Sociales Básicas.

c) Inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, en los siguientes rubros:

1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Es decir, en agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, infraestructura productiva rural, y

2. Fondo de Infraestructura Social Estatal, en lo que se refiere a obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.

No obstante lo anterior, el FAIS sólo se ha distribuido en los 31 estados de la República Mexicana y sus municipios, ya que en la Ley de Coordinación Fiscal, cuando se cita a los beneficiarios del fondo, se indica a los estados y sus municipios, sin mencionar de forma expresa al Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales; lo cual no es justificación suficiente para que no se le considere en los recursos federales en comento. La capital del país no recibe un solo peso por ese concepto.

Diputados integrantes de anteriores legislaturas han presentado iniciativas en este sentido, argumentando que en la capital existen más pobres que habitantes en algunos estados. Por ejemplo, Baja California Sur, donde sí los benefician con el FAIS, mientras que el Distrito Federal y sus 800 mil habitantes de escasos recursos están sin captar un monto aproximado de 400 millones de pesos anuales. Entonces, quien no recibe esos apoyos es la gente más pobre del Distrito Federal y son discriminados dos veces: primero, por ser pobres y después, por ser habitantes del Distrito Federal.

En este sentido, para que al DF se le otorguen recursos por estos conceptos es necesario reformar la Ley de Coordinación Fiscal y que se incluya al Distrito Federal y a sus demarcaciones territoriales como beneficiarios del fondo citado.

Es por ello que la asignación de recursos del FAIS al Distrito Federal resulta un acto mínimo de justicia social, que redituará en beneficio directo de más de 800 mil mexicanos de muy escasos recursos que habitan en la capital del país y que coadyuvará a mejorar su calidad de vida y así poder estar en igualdad de condiciones con los habitantes del resto de las entidades del país.

Pido a la Mesa Directiva que se incorpore íntegro el texto de la presente iniciativa y que se realice el turno correspondiente. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Gerardo Villanueva Albarrán , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura a la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este Pleno la presente iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) fue incorporado a la Ley de Coordinación Fiscal mediante el decreto que reforma y adiciona el Capítulo V, denominado ``De los Fondos de Aportaciones Federales'', publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 29 de diciembre de 1997. Entró en vigor el 1 de enero de 1998.

Es de mencionar que el FAIS se integra por el Fondo para la Infraestructura Social Estatal y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, cuyo antecedente se encontraba en los recursos del Ramo 26, ``Superación de la Pobreza'', los cuales se destinaban a proyectos sociales, la generación de empleos y a impulsar las actividades productivas de las zonas y grupos de mayor pobreza.

Actualmente el FAIS forma parte del Ramo 33, ``Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios'', el cual tiene relevancia para los gobiernos locales, ya que representa una importante fuente de recursos financieros y plantea un nuevo esquema de administración de recursos y programas transferidos para la aplicación de la política social.

No obstante lo anterior, el Distrito Federal sigue en la actualidad excluido de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social, por lo que ahora se propone su incorporación. Con esta acción se ha excluido a los habitantes pobres y a las zonas marginadas del equipamiento y la infraestructura que mejoraría el desarrollo comunitario.

Un asunto que ha preocupado a los legisladores es que, desde su creación en 1998, la población del DF no ha recibido los beneficios que la entidad aporta a la federación y, a partir de esa fecha, ha dejado de percibir por este conducto, 4 mil 250.1 millones de pesos, necesarios para la creación de infraestructura básica, medular para el desarrollo económico y social de la entidad, y que con justificada razón le corresponden.

Vivimos nuevos tiempos, importantes reformas han modificado la naturaleza jurídica del Distrito Federal, configurando la incorporación de su territorio y población al pacto federal. Sin embargo, a nadie escapa que por ser lugar de residencia de los Poderes de la Unión se generan diversas imprecisiones administrativas, políticas y financieras que crecen en razón directa a la concentración de actividades políticas, económicas y sociales en la ciudad capital.

Adicionalmente, el Distrito Federal, donde más de 16 millones de mexicanos conviven diariamente, y de acuerdo con el conteo de población y vivienda 2005, realizado por el INEGI, el Distrito Federal tenía un total de 8 millones 720 mil 916 residentes habituales, de los cuales 52 por ciento son mujeres, y 48 por ciento, hombres. Dicha población representa el 8.4 por ciento de los 103.3 millones que conforman el total nacional.

No obstante, la ciudad de México fue excluida de las reformas de 1999 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el argumento de no ser estado, es decir, por la falta de soberanía de la entidad, si bien la propia Constitución Política tiene otros alcances en cuanto a lo que se considera como municipio.

En tal sentido, deben recordarse los grandes cambios políticos que propiciaron modificaciones en la administración pública del Distrito Federal, como la desconcentración de las demarcaciones territoriales de la jefatura de Gobierno. Asimismo, no sólo se elige ahora a su gobernante, mediante la figura de jefe de Gobierno, y a sus representantes o diputados locales en la Asamblea Legislativa, sino que los vecinos del Distrito Federal eligen a sus jefes delegacionales, figura transitoria y símil de la de presidente municipal.

Por tal motivo considero que la presente iniciativa justifica que en la Ley de Coordinación Fiscal se contemple el derecho del Distrito Federal a participar desde el próximo ejercicio fiscal de los recursos que contempla el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

En efecto, dentro de los objetivos de estos fondos se establecen al menos dos condiciones que son cubiertas a plenitud por el Distrito Federal: la satisfacción de requerimientos y obligaciones financieras de las entidades y la atención a necesidades en materia de seguridad pública, por un lado; y el reparto, que establecía como indicador, al número de habitantes por entidad federativa, por el otro.

El Distrito Federal concentra a más del 8 por ciento de la población nacional, es decir, cerca de 9 millones de mexicanos. También es la de mayor concentración de actividades económicas y de población con sueldos menores a dos salarios mínimos. Según datos del Gobierno del Distrito Federal, el 46.1 por ciento de la población recibe hasta dos salarios mínimos.

Si a esto se le agrega el que la inversión pública requerida en materia de servicios, mantenimiento y expansión ha ido en aumento y va en razón directa tanto de la población flotante, como la permanente, queda suficientemente motivada la inclusión del Distrito Federal en el FAIS.

Es de mencionar que el Ramo 33 se encuentra integrado por diferentes fondos de aportaciones federales, que tienen un destino específico establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y son los siguientes:

1. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y normal.

2. Fondo de aportaciones para los Servicios de Salud.

3. Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye a través de dos fondos:

a) Fondo para la Infraestructura Social estatal; y

b) Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

5. Fondo de Aportaciones Múltiples.

6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal.

Cabe destacar que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente sólo para efectos de referencia al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable, según de la estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.303 por ciento corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social estatal y el 2.197 por ciento al Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social debe ser destinado exclusivamente, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a lo siguiente:

a) Financiamiento de obras.

b) Acciones sociales básicas.

c) Inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

i. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal:

Agua potable.

Alcantarillado.

Drenaje y letrinas.

Urbanización municipal.

Electrificación rural y de colonias pobres.

Infraestructura básica de salud.

Infraestructura básica educativa.

Mejoramiento de vivienda.

Caminos rurales.

Infraestructura productiva rural.

ii. Fondo de Infraestructura Social Estatal.

Obras.

Acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.

No obstante lo anterior, el FAIS sólo se ha distribuido entre los 31 estados de la República Mexicana y a sus municipios, ya que en la Ley de Coordinación Fiscal cuando se cita a los beneficiarios del fondo se indica a los estados y sus municipios, sin mencionar de forma expresa al Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, lo cual no es justificación suficiente para que no se le considere en los recursos federales en comento. La capital del país no recibe un solo peso por este concepto.

Diputados integrantes de anteriores legislaturas han presentado iniciativas en este sentido, argumentando que en la capital existen más pobres que habitantes en algunos estados, como Baja California Sur, donde sí los benefician con el FAIS, mientras que el Distrito Federal y sus 800 mil habitantes de escasos recursos están sin captar un monto aproximado de 400 millones de pesos anuales. Entonces, quien no recibe esos apoyos es la gente más pobre del DF y son discriminados dos veces: primero por ser pobres, y después por ser del DF.

En este sentido, para que al Distrito Federal se le otorguen recursos por estos conceptos es necesario reformar la Ley de Coordinación Fiscal y que se incluya al Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales como beneficiarios de los recursos del fondo citado.

Existen razones de peso para modificar la Ley de Coordinación Fiscal e incluir al Distrito Federal: la circunstancia de que los habitantes de la Ciudad de México mantienen una idéntica relación fiscal con la Administración Pública Federal, al igual que otras entidades federativas, siendo el Distrito Federal la entidad que más aporta a la federación por este concepto, por que al no depender dicha recaudación de algún factor institucional diferente en el Distrito Federal respecto de los estados, no se comprende la distinta consideración que hacia los mismos dirige la ley en cuestión. Esta situación rompe con el principio de equidad y proporcionalidad que ordena el artículo 31 constitucional.

Asimismo, las reformas propuestas son coherentes con los recientes cambios que han fortalecido la independencia de la administración pública del Distrito Federal respecto a la sujeción a que aún se encuentra sometida con la federación.

Es por ello que la asignación de recursos del FAIS al Distrito Federal resulta un acto mínimo de justicia social, que redituará en beneficio directo de más de 800 mil mexicanos de muy escasos recursos, que habitan en la capital del país y que coadyuvará a mejorar su calidad de vida, y así poder estar en igualdad de condiciones con los habitantes del resto de las entidades del país.

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable, el 0.303 por ciento corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social Estatal y del Distrito Federal y el 2.197 por ciento al Fondo para Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados y al Distrito Federal por conducto de la federación y a los municipios y demarcaciones territoriales, a través de los estados y del Distrito Federal, respectivamente, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta ley.

Para efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta ley.

Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los estados y el Distrito Federal, los municipios y demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales:agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y

b) Fondo de Infraestructura Social Estatal y del Distrito Federal: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.

En caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de hasta un 2 por ciento del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno estatal y el del Distrito Federal correspondiente y el municipio y demarcaciones territoriales de que se trate.

Adicionalmente, los estados y el Distrito Federal, y municipios y demarcaciones territoriales podrán destinar hasta el 3 por ciento de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas aportaciones, los estados y el Distrito Federal, los municipios y las demarcaciones territoriales deberán:

I. a III. ...

IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales lo harán por conducto de los estados y del Distrito Federal respectivamente.

V. Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.

Artículo 34. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre los estados y el Distrito Federal, considerando criterios de pobreza extrema, conforme a la siguiente fórmula y procedimientos:

I. a IV. ...

V. ...

Al sumar el valor de MCHj para todos los hogares en pobreza extrema de la Entidad federativa, se obtiene la Masa Carencial de la Entidad, determinada por la siguiente fórmula:

...

En donde:

MCEk = Masa Carencial de la Entidad federativak;

MCHjk = Masa Carencial del Hogar j en pobreza extrema en la entidad federativa k; y,

jk = Número total de hogares pobres extremos en la entidad federativa k.

Una vez determinada la Masa I Carencial de la Entidad federativa, se hace una agregación similar de todos los estados y el Distrito Federal para obtener la Masa Carencial Nacional.

Cada una de las masas carenciales de las entidades federativas se divide entre la Masa Carencial Nacional, MCN, para determinar la participación porcentual que del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le corresponde a cada entidad federativa, como lo indica la siguiente fórmula:

...

En donde:

PEk = Participación porcentual dela Entidad k;

MCEk = Masa Carencial de la Entidad k; y

MCN = Masa Carencial Nacional.

Así, la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se realiza en función de la proporción que corresponda a cada entidad federativa de la pobreza extrema a nivel nacional, según lo establecido.

Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará, en el mes de octubre de cada año, en el Diario Oficial de la Federación, las normas establecidas para necesidades básicas (Zw) y valores para el cálculo de esta fórmula y estimará los porcentajes de participación porcentual (Pek) que se asignará a cada entidad federativa.

Artículo 35. Los estados y el Distrito Federal distribuirán entre los municipios y las demarcaciones territoriales los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas:

a) Población ocupada del municipio o demarcación territorialque perciba menos de dos salarios mínimos respecto de la población del estado o del Distrito Federalen similar condición;

b) Población municipal o demarcación territorial de 15 años o más que no sepa leer y escribir respecto de la población del estado o del Distrito Federal en igual situación;

c) Población municipal o demarcación territorial que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la población estatal o del Distrito Federal sin el mismo tipo de servicio; y

d) Población municipal o demarcación territorial que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad, entre la población del estado o del Distrito Federal en igual condición.

Con objeto de apoyar a los estados y al Distrito Federal en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales para cada estado y el Distrito Federal.

Los estados y el Distrito Federal, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales correspondientes a sus municipios y demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.

Los estados y el Distrito Federal deberán entregar a sus respectivos municipios y demarcaciones territoriales los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la federación lo haga a los estados y el Distrito Federal, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 32 de la presente ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales por parte de los gobiernos estatales y del Distrito Federal publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2006.--- Diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Villanueva. Insértese íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se pospone la iniciativa que había sido inscrita por el diputado José Luis Aguilera Rico .

ARTICULO 76 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura de los siguientes dictámenes, publicados en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de la Fracción VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

I. En sesión de la Comisión Permanente celebrada el 12 de mayo de 2004, el Senador César Camacho Quiroz , del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

La Exposición de Motivos de la Iniciativa y la Minuta que aquí se dictamina, establece entre otros argumentos lo siguiente:

Que con la restauración del Senado en 1874, se otorgó a la Cámara de Senadores la facultad exclusiva de dirimir las cuestiones políticas surgidas entre poderes de un Estado. Ya entonces se contemplaba reglamentar dicha atribución constitucional y, si bien el proyecto respectivo nunca se aprobó porque sobrevino la Revolución de Tuxtepec, fue el primer antecedente.

Que años después, al momento de debatir el artículo 76 de la Carta Magna de 1917, el Constituyente sopesó si la función de conocer y resolver dichas cuestiones debía mantenerse entre las prerrogativas del Senado o si convendría transferirla al ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como había sido la iniciativa de Venustiano Carranza.

Que el primer punto de vista sugería que fuera la Suprema Corte la que conociera y resolviera las diferencias surgidas entre los poderes de un Estado, atendiendo el destacado papel que cumple este cuerpo colegiado y su alta investidura, lo que le daría a sus fallos un peso tal que se estimó difícil que las partes en litigio llegasen a desacatarlo.

Que en el lado contrario, se sostenía que se debía mantener en la Cámara de Senadores, la facultad de resolver tales diferencias, pues al tratarse de asuntos usualmente políticos, ésta, que es un órgano político, les daría una solución pronta y consciente de circunstancias que, por su naturaleza, la Corte no podría tomar en cuenta para sus decisiones.

Que se impuso finalmente la opinión en el sentido de que debía dejarse a la Cámara de Senadores, el conocimiento y la resolución de las cuestiones que, surgidas entre uno o más poderes de un Estado, tengan una naturaleza política y no judicial.

Que pese al mandato expreso contenido en la Ley Fundamental, fue hasta 1978, que finalmente se reglamentó la fracción V del artículo 76 constitucional, referente a la facultad exclusiva de la Cámara de Senadores para determinar cuando se configura la desaparición de poderes en los Estados; no fue así en el caso de la fracción VI del mismo precepto que atañe a la solución de las cuestiones políticas, ya que este tipo de conflictos, por lo general, los resolvía el Poder Ejecutivo Federal.

II. En sesión de la Cámara de Senadores celebrada el 7 de diciembre de 2004, el Pleno aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por unanimidad de 80 votos en pro.

III. La Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión recibió la minuta respectiva en sesión de fecha 9 de diciembre de 2004, dictando la Presidencia el siguiente turno: ``Túrnese a la Comisión de Gobernación''.

Consideraciones

I.- La fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece literalmente:

``Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I a V...

VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la del Estado.

La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior;

VII a XII. ...''

Se aprecia la importancia del proyecto que se analiza, cuyo propósito es reglamentar una disposición Constitucional vigente desde 1874 y que, por su propia naturaleza y características es una norma expresada con una redacción abstracta, general y que utiliza algunas expresiones o conceptos que requieren de ser definidos, explicados y precisados, así como regulados en sus ámbitos de competencia y de procedimiento para que puedan tener aplicación en la práctica.

También debe destacarse que con posterioridad a la entrada en vigor de la citada fracción VI del artículo 76 Constitucional, se crearon y desarrollaron otras instituciones que tienen que ver con la constitucionalidad y la salvaguarda del Estado de Derecho, por lo que resulta necesario que la legislación reglamentaria precise y acote el ámbito de aplicación de la fracción VI del artículo 76 citado, para diferenciarlo de otras instituciones y, principalmente, evitar invasiones o confusiones con el ámbito jurisdiccional, en un nivel de estricto respeto al principio de división de los Poderes.

Al respecto, es pertinente recordar que en las reformas de 1874 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, se determinó que fuera el Senado el que resolviera las cuestiones políticas que se suscitaran entre los poderes de un Estado, resolviendo la discusión existente desde 1857 frente a quienes sostenían que la facultad debía corresponder a la Suprema Corte de Justicia, como originalmente ocurrió.

También es oportuno recordar que en el proyecto de Constitución que Venustiano Carranza presentó en 1916, la facultad en comentario se pretendía otorgar nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que reavivó nuevamente el debate que se resolvió concluyendo que la facultad la mantuviese el Senado.

En estos términos, conforme al texto vigente desde entonces de la fracción VI del artículo 76 Constitucional, la resolución de cuestiones políticas surgidas entre los poderes de un Estado es facultad exclusiva del Senado, y conforme al artículo 105 de la propia Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe conocer de los asuntos relativos a controversias constitucionales. Es pertinente reproducir literalmente la fracción I del citado artículo 105 Constitucional, porque constituye un marco de referencia insoslayable frente al ámbito de competencia de la Ley cuya propuesta estamos analizando.

``Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:

a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal;

b) La Federación y un municipio;

c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;

d) Un Estado y otro;

e) Un Estado y el Distrito Federal;

f) El Distrito Federal y un municipio;

g) Dos municipios de diversos Estados;

h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

j) Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y

k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.''

II.- La Comisión Dictaminadora estima que en el momento presente existe mayor importancia y urgencia de regular la facultad exclusiva del Senado de la República de resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado, en virtud de la situación política prevaleciente, caracterizada por una mayor participación, pluripartidismo, recomposición política en la geografía del país, representatividad y participación de los partidos en los diversos cargos de elección popular a nivel nacional, estatal y municipal. Todo ello abre nuevos escenarios de eventuales conflictos entre los poderes estatales y determina la conveniencia y oportunidad de la Ley Reglamentaria materia de este Dictamen.

III.- La Comisión Dictaminadora procedió a analizar cuidadosamente la Iniciativa que inició el proceso de reforma Constitucional y la Minuta que es materia de este Dictamen y aprecia el valor y oportunidad de las mismas, lo que determina la conveniencia de aprobar una Ley Reglamentaria de la facultad exclusiva del Senado consagrada en la fracción VI del artículo 76 Constitucional, con objeto de regular su intervención en la resolución de cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado, de acuerdo con los siguientes principios rectores:

En primer lugar, es clara la necesidad de establecer definiciones y precisiones en relación a conceptos incluidos en el precepto constitucional, tales como ``cuestiones políticas'' que surjan entre los poderes de un Estado; por ello, en el Proyecto de Decreto que se dictamina se establece con precisión, en su artículo 2°: ``se configura la cuestión política, si los actos o hechos que la motivan constituyen un conflicto que dañe gravemente la relación entre dos o más poderes de un Estado o afecten su funcionamiento''; y se precisa en el Artículo 3° del mismo proyecto:``Artículo 3. Se estará ante una cuestión política si se actualiza alguno de los siguientes supuestos:

``I. Las diferencias políticas que surjan entre los poderes de un Estado y que alteren, obstaculicen o impidan el legal y correcto ejercicio de las atribuciones de uno de ellos;

II. La falta de colaboración, coordinación o complementación a lo que obligan los principios legales que regulan la división de poderes y que éstos se muestren incapaces de solucionar;

III. Las expresiones que en forma pública y reiterada formule un poder respecto de otro, cuyo propósito o sus efectos tiendan a socavar su autoridad;

IV. El enfrentamiento físico entre los titulares o integrantes de los poderes, aunque éste no interrumpa el orden constitucional;

V. Los hechos de violencia, del tipo que sea, de un poder hacia otro, que pudieran alterar o interrumpir el orden constitucional local o el ejercicio de sus respectivas funciones; y

VI. En general, todos los actos o hechos que un poder estatal realice o se abstenga de hacer, en perjuicio de otro u otros,''

Se explicita el principio de que la Cámara de Senadores no ejercerá las funciones jurisdiccionales, con estricto respeto a las funciones que corresponden al Poder Judicial de la Federación y al principio constitucional de división de Poderes, por lo que se precisa que la Cámara de Senadores no intervendrá en los conflictos que se refieran a:``I. Controversias constitucionales;

II. Casos en que la cuestión política se dé entre poderes de un Estado y otro, o entre los poderes de un Estado y las Autoridades Locales del Distrito Federal;

III. Cuestiones Políticas que surjan entre:

a) Autoridades Locales del Distrito Federal;

b) Ayuntamientos y poderes de un Estado;

c) Ayuntamientos de un Estado;

d) Ayuntamientos de un Estado y poderes o ayuntamientos de otro; y

e) Autoridades Locales del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales.

IV. Los conflictos previstos en el primer párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

V. Las cuestiones que, por cualquier vía, se hayan planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo que ella decline su conocimiento.''

El proyecto de Decreto se aprecia igualmente respetuoso de nuestros principios del federalismo, al ratificar que las cuestiones políticas que le sean sometidas serán resueltas por la Cámara de Senadores conforme a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado a que pertenezcan los poderes en conflicto, así como a la propia Ley materia del presente Dictamen,

Se establece que la intervención del Estado debe darse a petición de parte, que lo solicite uno o más de los poderes en conflicto; y de oficio, en cuyo caso bastará que un ciudadano lo haga del conocimiento de la Cámara de Senadores, sin cumplir formalidad alguna, y se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: que un poder estatal utilice la fuerza pública en contra de otro, tengan lugar hechos de violencia o haya riesgo de que esto suceda.

Se estima procedente lo dispuesto en el artículo 7 de la Minuta que establece la imprescriptibilidad de la intervención del Senado, congruente con la preservación del Estado de Derecho que requiere la seguridad jurídica de la garantía del funcionamiento de sus poderes y gobernabilidad en su territorio, sin que medie plazo alguno.

También se considera conveniente y procedente la previsión de que cuando la solicitud sea presentada durante algún receso de las Cámaras del Congreso de la Unión, la misma se presente ante la Comisión Permanente, la cual deberá turnarla a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a efecto de que ésta valore la situación motivo de la intervención y, si infiere que se han dado o puedan darse hechos de violencia, lo comunique a la Comisión Permanente a fin de que convoque a la Cámara de Senadores a un periodo de sesiones extraordinarias conforme está establecido en la fracción IV del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los artículos 11 y 12 de la Minuta prevén que después de turnada la solicitud a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, ésta entrará al estudio de la misma para analizar su procedencia, verificando primeramente que se trata de uno de los supuestos considerados como cuestión política por la propia Ley y la fracción VI del artículo 76 Constitucional; enseguida, se estudiarán los documentos que se acompañan y se determinará si se trata de un asunto constitucional, en los términos previstos en la Constitución General de la República y en la Local respectiva.

En el proyecto contenido en la Minuta que se dictamina, se determina el procedimiento que corresponde a la solicitud de intervención del Senado, conforme a lo siguiente: determinada la procedencia por la Junta de Coordinación Política del Senado, hará llegar la solicitud a la Mesa Directiva de esta Cámara para que ésta la turne a la Comisión que habrá de sustanciar el proceso, sea ordinaria o creada ex profeso. Esta Comisión será responsable de elaborar el proyecto de resolución que someterá al Pleno; la Comisión Instructora podrá requerir a la parte solicitante documentos o pruebas adicionales; notificará a la contraparte que en el término de 15 días hábiles deberá rendir un informe sobre los hechos materia de la solicitud; propondrá al Pleno las medidas precautorias que estime necesarias, y elaborará el proyecto de resolución que deberá incluir: la materia o materias objeto del conflicto; la determinación de que se configuró la ``cuestión política'' y si ésta afectó a uno de los poderes del Estado; las acciones u omisiones que las partes deben asumir para dar por concluido el conflicto, y las prevenciones que se adoptarán en caso de incumplimiento de la resolución por alguna de las partes. El proyecto de resolución se someterá al Pleno de la Cámara de Senadores y para su aprobación se requerirá las dos terceras partes de los miembros presentes.

Se establece el recurso de reconsideración, en el artículo 22 de la Minuta, conforme a lo siguiente:

``Artículo 22. En caso de que alguna de la partes considere que la actuación de la Comisión o la de alguno de sus integrantes ha sido irregular, podrá interponer el recurso de revisión, el cual será resuelto por la Junta de Coordinación Política en un término de diez días hábiles a partir de la interposición del mismo.

El recurso de revisión se interpondrá por escrito y en un plazo de cinco días hábiles a partir de que tengan conocimiento del hecho irregular.''

Por razones de seguridad y certeza jurídica que se consideran claras y justificables, se dispone que la resolución de la Cámara de Senadores será definitiva e inatacable.

Finalmente, se incluyen provisiones para el caso de que alguna de las partes no cumpla la resolución de la Cámara de Senadores, caso en que la parte afectada podrá interponer el recurso de reclamación por incumplimiento, ante la Junta de Coordinación Política de dicha Cámara, para que ésta resuelva y provea lo conducente.

En mérito de lo expuesto, la Comisión Dictaminadora ha llegado a la conclusión de la procedencia, oportunidad y pertinencia de aprobar, en sus términos, la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la fracción VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la consideración fundamental de que se trata de un proyecto de reforma que enriquecerá nuestro Sistema Jurídico Nacional, proveyendo a dar mayor certeza, claridad, precisión e instrumentación reglamentaria a nuestro Ordenamiento Superior.

Por lo antes expuesto, y para los efectos del artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura, someten a la consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único.- Se expide la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer los casos en los cuales la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asumirá el conocimiento de las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado, así cómo también prever las bases según las cuales conocerá de ellas y regular el proceso a través del cual las resolverá.

La Cámara de Senadores no ejercerá funciones jurisdiccionales.

Artículo 2. Se configura la cuestión política, si los actos o hechos que la motivan constituyen un conflicto que dañe gravemente la relación entre dos o más poderes de un Estado o afecten su funcionamiento.

Artículo 3. Se estará ante una cuestión política si se actualiza alguno de los siguientes supuestos:

I. Las diferencias políticas que surjan entre los poderes de un Estado y que alteren, obstaculicen o impidan el legal y correcto ejercicio de las atribuciones de uno de ellos;

II. La falta de colaboración, coordinación o complementación a lo que obligan los principios legales que regulan la división de poderes y que éstos se muestren incapaces de solucionar;

III. Las expresiones que en forma pública y reiterada formule un poder respecto de otro, cuyo propósito o sus efectos tiendan a socavar su autoridad;

IV. El enfrentamiento físico entre los titulares o integrantes de los poderes, aunque éste no interrumpa el orden constitucional;

V. Los hechos de violencia del tipo que sea, de un poder hacia otro, que pudieran alterar o interrumpir el orden constitucional local o el ejercicio de sus respectivas funciones; y

VI. En general, todos los actos o hechos que un poder estatal realice o se abstenga de hacer, en perjuicio de otro u otros.

Procederá plantear la cuestión política siempre que, para resolverla, no haya recurso, vía o instancia jurisdiccional.

Artículo 4. La Cámara de Senadores resolverá las cuestiones políticas que le sean sometidas, conforme a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado al que pertenezcan los poderes en conflicto y la presente Ley.

En lo no previsto en los cuerpos normativos anteriores, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 5. La intervención de la Cámara de Senadores se dará:

I. A petición de parte, cuando de suscitarse una cuestión política, uno o más de los poderes en conflicto se lo solicite; y

II. De Oficio, cuando un poder se valga de la fuerza pública en contra de otro, tengan lugar hechos de violencia o haya riesgos de que ello suceda.

En el último supuesto, bastará que un ciudadano lo haga del conocimiento de la Cámara de Senadores y no será necesario cubrir formalidad alguna.

Artículo 6. La Cámara de Senadores no intervendrá si el conflicto se refiere a:

I. Controversias constitucionales;

II. Casos en que la cuestión política se dé entre poderes de un Estado y otro, o entre los poderes de un Estado y las Autoridades Locales del Distrito Federal;

III. Cuestiones Políticas que surjan entre:

a) Autoridades Locales del Distrito Federal;

b) Ayuntamientos y poderes de un Estado;

c) Ayuntamientos de un Estado;

d) Ayuntamientos de un Estado y poderes o ayuntamientos de otro; y

e) Autoridades Locales del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales.

IV. Los conflictos previstos en el primer párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

V. Las cuestiones que, por cualquier vía, se hayan planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo que ella decline su conocimiento.

Artículo 7. Los poderes de los Estados podrán plantear en todo momento las cuestiones, políticas que surjan entre ellos, si los actos o hechos son continuos, sin embargo si se tratare de actos o hechos consumados que afecten de manera grave la gobernabilidad del Estado, lo harán de forma inmediata. No habrá término para hacerlo ni perderán el derecho a solicitar la intervención de la Cámara de Senadores.

La falta de presentación de solicitud de intervención, no implicará un consentimiento tácito de parte del o de los poderes que se consideren afectados por la cuestión política que diere motivo a la intervención, bastará que uno de los poderes ocurra a la Cámara de Senadores para que ésta asuma el conocimiento de la cuestión política planteada. Para tal efecto, no se requerirá la anuencia de la otra parte para que tenga lugar dicha intervención.

Artículo 8. Cuando la intervención de la Cámara de Senadores sea a petición de parte, podrá promoverla cualquiera de los poderes en conflicto, ya sea por su titular o por su representante legal.

Cuando el poder que solicita la intervención sea un órgano colegiado, será necesario un acuerdo previo adoptado conforme a las normas que regulan su integración y funcionamiento.

Artículo 9. La solicitud a que se refiere el artículo anterior, deberá contener una relación de los hechos que la motivaron, los argumentos por los que se considera configurada una cuestión política, las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las de la Constitución Local que funden la actuación o que se consideren violadas con los actos o los hechos ejecutados por quien es señalado como contraparte, y los aspectos específicos respecto de los cuales deba pronunciarse la Cámara de Senadores.

El escrito inicial deberá ser acompañado por:

I. Los documentos que acrediten la personalidad del compareciente; y

II. Las pruebas que sustenten los actos o hechos referidos.

Cada una de las partes señalará desde el principio, el domicilio en donde podrán oír y recibir notificaciones y documentos.

Artículo 10. La solicitud se presentará ante la Cámara de Senadores y durante los recesos, ante la Comisión Permanente quien deberá turnarla inmediatamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Artículo 11. La Cámara de Senadores dará trámite a toda solicitud de intervención, para lo cual deberá ceñirse a lo previsto en esta Ley.

Artículo 12. La solicitud se turnará a la Junta de Coordinación Política, la cual decidirá su procedencia. Para tal efecto, la Junta observará:

I. Si se trata de uno de los supuestos considerados como una cuestión política;

II. Si se acompaña de los documentos requeridos; y

III. Si la cuestión planteada no es de índole constitucional.

Artículo 13. Si la Junta de Coordinación Política al valorar la situación motivo de la intervención, infiere que se han dado o puedan darse hechos de violencia, lo hará en su caso del conocimiento de la Comisión Permanente, a fin de que convoque a la Cámara de Senadores a un periodo de sesiones extraordinarias, conforme a la fracción IV del artículo 78 Constitucional.

Artículo 14. Para la debida instrucción del proceso, la Junta de Coordinación Política, una vez decidida la procedencia de la solicitud, la enviará a la Mesa Directiva, la cual deberá turnarla a la Comisión responsable de su prosecución.

Para el adecuado desempeño de su función, la Comisión se auxiliará de especialistas o del personal que estime necesario.

Artículo 15. La Comisión, en caso de estimarlo necesario, podrá requerir a la parte solicitante los documentos o pruebas adicionales, para lo cual le otorgará un término de diez días hábiles a partir de la fecha de la notificación.

Las notificaciones se harán por correo certificado.

Artículo 16. La Comisión requerirá un informe al o a los Poderes señalados como contraparte, respecto de los actos o los hechos consignados por el o los promoventes de la intervención.

Dicho informe se rendirá en un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación e incluirá, de ser necesario, las pruebas que acrediten los hechos en él referidos.

Artículo 17. En el transcurso del proceso, la Comisión podrá requerir a una o a ambas partes, la presentación de nuevos elementos de convicción que considere convenientes o promover el desahogo de las diligencias que a su juicio sean indispensables.

También podrá si lo juzga conveniente, oír a los interesados, entrevistar autoridades y particulares, realizar investigaciones y recabar toda la información que requiera para elaborar el proyecto de resolución.

Artículo 18. La Comisión propondrá al Pleno las medidas precautorias que estime necesarias, a fin de que no se agrave la cuestión política surgida entre los poderes de un Estado o para suspender temporalmente los actos o hechos motivo del conflicto.

La suspensión se someterá a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores y será aprobada por la mayoría simple de los senadores presentes, la cual no podrá disponerse en los casos que impliquen la vigencia o aplicación de las leyes.

Para los efectos anteriores, la Comisión podrá solicitar a la Junta de Coordinación Política que recurra, de considerarlo ésta procedente, al auxilio del Ejecutivo Federal.

La observancia de las medidas que se dicten, será obligatoria para las partes en conflicto; deberán acatarlas, sin importar que se haya o no rendido el informe a que hace referencia el artículo 16 de esta Ley.

Artículo 19. La Comisión, elaborará el proyecto de resolución con base en la solicitud, los informes, los elementos de convicción que se allegue y las constancias que integren el expediente respectivo.

En la elaboración del proyecto, se observarán las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las de la Constitución particular del Estado al que pertenecen las partes.

Artículo 20. La Comisión determinará en el proyecto de resolución:

I. La materia o materias objeto del conflicto;

II. Si en efecto se configuró la cuestión política y si ésta afectó a uno de los poderes;

III. Las acciones u omisiones que las partes deben asumir para dar por concluido el conflicto; y

IV. Las prevenciones que se adoptarán en caso de incumplimiento de la resolución por alguna de las partes.

Artículo 21. El proyecto se someterá a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores y para su aprobación se requerirá las dos terceras partes de los miembros presentes.

Su resolución será definitiva e inatacable y será notificada de forma inmediata a las partes.

Artículo 22. En caso de que alguna de la partes considere que la actuación de la Comisión o la de alguno de sus integrantes ha sido irregular, podrá interponer el recurso de revisión, el cual será resuelto por la Junta de Coordinación Política en un término de diez días hábiles a partir de la interposición del mismo.

El recurso de revisión se interpondrá por escrito y en un plazo de cinco días hábiles a partir de que tengan conocimiento del hecho irregular.

Artículo 23. Cuando alguna de las partes no cumpla con las determinaciones que emita la Comisión en el curso de la instrucción, procederá el recurso de queja y la misma dará trámite al recurso emitiendo la resolución que en derecho corresponda, dictando las medidas que se consideren pertinentes para hacer cumplir dicha resolución.

El recurso se resolverá dentro de los diez días hábiles posteriores a la interposición del mismo.

Artículo 24. En el caso de que una de las partes no cumpla con la resolución de la Cámara de Senadores, la parte afectada por el desacato, podrá interponer por escrito el recurso de reclamación de incumplimiento ante la Junta de Coordinación Política para que ésta resuelva lo conducente.

La Junta de Coordinación requerirá al poder remiso para que rinda un informe dentro de los tres días hábiles siguientes. Recibido éste propondrá al Pleno de la Cámara de Senadores las medidas necesarias para el cumplimiento de la resolución dentro de los diez días hábiles siguientes.

Artículo 25. Si el poder remiso no rinde dicho informe o se niega al cumplimento de la resolución, ello será considerado, conforme a los artículos constitucionales 109, fracción I; 110, párrafo segundo y 114, párrafo primero, una violación grave a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el Pleno de la Cámara de Senadores declarará su desacato para los efectos legales correspondientes.

Transitorio

Artículo Único. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil seis.

Por la Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica en abstención), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Gloria Lavara Mejía , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica); Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia , José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de la Función Pública de la LIX Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81, 83 y 105 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Estas Comisiones con fundamento en los artículos 70 párrafo primero, 72 y 73, fracción XXX, a la luz de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha del siete de marzo de dos mil seis, el diputado Rafael Flores Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81, 83 y 105 de la ley General de Bienes Nacionales.

2. Con esa misma fecha, siete de marzo de dos mil seis, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de la Función Pública de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

3. Durante la LIX Legislatura se realizó el dictamen correspondiente, y fue aprobado al interior de la Comisión de Gobernación el 24 de abril de 2006; y en la Comisión de la Función Pública el 26 de abril, sin embargo no pudieron ser puestas a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados.

4. Con fecha 4 de diciembre de 2006, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de la Función Pública aprobaron el presente dictamen; y con fecha 21 de diciembre de 2006, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de la Función Pública de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen el contenido de la Iniciativa objeto del presente dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Señala el diputado proponente que, de acuerdo a la Convención Internacional del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas, el patrimonio cultural está integrado por los monumentos, obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal desde la historia, el arte o la ciencia.

En este sentido, nuestro país cuenta con un importante acervo de edificios de valor histórico excepcional, inmuebles que resguardan frescos, retablos, pinturas, esculturas, objetos ornamentales y mobiliarios que constituyen una gran riqueza nacional.

El diputado Flores Mendoza puntualiza que los trabajos de conservación y de revitalización de zonas y monumentos históricos requieren de una intensa actividad de mantenimiento y, sobre todo, de un marco legal que dote a la autoridad administrativa de las atribuciones suficientes para la conservación de este patrimonio.

En el texto vigente de la Ley General de Bienes Nacionales, se responsabiliza a las asociaciones religiosas para que velen por la conservación de los inmuebles federales, utilizados para fines religiosos y que son considerados monumentos históricos y artísticos, de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Sin embargo, el diputado proponente considera que en la legislación actual no es suficiente sólo otorgar atribuciones a las autoridades para que autoricen la realización de obras de conservación y restauración, sino que también cuenten con atribuciones para la ejecución de estos trabajos, y por una instancia que tenga los conocimientos necesarios para reparar daños en monumentos históricos.

De tal forma, se considera conveniente que se fortalezcan las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública con el fin de que ejecute las obras necesarias o convenientes para la conservación de los inmuebles históricos, por lo que se propone la reforma de los artículos 81, 83 y 105 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Iniciativa, los miembros de la Comisiones Unidas de Gobernación y de la Función Pública de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes:

CONSIDERACIONES

A) A la Iniciativa.

I. La Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2004, tiene por objeto la protección y administración con eficiencia del patrimonio nacional, propiciando el óptimo aprovechamiento de los bienes nacionales, su integración y la distribución de las competencias de las dependencias administradoras de los inmuebles, materia de dicha regulación.

II. La Ley General de Bienes Nacionales dispone, en su artículo 6, fracciones VIII y XV que son sujetos al dominio público de la Federación los inmuebles considerados como monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, al igual que los bienes muebles de la Federación considerados como monumentos históricos o artísticos.

III. Los criterios para determinar cuáles son monumentos históricos quedan descritos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que establece en su artículo 35 que:

Artículo 35

Son monumentos históricos los bienes vinculados con las historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley.

IV. A mayor abundamiento, por determinación de la Ley, son monumentos históricos, de acuerdo al artículo 36 de la Ley Federal sobre monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los siguientes:

Artículo 36

Por determinación de esta Ley son monumentos históricos:

I.- Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.

II a IV. ...

V. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo décimo séptimo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los templos y demás bienes que se sean adquiridos, poseídos o administrados por las asociaciones religiosas, para la realización de sus objetivos, son propiedad de la nación. Igualmente lo anterior queda afirmado por el artículo 78, párrafo segundo, de la Ley general de Bienes Nacionales que dice:

Artículo 78.

...

Los muebles e inmuebles federales y sus anexidades utilizados para fines religiosas, son aquéllos nacionalizados a que se refiere el Artículo Décimoséptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos bienes no podrán ser objeto de desincorporación del régimen de dominio público de la Federación, de concesión, permiso o autorización, ni de arrendamiento, comodato o usufructo.

...

VI. En este sentido, la Ley General de Bienes Nacionales, en su artículo 81, establece las facultades que tiene la Secretaría de Educación Pública, en relación a la conservación, restauración y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles utilizados para fines religiosos, considerados como monumentos históricos, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 38, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dice:

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a XX. ...

XXI.- Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación, atendiendo a las disposiciones legales en la materia;

XXII a XXXI. ...

VII. En este sentido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de su Reglamento Interno, la Secretaría de Educación Pública cuenta con el auxilio de organismos desconcentrados, jerárquicamente subordinados y con facultades especificas para resolver una problemática concreta como lo son el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

VIII. Efectivamente, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Dirección de Sitios y Monumentos Históricos, tiene como objetivo la protección, restauración, conservación y catalogación del patrimonio cultural conformado por los sitios y por los bienes muebles e inmuebles de valor histórico y artístico.

IX. CONACULTA, ha implementado programas a nivel nacional que permitan la integración de la sociedad en la conservación y mantenimiento del patrimonio histórico-monumental de nuestro país. En 2002, se implementó el Programa del Fondo de Apoyo a Comunidades para restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal, el cual reúne los recursos económicos del CONACULTA, de los gobiernos estatales y municipales y de las propias comunidades; en este sentido, las asociaciones religiosas que poseen o administran bienes históricos destinados al culto religioso, también participan y tienen una responsabilidad importante en la conservación y mantenimiento de los mismos, de acuerdo a lo que establece la ley General de Bienes Nacionales.

X. No obstante lo anterior, algunas asociaciones religiosas no tendrían la capacidad para el mantenimiento y conservación de los monumentos históricos que administran o poseen para la realización de sus objetivos. Efectivamente, la antigüedad, y las características particulares de algunos bienes inmuebles y muebles, requieren de la intervención y pericia especializada de los técnicos que dedican su tarea a la conservación del patrimonio nacional.

XI. Estas Comisiones consideran que la reforma planteada en la Iniciativa materia del presente dictamen es viable ya que vendría a fortalecer las facultades y obligaciones, en este caso de la Secretaría de Educación Pública, para que tenga esta responsabilidad de ejecutar las obras de restauración y mantenimiento, en los casos que así se requiera, de los bienes que se vienen comentando, en virtud de la facultad que se le otorga en el artículo 38, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, además de que la Ley Federal sobre monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos considera como de utilidad pública la protección de los monumentos históricos:

Artículo 2.

Es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

...

B) Modificaciones a la Iniciativa

I. En relación a la reforma de la fracción IV del artículo 81, estas Comisiones consideran que debe conservarse el actual texto que se encuentra en la Ley, por lo que se refiere al verbo ``aprobar''. Efectivamente, ``aprobar'' vendría a tener la misma connotación respecto al término ``autorizar'', como lo propone el diputado Flores Mendoza; de esta manera, pueden ser considerados como sinónimos, por tal motivo, se propone la conservación del primer verbo, tal como se encuentra en el texto vigente de las Ley General de Bienes Nacionales, para que diga:

Artículo 81.

...

I a III. ...

IV.- Revisar, aprobar y, en su caso, ejecutar los proyectos de obra que le presente la asociación religiosa usuaria de cada inmueble, para su mantenimiento, conservación y óptimo aprovechamiento, así como vigilar y supervisar la ejecución de dichas obras;

V a X. ...

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisiones Unidas de Gobernación y de la Función Pública, someten a la consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

Artículo Único.- Se reforman la fracción IV del artículo 81, el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 83 y el artículo 105 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 81. ...

I. a III. ...

IV.- Revisar, aprobar y, en su caso, ejecutar los proyectos de obra que le presente la asociación religiosa usuaria de cada inmueble, para su mantenimiento, conservación y óptimo aprovechamiento, así como vigilar y supervisar la ejecución de dichas obras;

V. a X. ...

Artículo 83. ...

I. a V. ...

VI. ...

En el caso de inmuebles federales considerados monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, las asociaciones religiosas deberán obtener las autorizaciones procedentes de la Secretaría de Educación Pública, por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda, así como sujetarse a los requisitos que éstos señalen para la conservación y protección del valor artístico o histórico del inmueble de que se trate, atendiendo a lo que se refiere la fracción IV del artículo 81, así como al artículo 105 de esta Ley.

VII. a X. ...

Artículo 105.- Las instituciones destinatarias realizarán las obras de construcción, reconstrucción, restauración, modificación, adaptación y de aprovechamiento de espacios de los inmuebles destinados, de acuerdo con los proyectos que formulen y, en su caso, las normas y criterios técnicos que emita la Secretaría o la Secretaría de Educación Pública, según corresponda. La institución destinataria interesada, podrá tramitar la adecuación presupuestaria respectiva para que, en su caso, la Secretaría o la Secretaría de Educación Pública en el caso de los monumentos históricos o artísticos, a través de sus órganos competentes, realicen tales obras, conforme al convenio que al efecto suscriban con sujeción a las disposiciones aplicables.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2006.

Por la Comisión de la Función Pública, diputados: Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), presidente; Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), José Guillermo Velásquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres , María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante , Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Adriana Díaz Contreras , Arturo Flores Grande (rúbrica), Javier Guerrero García , René Lezama Aradillas (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Mario Mendoza Cortés , Carlos Orsoe Morales Vázquez (rúbrica), Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril , Marcos Salas Contreras , María Elena Torres Baltasar, Daniel Torres García .

Por la Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica en contra), Narcizo Alberto Amador Leal , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Gloria Lavara Mejía , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica en contra), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia , José Jesús Reyna García , Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica en contra), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

CANAL TODO AMERICANO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es: dictamen a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura al encabezado.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura al encabezado.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua un informe pormenorizado y actualizado sobre el estado que guarda el revestimiento del canal Todo Americano.

Honorable Asamblea

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, les fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, el punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al director general de la Comisión Nacional del Agua, a que envíen a esta H. Cámara de Diputados un informe pormenorizado sobre el estado que guarda el proyecto del Canal Todo Americano, señalando el impacto ambiental que tendrá en nuestro país e informen sobre las pláticas binacionales que sobre el tema se han llevado hasta la fecha entre las autoridades de ambas naciones, presentado por la diputada Dolores de María Manuell Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

El 10 de octubre de 2006, la diputada Dolores de María Manuell Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Director General de la Comisión Nacional del Agua, a que envíen a esta honorable Cámara de Diputados un informe pormenorizado sobre el estado que guarda el proyecto del canal Todo Americano, señalando el impacto ambiental que tendrá en el país e informen sobre las pláticas binacionales que sobre el tema se han llevado hasta la fecha entre las autoridades de ambas naciones.

En esa misma fecha, dicha proposición le fue turnada a Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciándose el proceso de análisis y consulta a efecto de elaborar el presente dictamen.

La diputada Manuell Gómez Angulo hace una serie de consideraciones respecto al tema del canal Todo Americano, el cual corre paralelo a la línea divisoria de la frontera entre México y Estados Unidos de América, conduciendo aguas del Río Colorado desde la presa Imperial hacia el área agrícola del valle Imperial. Al tratarse de un canal sin revestimiento, alimenta el acuífero de Mexicali, proveyéndose con parte de las aguas que conduce el cauce, con las cuales se han provisto los agricultores del valle de Mexicali durante varias décadas para el riego de sus parcelas.

Asimismo, señala que el proyecto del canal Todo Americano lleva muchos años tratando de llevarse a cabo, pero ha sido detenido en varias ocasiones por los propios norteamericanos. En los setenta, el gobierno de aquel país informó al nuestro de su intención de realizar una obra cuyas características consistían en el revestimiento del canal, teniendo como objetivo evitar las filtraciones del cauce y proveer de mayores recursos a la zona urbana de Los Ángeles. El Congreso de Estados Unidos de América decidiría sobre el tema hasta los años noventa. En 1998 aprobó llevar a cabo el proyecto de revestimiento en un período de dos años, comenzando en el 2006, es decir que su ejecución ya está proyectada en este año para ser concluido en 2008.

Tomando en cuenta todo esto, Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales hacemos las siguientes:

Consideraciones

El Río Colorado y el Río Bravo (Río Grande para los norteamericanos) son las dos corrientes principales, compartidas por ambos países. La distribución de las aguas de los ríos Bravo y Colorado se realiza conforme lo establece el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. Dicho tratado se celebró en 1944.

El proyecto del canal Todo Americano consiste en la construcción de un canal revestido de 37 kilómetros de longitud, paralelo al trazo actual del canal Todo Americano, desde el represo Pilot Know hasta el represo Drop 3. De acuerdo con el gobierno norteamericano, esta obra evitará que se pierdan 84 Metros cúbicos de agua anuales debido a filtraciones al subsuelo en tramo señalado del Canal. Dicho proyecto se localiza en el extremo sureste del estado de California, a 16 kilómetros de la frontera México-Estados Unidos y tiene un costo de 300 millones de dólares.¹

Los estudiosos del tema han indicado que se dejarán de recibir recargas del acuífero del valle de Mexicali en un volumen de 84 metros cúbicos anuales además de que habrá una ``reducción de la recarga del acuífero en un volumen que representa aproximadamente 14 por ciento del total del agua disponible extraída del acuífero y abatimiento del nivel estático del mismo''.²

De igual forma se prevé el ``incremento de la concentración de sales en solución en el acuífero. Bajo estas condiciones se determinó que se dará una reducción en la producción de cultivos menos tolerantes a la salinidad y una acumulación progresiva de estas sales en los suelos con la consecuente pérdida de productividad, así como también la necesidad por parte de los productores de utilizar tecnologías más costosas o en su caso, mayores volúmenes de agua para mantener los niveles de producción, lo que de cualquier forma traerá una disminución del ingreso de recursos económicos por unidad superficie'',³ Ello se traduce en la afectación inmediata a mil 200 hectáreas de superficie agrícola y afectación directa a 19 mil hectáreas. Asimismo habrá perjuicio en la actividad económica de aproximadamente 50 mil personas.⁴

Por lo que se refiere al impacto ambiental en la región del delta del Río Colorado, el desierto de Altar, el Golfo de California y zonas de humedales de la Mesa de Andrade, no se cuenta con información del impacto. Adicionalmente, en abril de 2006, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Luis Luege Tamargo señaló la posibilidad de que se afectaría la biodiversidad del Mar de Cortés, entre otras a la vaquita marina (Phocoena sinus), sin considerar los efectos negativos para la conservación de la Totoaba (Totoaba macdonaldl) y la pesquería de curvina golfina (Cynoscion othonopterus).

Sobre este tema, en la LIX Legislatura se presentaron diversos puntos de acuerdo en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, los cuales redundan en la materia. Algunos de ellos exhortan al Poder Ejecutivo federal para que intervenga ante el gobierno de los Estados Unidos de América para evitar el revestimiento del canal; otros tantos para solicitar información a las secretarías del ramo correspondiente sobre el mismo tema.

Por todo lo anterior, se puede concluir que son bastantes las acciones que se han emprendido en torno al tema del revestimiento del canal Todo Americano.

Al respecto, la cancillería ha informado al Congreso de la Unión --el 5 de abril de 2006-- que:

a) México ha emitido diversas notas diplomáticas en las que ha reiterado los siguientes elementos:1.1. Oposición a la realización del proyecto, así como la preocupación por los impactos económicos, sociales y ecológicos que el revestimiento podría generar en territorio mexicano en perjuicio de los agricultores mexicanos del valle de Mexicali.

1.2. Suspensión del proyecto hasta que la Comisión Internacional de Límites y Aguas ClLA identifique las medidas para eliminar o minimizar los efectos, mediante una solución justa y equitativa.

1.3. Incumplimiento de las consultas recíprocas, de conformidad con los términos del Acta 242, que establece el mecanismo de las consultas entre ambos países ante cualquier desarrollo de infraestructura de aguas superficiales o subterráneas o de emprender modificaciones substanciales de sus desarrollos actuales que pudieran afectar adversamente al otro país.

1.4. Búsqueda de esquemas de cooperación y consultas que permitan evitar la realización del revestimiento del canal Todo Americano en tanto se identifiquen las acciones tendientes a eliminar o mitigar los efectos negativos en territorio mexicano.

b) En 2004 se integró un Grupo de Trabajo Interinstitucional en el que participan activamente representantes de la SRE, ClLA, Semarnat, Conagua y el gobierno de Baja California, con el propósito de documentar los efectos transfronterizos del proyecto, a través de estudios técnicos y ambientales con la finalidad de establecer la estrategia de negociación bilateral.

Es por todo lo anteriormente expuesto que se concluye que el gobierno de México ha tratado el tema con suma importancia, considerándolo como de la más alta prioridad y por ello, es que sometemos a consideración de ésta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados solicita a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, un informe pormenorizado y actualizado al día de hoy, sobre el estado que guarda el revestimiento del canal Todo Americano, los trabajos realizados por el Grupo de Trabajo Interinstitucional conformado por estas dependencias y el gobierno de Baja California y la estrategia de negociación que se ha llevado a cabo.

Segundo. Una vez que se haya entregado a ésta honorable Cámara de Diputados el informe pormenorizado y actualizado al día de hoy sobre el estado que guarda el revestimiento del canal Todo Americano y las actividades del Grupo de Trabajo mencionado en el resolutivo primero, las comisiones de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizarán un análisis del mismo y propondrán a ésta soberanía las acciones a emprender en el marco de su competencia.

Notas

1 Estudio preliminar de impactos económicos, ERO, Tecnología y Estudios, SC, proporcionado por el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, A.e. (CDEM), 17 de julio de 2005.

2 García Saillé. G, López López. A, Navarro Urbina. J.A. 2004. El impacto del revestimiento del Canal Todo Americano sobre la calidad del agua del acuífero y el rendimiento de los cultivo del Valle de Mexicali. En Sánchez Munguía. V (coordinadora). El Revestimiento del Canal Todo Americano. México. El Colegio de la Frontera Norte-Plaza y Valdés Editores, México, páginas 79 y 80.

3 Idem.

4 Estudio preliminar de impactos económicos, ERO, Tecnología y Estudios, SC, proporcionado por el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, A.e. (CDEM), 17 de julio de 2005.

Honorable Cámara de Diputados, a 13 de diciembre de 2006.

Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Oscar Miguel Mohamar Dainitin (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís , Alliet Mariana Bautista Bravo , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras , Ariel Castillo Nájera , Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Artemio Torres Gómez (rúbrica), José Murat, Víctor Samuel Palma César , Miguel Ángel Peña Sánchez , Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñónez Canales, Laura Angélica Rojas Hernández , Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez , Érika Larregui Nagel (rúbrica), Jesús Humberto Aguilar Zazueta (rúbrica).

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva , María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Aleida Alavez Ruiz , Armando Barreiro Pérez , Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Martha Hilda González Calderón , María de Jesús Guerra Sánchez, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), María Soledad López Torres , Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez , Víctor Manuel Méndez Lanz , Roberto Mendoza Flores , José Ascensión Orihuela Bárcenas, José Amado Orihuela Trejo , Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Rafael García Villicaña (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se ha registrado para la discusión de este dictamen el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez; tiene la palabra hasta por cinco minutos.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:Con su venia, señor Presidente: este punto de acuerdo que ha sido ya aprobado en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales es un tema antiguo, un tema viejo, de la relación bilateral México-Estados Unidos.

Éste es un caso claro en el cual una medida que toma un país afecta al otro. Por más que se diga que son medidas internas en su país; que son medidas soberanas; ya en este mundo globalizado no se puede asegurar que haya medidas que sólo se toman al interior de los países y que no tienen repercusión en otros.

El año 2007 ha sido calificado como el año del cambio climático, el año en el cual se van a producir grandes transformaciones en la tierra por efectos del calentamiento, en la medida en que no han avanzado los acuerdos del Protocolo de Kioto, que limitaban la emisión de gases invernadero que están afectando gravemente el calentamiento de la Tierra.

Pero también, así como hay medidas globales también hay este tipo de cuestiones como el canal Todo Americano, cuyo revestimiento está afectando gravemente la desembocadura del Río Colorado. Como ustedes saben, este río atraviesa varios estados de la Unión Americana, hay un conjunto de presas que lo van limitando, la más grande es la presa Hoover, que está en Nevada, cerca de Las Vegas. Este conjunto de presas hace que, después de este canal Todo Americano, ya lo que llega al Mar de Cortés sea mínimo, y esto está provocando un conjunto de fenómenos ecológicos y, por tanto, sociales. Los pescadores del Mar de Cortés están dejando de tener ingresos, de poder pescar por esta afectación ecológica.

Nosotros necesitamos presionar muy fuerte al gobierno de Estados Unidos en esta materia para que se suspenda el revestimiento del canal Todo Americano. También --y esto ya lo hemos discutido aquí, en el Pleno de la Cámara de Diputados-- están medidas como la construcción del muro fronterizo, que no solamente va a tener efectos políticos, sociales, económicos, sino también ecológicos.

Ya se ha demostrado aquí que la construcción del muro tiene efectos también ecológicos. Ya empezó la construcción del muro, ya van 15 kilómetros en la frontera de Sonora y Arizona. Éste es un tema que va a tratar la comisión de diputados que va a estar en Washington el jueves, con la nueva directiva demócrata, el tema del muro, el tema migratorio. Pero regresando a este tema, creo que es muy importante que vayamos un poco más allá.

Estando de acuerdo con el dictamen y con el punto de acuerdo, me parece que en la misma exposición de motivos se asienta que ya hemos hecho propuestas, exhortos, notas diplomáticas, reuniones bilaterales; comisiones binacionales, etcétera, etcétera, y no hay avance. Incluso se habla aquí que en el 2004 se integró un Grupo de Trabajo Interinstitucional que aborda este tema y nuevamente vamos a hacer acciones, a pedir a los secretarios que informen y una vez que esté este informe vamos a tomar acciones.

Yo creo que ya llegó el momento en que necesitamos pasar a este tema de las acciones. Hay un conjunto de tribunales internacionales, está el Tribunal de La Haya; hay un conjunto de tribunales en materia ecológica también, a los cuales podemos acudir, y es el momento en que este tipo de temas dejemos ya de tratarlos por la vía de los exhortos, de reuniones de trabajo, de notas diplomáticas y podamos hacer acciones más efectivas.

De otra manera, compañeros, lo más fácil es aprobar tal cual está el texto; sin embargo, creo que va a tener muy poca efectividad, va a tener muy poca concreción y no vamos a poder realmente avanzar en este tema que está perjudicando gravemente a los agricultores, desde el Valle de Mexicali hasta la desembocadura, hasta el delta del Río Colorado, ya en el Mar de Cortés.

De tal modo que, si bien hay que aprobar en su totalidad el punto de acuerdo, tengamos en cuenta, compañeras y compañeros, que es un llamado a misa, que mientras no se tomen acciones efectivas en tribunales internacionales, mientras no acudamos a otro tipo de acciones, vamos a seguir aprobando este tipo de medidas que no tendrán --repito-- ninguna concreción si no hacemos acciones por la parte mexicana del gobierno, del Congreso, más efectivas, que repercutan directamente en la solución de este grave problema. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sandoval. Tiene la palabra la diputada Dolores Manuell-Gómez Angulo, del grupo parlamentario del PAN.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo:Con su venia, señor Presidente: coincido plenamente con el diputado que me antecedió sobre este problema. Es tan grave como el muro que quieren poner nuestros vecinos del norte para que los latinos no vayan a buscar fuentes de trabajo para subsistir. Es tan grave que quieren detener la inmigración de 100 especies de aves que están en peligro de extinción. Aparte dejarían en la bancarrota a todos los agricultores del Valle de Mexicali, a los pescadores que residen también --como dice el diputado.

También reafirmo que esta soberanía, no nada más quede en puntos de acuerdo, sino que se manifieste enérgicamente y se tomen acciones concretas, severas, porque ya estuvo bueno de que nos estén pisoteando, que se tomen este tipo de decisiones unilaterales.

No podemos permitir acabar con todo un municipio, como es el de Mexicali. La economía depende en gran parte de la agricultura. No podemos tampoco permitir que nuestras aves que emigran del país de Canadá acaben con ellas. A ellas no se les pueden poner barreras ni se les pueden poner muros, por eso estoy 100 por ciento de acuerdo en este punto de acuerdo propuesto por su servidora; pero también --repito--, acciones concretas en contra de estas arbitrariedades unilaterales que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado, sin tomar en cuenta el daño y ni siquiera la opinión que tenemos como vecinos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Dolores Manuell. Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo; comuníquense.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de los diputados Alejandro Landero Gutiérrezy Cristián Castaño Contreras, del grupo parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Gobernación, reconvenga al partido político español Izquierda Unida, por su intervención en el estado de Oaxaca.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que mediante la Segob informe y reconvenga al partido español Izquierda Unida por la intervención política de sus militantes en el conflicto del estado de Oaxaca, suscrita por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez y Cristián Castaño Contreras , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Alejandro Landero Gutiérrez y Cristián Castaño Contreras , con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, que informe por los medios diplomáticos conducentes al partido español Izquierda Unida del contenido del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que reconvenga a sus militantes por su participación activa en la crisis política que vive el estado de Oaxaca y se le solicite que en las próximas visitas que realicen se abstengan de inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Asimismo, se solicita a la Secretaría de Gobernación que dé puntual seguimiento al apoyo político y económico de los militantes de Izquierda Unida en el conflicto oaxaqueño, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El conflicto político y social que vive actualmente el estado de Oaxaca contiene tras de sí una problemática compleja en la que conviven causas políticas, económicas y sociales.

Es un conflicto que nos duele a todos los mexicanos porque su intensidad y duración posterga la posibilidad de encontrar caminos para el desarrollo de los oaxaqueños.

La complejidad del conflicto no debe ser causa para que grupos radicales que en realidad desconocen el sentir popular se inmiscuyan en el conflicto alentando la división de los oaxaqueños. Menos aceptable es que personas extranjeras portadoras de un ideologismo extremo se introduzcan en el país con fines de desestabilización política y se comprometan a financiar determinadas causas políticas.

La solución política de los problemas de Oaxaca compete en primer lugar a los oaxaqueños y a todos los mexicanos por igual. El reto de un mejor Oaxaca es un reto de los mexicanos. La solución vendrá de nosotros, no de un grupo de extranjeros que se inmiscuye en la política interna de nuestra nación soberana.

Diversos medios nacionales y extranjeros han dado a conocer hace unos días que militantes de Izquierda Unida, encabezados por Milagros Hernández, responsable de asuntos sociales de dicho partido, participaron en el primer congreso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca los pasados 11 y 12 de noviembre.

La señora Milagros Hernández, de ciudadanía española, ha expresado ante medios de comunicación de su país y de México la intención de llevar la situación del conflicto oaxaqueño ante el Congreso de los Diputados español, con el objetivo de que se envíe una comisión parlamentaria a Oaxaca.

Aunado a ello, la representante de Izquierda Unida ha sostenido: ``Queremos con nuestra presencia, demostrar al pueblo de Oaxaca nuestro apoyo y solidaridad a la lucha de sus maestros y de sus ciudadanos... Hemos estado en contacto con movimientos sociales de Oaxaca y del Distrito Federal que nos han pedido que como Partido canalicemos los apoyos sociales, políticos y económicos de partidos y organizaciones de los países europeos, es lo que vamos a hacer'', declaró la responsable de asuntos sociales de Izquierda Unida.

El apoyo y la intención de enviar recursos económicos por parte de un partido político extranjero a un movimiento político nacional es una clara trasgresión al artículo 33 de nuestra Constitución Política, que violenta nuestra soberanía.

No consentimos que un partido de resabios comunistas, con todo lo que ello significa en materia de violación de los derechos humanos, venga a querer darnos lecciones de humanismo.

Los mexicanos hemos ido construyendo instituciones que tienen como objetivo vigilar el uso y el posible abuso del poder. Aunado a estas instituciones, nuestro país ha abierto sus puertas para que haya un relator de Naciones Unidas de forma permanente que vigile el cumplimiento de los derechos humanos.

Estamos abiertos a que organizaciones serias e independientes puedan desarrollar un trabajo de observación para garantizar la defensa de los derechos de las personas, pero no consentimos, por ningún motivo, que un grupo de alborotadores venga a dar asesoría, apoyo logístico y apoyo económico a un movimiento político.

Nuestra soberanía no puede ser vulnerada por ningún movimiento político extranjero, independientemente de su ideología. Rechacemos enérgicamente la intromisión de militantes de Izquierda Unida en asuntos que sólo competen a los mexicanos.

Por las razones expuestas, se solicita poner a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, que informe por los medios diplomáticos conducentes al partido político español Izquierda Unida del contenido del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que reconvenga a sus militantes por su participación activa en la crisis política que vive el estado de Oaxaca y se le solicite que en las próximas visitas que realicen sus militantes se abstengan de inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Asimismo, se solicita a la Secretaría de Gobernación de puntual seguimiento al apoyo político y económico de los militantes del partido político español Izquierda Unida en el conflicto oaxaqueño.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 6 de febrero de 2007.--- Diputados: Alejandro Landero Gutiérrez , Cristián Castaño Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicacionesy a la Comisión Federal de Competencia, analicen y presenten sus comentarios sobre la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones.

La diputada Adriana Dávila Fernández:Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofetel y a la Comisión Federal de Competencia a analizar y presentar ante esta soberanía, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, comentarios sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada federal Adriana Dávila Fernández , secretaria de la Comisión de Comunicaciones, a nombre de los integrante de dicha comisión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, presenta ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, analicen y presenten ante esta soberanía sus comentarios para enriquecer la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 11-A, 12-A, 30-A, 30-B, 30-C, 30-D, 30-E, y se reforman los artículos 12, 18, 38 y 70 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para ser incluidos en el dictamen que a dicho efecto tenga a bien elaborar la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, basado en los siguientes

Considerandos

1. Hago referencia al proyecto de dictamen de adiciones y reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentado el 17 de octubre de 2006 por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El documento en comento ha causado gran revuelo en el medio legislativo pues, en efecto, propone normas que no pueden ser analizadas a la ligera, pues podrían cambiar en su totalidad la dinámica del sector telecomunicaciones y los relacionados en nuestro país.

Me permito llamar la atención de esta honorable Cámara de Diputados a que durante el receso entre el primer y segundo periodos ordinarios de sesiones, observamos una intensa actividad política alrededor del proyecto de dictamen de la citada iniciativa.

2. Es importante señalar el largo camino que hemos recorrido de la mano de una política de telecomunicaciones que ha apuntado en todo momento en la dirección de la innovación tecnológica y la competitividad, tanto para sector como para la economía mexicana en su conjunto.

Este avance derivó de un importante proceso de reforma, emprendido de manera conjunta por el Poder Ejecutivo y el Legislativo hace más de una década. Gracias a ello, las inversiones en el sector telecomunicaciones totalizaron cerca de 22 mil millones de dólares en sólo ocho años.

Hago mención de esto, pues las áreas de oportunidad para una agenda legislativa en telecomunicaciones que impulse a nuestra economía hacia nuevos niveles de competitividad, son enormes.

Es importante evaluar los efectos de lo anterior en nuestras vidas y en la capacidad de las empresas mexicanas que tan destacadamente compiten en el exterior, y que son fuente generadora de empleo. Cabe recordar que mientras en 1990 en México sólo contábamos con acceso limitado a telefonía básica, celular y radiotelefonía, actualmente dichos servicios están al alcance de millones. Ahora el mercado ofrece una variedad expansiva de servicios como banda ancha, ADSL, redes de datos, redes corporativas desagrupadas, acceso inalámbrico a Internet desde teléfonos celulares y todo tipo de innovaciones que amplían nuestro potencial competitivo. Esto no significa que la tarea esté terminada, sino por el contrario, nos hace más conscientes de lo enorme de nuestras posibilidades.

3. A saber, la coyuntura que nos ofrece la nueva economía en un mundo globalizado ha multiplicado la escala de los mercados para los países capaces de darse los medios para llegar a ellos. Sin embargo, lo anterior viene acompañado de un entorno mucho más competitivo y vanguardista. Es decir, las oportunidades para los empresarios mexicanos y para la creación de empleos han aumentado de manera importante, pero la competencia es ahora también de clase mundial. Por tanto, nuestros competidores no están aquí, no son los fabricantes vecinos ni los legisladores de otro partido. Son las empresas y los legisladores de otras naciones que trabajan para crear las mejores oportunidades competitivas que les permitan triunfar en los mercados internacionales.

No obstante, lo que nos ocupa, no sólo incide en el bienestar de los usuarios. Por el contrario, el tema de las telecomunicaciones, en particular el de las satelitales, repercute decisivamente en las posibilidades de creación de riqueza y bienestar de las naciones. En otras palabras, haciéndonos más competitivos, los sistemas de telecomunicaciones de los distintos países resulta determinante en el modo de vida al que aspiran sus habitantes.

Para ilustrar la importancia de lo anterior en nuestro país, basta mencionar que en los años de crisis económica recurrente, como en 1982, el comercio internacional de México representaba sólo 17.5 por ciento del PIB. En la actualidad, conforme los medios para llegar a los mercados internacionales han mejorado, nuestro comercio con el resto del mundo supera el 65 por ciento.

4. Pero si bien esto representa un gran avance para México, también nos plantea un formidable reto. A fin de que las empresas mexicanas sigan mejorando su desempeño, requieren certidumbre respecto a que contarán con un sector telecomunicaciones en continua expansión, con un entorno altamente competitivo y que busque permanentemente implementar los beneficios de la innovación tecnológica. Esto sólo nos puede traer beneficios a todos los mexicanos. Por tal motivo, es de vital importancia asegurarnos de que cualquier modificación que se proponga en la materia busque mantener el rumbo elegido y acelerar el proceso que brevemente hemos ilustrado aquí. Es por ello que está en el interés de los diputados de Acción Nacional asegurarnos de que cualquier reforma que aprobemos para el sector nos siga impulsando en la dirección correcta.

Para tal efecto resulta oportuno comentar que los mexicanos nos hemos dotado de instituciones que pueden ayudar a garantizar que nuestras acciones como legisladores estén fundadas en opiniones técnicas al más alto nivel. La Cofetel es la encargada de que México se encuentre a la vanguardia de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, con acceso, diversidad, calidad, mejores precios y cobertura en todos los servicios, en un ambiente competitivo y convergente. Por su parte, la Cofeco es la encargada de proteger al proceso de competencia y libre concurrencia. Los principales beneficiados de esto somos los consumidores; es decir, todos los mexicanos, pues se promueve mayor diversidad de opciones en servicios a menores precios. La competencia incrementa también la eficiencia de las empresas y tiene un alto impacto en la competitividad internacional de México.

Por lo anterior, nos permitimos manifestar que no podríamos pensar en instituciones más aptas, más indicadas, para poder orientar a los integrantes de la Comisión de Telecomunicaciones de esta soberanía en la tarea que actualmente estamos desempeñando.

Por ello y, en virtud de que somos los responsables de garantizar que el ritmo de crecimiento y diversificación del sector siga elevando los estándares de vida de los mexicanos y expandiendo sus posibilidades a la par de la plataforma de infraestructura tecnológica con la que cuentan nuestras empresas para hacer frente a sus competidores internacionales, a nombre de de los diputados de Acción Nacional que suscribimos, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, analicen y presenten ante esta soberanía sus comentarios a la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 11-A, 12-A, 30-A, 30-B, 30-C, 30-D, 30-E, y se reforman los artículos 12, 18, 38 y 70 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para enriquecer el dictamen que a dicho efecto tenga a bien elaborar la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2007.--- Diputados: Adriana Dávila Fernández , Nabor Ochoa López , Demetrio Román Isidoro , María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero , José Guillermo Fuentes Ortiz , Francisco Javier Gudiño Ortiz , Elia Hernández Núñez , Alonso Manuel Lizaola de la Torre , Apolonio Méndez Meneses , Francisco Javier Paredes Rodríguez , Antonio Vasconcelos Rueda , Antonio Vega Corona (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Adriana Dávila Fernández. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada, comuníquese.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Daniel Dehesa Mora, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir para la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica en el estado de Oaxaca.

El diputado Daniel Dehesa Mora: Gracias; con su permiso, señor Presidente; compañeras, compañeros diputados: con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanossometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo a instruir, con fundamento en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Economía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, a reclasificar a la baja las tarifas eléctricas de uso doméstico y comercial en los municipios de la cuenca baja del Río Papaloapan, del estado de Oaxaca, al tenor de los siguientes motivos.

Con base en lo establecido en el artículo 7o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, se dispone prestar el servicio de energía eléctrica con carácter social.

Desde 1992, en que fue modificada inconstitucionalmente la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el comportamiento de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad ha sido distinto y contrario a lo establecido en la Constitución.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un decreto el 6 de febrero del año 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente: acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y disminuir el subsidio a las tarifas domésticas, generando un nuevo sistema de tarifas para consumo doméstico más cara en un 187 por ciento que la tarifa de consumo de energía eléctrica comercial afectando al 100 por ciento de los usuarios.

En virtud de lo anterior y refiriendo que en la cuenca baja del Río Papaloapan funciona la hidroeléctrica Miguel Alemán y la presa Miguel de la Madrid, llamada también Cerro de Oro, que es abastecedora de la misma, la cual genera energía eléctrica que incluso se exporta a países de Centroamérica; y para la construcción de ambos proyectos, pobladores de nuestra región fueron desplazados de estas tierras de primera a tierras de segunda y tercera categoría.

Por lo tanto, no es lógico que en las zonas se apliquen tarifas más altas que en otros lugares de la República.

Que los habitantes de los municipios de la cuenca baja del río Papaloapan del estado de Oaxaca, como San Miguel Soyaltepec, Acatlán de Pérez Figueroa, Cosolapa, Loma Bonita, Valle Nacional, San José Chiltepec, y San Juan Bautista, Valle Nacional son afectados gravemente en su economía al pagar altos costos por el consumo de energía eléctrica, consecuencia de las altas temperaturas que durante la mayor parte del año presenta la región y que oscilan entre 32 grados y 42 grados centígrados en promedio anual y el bajo subsidio con el que cuentan.

Que el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la participación de las secretarías de Energía, Minas, Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía.

Que en todo el país se han presentado conflictos en torno al aumento en el costo de las tarifas eléctricas.

Que la población de los distintos estados de la República se ha manifestado por una disminución en el cobro de las mismas.

Que la población, sobre todo de escasos recursos, requiere de una mayor sensibilidad para que se les cobre de forma justa y no con recibos que están imposibilitados de pagar.

Que no existe una negativa a pagar por parte de la ciudadanía, sino que exigen tarifas justas, de acuerdo a lo que consumen.

Por lo anterior, nos permitimos proponer un punto de acuerdo.

Único. Se solicite al titular del Ejecutivo federal para que, con fundamento en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 fracción, V de la Ley de Planeación, y artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con la participación de las secretarías de Energía, Economía y la Comisión Federal de Electricidad, reclasifique a la baja las tarifas eléctricas de consumo doméstico y comercial para los municipios antes mencionados y todas aquellas entidades donde las temperaturas excedan los 30 grados centígrados, y asimismo informen a esta honorable Cámara de Diputados los criterios económicos, poblacionales, geográficos, climatológicos o de cualquier otra índole bajo los cuales han sido definidas las tarifas del decreto del 7 de febrero de 2002.

Es cuanto, señor Presidente, y que se inscriba en el Diario de los Debates en forma original. Muy amable. Gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica para algunas localidades de Oaxaca, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales por el estado libre y soberano de Oaxaca, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter al conocimiento de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo a instruir, con fundamento en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a las Secretarías de Hacienda y Crédito publico, de Energía y de Economía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, a reclasificar a la baja las tarifas eléctricas de uso doméstico y comercial, considerando las altas temperaturas que se registran durante la mayor parte del año, en los municipios de la Cuenca baja del Río Papaloapan del estado de Oaxaca al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Comisión Federal de Electricidad como depositaria del mandato supremo del pueblo de México y establecido en el artículo 7o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en el sentido de que este servicio público se preste con carácter social. Fue observando hasta hace poco un comportamiento dentro del ámbito tarifario, que obedecía siempre al marco jurídico, es decir, permitiendo el desarrollo de los diferentes sectores del país a través de las tarifas eléctricas y la forma de aplicarlas; y en el caso de los subsidios, aplicándolos de manera generalizada, de acuerdo al último párrafo del artículo 28 constitucional. Sin discriminar a diferentes sectores de la población por su consumo, tal como sucede hoy, mediante el establecimiento de tarifas domésticas sin subsidios, como es el caso de la tarifa de alto consumo (DAC).

Sin embargo, desde 1992, cuando fue modificada inconstitucionalmente la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el comportamiento de la Secretaría de Energía y de la CFE, ha sido distinto y contrario a lo que esta plasmado en nuestra Constitución.

El secretario de Hacienda y Crédito Público emitió un decreto el 6 de febrero del año de 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero del mismo año, conteniendo el ``Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y disminuye el subsidio a las tarifas domésticas'', en el que, sin fundamentarlo legalmente y otorgándose una facultad que no tiene e invadiendo la esfera de competencia del Poder Legislativo, en especial de la Cámara de Diputados, toda vez que los subsidios se establecen en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual es facultad exclusiva de esta honorable Cámara, según los establece el artículo 74, fracción IV, constitucional; generó un nuevo sistema de tarifas de energía eléctrica para consumo doméstico más cara en un 187 por ciento que la tarifa de consumo de energía eléctrica comercial afectando al 100 por ciento de los usuarios.

Y en virtud a lo anterior y refiriendo que en esta cuenca baja del río Papaloapan funciona una hidroeléctrica, Miguel Alemán, y una presa, Miguel de la Madrid (Cerro de Oro) abastecedora de la misma, la cual genera energía eléctrica, que incluso se exporta a países de Centroamérica y para la construcción de ambos hidrocarburos, ciudadanos de la región fueron desplazados a otras entidades en tierras de menor calidad a los que poseían en la región, nos permitimos proponer a esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo:

Por todo lo anterior y

Considerando

Que en todo el país se han presentado conflictos en torno al aumento en el costo de las tarifas eléctricas.

Que la población de los distintos estados de la república se ha manifestado por una disminución en el cobro de las mismas.

Que la población, sobre todo de escasos recursos, requiere de una mayor sensibilidad para que se les cobre de forma justa, y no con recibos que están imposibilitados de pagar.

Que no existe una negativa a pagar por parte de la ciudadanía sino que exigen tarifas justas, de acuerdo a lo que consumen.

Que los habitantes de los municipios de la cuenca Baja, del estado de Oaxaca, tales como San Miguel Soyaltepec, Acatlán de Pérez Figueroa, Cosolapa, San Juan Bautista Tuxtepec, Loma Bonita, Chiltepec, Jacatepec, están siendo afectados gravemente en su economía familiar al pagar altos costos en el consumo intenso de energía eléctrica, producto de las altas temperaturas que durante la mayor parte del año sufren y debido al bajo subsidio con el que cuentan.

Que la temperatura promedio que presentan la mayoría de los municipios del estado en temporada de verano asciende hasta 35 grados centígrados.

Que ante esta honorable Cámara de Diputados en diferentes legislaturas, se han venido presentando diversos puntos de acuerdo, con referencia a la inconformidad de la población mexicana sobre el alto costo de las tarifas eléctricas en diversas regiones del país, sobre todo en aquellas ciudades donde prevalece el clima extremoso y que fueron afectadas con el recorte del subsidio eléctrico del decreto del 7 de febrero de 2002.

Que no sólo las familias se ven afectadas por el incremento de la temperatura y la humedad. Los comercios, restaurantes y hoteles, que destinan aproximadamente 50 por ciento de su gasto operativo al pago del recibo de energía eléctrica, llegan a verse afectados con incrementos de hasta 300 y 400 por ciento en el pago del recibo de electricidad durante el verano.

Que es indispensable, la urgente implementación por el Ejecutivo federal, a fin de no posponer por más tiempo la necesaria aplicación de criterios justos, equitativos y no discriminatorios en los cobros de los recibos de luz.

Que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica concede gran discrecionalidad al Ejecutivo federal, lo que ha dado lugar a que se realicen ajustes y modificaciones a las tarifas eléctricas para el consumo doméstico, lo cual a traído como consecuencia el detrimento de la economía familiar de la mayoría de los consumidores del servicio, con lo cual se violentan los principios de equidad y justicia social que deben de prevalecer en la prestación de todo servicio público, situación que es incompatible con el sentido social que debe caracterizar la actividad y la función de las empresas públicas del estado.

Que ante la evidencia claramente desproporcionada de las tarifas se hace urgente conocer cuáles son los criterios utilizados por la Comisión Federal de Electricidad para aplicar las tarifas no sólo en el estado Oaxaca, sino en todo el país, y en especial saber que ocurre en aquellas entidades y municipios donde la época de verano, y en algunos casos como en mi estado donde es casi todo el año, conlleva la alta elevación de las temperaturas, y por consecuencia el uso obligado por parte de miles de usuarios, de diversos aparatos eléctricos para aclimatar sus hogares y espacios de trabajo, incluso en el día y la noche.

Que el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que ``la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y de Comercio y Fomento Industrial, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía. A través del procedimiento señalado, la SHCP podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas''.

Que en virtud de esto, no es posible que el consumidor final sea el que pague las ineficiencias de la Comisión Federal de Electricidad, en su operación de distribución.

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Único. Se solicite al titular del Ejecutivo federal que con fundamento en los artículos 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, fracción V, de la Ley de Planeación y artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con la participación de las Secretarías de Energía, Economía y la Comisión Federal de Electricidad, reclasifique a la baja las tarifas eléctricas de consumo doméstico y comercial para los Municipios localizados de la Cuenca Baja del Río Papaloapan del estado de Oaxaca y todas aquellas entidades donde las temperaturas excedan los 30 grados centígrados, y asimismo informen a esta honorable Cámara de Diputados los criterios económicos, poblacionales, geográficos, climatológicos, o de cualquier índole, bajo los cuales han sido definidas las tarifas del decreto del 7 de febrero del año 2002.

Diputados federales del estado libre y soberano de Oaxaca integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: Daniel Dehesa Mora , Daisy Selene Hernández Gaytán , Carlos Roberto Martínez Martínez , Carlos Altamirano Toledo , Othón Cuevas Córdova , Benjamín Hernández Silva y Joaquín de los Santos Molina (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Daniel Dehesa. Insértese íntegra en el Diario de los Debates la propuesta del diputado.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. Sonido a la curul de la diputada Manuell.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo(desde la curul): Nada más para, si no tiene inconveniente el grupo parlamentario que presentó este punto de acuerdo, en que se me tome en cuenta y también inscribirlo y sobre todo una pequeña enmienda que diga: 30 grados centígrados promedio en época de verano. Ya que Comisión Federal de Electricidadpromedia anualmente y pocas regiones cumplen con los 30 grados centígrados promedio.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Le pediría que la presente por escrito. Sonido a la curul del diputado Daniel Dehesa Mora.

El diputado Daniel Dehesa Mora(desde la curul): Señor Presidente. El grupo parlamentario del PRD está de acuerdo con la propuesta de la compañera diputada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Muchas gracias. Al diputado Jorge Toledo, del PRI, sonido a su curul.

El diputado Jorge Toledo Luis(desde la curul): Para respaldar el punto de acuerdo que ha presentado el diputado Daniel Dehesa, la fracción parlamentaria del PRI nos sumamos a esta exigencia. En ocasiones las comunidades tienen que decidir para ver si consiguen alimento o pagan la luz y en ese sentido por supuesto que nos sumamos a este punto.

Desde las reformas de 2002 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se han incrementado las tarifas hasta en un 200 por ciento y por supuesto que en ese sentido respaldamos este punto de acuerdo de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Sonido a la curul del diputado Del Río Virgen, de Convergencia.

El diputado José Manuel del Río Virgen(desde la curul): Señor Presidente, si usted me permite, subiré a apoyar esta proposición, pues incluso traigo un posicionamiento igual para el estado de Veracruz. Como es prácticamente lo mismo, le ruego me permita subir para apoyar en pro el asunto del diputado Daniel Dehesa Mora.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado. Tiene usted la palabra. Vamos a anotar a los que están pidiendo la palabra.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente. Vengo en nombre de Convergencia a apoyar el punto de acuerdo del diputado por el distrito de Tuxtepec, Oaxaca, Daniel Dehesa Mora, que pone un tema sensible para la economía de todos los mexicanos.

Muchos diputados hemos venido a esta tribuna y hemos pedido que la Comisión Federal de Electricidad vea las condiciones económicas en que viven las comunidades de la zona indígena. Queremos que la Comisión Federal de Electricidad observe cómo vivimos en estados con temperaturas promedio de más de 30 grados, como es el caso de Veracruz.

Nosotros queremos que este Pleno de diputadas y diputados, nosotros buscamos que la fuerza que tienen los diputados --legal y constitucional-- sirva para obligar a la Comisión Federal de Electricidad y también a la Comisión Nacional del Agua, y como lo planteo en el punto de acuerdo que iba a presentar pero como es el mismo tema lo voy a evitar; pero lo que sí no puedo evitar es decirles que el norte de Veracruz, desde Martínez de la Torre hasta Pánuco, pasando por el distrito de Papantla, sus ocho municipios de la sierra y los municipios de la costa, Tecolutla y Gutiérrez Zamora me pidieron que pusiéramos este punto de acuerdo para que la fuerza legal de los diputados obligue ya de una vez por todas a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Nacional del Agua a bajar las tarifas eléctricas.

Nos afecta económicamente. Nos afectó el incremento con 50 centavos a la leche, nos afectó el incremento a la tortilla, nos afectó el incremento al frijol, nos afectó el incremento al huevo, nos afecta el incremento, lo costosa que es la energía eléctrica para comunidades tan pobres, tan olvidadas del desarrollo.

Hoy, aquí en este recinto hay ocho comunidades del municipio de Papantla que viven alrededor del Tajín. Son hijos del Tajín, vienen de ahí sus mayores, siempre han estado ahí y sin embargo, no han tenido la posibilidad de desarrollo; ni siquiera tienen energía eléctrica algunas comunidades.

Por eso mismo, diputadas, diputados, vengo a pedirles que voten este punto de acuerdo del diputado Daniel Dehesa Mora . Que apoyen para que las comunidades y los municipios que comprenden a Martínez de la Torre, al Higo, Ozuluama, Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Tempoal, Chalma, Chiconamel, Chinampa de Corostiza, Chontla, Citlaltepetl, Ixcatepec, Platón Sánchez, Tamalin, Tantima, Tantoyuca, Tepetzintla, Benito Juárez, Chicontepec, Huayacocotla, Hilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Texcatepec, Tlachichilco, Zacualpan, Zontecomatlán, Castillo de Teayo, Temapache, Tihuatlán, Cerro Azul, Naranjal, Amatlán, Tamiahua, Tancoco, Tuxpan, Cazones de Herrera, Coatzintla, Poza Rica de Hidalgo, Chumatlán, Coahuitlán, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán y, por supuesto, Papantla y sus comunidades, así como Nautla, Tlapacoyan y Vega de Alatorre sean beneficiadas con una tarifa que vaya acorde con lo que Veracruz además produce. Produce todos los tipos de energía, todos: eólica, nuclear, la hidroeléctrica y la termoeléctrica y tiene tarifas que verdaderamente ofenden a todo el pueblo de Veracruz.

Compañeras y compañeros diputados. Vengo a pedirles en nombre de mis paisanos los veracruzanos y también de los oaxaqueños --como aquí se ha dicho-- que las tarifas sean reclasificadas, por supuesto que a la baja, para ayudar a la economía empobrecida de estas personas. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias diputadas y diputados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Del Río. Le pregunto al diputado Del Río que tenía inscrito este asunto más delante ¿la va a volver a presentar o está satisfecho? Gracias, diputado Del Río. Y esta Presidencia saluda a las personas que vienen del municipio de Papantla, Veracruz, vecinos de la zona aledaña a la zona arqueológica de El Tajín.

Tiene la palabra el diputado Pedro Montalvo del grupo parlamentario del PRI... Sonido a la curul del diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla(desde la curul): Señor Presidente: solamente para preguntar. Escuchamos que se abría a discusión el punto pero no que se sometía a la votación del Pleno.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Todavía no está a votación, está a discusión, están participando en la discusión del mismo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla(desde la curul): Gracias, muy amable.

El diputado Pedro Montalvo Gómez:Con su permiso Presidente. Hemos escuchado el punto de acuerdo y en verdad todas las bancadas estan puestas para apoyar este asunto. El día 12 de diciembre del año pasado, aquí en tribuna su servidor subió también especialmente para hablar de los 50 municipios más pobres del país, ya ha habido la reflexión en las zonas más marginadas del país, metiendo a varios municipios hablando del tema nacional.

Hace unos días se publica la intención buena del Ejecutivo --con respecto de mandar 50 pesos en apoyo y subsidio a las familias de las zonas más desprotegidas--, sin embargo, sea mi intervención para señalar, más que otra cosa, la realidad de lo que vivimos y no como un asunto de grilla partidista.

Los 50 pesos que le van a llegar a la familia necesitada se pulverizan en el momento en que le llega el recibo de la energía eléctrica, a la familia que pagaba 200 pesos y que tiene que pagar 400 o mil.

Yo por eso subo aquí para proponer que verdaderamente estos puntos de acuerdo que hemos discutido, que hemos analizado se vayan a comisión y se le dé la legalidad correspondiente, para buscar una salida estructural del país, donde la reclasificación de las tarifas vaya de acuerdo al nivel de marginación, a la posibilidad que cada estado tiene y sobre todo, insisto, la marginación, considerando y tomando el fomento de la industria y del empleo, que también es el tema que se debe de tratar en esto.

Por eso nos sumamos a este punto, pero valga mi intervención para buscar de una vez por todas, el reordenamiento de las tarifas de energía eléctrica para este país que sí, insisto, es necesario tenerlo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Montalvo. Sonido a la curul del diputado Carlos Felton del PAN.

El diputado Carlos Eduardo Felton González(desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Para sumarme a la propuesta que han venido haciendo nuestros compañeros diputados de incluir el estado de Sinaloa y dejar algo sobre la mesa. Yo creo que este tema de las tarifas de Comisión es un tema que se ha estado discutiendo por muchos años y difícilmente hemos logrado por parte de Comisión Federal o por parte de Hacienda algunos avances en este sentido, yo quisiera proponerle a mis compañeros diputados, que exploráramos la posibilidad de que la Cámara de Diputados fuera la que fijara las tarifas de Comisión Federal de Electricidad. Lo dejo sobre la mesa como un tema que pudiéramos explorar en esta soberanía. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Felton.

El punto propuesto y es entendible la preocupación de diputados de otras entidades federativas para que se tomen en cuenta situaciones como éstas. Sin embargo, el punto de acuerdo es muy específico, referido a los municipios de la cuenca baja del Río Papaloapan, tanto del estado de Veracruz como de Oaxaca. Entonces el agregado hecho por la diputada Manuell... A ver, sonido en la curul de la diputada.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo(desde la curul): Sí, y a entidades que tengan temperaturas promedio en época de verano arriba de los 30 grados centígrados, o sea, seis meses del año.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tengo aquí su propuesta por escrito que dice: ...Los estados de Oaxaca y todas aquellas entidades donde las temperaturas excedan de 30 grados centígrados promedio en época de verano.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (desde la curul): Así es, señor diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Con este agregado, que ha sido aceptado por la proponente, consulte la Secretaría a la Asamblea... Sonido a la curul del diputado Samuel Aguilar.

El diputado Samuel Aguilar Solís(desde la curul): Gracias, Presidente: como usted perfectamente sabe, hay zonas o regiones del país que no están precisamente encuadradas en el concepto de entidad. Usted de manera personal conoce el caso concreto de la región lagunera, que no podría quedar especificado en esos términos si queda el concepto de entidad, dado que se estaría hablando del estado de Durango o del estado de Coahuila y no precisamente de la región, que tiene altísimas temperaturas, como es el caso de la región lagunera.

En ese caso preciso, le suplicaría que pudiera quedar el agregado de ``entidades o regiones'', para que de esa manera pueda abarcar a otro tipo de zonas geográficas del país que tienen esta misma problemática.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pregunto al promovente si acepta el agregado en donde dice: ``...en aquellas entidades o regiones...'' tal como lo solicita el diputado Aguilar... Sonido a la curul del diputado Daniel Dehesa.

El diputado Daniel Dehesa Mora(desde la curul): Señor Presidente, en los estados y regiones, lo que dijo el compañero Samuel Aguilar, estamos completamente de acuerdo que sea en todas aquellas entidades que ya se mencionaron.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aceptadas las propuestas, consulte la Secretaría a la Asamblea... Sonido en la curul de la diputada Elia Hernández.

La diputada Elia Hernández Núñez(desde la curul): Diputado Presidente, es nada más para sumarme a la propuesta del diputado Dehesa. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Sonido a la curul del diputado Lizaola.

El diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre(desde la curul): Atendiendo al orden de ideas, las tarifas eléctricas ya están por regiones en todo el país. Existen ocho regiones que la Comisión Federal tiene establecidas y ya está por regiones. Lo anterior nada más para que se contemple, en la parte de entidades, que ya hay ocho regiones en el país establecidas para tal efecto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Sonido en la curul del diputado Sergio González.

El diputado Sergio González García(desde la curul): Sí, atinadamente lo que decía la compañera, de lo que puso en el acuerdo por Nayarit, me voy a referir a lo que dice el compañero. Están ocho regiones, pero no bien especificadas, o un estudio socioeconómico como se debe hacer. Yo me refiero al municipio de San Blas, ocho municipios que tiene Nayarit en la zona norte que colindamos con Sinaloa, y nosotros tenemos una tarifa más alta y somos vecinos de Sinaloa, por eso quiero que se contemple en la tarifa D-1 Nayarit, de los seis meses que hablaba la compañera, que sean los dos meses.

Por eso la preocupación y que hemos hecho un proyecto que lo metimos a la Secretaría de Hacienda, no aquí pero lo estamos haciendo de la misma forma pidiéndoselo, con un proyecto bien especificado, porque tiene ocho zonas la Comisión, pero nos está matando lo que decía el compañero Virgen, donde producimos mucha energía eléctrica es en Nayarit y somos los más golpeados. Ojalá y nos contemplen también a la zona norte de Nayarit en ese punto de acuerdo que pusieron. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse... Sonido en la curul del diputado Víctor Sánchez...

El diputado Víctor Sánchez Trujillo(desde la curul): Con el ánimo solamente de puntualizar, señor Presidente. De la propuesta que hiciera nuestra compañera, en el promedio de los grados centígrados puntualiza que es en el mes de junio y evidentemente no todos los estados tienen esa puntual de temperatura de acuerdo a una época del año, sino en los meses del año. Sugiero solamente que sean los 30 grados en alguna época del año y no necesariamente tan sólo en junio.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: La propuesta es en la época de verano.

El diputado Víctor Sánchez Trujillo(desde la curul): A final de cuentas, verano contempla determinados meses del calendario y habemos estados donde esos excesos de temperatura no necesariamente lo tenemos en verano sino en primavera, señor Presidente. En alguna época del año en esa temperatura.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Sonido a la curul del diputado Mayans.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal(desde la curul): Señor Presidente, para que se incluya al estado de Tabasco en esto. Pero además, si el compañero Dehesa estaría de acuerdo que se pudiera contemplar el nivel de humedad en las tarifas de electricidad en todo el país. El factor humedad incrementa la temperatura hasta tres y cuatro grados. Entonces, el estado de Tabasco es un estado que verdaderamente es un infierno en épocas de mayo y todo lo que es el verano. Entonces, ésa sería mi participación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mayans. Sonido a la curul del diputado Enrique Cárdenas, del PAN, del PRI, perdón.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano(desde la curul): Nada más para corregir Presidente. Soy del PRI y a mucho orgullo. Sé que se va a casar y ahorita no piensa bien, pero soy del PRI. Quiero nada más pedir también y unir a Tamaulipas y sobre todo, en el distrito de Mante y Xicoténcatl. Ahí tenemos temperaturas de 50 grados y tenemos hasta la fecha tarifas de la B y estamos solicitando la D, y esto es para que se pueda unir a la propuesta que está ahí. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Jaime Cervantes, del PT.

El diputado Jaime Cervantes Rivera(desde la curul): Solamente para poner también de manifiesto que el grupo parlamentario del Partido del Trabajose suma al punto de acuerdo, con los agregados que han hecho algunos diputados de reconsiderar el tema de algunas regiones del país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Sonido a la curul del diputado Félix Holguín, del PAN.

El diputado Armando Jesús Félix Holguín(desde la curul): Presidente, únicamente para sumarnos a esta propuesta por parte del estado de Sonora donde hay un clima bastante, bastante alto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Holguín. Sonido a la curul del diputado Sergio Hernández.

El diputado Sergio Hernández Hernández(desde la curul): Solamente para enfatizar que si cada uno de los diputados pudiéramos hacer uso de la palabra, en este momento nos sumaríamos indudablemente a esta propuesta. Yo creo que es conveniente concluir este punto pero sí quisiera llamar la atención en algo.

Yo veo puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución, una y otra vez. Sería importante que realmente los puntos de acuerdo --con todo respeto-- no fueran llamados a misa nada más, sino que realmente la sociedad pueda ver resultados concretos del trabajo de los diputados. Hoy veo aquí a todas las fracciones parlamentarias sumados a este punto.

¿Quién puede estar en contra de que bajen las tarifas eléctricas en aquellos lugares que son terribles para poder vivir? Y yo les diría, la Huasteca hidalguense, ninguno de los que están aquí resistirían en verano estar en ese lugar. Pero así podríamos hablar de Matamoros y del norte de Sonora, de cada una de las regiones de nuestro país.

Yo creo que debemos de concluir este punto, pero que efectivamente, la comisión correspondiente vaya a fondo, que no quede en un documento que suscribamos los diputados, sino que haya seguimiento a esto porque realmente ya es mucho lo que se ha sacrificado a nuestro país con tantos incrementos y no es justo que los diputados quedemos callados, que solamente quedemos en la parte declarativa. Ojalá vayamos a fondo ya.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sergio Hernández. Yo quisiera decirles, porque hay todavía tres diputados más, a los que siguen. Vamos a --una vez que se aprobará este punto de acuerdo-- mandar la versión estenográfica a las autoridades correspondientes, de todos los comentarios de ustedes. Sonido a la curul del diputado Emilio Flores, del PAN.

El diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez(desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Pues igualmente para reiterar sumarnos a esta propuesta por parte de los diputados del estado de Chihuahua, porque si bien Chihuahua no tiene un clima húmedo, es un clima seco, pero tenemos temperaturas también arriba de los 40 grados varios meses del año y es imperante también que la tarifa nos sea benéfica al estado de Chihuahua. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Sonido a la curul del diputado Martín Ramos, del PRD.

El diputado Martín Ramos Castellanos(desde la curul): De igual manera, este asunto que tiene que ver con las tarifas eléctricas, yo creo que es un reclamo histórico que han hecho diferentes regiones y entre ellas como diputado federal del estado de Chiapas, también nosotros queremos que Chiapas sea beneficiado con esos acuerdos que logremos aquí en la Cámara de Diputados.

Pero sí, ciertamente enfatizamos, hace algún tiempo el diputado federal Moisés Dagdug de Tabasco, hizo un punto de acuerdo también, que aprobamos todos por unanimidad, que era en referencia a los trabajos, a los requerimientos de los estados en relación a las tarifas eléctricas y sí consideramos que hoy que hay unanimidad en este punto de acuerdo pudiéramos nosotros realmente hacer un trabajo que satisfaga esas necesidades y esas propuestas que estamos haciendo en los estados.

Porque por mucho esfuerzo que han hecho algunos gobiernos estatales no hemos logrado conciliar con Comisión Federal de Electricidad que tengamos una tarifa que la gente la vea como justa, ya que también ha sido causa de muchos conflictos sociales que todavía siguen algunos vigentes en diferentes regiones.

Ante ello sí exhortaría a todos los diputados federales a que pudiéramos hoy dedicarnos a ese trabajo y poder llegar a obtener una tarifa justa en diferentes condiciones de cada una de las regiones de los diferentes estados de la República. Yo consideraría que es algo que está esperando la ciudadanía y yo espero que esta LX Legislatura tiene capacidad para dar esa respuesta que está esperando nuestra gente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ramos. Sonido a la curul del diputado Diego Aguilar, del PRI.

El diputado Diego Aguilar(desde la curul): Señor Presidente, yo creo que todos hemos sido coincidentes y no puede centralizarse la cosa. Todos los estados tienen diferentes tarifas. Debe ser un acuerdo unánime de todas las fracciones. Sinaloa es uno de ellas también. No podemos dejar fuera a ningún estado.

Yo creo que todas las fracciones, que sea un acuerdo coincidente para que todas las tarifas que sean distintas tengan una mejoría. Ya la misma gente, las diferentes campañas son planteamientos que permanentemente hacen, lo que son las tarifas eléctricas.

Yo lo pongo a consideración. Todos pueden ser coincidentes. Que saque un punto de acuerdo usted, señor Presidente, donde todas las fracciones firmen ese documento y se haga la gestoría necesaria.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Aguilar.

Sonido a la curul de la diputada Sofía Castro.

La diputada María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero(desde la curul): Para incluir al estado de Yucatán en la propuesta, por favor. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Sonido a la curul del diputado César Duarte. Adelante, diputado Duarte.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez(desde la curul): Muchas gracias, señor Presidente: quise y solicité la venia de la dirección de esta Asamblea, porque me parece un tema fundamental y que no dudo que la iniciativa presentada por el compañero diputado tenga una razón original de sus representados, de sus regiones y que es un reclamo que vemos en el mosaico nacional, en que todos queremos que nuestros electores nos vean que también pedimos una buena tarifa para nuestros estados. Pero desgraciadamente este tipo de puntos de acuerdo pasan a ser sólo una buena intención; una buena opinión de los diputados que nos hacemos presentes solicitando para Sonora, para Chihuahua, para Sinaloa, para Baja California y todos coincidimos en una cosa, que hay un trato injusto --desgraciadamente-- respecto del ingreso de las familias, respecto de las actividades económicas al valor que hoy se nos entrega la energía.

Porqué no le entramos de lleno y de fondo al tema. ¿Por qué no atendemos el tema de las tarifas como un tema que tiene que ver con inducir verdaderamente el patrimonio de la nación que son los energéticos, para activar, por una parte, las cadenas productivas y aligerar el costo de la vida y el gasto que tienen las familias?

¿Por qué no reclamamos y presentamos una iniciativa unánime como hoy se pone en el tema de bajar en cada uno de los estados? ¿Por qué no nos planteamos a traer las facultades de las tarifas eléctricas y de los servicios que prestan las paraestatales, ya que esta Cámara destina en sus ingresos y en sus egresos los recursos para que estas instituciones funcionen?

¿Por qué dejamos sólo al Ejecutivo esa facultad exclusiva de atender las tarifas? Entiendo que tiene que ver con un paso más allá, pero no podemos permanecer al margen --como lo hemos hecho como Poder Legislativo-- en un tema tan sensible a la economía del país, al desarrollo del país, a seguir a un lado y solamente levantar la voz cuando hay un punto de acuerdo, cuando hay un reclamo o cuando hay una manifestación en nuestras regiones.

Es un tema que tenemos que ir porque le duele a la gente en este momento el incremento a las tarifas eléctricas, le duele a la gente el incremento a las gasolinas, al diesel y se convierte en un peso extraordinario para la inactividad económica.

¿Qué ha sucedido con el esquema --y vayamos al tema ideológico-- qué ha sucedido con el esquema en las tarifas de la energía para el campo? Muy sencillo. La Comisión Federal de Electricidad aspira a tener números negros, es cierto, pero a base de dejarle los números rojos a los productores del campo. El déficit y el mal servicio de esas instituciones se las han venido endosando a los productores que los tienen compitiendo, desgraciadamente...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Me permite, diputado César Duarte? ¿Con qué objeto, diputado Minjares?

El diputado José Manuel Minjares Jiménez (desde la curul): Nada más si le pudiese preguntar al orador si me permite una pregunta.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez : Con todo gusto, señor diputado.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado.

El diputado José Manuel Minjares Jiménez(desde la curul): Muchas gracias. Diputado Duarte, evidentemente en las plataformas de todos los partidos traíamos este tema, nada más sobre el particular me gustaría conocer si tiene usted más o menos idea, si en estos momentos tuviésemos esta facultad y esta posibilidad de disminuir las tarifas eléctricas, más o menos de cuántos miles de millones de pesos estaríamos hablando y de qué partida del Presupuesto tendríamos que quitar para poder completarlo.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez : Desgraciadamente en el tema económico siempre nos han llevado al terreno del costo y no efectivamente de una política de Estado que induzca al desarrollo. Hemos planteado una y mil veces aquí que los costos de la energía y sobre todo los gravámenes fiscales que se le dan a la energía son una losa que se le impone al productor antes de producir.

Estamos pagando impuestos antes de tener un rentabilidad y funciona exactamente al revés la economía y es lo que queremos hacer sentir a esa política neoliberal, que la política económica de nuestro país en el puntal que es la energía, tenemos que variar esa cadena e inducir la energía para detonar la economía y no que la energía sea el conducto único de la Secretaría de Hacienda para allegarse recursos fiscales.

Es muy cómodo cobrar impuestos en las gasolinerías; es muy cómodo cobrar impuestos naturalmente al comprar un energético, pero estamos gravando, estamos cargando y estamos sobre todo sacando de competencia con los altísimos costos que pudiéramos tener en una política energética de fondo.

Contestando a su pregunta, diputado. Lo que tenemos que hacer es variar la política económica y dejar de atender a la energía como un ingreso único de la Secretaría de Hacienda en recursos fiscales e inducirla como un detonante económico y el conducto que es la energía, el motor de arranque de las actividades económicas.

Eso es lo que tenemos que plantear de fondo si queremos realmente trascender en un momento en el que es difícil para los tecnócratas dejar de pensar en un mecanismo cómodo de ingreso de la Secretaría de Hacienda.

Pero es muy práctico a quien hoy batalla para pagar el recibo o limita su actividad o simple y sencillamente tiene que cerrar su negocio porque lo hace fuera de competencia, lo saca de competencia, lo sacan de competitividad los altísimos costos que hoy nos dan en energía.

México puede hacer una política energética de inducir su energía para detonar su economía y no al revés como hasta hoy se ha venido haciendo. Es por eso pues, que me solidarizo con este punto de acuerdo, pero no estoy de acuerdo que teniendo facultades absolutas en determinar un nuevo camino para la energía del país sigamos sólo con posicionamientos políticos que a veces nos regalan la foto o la nota en nuestras regiones, pero que no estamos resolviendo nada de fondo en cambiar la política económica respecto a los energéticos de nuestro país y que nos reclama a toda la sociedad en general. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Duarte. Sonido a la curul del diputado Juan Victoria.

El diputado Juan Victoria Alva(desde la curul): Diputado Duarte, con todo respeto, ¿cuál sería su propuesta...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame diputado.

¿Quiere hacer una pregunta?

El diputado Juan Victoria Alva (desde la curul): Sí, así es, al diputado Duarte.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta usted la pregunta?

El diputado Cesar Horacio Duarte Jáquez: Adelante, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Victoria.

El diputado Juan Victoria Alva(desde la curul): ¿Qué propone, diputado Duarte, con respecto a los trabajadores de la Comisión de Luz y Fuerza que no pagan su recibo de luz, por un lado, por el otro, con los que se cuelgan, los famosos diablitos? ¿Qué es lo que usted propone, diputado?

El diputado César Horacio Duarte Jáquez : En primer lugar el tema de los diablitos, hay quien no puede pagar la luz y se cuelga, y hay quien puede pagarla y también se cuelga. El asunto es que la autoridad ni hace valer la ley, porque por otra parte muchos no tienen manera de estar dentro de la ley y tener un servicio elemental para su familia.

Es por eso que tiene que ver con la injusticia de una política inadecuada que ha venido sacando y marginando a una gran cantidad de mexicanos en ese tema. Ojalá que este tema sirva de fondo; porque hablar de un beneficio de los trabajadores de la industria eléctrica que tienen el derecho --logrado con sus luchas de trabajo--, de no pagar un recibo no significa que si les cobran la electricidad se transforme la realidad económica de todo el país.

Sí, tiene que ver e impactará naturalmente de alguna forma, pero nunca tendrá que ver con las injustas tarifas que hoy se le cobran a los mexicanos en el tema eléctrico. Hay un gran movimiento nacional, lo conocimos en Sonora, lo conocemos como está hoy agudo en el estado de Veracruz; sabemos, en el estado de Tabasco, en qué conflicto social se ha convertido, y lo que no puede ser es que la insensibilidad del modelo económico siga excluyendo a una gran cantidad de mexicanos, cuando son instituciones que a toda prueba han demostrado con toda claridad ser eficientes, como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, y que nos sobra sin duda con ellas poner un nuevo modelo económico para arrancar nuestra economía desde el punto de vista exactamente al revés de cómo se han venido impulsando. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Duarte. Sonido a la curul del diputado Víctor Ortiz del Carpiodel PRD. ¿Va a subir a tribuna? El diputado Víctor Ortiz del Carpio, del PRD.

El diputado Víctor Ortiz del Carpio:Muchas gracias, señor Presidente. De igual manera, lo externado aquí por los compañeros diputados tanto de Chiapas y de otros estados, de Mexicali, qué bueno.

México es uno. El Congreso también es uno. Y lo que más nos duele es que nuestros pobres... digo pobres, porque los campesinos que... con el bajo precio del producto no se puede pagar el alto costo de la energía. Hace unos días, en el distrito que yo represento subimos a la capital del estado de Chiapas, conjuntamente con el gobierno del estado, para el reclamo de justicia de esa región.

Chiapas tiene cuatro presas hidroeléctricas. No podemos pensar que es el 100 por ciento de la producción de energía, pero un treinta y tantos por ciento le rinde a México; pero es injusto saber que Chiapas paga más caro la kilowattera de energía eléctrica.

Es por ello que los compañeros indígenas de Los Altos de Chiapas que desde el 94 se pusieron en rebeldía, que hasta hoy no pagan un peso, con justa razón. Hay indígenas reciben de cinco mil a siete mil pesos y que su producto no vale ni tres mil pesos tonelada.

Por ello me sumo al criterio de los demás y pido desde esta tribuna de la nación, que juntos, todas las fracciones de los partidos políticos aquí representados, llevemos una buena iniciativa para poner a México una tarifa que sea justa para los que menos tienen. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ortiz. Tiene la palabra el diputado Leopoldo Arreola, desde la curul. Sonido a la curul del diputado Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Gracias, señor Presidente: el asunto de las tarifas eléctricas no es un asunto menor. Ahí yo les pido por favor a los compañeros de Acción Nacional que han hecho algunos comentarios y algunos cuestionamientos a los compañeros que me han antecedido en la palabra, que lo hagamos con toda la responsabilidad que amerita este tema.

Si recuerdan, compañeras y compañeros diputados, estos puntos de acuerdo son permanentes, contínuos en nuestras sesiones y no nada más es privativo de esta legislatura. Ya van como cuatro legislaturas hacia acá que se ha dado esta situación de revisar las tarifas eléctricas en todo lo largo y ancho de nuestro país. Tomemos este asunto en serio.

La Comisión Federal de Electricidad --la empresa de todos los mexicanos-- es una de las empresas con mayor rentabilidad económica y social de nuestro país y de América Latina. Hay que tomar esto en cuenta, a pesar de la corrupción de las administraciones que han manejado esta empresa de los mexicanos. Ahora tenemos que revisar esta situación con mucho tino, con mucha responsabilidad.

Por eso yo creo, señor Presidente, que se tomara esto en cuenta para que la Comisión de Energía retomara ya todos los asuntos que van en torno a la cuestión de las tarifas eléctricas y que hicieran un planteamiento que permitiera que hubiera certeza jurídica, y que el Congreso, los diputados, pudieran tomar parte en las decisiones respecto a esas tarifas.

Si no lo hacemos así, vamos a mantener durante estos tres años estos puntos de acuerdo en cada sesión y en muchas ocasiones no tienen resultados hacia a quién hay que apoyar y ayudar. De ahí que se retome esto con mucha seriedad y que a la brevedad podamos tener las iniciativas correspondientes, para darle fortaleza al asunto de las tarifas eléctricas.

Por nuestra parte vamos a poner todo el empeño, todo el profesionalismo y toda la experiencia que se tiene respecto a este asunto. Pero que no quede otra vez nada más en el asunto de que fue el tema del día y que quede nada más para la anécdota. Creo que debe de tomarse muy en serio y que no nos pase como lo que va a plantear nuestro compañero Joaquín Vela, que ya tiene varias sesiones viendo el asunto de la Comisión Especial de Antimonopolios y ha quedado también en el aire. Esperemos que estos asuntos los tomemos con toda la seriedad que se requiere. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola.

Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats .

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Con su permiso, señor Presidente: bueno, he pedido la palabra para rectificar algunos hechos de las diversas intervenciones que aquí se han hecho.

En primer lugar, Chiapas produce el 50 por ciento de la hidroelectricidad, lo cual representa en el total un 12 o un 13 por ciento de toda la electricidad que se produce en el país. Recordemos que hay hidroelectricidad, termoeléctricas, nucleoeléctricas, energía del vapor en los que están los humeros y diversas plantas que tiene la Comisión Federal de Electricidad, carboeléctricas; por lo tanto, lo que significa, lo que produce Chiapas en el total de la electricidad, anda en el 12 o 13 por ciento, dependiendo de las lluvias y dependiendo de las aguas.

En segundo lugar, el watt vale lo mismo en todo el país, lo que se incrementa son los consumos, y por eso, por presiones que se vinieron dando en diversas partes del país se generaron de la tarifa A a la G, en lo que se refiere al consumo domiciliario y la tarifa 9 en materia agraria, que la consumen no los agricultores más pobres, sino los más competitivos, que es la agricultura de riego. Y ahí está el subsidio más alto que llega a varios miles de millones de pesos, que se otorga a través de la Comisión Federal de Electricidad.

En tercer lugar, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa acaba de instrumentar un programa de apoyo a donde está el 75 por ciento de los consumidores de electricidad, que consumen menos de 250 kilowatts al bimestre. Éste es un dato fundamental, porque cuando estamos hablando de la gente que tiene clima o de la gente que sufre el incremento del consumo en tiempos de verano, es la gente que tiene clima y, por tanto, están en el 25 por ciento de consumidores, o sea, de los niveles más altos en los deciles de ingreso económico.

El 75 por ciento ha sido apoyado ya por este gobierno mediante un programa, a través de Oportunidades y apoyos directo al subsidio y consumo, que son --repito-- donde está el grueso de los consumidores.

Por otra parte, recordemos los partidos que se han negado a hacer una reforma a fondo del sector eléctrico. Yo coincido en que el sector eléctrico requiere de una reforma en donde debemos incorporar muchísimas experiencias de muchos países. Si esa reforma se hubiera hecho hace seis años, ahorita se estuvieran manifestando disminución de tarifas en los consumidores en todos los niveles y en todo los rangos y ha habido oposición a revisar esa reforma, a ponerle fin a un sistema que está demostrado que no está operando eficientemente y que provoca muchas injusticias, en lo cual yo coincido.

Las tarifas se fijan de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que le corresponde a la Secretaría de Hacienda y es con base --no es a capricho--en los distintos rangos de temperaturas que fija la Comisión Nacional de Agua. No es que a capricho que podamos fijar ni que de este Congreso deban partir la fijación de tarifas con base a presiones.

Todos tenemos argumento: Tabasco porque es cálido, Chiapas porque produce hidroelectricidad, Veracruz porque produce y ahí está Laguna Verde; Sonora y Baja California, porque sin duda tienen las más altas temperaturas; todos tenemos argumentos. Veracruz ni se diga, todos tenemos argumentos, pero la Ley de Responsabilidad Hacendaria y en Materia Presupuestal nos obliga a que cualquier iniciativa se sustente en los costos.

Yo creo que lo debemos hacer en nuestros puntos de acuerdo es preguntarle al sector público, que haga una estimación del costo que saldría en ciertas disminuciones de tarifas o ciertos subsidios que tenga que otorgar el gobierno; de lo contrario, simplemente por eso, y es una queja justificada, son exhortos y son llamados a misa, pues desde luego no estamos diciendo en dónde va a repercutir ese costo, que será del orden de miles de millones de pesos.

Hubo una iniciativa que se presentó en la Cámara de Senadores, que llegaba a 14 mil millones de pesos. ¿Cuánto importa incorporar el factor humedad? Eso dispararía enormemente los costos y trastornaría todo el esquema en todo el país.

Yo creo que no es cuestión de política neoliberal ni de adoptar una política de Estado. Todas las políticas son de Estado. Yo no sé de dónde surgió ese tema de política de Estado. Todas las políticas derivan del Estado. Sin Estado no hay políticas públicas.

Entonces, adoptemos una política de Estado, desde luego que sí, pero precisemos, porque todos sufrimos en el pasado periodo de diciembre, cómo se estiraba la sábana del presupuesto y no alcanzaba para cubrir los requerimientos de política social y de política en materia de educación o en materia de comunicaciones o de construir infraestructura. Termino, Presidente.

Desde nuestro punto de vista y derivado del exhorto que se hizo al Partido Acción Nacional de actuar con responsabilidad y con seriedad, el Partido Acción Nacional asume ese compromiso. Primero, el Presidente ya instrumentó un apoyo a los consumidores más pobres y, segundo, vamos fijando cuál es el costo, hagamos esta pregunta antes de decir: disminuye tarifas o beneficia a cada entidad de la república. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco, de Convergencia.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Con su venia, señor Presidente. Me parece que es muy importante que se abra el debate en torno a las tarifas eléctricas y en torno al sector eléctrico, como también es importante que se abra el debate en torno a Pemexy a todo el sector energético nacional. Porque éste es un asunto muy importante para el país y la Cámara tiene que entrarle en serio y a fondo a discutir estos temas.

Evidentemente los puntos de acuerdo son significativos y son importantes, pero los puntos de acuerdo no son vinculantes. Los puntos de acuerdo no obligan, reflejan, obviamente, una preocupación que se da en muchos estados de la República Mexicana, en este caso, por las excesivas tarifas eléctricas que se aplican.

Pero también es importante que nosotros vayamos a la raíz de los problemas y veamos que, en el caso de las tarifas eléctricas hay una serie de factores que están condicionando y que están provocando que estas tarifas sean de ese nivel y no tengan un nivel menor.

Ya se mencionó aquí, por ejemplo, lo que tiene que ver con el robo de energía, que en la zona metropolitana es un robo exagerado por los múltiples diablitos que vemos en las calles. Pero no sólo eso. El problema más importante no está en los diablitos de las calles, sino en los diablitos de los transformadores por los arreglos que se hacen en Luz y Fuerza del Centro con empresas privadas o también en los diablitos que se colocan en muchas partes del país por arreglos entre Comisión Federal de Electricidad y consumidores importantes de energía eléctrica.

Yo quisiera decirles que casi no hay empresa significativa que no haga un manejo de esta naturaleza. Si uno le rasca, a la mejor se encontraría con que hasta hay medios de comunicación que tienen este tipo de arreglos, o grandes hoteles en zonas hoteleras donde se hacen este tipo de prácticas. Tenemos que ir al fondo del problema del robo de energía.

Pero también hay una serie de factores. El caso, por ejemplo, que tiene que ver con los Pidiregas, con los famosos proyectos de inversión financiada que, al momento de privilegiarse y de privilegiar a los productores externos de energía, se encarece el costo del financiamiento y se encarece el costo de las tarifas eléctricas sobre el costo de la energía que compra Comisión Federal de Electricidad, porque son contratos leoninos los que hace Comisión Federal de Electricidad con muchos productores externos de energía.

Ésta es una situación que incide obviamente de manera significativa en las tarifas eléctricas. Es necesario que los Pidiregas se replanteen; no es posible que en los últimos 10 años la obra directa de Comisión Federal haya crecido en siete por ciento en materia de generación de energía eléctrica y los productores externos, con el impacto que tienen tarifas eléctricas, en dos mil por ciento.

También hay una política absurda de utilización del gas de plantas de ciclo combinado que se han venido aprovechando precisamente en los momentos en que el precio del gas se disparó y que tiene, definitivamente, una repercusión muy significativa en el costo de las tarifas eléctricas.

También la política de no uso del combustóleo y la falta de cooperación y de coordinación que hay entre Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, lo que a final de cuentas genera también un problema serio.

No se ha aprovechado, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cogeneración, y ahora hay un proyecto en Tabasco que está planteando cogeneración, pero en favor de particulares y que, a final de cuentas, va a representar un costo mayor del costo que debería tener si se aplicaran las tarifas convencionales. Luego, también la utilización del despacho que muchas veces privilegia a las plantas que tienen un costo mayor.

La aplicación de la política impositiva para el caso de la Comisión Federal de Electricidad, lo que se conoce como el aprovechamiento. Los severos problemas de corrupción que se han vivido en la Comisión Federal de Electricidad y que se han agudizado con el manejo de los Pidiregas. El cierre de plantas para dar paso a los productores externos de energía, en fin.

Yo quisiera subrayar que hay una serie de problemas que tienen que ver con que estas tarifas tengan esos niveles y la Cámara de Diputados está obligada a meterse en serio a este debate y a hacer propuestas concretas para resolver de raíz y de fondo esta problemática y, por otro lado, considerar lo que tiene que ver con los subsidios.

Recordemos que la Cámara de Diputados tiene entre sus atribuciones fijar los subsidios y que debe hacerse una política integral, lo que tiene que ver con energía y lo que tiene que ver con subsidios para sectores específicos de la población.

Creo que es importante que le entremos y que no nos quedemos en la epidermis o con los planteamientos globales que se vienen haciendo, pensando que la reforma estructural es la panacea para resolver los problemas de este país.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cuauhtémoc Velasco.

Han participado 26 oradores y están inscritos 4. Después de los 4, consultaré a la Asamblea si está suficientemente discutido. Tiene la palabra el diputado Daniel Torres García , del grupo parlamentario del PRD, desde la curul. Sonido en su curul.

El diputado Daniel Torres García(desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Yo hablo por el estado de Guerrero, soy representante del distrito I y, efectivamente, una de las necesidades más sentidas es la tarifa de la energía eléctrica.

Yo me sumo con todo el interés y el deseo de que se considere al estado de Guerrero y sobre todo al distrito I, que es de la tierra caliente, donde la temperatura no baja de los 37 grados y pasa de los 40 grados. Ahí, como lo decía un compañero, no es que los que tengan clima es porque tengan dinero, pero llega el momento en que es insoportable y hay un descontrol también en las tarifas de muchos ciudadanos que no lo tienen pero que también los recibos les llegan a veces inalcanzables para pagar, por ello, nos sumamos a este punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Torres. Tiene la palabra el diputado César Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez:Muchas gracias, compañero Presidente. El tema siempre nos lleva exactamente al mismo escenario, al que le han venido construyendo a estas instituciones que afortunadamente la Constitución ha venido garantizando como las mejores instituciones para apuntalar el desarrollo nacional.

Quiero aquí recordar una expresión de un secretario de Hacienda que ha sido calificado como maestro de la nueva escuela neoliberal, a mi paisano don Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda durante dos sexenios, quien dijo que la más sabia decisión, en su momento del Presidente López Mateos, fue haber nacionalizado la industria eléctrica.

El tema es de fondo, no es un tema de que bájenle unos centavitos y que el presupuesto nacional tenga que ver cómo le bajan la tarifa al ciudadano, porque ahí vienen las elecciones. El tema es cómo nos sirven las instituciones del país para seguir impulsando el desarrollo, instituciones estratégicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Yo pregunto aquí si saben ustedes, y lo puedo demostrar, cuánto cuesta en su costo marginal la producción de un kilowatt en las hidroeléctricas de Chiapas, alrededor de ocho centavos, porque se llegan a facturar hasta en 80 y 90 centavos ese kilowatt...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Duarte. Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor Presidente, si por su conducto me permite una pregunta el señor diputado.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta una pregunta, diputado?

El diputado César Horacio Duarte Jáquez : A sus órdenes, diputado.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Señor diputado: ya que citó usted al licenciado Antonio Ortiz Mena, uno de los mexicanos más preclaros que yo le tengo gran admiración, si conoce usted su libro Desarrollo estabilizador, en donde relata cómo las plantas fueron compradas, después se modificó la Constitución.

Las plantas, e inclusive hubo denuncias de que se estaban comprando fierros viejos, allá en el mes de agosto, septiembre, y relata cómo las mismas empresas quisieron vender, porque no se les permitiría el incremento de tarifas. Si conoce usted este paisaje de su libro Desarrollo estabilizador, donde lo relata con toda claridad, igual vendría a refutar su afirmación de que fueron nacionalizadas.

El diputado Carlos Horacio Duarte Jáquez: Al contrario, porque es público ese acto del gobierno en que formalizó la nacionalización de la industria eléctrica, claro que la fueron adquiriendo y en un esquema por el que se refuta usted mismo, porque la conducción de la política precisamente de López Mateos fue replantear una industria eléctrica que viniera a apuntar el desarrollo de la nación como una industria estratégica, y aquí iba al tema exactamente cuando usted planteó la pregunta.

El tema es cómo a través del tiempo se ha venido tratando de satanizar a estas empresas como puntales del desarrollo nacional, cómo venirlas desprestigiando para deshacerse de ellas. Para deshacerse a raíz de una serie de intereses y planteamientos que no son decisiones que se han fraguado en México, que siempre han tendido a un esquema y a un patrón que va más allá, que fundamentalmente se han planteado en Washington.

Ese es el punto, que renunciemos a unas instituciones o a unas industrias estratégicas del país, que la Constitución ha consagrado para el desarrollo nacional, pero que insisten en llevarnos a la política de subsidios; insiste en llevarnos a la política de números y propuestas; insiste en llevarnos a un esquema en el que nada tienen que ver industrias que están consagradas para establecer el desarrollo nacional.

Insisto en el costo de producción de un kilowatt en Chiapas; insisto en que por qué se pretende descalificar a estas instituciones, que a todas luces han dado prueba de su calidad, y me refiero a la Comisión Federal de Electricidad, y que deben ser naturalmente puntales para el desarrollo. La propuesta del Presidente Calderón en campaña...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame tantito.

¿Con qué objeto, diputado Rodríguez Prats? Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): En el propósito de ir esclareciendo la discusión y en virtud de las afirmaciones que hace el señor diputado, si me permite una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Le acepta otra pregunta?

El diputado César Horacio Duarte Jáquez : Bueno, pues yo le invito a debatir, señor diputado...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No le acepta la pregunta. Adelante diputado.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez : A usted le permití que dijera sus ideas y por eso subí, porque interrumpir precisamente en el esquema de cuando nos plantean que hoy el Presidente de la República está regresándole 50 pesos a la gente para sus recibos, no estamos hablando de mendicidades, y si le molesta cuando hablo de una política de Estado, es porque nos involucremos los poderes en conjunto a determinar una estrategia nacional, que no sea unilateral del Ejecutivo, que no sea un planteamiento de una visión única de un modelo económico planteado desde el proyecto neoliberal y que viene a excluir precisamente estrategia de nación.

Cómo es posible, insisto en un ejemplo que citaba hace un momento, que los recursos establecidos para una institución como la Comisión Federal de Electricidad, que hoy nos presuman y que vayan avanzando en ceros, a números negros, perdón, venga ese déficit cargándose a los productores, venga ese déficit cargándoseles a los que hoy hacen un esfuerzo por producir...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Alfredo Ríos Camarena.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): Preguntar al señor diputado si me permite una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta usted una pregunta del diputado Ríos Camarena?

El diputado César Horacio Duarte Jáquez : Adelante.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Ríos Camarena.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena(desde la curul): El problema de la energía eléctrica conducida por el Estado está en la diferencia entre lo que es el servicio público y lo que es el lucro cuando se trata de empresas privadas.

Quisiera preguntarle, señor diputado, si conoce el fracaso que se dio en el estado de California, en Argentina, en Brasil, cuando manos lucrativas y traidoras a sus intereses nacionales privatizaron la energía eléctrica. Gracias.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez : Bueno, son efectivamente efectos como en República Dominicana, como en Brasil, como en Argentina, que es un ejemplo extraordinario en el que el fracaso de haber privatizado y dejar de ser rentables esas actividades para quienes las compraron, llevaron al desabasto y al caos en la cadena productiva de esos países.

Por eso insisto en que mantener la rectoría del Estado, en mantener como puntales empresas de la estrategia para el desarrollo nacional, no es un asunto de subsidio, es un asunto de estrategia, es un asunto de política de Estado, señor diputado, en la que debemos de privilegiar el tema de fondo, el cómo deben funcionar estas instituciones y no seguir descalificándolas, no seguir apostando a que sean inviables en sus costos y en la operatividad para que no dejen mañana de dar el servicio al pueblo de México y entonces se tenga la razón de como no las privatizamos, ya no sirven.

El asunto es al revés, cómo las planteamos, cómo las fortalecemos, cómo las usamos para que en lugar de que andemos mandándoles 50 pesos o andarles mandando una despensa a los mexicanos, les bajemos a la mitad las tarifas y les alcance su salario para pagar el recibo.

No es posible que en esta tribuna se plantee que quien tenga un ventilador no tiene derecho a tener una tarifa, que donde hace demasiado calor y puede el padre de familia comprar un ventilador para sus hijos, debe renunciar a ello sólo para que no le cobren a diez tantos más la luz. Eso es absolutamente retrógrado, un pensamiento de esa forma, cuando son instituciones, insisto, que son capaces de abastecer la demanda nacional.

Tenemos la capacidad instalada en Comisión Federal de Electricidad para un 30 o 40 por ciento más de demanda, cuando a nivel internacional sólo el 12 por ciento tienen reservas para la producción mayor a la demanda en su punto máximo.

Son instituciones que tienen mucho que dar, pero que son hoy rehenes de una política que pretende desprestigiarlas, desmantelarlas, deshacernos de ellas para atender un modelo dictado desde el extranjero, desgraciadamente.

Es por eso que esta soberanía debe llevar este tema de fondo a una discusión de presentar y darle al pueblo de México, a los productores del campo, a la industria, a los hoteles, tarifas eléctricas que les permitan competir con quienes hoy nos hemos asociado para competir y no pensar que al vendérsela a los grandes consorcios internacionales, ellos sí van a venir a generar más electricidad, más barata y hasta nos la pueden regalar. Es absolutamente falso.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Duarte. Sonido en la curul del diputado Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Si me permite hacerle una pregunta al compañero.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: diputado Duarte ¿acepta una pregunta del diputado Arreola?

El diputado César Horacio Duarte Jáquez : Sí, adelante.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Aprovecho también para dirigirla a los compañeros de Acción Nacional, en especial al compañero Rodríguez Prats.

Usted, compañero diputado, después de la participación de veintitantos compañeros, debe saber que este tema es estratégico para el desarrollo de nuestro país ¿habría la disposición de que de manera inmediata pudiéramos organizar el foro sobre el asunto de electricidad?

Podríamos dividirlo en varios temas, pero creo que ahorita lo fundamental estaría en la visión de Estado, que es el recurso energético de electricidad y sus implicaciones.

Yo estoy seguro de que el problema --así como lo dices-- es como lo plantea el compañero Rodríguez Prats, es una cuestión de costos, claro que sí, es de costos. Por eso tenemos que revisar con mucho detenimiento este asunto y saber, en la cuestión de costos, cómo está repercutiendo en la distribución y luego en el consumo.

Por eso hay que aplaudir y hay que apoyar a todos los compañeros trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y de las otras compañías. A quien no hay que aplaudir es a la administración y, cómo se están fugando muchos millones de pesos, en una mala administración que quedó de corregir Fox y que no lo hizo y que a la fecha no se ha hecho, en estos momentos. Por eso yo creo, que si ustedes ven importante que podamos desarrollar este foro a la brevedad.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez : Déjeme terminar, señor diputado. Déjeme terminar...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Duarte.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez : Aquí es diálogo de debate, de preguntas y de todo, porque el asunto es sacar el tema a un ladito, es hacer el tema a un ladito. Vamos a seguir pidiendo por ahí --me estaban haciendo una pregunta, hasta el tiempo me quieren contar-- aquí el asunto es cuál es el tema fundamental. Vayamos a la discusión, vayamos a los números, vayamos a que la industria eléctrica la conozcamos de sus tripas, de su infraestructura, de su funcionamiento, de su capacidad, de lo que tenemos como industria eléctrica nacional.

¿Saben por qué votó Felipe Calderón como diputado, la Ley de Energía para el Campo, que iba en contra de toda la posición de Acción Nacional? Porque no les quedaron argumentos de establecer una política de Estado --aunque se molesten--, una política de Estado para alentar la producción agropecuaria, que por cierto no han cumplido, pero la votaron. Fox tuvo que promulgarla y tuvo que ser una ley que no aplican, pero que ahí está y que, finalmente, ganamos un debate, ganamos votación por unanimidad en la Cámara y en el Senado, porque tuvimos los argumentos para demostrar que la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad de entregar a precio preferente electricidad a los productores del campo y porque demostramos que Pemex puede entregar diesel.

Creció un 70 por ciento, el primer año que se entregó diesel, el trabajo previo en las tierras de temporal en el país. ¿No es mejor entregar diesel barato y que haya producción y que la gente pague impuestos en llantas, en ropa, en alternativas cuando tenga un ingreso, o que se tengan que ir de jardineros al otro lado y ya vemos lo que nos pasó ahora, hasta con el maíz?

Por eso, hay que entrarle al tema, hay que atraerlo a la Cámara y yo respeto la posición de todos mis compañeros que piden la palabra para decir también que en cada estado nuestro bajen las tarifas. Pero vamos haciendo uso de nuestras facultades para que establezcamos una estrategia que, con el Ejecutivo, podamos finalmente poner un nuevo rumbo a la energía, un nuevo rumbo a las instituciones, un nuevo rumbo a esa riqueza que tenemos y que ya hasta nos anuncian ahora que se nos va a acabar muy pronto.

Hay que aprovecharla para echarla a andar, porque estoy seguro que, en un programa mínimo de tres años de inducción de energía para detonar la economía a precios preferentes, podemos activar y hacer rentables las actividades económicas del país y podamos cambiar el rumbo que requerimos para alentar el ingreso de las familias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Duarte. Para alusiones personales, tiene la palabra el diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Con su permiso, señor Presidente: desde luego, me parece que discutir este tema es de la mayor trascendencia, pero que lo discutamos con la mayor seriedad. Esta calificación que se hace de la política neoliberal, yo quiero señalarles que en 1992 se incorporaron formas de inversión privada de energía eléctrica en la Ley de Servicio Público. La propuso el Presidente Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional; por cierto, yo formaba parte de esa bancada y la apoyé, subí a la tribuna, inclusive para defender ese dictamen y me pareció una reforma adecuada.

Hoy, el 30, el 35 por ciento de la energía eléctrica se genera a través de productores independientes que surgieron de 1992. Ahí está esa crítica que hace a esa política neoliberal, repito, instrumentada por el presidente Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional, y de paso, yo no la calificaría de neoliberal, muy racional, muy correcta, que me parece que ha funcionado y ha abatido costos de la Comisión Federal de Electricidad.

Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro no operan con superávit. Tuve la fortuna de trabajar en la Comisión Federal de Electricidad y salen a mano, sin considerar el enorme déficit que tiene la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Quitemos ese mito de que son empresas que funcionan y que generan recursos. Por el contrario, la forma en que se ha hecho la inversión privada es vía Pidiregas, que tarde o temprano llegará a ser deuda para el sector público.

Esos 50 pesos que se dicen así, que es un apoyo menor, importan tres mil 500 millones de pesos. Entonces, señores diputados, veamos la magnitud del problema y lo que puede significar cualquier subsidio. Simplemente me referí al rango de los que consumen, el 75 por ciento está debajo de 200 kilowatts al bimestre. No es una cuestión personal que yo esté clasificando a los mexicanos; son los rangos que tiene la Comisión Federal de Electricidad.

Señor diputado, en Estados Unidos siempre ha sido privada la electricidad. ¿Quién ha dicho que se privatizó en Estados Unidos la electricidad? Edison no era ningún burócrata. En México la electrificación surgió de los particulares. Ahí está Necaxa todavía operando la electricidad.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado José Murat.

El diputado José Murat (desde la curul) Si le puede preguntar al diputado Rodríguez Prats, si le podría hacer una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta una pregunta del diputado Murat?

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con muchísimo gusto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Murat.

El diputado José Murat(desde la curul): No sé si conozca usted el caso de Enron, en California; el gran fraude que se dio precisamente cuando privatizó el sector eléctrico en el estado de California, Estados Unidos, y la corrupción que hay. Entonces, me parece fundamental que pongamos en la mesa este hecho. Está usted hablando de que todo está privatizado en Estados Unidos. Bueno, estamos hablando de un caso muy concreto y las repercusiones que tuvo en la política eléctrica, en materia eléctrica, en Estados Unidos.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Señor diputado, usted apoyó como gobernador el proyecto de La Ventosa, que es inversión privada. Yo le pido que sea congruente en primer lugar.

En segundo lugar, en Estados Unidos efectivamente hay participación del sector público en transmisión que es la etapa final. En California, el gran problema de California derivó en primer lugar de que se cayó la generación de la hidroelectricidad.

En segundo lugar las corrientes ecologistas que empezaron a fijar tarifas diferenciales y empezaron a frenar las viejas formas de generación de electricidad. Cuidado con romper ese equilibrio. Yo estoy totalmente de acuerdo en cuidar el medio ambiente, pero cuidado con detener el desarrollo de las naciones.

Aquí se habló de los fracasos de Brasil, de Chile, de España, que han hecho reformas energéticas. Yo les invito a que vean tarifas y van a ver cuales son más altas, si las mexicanas o las de ellos, que dicen ustedes que han fracasado.

El debate requiere la mayor seriedad, la mayor responsabilidad, no es encajonar, esto es privatizar. Ya México funcionó con sector público y sector privado. Del 37 al 60 funcionó sector público y sector privado. Las tarifas las controlaba el gobierno. Aquí funcionaron empresas canadienses, empresas belgas y no sucedió nada; el servicio se pudo otorgar.

Cuando Lázaro Cárdenas creó en el 37 la Comisión Federal de Electricidad fue precisamente porque veía que muchas empresas obviamente iban donde está la utilidad, alumbrado público, el alumbrado urbano, el servicio urbano. Entonces crea la Comisión Federal de Electricidad para complementar.

Y después, repito, Antonio Ortiz Mena relata cómo se compraron todas las empresas. Estamos ante esquemas en donde el Estado debe ser, en forma absoluta, el que otorgue el servicio público; que ahí yo les invitaría a que lean, y en la misma Constitución hay contradicción, cuando el 27 --la reforma de López Mateos-- dice: El servicio público es lo estratégico y, por tanto, lo exclusivo, desde la generación hasta el consumo.

Y el 25 y el 28, lamentable lo reforma Miguel de La Madrid y dice: Es la electricidad lo exclusivo. En la misma Constitución, con diferencia de un artículo, 27 o 28, yo pregunto, ¿qué es lo exclusivo?, ¿la electricidad? Es una aberración. ¿Qué es la electricidad ---ni siquiera es un concepto jurídico--- o el servicio público? Hasta en eso tenemos confusión dentro de la misma Constitución, por eso...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputado Rodríguez Prats, permítame tantito. Sonido a la curul del diputado Esteva.

El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): Muchas gracias, ciudadano Presidente. Para pedirle sea el conducto de preguntar al orador si acepta una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta la pregunta?

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con muchísimo gusto, señor diputado.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Acepta la pregunta. Adelante, diputado Esteva.

El diputado Alberto Esteva Salinas(desde la curul): Muchas gracias, ciudadano diputado Rodríguez Prats. Para nadie es un secreto que usted es un gran tribuno, ya que varias veces ha sido diputado.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Hasta que coincidimos en algo, diputado.

El diputado Alberto Esteva Salinas(desde la curul): Lo que no nos explicamos es cómo teniendo esa capacidad y esa habilidad y conocimiento, no asistió usted ni ningún integrante del Partido Acción Nacionalal foro que se desarrolló aquí en esta Cámara de Diputados durante tres semanas y en donde por cierto participó gente de otras expresiones políticas.

Si tan convencido está de entrarle al fondo del debate del tema energético, por qué entonces no participa aportando sus conocimientos a quienes tienen interés de conocer las expresiones y las visiones del Partido Acción Nacional que hoy usted representa en esta fracción parlamentaria de su partido en la LX Legislatura.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Mire, diputado, le agradezco mucho su pregunta y discúlpeme que me refiera a mi persona o hable en primera persona, pero usted me está haciendo la pregunta en forma directa, por qué no asistí a ese seminario.

Yo quiero decirle que presidí la Comisión de Energía en el Senado durante tres años, renuncié porque llegó un momento en que sentía que mi presencia o mis intervenciones no propiciaban el acuerdo, sino que generaban mayor inconformidad y mayor confrontación. Por eso, después de estudiar el tema desde la Constitución del 56 --porque ahí está la primera referencia de la prohibición de monopolios en el artículo 28 constitucional, que después degenera-- no se modifica en el 17.

En el 17, Francisco J. Mújica, uno de los grandes mexicanos --tal vez el mejor parlamentario-- decía: en esta materia nos deben orientar dos ideas --ojalá hoy las podamos asumir-- concurrencia y competencia. Y lo decía Francisco J. Mújica.

Entonces, tratando de ser muy concreto y respondiéndole, es un tema en el que ahora decidí intervenir, porque vi que se hicieron muchísimas afirmaciones que no corresponden a la realidad, pero le puedo confesar que creo que lo conozco, que me he decidido retirar. Estoy simplemente en la Comisión de Energía porque mi presencia, mis intervenciones llegó un momento en que en lugar de propiciar acuerdos generaban mayor confrontación. Yo mismo, por conciencia, asumí ese deber y esa responsabilidad. He concluido, señor Presidente.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Continúe el reloj. Permítame. Ahorita lo anotamos.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : En síntesis. Vicente Fox no pretendió privatizar la energía eléctrica; la iniciativa de Ernesto Zedillo es la que sí contemplaba la venta de las termoeléctricas, firmada por el PRI, Dulce María Sauri firma en apoyo y convoca a que esa reforma se apruebe en beneficio de México. Ahí está el testimonio --si no mal recuerdo--; es un documento que se publicó allá por el 30 de agosto de 1998, si la memoria no me falla.

El Presidente Fox, efectivamente, planteó una reforma donde se buscaba la concurrencia y de hecho se legitimaba la reforma que se hizo desde 1992 por el Presidente Carlos Salinas, que por cierto, con una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la controversia interpuesta por el Ejecutivo, definitivamente ya están convalidadas, porque se le dijo a la Comisión Reguladora de Energía que podía seguir otorgando permisos. O sea, de hecho sí hubo una reforma en el sexenio pasado en materia energética.

El tema, podemos decir que da para mucho; tiene ingredientes ideológicos, históricos, emocionales, financieros, técnicos...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Almazán.

El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): Diputado Rodríguez Prats, usted ha dicho...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame ¿con qué objeto diputado?

El diputado José Antonio Almazán González (desde la curul): Es una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta usted la pregunta, diputado Rodríguez Prats?

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con muchísimo gusto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Almazán.

El diputado José Antonio Almazán González(desde la curul): Usted ha dicho, y ha dicho bien, que se dicen muchas cosas sin mayor sustento, entre las que se encuentran algunas afirmaciones que usted está señalando, que no las tienen.

Le pregunto, usted, por parte del Partido Acción Nacional, ¿acepta debatir de manera pausada, ordenada, con juicio, razón y no mediante exabruptos? ¿Está de acuerdo el Partido Acción Nacional en convocar a un foro, como Cámara de Diputados, para que con la participación de expertos, investigadores, los sujetos involucrados y, por supuesto, esta Cámara de Diputados, analicemos, mediante ese foro, cuál es la problemática real del sector eléctrico y, de esa manera, nos evitemos aquí la molestia de estar escuchando verdades a medias, por no decir mentiras? ¿Acepta usted esto, pregunto, en nombre del Partido Acción Nacional? Por supuesto el PRD esta dispuesto a debatir de manera seria y documentada.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Mire, me parece que son dos preguntas las que usted formula. Una en lo personal, de que si puedo discutir en forma seria, responsable, mesurada, sería muy vanidoso de mi parte decirle que sí, lo procuraré. No le pida tanto a un tabasqueño.

Ahora, yo acepto en nombre del PAN ese debate, pero con una condición, que el PRD acepte que puede estar equivocado, porque ustedes ya tienen un plan en reforma energética que dicen: no a ninguna reforma. Qué caso tiene discutir, señor diputado.

Si usted se abre y si usted acepta la posibilidad de que el PRD pueda corregir vamos a ese debate; de lo contrario, no tiene caso. Ustedes ya presentaron, inclusive, quieren quitar al productor independiente; ¿sabe usted cuánto cuesta eso, señor diputado? Cerca de 50 mil millones de dólares, porque le darían al productor independiente, o sea, a Unión Fenosa, Iberdrola, Electricité de France, a Trans Alta, la posibilidad de que la Comisión les tenga que comprar sus plantas. ¿De dónde van a sacar 50 mil millones de dólares?, ¿eso ya ustedes lo propusieron?

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, permítame.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Un debate tiene que partir de que los dos podemos estar equivocados, yo no estoy casado con la verdad, los dos podemos estar equivocados, pero acepte que está equivocado. Yo acepto participar, voy, con respeto. He ido y he ido a su misma organización y no me fue muy bien en cuanto a respeto en el SME.

Señor Presidente: me parece que ya no hay mayor interpelación. Yo ya no tengo nada que agregar, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats.

A ver, permítanme. Para alusiones personales están anotados el diputado César Duarte y el diputado José Antonio Almazán. Y comunico a ustedes que también están anotados el diputado Moisés Dagdug, el diputado David Figueroa, el diputado Faustino Javier Estrada, el diputado Javier Pedro Montalvo, el diputado José Murat --no sé si ya lo mencioné--, el diputado Fernel Gálvez y el diputado Lizaola. Si les parece bien después de agotada esta lista.

El diputado Daniel Dehesa Mora(desde la curul): Presidente, para alusiones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: También está usted para alusiones. Permítame, hay dos antes que usted. Adelante diputado Duarte.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez:Muchas gracias, señor Presidente. A confesión de parte, relevo de cualquier prueba.

Qué bueno que la lucidez en el momento en que en el diputado Rodríguez Prats renunció a la Comisión de Energía en el Senado era porque se dio cuenta que dividía y no permitía acuerdo. Yo lo invito a que se retire del tema para ver si nosotros sí llegamos a un acuerdo, señor diputado.

El tema fundamental es que no se van a la esencia del asunto, es que queremos seguir viendo más dos pesos o más cinco pesos y no una estrategia de empresas que están vinculadas directamente al desarrollo nacional y que el Estado mexicano debe preservarlas para ello; pero se les mantiene en ese marco muy remendado por todas partes, porque todos esos acuerdos que planteaba el diputado Rodríguez Prats tienen que ver con la violación a la esencia de la Constitución de preservar los energéticos en manos del Estado mexicano; y todos esos acuerdos --en los gobiernos que él habla-- naturalmente fueron atendiendo un proyecto neoliberal.

Yo no hablé de partidos, pero sí hablo de reorientar, porque a todas luces, como las han llevado, tienen quebrado al pueblo de México; tienen quebrados a los productores y han sido incapaces de permitir a los mexicanos acceso a un servicio elemental a un costo digno o a un costo viable a raíz de su ingreso. Ese es el asunto.

El asunto es cómo debe el Estado mexicano prestar un servicio a la población para su desarrollo y que sea a base de una estrategia. Todos esos países de los que nos hablan, en los que han estado involucrados naturalmente los quebrantos de las empresas privadas, tienen una enorme diferencia con México: que México sí tiene hidrocarburos, que México sí tiene petróleo y lo que nosotros planteamos es que pongamos verdaderamente los hidrocarburos y esa política a beneficio de la sociedad.

No hablo de que la regalemos ni hablo de las posiciones de campaña en que el señor Calderón ofreció el 50 por ciento del valor de los recibos, no 50 pesos; y digamos que no lo cumpla, pero sí queremos ver la voluntad, al menos, de revisar en un foro, como aquí se ha dicho, la viabilidad de estas empresas para prestar un mejor servicio a un mejor precio al pueblo de México; pero, sobre todo, para garantizar que el abasto de electricidad, el abasto de energía es la demanda que requiere el país para su desarrollo, la tenemos ya invertida.

¿Cuántos mexicanos que han hecho un fraccionamiento han pagado las infraestructuras e instalaciones para el suministro eléctrico y pasan a ser parte de los activos de Comisión Federal de Electricidad? Cada quien que busca el servicio paga por él y es un activo que hoy tiene la Comisión Federal de Electricidad, y que finalmente es una empresa de todos. Vamos al fondo de la discusión. El esquema es: si tenemos un bien de la nación, ponerlo al servicio de la nación y no en una posición que sea populista. Es responsable y seria. Por eso insisto: el ejemplo de que aquí mismo Felipe Calderón votó la Ley de Energía para el Campo es el mismo espíritu, es la misma esencia. Es establecer una política estratégica de precios de estímulo de nuestros energéticos para poder hacer rentables las actividades económicas en sus cadenas.

¿Cómo va a ser igual que le mandemos un tanque de gas hoy a una familia en 500 pesos y por otra parte, una despensa que cuesta 70 pesos y con la carga burocrática cuesta 300? ¿Cómo va a ser igual que le entregáramos a esa misma familia un tanque de gas a 250 pesos?

Quitemos, quitemos esa política de mejorales, de mandar únicamente, con el manipuleo electoral, las despensas o la atención a tener controlados desde los partidos en los estados, por medio de los apoyos de Sedesol, al voto en cada elección.

Hagamos de fondo una política que verdaderamente sirva al país y que le demos respuesta a esa demanda que ha traído hoy este punto de acuerdo, que es la baja en los costos de las tarifas eléctricas. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Duarte. Sonido a la curul del diputado Daniel Dehesa Mora, proponente original de este punto de acuerdo. Permítame, diputado. Iba usted a hacer algún comentario, pero estaban anotados antes otros. Desde su curul. Sonido a su curul.

El diputado Daniel Dehesa Mora(desde la curul): Señor Presidente, este tema de la electricidad es un tema realmente de debate que ya se inició; fue un debate rico, provechoso, pero yo quisiera que no se desvíe la situación y que, de una vez, si usted lo considera o si se considera que está suficientemente ya aprobado, que se vote para que definitivamente salgamos de esta situación.

Felicito a todos aquellos compañeros diputados en el apoyo, que creo que es general el apoyo en este punto de acuerdo. Y, obviamente, que tenía que suscitarse este tipo de debate que realmente --reitero-- fue rico y provechoso. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Si me permite dar la palabra a tres diputados más y consultaré a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

Tiene la palabra desde la curul el diputado Moisés Dagdug; después el diputado David Figueroa, del PAN, y después el diputado José Murat.

El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow(desde la curul): Con todo respeto, señor Presidente. El punto de acuerdo presentado por el diputado Dehesa, del PRD, fue muy concreto y fueron debidamente aprobadas también algunas adhesiones. Todos estamos conscientes que el tema eléctrico, por supuesto, que reviste fundamental importancia y vale la pena seguir debatiendo más adelante esto, pero lo que estamos en este momento discutiendo es un punto de acuerdo muy concreto y yo le pido que someta a votación este punto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Déjenme desahogar dos alusiones personales. Diputado José Antonio Almazán.

El diputado José Antonio Almazán González:El asunto original es un punto de acuerdo que tiene que ver con adecuar o ajustar tarifas eléctricas en consumo doméstico; y, por supuesto, que ambas empresas, ambos organismos descentralizados están en capacidad de hacerlo, pero hay un problema de fondo y, por alusión personal, establezco la siguiente posición.

Se requiere un debate sereno, fundado con argumentos, con cifras, para abordar esta temática, porque el grupo parlamentario del PRD no está en contra de una reforma al sector eléctrico, diputado Rodríguez Prats; estamos en contra de la privatización del sector eléctrico y aunque usted con su dedo lo niegue, los hechos así lo demuestran cuando abren, cuando plantean la apertura a la inversión del capital privado en materia energética.

Y eso, por más disfraz que le den, se enfrenta a la contundencia de lo que establece el párrafo sexto, artículo 27 de la Constitución, que marca la exclusividad nacional y peca usted de ignorancia cuando confunde rectoría, que está regulado por otro artículo en la Constitución, el 25, cuando el 27 marca claramente la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Y por supuesto que sostenemos la propuesta de este foro, que analice la problemática del sector eléctrico, porque aquí no se trata de lo que usted, su partido, nosotros digamos, sino el sustento en cifras, en historia y en argumentos que tengan sustento en la verdad y no en la demagogia que acostumbran los vendepatrias, como usted.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado José Murat.

El diputado José Murat:Gracias, Presidente; compañeras y compañeros diputados: el tema de las tarifas es tan de fondo que nos llevó a este debate en donde apareció el asunto de los consensos de Washington de los años 90, y coincido con el diputado Rodríguez Prats; los últimos 22, 23 años de los distintos gobiernos que ha habido en México han estado en esa dirección trabajando. No es privativo de los dos meses y días que lleva el actual gobierno ni de la pasada administración, es cierto; pero apareció el asunto. Lo que vengo a decir son tres cosas:

Uno, Juan José, los gobiernos estatales no autorizan ese tipo de definiciones; es capacidad y definición del gobierno federal. Los vientos en el istmo hicieron que la fuerza eólica se presentara y nosotros observamos todos esos trabajos pensando que, si se lograba esa energía, se le diera gratis a los municipios del istmo y a otros, siempre pensando en las comunidades y en los consensos con los hombres y las mujeres de esa región y del estado de Oaxaca. Pero nosotros no las autorizamos. Me pareció interesante porque tiene que ver con una definición ecológica, primero.

Segundo. El tema es tan de fondo en el asunto de las tarifas que toca el fondo de la realidad. La Comisión Federal, el sector eléctrico, Petróleos Mexicanos, el gas tienen que ver con una definición de las políticas que se han venido planteando en los últimos 22 años: las privatizaciones.

Entonces, hay una propuesta --lo digo en el mejor de los términos--, vale la pena debatirlo, vale la pena analizarlo. Uno, que comparezca la secretaria de Energía, en su caso, aquí en el Pleno o en comisiones, para conocer las políticas de la actual administración en la materia y poder orientar un poco todas estas definiciones. Me parece importante y podríamos entonces entrar al debate en lo otro que se está planteando.

Finalmente, otra propuesta en los mejores de los términos, pensando en México, pensando hasta dónde podemos llegar, siempre en el marco de la Constitución, porque por lo que leo son dos Méxicos: uno es el que dice la Constitución y las leyes de la materia y el otro, el que se quiere plantear.

Vale la pena entonces, la presencia de la secretaria de Energía para hacer un planteamiento general, global de las políticas que se van a poner en práctica por parte del Ejecutivo y, luego, una política de definición de Estado, en donde participe el otro Poder, el Poder Legislativo, que nos permita entrar a un debate pensando en México.

Es cuanto tendría que decir, señor Presidente. Les agradezco, señoras diputadas, señores diputados, haberme escuchado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Murat. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

Permítame, Secretario. Todavía están anotados cinco diputados más. Desde hace rato habíamos pedido hacer esta consulta. Me da pena con los que están todavía anotados. ¿Quiere desde la curul? Han pedido diputados de su partido que se haga la consulta, diputado Fernel. Si la Asamblea lo autoriza, le doy la palabra.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, no hay mayoría. Está suficientemente discutida la proposición.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, con las adiciones propuestas por la diputada Manuell y por el diputado Samuel Aguilar, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el diputado Daniel Dehesa Mora.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobado. Comuníquese el punto de acuerdo.Insértese en el punto de acuerdo todo el debate y será publicado en el Diario de los Debates y envíese a las autoridades correspondientes.

En la sesión del día primero de febrero de la Cámara de Senadores se aprobó acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se ratifica la realización del V Parlamento de las Niñas y los Niños de México en el año 2007. En consecuencia se pide a la Secretaría dar lectura a los cuatro puntos resolutivos.

CAMARA DE SENADORES

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Hago de su conocimiento que en sesión celebrada el 1o. de febrero de 2007, se aprobó el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política:

``Primero.- Se ratifica el Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la república, aprobado por el Pleno el día 30 de abril de 2002, por el que se aprueba la realización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, en coordinación con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral y demás instituciones participantes.

Segundo.- Se instruye a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para que en coordinación con las Comisiones respectivas de la Cámara de Diputados, coadyuve en la organización del 5° Parlamento de las Niñas y los Niños de México, 2007, que en esta ocasión corresponde realizarlo a la H. Cámara de Diputados.

Tercero.- Se autoriza a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República para organizar, en el año 2008, el 6° Parlamento de las Niñas y los Niños de México, y se instruya a la misma para establecer la coordinación interinstitucional con la Secretaría de Educación, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la UNICEF-México y demás instituciones participantes.

Cuarto.- La Junta de Coordinación Política del Senado de la República acuerda se asigne la suficiencia presupuestal necesaria para la realización del 6° Parlamento de las Niñas y los Niños de México, en el año 2008''.

Atentamente

México, DF, a 6 de febrero de 2007.--- Sen. Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, por la que se ratifica la realización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México

Secretarios de la Mesa Directiva del Senado de la República.

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 82, apartado 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

Que, con fecha 30 de abril de 2002, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la propuesta de la Junta de Coordinación Política para la realización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, en coordinación con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Federal Electoral.

Que, en dicho acuerdo se determinó que el Parlamento de las Niñas y los Niños de México se realizará con una periodicidad anual, teniendo como sede alternada cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Que, con fecha 5 de diciembre de 2006, el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó la ratificación del punto de acuerdo que establece la anualidad y alternancia para la realización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, aprobado el 30 de abril del 2002, cuya sede para 2007 corresponde a la Cámara de Diputados.

Por todo lo anterior, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se ratifica el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, aprobado por el Pleno el 30 de abril de 2002, por el que se aprueba la realización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, en coordinación con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral y demás instituciones participantes.

Segundo. Se instruye a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para que, en coordinación con las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados, coadyuve en la organización del quinto Parlamento de las Niñas y los Niños de México, 2007, que en esta ocasión corresponde realizarlo a la honorable Cámara de Diputados.

Tercero. Se autoriza a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República para organizar, en 2008, el sexto Parlamento de las Niñas y los Niños de México, y se instruye a la misma para establecer la coordinación interinstitucional con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el UNICEF-México y demás instituciones participantes.

Cuarto. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República acuerda que se asigne la suficiencia presupuestal necesaria para la realización del sexto Parlamento de las Niñas y los Niños de México, en 2008.

Comuníquese este acuerdo a la honorable Cámara de Diputados.

México, DF, a 31 de enero de 2007.--- Junta de Coordinación Política: Senador Santiago Creel Miranda (rúbrica), Presidente; Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Senador Carlos Navarrete Ruiz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Senador Francisco Agundis Arias (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Senador Dante Alfonso Delgado Rannauro (rúbrica) Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Senador Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Senador Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Senador Felipe González González (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Senador Melquíades Morales Flores, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Y la Cámara de Diputados elaborará la convocatoria respectiva. Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera y se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 8 de febrero de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Solicitudes de particular

De los ciudadanos Zenón Joel Cortés Villegas y Marcos Erac Sierra Ramírez, por los que solicitan el permiso constitucional necesario, para que puedan prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alberto Ruiz Gamiño, pueda prestar servicios en la Embajada de Belice en México. (Turno a Comisión)

Cuatro, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 15:34 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 8 de febrero a las 11:00 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	INASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25 Caballero Chávez Claudia Gabriela	INASISTENCIA
26 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
27 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
28 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
29 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
31 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
32Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
33 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
34Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
35 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
36 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
37 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
38 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
39 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
40 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
41 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
42 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
43 Dávila García Francisco	INASISTENCIA
44 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
45 Degante Romero Silvia Emilia	INASISTENCIA
46Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
47 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
48 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	CÉDULA
49 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
50 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
51 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
52 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
53 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
54 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
55 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
56 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
57 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
58 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
60 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
61 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
62 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
63 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
64 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
65 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
66 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
67 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
68 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
69 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
70 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
71 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
72 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
75 García Reyes Beatriz Eugenia	INASISTENCIA
76 García Vivián Raúl	INASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
78 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
79 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
81 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
84González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
85Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
86Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
87 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
88 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
89 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
90 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
91 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
92Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	INASISTENCIA
93 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
94 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
95 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
96 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
97 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
98 Lara Compeán David	ASISTENCIA
99 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
100 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
101 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
102 Leura González Agustín	ASISTENCIA
103 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
104 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
105 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
106 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
107 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
108 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
109 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
110 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
111 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
112 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
113 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
114Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
115 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
116 Maldonado González David	ASISTENCIA
117Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
118Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
119 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
120 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
121 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Delber	INASISTENCIA
123 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
124 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
125 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
126 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
127 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
128 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
129 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
130 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
131 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
132Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
133 Morales Ramos José Nicolás	INASISTENCIA
134 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
135 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
136 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
137 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
138 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
139 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
140 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
141Noriega Blanco Vigil María	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
144Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
145Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
148 Palafox Núñez José Inés	INASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
151 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz	INASISTENCIA
153 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	INASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
168 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
169 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
170 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
171 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
172 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
173 Romo Jiménez Martha Angélica	INASISTENCIA
174 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
175 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
176 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
177 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
178 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
179 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
180 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
181 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
183 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
184 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
185Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
186 Serrato Castell Luis Gerardo	INASISTENCIA
187Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	INASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	INASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 188
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 16
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	PERMISO MESA DIRECTIVA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	INASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	INASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	INASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	INASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	INASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	CÉDULA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	CÉDULA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100Ruíz Sánchez Salvador	PERMISO MESA DIRECTIVA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	PERMISO MESA DIRECTIVA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	PERMISO MESA DIRECTIVA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	INASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	CÉDULA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	INASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	INASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	PERMISO MESA DIRECTIVA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	CÉDULA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 108
Asistencias por cédula: 4
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 7
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 8
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	INASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
29 Díaz Solorzano Elmar Darinel	PERMISO MESA DIRECTIVA
30 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
31 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
32 Escajeda Jiménez José Rubén	PERMISO MESA DIRECTIVA
33 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
34 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
35 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
36 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
37 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
38 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
39 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
40 Gloria Requena Tomás	PERMISO MESA DIRECTIVA
41 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
42 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
43 González García Sergio	ASISTENCIA
44 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
45 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
46 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
47 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
48 Herrera Ale Juana Leticia	INASISTENCIA
49 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
50 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
51 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
52 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
53Madrid Tovilla Arely	INASISTENCIA
54 Martínez Rocha Arturo	INASISTENCIA
55 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
56Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
57 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
58 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
59 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
60 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
61Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
62 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
63 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
64 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
65 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
66 Murat José	ASISTENCIA
67 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
68 Ojeda Camacho Gilberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
69 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
70 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
71 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
72 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
73 Orihuela Trejo José Amado	INASISTENCIA
74Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
75 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
76 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
77 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
78 Palma César Víctor Samuel	PERMISO MESA DIRECTIVA
79 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
80 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
81 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
82 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
83 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
84 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
85 Ramírez Martínez José Edmundo	INASISTENCIA
86 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
87 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
88 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
89 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
90 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
91 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
92 Salas López Ramón	ASISTENCIA
93 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
94 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
95 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
96 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
97 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
98Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
99 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
100Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
101 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
102 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
103 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
104 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 93
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 5
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 6
Total diputados: 104

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	INASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	INASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	PERMISO MESA DIRECTIVA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Martínez Jorge Emilio	INASISTENCIA
9 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
10 Larregui Nagel Erika	PERMISO MESA DIRECTIVA
11 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
12 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
13 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
14 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
15 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
16 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 12
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	INASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	INASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	INASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 9
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	INASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Alcaraz Hernández Alma Edwviges
2 Caballero Chávez Claudia Gabriela
3 Dávila García Francisco
4 Degante Romero Silvia Emilia
5 García Reyes Beatriz Eugenia
6 García Vivián Raúl
7 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles
8 Medina Rodríguez Delber
9 Morales Ramos José Nicolás
10 Palafox Núñez José Inés
11 Pérez Cuéllar Cruz
12 Ramírez Villarreal Gustavo
13 Romo Jiménez Martha Angélica
14 Serrato Castell Luis Gerardo
15 Valenzuela García María Gloria Guadalupe
16 Verástegui Ostos César Augusto
Faltas por grupo: 16

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Condado Escamilla Cuitlahuac
2 Contreras Julián Maricela
3 Franco Melgarejo Rafael
4 Jacques y Medina José
5 Mendoza Flores Roberto
6 Soriano Sánchez Rosa Elva
7 Torres Baltazar María Elena
8 Vallejo Estevez Mario
Faltas por grupo: 8

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Caballero Camargo Gustavo Fernando
2 Herrera Ale Juana Leticia
3 Madrid Tovilla Arely
4 Martínez Rocha Arturo
5 Orihuela Trejo José Amado
6 Ramírez Martínez José Edmundo
Faltas por grupo: 6

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Arévalo González José Antonio
2 Castellanos Cortés Sara Isabel
3 González Martínez Jorge Emilio
Faltas por grupo: 3

CONVERGENCIA
Diputado
1 Aguilera Rico José Luis
Faltas por grupo: 1

PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Aguilar Jiménez Rubén
2 Solís Parga Rodolfo
Faltas por grupo: 2

NUEVA ALIANZA
Diputado
1 Arriola G. Mónica T.
Faltas por grupo: 1