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Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 259 diputados. Por tanto, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 11:21 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 8 de febrero de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la diputada Ana María Ramírez Cerda .

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

De la Junta de Coordinación Política.

Protesta de ciudadano diputado.

Solicitudes de particulares

De los ciudadanos Zenón Joel Cortés Villegas y Marcos Erac Sierra Ramírez, respecto al permiso constitucional necesario para que puedan prestar servicios en la embajada de la República de Angola en México. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alberto Ruiz Gamiño pueda prestar servicios en la embajada de Belice en México. (Turno a Comisión)

Tres, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en el primer receso del primer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Cinco, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Iniciativas de diputados

Que reforma el artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Que expide la Ley del Sistema Federal de Ejecución de Sentencias; reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales; y abroga la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Concepción Ojeda Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Érika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Federal de Radio y Televisión; y General de Educación, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados César Horacio Duarte Jáquez y Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 5 y 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 366 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 254 y 258 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de la fracción VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y en conmemoración del 90 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, imprima por única vez durante el ciclo escolar 2006-2007 ejemplares de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, edición revisada para las niñas y los niños de México.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Semarnat incorporen obligatoriamente en los programas de enseñanza pública y privada la materia de educación ambiental regional, en la que se establezcan las particularidades y la diversidad de cada una de las regiones y de los contextos naturales del país.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y al titular de la SEP hacer públicas las medidas tomadas respecto a la implementación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que exhorta a las universidades públicas incrementen la transparencia en torno a sus actividades administrativas, financieras, educativas y de investigación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Educación Pública garantice la gratuidad de la educación básica en el país y detenga el cobro de cuotas obligatorias en las primarias y secundarias públicas que tengan como condicionante la prestación del servicio.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que solicita a la SEP y a la Profeco eliminen del acuerdo que establece las bases mínimas de la información para la comercialización de los servicios educativos que prestan particulares el concepto de cobro por reinscripción.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que solicita al secretario de Educación Pública a través de su Órgano Interno de Control supervise las impresiones que con recursos federales realiza la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública verifique el cumplimiento de los programas de estímulos y subvenciones a estudiantes de educación media superior y superior, para los alumnos de escasos recursos que no sean beneficiarios de otro sistema de apoyos financieros.

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Chiapas tome las medidas necesarias para evitar nuevos enfrentamientos entre comunidades indígenas por el conflicto agrario en el municipio de Ocosingo Chiapas.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relacionado con los programas y las mejoras del medio ambiente derivados del proyecto Burgos, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de liberar recursos del Fonden para atender contingencias climáticas en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Adolfo Mota Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que los diputados de la LX Legislatura participen y se incorporen en sus distritos o circunscripciones a las actividades que se realicen en el marco del V Parlamento de las Niñas y los Niños de México, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que dictamine el punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial antimonopolio, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Segob a fin de que informe sobre los mecanismos para garantizar los derechos de la libertad de expresión de los partidos políticos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CFE analicen la factibilidad de ampliar el periodo de aplicación del descuento de verano a la tarifa 1F del servicio doméstico de electricidad, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex y a la Sagarpa indemnicen al grupo de pescadores unidos de alta mar del golfo de Tehuantepec y ejecuten un programa integral de desarrollo económico y social para el sector pesquero del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para incorporar una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 con la finalidad de evitar desabasto de medicamentos antirretrovirales, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas informe sobre las denuncias que se han presentado en el estado de Puebla, y dé celeridad a la averiguación previa motivada por el periodista Mario Martell, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SHCP y de la SFP para explicar los alcances del plan de austeridad y de la iniciativa de reforma constitucional relativa a los salarios de los servidores públicos, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la SEP gestionen las acciones necesarias para rescatar el mural Ejercicio plástico, del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, que se encuentra en Buenos Aires, Argentina, a cargo del diputado Benjamín González Roaro , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice una auditoría de desempeño a los trabajos de producción de gas natural que realiza Pemex Exploración y Producción en la cuenca de Burgos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conagua y al gobierno del estado de Jalisco consideren recursos para el saneamiento de la laguna de Cajititlán, en dicho estado, a cargo del diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de Pemex envíe un informe respecto de las causas que originaron la fuga y explosión en el poliducto de gas etano en Centro, Tabasco, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la Sedesol y de Liconsa establezcan y cubran el precio de referencia de adquisición de la leche a los productores de ésta, a cargo del diputado José Antonio Muñoz Serrano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal publique la declaratoria de veda de aguas en la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, en Coahuila, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SHCP para que obligue a las instituciones financieras de banca y crédito públicas y privadas, casas comerciales y entidades afiliadas al buró de crédito enviar un reporte de no adeudo a las sociedades de información crediticia respecto a las personas que han liquidado sus deudas, a cargo del diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de los humedales mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob incorpore en el calendario oficial el 24 de agosto como Día de la Firma de los Tratados de Córdoba y lo declare día de fiesta nacional, a cargo del diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección del valle de Mexicali y la región del delta del río Colorado, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a integrar una comisión de turismo, a cargo del diputado Francisco Dávila García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP aplique de manera obligatoria, pública y sin excepción, los exámenes de oposición para el ingreso de docentes en el sistema de educación básica, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, cumpla la normatividad vigente para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la SE y a la SHCP consideren retomar el cierre de las importaciones de carne proveniente de los países infectados con fiebre aftosa, a cargo del diputado Pedro Pulido Pecero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la SE realicen diversas acciones a favor del sistema de centrales de abasto del país, suscrita por los diputados José Gildardo Guerrero Torres y Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la declaratoria de patrimonio mundial del proyecto Camino Real de Tierra Adentro, promovido por el INAH, a cargo del diputado Jorge Salum del Palacio , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa, a la Profepa y a la Conagua rindan un informe acerca de las acciones que se han realizado sobre el manejo de los contaminantes que emite la empresa Granjas Carroll de México y sobre la extracción del agua del acuífero del Valle de Perote, en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena y a la PGR suspendan la revisión en los tramos carreteros en Salamayuca, Chihuahua, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tamaulipas establezca las políticas públicas necesarias en la atención de las personas de 60 años en adelante en Tampico y Ciudad Madero, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales en la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Leticia Díaz de León Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del DF acepte y cumplimente la recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice la fiscalización de Liconsa, a cargo del diputado Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tabasco instruya la investigación relacionada con el paradero del periodista Rodolfo Rincón Taracena, del diario Tabasco Hoy, desaparecido el 20 de enero de 2007, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, respecto de la problemática del maíz, la tortilla y los incrementos de los precios en los productos básicos, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal implante un programa de incentivos que compensen el pago de cuotas al IMSS e Infonavit para el sector empresarial afectado por el conflicto en el estado de Oaxaca, suscrita por los diputados Jorge Toledo Luis y Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR cree una fiscalía especial para investigación de los hechos delictivos derivados del conflicto político-social oaxaqueño, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud a efecto de que explique las políticas públicas de la secretaría a su cargo, en materia de salud reproductiva y en campañas de prevención de enfermedades y contra la discriminación, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se realice el parlamento de la juventud de México, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tabasco a acatar la recomendación emitida por la CNDH el 27 de diciembre de 2006, a cargo del diputado Pedro Landero López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía verifique mediante la Comisión de Trabajo y Previsión Social que el IMSS esté cumpliendo sus obligaciones patronales en la contratación de personal, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir un decreto en el que otorgue beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas en el estado de Oaxaca y prorrogue la vigencia del decreto publicado en el DOF el 28 de noviembre de 2006, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI a modificar el contenido de las encuestas que lleva a cabo, a cargo del diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar mediante la Sagarpa y la Conapesca recursos para el Programa de Sustitución de Motores, en beneficio de los pescadores ribereños, a cargo del diputado Juan Adolfo Orcí Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que implante acciones modernizadoras de los puntos de revisión carreteros, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las diversas dependencias del gobierno federal a tomar las medidas necesarias para que el estado de Tlaxcala acceda a los mismos programas, proyectos, planes de desarrollo y asignaciones de recursos que los estados de la región sur-sureste del país, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de formalización y supervisión del acuerdo político nacional para la transparencia y equidad de los procesos electorales locales, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que se audite el Centro Nacional de Detección de Talentos y Alto Rendimiento, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Pleno de esta soberanía que homologue los recursos materiales, financieros y humanos de las comisiones especiales con los dispuestos para las ordinarias, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al recorte de recursos presupuestales a diversos municipios de Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SSP que informe a esta soberanía sobre las bases legales que sustentan la unificación de la PFP y la AFI, con la consiguiente creación de un nuevo cuerpo federal de policía, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de la secretaria de Relaciones Exteriores, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que audite el gobierno del estado de Oaxaca respecto a los recursos destinados para celebrar el bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García en el Ejercicio Fiscal de 2006, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de la secretaria de Energía, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se establezca la instalación de dispositivos de seguridad en las unidades de autotransporte de carga, pasaje y turismo, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se atienda el conflicto de desabasto de diesel y de gasolina en Baja California Sur, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que manifieste ante la OMC su interés en la solicitud de consultas presentadas por Canadá al gobierno de Estados Unidos de América sobre los apoyos a los productores de maíz, a cargo del diputado Rutilio Escandón Cadenas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que reforme el Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva, al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y a los presidentes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social de esta soberanía a remitir a la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos todas las documentales obtenidas por el grupo de trabajo creado sobre el particular en la LIX Legislatura, a cargo de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a no expedir ningún permiso para la instalación y operación de salas de juego en el país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que dé a conocer las revisiones que realiza en las aduanas de los embarques, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación que viven los trabajadores mexicanos migrantes en Canadá, a cargo del diputado Andrés Bermúdez Viramontes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Excitativas

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Ariel Castillo Nájera , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

A la Cámara de Senadores, a solicitud del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Comentarios sobre la aprobación de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, relativa a la protección de los manglares en México, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes seis de febrero de dos mil siete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con veinte minutos del martes seis de febrero de dos mil siete, con la asistencia de trescientos dos diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica, y de la misma manera la aprueba.

Se reciben oficios de la Comisión Permanente con los que remite:

El inventario de asuntos turnados a la Cámara de Diputados. Se turnan las solicitudes a la Comisión de Gobernación.

El informe de las actividades realizadas. La Presidencia instruye insertarlo en el Diario de los Debates.

Dos comunicaciones por las que informa que se concedieron licencias a los diputados: Sara Latife Ruiz Chávez y Arnulfo Elías Cordero Alfonzo . De enterado.

Se recibe oficio de la Cámara de Senadores por el que comunica la apertura de su segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura. De enterado.

La Secretaría da lectura al oficio remitido por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De enterado.

La Comisión de la Función Pública, remite oficio con el que da contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. De enterado, remítase al promovente para su conocimiento.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación remite oficio con el que da contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. De enterado, archívese el expediente.

Se reciben de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, oficios con los que dan contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

Se recibe de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acuerdo por el que solicita a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, establezca comunicación con las autoridades federales y con la representación legislativa en el Distrito Federal, para que sea devuelta la estación de radio XHOF-FM ciento cinco punto siete; y con el objetivo de intercambiar información referente a los procedimientos legales y técnicos para el establecimiento de medios de comunicación públicos en el Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

La Junta de Coordinación Política remite comunicaciones por las que informa de cambios en las comisiones de Asuntos Indígenas, Juventud y Deporte; y Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila. De enterado.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, remite el Informe por Entidad Federativa correspondiente al precierre del Ejercicio Fiscal de dos mil seis. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

Iniciativas con proyecto de decreto presentadas por los diputados:

Elda Gómez Lugo , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Se turnan a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Energía.

Alberto Esteva Salinas , de Convergencia, que reforma el artículo cincuenta y dos de la Ley de Aviación Civil.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Se turna a la Comisión de Transportes.

Abundio Peregrino García , del Partido del Trabajo, que reforma el artículo cuarenta y ocho de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Ecuación Pública y Servicios Educativos.

A las once horas con cincuenta y nueve minutos se registra una asistencia de cuatrocientos cuarenta diputadas y diputados.

Mario Enrique del Toro, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código Penal Federal y de la Ley de Radio y Televisión. Se turna a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Justicia y de Radio, Televisión y Cinematografía.

Alberto Esteva Salinas , de Convergencia, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana.

Isael Villa Villa , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y ocho del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

José Rosas Aispuro Torres , del Partido Revolucionario Institucional, de Ley de Contratos sobre Proyectos de Prestación de Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica.

Jorge Godoy Cárdenas , de Convergencia, que reforma el artículo cincuenta y uno de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Mario Mendoza Cortés , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciones diversas disposiciones de las leyes: de Instituciones de Crédito; de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; y del Banco de México.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico.

Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento noventa y uno de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

Gerardo Villanueva Albarrán , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Comisión de Gobernación remite dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de la fracción sexta del artículo setenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Comisiones Unidas, de Gobernación y de la Función Pública, remiten dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.

Quedan de Primera Lectura.

En votación económica, la asamblea autoriza la lectura al encabezado del dictamen con punto de acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, un informe pormenorizado y actualizado sobre el estado que guarda el revestimiento del canal Todo Americano. Se les concede el uso de la tribuna a los diputados: Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Partido de la Revolución Democrática y Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Partido Acción Nacional. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

Los diputados Alejandro Landero Gutiérrez y Cristián Castaño Contreras , del Partido Acción Nacional, remiten proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación informe y reconvenga al partido político español Izquierda Unida, por la intervención política de sus militantes en el conflicto del estado de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Adriana Dávila Fernández , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, analicen y presenten ante esta soberanía sus comentarios a la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera la proposición de urgente resolución y la aprueba. Comuníquese.

Daniel Dehesa Mora , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, instruya la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica para algunas localidades en el estado de Oaxaca. En votación económica, la asamblea considera la proposición de urgente resolución. Desde sus respectivas curules se adhieren a la proposición los diputados: Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Partido Acción Nacional, quien realiza una propuesta de adición, que el diputado promovente acepta; y Jorge Toledo Luis , del Partido Revolucionario Institucional. Se le concede la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen , de Convergencia para hablar en pro. Desde su curul el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , del Partido de la Revolución Democrática, solicita una moción de procedimiento que la presidencia aclara. Interviene el diputado Pedro Montalvo Gómez , del Partido Revolucionario Institucional. Desde sus curules hacen comentarios los diputados: Carlos Eduardo Felton González , del Partido Acción Nacional; Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Partido Acción Nacional; Samuel Aguilar Solís , del Partido Revolucionario Institucional, quien realiza una propuesta de adición que acepta el promovente; Elia Hernández Núñez , del Partido Revolucionario Institucional; Alonso Manuel Lizaola Aguirre, del Partido Acción Nacional; Sergio González García , del Partido Revolucionario Institucional; José Víctor Sánchez Trujillo , del Partido Acción Nacional; Fernando Enrique Mayans Canabal , del Partido de la Revolución Democrática; Enrique Cárdenas del Avellano , del Partido Revolucionario Institucional; Jaime Cervantes Rivera ; del Partido del Trabajo; Armando Jesús Félix Holguín , del Partido Acción Nacional; Sergio Hernández Hernández , del Partido de la Revolución Democrática; Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez , del Partido Acción Nacional; Martín Ramos Castellanos , del Partido de la Revolución Democrática; Diego Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional y María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero , del Partido Acción Nacional. Se le concede el uso de la tribuna al diputado César Horacio Duarte Jáquez , del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelaciones de los diputados: José Manuel Minjares, Jiménez y Juan Victoria Alva , ambos del Partido Acción Nacional. Interviene el diputado Víctor Ortíz del Carpio, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul, el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo, realiza comentarios. Se les concede la palabra para rectificar hechos a los diputados: Juan José Rodríguez Prats , del Partido Acción Nacional y Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva , de Convergencia. Desde su curul, el diputado Daniel Torres García , del Partido de la Revolución Democrática, hace observaciones. Se le concede la palabra al diputado César Horacio Duarte Jáquez , del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelaciones de los diputados: Juan José Rodríguez Prats , del Partido Acción Nacional; Alfredo Adolfo Ríos Camarena , del Partido Revolucionario Institucional; y Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo. Interviene el diputado Juan José Rodríguez Prats , del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelaciones de los diputados: José Murat, del Partido Revolucionario Institucional; Alberto Esteva Salinas , de Convergencia y José Antonio Almazán González , del Partido de la Revolución Democrática. Interviene para alusiones personales el diputado César Horacio Duarte Jáquez , del Partido Revolucionario Institucional. Desde sus respectivas curules, hacen comentarios los diputados: Daniel Dehesa Mora y Moisés Félix Dagdug Lützow , ambos del Partido de la Revolución Democrática. Para alusiones personales se les concede la palabra a los diputados: José Antonio Almazán González , del Partido de la Revolución Democrática y José Murat, del Partido Revolucionario Institucional. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera la proposición suficientemente discutida y la aprueba con las adiciones propuestas por los diputados Manuell-Gómez Angulo y Aguilar Solís. Comuníquese.

La Secretaría da lectura a un acuerdo del Senado de la República, por el que se ratifica la realización del Sexto Parlamento de las Niñas y los Niños de México en el año dos mil ocho. De enterado y se instruye su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con treinta y cuatro minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves ocho de febrero de dos mil siete a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada, el acta.

DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva.--- Presente.

Por este condcuto y con fundamento en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia indefinida para separarme de mi cargo como diputada federal, a partir de esta fecha.

Por tal motivo, solicito a usted realice todos los trámites conducentes que devienen del presente acto jurídico y se llame a mi suplente.

Sin otro particular y para los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.--- Diputada Ana María Ramírez Cerda (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Ana María Ramírez Cerda para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en la segunda circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba:

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados; comuníquense.

TRABAJOS LEGISLATIVOS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario para el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LX Legislatura

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del numeral 1 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al tenor de los siguientes considerandos

1. Que, de conformidad con el artículo 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones y el calendario para su desahogo.

2. Que, de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano de Gobierno establece el siguiente: Calendario legislativo para el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Transitorio

Único. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Comuníquese al Senado de la República.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de febrero de 2007.--- Dip. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Presidente; Dip. Héctor Larios Córdova (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Gloria Lavara Mejía (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Dip. Ricardo Cantú Garza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Dip. Aída Marina Arvizú Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado; comuníquese a la Cámara de Senadores.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Zenón Joel Cortés Villegas, de nacionalidad mexicana, con domicilio para recibir notificaciones en la Unidad San Rafael, manzana H, lote 4, edificio B, departamento 103, Coacalco, estado de México, ante el Congreso de la Unión con el debido respeto expongo:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37, inciso B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito ante el honorable Congreso de la Unión o de su Comisión Permanente, el permiso necesario para trabajar como chofer en la Embajada de la República de Angola.

Anexo a la presente copia de mi acta de nacimiento.

Protesto lo necesario

México, DF, a 1 de febrero de 2007.--- Zenón Joel (rúbrica).»

«Al honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Marcos Erac Sierra Ramírez, de nacionalidad mexicana, con domicilio para recibir notificaciones en la calle: Oriente 225 número 1, departamento 3, colonia Agrícola Oriental, delegación Iztacalco, México, DF, CP 08500; ante el honorable Congreso de la Unión con el debido respeto expongo:

A fin de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 37, inciso B, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito ante el honorable Congreso de la Unión o de su Comisión Permanente, el permiso necesario para trabajar como chofer de la embajada de la República de Angola.

Anexo a la presente copia de mi acta de nacimiento. Protesto lo necesario

México, DF, a 1 de febrero de 2007.--- Marcos Erac Sierra Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría tramitar ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre:Alberto Ruiz Gamiño.

Puesto: Chofer.

Lugar de trabajo:Embajada de Belice en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona, y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copia simple de su identificación oficial.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 2 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MADRID

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-480 signado el 3 de enero del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y Miguel Ángel Peña Sánchez , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número SSMH-00021 suscrito el 16 del citado mes por el ciudadano Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que ese órgano legislativo se solidariza con el pueblo y gobierno españoles en su lucha contra el terrorismo y condena enérgicamente cualquier acto terrorista, en particular, el ocurrido en el aeropuerto internacional de Madrid, España, el pasado 30 de diciembre de 2006.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 2 a de febrero de 2007.---Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago referencia a su atenta comunicación SEL/300/- 120/07, de fecha 4 de enero del presente año, a través de la cual transmite a la cancillería los puntos de acuerdo adoptados por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el pasado 3 de enero de 2007, mediante los cuales se condena enérgicamente cualquier tipo de terrorismo, particularmente los actos terroristas cometidos el pasado 30 de diciembre de 2006 en el Aeropuerto Internacional de Barajas, en Madrid, España, al tiempo que se solidariza con los familiares de las víctimas, con el pueblo español y con el gobierno del Reino de España.

Sobre el particular, mucho se agradece a usted el envío de la información, y señalo a su atención, que la misma ha sido remitida a la Embajada de México en España.

Cabe destacar que México condena y seguirá condenando de manera enérgica y enfática todo acto de terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones. Asimismo, continuará defendiendo el respeto a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados y desplazados, así como el respetar los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 16 de enero de 2007.--- Juan Manuel Gómez Robledo (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase al promovente, para su conocimiento.

CERRO DE NECAXALTEPETL

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-1-270, signado el 21 de diciembre de 2006 por los diputados Jorge Zermeño Infante y Jacinto Gómez Pasillas , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 16/RQ/CI0128/07, suscrito el 30 de enero último por el licenciado Rodrigo Quevedo Daher, titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al citado órgano iniciar las investigaciones conducentes contra los servidores públicos involucrados en el otorgamiento de los permisos para la explotación del cerro de Necaxaltépetl, se finquen las responsabilidades correspondientes, se sancione, reparen los daños e indemnicen a quien corresponda.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

El 15 de los corrientes se recibió en este órgano interno de control a mi cargo copia de su atento oficio número SEL/ 300/047/07, del 4 del mismo mes y año, que se sirvió dirigir al ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al que acompañó punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 21 de diciembre último.

En dicho punto de acuerdo se exhorta, entre otros, a esta unidad administrativa para que inicie las investigaciones conducentes contra los servidores públicos involucrados en el otorgamiento de los servicios para la explotación del cerro de Necaxaltépetl, se proceda a fincar las responsabilidades y, en su caso, se sancione a quien o quienes resulten responsables.

Sobre el particular, me permito manifestarle que se inició en el área de quejas de éste Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el expediente administrativo de investigación PDE-14/07, para que de, conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, 10 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; y 3, apartado D, 63 y 67, fracción III, numerales 1 y 4, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, se inicien las investigaciones necesarias tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados en contra de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Del resultado de las investigaciones se informará oportunamente, en cumplimiento de lo solicitado.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 30 de enero de 2007.--- Licenciado Rodrigo Quevedo Daher (rúbrica), titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase al promovente, para su conocimiento.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-I-375 signado el día 24 de enero último por los diputados Jorge Zermeño Infante y Miguel Ángel Peña Sánchez , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/0250/07 suscrito el día 30 de enero del año en curso por el ciudadano Oscar Pimentel González, director general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa procuraduría a nombrar al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, así como a otorgar los recursos necesarios para su buen desempeño.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

México, DF, a 2 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En respuesta al oficio SEL/300/400/07 de fecha 24 de los corrientes, mediante el cual se comunica el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en cuyo cuarto resolutivo se exhorta al procurador general de la República, para que nombre al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, así como para que otorgue los recursos necesarios para su buen desempeño; me permito informar a usted, que al día de hoy el doctor David Vega Vera, continúa como titular de la fiscalía en referencia. Asimismo, comento que en cuanto exista alguna nueva designación, les será notificada a la brevedad.

Sin otro particular, reciba usted la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 30 de enero de 2007.--- Oscar Pimentel González (rúbrica), director general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase al promovente, para su conocimiento.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-541, signado el 17 de enero último por los diputados Jorge Zermeño Infante y Miguel Ángel Peña Sánchez , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número SIEDF/163/2007, suscrito el 26 de enero del año en curso por el licenciado Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, encargado de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la presunta comisión de los delitos contra la economía y el consumo nacional que sanciona el Código Penal Federal por parte de los acaparadores y especuladores.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la República.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a su oficio número SEL/300/351/07, de fecha 18 de enero de 2007, mediante el cual hace del conocimiento de esta Institución el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión durante la sesión celebrada el 17 de enero de 2007, en el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Economía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que presenten denuncia formal ante la Procuraduría General de la República para que investigue y, en su caso, aplique las sanciones pertinentes contra los acaparadores y especuladores responsables de los delitos contra la economía y el consumo nacional que sanciona el Código Penal Federal.

Al respecto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 1, 2, 12, 13 y 89 de su reglamento, me permito hacer de su conocimiento que se ha tomado nota del referido punto de acuerdo y se estará en espera de que alguna de las secretarías de Estado antes referidas presenten la denuncia correspondiente, a fin de proceder conforme a derecho.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 26 de enero de 2007.--- Licenciado Felipe de Jesús Muñoz Vázquez (rúbrica), encargado de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ESTADO DE CHIAPAS

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-372 signado el día 12 de diciembre último por los diputados Jorge Zermeño Infante y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 112.- 000032 suscrito el día 24 de enero último por el licenciado Joaquín Montaño Yamuni, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en el que se solicita al gobierno federal mantener instalada la Mesa Interinstitucional para la Atención Integral de la Selva Lacandona y Montes Azules.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Gabriel Vázquez Pérez, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo-Segob.--- Presente.

En respuesta a su atento oficio número SEL/UEL/311/- 349/06, del 14 de diciembre pasado, en el que nos transcribe el punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados en la sesión del 12 de diciembre, por el que se exhorta al gobierno federal y del estado de Chiapas a mantener instalada la Mesa Interistitucional para la Atención Integral de la Selva Lacandona y Montes Azules, le comunico lo siguiente:

Esta secretaría continuará formando parte de la mesa interistitucional en comento a través de la delegación estatal en Chiapas, y colaborando con las demás dependencias del gobierno federal y del gobierno del estado de Chiapas con la implementación de programas de apoyo al desarrollo del campo y de los productores.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 24 de enero de 2007.--- Licenciado Joaquín Montaño Yamuni (rúbrica), coordinador general.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL.60-II-6-351, signado el 7 de diciembre de 2006 por los diputados Jorge Zermeño Infante y Cuauhtémoc Velasco Oliva , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 00000182, suscrito el 22 de enero pasado por el licenciado Mario A. Villarreal Vázquez, director de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la supuesta violación a los derechos laborales de los trabajadores de dicho instituto.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Instituto Nacional de Migración.

Ciudadano Eduardo Amerena Lagunes, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo en la Secretaría de Gobernación.--- Presente

En atención a su oficio número SEL/UEL/311/296/06, mediante el cual remite diverso número DGPL.60-II-6-351, signado por los diputados Jorge Zermeño Infante y Cuauhtémoc Velasco Oliva , Presidente y Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputado del honorable Congreso de la Unión, por medio del cual comunican el punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha 7 de diciembre de 2006, referente a que existe una violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores del instituto, enviando diversa documentación soporte.

Me permito hacer de su conocimiento que los documentos de referencia fueron remitidos a la Subdelegación Regional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, toda vez que de los anexos se desprende que las presuntas violaciones a los derechos laborales se efectuaban en contra de la ciudadana Rosario Yadira Zapata Saavedra, quien se encuentra adscrita a dicha área, por lo que mediante similar número INM/SRAICM/0008/2007, signado por el licenciado David Alfredo Rebollar Reyes, Subdelegado Regional en el AICM, informo lo siguiente:

El acta que la ciudadana Zapata Saavedra hace referencia, fue en virtud de una investigación que se encuentra en el Órgano Interno de Control de este instituto por violación de la trabajadora a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y a la Ley General de Población.

La incidencia de vacaciones no fue posible autorizarla en virtud de ser temporada alta; sin embargo, se le informó que podía reprogramarla.

Lo anterior, para los efectos procedentes a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de enero de 2007.--- Licenciado Mario A. Villarreal Vázquez (rúbrica), director.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L.60-II-6-49, signado el 5 de octubre de 2006 por los diputados Jorge Zermeño Infante y José Gildardo Guerrero Torres , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 305.-012/2007, suscrito el 25 de enero pasado por el ciudadano Gerardo Rodríguez Regordosa, titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esa dependencia a realizar los estudios técnicos que permitan reducir el peaje de la carretera Cuernavaca-Acapulco en tanto no se haya concluido su proceso de reparación.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al oficio número SEL/300/4892/06, de fecha 6 de octubre de 2006, que el entonces subsecretario de Enlace Legislativo, licenciado Dionisio A. Meade y García de León, dirigió al licenciado José Francisco Gil Díaz, en ese momento secretario de Hacienda y Crédito Público, en el cual hizo de su conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en el que ``se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realicen los estudios técnicos que permitan reducir el peaje en la carretera Cuernavaca-Acapulco en tanto no se haya concluido el proceso de su reparación''.

Al respecto, y por instrucciones superiores, hago de su conocimiento diversos elementos relativos a la autopista Cuernavaca-Acapulco, así como las acciones tomadas para atender el punto de acuerdo adoptado por la Cámara de Diputados:

La autopista Cuernavaca-Acapulco se encuentra concesionada al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), el cual es un fideicomiso público no paraestatal constituido en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, institución fiduciaria (Banobras).

Los recursos provenientes de la explotación de esta vía corresponden al FARAC, y están comprometidos para atender diversas obligaciones financieras que cuentan con la garantía del gobierno federal, derivadas del pago de las indemnizaciones del rescate carretero, así como para cubrir los gastos de operación y mantenimiento.

Tan sólo en el periodo 2001-2006 el FARAC autorizó recursos superiores a 2 mil 190 millones de pesos para los diferentes programas de conservación en el tramo. De hecho, varios de los trabajos que actualmente se realizan en esta vía representan soluciones definitivas a diversos problemas constructivos que desde su origen ha presentado la autopista.

Una reducción permanente en el cobro de peaje se traduciría en menores recursos para hacer frente a los compromisos financieros de la autopista, así como para llevar a cabo trabajos de conservación y mantenimiento en la vía, con el consecuente impacto en su estado físico y seguridad de los usuarios.

Asimismo, al aplicarse una reducción permanente en el cobro del peaje se haría necesario retrasar el ritmo de ejecución de las obras que actualmente se realizan, incrementándose con ello los costos de mantenimiento para los siguientes años al agravarse la problemática de los tramos que requieren una atención inmediata.

Sin embargo, tomando en cuenta que las diversas obras de rehabilitación que se llevan a cabo en la autopista han afectado la calidad de la circulación en el tramo y ocasionado molestias a los usuarios, el Comité Técnico del FARAC autorizó la adopción de las siguientes medidas:

1) Con objeto de evitar molestias a los usuarios y asegurar condiciones de circulación cercanas a la normalidad, las obras de rehabilitación se suspendieron el 15 de diciembre de 2006 y se reanudaron el 8 de enero de 2007, una vez concluido el periodo de mayor afluencia de usuarios.

2) Debido a que con la reanudación de las obras se volverán a presentar condiciones de circulación que afectarán al público usuario, toda vez que se seguirá trabajando en múltiples frentes en forma simultánea, se otorgará un descuento de 20 por ciento respecto a las tarifas vigentes en las casetas de Paso de Morelos, Palo Blanco y la Venta, de esta autopista, del 8 de enero al 31 de marzo de 2007, fecha en que se prevé que esté concluida la mayoría de las obras de rehabilitación actualmente en marcha.

Si bien la adopción de esta última medida representará un esfuerzo financiero para el FARAC, se considera que representa una alternativa viable para compensar a los usuarios que transitan por el tramo y se ven afectados por los trabajos realizados, y a la vez permitirá al fideicomiso obtener los ingresos requeridos para hacer frente a las diversas obligaciones que debe atender.

Por lo antes expuesto, se considera que el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el pasado día 5 de octubre de 2006, referente a las tarifas en la autopista Cuernavaca-Acapulco, ha quedado debidamente atendido por esta secretaría.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de enero de 2007.--- Gerardo Rodríguez Regordosa (rúbrica), titular de la Unidad.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ZAPOTE PRIETO

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-11-2-343, signado el 21 de diciembre de 2006 por los diputados Jorge Zermeño Infante y Jacinto Gómez Pasillas , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número PFPA/SRN/16 /07,suscrito el 26 de enero pasado por el ingeniero Alfonso Isaac Ramos Rocha, subprocurador de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa procuraduría a desarrollar un programa específico para la protección y vigilancia de los últimos 34 ejemplares de zapote prieto (Diospyros xolocotzii), a fin de evitar su extinción.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a su oficio número SEL/300/043/07, de fecha 4 de enero del año en curso, mediante el cual remite el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en su sesión del 21 de diciembre de 2006, donde indica en el punto segundo que se exhorte a esta procuraduría a que desarrolle un programa especifico para la protección y vigilancia de los últimos 34 ejemplares de zapote prieto (Diospyros xolocotzii),a fin de evitar su extinción, al respecto le comento lo siguiente:

Se solicitó a la delegación de la Profepa en el estado de Michoacán para que a la brevedad desarrolle el referido programa de protección del zapote prieto, en coordinación con el gobierno estatal y con el municipal de Morelia.

El próximo 26 de enero se llevará a cabo una reunión de trabajo con miembros del Congreso de Michoacán en Morelia, a fin de revisar la estrategia para la protección de los ejemplares del zapote prieto.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

La Ley al Servicio de la Naturaleza

México, DF, a 2 de febrero de 2007.--- Ingeniero Alfonso Isaac Ramos Rocha (rúbrica), subprocurador.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

PROTESTA DE DIPUTADO SUPLENTE

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Jesús González Macías, diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes ciudadanos diputados: Juan Enrique Barrios Rodríguez , Javier Martín Zambrano Elizondo , Moisés Dagdug Lützow , Ricardo Canavati Tafich, Diego Cobo Terrazas , Humberto López Lena Cruz , Jaime Cervantes Rivera , Ariel Castillo Nájera y Elsa Conde Rodríguez.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Se pide a la comisión cumplir este encargo.

(La comisión cumple con su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ciudadano Jesús González Macías:¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Jesús González Macias: Sí, protesto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Bienvenido, gracias.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió del diputado José Aguilera Rico, del grupo parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma el artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Iniciativa que reforma el artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, propone a esta asamblea la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con base en lo siguiente:

Antecedentes

Los deportistas de nuestro país han tenido logros importantes en diferentes disciplinas del deporte mundial, destacando en competencias como las olimpiadas, los mundiales de atletismo, tae kwon do, caminata, boxeo y maratón.

De igual importancia resulta el destacado nivel de nuestros deportistas paralímpicos, quienes han colocado a México entre los cinco mejores lugares en las competencias donde han participado, aun cuando las condiciones para lograr una óptima integración a las actividades cotidianas todavía no se da como en los países a los cuales han vencido en estas justas mundiales, resaltando todavía más lo importante de su preparación para lograr una posición en un podium.

La preparación y sacrificios que conlleva obtener una medalla olímpica pocas veces son conocidos hasta que se logra destacar, sobre todo en un país como el nuestro, donde el deporte amateur está condenado al anonimato, donde el futbol es uno de los deportes en conjunto, donde se ofrecen oportunidades para la práctica profesional y altos sueldos, en menor medida está el beisbol, donde nuestros mejores jugadores tienen que emigrar a la liga profesional de Estados Unidos, la más exigente del mundo.

Quienes practican alguna otra disciplina de alto rendimiento, lo realizan prácticamente con la esperanza de lograr un lugar en las delegaciones que representen a nuestro país, para que sólo con la motivación de una medalla y de ver ondear nuestra bandera entre las tres mejores de una competencia, por ello se ha considerado justo dotar de un reconocimiento económico vitalicio a nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos que logran obtener una presea en estas justas deportivas.

De los deportistas que logran una medalla olímpica, pocos son los que obtienen un patrocinio para continuar preparándose, los más, tienen que trabajar en actividades que les restan tiempo para prepararse en el ciclo previo a una olimpiada, minando sus posibilidades de mejorar o mantenerse en el nivel deportivo para continuar ganando; esta situación es todavía más dramática en nuestros atletas paralímpicos, ya que sus características requieren de condiciones particulares que les permitan tan sólo desplazarse hasta un lugar adecuado para su entrenamiento y preparación, sin contar que gran parte de sus recursos económicos se destinan a atención medica y mantenimiento de sus equipos, tales como sillas de ruedas, muletas y prótesis.

Este tema del reconocimiento económico vitalicio se convierte en un asunto de justicia, que no debe quedar sólo con el homenaje o el reportaje especial del día, como diputados debemos de dotar de los elementos necesarios para la promoción y estímulo de la cultura física y práctica del deporte de todos los mexicanos a lo largo de nuestro país, en todos los ámbitos.

Si bien en la ley general de cultura física y deporte en su capítulo IV, artículo 99, contempla:

``La Conade promoverá y gestionará la constitución de fideicomisos destinados al otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en juegos olímpicos o paralímpicos.''

Propongo que el texto quede de la siguiente manera:

``La Conade promoverá, gestionará y destinará los recursos necesarios para la constitución y operación de fideicomisos destinados al otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en juegos olímpicos o paralímpicos.''

De esta manera estaremos dotando de certidumbre a quienes nos han compartido el orgullo de ser mexicanos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio legislativo, a 6 de febrero de 2007.--- Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Concepción Ojeda Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Concepción Ojeda Hernández:Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: la protección a los derechos humanos ha sido, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, fundamento de los más elevados valores que llevaron hasta nuestra época el establecimiento de normas e instituciones encargadas de promover el respeto a la dignidad de la persona, como base de un estado social y democrático de derecho.

El desarrollo en nuestro país de la concepción de los derechos humanos ha requerido la participación crítica de todos, como corresponde a una sociedad plural que aspira a instaurar la tolerancia sobre la base del reconocimiento de la igualdad jurídica y necesariamente, el respeto de la vida. Desde su fundación, el Partido de la Revolución Democrática ha pugnado por que el reconocimiento de los derechos humanos sea de carácter universal, inalienable, progresivo, integral, indivisible e interdependiente, con la finalidad de superar las limitaciones que obstaculizan su ejercicio y su plena vigencia.

Por ello consideramos que los procedimientos de designación tanto del titular y de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son fundamentales para garantizar su independencia y su autonomía.

La iniciativa que hoy presento a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene que ver con la necesidad de establecer en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos un procedimiento claro y transparente que permita a la Comisión de Derechos Humanos del Senado ejercer su atribución constitucional de designar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus consejeros.

Actualmente, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que el nombramiento de su presidente y de los integrantes del Consejo Consultivo se realice mediante un procedimiento en el cual la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, a través del mecanismo de auscultación, seleccione a éstos y presente al Pleno las propuestas para su elección.

Sin embargo, al no existir claridad en el mecanismo de selección de los aspirantes, ha sido a través de acuerdos parlamentarios de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República como se ha venido desahogando dicho procedimiento.

Por otra parte, el debate sobre la participación de la sociedad civil y de los organismos defensores de los derechos humanos en estos nombramientos sigue siendo una asignatura pendiente, ya que en ausencia de una gran regulación adecuada en la que se establezcan los mecanismos de selección de las propuestas, su participación ha sido solamente testimonial.

En este orden de ideas y para que la autonomía de las funciones del Consejo Consultivo tenga en los hechos el sentido de ser un órgano colegiado de control interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya autoridad provenga de su carácter ciudadano e interdependiente, con calidad moral en sus integrantes, es que proponemos establecer un procedimiento claro y transparente, en el que puedan ser escuchados todos los grupos sociales que legítimamente persiguen la defensa y protección de los derechos fundamentales.

Consideramos necesario que las personas que han sido propuestas cumplan los requisitos de ley, comparezcan y sean escuchados en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la cual decidirá, en consecuencia, a quienes someter a la aprobación del Pleno.

Diputado Presidente: dado que el texto íntegro de la iniciativa se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria, le solicito su inserción en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Concepción Ojeda Hernández , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Concepción Ojeda Hernández , diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La facultad de nombrar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los integrantes del Consejo Consultivo se encuentra prevista en nuestra Constitución, en el apartado B del artículo 102, el cual dispone:

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un consejo consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto, comparecerá ante las Cámaras del Congreso, en los términos que disponga la ley.

Asimismo, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala en el artículo 10 el mecanismo de elección del titular de la CNDH y de los integrantes del Consejo Consultivo:

Artículo 10. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. Para tales efectos, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores procederá a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos.

Con base en dicha auscultación, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores propondrá al Pleno de la misma una terna de candidatos, de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso, la ratificación del titular.

En virtud de los preceptos invocados, podemos apreciar que el procedimiento de auscultación y, en gran medida, de aprobación de dichos nombramientos recae en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República que es la encargada de presentar el dictamen al Pleno para su votación.

Sin embargo, en los hechos no existe en la ley orgánica un mecanismo que permita a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República regular con responsabilidad esta importante atribución constitucional. Si el nombramiento del presidente de la CNDH y de los integrantes del Consejo Consultivo es una responsabilidad exclusiva de la Cámara de Senadores, cuya auscultación recae en los integrantes de la comisión legislativa en razón de la materia, se hace necesario establecer en la Ley Orgánica del Congreso plazos suficientemente amplios que permitan a la comisión conocer con exactitud y abundancia trayectoria, datos, cifras y demás elementos objetivos que le permitan emitir un dictamen debidamente fundado y motivado.

Por otra parte, existe un debate en cuanto a una mayor participación de la sociedad civil y de los organismos defensores de los derechos humanos en el proceso de propuesta y selección tanto del presidente como de los integrantes del Consejo Consultivo, ya que ante la ausencia de una regulación adecuada en el que se establezcan los mecanismos de selección de las propuestas es que su participación ha sido hasta el momento meramente testimonial.

Por tanto, para que la autonomía de las funciones del Consejo Consultivo tenga en los hechos el sentido de ser un órgano colegiado de control interno de la CNDH, cuya autoridad provenga de su carácter ciudadano e independiente con calidad moral en sus integrantes, es que proponemos establecer un procedimiento claro y transparente para el nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo, así como del titular del organismo, en el que puedan ser escuchados todos los grupos sociales que legítimamente persiguen la defensa y protección de los derechos humanos.

Consideramos necesario que las personas que han sido propuestas y cumplan los requisitos de ley para ser titular del organismo o para formar parte del Consejo Consultivo de la CNDH, se les garantice su derecho a ser escuchadas compareciendo ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la cual decidirá en consecuencia a quienes someter a la aprobación del Pleno.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona una Sección Cuarta al Título Tercero, con un artículo 105 Bis, a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Sección Cuarta De la Elección del Presidente e Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo 105 Bis.

1. Compete al Senado de la República o, en su caso, a la del Congreso de la Unión, nombrar al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las y los consejeros integrantes del Consejo Consultivo en los términos del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. El procedimiento para el nombramiento del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las y los consejeros del Consejo Consultivo se sujetará a lo siguiente:

a) Cuando falten cuarenta y cinco días para la conclusión del periodo para el que fueron nombrados las y los consejeros del Consejo Consultivo, o del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, convocará a organismos no gubernamentales, asociaciones y colegios vinculados a la defensa y promoción de los derechos humanos y, en general, a las entidades, instituciones y personalidades que se estimen convenientes para que presenten propuestas a efecto de cubrir las vacantes.

b) La recepción de propuestas se hará en un plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a que se haga pública la convocatoria respectiva.

c) Cumplido dicho plazo, las propuestas recibidas se mandarán publicar en al menos dos de los diarios de mayor circulación nacional, a fin de que los interesados puedan aportar mayores elementos de juicio.

d) Después de cinco días de publicadas las propuestas se cerrarán la recepción de opiniones y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores citará a comparecer a los ciudadanos que cumplan los requisitos, con objeto de que aporten mayores elementos.

e) Después de siete días de haber concluido el periodo de comparecencias de las y los candidatos propuestos, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores deberá emitir su dictamen, el cual será sometido al Pleno de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la Comisión Permanente para su aprobación.

f) Para el caso de las ratificaciones o sustitución de las y los consejeros miembros del Consejo Consultivo, así como del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se sujetarán al procedimiento anteriormente descrito.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 8 de febrero de 2007.--- Diputada Concepción Ojeda Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Concepción Ojeda Hernández. Insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY DEL SISTEMA DE EJECUCION DE SENTENCIAS - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Édgar Olvera Higuera para presentar iniciativa que expide la Ley del Sistema de Ejecución de Sentencias; reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penalesy abroga la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Édgar Armando Olvera Higuera:Buenos días. Con su permiso, señor Presidente. Solicito que toda vez que ha sido publicada en la Gaceta la presente iniciativa, sea inscrita asimismo en el Diario de los Debates.

Los suscritos, diputados federales de esta legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de este honorable Congreso la iniciativa de la Ley del Sistema Federal de Ejecución de Sentencias, por lo que se abroga la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados; se adiciona el Título Cuarto Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se deroga el Título Decimotercero, capítulos Primero y Segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

La Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados se constituyó en el vértice para la creación del actual sistema penitenciario a pesar de sus grandes logros. Desde su publicación hasta la fecha se ha distinguido por cumplir su propósito a pesar de las limitaciones de operación y al alto índice demográfico penitenciario que se ha incrementado considerablemente desde sus inicios.

Es necesario y urgente crear nuevas disposiciones legales que sirvan de apoyo a la función penitenciaria que permitan objetivamente establecer un equilibrio entre la población penitenciaria existente y la capacidad instalada, por lo que sometemos a su consideración la Ley del Sistema Federal de Ejecución de Sentencias.

La modernidad exige la aprobación inmediata de medidas penitenciarias estratégicas, capaces de desarrollar una política criminal adecuada a las condiciones actuales de los centros de readaptación social que permitan mejorar el cumplimiento con la función de prevención, rehabilitación, readaptación social, reinserción del interno que, a cargo del Poder Ejecutivo y del Judicial, deben existir con relación al problema penitenciario.

El tema de la despresurización penitenciaria ha dado respuesta parcial al problema de la sobrepoblación penitenciaria y quizás al de la corrupción interna en los centros de readaptación social de nuestra nación, a que con las reformas aprobadas recientemente por esta legislatura se dio margen a que en mediano plazo se logre apreciar la disminución de la población penitenciaria respecto de los internos con calidad de sentenciados.

Con la idea de lograr mejores alternativas jurídicas para la comunidad y seguir contribuyendo con la lucha en contra del hacinamiento y a favor de una nueva cultura sobre la rehabilitación penitenciaria y readaptación social, que además permita delimitar perfectamente, con profesionalismo, la separación entre dichas funciones y la preliberación, se prevé la imperiosa necesidad de contar con un área del Poder Judicial específica que contribuya a la disminución de la población penitenciaria en completo respeto al estado de derecho y permita el fortalecimiento en la credibilidad de nuestras instituciones encargadas del sistema penitenciario.

Se propone la intervención de los órganos jurisdiccionales de la federación. Dicha intervención propone para su concreción, la creación del juez de ejecución de sentencias para alcanzar los siguientes objetivos:

Primero. La observación de la legalidad de la ejecución de las sanciones penales.

Segundo. Control y vigilancia del cumplimiento adecuado del régimen penitenciario.

Tercero. En la solución de controversias que se susciten entre la autoridad penitenciaria y los particulares.

Se determina que corresponderá al juez de ejecución de sanciones conocer y otorgar los beneficios de preliberación, libertad preparatoria, reducción de la sanción y remisión parcial de la pena, resolver el recurso de reclamación de los internos contra sanciones disciplinarias, acordar las peticiones de los internos respecto al régimen y tratamiento penitenciario y realizar visitas de verificación; asimismo, establecer respecto a los beneficios anteriores los requisitos para su procedencia y supuestos en que no proceden y causas de revocación.

Se estima que al establecer al juez ejecutor de sentencias, se logrará total transparencia, eficacia e imparcialidad para el caso de las preliberaciones, abatiendo por completo el probable favoritismo con que se pudiera señalar a alguna institución que aparentemente realiza una doble función, al revisar los expedientes de los sentenciados cuyos expedientes han sido elevados a la categoría de cosa juzgada por el delito del fuero federal y que además decide facultativamente quienes son candidatos para que se le autoricen las medidas preliberatorias y los beneficios concedidos en la ley.

Por esa razón, nuestro sistema penitenciario requiere una nueva alternativa que garantice e implante un sistema de oficio para la revisión constante y permanente de todos los expedientes de los internos que han sido declarados con sentencias ejecutoriadas, sin discriminación alguna y con pleno apoyo en el estado de derecho, el establecimiento del trabajo obligatorio, que en la actualidad es un auténtico reclamo social, no sólo como restitutivo de la reparación del daño a favor de las víctimas, igualmente para generar las bases que permitan, en primer término, el pago por el costo de inversión del penal; segundo, para la manutención del sistema penitenciario; y, tercero, para el ahorro de los internos y su familia, todo esto con pleno respeto a los principios fundamentales del hombre.

En cuanto al sistema penitenciario, se recogen disposiciones previstas en la ley que establecen las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, así como en el Código Penal Federal y en el Código Federal de Procedimientos Penales, con el fin de aglutinar en un solo cuerpo normativo lo relativo al sistema penitenciario, como de ejecución de sanciones, a fin de armonizar las disposiciones en este rubro.

Éstas y otras propuestas son las que se prevén en la Ley de Ejecuciones de Sentencias que someto a la consideración de esta soberanía y con lo anterior seguramente la ciudadanía estaría en implantación de un nuevo sistema penitenciario propuesto, porque genera certeza jurídica a favor de quienes han sido violentadas, en su esfera jurídica y la de los suyos.

Por conducto de los diputados proponentes, diputada María del Pilar Ortega Martínez , diputado Luis Gustavo Parra Noriega , diputado Jesús de León Tello , diputado Alejandro Landero Gutiérrez , diputado Luis Gerardo Serrato Castell , diputada María Sofía Castro Romero y su servidor, diputado Édgar Armando Olvera Higuera. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley del Sistema Federal de Ejecución de Sentencias; reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales; y abroga la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y en las fracciones I y IV del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa de Ley del Sistema Federal de Ejecución de Sentencias, por lo que se abroga la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, se adiciona el Título Cuarto Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se deroga el Título Décimo Tercero, capítulos I y II del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, se constituyó en el vértice para la creación del actual sistema penitenciario, a pesar de sus grandes logros; desde su publicación a la fecha, se ha distinguido por cumplir su propósito, a pesar de las limitaciones de operación y al alto índice demográfico penitenciario, que se ha incrementado considerablemente desde sus inicios.

Es necesario y urgente crear nuevas disposiciones legales que sirvan de apoyo a la función penitenciaria; que permitan objetivamente establecer un equilibrio entre la población penitenciaria existente y la capacidad instalada, por lo que sometemos a su consideración la Ley del Sistema Federal de Ejecución de Sentencias.

El exponente; como diputado local del estado de México, presentó una iniciativa similar ante la LV legislatura, aprobándose por unanimidad de votos y actualmente es una realidad jurídica.

La modernidad exige la aprobación inmediata de medidas penitenciarias estratégicas, capaces de desarrollar una política criminal adecuada a las condiciones actuales de los centros de readaptación social, que permitan mejorar el cumplimiento con la función de prevención, rehabilitación, readaptación social y reinserción del interno, que a cargo del Poder Ejecutivo y del Judicial debe existir en relación al problema penitenciario.

El tema de la despresurización penitenciaria ha dado respuesta parcial al problema de la sobrepoblación penitenciaria y quizá al de corrupción interna en los centros de readaptación social de la entidad, ya que con las reformas aprobadas recientemente por esta honorable legislatura, se dio margen a que en mediano plazo, se logre una apreciable disminución en la población penitenciaria respecto de los internos con calidad de sentenciados ejecutoramente.

Con la idea de lograr mejores alternativas jurídicas para la comunidad y seguir contribuyendo con la lucha en contra del hacinamiento y a favor de una nueva cultura sobre la rehabilitación penitenciaria y la readaptación social, que además permita delimitar perfectamente y con profesionalismo la separación entre dichas funciones y la preliberación, se prevé la imperiosa necesidad, de contar con un área del Poder Judicial específica, que contribuya a la disminución de la población penitenciaria en completo respeto al estado de derecho y permita el fortalecimiento en la credibilidad en nuestras instituciones encargadas del sistema penitenciario.

Por tal motivo, nos permitimos someter a su apreciable consideración una reforma que permitirá contar con un eficiente e innovador sistema penitenciario, mediante la expedición de la Ley del Sistema Federal de Ejecución de Sentencias, cuyo contenido esencial es regular la ejecución de las sanciones penales y organizar el sistema penitenciario en la república.

Se propone la intervención de los órganos jurisdiccionales de la federación. Dicha intervención propone para su concreción la creación del juez de ejecución de sentencias, para alcanzar los siguientes objetivos: 1º) observación de la legalidad de la ejecución de las sanciones penales, 2º) control y vigilancia del cumplimiento adecuado del régimen penitenciario, 3º) en la solución de las controversias que se susciten entre la autoridad penitenciaria local y los particulares.

Se determina que corresponderá al juez de ejecución de sanciones: Conocer y otorgar los beneficios de preliberación, libertad preparatoria, reducción de la sanción y remisión parcial de la pena; resolver el recurso de reclamación de los internos contra sanciones disciplinarias; acordar las peticiones de los internos respecto al régimen y tratamiento penitenciario; y realizar visitas de verificación. Se establece respecto a los beneficios anteriores, los requisitos para su procedencia, supuestos en que no proceden y causas de revocación.

Se estima que al establecer al juez ejecutor de sentencias, se logra total transparencia, eficacia e imparcialidad, para el caso de las preliberaciones, abatiendo por completo el probable favoritismo con el que se pudiera señalar a una institución que aparentemente realiza una doble función al revisar los expedientes de los sentenciados, cuyos expedientes han sido elevados a la categoría de cosa juzgada por delito de fuero federal y que además decide facultativamente, quienes son candidatos para que se les autoricen las medidas preliberatorias y los beneficios concedidos en la ley.

En este orden de ideas, se entiende el actual sistema de prevención y readaptación social como juez y parte en la toma de tan importante determinación jurídica, al otorgar sustitutivos penales a favor de quienes lesionaron a la ciudadanía.

Razón por la que nuestro sistema penitenciario, requiere de una nueva alternativa que garantice e implante un sistema de oficio para la revisión constante y permanente de todos los expedientes de los internos que han sido declarados con sentencias ejecutoriadas, sin discriminación alguna y con pleno apoyo en el estado de derecho, el establecimiento del trabajo obligatorio, que en la actualidad es un autentico reclamo social, no sólo como restitutivo de la reparación de daño a favor de las víctimas, igualmente para generar las bases que permitan, en primer término, el pago por el costo de inversión del penal; segundo, para la manutención del sistema penitenciario, y tercero, para el ahorro de los internos o su familia, todo esto con pleno respeto a los principios fundamentales del hombre.

Es así, como proponemos la creación de la innovadora figura jurídica del juez federal de ejecución de sentencias sobre el que recaerá la obligación de respetar dichas garantías a favor de dichos internos y con pleno respeto a los derechos humanos.

El nombre en mención obedece a la consideración de que la persona que se encargará de revisar oficiosamente todos los expedientes de los internos que se encuentren en término legal para obtener los beneficios que la ley les confiere y que pertenecerá al Poder Judicial.

Dicho juez federal de ejecución de sentencias dependerá orgánicamente del Poder Judicial federal, el cual es garante de la administración de justicia.

La creación de la nueva figura jurídica, permitirá que el actual sistema de prevención y readaptación social atienda con mayor eficacia a su objetivo principal que es la readaptación social de los internos y le permita explorar en la rehabilitación de los mismos.

Como sabemos, nuestro sistema contempla que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. Pero por otra parte, dispone, en las normas secundarias que corresponde al poder Ejecutivo, a través de la dependencia que determinen las leyes, la ejecución de dichas sanciones penales, incluso, a este poder se le ha otorgado la facultad para otorgar beneficios de libertad anticipada; es decir, se le ha dado la potestad para modificar las penas impuestas por la autoridad jurisdiccional.

Por ello, una parte de la doctrina criminológica ha señalado que resulta a todas luces benéfico en nuestra realidad terminar con la discrecionalidad de la autoridad administrativa encargada de la ejecución de la ejecución de las sentencias, dejándose tal responsabilidad a juez de ejecución de penas, quien además de ser un especialista del derecho penal y procesal penal, deberá ser un amplio conocedor de los aspectos criminológicos y penitenciarios, para garantizar que la gran reforma propuesta para el sistema penitenciario nacional cumpla con sus objetivos.

La propuesta para separar las dos partes del todo que representa el sistema penitenciario, facilitará a la autoridad administrativa responsable de las prisiones el manejo de las mismas, fundamentalmente su dirección, administración y el desarrollo de las tareas resocializadoras, teniendo en los grupos técnico-interdisciplinarios un instrumento profesional para acreditar la evolución del proceso readaptatorio y proporcionarle al juez y al Ministerio Público los elementos para su buen proceder.

Se pretende quitarle funciones que son materialmente jurisdiccionales al Poder Ejecutivo y entregarlas desde la legislación a su correcto detentador, dejándole, exclusivamente las de tipo administrativo. De manera similar, como en el caso de la creación del ya probadamente eficaz Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación donde ciertamente las facultades materialmente administrativas son apartadas del Poder Judicial; con el elemento aún más favorable de que en el caso penitenciario la estructura administrativa ya está creada.

Con la presente propuesta de ninguna manera debe entenderse que se esta proponiendo mutilar facultades del Poder Ejecutivo, simplemente se esta recuperando o reintegrando al Poder Judicial lo que por vocación y destino le corresponde. En efecto, si el Poder Judicial es al que compete exclusivamente el de imponer las sanciones, es que resulta lógico y congruente que sea dicho poder el que supervise o vigile la ejecución de dicha sanción, que verifique su cumplimiento, y las condiciones en que debe o deba darse.

Es así que lo que se propone es que la administración penitenciaria sea la responsable material de la ejecución penal en los términos prescritos por la sentencia y de conformidad con lo establecido en las disposiciones normativas aplicables; por su parte al juez de ejecución le correspondería asegurar, a través de sus resoluciones que el cumplimiento de las penas se realiza de la manera establecida en el código, en la sentencia y en las normas penales, debiendo permanecer dicha autoridad jurisdiccional al margen de los aspectos administrativos. La actividad del juez es el cumplimiento de la pena y el de asegurar los derechos humanos a través de una vía exclusivamente judicial, eliminando discrecionalidades de la autoridad administrativa como hoy sucede, sin reglas claras de seguridad jurídica, de defensa y debido proceso.

En cuanto al sistema penitenciario, se recogen disposiciones previstas en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados (LENMRSS), así como en el Código Penal Federal y en el Código Federal de Procedimientos Penales, con el fin de aglutinar en un solo cuerpo normativo lo relativo al sistema penitenciario como de ejecución de agnaciones, a fin de armonizar las disposiciones en este rubro, por lo que en términos generales se prevé lo siguiente:

1) Que el sistema penitenciario se organizará sobre la bases del trabajo, la capacitación y para el mismo y la educación.

2) Se dispone lo relativo a los convenios de coordinación entre la federación y las entidades federativas.

3) En cuanto al personal penitenciario se prevé considerar su vocación, aptitudes, preparación académica, pero adiciona lo relativo a antecedentes penales y la convocatoria de las autoridades penales.

4) Obligación del personal penitenciario a tomar cursos de formación y actualización y los exámenes de selección.

5) Prohibición del autogobierno, por lo que ningún interno podrá desempeñar funciones de autoridad o desempeñar cargo o empleo dentro del establecimiento.

6) Tipo de establecimientos que podrá haber: seguridad máxima, media, mínima, colonias y campamentos penales, hospitales psiquiátricos e instituciones abiertas.

7) Que los lugares de prisión preventiva y el de extinción de las penas estarán completamente separados.

8) Que la reclusión de mujeres se hará en lugares separados de los hombres, igualmente el de los menores de los de los adultos.

9) Que el régimen penitenciario tendrá carácter progresivo y técnico: periodo de estudio y diagnóstico y de tratamiento.

10) Que el tratamiento se funde en los estudios de personalidad.

11) Se establece en que consiste el tratamiento preliberacional.

12) Comunicación con el exterior.

13) Derecho a visita íntima.

14) Derecho audiencia del interno por parte de los funcionarios.

15) Prohibición de torturas o tratos crueles.

Entre otras propuestas:

1) Se prevé que el personal de custodia en ningún caso deberá realizar sus funciones armado.

2) Se determina que el tratamiento preliberacional respecto a indígenas deberá considerarse sus usos y costumbres, y que estos compurguen sus penas cerca de su domicilio.

3) Se alude a un servicio de carrera penitenciario.

4) Autoridades y administración de los Ceferesos:

a) Un director responsable del gobierno y administración. Nombrado y removido por la secretaría. Se establecen cuales serán sus funciones, y requisitos para el cargo.

b) Consejo técnico. Es un órgano colegiado cuya función consiste en proponer e instrumentar las medidas necesarias para el adecuado gobierno del establecimiento, supervisar los servicios penitenciarios que brinda la institución. Los representantes de las instituciones públicas de salud, educación, derechos humanos, defensoría de oficio y otras que presten servicios permanentes, podrán asistir con derecho a voz pero no a voto. Se enumeran cuales serán sus funciones. Se integrará con personal profesional, con amplio conocimiento de la materia penitenciaria, no haber sido sentenciado por delito doloso, presentar declaración patrimonial, no tener antecedentes penales, y no haber pertenecido a las fuerzas armadas.

5) Se determina que los condenados tendrán la obligación de trabajar.

6) En cuanto a la educación: Además de lo que prevé la LENMRSS de ser académica y de tener carácter cívico, higiénico, artístico, físico, y ético, propone establecerle también un carácter social y que la misma será laica.

7) Que la educación que se imparta a internos indígenas será bilingüe y la instrucción deberá ser proporcionada por maestros bilingües.

Estas y otras propuestas más son las que se prevén en la Ley de Ejecución de Sentencias que se somete a la consideración de esta soberanía. Con lo anterior, seguramente la ciudadanía estaría por la implantación del nuevo sistema penitenciario propuesto, porque genera certeza jurídica a favor de quienes han sido violentados en su esfera jurídica y la de los suyos.

Proyecto de Decreto

La honorable LX Legislatura federal decreta:

Artículo Primero. Se expide la Ley del Sistema Federal de Ejecución de Sentencias, para quedar como sigue:

Ley del Sistema Federal de Ejecución de Sentencias

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular la ejecución de las sanciones penales y organizar el sistema penitenciario en la república, conforme los siguientes aspectos:

I. La intervención del juez en materia de ejecución de sentencias penales, dentro del sistema federal en: a) La ejecución de las sanciones privativas, restrictivas de la libertad y de las medidas de seguridad que imponga el juez de la causa;

b) La aplicación de las sanciones penales antes señaladas que hayan sido impuestas por órganos jurisdiccionales del fuero común, otras entidades federativas y se cumplan en establecimientos federales en virtud de los convenios establecidos para ello;

c) La determinación del régimen jurídico de la ejecución de la sanción penal impuesta por el juez de la causa y que sea aplicada por la Secretaría o por las autoridades penitenciarias de las entidades federativas, sobre la base de los convenios respectivos, y

d) La organización y funcionamiento del centro federal de readaptación social, lo que comprende las instalaciones destinadas al cumplimiento de la pena de prisión.

II. La intervención de los órganos jurisdiccionales de la federación en la solución de las controversias que se susciten entre la autoridad penitenciaria federal y local, cuando esta última atienda a sentenciados federales, así como en los demás procedimientos previstos en esta ley.

Artículo 2. El sistema penitenciario federal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, así como el respeto de los derechos humanos en la prisión como los medios idóneos para la readaptación social, su rehabilitación y la reinserción social del interno.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se considera:

I. Juez de ejecución, al juez del Poder Judicial de la Federación en materia de ejecución de sanciones penales;

II. Juez de la causa, al juez de distrito;

III. Secretaría, la Secretaría de Seguridad Pública Federal;

IV. Autoridad o autoridades penitenciarias, las que de acuerdo con la Ley y Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y demás disposiciones aplicables, tiene competencia para ejercer las facultades que esta ley establece;

V. Cefereso, el centro federal de readaptación social;

VI. Cereso, el centro de readaptación social;

VII. Ceferepsi, el centro federal de readaptación psicosocial, y

VIII. Reglamento, el reglamento de esta ley.

Artículo 4. La ejecución de las sentencias en materia penal federal, corresponde al Poder Ejecutivo, quien, por medio del órgano que designe la Ley, determinará, en su caso, el lugar y las modalidades de ejecución.

Corresponde al juez de distrito en materia de ejecución de sanciones penales; la observación de la legalidad de la ejecución de las sanciones penales, de conformidad con las normas que establece la presente ley.

El juez de distrito en materia de ejecución de sanciones penales; controlará el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario; entre otras medidas, dispondrá las inspecciones de establecimientos penitenciarios que fueren necesarias y podrá hacer comparecer ante sí a los sentenciados con fines de vigilancia y control.

El órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, tendrá a su cargo en el ámbito de su competencia, la aplicación de esta ley en el Distrito Federal y en los reclusorios dependientes de la federación. Asimismo, las normas se aplicarán, en lo pertinente, a los reos federales sentenciados en toda la república y se promoverá su adopción por parte de los estados. Para este último efecto, así como para la orientación de las tareas de prevención social de la delincuencia, el Ejecutivo federal podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de los estados.

En dichos convenios se determinará lo relativo a la creación y manejo de instituciones penales de toda índole, entre las que figurarán las destinadas al tratamiento de adultos delincuentes, alienados que hayan incurrido en conductas antisociales y menores infractores, especificándose la participación que en cada caso corresponde a los gobiernos federal y locales.

Los convenios podrán ser concertados entre el Ejecutivo federal y un solo estado, o entre aquél y varias entidades federativas, simultáneamente, con el propósito de establecer, cuando así lo aconsejen las circunstancias, sistemas regionales.

Podrá convenirse también que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los centros penitenciarios a cargo de los gobiernos estatales, cuando estos centros se encuentren más cercanos a su domicilio que los del Ejecutivo federal, y que por la mínima peligrosidad del recluso, a criterio del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ello sea posible. Para los efectos anteriores, en caso de reos indígenas sentenciados, se considerarán los usos y costumbres, así como las circunstancias en las que se cometió el delito. Esta medida no podrá otorgarse tratándose de reclusos sentenciados por alguno o más de los delitos que prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En los convenios a que se refiere el presente artículo, podrá acordarse también que tratándose de reos sentenciados por delitos del orden común, puedan cumplir su condena en un centro federal si éste se encuentra más cercano a su domicilio.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 18 constitucional acerca de convenios para que los reos sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo federal.

El juez de distrito en materia de ejecución de sanciones penales, tendrá a su cargo, asimismo, la ejecución de las sanciones que, por sentencia judicial, sustituyan a la pena de prisión o a la multa, y las de tratamiento que el juzgador aplique, así como la ejecución de las medidas impuestas a inimputables, sin perjuicio de la intervención que a este respecto deba tener, en su caso y oportunidad, la autoridad sanitaria.

Capítulo II Personal

Artículo 5. Para el adecuado funcionamiento del sistema federal de ejecución de sentencias, en la designación del personal directivo, administrativo, técnico y de custodia de las instituciones de internamiento, se considerara la vocación, aptitudes, preparación a académica, antecedentes penales y la convocatoria de las autoridades competentes.

Artículo 6. Los miembros del personal penitenciario, quedan sujetos a la obligación de seguir, antes de la asunción de su cargo y durante el desempeño de este, los cursos de formación y actualización que se establezcan, así como de aprobar los exámenes de selección que se implanten. Para ello, en los convenios se determinará la participación que en este punto habrá de tener el servicio de selección y formación de personal, dependiente del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social; y el Poder Judicial de la Federación, respectivamente.

Artículo 7. El personal de seguridad estará a cargo de la vigilancia exterior de los centros federales de ejecución de penas; el personal de custodia, lo será de la interior, éste último en ningún caso deberá realizar sus funciones armado. El reglamento interior del centro establecerá los requerimientos específicos de capacitación, equipo y armamento para la prestación de dichos servicios.

Artículo 8. Queda prohibido y por ello ningún interno podrá desempeñar funciones de autoridad o ejercer dentro del establecimiento empleo, cargo o comisión alguna. Cuando exista una denuncia de inmediato se realizara una investigación amplia, completa e imparcial por parte de la autoridad ministerial para saber quien y en que nivel directivo se promueve o se tolera el régimen de autogobierno.

De constatarse alguna responsabilidad administrativa o penal el servidor público de que se trate será separado de inmediato y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Capítulo III Sistema de Ejecución de Sentencias

Artículo 9. El tratamiento será individualizado, con aportación de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorporación social del sujeto, consideradas sus circunstancias personales, sus usos y costumbres tratándose de internos indígenas, así como la ubicación de su domicilio, a fin de que puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a aquél.

Para la mejor individualización del tratamiento y tomando en cuenta las condiciones de cada medio y las posibilidades presupuestales, se clasificará a los reos en instituciones especializadas, entre las que podrán figurar establecimientos de seguridad máxima, media y mínima, colonias y campamentos penales, hospitales psiquiátricos y para infecciosos e instituciones abiertas.

El sitio en que se desarrolle la prisión preventiva será distinto del que se destine para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Las mujeres quedarán recluidas en lugares separados de los destinados a los hombres. Los menores infractores serán internados, en su caso, en instituciones diversas de las asignadas a los adultos.

El sitio en que se ubiquen los sujetos internos a proceso, será completamente distinto del que se designe al de los internos con sentencia ejecutoriada.

En la construcción de nuevos establecimientos de custodia y ejecución de sanciones y en el remozamiento o la adaptación de los existentes, el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, tendrá las funciones de orientación técnica y las facultades de aprobación de proyectos a que se refieren los convenios.

Artículo 10. El régimen penitenciario tendrá carácter progresivo y técnico y constará, por lo menos, de periodos de estudio y diagnóstico y de tratamiento, dividido este último en fases de tratamiento en clasificación y de tratamiento preliberacional. El tratamiento se fundará en los resultados de los estudios de personalidad que se practiquen al reo, los que deberán ser actualizados periódicamente.

Se procurará iniciar el estudio de personalidad del interno desde que éste quede sujeto a proceso, en cuyo caso se turnará copia de dicho estudio a la autoridad jurisdiccional de la que aquél dependa.

Artículo 11. El tratamiento preliberacional podrá comprender:

I. Información y orientación especiales, así como discusión con el interno y sus familiares de los aspectos personales y prácticos de su vida en libertad;

II. Métodos colectivos;

III. Concesión de mayor libertad dentro del establecimiento;

IV. Traslado a la institución abierta; y

V. Permisos de salida de fin de semana o diaria con reclusión nocturna, o bien de salida en días hábiles con reclusión de fin de semana.

Al aplicar las medidas de tratamiento establecidas en las fracciones IV y V, la autoridad condicionará su otorgamiento, al cumplimiento de lo previsto en la fracción III y en los incisos a) a d) del artículo 84 del Código Penal Federal. No se concederán dichas medidas cuando el sentenciado se encuentre en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 85 del mencionado Código Penal. La autoridad podrá revocar dichas medidas, conforme a lo establecido en el artículo 86 del citado Código Penal.

Para la aplicación de los tratamientos preliberatorios a que tengan derecho los hombres y mujeres indígenas, las autoridades considerarán los usos y costumbres de aquellos.

Artículo 12. En el curso del tratamiento se fomentará el establecimiento, la conservación y el fortalecimiento, en su caso, de las relaciones del interno con personas convenientes del exterior. Para este efecto, se procurará el desarrollo del servicio social penitenciario en cada centro de reclusión, con el objeto de auxiliar a los internos en sus contactos autorizados con el exterior.

La visita íntima, que tiene por finalidad principal el mantenimiento de las relaciones maritales del interno en forma sana y moral, no se concederá discrecionalmente, sino previos estudios social y médico, a través de los cuales se descarte la existencia de situaciones que hagan desaconsejable el contacto íntimo.

Artículo 13. En el reglamento interior del reclusorio se harán constar, clara y terminantemente, las infracciones y las correcciones disciplinarias, así como los hechos meritorios y las medidas de estímulo. Sólo el director del reclusorio podrá imponer las correcciones previstas por el reglamento, tras un procedimiento sumario en que se comprueben la falta y la responsabilidad del interno y se escuche a éste en su defensa. El interno podrá inconformarse con la corrección aplicada, recurriendo para ello al superior jerárquico del director del establecimiento.

Se entregará a cada interno un instructivo, en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes y el régimen general de vida en la institución. Tratándose de reclusos indígenas, el instructivo se les dará traducido a su lengua.

Los internos tienen derecho a ser recibidos en audiencia por los funcionarios del reclusorio, a transmitir quejas y peticiones, pacíficas y respetuosas, a autoridades del exterior, y a exponerlas personalmente a los funcionarios que lleven a cabo, en comisión oficial, la visita de cárceles.

Se prohíben todo castigo consistente en torturas o en tratamientos crueles, con uso innecesario de violencia en perjuicio del recluso, así como la existencia de los llamados pabellones o sectores de distinción, a los que se destine a los internos en función de su capacidad económica, mediante pago de cierta cuota o pensión.

Artículo 14. Se favorecerá el desarrollo de todas las demás medidas de tratamiento compatibles con el régimen establecido en esta ley, con lo establecido en la ley, sus previsiones y de los convenios y con las circunstancias de la localidad y de los internos.

Artículo 15. Cuando el sentenciado incumpla injustificadamente con las condiciones impuestas para otorgarle algún beneficio, infrinja medidas que establezcan presentaciones frecuentes para su tratamiento, o cometa un nuevo delito, se revocará el beneficio y se hará efectiva la sanción impuesta; para tal efecto, el tribunal que lo haya concedido, procederá con audiencia del Ministerio Público, del sentenciado y de un defensor, si fuere posible, a comprobar la existencia de dicha causa y, en su caso, ordenará que se ejecute la sanción. Si el nuevo delito fuere culposo, la autoridad podrá, motivadamente y según la gravedad del hecho, revocar o mantener el beneficio.

Artículo 16. El juez de ejecución ordenará y controlará el efectivo cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas y de las sanciones que además de la privativa de la libertad, se le impusieren, así como de multas y decomisos, impuestos en la sentencia, ordenando la ejecución, de las cauciones en términos de esta ley, dirigiendo las comunicaciones correspondientes a los organismos públicos o autoridades competentes.

Artículo 17. La ejecución de las penas y las medidas de seguridad en el ámbito federal se ajustarán a los siguientes principios:

I. Seguridad jurídica del interno en la duración y naturaleza de las penas y las medidas de seguridad;

II. Supremacía de la legalidad en la determinación de los derechos que se restringen, se suspenden y se adquieren durante la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad;

III. Racionalidad, proporcionalidad y equidad de los actos de la autoridad ejecutora;

IV. Respeto invariable a la dignidad humana en la ejecución de las sanciones penales;

V. Intervención judicial en las controversias que se susciten con motivo de la ejecución administrativa de las penas y las medidas de seguridad;

VI. Invulnerabilidad de la conciencia y estricto respeto a la dignidad humana en la ejecución de las penas y las medidas de seguridad;

VII. Escrutinio público y publicidad de la información de estadística de ejecución de Penas;

VIII. Personalización administrativa de la sanción con prescindencia, de los hechos que han sido materia de los juicios penales;

IX. Igualdad de trato entre la población penitenciaria;

X. Interpretación de la norma en el sentido que más favorezca a los internos y de la aplicación del principio de defensa;

XI. Mínima aflicción en la ejecución de la sanción o medida de seguridad;

XII. Prestación de servicios a favor de la comunidad

XIII. Establecer condiciones de seguridad, orden y disciplina penitenciaria que no constituyan en sí mismas o como consecuencia de su aplicación una agravante de la pena o violaciones a los derechos humanos de los internos;

XIV. Culpabilidad, con exclusión de cualquier concepto del derecho penal de autor;

XV. Gobernabilidad a través del estricto control que el director asuma en el centro federal de ejecución de penas;

XVI. Profesionalización del juez de ejecución y de todo el personal directivo, del consejo técnico, de las áreas técnicas, así como de seguridad y custodia;

XVII. Debido proceso legal en todos los procedimientos que se susciten por violación al reglamento Interno, así como en las controversias que sean del conocimiento del juez;

XVIII. No trascendencia de la pena para que ésta afecte lo menos posible a los familiares y a las personas distintas del sentenciado; y

XIX. Garantías individuales y derechos humanos de los internos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, así como del derecho penal de autor que resulten extensivos al ámbito de la ejecución de la pena y de las medidas de seguridad.

Artículo 18. La pena de prisión se aplicará estrictamente en los términos establecidos por las resoluciones judiciales, sin afectar ningún otro derecho cuya restricción no hubiese sido resuelta jurisdiccionalmente o que sea consecuencia necesaria e inevitable de la pena de prisión impuesta

Artículo 19. El Reglamento Interior de los Centros Federales de Ejecución de Penas determinará los lineamientos básicos del centro, al respecto se deberán observar los siguientes criterios:

I. Clasificación y ubicación intrainstitucional de la población reclusa a partir de criterios tendientes a favorecer la adecuada estancia de los internos en el centro penitenciario en todo para lograr dicha clasificación se prescindirá de valoraciones subjetivas y discriminatorias que no tengan sustento en la ley;

II. Régimen de revisiones de internos, visitantes y trabajadores en sus personas y sus pertenencias;

III. Establecimiento de los procedimientos y las sanciones que se impondrán a los internos con motivo de las infracciones administrativas que plenamente se les haya comprobado;

IV. Establecimiento de programas educativos, laborales y de capacitación para la población interna;

V. Servicios y programas de atención a la salud;

VI. Servicios y programas de asistencia a los internos con problemas de adicción, combate al tráfico de drogas;

VII. Servicios y programas institucionales de prevención y control de disturbios;

VIII. Servicios y programas de visita familiar e íntima;

IX. Servicios y programa de industria penitenciaria;

X. Servicios y programas de asistencia a los liberados así como a su familia;

XI. Evaluación periódica y permanente de todo el personal de seguridad y custodia; y

XII. Servicio civil de carrera, selección, capacitación, especialización, estabilidad y disciplina del personal.

Artículo 20. La ejecución administrativa de la sentencia condenatoria se ajustará exclusivamente a desarrollar los extremos que el juzgador haya determinado en su resolución. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia la autoridad ejecutora de la pena podrá ir más allá de lo que establezca el juez en la sentencia.

Capítulo IV Autoridades y su Administración

Artículo 21. Al frente de cada uno de los centros de internación habrá un director, quien será el responsable del gobierno y la administración del mismo, será nombrado y removido por la Secretaría, y un juez de ejecución, nombrado por el Poder Judicial Federal. Para el adecuado desempeño de sus funciones, tanto el director como el juez de ejecución, se auxiliarán del consejo técnico.

Artículo 22. Para ser director de un establecimiento de reclusión federal, se requiere:

I. Poseer un título profesional en el área de las ciencias sociales, las humanidades o la administración pública;

II. Tener 30 años cumplidos al día del nombramiento;

III. Contar con conocimientos documentados sobre la realidad penitenciaria o sobre la administración de este tipo de instituciones, y

IV. No haber sido sentenciado por la comisión de delitos dolosos.

Artículo 23. Son funciones del director:

I. Cumplir y hacer cumplir esta ley y su reglamento;

II. Representar al centro ante las autoridades correspondientes;

III. Vigilar que en ningún momento haya en el establecimiento personas detenidas sin mandamiento legítimo de autoridad competente, así como evitar que se prolongue injustificadamente la prisión;

IV. Proveer lo necesario para garantizar la seguridad de los internos, los visitantes y el personal que labora en la institución, así como la plena vigencia de condiciones dignas para el desarrollo cotidiano de la vida en reclusión;

V. Presentar al juez de ejecución solicitudes de traslado de sentenciados a otros Ceferesos o de éstos a los Ceresos;

VI. Elaborar los expedientes de los sentenciados por duplicado una vez que los sentenciados le son puestos a disposición, remitiéndole al juez de ejecución un ejemplar, así como copia certificada de cada auto o acuerdo que se celebre con posterioridad, durante las siguientes 24 horas a la celebración de los mismos;

VII. Coordinar el trabajo del consejo técnico y tomar en consideración las decisiones, sugerencias y orientaciones emanadas de dicho órgano en torno al gobierno del establecimiento;

VIII. Garantizar que el derecho de audiencia de internos y familiares sea oportunamente satisfecho, y que se sustancien los procedimientos de revisión y control establecidos en esta ley y su reglamento;

IX. Expedir las constancias respecto del tiempo de reclusión de los internos y, en su caso, sobre la comisión de faltas que afecten el otorgamiento la reducción de la sanción;

X. Asegurar que se apliquen y cumplan los programas y servicios establecidos por el consejo técnico dentro de su competencia;

XI. Promover la industria penitenciaria y celebrar los convenios necesarios para su desarrollo con las entidades públicas y privadas;

XII. Hacer del conocimiento de la Secretaría las medidas y consideraciones que, para el adecuado gobierno de la institución, requieran su apoyo o autorización, y

XIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las atribuciones anteriores.

Capítulo V Comité Técnico Interdisciplinario

Artículo 24. El Consejo Técnico Interdisciplinario es un órgano colegiado integrado por profesionales de las distintas áreas de la prisión, cuya competencia consiste en proponer e instrumentar las medidas necesarias para el adecuado gobierno del centro federal de ejecución de penas a través del control directo de la vida cotidiana en reclusión, así como en supervisar los servicios que brinda la institución.

Artículo 25. El Consejo Técnico Interdisciplinario es la instancia coordinadora de todo el personal profesional del centro, de igual manera tendrá las facultades consultivas y de gobierno que el reglamento interior determine.

Artículo 26. El personal que integre el Consejo Técnico Interdisciplinario contará con un amplio conocimiento de la materia penitenciaria, deberá ser personal profesional, con los perfiles idóneos para contribuir a la reinserción social del interno.

Artículo 27. Los requisitos para formar parte del Consejo Técnico Interdisciplinario son:

I. Poseer título profesional en el área de ciencias sociales, humanidades o administración pública;

II. Contar con conocimientos documentados en materia penitenciaria o sobre la administración de este tipo de instituciones;

III. No haber sido sentenciado por la comisión de delitos dolosos;

IV. Presentar su declaración patrimonial ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública Federal;

V. No tener antecedentes ilícitos en el órgano de Control Interno de la Secretaría de Seguridad Pública Federal; y

VI. No haber pertenecido a la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea.

Artículo 28. El Consejo Técnico Interdisciplinario del centro se integrará de la siguiente forma:

I. El director del centro, quien lo presidirá;

II. El subdirector jurídico;

III. El subdirector técnico;

IV. El subdirector de seguridad y custodia;

V. El subdirector administrativo;

VI. Los jefes de los departamentos de observación y clasificación, actividades educativas, laborales y servicios médicos; y

VII. Un representante del comisionado.

Por cada miembro propietario se designará un suplente.

Artículo 29. Los representantes de las instituciones públicas de salud, educación, del trabajo, defensoría pública, derechos humanos, estarán facultados para asistir a las sesiones del Consejo teniendo derecho de voz para lo cual deberán ser previamente convocados.

Capítulo VI Trabajo y Educación

Artículo 30. El trabajo en los centros penitenciarios federales contribuirá de manera decisiva a la reinserción social del interno, para ello todos los condenados tendrán la obligación de trabajar considerando su aptitud física y mental, según la determine el Consejo Técnico Interdisciplinario.

Artículo 31. El director del centro proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, este deberá contribuir por su naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del interno para ganar honradamente su vida después de su liberación. En todo caso el trabajo no deberá imponerse como un castigo y siempre tendrá un sentido de realización humana.

Artículo 32. En el centro se brindará formación profesional, particularmente a los jóvenes en algún oficio útil a los internos que estén en condiciones de aprovecharla. Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional y con las exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias, los internos podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar

Artículo 33. El trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia económica del establecimiento. Para este último efecto, se trazará un plan de trabajo y producción que será sometido a aprobación del gobierno del estado y, en los términos del convenio respectivo, de la Dirección General de Servicios Coordinados.

Los reos pagarán su sostenimiento en el reclusorio con cargo a la percepción que en éste tengan como resultado del trabajo que desempeñen. Dicho pago se establecerá a base de descuentos correspondientes a una proporción adecuada de la remuneración, proporción que deberá ser uniforme para todos los internos de un mismo establecimiento. El resto del producto del trabajo se distribuirá del modo siguiente: treinta por ciento para el pago de la reparación del daño, treinta por ciento para el sostenimiento de los dependientes económicos del reo, treinta por ciento para la constitución del fondo de ahorros de éste, y diez por ciento para los gastos menores del reo. Si no hubiese condena a reparación del daño o éste ya hubiera sido cubierto, o si los dependientes del reo no están necesitados, las cuotas respectivas se aplicarán por partes iguales a los fines señalados, con excepción del indicado en último término.

Ningún interno podrá desempeñar funciones de autoridad o ejercer dentro del establecimiento empleo o cargo alguno, salvo cuando se trate de instituciones basadas, para fines de tratamiento, en el régimen de autogobierno.

Artículo 34. La educación que se imparta a los internos será laica y tendrá contenidos de carácter académico, cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético, orientados en el respeto a la ley, las instituciones y los derechos humanos. Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía correctiva y quedará a cargo, preferentemente, de maestros especializados.

Tratándose de internos indígenas, la educación que se les imparta será bilingüe, para conservar y enriquecer sus lenguas, y la instrucción deberá ser proporcionada por maestros bilingües.

Artículo 35. Para el bienestar físico y mental de los internos se organizarán actividades recreativas y culturales en todos los centros penitenciarios federales.

Artículo 36. Cuando durante la ejecución de la sanción privativa de libertad se cumplan los requisitos legales para acceder a la fase de la preliberación, la autoridad penitenciaria deberá solicitar al juez de ejecución la tramitación de la preliberación correspondiente, de acuerdo a las formalidades y procedimientos que establece la ley. En la tramitación de los incidentes de preliberación el juez de ejecución escuchará al sentenciado, acompañado de su defensor y la autoridad penitenciaria.

La preliberación será promovida de oficio por el juez de ejecución, en cuyo caso emplazará a la Dirección del establecimiento para que remita los informes que prevé la ley. Cuando lo promueva el sentenciado ante la dirección del establecimiento, ella remitirá inmediatamente la solicitud, fijando la fecha en que elevará el informe.

El juez de ejecución podrá rechazar sin trámite la solicitud, cuando fuere manifiestamente improcedente o cuando estime que no transcurrió el tiempo suficiente para que hayan variado las condiciones que motivaron el rechazo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, practique de nuevo el cómputo.

Cuando la libertad le fuera otorgada, en el auto se fijarán las condiciones e instrucciones, según lo establecido por la ley penal. El liberado, en el acto de la notificación, deberá prometer que las cumplirá y denunciará el modo como intentará cumplirlas. Fijará domicilio y recibirá una copia de la resolución.

El juez de ejecución vigilará el cumplimiento de las condiciones impuestas, las que serán reformables de oficio o a petición del sentenciado y su defensor.

Artículo 37. Cuando el que goce de preliberación incumpla injustificadamente con las condiciones impuestas para otorgarle el beneficio, la autoridad que tenga conocimiento de ello dará cuenta al juez de ejecución que le concedió la libertad, para que decrete su revocación.

Si el sentenciado no pudiere ser hallado, el juez de ejecución ordenará su detención.

El incidente se llevará a cabo cuando fuere hallado el sentenciado y el tribunal podrá disponer que se le mantenga preventivamente detenido hasta que se resuelva la incidencia.

El juez de ejecución decidirá por auto fundado, si es procedente o improcedente la revocación, para tal efecto, se sujetará a las siguientes reglas:

I. Cuando el liberado incumpla injustificadamente con las condiciones impuestas para otorgarle el beneficio, el juez de ejecución podrá, en caso de un primer incumplimiento, amonestar al sentenciado y apercibirlo de revocarle el beneficio en caso de un segundo incumplimiento, y

II. Cuando el liberado infrinja medidas que establezcan presentaciones frecuentes para tratamiento, la revocación sólo procederá al tercer incumplimiento o falta.

Artículo 38. Cuando el sentenciado cometa un nuevo delito, el juez o tribunal que conozca de éste remitirá copia certificada de la sentencia que cause ejecutoria al juez de ejecución que concedió la preliberación, quien decretará la revocación, sujetándose a las siguientes reglas:

I. Cuando el liberado sea condenado por nuevo delito doloso mediante sentencia ejecutoriada, la revocación operará de plano;

II. Si el nuevo delito fuere culposo, podrá, motivadamente y según la gravedad del hecho, revocar o mantener la libertad preparatoria;

III. El condenado cuya preliberación sea revocada deberá cumplir el resto de la pena en prisión, para lo cual la autoridad computará el tiempo de cumplimiento en preliberación, y

IV. Los hechos que originen los nuevos procesos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo interrumpen los plazos para extinguir la sanción.

Cuando sobrevenga la improcedencia de la preliberación, por unificación de sentencias, el incidente de revocación será promovido de oficio o a petición del Ministerio Público.

Artículo 39. Se concederá libertad preparatoria al sentenciado, previo informe de la autoridad penitenciaria en el que conste que hubiere cumplido las tres quintas partes de su sanción, si se trata de delitos intencionales, o la mitad de la misma en caso de delitos imprudenciales, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I. Que haya observado buena conducta durante la ejecución de su sentencia;

II. Que haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado, sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirlo desde luego;

III. Satisfechos los requisitos anteriores, el juez de ejecución podrá conceder la libertad, sujeta a las siguientes condiciones:

a) Residir o, en su caso, no residir en lugar determinado, e informar a la autoridad de los cambios de su domicilio;

b) La designación del lugar de residencia se hará conciliando la circunstancia de que el sentenciado pueda obtener trabajo en el lugar que se fije, con el hecho de que su permanencia en él no sea un obstáculo para su enmienda;

c) Desempeñar en el plazo que la resolución determine, oficio, arte, industria o profesión lícitos, si no tuviere medios propios de subsistencia, y

d) Sujetarse a las medidas de orientación y supervisión que se le dicten y a la vigilancia de alguna persona de arraigo, que se obligue a informar sobre su conducta, presentándolo siempre que para ello fuere requerida.

Artículo 40. No se concederá la libertad preparatoria:

I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en el Código Penal Federal que a continuación se señalan: a) Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 Bis, párrafo tercero;

b) Contra la salud, previsto en el artículo 194, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica;

c) Corrupción de menores o incapaces, previsto en el artículo 201;

d) Violación, previsto en los artículos 265, 266 y 266 Bis;

e) Homicidio, previsto en los artículos 315, 315 bis y 320;

f) Secuestro, previsto en el artículo 366, salvo los dos párrafos últimos, y tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter.

g) Comercialización de objetos robados, previsto en el artículo 368 Ter;

h) Robo de vehículo, previsto en el artículo 376 Bis;

i) Robo, previsto en los artículos 371, último párrafo; 372; 381 fracciones VII, VIII, IX, X, XI y XV; y 381 Bis, o

j) Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis, o

II. Los que incurran en segunda reincidencia de delito doloso, o sean considerados delincuentes habituales.

Tratándose de los delitos comprendidos en el Título Décimo del Código Penal Federal, la libertad preparatoria sólo se concederá cuando se satisfaga la reparación del daño a que se refiere la fracción III del artículo 30 del mismo ordenamiento o se otorgue caución que la garantice.

Artículo 41. El juez de ejecución revocará la libertad preparatoria cuando:

I. El liberado incumpla injustificadamente con las condiciones impuestas para otorgarle la libertad. El juez de ejecución, en caso de un primer incumplimiento, amonestará al sentenciado y lo apercibirá de revocarle la libertad en caso de un segundo incumplimiento. Cuando el liberado infrinja medidas que establezcan presentaciones frecuentes para tratamiento, la revocación sólo procederá al tercer incumplimiento;

II. El liberado sea sancionado por nuevo delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada, en cuyo caso la revocación operará de oficio. Si el nuevo delito fuere culposo, el juez de ejecución, motivadamente y según la gravedad del hecho, podrá revocar o mantener la libertad preparatoria, y

III. El sentenciado cuya libertad preparatoria sea revocada deberá cumplir el resto de la sanción en prisión, para lo cual la autoridad considerará el tiempo de cumplimiento en libertad. Los hechos que originen los nuevos procesos a que se refiere la fracción II de este artículo interrumpen los plazos para extinguir la sanción.

Artículo 42. Los sentenciados que disfruten de libertad preparatoria, quedarán bajo el cuidado y vigilancia de la autoridad penitenciaria, en el ámbito de su debida competencia.

Artículo 43. El tratamiento preliberacional tiene por objeto la reincorporación social del individuo.

Artículo 44. El tratamiento preliberacional comprenderá:

I. Información y orientación especial al interno sobre los aspectos personales y prácticos de su vida en libertad,

II. Concesión de mayor libertad dentro del establecimiento,

III. Aplicación de técnicas socio terapéuticas y psicoterapias colectivas y de todas aquellas que coadyuven a lograr una mejor integración social,

IV. A la Institución abierta, y

V. Al régimen de prelibertad.

Artículo 45. La prelibertad se podrá otorgar desde dos anos antes a la fecha en que el interno está en tiempo de obtener su libertad condicional o absoluta, en correlación con el beneficio de la remisión parcial de la pena.

Artículo 46. La prelibertad deberá ser concedida en forma gradual y sistemática por el juez ejecutor de sentencias, atendiendo al dictamen técnico jurídico emitido por los consejos técnicos interdisciplinarios.

Artículo 47. Las modalidades de la prelibertad son las siguientes:

I. Salida de dos días a la semana,

II. Salida diurna, reclusión nocturna y de sábados y domingos,

III. Salida diurna, reclusión nocturna,

IV. Salida diurna, reclusión nocturna con salida de sábados y domingos,

V. Reclusión de dos días a la semana,

VI. Presentación semanal al centro, y

VII. Presentación quincenal al centro.

Artículo 48. Al ser concedida la prelibertad, en cualquiera de sus modalidades, el director del centro correspondiente, deberá advertir al preliberado que tendrá que ocurrir a la Institución que le haya sido señalado para hacer sus presentaciones; de informar de sus cambios de domicilio; de la obligación de desempeñar actividades lícitas; de la prohibición que tenga de ir a los lugares que haya determinado el juez ejecutor de sentencias, así como observar una conducta intachable para con los demás y consigo mismo y cumplir con las demás medidas terapéuticas que éste le haya señalado.

Artículo 49. La prelibertad, será revocada por el juez ejecutor de sentencias, en los siguientes casos:

I. Por cometer un nuevo delito, y que dentro del término constitucional resulte, probable responsable,

II. Cuando incumpla las condiciones con que le fue otorgada, sin causa justificada, y

III. Cuando el interno presente conductas no acordes al tratamiento preliberacional instaurado.

Artículo 50. La libertad condicional se otorgará a los internos sancionados con penas de privación de libertad por dos años o más cuando se satisfagan los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido las tres quintas partes de la pena corporal impuesta, cuando se trate de delitos dolosos, y haber cumplido las dos cuartas partes cuando se trate de delitos culposos.

II. Haber observado dentro de su internamiento, buena conducta, sin limitarse al simple cumplimiento de los reglamentos sino a su mejoramiento cultural, perfeccionamiento en el servicio y superación en el trabajo, que revele un afán constante de readaptación social y rehabilitación, en su caso.

III. Ofrecer dedicarse a en el plazo que la resolución determine a un oficio, arte, industria, profesión o cualquier otro medio honesto de vivir y acatar los condicionantes que determine el juez Ejecutor de Sanciones.

IV. Que alguna persona, con reconocida solvencia moral, honrada y de arraigo, se obligue a supervisar y cuidar que el liberado cumpla con sus obligaciones contraídas al momento de su liberación.

V. Que el beneficiado con libertad condicional resida en el lugar que se determine y del cual no podrá ausentarse sin el permiso previo del juez ejecutor de sentencias.

La designación se hará conciliando las circunstancias de que al interno no pueda proporcionársele trabajo en el lugar que se le fije, con el hecho de que su permanencia en él, no sea un obstáculo para su enmienda.

Artículo 51. La libertad condicional no se concederá a los reincidentes, ni a los habituales, ni a los sentenciados por delitos graves debiéndose observar al respecto lo que dispone el Código Penal Federal.

Artículo 52. El interno que intente fugarse o bien el que habiéndose fugado sea reaprendido, perderá el derecho a la libertad condicional y quedará sujeto a la determinación del juez ejecutor de sentencias.

Artículo 53. El juez ejecutor de sentencias, programará un Sistema de Oficio para la revisión de los expedientes de todos los internos para verificar que se encuentren en el término legal para la obtención de su libertad condicional, en base al principio de no discriminación y al respeto íntegro de los derechos humanos.

Artículo 54. Los individuos que disfruten de la libertad condicional quedarán sujetos a la vigilancia discreta por quien designe, el juez ejecutor de sentencias y por todo el tiempo que les falte para cumplir con su pena.

Artículo 55. La libertad condicional, será revocada por el juez ejecutor de sentencias, en los siguientes casos:

I. Por haber dejado de cumplir con alguna de las condiciones establecidas en el artículo 188 de esta ley, y

II. Por cometer un nuevo delito, y que dentro del término constitucional resulte, presunto responsable.

Cuando se verifique la condición de alguna de estas circunstancias, el juez ejecutor de sentencias, revocará el beneficio concedido y el infractor extinguirá toda la parte de la pena que le falte por compurgar.

Artículo 80. Las Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad, se extinguen por:

I. El cumplimiento de la misma,

II. Muerte del Penado,

III. Resolución de la autoridad Judicial,

IV. Indulto o Amnistía,

V. Prescripción, y

VI. Cesación de los efectos de la Sentencia por dejar de considerarse una conducta como delito.

Artículo 56. En los casos de las fracciones I y VI del artículo anterior, el juez ejecutor de sentencias ordenará la Libertad inmediata del condenado, incurriendo en responsabilidad oficial si no lo hiciere.

En el caso de la fracción III, se estará a lo dispuesto en la resolución judicial respectiva, y en el de la fracción IV a la que dispongan las leyes, o el Ejecutivo estatal que concedan respectivamente la amnistía o el indulto.

Artículo 57. Al quedar un interno en libertad definitiva o condicional, se hará entrega inmediata a la cantidad que le corresponde de su fondo de ahorro, así como una constancia de que ha obtenido su libertad definitiva legalmente.

Capítulo VII Remisión y Reducción de las Sanciones

Artículo 58. La remisión parcial de la sanción consiste en la disminución de un día de la sanción de prisión establecida en la sentencia judicial por cada dos días en que el interno participe en actividades educativas, laborales o culturales en el establecimiento de reclusión o desarrolle por su cuenta, en forma lícita, cualquiera de las actividades antes señaladas, sin interferir con el funcionamiento del centro.

Cuando el interno cometa una falta administrativa grave, se le impondrá como sanción accesoria el descuento de treinta días de aquéllos en los que se le hubieren reducido de su sanción en virtud de este beneficio.

En el caso de la comisión de faltas no graves, el interno conservará el beneficio de reducción de días de sanción que hubiese obtenido hasta el momento y la autoridad penitenciaria aplicará únicamente la sanción correspondiente.

A los sentenciados a través del proceso abreviado en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales se les otorgará la remisión parcial de la sanción hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta.

Artículo 59. La autoridad penitenciaria tiene la obligación de expedir una constancia en forma anual, a partir de la fecha del ingreso del interno o cuando fuesen requeridos por el juez de ejecución. Este documento contendrá la siguiente información:

I. La sentencia judicial de cuya ejecución se trate y el número de días en que por virtud de la misma el interno haya estado privado de su libertad en el período anual o el que corresponda;

II. Los días laborados;

III. Las infracciones graves en que hubiese incurrido durante el mismo periodo, y

IV. Cualquier circunstancia que se refiera al cumplimiento de la sanción y que pueda condicionar el otorgamiento de la libertad anticipada.

Artículo 60. Las restricciones para el otorgamiento de la reducción de la sanción sólo se aplicarán a los días de prisión que hubiesen sido remitidos durante el período anual comprendido en la constancia a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 61. Los sentenciados podrán impugnar el contenido de las constancias, de acuerdo con el procedimiento establecido para ello en esta ley.

Artículo 62. La reducción de la sanción por reparación del daño consiste en la reducción del diez por ciento del tiempo de la pena de prisión a la que hubiese sido sentenciado el interno.

Artículo 63. La reducción de la sanción y remisión parcial de la misma serán acumuladas por el juez de ejecución y, para su otorgamiento no se tomarán en cuenta el delito cometido ni otros elementos distintos a los señalados en este capítulo.

Artículo 64. A los internos que por falta de ocupación laboral asistan regularmente a la escuela, les eran tomadas en cuenta dichas actividades para el efecto de la remisión parcial de la pena y cualquier otra medida útil tendiente a su reincorporación social.

Capítulo VIII Jueces de Ejecución

Artículo 65. El juez de ejecución de penas forma parte del Poder Judicial de la Federación y tendrá facultades para decidir el cumplimiento de la pena impuesta, resolver los recursos que se le presenten, salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos, excesos y desviaciones que en el cumplimiento de las disposiciones penitenciarias puedan producirse.

Artículo 66. Los procedimientos judiciales ante el juez de ejecución de penas se regirán por los principios de presunción de inocencia y legalidad, audiencia y defensa, respetando en todo caso los derechos del debido proceso legal y se compruebe plenamente la infracción y la responsabilidad individual del interno, en todo caso se escuchará a este en su defensa. El interno podrá recurrir la resolución ante la instancia judicial superior competente.

Artículo 67. Son facultades del juez de ejecución de penas:

I. Resolver en definitiva sobre los beneficios de reductivo de pena propuestos por el Consejo Técnico Interdisciplinario del centro de reclusión del interno;

II. Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias;

III. Acordar lo que proceda sobre las peticiones que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los derechos y beneficios penitenciarios de aquéllos;

IV. Realizar las visitas a los centros federales de ejecución de penas con la finalidad de verificar el cumplimiento de la presente ley; y

V. Resolver los traslados de los internos.

Artículo 68. Para la determinación judicial de las sanciones disciplinarias, los jueces de ejecución de penas deberán ajustarse estrechamente a los principios de acto, necesidad y culpabilidad, en consecuencia no podrá sancionar:

I. Las conductas cuya ejecución requiere el ejercicio legítimo de un derecho constitucionalmente reconocido;

II. Las que no afectan la seguridad interior del centro; y

III. Las que no lesionan un derecho de terceros.

Artículo 69. Las sanciones que determinen los jueces de ejecución de penas serán proporcionales al daño que ocasione la infracción, en consecuencia, sólo serán infracciones disciplinarias graves:

I. La participación activa en disturbios;

II. Los actos que impliquen la comisión de un delito en agravio del personal penitenciario o de los mismos internos, cuya penalidad no sea sustituible por pena distinta de la de prisión; y

III. Las acciones tendientes a generar espacios de autogobierno en la prisión.

Artículo 70. El recurso de impugnación en contra de las resoluciones del juez de ejecución de penas, dejará en suspenso la aplicación de la sanción, hasta que el juez de ejecución de penas de segunda instancia resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se establezcan las medidas que sin limitar derechos, garanticen la seguridad, la disciplina y el orden en el centro federal de ejecución de penas.

Artículo 71. Las víctimas del delito y sus familiares podrán acudir ante los jueces de ejecución de penas para denunciar cualquier incumplimiento o forma de simulación que favorezca la impunidad del condenado, así como las desviaciones respecto de la ejecución de la pena impuesta.

Artículo 72. El juez de ejecución de penas tendrá la facultad de suspender hasta por un mes al Comisionado de los Centros Federales de Ejecución de Penas, así como a los directores de los mismos, cuando:

I. No atienda en sus términos las medidas cautelares ordenadas por un juez;

II. Repita los actos u omisiones consideradas como violatorios de derechos humanos en el auto que resuelve el procedimiento de impugnación;

III. Obstruya o no evite la obstrucción de las funciones de los defensores de ofiuco, los visitadores de los organismos públicos de protección de los derechos humanos y del personal del tribunal; y

IV. Niegue la información que no sea clasificada a los legisladores federales que la soliciten.

Título XII Ejecución

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 73. En toda sentencia condenatoria el tribunal que la dicte prevendrá que se amoneste al reo para que no reincida, advirtiéndole las sanciones a que se expone, lo que se hará en diligencia con las formalidades que señala el artículo 42 del Código Penal Federal. La falta de esa diligencia no impedirá que se hagan efectivas las sanciones de reincidencia y de habitualidad que fueren procedentes.

Artículo 74. La ejecución de las sentencias irrevocables en materia penal corresponde al Poder Ejecutivo, quien, por medio del órgano que designe la Ley, determinará, en su caso, el lugar y las modalidades de ejecución, ajustándose a lo previsto en el Código Penal, en las normas sobre ejecución de penas y medidas y en la sentencia.

Será deber del Ministerio Público practicar todas las diligencias conducentes a fin de que las sentencias sean estrictamente cumplidas; y lo hará así, ya gestionando cerca de las autoridades administrativas lo que proceda, o ya exigiendo ante los tribunales la represión de todos los abusos que aquéllas o sus subalternos cometan, cuando se aparten de lo prevenido en las sentencias, en pro o en contra de los individuos que sean objeto de ellas.

Artículo 75. El Ministerio Público cumplirá con el deber que le impone el artículo anterior siempre que, por queja del interesado o de cualquiera otra manera, llegue a su noticia que la autoridad encargada de la ejecución de la sentencia se aparta de lo ordenado en ella. Los agentes del Ministerio Público, para hacer sus gestiones en tales casos ante la autoridad administrativa o ante los tribunales, recabarán previamente instrucciones expresas y escritas del Procurador General de la República.

Artículo 76. Pronunciada una sentencia ejecutoriada condenatoria o absolutoria, el juez o el tribunal que las pronuncie expedirán dentro de cuarenta y ocho horas, una copia certificada para la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, con los datos de identificación del reo. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa de cinco a quince días de salario mínimo.

El juez está obligado a dictar de oficio, todas las providencias conducentes para que el reo sea puesto a disposición de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social. El incumplimiento de esta obligación se sancionará con multa de veinte a cuarenta días de salario mínimo.

Artículo 77. El Ministerio Público solicitará de los tribunales que, para los efectos del artículo 37 del Código Penal Federal, se envíe a la autoridad fiscal que corresponda, copia autorizada de la sentencia en que se condena a la sanción pecuniaria, para que se haga efectivo su importe.

Artículo 78. Efectuado el pago de la sanción pecuniaria, en todo o en parte, la autoridad fiscal, dentro del improrrogable término de tres días, pondrá la cantidad correspondiente a la reparación del daño a disposición del tribunal, el que hará comparecer a quien tenga derecho a ella para hacerle entrega inmediata de su importe.

El tribunal podrá aplicar a la autoridad fiscal el medio de apremio que estime necesario para que dé cumplimiento a la obligación que le impone este artículo.

Artículo 79. Cuando un reo enloquezca después de dictarse en su contra sentencia irrevocable que lo condene a pena corporal, se suspenderán los efectos de ésta mientras no recobre la razón, internándosele en un hospital público para su tratamiento.

Artículo 80. Cuando se decrete el decomiso, se estará a lo previsto en el Código Penal Federal para los fines de conservación, destrucción, venta y aplicación de instrumentos, objetos y productos de los delitos.

Capítulo II Condena Condicional

Artículo 81. Las pruebas que se promuevan para acreditar los requisitos que exige el artículo 90 del Código Penal para la concesión de la condena condicional, se rendirán durante la instrucción sin que el ofrecimiento de esas pruebas por parte del procesado, signifique la aceptación de su responsabilidad en los hechos que se le imputan.

Artículo 82. Al formular conclusiones el agente del Ministerio Público o el defensor, si estiman procedente la condena condicional, lo indicarán así para el caso en que el tribunal imponga una pena privativa de libertad que no exceda de cuatro años.

Artículo 83. Si el procesado o su defensor no hubieren solicitado en sus conclusiones el otorgamiento del beneficio de la condena condicional y si no se concediere de oficio, podrán solicitarla y rendir las pruebas respectivas durante la tramitación de la segunda instancia.

El reo que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones fijadas en el artículo 90 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, en materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal, y que está en aptitudes de cumplir los demás requisitos que en el propio precepto se establecen, si es por inadvertencia de su parte o de los Tribunales que no obtuvo en la sentencia el otorgamiento de la condena condicional, podrá promover que se le conceda abriendo el incidente respectivo ante el juez de la causa.

Artículo 84. Cuando por alguna de las causas que señala el artículo 90 del Código Penal Federal deba hacerse efectiva la sanción impuesta, revocándose el beneficio de la condena condicional, el tribunal que concedió éste, procederá, con audiencia del Ministerio Público, y del reo y de su defensor, si fuere posible, a comprobar la existencia de dicha causa y, en su caso, ordenará que se ejecute la sanción.

Artículo Segundo. Se adicionan la fracción IV del artículo 50 y el artículo 50 Quáter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como siguen:

Artículo 50. ...

I. a III. ...

IV. De los procedimientos de vigilancia de la ejecución de sanciones por delitos del orden federal.

Artículo 50 Quáter. Los jueces de distrito en materia de ejecución de sanciones penales conocerán:

I. Del control de la legalidad en la ejecución de las sanciones impuestas;

II Resolver los recursos de revisión que se presenten durante la ejecución de la sanción;

III. Aprobar el Programa Individualizado de Ejecución de la Sanción y darle seguimiento;

IV. Atender solicitudes presentadas por los adolescentes sancionados o sus representantes legales;

V. Evaluar cada seis meses las sanciones privativas de libertad impuestas, pudiendo ordenar su continuación, sustitución o término;

VI. Revocar o sustituir la sanción impuesta si la misma produjo sus efectos;

VII. Dictar resoluciones mediante las cuales se dé por cumplida la sanción impuesta;

VIII. Controlar el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario;

IX. Inspeccionar o disponer de medidas de inspección a los centros federales de readaptación social o donde haya internos del fuero federal;

X. Hacer comparecer a los sentenciados con fines de vigilancia y control;

XI. Vigilar que las autoridades ejecutoras cumplan con las leyes aplicables a las personas sentenciadas, y

XII. De las demás atribuciones que otras leyes o disposiciones jurídicas les confieran.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 30 Bis, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XXII. ...

XXIII. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema federal penitenciario y cumplir los requerimientos y mandamientos de los jueces de ejecución de sanciones penales, así como, organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados;

XIV al XXVI...

Artículo Cuarto. Se derogan los artículos 77, 84, 85, 86 y 87 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 77. Se deroga.

Artículo 84. Se deroga.

Artículo 85. Se deroga.

Artículo 86. Se deroga.

Artículo 87. Se deroga.

Artículo Quinto. Se derogan los artículos del 528 al 539 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 528. Se deroga.

Artículo 529. Se deroga.

Artículo 530. Se deroga.

Artículo 531. Se deroga.

Artículo 532. Se deroga.

Artículo 533. Se deroga.

Artículo 534. Se deroga.

Artículo 535. Se deroga.

Artículo 536. Se deroga.

Artículo 537. Se deroga.

Artículo 538. Se deroga.

Artículo 539. Se deroga.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al año siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los procedimientos de ejecución de sanciones penales iniciados con antelación a la entrada en vigor del presente decreto, se regirán por las leyes vigentes en su momento; pero el sentenciado podrá optar por las disposiciones de la presente ley. La autoridad que esté conociendo o que haya conocido del procedimiento, aplicará de oficio la ley más favorable para el sentenciado.

Tercero. Dentro del plazo de entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal y las autoridades federales correspondientes deberán expedir el Reglamento de la Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales y de los Centros Federales de Readaptación Social, realizar los cambios necesarios para la adecuación orgánica de la administración pública y celebrar los convenios que fueren necesarios.

Cuarto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, preverá las partidas necesarias en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a efecto de proporcionar los recursos suficientes para la debida aplicación del presente decreto.

Quinto. Se abroga la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de mayo de 1971.

Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados. México, DF, a 8 de febrero de 2006. --- Diputados: Edgar Armando Olvera Higuera , María del Pilar Ortega Martínez , Luis Gustavo Parra Noriega , Jesús de León Tello , Alejandro Landero Gutiérrez , Luis Gerardo Serrato Castell , María Sofía Castro Romero (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Édgar Olvera Higuera. Insértese íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se encuentran presentes alumnos de la escuela de periodismo Carlos Septién García, y esta Presidencia les da la bienvenida.

CONSTITUCION POLITICA - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Eduardo Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Eduardo Sánchez Hernández:Con su permiso, diputado Presidente. El proceso democrático de México ha tenido como propósito fundamental la construcción de un sistema electoral capaz de otorgar confianza a la sociedad, a los partidos políticos y a sus candidatos, como resultado de este largo proceso en 1990 surgió el Instituto Federal Electoral. En sus más de tres lustros de existencia, el IFE ha experimentado profundas transformaciones que lo han convertido en una institución sólida y confiable.

Sin embargo, después del proceso electoral de 1997 se dieron una serie de cambios que no correspondieron con los objetivos del proceso. Sin pretender ser exhaustivo en el análisis, vale la pena mencionar algunos de ellos.

En primer lugar, es de señalarse el crecimiento excesivo en la cantidad de personal durante los años no electorales. Baste recordar que en septiembre de 2005 el IFE había llegado a más de 14 mil plazas; su gasto operativo tuvo un crecimiento desmedido, producto del exceso de personal y las elevadas remuneraciones para los mandos superiores y medios que superan con mucho las autorizadas para cargos iguales en la administración pública federal y en el Poder Legislativo.

Por otro lado, es de mencionarse que la autonomía operativa de los órganos ejecutivos se ha visto reducida o negada por la creación de comisiones permanentes integradas exclusivamente por consejeros electorales que invaden la esfera de competencia de los servidores de mando ejecutivo y de las juntas ejecutivas.

Otro tema que no podemos dejar de observar es el hecho de que ante la falta de acuerdos de las tres fracciones parlamentarias de mayor peso numérico en la pasada legislatura, la elección de los actuales consejeros electorales se realizó sin la participación del Partido de la Revolución Democrática. Este hecho devino en la debilidad de origen de los consejeros aquí electos.

Además, es necesario decirlo, varios de los consejeros electos, que a decir de los conocimientos y experiencia en la materia... y es que en 2003 se privilegió el acuerdo por cuotas partidistas sin reparar en el análisis de los perfiles y la capacidad profesionales de los candidatos designados. El costo de aquellos errores hoy sigue vigente.

En el curso del proceso electoral del año pasado, el IFE se vio desbordado, retado por la injerencia directa del entonces titular del Ejecutivo federal, que utilizó impunemente los recursos públicos y el privilegio de su acceso a los medios de comunicación para afectar a los candidatos de los partidos opositores al suyo.

Así, la propaganda de las campañas adquirió tintes de difamación e injuria. El debate de ideas y proyectos quedó de lado y se impuso una guerra mediática de lodo y piedras.

Es probable que la abstención observada por casi la mitad de los ciudadanos el año pasado, tenga una explicación --o buena parte de ella-- en esta guerra de injurias entre candidatos y partidos.

Ante tan lamentables hechos, los consejeros electorales desestimaron los reclamos que les pedían intervenir para frenar los excesos del presidente y reencauzar las campañas electorales.

Fue entonces necesaria la intervención del Tribunal Electoral para que estos funcionarios asumieran su responsabilidad, y aún así, lo hicieron mal y tarde.

De ahí que resulta necesario realizar y agilizar propuestas para mejorar al máximo órgano electoral federal. Se trata de un ejercicio en positivo, no de un ajuste de cuentas y mucho menos de revancha. No se trata de volver la mirada al pasado sino de mirar al futuro.

En materia de democracia hay mucho qué avanzar y debemos de reconocerlo. Hoy tenemos la oportunidad histórica de avanzar con serenidad hacia la tercera generación de reformas que corrijan lo que no funcionó, consoliden los progresos alcanzados y proyecten a las instituciones electorales hacia una etapa en que la confianza sea producto de un mejor diseño institucional. Es por ello que someto a la consideración de ustedes, las siguientes propuestas:

En materia constitucional propongo implantar la renovación escalonada de los consejeros electorales como método necesario para permitir que el cambio se dé con continuidad y se aprovechen al máximo los conocimientos acumulados; la renovación en un solo momento de todos los consejeros electorales es una de las causas de improvisación y pérdida de capital humano que tanto ha afectado al IFE.

Para alcanzar este objetivo y hacerlo compatible con la celebración de los procesos electorales que tienen lugar cada tres años, propongo aumentar el plazo del mandato de los consejeros electorales de siete a nueve años; propongo asimismo eliminar el cargo de consejeros electorales suplentes. Estas suplencias quizá fueron justificadas cuando la Cámara de Diputados sesionaba sólo durante un periodo ordinario, lo que ya no es el caso hoy en día que esta soberanía sesiona durante siete de los 12 meses del año.

Esta iniciativa propone modificar la representación del Poder Legislativo ante el IFE. La actual forma, un consejero por cada grupo parlamentario sin importar su origen por Cámara ha conducido a que los consejeros del Poder Legislativo actúen como parte de la representación partidista, duplicando así la representación de los partidos en forma tan innecesaria como contraproducente.

Por ello propongo que la representación del Poder Legislativo se realice a través de un legislador por cada Cámara del Congreso, electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de ellas y a propuesta de su Mesa Directiva.

Por lo que hace al Cofipe, propongo que la elección del consejero presidente la lleve a cabo la Cámara de Diputados, a partir de una amplia consulta pública de la que surjan las propuestas que presente cada grupo parlamentario.

Se propone también el procedimiento por seguir para el caso de ausencia definitiva del consejero presidente o de los consejeros electorales, especificando que será la Cámara de Diputados la única facultada para cubrir la vacante.

Asimismo, se establece que tanto los consejeros representantes del Poder Legislativo como los de los partidos políticos no podrán percibir remuneración o prestación alguna de parte del Instituto, en virtud que esas erogaciones ya son cubiertas con financiamiento público de diversa índole.

Propongo definir reglas que normen la asignación de espacios y equipo a los representantes de los partidos políticos y a los representantes del Poder Legislativo. En especial, la propuesta postula la aplicación de criterios de proporcionalidad a tales asignaciones, hoy regida por una ilógica política de igualdad entre partidos políticos.

En lo relativo al requisito de título profesional para los consejeros electorales, se propone eliminar la referencia al confuso concepto de formación equivalente y, en su lugar, establecer que el título profesional haya sido obtenido al menos cinco años antes de su designación.

De igual forma se propone una proposición que no es semántica sino de fondo: que en lugar de establecer que el consejero ``tenga conocimientos en materia electoral'', se establezca la obligación de acreditar dichos conocimientos. Experiencias anteriores explican la necesidad de tal precisión.

Respecto de los impedimentos que la ley establece para ser consejero electoral, hago una propuesta respecto de aquélla que inhibe a quien hubiese ocupado cargo partidista. En este caso sugiero precisar que el impedimento sólo opera respecto de partidos políticos que cuentan con registro legal, dado que perdieron su registro han extinguido su existencia jurídica y, por tanto, ello no puede ser fuente de restricciones en el ejercicio de derechos ciudadanos.

En lo que hace a la restricción para quienes hayan sido registrados como candidatos a cargos de elección popular, la iniciativa propone reducir el periodo de cinco años. Lo anterior, en virtud que la propia ley señala que tratándose de otros servidores públicos, éstos pueden ser designados siempre y cuando se hayan separado del cargo con cuando menos un año de anticipación a la fecha de su designación como consejeros electorales.

En lo que hace a las reglas para determinar la remuneración del consejero presidente y los demás consejeros, la iniciativa propone criterios que permiten la homologación y dan fin al exceso.

Se propone concretamente, que la remuneración del primero sea igual a la del secretario de Estado y que la de los segundos, así como la del secretario ejecutivo, se igual a la de subsecretario de despacho en la administración pública federal.

Se propone asimismo que esta Cámara acuerde de forma anual el tabulador de sueldos del IFE, estableciendo las prestaciones de los servidores públicos que se homologuen a la administración pública.

Propongo también establecer que los consejeros electorales durante los tres años siguientes al término de su cargo no podrán ser registrados como candidatos ni ocupar cargos directivos en el propio IFE.

La iniciativa introduce reglas que ponen fin a la indebida confusión y obstaculización que existe entre los órganos de dirección y los ejecutivos del IFE. La existencia de comisiones permanentes de todo tipo ha derivado en la superposición de instancias y en el ejercicio confuso de responsabilidades.

En un artículo transitorio se establece el procedimiento y las reglas que por única vez aplicaría la Cámara de Diputados para la inmediata renovación del Consejo General del IFE, así como las normas para su regraduación escalonada.

Esta soberanía debe dar respuesta a los problemas ya vividos, con soluciones que merezcan el más amplio consenso de la sociedad. Tenemos el alto mandato. O lo asumimos con responsabilidad o pagaremos las consecuencias de la cobarde omisión. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Eduardo Sánchez Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía, dos iniciativas con proyecto de decreto.

La primera propone reformar el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que atentamente pido sea turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación.

La segunda iniciativa propone la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que, en su caso, serían necesarias para adecuar dicho Código a las normas constitucionales que propone la primera de las iniciativas presentadas, por lo que atentamente solicito sea turnada a la Comisión de Gobernación, para el trámite de dictamen, discusión y votación una vez que, en su caso, el Constituyente Permanente haya culminado el proceso de reforma constitucional. Ambas iniciativas se fundamentan en la siguiente

Exposición de Motivos

El proceso de cambio democrático en México ha tenido como uno de sus componentes esenciales la construcción de un nuevo sistema electoral fundado en normas, instituciones y prácticas que otorgasen confianza y certidumbre a la sociedad, a los partidos políticos y a los candidatos a cargos de elección popular.

Resultado de ese largo proceso fue el surgimiento, en 1990, del Instituto Federal Electoral (IFE) como autoridad administrativa responsable de la organización y desarrollo de los procesos electorales federales.

En sus más de tres lustros de existencia el IFE ha experimentado profundas transformaciones para convertirlo en una institución confiable para los ciudadanos y los actores políticos. Mención especial merecen, en ese largo proceso de reformas, las de 1994, que ciudadanizaron su Consejo General, suprimiendo el derecho a voto a los partidos políticos, y la de 1996, que completó los cambios iniciados dos años antes, con la salida del Poder Ejecutivo del máximo órgano de dirección del IFE y la derogación del voto de los consejeros del Poder Legislativo.

A partir de las elecciones de 1997 los procesos electorales quedaron confiados íntegramente a los consejeros electorales y al consejero presidente del Consejo General, únicos con derecho a voz y voto en dicho órgano de dirección.

Cabe recordar que para hacer posible el proceso de avances, los partidos políticos convinieron en 1994 solicitar la renovación de los consejeros magistrados que habían sido designados por la Cámara de Diputados en 1990, por un periodo de siete años. Los consejeros magistrados atendieron la demanda de los partidos políticos, contribuyendo así al nombramiento de los primeros seis consejeros ciudadanos que asumieron la responsabilidad principal en la organización y desarrollo del proceso electoral de 1994.

En 1996 los partidos políticos volvieron a convenir en una nueva transformación del IFE; la salida del Secretario de Gobernación de la presidencia del Consejo General y la supresión del derecho a voto de los consejeros del Poder Legislativo fue la consecuencia lógica de otorgar, desde el texto de nuestra Constitución, autonomía plena al Instituto federal Electoral. En consonancia con ese cambio, los partidos convinieron en la renovación de los seis consejeros ciudadanos designados en 1994, para dar paso a la primera elección del consejero presidente, y de los ocho consejeros electorales, por la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios en ella representados.

Aunque la actuación de los consejeros electorales del periodo 1996-2003 no estuvo exenta de críticas por decisiones y conductas que varios partidos consideraron alejadas de los principios rectores que la Constitución establece, al concluir su mandato constitucional disfrutaban de un amplio reconocimiento público. Los tres procesos electorales, y sus resultados, celebrados bajo el mandato de aquellos consejeros y de su Presidente, merecieron reconocimiento y confianza generalizados.

Cabe señalar, sin embargo, que después del proceso electoral intermedio de 1997, el IFE empezó a experimentar una serie de cambios que no se correspondían con los objetivos de las reformas de 1994 y 1996. Sin pretender ser exhaustivo, cabe apuntar algunos de los que hoy aparecen como de necesaria y urgente atención:

El crecimiento excesivo en el personal de base y de honorarios durante los años no electorales. Baste recordar que en septiembre de 2005, un mes antes del inicio del proceso electoral federal inmediato anterior, el IFE había llegado a más de 14 mil plazas.

La autonomía operativa de los órganos ejecutivos, fundamento de la profesionalización del servicio electoral y de la existencia del servicio de carrera, se ha visto reducida o negada por la creación de comisiones permanentes del Consejo General, integradas exclusivamente por consejeros electorales, que invaden la esfera de competencias de los servidores de mando ejecutivo y de los órganos que el Cofipe establece para tal efecto, las juntas ejecutivas, general, locales y distritales.

El gasto operativo del IFE ha experimentado un crecimiento desmedido, producto tanto del exceso de personal como de la existencia de elevadas remuneraciones y prestaciones a mandos superiores y medios, que superan con mucho las autorizadas para cargos equivalentes en la Administración Pública Federal o en el Poder Legislativo.

Es verdad que los instrumentos electorales han experimentado, en muchos casos, un positivo avance, que el IFE dispone de procedimientos y redes informáticas internas que le permiten la organización y desarrollo de procesos electorales que involucran en forma directa a cientos de miles de personas.

Pero también es cierto que dos de los principales instrumentos electorales, el padrón y las credenciales para votar con fotografía registran a la fecha un significativo grado de desactualización, estimado por las propias autoridades del Registro Federal de Electores en más del 34 por ciento respecto del total de registros ciudadanos. Aunque el problema es principalmente resultado de la omisión de los ciudadanos en informar al IFE de su cambio de domicilio, o de las deficiencias que subsisten en los registros civiles, es de observar que el IFE no ha logrado atender eficientemente esos problemas en los ámbitos de sus facultades, pese a las cuantiosas inversiones y gasto corriente que año con año consume el Registro Federal de Electores.

Los problemas antes apuntados, y otros que son de conocimiento de la sociedad a través de los medios de comunicación, se agudizaron como resultado del cambio de consejeros electorales y de consejero presidente, ocurrido en octubre de 2003.

Un positivo acuerdo que esos problemas han provocado es el compromiso de los grupos parlamentarios en ambas Cámaras en el sentido de dar paso a una nueva reforma electoral integral, a partir del análisis y dictamen de las iniciativas que se encuentran en comisiones. En esa perspectiva, las iniciativas que contiene el presente documento deberán ser analizadas y dictaminadas como parte del proceso general de la nueva reforma electoral, no como asunto aislado y mucho menos como panacea a los problemas antes apuntados.

Como es de todos conocido, ante la falta de acuerdo entre las tres fracciones parlamentarias de mayor peso numérico en la LIX legislatura de esta Cámara de Diputados, la elección de los actuales consejeros electorales y consejero presidente se realizó sin la participación de una de las fuerzas políticas relevantes, el Partido de la Revolución Democrática. Tal hecho devino en debilidad de origen para los consejeros así electos y para su presidente.

Además, es necesario recordarlo, varios de los consejeros electos carecían de los conocimientos y experiencia en la materia político-electoral, que el Cofipe establece como uno de los requisitos para ser designado. Se privilegió en 2003 el acuerdo por cuotas partidistas, sin reparar en el debido análisis de los perfiles profesionales y la verificación de la capacidad de los designados.

El costo de aquellos errores hoy está presente.

En el curso de proceso electoral federal inmediato anterior el IFE se vio desbordado, retado por la injerencia directa en la contienda del entonces titular del Poder Ejecutivo federal, Vicente Fox Quesada, quien utilizó impunemente los recursos públicos, el privilegio de su acceso ilimitado a la televisión y la radio, para intervenir en las campañas electorales en contra de los candidatos de los partidos opositores.

La propaganda de campaña adquirió tintes de injuria, y hasta calumnia o difamación, nunca antes vistos. El debate de ideas y proyectos quedó de lado. Se impuso la guerra mediática con lodo y piedras. Es muy probable que la abstención practicada por casi la mitad de los ciudadanos el 2 de julio de 2006 tenga como explicación, o buena parte de ella, esa guerra de injurias entre candidatos y partidos.

Ante esos hechos el consejero presidente y los consejeros electorales primero desestimaron los reclamos y exigencias que les pedían intervenir para frenar los excesos y reencauzar las campañas electorales. Fue necesaria la intervención de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que los funcionarios antes mencionados asumieran su responsabilidad y actuaran, y aún entonces lo hicieron tarde y mal.

Pero si los hechos anteriores no fuesen bastantes para justificar una serena reflexión sobre la situación del IFE, bastaría con admitir que los resultados de la elección presidencial del. 2 de julio de 2006 despertaron, de nueva cuenta, la sombra de la duda, el recelo y la sospecha.

La confianza en las instituciones electorales debe ser generalizada, permanente y sólida.

La confianza en el Instituto Federal Electoral es la base para la participación ciudadana, la credibilidad de los resultados y la legitimidad de los electos.

Sin la confianza ciudadana, las instituciones electorales de México retrocederán a tiempos que creíamos superados. El recelo y la discordia marcarán las conductas de candidatos y partidos. México habrá perdido en poco tiempo lo que tardó años en alcanzar.

Esta soberanía tiene responsabilidades irrenunciables ante la sociedad, una de las cuales, fundamental, es contribuir, en el ámbito de las facultades y competencias del Poder Legislativo Federal, al perfeccionamiento del sistema electoral, de sus normas jurídicas e instituciones.

Es necesario corregir errores, impulsar nuevas reformas que abran paso a etapas superiores en el desarrollo del sistema electoral mexicano, para así recobrar su imagen ante los ciudadanos y ante la sociedad en su conjunto.

De ahí que resulte necesario realizar y analizar propuestas para superar la crisis de confianza que afecta al máximo órgano de dirección electoral federal. Se trata de un ejercicio en positivo, no de un ajuste de cuentas, menos aún de revanchas. No se trata de volver al pasado, sino de mirar al futuro.

Esta soberanía debe dar respuesta a los problemas ya vividos con soluciones que merezcan el más amplio consenso entre los diputados y la más amplia aceptación social.

Tenemos la oportunidad para avanzar hacia la tercera generación de reformas que corrijan lo que no funcionó, consoliden los avances alcanzados y proyecten a las instituciones electorales hacia una nueva etapa en que la confianza sea producto de un mejor diseño institucional a cargo de nuevos servidores públicos, responsables de encabezar al Instituto Federal Electoral, con el respaldo de los grupos parlamentarios y los partidos políticos.

Las iniciativas que se someten a consideración de esta soberanía plantean soluciones de fondo para atender problemas acumulados en el seno del Consejo General del IFE, consolidar los avances que todos reconocemos.

En materia constitucional

La iniciativa propone implantar la renovación escalonada de los consejeros electorales como un método necesario para permitir que el cambio se acompañe de la continuidad que permite trasladar experiencias, aprovechar los conocimientos acumulados.

La renovación integral, en un solo momento, de los consejeros electorales y del consejero presidente, que está vigente, es una de las causas de improvisación y pérdida de capital humano que ha afectado al IFE en los procesos de renovación previos.

Es por ello que la iniciativa propone reformar el artículo 41 de la Carta Magna para establecer que la renovación de los consejeros electorales se hará en forma escalonada, remitiendo a la ley, al Cofipe, su reglamentación.

Para alcanzar el anterior objetivo y hacerlo compatible con la celebración de los procesos electorales, que tienen lugar cada tres años, se propone modificar el plazo de mandato para aumentarlo de siete a nueve años. Tal medida sería congruente con las propuestas de modificación al plazo de mandato de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para permitir su renovación escalonada.

La iniciativa propone eliminar el cargo de consejeros electorales suplentes, figura que, cabe mencionar, no existe tratándose de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esas suplencias quizá fueron justificadas cuando la Cámara de Diputados sesionaba solamente por un periodo ordinario. No es el caso de hoy en día, en que esta soberanía sesiona durante 7 de los 12 meses del año, y además los modernos medios de comunicación y de transporte hacen factible la realización de periodos extraordinarios prácticamente con 24 horas entre la convocatoria y el inicio de sesiones del Pleno.

Es recomendable que las facultades exclusivas que la Constitución otorga a cada una de las Cámaras sean ejercidas por cada una de ellas en plenitud, asumiendo su ejercicio incluso en casos de contingencias, como puede ser la ausencia definitiva, por cualquier causa, de un consejero electoral. Cabe recordar, en abono a esta propuesta, que la ausencia definitiva del consejo Presidente se suple en la norma legal vigente por la Cámara de Diputados, no por alguno de los consejeros suplentes o en funciones.

La iniciativa propone modificar la representación del Poder Legislativo de la Unión en el Consejo General del IFE. La actual forma de representación --un consejero por cada grupo parlamentario, sin importar su origen por Cámara-- ha conducido a que los consejeros del Poder Legislativo actúen en el Consejo General como parte de la representación partidista, duplicando esa representación en forma tan innecesaria como contraproducente.

La representación del poder Legislativo en el Consejo General del IFE tiene como origen y sentido la disposición constitucional que define al IFE como una institución de Estado, autónoma de cualquier poder público, responsable de la organización de las elecciones federales, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos.

La participación del Poder Legislativo de la Unión se verifica en el proceso de designación de los consejeros electorales y del consejero presidente del Consejo General, y en su representación permanente ante dicho órgano, cuya finalidad no puede ser otra que asumir corresponsabilidad en el ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas por la Constitución y el Cofipe al IFE.

Si la representación del Poder Legislativo se convierte en enmascarada representación partidista, la corresponsabilidad que la Constitución otorga a este poder no se ejerce, se ``partidiza'', en el sentido negativo del término: como parcialidad que defiende intereses particulares.

Es por ello que la iniciativa propone regresar a la representación del Poder Legislativo en el Consejo General del IFE a través de un legislador por cada Cámara del Congreso, electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en cada una de ellas, a propuesta de la Mesa Directiva. La combinación entre el requisito de voto para la designación y el origen de la propuesta --Mesa Directiva-- buscan asegurar que los consejeros del Poder Legislativo ante el IFE --un diputado y un senador-- cuenten con las mejores condiciones para ejercer su encargo con objetividad e imparcialidad, para contribuir de esa forma al mejor desempeño de la Institución en su conjunto y de su órgano máximo de dirección.

En congruencia con el compromiso asumido por los Poderes de la Unión de ajustar sus remuneraciones para evitar abusos y superar injustificadas diferencias, la iniciativa propone suprimir de la Constitución la referencia al procedimiento específico para fijar la remuneración del consejero presidente y de los consejeros electorales, para remitir a la ley esos criterios, mismo que se detallan en la parte siguiente de esta exposición de motivos.

En materia de la ley secundaria

La segunda iniciativa presentada por el suscrito ante esta soberanía tiene como objetivo desarrollar en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) las normas reglamentarias de las nuevas disposiciones constitucionales, antes explicadas, por lo que solamente nos detendremos en los aspectos relativos a su desarrollo en la ley secundaria.

En el artículo 74 del Cofipe las propuestas consisten en:

En el párrafo 1 se especifica que el consejero presidente del Consejo General lo es también del Instituto Federal Electoral, lo que es congruente con las facultades y atribuciones especificas y diferenciadas que el propio código confiere a dicho servidor público.

En el párrafo 2 se propone establecer que la elección del consejero presidente la realizará la Cámara de Diputados a partir de una amplia consulta pública, de la que surgirán las propuestas que presente cada grupo parlamentario. El método de consulta pública permitirá la participación activa de los ciudadanos y las organizaciones sociales en el proceso de selección; dará mayor transparencia al proceso y permitirá seleccionar de entre un amplio abanico de posibilidades expresadas en candidaturas provenientes de todos los sectores y las regiones del país. La apertura del proceso a la sociedad redundará en beneficios tanto para la Cámara de Diputados como para el IFE. En el mismo párrafo se establece la nueva duración del cargo --nueve años-- y se precisa que el electo no lo podrá ser de nueva cuenta para el mismo cargo.

El párrafo 4 establece el mismo procedimiento para la designación de los ocho consejeros electorales, especificándose el nuevo plazo del cargo y la no reelección. En este párrafo se establece la nueva regla que permitirá la renovación escalonada de los consejeros electorales, cuyas bases para lo inmediato se establecen en un artículo transitorio del proyecto de decreto.

El párrafo 5 señala el procedimiento a seguir para el caso de ausencia definitiva del consejero presidente o de los consejeros electorales, especificando que será la Cámara de Diputados la única facultada para cubrir la vacante.

El párrafo 6 desarrolla la nueva forma de representación del Poder Legislativo ante el Consejo General del IFE, con un consejero representante por cada Cámara, electo por voto calificado en el pleno respectivo, a propuesta de la Mesa Directiva. El diputado y el senador designados durarán en su cargo toda la legislatura. Se refrenda que tendrán derecho de voz, pero no a voto, en el Consejo General.

En el párrafo 10 se establece que tanto los consejeros representantes del Poder Legislativo como los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General no podrán percibir remuneración o prestación personal alguna de parte del instituto. Esta medida es congruente con las disposiciones internas de las Cámaras así como con el hecho de que los partidos políticos cuentan con financiamiento público para sus actividades ordinarias, entre las que se incluye su participación en los órganos de dirección y de vigilancia del IFE.

Los otros párrafos reproducen normas vigentes, pero se ajusta su numeración para mejor técnica legislativa.

En cuanto al artículo 75, se deroga por completo su texto actual, referido al procedimiento de sustitución de consejeros electorales por los suplentes, y se propone, en dicho artículo, definir reglas que normen la asignación de espacios y equipo por parte del IFE a los representantes de los partidos políticos y a los consejeros representantes del Poder Legislativo. En especial, la propuesta postula la aplicación de criterios de proporcionalidad en tales asignaciones, hoy regida por una ilógica política de igualdad entre partidos políticos.

En el artículo 76, párrafo 1, relativo a los requisitos para ser consejero electoral, y a la remuneración que percibirán dichos servidores públicos, incluido el consejero presidente y el secretario ejecutivo, la iniciativa propone varios ajustes que pretenden eliminar criterios laxos o confusos, precisar otros requisitos, otorgando congruencia a su conjunto, así como establecer nuevos criterios para la determinación de remuneraciones en el IFE.

En lo relativo al requisito de título profesional (inciso d) se propone eliminar la referencia al confuso concepto ``formación equivalente'', y establecer que el título profesional debió ser obtenido, por quien resulte electo para consejero electoral, al menos cinco años antes de su designación. De igual forma, se propone una precisión que no es semántica, sino de fondo: en lugar de establecer que el consejero ``tenga'' conocimientos en la materia político-electoral, se establecería la obligación de ``acreditar'' dichos conocimientos. Experiencias anteriores comprueban la necesidad de esta precisión.

Respecto de los impedimentos que la ley establece para ser consejero electoral por haber ocupado cargos partidistas, se propone precisar que esos impedimentos operan respecto de los partidos políticos que cuentan con registro legal, pues es de explorado derecho que aquellos que perdieron registro en el pasado, han extinguido su existencia jurídica para todos los fines electorales motivo por el cual no pueden ser fuente de restricción al ejercicio de derechos ciudadanos.

En lo que hace a la restricción para quienes hayan sido registrados como candidatos a cargos de elección popular, la iniciativa propone reducir el periodo de restricción de cinco a tres años. Lo anterior en virtud de la periodicidad que se propone en la propia iniciativa para la renovación escalonada de consejeros y visto que la propia ley señala que, tratándose de otros servidores públicos, como secretarios y subsecretarios de Estado, gobernadores, jefe de Gobierno del Distrito Federal, y otros, pueden ser designados siempre y cuando se hayan separado del cargo con al menos un año de anticipación a la fecha de su designación como consejero electoral.

En lo que hace a las reglas para determinar la remuneración del consejero presidente y de los consejeros electorales, la iniciativa propone nuevos criterios que permitan la homologación y den fin al exceso. Se propone que la remuneración del primero de los antes mencionados sea igual a la de secretario de Estado, y las de los segundos, así como del secretario ejecutivo, se iguale a la de subsecretario de despacho en la administración pública federal.

Es conocido que el tabulador de sueldos en el IFE presenta excesos y distorsiones injustificables. Para evitar que tal situación persista, sin vulnerar la autonomía del IFE, se propone que esta Cámara de Diputados que apruebe en forma anual dicho tabulador, estableciendo que las remuneraciones y prestaciones que en él se determinen para los servidores públicos del IFE estén homologadas a las percibidas en cargos equivalentes dentro de la administración pública federal.

Se propone en este mismo artículo adicionar un párrafo 4, en el que se establezca que el consejero presidente y los consejeros electorales, durante los tres años siguientes al término de su cargo, no podrán ser registrados como candidatos a cargos de elección popular, ni ocupar cargos directivos en el propio IFE. Tales normas tienen plena justificación como complementarias y en apoyo a la objetividad, imparcialidad y objetividad que la Constitución y la ley exigen de esos servidores públicos, a los que encomiendan la más alta responsabilidad en materia electoral. Finalmente, la segunda de las normas propuestas evitará la repetición de hechos indebidos que en el pasado afectaron los procesos de selección y designación de nuevos consejeros electorales.

La iniciativa propone, en el artículo 80 del Cofipe, introducir reglas que pongan fin a la indebida confusión y obstaculización entre los órganos de dirección y los órganos ejecutivos del IFE. La existencia de comisiones permanentes de todo tipo, del Consejo General, integradas por consejeros electorales, ha derivado en la indebida superposición de instancias y ejercicio confuso de responsabilidades y competencias. Los órganos ejecutivos del IFE padecen la intromisión abusiva de dichas comisiones; los consejeros electorales han llegado a asumirse como superiores jerárquicos de los directores ejecutivos y de los que ejercen funciones equivalentes en los órganos desconcentrados del instituto.

El diseño constitucional del IFE, establecido con toda precisión en el artículo 41 de la Carta Magna, ha sido vulnerado a través de una aplicación extensiva y abusiva del artículo 80 del Cofipe.

Para corregir esa indebida situación, la iniciativa propone restringir el número de comisiones permanentes a las estrictamente asociadas con las actividades igualmente permanentes del instituto, fijando en tres el número de consejeros que integrarán cada una de ellas. Las otras comisiones serán temporales y corresponderán a las actividades propias de los procesos electorales.

Para propiciar la necesaria coordinación entre esas comisiones del Consejo General y los órganos ejecutivos, se propone que el director ejecutivo correspondiente o, en su caso, el funcionario que designe la Junta General Ejecutiva, actúe como secretario técnico de la comisión respectiva. Finalmente se proponen reformas en el párrafo 5 del artículo 74 en comento, a fin de precisar la forma de integración de los comités técnicos especiales que el Consejo General constituye para atender tareas en esos ámbitos.

En el artículo segundo transitorio del proyecto de decreto (reforma del Cofipe) se establece el procedimiento y reglas que, por única vez, aplicaría la Cámara de Diputados para la inmediata renovación del Consejo General.

De ser aprobada la reforma, y una vez que la misma entre en vigor, la Cámara de Diputados, aplicando las nuevas normas, elegiría al consejero presidente, cuyo mandato concluiría el 30 de noviembre de 2015, para dar paso en ese entonces a la vigencia del periodo regular de nueve años.

Elegiría también, en acto sucesivo, a ocho consejeros electorales, de los cuales dos concluirían su mandato el 30 de noviembre de 2015; tres consejeros concluirían su mandato el 30 de noviembre de 2012 y los tres restantes el 30 de noviembre de 2009.

De esa forma, a partir de noviembre de 2009 iniciaría la renovación escalonada de los consejeros electorales, para iniciar en los siguientes el ciclo trianual dispuesto por la reforma.

En consonancia con lo anterior, una vez aprobada y promulgada la reforma propuesta, el Poder Legislativo deberá proceder a designar a sus consejeros representantes ante el Consejo General, uno por cada Cámara.

La renovación del Consejo General y sus nuevas reglas estarían plenamente vigentes antes de dar inicio el proceso electoral inmediato siguiente.

Por lo antes fundado y expuesto, someto a consideración de esta Soberanía los siguientes proyectos de Decreto que reforman, adicionan y derogan los artículos especificados en cada uno de ellos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforman los párrafos tercero, cuarto y séptimo, y se deroga el párrafo octavo, de la fracción III del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41.

...

III. ...

...

El consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General serán elegidos, sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios; la ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

El consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su encargo nueve años, renovándose en forma escalonada cada tres años. No podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación, o de beneficencia, no remunerados la retribución que perciban el consejero presidente y los consejeros electorales será determinada conforme las reglas establecidas en la ley.

...

...

El Poder Legislativo contará en el Consejo General con un consejero por cada Cámara, designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la respectiva Cámara, a propuesta de la mesa directiva correspondiente.

(Párrafo octavo) Se deroga.

...

IV. ...

...

Transitorios

Artículo Primero. Este decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. En tanto la Cámara de Diputados realiza la elección del nuevo consejero presidente y de los consejeros electorales, se renueva la representación del Poder Legislativo en el Consejo General, o se reforma la ley en la materia, el Consejo General del Instituto Federal Electoral seguirá ejerciendo las competencias y funciones que actualmente le señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo Tercero. Quienes hayan desempeñado los cargos de Presidente del Consejo General, consejero magistrado, consejero ciudadano o consejero electoral, propietarios, o los suplentes que hayan estado en ejercicio, no podrán ser designados para el cargo de consejero presidente ni de consejero electoral con motivo de la renovación del Consejo General del Instituto Federal Electoral derivado del presente decreto.

Diputado Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica).» «Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 74; 75; 76, párrafo 1, incisos d), g), h) e i), párrafos 2 y 3; y 80; y se adiciona un párrafo 4 al artículo 76, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 74.

1. El Consejo General se integra por un consejero presidente, que lo será del instituto, ocho consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo.

2. El consejero presidente del Consejo General será elegido por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que, con base en una amplia consulta pública, formulen los grupos parlamentarios. Durará en su encargo nueve años y no podrá ser reelecto para el mismo cargo. La elección se realizará conforme a la normatividad y procedimiento aplicable en materia de votación en la Cámara de Diputados. Llegado el caso de la renovación del consejero presidente, la Cámara de Diputados podrá elegir a quien deba ocupar el cargo de entre los consejeros electorales en funciones.

3. El consejero presidente del Consejo General debe reunir los mismos requisitos que se establecen en el artículo 76 para ser consejero electoral.

4. Los consejeros electorales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que, con base en una amplia consulta pública, formulen los grupos parlamentarios. Durarán en su cargo nueve años, sin posibilidad de reelección, y su renovación se producirá en forma escalonada cada tres años. La elección se realizará conforme a la normatividad y procedimiento aplicable en materia de votación en la Cámara de Diputados.

5. En caso de ausencia definitiva del consejero presidente o de consejeros electorales, la Cámara de Diputados procederá a la elección de quien deba ocupar la vacante. El designado concluirá el periodo para el que fue electo el ausente. Si al producirse la ausencia definitiva la Cámara de Diputados estuviese en receso, el secretario ejecutivo del instituto comunicará lo conducente al presidente de la del Congreso de la Unión a fin de que ésta convoque a periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados para la designación correspondiente.

6. Habrá dos consejeros del Poder Legislativo, uno por cada Cámara, electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada Cámara, a propuesta de la Mesa Directiva respectiva. Los así designados durarán en su encargo por toda la legislatura, tendrán derecho a voz pero no a voto. Por cada propietario podrán designarse hasta dos suplentes.

7. El secretario ejecutivo será nombrado y removido por las dos terceras partes del Consejo General a propuesta del consejero presidente.

8. Cada partido político nacional designará un represente propietario y un suplente, con derecho a voz, pero sin voto.

9. Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes, dando con oportunidad el aviso correspondiente al consejero presidente.

10. Los consejeros del Poder Legislativo y los representantes de los partidos políticos no percibirán remuneración o prestación personal alguna de parte del instituto.

Artículo 75.

1. Cada partido político nacional tendrá derecho a disponer de un local dotado de mobiliario y equipo dentro de las oficinas centrales del instituto. La Junta General Ejecutiva determinará el espacio destinado a cada partido considerando la votación recibida por cada uno en la elección federal de diputados inmediata anterior. Tratándose de partidos de nuevo registro, la Junta General Ejecutiva determinará lo conducente aplicando como criterio general por partido un 2 por ciento de los votos emitidos en la referida elección. El personal que labore para los representantes de los partidos será contratado y pagado por los propios partidos, por lo que el instituto no asumirá responsabilidad laboral, civil o de cualquier otra naturaleza respecto del mismo.

2. Los consejeros del Poder Legislativo dispondrán de local, mobiliario y equipo dentro de las oficinas centrales del instituto. A cada consejero le será asignado personal de apoyo administrativo y técnico, con cargo al presupuesto del instituto, conforme lo que determine la Junta General Ejecutiva.

Artículo 76.

1. Los consejeros electorales deberán reunir los siguientes requisitos

...

d) Poseer al día de la designación título profesional, expedido con una antigüedad mínima de cinco años, y acreditar conocimientos en la materia político-electoral;

...

g) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de partido político con registro;

h) No haber sido registrado a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación;

i) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político con registro, en los cinco años inmediatos anteriores a la designación; y

j) ...

2. El secretario ejecutivo del Consejo General deberá reunir los mismos requisitos que se exigen para ser consejero electoral.

3. La remuneración que reciba el consejero presidente será igual a la que la Cámara de Diputados determine para los secretarios de despacho en la administración pública federal. Las remuneraciones de los consejeros electorales y el secretario ejecutivo serán iguales a las establecidas para subsecretario de despacho. La propia Cámara aprobará anualmente el tabulador de sueldos y prestaciones de los demás funcionarios del instituto, los que estarán homologados a los establecidos para cargos equivalentes en la administración pública federal.

4. El consejero presidente y los consejeros electorales, durante los tres años siguientes al de término de su mandato, no podrán ser registrados como candidatos a cargo alguno de elección popular ni ocupar cargos directivos en el Instituto Federal Electoral.

Artículo 80.

1. El Consejo General integrará las comisiones permanentes de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas; de Partidos Políticos, Prerrogativas y Radiodifusión; del Registro Federal de Electores; del Servicio Profesional Electoral; y de Educación Cívica. Estas comisiones se integrarán con tres consejeros electorales, debiendo el Consejo General designar al consejero que presida cada comisión.

2. Para cada proceso electoral el Consejo General integrará las comisiones de Organización Electoral; de Capacitación Electoral; y de Información Oportuna de Resultados Electorales. Estas comisiones se integrarán como tres consejeros electorales, designando el Consejo General a su presidente. Los representantes de los partidos políticos y los consejeros del Poder Legislativo tendrán derecho a participar en las reuniones de las comisiones señaladas en este párrafo, con voz, pero sin voto.

3. Las comisiones sesionarán para atender los asuntos que les señale este código o les encomiende el Consejo General, debiendo presentar un informe, dictamen o proyecto de resolución, según sea el caso.

4. El director ejecutivo que corresponda o, en su caso, el funcionario que designe la Junta General Ejecutiva, actuará como secretario técnico de cada comisión, colaborando con ellas para el cumplimiento de las tareas que se les hayan encomendado.

5. El Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del instituto, podrá crear comités técnicos especiales para actividades o programas específicos, a los que podrá invitar a colaborar asesores externos especialistas en las materias en que sea indispensable. Dichos comités podrán estar integrados por consejeros electorales, por integrantes de la Junta General Ejecutiva, o por ambos.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Para los efectos de lo establecido en el párrafo 4 del artículo 74, reformado por el presente decreto, relativo a la renovación escalonada de los consejeros electorales, por única vez la Cámara de Diputados aplicará las siguientes bases:

I. La elección del consejero presidente y de los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral deberá realizarse en un plazo máximo de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto;

II. El consejero presidente que resulte electo durará en su encargo hasta el 30 de noviembre del año 2015;

III. Dos consejeros electorales durarán en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2015;

IV. Tres consejeros electorales durarán en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2012;

V. Tres consejeros electorales durarán en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2009.

VI. Al realizar la elección a que se refiere el presente artículo transitorio, la Cámara de Diputados decidirá el periodo de mandato que corresponderá a cada uno de los consejeros electorales, conforme a lo antes establecido.

Artículo Tercero. Los consejeros del Poder Legislativo deberán ser electos por su respectiva Cámara en un plazo improrrogable de 30 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Si las Cámaras estuviesen en receso, la elección será realizada por la Comisión Permanente, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, a propuesta de las mesas directivas de cada Cámara.

Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2007.--- Diputado Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sánchez Hernández.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

La diputada Silvia Oliva Fragoso (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputada. Sonido a la curul de la diputada Silvia Oliva.

La diputada Silvia Oliva Fragoso(desde la curul): Diputado Presidente, si fuera tan amable de turnar la iniciativa anterior a la Comisión Especial de Reforma del Estado, para opinión.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputada, como es una Comisión Especial y no es de dictamen legislativo y las comisiones especiales pueden tener un carácter transitorio, no será posible hacer el turno. Sin embargo, estarán todos los diputados que quieran participar en estas Comisiones Unidas en el dictamen de esta iniciativa.

La diputada Silvia Oliva Fragoso(desde la curul): Diputado Presidente, lo único que solicito es que se pudiera enviar para emitir una opinión. Conocemos perfectamente que no es...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se va a enviar a la Comisión Especial con mucho gusto para que opinen sobre la misma, sin que sea vinculatoria del dictamen.

LEY DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION - LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Federal de Radio y Televisión, y General de Educación. Adelante, diputada Arriola.

La diputada Mónica Arriola :Gracias, Presidente. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: que los problemas se resuelven a través del dinero o a través de la violencia; que quienes consumen determinados productos obtienen por arte de magia la felicidad, el éxito, el poder, la belleza y el amor; que el cariño o el amor se demuestran dando objetos o gastando dinero; que sólo las mujeres bellas y esbeltas merecen ser admiradas; que un buen padre de familia es el que da a la misma casa, vacaciones y cosas materiales; y una buena madre sufre, llora y se sacrifica por sus hijos.

Que la mujer necesita de un hombre para solucionar sus problemas; que el hombre admirable, activo, atractivo toma decisiones, se arriesga y siempre gana; es rico y junto con las cosas que posee también tiene muchas mujeres; que la mujer casada sólo debe ocuparse de las labores del hogar mientras el hombre resuelve los problemas del mundo. ¿Qué son estas frases?, ¿por qué nos suenan tan conocidas?, ¿dónde las hemos oído? Estas frases forman parte de algunos de los mensajes que podemos encontrar al prender la televisión o si escuchamos la radio.

Hoy día sabemos que los medios de comunicación tienen una influencia determinante en la manera en que percibimos la realidad social y personal. En nuestro país, la televisión, debido a su fácil acceso y al alcance que tiene sobre todas las personas, es el medio de comunicación preferido por la población infantil. La televisión se ha convertido para nuestras niñas y niños en uno de los principales referentes para no sólo conocer la realidad en la que viven, sino para interpretarla.

Las niñas y niños muchas veces toman como ejemplo las situaciones o mensajes que se presentan en la tele para tomar sus propias decisiones o determinar sus opiniones o preferencias ante diversos hechos de la vida. Lo que aquí es importante no es la presencia cotidiana de medios de comunicación en nuestras vidas, sino el uso que el público infantil le puede dar a sus contenidos.

Por ejemplo, la reiterada observación de escenas violentas en la televisión repercute sobre la agresividad de la niñez. Numerosos estudios confirman que el alto índice de violencia televisiva, interviene como factor importante en la determinación de las conductas violentas. En México se calcula que los niños, en promedio, han sido expuestos a 8 mil asesinatos y 100 mil acciones violentas en televisión al momento de terminar su educación primaria.

La publicidad es otro de los factores que debemos destacar, pues niñas y niños representan una importante cuota de mercado. El alcohol y los cigarros, por ejemplo, son productos que la publicidad los hace creer necesarios para lograr la diversión y el éxito con el sexo opuesto. Nuestras niñas y niños crecen pensando eso y no que precisamente estos productos no te dan ese resultado, sino al contrario: su consumo los puede llevar hasta la muerte.

Los programas, las telenovelas, las series, los anuncios, por mencionar algunos, influyen también en la idea de que las personas tenemos de los papeles que debemos desempeñar dentro de la sociedad. Es aquí donde los y las niñas y los adolescentes pueden extraer aprendizajes inadecuados en aspectos como la relación con sus padres y maestros, la sexualidad, las modas, la alimentación y el comportamiento social.

Por ejemplo, la exaltación de la esbeltez en modelos y presentadoras de televisión se equipara con el éxito y la belleza. Este mensaje tiene tal poder de atracción que puede llevar a los niños, en este caso en particular a los adolescentes, a padecer enfermedades como anorexia y la bulimia.

Asimismo, el mal manejo de la sexualidad en la televisión puede llevar a tomar decisiones erróneas a los jóvenes o hacerlos vivir experiencias difíciles y complejas según su edad. Muchas y muchos de ustedes se seguirán cuestionando sobre el alcance y la influencia de los medios de comunicación. Y para que no quede ninguna duda, según datos de la Asociación en los Medios a Favor de lo Mejor, 98 por ciento de los hogares mexicanos cuenta al menos con un televisor, y de esa cifra 41.8 por ciento cuenta con tres o más televisores.

México cuenta con la segunda cifra más alta de consumo promedio de televisión por persona en América Latina. Un niño normal ve 25 horas de televisión a la semana y los adolescentes entre 13 y 19 años ven 20 horas. La programación infantil de los fines de semana contiene de 20 a 25 actos violentos, mientras que entre semana cuenta con cinco actos violentos por hora.

Los niños que ven más de cuatro horas diarias de televisión, realizan sus tareas escolares con deficiencia, leen con baja atención y desarrollan poca creatividad. Ante estos hechos y cifras, queda claro que junto a los innegables beneficios que los medios de comunicación han traído a la humanidad, el espectro de contenidos destructivos y la influencia que éstos tienen en el desarrollo y formación de la infancia es de suma importancia.

Las niñas y niños desde los primeros años forman patrones básicos de comportamiento de su vida; los medios de comunicación pueden --si la información que propagan es destinada a desarrollar su capacidad crítica y de libre decisión bajo los principios de igualdad y de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres y la no discriminación-- ampliarles su visión y darles más opciones para enfrentar los peligros que nuestra sociedad ofrece.

Un manejo adecuado de la información en medios es vital para contribuir a redimensionar el desarrollo y la toma de decisiones de los niños, niñas y adolescentes. En Nueva Alianza consideramos que en este periodo de transformación acelerada por el que atraviesa nuestra sociedad, uno de los sentidos que fundamenta la existencia de los medios de comunicación es aprovechar al máximo su gran potencial pedagógico para producir mayores niveles de conciencia colectiva sobre nuestras problemáticas.

Creemos que una de las razones de ser de la radio y la televisión mexicana es la de colaborar en el buen desarrollo de la niñez. Las condiciones tecnológicas y de formación están dadas, lo que queda ahora es efectuar el trabajo político, unir voluntades para lograr la reorientación del contenido de tales avances. Para impulsar un medio informativo más seguro para la sociedad mexicana, la potenciación por parte de los gobiernos y de instituciones académicas y civiles de una política de comunicación que haga visible la calidad, la parcialidad y veracidad de la información es el fin.

Porque en Nueva Alianza estamos convencidos de que los medios de comunicación y las tecnologías de la información juegan un papel fundamental en el proceso de educación, ya que proporcionan bases importantes por el desarrollo educativo y cultural de nuestra sociedad, someto en mi calidad de integrante del grupo parlamentario en Nueva Alianza, a la aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto con el fin de reformar el inciso E y adicionar un F al artículo 43 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se reforma el inciso II del artículo 5; el inciso I del artículo 11; y se adiciona un sexto inciso al artículo 59 Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 74 de la Ley General de Educación.

Por respeto al tiempo de mis compañeros, también omitiré la lectura del articulado, pero solicito a la Mesa Directiva que sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Federal de Radio y Televisión; y General de Educación, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza

Mónica Arriola Gordillo , diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Radio, Televisión y Cinematografía para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, esta iniciativa con base en la siguiente

Exposición de Motivos Muchas de las cosas que hemos de hacer tienen espera. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, creando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder: ``mañana''. Él se llama ahora.

Gabriela Mistral

La educación, considerada como un proceso dirigido hacia la socialización y formación de las personas para que, desarrollando sus habilidades, adquieran el conocimiento del mundo y el dominio del comportamiento para incorporarse a él, implica necesariamente la información. ``La información es una necesidad social y condición para normar la actuación de la sociedad, en la búsqueda de soluciones a sus problemas y para lograr su progreso y es por tanto un derecho de la sociedad''¹. Dicho derecho tiene, por tanto, una función y un valor educativo, sobre todo si consideramos que la tarea educativa, encomendada tradicionalmente a la familia y a la escuela, es hoy compartida con las instituciones encargadas de la comunicación y la información.

Los medios de comunicación se han convertido en el principal referente de la sociedad global en la que vivimos. Indiscutiblemente los medios, al ser una de las principales fuentes de información de la sociedad, contribuyen de manera sustantiva a la formación del conocimiento de los seres humanos y a la toma de decisiones por la sociedad en su conjunto.

Los medios de comunicación han logrado tener una presencia e influencia creciente en la manera en que los diversos grupos y sectores de la población perciben la realidad social y personal. Particularmente, la radio y la televisión, e incluso, recientemente el Internet, al ser instrumentos prioritarios de ocio, entretenimiento y, de forma más matizada, de aprendizaje, siguen siendo, debido a su fácil acceso y al alcance que tienen sobre todas las personas, el medio más seguido por el espectador infantil, hasta ocupar un lugar predominante en la formación o inducción de su vida, opiniones y hábitos.

Niñas y niños viven en un estado de indefensión, tanto frente a los medios de comunicación tradicionales, como frente a los sistemas de información y comunicación que han desarrollado en los últimos años la tecnología digital. En la actualidad, las niñas y los niños tienen fácil acceso a contenidos inadecuados; a la vez que existe una carencia de ofertas infantiles atractivas, de calidad, variadas en géneros, y que eduquen en valores cívicos.

Para los analistas de los medios de comunicación, lo peligroso no es la presencia cotidiana de medios como la televisión, sino el uso que el público infantil le puede dar a sus contenidos. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías son, sin duda, una realidad atrayente y pujante en la sociedad que no podemos negar; desgraciadamente, a veces están ausentes como recursos de desarrollo personal en la vida de las y los ciudadanos y, sobre todo, de las nuevas generaciones.

Las y los niños perciben los medios como una fuente de satisfacción y placer, pero por lo general, no tienen los mecanismos para comprenderlos de una forma global y crítica; éstos pueden tener una mala influencia sobre su desarrollo.

Por ejemplo, la reiterada observación de escenas violentas en la televisión repercute sobre la agresividad de la niñez, la cual comienza a registrarse a partir de los primeros años de vida. Hay numerosos estudios que confirman que el alto índice de violencia televisiva interviene como factor importante en la determinación de las conductas violentas. ``La UNESCO, en un informe titulado Violencia y terror en los Medios, apunta que la exposición constante a las historias y escenas de violencia y terror, pueden movilizar tendencias agresivas, desensibilizar y aislar otras, intimidar a muchos y disparar acciones violentas en los infantes, habiendo así una relación entre la violencia reportada por o desplegada en los medios y la violencia individual o de grupo''². Según otros autores, el efecto más directo que tienen los contenidos agresivos difundidos a través de medios es el de insensibilizar a la audiencia ante situaciones de violencia real, volviéndola apática y permisiva frente a sus manifestaciones. Así, cuanto mayor sea el tiempo de exposición a programas televisivos violentos, mayor es el riesgo de asociación de conductas violentas en niños y adolescentes.

``Hay quienes calculan que un joven estadounidense promedio habrá visto 200 mil actos de violencia en la televisión, incluyendo 16 mil asesinatos, antes de cumplir 18 años. La Asociación de Psicología de los Estados Unidos, asegura que al concluir la escuela primaria un niño ha visto en televisión 8 mil asesinatos y 100 mil actos de violencia. En Venezuela, se estima que al llegar a los 18 años un joven ha presenciado más de 113 mil 500 heridos y muertos, 65 mil 500 escenas bélicas y 8 mil 763 suicidios. En México se calcula que los niños, en promedio, han sido expuestos a 8 mil asesinatos y 100 mil acciones violentas en la televisión, al momento de terminar su educación primaria''³. La violencia es parte integral en el contenido de los medios de comunicación, así como lo es, también, de la realidad humana contemporánea.

Por otro lado, sabemos que la publicidad tiene como objetivo estimular el deseo y la necesidad de consumir. Las y los niños y jóvenes representan, en este sentido, una importante cuota de mercado. La influencia de la publicidad en este sector es muy fuerte, y puede considerarse como un instrumento peligroso, ya que muchas veces crea apetencias y necesidades que no se corresponden con la edad de la niña, niño o del adolescente, y que en la mayoría de los casos, no podrá satisfacer a su edad. Otro problema que tiene que ver con la publicidad y los medios son los anuncios de bebidas alcohólicas, que van dirigidos preferentemente a los jóvenes, con el claro mensaje de que el consumo de alcohol facilita la diversión y el éxito. Existe una relación clara entre la visión de ciertos programas, con el consumo de alcohol, tabaco y drogas entre los adolescentes. Asimismo, el mal manejo de la sexualidad en los medios puede confundir a las y los jóvenes.

Otro de los puntos negativos que los medios de comunicación tienen sobre la infancia es en el desempeño escolar. Numerosos estudios realizados han demostrado que los alumnos que ven más de dos horas diarias de televisión obtienen rendimientos escolares más bajos. La causa de este hecho se debe al retraso del proceso madurativo y a una menor capacidad de abstracción. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha llamado la atención en cuanto a que el uso indiscriminado y masivo de la televisión, puede resultar peligroso para el aprendizaje del niño, ya que aumenta la pasividad intelectual, le aparta del trabajo escolar, y limita su creatividad.

Los medios pueden influir también en la idea de que las personas tienen distintos roles sociales, y en este sentido, afectan a la totalidad de los receptores, no sólo a aquellos que, como el público infantil, se encuentran en fase de socialización. El modelo de realidad mediático está repleto de papeles estereotipados, que de manera inconsciente son asumidos por quienes los contemplan como algo natural, y no como fruto de la selección del emisor. Los niños y adolescentes pueden extraer, en consecuencia, un aprendizaje que no es el más adecuado en aspectos tales como, la relación con sus padres y maestros, la sexualidad, las modas, la alimentación y el comportamiento social. Por ejemplo, la exaltación de la esbeltez en modelos y presentadoras de televisión se equipara con el éxito y la belleza; este mensaje tiene tal poder de atracción, que puede llevar a las y los niños, en este caso en particular, a los adolescentes, a padecer enfermedades como la anorexia y la bulimia. ``Las imágenes prefabricadas refuerzan los prejuicios y convicciones que tiene el individuo sobre los objetos, las clases sociales y las instituciones de su entorno más cercano''.⁴

Así, algunos de los mensajes que las y los niños pueden aprender a través de los medios de comunicación que están a su alcance son:⁵

Que los problemas se resuelven a través del dinero o a través de la violencia.

Que quienes consumen determinados productos obtienen por arte de magia la felicidad, el éxito, el poder, la belleza y el amor.

Que el fin justifica los medios.

Que las guerras, la violencia y la competencia son inevitables.

Que triunfar es pasar por encima de los demás.

Por otra parte, muchas telenovelas, series de televisión, y aun los comerciales, están continuamente reforzando éstos y otros modelos de hombre y mujer, por ejemplo:

Que sólo las mujeres bellas y esbeltas merecen ser admiradas.

Que una buena madre sufre, llora y se sacrifica por sus hijos.

Que el amor se demuestra dando objetos o gastando dinero.

Que cuando la mujer trabaja fuera de casa, lo hace siempre en labores de subordinación, en donde el jefe siempre es un hombre.

Que un buen padre es el que da a su familia una casa, vacaciones y cosas.

Que la mujer siempre necesita de un hombre para solucionar sus problemas.

Que la mujer casada sólo debe ocuparse de las labores del hogar, mientras el hombre resuelve los problemas del mundo.

Que el hombre admirable, activo y atractivo toma decisiones, se arriesga y siempre gana. Es rico y, junto con las cosas que posee, tiene también muchas mujeres.

En México, de acuerdo al Reporte de calidad de los contenidos en los medios de comunicación hecho por la Asociación en los medios a favor de lo mejor:

El 98 por ciento de los hogares mexicanos cuentan al menos con un televisor.

El 41.8 por ciento de los hogares en el país cuenta con 3 o más televisores por hogar.

1 de cada cinco hogares cuenta con algún sistema de televisión de paga.

Contamos con la cifra más alta de consumo promedio de televisión por persona en América Latina: de 4.19 horas diariamente. Después de Argentina que tiene un promedio de más de 5 horas diarias por persona.

Las mujeres tienen un tiempo de exposición a la televisión de 4.35 horas, mientras que los hombres en promedio ven 4.02 horas de televisión diariamente.

Los horarios de mayor audiencia oscilan entre las 5 pasado meridiano a las 10 de la noche. Siendo entre las 7 pm y las 9 pm., el lapso de mayor consumo.

El televisor permanece encendido aproximadamente 8 horas diarias por hogar.

Los adolescentes de 13 a 19 años ven 20 horas de televisión semanalmente.

Un niño promedio se expone 25 horas de televisión a la semana y algunos niños llegan a exponerse hasta 11 horas al día.

La mayor parte del tiempo dedicado a ver la Tv se lleva a cabo sin la compañía de un adulto.

La programación infantil de los fines de semana contiene de 20 a 25 actos violentos, mientras que entre semana cuenta con 5 actos violentos por hora.

Los niños expuestos a programaciones violentas son propensos a descubrir la violencia como una alternativa para solucionar sus conflictos.

Los niños que ven más de 4 horas diarias de televisión realizan sus tareas con deficiencia, leen con baja atención, desarrollan poca creatividad para jugar con sus amigos y tienen menos actividades alternativas.

Los niños que ven más de 4 horas de televisión se vuelven poco activos psicológicamente para realizar actividades extraescolares.

Ante estos hechos y cifras, queda claro que junto a los innegables beneficios que los medios de comunicación han traído a la humanidad, el espectro de contenidos destructivos y la influencia que éstos tienen en el desarrollo y formación de la infancia, es de suma importancia.

La dimensión educativa de los medios y la información que éstos ofrecen, no puede dejase de lado. Los medios son al mismo tiempo, agentes socializadores y aparatos ideológicos de enorme influencia. Por ello, el contenido de sus mensajes, cualquiera que éstos sean, debe corresponder al proyecto de nación. De lo contrario, se desvirtuarán los esfuerzos por alcanzar los niveles elementales de formación que se plantean de acuerdo a las necesidades sociales del país.

Según la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, las niñas y niños deben estar plenamente preparados para una vida independiente en sociedad, y ser educados en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. México tienen la obligación de de agotar esfuerzos para fortalecer y hacer más efectiva la promoción y protección de los derechos de los niños. El interés superior de las niñas o niños debe ser uno de los principios fundamentales por parte tanto del gobierno, como de las instituciones y las organizaciones civiles responsables del cuidado y protección de la niñez.

En este sentido, y secundando los objetivos y fines de la convención, en el artículo 17 de ésta se establece:

Los Estados partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados partes:

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales;

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.

De igual forma, la Declaración sobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra, proclamada el 28 de noviembre de 1978 en la vigésima reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, celebrada en París, reconoce que:

``La libertad de información es un derecho humano fundamental y piedra de toque de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas [...] La libertad de información requiere, como elemento indispensable, la voluntad y la capacidad de usar y no abusar de sus privilegios. Requiere además, como disciplina básica, la obligación moral de investigar los hechos sin perjuicio y difundir las informaciones sin intención maliciosa [...]''

En su artículo IV, declara que los medios de comunicación tienen una participación esencial en la educación de los jóvenes dentro de un espíritu de paz, de justicia, de libertad, de respeto mutuo y de comprensión, a fin de fomentar los derechos humanos, la igualdad de derechos entre todos los seres humanos y naciones, y el progreso económico y social. Además, desempeñan un papel importante para dar a conocer las opiniones y las aspiraciones de la nueva generación.

Las estipulaciones referentes a los medios de comunicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y las de la Declaración de la UNESCO, además de los demás instrumentos internacionales de derechos humanos que ha firmado y ratificado México, nos muestran la necesidad de revisar los valores, prejuicios y prácticas cotidianas que se difunden en los medios de comunicación de nuestro país.

Una sociedad cada vez más mediatizada, en la cual los hechos adquieren una dimensión significativa porque se ven, se escuchan o se leen en los medios, obliga a reflexionar sobre el rol de los medios en la construcción del concepto de la infancia. Esto es fundamental porque la construcción mediática trabaja no sólo los hechos sino, a través de ellos, la propia definición de la identidad infantil.

El tratamiento mediático de las problemáticas sociales que afectan a la niñez, y la imagen que construyen los medios en torno a niños, niñas y adolescentes, son temas que demandan una especial atención por parte de los medios de comunicación, precisamente porque, ``los modos'' de comunicar, como ya vimos, pueden contribuir tanto a la consolidación de estereotipos y prejuicios, como a la creación de nuevas miradas que promueven una concepción de la niña y el niño como sujeto y ciudadano.

Es por eso que el poder educativo de los medios de comunicación y la relación que éstos guardan con la infancia y las y los jóvenes de México, es de suma importancia. Un manejo adecuado de la información en los medios es vital para contribuir a redimensionar la situación de los niños, niñas y adolescentes en la sociedad, y para valorar sus identidades. La educación está fuertemente relacionada con el flujo penetrante de estos medios en la sociedad.

En México, la concepción de la educación esta definida en el artículo tercero constitucional que propone:

``La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia''

Añadiendo más adelante dice que ésta:

``Será democrática...nacional... y contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos''.

Los medios de comunicación deben apegarse a estos principios, y los mensajes informativos que a diario transmiten deben secundarlos, pues como ya vimos, los medios masivos de comunicación han creado un nuevo ambiente de alto contenido educativo, que presenta enormes posibilidades y a la vez graves contradicciones.

Los medios de comunicación pueden utilizarse para complementar los sistemas de enseñanza escolar, e inclusive asumir una parte importante de la función docente. Se necesita buscar el uso adecuado y equilibrado para que los medios contribuyan de un modo efectivo al proceso educativo, especialmente al de las y los niños del país. Los contenidos que se difundan deben responder a las necesidades sociales, adecuarse a la realidad, contribuir al mejoramiento de las personas, ser congruentes con el proyecto educativo nacional y ser tratados como cuestión de interés social.

La información y la educación son un medio indispensable para alcanzar premisas y objetivos. Por ello, cada día se hace más necesario buscar puentes de encuentro y comunicación entre los medios y las y los ciudadanos, para hacer que éstos fomenten el desarrollo crítico y la autonomía personal y social de las personas, y que no sean meros instrumentos de adoctrinamiento e igualación uniformadora. Integrar las tecnologías de la información y la comunicación, de forma plural en la vida de las y los niños, y los adolescentes, parte necesariamente de descubrir críticamente estos nuevos medios y habituarse a leerlos, entenderlos, disfrutarlos y vivirlos creativamente.

Es necesario, por un lado, integrar a los medios de comunicación, en especial a la radio y la televisión, al contexto educativo, convirtiendo a las y los niños en comunicadores --emisores y receptores-- inteligentes y críticos; y por el otro, dotarlos del contenido educativo adecuado.

Es claro que las niñas y niños forman sus patrones básicos de comportamiento frente a los medios en los primeros años de su vida. En este sentido, los medios de comunicación pueden, si la información que propagan es destinada a desarrollar su capacidad crítica y de libre decisión, y el sentido de la propia responsabilidad, bajo los principios de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres y la no discriminación, ampliarles su visión del mundo, y darle más opciones par enfrentarlo.

Dado que una de las observaciones finales que el Comité de los Derechos del Niño hizo al gobierno de México en su informe del 8 de junio de 2006, fue la de adoptar medidas para difundir la información sobre la Convención y su aplicación entre los niños y sus padres, la sociedad civil y todos los sectores y niveles de gobierno, procurando que los medios de comunicación participaran activamente en esta labor, reforzando los programas educativos. En Nueva Alianza consideramos que en este periodo de transformación acelerada por el que atraviesa nuestra sociedad, uno de los sentidos que fundamenta la existencia de los medios de comunicación es el aprovechar al máximo su gran potencial pedagógico, para producir mayores niveles de conciencia colectiva sobre nuestras problemáticas. Creemos que una de las razones de ser de la radio y la televisión mexicana es la de colaborar en el buen desarrollo de las niñez.

Las condiciones tecnológicas y de formación están dadas. Lo que queda ahora es efectuar el trabajo político, y unir voluntades para lograr la reorientación del contenido de tales avances, para impulsar un medio informativo más seguro para la sociedad mexicana. La potenciación por parte de los gobiernos y de instituciones académicas y civiles de una política de comunicación que haga visible el diseño, producción y difusión de contenidos de calidad, con información veraz, objetiva y parcial, útil para la educación e innovadora y positiva para la infancia y la adolescencia, es entonces el fin. Porque en Nueva Alianza estamos convencidos de que los medios de comunicación y las tecnologías de la información juegan un papel fundamental en el proceso de educación, ya que proporcionan bases importantes para el desarrollo educativo y cultural de nuestra sociedad, someto en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, a la aprobación de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso E y adiciona un F al artículo 43 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se reforma el inciso II del artículo 5, el inciso I del artículo 11 y se adiciona un sexto inciso al artículo 59 Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 74 de la Ley General de Educación.

Primero. Se reforma el inciso E y adiciona un F al artículo 43 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 43

Sin perjuicio de lo previsto en la normatividad aplicable a los medios de comunicación masiva, las autoridades federales, en el ámbito de sus competencias, procurarán verificar que éstos:

A. Difundan información y materiales que sean de interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los objetivos de educación que dispone el artículo 3o. de la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño.

B. Eviten la emisión de información contraria a los objetivos señalados y que sea perjudicial para su bienestar o contraria con los principios de paz, no discriminación y de respeto a todas las personas.

C. Difundan información y materiales que contribuyan a orientarlos en el ejercicio de sus derechos, les ayude a un sano desarrollo y a protegerse a sí mismos de peligros que puedan afectar a su vida o su salud.

D. Eviten la difusión o publicación de información en horarios de clasificación A, con contenidos perjudiciales para su formación, que promuevan la violencia o hagan apología del delito y la ausencia de valores.

E. Vigilen que se clasifiquen los espectáculos públicos, las películas, los programas de radio y televisión, los videos, los impresos y cualquier otra forma de comunicación o información que sea perjudicial para su bienestar o que atente contra su dignidad.

F. No transmitan propaganda o anuncios de productos industriales, comerciales o de actividades que engañen al público o le causen algún perjuicio por la exageración o falsedad en la indicación de sus usos, aplicaciones o propiedades, a fin de proteger adecuadamente los derechos de las y los niños y l adolescentes en lo que se refiere a la publicidad divulgada.

Segundo. Se reforma el inciso II del artículo 5, el inciso I del artículo 11 y se adiciona un sexto inciso al artículo 59 bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 5

La radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán:

I. Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares;

II. Promover el desarrollo integral de la niñez y la juventud, evitando la emisión de información que sea nociva o perjudicial para su bienestar.

III. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana.

IV. Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales.

Artículo 11

La Secretaría de Educación Pública tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover y organizar la enseñanza a través de una educación adecuada en el uso de la información que los medios de comunicación trasmitan.

II. al IX. ...

Artículo 59-Bis

La programación general dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de radio y televisión deberá:

I. Propiciar el desarrollo armónico de la niñez.

II. Estimular la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana.

III. Procurar la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional.

IV. Promover el interés científico, artístico y social de los niños.

V. Proporcionar diversión y coadyuvar el proceso formativo en la infancia.

VI. Desarrollar su capacidad crítica y de libre decisión, y el sentido de la propia responsabilidad, bajo los principios de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres y la no discriminación. La programación deberá contribuir al fortalecimiento de la protección de los derechos humanos.

Los programas infantiles que se transmiten en vivo, las series radiofónicas, las telenovelas o teleteatros grabados, las películas o series para niños filmadas, los programas de caricaturas, producidos, grabados o filmados en el país o en el extranjero deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores.

La programación dirigida a los niños se difundirá en los horarios previstos en el reglamento de esta ley.

Tercero. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 74 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 74

Los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de las finalidades previstas en el artículo 7, conforme a los criterios establecidos en el artículo 8o.

Apegados a estos fines, deberán transmitir información objetiva, imparcial y veraz, con el fin de contribuir a una educación que fortalezca la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1) Stein Velasco y José Luis F. Democracia y Medios de Comunicación. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México 2005, 9p.

2) Bernardo Gómez, Disfunciones de la Socialización a través de los Medios de Comunicaciónen Revista Electrónica Razón y Palabra., número 44 México. http://www.razonypalabra.org.mx

3) Raúl Trejo Delarbre. Violencia en los medios. La televisión, ¿espejo, o detonador de la violencia en la sociedad?, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. México 1997. http://raultrejo.tripod.com/ensayosmedios/Violenciaymedios.htm

4) Ibidem.

5) Isaura Castillo. La Televisión y los niños, en La Tarea. Revista de Educación y Cultura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 8 de febrero de 2007.--- Diputada Mónica Arriola Gordillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Mónica Arriola.Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de las diputadas y los diputados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 441 diputados y diputadas. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se encuentran en el salón de sesiones la señora Diane Bourgeois y el señor Ujjal Dosanjh, miembros del Parlamento de Canadá, invitados por la Comisión de Relaciones Exteriores. Sean ustedes bienvenidos al Parlamento mexicano y les deseamos la mejor de las estancias en nuestro país.

Esta Presidencia saluda también a los jóvenes estudiantes del Colegio Manning, del Distrito Federal, que se encuentran aquí presentes.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Efraín Morales Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El diputado Efraín Morales Sánchez:Con el permiso de la Presidencia. Voy a dar lectura a un documento que sintetiza mi propuesta y con todo respeto pido a la Presidencia se inscriba de manera íntegra mi documento en el Diario de los Debates.

Honorable Asamblea: el que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez , integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Lo que se aborda en la presente iniciativa es la práctica conocida como clonación humana, con sus propósitos reproductivos y terapéuticos. Por la magnitud de derechos y libertades que trastoca esta técnica, estamos obligados como sociedad en general y como tomadores de decisiones públicas en particular, a voltear la mirada hacia aquellos expertos, investigadores y científicos, quienes a través de sus trabajos y experiencias, dejando de lado posiciones ideológicas y creencias religiosas son fuente primaria de contribución objetiva para la defensa o rechazo de dicha práctica.

En este sentido, podemos decir que el sector científico, así como el legislativo, ha tratado de cumplir su tarea. Me refiero a que en tiempo reciente este Congreso fue sede cuatro veces durante, la legislatura pasada, del seminario Clonación y células troncales, organizado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, organismo de consulta permanente del Congreso de la Unión y del cual se desprendieron importantes conclusiones respecto a este tema, las cuales considero pertinente poner sobre la mesa.

Por lo que toca a la clonación reproductiva, la comunidad científica denota la escasa eficiencia y efectividad técnica de esta práctica, así como el nulo beneficio social, médico y práctica ética que la justifique, situación que amerita para el caso de México y a fin de ser acorde con la vasta normatividad internacional, legislar su prohibición. Y en lo que corresponde a la clonación terapéutica, es innegable --científicamente hablando-- que es una promesa viable para la cura de muchas enfermedades, por tanto, su práctica e investigación no puede quedar limitada ni ser rechazada.

Lo que se desprende de esta clase de seminarios no debe guardarse ni quedar en el olvido, ya que la producción de conocimiento derivado de ello resulta una herramienta de gran valía a nuestro trabajo, pero sobre todo, de gran valía para la sociedad a la cual todos nos debemos.

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico acerca a las autoridades y tomadores de decisiones con el conocimiento científico, lo que puede contribuir verdaderamente a la construcción de políticas públicas certeras y, por tanto, a eficientar las acciones públicas.

Por ello, la propuesta aquí planteada contribuiría a cimentar la cercanía entre el conocimiento científico y el quehacer legislativo para el beneficio de la salud de los mexicanos mediante el impulso a la investigación y práctica de la clonación terapéutica, ya que ésta, como se dio cuenta en el seminario, promete ser la medicina del futuro. Asimismo, la propuesta ahora presentada reitera la prohibición de la clonación reproductiva por ser ésta una práctica científica y técnicamente ineficaz.

En atención a las importantes conclusiones derivadas del seminario antes mencionado y en virtud de lo expuesto, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Único. Se adicionan las fracciones VII y VIII al artículo 100, recorriéndose la subsiguiente, se adiciona un artículo 100 Bis y se reforma el artículo 465, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Ley General de Salud. Título Quinto. Investigación para la Salud. Capítulo Único.

Artículo 100. La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las siguientes bases:

Fracción VII. Queda prohibida cualquier actividad que tenga como finalidad la clonación humana reproductiva.

Fracción VIII. Por su probado beneficio a la salud humana podrá emplearse y desarrollarse permanentemente la técnica de transferencia nuclear somática con la finalidad de obtener las células troncales embrionarias, sólo con fines de investigación y terapéuticas, la cual por tanto no debe implicar la implantación de las células en el útero de una mujer.

Artículo 100 Bis. Se entiende por clonación humana con fines reproductivos o clonación humana reproductiva, la técnica consistente en la extracción del núcleo de un óvulo; a su vez, la extracción del núcleo a una célula somática de la misma especie, el cual se transfiere al óvulo enucleado; finalmente el cultivo de estas células y su posterior implantación en el útero de una mujer, lo cual permite el embarazo.

Título Décimo Octavo. Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos. Capítulo VI. Delitos

Artículo 465. Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud y, en general, a toda persona relacionada con la práctica médica que lleve a cabo la investigación clínica en seres humanos, o cualquier actividad con los mismos, cuyo fin sea la clonación humana reproductiva, sin sujetarse a lo previsto en el Título Quinto de esta ley, se le impondrá prisión de uno a ocho años, suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres años y multa por equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La categoría analítica de la presente iniciativa es la práctica conocida como clonación humana, de la cual cabe decir, a grosso modo, que es una técnica que consiste en la transferencia de una célula somática a un óvulo enucleado, cuyo cultivo por unos días en el laboratorio da la posibilidad de utilizarse para fines reproductivos o terapéuticos.

Si la finalidad es reproductiva, las células en cultivo se implantan en el útero, con lo que se da origen a un ente genéticamente idéntico al donador. Si la finalidad es terapéutica, entonces las células troncales o células madre se extraen del blastocisto¹ a objeto de diferenciarlas en otras células o tejidos, y usarlas mediante trasplantes para la cura de diversas enfermedades; estas nuevas células o tejidos sustituyen a los dañados, lo cual permite curar males como el Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerosis lateral y múltiple, diabetes, epilepsia, leucemia, cirrosis, embolias, infartos al miocardio, artritis, entre otros, así como el desarrollo acelerado de nuevos y más eficaces fármacos.

Además del blastocisto, otra fuente importante de células troncales o madre, proviene de algunos tejidos de seres humanos adultos; también se encuentran en el cordón umbilical, y recientemente se ha descubierto su existencia en el líquido amniótico. Para estos tres casos, se trata de células troncales esencialmente comprometidas a formar tipos celulares específicos, a diferencia de las células troncales embrionarias, las cuales pueden hacer todos los tipos celulares que constituyen los tejidos del organismo.

A este respecto, el doctor Luis F. Covarrubias Robles² considera que:

Las aplicaciones de las células troncales embrionarias se extienden a muchos campos de la medicina. Por un lado, las células troncales embrionarias pueden ser fuente de las células diferenciadas que requiere un paciente. Por otro lado, los estudios de diferenciación pueden ayudar tanto a establecer protocolos eficientes para producir tipos celulares específicos, como también para identificar rutas que permitan activar las células troncales endógenas del paciente, de manera tal que éstas puedan restituir el tejido perdido haciendo innecesario un trasplante. Ambas estrategias forman una parte fundamental de la medicina regenerativa del futuro venidero. Fuera de este aspecto, tipos celulares específicos derivados de las células troncales embrionarias pueden ser útiles para probar la efectividad y la toxicidad de drogas con potencial terapéutico. Esto pudiera acelerar de manera marcada el desarrollo de nuevos fármacos, así como reducir su costo, porque se esperaría que las pruebas en animales se redujeran, ya que los efectos de la droga se probarían directamente sobre las células humanas normales donde se quiere que esta actúe.

Además de la transferencia nuclear somática, las células troncales embrionarias pueden obtenerse mediante la fertilización in vitro. Sin embargo, entre una técnica y otra, existe una diferencia importante, la cual consiste en que mediante la transferencia nuclear somática, las células troncales embrionarias resultan ser genéticamente compatibles con el paciente, por lo que no cabe la posibilidad de rechazo inmunológico, situación no asegurada mediante la técnica de fertilización in vitro.

Por la magnitud respecto a los derechos y libertades que trastoca la práctica y técnica de la clonación humana (reproductiva y terapéutica), estamos obligados como sociedad, en general, y como tomadores de decisiones públicas, en particular, a voltear la mirada hacia aquellos expertos, investigadores y científicos, quienes a través de sus trabajos y experiencias, dejando de lado posiciones ideológicas y creencias religiosas, son fuente primaria de contribución objetiva para la defensa o rechazo de dicha práctica.

En este sentido, podemos decir que el sector científico, así como el legislativo, han tratado de cumplir con su tarea, me refiero a que, en tiempo reciente, este Congreso fue sede, cuatro veces durante la legislatura pasada, del seminario Clonación y células troncales, organizado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y del cual se desprendieron importantes conclusiones científicas respecto a este tema.

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología:

Artículo 36. Se constituye el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, como órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt.

...

A petición del Poder Legislativo federal, podrá emitir consultas y opiniones de interés general en materia de ciencia y tecnología.

Y conforme al artículo 37 de la misma ley, dicho foro tiene como funciones básicas:

Artículo 37. ...

I. Proponer y opinar sobre las políticas nacionales y programas sectoriales y especiales de apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico;

...

III. Analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las reformas o adiciones a las mismas, necesarias para impulsar la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológica del país;

...

De este seminario derivó un sin fin de riqueza de información y producción de conocimiento, por lo que considero pertinente poner sobre la mesa la posición científica respecto al tema de la clonación humana (reproductiva y terapéutica).

En lo que toca a la clonación reproductiva, es decir, aquella cuya finalidad es la creación de un individuo genéticamente idéntico a otro, la comunidad científica denota la escasa eficiencia y efectividad técnica de esta práctica, así como el nulo beneficio social, médico y práctica ética que la justifique; situación que amerita para el caso de México, y a fin de ser acorde con la basta normatividad internacional, legislar su prohibición.

Y en lo que corresponde a la clonación terapéutica, es innegable, científicamente hablando, que las células troncales embrionarias son una promesa viable para la cura de muchas enfermedades, por tanto, su práctica e investigación no puede quedar restringida a su obtención por medio de la fertilización in vitro, ya que la clonación terapéutica tiene ventajas sobre ésta última, en cuanto a que la célula adulta donadora del núcleo puede ser del mismo enfermo que se pretende curar mediante el trasplante de células troncales diferenciadas, de modo que estas tendrían los mismo genes del paciente, por tanto, no habría rechazo inmunológico.

A este respecto, el licenciado Pedro Morales Aché³ hace las siguientes consideraciones:

La totipotencialidad⁴ de las células troncales embrionarias y el menor riesgo de rechazo inmunológico que presentan las células troncales obtenidas de embriones..., determinan que representan la mejor alternativa terapéutica (definida en la Ley General de Salud como aquella que produce la mayor prolongación de la vida o el mayor mejoramiento de la calidad de vida), por lo que la prohibición de la clonación terapéutica o la prohibición de utilizar células troncales obtenidas de embriones somáticos, resultaría inconstitucional por contravenir el derecho a la protección de la salud, que está reconocido como un derecho fundamental en el párrafo tercero del artículo 4o. de la Constitución Política federal.

Por su íntima vinculación con el derecho a la protección de la salud, también sustenta la licitud de la clonación terapéutica la existencia del derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, que se encuentra establecido en el artículo 15, párrafo 1, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que ha sido suscrito y ratificado por México..., correspondiendo al gobierno fomentar el desarrollo de la investigación científica para la salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 2o., fracción VII, de la Ley General de Salud, que dispone que tal aspecto es una de las finalidades del derecho a la protección de la salud.

Un tercer derecho fundamental que justifica la... clonación terapéutica es la libertad de investigación, que ha sido considerada como una de las formas de concreción del derecho a la libertad de pensamiento. Este derecho resultaría violentado en caso de que se prohibiera por vía legislativa la clonación terapéutica, ya que ello impediría a los científicos mexicanos el desarrollo de la investigación sobre los mecanismos moleculares de las células troncales embrionarias de origen somático, así como en relación con su posible utilización para producir distintos tipos de tejidos, aspectos que sin duda alguna representan una de las más prometedoras vías para el futuro de la medicina, dado que la terapia genética está llamada a desempeñar un papel destacado para el tratamiento de múltiples enfermedades crónicas y/o degenerativas, que actualmente carecen de cura o de tratamientos... que sean eficaces, lo que marginaría a México de participar en la generación de conocimiento científico en la materia y de gozar de sus beneficios, lo que finalmente determinaría que una vez que se consoliden los avances científicos sobre los usos terapéuticos de las células troncales embrionarias nuestro país tendría que depender en su totalidad de los logros de científicos extranjeros, con los consecuentes costos que ello implica, tanto de índole económica como científica.

Las anteriores consideraciones nos permiten concluir que en México es constitucional la utilización de células troncales embrionarias ... Sin embargo, para eliminar el estado de incertidumbre... legal es conveniente que el Congreso Federal legisle en la materia, reconociendo expresamente la permisión de la clonación con fines de investigación o terapéuticos, ya que ello es acorde con la existencia de una sociedad laica, plural y democrática, en donde la función de las estructuras estatales es conciliar los distintos planteamientos en el marco de los principios establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, que forman parte de nuestro marco normativo, instrumentando soluciones a través de leyes de carácter general.

Lo que se desprende de esta clase de seminarios, no debe quedar guardado, ni en el olvido, ya que la producción de conocimiento derivada de ello es una herramienta de gran valía a nuestro trabajo, pero sobre todo, de gran valía para el beneficio de la sociedad, para la cual todos nosotros trabajamos.

El Foro consultivo científico y tecnológico, resulta el mejor de los canales para acercar a las autoridades públicas con la ciencia, a los tomadores de decisiones con el conocimiento científico.

Si queremos contribuir verdaderamente a la construcción de políticas públicas certeras; si queremos realmente contribuir a hacer eficientes las acciones del gobierno, entonces, empecemos por sentar las bases científicas, en la elaboración de las leyes, las cuales son una de las bases más importantes de las acciones o políticas públicas.

Es por ello, que la propuesta aquí planteada contribuiría a cimentar la cercanía entre el conocimiento científico y el quehacer legislativo para el beneficio de la salud pública de los mexicanos, mediante el impulso a la investigación y práctica de la clonación terapéutica, ya que ésta, como se dio cuenta en el foro, promete ser la medicina del futuro, debido a sus potenciales beneficios a la salud. Asimismo, la propuesta ahora presentada apela a la prohibición de la clonación reproductiva, por ser ésta una práctica científica y técnicamente ineficiente.

Debemos aprovechar el trabajo del Foro consultivo científico y tecnológico,5 en cuyo seno se concentra el trabajo y la opinión de la comunidad científica, académica y tecnológica en temas de trascendencia para la vida nacional, como es el caso de la clonación humana. Y en atención a sus importantes conclusiones, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Único. Se adicionan las fracciones VII y VIII al artículo 100, recorriéndose la subsecuente; se adiciona un artículo 100 Bis y se reforma el artículo 465, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Título Quinto Investigación para la Salud

Capítulo Único

Artículo 100. La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las siguientes bases:

I. a VI. ...

VII. Queda prohibida cualquier actividad que tenga como finalidad la clonación humana reproductiva.

VIII. Por su probado beneficio a la salud humana, podrá emplearse y desarrollarse permanentemente la técnica de transferencia nuclear somática, con la finalidad de obtener las células troncales embrionarias, sólo con fines de investigación y terapéuticos, la cual, por tanto, no debe implicar la implantación de las células en el útero de una mujer.

IX. Las demás que establezca la correspondiente reglamentación.

Artículo 100 BIS. Se entiende por clonación humana con fines reproductivos o clonación humana reproductiva, la técnica consistente en la extracción del núcleo de un óvulo; a su vez, la extracción del núcleo a una célula somática de la misma especie, el cual se transfiere al óvulo enucleado; finalmente el cultivo de estas células y su posterior implantación en el útero de una mujer, lo cual permite el embarazo.

Título Décimo Octavo Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos

Capítulo VI Delitos

Artículo 465.- Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud y, en general, a toda persona relacionada con la práctica médica que lleve a cabo la investigación clínica en seres humanos, o cualquier actividad con los mismos, cuyo fin sea la clonación humana reproductiva, sin sujetarse a lo previsto en el Título Quinto de esta ley, se le impondrá prisión de uno a ocho años, suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres años y multa por el equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 El blastocisto es el cigoto a los 5-6 días después de la fertilización. Las células troncales embrionarias obtenidas del blastocisto tienen la capacidad de diferenciarse en todos los tipos celulares de un organismo, es decir, se pueden convertir en células especializadas.

2 Químico por la Facultad de Química de la UNAM; doctor en ciencias biomédicas de la UNAM; posdoctorado por el Institute for Cancer Research; investigador y Jefe del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM; y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II.

3 Litigante especializado en los temas de salud y derechos humanos; exigibilidad judicial del derecho a la protección de la salud; libertad reproductiva; salud reproductiva; VIH/sida y responsabilidad médica profesional.

4 Células totipotenciales son aquellas que pueden dar origen a todos los tipos celulares.

5 La mesa directiva del foro se integra por las siguientes organizaciones: Academia Mexicana de Ciencias, Academia de Ingeniería, Academia Nacional de Medicina, Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Confederación Nacional de Cámaras Industriales, Consejo Nacional Agropecuario, Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Academia Mexicana de la Lengua, Academia Mexicana de Historia y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.--- Diputado Efraín Morales Sánchez (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Salud.

ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado César Horacio Duarte Jáquez , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa, suscrita además por la diputada Elizabeth Morales García , que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez:Muchas gracias, diputada Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, César H. Duarte Jáquez y Elizabeth Morales García , con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Uno de los grandes desafíos de este Congreso tiene que ver con la posibilidad de que, nosotros, los servidores públicos, los legisladores, construyamos esquemas de representación política y de participación efectivas para nuestros representados, a través del impulso decidido de la transparencia del ejercicio y de la profesionalización de la tarea legislativa.

Un parlamento fortalecido que realice adecuada y responsablemente sus funciones, privilegiando el trabajo en conjunto sobre el individual, en el entendido de que una actitud en este sentido aprovecha el esfuerzo de los otros, suma voluntades y construye.

La responsabilidad de establecer el seguimiento de las propuestas, sobretodo de aquellas que han demostrado su factibilidad y consenso, debe ser parte de nuestra conciencia como legisladores.

En este sentido, como diputado local, a través de un trabajo arduo y comprometido, presenté, junto con mis compañeros de bancada, una iniciativa de reforma al artículo cuarto de la Constitución Política del estado de Chihuahua, mediante la cuál propusimos elevar a rango constitucional el derecho al a la educación física y a la práctica del deporte. Esta iniciativa concilio las visiones de los legisladores representados de aquel Congreso, aprobándose por unanimidad.

Compañeros diputados, en este orden de ideas, expongo lo siguiente:

Si bien es cierto que existe ya la Ley General de Cultura Física y Deporte, y que la Ley General de Educación constituye como fin establecido el estimulo de la educación física y la práctica del deporte, es preciso que la ley fundamental del país consagre la necesidad de que el Estado garantice el derecho a la educación física y el deporte. Es primordial que el impulso de la cultura del deporte y la actividad física provenga desde su establecimiento en la Carta Magna.

De todos es sabido que el deporte engrandece la vida. El deporte y la actividad física amalgaman la práctica recreativa, el ejercicio físico, el aprendizaje del desarrollo colectivo e individual.

De acuerdo con especialistas, para nuestros niños, la importancia que tiene la práctica de la actividad física y el deporte a edades tempranas, repercute en su aspecto afectivo, social y cognitivo. La educación física y el deporte desarrollan capacidades como la percepción espacial, la coordinación motora, la agilidad y el equilibrio. A nivel social, los menores aprenden a asumir ciertas responsabilidades, comprenden las normas establecidas, y experimentan los éxitos y fracasos.

Es también de destacar los beneficios que se obtienen a nivel físico y psicomotor. Los especialistas coinciden en que la realización de la actividad física durante la niñez favorece el proceso de crecimiento, debido a la estimulación que se produce a nivel de tejido óseo y muscular.

Por su parte, para los jóvenes, el deporte desempeña un papel especial para su salud sexual y reproductiva porque apunta directamente a ellos y está ligado al mundo en que se desenvuelven. Los temas de salud suelen ser poco atractivos para los adolescentes, pero las actividades recreativas constituyen un medio importante para entrar en confianza con ellos. El deporte brinda acceso a los individuos a grupos juveniles existentes, o bien puede funcionar como punto de partida para la creación de nuevos grupos deportivos. Muchas culturas juveniles se expresan a través de actividades deportivas.

Dependiendo de los intereses de los jóvenes, pueden ofrecerse deportes específicamente juveniles. Esto permite que los padres observen las actividades de los jóvenes y las comprendan, lo que fomenta el apoyo y el intercambio intergeneracional. El amplio reconocimiento social del deporte puede utilizarse con provecho en el campo de la salud juvenil.

En el campo de la prevención de la violencia, el deporte ofrece a los adolescentes un modo de canalizar sus tensiones físicas y les permite aprender formas de competición positiva y de conducta no agresiva.

En el caso de los adultos, los expertos reconocen que el ejercicio sirve de palanca para empezar a rebajar la presencia de factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión arterial, la arteriosclerosis, la obesidad, entre otros.

La práctica de un ejercicio o deporte junto con la observación de otros hábitos de salud puede tener consecuencias positivas inmediatas en la salud. Además el ejercicio físico mejora la capacidad orgánica del corazón, disminuyendo la necesidad de oxígeno, reduciendo la tensión arterial.

En el caso de los adultos mayores la práctica de la actividad física regular es una de las prioridades como forma de prevención de enfermedades crónico--degenerativas. La promoción de actividad física en los adultos mayores es indispensable para disminuir los efectos del envejecimiento y preservar su capacidad funcional.

A grandes rasgos este es sólo un pequeño recuento de las grandes ventajas que la educación física y el deporte ofrece para el crecimiento y desarrollo integral. Su elevación a rango constitucional ampliaría las oportunidades de convivencia y bienestar en pro de la sociedad mexicana.

En este contexto, es nuestra responsabilidad darle cauce y seguimiento a los acuerdos constituidos. En nuestro carácter de servidores públicos es imperativo observar y preservar lo que ha probado su viabilidad a través del trabajo del consenso. Es de esta forma que desde esta tribuna propongo una reforma al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por tanto someto a esta honorable asamblea la siguiente reforma:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Dice:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado --federación, estados, Distrito Federal y municipios--, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaría conforman la educación básica obligatoria.

Reforma propuesta:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado --federación, estados, Distrito Federal y municipios--, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaría conforman la educación básica obligatoria. Todo individuo tiene el derecho a la educación física y a la práctica del deporte.

México, DF, Palacio de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.--- Diputados: César H. Duarte Jáquez (rúbrica), Elizabeth Morales García (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia saluda cordialmente a los invitados especiales del sector obrero del municipio de Ixtlahuaca, estado de México. Sean bienvenidos y gracias por su visita.

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado Jesús Ramírez Stabros , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 5o. y 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

El diputado Jesús Ramírez Stabros:Muchas gracias, Presidenta. honorable Asamblea: el que suscribe, Jesús Ramírez Stabros, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se permite someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, conforme a la siguiente exposición de motivos:

El Sistema de Ahorro para el Retiro nació con un objetivo primordial, que el trabajador logre generar el mayor ahorro posible para que al finalizar su vida laboral pueda disfrutar de una pensión digna. Sin embargo, hoy no se garantiza que esta meta pueda convertirse en realidad. Por ello, resulta de la mayor importancia hacer frente a un tema que ya constituye de sí un serio problema social.

Quiero hacer mención particularmente a dos temas fundamentales: En primer lugar, el de las elevadas comisiones que las Afore cobran por el manejo de recursos a los trabajadores. Estas comisiones se ubican entre las más elevadas del mundo; un segundo asunto al que quiero hacer referencia es el relativo a la insuficiente y poco clara información sobre las reglas del funcionamiento del Sistema del Ahorro para el Retiro.

En cuanto al primer tema, a un trabajador le aplican elevadas comisiones por administrar su ahorro. Una Afore puede cobrar comisión con tasas hasta de 25 por ciento sobre las aportaciones bimestrales; también puede cobrar un porcentaje por el manejo de los recursos que un trabajador tiene como saldo en su cuenta individual, e inclusive algunas cobran además, comisión sobre el rendimiento obtenido.

Esta multiplicidad de cobros ubica las Afore de México entre las más rentables en el orbe para las instituciones, que prestan el servicio y que en su mayoría son de origen extranjero, pero no para los trabajadores mexicanos.

Generalmente, la mayoría de las Afore cobran comisiones por dos o más conceptos a la vez, lo cual merma de manera significativa la capacidad real de ahorro de cada trabajador y ello constituye, sin duda, un atentado al futuro de las familias mexicanas, dependientes de un ya de por sí deteriorado salario.

Además de lo anterior, el Estado mexicano es incapaz de orientar a los trabajadores con información transparente y clara sobre las condiciones y beneficios que pueden obtener como producto de sus ahorros.

Así existe en los hechos, entre los trabajadores mexicanos, una desinformación acerca de las elevadas comisiones que les cobran por el manejo de sus cuentas, que se hace evidente al revisar los padrones de afiliación de cada Afore, en donde resulta que las Afore que cobran mayores comisiones son las que ostentan mayor número de afiliados, a pesar de que prestan los mismos servicios que las demás.

Por lo anteriormente, expuesto se proponen dos reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro: en primer lugar se busca propiciar que el sistema tenga mayor equilibrio a través del establecimiento de una sola comisión sobre el rendimiento real de las inversiones; y por otro lado se busca que exista una mayor claridad en la información que brinda la Consar a los trabajadores. Con estas reformas se obtendrán los siguientes resultados:

Primero, mayor claridad en cuanto a los beneficios que ofrece cada administradora; segundo, menores comisiones; tercero, eliminación del cobro de comisiones múltiple; y cuarto, mejores rendimientos de las inversiones en beneficio de los trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto.

Artículo Único. Se adicionan y reforman las fracciones XIII y XIV del artículo 5o. y se reforma el segundo párrafo del artículo 37, ambos de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días de febrero de 2007.

Y le solicito respetuosamente a la Presidencia que también se turne esta iniciativa a la comisión de trabajo. Muchas gracias, compañeros.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 5 y 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Jesús Ramírez Stabros , diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de ley, que reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con arreglo en la siguiente

Exposición de Motivos

Los sistemas de pensiones tienen como objetivo proveer un ingreso a las personas que ahorraron en su vida laboral para los años en retiro. El éxito de los sistemas previsionales radica no sólo en la cobertura de la población trabajadora sino en la calidad y, principalmente, los beneficios futuros que brindará a los trabajadores.

El origen de la seguridad social formal se remonta a la década de 1880 en Alemania. El mecanismo utilizado para combatir las contingencias de vejez, invalidez y muerte fue la contribución obligatoria sobre el salario real o una porción importante del mismo para los empleados del sector privado. El seguro social o modelo bismarckiano se extendió en el siglo siguiente en una parte importante del mundo.1

El objetivo último de los sistemas de pensiones es lograr que las personas reciban durante su vida pasiva una remuneración, de modo que puedan mantener estabilidad en su nivel de ingresos y superar los problemas de indigencias después de retirarse del mercado laboral.

El principal sistema de previsión social público fue el de beneficio definido, en el cual los trabajadores activos realizan aportes con relación a su salario. Esos aportes son utilizados para pagar las pensiones de los jubilados. Con la realización de aportes en el presente se adquiere el derecho de recibir una pensión futura.

En América Latina, los sistemas públicos de pensiones se instauran a partir de los años treinta, tomando como ejemplo los países europeos más avanzados. El sistema de pensiones público, a través del sistema con beneficios definidos, fue funcional en sus inicios, ya que la población era joven; sin embargo, a medida que los países ingresaban en etapas más avanzadas de la transición demográfica, la necesidad de reformas se hizo cada vez más evidente, ya que el número de trabajadores por pensionado estaba disminuyendo aceleradamente.

La crisis del petróleo en los años setenta y la posterior crisis de deuda en la década de los ochenta en Latinoamérica dieron como resultado una década con bajo crecimiento y una severa crisis de las finanzas públicas, dejando ver los problemas de sustentabilidad de los sistemas públicos de pensiones. Lo anterior se conjugó con la entrada de reformas para reducir el tamaño del Estado como medio para disminuir las presiones en las finanzas públicas.²

Como consecuencia de lo anterior, en la década de los noventa se introdujeron reformas a los sistemas de pensiones en un número importante de países de Latinoamérica, las que se basaron principalmente en el diseño adoptado por Chile en 1981, el cual consistió en la sustitución del sistema público de reparto con beneficios definidos por uno de ahorro individual con contribuciones definidas y administrado por entidades privadas.

Las reformas en América Latina tuvieron el objetivo común de tornar eficiente y asegurar la viabilidad financiera de los sistemas previsionales a través de las siguientes modificaciones:

Aumentos en la edad de retiro, en el nivel de los aportes y en el periodo mínimo de contribuciones.

La incorporación de un sistema de capitalización individual, ya sea para sustitución, integración o complementación de los antiguos esquemas de reparto, la administración privada de éstos y la inversión de los fondos acumulados en los mercados financieros nacionales e internacionales.

Los regímenes de capitalización individual en América Latina, en reemplazo parcial o total de los de reparto, comenzaron a operar en Chile en 1981, seguidos por Perú en 1993, Argentina y Colombia en 1994, Uruguay en 1996, Bolivia y México en 1997, El Salvador en 1998, Costa Rica en 2000 y República Dominicana en 2003.

Reforma del sistema de pensiones en México

En México, la nueva Ley del Seguro Social se expidió en 1995, entre otras razones, para cambiar el sistema de pensiones de beneficio definido de los trabajadores afiliados al IMSS, que operaba como un sistema de reparto, por un sistema de contribuciones definidas y cuentas individuales administrado por empresas de giro exclusivo, denominadas ``administradoras de fondos para el retiro'' (Afore).

La nueva ley entró en vigor el 1 de julio de 1997. El cambio se debió, principalmente, a la inviabilidad financiera del sistema anterior, pero también se consideraron los posibles efectos favorables en los niveles de ahorro nacional, en la formalización del mercado laboral y en el desarrollo de los mercados financieros.

Principales puntos que provocaron la reforma en el sistema de pensiones de los afiliados al IMSS:³

Las contribuciones se mantuvieron en niveles muy bajos, siendo de 6 por ciento del salario base de cotización (SBC) en 1994 hasta alcanzar 8.5 por ciento en 1996. En tanto, los beneficios iban en aumento, ya que se extendieron de manera paulatina a los dependientes del asegurado.

La pensión mínima aumentó considerablemente, pasando de 40 por ciento del salario mínimo en los pasados cuatro decenios hasta llegar a 100 por ciento en 1995.

Lo anterior provocó un importante desequilibrio actuarial. De haberse mantenido el esquema, se habría requerido aumentar las contribuciones a 23.3 por ciento del salario base de cotización en 2020, o los recursos habrían tenido que salir de las arcas públicas.

Asimismo, parte del problema fue resultado de las desviaciones de los recursos destinados a las pensiones, ya que al principio de su operación existían pocos pensionados con relación al número de trabajadores, por lo que los recursos de estas contribuciones, que debieron ser canalizados a un fondo de reservas, fueron utilizados para financiar la infraestructura del IMSS y para subsanar programas deficitarios de enfermedades y maternidad.

Tal fue la descapitalización de las reservas, que para 1994 representaban 0.4 por ciento del PIB, siendo que deberían haber representado para ese año 11 por ciento.

Por otro lado, la evolución demográfica también jugó un papel fundamental para llevar a cabo la reforma, ya que ésta se vio reflejada en la estructura poblacional de afiliados al IMSS:⁴

Caída de las tasas de natalidad del país de 3.7 por ciento a 1.9 por ciento anual entre 1970 y 1995.

Aumento de la esperanza de vida de 49.6 a 70.8 años entre 1950 y 1995.

Las principales reformas de la seguridad social de los trabajadores privados afiliados al IMSS fueron

1. Los cuatro ramos de aseguramiento que administraba el IMSS, enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; guarderías para hijos de aseguradas; e invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM), tuvieron cambios para dar lugar a cinco ramos de aseguramiento en la actualidad, cuyas principales adecuaciones consistieron en dividir al ramo de IVCM en dos: invalidez y vida (IV), y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV), con base en un esquema de ahorro y capitalización individual.

2. En el nuevo sistema de pensiones, cada trabajador tiene una cuenta individual abierta de manera personal en instituciones financieras de giro exclusivo, denominadas ``administradoras de fondos para el retiro'', donde se acumulan sus aportaciones junto con las de sus patrones y el gobierno federal.

El marco normativo de las Afore se rige principalmente por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), la cual tiene el objeto de regular el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y sus participantes.

En la Ley del SAR se establece el órgano que las regula, las subcuentas por administrar, las multas, las obligaciones de las Afore y las comisiones, así como la regulación y el funcionamiento de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro (Siefore), principalmente.

En las leyes del IMSS y del ISSSTE se establecen las cuotas y las características por las cuales los trabajadores pueden hacer retiros parciales de las cuentas individuales.

En 2002 se reformó la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro para que el sistema de cuentas individualizadas se extendiera a trabajadores del ISSSTE, que no estén sindical izados, y aquellos trabajadores que no estén afiliados a ninguno de los institutos de seguridad social.

Situación del sistema

Para septiembre de 2006 existían 18 administradoras de fondos para el retiro: Actinver, Afirme Bajío, Ahorra Ahora, Azteca, Banamex, Bancomer, Banorte Generali, Copel, HSBC, Invercap, Inbursa, ING, IXE, Metlife, Principal, Profuturo GNP, Santander Mexicano y XXI.

Los fondos de los trabajadores acumulados en las Afore asciende a 15 mil 369.4 millones de pesos, de los cuales 62.4 por ciento corresponde a las aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV), 37.2 por ciento a vivienda y 0.3 por ciento a aportaciones voluntarias.

De los fondos correspondientes al RCV y aportaciones voluntarias, 55 por ciento se concentra en cuatro Afore: Banamex (15.35 por ciento), Bancomer (15.13 por ciento), Inbursa (12.95 por ciento) y Profuturo GNP (11.55 por ciento).

El número de trabajadores registrados en las Afore es de 36 millones 459 mil 23 trabajadores, de los que 63.7 por ciento se concentra en seis administradoras: Banamex (15.3 por ciento), Bancomer (11.5 por ciento), Inbursa (10.0 por ciento), Profuturo GNP (9.4 por ciento), Principal (9.2 por ciento) y Santander Mexicano (8.3 por ciento).

Un problema importante que están enfrentando las administradoras es el creciente porcentaje de cuentas inactivas, es decir, que no tienen aportaciones. La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) informó que alrededor de 60 por ciento de las cuentas se encuentran inactivas.

El aumento de cuentahabientes que no cotizan es resultado del aumento del desempleo y de que muchos trabajadores se han incorporado al sector informal.

Con base en la Ley del SAR, las Afore por la administración de la cuenta individual cobran dos tipos de comisiones: sobre flujo y sobre saldo.

Comisiones sobre flujo: se cobran sólo por las aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y se calcula como porcentaje del salario base de cálculo (SBC), el cual se obtiene de dividir entre 6.5 por ciento la aportación obrero patronal y el estatal de RVC (sin cuota social). El producto obtenido se deduce de cada aportación a la subcuenta de aportaciones obligatorias de RVC.

Esas comisiones no se aplican a las aportaciones del gobierno federal por cuota social⁵ ni a los recursos del SAR 92 transferidos a las Afore.

Hoy día, todas las Afore cobran comisiones sobre flujo y el porcentaje fluctúa entre 0.5 y 1.64 por ciento sobre el salario base de cotización y esto corresponde a un comisión de 7.7 o hasta 25.2 por ciento de la aportación mensual sin cuota social, es decir, por cada 100 pesos de las aportaciones al seguro de RVC que recibe el trabajador van a ser finalmente invertidos de 92.3 a 74.8 pesos.

Comisiones sobre saldo: en este caso se cobra un porcentaje fijo anual del saldo acumulado. Las comisiones fluctúan entre 0.15 hasta 0.5 por ciento del saldo acumulado. Por cada 30 mil pesos de saldo se cobra una comisión que va desde 45 hasta 150 pesos anuales.

De acuerdo con la tabla de comisiones equivalentes que realiza la Consar,⁶ la Afore que menos cobra al trabajador por concepto de comisiones es Afirme Bajío, ya que si se permanece por 25 años la comisión equivalente es de 0.96 por ciento sobre flujo desde el año 1 hasta el año 25. Al contrario, la Afore que más cobra por la administración de la pensión es Profuturo GNP, la cual cobra 1.9 por ciento del flujo si se permanece en esa Afore desde el año 1 hasta el 25.

Dado que las Afore proporcionan un servicio similar, resulta injustificado que existan algunas que cobren el doble que las demás administradoras.

Comportamiento del mercado

Uno de los señalamientos más recurrentes en torno de la administración privada de la pensión se relaciona con el impacto de las comisiones en la pensión final. Sin embargo, se justificó, desde el inicio de su operación, que a mayor competencia las comisiones tenderían a bajar. No obstante, las disminuciones han sido mínimas.

La Consar ha manifestado que a partir de 2001 las comisiones han disminuido; sin embargo, no señala que actualmente éstas se encuentran en niveles similares a las comisiones que se cobraban en 1998.

De acuerdo con un comparativo de las comisiones equivalentes sobre flujo que realiza Cansar, en 1998 las Afore cobraban en el primer año de antigüedad una comisión equivalente a 1.43 por ciento sobre el salario base de cálculo, para septiembre de 2006 esta comisión era de 1.24 por ciento, es decir, sólo han disminuido 13 por ciento en ocho años. Asimismo, con 25 años de antigüedad la comisión equivalente en 1998 era de 1.68 por ciento, actualmente es de 1.35 por ciento, la diferencia es de tan sólo 0.33 puntos porcentuales.

Lo anterior muestra que pese a la entrada de Afore que cobran comisiones por debajo de la media, no se ha logrado una disminución importante en las comisiones. Incluso si se observan los datos históricos de las comisiones sobre flujo o saldo de las administradoras que prevalecen desde el inicio de este nuevo esquema, no existen variaciones importantes.

Tal es el caso de Banamex y Bancomer, que hasta diciembre de 2005 tenían el mismo nivel de comisiones que en 1998 (1.7 por ciento sobre flujo) y no cobraban comisión sobre saldo; actualmente Banamex cobra 1.42 por ciento sobre flujo y 0.34 sobre saldo, en tanto Bancomer cobra 1.23 sobre flujo y 0.5 sobre saldo. En Bital, ahora HSBC, se observa que en 1998 sólo cobraba comisión sobre flujo, con una tasa de 1.68 por ciento, actualmente se observa una disminución en esta comisión a 1.4 por ciento, pero ahora también cobra 0.4 por ciento sobre saldo.

Ese cambio de estructura de comisiones de estas administradoras les genera mayores ingresos, ya que los fondos acumulados crecen rápidamente, y la disminución de la comisión sobre flujo se ve compensada por la incorporación de la comisión sobre saldo.

En general, las administradoras han disminuido alguna de sus comisiones, pero han aumentado otra. Las administradoras que permanecen desde el inicio del sistema que han disminuido sus comisiones son Afore XXI, la cual disminuyó en menor medida su comisión sobre flujo de 1.5 a 1.3, pero ha mantenido su comisión de 0.2 por ciento sobre el saldo; y Banorte Generali aumentó su comisión sobre flujo de 1.0 a 1.26 por ciento y disminuyó la de saldo de 1.5 a 0.4 por ciento.

Proyecciones de las pensiones que ofrecerá el sistema

Cálculos basados en los resultados arrojados por la calculadora de proyección de saldos de la Consar, muestran que dentro del sistema de capitalización individual ningún trabajador podrá mantener su nivel de vida al jubilarse. Por ejemplo, un trabajador de 35 años que entra este año a cotizar en el sistema hasta la edad de jubilación (65 años) con una remuneración de 4 salarios mínimos, obtendría una pensión equivalente al 40 por ciento de su sueldo.

Como se observa en el cuadro 1, entre mayor sea el sueldo menor será la pensión con relación a su salario. En el caso del trabajador que gana un salario mínimo, obtendría 66 por ciento de su sueldo, esto se debe a que la cuota social que brinda el Estado tiene un mayor impacto en los trabajadores que tienen menores ingresos.

De prevalecer el nivel de comisiones vigente y con una tasa promedio de 6 por ciento real anual, todos los trabajadores que ganan menos de 2 salarios mínimos tendrían una pensión menor que el salario mínimo. Los que ganan de 2.5 a 3.5 salarios mínimos obtendrían una pensión equivalente a poco más de un salario mínimo.

Esto es de suma importancia, ya que alrededor de 40 por ciento de los trabajadores afiliados al IMSS tendrían que sobrevivir durante su vejez con un ingreso menor al salario mínimo, o el equivalente si cumplen los requisitos para la pensión mínima garantizada que ofrece el Estado.⁷ Incluso, los de ingresos de 5 salarios mínimos obtendrían una pensión menor de 2 salarios mínimos.

Esto muestra un futuro nada satisfactorio para la población mexicana mayor de 65 años, no sólo por los bajos saldos que arroja este sistema de pensiones, sino considerando también que más de 60 por ciento de la población no está incorporada a ningún esquema de pensiones. Lo anterior es sumamente grave ya que, según estimaciones del Conapo, en el año 2050 uno de cada cuatro habitantes tendrá 65 años y más.

Lo anterior implica un elevado costo fiscal, por un lado, el Estado está comprometido a hacer el aporte complementario de los trabajadores que no logren ahorrar lo suficiente como para acceder a la pensión mínima y que cumpla con los requisitos establecidos. Por otro, tendría que aumentar el presupuesto social para apoyar los que no alcancen la pensión mínima garantizada por el sistema de cuentas individualizadas, y para aquellos que no se incorporaron a ningún esquema previsional de retiro.

Insensibilidad de los trabajadores al precio

Los trabajadores afiliados juegan un papel primordial para propiciar una mayor competencia en el sistema, ya que ellos deciden de manera libre a qué administradora afiliarse y, en su caso, pasarse a la que brinde mayor pensión.

Se esperaría que, dada la información que tienen los trabajadores, se afiliarían a la Afore que les brinda mayor pensión. Sin embargo, existe una irracionalidad económica en la elección de los trabajadores, derivado de la complejidad de la información, así como el gran desconocimiento que existe del sistema.

Haciendo un comparativo entre las comisiones equivalentes sobre saldo que cobraría cada una de las Afore durante los próximos 25 años contra los trabajadores afiliados de cada una de las administradoras se obtiene que las cinco Afore más caras administran las cuentas de 45.2 por ciento de los trabajadores totales afiliados.

Incluso, 18.2 por ciento del total de trabajadores afiliados se encuentran registrados en Profuturo GNP y Banorte Generali, las administradoras que cobran mayor comisión del sistema. En tanto, las cuatro Afore más baratas, Afirme Bajío, Actinver, Azteca e Invercap, sólo captan 8.9 por ciento.

La baja sensibilidad de los afiliados a las comisiones también se demuestra a través del análisis de los traspasos históricos de Afore a Afore. Se esperaría que si el trabajador cambia de administradora es por la búsqueda de una mayor pensión, no obstante, esto no ha sido así. Los trabajadores han tenido mayor preferencia a traspasarse a las Afore más caras del sistema.

De acuerdo con los traspasos históricos, las Afore más caras del sistema son las que mayor número de cuentas han recibido por este concepto: Profuturo GNP ha recibido 406 mil 915, Banorte Generali 302 mil 101 y HSBC 390 mil 96 cuentas. Por el contrario, Actinver, de las que menos cobran, ha cedido 189 mil 884 cuentas.

Debido a que los trabajadores no están actuando de manera económicamente racional, es decir, pasándose a las Afore que cobran menos comisiones y que darían una pensión mayor, la movilidad de trabajadores no está dando los incentivos necesarios para que las administradoras compitan a través del precio.

La Consar⁸ señaló que este comportamiento puede entenderse por las siguientes razones:

La competencia es limitada cuando existe baja sensibilidad del ahorrador al precio y alta sensibilidad a la labor del agente promotor.

En este caso, para algunas Afore, puede ser mejor estrategia para atraer clientes contratar más promotores que bajar sus precios.

Esto quiere decir que el campo de juego entre Afore baratas y caras no está nivelado. Las caras, por serio, tienen la capacidad de pagar a un mayor número de promotores y dar un premio mayor por cada trabajador afiliado.

Existe alta correlación entre el nivel de los traspasos y los promotores contratados. Mientras se pueda pagar más promotores, se tendrá una ventaja para afiliar más, sin tener que bajar precios.

La irracionalidad de los afiliados al permanecer en administradoras caras no está sucediendo sólo en nuestro país, sino en la mayoría de los países latinoamericanos. Se han hecho varios estudios que evidencian una escasa sensibilidad de los afiliados a las diferencias en materia de comisiones. Éstos parecen soportar diferencias importantes por lo que respecta a las comisiones sin migrar a una administradora más barata. La existencia de afiliados poco sensibles a los precios significa que las administradoras no tienen gran incentivo para competir bajando los precios, por lo que toda la competencia va a seguir otras vías, como el marketing, y con comisiones más altas.⁹

El comportamiento de los afiliados se explica principalmente por el bajo conocimiento que tienen sobre el sistema. De acuerdo con los resultados de una encuesta que realizó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef),¹⁰ existe un escaso conocimiento sobre el esquema de capitalización individual:

Más de la mitad de los encuestados (54 por ciento) no supo qué servicios proporciona una Afore, 24 por ciento contestó que tenía dudas y sólo 22 por ciento contestó que sí sabía.

El 88 por ciento aseguró que no sabía cuántas Afore existían en el mercado, del 12 por ciento restante que contestó afirmativamente, sólo 11 por ciento señaló el número correcto.

Siete de cada diez encuestados no supo qué es una cuenta individual.

El 36 por ciento señaló que no recibía su estado de cuenta, 64 por ciento señaló que sí la recibe, y de éstos 40 por ciento aseguró que no la entiende.

Uno de cada tres encuestados desconoce cuánto hay acumulado en su cuenta individual.

Ocho de cada diez encuestados desconoce cuánto o por qué concepto le cobran por manejar su cuenta.

El 64 por ciento no sabe cómo y cuándo podía hacer retiros de su cuenta, y 85 por ciento no sabe en qué están invertidos sus recursos.

Debido a que la afiliación es obligatoria y los resultados son de largo plazo, los afiliados muestran bajo interés por buscar mayor información de los costos y las rentabilidades que ofrecen las administradoras. Aunado a lo anterior, la información de las comisiones es confusa para la mayoría de los trabajadores. Por ello es indispensable crear una fuerte campaña para eliminar la apatía de los trabajadores, así como lograr que la información que se genere sea más asequible, ya que esto propiciará mayor competencia en el mercado.

Comportamiento de las Afore

Los indicadores de rentabilidad de las administradoras de fondos para el retiro muestran que el mercado tiene un comportamiento similar a un oligopolio, ya que los rendimientos se encuentran muy por encima de un mercado competitivo.

En los últimos años, la rentabilidad permanece en niveles elevados. En 2000, las utilidades netas de las Afore representaban 21 por ciento de su capital contable promedio, al año 2003 representaron 39.1 por ciento, y al cierre de 2004 este indicador fue de 29.3 por ciento. Para el cierre del primer semestre de 2006, el rendimiento sobre capital promedio del sistema fue de 21 por ciento.

El rendimiento de siete de las Afore fue superior al promedio, tal es el caso de Santander Mexicano (46.5 por ciento), Bancomer (40.4 por ciento), XXI (35.6 por ciento), ING (26.5 por ciento), Banamex (26.8 por ciento), Profuturo GNP (22.4 por ciento), e Invercap (21.8 por ciento)

En la actualidad existen muy pocos mercados con estos niveles de rentabilidad, desafortunadamente ello repercute en un monto menor de pensión cuando el trabajador llega a la edad de jubilación.

Uno de los grandes problemas del sistema es que las Afore no tienen ningún riesgo en la administración de las pensiones de los trabajadores, ya que cobran sobre los saldos o las aportaciones. Mientras que el trabajador asume todo el riesgo y en algunos años ha visto mermado su ahorro por la caída de las tasas de interés. En 2004, la rentabilidad real promedio que ofreció el sistema fue de 1.83 por ciento, el rendimiento más bajo desde la creación del sistema, en tanto las utilidades totales de las administradoras ascendieron a 4 mil millones de pesos.

Esta elevada utilidad que obtienen las administradoras deriva de que las comisiones son muy superiores al costo de administración.

Asimismo, destaca que algunas administradoras gastan grandes cantidades en promocionarse. En el caso de Inbursa, 74.4 por ciento del costo promedio total corresponde al costo por promoción, para la Afore XXI esta proporción es de 49.2 por ciento, HSBC 49 por ciento y de 32.16 por ciento en Santander Mexicano.

En suma, los trabajadores tienen una baja sensibilidad a las comisiones que cobran las administradoras, siendo las más caras las que mayor número de afiliados tienen. Lo anterior responde a la opacidad en la información, es decir, la existencia de dos comisiones sobre diferentes bases, una respecto al salario base y la otra con respecto al saldo, crea confusión. Aunado a lo anterior, el trabajador debe considerar los rendimientos que ofrece cada administradora.

No obstante, la importancia relativa de las comisiones sigue siendo mucho mayor a la de rendimientos. La Consar calculó que un periodo de 7 años, la diferencia en rendimientos es apenas de 11.9 por ciento, mientras que la diferencia en comisiones equivalentes es de 123 por ciento.

Si el trabajador hubiera elegido sólo con base en los rendimientos en septiembre de 2003, hoy tendría el segundo menor saldo debido al efecto de las altas comisiones que prácticamente cancelan el efecto de un mejor rendimiento. En cambio, de haber elegido con base en la comisión, tendría el mayor saldo.

La dificultad existente para comparar los efectos de las comisiones en las pensiones, ha provocado que hasta el momento las comisiones no constituyan un elemento diferenciador entre las administradoras. Los aumentos en comisiones, así como las disminuciones efectuadas por algunas empresas, no les han significado ningún costo o beneficio claro en términos de su participación de mercado.

Las Afore, al tener la percepción de que los afiliados no se ven influidos por el nivel de comisiones, tienen un bajo incentivo para bajar sus precios, por lo que compiten con otros mecanismos para lograr la afiliación, como es la contratación de promotores.

La baja sensibilidad de los afiliados al precio propicia que el sistema tenga un comportamiento oligopólico, ya que las comisiones que cobran se encuentran muy por encima del costo promedio de administración, y ello redunda en ganancias y rentabilidad extraordinaria, a costa de las futuras pensiones de sus afiliados.

Peor aún, existe un profundo desconocimiento del funcionamiento, el costo y los servicios que ofrenden las administradoras.

Como se señaló, de prevalecer el nivel de comisiones vigentes, la mayoría de los afiliados al sistema obtendrá una pensión menor de dos salarios mínimos, lo que tendrá consecuencias económicas y sociales irreparables.

Propuestas de reforma de la Ley del SAR

Por lo anteriormente expuesto, se proponen dos reformas a la Ley de SAR. Por un lado, se busca propiciar que el sistema tenga mayor competencia, a través del establecimiento de una sola comisión sobre rendimiento real. Por otro lado, se busca una mayor transparencia en la información que brinda la Consar, por lo que se propone que en sus informes y en su página de Internet se incorporen ciertas estadísticas, las cuales son fundamentales para poder evaluar el funcionamiento y evolución del sistema.

Establecimiento de una sola comisión sobre rendimiento real

Se propone reformar el artículo 37 de la Ley del SAR para que las Afore cobren una sola comisión sobre rendimiento real. Ello haría más transparente las comisiones que efectivamente cobran las administradoras y permitiría que el trabajador mejore sus decisiones para tener una mayor pensión.

Al existir una sola comisión sobre rendimiento real, que además permite hacer una evaluación combinada con el rendimiento que da cada una de las Afore, se espera que lo trabajadores tomen decisiones económicamente más racionales y se trasladen a las administradoras que le ofrecen mayores rendimientos, lo que sin duda repercutirá en mayor competencia en el mercado y, por tanto, en la disminución más rápida de las comisiones.

Beneficios de la reforma

El establecimiento de una sola comisión sobre el rendimiento real tendría los siguientes beneficios:

a) Al existir una sola comisión los trabajadores podrán tener mayor claridad de cuál administradora es más barata, lo que incentivaría una mayor competencia. Lo anterior ocasionaría que el esquema sea mucho más claro para el trabajador y con ello tendría una mejor herramienta para elegir la Afore que le brinda una mayor pensión.

b) Las Afore que cobran comisión por saldo y por flujo están gravando doblemente las aportaciones del patrón, del gobierno y la del trabajador. El esquema de comisión por rendimiento real es la base más beneficiosa que se le puede ofrecer al trabajador, ya que las aportaciones se irían integras al fondo de ahorro, porque no se permitiría que las Afore cobrarán comisión sobre flujo antes de invertir sus aportaciones, como lo hacen ahora, lo que redundaría en una mayor pensión.

c) Se incentiva que las Afore busquen mayores rendimientos a través de portafolios más eficientes. En esta opción, los trabajadores y las administradoras comparten el riesgo, ya que si no existe rendimiento para el afiliado, la administradora tampoco obtendría ganancias.

d) Es fundamental señalar que con el establecimiento de la comisión única sobre rendimiento real los trabajadores obtienen ganancias de sus aportaciones desde el primer año de su afiliación, ya que con el actual sistema de comisiones, en ocasiones hasta durante los primeros cinco años de afiliación el trabajador no obtiene beneficios, ya que el rendimiento real otorgado no compensa el costo que cobran las administradoras.

e) La mayor claridad de las comisiones generará que el sistema sea más competitivo, con lo que las comisiones tenderán de manera más rápida a la baja, lo que sin duda beneficiará al Estado, ya que los saldos finales serán superiores a los que se darían con el esquema de comisiones vigentes.

f) De prevalecer el sistema de comisiones vigentes, el costo social y público sería elevado, ya que alrededor de 40 por ciento de los trabajadores no alcanzarían una pensión equivalente al salario mínimo, por lo que el Estado tendría que dar la diferencia a los afiliados que cumplan los requisitos establecidos.

g) La disminución de las comisiones no sólo beneficiará al trabajador, también propiciará que el Estado destine menores recursos para garantizar una pensión mínima.

Información que debe brindar la Consar

Existe información relevante para conocer la evolución del sistema de pensiones que la Consar no publica en su página de Internet y que tampoco se incluyen en los informes semestrales que brinda al Congreso de la Unión.

Debido a la importancia de la transparencia y a la necesidad de contar con estadísticas oportunas para poder analizar el comportamiento del sistema se propone reformas a las fracciones XIII y XIV del artículo 5 de la Ley del SAR, para que se incluya la siguiente información en los reportes de la Consar:

Trabajadores afiliados por semanas de cotización

Trabajadores afiliados con aportación

Trabajadores afiliados sin aportación y tiempo en esta situación

Afiliados con aportación voluntaria y aportación promedio

Afiliados por rango de edad y distribución de sexo

Cotización promedio por afiliado

La información anterior debe ser del total del sistema, y desglosarse por Afore, así como por institución: IMSS, ISSSTE y los afiliados autónomos.

Asimismo, la Consar debe incluir en los informes semestrales que presenta al Congreso de la Unión un estudio detallado de cómo están impactando las inversiones de pensiones en:

a) La actividad productiva nacional;

b) La mayor generación de empleo;

c) La construcción de vivienda;

d) El desarrollo de infraestructura estratégica del país; y

e) El desarrollo regional.

Lo anterior, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley del SAR, donde se señala que las inversiones deben canalizarse preponderantemente, a través de su colocación en valores, a fomentar las anteriores variables.

Es conveniente que la Consar incluya en su informe semestral el impacto de las comisiones y rendimientos sobre el saldo final de los trabajadores afiliados al sistema, haciendo proyecciones de las personas que no alcanzarán la pensión mínima, y el costo fiscal que ello devengaría.

Estas reformas son fundamentales no sólo por cuestiones de transparencia, también porque con ello se podrá evaluar de manera periódica la evolución del sistema, y con ello se tendrán mayores herramientas para detectar a tiempo posibles problemas relacionados con el comportamiento de este sistema de ahorro para el retiro.

Con base en lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se adicionan y reforman las fracciones XIII y XIV del artículo 5 y se reforma el segundo párrafo del artículo 37, ambos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

Artículo 5. La Comisión tendrá las facultades siguientes:

...

XIII. Rendir un informe semestral al Congreso de la Unión sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, en el que se deberá considerar un apartado específico en el que se mencionen las carteras de inversión de las sociedades de inversión, incluyendo un análisis detallado de cómo el régimen de inversión cumple con lo descrito en el artículo 43 de esta ley. Asimismo, el informe debe incluir un apartado donde se hagan proyecciones de los trabajadores que no alcanzarían una pensión equivalente al salario mínimo, y el costo fiscal que ello devengaría de acuerdo con lo indicado en el artículo 170 de la Ley del Seguro Social.

XIV. Dar a conocer a la opinión pública reportes sobre comisiones, número de trabajadores registrados en las administradoras, estado de situación financiera, estado de resultados, composición de cartera y rentabilidad de las sociedades de inversión. Respecto a la información de los trabajadores registrados debe incluirse lo siguiente: clasificación de afiliados por número de semanas de cotización, número de trabajadores afiliados con aportación; número de afiliados sin aportación y tiempo en esta situación; número de trabajadores registrados con aportación voluntaria y aportación promedio; clasificación de los afiliados por rango de edad y distribución de sexo; cotización promedio de los afiliados. La información anterior debe ser desglosada por administradora y por institución social de procedencia, así como por afiliado autónomo. Los reportes deben darse a conocer cuando menos en forma trimestral;

...

Artículo 37. Las administradoras sólo podrán cobrar a los trabajadores con cuenta individual las comisiones con cargo a esas cuentas que establezcan de conformidad con las reglas de carácter general que expida la Comisión.

La comisión por administración de las cuentas individuales sólo podrá cobrarse como un porcentaje sobre el rendimiento real de los activos administrados. Las administradoras sólo podrán cobrar comisiones de cuota fija por los servicios que se señalen en el reglamento de esta ley, y en ningún caso por la administración de las cuentas.

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días hábiles siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. La capitalización individual en los sistemas provisionales de América Latina, diciembre de 2003, página 1.

2 Luis Felipe Jiménez y Jessica Cuadros. Evaluación de las reformas de los sistemas de pensiones: cuatro aspectos críticos y sugerencias de políticas. CEPAL, 2003, página 9.

3 Fernando Solís Soberón y F. Alejandro Villagómez, compiladores. ``La seguridad social en México'', citado en Francisco Javier González Vallejo. Cuando ya no podamos trabajar, ¿qué? Universidad de Guadalajara, 2003, páginas 10-12.

4 Presentación La Consar a 10 años de su creación: avances y retos, 2004. http://www.consar.gob.mx/consar.shtml

5 De acuerdo con la Ley del Seguro Social, el gobierno federal aportará mensualmente, por concepto de cuota social, una cantidad inicial equivalente a 5.5 por ciento del salario mínimo general para el Distrito Federal, por cada día de salario cotizado, la que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador asegurado. El valor del mencionado importe inicial de la cuota social se actualizará trimestralmente de conformidad con el índice nacional de precios al consumidor (INPC).

6 Con objeto de comparar los diferentes esquemas de comisiones de las administradoras, se realiza una transformación de éstas para expresarlas en términos equivalentes, es decir, sobre una misma base de referencia. La comisión equivalente de una Afore es la comisión única sobre flujo que genera el mismo saldo en la cuenta individual que la estructura vigente de comisiones a un cierto plazo de proyección.

7 El artículo 170 de la Ley del Seguro Social tiene considerado que los trabajadores cuyos recursos en la cuenta individual no alcancen una pensión mensual equivalente al salario mínimo, el Estado garantiza una pensión mensual del salario mínimo general para el Distrito Federal, cantidad que se actualizará anualmente, en febrero, conforme al INPC, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión. Los trabajadores tendrán derecho a la pensión por cesantía o vejez garantizada por el Estado, los que tengan como mínimo mil 250 semanas de cotización y 60 o 65 años de edad, respectivamente.

8 Consar. Presentación al Senado de la República, noviembre de 2004.

9 Organización Internacional del Trabajo. Regulación de los sistemas de pensiones de capitalización individual, Lima, Perú, 5- 6 de diciembre de 2002, página 221.

10 Condusef. Reporte 2004 sobre calidad en el servicio de atención a clientes de las Afore,http://wvvw.condusef.gob.mx/encuesta/afores.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días de febrero de 2007.--- Diputado Jesús Ramírez Stabros (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 366 del Código Penal Federal.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya:Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeros diputados:

«Iniciativa que reforma el artículo 366 del Código Penal Federal.

El que suscribe, diputado federal por el estado de Nuevo León, Juan Francisco Rivera Bedoya , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permito someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I, agregándosele un párrafo, del artículo 366 del Código Penal Federal.

Exposición de Motivos

Que el Código Penal Federal en su artículo 366, tipifica la conducta delictiva de la privación de la libertad, estableciendo las apenas a que se harán acreedores a aquellos que se coloque en los supuestos ahí previstos. Si bien estas penas son considerablemente altas, no han logrado la inhibición de dichas conductas delictivas, y menos aún atienden a las diversas manifestaciones con que se da en la actualidad esta privación de la libertad, que es por demás variada y compleja.

La libertad de las personas, estamos concientes, representa uno de los valores más elevados, por lo que no es de extrañarse que sea tutelado por diversas disposiciones de nuestra Carta Magna, a lo largo de todo su contenido, de manera directa o implícita. Que van en la Constitución desde la prohibición de la esclavitud, o garantizar la libertad de tránsito, hasta la libertad del ejercicio libre de nuestros usos y costumbres, solo por mencionar algunas de las libertades que en ésta se contemplan.

Es por ello que los diversos ordenamientos legales de nuestro sistema jurídico mexicano, prácticamente en la totalidad de sus disposiciones, se ven permeados por este principio de libertad de los individuos. Así, solo a manera de ejemplo, valdría la pena citar a todas las disposiciones en materia de obligaciones jurídicas, ya sean mercantiles o civiles, o bien la materia contractual, en donde la libertad en la expresión de la voluntad de las partes es un principio que da la existencia misma de los actos jurídicos.

Así, podemos apreciar que la libertad de la voluntad y su ejercicio libre es condición de existencia de los actos jurídicos mismos. Libertad de voluntad que en última instancia representa la libertad misma de la persona, está implícita en su ser mismo y es uno de los principales valores de los derechos humanos.

Por eso es que cuando esta libertad de la persona se ve limitada, al no permitir su expresión libre, al estar afectado el individuo emocional o físicamente, debe de ser motivo de regulación aún más estricta en matera penal y, por tanto, aquellos que atentan contra esta libertad, con acciones positivas, deben ser sujetos de penalidades severas, mediante su tipificación como conducta delictivas grave. Por lo que debe de formar parte de los tipos penales que contempla nuestra legislación penal, como delitos graves, sin el derecho a la libertad bajo caución.

No debe caber duda alguna de que cuando un individuo, mediante el uso de tecnologías modernas como la Internet, el teléfono o medios electromagnéticos, priva de la libertad de discernimiento a las personas, al ser amenazadas y alteradas emocionalmente, con expresiones de realizar daños a personas cercanas afectivamente a aquéllas (a través de la comunicación de tener privada de la libertada a otra persona, a la que se amenaza, se le hará daño, o no, sólo con el hecho de comunicar esta privación de la libertad) debe de ser motivo de su tipificación penal grave.

El hecho de expresar la amenaza debe de ser considerado como acción positiva suficiente para considerar ésta conducta como real de materialización, independiente de sus acciones y consecuencias materiales, es decir, que se tenga privada de la libertad realmente a la persona a que se amenaza con hacerle daño.

Esta amenaza, con el simple hecho de la posibilidad real de su existencia, priva de la voluntad a la persona para actuar libremente, alterándolo de manera importante en su actuación inmediata, secuestrándolo a él en su libre albedrío y aún físicamente, ya que cuando ésta se da por la vía telefónica u otros medios electromagnéticos, se le mantiene sujeto al aparato durante horas, sin disponer de su libertad. Es decir se le está privando materialmente de su libertad, y muy seguramente con secuelas futuras de carácter irreversible, de igual manera que a quienes se secuestra en los términos en que actualmente se dispone en los tipos penales. Estamos entonces ante una conducta delictiva de privación de la libertad y no sólo de amenazas o extorsión, mismos que están implícitos, pero que no es la conducta principal, que es la privación de la libertad emocional y aún física de la persona.

Sabemos que recientemente se ha venido incrementando de manera verdaderamente escandalosa el número de comunicaciones que aluden al secuestro de familiares cercanos, con el fin de obtener un rescate por la persona que, en apariencia, o realmente, se tenga privada de la libertad, operando básicamente a través de medios de telefonía. Estos individuos conforman verdaderas estructuras de organizaciones criminales, que se están convirtiendo en un elemento de alteración de las personas y su libre convivencia social, al alterar los patrones de convivencia, a partir de que se es sujeto de una privación de su voluntad como la que se describe. Con ello se está alterando la convivencia social misma. Por lo anterior es que se debe de ser considerada dentro de las agravantes del crimen organizado.

Recientemente un diario de circulación nacional (El Universal) daba cuenta de un reporte de la Agencia Federal e Investigación (AFI) en el que se detallaba como en los dos últimos años esta forma de conducta delictiva había aumentado de manera verdaderamente alarmante: se establecía que esta conducta había crecido entre 2001 y 2004 en un 1,700 por ciento (un mil setecientos por ciento). El reporte señalaba que entre los años 2001 y 2004 se habían presentado 315 casos, y para el periodo que va de 2004, a lo que iba del año (la publicación corresponde al 7 de diciembre del presente año) la cifra se ubicaba en 5 mil 198 casos. Un crecimiento desmesurado si se toma en cuenta que aún esta última cifra es conservadora, ya que en la realidad sabemos que estos casos son mucho más recurrentes que las cifras oficiales y que se ha incrementada casi de manera exponencial en los años subsiguientes 2005 y 2006, en los que son mucho más los casos que dejan de denunciarse que los denunciados. Sólo por mencionar un ejemplo, en el estado de Jalisco se considera que estas conductas han aumentado en un 200 por ciento para un periodo similar, pero estas conductas delictivas son reportadas solamente una de cada cuatro, por lo que es de esperarse que el caso que se menciona anteriormente sea semejante, por lo que este 1,700 por ciento es aún considerablemente mayor.

Según estos datos siete personas viven a diario esta situación en México. Abunda esta información que ``el 80 por ciento de las comunicaciones tienen como origen los diversos penales'', lo que haría evidente, en el mejor de los casos, la ineficacia de los sistemas para bloquear las señales telefónicas de los penales que se han venido instrumentando. Con ellos se pone en entredicho todo el sistema penitenciario, en razón que demuestra, por un lado, una total falta de control por parte de las autoridades; lo ineficiente para lograr una readaptación de quienes ahí se encuentran recluidos y que desde ahí siguen delinquiendo, con la ventaja de no exponerse en la calle; y lo más grave, pone de manifiesto la enorme corrupción que se da al interior de los mismos para poder operar con tal grado de impunidad.

Así, se abunda, con sólo una llamada estos delincuentes obtuvieron ganancias por un monto de alrededor de 11 millones 452 mil pesos, en el periodo que se menciona. Cifra muy inferior al daño real que se ocasiona a la persona, por lo que no es un problema de pesos, va mucho más allá, afecta la integridad emocional de la persona y su familia, y afecta a la convivencia misma de la sociedad por la impunidad que lleva implícita; por el temor permanente en que se le hace vivir, la zozobra: se insiste, porque es realizada en su mayoría desde dentro de los penales, con una absoluta impunidad y complicidad policiaca.

Es importante hacer notar que este fenómeno se está presentando incluso con realización en más de una entidad federativa en el mismo acto. Recientemente se daba cuenta de que una buena cantidad de estas privaciones de la libertad telefónica se hacia desde cárceles de la Ciudad de México, siendo que la víctima se encontraba en otras ciudades como Guadalajara, en el estado de Jalisco, o alguna otra entidad federativa. Ya que el método es aleatorio a través de directorios telefónicos. Por cierto, método que ya se está superando y se habla ahora de que se podrían estar comprando bases de datos que den mayor certeza de la ubicación de la víctima, así como sus posibilidades económicas, como serían las base de datos de cuenta habientes, que sabemos ya son proporcionadas para fines comerciales. De ser así, ya se tendría mayor certeza de las víctimas.

Así, los métodos para la ubicación de las víctimas, se tiene noticias, son cada vez más variados: van desde la mencionada ubicación al azar en el directorio telefónico, hasta la ubicación precisa mediante el llenado de cuestionarios con fines aparentemente estadísticos realizados en los centros comerciales, cines, o cualquier espacio público con gran afluencia de personas, en donde se sabe van a permanecer lapsos de tiempo largos, que hará presumir a sus víctimas como real su secuestro, al tener que apoyar sus aparatos telefónicos.

Los rescates supuestos a cubrir, como sabemos, van desde sumas realmente considerables hasta solamente tiempo aire de celulares para seguir cometiendo más fechorías. Todo ello con la cada vez mayor impunidad, y a veces pareciera que con la complicidad de las autoridades carcelarias y de los diversos cuerpo policíacos. Baste recordar que el año pasado se reconoció en los medios masivos de comunicación que los sistemas de inhibición de la señal de celulares de los reclusorios en el Distrito Federal habían sido desactivados ante su mal funcionamiento, coincidiendo con el incremento de estas conductas, o bien que en las pocas ocasiones en que se detienen a quienes realizan estos actos, como muchos otros actos delictivos, se encuentran involucradas personas que prestan o han prestado sus servicios en los cuerpo policíacos. Todo ellos mientras estas conductas delictivas crecían exponencialmente como se señaló anteriormente.

El hecho es que esta conducta delictiva es cada vez más reiterada, no sólo en nuestro país; información internacional señala también que países como Argentina y otros de América se presenta ya un fenómeno similar al que se presenta aquí en México, basta entrar en Internet para ver la enorme cantidad de sitios que refieren ya este fenómeno a nivel internacional.

Ello de ninguna manera significa que debamos acostumbrarnos a verla como una conducta delictiva poco grave, sobre todo a luz de las cantidades económicas que se ven involucradas, que --repito-- en la mayoría de los casos son menores (aunque en algunos casos ya se habla de 1000 o 200 mil pesos que pueden ser el producto de años de trabajo), porque lo más importante son los daños emocionales, donde las personas nunca más viven con tranquilidad, por lo que estos daños que se ocasionan son en la mayoría de los casos, se insiste, irreversibles. Quienes se ven afectados por ellos nunca más pueden ser los mismos, la normalidad en las familias no se recuperará jamás, y la convivencia en sociedad se ve alterada de manera radical; para quienes son víctimas de estas conductas, esa es la principal afectación.

Esa conducta delictiva se puede dar de diversas maneras: interrumpida, cuando al sujeto a quien se amenaza con la privación de la libertada de un ser cercano se le mantiene durante todo el proceso de negociación de un rescate privado de su libertad emocional y física, al mantenerlo de manera permanece conectado al medio por el cual se le están profiriendo las amenazas, sobre todo cuando es vía telefónica. Puede ser también interrumpida pero continuada, cuando esta comunicación se da con algunos espacios breves de tiempo.

En todo caso, el efecto y el objetivo es el mismo, privar de la voluntad al individuo, mantenerlo privado de su libertada como persona, con el fin de obtener un rescate, derivado de la aparente o real privación de la libertada de otra persona que le es afectivamente cercana.

Estas organizaciones criminales, sabemos, están actuando cada vez con mayor intensidad, por lo que es necesario contar con instrumentos jurídicos y materiales eficaces para que las instituciones del Estado logren su inhibición, en aras de lograr una mayor tranquilidad de la sociedad, garantizando la seguridad de las personas, estableciendo un marco jurídico que permita al Estado actuar de manera decidida en contra de aquellos que transgreden la armonía social, mediante estos medios de comunicación a distancia.

Con base en lo anterior se propone el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifica la fracción I, agregándole un párrafo, del artículo 366 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 366. Al que prive de la libertad a otro se le aplicará:

I.De quince a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) ...

...

...

d) ...

Se considerarán, además de lo anterior, como privación de la libertad, en los términos del presente artículo, aquéllas acciones realizadas mediante medios cibernéticos, electromagnéticos y de telefonía, que a través de la declaración expresa o implícita por estas vías tiendan a privar de la libertad emocional o física a las personas, argumentando la privación de la libertad de un ser humano cercano, mediante lo cual se pretenda obtener un beneficio indebido de la persona con la que se establece comunicación.

...

Transitorios

1o. La presente modificación al Código Penal Federal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.--- Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Esta Presidencia saluda cordialmente a las alumnas y a los alumnos de la escuela secundaria Sor Juana Inés de la Cruz, del municipio de Metepec, estado de México, y les agradece su visita.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Jericó Abramo Masso:Con su permiso, diputada Presidenta. De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del PRI, presenta ante esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y modifica diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, bajo la siguiente exposición de motivos:

En junio de 1998, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La declaración obliga a los Estados miembros --entre ellos México-- a respetar, promover y cumplir los principios y derechos de la sindicalización y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la abolición efectiva del trabajo infantil y la erradicación de la discriminación respecto al empleo y la ocupación.

Se entiende por discriminación laboral el trato desigual que se da a las personas por motivos ajenos a su capacidad y que tiene por este efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

Es y ha sido una de las formas más comunes de represión --en las diversas sociedades-- cultural, y en todos los tiempos. La Declaración 182 de la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido el derecho de verse libre de la discriminación en materia de empleo y ocupación comprendida de manera de incluir en miembros de la OIT, tienen que resguardar.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, las cuales han sido ratificadas por México, también resguardan este derecho. Las partes están obligadas a brindar protección legislativa efectiva con la finalidad de garantizar los derechos consagrados en tales convenciones.

A principios de 96, Human Right Watch inició una investigación sobre los derechos laborales de las mujeres en el sector de las maquiladoras en México, donde son las más pobres, con menos experiencia y las menos educadas dentro de la fuerza laboral.

Su desesperación por obtener o retener su trabajo en las maquiladoras, combinado con su ignorancia sobre la ley, las hacía reacias a impugnar pruebas discriminatorias o renuncias forzadas. De muchas maneras, las mujeres se encontraban ante la injusta posición de tener que escoger entre sus empleos o sus derechos. Así, al cabo de seis meses se presentó un exhaustivo informe sobre estas condiciones.

Lo que siguió fue un largo proceso de revisión e investigación. La OAN emitió en enero de 98 un informe público recomendando consultas a nivel ministerial entre las secretarías del Trabajo estadounidenses y mexicanas. Las consultas se llevaron a cabo en 1998. En diciembre de ese año, Human Right emitió un nuevo informe donde documentaba las actuaciones de manos de ambos gobiernos ante la problemática del ``caso México'', la ausencia de acción significativa para condenar, investigar o castigar la discriminación en el caso de Estados Unidos de América y el fracaso para pedir pruebas de cómo México impone sus prohibiciones sobre la discriminación en el trabajo.

Hasta 2003 no se han cerrado las consultas ministeriales. Por desgracia, el gobierno mexicano declaró que la discriminación del empleo antes y después de la contratación sobre la base de género y embarazo era ilegal de acuerdo a las leyes mexicanas, cosa que desgraciadamente es falsa.

Human Right Watch ha recomendado introducir enmiendas en la legislación federal a manera de prohibir explícitamente el requisito de la prueba de embarazo como condición para obtener o permanecer en un puesto de trabajo, así como vedar de manera explícita la discriminación en materia de empleo y ocupación por embarazo.

Todo lo anterior se encuentra en la carta que envía a los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados el director ejecutivo de la División América de Human Right Watch el 9 de febrero de 2005.

La discriminación en el mercado de trabajo resulta particular porque el empleo, además de ser un medio de generación de ingresos, es un medio de desenvolvimiento en la persona. Así, ser excluido de las oportunidades laborales no sólo restringe la libertad de las personas para poner en práctica sus potencialidades profesionales, sino que también limita su desarrollo personal y genera un campo abierto a actividades que tienen efectos sociales negativos.

La discriminación en los procesos de selección de personal se presenta cuando existe una diferenciación de trato a las personas por razón de su raza, color de su piel o sexo, entre otros motivos, sin tomar en consideración los méritos ni las calificaciones necesarios para el puesto de trabajo de que se trate.

Los anuncios de ofertas de empleo en los que se excluyen o se desalienta abiertamente a los aspirantes casados o mayores de cierta edad o de determinado color de piel o sexo, constituyen un ejemplo de discriminación directa.

Manifestaciones de discriminación indirecta son, por ejemplo, los locales del trabajo que están construidos sin tomar en cuenta las exigencias de trabajadores discapacitados, así como los horarios de trabajo fijados en función de un modelo de jornada masculina que no considera las responsabilidades inherentes a la crianza de los hijos.

Los servicios públicos de intermediación laboral deben cumplir el doble objetivo de mejorar la eficiencia del mercado de trabajo, promoviendo la articulación entre la oferta y la demanda en el mercado laboral y de promover la equidad en el mismo a través de la no discriminación. De ahí la necesidad de verificar si la administración pública contribuye o no a la reproducción de la desigualdad y a la discriminación en el mercado del trabajo.

El Estado mexicano debe comprometerse a prevenir y sancionar toda forma de discriminación fundada en la maternidad o la paternidad, particularmente en el despido motivado en esa causa. México es miembro de la OIT y firmante del Acuerdo 182 de la misma, lo que establece un compromiso que los legisladores debemos cumplir, debido principalmente a que hasta el momento, como hemos visto, sólo se han expresado intenciones de manera parcial a la reforma laboral que excluya la discriminación.

Si bien en diferentes estados, como Coahuila, Colima, Jalisco, Quintana Roo y Nuevo León, ya existe el marco legal referido, la ley federal no ha sido reformada, lo que hace deficiente la legislación laboral.

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades a condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias del estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006.

Sería letra muerta si esto no se expresa en las leyes secundarias como lo es la Ley Federal del Trabajo. A lo largo de esta exposición hemos establecido que existe pues la llamada ``discriminación laboral'', la cual ha sorteado las prohibiciones expresas en nuestra Carta Magna.

En la legislación comparada, los países socios del Mercomún han establecido la prohibición explícita a cualquier tipo de discriminación laboral, principalmente la producida por el embarazo en la mujer.

En el caso de nuestros socios comerciales, la legislación de los Civil Rights Act modificada por el acta discriminatoria por el embarazo, Pregnancy Discrimination Act, específicamente prohíbe la discriminación por embarazo, los patrones no pueden despedir a una mujer por estar embarazada o forzarla a dejar su trabajo por estar embarazada o disminuir sus derechos cuando se reincorpora al trabajo.

En el caso de Canadá, el Acta de Igualdad en el Empleo de 86 establece la obligación de los patrones en la jurisdicción federal de cambiar las prácticas en el trabajo que signifiquen barreras para las mujeres, para los trabajadores con discapacidad y para los grupos minoritarios. Los patrones deben desarrollar y poner en práctica los planes de empleo equitativos que garanticen que no se niegue a estos grupos de oportunidades de empleo y los beneficios por razones no relacionadas con sus habilidades laborales. La Carta Canadiense de Derechos y Libertades de 95 protege a todos los trabajadores de la discriminación por sexo de cualquier acción del gobierno.

Por lo anterior, presento ante esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 3, se adiciona una fracción XIV al artículo 5 y una fracción XII al artículo 133, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3. Queda prohibida la discriminación en materia de oportunidad de empleo y ocupación y establecer distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, condición social, salud, discapacidad, preferencia sexual o embarazo.

Artículo 5. Las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrito o verbal, la estipulación que establezca; y

Artículo 13. Renuncia el trabajador a cualquier prestación o beneficio o al trabajo mismo, por motivos de embarazo en el caso de las mujeres o por edad en el caso de los adultos mayores y jóvenes.

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones...

XII. Solicitar o exigir prueba de embarazo como condición para obtener o permanecer en un puesto de trabajo.

Transitorio. Artículo Único. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Siendo en el Palacio Legislativo San Lázaro los ocho días del mes de febrero del año dos mil siete.

Señora Presidenta, le solicito que se integre al Diario de los Debates la versión leída y que sea ésta se envíe a la comisión para su dictaminación, de la que hago entrega a la Secretaría de la Mesa Directiva, ya que existe una errata en la versión publicada en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como con los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe diputado Yerico Abramo Masso , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y modifica diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En junio de 1998 la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la declaración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. La declaración obliga a los Estados miembros, México entre ellos, a respetar, promover y cumplir los principios y derechos de sindicalización y asociación y el derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso; la abolición efectiva del trabajo infantil, y la erradicación de la discriminación respecto al empleo y la ocupación.

Se entiende por discriminación laboral el trato desigual que se les da a las personas por motivos ajenos a su capacidad y que tiene por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato, en el empleo y la ocupación. Es y ha sido una de las formas más comunes de represión en las diversas sociedades, culturas y en todos los tiempos.

La declaración 182 de la OIT, ha reconocido el derecho a verse libre de la discriminación en materia de empleo y ocupación, comprendida de manera de incluir la discriminación por embarazo, como un derecho fundamental que todos los miembros de la OIT deben resguardar. La convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, PIDESC, y la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), las cuales han sido ratificados por México, también resguardan este derecho. Las partes están obligadas a brindar protección legislativa efectiva con la finalidad de garantizar los derechos consagrados en tales convenciones.

A principios de 1996, Human Right Watch, HRW, inició una investigación sobre los derechos laborales de las mujeres en el sector de las maquiladoras en México, donde son las más pobres, con menos experiencia y las menos educadas dentro de la fuerza laboral. Su desesperación por obtener o retener su trabajo en las maquiladoras, combinada con su ignorancia sobre la ley, las hacia reacias a impugnar pruebas discriminatorias o renuncias forzadas. De muchas maneras, las mujeres se encontraban ante la injusta posición de tener que escoger entre sus empleos o sus derechos. Al cabo de 6 meses, se presentó un exhaustivo informe sobre estas condiciones.

En mayo de 1997, HRW colabora con otras organizaciones no gubernamentales, ONG, de derechos humanos para presentar una reclamación formal ante el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, ACLAN, alegando que el gobierno de México había fallado en la prevención de la discriminación por género dentro de las zonas maquiladoras. Los tres grupos --HRW, la Fundación Internacional de los Derechos Laborales (ILRF-Washington, por sus siglas en inglés) y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD, México)-- presentaron su reclamación (petición número 9701) ante la Oficina Nacional Administrativa de los Estados Unidos (OAN). La OAN es una de las tres instituciones paralelas (creadas en los Estados Unidos de América, México y Canadá) para revisar reclamaciones de ciudadanos sobre asuntos de leyes laborales generados en cualquiera de las otras naciones signatarias del Tratado de Libre Comercio.

Lo que siguió fue un largo proceso de revisión e investigación. La OAN emitió, en enero de 1998, un informe público recomendando consultas a nivel ministerial entre las secretarias del Trabajo, estadounidense y mexicana. Las consultas se llevaron a cabo en 1998. En diciembre de ese año, Human Right Watch, emitió un nuevo informe donde documentaba las actuaciones de ambos gobiernos ante la problemática del ``caso México'', la ausencia de una acción significativa para condenar, investigar o castigar la discriminación en el caso de los Estados Unidos de América, y el fracaso para pedir pruebas de cómo México impone sus prohibiciones sobre la discriminación en el trabajo. Hasta 2003 no se habían cerrado las consultas ministeriales, por desgracia el gobierno mexicano declaró que la discriminación en el empleo, antes y después de la contratación, sobre la base de género y embarazo, era ilegal de acuerdo a las leyes mexicanas, cosa que desgraciadamente es falsa.

Human Rights Watch ha recomendado introducir enmiendas en la legislación federal de manera de prohibir explícitamente el requisito de la prueba de embarazo como condición para obtener o permanecer en un puesto de trabajo, así como vedar de manera explícita la discriminación en materia de empleo y ocupación por embarazo. Todo lo anterior se encuentra en la carta que les envía a los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, del PRI y del PRD de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, el director ejecutivo de la División América de Human Rights Watch, el 9 de febrero de 2005.

La discriminación en el mercado de trabajo resulta particular porque el empleo, además de ser un medio de generación de ingresos, es un medio de desenvolvimiento de la persona. Así, el ser excluido de las oportunidades laborales no sólo restringe la libertad de las personas para poner en práctica sus potencialidades profesionales, sino que también limita su desarrollo personal y genera un campo abierto a actividades que tienen efectos sociales negativos.

La discriminación en los procesos de selección de personal se presenta cuando existe una diferenciación de trato a las personas por razón de su raza, color de su piel o sexo, entre otros motivos, sin tomar en consideración los méritos ni las calificaciones necesarias para el puesto de trabajo de que se trate.

Según se manifieste, existen dos tipos de discriminación, directa e indirecta. La discriminación es directa cuando la normativa, excluye o desfavorece explícitamente a ciertos trabajadores atendiendo a características tales como la opinión política, el estado civil o el sexo. Este tipo de discriminación se basa en prejuicios y estereotipos que atribuyen ciertas aptitudes o la falta de éstas a determinadas personas, en función de su pertenencia racial, sexual, religioso u otro, independientemente de sus calificaciones y experiencia laboral.

Los anuncios de ofertas de empleo en los que se excluyen o se desalienta abiertamente a los aspirantes casados o mayores de cierta edad, o de determinado color de piel, o sexo, constituyen un ejemplo de discriminación directa.

Por otro lado, la discriminación es indirecta cuando existen disposiciones y prácticas aparentemente imparciales que perjudican de manera desproporcionada a integrantes de un grupo determinado. Un ejemplo de este tipo de discriminación es el supeditar la obtención de un puesto de trabajo al dominio de un idioma, en particular, cuando esta competencia lingüística no es indispensable para el puesto de trabajo.

La discriminación indirecta pone al descubierto los prejuicios inherentes a una gran variedad de instituciones, normas y prácticas prevalecientes en el lugar de trabajo que, entre otras consecuencias, generan segregación ocupacional. Estos prejuicios están muy ligados a los patrones culturales que asignan roles a cada género basados en construcciones patriarcales. Así, según las teorías feministas y los análisis de género, la posición desventajosa de las mujeres en el mercado de trabajo se debe al patriarcado, a la posición subordinada de las mujeres en la sociedad y a las responsabilidades desiguales que asumen en relación con las tareas domésticas y el cuidado de los hijos.

Manifestaciones de discriminación indirecta son, por ejemplo, los locales de trabajo que están construidos sin tomar en cuenta las exigencias de trabajadores discapacitados, así como los horarios de trabajo fijados en función de un modelo de jornada masculina que no considera las responsabilidades inherentes a la crianza de los hijos.

Los servicios públicos de intermediación laboral deben cumplir el doble objetivo de mejorar la eficiencia del mercado de trabajo (promoviendo la articulación entre oferta y demanda en el mercado laboral) y de promover la equidad en el mismo, a través de la no discriminación. De ahí la necesidad de verificar si la administración pública contribuye o no a la reproducción de la desigualdad y a la discriminación en el mercado de trabajo.

El Estado mexicano debe comprometerse a prevenir y sancionar toda forma de discriminación fundada en la maternidad o la paternidad, particularmente el despido motivado en esa causa. Esto debe verse reflejado en la prohibición explícita del examen para comprobar si está o no embarazada, o prohibir al empleador que despida a una mujer que esté embarazada. Pero al mismo tiempo, garantizar el acceso a las fuentes laborales a todo mujer mas allá de condiciones físicas, con excepción de aquellas que le impidan trabajar o sean causa de decisión judicial por poner en peligro la integridad de la persona.

México es miembro de la OIT y firmante del Acuerdo 182 de la misma, lo que establece un compromiso que los legisladores debemos cumplir, debido principalmente a que hasta el momento, como lo hemos visto, sólo se han expresado intenciones de manera parcial a la reforma laboral que excluya la discriminación. Si bien en diferentes estados como Coahuila, Colima, Jalisco, Quintana Roo, Nuevo León, y otros, ya existe el marco legal referido, la Ley Federal no ha sido reformada, lo que hace deficiente la legislación laboral.

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el genero, la edad, las discapacidades, la condicion social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Reformado mediante decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de diciembre del 2006.

Sería letra muerta si esto no se expresa en las leyes secundarias, como lo es la Ley Federal del Trabajo. A lo largo de esta exposición hemos establecido que existe, pues, la llamada discriminación laboral, la cual ha sorteado la prohibición expresa en nuestra Carta Magna.

En la legislación comparada, los países socios del Mercomun han establecido la prohibición explícita a cualquier tipo de discriminación laboral, principalmente aquella producida por el embarazo en la mujer. En el caso de nuestros socios comerciales de México, la legislación de los Estados Unidos de América, en el Título VII del Acta de los Derechos Civiles de 1994 (Civil Rights Act), modificada por el Acta de Discriminación por Embarazo (Pregnancy Discrimination Act), específicamente prohíbe la discriminación por embarazo. Los patrones no pueden despedir a una mujer por estar embarazada; o forzarla a dejar su trabajo por estar embarazada, o disminuir sus derechos cuando se reincorpora al trabajo. En el caso de Canadá, el Acta de Igualdad en el Empleo de 1986 (Employment Equity Act) establece la obligación de los patrones en la jurisdicción federal de cambiar las prácticas en el trabajo que signifiquen barreras para las mujeres, para los trabajadores con discapacidad y para los grupos minoritarios. Los patrones deben desarrollar y poner en marcha planes de empleo equitativos que garanticen que no se niegue a estos grupos las oportunidades de empleo y los beneficios por razones no relacionadas con sus habilidades laborales. La Carta Canadiense de Derechos y Libertades de 1995 (Canadian Charter of Rights and Freedom) protege a todos los trabajadores de la discriminación por sexo de cualquier acción del gobierno.

La discriminación por embarazo es una forma más del rechazo laboral que experimentan muchas mujeres en nuestro país. A pesar de ser un problema grave, la Ley Federal del Trabajo no prohíbe, de manera expresa, la discriminación a las mujeres embarazadas que solicitan empleo o que ya se encuentran trabajando.

Por lo anterior descrito, presento ante esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo:

Artículo primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 3, se adiciona una fracción XIV al artículo 5, y una fracción XII al artículo 133, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

...

Queda prohibida la discriminación en materia de oportunidad de empleo y ocupación, y establecer distinciones entre los trabajadores, por motivos de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política, condición social, salud, discapacidad, preferencia sexual o embarazo.

...

Artículo 5o. Las disposiciones de esta ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I. y XIII. ...

XIV. Renuncia del trabajador a cualquier prestación o beneficio o al trabajo mismo, por motivos de embarazo en el caso de las mujeres, o por edad en el caso de los adultos mayores y jóvenes.

...

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones:

I. a XI. ...

XII. Solicitar o exigir prueba de embarazo como condición para obtener o permanecer en un puesto de trabajo.

Transitorio

Artículo primero. Esta reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio de San Lázaro, a 8 de febrero del año 2007.--- Diputado Jericó Abramo Masso (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya:Con su permiso, diputada Presidenta; estimados compañeros.

«Iniciativa que reforma el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

El que suscribe, diputado federal por el estado de Nuevo León, Juan Francisco Rivera Bedoya , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Exposición de Motivos

Derivado de la necesidad de que nuestra legislación este acorde con los tiempos que actualmente se viven y que responden generalmente a la necesidad de regir la realidad jurídica en que se encuentra inmerso un pueblo determinado y, por ello, su fuente de inspiración procede rigurosamente de fenómenos sociales, económicos y políticos preexistentes en una época y lugar también determinados; o bien, para que dicha normatividad se ajuste a las exigencias impuestas por la sociedad a que se encuentra dirigida para poder alcanzar su conveniente y efectiva aplicación. Así podemos concluir que los procesos sociales son dinámicos y como tales deben ser motivo de adecuación en su normativa jurídica que los rige.

El Código Federal de Procedimientos Civiles que nos rige fue publicado desde el 24 de febrero de 1943, por lo que algunas de las disposiciones que contiene hacen nugatoria su aplicación en la actualidad, por lo que se propone la reforma sobre el medio de apremio contenido en el artículo 59, fracción I, del citado código con que pueden contar los tribunales federales a efecto de que puedan hacer cumplir sus determinaciones y que esos medios de apremio tengan una estrecha relación con la aplicación de dicha legislación en la época actual.

En este sentido, resulta que el medio de apremio de carácter económico que actualmente dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles ya no tiene una aplicación efectiva, toda vez que la multa que prevé la fracción primera del citado código nunca tuvo una modificación a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero de 1943; derivado de ello, las expresiones en moneda nacional contenidas en la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles no se adecuaron a la realidad jurídica y económica en que tiene aplicación; tampoco se adecuó al decreto por el que se crea una nueva Ley Monetaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992.

En virtud de lo señalado con antelación, la cantidad que se impone como multa por parte de los juzgadores federales a los gobernados como medida de apremio derivado de la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles se entiende hecha en viejos pesos, de manera tal que, al computar, expresar o pagar la cantidad establecida como multa conforme a la nueva unidad monetaria, debe aplicarse la equivalencia establecida en el artículo primero del mencionado decreto, por lo que la medida de apremio consistente en una multa equivalente a mil pesos del año de 1943, actualmente y al momento de pagar dicha cantidad se convierte en una multa equivalente a un peso, que hace de manera evidente nugatoria la aplicación de dicha medida de apremio y, por consiguiente, es ineficaz y poco persuasiva para los tribunales federales, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones frente a los gobernados.

Asimismo, la apreciación contenida en párrafos precedentes se ha manifestado y sostenido con base en el criterio emitido por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 2/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, de febrero de 2005, página 65, bajo el rubro Ley Monetaria. La expresión en moneda nacional contenida en leyes, reglamentos, circulares u otras disposiciones en vigor con anterioridad al 1 de enero de 1993, deben convertirse a la nueva unidad monetaria vigente a partir de esa fecha, para pagarlas, computarlas o expresarlas, por lo que dicho criterio se emitió considerando el hecho de que, mientras no se promulgue una nueva ley o no se realice la reforma correspondiente de los ordenamientos vigentes al momento de aplicarse el decreto por el que se crea una nueva Ley Monetaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992, en cuanto a las expresiones en moneda nacional contenidas en los diversos ordenamientos vigentes, debe aplicarse la equivalencia prevista en el artículo primero del citado decreto, con estricto seguimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en el párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello resulta indispensable adecuar dicha disposición legal a la actualidad para dar un instrumento efectivo de persuasión a los juzgadores federales, a fin de que puedan hacer cumplir sus determinaciones.

Con base en lo anterior, se propone el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifica el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 59. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:

I. Multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, como máximo.

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

II. ...

...

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.--- Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Esta Presidencia da un cordial saludo a alumnas y alumnos del Colegio Jean Baptiste, del municipio de Cuautitlán, estado de México, y les agradece su visita.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado Raúl Cervantes Andrade , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 254 y 258 de la Ley Federal de Derechos.

El diputado Raúl Cervantes Andrade:Gracias, Presidenta. De manera breve daré una explicación del objetivo de esta iniciativa que ha realizado el grupo parlamentario, en términos de sus normas internas.

Por todos es sabido que por años en Petróleos Mexicanos el gas natural asociado se estuvo quemando por muchísimo tiempo y después se ha venido utilizando para extraer petróleo. Al no estar gravado, no tiene ningún incentivo Petróleos Mexicanos para utilizar flujos alternos, como es el agua o el hidrógeno. Hoy día, México es un importador de gas natural asociado por la necesidad que tiene México de ser productivo.

Para darnos una idea, lo que utiliza Petróleos Mexicanos para extraer petróleo son mil 313 millones de pies cúbicos diarios y lo que importamos y necesitamos son sólo 476. Si nosotros a través de aprobar esta iniciativa como Congreso modificamos los incentivos que tiene Petróleos Mexicanos para utilizar tecnología interna e inyectar otro tipo de fluidos para extraer el petróleo, en automático México se convertiría de importador de gas a exportador de gas, que traería otro tipo de consecuencias: primero, aumentar la oferta en Estados Unidos por no necesitar México gas natural, que se está quemando, por recibirlo de Petróleos Mexicanos y en automático tendería el mercado, de forma natural, a bajar el precio.

No es un tema menor, simplemente se modifican dos artículos. Y como está en la preocupación nacional el que la macroeconomía esté bien y que los aspectos competitivos del país con los que ha podido superar los últimos años la competencia internacional se han derivado de estos números, que vienen de la macroeconomía y han podido servirle a la industria nacional para ser competitiva, los subsecuentes pasos son bajar sus costos y realizar mejores marcos jurídicos que incentiven el crecimiento del país, que es el principal problema y, por tanto, el empleo.

Pido a ustedes la atención con todo cuidado y a la comisión correspondiente su análisis. Es la modificación de dos artículos. Se explican técnicamente los porcentajes de hacer estas tasas diferenciadas de gas natural y gas asociado y modificar el entorno de México para volverlo exportador-importador.

Pido que se inserte en el Diario de los Debates, íntegra, la exposición de motivos de la presente iniciativa. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 254 y 258 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 37, inciso c), del Reglamento Interior del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a la LX Legislatura, por acuerdo del pleno del grupo parlamentario, como certifica uno de los secretarios del mismo, a nombre de mis compañeros integrantes del mismo, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 254 y 258 de la Ley Federal de Derechos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Relación entre el precio del gas natural y las tarifas de electricidad

México posee recursos naturales que le han permitido garantizar la oferta de combustibles y de electricidad para sostener el crecimiento de la economía y satisfacer las necesidades de las familias, y además, obtener ingresos por la exportación de los mismos, con los cuales ha sido posible financiar una parte importante del presupuesto de egresos de la federación.

En los últimos años, sin embargo, este privilegio no se ha reflejado en una ventaja comparativa y competitiva para la planta industrial del país ni para las familias que utilizan el gas natural pues el país ya es un importador de este combustible. Además, la falta de infraestructura en ductos y en terminales de distribución, en almacenamiento y portuarias, ha impedido diversificar lo suficiente las fuentes de suministro, lo que ha limitado las compras a los Estados Unidos de América. Por esta razón, la referencia para fijar el precio interno del gas es precisamente el mercado de Texas, que tiene una de las cotizaciones más altas y volátiles del mundo; en adición al alto precio, los consumidores mexicanos tienen que pagar altos costos de transporte.

En los últimos diez años el consumo de gas natural creció a una tasa promedio anual del 5.9 por ciento; debido a que la oferta de Petróleos Mexicanos, Pemex, ha sido insuficiente, las importaciones representan actualmente cerca del 60 por ciento del consumo del sector industrial.

Actualmente, las reservas de gas seco suman 15 billones de pies cúbicos, lo que nos da un horizonte de vida de 8.5 años, con base en el consumo de 2005. Este nivel de reservas constituye la mitad del que se tenía en 1998. Asimismo, México ocupa actualmente el lugar 33 mundial entre los países petroleros siendo que en 1999 había alcanzado el lugar 21.

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Energía y de Pemex, en los próximos 10 años la demanda de gas natural crecerá a una tasa promedio anual del 5.2 por ciento (en un escenario de crecimiento del producto interno bruto, PIB, de 4.3 por ciento anual). Si el crecimiento de la economía fuera mayor, la demanda mostraría un auge mucho mayor. Cabe aclarar que un crecimiento de la economía de esta magnitud sería todavía insuficiente para garantizar la creación de empleos que requerimos, mucho menos para reducir gradualmente el rezago acumulado en las últimas décadas.

El principal motor que ha estado impulsando el crecimiento explosivo de la demanda de gas natural es la industria eléctrica. Debido al desarrollo tecnológico, actualmente las plantas de generación que son las más eficientes en términos térmicos, ambientales y económicos, utilizan el gas natural como principal combustible. Por ello, los estudios de planeación de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, de los últimos 10 años han concluido que la mejor estrategia para expandir la capacidad de generación de electricidad que se requiere en el país y que minimiza los costos, se basa en este tipo plantas.

Por esta causa, la industria eléctrica ha incrementado su participación en el consumo total, de un 15 por ciento observado en 1993 a un 33 por ciento en 2005. Si se mantiene el ritmo de crecimiento actual de la demanda, se espera que alcance el 45 por ciento en 2014. Por lo tanto, la expansión de la industria eléctrica y, por ende el desarrollo económico del país, están condicionados a un abasto oportuno, confiable y a precios competitivos del gas natural. Por ello, si no se emprende ningún cambio al régimen fiscal de Pemex y se mantiene el ritmo actual de inversiones en exploración y desarrollo de reservas de gas natural, para el año 2014 todo el consumo industrial, del transporte, del consumo residencial y una parte importante del consumo del sector eléctrico tendrá que cubrirse con importaciones.

Cabe mencionar, que las tarifas eléctricas al sector industrial se ajustan automáticamente ante las variaciones del precio del gas natural, entre otros combustibles. Por esta razón, no se puede desligar el objetivo de disminuir las tarifas eléctricas sin reformar el régimen fiscal de Pemex en el tema del gas natural. Lo anterior, en virtud de que con este combustible se produce el 43 por ciento de la electricidad y porque este combustible representa en promedio el 40 por ciento de los costos de operación de la CFE.

Desde que se nacionalizó la industria petrolera, se han privilegiado los proyectos de exploración y extracción de crudo, porque la venta de petróleo produce un ingreso inmediato y altamente rentable para las finanzas públicas, algo que no puede obtenerse del gas natural. Por esta razón, actualmente el 74.8 por ciento de las reservas son de tipo asociado, pues se ha invertido poco en la exploración y el de-sarrollo de yacimientos de gas no asociado.

Por la falta de infraestructura, una parte importante del gas natural asociado se ha venido quemando durante muchos años; asimismo, como a Pemex no le cuesta dicho gas, también lo ha utilizado para reinyectarlo a los pozos y así elevar la presión de los mismos para aumentar o mantener la cantidad de extracción del crudo. Cabe mencionar que la cantidad de gas que se queda dentro de los yacimientos una vez que éste se inyecta para extraer el crudo asciende actualmente a mil 313 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), y las importaciones promedio de 2006 han sido de 476.9 mmpcd. Esto significa que si Pemex utilizara otros medios para recuperar los hidrocarburos, como el agua o el nitrógeno, el país pasaría automáticamente de ser importador a exportador de gas natural. En adición, cabe resaltar que el gas natural que se inyecta a los pozos está exento de todo gravamen.

Esta iniciativa propone reformar el régimen fiscal de Pemex para aumentar la oferta, para desaparecer las importaciones y para que el país se convierta en exportador de gas natural. Al dejar de ser importador, los precios del combustible para los consumidores mexicanos disminuirían por dos razones:

1. Se reduciría el costo del transporte para los consumidores mexicanos (netback).

2. Aumentaría la oferta total de gas natural en el mercado de norteamérica, donde se encuentra referenciado el precio de México.

Aumentar la oferta es garantía de que el precio del gas natural disminuiría, lo cual podrá trasladarse a los usuarios del servicio de energía eléctrica, en forma de tarifas más bajas. En adición, al incrementarse el suministro, se estaría promoviendo una mayor competencia entre los proveedores del combustible que beneficiará a los generadores de electricidad, a la industria en general y a las familias, y se estaría disminuyendo el riesgo del desabasto.

Propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos

En la actualidad, las familias mexicanas resultan doblemente afectadas tanto en su poder adquisitivo como en la falta de oportunidades de empleo debido a los altos precios de los energéticos que afectan la competitividad del país y el desarrollo de las actividades económicas. Desafortunadamente, estos graves fenómenos sociales seguirán prevaleciendo, si no se ofrecen soluciones que estimulen la oferta de gas natural.

Es urgente incrementar las inversiones en la industria del gas natural para garantizar una oferta adecuada, y para que su precio no se vuelva una desventaja competitiva para las empresas mexicanas y, especialmente, para la industria eléctrica, pues la escasez que tenemos actualmente está repercutiendo negativamente en las tarifas.

No podemos darnos el lujo de sujetar la soberanía energética del país a los vaivenes del mercado internacional de gas natural, por falta de inversiones. Tampoco podemos tener el riesgo de desabasto y la dependencia de una sola fuente de suministro. El gas natural, por ser el combustible del futuro, debe convertirse en un insumo estratégico para el Estado.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está preocupado por atender el problema que representan los altos precios de la energía lo cual está afectando de manera directa la economía familiar y al desarrollo económico del país. Por ello, en congruencia con su Agenda Legislativa para este segundo periodo de sesiones del primer año de la LX Legislatura; conforme la plataforma electoral que la Alianza por México registró ante el Instituto Federal Electoral para promover una reducción en las tarifas eléctricas y en los precios de los combustibles; con su Programa de Acción, y especialmente, para cumplir con los compromisos de campaña que suscribieron la mayoría de los diputados y senadores en los distritos y estados de la república, se propone esta iniciativa a la Ley Federal de Derechos a fin de establecer un trato diferenciado en el cobro de los derechos a la extracción de gas natural no asociado y gravar el gas que Pemex utiliza para producir hidrocarburos.

Es primordial aumentar la oferta de gas natural por medio del otorgamiento de un tratamiento fiscal diferente que el que tiene el crudo a fin de incentivar la producción de este recurso que yace en el territorio nacional, y así no afectar el desarrollo económico. La justificación de esta diferenciación obedece a que la rentabilidad antes de impuestos de ambos hidrocarburos es radicalmente distinta. Por esta razón, si se reduce la carga fiscal al gas no asociado, se estarían modificando los incentivos de Pemex a favor de este combustible a la hora de planear sus inversiones, pues el gas no asociado tendría una mayor rentabilidad que la que tiene ahora.

Cabe mencionar que esta diferenciación fue incluida en la iniciativa que en su momento envió el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados para reformar el régimen fiscal de Pemex (publicada en la Gaceta Parlamentaria número 1583-II, del lunes 13 de septiembre de 2004) y en las consideraciones que Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía de la misma Cámara hicieron en el dictamen mediante el cual se aprobaron las observaciones que hizo el Ejecutivo al decreto que aprobó el Congreso de la Unión para reformar la Ley Federal de Derechos (Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1866-III, del jueves 20 de octubre de 2005):

``...En plena coincidencia con lo manifestado por el Ejecutivo federal, estas comisiones consideran fundamental diferenciar el trato fiscal otorgado al gas natural y al petróleo crudo, pues la rentabilidad antes de impuestos de ambos hidrocarburos es distinta. Para ello se propone incorporar un incentivo fiscal por cada millar de pie cúbico de gas natural no asociado adicional al producido en 2006. Con este mecanismo alterno al establecimiento de tasas diferenciadas se logrará un efecto similar: Pemex tendrá incentivos para invertir cantidades adicionales en la explotación del gas natural, pues la rentabilidad de la inversión se habrá incrementado.

Es importante señalar, que la propuesta que se hace es fiscalmente neutra, pues la disminución de los ingresos fiscales relacionados con el crédito fiscal se compensa con la eliminación de la exención del pago de derechos por la quema de gas natural hasta el 2 por ciento de la extracción total del hidrocarburo.

Adicionalmente a la neutralidad fiscal, es importante tener en cuenta que la eliminación de la exención del pago de derechos a la quema del gas conlleva otro beneficio: se incentiva a que Pemex reduzca al mínimo posible el así llamado venteo, lo cual implicará una mayor disponibilidad de cerca de 100 millones de pies cúbicos diarios para el consumo nacional.

Cabe mencionar que, adicionalmente a la propuesta que se hace para responder a la observación del Ejecutivo así como a la preocupación de la Cámara de Diputados, será necesario estudiar posteriormente los efectos que podría tener la eliminación de la exención al pago de derechos por el uso del gas natural en la producción de hidrocarburos...''

En complemento a la reducción de la tasa del derecho, se propone también en esta Iniciativa gravar el gas que Pemex inyecta a los pozos para recuperar los hidrocarburos. Esta medida tiene dos objetivos:

1. Cambiar los incentivos de Pemex para que ya no utilice el gas natural en la producción de los hidrocarburos.

2. Producir un efecto neutro en las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno al compensar los ingresos que dejarían de obtener por la reducción de la tasa con los nuevos ingresos que se obtendrían al cobrar una tasa al gas que actualmente no se grava.

En suma, de aprobarse la presente iniciativa, el régimen fiscal del gas natural quedaría de la siguiente forma:

Se fijaría una tasa diferenciada al gas natural, en el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOH) de 28.97 por ciento en sustitución de la presente tasa de 78.8 por ciento.

El gas natural asociado, además de gravarse con la misma tasa que tiene el crudo actualmente, se gravaría el gas que se utiliza para la producción de hidrocarburos.

Se mantiene el esquema de deducción máxima para el gas natural no asociado de 2.70 dólares de los Estados Unidos de América por millar de pies cúbicos.

Se mantener el incentivo fiscal de deducción adicional de 0.5 dólares de los Estados Unidos de América por cada millar de pies cúbicos que sea adicional al nivel de producción de gas natural no asociado que se registe en el año 2006.

Con esta propuesta de tasas diferenciadas se logrará el efecto de estimular a Pemex a sustituir el uso de gas natural en su proceso de explotación de crudo, por fluidos alternos como actualmente opera en Cantarell. Así, el organismo tendrá incentivos para invertir en la exploración y en la explotación del gas natural, pues la rentabilidad de la inversión se habrá incrementado.

Es importante señalar que la propuesta es fiscalmente neutra, pues la disminución de los ingresos fiscales relacionados con la reducción de tasa para el gas natural no asociado, se compensa con la eliminación de exención del pago de derechos. Asimismo, en la medida que se incremente la producción de gas natural no asociado, el gobierno federal y las entidades federativas y los municipios podrán recibir mayores ingresos y participaciones.

Por los argumentos antes expuestos, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional pone a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 254 y 258 de la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de reducir la carga fiscal a la extracción del gas natural no asociado y gravar el gas natural que se reinyecta a los pozos de crudo.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente

Decreto por el que se reforman los artículos 254 y 258 de la Ley Federal de Derechos. Solicitándole atentamente, señor Presidente, el turno del mismo a Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 254. Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 79 por ciento a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural asociado extraídos en el año y las deducciones permitidas en este artículo, mediante declaración anual que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año correspondiente al ejercicio de que se trate. Tratándose del gas natural no asociado, se pagará la tasa del 23.9 por ciento.

...

Artículo Segundo. Se elimina el último párrafo del artículo 258 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 258. ...

I. a III. ... ... Transitorios

Primero. El presente decreto iniciará su vigencia a partir del 1 de enero de 2007.

Segundo. La Cámara de Diputados aprobará en el Presupuesto de Egresos de la Federación los proyectos que sean necesarios para que Petróleos Mexicanos sustituya el uso del gas natural como medio de recuperación de hidrocarburos por otros fluidos y para que ponga a disposición del mercado dicho gas natural.

Tercero. Las disposiciones contenidas en el tercero transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Capítulo XII del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005, no se aplicarán para el gas natural no asociado.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.--- Diputado Raúl Cervantes Andrade (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 89 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra a la diputada Érika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Érika Larregui Nagel:Muchas gracias, señora Presidenta; con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores:

«Iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Erika Larregui Nagel , integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, inciso I, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, 23 y 25 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el presente proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La política exterior de cualquier país debe entenderse como el conjunto de normas básicas que responden a su autodeterminación, su soberanía y a sus vivencias históricas. Es a través de esos ordenamientos mediante los que los gobiernos expresan sus intereses de forma independiente frente a la comunidad de naciones. No se puede poner en tela de juicio que nuestra política exterior no sea un digno ejemplo de ello. No en vano los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, fueron elevados a rango constitucional hace más de una década, quedando inscritos en el artículo 89, fracción X. Con esa atinada adición en nuestra Carta Magna se fortaleció a nivel institucional el ejercicio de la diplomacia mexicana.

Por tal motivo, el Partido Verde Ecologista de México se niega a que estas nociones sean vistas sólo como un paquete de ideas abstractas carentes de pragmatismo, pues una parte de la soberanía de nuestro país descansa sobre ellas.

Debemos, pues, tener claro que la soberanía tiene tareas domésticas y exteriores, ya que se caracteriza por dos aspectos esenciales: en lo interno por la autoridad completa que ejerce el Estado sobre todas las personas y cosas que se encuentren en su territorio, mediante el establecimiento de su propio régimen, y en lo externo, por la independencia y autonomía del Estado en sus relaciones interestatales.

Además, la soberanía posee diversas expresiones concretas, que radican en la preservación de nuestra integridad territorial, y de nuestra nacionalidad, así como el aseguramiento de la vigencia del estado de derecho, la democracia, la capacidad de los mexicanos para tomar decisiones políticas libremente con independencia del exterior, el desarrollo social, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la cultura, así como la defensa de las riquezas naturales.

De ahí que los recursos existentes en el territorio nacional pertenezcan a la nación y sean considerados como bienes del dominio público, intransferibles e imprescriptibles. Esa concepción de independencia se finca en el artículo 27 constitucional, que establece ``que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación... La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación... Este patrimonio pertenece a todos los mexicanos, y debe cuidarse para las generaciones futuras.''

Así pues, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acoge las nociones que rigen nuestro actuar internacional, suscribe la soberanía nacional y establece que los recursos naturales pertenecen a la nación. Sin embargo, no contempla el dominio sobre ellos como un precepto de la política exterior, por lo que consideramos conveniente introducir una adición a la fracción X del artículo 89 con ese efecto. Adición que, consideramos, no sería una simple añadidura, sino un complemento.

Recordemos a Isidro Fabela, destacado abogado, escritor y diplomático mexicano, cuando manifestó que ``la soberanía exterior [nacional], implica necesariamente la existencia de la soberanía interior, y no existe ni se concibe la soberanía interior de una nación sin los derechos de legislación, jurisdicción, dominio y soberanía territorial sobre los recursos naturales de un país.''

Hoy más que nunca, los hechos nos obligan a mirar hacia los asuntos externos que se relacionan con el dominio sobre nuestro patrimonio natural. La labor de nuestra política exterior será concluyente para proteger esas riquezas inherentes al territorio mexicano.

México debe ostentar una política exterior orientada a mejorar las condiciones internas. Una política exterior que se nutra de la política interna y se sustente en un proyecto democrático de nación, que logre un mejor posicionamiento negociador frente a otros Estados. Nuestro país debe tener una política exterior que disminuya el peso de intereses extranjeros, preservando y afianzando nuestra soberanía, pero, lo más importante, que responda de forma fehaciente al interés nacional.

La discusión acerca del dominio sobre los recursos naturales es un tema de actualidad, y tanto es así que entre las prioridades de la política exterior de México figuran la promoción económica, el respeto a los derechos humanos, la democracia, la protección a los recursos naturales, el combate al terrorismo, al crimen organizado y al narcotráfico.

No olvidemos que esas riquezas de la naturaleza representan ventajas competitivas, y tenemos la obligación de resguardarlas, sobre todo siendo uno de los 15 países megadiversos. De ahí la necesidad por contar con una política exterior que se encuentre facultada para defender ese acervo. Dicha inclusión en nuestra Constitución servirá, sin duda, para maximizar esas ventajas en aras de promover el interés nacional y afirmar nuestro dominio permanente sobre las riquezas naturales, como todo Estado realmente soberano.

La presente iniciativa se desprende de las experiencias nacionales y de esa lucha perenne por preservar nuestra autodeterminación frente a intereses extranjeros. El Partido Verde Ecologista de México considera que esta adición nutrirá a la fracción X del artículo 89 constitucional con un precepto que ya ha sido glorificado por nuestra tradición política y cuya vigencia es indiscutible.

Esta adición le conferirá a la nación la autoridad para iniciar y la legitimidad para proponer una firme defensa sobre nuestro rico patrimonio natural. La historia de nuestro país es una lección en sí misma, que no debe ser olvidada. Enriquezcamos hoy ese que será nuestro pasado.

En atención a lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y los abajo firmantes, respetuosamente sometemos a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89. ...

...

I. a IX. ...

...

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; la lucha por la paz y la seguridad internacionales; y la protección de los recursos naturales.

XI. a XX. ...

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los ocho días del mes de febrero de 2007.--- Diputada Erika Larregui Nagel (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia saluda cordialmente a los invitados especiales que nos visitan del municipio de Tulancingo, Hidalgo. Y da también un cordial saludo a los ciudadanos visitantes de la Asociación Santa Cecilia; muchas gracias por su visita.

Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Montalvo Gómez , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar la iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales... A petición del grupo parlamentario, se pospone para la siguiente sesión.

ARTICULO 76 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Y pasamos al apartado de dictámenes a discusión. Se presenta el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de la Fracción VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de la Fracción VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

I. En sesión de la Comisión Permanente celebrada el 12 de mayo de 2004, el Senador César Camacho Quiroz , del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

La Exposición de Motivos de la Iniciativa y la Minuta que aquí se dictamina, establece entre otros argumentos lo siguiente:

Que con la restauración del Senado en 1874, se otorgó a la Cámara de Senadores la facultad exclusiva de dirimir las cuestiones políticas surgidas entre poderes de un Estado. Ya entonces se contemplaba reglamentar dicha atribución constitucional y, si bien el proyecto respectivo nunca se aprobó porque sobrevino la Revolución de Tuxtepec, fue el primer antecedente.

Que años después, al momento de debatir el artículo 76 de la Carta Magna de 1917, el Constituyente sopesó si la función de conocer y resolver dichas cuestiones debía mantenerse entre las prerrogativas del Senado o si convendría transferirla al ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como había sido la iniciativa de Venustiano Carranza.

Que el primer punto de vista sugería que fuera la Suprema Corte la que conociera y resolviera las diferencias surgidas entre los poderes de un Estado, atendiendo el destacado papel que cumple este cuerpo colegiado y su alta investidura, lo que le daría a sus fallos un peso tal que se estimó difícil que las partes en litigio llegasen a desacatarlo.

Que en el lado contrario, se sostenía que se debía mantener en la Cámara de Senadores, la facultad de resolver tales diferencias, pues al tratarse de asuntos usualmente políticos, ésta, que es un órgano político, les daría una solución pronta y consciente de circunstancias que, por su naturaleza, la Corte no podría tomar en cuenta para sus decisiones.

Que se impuso finalmente la opinión en el sentido de que debía dejarse a la Cámara de Senadores, el conocimiento y la resolución de las cuestiones que, surgidas entre uno o más poderes de un Estado, tengan una naturaleza política y no judicial.

Que pese al mandato expreso contenido en la Ley Fundamental, fue hasta 1978, que finalmente se reglamentó la fracción V del artículo 76 constitucional, referente a la facultad exclusiva de la Cámara de Senadores para determinar cuando se configura la desaparición de poderes en los Estados; no fue así en el caso de la fracción VI del mismo precepto que atañe a la solución de las cuestiones políticas, ya que este tipo de conflictos, por lo general, los resolvía el Poder Ejecutivo Federal.

II. En sesión de la Cámara de Senadores celebrada el 7 de diciembre de 2004, el Pleno aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por unanimidad de 80 votos en pro.

III. La Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión recibió la minuta respectiva en sesión de fecha 9 de diciembre de 2004, dictando la Presidencia el siguiente turno: ``Túrnese a la Comisión de Gobernación''.

Consideraciones

I.- La fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece literalmente:

``Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I a V...

VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la del Estado.

La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior;

VII a XII. ...''

Se aprecia la importancia del proyecto que se analiza, cuyo propósito es reglamentar una disposición Constitucional vigente desde 1874 y que, por su propia naturaleza y características es una norma expresada con una redacción abstracta, general y que utiliza algunas expresiones o conceptos que requieren de ser definidos, explicados y precisados, así como regulados en sus ámbitos de competencia y de procedimiento para que puedan tener aplicación en la práctica.

También debe destacarse que con posterioridad a la entrada en vigor de la citada fracción VI del artículo 76 Constitucional, se crearon y desarrollaron otras instituciones que tienen que ver con la constitucionalidad y la salvaguarda del Estado de Derecho, por lo que resulta necesario que la legislación reglamentaria precise y acote el ámbito de aplicación de la fracción VI del artículo 76 citado, para diferenciarlo de otras instituciones y, principalmente, evitar invasiones o confusiones con el ámbito jurisdiccional, en un nivel de estricto respeto al principio de división de los Poderes.

Al respecto, es pertinente recordar que en las reformas de 1874 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, se determinó que fuera el Senado el que resolviera las cuestiones políticas que se suscitaran entre los poderes de un Estado, resolviendo la discusión existente desde 1857 frente a quienes sostenían que la facultad debía corresponder a la Suprema Corte de Justicia, como originalmente ocurrió.

También es oportuno recordar que en el proyecto de Constitución que Venustiano Carranza presentó en 1916, la facultad en comentario se pretendía otorgar nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que reavivó nuevamente el debate que se resolvió concluyendo que la facultad la mantuviese el Senado.

En estos términos, conforme al texto vigente desde entonces de la fracción VI del artículo 76 Constitucional, la resolución de cuestiones políticas surgidas entre los poderes de un Estado es facultad exclusiva del Senado, y conforme al artículo 105 de la propia Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe conocer de los asuntos relativos a controversias constitucionales. Es pertinente reproducir literalmente la fracción I del citado artículo 105 Constitucional, porque constituye un marco de referencia insoslayable frente al ámbito de competencia de la Ley cuya propuesta estamos analizando.

``Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:

a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal;

b) La Federación y un municipio;

c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;

d) Un Estado y otro;

e) Un Estado y el Distrito Federal;

f) El Distrito Federal y un municipio;

g) Dos municipios de diversos Estados;

h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

j) Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y

k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.''

II.- La Comisión Dictaminadora estima que en el momento presente existe mayor importancia y urgencia de regular la facultad exclusiva del Senado de la República de resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado, en virtud de la situación política prevaleciente, caracterizada por una mayor participación, pluripartidismo, recomposición política en la geografía del país, representatividad y participación de los partidos en los diversos cargos de elección popular a nivel nacional, estatal y municipal. Todo ello abre nuevos escenarios de eventuales conflictos entre los poderes estatales y determina la conveniencia y oportunidad de la Ley Reglamentaria materia de este Dictamen.

III.- La Comisión Dictaminadora procedió a analizar cuidadosamente la Iniciativa que inició el proceso de reforma Constitucional y la Minuta que es materia de este Dictamen y aprecia el valor y oportunidad de las mismas, lo que determina la conveniencia de aprobar una Ley Reglamentaria de la facultad exclusiva del Senado consagrada en la fracción VI del artículo 76 Constitucional, con objeto de regular su intervención en la resolución de cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado, de acuerdo con los siguientes principios rectores:

En primer lugar, es clara la necesidad de establecer definiciones y precisiones en relación a conceptos incluidos en el precepto constitucional, tales como ``cuestiones políticas'' que surjan entre los poderes de un Estado; por ello, en el Proyecto de Decreto que se dictamina se establece con precisión, en su artículo 2°: ``se configura la cuestión política, si los actos o hechos que la motivan constituyen un conflicto que dañe gravemente la relación entre dos o más poderes de un Estado o afecten su funcionamiento''; y se precisa en el Artículo 3° del mismo proyecto:``Artículo 3. Se estará ante una cuestión política si se actualiza alguno de los siguientes supuestos:

``I. Las diferencias políticas que surjan entre los poderes de un Estado y que alteren, obstaculicen o impidan el legal y correcto ejercicio de las atribuciones de uno de ellos;

II. La falta de colaboración, coordinación o complementación a lo que obligan los principios legales que regulan la división de poderes y que éstos se muestren incapaces de solucionar;

III. Las expresiones que en forma pública y reiterada formule un poder respecto de otro, cuyo propósito o sus efectos tiendan a socavar su autoridad;

IV. El enfrentamiento físico entre los titulares o integrantes de los poderes, aunque éste no interrumpa el orden constitucional;

V. Los hechos de violencia, del tipo que sea, de un poder hacia otro, que pudieran alterar o interrumpir el orden constitucional local o el ejercicio de sus respectivas funciones; y

VI. En general, todos los actos o hechos que un poder estatal realice o se abstenga de hacer, en perjuicio de otro u otros,''

Se explicita el principio de que la Cámara de Senadores no ejercerá las funciones jurisdiccionales, con estricto respeto a las funciones que corresponden al Poder Judicial de la Federación y al principio constitucional de división de Poderes, por lo que se precisa que la Cámara de Senadores no intervendrá en los conflictos que se refieran a:``I. Controversias constitucionales;

II. Casos en que la cuestión política se dé entre poderes de un Estado y otro, o entre los poderes de un Estado y las Autoridades Locales del Distrito Federal;

III. Cuestiones Políticas que surjan entre:

a) Autoridades Locales del Distrito Federal;

b) Ayuntamientos y poderes de un Estado;

c) Ayuntamientos de un Estado;

d) Ayuntamientos de un Estado y poderes o ayuntamientos de otro; y

e) Autoridades Locales del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales.

IV. Los conflictos previstos en el primer párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

V. Las cuestiones que, por cualquier vía, se hayan planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo que ella decline su conocimiento.''

El proyecto de Decreto se aprecia igualmente respetuoso de nuestros principios del federalismo, al ratificar que las cuestiones políticas que le sean sometidas serán resueltas por la Cámara de Senadores conforme a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado a que pertenezcan los poderes en conflicto, así como a la propia Ley materia del presente Dictamen,

Se establece que la intervención del Estado debe darse a petición de parte, que lo solicite uno o más de los poderes en conflicto; y de oficio, en cuyo caso bastará que un ciudadano lo haga del conocimiento de la Cámara de Senadores, sin cumplir formalidad alguna, y se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: que un poder estatal utilice la fuerza pública en contra de otro, tengan lugar hechos de violencia o haya riesgo de que esto suceda.

Se estima procedente lo dispuesto en el artículo 7 de la Minuta que establece la imprescriptibilidad de la intervención del Senado, congruente con la preservación del Estado de Derecho que requiere la seguridad jurídica de la garantía del funcionamiento de sus poderes y gobernabilidad en su territorio, sin que medie plazo alguno.

También se considera conveniente y procedente la previsión de que cuando la solicitud sea presentada durante algún receso de las Cámaras del Congreso de la Unión, la misma se presente ante la Comisión Permanente, la cual deberá turnarla a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a efecto de que ésta valore la situación motivo de la intervención y, si infiere que se han dado o puedan darse hechos de violencia, lo comunique a la Comisión Permanente a fin de que convoque a la Cámara de Senadores a un periodo de sesiones extraordinarias conforme está establecido en la fracción IV del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los artículos 11 y 12 de la Minuta prevén que después de turnada la solicitud a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, ésta entrará al estudio de la misma para analizar su procedencia, verificando primeramente que se trata de uno de los supuestos considerados como cuestión política por la propia Ley y la fracción VI del artículo 76 Constitucional; enseguida, se estudiarán los documentos que se acompañan y se determinará si se trata de un asunto constitucional, en los términos previstos en la Constitución General de la República y en la Local respectiva.

En el proyecto contenido en la Minuta que se dictamina, se determina el procedimiento que corresponde a la solicitud de intervención del Senado, conforme a lo siguiente: determinada la procedencia por la Junta de Coordinación Política del Senado, hará llegar la solicitud a la Mesa Directiva de esta Cámara para que ésta la turne a la Comisión que habrá de sustanciar el proceso, sea ordinaria o creada ex profeso. Esta Comisión será responsable de elaborar el proyecto de resolución que someterá al Pleno; la Comisión Instructora podrá requerir a la parte solicitante documentos o pruebas adicionales; notificará a la contraparte que en el término de 15 días hábiles deberá rendir un informe sobre los hechos materia de la solicitud; propondrá al Pleno las medidas precautorias que estime necesarias, y elaborará el proyecto de resolución que deberá incluir: la materia o materias objeto del conflicto; la determinación de que se configuró la ``cuestión política'' y si ésta afectó a uno de los poderes del Estado; las acciones u omisiones que las partes deben asumir para dar por concluido el conflicto, y las prevenciones que se adoptarán en caso de incumplimiento de la resolución por alguna de las partes. El proyecto de resolución se someterá al Pleno de la Cámara de Senadores y para su aprobación se requerirá las dos terceras partes de los miembros presentes.

Se establece el recurso de reconsideración, en el artículo 22 de la Minuta, conforme a lo siguiente:

``Artículo 22. En caso de que alguna de la partes considere que la actuación de la Comisión o la de alguno de sus integrantes ha sido irregular, podrá interponer el recurso de revisión, el cual será resuelto por la Junta de Coordinación Política en un término de diez días hábiles a partir de la interposición del mismo.

El recurso de revisión se interpondrá por escrito y en un plazo de cinco días hábiles a partir de que tengan conocimiento del hecho irregular.''

Por razones de seguridad y certeza jurídica que se consideran claras y justificables, se dispone que la resolución de la Cámara de Senadores será definitiva e inatacable.

Finalmente, se incluyen provisiones para el caso de que alguna de las partes no cumpla la resolución de la Cámara de Senadores, caso en que la parte afectada podrá interponer el recurso de reclamación por incumplimiento, ante la Junta de Coordinación Política de dicha Cámara, para que ésta resuelva y provea lo conducente.

En mérito de lo expuesto, la Comisión Dictaminadora ha llegado a la conclusión de la procedencia, oportunidad y pertinencia de aprobar, en sus términos, la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la fracción VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la consideración fundamental de que se trata de un proyecto de reforma que enriquecerá nuestro Sistema Jurídico Nacional, proveyendo a dar mayor certeza, claridad, precisión e instrumentación reglamentaria a nuestro Ordenamiento Superior.

Por lo antes expuesto, y para los efectos del artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura, someten a la consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único.- Se expide la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer los casos en los cuales la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asumirá el conocimiento de las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado, así cómo también prever las bases según las cuales conocerá de ellas y regular el proceso a través del cual las resolverá.

La Cámara de Senadores no ejercerá funciones jurisdiccionales.

Artículo 2. Se configura la cuestión política, si los actos o hechos que la motivan constituyen un conflicto que dañe gravemente la relación entre dos o más poderes de un Estado o afecten su funcionamiento.

Artículo 3. Se estará ante una cuestión política si se actualiza alguno de los siguientes supuestos:

I. Las diferencias políticas que surjan entre los poderes de un Estado y que alteren, obstaculicen o impidan el legal y correcto ejercicio de las atribuciones de uno de ellos;

II. La falta de colaboración, coordinación o complementación a lo que obligan los principios legales que regulan la división de poderes y que éstos se muestren incapaces de solucionar;

III. Las expresiones que en forma pública y reiterada formule un poder respecto de otro, cuyo propósito o sus efectos tiendan a socavar su autoridad;

IV. El enfrentamiento físico entre los titulares o integrantes de los poderes, aunque éste no interrumpa el orden constitucional;

V. Los hechos de violencia del tipo que sea, de un poder hacia otro, que pudieran alterar o interrumpir el orden constitucional local o el ejercicio de sus respectivas funciones; y

VI. En general, todos los actos o hechos que un poder estatal realice o se abstenga de hacer, en perjuicio de otro u otros.

Procederá plantear la cuestión política siempre que, para resolverla, no haya recurso, vía o instancia jurisdiccional.

Artículo 4. La Cámara de Senadores resolverá las cuestiones políticas que le sean sometidas, conforme a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado al que pertenezcan los poderes en conflicto y la presente Ley.

En lo no previsto en los cuerpos normativos anteriores, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 5. La intervención de la Cámara de Senadores se dará:

I. A petición de parte, cuando de suscitarse una cuestión política, uno o más de los poderes en conflicto se lo solicite; y

II. De Oficio, cuando un poder se valga de la fuerza pública en contra de otro, tengan lugar hechos de violencia o haya riesgos de que ello suceda.

En el último supuesto, bastará que un ciudadano lo haga del conocimiento de la Cámara de Senadores y no será necesario cubrir formalidad alguna.

Artículo 6. La Cámara de Senadores no intervendrá si el conflicto se refiere a:

I. Controversias constitucionales;

II. Casos en que la cuestión política se dé entre poderes de un Estado y otro, o entre los poderes de un Estado y las Autoridades Locales del Distrito Federal;

III. Cuestiones Políticas que surjan entre:

a) Autoridades Locales del Distrito Federal;

b) Ayuntamientos y poderes de un Estado;

c) Ayuntamientos de un Estado;

d) Ayuntamientos de un Estado y poderes o ayuntamientos de otro; y

e) Autoridades Locales del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales.

IV. Los conflictos previstos en el primer párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

V. Las cuestiones que, por cualquier vía, se hayan planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo que ella decline su conocimiento.

Artículo 7. Los poderes de los Estados podrán plantear en todo momento las cuestiones, políticas que surjan entre ellos, si los actos o hechos son continuos, sin embargo si se tratare de actos o hechos consumados que afecten de manera grave la gobernabilidad del Estado, lo harán de forma inmediata. No habrá término para hacerlo ni perderán el derecho a solicitar la intervención de la Cámara de Senadores.

La falta de presentación de solicitud de intervención, no implicará un consentimiento tácito de parte del o de los poderes que se consideren afectados por la cuestión política que diere motivo a la intervención, bastará que uno de los poderes ocurra a la Cámara de Senadores para que ésta asuma el conocimiento de la cuestión política planteada. Para tal efecto, no se requerirá la anuencia de la otra parte para que tenga lugar dicha intervención.

Artículo 8. Cuando la intervención de la Cámara de Senadores sea a petición de parte, podrá promoverla cualquiera de los poderes en conflicto, ya sea por su titular o por su representante legal.

Cuando el poder que solicita la intervención sea un órgano colegiado, será necesario un acuerdo previo adoptado conforme a las normas que regulan su integración y funcionamiento.

Artículo 9. La solicitud a que se refiere el artículo anterior, deberá contener una relación de los hechos que la motivaron, los argumentos por los que se considera configurada una cuestión política, las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las de la Constitución Local que funden la actuación o que se consideren violadas con los actos o los hechos ejecutados por quien es señalado como contraparte, y los aspectos específicos respecto de los cuales deba pronunciarse la Cámara de Senadores.

El escrito inicial deberá ser acompañado por:

I. Los documentos que acrediten la personalidad del compareciente; y

II. Las pruebas que sustenten los actos o hechos referidos.

Cada una de las partes señalará desde el principio, el domicilio en donde podrán oír y recibir notificaciones y documentos.

Artículo 10. La solicitud se presentará ante la Cámara de Senadores y durante los recesos, ante la Comisión Permanente quien deberá turnarla inmediatamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Artículo 11. La Cámara de Senadores dará trámite a toda solicitud de intervención, para lo cual deberá ceñirse a lo previsto en esta Ley.

Artículo 12. La solicitud se turnará a la Junta de Coordinación Política, la cual decidirá su procedencia. Para tal efecto, la Junta observará:

I. Si se trata de uno de los supuestos considerados como una cuestión política;

II. Si se acompaña de los documentos requeridos; y

III. Si la cuestión planteada no es de índole constitucional.

Artículo 13. Si la Junta de Coordinación Política al valorar la situación motivo de la intervención, infiere que se han dado o puedan darse hechos de violencia, lo hará en su caso del conocimiento de la Comisión Permanente, a fin de que convoque a la Cámara de Senadores a un periodo de sesiones extraordinarias, conforme a la fracción IV del artículo 78 Constitucional.

Artículo 14. Para la debida instrucción del proceso, la Junta de Coordinación Política, una vez decidida la procedencia de la solicitud, la enviará a la Mesa Directiva, la cual deberá turnarla a la Comisión responsable de su prosecución.

Para el adecuado desempeño de su función, la Comisión se auxiliará de especialistas o del personal que estime necesario.

Artículo 15. La Comisión, en caso de estimarlo necesario, podrá requerir a la parte solicitante los documentos o pruebas adicionales, para lo cual le otorgará un término de diez días hábiles a partir de la fecha de la notificación.

Las notificaciones se harán por correo certificado.

Artículo 16. La Comisión requerirá un informe al o a los Poderes señalados como contraparte, respecto de los actos o los hechos consignados por el o los promoventes de la intervención.

Dicho informe se rendirá en un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación e incluirá, de ser necesario, las pruebas que acrediten los hechos en él referidos.

Artículo 17. En el transcurso del proceso, la Comisión podrá requerir a una o a ambas partes, la presentación de nuevos elementos de convicción que considere convenientes o promover el desahogo de las diligencias que a su juicio sean indispensables.

También podrá si lo juzga conveniente, oír a los interesados, entrevistar autoridades y particulares, realizar investigaciones y recabar toda la información que requiera para elaborar el proyecto de resolución.

Artículo 18. La Comisión propondrá al Pleno las medidas precautorias que estime necesarias, a fin de que no se agrave la cuestión política surgida entre los poderes de un Estado o para suspender temporalmente los actos o hechos motivo del conflicto.

La suspensión se someterá a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores y será aprobada por la mayoría simple de los senadores presentes, la cual no podrá disponerse en los casos que impliquen la vigencia o aplicación de las leyes.

Para los efectos anteriores, la Comisión podrá solicitar a la Junta de Coordinación Política que recurra, de considerarlo ésta procedente, al auxilio del Ejecutivo Federal.

La observancia de las medidas que se dicten, será obligatoria para las partes en conflicto; deberán acatarlas, sin importar que se haya o no rendido el informe a que hace referencia el artículo 16 de esta Ley.

Artículo 19. La Comisión, elaborará el proyecto de resolución con base en la solicitud, los informes, los elementos de convicción que se allegue y las constancias que integren el expediente respectivo.

En la elaboración del proyecto, se observarán las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las de la Constitución particular del Estado al que pertenecen las partes.

Artículo 20. La Comisión determinará en el proyecto de resolución:

I. La materia o materias objeto del conflicto;

II. Si en efecto se configuró la cuestión política y si ésta afectó a uno de los poderes;

III. Las acciones u omisiones que las partes deben asumir para dar por concluido el conflicto; y

IV. Las prevenciones que se adoptarán en caso de incumplimiento de la resolución por alguna de las partes.

Artículo 21. El proyecto se someterá a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores y para su aprobación se requerirá las dos terceras partes de los miembros presentes.

Su resolución será definitiva e inatacable y será notificada de forma inmediata a las partes.

Artículo 22. En caso de que alguna de la partes considere que la actuación de la Comisión o la de alguno de sus integrantes ha sido irregular, podrá interponer el recurso de revisión, el cual será resuelto por la Junta de Coordinación Política en un término de diez días hábiles a partir de la interposición del mismo.

El recurso de revisión se interpondrá por escrito y en un plazo de cinco días hábiles a partir de que tengan conocimiento del hecho irregular.

Artículo 23. Cuando alguna de las partes no cumpla con las determinaciones que emita la Comisión en el curso de la instrucción, procederá el recurso de queja y la misma dará trámite al recurso emitiendo la resolución que en derecho corresponda, dictando las medidas que se consideren pertinentes para hacer cumplir dicha resolución.

El recurso se resolverá dentro de los diez días hábiles posteriores a la interposición del mismo.

Artículo 24. En el caso de que una de las partes no cumpla con la resolución de la Cámara de Senadores, la parte afectada por el desacato, podrá interponer por escrito el recurso de reclamación de incumplimiento ante la Junta de Coordinación Política para que ésta resuelva lo conducente.

La Junta de Coordinación requerirá al poder remiso para que rinda un informe dentro de los tres días hábiles siguientes. Recibido éste propondrá al Pleno de la Cámara de Senadores las medidas necesarias para el cumplimiento de la resolución dentro de los diez días hábiles siguientes.

Artículo 25. Si el poder remiso no rinde dicho informe o se niega al cumplimento de la resolución, ello será considerado, conforme a los artículos constitucionales 109, fracción I; 110, párrafo segundo y 114, párrafo primero, una violación grave a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el Pleno de la Cámara de Senadores declarará su desacato para los efectos legales correspondientes.

Transitorio

Artículo Único. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil seis.

Por la Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica en abstención), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Gloria Lavara Mejía , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica); Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia , José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado Diódoro Carrasco Altamirano para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Diódoro Humberto Carrasco Altamirano:Señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: fue turnada a la Comisión de Gobernaciónla minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la Fracción VI del Artículo 76 de la Constitución General de la República, aprobada por las Comisiones Unidas de Gobernación, y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadoresel 7 de diciembre de 2004.

La trascendencia de este dictamen donde se aborda la facultad exclusiva del Senado para resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado exige ubicar primero la circunstancia histórica por la cual a lo largo de decenios --de hecho más de un siglo, pues el ordenamiento original proviene de 1874-- tal reglamentación no se observó como necesaria. Ello nos remite a la existencia de una estructura de poder en la que este tipo de conflictos se resolvían casi de manera invariable por la intervención de una última instancia que tenía el carácter de inapelable.

Esta estructura de poder que entre otras cosas contribuyó destacadamente a la estabilidad política del país y cuyo eje era lo que se ha denominado ``facultades metaconstitucionales de la Presidencia de la República'', no existe más. Hoy tenemos en el país una realidad muy distinta, caracterizada por una intensa pluralidad política, por avances democráticos sustantivos, por la alternancia en el poder y por la revitalización del formato republicano que se ha dado mediante la creación de nuevas instituciones, o bien, reformando las existentes.

Los ciclos de reformas electorales y otros cambios profundos en estructura política y social han impulsado un proceso de cambio democrático continuo que se muestra irreversible en el nuevo equilibrio entre los Poderes de la Unión y las entidades federativas, en los avances del federalismo y en una profunda recomposición política de la geografía nacional que abarca los tres niveles de gobierno.

La tarea legislativa es permanente, pero no cabe duda de que las circunstancias históricas son las que ponen uno u otro tema en el orden del día. Por ello es necesario actualizar las leyes y las instituciones para encontrar en ellas los recursos y los mecanismos para anticipar y destrabar conflictos potenciales y abrir así nuevos cauces civilizados a la marcha de la República.

La pluralidad y la democracia significan riqueza y libertad de opciones, cierto, pero también espacio del disenso y, por ello, fuente potencial de conflictos, pues los intereses y los ideales ya no se asimilan a un eje único y determinante sino que luchan entre sí por prevalecer.

Que la lucha política sea democrática está en el mejor interés de los mexicanos, pero siempre está presente el riesgo del conflicto que dañe gravemente la relación entre dos o más poderes de un estado, si la cultura política y las normas no abonan la opción por el cauce pacífico, por el cauce legal.

Precisamente para contribuir a evitar que se disparen este tipo de conflictos se modifican las leyes y se crean otras. Así, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la Fracción VI del 76 Artículo constitucional, atiende a la necesidad de establecer definiciones y precisiones con relación a conceptos del texto constitucional.

En primer lugar, el del significado del término cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un estado, así como a fortalecer la pertinencia constitucional de la intervención de la Cámara de Senadores para resolver en definitiva estos diferendos o conflictos políticos.

Por ello, el proyecto de decreto es un paso adelante en el objetivo de dar certeza y claridad jurídica al país y a los ciudadanos, pues al precisar y reglamentar conceptos constitucionales de larga data, los actualiza y los pone en contexto, alejando así a las instituciones de las tentaciones de interpretaciones subjetivas o arbitrarias.

El proyecto de decreto muestra también el camino para resolver estos conflictos o cuestiones políticas dentro del orden constitucional, sin invadir las atribuciones de otros poderes o de otros niveles de gobierno.

En este sentido es oportuna la aclaración desde el mismo artículo 1o. de la ley reglamentaria del proyecto de decreto, de que la Cámara de Senadores no ejercerá funciones jurisdiccionales. Queda claro que las controversias constitucionales entre poderes de un mismo estado las resuelve conforme a la Constitución General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El proyecto de decreto prevé y provee el conjunto de recursos e instancias que las partes pueden ejercer o apelar en aras de hacer oír sus opiniones y defender sus intereses; poniendo por encima de todo interés particular el interés general de la entidad federativa de que se trate, y más allá el interés superior de la República.

Compañeras y compañeros legisladores: termino expresando mi reconocimiento al autor de esta iniciativa, el diputado César Camacho Quiroz , de la fracción parlamentaria del PRI, y al mismo tiempo anticipando la intención de la bancada de Acción Nacional, de votar a favor. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Para apoyar el dictamen ha solicitado, y se le concede, el uso de la tribuna al diputado César Camacho Quiroz .

El diputado César Camacho Quiroz:Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeros legisladores: el Poder Legislativo mexicano está pagando con este dictamen puesto a la consideración de ustedes, una deuda legislativa histórica.

Hace 133 años a propósito de la restauración del Senado, que paradójicamente en la Constitución federal --lo subrayo-- de 1857, había desaparecido de la vida pública, suscitó el debate de sobre quién debía resolver los diferendos políticos entre poderes del Estado, y después de una acalorada discusión se resolvió, en aquel entonces, que debía ser el Senado, en tanto Cámara del federalismo, en tanto instancia política y jurídica responsable de mantener la unidad de la Unión.

Y no obstante, el mandato expreso en la Constitución de expedir las leyes reglamentarias de esta facultad, la que se refiere a resolver cuestiones políticas, y otra, la relacionada con la desaparición de poderes; no obstante este mandato expreso, apenas ahora el Poder Legislativo cumple esta expresión concreta.

Quizás el diagnóstico de lo que ocurría en México a lo largo de las últimas décadas nos puede decir que un Poder Ejecutivo omnipotente hacía innecesaria la existencia de la ley y del mecanismo para resolver este tipo de diferendos. Sin embargo, la intensa vida política que hoy caracteriza al Estado mexicano, la vida entre instancias de gobierno en la que los partidos políticos tienen un especial papel ha hecho que el diagnóstico cambie y que también, en consecuencia, la respuesta institucional venga igualmente en un sentido moderno y eficaz.

Para evitar resolver las cuestiones políticas que surjan entre poderes del Estado, la intención de la ley que nos ocupa es evitar que se resuelva con discrecionalidad o con posiciones facciosas. Hasta los conflictos políticos pueden y deben ser tratados de manera tasada, ordenada y regulada por la ley.

Bien se ha dicho aquí: primero definir cuáles son las cuestiones políticas; cuáles son los supuestos que se deben surtir para estar enfrente de una cuestión política; cuál es el procedimiento al que nos debemos atener; cuáles son las autoridades competentes para resolverlo.

Y, finalmente --esto es lo que da eficacia al precepto jurídico--, cuál es la consecuencia específica en el caso de un desacato de la resolución del Senado de la República a este respecto. De otra suerte, como ya ocurrió en algún incidente de esta naturaleza hace dos o tres años, queda trunca la disposición del Senado; no tiene eficacia y, por supuesto, no tiene sentido para la gente.

La consecuencia específica que prevé la ley que ahora está a discusión es poner en la antesala del juicio político a la autoridad que deje de acatar las decisiones del Senado.

Me da mucho gusto que este dictamen llegue hasta el Pleno de la Cámara de Diputados, en tanto Cámara de revisión, porque ha sido objeto de una larga discusión y un intercambio fructífero de ideas; y acreditamos --creo que como una buena señal para los mexicanos-- que los legisladores, independientemente de origen partidario, somos capaces de ponernos de acuerdo cuando en el centro de la atención se encuentra el interés nacional.

Qué bueno que hoy el Senado de la República se consolide como la Cámara que tiene a su cargo la salvaguarda del pacto federal y que podamos entregar un instrumento eficaz y que lo pongamos en buenas manos. Un órgano colegiado de integración plural que, estoy seguro, estará en cada episodio de la vida política a la altura de las demandas de su tiempo.

Compañeras, compañeros legisladores: les pido respetuosamente su aval jurídico, su apoyo político a través del otorgamiento positivo del voto, de suerte que de esta manera redondeamos, completamos el marco jurídico para que el pluralismo, la consolidación de la democracia, tenga un instrumento más de su lado. Gracias a todos por su atención.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Para hablar a favor del dictamen se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Amador Leal , del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:Muchas gracias, diputada Presidenta. El pasado 12 de octubre presenté una iniciativa sobre el tema contenido en el proyecto de decreto que hoy está a consideración de esta Asamblea, un proyecto de Ley Reglamentaria de las Fracciones V y VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La idea era similar a la que ha animado la iniciativa del diputado César Camacho: por un lado, reglamentar la fracción VI que carecía de ese ordenamiento secundario; y por otro, revisar también las disposiciones relativas a la reglamentación de la fracción V en un solo cuerpo normativo, como establece el artículo 76 en su último párrafo.

Considerando, primero, que compartimos los motivos y el contenido de la reglamentación propuesta por el diputado César Camacho, hemos retirado de la Comisión de Gobernación la parte relativa a esta fracción y consideramos pertinente, sí, hacer algunas precisiones en su momento respecto de la fracción V.

Quiero, de manera muy breve --compañeras, compañeros diputados--, sólo puntualizar un aspecto de la trascendencia, la importancia de la iniciativa de decreto que hoy está a nuestra consideración.

Y como aquí se planteaba, tanto por el diputado César Camacho como por el diputado Diódoro Carrasco, una parte medular es dilucidar la diferencia entre la atribución que se establece a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el artículo 105, fracción I, inciso h), que faculta a la Corte para conocer de controversias entre dos poderes de un mismo estado sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y por otra, la atribución considerada en la fracción VI del artículo 76 en materia de la iniciativa que estamos analizando; ¿qué debe entenderse por ``cuestiones políticas que se susciten entre poderes de un estado'' para que la solución de las mismas sea de la competencia del Senado y no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Me parece que el proyecto de decreto, la forma en que ha sido aprobada en primer término por el Senado y después por la Comisión de Gobernación de esta Asamblea, justamente aclara esta distinción, esta diferencia, permite una normatividad que deje fuera de duda la intervención del Senado en un tema que puede finalmente ser sujeto de situaciones subjetivas o de presiones fuera del espíritu que marca la Constitución.

En consecuencia de lo anterior, señora Presidenta, me permito primero solicitar que se inscriba mi rúbrica en el dictamen correspondiente, dado que no pude asistir a la sesión de la comisión que aprobó este dictamen y, por otro lado, dejar constancia de mi reconocimiento y apoyo a la iniciativa que está a consideración de la Asamblea. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Ponga la Secretaría a disposición del diputado Alberto Amador Leal el texto de la iniciativa para su firma.

Habiéndose agotado el registro de oradores, se considera suficientemente discutido en lo general el dictamen. Y para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular... En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a recoger la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación.)

De viva voz, el diputado Jesús González Macías sírvase a manifestar su voto.

El diputado Jesús González Macías (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Se emitieron 396 votos en pro, 1 en contra y 4 abstenciones.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular, por 396 votos. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de la Fracción VI del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió un oficio firmado por el diputado Diódoro Carrasco Altamiranoy el diputado Benjamín González Roaro.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dip. Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva.--- Presente.

Con fundamento en lo que disponen los artículos undécimo, vigésimo primero y vigésimo segundo del Acuerdo Parlamentario relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación aprobado el 26 de septiembre de 2006 solicitamos a usted, se retire de la sesión del día de hoy y se difiera la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.

Sin más por el momento, agradecemos la atención que se sirva dar al presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.--- Diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente de la Comisión de Gobernación y Benjamín González Roaro (rúbrica), presidente de la Comisión de la Función Pública.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia concede la petición. No se discutirá el día de hoy; hasta la siguiente sesión.

COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a imprimir en el ciclo escolar 2006-2007 --por única vez, mediante la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y en conmemoración del 90 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917-- una edición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos revisada para niñas y niños

Honorable Asamblea

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que:

Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, SEP, y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Conaliteg, a imprimir y distribuir entre los alumnos de 5o. y 6o. grados de educación básica ejemplares de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, edición revisada para las niñas y los niños de México.

A cargo de la diputada Carla Rochín Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el 25 de abril de 2006 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del jueves 20 de abril de 2006.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

La autora de la proposición con punto de acuerdo expresa que para lograr una democracia profunda y eficaz se requieren cambios en la cultura política de los mexicanos, por ello, el principal objetivo de los procesos de educación cívica es promover la participación ciudadana en el ámbito público, como vía efectiva para mejorar sus condiciones de vida y hacer válidos sus derechos. Asimismo, la legisladora proponente señala que:

El plan y los programas de estudio para educación primaria establecen que ``la educación cívica es el proceso a través del cual se promueven el conocimiento y la comprensión del conjunto de normas que regulan la vida social y la formación de valores y actitudes que permiten al individuo integrarse a la sociedad y participar en su mejoramiento''.

A través de dichos programas, se propone desarrollar en el alumno las actitudes y los valores que lo doten de bases firmes para ser un ciudadano conocedor de sus derechos y los de los demás, responsable en el cumplimiento de sus obligaciones, libre, cooperativo y tolerante, es decir, ``un ciudadano capacitado para participar en la democracia''.

El libro de texto cumple una función social de singular importancia gracias a este esfuerzo de la sociedad reflejado en el Estado, la gran mayoría de los niños y las niñas de México han logrado penetrar al mundo del conocimiento, la sensibilidad social y el desarrollo de esas actitudes y valores.

En este sentido, en el ámbito legislativo, a través del Parlamento de las niñas y los niños de México buscamos incidir en los futuros ciudadanos para despertarles el interés en los asuntos públicos, y promover en ellos las competencias cívicas que les permitan participar en la comunidad para mejorar sus condiciones de vida.

En este orden de ideas y en el marco de dicho Parlamento, la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados, vía el Consejo Editorial de la misma, imprimió ejemplares de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con un tiraje de veinte mil ejemplares, los cuales tuvieron una gran aceptación en el país, lo que derivó en constantes solicitudes de este material por parte de padres de familia, maestros y niños.

Por ello, considerando estas solicitudes estamos seguros que la edición revisada para las niñas y los niños de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un material de referencia no sólo para los jóvenes lectores que la revisen, sino para que las madres y los padres de familia inculquen, desde el hogar, el respeto por las leyes que rigen nuestra diaria convivencia social.

En este contexto, considerando que el cinco de febrero de 2007 se cumplirán 90 años de la promulgación de la Carta Magna, el exhorto que realizamos gira en torno a aprovechar este marco de conmemoración para que se impriman ejemplares de la mencionada edición de la Constitución, y se distribuyan entre los estudiantes que cursen quinto y sexto grados de educación básica del próximo ciclo escolar.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La comisión dictaminadora comparte y hace suya la inquietud de la legisladora autora de la proposición en profundizar y avanzar en el desarrollo de la educación nacional, y, por ello, se ha consensuado la conveniencia de exhortar a la SEP y a la Conaliteg a imprimir y distribuir entre los alumnos de 5o. y 6o. grados de educación básica ejemplares de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, edición revisada para las niñas y los niños de México.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), y en conmemoración del 90 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, imprima por única vez durante el ciclo escolar 2006-2007 ejemplares de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, edición revisada para las niñas y los niños de México. Utilizando para ello papel reciclado producto del Programa de reciclaje de papel, y los distribuya entre los estudiantes que cursen el quinto y sexto grados de educación básica en las escuelas públicas de todo el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez , Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro .»

PROGRAMAS DE ENSEÑANZA PUBLICA Y PRIVADA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Semarnat que incorporen obligatoriamente en los programas de enseñanza pública y privada la materia de educación ambiental regional, en la que se establezcan las particularidades y la diversidad de cada una de las regiones y de los contextos naturales del país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la SEP y a la Semarnat que incorporen obligatoriamente en los programas de enseñanza pública y privada la materia de educación ambiental regional, en la que se establezcan las particularidades y la diversidad de cada una de las regiones y de los contextos naturales del país.

A cargo del diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del PRI, presentada el 20 de abril de 2004 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del jueves 15 de abril de 2004.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

El autor de la proposición con punto de acuerdo expresa que las bases de cualquier cultura son invariablemente la educación, por lo que debemos poner especial atención en formar individuos responsables y conscientes de lo que el medio ambiente representa para la integridad de todo cuanto existe en el planeta. Argumenta que somos uno de los 10 países con mayor diversidad biológica en el mundo, pero también uno de los que cuentan con los mayores niveles de deterioro del medio ambiente.

Y que sin embargo somos uno de los países también, con raíces culturales más ricas y profundas, contamos con una gran diversidad de entornos étnico-geográficos, los cuales cuentan con sus propios rasgos culturales y sus propias características geográficas, climatológicas etcétera. Así como su propia flora y fauna, lo que hace que estos ecosistemas tan diferentes unos de otros, tengan también sus propias necesidades de acuerdo a sus particularidades.

El autor reconoce que se ha trabajado de manera incansable en la elaboración de leyes para proteger nuestros recursos naturales y promover la explotación racional de los mismos con desarrollo sustentable. Pero debemos también considerar la educación como principal herramienta para edificar una adecuada cultura en materia de protección ambiental.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Al respecto, esta comisión dictaminadora comparte la preocupación con el legislador que presenta esta propuesta, en cuanto a la difusión de la educación ambiental y de la necesidad que las escuelas enseñen las particularidades y la diversidad ambientales de cada una de las regiones del país.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Semarnat que se incorpore obligatoriamente en los programas de enseñanza pública y privada la materia de educación ambiental regional, en la que se establezcan las particularidades y la diversidad de cada una de las regiones y de los contextos naturales del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez , Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro .»

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y al titular de la SEP a hacer públicas las medidas tomadas respecto a la implantación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la SEP a hacer públicas las medidas tomadas respecto a la implantación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

A cargo de la diputada Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 2 de febrero de 2006 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 14 de diciembre de 2005.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

La autora de la proposición con punto de acuerdo expresa que en un acto ejemplar del ejercicio legislativo, en la LIX Legislatura se presentó y se aprobó una iniciativa tendiente a tutelar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Asimismo, señala que

El Poder Legislativo cumplió sobradamente al emitir la propuesta que crea la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 2003.

En esta ley se establece que tiene como fin regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.

Por la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación y con base en lo que establecen los artículos transitorios, ya es fecha para tener los primeros resultados, que sin duda cubrirán una deuda histórica que tenemos con nuestros hermanos indígenas.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La comisión dictaminadora comparte la inquietud de la legisladora autora de la proposición, en conocer, profundizar y avanzar en el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la SEP a hacer públicas las medidas tomadas respecto a la implementación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 2003.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez , Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro .»

UNIVERSIDADES PUBLICAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las universidades públicas a incrementar la transparencia de sus actividades administrativas, financieras, educativas y de investigación

Honorable Asamblea

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar a que las Universidades Públicas incrementen la transparencia en torno a sus actividades administrativas, financieras, educativas y de investigación.

A cargo del diputado René Meza Cabrera, diputado federal independiente, presentada el 23 de agosto de 2006.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, mismo que se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

El autor de la proposición con punto de acuerdo plantea la importancia estratégica que tiene la educación superior en el proceso de desarrollo integral de nuestro país. En este sentido, dice que es necesario contar con un sistema de educación superior con alta capacidad de respuesta para atender las necesidades académicas de sus estudiantes y de la sociedad en general.

Manifiesta el legislador que para el ciclo escolar 2005-2006, existe una matrícula de educación superior del orden de 2 millones 446 mil alumnos, a los que corresponden 260 mil maestros. Para dicho ciclo escolar, dice el autor, se asignaron recursos del orden de 65 mil 492 millones de pesos.

En función de lo anterior, el autor de la proposición con punto de acuerdo propone que, sin menoscabo de la autonomía universitaria, se tomen las medidas necesarias para que se transparenten aún más sus actividades administrativas, financieras, educativas y de investigación.

Con base en lo anterior, el diputado federal propone tres resolutivos en el siguiente tenor:

Primero. Que con base en lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las universidades públicas del país pongan a disposición del público la información referente a sus diversas actividades.

Segundo. Que la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y los órganos constitucionales autónomos de cada entidad federativa, investiguen de manera permanente que las universidades públicas no incurran en ningún tipo de acciones ilegales.

Tercero. Que, en función del punto anterior se de vista a la Procuraduría General de la República para que investigue cuando menos la gestión de los tres últimos rectores en las universidades públicas donde se hayan cometido ilícitos.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La comisión dictaminadora considera que el primer resolutivo de la proposición con punto de acuerdo es procedente, dado que la transparencia y el acceso a la información pública es un derecho inalienable de los ciudadanos; y las universidades públicas deben fortalecer el acceso del público a la información que se genera de sus actividades generales. Si bien éstas han venido abriendo su información al público, nos parece que procede el exhorto a que incrementen este proceso.

En lo que respecta a los resolutivos segundo y tercero, la comisión dictaminadora considera que no son viables, dado que la participación de la Secretaria de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República en un proceso de investigación permanente de las acciones de las autoridades universitarias, constituye una forma de menoscabo de la autonomía universitaria.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Con base en los lineamientos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se exhorta respetuosamente a las universidades públicas del país a incrementar sistemáticamente los niveles de transparencia, en los términos del reglamento de la ley mencionada, relativa a la información sobre su estructura orgánica; facultades de cada unidad administrativa, directorio de servidores públicos; remuneración mensual por puesto, incluido el rector y vicerrectores, considerando todo tipo de compensaciones; los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen; las concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas; las contrataciones de obras; y las demás que el artículo 7 de la ley citada establece, así como las disposiciones que al respecto existen en la legislación de los estados de la república.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez , Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro .»

GRATUIDAD DE LA EDUCACION BASICA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Educación Pública a garantizar la gratuidad de la educación básica en todo el país y detener el cobro de cuotas obligatorias en las primarias y las secundarias públicas que tengan como condicionante la prestación del servicio

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes proposiciones con punto de acuerdo

1) Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas del estado de Puebla y el Distrito Federal para que investiguen en sus ámbitos de competencia el cobro de las cuotas extra que se imponen en las escuelas públicas de educación básica, a cargo de los diputados Angélica Ramírez Luna y Felipe de Jesús Díaz González, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada el 24 de agosto de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 30 de agosto de 2005.

2) Para exhortar a las autoridades educativas a garantizar la gratuidad de la educación pública y desterrar todo tipo de cuotas obligatorias a los padres de familia como contraprestación del servicio, a cargo del diputado Iván García Solís, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 25 de enero de 2006 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

3) Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a detener el cobro de ``cuotas voluntarias'' en todas las escuelas primarias y secundarias del país e imponer sanciones administrativas a los directores de las escuelas que incurran en esta práctica. A cargo del la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática, el 10 de noviembre de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria el mismo día.

4) Por el que se exhorta al titular de la SEP a difundir mensajes en torno a la prohibición de la condicionante de pago por concepto de inscripción, en los centros de enseñanza básica impartida por el Estado, presentada por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI el 23 de agosto de 2006 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. Las proposiciones con puntos de acuerdo listadas en el proemio de este dictamen fueron presentadas en las fechas y por los diputados que se mencionan en el mismo, y publicadas en las gacetas parlamentarias que igualmente se citan.

2. Las proposiciones enlistadas fueron turnadas a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Las proposiciones con punto de acuerdo listadas en la primera parte de este dictamen (incisos 1 al 4), tienen en común solicitar a las autoridades educativas que garanticen la gratuidad de la educación pública y que detengan el cobro de todo tipo de cuotas a los padres de familia, que representen una condicionante para la prestación del servicio, o para obtener un trato preferencial. Asimismo, tienen en común el exhortar a que se investigue y sancione a las autoridades educativas que incurran en dichos cobros condicionantes.

En los términos anteriormente expresados, esta comisión dictaminadora recoge y hace suyas las inquietudes de los autores de las proposiciones materia de este dictamen, y estima procedente exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública para que garantice la gratuidad de la educación básica y detenga el cobro de cuotas obligatorias en todas las primarias y secundarias públicas del país.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública para que de acuerdo con sus atribuciones legales, en particular las que se desprenden del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, garantice la gratuidad de la educación básica en todo el país, y a que tome las acciones correspondientes para detener el cobro de cuotas obligatorias en todas las primarias y secundarias públicas, que tengan como condicionante la prestación del servicio o la obtención de un trato preferencial.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez , Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro .»

COBRO POR REINSCRIPCION

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se solicita a la SEP y a la Profeco que eliminen del acuerdo que establece las bases mínimas de la información para la comercialización de los servicios educativos que prestan particulares el concepto de ``cobro por reinscripción''

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para

Solicitar que la SEP y la Profeco eliminen del acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan particulares el concepto de cobro por reinscripción.

A cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentada el 25 de abril de 2006 y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 23 de marzo de 2006.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

El autor de la proposición con punto de acuerdo expresa que el Grupo Parlamentario de Convergencia presentó el año pasado ante la del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de Educación Pública y la Procuraduría Federal del Consumidor llevaran a efecto la actualización del acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, proposición que fue dictaminada favorablemente por unanimidad de los diversos grupos parlamentarios.

A pesar de ello, a la fecha no se tiene conocimiento de que el gobierno federal haya cumplido lo instruido por los legisladores, por lo que ya son trece largos años y el mismo número de ciclos escolares en que se mantiene vigente dicho acuerdo.

La propuesta se funda en que si bien los usuarios de los servicios educativos que prestan los particulares al ingresar a una escuela tienen la obligación de pagar el concepto denominado de inscripción, éste cubre ya la anualidad y no se justifica el hecho de pagar adicionalmente reinscripción al inicio de cada semestre, puesto que ya se efectuó un pago que abarca los doce meses del año.

El concepto de ``cobro de reinscripción'' podría equipararse al anatocismo, puesto que el pago de reinscripción es una erogación que se realiza sobre otro pago ya efectuado, el de la inscripción.

Esta propuesta tiene como objetivo beneficiar a todos aquellos padres de familia que año con año tienen que realizar esfuerzos enormes para mantener a sus hijos en la infraestructura educativa privada y abatir la deserción escolar, en un México en el que las desigualdades se han acentuado.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La proposición materia de este dictamen tiene como propósito exhortar al titular del Poder Ejecutivo a que proceda en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, en última instancia, a reformar --actualizar o modificar, según el caso-- un reglamento expedido por el propio Poder Ejecutivo, en ejercicio de las facultades reglamentarias previstas en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y un acuerdo emitido por las secretarías de Economía (antes de Industria y Comercio), y de Educación Pública, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el sustento constitucional antes citado, conforme a lo siguiente:

Por lo que se refiere al acuerdo que establece las bases mínimas para la comercialización de los servicios educativos que prestan particulares, de la investigación realizada en el seno de esta comisión aparece que dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992 y no se encontró que hubiera tenido modificaciones.

Por otra parte, se verificó que efectivamente en el artículo 2o., fracción I, inciso a), se incluyen los conceptos de ``inscripción o reinscripción'', como elementos que los prestadores de servicio educativo deben de informar a los padres de familia, tutores o usuarios, con lo que se está convalidando en alguna manera el concepto de reinscripción que se considera improcedente.

Por tanto, parece válido el argumento del proponente en el sentido de que ``si bien los usuarios de los servicios educativos que prestan los particulares al ingresar a una escuela tienen la obligación de pagar el concepto denominado de inscripción, éste cubre ya la anualidad y no se justifica el hecho de pagar adicionalmente reinscripción al inicio de cada semestre, puesto que ya se efectuó un pago que abarca los 12 meses del año''.

Concluye el proponente en solicitar que se eliminen del acuerdo de referencia el concepto de cobro por ``reinscripción''.

En los términos anteriormente expresados, esta comisión dictaminadora recoge y hace suya las inquietud del autor de la proposición materia de este dictamen, y estima procedente exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que, en el ámbito de sus atribuciones, dé las instrucciones al secretario de Educación Pública para que realice los estudios y consultas públicas orientados a la modificación del acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares. En su caso, el secretario de Educación Pública dará la intervención o solicitará la opinión que proceda al secretario de Economía y al procurador federal del Consumidor.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y con fundamento en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instruya a los secretarios de Educación Pública, y de Economía y al procurador federal del Consumidor a efecto de que realicen los estudios y consultas orientados a la modificación del acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, para efecto de que se elimine el concepto de ``reinscripción'' y se realicen las demás modificaciones y actualizaciones que estimen las autoridades competentes. De acuerdo con los antecedentes y con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dicho acuerdo deberá ser suscrito y publicado por las secretarías de Economía, y de Educación Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez , Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro .»

COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Educación Pública que supervise mediante el Órgano Interno de Control correspondiente las impresiones que realiza con recursos federales la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la SEP, a través de su Órgano Interno de Control, supervisar las impresiones que con recursos federales realiza la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y, en su caso, deslindar las responsabilidades que correspondan.

A cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentada el 28 de febrero de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 17 de febrero de 2005.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al puntos de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

El autor de la proposición con punto de acuerdo expresa que el libro titulado El asesinato del profesor de matemáticas de Jordi Sierra Fabra, el cual fue ilustrado por Pablo Núñez, se imprimió por encargo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), en los talleres de Compañía Editorial Ultra y tuvo un tiraje de 46,719 ejemplares.

De acuerdo con el proponente, el costo de la impresión fue superior a los quinientos mil pesos y se utiliza dentro del Programa Biblioteca de Aula de la Secretaría de Educación Pública, por lo que su distribución está al alcance de niños de primaria.

Además, de acuerdo con el legislador, se tiene conocimiento de que también han sido editados con recursos federales, ochenta mil novecientos ochenta y nueve ejemplares del libro Cien corridos. Alma de la canción mexicana, que contiene los más exitosos corridos relacionados con el narcotráfico.

Independientemente de la erogación, que con recursos del pueblo de México efectuó la Conaliteg, el deseo del proponente es hacer un llamado a las altas autoridades educativas del país a fin de que pongan su mayor interés respecto a los contenidos que están al alcance de los menores de edad en nuestro país.

La preocupación principal es que en ésta, la época más violenta que vive la humanidad, no se tenga el cuidado, por parte de las autoridades educativas del país, de adquirir publicaciones que contribuyan a edificar a nuestros educandos y fomentar los valores propios de la sociedad mexicana.

Finalmente, el legislador argumenta que es inadecuado que, con el ánimo de fomentar el hábito de la lectura de los estudiantes de primaria, se promueva la lectura de materiales lesivos que utilizan lenguaje y actitudes agresivos.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

En los términos anteriormente expresados, esta comisión dictaminadora recoge y hace suya la inquietud del autor de la proposición materia de este dictamen, dada la importancia nodal que la educación en sus niveles básicos tiene para el desarrollo de nuestro país en lo que respecta a la formación de valores cívicos y éticos. Además, esta comisión considera importante que la Secretaría de Educación Pública reconozca la trascendencia que la información contenida en los documentos que están al alcance de los estudiantes en los niveles básicos tiene en el desarrollo de los educandos, y vigile que dicha información sea apropiada para los distintos niveles educativos.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública que, a través de su Órgano Interno de Control, efectúe una supervisión a las impresiones que con recursos federales realizó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), a fin de determinar si éstos se ejercen de conformidad a la normatividad establecida y a los programas educativos aprobados por la dependencia y en caso contrario, se deslinden las responsabilidades que correspondan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez , Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro .»

PROGRAMAS DE ESTIMULOS Y SUBVENCIONES A ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a verificar el cumplimiento de los programas de estímulos y subvenciones a estudiantes de educación media superior y superior para los alumnos de escasos recursos que no sean beneficiarios de otro sistema de apoyos financieros

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo:

Para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a dar cumplimiento al programa de estímulos y subvenciones a estudiantes de educación media superior y superior para los alumnos que no sean beneficiarios de otro sistema de apoyos financieros.

Presentada por el Grupo Parlamentario del PVEM en la sesión del jueves 14 de abril de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria el viernes 15 de abril de 2005.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

Los legisladores proponentes del punto de acuerdo expresan que en sesión celebrada el 13 de noviembre de 2004 fue turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen, la iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 25 de la Ley General de Educación, enviada por el Senado de la República, para quedar como sigue:

``... En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.''

La Comisión de Educación consideró conveniente, en la elaboración del dictamen, reconocer en un artículo transitorio del decreto la obligación a las autoridades educativas federal, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, establecer instrumentos y mecanismos técnico-pedagógicos y financieros como estímulos o subvenciones, a fin de ampliar la cobertura y garantizar la permanencia, el fortalecimiento y eficiencia terminal de los estudiantes del nivel medio superior de la educación pública del país y fortalecer su estructura.

El dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados con 373 votos en pro, 1 en contra y 1 abstención el martes 30 de noviembre de 2004, devuelto a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado en la Cámara de Senadores con 89 votos en pro y 3 abstenciones el martes 7 de diciembre de 2004, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 4 de enero de 2005.

Los legisladores proponentes argumentan que evidentemente el espíritu de la iniciativa, del dictamen y ahora el decreto es contribuir a disminuir a través del tiempo el problema del desequilibrio presupuestal en lo correspondiente a la educación media superior, y que los apoyos económicos auxiliarían no sólo a subsanar dicho desequilibrio, sino que también servirán para que nuestro país esté en las condiciones adecuadas para enfrentar el reto del cambio de la pirámide poblacional, ya que se estima que a partir del año 2025 el nivel educativo medio superior sufrirá grandes presiones derivado de dicho cambio.

Por eso hacen un llamado para que los gobiernos de los estados apliquen el decreto del Congreso de la Unión para que el educando de escasos recursos pueda gozar de un sistema de educativo superior sin restricciones económicas.

Igualmente, hacen un exhorto para que la Secretaría de Educación, frente a cuestiones que son vitales para el desarrollo de los mexicanos, haga valer la propuesta de otorgar un programa de becas para los estudiantes de educación media superior de escasos recursos.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Al respecto, esta comisión dictaminadora coincide con los legisladores que presentan esta propuesta, en cuanto al cumplimiento de la ley que obliga a las autoridades educativas federales, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, establecer instrumentos y mecanismos técnico-pedagógicos y financieros como estímulos o subvenciones, a fin de ampliar la cobertura y garantizar la permanencia, el fortalecimiento y eficiencia terminal de los estudiantes del nivel medio superior de la educación pública del país y fortalecer su estructura.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que verifique el cumplimiento de los programas de estímulos y subvenciones a estudiantes de educación media superior y superior, para los alumnos de escasos recursos que no sean beneficiarios de otro sistema de apoyos financieros. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez , Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro .»

ESTADO DE CHIAPAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al gobierno del estado de Chiapas a tomar las medidas necesarias para evitar nuevos enfrentamientos entre comunidades indígenas por el conflicto agrario en Ocosingo

Honorable Asamblea:

El 12 de diciembre del 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al Pleno, de la presentación de la proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al gobierno del estado de Chiapas a tomar las medidas necesarias para evitar nuevos enfrentamientos entre comunidades indígenas por el conflicto agrario en el municipio de Ocosingo, Chiapas, presentada por el diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano, del Grupo Parlamentario del PRI, dicha proposición fue turnada a la Comisión de Reforma Agraria para su estudio y dictamen.

En los términos previstos en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, inciso F, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo estudiado la proposición con punto de acuerdo de referencia, la comisión que suscribe presenta a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

I. Antecedentes

En sesión realizada por esta Cámara el 12 de diciembre de 2006, la Mesa Directiva, dio cuenta al Pleno de la proposición con punto de acuerdo de referencia.

El turno de la Mesa Directiva de la Cámara fue el siguiente:

``Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.''

El 18 de diciembre de 2006, mediante oficio CRA/132/06, se envió a los diputados integrantes de la Comisión, el punto de acuerdo para su estudio y efectos de dictamen.

Por lo que una vez realizado el análisis, discusión y estudio de las proposiciones, se emiten las siguientes:

II. Consideraciones

El 13 de noviembre de 2006, con motivo de disputas por la propiedad de tierras, se presentan enfrentamientos entre grupos indígenas de la región de la Selva Lacandona.

La problemática agraria en el área en particular tiene más de 30 años, y deriva de un decreto presidencial de 1972, mediante el cual se dotó a 60 familias de la etnia lacandona con una superficie de aproximadamente 614 mil hectáreas muchas de las cuales, ya estaban ocupadas por otros grupos de población.

Como consecuencia de la larga inseguridad agraria, la comunidad lacandona ha sufrido múltiples despojos; en el año de 1989, se afectó la reserva de la biosfera de Montes Azules con 52 mil hectáreas, produciéndose diversas invasiones en dicha área.

El 21 de noviembre de 2005, los gobiernos estatal y federal, firmaron un acuerdo con 28 poblados de la zona, sin embargo, diversos enfrentamientos se han originado por la falta de cumplimiento de los acuerdos suscritos.

El asunto expuesto en el punto de acuerdo en estudio, requiere de una atención integral, pues deriva de la problemática que en materia de ordenamiento de la propiedad enfrenta la región de la Selva Lacandona y reserva de la biosfera de Montes Azules.

En la región, existen 22 acciones agrarias anteriores a la realizada a favor de la comunidad zona lacandona que afectan a 17 poblados, y otras 47 acciones posteriores, que involucran a 31 poblados; en suma de manera conjunta, se afectan más de 100 mil hectáreas; el área natural por su parte, abarca 331,700 hectáreas; también existen en el lugar, pequeñas propiedades y terrenos nacionales con situación jurídica incierta. Se trata pues, de una situación jurídica-social compleja que requiere una atención integral a fin de evitar enfrentamientos por la disputa de la tierra.

Se debe sumar a la problemática ya descrita, que aproximadamente el 70 por ciento de los terrenos de la reserva de la biosfera de Montes Azules, se ubican en los bienes comunales de la Selva Lacandona.

La problemática de la comunidad lacandona y la reserva de la biosfera Montes Azules, es uno de los focos rojos con mayor grado de complejidad.

El asunto planteado en el punto de acuerdo en comento, trata de un problema complejo que no puede ser analizado desde la perspectiva particular del enfrentamiento descrito por el diputado autor de la misma; por ello, se considera, en primer término, aprobar el punto de acuerdo propuesto, y en segundo término, esta comisión deberá dar atender de manera integral la problemática en la región a efecto de buscar alternativas de solución y dar seguimiento a la atención brindada por las dependencias gubernamentales involucradas, presentando al Pleno para su aprobación el siguiente

III. Acuerdo

Primero. Se hace un exhorto al gobierno del estado de Chiapas para que tome las medidas necesarias a fin de evitar la posibilidad de nuevos enfrentamientos entre comunidades indígenas en el municipio de Ocosingo, derivadas del conflicto agrario por el decreto presidencial de 1972.

Segundo. Se solicita que las autoridades agrarias, estatales y federales, intervengan para delimitar en definitiva, con los documentos legales pertinentes, la propiedad agraria en esa zona y poner fin a un conflicto que tiene más de tres décadas, así como para detener el continuo despojo de que son objeto las comunidades lacandonas.

Tercero. Instamos a las autoridades federales y estatales para que informen a esta soberanía, dentro del ámbito de su competencia, sobre el estado jurídico que guarda el arraigo ordenado en contra del ciudadano Felipe Díaz López.

Cuarto. Exhortamos a los tres niveles de gobierno a sumar esfuerzos para dar una mayor atención a las necesidades económicas y sociales de los pueblos indígenas del estado de Chiapas, ya que éstas son las que originan los conflictos por la marginación y la pobreza. Es necesario atender el origen del problema.

Palacio Legislativo de San Lázaro, enero 17 de 2007.--- Diputados: Ramón Ceja Romero (rúbrica), presidente; Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Aguirre Alcalde (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), secretarios; Gerardo Aranda Orozco , Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete , José Luis Blanco Pajón , Leobardo Curiel Preciado , Martha Cecilia Díaz Gordillo , Ricardo Franco Cazarez , Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Pedro Landero López , Arely Madrid Tovilla, Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez , Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez , Alfredo Adolfo Ríos Camarena , José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Juan Victoria Alva (rúbrica), Félix Castellanos Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.

PROYECTO BURGOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo en relación con los programas y mejoras al medio ambiente, derivados del proyecto Burgos.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Proposición con punto de acuerdo, relacionado con los programas y las mejoras del ambiente derivados del proyecto Burgos, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del PVEM

Ana María Ramírez Cerda , diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita que se turne a la comisión correspondiente, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Cuenca de Burgos, la cual comprende una extensión total de 28 mil 960 km² distribuidos en 11 municipios de Tamaulipas (17 mil 160 km²), 10 en Nuevo León (10 mil 660 km²) y 7 en Coahuila (mil 200 km²), es el principal yacimiento de gas natural no asociado más importante de México, el cual aporta más de 1,380 miles de millones de metros cúbicos por día (de gas natural no asociado), representando alrededor del 80 por ciento de la producción nacional de dicho gas, y aproximadamente 25 por ciento de la producción total de gas a nivel nacional.¹

El Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2000-2012 incluye 5 proyectos de exploración y 16 de desarrollo, para que así se exploten diariamente más de 1,400 miles de millones de pies cúbicos en un periodo de 12 años. Asimismo, el Activo Integral Cuenca de Burgos 2007-2025 prevé inversiones por alrededor de varios miles de millones de dólares, con perforación y terminación de pozos exploratorios y de desarrollo, con el objeto de aumentar la producción a 2,000 miles de millones de pies cúbicos por día.

El proyecto en comento es de suma importancia para el país, toda vez que proporcionará a México las cantidades adecuadas del ya multicitado energético para satisfacer la demanda interna del mismo y, en su caso, llevar a cabo exportaciones.

Es conveniente mencionar que la explotación de la Cuenca de Burgos no sólo comprende a los yacimientos de gas no asociados, sino también se extiende a otros productos tales como el gas ligero y el gas condensado, e igualmente permitirá el aprovechamiento del agua subterránea.

Sin embargo, aun y cuando el proyecto de Cuenca de Burgos generaría beneficios económicos para el país, no debe perderse de vista que por mandato constitucional el Estado es quien ejerce la rectoría del desarrollo nacional para que éste sea integral y sustentable, para que así toda persona pueda contar con un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

En este sentido, es de todos conocido que el proyecto Cuenca de Burgos ha generado una alteración negativa de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, es decir, ese proyecto ha causado desequilibrios ecológicos por las obras o actividades que ahí se realizan.

Por tal motivo, Petróleos Mexicanos se comprometió a proporcionar recursos a los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas para que éstos instrumentaran políticas públicas de protección, restauración y mejoramiento del medio ambiente.

Se tiene conocimiento que para el ejercicio fiscal de 2006 se aprobaron recursos por alrededor de 80 millones de pesos para programas y mejoras ambientales para contrarrestar los impactos negativos que sobre el ambiente ha tenido y tiene el proyecto Cuenca de Burgos.

Es así como en la presente proposición con punto de acuerdo se exhorta a Petróleos Mexicanos a que entregue a las autoridades correspondientes de Nuevo León y Tamaulipas, de forma directa y en tiempo y forma, los recursos que correspondan al ejercicio fiscal de 2007 relacionados con los programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto Burgos, sin que entre dicha empresa paraestatal federal y los organismos mencionados exista algún instrumento jurídico alguno como el fideicomiso, entre otros, para que de esta forma los recursos sean entregados con celeridad y sean aplicados en beneficio del medio ambiente.

Asimismo, se exhorta a dicha empresa paraestatal federal a que remita a la Cámara de Diputados la documentación que contenga la información relativa a los recursos que fueron otorgados a los estados de Nuevo León y Tamaulipas en el ejercicio fiscal de 2006 para programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto Burgos.

Por lo expuesto, la legisladora que suscribe, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a Petróleos Mexicanos para que:

I. Entregue directamente, y en tiempo y forma, tanto a la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nuevo León como a la autoridad correspondiente de Tamaulipas, los recursos que correspondan al ejercicio fiscal de 2007 relacionados con los programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto Burgos, sin que entre dicha empresa paraestatal federal y las autoridades mencionadas exista algún instrumento jurídico alguno como el fideicomiso, entre otros, para que de esta forma los recursos sean entregados con celeridad y aplicados en beneficio del medio ambiente.

II. Entregue a esta soberanía la documentación que contenga la información relativa a los recursos que fueron otorgados en el ejercicio fiscal de 2006 tanto a la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nuevo León, así como a la autoridad correspondiente de Tamaulipas, recursos para programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto Burgos.

Nota:

1. La información que se presenta en este párrafo, así como en los subsecuentes, básicamente fue tomada de los documentos entregados por la Comisión Especial Región Cuenca de Burgos en enero de 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los seis días del mes de febrero del año dos mil siete.--- Diputada Ana María Ramírez Cerda (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Elizabeth Morales, del grupo parlamentario del PRI, a fin de presentar punto de acuerdo para que se liberen recursos del Fonden, a efecto de atender contingencias climáticas en el estado de Veracruz.

La diputada Elizabeth Morales García:Gracias, señor Presidente; buenas tardes. Compañeros diputados, les pido su apoyo a favor de la población que se está viendo afectada a causa de los desastres naturales, entre ellos Veracruz.

En oficios de fecha 10 y 15 de enero del año en curso, el gobierno del estado de Veracruz ha solicitado a la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación de Protección Civil, los recursos y la declaratoria de emergencia del Fondo de Desastres Naturales a efecto de ver por las necesidades inmediatas y urgentes de la población de 141 municipios que se han visto afectados por los frentes fríos números 30 y 31 que han azotado la región.

Los frentes fríos se extendieron del golfo de México al centro del estado de Veracruz. En esta temporada invernal, la Secretaría de Salud ha reportado 59 decesos en estados como Chihuahua, Sonora, Coahuila, Hidalgo, Puebla, Durango, Tlaxcala y Veracruz.

Los efectos de este tipo de fenómenos naturales han generado lamentablemente lesiones a la integridad física y a la salud de las personas. Ha también ocasionado irreparables pérdidas al patrimonio de las mismas, problemas en las comunicaciones y en los servicios básicos que se dan en esas comunidades.

En ese sentido, el gobierno del estado de Veracruz ha observado y cumplido los lineamientos en la materia. Asimismo, ha informado a la Secretaría de Gobernación que se ha rebasado la capacidad operativa y financiera del gobierno del estado, de los municipios afectados y del apoyo a través del DIF estatal, de los DIF municipales y de lo que ha hecho el propio gobierno.

Sin embargo, la Coordinación de Protección Civil, aun cuando cuenta con los elementos para la declaratoria de emergencia ésta, en las dos ocasiones y una tercera que se ha refrendado, la ha desechado, la ha negado, basándose simplemente en parámetros meteorológicos e hidrometeorológicos, y en lo que ellos llaman ``confusión en un término''.

La Comisión Nacional del Agua es la instancia técnica facultada para la corroboración de una declaratoria de emergencia hidrometeorológica a partir de septiembre del 2006, que cambiaron los lineamientos para la declaratoria de emergencia y desconoce fundamentalmente la teoría de desastres, en los que se interaccionan componentes como el peligro, la exposición y la vulnerabilidad que pone en riesgo a la población.

La Comisión Nacional del Agua solamente toma en cuenta uno de estos parámetros, que es el de peligro, pero deja a un lado el de exposición de la población y el de la vulnerabilidad de la misma ante estos fenómenos.

En la normatividad anterior --y reitero que se cambió en septiembre de 2006--, el criterio de autorización recaía sobre el Cenapred, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales, cuya instancia es investigadora en la protección civil en México y tiene las facultades, con conocimiento de causa y criterios basados en esos conocimientos, para determinar el riesgo al que está expuesta la población.

Compañeros legisladores, el objetivo de la declaratoria de emergencia es dar respuesta de manera inmediata a las necesidades urgentes de una población que está en riesgo su vida y la salud afectada por un fenómeno perturbador, pero con las modificaciones, se ha negado esta ayuda; además de que se ha alentado y burocratizado porque ahora dicen que son los días hábiles y no los días naturales, dejando fuera lo que sucede en sábados, en domingos y en días festivos.

El Fonden tiene mecanismos difíciles de funcionamiento. La burocracia es enorme. La lentitud para determinar una zona de emergencia es abismal y, además, los apoyos para quienes están esperando --como lo es en Veracruz en estos 141 municipios-- una ayuda, que está llegando del gobierno del estado, pero que ya es insuficiente y esperando el apoyo de este Fondo de Desastres Naturales, llegan meses después, años después y en ocasiones no llegan. Además, curiosamente, cuando sí llegan, han llegado cuando se celebran elecciones o previo a las elecciones.

En Veracruz y en otros estados de la república hay gente que se está muriendo, gente que ha perdido todas sus pertenencias y gente que está esperando una respuesta. Por ello nos permitimos someter ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de obvia o urgente resolución.

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal emita la declaratoria de desastre natural para los efectos de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales vigente, en virtud de los daños provocados por los frentes fríos en los municipios del estado de Veracruz.

Segundo. La Cámara de Diputados se pronuncia porque se modifiquen las reglas o lineamientos para la emisión de las declaratorias de emergencia para efectos de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales emitidas por la Secretaría de Gobernación y a favor de la gente que hoy necesita una ayuda. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de liberar recursos del Fonden para atender contingencias climáticas en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Adolfo Mota Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales por el estado de Veracruz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten formular ante este honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Considerandos

En diversos oficios de fechas 10 y 15 de enero del año en curso el gobierno del estado de Veracruz solicitó a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Coordinación General de Protección Civil, que emitiera declaración de emergencia y utilizara el fondo revolvente del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para salvaguardar las necesidades inmediatas y prioritarias de la población afectada en 141 municipios del estado. Lo anterior, resultado de los frentes fríos números 30 y 31 que azotaron a gran parte de la entidad.

Los frentes fríos se extendieron sobre el Golfo de México hasta el centro de Veracruz; generaron un drástico descenso de temperatura, nublados y lluvias muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país.

En esta temporada, la Secretaría de Salud ha reportado 59 casos de defunciones como consecuencia del frío. Del 18 de octubre a la fecha, 24 personas han muerto en el estado de Chihuahua, 14 en Sonora, 6 en Coahuila, 5 en Hidalgo, 4 en Puebla, 3 en Durango,2 en Tlaxcala y 1en Veracruz.

Los efectos de este tipo de fenómenos naturales han generado, lamentablemente, lesiones a la integridad física y salud de las personas, así como daños en ocasiones irreparables al patrimonio de éstas, también problemas de comunicaciones y en la prestación de servicios básicos que se brindan en los municipios afectados.

En este sentido, el gobierno de Veracruz ha observado y cumplido con los lineamientos y demás disposiciones aplicables. Asimismo, fue comunicado a la Secretaria de gobernación que se ha visto rebasada la capacidad operativa y financiera del Estado y de los municipios afectados, en virtud de la magnitud de los fenómenos naturales que nos ocupan.

Sin embargo, la Coordinación de Protección Civil, aun contando con los elementos necesarios para la emisión de la declaratoria de emergencia respectiva la ha negado; se ha basado exclusivamente en el reporte de parámetros meteorológicos emitidos por sus estaciones meteorológicas, lo que es limitado, pues no tienen la suficiente información y toman exclusivamente criterios de la Comisión Nacional del Agua (CNA), que no cuenta con los criterios sociales para decidir en la aplicación de estos recursos, considerando que anteriormente esta decisión recaía directamente en el Centro de Prevención de Desastres Naturales (Cenapred).

La CNA, instancia técnica facultada para la corroboración de una declaratoria de emergencia hidrometeorológica, no cuenta con los criterios para evaluar estas peticiones y desconoce el concepto fundamental de la teoría de desastres, el cual interacciona los componentes ``peligros, exposición y vulnerabilidad'', ingredientes que determinan el riesgo en la población, siendo éste un principio básico para evaluar cualquier situación de emergencia o desastre, ya que ellos únicamente cuentan con el componente de ``peligro'' que se traduce en el fenómeno perturbador que para este caso puede ser frente frío, surada, masa de aire gélida, etcétera. Por ello, al faltarles los otros dos componentes que serían la exposición de la población ante estos fenómenos y su vulnerabilidad para enfrentarlos, no pueden emitir un criterio final de autorización o negación de estas declaratorias.

En la normatividad anterior el criterio de autorización de declaratorias de emergencia recaía en el Cenapred, institución coyuntural en la investigación de la protección civil en México, situación que le daba a esta institución facultades con conocimiento de causa para tomar un criterio basado en el conocimiento del riesgo a que está expuesta la población del país.

Compañeros legisladores, el objetivo de la creación de la declaratoria de emergencia es dar respuesta de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección a la vida y salud de la población afectada por un fenómeno perturbador; con este cambio de reglas se ha alargado el tiempo de respuesta por parte de la federación a la petición de las entidades federativas, ya que las instancias técnicas únicamente analizan las solicitudes de emergencia en días hábiles, lo que burocratiza la respuesta inmediata de la emergencia si ésta se presenta durante un puente o fin de semana.

El Fonden tiene situaciones difíciles de funcionamiento. La burocracia es enorme. La lentitud para declarar zona de emergencia, de desastre o cualquier otra que la ley disponga, siempre es tardada y los apoyos llegan meses después, años después o, curiosamente, cuando se celebran elecciones, previas a la votación.

Por lo anterior, nos permitimos someter ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De obvia y urgente resolución.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que emita la declaratoria de desastre natural para los efectos de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, vigentes en virtud de los daños provocados por los frentes fríos recientes en los municipios del estado de Veracruz.

Segundo. La Cámara de Diputados se pronuncia porque se modifiquen las reglas o lineamientos para la emisión de las declaratorias de emergencia para efectos de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales emitidas por la Secretaría de Gobernación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 8 días del mes de febrero de 2007.--- Diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), Adolfo Mota Hernández .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Elizabeth Morales. Y como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa. Hay dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, secretaria. En consecuencia, está a discusión y está anotado el diputado Cuitláhuac Condado Escamilla, del grupo parlamentario del PRD. Tiene la palabra hasta por cinco minutos.

El diputado Cuitláhuac Condado Escamilla:Gracias, señor Presidente. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democráticase suma a la propuesta que hace el gobierno del estado de Veracruz, a través de la diputada que me antecedió.

Creemos que son lamentables algunas de las circunstancias que pasan en dependencias del gobierno federal. Vemos que el tortuoso trámite que se da para este tipo de eventos trágicos y que pasan, que suceden, que acontecen en un solo segundo, tenemos que hacer una serie de trámites que nos llevan a la desesperación de la población que en ese momento está vulnerada.

Decirles, compañeros, que básicamente quienes muchas de las veces pasan por estas circunstancias, son comunidades de menos recursos. Nosotros estamos y nos sumamos a esta proyección y le hacemos un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, de forma ágil, traslade los recursos que tanto necesitan estos ayuntamientos que han sido lastimados por los frentes fríos que han sucedido en estos meses que han pasado.

Gracias, señores; y esperemos votar todos en conjunto para que de esa forma demos celeridad y trámite a este documento, que tanta falta nos hace. Por ello, reitero que el Partido de la Revolución Democrática se suma a esta proyección. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Condado Escamilla. Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, desde su curul. Sonido en la curul del diputado José Manuel del Río Virgen.

El diputado José Manuel del Río Virgen(desde la curul): Señor Presidente, Convergencia quiere solicitar el voto de todas las compañeras y los compañeros diputados para que rápidamente la Secretaría de Gobernaciónatienda la problemática en nuestro estado de Veracruz.

Nosotros nos sumamos a esta petición que ha hecho la diputada Morales y que ha apoyado el compañero del Partido de la Revolución Democrática, porque verdaderamente tenemos urgencia en el estado de Veracruz.

En otros partidos que hay diputados del estado de Veracruz seguramente van a convencer a sus compañeros para que voten por esta propuesta que ya se ha puesto. Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Del Río Virgen. Tiene la palabra el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del grupo parlamentario del PRD. Comunico que están anotados también el diputado Elizondo, el diputado Mota y el diputado Castro de la Rosa.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera:Con su venia, señor Presidente. Reiteramos lo que mi compañero ha venido a plasmar y a expresar aquí: el Partido de la Revolución Democráticaconsidera sumamente importante este punto de acuerdo que en esta ocasión se refiere al estado de Veracruz.

Y hay dentro del punto de acuerdo un tema que resulta toral y fundamental: la solicitud de regresar a los esquemas de apoyo inmediato que desde 1985 las personas que tuvimos la desgracia de vivir uno de los percances más graves de la historia de nuestro país impulsamos, un sistema de respuesta inmediata en apoyo a la comunidad.

Nos parece importante resaltar que con el dolor, que con la necesidad de la población en situación de emergencia no se debe de privilegiar la burocracia y los procedimientos burocráticos; se debe de facilitar la entrega y el apoyo del material y los recursos que se requieren en el lugar de los hechos.

A lo largo de estos cuatro meses hemos escuchado en diferentes ocasiones solicitudes de declaratorias de estado de desastre y en todos los casos hemos escuchado el pedimento de nuestros compañeros y compañeras, para buscar las fórmulas y la manera de agilizar la entrega de recursos a quienes los necesitan.

Es menester ser fuerte en esta solicitud y exhortar a las autoridades a que se busquen esos mecanismos que ya en el pasado fueron utilizados y que resultaron convenientes, tanto para el manejo de los recursos, el manejo transparente de los mismos y la entrega oportuna de ese apoyo que tanto requieren en esta ocasión los habitantes del estado de Veracruz; pero seguramente con el cambio climático existente, tendremos la necesidad de acudir nuevamente a esta tribuna, para solicitar las declaratorias de desastre en algunas otras entidades del país.

Por este motivo pedimos y apoyamos este exhorto a que se modifiquen los esquemas de apoyo que hasta el momento están operando desde la Secretaría de Gobernación federal. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Suárez del Real. Tiene la palabra el diputado Francisco Elizondo Garrido, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.

El diputado Francisco Elizondo Garrido:Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: en esta ocasión hago uso de esta tribuna para manifestar el apoyo de mi grupo parlamentario, el del Partido Verde Ecologista de México, en apoyo del punto de acuerdo presentado por la diputada Elizabeth Morales.

Sin duda, la actual temporada invernal ha traído a la población de diversas entidades del país graves daños, desde las bajas temperaturas hasta las torrenciales lluvias han provocado no sólo afectaciones en la infraestructura de los estados y municipios afectados, sino que además han causado menoscabo a la salud y posesiones de sus habitantes.

El gobierno del estado de Veracruz se ha visto rebasado por los fenómenos meteorológicos, por lo que en dos ocasiones ha solicitado al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y su Coordinación General de Protección Civil, emitiera la declaración de emergencia correspondiente, a fin de apoyar de manera pronta y cabal la integridad física de los veracruzanos afectados. Al igual que los compañeros diputados promoventes, también nosotros consideramos que los actuales mecanismos e instrumentos legales e institucionales hacen que el Fonden sea poco efectivo, por lo que no cumple con sus fines, por lo que es necesario que sea revisada la normatividad aplicable a fin de que la ayuda llegue de manera pronta a los lugares que la requieren.

Por ello, los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía apoyamos en todos y cada uno de sus términos el presente punto de acuerdo y los exhortamos a todas y a todos ustedes a apoyarlo, a fin de que sean atendidas las necesidades de los pobladores de los municipios afectados por la actual temporada invernal. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Elizondo. Tiene la palabra el diputado Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Adolfo Mota Hernández:Gracias, señor Presidente. Solamente para subrayar, en nombre del grupo parlamentario del PRI, la posición de solicitar el apoyo de todos los grupos parlamentarios para el estado de Veracruz, subrayando que el día 10 y 15 de enero, como es del conocimiento público, por conducto de las áreas adecuadas, solicitó el estado necesidades prioritarias para 141 municipios y que, en ese sentido, nosotros vemos que las reglas que estaban funcionando con el Centro de Prevención de Desastres Naturales, en temas de fenómenos hidrometeorológicos, la Comisión Nacional del Aguapudiera ser, tiene algunas deficiencias en tanto a los criterios que tiene para fijar el desastre.

Por lo mismo, consideramos que las reglas que estaban en operación eran más puntuales y de respuesta inmediata, funcionan mejor y dan mayor sustancia a las necesidades que requiere el estado de Veracruz en este momento.

Por eso solicitamos también que los términos de ``días hábiles'' y ``días naturales'' sean revisados. Creemos que no tiene mayor polémica, solamente el exhorto, rogarles que nos apoyen en esta solicitud.

Por la mañana hicimos entrega de este documento al señor presidente de la República y al secretario de Gobernación, refiriendo el término y la connotación de ``fenómenos típicos'' y ``atípicos'', que en términos hidrometeorológicos pareciera que ahí estuviera la fundamentación. Y creemos conveniente que con la aprobación de este punto de acuerdo pudieran liberarse los recursos que está demandando la sociedad.

Estamos aquí a solicitud de cientos de miles de pobladores que se han visto afectados en sus cosechas, en sus viviendas por este fenómeno hidrometereológico que nos pegó a principio de año. Por su atención, muchas gracias; y por su voto, también.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mota. Tiene la palabra el diputado Osiel Castro de la Rosa, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Osiel Castro de la Rosa:Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados: con beneplácito el grupo parlamentario de Acción Nacional ve el punto de acuerdo que somete a consideración la compañera diputada Elizabeth Morales.

Y sí es importante también destacar que tenemos especial interés en que, efectivamente, se redoblen los esfuerzos para que esos recursos lleguen a quien verdaderamente los necesita. Por ello solicitamos que también la Secretaría de Gobernación, en esa revisión a la que exhortan los compañeros de los grupos parlamentarios que me antecedieron, también pusiéramos a consideración que el recurso llegue directamente a los municipios para que el federalismo se dé a 100 por ciento y, en consecuencia, dentro de la agilidad que está demandando el grupo parlamentario de Acción Nacional también para este tema, que llegue el recurso directamente a los municipios.

Ésa es nuestra petición y nuestro exhorto también para la Secretaría de Gobernación, sumándonos de todos modos y en todo momento al punto de acuerdo que hace nuestra compañera Elizabeth y los compañeros que me antecedieron. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Castro. Tiene la palabra la diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes, del grupo parlamentario del PAN.

La diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes:Con su permiso, señor Presidente. Como diputada emanada del Partido Acción Nacional, de Veracruz, Veracruz, quiero manifestarme a favor del punto de acuerdo que presenta la compañera diputada, siempre y cuando este recurso llegue a todos los municipios y que no se vea con tintes partidistas. Esto es, que no llegue sólo a los municipios afines al partido del señor gobernador. Además, que no se utilicen para manejar la imagen del señor gobernador Fidel Herrera. Quisiera por favor que se tome en cuenta esto; y por supuesto, nos manifestamos a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Victoria Lagunes. Sonido a la curul del diputado Pablo Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Gracias, señor Presidente. En nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajonos sumamos a este punto de acuerdo. Creemos fundamental e importante que el contenido de los dos elementos que se marcan en este punto de acuerdo se cumplan a cabalidad.

El segundo es de suma importancia porque lo que está buscando es acabar con la burocracia, y el tiempo que muchas ocasiones pasa de meses y a veces se da hasta en años, para que puedan llegar los recursos a los estados. Por eso, el Partido del Trabajo está de acuerdo en que pueda cumplirse a cabalidad lo que nos acaba de proponer la compañera Elizabeth Morales. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

V PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo para que las diputadas y diputados de la LX Legislatura participen en las actividades que se realicen dentro del marco del V Parlamento de las Niñas y los Niños de México, suscrita también por la diputada María Esperanza Morelos Borja.

El diputado Alberto Esteva Salinas:Con el permiso del ciudadano diputado Presidente de la Mesa Directiva y de los integrantes de la misma. Durante poco más de 60 días, la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, a través de dos comisiones, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y la Comisión de Participación Ciudadana, ha venido trabajando con distintas instituciones y organismos como el Instituto Federal Electoral, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanosy el Unicef.

Esta tarea que se ha venido desarrollando es con el propósito de elaborar la convocatoria para el quinto parlamento infantil, donde las niñas y los niños de México tendrán oportunidad, en esta nueva edición del quinto parlamento, de acudir y sentarse en los lugares que ustedes ocupan, subir y expresarse a través de esta máxima tribuna del país para exponer los temas que le preocupan a la infancia de México en cada una de sus comunidades.

El documento de la convocatoria ha sido firmado ya por el diputado Jorge Zermeño en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores ha designado también a la presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, al senador Guillermo Torralba, que es el titular de esta comisión, para que se integre la comisión bicamaral.

Y el día de hoy queremos poner a consideración de esta Asamblea el punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que contempla la posibilidad de sumar el esfuerzo de los legisladores y las legisladoras, primero, para hacer del conocimiento del pueblo de México que se va a llevar a cabo este quinto parlamento infantil.

Segundo. Para que a través de su representación, tanto los diputados y las diputadas, tanto en la vía de mayoría como de representación proporcional, gestionen ante autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y de las distintas municipalidades del país, la posibilidad que se patrocine el transporte terrestre y aéreo de los 300 niños y niñas que serán electos para participar en este quinto parlamento infantil.

Durante una semana van a estar en estas instalaciones de la Cámara de Diputados y la petición es que todos y cada uno de nosotros nos involucremos en los trabajos de este quinto parlamento, pero también las autoridades electas de todo el país conozcan la trascendencia de venir aquí a este recinto a exponer los temas torales para la infancia, que la infancia se haga escuchar.

La modalidad en este quinto parlamento es que se ha considerado la posibilidad de que se incorporen en el desarrollo del mismo los principios y valores no solamente democráticos, sino los principios y valores universales. Si la sociedad mexicana está en crisis, es justamente porque no hay principios y valores porque hoy los niños son educados a través de Internet, a través de la televisión y a través de otros actores que no son propiamente los que integran la familia mexicana.

Por eso es importante que los representantes de la nación estén pendientes del desarrollo de este quinto parlamento infantil y que ayuden a que esto se difunda, pero que también las autoridades en las entidades federativas se sumen.

Por esta razón, queremos que las niñas y los niños de México tengan este derecho que es incuestionable de estar informados, prepararse en la toma de decisiones futuras y, a su vez, todas las instituciones públicas deben respetar esta prerrogativa, además de crear en los estudiantes un sentido de pertenencia a su comunidad, a fin de que asimilen los principios de diálogo, participación, horizontalidad, comunicación, justicia, equidad, tolerancia, honestidad, respeto, libertad, compromiso, conocimiento y respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocimiento y respeto a las diferentes culturas y formas de gobierno en el interior y más allá de nuestros límites geopolíticos.

Ellos vienen a hacerse escuchar y nosotros estamos en la obligación ante el pueblo de México de actuar en consecuencia. Los que vienen a recibir una lección no son los niños de México; son las mexicanas y los mexicanos que estarán atentos de esta celebración del quinto parlamento.

Solicito a la Mesa Directiva se le haga llegar a todos los diputados integrantes de esta LX Legislatura la convocatoria y los lineamientos para este quinto parlamento infantil y sea considerado como un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, para que los diputados de la LX Legislatura participen y se incorporen en sus distritos o circunscripciones a las actividades que se realicen en el marco del V Parlamento de las Niñas y los Niños de México, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado federal Alberto Esteva Salinas , integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Parlamento de las Niñas y los Niños de México contribuye a que la niñez mexicana se exprese libremente y sea tomada en cuenta a través de una experiencia de participación democrática que favorezca la promoción, la defensa y el ejercicio pleno de sus derechos.

Dicho parlamento se fundamenta en los puntos de acuerdo aprobados por las Cámaras de Diputados y de Senadores de la LVIII Legislatura del 30 de abril de 2002, donde se estableció su realización con una periodicidad anual y como sede en forma alterna cada una de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión.

En este año, el V Parlamento de las Niñas y los Niños de México tendrá como sede la Cámara de Diputados y se celebrará del 27 de mayo al 2 de junio, coordinadamente a través de las Cámaras de Senadores y de Diputados que componen el Congreso de la Unión, a través de las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Participación Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

En el V Parlamento de las Niñas y los Niños de México, alumnos de quinto año de primaria podrán participar en un concurso que se realizará en cada uno de los 300 distritos electorales federales, para que así se pueda determinar quién viene a representar cada uno de ellos a la Ciudad de México, y exponer y debatir temas que en su comunidad sean de interés, para que la niñez mexicana se haga escuchar.

Es de vital importancia construir en la niñez mexicana un espíritu democrático y fomentarles un conocimiento de sus libertades, derechos y obligaciones, con la finalidad de que expresen libremente sus inquietudes y que favorezca la promoción, la defensa y el ejercicio pleno de sus derechos.

El parlamento busca la construcción y el fortalecimiento de una cultura democrática que propicie el desarrollo de una ciudadanía más participativa, capaz de poner en práctica los valores de la democracia, el respeto y la tolerancia para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de sus comunidades.

Las niñas y los niños de México tienen el derecho incuestionable de estar informados y prepararse en la toma de decisiones futuras. A su vez, toda institución pública debe respetar esa prerrogativa, además de crear en los estudiantes un sentido de pertenencia a su comunidad, a fin de que asimilen los principios de diálogo, participación, horizontalidad, comunicación, justicia, equidad, tolerancia, honestidad, respeto, libertad, compromiso, responsabilidad ciudadana, identidad nacional, respeto de los símbolos patrios, conocimiento y respeto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocimiento y respeto de las diferentes culturas y formas de gobierno en nuestros límites geopolíticos y más allá de ellos.

Todo ejercicio que promueva y fortalezca los valores universales, así como los democráticos desde la escuela, reflejará mayor participación ciudadana, más informada y responsable en los espacios familiares, escolares, laborales y comunitarios.

Por esto, como representantes de la nación, estamos comprometidos con la sociedad, y aún más con la niñez mexicana, tenemos la obligación de brindar una buena estancia a las niñas y a los niños que nos visitarán en este recinto legislativo, además de otorgarles todas las facilidades para que realicen adecuadamente sus actividades. No es una tarea menor porque en la medida en que cada legislador invierta en actividades de esa índole, mayores serán su acercamiento, conocimiento, compromiso y consolidación con el distrito electoral que representa.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, y para que sea considerado de urgente y obvia resolución, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que todos y cada uno de los 500 diputados que integramos la LX Legislatura nos comprometamos a participar, acompañar e incorporarnos a las actividades que las niñas y los niños de nuestro distrito electoral uninominal, así como de las circunscripciones a que pertenezcan los diputados que accedieron a la legislatura por la vía de representación proporcional correspondiente, se realicen en el marco del V Parlamento de las Niñas y Niños de México, por celebrarse del 27 de mayo al 2 de junio de 2007.

Segundo. Difundir la convocatoria, la misión, la visión, los objetivos generales, los objetivos específicos y los lineamientos para el desarrollo del V Parlamento ante las autoridades locales, así como ante medios de comunicación regionales.

Tercero. Apoyar la gestión ante gobiernos locales, tanto estatales como municipales, para solventar con gastos de traslado vía aérea o terrestre, así como uniformes de los infantes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.--- Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alberto Esteva Salinas. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urge u obvia resolución la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente: hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame. La diputada Yolanda Rodríguez, del PRI, tiene la palabra.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez:Con el permiso de la Presidencia. Hemos escuchado con atención a nuestro compañero legislador respecto a la importancia de la participación de las y los legisladores en los trabajos que se realicen respecto al V Parlamento de las Niñas y los Niños.

Las y los legisladores priístas consideramos de suma importancia la incorporación de las niñas y los niños en el acontecer nacional ya que es imperativo generar una cultura cívica y de participación de las niñas y de los niños en la vida pública; porque ellos serán quienes, en un futuro no muy lejano, tomen las decisiones respecto al rumbo que debe tener este país.

El Parlamento de las Niñas y los Niños es un mecanismo de interlocución sumamente importante entre la niñez mexicana y las Cámaras de Diputados y de Senadores; por ello debemos mantenerlo, mejorarlo, brindarle todo el apoyo.

A lo largo de estos cinco años que lleva de realización este Parlamento hemos visto brillantes participaciones de niñas y niños que ahora son adolescentes muy participativos en la vida pública; y no dudo que alguno o algunos de ellos o de ellas sean el día de mañana legisladores electos constitucionalmente de este país.

Todas y todos sabemos que la realización del Parlamento de las Niñas y los Niños está a cargo de las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Participación Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.

Sin embargo, esto no nos exime de poder participar, brindando el apoyo necesario a las niñas y a los niños para que pese a sus condiciones sociales y económicas --sobre todo de los que no tienen facilidades-- puedan participar en la quinta edición del parlamento.

Por lo anterior, se vuelve imperativa nuestra participación, de los 300 diputados y diputadas que fueron electos por los distritos electorales, así como de los diputados y diputadas que fuimos electos por las circunscripciones plurinominales, para que las voces de todos los niños y niñas de todos los grupos sociales en este país sean escuchadas y que nos comprometamos a traducir en hechos sus demandas.

Por eso no podemos mantenernos ajenos o ajenas o indolentes ante estas legítimas demandas de la niñez de México, porque es a ellos a quienes les vamos a heredar nuestro país; y las y los legisladores estamos obligados a entregarles un país mejor.

Por ello convoco a todos y todas mis compañeros diputados y diputadas que nos encontramos en este recinto y los que andan en trabajo de Comisión, para que apoyemos el punto de acuerdo del diputado Alberto Esteva Salinas , presentado, y nos incorporemos en nuestros distritos y circunscripciones a las actividades que se realicen en el marco del V Parlamento de las Niñas y los Niños.

Tenemos una responsabilidad ineludible con la sociedad mexicana y muy particularmente con las niñas y los niños. Éste es un buen momento para mostrar nuestro compromiso y no debemos dejarlo pasar. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Rodríguez. Tiene la palabra el diputado Pablo Arreola, del grupo parlamentario del PT, desde la curul. Sonido a la curul del diputado Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Gracias, señor Presidente. A favor de este punto de acuerdo, pero quiero llamar la atención de todas las compañeras y compañeros diputados.

Este asunto no es menor: debemos tomar con mucha responsabilidad la votación que vamos a emitir en unos momentos más porque en el transcurso de los cuatro parlamentos anteriores de las niñas y los niños de México hemos estado construyendo la cultura democrática de nuestro país.

Debemos asumir todos y cada uno de nosotros este próximo parlamento, el quinto, que se va a desarrollar del 27 de mayo al 2 de junio en cada uno de nuestros distritos y las circunscripciones, la responsabilidad no únicamente de invitar; debemos de participar y estar atentos al desarrollo de las actividades de este quinto parlamento. De ahí la importancia y me sumo a la iniciativa del compañero Alberto Esteva.

Y haría la siguiente propuesta, compañero diputado. Hacer una invitación especial después de aprobar el punto de acuerdo, para cada uno de las diputadas y diputados, haciéndoles ver la necesidad de que debemos de estar al pendiente del desarrollo de este quinto parlamento. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. Tiene la palabra el diputado Fernando Moctezuma Pereda, del PRI.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda:Con su permiso, diputado Presidente. Este punto de acuerdo que ha sometido nuestro compañero diputado Alberto Esteva es de enorme relevancia ya que es un compromiso de todos los legisladores fortalecer la cultura democrática de la niñez mexicana y si bien es cierto en los últimos años hemos escuchado el deterioro de la imagen de los legisladores, está en las nuevas generaciones ir cultivando que la democracia también tiene fortalezas y una de ellas es la cultura de los pequeños.

Quienes somos integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables felicitamos el punto de acuerdo que emiten el día de hoy, ya que es una comisión que trabaja en conjunto y que ha celebrado diversas reuniones --sin temor a equivocarme-- más de 15 reuniones para poder organizar un evento tan importante como éste, en donde muchas horas se han reunido funcionarios, directivos de las diferentes dependencias para poder contribuir a este ejercicio parlamentario tan importante.

Grande va a ser la sorpresa de todos quienes somos legisladores por escuchar a los niños de México que en forma democrática serán electos para participar en este evento, y grande será la sorpresa al saber que habrán niños y niñas del país que ocuparán la tribuna con más dignidad que la de muchos diputados que se encuentran en esta legislatura, porque nos darán ejemplo de lo que es la imagen, la solicitud de lo que piensan los niños de los valores que debemos de tener los mexicanos y quizá legisladores actuales, ni valores ni imagen tienen.

Por eso será mucho muy importante --como dice el punto de acuerdo-- que participen todos estando presentes, que cada uno se da cuenta de los 300 niños que van a participar; de qué manera van a llegar incluso a ser atendidos, porque hay que atenderlos como se merecen; van a ser electos democráticamente; van a participar todas las instituciones públicas y privadas del país, para poder enviar a sus representantes a este parlamento.

Y si queremos llevarnos una lección de lo que es participar en una legislatura, valdrá la pena aprender de los niños mexicanos que estarán ese día con nosotros. Pido a todos que nos sumemos a esta solicitud respetuosa de nuestro compañero diputado y apoyemos estar presentes, cuando menos los 300 diputados electos que venimos aquí y por supuesto que sería una enorme garantía contar con los 500 legisladores. Estoy plenamente seguro de que nos llevaremos una enorme lección. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Fernando Moctezuma. Tiene la palabra la diputada Esperanza Morelos Borja, del PAN.

La diputada María Esperanza Morelos Borja:Señor Presidente, gracias. Compañeras y compañeros diputados: hablar del Parlamento de las Niñas y los Niños de México es hablar de democracia, es hablar del interés que tenemos los diputados y diputadas de esta legislatura por involucrar a los niños y a las niñas en la realidad mexicana. En mostrarles lo que es la Cámara de Diputados y abrirles las puertas para que puedan participar. Es darles un protagonismo en la vida del país; es reconocer su capacidad de enseñarnos, porque probablemente nos pueden enseñar mucho.

Todavía ayer oímos cuando un diputado aquí, en tribuna, a otro diputado le dijo ``vendepatrias''. ¿Qué ejemplo podemos dar las y los diputado aquí, si así nos tratamos? Ellos están molestos, ellos están enojados. Las niñas y los niños se quieren hacer oír; y este parlamento es el lugar ideal y adecuado para hacerlo.

El Parlamento de las Niñas y los Niños ha venido creciendo. ¿Ustedes saben cuántas escuelas primarias tiene la República Mexicana? Alrededor de 100 mil, y la Secretaría de Educación envía a todas la convocatoria. Y en las escuelas más lejanas de México, los niños y las niñas empiezan a participar, a competir, pero con reglas claras porque el IFE es el que cuida. ¿Y saben? Hemos tenido algunos elementos que nos informan que los niños han tenido conductas que los adultos tenemos.

Por eso tenemos que informarles que la democracia se construye --en la vida pública y en la familia-- y que tienen derechos; derechos que pueden exigir y que también tendrá obligaciones, obligaciones que tendrán que cumplir.

Por ello, las comisiones encargadas, que son la de Participación Ciudadana y la de Atención a Grupos Vulnerables, estamos convencidas y convencidos de la necesidad de que los diputados y las diputadas se involucren, porque a veces uno opina sin conocimiento.

Ha ido aumentando cada vez más el número de niñas y de niños que participan. De hecho, un dato especial; ¿saben cuál es? Últimamente la proporción es 70 por ciento niñas, 30 por ciento niños. Queremos que participen niños indígenas, niños y niñas con discapacidad, que toda la pluralidad que hay en México se vea representada; que dialoguen y que se expresen. Por ello venimos y firmamos conjuntamente las dos comisiones para decirles: este evento es de los más reconocidos, de los más respetados que hace la Cámara de Diputados.

Es una oportunidad para que ellos nos hablen de cómo nos ven, es una oportunidad para escucharlos, pero más que nada, es para consolidar la democracia en México, para que ellos sepan que van a ser y serán los protagonistas futuros del parlamento aquí, en México, para ayudarles y que vean que pueden convivir en la pluralidad, en la tolerancia, en el respeto.

Por ello, compañeros y compañeras, les solicito que voten a favor, no por lo que implique del tiempo de ustedes o el recurso por apoyarnos, sino por lo que podemos aprender de los y las niñas de México. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Morelos Borja. Tiene la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas, desde la curul.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas(desde la curul): Para manifestar que los diputados de Nueva Alianza con mucho gusto sumamos nuestro voto en pro de la proposición que se ha presentado.

Cuando pensamos en democracia y participación, tendemos a pensar únicamente en los adultos y se nos olvida a veces que los niños y niñas son también ciudadanos en formación, que si bien no tienen voto, tienen voz, pues son los ciudadanos del futuro, son por sí el futuro de México.

Este proceso de formación del Parlamento de las Niñas y los Niños de México es un ejercicio de singular importancia para la educación cívica y por ello confiamos en que la participación e involucramiento de los 500 miembros de esta Cámara ayude a presionar una dinámica del más amplio involucramiento y participación de todas las escuelas en todas las entidades federativas, tanto de los medios urbanos, suburbanos, como rurales del país. Por ello, por la importancia que tiene lo que aquí los compañeros que me precedieron en la palabra han expresado, votaremos a favor de la proposición.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jacinto Gómez Pasillas. Tiene la palabra el diputado Othón Cuevas Córdova, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Othón Cuevas Córdova:Compañeros y compañeras diputados, diputadas: en septiembre de 1989, nuestro país participó en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña, celebrada en la ciudad de Chantilly, Francia; firmó el compromiso de elevar a rango de ley los derechos del niño y de la niña.

Tuvieron que pasar 10 años y más todavía para que en nuestro país existiera una ley de infancia. Y es el momento en el que todavía casi la mitad de los estados de la República no tienen leyes de protección a la infancia; más aún, la misma ley federal, así como las leyes de carácter estatal no cumplen cabalmente con elevar a rango constitucional los derechos del niño y de la niña, pues no basta que únicamente se enuncie en las leyes a qué tienen derecho los niños y las niñas.

Si revisamos la Ley Federal de Protección a la Infancia, nos daremos cuenta de que esta ley no compromete presupuesto para atender a los niños y a las niñas y no pasa absolutamente nada cuando a un niño, por ejemplo, se le niega el derecho a la educación, se le niega el derecho a la alimentación.

Celebramos por supuesto este quinto parlamento y nos sumamos al punto de acuerdo expuesto aquí por el compañero diputado Alberto Esteva, pero hacemos, compañeros, un enérgico llamado para que los derechos de la infancia contemplados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña --los cuales nuestro gobierno se comprometió a elevar a rango constitucional-- para que, en efecto, se cumplan cabalmente tanto en el ámbito federal como en los distintos estados de la república.

Aquí tendremos, compañeros, la voz de los niños y de las niñas de todo el país. Quiero hacer un especial llamado, compañeros y compañeras, para que escuchemos muy atentos la voz de los niños indígenas porque justamente allí es donde estos derechos que solamente se enuncian, simple y sencillamente no se han cumplido. Nos sumamos por supuesto al punto de acuerdo expuesto por el compañero Alberto Esteva pero hacemos un enérgico llamado para que los derechos del niño y de la niña sean ley y que se cumplan. Muchas gracias, compañero Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Othón Cuevas. Tiene la palabra, desde la curul, el diputado Mario Enrique del Toro.

El diputado Mario Enrique del Toro(desde la curul): Gracias, Presidente. Considero que es muy importante que este tipo de congresos infantiles pase solamente de ser buenas intenciones y que tengamos resultados tangibles, concretos.

Quisiera exhortar para que diéramos un obsequio a los legisladores infantiles para que tengamos una reforma a la Ley en la cual se sancione penalmente, una pena corporal, a aquellos padres y a aquellos profesores que todavía golpean a los niños.

Esto es común que ocurra todavía en nuestro país como una forma de educar a los niños. Sé que es un tema muy difícil, pero que es uno en el que podemos ayudar a que de alguna u otra forma se garantice que nuestros hijos, que nuestros niños, no sean golpeados y que se tenga una sanción muy específica para padres de familia y para profesores que lo hagan y que Servicios Parlamentarios de esta Cámara nos ayuden a hacer la propuesta de esta reforma --en su caso-- si hay el consenso para que se haga. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Del Toro. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ahora consulte si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : Aprobada; comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Y difúndase en los medios de comunicación la convocatoria con la mayor amplitud.

COMISION ESPECIAL ANTIMONOPOLIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la tribuna el diputado Joaquín Humberto Vela González, del grupo parlamentario del PT, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Políticaa fin de que dictamine el punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial Antimonopolio.

El diputado Joaquín Humberto Vela González:Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: efectivamente, vengo a esta tribuna para exhortar a la Junta de Coordinación Políticapara que desahogue algunos de la enorme cantidad de puntos de acuerdo; de muchos de ellos ustedes han dicho que no se acordaban. En este caso específico, es una atribución de la Junta de Coordinación Política. Voy a dar lectura a este punto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a dictaminar el punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial antimonopolio.

El que suscribe, diputado federal Joaquín Humberto Vela González , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Señoras y señores diputados, es importante replantear la política legislativa que hasta ahora ha seguido esta honorable Cámara de Diputados. En tal sentido, habrá que establecer cuáles son las prioridades legislativas en función de las necesidades, problemas y expectativas de nuestros ciudadanos. Ello implica que debemos ser sensibles al sentimiento nacional, estableciendo y fortaleciendo las normas e instituciones necesarias para el efectivo cumplimiento de nuestro marco constitucional.

Pasar inadvertida dicha problemática implica un acto de indiferencia por parte del Poder Legislativo hacia el sufrimiento de nuestra sociedad. Para el caso, tenemos como ejemplo el incremento del precio de la tortilla, producto del acaparamiento y especulación de un grupo controlador, situación que se une al problema del control oligopólico de los medicamentos, financiero y de las telecomunicaciones, por unas cuantas empresas. Creo, compañeras y compañeros legisladores, que esto amerita una autocrítica, en el sentido de que debemos pasar de una política legislativa de apagafuegos, a una política legislativa proactiva, eficiente y eficaz.

La pregunta al respecto sería, si no es importante establecer una comisión especial antimonopólica, que fomente la competencia en el mercado y evite la especulación y el acaparamiento que afectan la salud y el bienestar nacional. Entonces, cuál o qué es lo importante para nuestra actual política legislativa, cuál es la prioridad legislativa de no ser la alimentación, la salud y el bienestar de los ciudadanos.

Podríamos repetir y plantear nuevos datos adicionales a los que ya se mencionaron en el punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial Antimonopolios y sus efectos nocivos para la sociedad, a la cual se encuentran atentos los ciudadanos y los medios de comunicación. Sin embargo, creemos que la realidad habla por sí misma.

Es importante que los criterios por los cuales se aprueben las comisiones especiales trasciendan el ámbito puramente político-proporcional, basado en el número de legisladores por grupo parlamentario, anteponiendo los criterios urgentes y prioritarios para la economía nacional, máxime cuando nuestra economía se encuentra secuestrada por los grandes intereses monopolios y oligopolios que lucran con las necesidades de nuestro pueblo.

Con la aprobación o no de esta comisión especial veremos a quién responden los intereses de esta honorable Cámara de Diputados, si a la soberanía nacional o a los intereses facciosos de los monopolios.

Por nuestra parte, nos resistimos a creer que la falta de dictamen del punto de acuerdo para crear la Comisión Especial Antimonopolios se deba a que los intereses particulares de los poderes fácticos han terminado por minar y prevalecer sobre el interés social de esta honorable Cámara de Diputados.

Por el contrario, soy un ferviente creyente en la honestidad y el trabajo legislativo de todas y todos mis compañeros legisladores, creemos que la Cámara de Diputados se guía y se orienta por el interés nacional, velando por el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos.

En tal sentido, estamos ciertos de que la Junta de Coordinación Política, siendo sensible a la gran cantidad de problemas que aquejan a la economía y a sociedad en su conjunto y que requieren un trato legislativo particular, resolverá en lo inmediato para este caso, al igual que para algunas otras propuestas de comisiones especiales presentadas por nuestros colegas y amigos legisladores, que a la fecha no han sido dictaminadas, y que también son de vital importancia.

Es por lo anterior que proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. En consideración a la grave problemática que aqueja a nuestra sociedad, propiciada por el incremento especulativo en los precios de la tortilla, medicamentos, comunicaciones y servicios financieros, esta honorable Cámara de Diputados exhorta a la Junta de Coordinación Política a dictaminar el punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial Antimonopolios, presentada el 23 de diciembre de 2006 por el diputado Joaquín Vela González, en el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados.

Diputados: Ricardo Cantú Garza , Joaquín Humberto Vela González (rúbricas).»

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Joaquín Humberto Vela. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

LIBERTAD DE EXPRESION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la palabra a la diputada Aída Marina Arvizu Rivas , del grupo parlamentario del Partido Alternativa, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de Gobernación a fin de que informe sobre los mecanismos para garantizar los derechos de la libertad de expresión de los partidos políticos.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas:Con su permiso, señora Presidenta. Había preparado una intervención antes de la concesión que ayer nos hiciera elsecretario de Gobernación, que en aras de la democracia concede las libertades públicas, aunque viole la Constitución.

Pensé en cambiar mi intervención pero en realidad creo que ésta se sostiene punto por punto. Y es que lo que está en juego es la existencia de una sociedad de derechos que pretenden someter a los caprichos y a la arbitrariedad de la secretaría.

Se atribuye a Voltaire, uno de los líderes intelectuales de la ilustración francesa, el poderoso movimiento cultural que desbarató el oscurantismo religioso y la tiranía política, aquella frase famosa a fuerza de repetirse: ``No estoy de acuerdo con una sola palabra de lo que usted dice, pero daría mi vida por su derecho a decirla''. Nada más preciso para hoy que esta frase porque, en efecto, ni yo ni mi partido, Alternativa, coincidimos con las acciones del señor Andrés Manuel López Obrador.

Por el Partido de la Revolución Democrática tenemos el mismo respeto que por todos los demás partidos representados en esta Cámara.

Quizá con el PRD compartimos más intensamente que con otros el ideal de la igualdad social y las causas de los más pobres.

Jamás he estado de acuerdo con la línea de constituir un gobierno y un presidente legítimos por oposición al presidente constitucional, más allá de las dudas y sospechas que dejó a un sector importante de la ciudadanía la última elección presidencial.

Pero sin ser simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, sin tener por el PRD un afecto preferente y siendo severa crítica de la idea de un supuesto gobierno legítimo, me queda claro que el PRD, su ex candidato presidencial y sus militantes, tienen todo el derecho de expresar sus ideas políticas, y es este derecho, hoy, el que subo a defender, y lo defiendo por principio.

Pobre democracia sería aquella en que la autoridad tuviera la facultad de definir por sí y ante sí qué nos estuviera permitido decir a los partidos políticos y a la ciudadanía, porque nuestra democracia, no hay que olvidarlo, se construyó para combatir y acabar con un régimen autoritario que cercenó la libertad de expresión y toda libertad política que se expresara sin sucumbir a la coptación y al arreglo espurio.

Lejos y enterrados están --o deberían estar-- los tiempos en que el dictador decidía la madurez del pueblo de México para vivir en democracia y como fantasma del pasado, ahora la Secretaría de Gobernación pasando por encima de la Constitución y de las leyes de la República, además de los tratados internacionales, pretende decir qué podemos conocer y qué no, qué podemos decir y qué no, qué puede ser materia de nuestras opiniones políticas y qué no.

El señor Ramírez Acuña, resucitando a Porfirio Díaz, pretende imponer su voluntad autoritaria escondiéndola en una tramposa vocación reglamentarista.

La Secretaría de Gobernación sí puede, una vez expresados los puntos de vista de los ciudadanos y de los partidos, reclamar el cumplimiento de la ley, si así lo considerara, a través de las instancias pertinentes, ruta perfectamente establecida en nuestro ordenamiento legal.

Lo que no pueden ahora --y espero que nunca más-- es interponer una censura previa arrogándose facultades que ni tiene ni debe tener.

Y no es la primera vez que esto ocurre: la misma secretaría, aunque con otro secretario, pretendió hacer lo mismo con el Partido del Trabajo, lo que derivó en un exhorto de la Cámara de Diputados el 13 de noviembre del año pasado.

Por ello nuestra defensa es de principios, aunque también hay razones de conveniencia. Lo que ayer intentaron con el PT, hoy con el PRD, mañana pueden intentarlo contra cualquiera de nosotros.

Aunque no lo parezca, el asunto es grave; se está vulnerando un principio fundamental de nuestra carta constitucional y una columna fundamental de nuestra democracia. Es tan importante que esa razón, la libertad de expresión, es acaso la única que hace que nosotros tengamos fuero.

Si dejamos pasar este hecho habrá de volverse costumbre y seremos nosotros quienes tengamos el dudoso honor de no haber sabido defender nuestra libertad; la libertad de Morelos y de Hidalgo; la libertad de Juárez y de Cárdenas; la libertad de Gómez Morín, de Maquío, de Carlos Madrazo y de Heberto Castillo.

El secretario de Gobernación ha hecho una confesión de parte y hoy más que nunca tiene que responder. Violó la ley antes, cuando impidió la transmisión del spot motivo de este punto o viola la ley ahora, porque según él, antes estaba dentro de la ley. En cualquier caso, para nosotros está en falta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo: que se cite a comparecer de manera inmediata al secretario de Gobernación, a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Radio y Televisión, para que informe de los procedimientos y mecanismos mediante los cuales habrá de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y prerrogativas de los partidos políticos nacionales, para que tales situaciones no se presenten en el futuro. Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Segob a fin de que informe sobre los mecanismos para garantizar los derechos de la libertad de expresión de los partidos políticos, a cargo del Grupo Parlamentario de Alternativa

La suscrita, diputada federal en la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Entre agosto y diciembre de 2006, las autoridades del Instituto Federal Electoral remitieron diversos oficios a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación a efecto de que transmitiera diversos programas, durante sus tiempos permanentes, del Partido de la Revolución Democrática.

2. Frente a tales solicitudes, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía ha dado respuestas tales como solicitar un pronunciamiento del Consejo General del IFE sobre el contenido de dicho programa, por presumir una supuesta violación del artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (oficio DG/4900/06, de fecha 22 de diciembre), o bien, se presume que dichos programas violentan diversas disposiciones constitucionales y legales (oficio GD/067/2007, de fecha 31 de enero de 2007).

3. La negativa de transmisión del referido programa por parte de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación atenta contra diversos artículos constitucionales y legales que garantizan derechos, atribuciones y prerrogativas de los ciudadanos, del Instituto Federal Electoral y de los partidos políticos nacionales, en virtud de lo siguiente:

4. Es atentatorio del artículo 6o. de la Constitución en tanto que se viola el derecho a la libertad de expresión, así como de lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte y que, por tanto, asume como legislación en términos del artículo 133 constitucional, resultando vinculantes para él mismo y para las instituciones que lo integran.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981 establece en el artículo 13 (sobre la libertad de pensamiento y de expresión) que el derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa y no se puede restringir por vías o medios indirectos, como el abuso de controles oficiales de frecuencias radioeléctricas y aparatos usados en la difusión de información, o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, pero sí está sujeto a responsabilidades ulteriores,las que deben estar expresamente fijadas en la ley y ser necesarias para asegurar a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; y b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública.

5. Es atentatorio de la Base II del artículo 41 constitucional que garantiza el derecho de los partidos al acceso permanente a los medios de comunicación social. Lo es también de la Base III del referido artículo que establece que el Instituto Federal Electoral es autoridad en materia electoral y tiene a su cargo, de manera integral y directa, las relativas a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos, y por tanto es su facultad exclusiva.

De tal suerte e incluso en el supuesto, sin conceder, de que el citado programa tuviera contenidos indebidos o con visos de ilegalidad, corresponde al Instituto Federal Electoral tomar las medidas correctivas, mediante el procedimiento establecido en la ley aplicable, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Efectivamente, el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece como obligaciones de los partidos políticos nacionales, entre otras, las de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático, así como abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria o difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particular ente durante sus campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante éstas.

Por ende, y de conformidad con los artículos 85, párrafo 1, 86, párrafo 1, incisos d) y l), y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral conocerá de las irregularidades en que haya incurrido un partido político o agrupación política mediante un procedimiento regulado en la ley electoral, tendente a determinar y, en su caso, sancionar el incumplimiento de las obligaciones previstas en las disposiciones del propio código electoral --incluidas las obligaciones a que se refiere a que refiere el artículo 38--, así como los acuerdos, las resoluciones y demás ordenamientos aplicables.

Por consiguiente, existe un procedimiento jurídico establecido para regular la conducta de los partidos políticos, sin que en el mismo esté contemplada intervención de ningún tipo por parte de Secretaría de Gobernación.

6. De hecho, y contra lo sostenido por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, según la cual ``dentro de sus obligaciones conferidas a esta dirección [...] no se encuentra la de rendir informes a autoridades electorales'', el artículo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales expresamente indica que, para el desempeño de sus funciones, las autoridades electorales establecidas en la Constitución y en el código electoral contarán con el apoyo y la colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales, entre las que se encuentra la referida dirección, así como la propia Secretaría de Gobernación.

7. En los hechos, la Secretaría de Gobernación, a través de la referida dirección general, impide el ejercicio de derechos y prerrogativas establecidas por la Constitución y le ley electoral federal, sin que tenga atribuciones y competencias, y violando el marco jurídico que para tales efectos establece la Constitución y la ley.

8. Resulta preocupante que la referida secretaría insista en coartar por la vía administrativa el ejercicio de tales derechos, no obstante que la Cámara de Diputados ya se ha manifestado al respecto. Concretamente, este órgano legislativo, mediante acuerdo de fecha 13 de noviembre de 2006, exhortó al titular de dicha secretaría para que, en el marco de la ley, garanticen y respeten la libertad de expresión de los partidos políticos en la difusión de sus ideas y mensajes contenidos en los programas que, en ejercicio de sus prerrogativas, tienen derecho a que se transmitan en los tiempos oficiales del Estado.

No obstante, la persistencia de la secretaría en cuestión para impedir el ejercicio de los derechos y prerrogativas ya referidos queda de manifiesto no sólo en la actuación de la dirección de mérito, sino que incluso ha sido respaldada por el propio secretario de Gobernación mediante entrevistas concedidas a diversos medios nacionales, por lo que se hace necesario que la Cámara de Diputados tome medidas de mayor contundencia para garantizar el imperio de un estado democrático de derecho.

9. Asimismo, y en vista de la actuación de la referida secretaría, es preciso que la Cámara de Diputados sea informada directamente por el titular de aquélla de los procedimientos y mecanismos mediante los cuales habrá de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y las prerrogativas de los partidos políticos nacionales, así como los medios de coordinación con la autoridad electoral competente para que tales situaciones no se presenten en lo futuro.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Gobernación a garantizar y respetar la libertad de expresión y las prerrogativas con que cuentan los partidos políticos nacionales y, en consecuencia, tramite la inmediata transmisión de los programas del Partido de la Revolución Democrática motivo del presente punto de acuerdo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita la comparecencia del secretario de Gobernación a efecto de que informe de los procedimientos y mecanismos mediante los cuales habrá de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y las prerrogativas de los partidos políticos nacionales, así como los medios de coordinación con la autoridad electoral competente para que tales situaciones no se presenten en lo futuro, conforme a lo señalado en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.--- Diputada Marina Arvizu Rivas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Aída Marina Arvizu Rivas . Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : ¿Con qué objeto, diputada Alavez?

La diputada Aleida Alavez Ruiz(desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. El PRD desea añadirse a este punto de acuerdo; más cuando es de todos conocido que debido a las presiones de todo tipo que la Secretaría de Gobernaciónrecibió por su negativa a transmitir un programa televisivo importante para el Partido de la Revolución Democrática, el titular de ésta aceptó difundirlo.

Es de gran importancia que ese servidor público acuda ante nosotros para explicar en primer lugar qué fundamento legal lo facultó para violar el artículo 7o. constitucional al ejercer la previa censura sobre un programa televisivo.

Y en segundo lugar, que aclare si los secretarios del despacho son servidores públicos al servicio del pueblo de México o soberanos que graciosamente nos obsequian sus favores. Tenemos entendido que hay un compromiso previo para que la comparecencia sea lo más pronto posible, porque esto genera un precedente deleznable para la libertad de expresión en este país.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Aleida Alavez. Le dan sonido al diputado Elías Cárdenas, del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado Elías Cárdenas Márquez(desde la curul): Señora Presidenta, Convergencia se pronuncia por la comparecencia que pide Alternativa, delsecretario de Gobernación, en virtud de que constituyen una amenaza todas las declaraciones y escritos delsecretario de Gobernacióny de sus empleados como el señor Garzón y el señor subsecretario de Gobernación, en ese sentido.

En última hora ellos consideraron este punto ya como irreversible, en virtud de que iban a obtener graves sanciones por este hecho de violar los artículos 6o. y 7o. constitucionales en esta materia.

El secretario de Gobernación debe comparecer para que explique su actitud contumaz y renuente en perjuicio del principio de la libre expresión en México que tanto nos ha costado conquistar. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Cárdenas. Se ratifica el trámite: se turna a la Junta de Coordinación Política para su discusión y se toma nota por la Secretaría, de las diferentes opiniones que se han vertido aquí de los diputados que se sumaron.

Se retira el siguiente punto que era para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Federal de Electricidad amplíen el periodo de aplicación del descuento a la tarifa de electricidad.

GOLFO DE TEHUANTEPEC

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado Carlos Altamirano Toledo , del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Sagarpa indemnicen al grupo de pescadores unidos de alta mar del golfo de Tehuantepec.

El diputado Carlos Altamirano Toledo : Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.

El diputado Carlos Altamirano Toledo:Compañeras y compañeros diputados. Hoy vengo ante esta tribuna nacional a traer la voz de los pescadores del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, quienes durante 20 años han visto que su fuente de trabajo se agota poco a poco, desde la instalación en ese puerto de la refinería Antonio Dovalí Jaime. La actividad de esta refinería no ha tenido un impacto positivo para los pescadores y tampoco para elevar de manera consistente la calidad de vida de los habitantes del puerto de Salina Cruz.

El país se ha beneficiado de la explotación petrolera, pero es injusto que este proceso se haga destruyendo el ambiente y cancelando otras actividades productivas.

Anteriormente, Salina Cruz llegó a ser considerado uno de los puertos pesqueros más importantes del Pacífico mexicano por su actividad de alta mar y con la flota camaronera más grande de México.

La instalación de la refinería trajo a los habitantes del puerto muchas consecuencias negativas. Su ciudad, de repente se vio invadida y su infraestructura urbana rebasada por una explosión demográfica sin precedente. La falta de planeación y de inversión en obras urbanas y sociales detonó los problemas de hacinamiento.

Ahora Salina Cruz, Oaxaca, es una ciudad con servicios urbanos de mala calidad e insuficientes para su población: escasez de agua potable, colonias populares irregulares, pobreza, marginación, corrupción y falta de esperanza para una vida mejor son los signos del hoy puerto petrolero de Salina Cruz. Sus habitantes esperan y requieren de Petró-leos Mexicanos y de las dependencias del gobierno federal que se les haga justicia y se les recompense por los daños sufridos.

El aspecto fundamental de la reparación que se solicita está en revertir la destrucción de la actividad pesquera que, antes de la llegada de la refinería, tenía gran importancia económica y era generadora de empleos directos e indirectos.

Con la refinería, la pesca en Salina Cruz se acabó a consecuencia de la gran contaminación de las aguas del golfo de Tehuantepec y por las prohibiciones establecidas a la actividad pesquera al establecerse área restringida.

Los pescadores de alta mar, quienes vivían y mantenían a sus familias con su actividad productiva, hoy sufren la desaparición gradual de su fuente de trabajo. Con ello han sido condenados, junto con sus familias, a la pobreza y a la marginación, como consecuencia del desempleo y el abandono.

Por esos pescadores y sus familias y por los habitantes del puerto de Salina Cruz, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados un punto de acuerdo que no voy a leer, en virtud de haber sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, en el que se exhorta a Pemex y a las dependencias del gobierno federal que correspondan para que integren un programa emergente de inversiones para el rescate urbano y ecológico de la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca; y se decrete una indemnización justa que compense a los más de 700 pescadores de alta mar por la pérdida de sus fuentes de trabajo.

Señor Presidente, le solicito que el texto íntegro del punto de acuerdo se inserte en el Diario de los Debates. Y cambio: que se turne a las comisiones correspondientes este punto de acuerdo. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex y a la Sagarpa a indemnizar al grupo de pescadores unidos de alta mar del golfo de Tehuantepec y a ejecutar un programa integral de desarrollo económico y social para el sector pesquero del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde 1958, los pescadores del golfo de Tehuantepec comenzaron a producir grandes cantidades de camarón de exportación y de consumo nacional, situándose entre los primeros lugares nacionales de producción del crustáceo; 18 años después en 1976, a partir de la instalación de la refinería de Pemex Ingeniero Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, la pesca en el golfo de Tehuantepec ha venido en detrimento.

Antes de la instalación de esta industria, se producían al mes entre 500 y 800 toneladas de camarón de exportación, generando cerca de 15 por ciento de la producción nacional, desgraciadamente hoy día ya no se produce ni un kilogramo de camarón de exportación.

La llegada de la refinería de Pemex ocasionó la restricción a la pesca de las áreas más ricas para la captura de camarón, aunado a la importante contaminación ambiental generada por la misma.

El estudio Los contaminantes orgánicos persistentes en el istmo mexicano, elaborado por los investigadores Lorenzo M. Bozada Robles y Fernando Bejarano González, refleja que existe un alto grado de contaminación en el golfo de Tehuantepec.

Los resultados de este estudio hacen notar la gran dominancia de grupos de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) de alto peso molecular entre los que se ubican compuestos muy tóxicos cuyo origen está asociado a la combustión incompleta o pirolisis de combustible como las gasolinas, el combustóleo y otras fuentes como son los desechos de aceites y lubricantes.

Las actividades pesqueras han sufrido impactos Antropogénicos transitorios por derrames de hidrocarburos y amoniaco, originados en el tren de ductos que proceden del área industrial de Coatzacoalcos-Minatitlán hacia la terminal marítima y la refinería de Salina Cruz.

Hay registros de que en mayo de 1982 se produjo una fuga de petróleo en el subsistema lagunar de la parte norte de la laguna superior; que en octubre de 1983 ocurrió un derrame de petróleo crudo sobre el canal igú, que el 18 de mayo de 1984, se suscitó un derrame de amoniaco sobre el mismo canal igú; que se produjeron dos derrames de diesel sobre el río verde ocurridos en mayo de 1982 y diciembre de 1984; que se suscitó un derrame de petróleo crudo en junio de 1999 y uno de diesel el 12 de abril de 2002; teniendo otro más de crudo en 2005.

Se detectó una crónica y no evaluada contaminación atmosférica sobre el área de laguna superior proveniente de la refinería Antonio Dovalí Jaime, Jáuregui (1984), en su estudio sobre los vientos del puerto de Salina Cruz registró que después del medio día se hace sentir el efecto de la brisa y entonces soplan vientos débiles (aproximadamente 3 m/seg) del sur. Esta velocidad es suficiente para arrastrar las emisiones de la refinería hacia la zona de la laguna superior.

Namihira-Santillán (2005) señalaron que las fuentes principales de aportes de HAP al Complejo lagunar del istmo de Tehuantepec están constituidas por

a) derrames accidentales de hidrocarburos,

b) fuentes móviles (automóviles y embarcaciones de motores fuera de borda),

c) fuentes fijas (refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz y el transporte eólico de contaminantes provenientes de los complejos petroquímicos y petroleros de la región de Coatzacoalcos en el istmo norte).

Situación actual

Al paso de los años el padrón de embarcaciones ha ido disminuyendo en forma progresiva sin que a la fecha se haya sustituido las embarcaciones hundidas o transferidas a otros puertos, generando con esto un creciente desempleo en la región y una disminución en la producción pesquera, en la que al día de hoy Oaxaca aporta sólo 1 por ciento de la producción nacional.

La flota camaronera pasó de contar con aproximadamente 500 embarcaciones antes de la llegada de la refinería Dovalí Jaime a solamente 40 embarcaciones en la actualidad; esto quiere decir que las embarcaciones camaroneras en el Istmo de Tehuantepec han disminuido en los últimos 30 años en un 98 por ciento, generando la desaparición de la producción de camarón de exportación, la cuál era antes de la llegada de la planta de Pemex del orden de 500 a 800 toneladas mensuales.

También es necesario hacer notar que durante los últimos 15 años no se ha construido ninguna embarcación para la pesca de camarón, la flota existente tiene un promedio de 27 años de estar en operación.

Salina Cruz es el único puerto en el estado de Oaxaca que dispone de infraestructura pesquera, portuaria y naval que aunque se ha visto deteriorada en la última década, constituyendo un pilar importante para la reactivación de la industria pesquera en el estado.

Para hacer rentable la captura en alta mar es necesario reactivar la flota camaronera, llevar a cabo reparaciones mayores de: maquinaria, equipos y renovar placas del fondo de las embarcaciones, en virtud que constantemente regresan a puerto por fallas en sus equipos y en el casco, con la consecuente perdidas de días efectivos de pesca, menor volumen de capturas por temporada, y mayores gastos por consumo de combustibles y avituallamiento.

A causa de lo anterior, setecientas familias del Istmo de Tehuantepec, han tenido que sufrir las consecuencias de la contaminación causada por la empresa paraestatal.

En los últimos 30 años, la producción de camarón en el golfo de Tehuantepec ha disminuido en más de 50 por ciento; esto se a traducido en un olvido para los pescadores y sus familias, los cuáles han perdido su fuente de trabajo, sin tener posibilidad alguna de recuperarlo, pues el veneno de la refinería no solo ha aniquilado a la fauna marina, sino que ha eliminado también toda posibilidad de desempeñarse dentro de las labores que habían realizado toda la vida.

El decremento de la producción de camarón, y de la pesca en general en Oaxaca, ha tenido graves consecuencias, ecológicas, económicas y sociales, arrebatándoles la posibilidad de trabajar dignamente, en la captura de alta mar ha a cientos de pescadores, eliminando de facto las posibilidades de subsistencia de más de mil familias, que dependían enteramente de esta actividad.

Teniendo en cuenta los elementos mencionados, se presenta ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a Pemex y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación al pago de una indemnización al grupo de pescadores unidos de alta mar del golfo de Tehuantepec, y a ejecutar un programa integral de desarrollo económico y social para el sector pesquero del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, por las consecuencias de la contaminación y creación de áreas restringidas a la pesca, las cuales han afectado sustancialmente la vida laboral de todos los pescadores de este puerto.

Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Carlos Altamirano.Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía, y de Pesca.

COMPARECENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado José Murat, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El diputado José Murat:Señor Presidente; honorable Asamblea: estoy inscrito para hacer dos presentaciones, pero si dejamos en pendiente la otra corro el riesgo de que sea hasta Semana Santa, así es que si me permiten voy a tratar de hacer una apretada síntesis y dejar en la mesa las dos propuestas.

La primera: durante las últimas semanas hemos venido escuchando con gran insistencia una serie de planteamientos orientados a la necesidad de incorporar capital privado a las diversas instituciones que forman el sector energético del país.

Con una clara definición --que se me antoja conservadora-- se pretende sembrar en la opinión pública la necesidad de privatizar algunos sectores estratégicos e incrementar la preparación de capital extranjero en organismos paraestatales como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Por supuesto que es imperativo que estas entidades cuenten con mayores inversiones para modernizarlas y hacer más eficiente su operación, sin embargo la modernización de las instituciones públicas debe hacerse con respeto de la Constitución y sin darle la vuelta a nuestras leyes secundarias.

Al grupo parlamentario del PRI le preocupa que se pretendan meter por la puerta de atrás medidas privatizadoras que no son viables por su carencia de sustento económico, como por la evidente violación tanto de la Carta Magna como de las leyes secundarias en la materia.

Ante esta situación, es necesario que el Poder Ejecutivo defina con detalle cuál es la verdadera propuesta de la reforma energética y diga de cara a la nación cuáles son sus verdaderas intenciones.

Para los legisladores del PRI es importante que se realice una reforma energética que permita subsanar los rezagos del sector, pero conservando los principios rectores de nuestra Constitución. Debe quedar claro: las fuerzas progresistas del país no podemos estar de acuerdo con que se desmantelen y se malbaraten industrias que con su carácter estratégico pertenecen a todos los mexicanos.

Será pues muy útil para esta soberanía que la secretaria de Energía de este gobierno venga y comparezca ante todas las fuerzas políticas y de una vez por todas establezca cuáles son los lineamientos de esta administración.

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. La Cámara de Diputados cita a comparecer a la secretaria de Energía del gobierno federal para que exponga ante esta soberanía las estrategias y los lineamientos del sector en materia energética para los próximos años.

Firman su servidor, José Murat, y el señor diputado Ricardo Aldana.

La segunda son las consideraciones, señor Presidente, sobre la comparecencia de la secretaria de Relaciones Exteriores. Está claro que los principios de política exterior de México han gozado del más alto reconocimiento y han permitido que México desempeñe un papel relevante en momentos de la mayor importancia para el mundo.

Aportamos definiciones como la doctrina Carranza y la doctrina Estrada, que forman parte del derecho internacional vigente y norman el principio fundamental de la soberanía de los Estados como valor jurídico indivisible, sustentado en la igualdad jurídica y en la no intervención.

México ha sido constructivo y determinante en importantes procesos como la edificación del sistema de Naciones Unidas; la definición precisa de los derechos económicos de los Estados; en la organización, actuación conjunta de los países no alineados; en la concreción de la importante herramienta para la paz que representó el Tratado de Tlatelolco en materia de proscripción de las armas nucleares en la región latinoamericana.

Quién puede negar y poner en duda la importancia de los buenos oficios de México para la pacificación de Centro-américa y para la unificación de todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Nuestra diplomacia tiene envergadura constitucional, sus principios se consagran en la fracción X del artículo 89 y deben ser la referencia obligada --guste o no-- en la delicada encomienda de conducir las relaciones bilaterales y multilaterales de nuestra nación.

Además de todo lo que hemos observado, nos parece verdaderamente lamentable la confrontación que se tiene con algunos países de América Latina. Fue en el pasado un hecho cotidiano, llegando al extremo de sufrir vergonzosos aislamientos como en el caso de la elección del secretario general de la OEA y el turbio manejo de diversas recomendaciones en materia de derechos humanos para aparentar que eran promovidas por otros países, lastimando importantes relaciones geopolíticas para México.

Nos parece urgente, siendo precisamente el carácter de esta proposición, que se llame a comparecer a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para precisar la naturaleza y alcances de la diplomacia mexicana llevadas a cabo y lo que se plantea para los próximos meses y los próximos años. Ante esto, pongo a la consideración el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados cita a comparecer a la licenciada Patricia Espinosa, secretaría de Relaciones Exteriores, para que informe a esta soberanía de las razones, objetivos y metas que orientan el trabajo de la dependencia a su cargo.

Firma su servidor, José Murat.

En este caso solicito, señor Presidente, que el documento sea publicado en su totalidad en el Diario de los Debates.

Nada más una última consideración: para darle trámite y que no sea materia del debate, porque lo importante es que estén las dos secretarias ante esta soberanía, pido que las dos proposiciones vayan a la mesa de los coordinadores y que se determine día, fecha y hora para poder tener una definición que nos permita plantear el país que queremos, el México con futuro que buscamos. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de la secretaria de Energía, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Murat, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días anteriores se publicó en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al cuarto trimestre de 2006, el monto de ingresos excedentes que se obtuvieron durante ese año por concepto de exportación de petróleo y de recaudación tributaria.

El monto ascendió a 309 mil 640 millones de pesos, los cuales permitieron mejorar el balance fiscal, y distribuir 23 mil 800 millones de pesos a los gobiernos estatales y 22 mil 800 millones de pesos al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

Sin embargo, para 2007, aun cuando el precio del petróleo pudiera recuperar los niveles observados durante 2006, la situación en que se encuentran las reservas de hidrocarburos afectará los ingresos excedentes que se pudieran obtener.

Si bien durante 2006 Petróleo Mexicanos produjo en promedio 3 millones 256 mil barriles de crudo, lo cierto es que dicha cifra es inferior en 77 mil barriles diarios respecto a los producidos en 2005 y en 127 mil con relación a 2004.

Dicho comportamiento es el resultado de la caída de producción del principal yacimiento petrolero del país, Cantarell, en el que la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) prevé que tendrá una caída promedio de 150 mil barriles al día durante los siguientes siete años.

De acuerdo con las estimaciones para el segundo campo productor del mundo, se espera que en este año Cantarell produzca cerca de 1 millón 500 mil barriles al día, volumen inferior en 300 mil barriles respecto a 2006.

Para los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI es importante que el Ejecutivo defina la estrategia y las acciones que seguirá ante una predecible baja en la producción de petróleo, en el que se prevé continuar preservando la soberanía nacional.

Asimismo, que se definan las medidas que se tomarán para que la clase trabajadora no se vea perjudicada por el incremento en electricidad, gas y gasolinas que se deriva de la continua importación de estos productos.

Es importante destacar que dentro del Grupo Parlamentario del PRI es compartida la idea de instancias como el Sindicato Mexicano de Electricistas de proponerse una reforma energética que pugne siempre por la preservación del bienestar de la clase trabajadora y, ante todo, lograr la soberanía energética.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con carácter de urgente y obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. Ante las previsiones de Pemex de una baja en la producción para los siguientes seis años, el incremento de la electricidad, gas y gasolinas que afectan sustancialmente a la clase trabajadora, la Cámara de Diputados solicita la comparecencia de la secretaria de Energía, a fin de que defina las medidas que el Ejecutivo tomará ante esta problemática.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero de 2007.--- Diputado José Murat (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de la secretaria de Relaciones Exteriores, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hago uso de esta alta tribuna, para señalar la preocupación del que suscribe y del Grupo Parlamentario del PRI, en torno a la falta de rumbo, de prudencia y de visión que arrastra, desde hace varios años, la política exterior del país. Es una percepción que comparte la mayor parte de la sociedad, quien no aprueba que el patrimonio moral que el país construyó durante décadas se trivialice y se tire por la borda, por la falta de sensibilidad, experiencia y madurez del gobierno en el manejo de las relaciones que se tienen con otros países.

Los principios de la política exterior mexicana han gozado del más alto reconocimiento y han permitido que México desempeñe un papel relevante en momentos de la mayor importancia para el mundo. Aportaciones como la Doctrina Carranza y la Doctrina Estrada forman parte del derecho internacional vigente y norman el principio fundamental de la inviolabilidad de la soberanía de los estados como valor jurídico indivisible e inalienable, sustentado en la igualdad jurídica y en la no intervención.

México ha sido un actor constructivo y determinante en importantes procesos, como la edificación del sistema de Naciones Unidas, en la definición precisa de los derechos y deberes económicos de los Estados, en la organización y actuación conjunta de los países no alineados, en la concreción de la importante herramienta para la paz que representó el Tratado de Tlatelolco en materia de proscripción de las armas nucleares en la región latinoamericana.

Quién puede poner en duda la centralidad e importancia de los buenos oficios de México para la pacificación de Centroamérica o para la unificación de todos los pueblos de América Latina y del Caribe.

La reciedumbre de la diplomacia tiene envergadura constitucional. Sus principios se consagran en la fracción X del artículo 89 y deben ser la referencia obligada, guste o no, de quien ostente la jefatura del Estado y la delicada encomienda de conducir las relaciones bilaterales y multilaterales de la nación.

Gracias a su observancia irrestricta, México ha sido distinguido con la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, en la persona del premio nobel de la paz, don Alfonso García Robles y generalmente es elegido como sede de importantes encuentros mundiales, tal como aconteció con la Cumbre Mundial de Financiamiento para el Desarrollo, en donde se intentó reactivar la agenda económica y social del mundo, diferida por el peso de los objetivos de la seguridad global, por la tensión a causa del conflicto en Irak y por la amenaza global del terrorismo.

De manera penosa, los mexicanos vimos con estupefacción la manera en la que la política exterior del sexenio anterior fue convertida en una arena boxística, cargada de un ridículo anecdotario, como fue el trato al Rey de España desde el propio 2 de julio del año 2000, la ruptura del protocolo por las ocurrencias de las botas de charol en España o la de los gigantes de terracota en China, el famoso ``comes y te vas'', el frecuente olvido de nombres, fechas, hechos históricos, y otras referencias elementales para cualquier jefe de Estado.

Además, la confrontación con la mayoría de los países de América Latina fue un hecho cotidiano, llegando al extremo de sufrir vergonzosos aislamientos como en el caso de la elección del nuevo secretario general de la OEA y el turbio manejo de diversas recomendaciones en materia de derechos humanos, para aparentar que eran promovidas por otros países, lastimando importantes relaciones geopolíticas para México.

Con el fin del sexenio del ex Presidente Fox se creía superada esta página oscura de la diplomacia. Sin embargo, en sólo dos meses el actual Presidente de la República está reeditando el herradero internacional en que se tiene sometido al país. Su primer grave error fue haber minimizado el problema migratorio en su encuentro con el presidente estadounidense, sin aprender que ésta actitud ha permitido la iniciativa unilateral del muro en la frontera y el endurecimiento de las acciones contra los migrantes mexicanos.

La visita a Davós fue caracterizada por la confrontación abierta con varios países latinoamericanos, con quienes se ha tratado de pontificar posturas ideológicas, sin el más elemental decoro, dignidad y respeto a naciones soberanas.

Adicionalmente, es preciso señalar que cuando no se encuentra en conflicto abierto, el gobierno es incapaz de demostrar una estrategia sensata, como ocurrió en España, en donde nadie supo a que fue el Presidente y su visita pasó prácticamente desapercibida.

Ante la descomposición que presenta la política exterior, por la mala ejecución del gobierno, esta soberanía debe exigir una clara rendición de cuentas y examinar con objetividad cuales son los propósitos, los mecanismos y la idea con que se conduce esta delicada área, en nombre de todos los mexicanos.

Ante esta situación, nos parece urgente, siendo precisamente el carácter de esta proposición, que se llame a comparecer a la titular de la cancillería para precisar la naturaleza y alcances de la diplomacia mexicana llevada a cabo y la que se plantea para los próximos meses y años.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea, la presente proposición con carácter de urgente y obvia resolución

Punto de Acuerdo

Único. Ante la confusión, carencia de estrategia, inobservancia de los principios constitucionales y conflicto continuo que caracterizan a la política exterior de México, la Cámara de Diputados de la LX Legislatura cita a comparecer a la licenciada Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores, ante la comisión legislativa del ramo, para que informe las razones, objetivos y metas que orientan el trabajo de la dependencia a su cargo.

Los términos y detalles de su presencia serán definidos por la Junta de Coordinación Política.

Palacio Legislativo, a 8 de febrero de 2007.--- Diputado José Murat (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado José Murat. Inscríbase íntegro en el Diario de los Debates; ytúrnense ambas proposiciones a la Junta de Coordinación Política.

COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, solicitud de excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública..

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario del PNA

El suscrito, Manuel Cárdenas Fonseca , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía que formule una excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en el articulo 23, numeral 1, inciso f), artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción XVI del articulo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, para que cumpla con el mandato legal de presentar el dictamen y el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública correspondiente a 2002, 2003, 2004 y 2005.

Considerando

Que el gasto público tiene gran trascendencia en la vida económica, social y política de la nación, a nivel macroeconómico tiene un peso notable, pues su ejercicio incide en el crecimiento de la economía y en variables tan relevantes como el empleo, la inflación y la estabilidad. A nivel microeconómico impacta directamente en el bienestar de los ciudadanos a través de diversos mecanismos, como la redistribución de ingreso, la reducción de la pobreza y el acceso a los servicios públicos.

Si se considera que los recursos de los que dispone el gobierno federal son escasos, cobra gran relevancia que se ejerzan con la más alta calidad y eficiencia. Por ello, una condición necesaria para lograr el propósito implica la articulación y coordinación eficiente de las distintas fases que componen el ciclo de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, pues la paralización de este procedimiento tiene graves consecuencias en la evaluación de transparencia y de resultados del ejercicio del gasto público.

En ese sentido, durante la LIX Legislatura la Auditoría Superior de la Federación rindió a la Cámara de Diputados los Informes del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de 2002, 2003, 2004 y 2005, los cuales fueron objeto de análisis y debate en el seno de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; integrando un documento de conclusiones y, en su caso, recomendaciones. Dicha información fue remitida conforme al procedimiento legislativo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para el estudio y análisis del dictamen correspondiente.

Por lo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública debió presentar el dictamen de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, para su aprobación, al Pleno de la Cámara de Diputados durante el segundo periodo ordinario de sesiones del año siguiente a aquel en que se haya recibido la Cuenta Pública; al no presentar los dictámenes correspondientes a 2002, 2003, 2004 y 2005 se incumple el ordenamiento legal que se deriva de los artículos 30 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que a la letra establecen:

Artículo 30. La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo improrrogable que vence el 31 de marzo del año siguiente a aquel en que la Cámara o, en su caso, la Comisión Permanente, reciba la Cuenta Pública, para realizar su examen y rendir en dicha fecha a la Cámara, por conducto de la comisión, el informe del resultado correspondiente, que tendrá carácter público, y mientras ello no suceda, la Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones e informaciones.

Artículo 31. El Informe del Resultado a que se refiere el artículo anterior deberá contener como mínimo lo siguiente:

a) Los dictámenes de la revisión de la Cuenta Pública;

b) El apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, respecto a la evaluación de la consecución de sus objetivos y metas, así como de la satisfacción de las necesidades correspondientes, bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía;

c) El cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos legales correspondientes;

d) Los resultados de la gestión financiera;

e) La comprobación de que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales se ajustaron a lo dispuesto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, y en las demás normas aplicables en la materia;

f) El análisis de las desviaciones presupuestarias, en su caso.

Frente a estas circunstancias, y considerando que no se ha dado cumplimiento al ordenamiento judicial que refiere las tareas que corresponden a las comisiones en relación con dictaminar, atender o resolver iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas, y con objeto de regularizar esta situación que imposibilita la transparencia en la rendición de cuentas, que permite evaluar los resultados del ejercicio del gasto público, le solicito, de la manera más atenta, señor Presidente:

Único. Se sirva excitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del honorable Congreso de la Unión, para que cumpla el mandato legal que tiene de dictaminar y presentar el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública de 2002, 2003, 2004 y 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.--- Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).»

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: También se recibió del diputado Ariel Castillo Nájera, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Ariel Castillo Nájera , del Grupo Parlamentario del PNA

El suscrito, Ariel Castillo Nájera , en su calidad de diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de manera respetuosa a esta Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que elabore a la brevedad posible el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; a partir de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 14 de diciembre de 2006, el diputado Ariel Castillo Nájera , del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza presentó la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

2. Que en la misma fecha, el Presidente de la Cámara de Diputados dictó trámite, y turnó dicha iniciativa a la Comisión Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen correspondiente.

Consideraciones

1. El cobro de impuestos es la mayor fuente con la que cuenta el gobierno para hacerse de recursos que le permitan contribuir en el desarrollo económico del país, y así poder atender las demandas sociales. Sin embargo, en México contamos con un impuesto creado con un fin específico, que hoy en día ya no tiene razón de ser y ha sido en las últimas décadas cuestionado y repudiado por la sociedad mexicana. El Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos creado mediante decreto el 28 de diciembre de 1962 con la promulgación de la llamada Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso e Automóviles con la finalidad específica de sufragar los gastos financieros que el gobierno iba a realizar al ser nuestro país sede de los Juegos Olímpicos de 1968.

2. La participación de este impuesto a los estados, Distrito Federal y a los municipios, deriva de las reformas realizadas en diciembre de 1974, en donde se estableció que dicha participación a los estados y al Distrito Federal sería en un 30 por ciento del rendimiento que la federación obtuviera por concepto del referido impuesto. De la participación destinada a los estados, correspondería a los municipios una tercera parte, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les cubriría directamente con la distribución que señalara la legislatura local; con la condicionante, que estos no mantuvieran en vigor gravámenes locales y municipales sobre tenencia y uso de vehículos.

3. Dicha ley ha sufrido varias modificaciones a lo largo de su existir en cuanto a la actualización de los factores y la forma de pago del impuesto. No obstante, no se han contemplado beneficios para el contribuyente. Como ejemplo de ello, tenemos los años 2003 y 2004, en los cuales se estableció que el pago de la tenencia de un vehículo se tenía que calcular tomando en cuenta el valor total del automóvil, incluyendo los demás impuestos inherentes, lo que generó inconformidad entre algunos contribuyentes que promovieron amparos para no pagar la tenencia bajo dicha modalidad.

4. La recaudación que se logra con dicho impuesto no resulta representativa para los ingresos federales si se le compara con otros impuestos tributarios (menos del 2 por ciento de los ingresos federales). De acuerdo a varias fuentes la federación recauda alrededor de 13 mil 500 millones de pesos por el cobro de la tenencia, los cuales se regresan íntegramente a los estados, por lo que la recaudación federal no se ve afectada en ningún sentido. Además en México el uso de vehículos, en los últimos años, más que un lujo, se ha convertido en una necesidad debido a la ineficacia del transporte público.

Por lo expuesto, le solicito de la manera más atenta

Excitativa

Único. Se sirva excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a fin de que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que abrogue la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Diputado Ariel Castillo Nájera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.

CAMARA DE SENADORES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió también del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Cámara de Senadores.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Excitativa a la Cámara de Senadores, a solicitud del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Miguel Ángel Peña Sánchez , de la LX Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta Presidencia que tenga a bien formular excitativa a la Cámara de Senadores, a fin de elaborar el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 26 de abril 2006, la Cámara de Diputados aprobó, con 331 votos en pro y 2 abstenciones, el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social.

2. Con fecha 27 de abril de 2006, mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-3-2514 fue remitida a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales la iniciativa de referencia, y turnada a las Comisiones Unidas de Salud, de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

3. A casi nueve meses de su aprobación, el Senado de la República no ha emitido el dictamen correspondiente.

Consideraciones

La iniciativa propone que se adicione un párrafo al artículo 151 de la Ley del Seguro Social, para que al cumplirse los requisitos de edad y de cotizaciones no sean exigibles para el reconocimiento de derechos los tiempos de espera que establece la ley.

Respondiendo a los reclamos de la sociedad, y con la convicción generalizada de que la colectividad no puede abandonar a su suerte a los miembros más vulnerables o a quienes enfrentan riesgos y accidentes, y que debe asistirlos a través de una responsabilidad asumida ya sea por el Estado o por sus miembros de la sociedad civil.

Se expone que al prevalecer mayor incidencia sobre la naturaleza social de pobreza y la necesidad de su atención por parte de la sociedad en su conjunto, se ha reconocido y se demandado que los Estados asuman la responsabilidad de asistir a quienes por alguna razón no tienen acceso a los mínimos de bienestar.

Por las razones expuestas, resulta imprescindible dictaminar con la mayor brevedad el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.--- Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : Se remite a la Cámara de Senadores. Continúe la Secretaría.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, secretaria. Sonido a la curul del diputado César Duarte.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez(desde la curul): Señor Presidente: sólo para desearle de manera muy sincera que este paso que dará usted en estos días sea para bien de su familia y su futuro. Felicidades, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 13 de febrero de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Tres, del Congreso del estado de Guerrero.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que, con motivo del CLXXVI aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, tendrá lugar el 14 de febrero a las 10:00 horas.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 15:10 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 13 de febrero, a las 11:00 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas. Gracias.

RESUMEN DE TRABAJOS

--------------- O ---------------

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	CÉDULA
25 Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
26 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
27 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
28 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
29 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
31 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
32Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
33 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
34Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
35 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
36 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
37 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
38 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
39 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
40 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
41 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
42 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
43 Dávila García Francisco	CÉDULA
44 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
45 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
46Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
47 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
48 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
49 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
50 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
51 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
52 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
53 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
54 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
55 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
56 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
57 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
58 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
60 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
61 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
62 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
63 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
64 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
65 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
66 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
67 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
68 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
69 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
70 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
71 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
72 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
75 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
76 García Vivián Raúl	INASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
78 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
79 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
81 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
84González Sánchez Ma. Dolores	INASISTENCIA
85Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
86Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
87 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
88 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
89 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
90 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
91 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
92Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	INASISTENCIA
93 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
94 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
95 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
96 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
97 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
98 Lara Compeán David	ASISTENCIA
99 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
100 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
101 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
102 Leura González Agustín	ASISTENCIA
103 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
104 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
105 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
106 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
107 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
108 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
109 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
110 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
111 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
112 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
113 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
114Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
115 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
116 Maldonado González David	ASISTENCIA
117Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
118Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
119 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
120 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
121 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
123 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
124 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
125 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
126 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
127 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
128 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
129 Mollinedo Hernández Agustín	INASISTENCIA
130 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
131 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
132Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
133 Morales Ramos José Nicolás	INASISTENCIA
134 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
135 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
136 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
137 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
138 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
139 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
140 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
141Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
144Ortega Martínez Ma. del Pilar	INASISTENCIA
145Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
148 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
151 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz	INASISTENCIA
153 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	INASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	PERMISO MESA DIRECTIVA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
168 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
169 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
170 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
171 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
172 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
173 Romo Jiménez Martha Angélica	CÉDULA
174 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
175 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
176 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
177 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
178 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
179 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
180 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
181 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
183 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
184 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
185Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
186 Serrato Castell Luis Gerardo	INASISTENCIA
187Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	INASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	INASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 191
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 11
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	INASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	PERMISO MESA DIRECTIVA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	PERMISO MESA DIRECTIVA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	PERMISO MESA DIRECTIVA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	INASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	PERMISO MESA DIRECTIVA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	OFICIAL COMISIÓN
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	INASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	PERMISO MESA DIRECTIVA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	INASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	PERMISO MESA DIRECTIVA
98 Ríos Gamboa Raúl	INASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100Ruíz Sánchez Salvador	INASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	PERMISO MESA DIRECTIVA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	INASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 112
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 7
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 7
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	PERMISO MESA DIRECTIVA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	PERMISO MESA DIRECTIVA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	INASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	CÉDULA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
29 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
30 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
31 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
32 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
33 Escalante Jasso Aracely	PERMISO MESA DIRECTIVA
34 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	PERMISO MESA DIRECTIVA
35 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
36 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
37 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
38 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
39 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
40 Gloria Requena Tomás	PERMISO MESA DIRECTIVA
41 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
42 González Calderón Martha Hilda	PERMISO MESA DIRECTIVA
43 González García Sergio	ASISTENCIA
44 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
45 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
46 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
47 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
48 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
49 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
50 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
51 Lagunes Gallina Gerardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
52 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
53Madrid Tovilla Arely	INASISTENCIA
54 Martínez Rocha Arturo	INASISTENCIA
55 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
56Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
57 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
58 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
59 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
60 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
61Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
62 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
63 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
64 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
65 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
66 Murat José	ASISTENCIA
67 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
68 Ojeda Camacho Gilberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
69 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
70 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
71 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
72 Orihuela Bárcenas José Ascención	INASISTENCIA
73 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
74Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
75 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
76 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
77 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
78 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
79 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
80 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
81 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	PERMISO MESA DIRECTIVA
82 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
83 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
84 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
85 Ramírez Martínez José Edmundo	OFICIAL COMISIÓN
86 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
87 Reyna García José Jesús	PERMISO MESA DIRECTIVA
88 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
89 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
90 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
91 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
92 Salas López Ramón	ASISTENCIA
93 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
94 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
95 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
96 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
97 Toledo Luis Jorge	PERMISO MESA DIRECTIVA
98Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
99 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
100Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
101 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
102 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
103 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
104 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 85
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 13
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 4
Total diputados: 104

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Macías Jesús	ASISTENCIA
9 González Martínez Jorge Emilio	CÉDULA
10 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
11 Larregui Nagel Erika	PERMISO MESA DIRECTIVA
12 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
13 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
14 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
15 Notholt Guerrero Alan	INASISTENCIA
16 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	INASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	CÉDULA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 15
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	INASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	CÉDULA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 10
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 9
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 García Vivián Raúl
2 González Sánchez Ma. Dolores
3 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles
4 Mollinedo Hernández Agustín
5 Morales Ramos José Nicolás
6 Ortega Martínez Ma. del Pilar
7 Pérez Cuéllar Cruz
8 Ramírez Pech Edgar Martín
9 Serrato Castell Luis Gerardo
10 Valenzuela García María Gloria Guadalupe
11 Vasconcelos Rueda Antonio
Faltas por grupo: 11

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Brito González Modesto
2 González Garza Javier
3 Márquez Madrid Camerino Eleazar
4 Ramos Becerril Rafael Plácido
5 Ríos Gamboa Raúl
6 Ruíz Sánchez Salvador
7 Zazueta Aguilar Jesús Humberto
Faltas por grupo: 7

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio
2 Madrid Tovilla Arely
3 Martínez Rocha Arturo
4 Orihuela Bárcenas José Ascención
Faltas por grupo: 4

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Notholt Guerrero Alan
Faltas por grupo: 1

CONVERGENCIA
Diputado
1 Aguilera Rico José Luis
Faltas por grupo: 1

PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Cantú Garza Ricardo
Faltas por grupo: 1

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Favor
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Ausente
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Favor
11 Armendáriz García, Pedro	Favor
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio	Favor
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Favor
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Favor
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Favor
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
25 Caballero Chávez, Claudia Gabriela	Favor
26 Campos Galván, María Eugenia	Favor
27 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
28 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
29 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Favor
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Favor
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo	Favor
42 Dávila Fernández, Adriana	Ausente
43 Dávila García, Francisco	Favor
44 De León Tello, Jesús	Favor
45 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
46 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
47 Del Valle Toca, Antonio	Favor
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
49 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
50 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
51 Díaz García, José Antonio	Favor
52 Díaz Garibay, Felipe	Favor
53 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Ausente
54 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
55 Domínguez Servién, Francisco	Favor
56 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
57 Enríquez Flores, Armando	Favor
58 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo	Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
60 Escobar Jardinez, Adolfo	Abstención
61 Espinosa Piña, José Luis	Favor
62 Félix Holguín, Armando Jesús	Favor
63 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
64 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
65 Figueroa Ortega, David	Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
67 Flores Grande, Arturo	Favor
68 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio	Ausente
70 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
72 García González, Carlos Alberto	Favor
73 García Müller, Martha Margarita	Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto	Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
76 García Vivián, Raúl	Ausente
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
78 Gómez Leyva, Silvio	Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
80 González Martínez, María Gabriela	Favor
81 González Morán, Martín Oscar	Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto	Favor
83 González Ruiz, Felipe	Favor
84 González Sánchez, María Dolores	Ausente
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Favor
86 Guerra Sánchez María de Jesús	Favor
87 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
89 Hernández Núñez, Elia	Favor
90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
91 Iragorri Durán, Enrique	Favor
92 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles	Ausente
93 Jiménez Ramos, María Esther	Quorum
94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Favor
95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
96 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
97 Landeros González, Ramón	Favor
98 Lara Compeán, David	Favor
99 Larios Córdova, Héctor	Favor
100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
102 Leura González, Agustín	Favor
103 Lezama Aradillas, René	Favor
104 Limas Frescas, María Soledad	Favor
105 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Favor
106 López Cisneros, José Martín	Favor
107 López Reyna, Omeheira	Favor
108 López Silva, Rubí Laura	Favor
109 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
110 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
111 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
112 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
113 Madrazo Limón, Carlos	Favor
114 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
115 Malagón Ríos, Martín	Favor
116 Maldonado González, David	Favor
117 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
118 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
119 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
120 Medellín Varela, Antonio	Favor
121 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
122 Medina Rodríguez, Delber	Favor
123 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
124 Mejía García, Luis Alonso	Favor
125 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
126 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
127 Minjares Jiménez, José Manuel	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Ausente
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Favor
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
132 Mora Cuevas, Marisol	Favor
133 Morales Ramos, José Nicolás	Ausente
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Favor
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Favor
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
142 Ochoa López, Nabor	Favor
143 Olvera Higuera, Edgar Armando	Ausente
144 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
145 Ortiz Hernández, Eduardo	Ausente
146 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
147 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Favor
148 Palafox Núñez, José Inés	Favor
149 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
150 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
151 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
153 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
155 Priego Tapia, Gerardo	Favor
156 Pulido Pecero, Pedro	Favor
157 Quintero Bello, Jorge	Favor
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Ausente
159 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
160 Ramírez Pech, Edgar Martín	Ausente
161 Ramírez Villarreal, Gustavo	Ausente
162 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
163 Reyes López, Carlos Armando	Favor
164 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
165 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
166 Rivero Rivero, Rolando	Ausente
167 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
168 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
169 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica	Ausente
172 Román Isidoro, Demetrio	Favor
173 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
175 Rueda Gómez, Francisco	Favor
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
177 Salas Contreras, Marcos	Favor
178 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
179 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
180 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
181 Sánchez Domínguez, Alejandro	Favor
182 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
183 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
184 Sánchez Trujillo, José Víctor	Favor
185 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
186 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
187 Shej Guzmán Sara	Ausente
188 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
189 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
190 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
191 Torres Gómez, Artemio	Favor
192 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
193 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
194 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
195 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
196 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
197 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
198 Vega Corona, Antonio	Favor
199 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
200 Verástegui Ostos, César Augusto	Favor
201 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
202 Victoria Alva, Juan	Favor
203 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
204 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
205 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
206 Zermeño Infante, Jorge	Favor
Favor: 181
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 1
Ausentes: 23
Total: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Ausente
4 Almonte Borja, Ramón	Contra
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Favor
10 Amaro Corona, Alberto	Favor
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Ausente
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Ausente
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Ausente
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Ausente
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Ausente
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Ausente
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Favor
53 Landero López, Pedro	Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Ausente
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Ausente
58 López Becerra, Santiago	Ausente
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Ausente
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Favor
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Favor
81 Narcía Álvarez, Héctor	Favor
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Quorum
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Favor
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Favor
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Favor
87 Ortega Martínez, Antonio	Ausente
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Favor
94 Pulido Santiago, Celso David	Ausente
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Ausente
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Ausente
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Favor
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Favor
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Ausente
113 Soto Ramos, Faustino	Ausente
114 Soto Sánchez, Antonio	Favor
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Favor
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Ausente
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Abstención
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Ausente
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 90
Contra: 1
Abstención: 1
Quorum: 1
Ausentes: 34
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas	Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Favor
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Ausente
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Favor
14 Beltrán Montes, Israel	Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Favor
18 Blanco Pajón, José Luis	Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
29 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
30 Domínguez Domínguez, Nemesio	Favor
31 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
32 Escajeda Jiménez, José Rubén	Favor
33 Escalante Jasso, Aracely	Ausente
34 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Ausente
35 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
36 Flores Sandoval, Patricio	Favor
37 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
38 Garza Garza, Horacio Emigdio	Favor
39 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Favor
40 Gloria Requena, Tomás	Ausente
41 Gómez Lugo, Elda	Favor
42 González Calderón, Martha Hilda	Favor
43 González García, Sergio	Favor
44 González Salum, Miguel Ángel	Favor
45 González Zarur, Mariano	Ausente
46 Guerrero García, Javier	Ausente
47 Guerrero Juárez, Joel	Favor
48 Herrera Ale, Juana Leticia	Favor
49 Herrera Coyac, Wenceslao	Favor
50 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Favor
51 Lagunes Gallina, Gerardo	Ausente
52 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
53 Madrid Tovilla, Areli	Ausente
54 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
55 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
56 Medina de la Cruz, Rodrigo	Favor
57 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
58 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Favor
59 Mendoza Cortés, Mario	Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Ausente
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
63 Morales García, Elizabeth	Favor
64 Mota Hernández, Adolfo	Favor
65 Muñoz Serna, Rogelio	Favor
66 Murat , José	Favor
67 Ochoa González, Arnoldo	Favor
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Favor
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Favor
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Favor
75 Ortiz Proal, Mauricio	Ausente
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
78 Palma César, Víctor Samuel	Quorum
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Favor
81 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
82 Pérez Valdés, Daniel	Favor
83 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
84 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
85 Ramírez Martínez, José Edmundo	Ausente
86 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
87 Reyna García, José Jesús	Ausente
88 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Favor
89 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Favor
90 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
91 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
92 Salas López, Ramón	Favor
93 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
94 Sandoval Paredes, Sergio	Favor
95 Serrano Escobar, Enrique	Favor
96 Sosa Castelán, Gerardo	Favor
97 Toledo Luis, Jorge	Ausente
98 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
99 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Favor
100 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
101 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
102 Villa Villa, Isael	Favor
103 Villanueva Abraján, Patricia	Quorum
104 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 77
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 2
Ausentes: 25
Total: 104

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Ausente
2 Castellanos Cortés, Sara Isabel	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Ausente
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Ausente
7 García Noriega, María Guadalupe Josefina	Favor
8 González Macías, Jesús	Favor
9 González Martínez, Jorge Emilio	Ausente
10 Guerrero Rubio, Pilar	Favor
11 Larregui Nagel, Erika	Favor
12 Lavara Mejía, Gloria	Favor
13 López Adame, Antonio Xavier	Favor
14 López Ramírez, Sergio Augusto	Favor
15 Notholt Guerrero, Alan	Favor
16 Puentes Salas, Carlos Alberto	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 12
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Ausente
4 Cervantes Rivera, Jaime	Favor
5 Garay Ulloa, Silvano	Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis	Favor
7 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
8 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Favor
9 Peregrino García, Abundio	Favor
10 Romero Guzmán, Rosa Elia	Ausente
11 Solís Parga, Rodolfo	Favor
12 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 10
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 12

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Abstención
4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Favor
5 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
6 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
7 Esteva Salinas, Alberto	Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge	Favor
9 López Lena Cruz, Humberto	Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Ausente
12 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
13 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
14 Uscanga Cruz, Robinson	Favor
15 Valdés Chávez, Ramón	Favor
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 14
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 17

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Favor
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Favor
7 Luna Becerril, Blanca	Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Favor
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Favor
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Abstención
3 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
4 García Méndez, Armando	Favor
5 Hernández Valadés, Delio	Favor
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández, Félix	Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1