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ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 332 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 11:22 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 13 de marzo de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Parlamento Latinoamericano.

De la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

De la Procuraduría General de la República.

Del Presidente de la Mesa Directiva.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se solicita a la Secretaría de Economía y a la Sagarpa un informe relativo a la decisión de no sumarse a la queja que el gobierno de Canadá presentó ante la OMC por la entrega de subsidios agrícolas indiscriminados a los productores de maíz de Estados Unidos de América. (Votación)

Por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a que intervengan en el conflicto del diario El Financiero y un grupo de sus trabajadores. (Votación)

Del Instituto Mexicano del Seguro Social

Con el que remite el informe trimestral sobre la composición y situación financiera de sus inversiones.

Solicitud de particular

De la ciudadana María Luisa Elío Bernal, respecto al permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en Grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno del Reino de España. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Gobernación

Cinco, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en el primer receso del primer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

De la Cámara de Senadores

Con el que comunica la integración de la Comisión Especial para determinar las causas del bajo financiamiento del desarrollo y del elevado monto de la deuda pública y sus instrumentos, precisar responsabilidades y proponer acciones correctivas, con objeto de alentar el crecimiento del mercado interno y promover el desarrollo del país.

Con el que remite iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa que reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, presentada por el senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Miguel Ángel González Félix, Julio Souza Fernández, Ana Lilia Cepeda de León, Carlos José Mauricio Prieto y Jacqué y Ernesto Enrique Warnholtz Unghvary de Retteg para aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos del Reino de España y de la República Federal de Alemania, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Álvaro Castro Estrada para aceptar y usar la condecoración Orden Ecuestre de San Gregorio Magno, en grado de Comendador, que le otorga la Nunciatura Apostólica en México. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Patricia Espinosa Cantellano y Federico Sada González para aceptar y usar las condecoraciones Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz, y Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que les otorgan los gobiernos de Austria y del Reino de España, respectivamente. (Turno a Comisión)

Iniciativas de diputados

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Victorio Montalvo Rojas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123 Constitucional; y del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Juana Leticia Herrera Ale , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 118, 119, 120 y 123 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raciel Pérez Cruz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Israel Beltrán Montes , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 351 y 352 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedolla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Mario Alberto Salazar Madero, Carlos Alberto Torres Torres y Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

De Ley General de Coordinación de los Programas Sociales para la Igualdad de Oportunidades, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. y el último párrafo del artículo 6o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo para que la Secretaría de Salud emprenda las acciones necesarias para evitar una epidemia de dengue clásico y hemorrágico en los estados de Colima, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luis Potosí y Sinaloa.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de México instruya a la Secretaría de Educación del estado investigue el presunto cobro de servicios en escuelas particulares de educación preescolar.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública instaure a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y demás instancias competentes un programa para abatir de manera integral el analfabetismo en México.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 90 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 219 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno de Tamaulipas que lleve a cabo los trabajos necesarios para construir el Circuito Interior de Reynosa, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se instale una mesa de diálogo entre la Segob, una comitiva del Congreso de la Unión y autoridades del INEGI para solucionar el conflicto laboral de dicho instituto, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se acuerde un aumento de emergencia a los salarios mínimos, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice la fiscalización de la empresa Liconsa, a cargo del diputado Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal implante acciones que modernicen los puntos de revisión carreteros, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal ordene la actualización y activación de la comisión intersecretarial prevista en el artículo 15 del decreto presidencial del 30 de agosto de 1988, en el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como ``Teotihuacán'', a cargo del diputado Ramón Valdés Chávez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del DF acepte y cumplimente la recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección del valle de Mexicali y la región del delta del río Colorado, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal decrete un aumento salarial y establezca un control de precios a diversos productos de la canasta básica, suscrita por los diputados Adrián Pedrozo Castillo , Alejandro Sánchez Camacho y Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los subsidios al gas natural, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que se realice el parlamento de la juventud de México, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa y de la Conapesca destine recursos para el programa de sustitución de motores, en beneficio de los pescadores ribereños, a cargo del diputado Juan Adolfo Orcí Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de formalización y supervisión del acuerdo político nacional para la transparencia y equidad en los procesos electorales locales, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública que realice una investigación sobre el programa Enciclomedia, a cargo el diputado Gerardo Sosa Castelán , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Pleno de esta soberanía homologue los recursos materiales, financieros y humanos que disponen las comisiones especiales con los dispuestos para las comisiones ordinarias, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SSP informe a esta soberanía sobre las bases legales que sustentan la unificación de la PFP y la AFI, creando un nuevo cuerpo federal de policía, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal reforme el Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva, al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta soberanía, a los presidentes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social remitan a la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos todas las documentales obtenidas por el grupo de trabajo creado en la LIX Legislatura, a cargo de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob no expida ningún permiso para la instalación y operación de salas de juego en el país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los encargados de las diversas dependencias del gobierno federal tomen las medidas necesarias para que el estado de Tlaxcala acceda a los mismos programas, proyectos, planes de desarrollo y asignaciones de recursos que los estados de la región sur-sureste del país, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP dé a conocer las revisiones que realiza en las aduanas de los embarques, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a que intervenga frente a los cobros excesivos de energía eléctrica, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal expida un decreto en el que otorgue beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas en el estado de Oaxaca y prorrogue la vigencia del decreto publicado en el DOF el 28 de noviembre de 2006, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades y dependencias federales responsables de la seguridad pública nacional establezcan programas y acciones de comunicación y coordinación con las autoridades competentes de las entidades federativas y municipios para frenar la violencia en el país, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud emita comentarios sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-190, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación que viven los trabajadores mexicanos migrantes en Canadá, a cargo del diputado Andrés Bermúdez Viramontes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice una auditoría a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos revise el pacto suscrito por esa comisión relativo al incremento del salario mínimo vigente, a cargo del diputado Tomás del Toro del Villar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE intervenga para la reapertura del puente internacional Suchiate, en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la problemática que representan los trastornos alimenticios para la juventud mexicana, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP y al gobernador de Michoacán a atender la recomendación número 037/2006 de la CNDH, relativa a los sucesos ocurridos en Sicartsa, en el municipio de Lázaro Cárdenas, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se dictamine la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2004 y 2005, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones correspondientes de esta soberanía retomen los trabajos de análisis, discusión y aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas se integren al Programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía reconsidere la baja de aranceles de diversos productos de la industria química, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a establecer mediante la Segob, la SRE y la PGR medidas de seguridad fronteriza con Estados Unidos de América, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la PGR para que informe sobre la situación laboral del personal técnico, operativo y administrativo de las direcciones generales de Erradicación y de Servicios Aéreos de dicha dependencia, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la iniciativa de ley para despenalizar el delito de difamación y calumnias, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP otorgue de manera oportuna los recursos financieros aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 correspondientes a obras de infraestructura carretera, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud lleve a cabo el programa de salud auditiva, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF lleve a cabo una auditoría especial al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, respecto al destino de los recursos públicos federales del Ramo 33 de los ejercicios fiscales 2005 y 2006, a cargo del diputado Carlos René Sánchez Gil , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN nombre comisionados especiales para investigar las violaciones a los derechos humanos en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas dependencias del Ejecutivo federal informen acerca de los programas y acciones emprendidos para el desarrollo de pueblos que viven en el bosque, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat dé cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar el rescate carretero y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal incentive la creación de microfinanciamientos para jóvenes emprendedores mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF lleve a cabo una auditoría respecto de los recursos federales que integran la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2006 en el estado de Puebla, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal haga un llamado al gobierno de Estados Unidos de América para que frene los abusos a los derechos humanos en contra de connacionales, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat haga los estudios y trámites correspondientes para decretar como área natural protegida las 300 hectáreas ubicadas en Uruapan, Michoacán, a cargo del diputado Antonio Berber Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el impulso de proyectos de desarrollo arqueológico, con visión cultural y turística, suscrita por los diputados Fernando Moctezuma Pereda y Emilio Gamboa Patrón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del DF instrumente los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS realice inspecciones para verificar que las empresas de gas licuado de petróleo cumplan la normatividad en materia de seguridad e higiene, a cargo del diputado Enrique Rodríguez Uresti , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las políticas de salud dirigidas a adolescentes implementadas por el Estado mexicano, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SEP y a la Secretaría de Salud apliquen medidas para prevenir la anorexia y la bulimia, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud implante un programa para dotar a las mujeres de México de la vacuna contra el virus del papiloma humano, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al área de comunicación social de las Cámaras de Diputados y de Senadores para que realicen la difusión de los acuerdos que se logran, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se constituye el grupo de amistad México-Oceanía de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP condone el pago del IVA en energía eléctrica y gas a los productores de tortilla, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la armonización de la legislación federal y seguimiento del sistema de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat verifique los permisos otorgados para construir desarrollos turísticos en Loreto, Baja California Sur, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud a efecto de que explique las políticas públicas de la secretaría a su cargo, en materia de salud reproductiva y en campañas de prevención de enfermedades y contra la discriminación, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República ratifique los convenios con la OIT 81, 85, 174 y 176, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP para que dé a conocer criterios, objetivos y métodos en que fundamenta las evaluaciones educativas que aplica, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedena y a la PGR informen sobre los alcances y eficacia de los puntos de revisión carreteros instalados en el país, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Sener realicen un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios sobre energía eléctrica, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los sistemas del DIF incorporen la miel de abeja en los desayunos escolares, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria certifique los productos lácteos consumidos en el país, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal donen libros de conocimientos científicos y generales para las bibliotecas públicas estatales y municipales, a cargo del diputado Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que suspenda la aplicación del horario de verano en tanto se demuestra la disminución anual en el consumo de fluido eléctrico y el ahorro acumulado desde su aplicación, a cargo del diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal que instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para que revise y actualice la remuneración que reciben los defensores de oficio de la entidad, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir la modificación de las reglas de operación de los programas Oportunidades y de Abasto Social de Leche, a cargo del diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguardia de los Derechos de Propiedad Intelectual a realizar un estudio de impacto económico sobre la piratería de software en nuestro país, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, a través de la Sectur, Lagos de Moreno, Jalisco, dentro del programa Pueblos Mágicos, suscrito por los diputados Martha Angélica Romo Jiménez y Mario Alberto Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar el Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal que coadyuve a que las delegaciones de la entidad suscriban convenios con las instancias encargadas de fomentar la cultura de la no discriminación en el DF, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación del Infonavit y del ISSSTE, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al desarrollo regional sustentable de la Sierra Norte del estado de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes, para que rehabiliten la carretera Poza Rica-María y la Torre y se construya el puente Remolino, en el municipio de Papantla, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a dotar de insumos y equipo al heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que del tiempo fiscal asignado al estado por los medios de comunicación destinen un porcentaje a temas sobre la salud sexual y reproductiva y la no discriminación, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se asignen a la Secretaría de Marina recursos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas del país, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de Seguridad Pública y de Protección Civil locales y federales a realizar acciones a fin de garantizar la seguridad en los estadios de futbol soccer, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Conapesca y al Instituto Nacional de Pesca, a diseñar programas de ordenamiento pesquero en el golfo de Tehuantepec, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que declare como región fronteriza la zona conocida como Los Cinco Manantiales, en el estado de Coahuila, a cargo del diputado Ángel Humberto García Reyes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la Sedesol y a la Sectur a crear un programa que fortalezca y modernice la micro, pequeña y mediana empresa de artesanos mexicanos de plata, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena a incrementar las medidas de seguridad en los puntos de revisión carreteros en el estado de Sonora, a cargo del diputado David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación del doctor mexicano-estadounidense Agustín Aguayo, a cargo del diputado José Jaques y Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a rea-lizar una cruzada educativa a efecto de analizar el contenido de los libros de texto gratuitos, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Sectur, para que se retomen los trabajos de la Comisión Intersecretarial de Turismo, a cargo de la diputada Yolanda Mercedes Garmendia Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una auditoría a la construcción y operación de la Biblioteca José Vasconcelos, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SE, a la Sagarpa y a la Comisión Federal de Competencia a tomar las medidas necesarias a fin de evitar las prácticas monopólicas en la cadena de maíz-tortilla, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a modificar el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a intervenir en la situación que prevalece en la minera Luismin, del municipio Eduardo Neri, Guerrero, a cargo del diputado Modesto Brito González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes, ampliar y reforzar el Operativo Tijuana, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat informe sobre el grado de avance que presentan los estudios para que se decrete la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, área natural protegida, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SHCP y la Sener informe a esta soberanía sobre las acciones que se llevarán a cabo por la proximidad de la temporada de verano en materia del servicio doméstico de electricidad, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que se integre un apartado en el Plan Nacional de Desarrollo que incluya la región sur-sureste, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar a esta soberanía sobre los impactos financieros y de gestión resultado de la modificación a la estructura de la administración pública del DF, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las facultades, escuelas y departamentos de derecho del país a impartir como obligatoria la asignatura de derecho parlamentario, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Sedena para que informe sobre la situación que guarda la lucha contra el narcotráfico y los posibles atentados en contra de legisladores y funcionarios públicos, a cargo del diputado Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Cultura organicen un homenaje donde se otorgue un reconocimiento a los mexicanos ganadores del Óscar, suscrito por los diputados María del Carmen Salvatori Bronca y Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso de la Unión a retomar los trabajos sobre las modificaciones a la Ley Minera para la explotación y aprovechamiento del gas metano, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Jalisco a modificar su normatividad para constituir una comisión ordinaria de atención a grupos vulnerables, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a pronunciarse en relación con la controversia constitucional interpuesta en contra del Ejecutivo federal por el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades en materia de vialidad en cada entidad federativa a hacer cumplir los reglamentos de vialidad para prevenir accidentes automovilísticos, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila a establecer reglas de funcionamiento, alcance y límite de las atribuciones que tendrá la policía cibernética que operará en dicha entidad, a cargo del diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en contra de la tala inmoderada en la Sierra Madre en Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a asignar recursos para complementar el pago de las cuotas de aseguramiento al IMSS de los productores de caña de azúcar, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al estado de Nuevo León a fijar su postura respecto de la situación del municipio de Santa Catarina sobre el proyecto de Valle de Reyes, en el Cañón de Ballesteros, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Conade a promover la práctica del deporte autóctono y tradicional en los niveles de educación básica e incrementen el apoyo económico destinado a las tareas de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, a cargo del diputado Francisco Sánchez Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la SCT y a Capufe que reubiquen la plaza de cobro 156 Plan de Barrancas, ubicada en la autopista Guadalajara-Tepic, suscrito por los diputados José Gildardo Guerrero Torres y Gustavo Macías Zambrano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP a incluir la enseñanza de la lengua inglesa en los programas educativos de preescolar y primaria de la educación pública, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Salud a cumplir con la norma oficial mexicana que establece el precio máximo de venta al público de medicinas, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía y el Gobierno Federal, impulsen a través de una política de estado, el consumo de productos pesqueros y acuícolas nacionales, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a rea-lizar una auditoria de los recursos destinados a los programas sociales de Sedesol correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía a realizar un ajuste de la tarifa eléctrica residencial en el estado de Yucatán, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes de la Unión a que en los actos que organicen con cargo al erario federal sólo se consuman bebidas nacionales, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de los humedales mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SCT y de la SHCP revise el proceso administrativo de autorización de proyectos de inversión pública en infraestructura, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se condena la no acreditación en Cuba de corresponsales de diversos periódicos, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en solidaridad con la iniciativa de enmienda HR 502 del congresista estadounidense Henry Cuéllar, a cargo de la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo de Tabasco a acatar la recomendación emitida por la CNDH el pasado 27 de diciembre de 2006, a cargo del diputado Pedro Landero López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo a se abocarse al estudio y resolución de la denuncia de juicio político presentada por el Presidente del Congreso de Chihuahua, suscrito por los diputados Lilia Merodio Reza , Enrique Serrano Escobar y César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a dirigir una política exterior respetuosa de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, y de Seguridad Pública de esta soberanía a los titulares de la SSP y de la PGR, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir dentro del PND la construcción de tres refinerías, suscrito por los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Ramón Pacheco Llanes , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante las comisiones unidas de Economía, y de Agricultura y Ganadería de esta soberanía a los titulares de la SE y de la Sagarpa, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legisladoras y legisladores federales y locales a suscribir el Pacto Nacional 2007 para la igualdad entre mujeres y hombres, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar acciones para que se castigue a los miembros del Ejército Mexicano que han participado en violaciones de derechos humanos de mujeres, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que declare alerta de violencia de género contra las mujeres en la zona de Zongolica, estado de Veracruz, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del Fifonafe inicie el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley Agraria en materia de reordenamiento de la propiedad rural, a efecto de que ejercite la acción de revisión parcial del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984, en el municipio Santa María Huatulco, Oaxaca, ante el Tribunal Agrario competente, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión investigadora de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad con relación a los proyectos de inversión con registro diferido en el gasto público, a cargo del diputado Ramón Félix Pacheco Llanes , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión investigadora del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sedena y al ISSSTE a informar si existe algún beneficiario de la Ley a Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas del sur-sureste de México a formar una comisión que impulse las políticas públicas para el desarrollo económico de esa región, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lutzöw, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía a promover, a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, una reforma fiscal integral, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS y de la SCT a suscribir el proyecto de bases de colaboración elaborado por ambas dependencias, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría al fideicomiso número 1936 FARAC, relativo a la concesión de autopistas nacionales, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del comisionado del Instituto Nacional de Migración para que informe sobre los derechos humanos de los migrantes indocumentados de Centroamérica en territorio nacional, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a realizar los trámites necesarios para la construcción de la unidad de medicina familiar número 10 en Matamoros, Tamaulipas, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SEP a atender y dotar de infraestructura la educación básica indígena del sur-sureste del país, a cargo del diputado Odilón Romero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a integrar una comisión estatal coordinadora del Programa de Apoyo a Madres Adolescentes, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial sobre cambio climático, suscrito por los diputados Benjamín Hernández Silva y Roberto Mendoza Flores , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a informar sobre las condiciones de las obras del paradero del Metro Ciudad Azteca, que fueron concesionadas, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la próxima visita del Presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush, a cargo del diputado Humberto Zazueta Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar y promover en las entidades federativas procesos de programación detallada y asignar recursos para nuevas plazas de docentes en los diferentes niveles y modalidades, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a modificar y homologar en todo el país el programa curricular del sistema de educación media superior, a cargo del diputado José de Jesús Solano Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para replantear los contenidos de la actual campaña publicitaria que lleva a cabo esta soberanía, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar, a que a través de la SSP y de la PGR, programas para la protección de los periodistas en nuestro país, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a destinar recursos para mejorar las carreteras que conducen a la zona arqueológica del Tajín, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a los gobiernos de las entidades por las que pasa el río Lerma a establecer un comité de vigilancia de descargas de agua residual, a cargo del diputado Juan Victoria Alva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Excitativas

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de los diputados Alejandro Landero Gutiérrez y Margarita Arenas Guzmán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Jaime Verdín Saldaña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Al Senado de la República, a solicitud del diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Al Senado de la República, a solicitud de los diputados Marco Antonio Peyrot Solís y Gerardo Buganza Salmerón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios sobre la aprobación de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, relativa a la protección de los manglares en México, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre las Jornadas de Lucha Campesina por el Programa Emergente para la Producción del Maíz, la Soberanía Alimentaría y la Renegociación del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efeméride

Con Motivo del CLXXXIII aniversario de la creación del estado de México, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna Murguía, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior; consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves ocho de marzo de dos mil siete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con veintiséis minutos del jueves ocho de marzo de dos mil siete, con la asistencia de doscientos sesenta y nueve diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica con motivo del Sexcentésimo Octogésimo Segundo Aniversario de la Fundación de Tenochtitlán. Se designa comisión de cortesía para asistir a dicho evento.

El Congreso del estado de Veracruz, remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo cuatrocientos veinticuatro Quáter al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.

La Cámara de Senadores remite:

Oficio con el que informa que el senador Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, presentó en sesión del seis de marzo de dos mil siete, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos del inciso i) del artículo setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos constitucional, minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo doscientos cuarenta y siete del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Presidencia envía saludos y felicitaciones a todas las diputadas y mujeres que laboran en la honorable Cámara de Diputados y les otorga la palabra a las diputadas: Aída Marina Arvizu Rivas , de Alternativa; Mónica Arriola, de Nueva Alianza; María Mercedes Maciel Ortiz , del Partido del Trabajo; María del Carmen Salvatori Bronca , de Convergencia;

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Pilar Guerrero Rubio , del Partido Verde Ecologista de México; Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , de Alternativa; Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Partido Revolucionario Institucional;

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Maricela Contreras Julián , del Partido de la Revolución Democrática y Mirna Cecilia Rincón Vargas , del Partido Acción Nacional.

A las doce horas con veinte minutos se registra una asistencia de cuatrocientos cuarenta y un diputadas y diputados.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Beatriz Eugenia García Reyes , del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Roberto Mendoza Flores , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Verónica Velasco Rodríguez , del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo diez de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Se turna a la Comisión de Participación Ciudadana.

Alberto Esteva Salinas , de Convergencia, que reforma el artículo siete de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Joaquín Humberto Vela González , del Partido del Trabajo, que reforma el artículo dieciséis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes.

Desde su curul, el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , de Nueva Alianza, solicita la rectificación del quórum y la Presidencia solicita a la Secretaría abrir el sistema electrónico de asistencia para atender lo solicitado.

María Victoria Gutiérrez Lagunes , del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Víctor Gabriel Varela López , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos veinticuatro y doscientos veintiséis de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Salud, con opinión de la Comisión de Defensa Nacional.

Con el registro de cuatrocientos un diputadas y diputados, se confirma la existencia de quórum.

Jorge Mario Lescieur Talavera , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes: Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de la Función Pública y de Justicia.

Verónica Velasco Rodríguez , del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cinco de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Se turna a la Comisión de Participación Ciudadana.

Beatriz Collado Lara , del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Joaquín Conrado de los Santos Molina , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ochenta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

José Jacques Medina, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

José Edmundo Ramírez Martínez , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Moisés Alcalde Virgen , del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos diecinueve y veintiuno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Lourdes Quiñones Canales , a nombre propio y de la diputada Aracely Escalante Jasso , ambas del Partido Revolucionario Institucional, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Equidad y Género.

Esmeralda Cárdenas Sánchez , del Partido Acción Nacional, que deroga el segundo párrafo de la fracción primera del artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

José Rosas Aispuro Torres , a nombre propio y del diputado Emilio Gamboa Patrón , ambos del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Carlos Augusto Bracho González , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para constituir una nueva entidad federativa denominada Estado Libre y Soberano de la Laguna. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. Desde su curul, la diputada Aída Marina Arvizu Rivas , de Alternativa expresa su adhesión a dicha iniciativa.

Jesús de León Tello , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veinticuatro de la Ley de Concursos Mercantiles. Se turna a la Comisión de Economía.

Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos cuatro, veintiséis, veintisiete, ciento setenta y cinco A, ciento setenta y cinco B y ciento setenta y cinco C, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La Secretaría da lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que a través del Consejo de la Judicatura Federal, investigue los hechos que presuntamente pueden constituir un agravio y violación de la Constitución General de la República. En sendas votaciones económicas la asamblea lo admite a discusión y lo aprueba. Comuníquese.

Se presentan dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que:

Reforma el artículo quinto y el último párrafo del artículo sexto de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Quedan de primera lectura.

En votación económica la asamblea dispensa la lectura de los siguientes dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto, que concede permisos a los ciudadanos:

Roxana Velásquez Martínez del Campo, para aceptar y usar la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le confiere el gobierno del Reino de España.

José Juan de Dios Nava Lucio, Miguel Ángel Rodríguez García, Érika Marí Guzmán Romero y Gloria Lorena Olivera Ortiz, para prestar servicios en las embajadas de la República de Hungría y de la República Checa en México, y en el Consulado de los Estado Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se aprueban en conjunto en lo general y en lo particular, los proyectos de decreto, por trescientos cuarenta y tres votos en pro, cero en contra y tres abstenciones. Pasan al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

En votación económica la asamblea autoriza se le dé lectura a los siguientes puntos de acuerdo de dictámenes de la Comisión de Gobernación:

Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que expida el Reglamento de la Ley de Seguridad Nacional, en cumplimiento del artículo cuarto transitorio de la ley en la materia.

Para exhortar a los secretarios de Gobernación y de Desarrollo Social para que, en el ámbito de sus competencias, refuercen e intensifiquen las medidas para atender a las personas damnificadas en los diferentes estados de la República que han padecido los efectos de la presente temporada invernal.

En votación económica en conjunto, la asamblea los aprueba. Comuníquense.

Se recibe de los diputados Isidro Pedraza Chávez y Adriana Díaz Contreras , ambos del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal incorpore las propuestas sobre soberanía alimentaria contempladas en la Declaración del Zócalo, dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cuarenta minutos y cita para la próxima, que tendrá lugar el martes trece de marzo de dos mil siete, a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobada el acta.

PARLAMENTO LATINOAMERICANO

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo.--- Parlamento Latinoamericano.

Excelentísimo Señor Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Ciudad de México.

Muy apreciado Sr. Presidente: tengo el agrado de dirigirme a usted, por instrucciones del Presidente del Parlamento Latinoamericano, senador Jorge Pizarro, a fin de informarle que el 9 de noviembre de 2006, en Bruselas, se constituyó oficialmente la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, integrada por 150 parlamentarios (75 de Europa y 75 de América Latina). Le anexo el texto constitutivo.

En dicha asamblea constitutiva se establecieron tres comisiones permanentes:

- Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos

- Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales

- Comisión de Asuntos Sociales, Intercambios Humanos, Medio Ambiente, Educación y Cultura

Los parlamentarios latinoamericanos, con excepción del copresidente de la Asamblea, quien es nuestro presidente actual, senador Jorge Pizarro, y siete vicepresidentes ya designados --dos del Parlatino, uno del Andino, uno del Centroamericano, uno del Mercosur, uno del Acuerdo de Cooperación Europa-Chile y uno por el Acuerdo de Cooperación Europa-México--, se integrarán a las tres comisiones mencionadas en número equitativo (23-22 y 22).

Las directivas de estas comisiones igualmente fueron acordadas en Bruselas.

En hoja adjunta encontrará su excelencia las designaciones que se hicieron durante la asamblea constitutiva del Eurolat.

Se hizo un reparto entre los organismos que integran la parte latinoamericana:

Parlamento Latinoamericano 31

Parlamento Centroamericano 14

Parlamento del Mercosur 13

Parlamento Andino 11

Convenio de Cooperación Europa-México 3

Convenio de Cooperación Europa-Chile 3

75

La Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano, ante la imposibilidad de que nuestros congresos miembros coincidieran en la participación equitativa que debe haber para integrar las tres comisiones, consultando la vocación y contribución histórica que han tenido al formar parte de nuestras propias comisiones, hizo el reparto de lo que les corresponde, el cual figura en hoja que le anexo.

Para saber qué número se asignaba a cada congreso miembro, se aplicó la misma regla que en la actualidad rige para la fijación de las cuotas de mantenimiento:

Quince congresos pagan una cuota igual de 20.000,00 dólares estadounidenses. Les corresponde un cupo en el Eurolat.

Siete congresos pagan una cuota doble. Les corresponden dos cupos.

Así, suman 29, más el Presidente del Parlatino, ya elegido como copresidente de la Asamblea Parlamentaria, y un cupo final para cualquier otro parlamentario, miembro de la Mesa Directiva del Parlatino o no, a libre discreción del Presidente.- Total: 31 cupos.

A su Congreso le correspondieron, en consecuencia, dos cupos: uno para la Cámara de Diputados y el otro para el Senado de la República.

Les fueron asignadas las comisiones de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos; y de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales.

Una vez llegado a un acuerdo para saber quién va a la una y quien a la otra, sírvanse comunicar sus nombres para hacerlos conocer al Parlamento Europeo.

También le envío las competencias y responsabilidades de cada una de las comisiones (artículo 1 del reglamento).

Las designaciones, mientras sean parlamentarios, tienen una duración de dos años.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterar al señor Presidente las seguridades de mi mayor consideración.

Atentamente

Sao Paulo, a 5 de marzo de 2007.--- Humberto Peláez Gutiérrez (rúbrica), secretario ejecutivo del Parlamento Latinoamericano.»

«Artículo 1

Se constituirán tres comisiones parlamentarias permanentes, que tendrán las siguientes competencias y responsabilidades:

I. Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

1. El diálogo político y la política exterior y de seguridad, así como las políticas en favor de la paz, la prevención y la resolución de conflictos;

2. Las relaciones con las instituciones eurolatinoamericanas de integración (incluidas la Cumbre UE-ALC, las conferencias ministeriales, el Grupo de Río, el Proceso de San José, el Consejo de Ministros y la Comisión Europea), con las instituciones y órganos de Naciones Unidas, con la Segib y con otras organizaciones internacionales y asambleas parlamentarias para las cuestiones que incidan en su ámbito de competencias;

3. Paz, gobernabilidad, institucionalidad democrática y papel de los partidos políticos;

4. El respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos, los principios democráticos y la buena gestión de los asuntos públicos.

Esta comisión coordinará también la acción de los grupos de trabajo en misiones de información y estudio, así como de las delegaciones de observación de elecciones enviadas de conformidad con el artículo 24 del reglamento de la asamblea.

II. Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

1. El seguimiento de las relaciones económicas, financieras y comerciales de los socios entre sí, con terceros países y con organizaciones regionales;

2. Las relaciones con las organizaciones internacionales pertinentes (y concretamente con la Organización Mundial de Comercio) y con las organizaciones que fomenten a escala regional la integración económica y comercial;

3. Las medidas de armonización o normalización técnicas en sectores cubiertos por instrumentos de derecho internacional;

4. Las cuestiones relativas al financiamiento de la asociación, incluido el seguimiento de la ejecución de la Facilidad América Latina del Banco Europeo de Inversiones y otros instrumentos y mecanismos del mismo tipo;

III. Comisión de Asuntos Sociales, Intercambios Humanos, Medio Ambiente, Educación y Cultura

Esta comisión será competente para los siguientes asuntos:

1. El desarrollo social y humano, así como las infraestructuras y los servicios sociales, incluidas las cuestiones relativas a la salud;

2. La migración y los intercambios humanos;

3. La cooperación al desarrollo entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe;

4. La cooperación en los ámbitos de la cultura y la educación y las relaciones con las organizaciones e instituciones internacionales competentes;

5. Las cuestiones relativas a la población juvenil y a la igualdad de género;

6. Desarrollo sostenible, recursos naturales, calentamiento global y política energética;

7. Investigación y desarrollo tecnológico.

Acta constitutiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana

Bruselas, Bélgica, 8 de noviembre de 2006.

Preámbulo

Reunidos en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el 5 agosto de 2006, los presidentes del Parlamento Europeo, del Parlamento Andino, del Parlamento Centroamericano y del Parlamento Latinoamericano;

Considerando que, en el contexto de la Asociación Estratégica Birregional entre la Unión Europea y América Latina y de su IV cumbre, celebrada en Viena, Austria, el 12 de mayo 2006, el párrafo 8 de la Declaración de Viena otorga especial reconocimiento a la propuesta de los parlamentos de integración, reiterada en la XVII Conferencia Interparlamentaria UE-ALC, celebrada en Lima, Perú, del 14 al 17 de junio de 2005, de establecer una asamblea parlamentaria euro-latinoamericana;

Considerando que dicho reconocimiento constituye sin duda uno de los resultados positivos más notables de la IV cumbre, al recoger una ya añeja aspiración de los parlamentos de integración, emanada inicialmente de la resolución del Parlamento Europeo de 15 de noviembre de 2001, reiterada en la del 27 de abril de 2006 y unánimemente apoyada, entre tanto, por el conjunto de los parlamentos regionales de integración en los encuentros interparlamentarios de Puebla, México, en marzo de 2004, en la ya indicada Conferencia de Lima, Perú, en junio de 2005 y, más recientemente, en Bregenz, Austria, el 24 y 25 de abril de 2006;

Considerando que, a la vista del desarrollo y de los resultados de la Cumbre de Viena y de su Declaración Final, los presidentes del Parlamento Europeo y de los parlamentos de integración en América Latina y el Caribe (Parlamento Latinoamericano, Parlamento Centroamericano, Parlamento Andino y Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur), reunidos en Guatemala el 26 de junio de 2006, en el marco de la Primera Cumbre Mundial de Presidentes de Parlamentos de Integración Regional, decidieron constituir un grupo técnico de trabajo, al que se encomendaron las tareas preparatorias necesarias para la organización de la reunión constitutiva y, en particular, la preparación de la presente acta;

Considerando que en su reunión del 4, 5, 6 de agosto en Cartagena de Indias el referido grupo técnico de trabajo elaboró la propuesta de acta constitutiva y el Reglamento de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana;

Considerando que las 17 conferencias interparlamentarias UE-AL bianuales celebradas desde 1974 entre el Parlamento Europeo y el Parlamento Latinoamericano y a las que se sumaron en fechas posteriores los restantes parlamentos regionales de integración en América Latina (Parlacen, Parlandino, y CPC Mercosur) constituyen el antecedente inmediato de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana;

Considerando que desde su creación, en 1974, dichas conferencias han venido reuniendo de forma regular a diputados de los diversos parlamentos de integración en Europa y América Latina, y sus actas finales incluyen un rico acervo de propuestas, recomendaciones y líneas de acción sobre el conjunto de las relaciones UE-AL sobre las que se debe fundamentar el refuerzo de la asociación estratégica birregional;

Considerando que la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana constituye un salto cualitativo en relación con las anteriores conferencias interparlamentarias bianuales, a las que reemplaza;

Considerando que el Grupo de Río se ha referido también a la necesidad de fortalecer las relaciones políticas entre la Unión Europea y América Latina y, en tal sentido, la creación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana constituye una excelente oportunidad para avanzar en dicha dirección;

Considerando que la declaración explicativa de la presidencia austriaca de la Unión Europea de fecha 30 de mayo de 2006 sobre los resultados de la Cumbre de Viena, así como repetidas declaraciones de la comisaría responsable han dejado clara la necesidad de que sobre la base de la Declaración de Viena, la dimensión parlamentaria de la asociación estratégica sea desarrollada y puesta en marcha cuanto antes.

Convienen

Artículo 1:

Por medio de la presente acta, se constituye la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, como una instancia destinada a ser la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional entre la Unión Europea y América Latina, fomentando la transparencia en este proceso y permitiendo su aproximación a los intereses y expectativas de la ciudadanía.

La participación en la asamblea será voluntaria y mantendrá un espíritu integrador y de apertura.

Artículo 2: Objetivos

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana deberá coadyuvar, promocionar y profundizar en los aspectos concretos de la asociación estratégica birregional cubriendo sus tres grandes vertientes; a saber:

a) Las cuestiones relativas a la democracia, la política exterior, gobernabilidad, integración, paz y derechos humanos;

b) Los asuntos económicos, financieros y comerciales;

c) Los asuntos sociales, los intercambios humanos, el medio ambiente, la educación y la cultura;

Artículo 3:

La asamblea tendrá una composición paritaria y serán miembros de ella los parlamentos de integración latinoamericanos, las comisiones parlamentarias mixtas (México y Chile) y el Parlamento Europeo, representados por las parlamentarias y parlamentarios designados por ellos.

La asamblea velará para que los miembros de las futuras comisiones parlamentarias mixtas Unión Europea-Centroamérica y Unión Europea-Comunidad Andina sean designados entre los diputados del Parlamento Centroamericano y del Parlamento Andino, respectivamente.

Artículo 4: Estructura

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana tendrá la siguiente estructura:

a) Asamblea Plenaria;

b) Mesa Directiva;

c) Comisiones; y

d) Secretariado Ejecutivo.

La Asamblea Plenaria será el órgano supremo y adoptará su reglamento, en el que se dispondrá todo lo relativo a la composición, las atribuciones y el funcionamiento de sus órganos.

Artículo 5: Atribuciones

Serán atribuciones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana:

a) Constituirse como foro de debate, control y seguimiento parlamentario de todas las cuestiones relativas a la Asociación Estratégica Birregional Unión Europea-América Latina y Caribe, en cuanto institución parlamentaria de dicha asociación.

b) Velar por el cumplimiento de los objetivos del artículo 2 de la presente acta constitutiva.

c) Aprobar por mayoría los actos decisorios, así como las resoluciones y recomendaciones dirigidas a la Cumbre UE-ALC y a las instituciones, órganos, grupos y conferencias ministeriales dedicadas al desarrollo de la asociación, en asuntos relacionados con los diversos ámbitos de la asociación estratégica.

d) Emitir opinión sobre las cuestiones que le sean solicitadas por la propia Cumbre UE-ALC y las conferencias ministeriales vinculadas a la asociación estratégica, por lo que llama a una y otras a consultar a la asamblea sobre las grandes cuestiones y las opciones básicas relacionadas con cada una de las tres vertientes de la asociación estratégica birregional;

e) Establecer las relaciones apropiadas entre la asamblea, por un lado, y la cumbre y las distintas conferencias ministeriales e instituciones vinculadas a la asociación estratégica, por otro;

Artículo 6: Financiación

Los gastos de funcionamiento de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana correrán a cargo de los parlamentos de integración y de las comisiones parlamentarias mixtas que forman parte de ella, en la proporción que establezca el reglamento.

Artículo 7: Reuniones

La asamblea plenaria se reunirá en principio una vez al año, alternativamente en un país de América Latina, y en el Parlamento Europeo o en un Estado miembro de la Unión Europea, previa invitación del mismo y acuerdo de las instancias competentes del Parlamento Europeo.

La Mesa Directiva y las comisiones se reunirán conforme a lo dispuesto en el reglamento de la asamblea.

Disposiciones Finales

La presente acta constitutiva se firma en Bruselas el 8 de noviembre de 2006, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones internas de cada uno de los parlamentos participantes.

Con posterioridad a la constitución de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, la presente acta queda abierta a la adhesión de quien teniendo derecho no la haya suscrito o de algún parlamento de integración regional latinoamericano de nueva creación.

Cualquiera de los parlamentos de integración o comisiones parlamentarias mixtas podrá renunciar a seguir siendo parte de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, previa notificación formal a la Mesa Directiva con un año de anticipación.

Honorable Diputado Josep Borrell Fontelles

Presidente del Parlamento Europeo

Honorable Senador Luis Fernando Duque García

Presidente del Parlamento Andino

Honorable Diputado Julio Guillermo González Gamarra

Vicepresidente del Parlamento Centroamericano

Honorable Diputado Ney Lopes

Presidente del Parlamento Latinoamericano

Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana Por América Latina

Copresidente: Senador Jorge Pizarro, Presidente Parlamento Latinoamericano

Covicepresidentes

Diputado Eduardo Barbosa (Parlatino- Brasil)

Senador Luis Fernando Duque (Presidente Parlamento Andino-Colombia)

Senadora Rosario Green (México-Acuerdo de Cooperación)

Senador Jaime Naranjo (Chile-Acuerdo de Cooperación)

Diputado Julio Palacios (Parlamento Centroamericano-Panamá)

Congresista José Alejandro Vega Antonio (Parlatino-Perú)

Falta designar un representante de Mercosur

Comisiones

De Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos

Copresidenta

Diputada Armida de López Contreras (Parlamento Centroamericano-Honduras)

Covicepresidentes

Diputada Nora Castro (Mercosur-Uruguay)

Diputado Amílcar Figueroa (Parlatino-Grupo Venezolano del Parlatino)

De Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales

Copresidenta

Diputada Ivonne de Baki (Parlamento Andino-Ecuador)

Covicepresidentes

Diputado Jacinto Suárez (Parlamento Centroamericano-Nicaragua)

Senador Jorge Arancibia (Chile-Acuerdo de Cooperación)

De Asuntos Sociales, Intercambios Humanos, Medio Ambiente, Educación y Cultura

Copresidente

Diputado Alfredo Serrano (Parlatino-Ecuador)

Covicepresidentes

Diputado José Murat (México-Acuerdo de Cooperación)

Congresista Rosa León (Parlamento Andino-Perú)

Cosecretaría Eurolat: Doctor Humberto Peláez Gutiérrez, secretario ejecutivo del Parlamento Latinoamericano.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Hago referencia a su oficio SEL/300/051/07, mediante el cual remite a esta comisión el punto de acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión donde exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a publicar, por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con la mayor brevedad, en el Diario Oficial de la Federación, la recategorización del actual parque nacional Pico de Tancítaro, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas. Sobre el particular le informo:

Esta comisión reconoce que los procesos de apropiación de los recursos naturales que se han venido gestando en el parque nacional Pico de Tancítaro son de una gran complejidad político-social, por lo cual ha sido necesario buscar mecanismos que permitan un esquema que de oportunidades de desarrollo en beneficio de los dueños y poseedores ubicados en el área natural protegida (ANP), permitiendo con ello la conservación del área y, por otra parte, que los usuarios indirectos también sean beneficiados con los servicios ambientales, es decir, impulsar el desarrollo sustentable de la zona.

La actual figura jurídica del área conlleva restricciones, que si bien permiten su preservación, no son compatibles con el uso extractivo de sus recursos naturales. Es claro que la dinámica del área nos ha obligado a buscar alternativas que hagan compatibles estás dos procesos, aparentemente antagónicos.

Como una opción viable para encontrar ese balance, esta comisión planteó la necesidad de cambiar la figura jurídica del área de parque nacional a área de protección de flora y fauna, la cual es más flexible y puede hacer compatible la conservación con su uso y manejo de los recursos naturales. Es así que desde 1999 se han venido realizando diferentes acciones encaminadas a modificar la figura jurídica del área, las que se anexan al presente, entre las que se encuentran:

Cuatro foros municipales en 1999.

Un estudio técnico justificativo elaborado por la UNAM.

La publicación, en el Diario Oficial de la Federación ( 30 de diciembre de 2002), donde se avisa al público que está en consulta el estudio referido.

Reuniones intersectoriales y con diferentes actores.

Dos foros de validación del proceso de cambio de categoría en 2005.

Reuniones con algunos de los actores para hacer las gestiones necesarias para orientar sus posiciones a favor del cambio de categoría.

Por otra parte, en seguimiento de lo que señala el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se vienen realizando gestiones con ejidos, comunidades indígenas, pequeños propietarios, instituciones de los tres niveles de gobierno, así como las organizaciones civiles, en el sentido de conocer su opinión respecto a la posición que les convenga, con base en sus intereses jurídicos, relativos al asunto que nos ocupa.

Cierto es que la multicitada recategorización nos ha llevado años; también lo es que se hace necesario continuar un proceso de maduración de la propuesta de declaratoria de cualquier área natural protegida, con el objeto de concienciar a los principales actores de sus procesos biológicos, sociales y económicos, así como el de su socialización, para poder alcanzar los consensos necesarios para llevar a buen fin este objetivo.

Cabe mencionar que a la fecha se están realizando las gestiones necesarias ante los actores que han mantenido una fuerte oposición al proceso, con la finalidad de tener los consensos necesarios para el establecimiento de la nueva categoría del área.

De igual manera, se ha venido trabajando junto con la Comisión de Medio Ambiente del honorable Congreso del estado de Michoacán en gestiones ante los diferentes municipios que conforman el ANP y dependencias del sector ambiental estatal para que se sumen a este proceso. Se cuenta con un borrador de decreto, el cual está en proceso de validación jurídica, que es del conocimiento de algunos actores del proceso, como la comunidad indígena de San Juan Nuevo Parangaricutiro.

Sabedores del impacto social, económico, político y ecológico que el proceso tiene en la región, se están acelerando los procedimientos que competen a esta Comisión, para presentar y gestionar a la brevedad la propuesta terminada a las instancias encargadas de validarla.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

Atentamente

Alberto Elton Benhumea (rúbrica), director regional occidente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la República.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.--- Presente.

Distinguido Diputado:

En atención a su oficio número D.G.P.L.60-II/6-664, mediante el cual solicita que se le informe el estado que guarda la averiguación previa PGR/DDF/SPE-XII/492/07-01, la cual se inició con la denuncia presentada por el senador Ricardo Monreal, me permito informar a usted que el expediente antes citado se remitió a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, mediante el oficio número DDF/828/2007, del 1 de febrero del año en curso, toda vez que existen elementos que justifican la intervención de dicha unidad especializada para continuar con la investigación correspondiente, lo anterior con fundamento en términos del acuerdo A/070/2003, del procurador general de la República.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 9 de marzo de 2007.--- Maestro Ricardo Valladolid Márquez (rúbrica), agente del Ministerio Público de la Federación y titular de la Mesa XII-DDF.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

DICTAMENES NEGATIVOS

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes negativos de puntos de acuerdo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Presupuesto y Cuenta Pública

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita sea publicado en el Diario Oficial de la Federación el Anexo 21-A ``Ampliaciones a Educación, Subsector Cultura''.

Fecha de Publicación: 12 de marzo.

Dictamen por el que se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, comunique las razones de las inconsistencias entre el presupuesto autorizado por el Pleno para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable y lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Fecha de Publicación: 12 de marzo.

Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar a esta soberanía programe una Sesión Solemne como reconocimiento a la Universidad Pública y en particular a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fecha de Publicación: 12 de marzo.

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados instituye el premio Francisco Zarco al periodismo legislativo, en los géneros de crónica, reportaje, artículo de fondo y nota informativa.

Fecha de Publicación: 12 de marzo.

Relaciones Exteriores

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que la Cámara de Diputados se pronuncia para que el Gobierno de Estados Unidos libere a cinco presos políticos cubanos.

Fecha de Publicación: 12 de marzo.

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Poder Ejecutivo federal, exhorte al gobierno de los Estados Unidos de América para que no se aplique la Ley de Comisiones Militares.

Fecha de Publicación: 12 de marzo.

Solicito a ustedes lo hagan del conocimiento de la honorable asamblea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.--- Diputado Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por la cual se solicita que se publique en el Diario Oficial de la Federación el anexo 21-B, ``Ampliaciones a Educación, Subsector Cultura'', con los proyectos etiquetados por mil 520 millones de pesos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados fue turnado para su estudio y dictamen el punto de acuerdo por el que se solicita sea publicado en el Diario Oficial de la Federación el anexo 21-A, ``Ampliaciones a Educación, Subsector Cultura'', presentada por la senadora Claudia Sofía Corichi García y suscrita por el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87, 88, 94 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión que suscribe emite la presente resolución a las proposiciones con punto de acuerdo recibida el 3 de enero del presente año.

Antecedentes

Con fecha 3 de enero de 2007, el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, puso a consideración de la Comisión Permanente de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para solicitar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del anexo 21-A, ``Ampliaciones a Educación, Subsector Cultura, Ramo 11'', dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, presentada por la senadora Claudia Sofía Corichi García.

Esa misma fecha, la Comisión Permanente turnó a esta comisión la proposición en comento para su estudio y dictamen.

En su escrito el diputado Suárez del Real explica que uno de los debates más significativos durante la sesión del día 22 de diciembre de 2007 se dio en torno al anexo 21-A del PEF 2007 que contenía el dictamen original contra el que presentó la Comisión de Cultura, en el que quedaba especificada la distribución de recursos adicionales al sector cultura. Igualmente, se señala que la Mesa Directiva sometió a votación dos versiones de distribución de los recursos adicionales para el subsector cultura con objeto de que los diputados reflexionaran sobre el sentido de su voto. Se comenta que se otorgó la mayoría de votos a la propuesta del presidente de la Comisión de Cultura.

En este sentido, en la versión estenográfica de la sesión del 22 de diciembre de 2006, el diputado Emilio Ulloa Pérez señala:

El diputado Emilio Ulloa Pérez : Buenos días, compañeras y compañeros diputados. El tiempo es breve. Quiero pedir a la Presidencia leer el documento correspondiente. Quiero hacer un llamado a todas y a todos sobre el tema de cultura.

Decir que desgraciadamente la Comisión de Programación y Presupuesto cometió algunos errores en el planteamiento. Por ejemplo, pone al Instituto Mexicano de la Juventud en Cultura, que no tiene nada que ver con este tema; y es por eso que primero hemos solicitado se vote en el Pleno esta corrección de fe de erratas; se ha hecho llegar al Presidente de la Mesa Directiva, se ha hecho llegar al Presidente de la Junta de Coordinación Política, para que esta fe de erratas sea corregida. Y además anexo la reasignación que fue votada por unanimidad de los diputados presentes de la comisión, los secretarios y presidente, que avalamos esta reasignación de presupuesto para el país en el tema cultural.

...

Es por eso que nada más estamos planteando corregir la fe de erratas. Al corregir la fe de erratas también se vote la reasignación que acordó la Comisión de Cultura, que ustedes tendrán en sus manos --la Comisión de Presupuesto la tiene-- y ésta sea votada por el Pleno.

...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : Gracias, diputado Ulloa. Por lo que toca a la fe de erratas se tomará en cuenta al final. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta la propuesta del diputado Ulloa.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta hecha por el diputado Emilio Ulloa Pérez . Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestar (votación)...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : A ver, permítame. Sonido a la curul del diputado Cristián Castaño.

El diputado Cristián Castaño Contreras(desde la curul): Presidente, muchas gracias. Si ésta es una solicitud solamente para unafe de erratas, no consideramos necesaria la votación, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : No, es que además de la fe de erratas, está haciendo una propuesta. La fe de erratas se acepta, pero hizo una propuesta. Ya está la fe de erratas.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta la propuesta del diputado Ulloa.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa... (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : Tiene la palabra el diputado José Jacques y Medina , para presentar una modificación del Anexo I, ``Gasto Neto Total, Ramos Administrativos. Ramo 05, Relaciones Exteriores...

Al final de la sesión, la secretaria da lectura a una ``fe de erratas'' presentada por la Comisión de Cultura que corresponde al Anexo 21-A, ``Ampliaciones a Educación, Subsector Cultura'', que contiene la propuesta de distribución de los recursos adicionales para el subsector cultura, Ramo 11, dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007, signada por el presidente de la Comisión de Cultura, diputado Emilio Ulloa Pérez (anexo 1).

Cabe aclarar que de acuerdo con la técnica legislativa, la única que puede presentar ``fe de erratas'' es la comisión dictaminadora y no una comisión diferente de la que presenta el dictamen. Por esta razón, la Mesa Directiva toma esta ``fe de erratas'' como una propuesta que hace el diputado Ulloa en su carácter de presidente de la Comisión de Cultura. Esta propuesta fue leída por la secretaria diputada como se señala a continuación:

``Instituto Nacional de Antropología e Historia, 775 millones, 105 mil 604 pesos, debe decir: 165 millones.

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, dice: 389 millones, 62 mil 594 pesos; debe decir: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 145 millones de pesos.

Radio Educación, dice: 3 millones, 879 mil, 129; debe decir: 2 millones de pesos.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dice: 618 millones, 162 mil 809 pesos; debe decir: mil 540 millones de pesos.

Dice: Centro de Capacitación Cinematográfica, 18 millones 950 mil 604 pesos; debe decir: 8 millones de pesos.

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, SA de CV, dice: 28 millones, 106 mil, 490 pesos; debe decir: 1 millón de pesos.

Educal, SA de CV, dice: 20 millones, 143 mil 901 peso; debe decir: 20 millones de pesos.

Estudios Churubusco-Azteca, S.A., dice: 7 millones de pesos; debe decir: seis millones de pesos.

Fideicomiso para la Cineteca Nacional, dice: 7 millones, 414 mil 867 pesos; debe decir: 3 millones.

Instituto Mexicano de Cinematografía, dice: 84 millones, 855 mil, 548 pesos; debe decir: ocho millones.

Instituto Mexicano de la Juventud, dice: 20 millones de pesos; debe decir: cero pesos.

Televisión Metropolitana, SA de CV, dice: 27 millones, 318 mil 454 pesos; debe decir: 3 millones de pesos.

Forum de Monterrey, dice: 125 millones de pesos; debe decir: 125 millones de pesos.

Se agrega: Ciudades Patrimonio Mundial, 80 millones de pesos y se agrega, Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, 19 millones de pesos.

Atentamente. Diputado Emilio Ulloa Pérez . Presidente de la Comisión de Cultura. Y se agrega el dictamen de la Comisión de Cultura de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, sobre la propuesta de adecuaciones presupuestarias al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, del subsector cultura, para el ejercicio fiscal 2007.''

Esta propuesta del diputado Ulloa fue modificada a su vez por una propuesta presentada por la diputada Beatriz Pagés, como se desprende a continuación:

El diputado Emilio Ulloa Pérez(desde la curul): La propuesta que hace la diputada Beatriz Pagés es la correcta, me sumo a ello y retiro cuando planteé que se le quitara al tema de Ciudades Patrimonio sino a la propuesta del proyecto etiquetado de mil 400 millones que está en Conaculta, ahí se reducen los 20 millones, ¿es correcta diputada? Entonces me sumo a ella y vamos con ella para sacar esa propuesta y concluir este esfuerzo. Muchas gracias.

Dicha propuesta fue aprobada por 253 votos a favor.

De manera adicional, según el acuerdo aprobado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las reglas para la discusión, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, todas las propuestas de modificación y adición a artículos o anexos considerados en el proyecto de decreto deberán ser presentados de conformidad con lo siguiente:

a) Deberán entregarse a la Primera Secretaría de la Mesa Directiva en hoja membreteada, sin tachaduras ni enmendaduras, firmadas por su autor o autora.

b) Se deberá resaltar en negrillas el texto o cantidades a modificar o adicionar. Si se trata de anexos, deberá precisarse el número de los mismos, el ramo o rubro, así como el programa a que hagan referencia; aunado a lo anterior, si se tratara de la creación o incremento de erogaciones, se resaltará el programa específico al cual deberá reducirse la asignación prevista en el dictamen para cubrir el nuevo gasto.

c) La recepción de las propuestas de modificación o adición se hará desde el inicio de la sesión y hasta que concluya el apartado de los posicionamientos de los grupos parlamentarios en la discusión en lo general. De ninguna manera se admitirán proposiciones manuscritas o en fotocopia de la Gaceta Parlamentaria, así como respecto de artículos o anexos no contemplados en el dictamen;

d) Una vez que se haya verificado que las propuestas reúnan los requisitos señalados en esta fracción, las mismas serán rubricadas, por lo menos, por la mayoría de los secretarios de la Mesa Directiva, a efecto de proseguir su trámite en los términos de este acuerdo. Asimismo, se entregará el acuse de recibo respectivo, debidamente rubricado por la mayoría de los secretarios de la Mesa Directiva, al diputado que realizó la propuesta.

De lo anterior se desprenden las siguientes

Consideraciones

La propuesta entregada por escrito a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados y leída en dos ocasiones ante el Pleno es la que se consideró para hacer las modificaciones en el proyecto de decreto del PEF 2007. De manera adicional, se incluyó la modificación de la diputada Beatriz Pagés, que también fue presentada por escrito.

En este sentido, esta propuesta por la cual el Pleno modifica el Anexo 21-A, ``Ampliaciones a Educación, Subsector Cultura'', no incluye ningún desglose de proyectos etiquetados por mil 520 millones. Dicho desglose no se entregó según lo estipulado por el acuerdo aprobado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y, por ende, no fue conocido por el pleno para su votación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Esta comisión determinó con base en una lectura armónica de la discusión en el Pleno y del documento entregado por escrito a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados que el anexo que se proponía modificar era el 21-B y no el 21-A, como aparece en la propuesta del diputado presidente de la Comisión de Cultura.

Segundo. Se deshecha la proposición con punto de acuerdo presentada por la senadora Claudia Sofía Corichi García y suscrita por el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ante la Comisión Permanente de la honorable Cámara de Diputados con fecha 3 de enero de 2007 y turnada a esta comisión por la que se solicita sea publicado en el Diario Oficial de la Federación el anexo 21-B, ``Ampliaciones a Educación, Subsector Cultura, con los proyectos etiquetados por un monto de mil 520 millones de pesos'', en virtud de dicho desglose no se entregó según el acuerdo aprobado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos antes mencionado y, por ende, no fue conocido por el Pleno para su votación.

Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de febrero de 2007.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), presidente; Édgar Martín Ramírez Pech (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Érick López Barriga, Susana Monreal Ávila (rúbrica), Joel Ayala Almeida , Javier Guerrero García (rúbrica), Jorge Emilio González Martínez , Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Mónica Arriola, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez , Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy , César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), César Flores Maldonado (rúbrica), Enrique Iragorri Durán (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez , Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Francisco Rueda Gómez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Faustino Soto Ramos (rúbrica), Artemio Torres Gómez (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a comunicar las razones de las inconsistencias entre el presupuesto autorizado por el Pleno para el Programa Especial Concurrente para el De-sarrollo Sustentable y lo publicado en el Diario Oficial de la Federación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados, le fue turnado para su estudio y dictamen, el punto de acuerdo por el que exhorta a esta comisión comunique las razones de las inconsistencias entre el presupuesto autorizado por el Pleno para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable y lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, presentada por la Dip. Ruth Zavaleta Salgado y suscrita por la Dip. Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87, 88, 94 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión que suscribe emite la presente resolución a las proposiciones con punto de acuerdo recibida el 3 de enero del presente año.

Antecedentes

El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 publicado en la Gaceta Parlamentaria del viernes 22 de diciembre de 2006 incluye en su Anexo 7 el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable por un monto total de 176,794 millones de pesos.

El Presupuesto publicado el 28 de diciembre de 2006 respeta cabalmente el monto general así como el desglose por ramo que la Cámara conoció y aprobó en la sesión antes mencionada.

De manera adicional, según el acuerdo aprobado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las reglas para la discusión, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, todas las propuestas de modificación y adición a artículos y/o anexos considerados en el proyecto de decreto deberán ser presentados de conformidad con lo siguiente:

``a) Deberán entregarse a la Primera Secretaría de la Mesa Directiva en hoja membreteada, sin tachaduras ni enmendaduras, firmadas por su autor o autora.

b) Se deberá resaltar en negrillas el texto o cantidades a modificar o adicionar. Si se trata de anexos, deberá precisarse el número de los mismos, el ramo o rubro, así como el programa a que hagan referencia; aunado a lo anterior, si se tratara de la creación o incremento de erogaciones, se resaltará el programa específico al cual deberá reducirse la asignación prevista en el dictamen para cubrir el nuevo gasto.

c) La recepción de las propuestas de modificación o adición, se hará desde el inicio de la sesión y hasta que concluya el apartado de los posicionamientos de los grupos parlamentarios en la discusión en lo general. De ninguna manera se admitirán proposiciones manuscritas o en fotocopia de la Gaceta Parlamentaria, así como respecto de artículos o anexos no contemplados en el dictamen.

d) Una vez que se haya verificado que las propuestas reúnan los requisitos señalados en esta fracción, las mismas serán rubricadas, por lo menos, por la mayoría de los secretarios de la Mesa Directiva, a efecto de proseguir su trámite en los términos de este acuerdo. Asimismo, se entregará el acuse de recibo respectivo, debidamente rubricado por la mayoría de los secretarios de la Mesa Directiva, al diputado que realizó la propuesta.''

De lo anterior se desprenden las siguientes

Consideraciones

El Anexo 7 del proyecto de decreto del Presupuesto fue reservado por algunos diputados en la sesión del 22 de diciembre pero dichas reservas no prosperaron al ser votadas por el Pleno por lo que al momento de aprobarse el decreto se aprobó este anexo sin modificaciones.

No existe diferencia en el monto total del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable consignado en el anexo 7 y aprobado por el Pleno de la Cámara y lo publicado en el Diario Oficial: 176,794 millones. El desglose de este anexo que aparece en el Diario Oficial es resultado de solicitudes de diputados hechas el día de la votación en relación a conocer el anexo VII del PEC como se muestra en la solicitud del diputado Leopoldo Arreola Ortega a la Mesa Directiva:

... en qué momento nos va ser entregado el Anexo número VII del PEC, del Programa Especial Concurrente... cuándo vamos a poder contar con esta información, porque es fundamental para el trabajo de nosotros.

Finalmente, cabe mencionar que la propuesta de desglose al anexo VII que se incluye en punto de acuerdo turnado a la Mesa Directiva y enviado a esta comisión no cumple con lo señalado por el acuerdo aprobado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos arriba citado y por ende no fue conocida por el Pleno para su votación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se deshecha la proposición con punto de acuerdo presentada por la Dip. Ruth Zavaleta Salgado y suscrita por la Dip. Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la Comisión Permanente de la H. Cámara de Diputados el pasado 3 de enero de 2007 y turnada a esta comisión por la que se nos exhorta comunicar las razones de las inconsistencias entre el presupuesto autorizado por el Pleno para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable y lo publicado en el Diario Oficial de la Federación dado que el monto total y por ramo que conocieron y aprobaron los diputados en el Pleno no presentan cambio alguno con la publicación del Presupuesto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días de febrero de 2007.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), presidente; Édgar Martín Ramírez Pech (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo (rúbrica en contra), Érick López Barriga, Susana Monreal Ávila (rúbrica), Joel Ayala Almeida , Javier Guerrero García (rúbrica), Jorge Emilio González Martínez , Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica en contra), Mónica Arriola Gordillo , Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez , Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), César Flores Maldonado (rúbrica), Enrique Iragorri Durán (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez , Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica en contra), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Francisco Rueda Gómez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Faustino Soto Ramos (rúbrica en contra), Artemio Torres Gómez (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica en contra), Jesús Evodio Velázquez Aguirre , Francisco Elizondo Garrido (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar a esta soberanía que programe una sesión solemne como reconocimiento a la universidad pública y, en particular, a la Universidad Nacional Autónoma de México

Honorable Asmblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LIX Legislatura se turnó la proposición con punto de acuerdo enunciada en el encabezado de este documento, por conducto del Presidente de la Cámara de Diputados.

La comisión se abocó a su estudio y análisis para la formulación del presente dictamen, de conformidad con lo siguiente:

I. Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados realizada el 8 de diciembre de 2005 el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la proposición con punto de acuerdo para solicitar a esta soberanía que programe una sesión solemne como reconocimiento a la universidad pública y, en particular, a la Universidad Nacional Autónoma de México, presentada por el diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. La proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 1880-IV, del jueves 10 de noviembre de 2005.

3. La Presidencia de la Cámara determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias --entonces Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

II. Contenido

1. Propuesta de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo propone:

A) Que todas las fracciones parlamentarias representadas en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión dejen constancia de su solidaridad y apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como una de las 100 mejores universidades del mundo, y para ello solicitan que se programe en sesión solemne de reconocimiento a la UNAM.

B) El segundo párrafo del artículo único del punto de acuerdo propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 los recursos adicionales para educación superior pública solicitados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; de manera que las universidades públicas cuenten con los recursos suficientes que les permitan asegurar la continuación y fortalecimiento de las labores que desempeñan en bien de la nación.

2. Los argumentos

Conforme a las consideraciones, la proposición con punto de acuerdo expresa:

A) Hoy día el papel que tienen las universidades públicas trasciende el ámbito estrictamente educativo, en la medida que su misión es indiscutiblemente más amplia y esencial para el desarrollo de la sociedad. En tanto proyecto social, la tarea sustantiva de la universidad pública trasciende la visión tradicional de transmitir conocimiento producir investigación y extender la cultura.

B) Pese a las dificultades que enfrenta el país y a las restricciones financieras que imponen las políticas gubernamentales, las universidades públicas no han dejado de cumplir su misión.

C) Hace un año, la UNAM calificó en el número 195, y ya entonces se le ubicó como la universidad más importante de América Latina. En esta ocasión amerita el reconocimiento de la mejor universidad de Iberoamérica, colocándose en el lugar 20 en cuanto a artes y humanidades y 93 en el ámbito de las ciencias. En concreto, la UNAM se adjudicó el lugar 95 entre las mejores universidades del mundo.

D) Tal logro es compartido por la universidad pública mexicana. Todas las instituciones de educación superior públicas de México realizan esfuerzos similares al de la UNAM y prevalece en ellas el estudio, la investigación y la extensión de la cultura, forjando ciudadanos para una sociedad más justa y democrática.

E) Pero pareciera que donde menos se reconoce el esfuerzo de las universidades públicas es en nuestro propio país. De manera alarmante, el proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo implica una disminución real de 17 por ciento en los recursos destinados a la educación superior.

III. Consideraciones y análisis

1. La proposición con punto de acuerdo que se analiza en este dictamen cumple los requisitos formales que exige la práctica parlamentaria: se formuló por escrito y se presentó con un título por quien está facultado para iniciar el proceso legislativo, con su nombre y firma; contiene un apartado de las consideraciones que la animan; presenta el texto del acuerdo que propone; establece la fecha de presentación ante el Pleno, y fue difundida con oportunidad.

2. La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la iniciativa arriba señalada, de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 70 constitucional, así como la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir un dictamen a la propuesta, conforme a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

4. El 29 de abril de 2003 --LVIII Legislatura-- el entonces diputado Armando Salinas Torre presentó, a nombre propio y de otros diputados integrantes de todos los grupos parlamentarios que integraron aquella legislatura, una iniciativa con proyecto de decreto para que se inscribiera con letras de oro en el muro de honor del Recinto Legislativo el nombre de `` Universidad Nacional Autónoma de México''.

5. El dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias que aceptó la iniciativa del diputado Salinas Torre, fue aprobado en la Cámara de Diputados con 254 votos en pro, 124 en contra y 22 abstenciones, el miércoles 30 de abril de 2003. Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 1242, el viernes 2 de mayo de 2003 y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 12 de mayo de 2003.

6. La sesión solemne, en la que se inscribió con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones el nombre de `` Universidad Nacional Autónoma de México'', se efectuó el martes 28 de octubre de 2003. En ella participaron como oradores legisladores de todos los partidos políticos representados en el Congreso, así como al rector de esa casa de estudios. Como invitados asistieron los ex rectores y los investigadores más destacados en cada una de las ramas científicas con que cuenta la universidad.

7. Por lo que hace al exhorto que el punto de acuerdo propone externar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, no es una atribución que competa a esta comisión; además de que dicho exhorto estaría destinado al Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006, que evidentemente ya concluyó y, por tanto, sería de imposible cumplimiento.

IV. Conclusiones y propuestas

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias está de acuerdo con la intención de rendir homenaje a la labor cotidiana de la universidad pública, y en particular de la UNAM, como institución formadora de individuos, productora de ciencia y promotora de la cultura. Pero al mismo tiempo, considera que el Congreso de la Unión en su conjunto ha realizado ya el reconocimiento que la propuesta sugiere en torno tanto a la universidad pública como a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente

Proyecto de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar a esta soberanía que programe una sesión solemne como reconocimiento a la universidad pública y, en particular, a la Universidad Nacional Autónoma de México, presentada por el diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Se archiva el asunto como totalmente concluido.

Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días de febrero de 2007.

Diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Sara Isabel Castellanos Cortés , Alejandro Enrique Delgado Oscoy , Rutilio Escandón Cadenas , Jesús Vicente Flores Morfín , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez , Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica), Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Víctor Samuel Palma César , Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Jesús Evodio Velásquez Aguirre (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González .

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante la cual la Cámara de Diputados instituye el premio Francisco Zarco al periodismo legislativo, en los géneros de crónica, reportaje, artículo de fondo y nota informativa

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (en adelante comisión) se turnó la proposición con punto de acuerdo enunciado en el encabezado de este documento, por conducto del Presidente de esta Cámara.

La comisión se abocó a su estudio y análisis para la formulación del presente dictamen, de conformidad con lo siguiente:

I. Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados realizada el 2 de febrero de 2006, el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados instituye el premio Francisco Zarco al periodismo legislativo, en los géneros de crónica, reportaje, artículo de fondo y nota informativa, presentada por el diputado José Luis Medina Lizalde, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. La proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados número 1903-VI, del martes 13 de diciembre de 2005.

3. La Presidencia de la Cámara determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias --entonces Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

II. Contenido

1. Propuesta de acuerdo.

La proposición con punto de acuerdo propone que

A) La Cámara de Diputados instituya el premio Francisco Zarco al periodismo legislativo en los géneros de crónica, reportaje, artículo de fondo y nota informativa, para entregarlo el 18 de febrero de cada año, fecha en que inició la reseña del Congreso Constituyente de 1856.

B) Se entregue una medalla de oro pendiente de un listón con los colores patrios, por cada género galardonado. Integrar en una de sus caras la efigie de Francisco Zarco con la leyenda: ``Libertad para que cada uno sostenga los principios políticos que profese'' (número de la legislatura que entrega) y en la otra el Escudo Nacional; así como un pergamino con el dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se decide quién es la persona galardonada.

C) La Cámara de Diputados entregue a los galardonados una suma de dinero junto con la medalla, que será equivalente a una dieta mensual de un ciudadano diputado.

D) La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados constituya un jurado conformado por periodistas reconocidos en el ejercicio de su profesión, a propuesta de las instituciones de educación superior más importantes del país.

2. Los argumentos

Conforme a las consideraciones la proposición con punto de acuerdo expresa que:

A) Uno de esos grandes hombres que trascienden en la historia, cuando nos referimos a la libertad de prensa, es Francisco Zarco. Por eso la propuesta para constituir el premio de periodismo legislativo en reconocimiento a la trayectoria periodística, parlamentaria y política de Francisco Zarco, con el fin de que se reconozca a los periodistas que cubren con su labor las tareas parlamentarias en el Congreso de la Unión y en los congresos locales.

B) Hoy la democracia en México se está consolidando gracias a la labor de los medios de comunicación, gracias al trabajo de investigación, reportaje, entrevista, crónica, etcétera, que desarrollan los trabajadores de los medios de comunicación, para dar a conocer a la opinión pública lo que sucede en los recintos parlamentarios, en el trabajo en comisiones y en el salón de sesiones.

C) Francisco Zarco es el promotor del periodismo nacional, el cronista parlamentario por antonomasia, el escritor liberal de la Reforma, quien plasmó en sus escritos la memoria del Congreso Constituyente de 1856-1857.

D) Para los compañeros de los medios de comunicación sería un reconocimiento importante, que su actividad profesional adquirida en su desempeño al cubrir la fuente de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, los congresos locales y la Asamblea Legislativa fuera reconocida al obtener este premio y ser galardonados por su labor periodística en los géneros de crónica, reportaje, artículo de fondo y nota informativa, publicada por cualquier medio: Televisión, radio, periódico escrito o digital (Internet).

III. Consideraciones y análisis

1. La proposición con punto de acuerdo que se analiza en este dictamen cumple con los requisitos formales que exige la práctica parlamentaria: Se formuló por escrito y se presentó con un título por quien está facultado para iniciar el proceso legislativo, con su nombre y firma; contiene un apartado de las consideraciones que la animan; presenta el texto del acuerdo que propone; establece la fecha de presentación ante el Pleno, y fue difundida con oportunidad.

2. La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la proposición señalada, de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 70 constitucional, así como la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir un dictamen a la propuesta, conforme a lo que dispone el párrafo 2, inciso b), del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Es cierto que Francisco Zarco fue uno de los periodistas más destacados de la época liberal y que durante su estancia en la Cámara de Diputados, cuando fue legislador, escribió las más notables crónicas parlamentarias de la historia. Ante estos hechos y para honrar su memoria, su nombre se encuentra escrito con letras de oro en la Cámara de Senadores. Escuelas, monumentos, colonias, calles, así como el estadio olímpico de fútbol en Durango, también llevan su nombre.

5. Si bien en la práctica y por la vía de los hechos la Cámara de Diputados realiza homenajes y entrega distinciones como la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, establecer un reconocimiento de este tipo podría interpretarse como una invasión del Poder Legislativo, en particular de esta Cámara, a un derecho otorgado por la Constitución como lo es la libertad de expresión que tan amenazada se ha visto en nuestro país.

6. No debe perderse de vista que en México existe ya un premio de las características y con las categorías que la proposición aquí analizada sugiere. Este reconocimiento lo entrega el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, en el que participan diversas instituciones pertenecientes a los sectores académico y civil, por lo que el premio goza de gran credibilidad.

IV. Conclusiones y propuestas

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias está de acuerdo con la intención que sugiere la propuesta de rendir homenaje a la labor del ilustre Francisco Zarco, pero, al mismo tiempo, considera que la creación de un premio de este tipo no es la vía más adecuada y, por otro lado, a la vida y obra del periodista se le han tributado dignos reconocimientos.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados instituye el premio Francisco Zarco al periodismo legislativo, en los géneros de crónica, reportaje, artículo de fondo y nota informativa, presentada por el diputado José Luis Medina Lizalde, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Se archive el asunto como totalmente concluido.

Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de febrero de 2007.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Sara Isabel Castellanos Cortés , Alejandro Enrique Delgado Oscoy , Rutilio Escandón Cadenas , Jesús Vicente Flores Morfín , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez , Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica), Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Víctor Samuel Palma César , Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a fin de que la Cámara de Diputados se pronuncie para que el gobierno de Estados Unidos libere a cinco presos políticos cubanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, la proposición con punto de acuerdo por medio de la cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia porque el gobierno de Estados Unidos de América acate la resolución del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas exhortando al gobierno de Estados Unidos a que sean puestos en libertad cinco presos políticos cubanos, presentada por diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

El 5 de octubre de 2006, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentaron una proposición con punto de acuerdo por medio de la cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia porque el gobierno de Estados Unidos de América acate la resolución del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas exhortando al gobierno de Estados Unidos a que sean puestos en libertad cinco presos políticos cubanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable asamblea turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y dictamen correspondiente con base en las siguientes

Consideraciones

La proposición con punto de acuerdo de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pretende que la Cámara de Diputados se pronuncie porque el gobierno de Estados Unidos de América acate la resolución del Grupo de Trabajo de derechos humanos sobre detenciones arbitrarias y que libere a los cinco presos cubanos de nombre Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort (alias Rubén Campa), Gerardo Hernández Nordelo (alias Manuel Viramontes), Ramón Labanino Salazar (alias Luis Medina) y René González Sehwerert.

La proposición con punto de acuerdo de los diputados del Partido del Trabajo sostiene que las personas mencionadas anteriormente, de nacionalidad cubana, fueron aprehendidas en Miami en 1998 por un crimen registrado el 24 de febrero de 1996, en el cual, dos avionetas del supuesto grupo Hermanos al Rescate fueron derribadas en aguas cubanas.

Se argumenta que dicho grupo de Hermanos al Rescate es una organización anticubana que cuenta con el apoyo del gobierno estadounidense, según el propio sustento del punto de acuerdo, el cual les cataloga de héroes. Asimismo, menciona que los presos cubanos fueron acusados no solamente del delito antes mencionado del derribo de las avionetas, sino de conspiración, lo que limitó la defensa jurídica de dichos individuos, toda vez que la acusación de conspiración atenta contra la seguridad nacional y por tanto, las pruebas y la información del incidente se mantienen como reservadas.

Por último, la proposición sostiene que los cinco presos están detenidos arbitrariamente, dado que su juicio en Miami en junio de 2001 fue imparcial por el ambiente anticubano que impera en dicha ciudad. Posteriormente, la defensa solicitó ante una corte de apelación la revocación del fallo por las causas anteriormente descritas y después de que tres de sus integrantes el 5 de agosto de 2005 revocaran el fallo inicial, el pleno de dicha corte lo confirmó en agosto de 2006.

Para aclarar entonces algunas cuestiones, debemos recordar lo que dice Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias:

Las detenciones para la Organización de las Naciones Unidas significan lo siguiente, de acuerdo con la resolución 47/173 del 9 de diciembre de 1988 de la asamblea general en la que se adopta el texto de los ``Principios para la protección de todas las personas detenidas o encarceladas'':¹

Una persona detenidaes aquella que ha sido privada de su libertad. Una detención es la condición por la que una persona es considerada como detenida.

Los antecedentes de la adopción del texto de los principios arriba mencionado, tienen su origen cuando la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas trató el tema de las detenciones arbitrarias desde 1985.²

En 1990, se le encargó a la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías que estudiara a fondo la materia y remitiera sus recomendaciones para la reducción de dichas prácticas.

En 1991, en la recapitulación de las recomendaciones de la subcomisión mencionada anteriormente, la Comisión de Derechos Humanos creó el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias en su resolución 1991/42.

La Comisión de los Derechos Humanos ha encomendado al grupo de trabajo el siguiente mandato:

a) Investigar los casos de la privación arbitraria de la libertad, en los casos en que los juzgados o cortes no hayan fallado definitivamente de acuerdo a la ley local y de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de los instrumentos internacionales que los estados hayan ratificado concernientes a la materia.

b) Dar cuenta con la información proporcionada por los gobiernos, las organizaciones gubernamentales y las no gubernamentales, así como las de los individuos a quienes concierne, sus familias o sus representantes.

c) Presentar un informe a la comisión en su sesión anual.

Entre las funciones que la comisión encomendó al grupo de trabajo están

a) El grupo de trabajo conocerá de la información que le sea remitida concerniente a las apelaciones sobre casos de detenciones arbitrarias enviando comunicados urgentes a los gobiernos a los cuales quiere llamar su atención o pedir la aclaración de algunos hechos. El grupo también considerará las apelaciones individuales. Este es el único mecanismo que no está basado en tratado alguno. Ello se basa en el derecho de los individuos de hacer sus peticiones donde quiera que se encuentren.

b) El grupo de trabajo realizará visitas o enviará misiones diplomáticas a petición de los gobiernos para aclarar la situación que impera en dicho país o entender las razones subyacentes de una detención arbitraria. El grupo de trabajo remitirá un reporte de su visita a la Comisión de Derechos Humanos presentando sus conclusiones y sus recomendaciones.

c) Cada año, el grupo de trabajo deberá informar a la comisión de sus actividades. En dicho reporte, el grupo manifestará su opinión y observaciones respecto de las instituciones, insuficiencias, la policía o las prácticas judiciales que considere representan las causas de las detenciones arbitrarias. El reporte incluirá anexos con las opiniones dictadas en cada uno de los casos individuales y los reportes de las misiones o visitas.

Al determinar el mandato para el grupo de trabajo, la Comisión de Derechos Humanos utilizó un criterio pragmático para definir cuándo se considera arbitraria una detención: si bien no definió el término arbitraria, consideró como arbitrarias las medidas de privación de la libertad que, por una u otra razón, eran contrarias a las disposiciones internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales pertinentes ratificados por los estados (resolución 1991/42, aclarada en la resolución 1997/50).³

En la resolución 1997/50 se estima que no es arbitraria la privación de libertad cuando emana de una decisión definitiva adoptada por un órgano judicial nacional que se ajuste a a) la legislación nacional y b) las normas internacionales enumeradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales pertinentes adoptados por los estados de que se trate.

A fin de poder llevar a cabo sus tareas, el grupo de trabajo ha adoptado criterios para el examen de los casos que se le someten, inspirándose en las disposiciones antes mencionadas de la declaración y el pacto, así como en el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. En consecuencia, según considera el grupo, la privación de libertad es arbitraria si el caso está comprendido en una de las tres categorías siguientes:⁴

a) Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que justifique la privación de la libertad (como el mantenimiento de una persona en detención tras haber cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y además, respecto de los estados partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III).

Los procedimientos seguidos por el grupo de trabajo en cada caso son los siguientes:⁵

a) Recibir la información o la queja de la fuente en el seno del grupo.

b) Ofrecer al gobierno la posibilidad de refutar las denuncias.

c) Ofrecer a la fuente la oportunidad de presentar sus comentarios sobre la respuesta del gobierno.

d) Opinión del grupo de trabajo.

Las resoluciones y opiniones que emite el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias no son jurídicamente vinculantes. No existe un tratado como tal que obligue a los países a validar y ejecutar dichos criterios. Como no existe un mecanismo internacional que sea susceptible de suscripción y ratificación, el grupo de trabajo se limita a emitir recomendaciones respecto de los temas que le competen y toca a cada nación tomarle o no en cuenta.

Respecto al caso que nos ocupa, el 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias emitió una opinión sobre el caso de los cinco presos cubanos. El comunicado consta de 33 puntos, entre los que se destacan el número 27, cuando dice que ``El grupo de trabajo deberá decidir si, en el juicio de los cubanos, hubo neutralidad y apego a los principios internacionales. Sin embargo, la competencia del grupo no implica ningún pronunciamiento sobre la culpabilidad de los individuos privados de su libertado o la validación de la evidencia; mucho menos pretende reemplazar a la corte de apelación que está tratando el caso...''⁶

En la opinión del grupo de trabajo se enumera largamente que tanto los presos cubanos, como el gobierno de Estados Unidos de América contribuyeron con el grupo de trabajo enviando documentos e intercambiando puntos de vista con el propio grupo.

Se puede notar, como lo dice el artículo 13 de la opinión, que el FBI arrestó a 10 personas en septiembre de 1998, de las cuales cinco admitieron su culpabilidad, fueron sentenciadas y purgaron su condena. El resto fue sentenciado por una corte federal en 2001, toda vez que en el juicio se estableció que tres de ellos servían a la agencia cubana de inteligencia.

Se dice también que los acusados, en el artículo 15, recibieron toda la ayuda legal que brinda el sistema jurídico norteamericano, incluidos los litigantes, expertos e investigadores, todos ellos a expensas del gobierno de Estados Unidos.

Se estableció y demostró, según el artículo 17, que el gobierno de Estados Unidos presentó evidencias de que una de las esposas de los presos era miembro de organizaciones relativas al espionaje y fue deportada, y otra más estaba siendo entrenada por la misma organización para convertirse en agente especial de espionaje.

Posteriormente, y casi para terminar el articulado de la opinión, en el número 32 el grupo de trabajo emite la siguiente opinión: ``La privación de la libertad de ... (cinco presos cubanos) ... es arbitraria. Contraviene el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables respecto a los casos en que las detenciones se consideran arbitrarias''.⁷

Una vez emitida la opinión anterior, el grupo de trabajo recomienda al gobierno de Estados Unidos, en el artículo 33, que se remedie la situación llevando a cabo de nueva cuenta el juicio en condiciones y circunstancias que garanticen la neutralidad y la imparcialidad del mismo.

El grupo de trabajo en la opinión vertida en la resolución 19/2005, no hace referencia a la liberación de los presos cubanos. Existe una discordancia, toda vez que la proposición con punto de acuerdo de los legisladores del Partido del Trabajo piden que ``Estados Unidos de América acate la resolución del Grupo de Trabajo de derechos humanos sobre detenciones arbitrarias y que libere a los cinco presos cubanos...'', lo cual no es correcto, toda vez que la opinión del grupo de trabajo no recomienda la liberación de los presos, sino la realización de un juicio justo.

Al analizar todo lo anterior, debemos considerar muy seriamente cuál es el papel que nuestro país juega en esta situación. Después de haber revisado a profundidad el caso de los presos cubanos, la detención, la opinión del grupo de trabajo y sus recomendaciones, se concluye que México no tiene absolutamente ninguna injerencia en el asunto.

Los procesos judiciales que se llevan a cabo en Estados Unidos de América son independientes y por lo tanto, corresponde a la soberanía de aquel país resolver sus asuntos internos.

Para tales efectos, vale la pena rescatar lo que dice al respecto la Doctrina Carranza:⁸

``Que ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones, al principio universal de no intervención. Que ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de los ciudadanos del país a donde va a establecerse, ni hacer de su calidad de extranjero un título de protección y de privilegio. Nacionales y extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del país en que se encuentran; y finalmente: Que las legislaciones deben ser uniformes e iguales en lo posible, sin establecer distinciones por causa de nacionalidad, excepto en lo referente al ejercicio de la soberanía''.

Retomando las ideas de la Doctrina Carranza, resulta incongruente con los ejes de la política exterior mexicana pretender exhortar al gobierno de Estados Unidos de América a que libere a los presos cubanos adoptando la resolución del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias. La resolución no propone la liberación y nuestro país, como ninguno otro y como la ONU, carecen de autoridad para exigir de manera obligatoria que se acaten las resoluciones del grupo de trabajo. Ese tema es algo que sólo les compete a ellos y por reciprocidad y en seguimiento a lo que dicta la Doctrina Carranza, México debe abstenerse de intervenir en el asunto.

Por lo anterior, la Comisión de Relaciones Exteriores resuelve el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo presentada por diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo por la que la Cámara de Diputados se pronuncia para que el gobierno de Estados Unidos libere a cinco presos políticos cubanos.

Segundo. Archívese como asunto totalmente concluido.

Notas:

1. Cfr. Organización de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, consultado en http://www. ohchr.org/english/law/bodyprinciples.htm, el 12 de enero de 2007 a las 14:20 horas.

2. Cfr. Organización de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, consultado en http://www. ohchr.org/english/issues/detention/index.htm, el 12 de enero de 2007 a las 14:32 horas.

3. Cfr. Organización de las Naciones Unidas, resoluciones del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, consultado en http:// ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-1997-50.doc, el 12 de enero de 2007, a las 15:08 horas.

4. Cfr. Organización de las Naciones Unidas, Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, folleto informativo, consultado en http:// www.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs26_sp.htm, el 12 de enero de 2007, a las 15:12 horas.

5. Ídem.

6. Organización de las Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 62a sesión, opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, E/CN.4/2006/7/Add.1, 19 de octubre de 2005.

7. Ídem.

8. Universidad Nacional Autónoma de México, publicaciones y reflexiones, consultado en http://v880.derecho.unam.mx/web2/descargas/-internacional/reflexiones.doc, el 12 de enero de 2007, a las 15:58 horas.

Comisión de Relaciones Exteriores, honorable Cámara de Diputados, a 17 de enero de 2007.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Oscar Miguel Mohamar Dainitin (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , Mario Enrique del Toro (rúbrica en contra), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica en contra), secretarios; Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica en contra), César Camacho Quiroz , Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete (rúbrica en contra), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica en contra), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), José Murat, Víctor Samuel Palma César , Miguel Ángel Peña Sánchez , Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez , Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita al Poder Ejecutivo federal que exhorte al gobierno de Estados Unidos de América a no aplicar la Ley de Comisiones Militares

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, la proposición con punto de acuerdo por medio de la cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que se instruya al embajador Luis Alfonso de Alba para que, en su carácter de presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, exhorte al gobierno de los Estados Unidos de América a que se apegue de manera estricta a la legislación internacional en materia de tortura y no se aplique la Ley de Comisiones Militares, presentada por diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

El 26 de octubre de 2006, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentaron una proposición con punto de acuerdo por medio de la cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que se instruya al embajador Luis Alfonso de Alba para que, en su carácter de presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, exhorte al gobierno de los Estados Unidos de América a que se apegue de manera estricta a la legislación internacional en materia de tortura y no se aplique la Ley de Comisiones Militares.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable asamblea turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y dictamen correspondiente con base en las siguientes

Consideraciones

La proposición de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pretende exhortar a los Estados Unidos de América para que no se aplique la Ley de Comisiones Militares, el cual versa textualmente en lo siguiente:

Artículo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que instruya al embajador Luis Alfonso de Alba para que, en su carácter de Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, exhorte al gobierno de los Estados Unidos de América a que se apegue de manera estricta a la legislación internacional en materia de tortura y no se aplique la Ley de Comisiones Militares.

La proposición con punto de acuerdo de los diputados del Partido del Trabajo está sustentada en el argumento que establece que, conforme a la ``Ley de Comisiones Militares'' (Military Commissions Act of 2006), promulgada por Estados Unidos de América en octubre de 2006, muchos migrantes mexicanos podrían ser considerados como terroristas y entonces podrían verse vulnerados los derechos humanos de aquellos.

La proposición también habla sobre un posible exhorto al gobierno norteamericano a través del embajador Luis Alfonso de Alba para pedirle a dicho país que se apegue a la legislación internacional en materia de tortura, refiriéndose especialmente a la ``Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes'' de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, del 10 de diciembre de 1984.

Los legisladores consideran que, la Ley de Comisiones Militares legaliza la tortura y una vez legalizada ésta, los migrantes correrían el riesgo de ser considerados como terroristas y, por tanto, torturados.

La Ley de Comisiones Militares fue promulgada por el presidente Bush el 17 de octubre de 2006, la cual autoriza al presidente de Estados Unidos de América a establecer comisiones militares para procesar a terroristas enemigos de los que se sospecha que han participado o planeado actos hostiles contra Estados Unidos de América.¹

Las comisiones militares se definen como ``instancias judiciales del gobierno que tienen la misión de juzgar a los combatientes enemigos ilegales (ver más adelante) que estén involucrados en actos hostiles contra los Estados Unidos de América o que cometan delitos que puedan ser juzgados por las comisiones (ver más adelante)...''²

Los antecedentes de esta ley se remontan a principios de 2002, cuando el presidente Bush autorizó un sistema de comisiones militares para procesar a los sospechosos extranjeros acusados de crímenes de guerra.

Sin embargo, en un fallo de junio de 2006, la Suprema Corte de Estados Unidos decidió que el sistema del presidente resultaba inconstitucional y que dichas comisiones necesitarían la autorización explícita del Congreso de Estados Unidos.

La decisión de la Suprema Corte provocó debates intensos en el interior del Congreso acerca de cómo construir una ley que equilibrara los derechos de los detenidos y el deseo de llevar ante la justicia a los sospechosos de ser terroristas. Al respecto, el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que ``la ley de comisiones militares incluye protecciones legales tales como la presunción de inocencia, el derecho a citar e interrogar testigos, el derecho a la defensa letrada y a no ser forzado a declarar...''³

La ``Ley de Comisiones Militares''⁴ (Military Commissions Act of 2006) define como enemigos a los que se ajusten a los siguientes supuestos (948a. Definitions/Definiciones): Combatientes enemigos ilegales y combatientes enemigos legales.

Los combatientes enemigos ilegales son todas las personas que ha manifestado y hecho patente su aversión hacia Estados Unidos de América y han participado en actividades hostiles contra Estados Unidos (incluidos los miembros del grupo Talibán y Al-Qaeda, entre otros).

Los Combatientes enemigos legales son los miembros de la milicia y fuerzas armadas de los países enemigos de los Estados Unidos de América. Así también las personas que manifiesten lealtad a otro que profese agresiones contra Estados Unidos.

La ley faculta al presidente de los Estados Unidos de América para crear las comisiones militares para hacer frente a los enemigos. (948b Military Commissions Generally/Generales sobre las Comisiones Militares).

Todos aquellos combatientes enemigos ilegales que no sean ciudadanos estadounidenses (aliens), podrán ser sujetos de juicio por las comisiones militares. (948c Persons Subject to Military Commisions/Personas Sujetas a Comisiones Militares).

La jurisdicción de las comisiones militares se aplicará de la siguiente manera: (948d Jurisdiction of Military Commissions/Jurisdicción de las Comisiones Militares); juzgarán a los combatientes enemigos ilegales que hayan actuado antes, durante o después del 11 de Septiembre de 2001. No tendrán jurisdicción sobre los combatientes enemigos legales.

Los siguientes crímenes son objetos de juicio por parte de las comisiones militares: (950v. Crimes triable by Military Commissions/Crímenes juzgados por las Comisiones Militares).

a. Asesinato de personas protegidas por la Convención de Viena (civiles, médicos militares, personal religioso de las fuerzas armadas).

b. Agresión a civiles (atentados, asesinatos, entre otros).

c. Atacar propiedades protegidas (bienes inmuebles como templos, escuelas, bibliotecas, entre otros).

d. Apropiarse y explotar los bienes ajenos sin autorización o causa de fuerza mayor o militar.

e. Aquellos mandos que fuercen a sus subordinados a las tareas que impliquen la no supervivencia o la incapacidad de rendirse.

f. Tomar rehenes.

g. Utilizar veneno o armas similares.

h. Utilizar a personas protegidas (ver inciso a) como escudo.

i. Utilizar propiedades protegidas (ver inciso c) como escudo.

j. Torturar (física o mentalmente).

k. Infligir trato inhumano o cruel.

l. Causar lesiones severas a la persona (física o mentalmente).

m. Mutilar.

n. Asesinato intencional de uno o varios.

o. Destrucción de propiedad.

p. Utilizar la traición o la perfidia como instrumento de agresión.

q. Utilizar engañosamente la bandera de tregua.

r. Utilizar engañosamente algún símbolo emblemático.

s. Maltrato intencional de cadáveres.

t. Violación.

u. Abuso sexual.

v. Secuestrar o dañar embarques o aviones.

w. Terrorismo.

I. Se entiende como tal, el daño intencional que pueda derivar en lesiones o la muerte de personas inocentes.

II. Se considera también terroristas a aquellas personas que proveen de insumos a quienes practican el terrorismo.

x. Aquella persona que profesando lealtad a los Estados Unidos ayude a un enemigo.

y. Espiar (dar información a los enemigos de Estados Unidos).

z. Conspirar (en contra de los Estados Unidos).

Para tener mayor claridad en los conceptos, recordemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 10 de diciembre de 1984, en su resolución 39/46, la ``Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes'', la cual tuvo su entrada en vigor el 26 de junio de 1987, de conformidad con su artículo 27 (1), la cual, define a la tortura de la siguiente manera en su artículo primero:⁵

``A los efectos de la presente convención, se entenderá por el término ``tortura'' todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella, o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o accidentales a éstas.''

La anterior convención ha sido firmada por 144 Estados, de los cuales, 132 son Estados partes y 12 son signatarios, pero no son Estados partes. México y Estados Unidos han ratificado dicha Convención el 23 de enero de 1986 y el 21 de octubre de 1994, respectivamente.⁶

Otro instrumento internacional de suma importancia en la protección de los derechos humanos es el ``Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos'', el cual fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966, y cuya entrada en vigor tuvo lugar el 23 de marzo de 1976 de acuerdo con su artículo 49, el cual, en su artículo séptimo dice textualmente:⁷

``Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos''.

El pacto antes mencionado, ha sido firmado por 157 países, de los cuales 149 son Estados partes y 8 son Estados signatarios que no son Estados partes. Nuestro país ratificó el instrumento el 23 de marzo de 1981 y los Estados Unidos de América lo hizo el 8 de junio de 1992. Sin embargo, Estados Unidos no ha ratificado ni el primer ni el segundo protocolo facultativo de dicho Pacto Internacional. (El primero es simplemente el Protocolo Facultativo del Pacto y el Segundo está destinado a abolir la pena de muerte).⁸

Una vez analizada la Ley de Comisiones Militares que aprobó Estados Unidos de América y analizando los conceptos internacionales de definición de tortura, y habiendo comprobado que los propios Estados Unidos de América han ratificado los acuerdos principales que prohíben la tortura, se destaca que, en ningún momento se podría inferir que la Ley de Comisiones Militares legaliza la tortura. Incluso, dicha ley castiga y tipifica a la tortura como un crimen, como se observó anteriormente en el inciso j) del apartado 950v. No existen elementos que sustenten dicho argumento presentado por los diputados del Partido del Trabajo.

Asimismo, al haber analizado la Ley de Comisiones Militares no se encuentran elementos para considerar que los migrantes mexicanos caigan en el supuesto de ser ``enemigos combatientes ilegales'' y que por ello sean procesados por las Comisiones Militares, toda vez que dicha ley define como terrorista a lo mencionado anteriormente en el inciso w) del apartado 950v, por lo que el argumento presentado en la proposición original del punto de acuerdo, en el cual se establece que los migrantes corren el riesgo de ser catalogados como terroristas, carece igualmente de sustento.

Para abundar acerca de los principios de política exterior que rigen las relaciones entre los países, cabe agregar que la Carta de las Naciones Unidas establece lo siguiente en su artículo segundo:⁹

La Organización y sus miembros, en la búsqueda de los propósitos establecidos en el artículo 1, deberán actuar en consecuencia con los siguientes principios:1. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros

Y se describe el segundo de los propósitos de la siguiente manera:¹⁰

Para desarrollar relaciones amistosas entre las naciones, se deberán basar en el principio de la igualdad y el derecho de la autodeterminación de los pueblos.

Asimismo, el propio ``Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos'' establece lo siguiente en su artículo primero:¹¹

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

Por ello, resulta incongruente que un Estado nación pretenda indicar o insinuar a otra el rumbo que debe de tomar en la creación de las políticas que considere mejores para su propia seguridad e integridad.

En concordancia con los principios fundacionales de las Naciones Unidas, la autodeterminación de los pueblos y la potestad y soberanía de un Estado nación son invulnerables.

Por ello, consideramos inapropiado que México se involucre en una relación con los Estados Unidos de América, indicándole o exhortándole a no aplicar una ley, en particular sobre el tema específico de las Comisiones Militares. No se pretende dañar o lesionar las relaciones diplomáticas, sino por el contrario, fortalecer los ejes rectores que guían a la relación entre naciones.

Hasta este momento no hay elementos para, como dice la argumentación expuesta anteriormente sobre lo que versa la Ley de Comisiones Militares en particular, los migrantes serán considerados dentro de alguna de sus categorías y sean juzgados de dicha manera, o más lejano aún, dicha ley les inflija tortura.

No se excusa a aquellos que han cometido ilícitos, los cuales, merecen el castigo como se aplicaría también en México. No obstante, la mayoría de los migrantes mexicanos no han cometido ni son juzgados por dicho tipo de delitos que ameriten la intervención de una Comisión Militar.

El principio de la autodeterminación de los pueblos y de la soberanía, reside en cada uno de los pueblos y cada uno de ellos es responsable de su propio gobierno y sus propias reglas. Resulta de gran importancia respetar la soberanía y potestad de otro Estado nación, porque de esa manera garantizamos que se respete la nuestra.

La reciprocidad en la autodeterminación de las naciones resulta de vital importancia, porque de esa manera también garantizamos la paz entre ellas.

Los ejes rectores de la política exterior mexicana respetan la autodeterminación de los pueblos, y así como proclamamos la soberanía y el derecho a gobernarnos como mejor nos parece hacerlo, de la misma manera debemos ser capaces de brindarle al otro las mismas concesiones.

Por ello, resulta congruente que México respete las decisiones autónomas de otro país y respete por tanto su soberanía.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores resuelve el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo federal, exhorte al gobierno de los Estados Unidos de América para que no se aplique la Ley de Comisiones Militares.

Segundo. Archívese como asunto totalmente concluido.

Notas:1) Departamento de Estado, Gobierno de los Estados Unidos de América, consultado en http://usinfo.state.gov/xarchives/display. htmlp= washfilespanish & y=2006 & m=October & x=20061020115135tl0.9571497, el 8 de enero de 2007, a las 12:34 p.m.2) Biblioteca del Congreso, Congreso de los Estados Unidos de América, consultado en http://www.loc.gov/rr/frd/MilitaryLaw/pdf/PL-109-366.pdf, el 8 de enero de 2007, a las 2:37 p.m.

3) Ídem.

4) Biblioteca del Congreso, Congreso de los Estados Unidos de América, Op. Cit.

Legislative History---S. 3930 (H.R. 6054): 109th Congress (Expediente Legislativo 109a Legislatura).

House Reports: (Expedientes de la Cámara Baja) No. 109--664, Pt. 1 (Comm. on Armed Services) and Pt. 2 (Comm. on the Judiciary), both accompanying H.R. 6054.

Congressional Record, (Expedientes del Congreso) Vol. 152 (2006): Sept. 27, 28, considered and passed Senate. (aprobado en el Senado), Sept. 29, considered and passed House. (aprobado en la Cámara de Representantes).

Weekly Compilation of Presidential Documents, Vol. 42 (2006): octubre 17, Presidential remarks. (Compilación de Documentos Presidenciales)

120 Stat. 2600 Public Law 109--366---octubre 17, 2006.

5) Cfr. Organización de las Naciones Unidas, Estatus de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, consultado en http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf, el 12 de enero de 2007 a las 11:29 am.

6) Cfr. Organización de las Naciones Unidas, Resoluciones de la Asamblea General, consultado en http://www.unhchr.ch/spanish/ html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm, el 12 de enero de 2007, a las 11:44 am.

7) Cfr. Organización de las Naciones Unidas, Estatus de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, consultado en http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf, el 12 de enero de 2007 a las 11:29 am.

8) Organización de las Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas, consultado en http://www.un.org/aboutun/charter/index.html, el 8 de Enero de 2007, a las 4:13 pm.

9) Ídem

10) Cfr. Organización de las Naciones Unidas, Resoluciones de la Asamblea General, consultado en http://www.unhchr.ch/spanish/ html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm, el 12 de enero de 2007, a las 11:44 am.

11) Cfr. Organización de las Naciones Unidas, Resoluciones de la Asamblea General, consultado en http://www.unhchr.ch/spanish/ html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm, el 12 de enero de 2007, a las 11:44 am.

Honorable Cámara de Diputados, a 17 de enero de 2007.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica en contra), secretarios; Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica en contra), César Octavio Camacho Quiroz , Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete (rúbrica en contra), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), José Murat, Víctor Samuel Palma César , Miguel Ángel Peña Sánchez , Cruz Pérez Cuéllar , Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez , Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Publíquense en el Diario de los Debates yarchívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

DIARIO EL FINANCIERO

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a intervenir en el conflicto del diario El Financiero y un grupo de sus trabajadores

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y en atención al siguiente

Considerando

I. Que un grupo de trabajadores de El Financiero fue despedido. En su mayoría se trata de periodistas y técnicos especializados, representantes del área editorial del periódico, que llegó a ser considerado entre los cinco más influyentes en el país y en el mundo.

En consideración a lo antes fundado, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades correspondientes a intervenir en el conflicto del diario El Financiero y un grupo de sus trabajadores, a efecto de que por la vía conciliatoria se resuelva el mismo, garantizando en todo momento el cabal respeto a los derechos laborales.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 12 de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza , Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

En votación económica, se consulta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Señores diputados, estamos votando un punto de acuerdo. Aquellos que se manifiesten por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobado; comuníquese.

La diputada Adriana Díaz Contreras (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada.

La diputada Adriana Díaz Contreras(desde la curul): Es en relación al punto de acuerdo. Quisiera ver si puedo pasar a tribuna a dar un posicionamiento en relación al punto de acuerdo que se acaba de aprobar ya por este Pleno.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ya está votado, diputada, perdóneme. Si quiere decir algo, pásele.

La diputada Adriana Díaz Contreras:Con su permiso, diputado Presidente; diputadas y diputados: hago uso de esta tribuna para plantear la injusticia que está sufriendo el periodismo mexicano por el despido injustificado de trabajadores del diario El Financiero.

El trabajo periodístico es vital para el avance de la democracia en México y hoy enfrentamos una situación de la falta de credibilidad, profesionalismo y transparencia por parte de los directivos de uno de los medios de comunicación más importantes del país.

Se ha despedido a periodistas y técnicos especializados argumentando falta de colaboración; colaboración que exige supeditar el ejercicio del desempeño periodístico al aval de una práctica administrativa y empresarial basada en la manipulación de los contenidos, la búsqueda de los recursos económicos por parte de los periodistas y, por tanto, la inseguridad laboral.

La propuesta es que mediante la firma de un contrato con una empresa prestadora de servicios se institucionalice la docilidad informativa, a fin de que la oferta periodística que desde ahí se genere promueva ingresos publicitarios suficientes para solventar el pago de los elevados pasivos, salarios y los gastos del cuerpo directivo.

Para el grupo de los despedidos, pero también para el resto de los periodistas que permanecen en El Financiero, la situación profesional fue colocada frente al abismo. Sus ingresos han sido condicionados a la firma del convenio laboral con una naciente empresa prestadora de servicios, cuya razón social no es solamente para editar un periódico prestigioso, sino para respaldar un proceso de producción sustentado en la evasión y elusión de todos los compromisos fiscales, para tolerar que en función de las necesidades administrativas se posponga la cobertura de las aportaciones obreras y patronales ante el IMSS y el Infonavit, con las consecuencias que esto representa para los trabajadores en sus fondos de pensiones.

A los periodistas se les despidió individualmente y sin la posibilidad de apelar a ninguna ley, mucho menos pedir liquidación ni exigir el pago del salario correspondiente y el aguinaldo les fue también retenido.

Las medidas tomadas plantean un presumible fraude fiscal, porque el objetivo de la empresa no es cumplir el pago puntual de los impuestos, sino lograr que los contribuyentes sigan subsidiando una producción periodística que desde hace tres años dejó de ser independiente y confiable para los lectores, pero también para los anunciantes.

Por lo anterior se presentó este punto de acuerdo, que ya fue aprobado por este Pleno y decirles a todos los periodistas que estamos en apoyo de sus derechos laborales. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Adriana Díaz. Continúe la Secretaría.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : « Instituto Mexicano del Seguro Social.--- Dirección General.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 286 C de la Ley del Seguro Social el Consejo Técnico del instituto emitió el acuerdo 200/2002, con el que se establecen dispositivos de información para que en forma periódica, oportuna y accesible, se dé a conocer la composición y situación financiera de la inversión de las reservas financieras y el fondo laboral, a través de informes trimestrales que se retiran a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, y al Congreso de la Unión, y que contengan la posición en inversión, evolución, estructura, rendimientos, cumplimiento de metas, medición y control de los riesgos financieros, entre otros.

En ese contexto, se elaboró el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2006, mismo que fue revisado y aprobado por la Comisión de Inversiones Financieras del IMSS, en su sesión 312 del 21 de febrero actual. Por este medio, me es grato enviar un ejemplar de dicho informe.

Atentamente

México, DF, a 26 de febrero de 2007.--- Juan Molinar Horcacitas (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a las Comisiones de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Ciudadanos Secretarios del honorable Congreso de la Unión.

Por este conducto me permito solicitar atentamente el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de estar en posibilidad de aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que han tenido a bien conferirme el gobierno de España.

Aprovecho la oportunidad de enviar a ustedes un respetuoso saludo.

México, DF, a 21 de febrero de 2007.--- María Luisa Elio Bernal (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Túrnese a la Comisión de Gobernación.

SECRETARIA DE SALUD

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-2-457 signado el 13 de febrero último por los diputados María Elena Álvarez Bernal y José Gildardo Guerrero Torres , Vicepresidenta en funciones de Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 170/ UCVPS / 000092 /2007 suscrito el 21 del citado mes por María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia informar sobre la celebración, contenido, alcance y vigencia del convenio suscrito por dicha secretaría y la industria tabacalera.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al punto de acuerdo que se aprobó en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del pasado día 13 del mes en curso, referente a solicitar al titular de la Secretaría de Salud que informe sobre diversas proposiciones, entre estas la que presentó el diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativo al exhorto al Ejecutivo federal a dejar sin efectos el convenio suscrito entre la Secretaría de Salud y la industria tabacalera.

Al respecto, me permito informarle que el licenciado Luis Enrique Ramos Gutiérrez, coordinador general Jurídico y Consultivo de la Comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios, ha comentado lo siguiente:

Que el convenio celebrado entre la SSA y la industria tabacalera busca dar cumplimiento cabal a los acuerdos establecidos en el Convenio Marco del OMS, cuyo objetivo es proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo del tabaco.

En relación a la petición de dejar sin efectos el convenio, se considera que no es procedente, en virtud de que contiene compromisos a favor de la salud pública, que por el momento no están contemplados en su totalidad en las disposiciones normativas, lo cuál podría generar una relajación de la industria tabacalera y en todo caso se procederá una vez efectuados los estudios de un posible impacto negativo de esa medida.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir dicha información a la comisión dictaminadora correspondiente, para el desahogo del mismo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de febrero de 2007.--- María de los Ángeles Fromow Rangel (rúbrica), titular de la unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Doctor Lucio Galileo Lastra Marín, responsable de la Dirección General Adjunta de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.

Estimado doctor Lastra Marín:

Hago referencia a su oficio 170/UCVPS/DGAVS/164/ 2007 de fecha 15 de febrero del presente año, por medio del cual informó que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se emitió punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Salud informe a ese órgano legislativo, sobre la situación actual, problemática y proyección de diversos temas y programas del Sistema Nacional de Salud, al respecto y sobre los temas de competencia de esta Comisión Federal le informo:

Por lo que hace a la solicitud de prórroga, de hasta cinco años y por única vez, de la entrada en vigor del inciso 4.3 de la norma oficial mexicana NOM-004-SSA1-1993, a fin de realizar una reconversión productiva de los artesanos dedicados a la fabricación de alfarería y artesanía que utilizan como materia prima esencial el monóxido de plomo, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino del Grupo Parlamentario del PRI, le informo que con fecha 29 de noviembre del 2004, mediante oficio s/n del entonces comisionado de Fomento Sanitario, licenciado Luis Alfonso Caso González, dirigido al diputado en mención, se fijó la postura de esta Comisión Federal considerando al plomo utilizado en los colorantes, tintes, pinturas, lacas que se usan para pintar y decorar el barro referido en el numeral 4.3 de la norma referida, como agente que en todos los casos puede intoxicar al alfarero por su contacto permanente, indicando como alternativa costos y beneficios del uso de esmalte bajo en plomo.

Como consecuencia de lo anterior, para esta Comisión Federal los efectos del plomo especialmente en los menores, se traduce en alteraciones neurológicas irreversibles siendo necesario en todo caso concientizar a los alfareros acerca del uso de esmaltes con baja cantidad de plomo.

Por lo que se refiere al exhorto al Ejecutivo federal para dejar sin efectos el convenio suscrito entre la Secretaría de Salud y la industria tabacalera, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PVEM, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 23 de mayo de 2006, le informo que el convenio celebrado busca dar cumplimiento cabal a los acuerdos establecidos en el Convenio Marco de la OMS, cuyo objetivo es proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo del tabaco.

En relación a la petición de dejar sin efectos el convenio, se considera que no es procedente, en virtud de que contiene compromisos a favor de la salud pública, que por el momento no están contemplados en su totalidad en las disposiciones normativas, lo cual podría generar una relajación de la industria tabacalera y en todo caso se procederá una vez efectuados los estudios de un posible impacto negativo de esa medida.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 20 de febrero del 2007.--- Licenciado Luis Ernesto Ramos Gutiérrez (rúbrica), coordinador general jurídico y consultivo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

CANAL TODO AMERICANO

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-2-430, signado el 6 de febrero del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y José Gildardo Guerrero Torres , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número UCAI/ 000617/ 107, suscrito el 2 del actual por el ciudadano Enrique Lendo Fuentes, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al titular de esa dependencia que informe sobre el estado del revestimiento del canal Todo Americano.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su amable oficio SEL/300/505/07, enviado al secretario del ramo, mediante el cual remite el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados con relación al tema del canal Todo Americano (CTA).

Al respecto, me permito remitir en anexo el documento elaborado de manera conjunta por Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), en el que se da un informe pormenorizado y actualizado sobre el estado que guarda el proyecto de revestimiento del CTA, así como las acciones que se han realizado en atención al tema por las dependencias involucradas.

Mucho le agradeceré transmitir lo anterior a los interesados a fin de atender la solicitud presentada en el punto de acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de marzo de 2007.--- Enrique Lendo Fuentes (rúbrica), titular de la unidad.»

«Canal Todo Americano.

Introducción

La cuenca del río Colorado, situada casi en su totalidad en territorio estadounidense, abastece a cerca de dos terceras partes del sur de California. En la parte mexicana, las comunidades del Valle de Mexicali dependen de las aguas superficiales del río Colorado, que se complementan con aguas subterráneas, provenientes de la cuenca.

En el Valle de Mexicali, donde se ubica el cuarto distrito de riego más importante de México, la situación es particular, dado que es un área de riego fronteriza que utiliza recursos hidráulicos transfronterizos (superficiales y subterráneos) y además es vecina de una de las zonas agrícolas más importantes del suroeste de Estados Unidos, el Valle Imperial.

En los inicios de esta región como zona agrícola, el aprovechamiento de las aguas de Estados Unidos en forma directa resultaba difícil y tenía que cruzar la frontera internacional hacia México por medio del canal Álamo. Una parte de los volúmenes del canal eran utilizados para fines de irrigación en el Valle de Mexicali. Sin embargo, con el establecimiento del Imperial Irrigation District (IID), Estados Unidos buscó la independencia del canal Álamo, iniciando en 1942 la operación del CTA, sin que hubiera sido revestido.

Lo anterior trajo consigo la modificación del régimen hídrico, sobre todo el relativo a la utilización y aprovechamiento de las aguas subterráneas que se filtran del CTA. Al principio estas infiltraciones causaron problemas de drenaje e invasión de niveles freáticos en territorio mexicano. No obstante, lo anterior fue resuelto por México mediante la construcción de diversas obras como el dren La Mesa y pozos de bombeo, que a su vez han sido aprovechados por agricultores mexicanos para el riego agrícola. Desde entonces, los volúmenes filtrados han constituido una importante fuente de recarga al acuífero del Valle de Mexicali.

Por ello, el gobierno estadounidense, desde la década de los setentas ha propuesto el revestimiento del CTA para recuperar las pérdidas de conducción que se aplicarían al suministro de la ciudad de San Diego, California. Lo anterior, forma parte del plan del gobierno del estado de California para optimizar el uso del agua y ajustarse a su cuota que tiene asignada del río Colorado de acuerdo con los términos de la Ley de Río, establecida por los estados de la Unión Americana y el Tratado de Distribución de Aguas de 1944.

Antecedentes

El proyecto considera la construcción de un canal paralelo revestido en un tramo de 37 kilómetros. De acuerdo con los estudios realizados por la Conagua, de llevarse a cabo dicha obra, el Valle de Mexicali se vería afectado en los siguientes aspectos:

1) Disminución de la recarga del acuífero del Valle de Mexicali en 72 millones de metros cúbicos (Mm³);

2) Afectación de más de mil 200 hectáreas de riego de manera directa, que dependen de las aguas que se infiltran del canal y 15 mil 800 hectáreas de forma indirecta;

3) Aceleración en el proceso de salinización del acuífero, dado que actualmente se recarga con aguas procedentes de excedentes o pérdidas de uso agrícola, incluidas las infiltraciones del CTA; y

4) Afectación de la flora y fauna de la región (daño a 3 mil 300 hectáreas de humedales de la Mesa de Andrade).

El gobierno de Estados Unidos terminó el diseño en enero de 2006 e iniciaron los trabajos de construcción en julio de ese mismo año, con el propósito de iniciar operaciones en 2008. El estado de California y el condado de San Diego asignaron un presupuesto de 235 millones de dólares para el proyecto. El costo se ha incrementado debido a la suspensión temporal del proyecto.

Acciones realizadas

El gobierno de México ha realizado diversas gestiones diplomáticas, contactos técnicos y políticos con autoridades estadounidenses, en las que ha expresado su rechazo al proyecto si éste presenta efectos no deseables en nuestro territorio, en tanto no se identifique una solución satisfactoria para ambas partes.

Considerando lo anterior, en 2004 se integró un grupo de trabajo interinstitucional, en el que participan activamente representantes de la Cancillería, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la Conagua, la Semarnat, el Instituto Nacional de Ecología (INE), el gobierno de Baja California y el municipio de Mexicali, con el propósito de documentar los efectos transfronterizos del proyecto, a través de estudios técnicos y ambientales, con la finalidad de establecer la estrategia de negociación bilateral.

De esta forma, las dependencias han coordinado sus acciones en el marco del grupo logrando realizar las siguientes acciones:

Secretaría de Relaciones Exteriores

Desde que el gobierno de México fue notificado sobre el proyecto de revestimiento del CTA, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha emitido diversas comunicaciones diplomáticas, en las que se han reiterado los siguientes elementos:

Oposición a la realización del proyecto y preocupación por los impactos adversos que el revestimiento podría generar en territorio mexicano en prejuicio de los agricultores mexicanos del Valle de Mexicali.

Suspensión del proyecto hasta que la CILA México-Estados Unidos identifique esquemas de cooperación y consulta que permitan evitar la realización del revestimiento del CTA, así como las acciones tendentes a eliminar o mitigar los efectos negativos en territorio mexicano.

Búsqueda de esquemas de cooperación y consultas que permitan evitar la realización del revestimiento del CTA en tanto se identifican las acciones tendentes a eliminar o mitigar los efectos negativos en territorio mexicano.

Incumplimiento de las consultas recíprocas, de conformidad con los términos del Acta 242, que establece el mecanismo de las consultas entre ambos países ante cualquier desarrollo de infraestructura de aguas superficiales o subterráneas o de emprender modificaciones substanciales de sus desarrollos actuales, que pudieran afectar adversa mente al otro país.

Asimismo, el tema ha sido abordado en diversos foros bilaterales y encuentros presidenciales en los que el gobierno de México ha reiterado su oposición a la realización del proyecto y la preocupación por los impactos adversos que el revestimiento podría generar en territorio mexicano, en perjuicio de los agricultores mexicanos del Valle de Mexicali y del ecosistema que compartimos.

De esta forma, de 2004 a la fecha se han celebrado 12 encuentros bilaterales de alto nivel, siendo el último en agosto de 2006. De igual forma, la cancillería ha trabajado estrechamente con el estado de Baja California, motivo por el cual a partir de 2005 se realizaron cinco visitas a Mexicali del entonces secretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Ernesto Derbez.

Recientemente la canciller Patricia Espinosa se ha reunido en dos ocasiones con el gobernador de Baja California (diciembre de 2006 y enero de 2007) con el propósito de evaluar el status del tema y definir las acciones que pudieran coadyuvar a una solución conjunta entre México y EUA.

En lo que respecta al proceso legal interpuesto por el CDEM, la SRE participó como Amigo de la Corte (Amicus Curiae) en septiembre de 2006, lo que representa una manifestación de apoyo y no implica una participación directa en el proceso legal. Con esta participación se buscó reiterar la postura de México.

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Entre las acciones realizadas, la Semarnat ha enviado cartas al secretario del Departamento del Interior (DOI) de EUA, firmadas por el titular argumentando daños a la ecología y especies protegidas en peligro de extinción, aspecto que ha permitido reconocer la importancia del manejo eficiente del agua en la región, a la vez que se ha enfatizado la necesidad de que los análisis y decisiones se realicen de manera conjunta, toda vez que se trata de un recurso compartido.

En marzo de 2006, durante la reunión del Grupo de Recursos Naturales de la XXII reunión de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, se abordó el tema, logrando reactivar el Grupo IV de Trabajo sobre el delta del río Colorado, el cual ha sostenido desde la fecha tres reuniones binacionales de alto nivel, siendo la última en febrero de 2007, y en las que se han identificado proyectos específicos de protección del delta de manera conjunta entre autoridades gubernamentales de ambos países y organización no gubernamentales.

En junio 2006 se llevó a cabo una reunión bilateral entre los titulares de la Semarnat y el DOI en la que se acordó un sobrevuelo por la zona donde se tiene proyectado realizar el revestimiento. Dicha actividad se llevó a cabo en agosto de 2006, en la que estuvieron presentes el subsecretario del Agua del DOI y el subsecretario de Gestión de la Semarnat.

De manera integral, se ha trabajado estrechamente con el Instituto Nacional de Ecología y la Conagua en la realización de estudios para evaluar los impactos en los humedales de la Mesa de Andrade, el acuífero y las afectaciones al área agrícola del Valle de Mexicali, que fueron entregados en su momento a las autoridades correspondientes en Estados Unidos.

Comisión Nacional del Agua

La Conagua ha sostenido diversas reuniones de trabajo con la parte mexicana del Comité Técnico Binacional, conformada por el gobierno de Baja California y la CILA. Como resultado, se han definido con mayor detalle las obras necesarias para modernizar y tecnificar los módulos 4 y 5 del distrito de riego 014, río Colorado, así como acciones de mitigación para compensar los impactos que se tendrían al dejar de recibir el volumen infiltrado.

De esta manera, y con base en estudios técnicos elaborados en 1991 por la Conagua, actualizados en 2005, se planteó a los Estados Unidos que el nuevo canal revestido paralelo al CTA producirá importantes efectos adversos en territorio mexicano, originados todos ellos por una reducción en la recarga del acuífero del Valle Mexicali, que corresponde al 10 por ciento de la recarga total de este cuerpo de agua subterránea.

Asimismo, se han identificado acciones que permitan la recuperación de volúmenes y compensación de las aportaciones superficiales y subterráneas que fluyen hacia el acuífero del distrito de riego 014.

Actualmente, la Conagua está desarrollando estudios que permitan analizar opciones en nuestro país para reducir los daños que se esperan al medio ambiente y al sector agrícola.

Recurso legal interpuesto por la sociedad civil

En julio de 2005, el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali (CDEM) y otras asociaciones civiles estadounidenses entablaron una demanda en contra del Departamento del Interior y el Buró de Reclamaciones de EUA ante una corte federal en Nevada, con el propósito de evitar la construcción del canal revestido.

El reclamo fue desechado, por lo que en agosto de 2006 el CDEM interpuso un recurso de apelación ante la Corte Federal de Apelaciones de San Francisco, CA.

Dicho tribunal no sólo aceptó considerar el recurso, sino que decretó la suspensión temporal del proyecto hasta en tanto no se emita su fallo. En virtud de lo anterior, el gobierno estadounidense por conducto de la sección estadounidense de la CILA notificó su decisión de suspender el diálogo para tratar el tema hasta conocer el fallo de la Corte.

En septiembre de 2006 la SRE participó como Amigo de la Corte, a través de una manifestación de apoyo, que no implica una participación directa en el proceso legal.

El 4 de diciembre de 2006 se llevó a cabo la primera audiencia en la que las Partes expusieron sus argumentos de defensa. En esta sesión, el tribunal decidió posponer su fallo hasta nueva fecha.

Por su parte, el Congreso de Estados Unidos aprobó la iniciativa HR 6111, denominada To Amend the Internal Revenue Code of 1986, en la cual se solicita al secretario del Interior que proceda sin dilación alguna a la construcción del proyecto de revestimiento. Esta iniciativa fue aprobada por el Senado estadounidense y firmada el 20 de diciembre de 2006 por el Presidente George W. Bush.

Como resultado de la aprobación de dicha iniciativa, el 21 de febrero se llevó a cabo una segunda audiencia en la Corte, en la que se decidió continuar con el análisis del caso, manteniendo la suspensión del proyecto de revestimiento.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

CENTRO NACIONAL DE DETECCION DE TALENTOS Y ALTO RENDIMIENTO

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio D.G.P.L.60-II-6-665 signado el 15 de febrero del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y Cuauhtémoc Velasco Oliva , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número CNAJ/176/2007 suscrito el 22 de febrero pasado por el ciudadano Gustavo Martín del Campo, enlace de Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a ese organismo informar las condiciones en las que recibió y se encuentran actualmente las instalaciones que forman parte del Centro Nacional de Detección de Talentos y Alto Rendimiento así como no erogar recursos públicos destinados a la reparación de las fallas en la infraestructura de las mismas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de marzo de 2007.Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo.--- Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte.

Licenciado Armando Salinas Torres, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobernación. --- Presente.

Me refiero a su atento oficio SEL/300/881/07, de fecha 16 de febrero del año en curso, en el cual nos comunica sobre el exhorto realizado a esta Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, (Conade) aprobado por el pleno de la honorable Cámara de Diputados, en sesión celebrada el pasado 15 de febrero, el cual tiene como objeto informar a esa soberanía las condiciones en las que se recibió y en las que se encuentran actualmente las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

Al respecto, y por instrucciones del señor Carlos Manuel Hermosillo Goytortúa, me permito informarle lo siguiente:

Es menester comentarle que las instalaciones del CNAR, fueron construidas por el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), a través de los procedimientos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su reglamento.

Ahora bien, de conformidad con lo señalado en el artículo 64 de la Ley de Obras Pública y Servicios, y artículos 135, 137, 139, 141 y 143 de su reglamento, las dependencias o entidades del gobierno federal, al recibir las obras licitadas deberán hacerlo mediante acta que corresponda, la cual contendrá las facturas con las que el constructor de la obra adquirió sus garantías y así obtener el finiquito correspondiente, dando por concluidas las obras.

Derivado de lo anterior, me permito informarle que ésta comisión, no ha recibido formalmente de parte de CAPFCE las instalaciones antes referidas, por lo tanto no contamos con las actas o documentación correspondientes a la fecha, de tal manera que por el momento estamos imposibilitados de proporcionar la información referida en el primer punto del exhorto a la honorable Cámara de Diputados.

Es conveniente señalar, que las instalaciones del CNAR, si bien no han sido recibidas por éste organismo descentralizado, entraron en operación debido a que los talentos deportivos y/o atletas de alto rendimiento que se inscribieron en dicho centro, tenían que continuar con sus estudios educativos.

No omito referir, que los constructores nos han manifestado, que las instalaciones del citado centro, son seguras y no representan ningún riesgo para la integridad de los alumnos, personal operativo y visitantes.

Por lo que hace al punto tercero del exhorto, es conveniente señalar que existen procedimientos en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas y su reglamento, específica mente en los artículos 66 y 68 de la Ley y 60, 64, 65, 66 y 68 del reglamento, que deben observar las dependencias y entidades del gobierno federal que licitan cualquier tipo de construcción, en las que resultase algún defecto, o vicios ocultos en el proceso de construcción y previamente a la entrega definitiva de la obra, con las cuales se obliga al contratista a responder de los desperfectos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. Con ello, quedan a salvo los derechos de las dependencias y entidades del gobierno federal, para exigir el pago de las indemnizaciones que correspondan, una vez que se hayan hecho efectivas las garantías constituidas para tales efectos, por las obras que presenten deficiencias, desperfectos o vicios ocultos, por lo tanto ésta Conade recibirá formalmente las instalaciones del CNAR, hasta que se encuentren totalmente concluidas, en los términos que se proyectaron las obras.

Por lo antes expuesto, y de no mediar inconveniente, muy atentamente le solicito, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones para que se haga llegara a la H. Cámara de Diputados la respuesta institucional por los medios oficiales.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2007.--- Gustavo Martín del Campo (rúbrica), enlace de grupo de trabajo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

FONDO PARA LA PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio D.G.P.L.60-II-6-696 suscrito el 20 de febrero del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número CGPC/ 404 /2007 signado el 26 del citado mes por la ciudadana licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esta dependencia a rectificar su postura y a destinar los recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender la problemática de hundimientos y deslaves de las viviendas de las familias avecindadas en la colonia Las Golondrinas, segunda sección de la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal; así como a destinar recursos suficientes del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales para atender dicha problemática.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por medio del presente y en relación con su oficio número SEL/300/926/07 de fecha 20 de los corrientes mediante el cual solicita se atienda el exhorto contenido en el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados el martes 20 de febrero de 2007, que a la letra dice:

``Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que rectifique su postura y destine recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley General de Protección Civil, para atender la problemática de hundimientos y deslaves de las viviendas de las familias avecindadas en la colonia Las Golondrinas, segunda sección de la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal. Segundo. ...; Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en su momento destine recursos suficientes del Fondo para la Prevención de Desastres (Fopreden), para atender la problemática de mérito.''

Me permito manifestarle lo siguiente:

Existen dos tipos de declaratorias frente a la presencia de un fenómeno perturbador de origen natural. La de emergencia y la de desastre. Ambos tipos de declaratorias cuentan con procesos perfectamente definidos y son distintos entre sí, detonando por ende, mecanismos completamente diferentes. Los instrumentos normativos que los regulan son oficiales, públicos y generales para todo el territorio nacional.

El Gobierno del Distrito Federal (GDF), único facultado para solicitar la emisión de las declaratorias para el Distrito Federal y sus delegaciones políticas en los términos de las disposiciones legales en vigor, mediante oficio sin número de fecha 29 de noviembre de 2006, signado por el entonces jefe de Gobierno, Alejandro Encinas y recibido en esta Secretaría el día 5 de diciembre, solicitó la emisión de una declaratoria de emergencia, no obstante, no señala cuál es la finalidad por la que requiere se emita la referida declaración, esto es, no señala cuál es el objetivo concreto que se persigue con la emisión de la referida declaración.

Conforme al procedimiento establecido, esta Coordinación General de Protección Civil solicitó al área técnica que para fenómenos geológicos lo es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, emitiera su opinión técnica. Éste emite opinión calificando dicha solicitud como improcedente, en razón de que las propias causas señaladas por el GDF en su solicitud son de origen antrópico y no natural, requisito sine qua non, para activar cualquiera de los mecanismos de atención, sea emergencia o desastre natural.

El trámite antes descrito es el único que de manera formal han efectuado las autoridades del GDF

Ahora bien, en cada caso, sea que se trate de declaratoria de emergencia o de desastre natural, se activan distintos procedimientos y se afectan diferentes recursos financieros. En el caso de declaratoria de emergencia, lo que detona es el fondo revolvente, a través del cual se pueden adquirir insumos con los que se brinda auxilio a la población afectada durante una situación de emergencia ocasionada por la presencia o inminencia de un fenómeno natural perturbador, como por ejemplo: cobijas, despensas, colchonetas, agua, medicamentos, entre otras, y éste fue el tipo de declaratoria solicitada por el GDF; sin embargo, los recursos de este fondo no pueden ser utilizados para hacer trabajos de corrección en las minas, es decir, obras de rehabilitación.

Por otra parte, la declaratoria de desastre natural activa el programa del Fondo de Desastres Naturales, a través del cual se autorizan recursos, previa evaluación de los daños, para la realización de obras de reconstrucción, después de la ocurrencia del fenómeno natural perturbador que provocó el desastre.

No obstante lo anterior, y en el supuesto de que en efecto nos encontráramos en una situación de desastre (que como ya se ha dicho, no es el caso), esta Secretaría de Gobernación, cuenta con los siguientes recursos financieros para la prevención y atención de desastres (artículos 32 a 37 de la Ley General de Protección Civil):

a) Acciones preventivas: Fideicomiso Preventivo, que tiene como finalidad proporcionar recursos destinados a la realización de acciones preventivas no programadas en favor de las dependencias y entidades federales, así como de las entidades federativas en los términos del Acuerdo en que se establecen sus lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación de 20 de agosto de 2002.

b) Acciones de emergencia o de desastre: Fondo Revolvente y Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Ambos mecanismos de igual modo cuentan con sus propios lineamientos: Acuerdo que establece los Lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del fondo revolvente, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de septiembre de 2006; y acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2006.

Sin embargo, en ambos casos, los recursos financieros están previstos para hacer frente a emergencias o desastres provocados por fenómenos perturbadores de origen natural. En efecto, en los Lineamientos del Fondo Revolvente se define como emergencia, a la situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población, generada o asociada con la inminencia o presencia de un fenómeno natural perturbador; emergencia que se declara por la Secretaría de Gobernación a petición de una entidad federativa.

En este orden de ideas, no se trata de una interpretación de la ley que permita a la autoridad federal negar la emisión de la declaratoria de emergencia, ni se ha buscado un resquicio en la ley para negar la declaratoria de emergencia solicitada por el GDF, pues como es de su conocimiento para el ejercicio público los servidores públicos nos regimos por lo estrictamente autorizado. Es decir, que mientras para un ciudadano todo lo no prohibido está permitido, los funcionarios públicos sólo podemos actuar en el marco de lo estrictamente permitido o facultado, que es como invariablemente hemos venido actuando en este asunto.

Por lo anterior, el rectificar la postura para otorgar apoyo a través del Fonden o del Fopreden, nos obligaría a violentar la normatividad con la que se rigen ambos instrumentos, conllevando a responsabilidades administrativas y penales en su caso, en virtud de que no permiten apoyo a desastres de tipo antrópico.

No obstante y con el propósito de coadyuvar en la atención de la problemática en cuestión, se han formulado propuestas viables para atender la situación de que se trata, tras la improcedencia de la emisión de la declaratoria de emergencia solicitada; para ello, se sostuvieron reuniones con el secretario de Gobierno del GDF, a fin de explicarle los procedimientos y las normas que regulan al Fonden, así como hacerle saber de otros mecanismos financieros como el PAFEF hoy FAFEF (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas), el FIES (Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados) y el FEIEF (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas), fondos con los cuales se canalizan recursos a las entidades federativas y al Distrito Federal, a través de los cuales pudiesen financiarse las obras necesarias para mitigar el riesgo en la zona.

Asimismo, se realizaron investigaciones sobre la atención efectuada a problemas idénticos en otras zonas, buscando la identificación de mejores prácticas y se convocó a la instalación de un grupo compuesto por autoridades de esta Coordinación General de Protección Civil (CGPC), técnicos especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres Cenapred), autoridades de la Dirección General de Protección Civil del GDF (DGPCDF), personal de la Secretaría de Desarrollo Social del ámbito federal, así como autoridades de la delegación Álvaro Obregón, y se invitó a personal del municipio de Atizapán de Zaragoza, del estado de México, quienes han venido aplicando el uso de tecnologías eficientes y viables económicamente para la mitigación del riesgo de hundimientos en zonas con minas en su territorio.

De los trabajos realizados por el grupo especial para atender este problema de Las Golondrinas, se acordaron tareas en tres vertientes:

1. Analizar y hacer las pruebas de composición del suelo necesarias para verificar si la tecnología propuesta por la CGPC (aplicada en Atizapán), resulta viable para la zona de Las Golondrinas y se conformó un subgrupo con la participación de la DGPCDF, el Cenapred, la UNAM y la DGPC-SEGOB, dicho grupo ha continuado con los trabajos técnicos y presenta avances tales que se ha comprobado que la tecnología propuesta sí es aplicable, se cuentan con los acuerdos con las empresas donadoras del material a usarse, y se están realizando las tareas por la Secretaría del Medio Ambiente del DF para verificar el trámite de los permisos de tránsito en el DF de los transportes del material (perlita) y con cuya aplicación, a decir de la delegación, los costos se reducen a una cuarta parte del método que venía aplicando.

Es importante hacer notar que en los documentos con que se cuenta, signados por las autoridades del DF y de la delegación Álvaro Obregón, se habla de cavidades de origen artificial (minas por extracción), deficiencias constructivas de vivienda e incluso fugas internas de redes de drenaje y agua potable, como causas del fenómeno.

2. El segundo acuerdo fue ofertar a la población programas de financiamiento de vivienda, para aquellos que acepten ser reubicados. Para lo cual se acordó que la DGPCDF provocaría la participación del Instituto de Vivienda del DF, a fin de reunirse con la Sedesol y la delegación Álvaro Obregón, para encontrar las mejores opciones de financiamiento. Cabe señalar que según o manifestado por la DGPCDF, el Instituto de Vivienda del DF cuenta con programas de apoyo a la población para reubicaciones. A su vez, también la Sedesol cuenta con programas federales que podrían accederse para atender dicha situación; no obstante, al día de hoy la DGPCDF no ha vuelto a contactarnos para detonar dicha reunión.

3. Y una tercera vía, que consiste en continuar con la búsqueda y consultas jurídicas para encontrar los instrumentos financieros idóneos que permitan el financiamiento de las obras de rehabilitación de las minas. De dichas tareas, se descartó el Programa Hábitat, se confirmó el Programa Tu casa, así como los fondos de aportación federal antes enunciados, respecto de los cuales cabe destacar que su normatividad permite la realización de dichas obras, pero que su programación y canalización de los recursos para dichos fines depende enteramente de las autoridades del GDF.

Final y respetuosamente, debo reiterar que los mecanismos financieros bajo coordinación de la Segob creados hasta hoy (Programa Fonden, Fopreden y Fipreden), son instrumentos autorizados por el Congreso de la Unión, y se han creado expresamente para atención y prevención de desastres de tipo natural y no antrópico, razón por la cual la Segob, no cuenta con ningún programa o disponibilidad presupuestal encaminada a atender fenómenos antrópicos.

Esto en razón de que los fenómenos antrópicos son provocados por las personas, y no por un fenómeno natural, y generan un marco de responsabilidad civil, responde en sus orígenes a asentamientos irregulares, o una cadena de acciones y omisiones irregulares, como invasiones toleradas, o asentamientos en zonas de alto riesgo, tales como laderas de cerros, a los costados o sobre los cauces de ríos o presas, terrenos minados, o sobre derechos de vía de ductos de materiales peligrosos, o bien, falta de mantenimiento de plantas e instalaciones industriales, así como el incumplimiento de normas de seguridad, son ejemplos de fenómenos de origen antrópico que no son competencia de los fondos de prevención y atención de desastres naturales a cargo de la Segob, sino que encuentran responsabilidad en su atención, regulación y supervisión en el marco de las competencias establecidas por ley: Municipios y estados, y en la federación a través de las secretarías de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Trabajo y Previsión Social, de Energía, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Comisión Nacional del Agua, de Petróleos Mexicanos, entre otras, según corresponda, de ahí la imposibilidad de poder atender con recursos de los programas de prevención atención de de sastres naturales las demandas materia del presente asunto.

Lo anterior tiene sustento en el artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que ``No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior''.

De acuerdo con lo antes transcrito y tomando en consideración que en el Presupuesto de Egresos de la Federación nunca se ha establecido algún tipo de programa especial a cargo de la Segob que tenga por objeto atender fenómenos antrópicos, nos encontramos imposibilitados para poder disponer de recursos para la atención de la situación que aqueja la problemática materia del presente.

De todo lo anteriormente señalado, puede desprenderse con toda claridad que esta Secretaría de Gobernación y de manera especial esta Coordinación General de Protección Civil a mi cargo, hemos venido realizando las acciones que conforme a derecho nos competen para dar solución a la problemática planteada, acciones que se encuentran reguladas expresamente por las disposiciones legales correspondientes, que obligan tanto a los servidores públicos federales, como a los del ámbito local, para atender de la manera más eficiente, oportuna y eficaz la situación relacionada con las personas afectadas de la colonia Las Golondrinas.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mí consideración y afecto.

Sufragio Efectivo. No reelección.

México, DF, a 26 de febrero de 2007.--- Licenciada Laura Gurza Jaidar (rúbrica), coordinadora general.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

DIA DEL MIGRANTE

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L.60-II-6-407, signado el día 19 de diciembre de 2006 por los secretarios de la Mes Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. DFC/014/2007, suscrito el día 30 de enero último por el licenciado Miguel García Flores, director de Fomento Cívico, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se reconoce al migrante en su día, decretado por la Organización de las Naciones Unidas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

Por instrucción superior, me estoy refiriendo a la copia del oficio número SEL/300/015/07, de fecha 9 de enero pasado, de esa Subsecretaría, dirigido a los secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, donde se les comunica la toma de conocimiento del acuerdo aprobado por esa soberanía, donde se reconoce al migrante.

Sobre lo anterior, me permito informarle que el 18 de diciembre, Día del Migrante, lo hemos incorporado a nuestro calendario cívico 2007.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 30 de enero de 2007.--- Licenciado Miguel García Flores (rúbrica), director de Fomento Cívico.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

GUANTANAMO

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-314, signado el 17 de enero del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y Miguel Ángel Peña Sánchez , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, original del similar número DEP-0418/07, suscrito el 27 de febrero último por el ciudadano Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación por la situación de los detenidos en la cárcel militar de Guantánamo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 17 de enero de 2007, en el que señala:

Primero. La del Congreso de la Unión expresa su preocupación por la situación de los detenidos en la cárcel militar de Guantánamo, y declara en el quinto aniversario del arribo de los primeros detenidos que es urgente el retomar las recomendaciones de los relatores de la ONU en esta materia.

Segundo. La del Congreso de la Unión declara que es indispensable evitar que estas deplorables acciones se repitan, por lo que expresa su deseo de que se investiguen detalladamente los casos de las violaciones de los derechos legales, humanos y religiosos de los detenidos.

Tercero. La del Congreso de la Unión hace votos para que en el seno de las instituciones internacionales se continúen las discusiones para erradicar estas condenables prácticas, y para que la ONU retome el liderazgo de este tema dentro del Consejo de Derechos Humanos.

Cuarto. La del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal mexicano que por la vía de una nota diplomática, transmita al Ejecutivo de los Estados Unidos la preocupación por la situación de los detenidos en la cárcel militar de Guantánamo, en los términos expresados por los relatores de la ONU, por lo que se hace urgente asumir sus recomendaciones.

Al respecto, le informo que

La política exterior del gobierno de México en materia de derechos humanos se basa en la apertura y la cooperación con organismos internacionales.

Una de las principales prioridades de la política exterior de México es promover el reconocimiento de los derechos humanos como valores fundamentales de carácter universal e impulsar el desarrollo de nuevos y mayores estándares de protección. En tal virtud, los foros multilaterales y regionales de derechos humanos juegan un papel fundamental para la política exterior de México,

La política exterior de México incluye como parte fundamental la cooperación y el diálogo bilateral con otros países, lo que presenta una nueva dimensión en el tratamiento del tema en los foros internacionales.

Con esta visión, México ha redoblado sus esfuerzos en dichos foros participando en ellos con el ánimo de contribuir al fortalecimiento de los estándares internacionales de protección y a su observancia en el mundo.

En este sentido, el gobierno de México concede gran importancia a la contribución tanto del sistema universal de protección de los derechos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas como al sistema interamericano de protección de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos, en el ámbito regional, por lo que considera que temas y situaciones como los relativos a las personas detenidas en la prisión militar de Guantánamo deben ser discutidos en estos marcos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de febrero de 2007.--- Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacerle llegar la respuesta adjunta al diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Lo anterior, en respuesta al punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 17 de enero de 2007, en el que señala:

Primero. La del Congreso de la Unión expresa su preocupación por la situación de los detenidos en la cárcel militar de Guantánamo, y declara en el quinto aniversario del arribo de los primeros detenidos que es urgente el retomar las recomendaciones de los relatores de la ONU en esta materia.

Segundo. La del Congreso de la Unión declara que es indispensable evitar que estas deplorables acciones se repitan, por lo que expresa su deseo de que se investiguen detalladamente los casos de las violaciones de los derechos legales, humanos y religiosos de los detenidos.

Tercero. La del Congreso de la Unión hace votos para que en el seno de las instituciones internacionales se continúen las discusiones para erradicar estas condenables prácticas, y para que la ONU retome el liderazgo de este tema dentro del Consejo de Derechos Humanos.

Cuarto. La del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal mexicano que por la vía de una nota diplomática transmita al Ejecutivo de Estados Unidos la preocupación por la situación de los detenidos en la cárcel militar en Guantánamo, en los términos expresados por los relatores de la ONU, por lo que se hace urgente asumir sus recomendaciones.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de febrero de 2007.--- Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica), director general de Coordinación Política.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase al promovente para su conocimiento.

CAMARA DE SENADORES

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial para determinar las causas del bajo financiamiento del desarrollo y del elevado monto de la deuda pública y sus instrumentos, precisar responsabilidades y proponer acciones correctivas, con objeto de alentar el crecimiento del mercado interno y promover el desarrollo del país, integrada por los senadores:

Presidente

Dante Delgado Rannauro

Integrantes

Guillermo Tamborrel Suárez

Javier Castelo Parada

Rafael Moreno Valle

María de los Ángeles Moreno Uriegas

Carlos Lozano de la Torre

Ricardo Olivares Sánchez

Francisco Javier Castellón Fonseca

Manuel Velasco Coello

Alberto Anaya GutiérrezAtentamente

México, DF, a 6 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LX Legislatura.

Acuerdo para la Creación de una Comisión Especial.

Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Por su conducto, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 71 del Reglamento para su Gobierno Interior, somete a consideración del Pleno, el siguiente acuerdo

Antecedentes

1. Que con fecha 14 de diciembre de 2006, el senador Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó al Pleno una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita integrar una comisión para determinar las causas del bajo financiamiento para el desarrollo; y la deuda pública. Dicha propuesta fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

2. Que con fecha 1 de marzo del año en curso, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios envió un oficio a esta Junta de Coordinación Política, comunicando que se rectificó el turno de la propuesta presentada por el senador Alberto Anaya Gutiérrez, enviándose a la Junta de Coordinación Política para su resolución.

Considerando

Que el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara y en tal carácter es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución asigna a la Cámara.

Que, de conformidad con el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las Cámaras nombrará las comisiones especiales que crea convenientes, cuando lo exija la urgencia y calidad de los negocios.

Que, considerando la importancia de crear la comisión que se propone en el punto de acuerdo a que se ha hecho referencia en los Antecedentes, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se crea una Comisión Especial para determinar las causas del bajo financiamiento para el desarrollo y del elevado monto de la deuda pública y sus instrumentos, precisar responsabilidades y proponer acciones correctivas, con objeto de alentar el crecimiento del mercado interno y promover el desarrollo del país.

Segundo. Dicha comisión quedará integrada en la siguiente forma:

Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, los senadores: Guillermo Tamborrel Suárez, Javier Castelo Parada y Rafael Moreno Valle Rosas.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los senadores: María de los Ángeles Moreno Uriegas, Carlos Lozano de la Torre.

Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, los senadores: Ricardo Olivares Sánchez y Francisco Javier Castellón Fonseca.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el senador Manuel Velasco Coello.

Por el Grupo Parlamentario de Convergencia, el senador Dante Delgado Rannauro.

Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el senador Alberto Anaya Gutiérrez.

La Presidencia de la comisión estará a cargo del senador Dante Delgado Rannauro y deberá rendir a la Junta de Coordinación Política informes cuatrimestrales, de los avances que se tengan, así como una valoración final.

Tercero. Comuníquese.

Salón de sesiones de la Junta de Coordinación Política, sesión de marzo del año dos mil siete.--- Junta de Coordinación Política, senadores: Santiago Creel Miranda (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Navarrete Ruiz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Agundis Arias (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dante Alfonso Delgado Rannauro (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Alejandro González Yánez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Felipe González González (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Melquíades Morales Flores, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha el senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, para incrementar el Fondo General de Participación de un 20 por ciento a un 22.5 por ciento de la recaudación federal participable.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, la cual se anexa.

Atentamente

México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LX Legislatura.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

Presidente y Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presentes.

El que suscribe, Alfonso Elías Serrano, senador del estado de Sonora, en nombre propio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El municipio en México, además de ser la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de las entidades federativas, es el primer punto de contacto ciudadano.

La primera autoridad ante la cual acuden los integrantes de una comunidad organizada a buscar solución a sus demandas es, sin duda, el gobierno municipal.

Y lo anterior no podría ser de otra forma, pues además de ser las autoridades que se encuentran a una menor distancia geográfica, son las que concentran la prestación de servicios públicos que permiten al ciudadano desarrollar sus potencialidades de una mejor manera.

De acuerdo con el artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios deben prestar los siguientes servicios públicos: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento, y policía preventiva y tránsito.

Pero aunado a lo anterior, los gobiernos municipales han adquirido, en los hechos, responsabilidades adicionales relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos, como el fomento y desarrollo económico del municipio, el apoyo a instituciones educativas y de salud, el otorgamiento de becas, el impulso a proyectos productivos, la constitución de bolsas de trabajo e, incluso, la construcción de vivienda de interés social.

Y si bien estas funciones son de carácter extralegal, han sido acogidas por los gobiernos locales en atención a las necesidades y aspiraciones de sus ciudadanos, y derivado de la insuficiencia de los programas de los otros dos niveles de gobierno, por lo que se han convertido en una especie de ``derechos adquiridos'' para los ciudadanos, por lo que su cancelación no sólo sería impopular, sino que dejaría en muchas ocasiones huecos importantes en cuanto a la atención de necesidades apremiantes de una comunidad.

Ahora bien, para la prestación de estos servicios y el desarrollo de las funciones que corresponden al municipio, la autoridad municipal cuenta con una hacienda pública propia, conformada de acuerdo a la fracción IV del artículo 115 constitucional por las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria (impuesto predial), los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos y las participaciones federales.

Y aunque la situación óptima para la hacienda pública municipal sería que los gobiernos locales contaran con mayores fuentes de ingresos propios, es decir, con mayores potestades tributarias, nuestro sistema fiscal opera en sentido opuesto, pues son los estados y los municipios los que ceden al gobierno federal la potestad tributaria en las contribuciones que representan mayores ingresos, a cambio de obtener participaciones suficientes y, sobre todo, equitativas,

No obstante, nuestro sistema fiscal no ha alcanzado el equilibrio adecuado en cuanto a la distribución de los ingresos fiscales, pues además de la incapacidad del sistema federal de actuar como un auténtico mecanismo de nivelación, dicho sistema no responde ya a las circunstancias actuales en las que se desenvuelve nuestro país ni a las tendencias mundiales de distribución de potestades tributarias que hacen competitivas a las naciones.

La apertura comercial ha tenido un fuerte impacto en nuestras comunidades. Algunos municipios, sobre todo aquellos que cuentan con mayores recursos, mejor infraestructura y una ciudadanía más participativa, han logrado constituirse en polos de desarrollo que no sólo atraen inversión y mayores oportunidades de empleo, sino que responden con mayor eficiencia y efectividad a las demandas de sus pobladores. Pero otra parte importante de los municipios mexicanos se han quedado rezagados al no contar con recursos suficientes para poder competir.

La descentralización de funciones del gobierno federal a los gobiernos estatales y municipales, si bien ha atendido a las tendencias internacionales de adelgazamiento de las responsabilidades de los gobiernos nacionales, en favor los locales, no ha venido aparejada de los recursos suficientes para atender las nuevas funciones.

Históricamente, el gobierno federal ha transferido responsabilidades a estados y municipios con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios sólo durante la primera etapa de la descentralización, para en un segundo periodo dar mayores responsabilidades transfiriendo sólo recursos financieros, y en una tercera etapa, dejar las responsabilidades y disminuir paulatinamente los recursos.

De igual forma, la creciente exigencia ciudadana de contar con gobiernos transparentes y que rindan cuentas claras a la sociedad, exigen la reforma inmediata del sistema fiscal mexicano para hacerlo más equitativo.

Así, el proceso de globalización, la apertura democrática y la redistribución de responsabilidades públicas, exigen gobiernos locales fuertes, modernos y participativos, pues de ellos dependen en gran parte la posibilidad de cambiar las condiciones sociales y económicas que se observan en nuestras comunidades, y la concentración de los ingresos fiscales en el gobierno federal, imposibilita a los estados y municipios para ejercer su autonomía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Según cifras oficiales, de los ingresos que se generan en el país vía contribuciones, el 98 por ciento se originan en la hacienda federal; el 1.5 por ciento, en la estatal, y tan sólo el 0.5 por ciento en la municipal.

Lo anterior cobra sentido al contar la federación con potestades sobre las bases tributarias más amplias, como son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, los impuestos al comercio exterior, los derechos de hidrocarburos y los impuestos especiales sobre producción y servicios. En tanto que estados y municipios tienen facultades tributarias limitadas y bases gravables reducidas, contando con contribuciones de difícil explotación y de alta complejidad administrativa y política en cuanto a su cobro; esto es, en el caso de los estados, el impuesto sobre nómina, los impuestos por traslación de dominio, los derechos relacionados con la venta de bebidas alcohólicas, y algunos servicios públicos como la expedición de licencias de manejo, registro inmobiliario, entre otros, y en el de los municipios, el impuesto predial y algunos derechos por la prestación de servicios.

En este sentido, las participaciones federales a estados y municipios se vuelven primordiales para el cumplimiento de las responsabilidades que corresponden a estos niveles de gobierno, por lo que del fortalecimiento de su participación en la recaudación federal, dependerá la posibilidad de atender las demandas de sus ciudadanos.

De conformidad con el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo General de Participaciones (Ramo 28) se constituye con el 20 por ciento de la recaudación federal participable (RFP) que obtenga la federación en un ejercicio, cantidad que se distribuye entre las 32 entidades federativas de acuerdo con una fórmula en la que se contemplan criterios de población y eficiencia recaudatoria, además de un factor de nivelación en proporción inversa a los otros dos criterios.

El segundo párrafo del artículo citado establece que la RFP será la que obtenga la federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.

De acuerdo con el dispositivo enunciado, no se incluyen en la RFP, los impuestos adicionales del 3 por ciento sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados y del 2 por ciento en las demás exportaciones; ni tampoco los derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo. Tampoco se incluyen los incentivos económicos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa; ni los impuestos sobre tenencia y uso de vehículos y autos nuevos; ni la parte correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios, la recaudación correspondiente a pequeños contribuyentes, ni por loterías, rifas y sorteos.

Lo anterior, en términos económicos, significa que para el 2007, la recaudación federal participable, según la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal corriente, será de 1 billón 275 mil 503.0 millones, de 1 billón 511 mil 815.7 millones de ingresos totales del gobierno federal.

Quedando fuera de la RFP, la cantidad de 236 mil 312.7 millones de pesos, correspondientes a los impuestos y derechos que de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal no se incluyen en dicho concepto.

Por ende, el Fondo General de Participaciones (FGP), que se constituye por el 20 por ciento del RFP, será de 255 mil 960.7 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2007, que se estima se distribuirá entre las 32 entidades federativas de la siguiente forma:

Aguascalientes 2,995.5

Baja California 7,382.8

Baja California Sur 1,902.7

Campeche 2,759.1

Coahuila 6,665.5

Colima 1,962.6

Chiapas 12,109.2

Chihuahua 7,602.5

Distrito Federal 34,016.3

Durango 3,555.3

Guanajuato 10,285.0

Guerrero 5,989.0

Hidalgo 4,723.8

Jalisco 16,941.8

México 32,870.3

Michoacán 7,666.4

Morelos 3,963.3

Nayarit 2,644.0

Nuevo León 12,986.9

Oaxaca 6,545.7

Puebla 10,791.9

Querétaro 4,444.0

Quintana Roo 3,107.2

San Luis Potosí 4,896.1

Sinaloa 6,697.6

Sonora 6,843.4

Tabasco 12,798.2

Tamaulipas 7,352.5

Tlaxcala 2,746.7

Veracruz 16,035.5

Yucatán 4,155.0

Zacatecas 3,279.8

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Nota: Los montos anteriores incluyen el importe de coordinación de derechos (1 por ciento de la RFP = 12 mil 755 millones de pesos)

Por su parte, el artículo 6o., dispone que las participaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo General de Participaciones no podrán ser menores al 20 por ciento de las cantidades que correspondan al estado, lo que representa que los estados transferirán a su vez, en forma global, un mínimo de 51 mil 020.1 millones de pesos a sus respectivos municipios en el 2007.

No debe perderse de vista que en adición a los recursos del FGP, la Ley de Coordinación Fiscal contempla fondos adicionales para las entidades federativas, tal es el caso del Fondo de Fomento Municipal (artículo 2-A, fracción III, 1 por ciento de la RFP), el importe de la coordinación de derechos (artículo 2, párrafo sexto, 1 por ciento de la RFP) el 0.126 por ciento del RFP para municipios fronterizos y litorales (artículo 2-A, fracción I, municipios por los que entren o salgan los bienes que se importen o exporten), el 3.17 por ciento del derecho adicional de extracción de petróleo artículo 2-A, fracción II), la reserva de contingencia (artículo 4o, 0.25 por ciento de la RFP), el impuesto especial sobre productos y servicios (artículo 3-A, 20 por ciento alcohol, cerveza y bebidas, y 8 por ciento tabacos), la tenencia (artículo 6o, penúltimo párrafo, 100 por ciento de lo recaudado), el impuesto sobre automóviles nuevos (artículo 6o, último párrafo, 100 por ciento de lo recaudado), y otros incentivos.

En el caso del Fondo de Fomento Municipal, que para el 2007 ascenderá a la cantidad de 12 mil 755 millones de pesos, los recursos que comprende deberán entregarse íntegramente por el estado a sus municipios, de acuerdo con lo que establezcan las legislaturas locales, garantizando que no sea menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia de derechos.

En tanto que de los ingresos provenientes de la tenencia y el ISAN, mismos que se trasladan en un 100 por ciento a las entidades federativas, de acuerdo a lo recaudado por cada una de ellas, los estados deberán entregar a su vez el 20 por ciento a sus respectivos municipios. Lo mismo ocurre en el caso del IEPS, que se entregan igualmente a los estados en determinadas proporciones (20 por ciento de lo recaudado en el impuesto al alcohol, cerveza y bebidas, y 8 por ciento en el del tabaco), y que a su vez debe entregar en un 20 por ciento a sus municipios. También del monto derivado de la coordinación de derechos (1 por ciento de la RFP), debe asignarse el 20 por ciento a los municipios.

Respecto del resto de los recursos transferibles de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, no existe obligación legal alguna para los estados, de entregar proporción alguna de los mismos a sus municipios.

Cabe hacer notar que existen entidades federativas que exceden el mínimo requerido por la Ley en cuanto al porcentaje de las participaciones federales a entregar a los municipios. Así, Nuevo León, Baja California Sur y Coahuila destinan más del 25 por ciento de las participaciones previstas en la Ley de Coordinación Fiscal a sus municipios; Jalisco, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Zacatecas y Querétaro oscilan entre el 22 por ciento y el 25 por ciento y el resto de las entidades otorgan entre el 20 por ciento, que es el mínimo exigido por Ley, y el 22 por ciento.

Y son este tipo de esfuerzos los que deben reconocerse asignando mayores recursos a las entidades de tal forma que éstas puedan incrementar a su vez los porcentajes de participaciones que asignan a sus municipios.

Por ende, la presente iniciativa propone incrementar en medio punto porcentual anual, a partir del ejercicio fiscal 2008 y hasta el del 2012, el porcentaje de la recaudación federal participable que integra el Fondo General de Participaciones, para pasar de 20 por ciento a 22.5 por ciento. Y en correspondencia a este incremento, se plantea aumentar el porcentaje que los estados están obligados a asignar de dicho Fondo a sus municipios, en un punto porcentual anual, en el mismo periodo sugerido para el Fondo General de Participaciones, para pasar de 20 por ciento a 25 por ciento.

La reforma modificaría los artículos 2o., primer párrafo y 6o., primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 22.5 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.''

Artículo 6o. Las participaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 25 por ciento de las cantidades que correspondan al estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general.

Las anteriores modificaciones, implicarían, tomando como base el monto de la RFP del ejercicio fiscal 2007, un incremento en el primer año de 6 mil 377.5 millones de pesos en el Fondo General de Participaciones, de los cuales corresponderían 2 mil 487.2 millones de pesos a las entidades federativas y 3 mil 890.3 millones de pesos a los municipios.

En los años subsecuentes, el incremento que representa la presente Iniciativa guardaría las proporciones señaladas en el párrafo anterior respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación; no obstante, el aumento anual sería mayor para el caso de los municipios (1 punto porcentual anual en el periodo 2008-2012) que para las entidades federativas (0.5 puntos porcentuales en el mismo periodo).

Este incremento anual equivaldría al 2.5 por ciento de los ingresos federales que no integran la recaudación federal participable; a menos del 1.5 por ciento de lo que se recauda en IVA e ISR, respectivamente, y a menos del 1 por ciento de los ingresos petroleros del país.

Con ello, se demuestra que los costos para el Presupuesto Federal serían mesurados y paulatinos, en tanto que los beneficios para las entidades federativas y municipios serían de marcada trascendencia para el desarrollo de nuestras regiones.

Esta circunstancia hace que la presente Iniciativa se encuentre entre las de menor afectación a la federación y entre las de mayor beneficio a los otros órdenes de gobierno, con relación a las reformas a la Ley de Coordinación fiscal propuestas por legisladores de las distintas fuerzas políticas, en ambas Cámaras, durante los últimos 4 años.

Por un lado existen iniciativas en la colegisladora, mismas que se encuentran actualmente en comisiones, que proponen integrar a la recaudación federal participable los impuestos adicionales del 3 por ciento sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, el impuesto del 2 por ciento en las demás exportaciones y los derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo, lo cual impactaría considerablemente al Presupuesto federal.

Por otra parte, existen iniciativas en ambas Cámaras, que igualmente se encuentran en las comisiones correspondientes, que plantean el incremento sólo del porcentaje que los estados deben transferir a los municipios respecto del fondo general de participaciones e, incluso, de la tenencia, el ISAN y el IEPS, lo que afecta en forma grave la capacidad de los estados de atender las necesidades de la población, al no ir aparejado al incremento de sus obligaciones un aumento suficiente en sus participaciones.

En el caso concreto de la presente iniciativa, se contempla un incremento de medio punto porcentual al porcentaje de la recaudación federal participable que conforma el Fondo General de Participaciones, para llegar a 22.5 por ciento en el 2012, y de un punto porcentual al porcentaje que las entidades federativas deben entregar a sus respectivos municipios respecto del fondo señalado, para llegar a 25 por ciento en el ejercicio fiscal 2012. Lo anterior, sin considerar la adición de contribución alguna a la RFP, ni atribuir mayores cargas a los estados en aras de fortalecer al municipio.

Y a efecto de regular el incremento paulatino de los porcentajes referidos en los párrafos anteriores, es necesario especificar en los artículos transitorios lo siguiente:

Segundo: Los porcentajes a que se refieren los artículo 2o., primer párrafo, y 6o., primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, serán alcanzados en un periodo de cinco años, contados a partir del ejercicio fiscal 2008 y hasta el del 2012, incrementándose en medio punto porcentual anual el porcentaje de la recaudación federal participable que integra el Fondo General de Participaciones, dentro del periodo especificado, y en un punto porcentual anual dentro del mismo periodo el porcentaje que corresponde al estado transferir a los municipios el fondo citado.

Tercero: Los Poderes de las Unión realizarán los ajustes presupuestales y operativos pertinentes, debiendo reducir preferencialmente su gasto corriente, lo cual habrá de reflejarse en el proyecto de presupuesto de egresos de cada ejercicio. En el caso del gobierno federal, éste deberá incrementar la recaudación de ingresos fiscal mediante la ampliación de las bases tributarias de las distintas contribuciones.

En el supuesto de que las circunstancias económicas del país no permitan cumplir con los incrementos de conformidad con el Artículo Transitorio que antecede, podrán realizarse los incrementos en proporciones menores, siempre que se llegue a la meta señalada en los artículos 2o., primer párrafo, y 6o., primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal al final del periodo referido en el transitorio anterior.

Por otra parte, y a efecto de evitar que ante el incremento del porcentaje de participaciones a entregar a las haciendas públicas municipales, los gobiernos estatales condicionen o etiqueten los recursos adicionales a programas u obras específicas, se propone clarificar en el último párrafo del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, especificando que los municipios administrarán libremente sus participaciones.

Adicionalmente, es indispensable fortalecer en una mayor medida a los municipios fronterizos mayormente afectados por el fenómeno migratorio.

En la actualidad, los municipios colindantes con la frontera por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes que se importen o exporten, reciben aportaciones adicionales, por el orden del 0.136 por ciento de la recaudación federal participable.

No obstante, esos recursos son insuficientes para atender las necesidades de los migrantes, sobre todo los que son repatriados y permanecen en las fronteras en tanto buscan una oportunidad de empleo o la forma de regresar a sus lugares de origen.

Nuestros paisanos repatriados son prácticamente dejados a su suerte en nuestras fronteras, y en la mayoría de las ocasiones sin recursos para solventar sus necesidades más apremiantes. Nuestros migrantes repatriados demandan por supuesto alimentación, alojamiento, transporte, servicios públicos, atención médica, educación y empleo, y los municipios, con sus reducidos presupuestos, no pueden atender las necesidades de los miles de connacionales que se quedan en éstas.

Por eso, es de marcada urgencia crear un fondo especial para que los municipios fronterizos cuenten con recursos suficientes para prestar toda clase de servicios a nuestros paisanos repatriado, y a la vez puedan apoyar su regreso salvo y digno a casa, de aquí que se proponga añadir una fracción IX al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer el fondo de aportaciones para municipios fronterizos, y adicionar un artículo 47 Bis, para incluir las siguientes particularidades de dicho fondo:

El fondo de aportaciones para municipios fronterizos se constituirá por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.5 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley.

El fondo se distribuirá a través de la Secretaría de Desarrollo Social entre los municipios fronterizos, asignando un 75 por ciento del mismo conforme al criterio del factor de población residente y el 25 por ciento restante al factor de población flotante, de acuerdo con la información estadística más reciente publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Con estas reformas, las entidades federativas y, principalmente, los municipios, contarán con mayores recursos para atender las necesidades más apremiantes de sus habitantes, adecuando el sistema fiscal mexicano a las nuevas realidades internacionales y locales, que exigen sociedades más abiertas, competitivas y con una mejor distribución de los ingresos nacionales.

Tal y como lo señalara David Brower, ambientalista norteamericano de finales de los años sesenta, debemos pensar globalmente, pero actuar localmente, pues el destino de las sociedades está íntimamente ligado al de la ciudad en la que habitan y si queremos sociedades justas, libres y pacíficas, requerimos municipios en los que se vivan estos principios día a día.

Y es con base en lo expuesto con anterioridad que se presenta la siguiente iniciativa de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se reforman el párrafo primero del artículo 2o., los párrafos primero y último del artículo 6o., y las fracciones V, VI, VII y VIII, del artículo 25; y se adiciona una fracción IX al artículo 25, así como un artículo 47 bis, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como siguen:

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 22.5 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

...

...

...

...

I. ...

...

II. ...

III. ...

... ... ... ... ...

Artículo 6o. Las participaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 25 por ciento de las cantidades que correspondan al estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general.

...

...

Los municipios administrarán libremente las participaciones federales que reciban, las cuales serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, salvo lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley. Los gobiernos de las entidades, quince días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, estimados, a que está obligada conforme al penúltimo párrafo del artículo 3 de esta ley, deberán publicar en el periódico oficial de la entidad los mismos datos antes referidos, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición.

Artículo 25. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Fondo de Aportaciones Múltiples;

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos;

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal;

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, y

IX. Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos.

Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el presente capítulo.

Artículo 47 bis. El Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.5 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos entre los municipios cuya demarcación geográfica colinde con fronteras internacionales reconocidas por el derecho internacional, siendo asignado un 75 por ciento conforme al criterio del factor de población residente y el 25 por ciento restante al factor de población flotante, de acuerdo con la información estadística más reciente publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Transitorios

Primero: El presente decreto entrará en vigor el 1º día del mes de octubre del 2007, por lo que el Ejecutivo federal, al preparar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, y la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, al aprobar el Presupuesto federal, deberán ajustarse al texto de los artículos que se reforman por virtud del presente decreto.

Segundo: Los porcentajes a que se refieren los artículo 2o., primer párrafo, y 6o., primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, serán alcanzados en un periodo de cinco años, contados a partir del ejercicio fiscal 2008 y hasta el del 2012, incrementándose en un punto porcentual anual dentro del periodo indicado.

Tercero: Los Poderes de las Unión realizarán los ajustes presupuestales y operativos pertinentes, debiendo reducir preferencialmente su gasto corriente, lo cual habrá de reflejarse en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio. En el caso del gobierno federal, éste deberá incrementar la recaudación de ingresos fiscal mediante la ampliación de las bases tributarias de las distintas contribuciones.

En el supuesto de que las circunstancias económicas del país no permitan cumplir con los incrementos de conformidad con el artículo transitorio que antecede, podrán realizarse los incrementos en proporciones menores, siempre que se llegue a la meta señalada en los artículos 2o., primer párrafo, y 6o., primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal al final del periodo referido en el transitorio anterior.

Cuarto: El Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos a que se refiere la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, se constituirá a partir del ejercicio fiscal 2008.''

Senador Alfonso Elías Serrano (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, para condonar o eximir total o parcialmente del pago de impuestos a los inversionistas que participen en fondos de inversión mediante los cuales se realicen inversiones en municipios clasificados como de alta o muy alta marginación por los índices que al efecto genere el Consejo Nacional de Población.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, la que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan las fracciones I y III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación

El suscrito, senador Ramiro Hernández García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, fracciones VII, XXIX, XXIX-D y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan las fracciones I y III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, fundamentada en la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado mexicano tiene la obligación de promover la justicia social en el ámbito regional, y atender a los sectores más desprotegidos que constituyen cerca de la mitad de la población del país. A nivel mundial, México ocupa un lugar destacado en la aplicación de programas y acciones destinadas a disminuir la pobreza; sin embargo, el diseño, focalización y aplicación de estos programas sociales enfrenta el reto de atacar niveles de pobreza y distribución inicua del ingreso.

Un aspecto que merece nuestra atención es lograr que los programas sociales trasciendan en el combate a las privaciones y vulnerabilidad de la población en estado de pobreza; como son las condiciones de salud, alimentación y educación, o la misma carencia de un ingreso básico, y logren establecer alternativas productivas para estos grupos de población.

En otras palabras, se trata de superar el carácter asistencial de los 171 programas sociales existentes y de procurar alternativas productivas de mediano y largo plazo. En el fondo se trata de enfoques complementarios. La solución debe orientarse a la generación de oportunidades productivas y de empleo para la población más vulnerable y la promoción de las capacidades.

De los programas sociales existentes, solamente algunos están orientados hacia la generación de opciones productivas para los grupos marginados y, los que operan, no aseguran plenamente su viabilidad.

Con esta iniciativa se pretende fomentar el empleo y el desarrollo regional, facilitando las inversiones por la vía de la exención del pago de contribuciones y el otorgamiento de subsidios o estímulos fiscales a quienes decidan hacer inversiones productivas en zonas de marginación social.

Con el fin de hacer viable esta propuesta, es necesario partir de una adecuada focalización de los incentivos a la inversión productiva, así como de una adecuada coordinación entre los tres niveles de gobierno. Proponemos partir del índice de marginación establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con objeto de identificar el conjunto de municipios caracterizados por tener índices de marginalidad muy alto y alto. Actualmente, y de acuerdo con el Conapo, podemos identificar un total de mil 251 municipios con estas características, donde viven cerca de 17 millones de personas, esto es, 16.5 por ciento de la población nacional.

Debe considerarse que uno de los desafíos para las políticas públicas que se dirigen a estos segmentos de la población y regiones del país, es la dispersión geográfica. Así, tenemos que 71 por ciento de los municipios de alta y muy alta marginación tiene poblaciones menores de 15 mil habitantes. Asimismo, 7 de cada 10 municipios rurales del país (un total de mil 26) corresponden a estos grados de marginación; casi todos los municipios indígenas se encuentran en un estado de marginación y sólo dos tienen grado de marginación media.

También se propone que dentro de estos incentivos se apoye a los inversionistas que participan en fondos de inversión que tienen como característica que las inversiones propuestas tengan garantizados los canales y los mecanismos de comercialización.

A partir de la focalización y análisis será posible que las autoridades de los tres niveles de gobierno estimen el costo y las medidas necesarias para hacer operativa esta propuesta de exención de contribuciones y el otorgamiento de subsidios o estímulos fiscales para las inversiones productivas destinadas a los municipios de muy alta y alta marginación.

Asimismo, será posible visualizar el impacto de estos incentivos productivos en el marco del conjunto de programas sociales, asistenciales y productivos, ya existentes. Esto, con el fin de evaluar de manera integral el impacto de la política social y de desarrollo productivo, en un mismo universo de población.

Con base en la facultad que el Código Fiscal de la Federación otorga al Ejecutivo federal en el artículo 39, para emitir resoluciones orientadas a condonar o eximir, total o parcialmente y en plazos y condiciones establecidas, el pago de contribuciones y sus accesorios, o bien conceder subsidios o estímulos fiscales, ``cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país'', se propone modificarlos para añadir a inversionistas que participan en fondos de inversión que apoyan inversiones en zonas de alta o muy alta marginación.

Con esta reforma, el Estado mexicano estará cumpliendo el mandato constitucional relativo a la rectoría del desarrollo nacional y el impulso de áreas prioritarias, el fomento del empleo y una justa distribución del ingreso, así como la promoción del desarrollo regional de las zonas indígenas.

En tal virtud, y de conformidad con lo antes expuesto, propongo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto

Artículo Único. Se modifica el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Articulo 39. El Ejecutivo federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá

I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, así como a los inversionistas que participen en fondos de inversión, mediante los cuales se realicen inversiones en los municipios clasificados como de alta o muy alta marginación por los índices que al efecto genere el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo.

Sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas a los casos en que la afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca a lo dispuesto en una ley tributaria federal o tratado internacional.

II.

III. Conceder subsidios o estímulos fiscales a los sujetos que realicen inversiones productivas en aquellos municipios clasificados como de alta o muy alta marginación.

Las resoluciones que, conforme a este artículo dicte el Ejecutivo federal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como el monto o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Senador Ramiro Hernández García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL - LEY DE COORDINACION FISCAL

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Gabino Cué Monteagudo, en nombre propio y de los senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman los artículos 6 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, la que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Los suscritos, senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman los artículos 6 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El municipio, como uno de los tres niveles de gobierno, es la organización social que posee territorio y capacidad política, jurídica y administrativa; tiene la facultad de conducir el desarrollo económico e integral de su comunidad. Sin embargo, las carencias de índole financiera, aunadas con la debilidad política y jurídica frente a los otros niveles de gobierno han frenado directa e indirectamente su desarrollo y funcionamiento autónomo y libre.

Por el estrecho y directo contacto con la población, los municipios se construyen como verdaderas escuelas de democracia. Por ello es vital lograr su vigorización como estructura y célula política, dotándolo desde el plano constitucional y administrativo de los elementos y atributos conceptuales necesarios para su adecuado funcionamiento, y con ello consolidar los principios republicanos traducidos en los tres niveles de gobierno: federación, estados y municipios.

En nuestro país, han sido constantes el debate y la preocupación por fortalecer y brindar autonomía al municipio. De ahí que hayan existido diversas iniciativas, cuya trascendencia han marcado importantes avances en la materia.

Así, tenemos que para el año de 1982, a iniciativa de Ejecutivo federal, se presentó en la Cámara de Diputados una reforma del artículo 115 constitucional, la cual, en lo general, otorgó al municipio la facultad para organizarse de manera libre y autónoma, la capacidad para generar bienestar en la comunidad, la jurisdicción de la comunidad sobre su territorio, y la potestad de las autoridades municipales para establecer relaciones con otras entidades públicas, sociales y privadas. Por la importancia y los alcances de dicha reforma se aprobó sin modificaciones, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983.

De manera específica, dicha reforma permitió que los ayuntamientos tuvieran la garantía de audiencia en caso de que los congresos de los estados resolvieran sobre su desaparición; la entrega de recursos sin condicionamientos estatales, la atribución de recaudación del impuesto predial, además de que se ampliaron sus facultades reglamentarias, de administración y presupuestarias, así como del otorgamiento y responsabilidad de la prestación, conservación y mantenimiento de servicios públicos.

Otra de las reformas trascendentes para el municipio fue la que modificó el artículo 105 constitucional, publicada el 31 de diciembre de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, ya que gracias a ésta se refuerza la concepción del municipio como uno de los tres niveles de gobierno, pues por primera vez en la historia queda asentado que entre las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está dirimir las controversias entre los estados, los municipios, el Distrito Federal y la federación, así como velar por mantener el equilibrio entre los Poderes de la Unión.

Sin duda, estas reformas constitucionales representan los primeros eslabones, política y administrativamente hablando, de un proceso de evolución hacia la real democratización y descentralización de la vida nacional. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer para lograr que los municipios puedan consolidar y ejercer íntegramente su soberanía de gestión, administrativa y económica respecto de los estados y de la federación.

Otra vertiente para fortalecer la figura del municipio la encontramos en la legislación fiscal. Para 1980 la Ley de Coordinación Fiscal sentó las bases de un esquema que resolviera el problema del reparto desigual de las participaciones; asimismo, se determinó que la colaboración administrativa de los estados con la Federación se realizara a través de convenios. Ya en la década de los noventa recobró impulso el ideal de la descentralización de los recursos como medio efectivo de combate a la pobreza. Fue a partir de 1998, producto de las reformas al sistema de transferencias, que se incorporaron al Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley de Coordinación Fiscal los Fondos de Aportaciones Federales o Ramo 33.

En este ramo se incluyeron recursos que eran canalizados a los gobiernos municipales para la construcción de infraestructura básica por medio de convenios de desarrollo social, además de añadirse recursos adicionales para atender la problemática y las deficiencias en los sectores educativo, y de seguridad pública y social.

De esta manera, se pasó de un sistema fiscal intergubernamental, basado exclusivamente en participaciones de carácter resarcitorio, a otro que incluía y preveía recursos federales destinados a los gobiernos subnacionales con un espíritu compensatorio, cuyo principal objetivo era el fomentar la equidad entre los estados integrantes de la federación.

Con estas medidas, el sistema fiscal de nuestro país dio un paso importante para dejar atrás el esquema centralizador de los recursos federales. A partir de ese momento, las decisiones respecto del gasto y endeudamiento gubernamental han sido descentralizadas y autónomas, cambio que sin duda ha arrojado numerosas ventajas para los estados contribuyendo fehacientemente al proceso de descentralización.

Paralelamente a estos logros evolutivos del municipio se han generado vacíos legislativos en cuanto a la efectividad y transparencia en la ejecución de los recursos federales, así como de la malentendida concurrencia contributiva de la federación y los estados. Esos hechos sin duda debilitan y acotan el margen de acción de los ayuntamientos.

La regla en el sistema federal mexicano consiste en la concurrencia que tienen la federación y los estados para imponer contribuciones. Sobre ésta se estructura el sistema contributivo del país en donde los gobiernos federales y estatales pueden imponer con sus personales criterios las contribuciones que estiman necesarias, situación que requiere la inmediata atención, pues sólo con la adecuada armonización, la cual puede realizase a través de la Ley de Coordinación Fiscal se lograran disminuir las enormes disparidades socioeconómicas interregionales, interestatales e intermunicipales que continúan siendo un símbolo que caracteriza a la economía de nuestra nación.

En este sentido, podemos enunciar algunos de los alcances de la Ley de Coordinación Fiscal. Los recursos que son canalizados a las entidades no están condicionados en su entrega, en su ejercicio por parte de la federación, ni por los municipios por tanto son ellos, a través de su Cámara de Diputados, quienes establecen su manejo, aplicación, fiscalización y determinación de las partidas en que habrán de erogarse. La única condicionante procede de la obligación del estado y municipio para adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y, de suspender aquellos gravámenes que son contrarios a dicho sistema.

Además, en dicha ley se establece que de manera mensual los estados reciben por parte de la federación, dentro de los primeros 25 días de cada mes, el monto de los anticipos a cuenta de las participaciones federales que les correspondan. La federación entrega las participaciones a los municipios a través de los estados, dentro de los cinco días siguientes a que el Estado las reciba.

Es importante señalar que las entidades federativas también cuentan con una Ley de Coordinación Fiscal estatal en la que se determina el porcentaje que le corresponde de los ingresos federales a sus municipios, así como las participaciones e incentivos que les serán otorgados.

Asimismo, dichas legislaciones locales tienen como finalidad dar certeza al proceso de determinación y pago de los montos de las participaciones que correspondan a los municipios, reglamenta las relaciones en materia de coordinación fiscal y colaboración administrativa, entre las autoridades fiscales estatales y las municipales; sin embargo, en pocos casos se habla de la transparencia de esos recursos; es decir de su vigilancia y fiscalización.

Pese a que nuestra Carta Magna y la propia Ley de Fiscalización Superior de la Federación contemplan, previa cooperación con los órganos de fiscalización estatales, la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar los recursos ejercidos por los estados y municipios en la mayoría de las leyes respectivas en los estados y la misma Ley de Coordinación Fiscal no se le considera dentro de los cuerpos de las propias leyes.

Una de las críticas más intensas al federalismo es que presenta enormes desigualdades en la cobertura y calidad de los servicios, así como de la protección de los derechos básicos, principalmente en el ámbito municipal. Lo anterior se atribuye a que el gasto público varía considerablemente de entidad a entidad y de municipio a municipio, desigualdad que no es accidental, sino inherente al sistema federal. Dentro de ese contexto aparecen estados y municipios ricos y pobres, además del Distrito Federal con grandes contrastes, económicos y sociales. De ahí la importancia de que la Ley de Coordinación Fiscal establezca los parámetros para todos los estados y municipios en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como en la entrega oportuna de los recursos que la federación les asigna.

Sin duda, nuestro país ha mostrado avances paulatinos en cuanto al fortalecimiento de la autonomía local, de la responsabilidad fiscal y de la rendición de cuentas por parte de las entidades federativas; sin embargo, falta mucho por hacer pues en la realidad la distribución de los recursos en los municipios continúa siendo desigual, a destiempo y poco transparente. Mas aún hay Estados que se niegan a ser fiscalizados, pese a que como ya mencionamos hay un órgano facultado para ello.

Otro de los problemas que frecuentemente enfrentan las entidades federativas y que les impide ejercer con racionalidad, eficacia, disciplina y oportunidad los recursos federales es el retraso o dilación que se observa en su entrega a las haciendas estatales y de éstas a las municipales. Tales retrasos tienen fuertes implicaciones pues al no existir recursos no se puede hacer una adecuada planeación del gasto minando con ello la administración, productividad, desarrollo y estabilidad del estado y en particular de los municipios, que muchas veces dependen de estos recursos para poder subsistir.

De ahí que un gobierno que no cuente con los recursos en los plazos previamente señalados no será capaz de cubrir las necesidades básicas de la comunidad y mucho menos de cumplir las metas de mejoramiento y desarrollo establecidas. En consecuencia, los estados o municipios que se encuentren en esta situación no pueden ser evaluados en igualdad de condiciones con los demás que sí los recibieron a tiempo.

La entrega tardía de recursos públicos federales a las entidades federativas y a los municipales obstaculiza su óptima utilización. De hecho, en muchas ocasiones tal situación impide el ejercicio de los recursos durante el año fiscal a que originalmente habían sido asignados, hecho que sin duda dificulta también su fiscalización.

Por ello, la presente iniciativa considera como principales objetivos reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin otorgar al municipio la atribución de ser artífice y promotor de su propio desarrollo económico, social y cultural concediéndole la posibilidad de abrir fuentes de trabajo y obtener ingresos que les permitan atender las necesidades de los habitantes del municipio; además de facultarlo para proponer ante el congreso estatal correspondiente su proyecto de presupuesto de egresos, ello mediante la intervención directa del ayuntamiento.

Dichos cambios propiciarían la autonomía económica del municipio, ya que le brindaría las atribuciones para dictar medidas en el ámbito económico, además de la creación de empresas municipales, tanto de producción como de servicios, en las que el gobierno del estado podría participar como accionista y, en las cuales quedarían excluidos expresamente los intereses privados.

Por otro lado, se pretende reformar la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de que la distribución de las participaciones federales sea de manera equitativa entre un municipio y otro, además de fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales tanto federales como estatales, con el fin de evitar que los recursos lleguen de manera tardía tanto a los estados como a los municipios y, una vez que lleguen sean ejercidos de manera transparente; es decir, se pretende corregir los desequilibrios intermunicipales, interestatales e interregionales en el desarrollo económico, social y productivo a nivel estatal y municipal en toda la federación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta alta soberanía, la presente iniciativa:

Artículo Primero. Se reforma la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Los municipios administrarán libremente su hacienda municipal, la cual se formará con

a) El total del impuesto predial que se obtenga en su territorio, los que se obtenga por fraccionamiento, división, consolidación y traslación de la propiedad e inmuebles en su jurisdicción.

b) Los municipios podrán celebrar, si lo consideran adecuado, convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la recaudación de esas contribuciones;

c) Las participaciones federales serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen;

d) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo; y

e) Los rendimientos por la explotación de sus propios bienes.

Los municipios crearán las empresas propias municipales que requiera el desarrollo de la comunidad, donde participará el gobierno del estado como accionista, pero la inversión privada nunca será mayor de 25 por ciento de las acciones correspondientes.

La fiscalización de las cuentas públicas de las entidades federativas y los municipios será efectuada por el congreso local que corresponda, por conducto de su contaduría mayor de hacienda, conforme a sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias del Ejecutivo local y los municipios, respectivamente, aplicaron los recursos de los fondos para los fines previstos.

Los municipios propondrán ante sus congresos locales su presupuesto de ingresos y egresos para el año respectivo.

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 6; y se reforma el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

La federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los estados, de acuerdo con lo que establezcan las legislaturas locales, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; garantizando la igualdad de las participaciones federales entre un municipio y otro. El retraso dará lugar al pago de intereses a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento, la federación hará la entrega directa a los municipios descontando la participación del monto que corresponda al estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y vigilancia por parte de las legislaturas locales y de la entidad de fiscalización superior de la Federación.

...

...

Artículo 49. ...

...

...

I. ...

II. ...

...

III. ...

IV. ...

Cuando las autoridades estatales o municipales que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión conozcan que los recursos de los fondos no han sido aplicados a los fines que por cada fondo se señale en la ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública en forma inmediata.

...

En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación fiscalizará los recursos federales que se ejerzan por las entidades federativas y por los municipios, incluyendo a sus administraciones públicas paraestatales. Además, propondrá los procedimientos de coordinación con las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ejercicio de las atribuciones de control que éstas tengan conferidas, colaboren con aquélla en la verificación de la aplicación correcta de los recursos federales.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas locales, en el ámbito de su competencia, deberán hacer los cambios pertinentes a sus ordenamientos legales.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de marzo de 2007.--- Senadores: Dante Delgado Rannauro, Gabino Cué Monteagudo (rúbrica), José Luis Lobato Campos (rúbrica), Luis Walton Aburto (rúbrica), Francisco Xavier Berganza Escorza (rúbrica), José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes ocho expedientes que contienen minutas con proyectos de decreto que conceden diversos permisos para prestar servicios y para aceptar condecoraciones.

Atentamente

México, DF., a 8 de marzo de 2007.--- Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbrica), Vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbrica), Vicepresidenta; Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel González Félix, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbrica), Vicepresidenta; Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Julio Souza Fernández, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Encomienda de Número, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbrica), Vicepresidenta; Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana maestra Ana Lilia Cepeda de León, para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbrica), Vicepresidenta; Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Carlos José Mauricio Prieto y Jacqué, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbrica), Vicepresidenta; Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Ernesto Enrique Warnholtz Unghvary de Retteg, para que pueda aceptar y usar la condecoración de Cruz de la Orden del Mérito, en grado de Comendador, que le otorga el Gobierno de la República Federal de Alemania.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbrica), Vicepresidenta; Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.»

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Álvaro Castro Estrada, para que pueda aceptar y usar la condecoración Orden Ecuestre de San Gregorio Magno, en grado de Comendador, que le otorga la Nunciatura Apostólica en México.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbrica), Vicepresidenta; Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano para que pueda aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de Austria.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Federico Sada González, para que pueda aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito Civil en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbrica), Vicepresidenta; Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 8 de marzo de 2007.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Túrnese a la Comisión de Gobernación.

ARTICULOS 52, 53, 54, 55, 56, 60 Y 63 CONSTITUCIONALES - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió del grupo parlamentario del PRI iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Exposición de Motivos

El Poder Legislativo ha tomado desde 1997 un poder real como contrapeso del poder Ejecutivo, lo que ha provocado que cada vez más ciudadanos cuestionen su representatividad.

La Cámara de Diputados representa el peso de la población, con base en 300 distritos uninominales, y el Senado la de los estados que forman la federación, pero ésta ha sido modificada de manera sustancial en los últimos años, en buena medida al dar acceso a los legisladores plurinominales tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

Lo más sencillo para recuperar el equilibrio poblacional en la Cámara de Diputados y el de los estados en la de Senadores sería eliminar a los legisladores plurinominales.

Pero se correría un grave riesgo. Aunque la pluralidad actual hace poco posible que un partido obtenga de manera directa más de dos tercios de las dos Cámaras, esto no es imposible.

De darse el caso anterior, el país quedaría a la merced de un solo partido político, haciendo posible el desconocimiento de las minorías.

Por esa razón debe buscarse que ningún partido tenga por sí solo la capacidad de cambiar la Constitución a su antojo, para esto es necesario que por lo menos una de las dos Cámaras tenga poco más de un tercio de legisladores plurinominales y que en ningún caso un solo partido tenga dos tercios de esa legislatura.

Otro motivo por el cual los plurinominales deben existir es para dar acceso a las minorías, que no son representadas por los grandes partidos, que habitualmente obtienen escaños de manera directa. Pero para esto no es necesario que tengan acceso a ambas Cámaras.

Ahora bien, la Cámara de Diputados debe representar la pluralidad en el país; la de Senadores, la pluralidad de los estados.

Los asientos plurinominales en el Senado deben servir para que en cada uno de los estados se representen las diferentes fuerzas políticas. Es contradictorio que partidos que no tienen peso específico en los estados tengan escaños en el Senado, y acaban representando intereses no ligados a alguna entidad federativa específica.

Actualmente, el Senado se integra por 128 senadores, de los que en cada estado y en el Distrito Federal dos son elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno es asignado a la primera minoría, entendiéndose por tal el partido político que ocupe el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Los 32 senadores restantes son elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas nacionales, que sin duda ha roto el equilibrio entre los estados en el Senado.

Además, en la mayoría de los estados la competencia es básicamente entre dos fuerzas políticas, lo que ha hecho que ser registrados como la primera fórmula sea prácticamente garantía de llegar al Senado, por lo cual para que deban su escaño al voto de los ciudadanos y no al proceso interno de los partidos se propone crear dos circunscripciones en cada estado, donde se enfrenten uno a uno para obtener la preferencia de los votantes.

El proceso de demarcación de las dos circunscripciones en cada estado debe ser hecho a la par de la redistritación para la Cámara de Diputados, y debe buscarse que cada una de las dos contenga distritos y municipios completos, buscando que sean lo más compactos posibles y que la circunscripción más poblada no tenga más de 50 por ciento de habitantes que la menos poblada.

Además, se propone eliminar la asignación de primera minoría y mantener la plurinominal, pero que sea asignada con base en una fórmula de representación pura y en una lista estatal, que se formaría con las fórmulas perdedoras y que hayan obtenido por lo menos 30 por ciento de los votos emitidos en su circunscripción, en caso de que existan, agregando después una fórmula estatal inscrita para estos fines por cada partido.

De esa manera, la Cámara de Senadores recupera su equilibrio de estados, tres por cada uno, mantiene los espacios para las fuerzas políticas en los estados y reduce su número en 25 por ciento.

En cuanto a la Cámara de Diputados, se propone una reducción de 20 por ciento en el número de integrantes, y reducir la proporción de plurinominales de 40 a 35 por ciento del total de la Cámara.

De tal manera, la formación actual de 300 de mayoría y 200 plurinominales pasaría a 260 de mayoría y 160 plurinominales, reduciéndose los de mayoría en 13 por ciento y los plurinominales en 30 por ciento.

A los legisladores plurinominales se les ve más como asignaciones de los partidos y que no son sujetos al más mínimo escrutinio público, además de que llegan sin enfrentarse al voto ciudadano.

Buscando que los diputados plurinominales tengan mayor cercanía a sus representados, se proponen listas estatales formadas por los candidatos perdedores, siempre y cuando obtengan más de 30 por ciento de la votación, y diputados de lista previamente inscritos por los partidos.

Para la asignación de los asientos plurinominales se propone una fórmula que disminuye de manera considerable la sobrerrepresentación y subrepresentación de las fuerzas políticas respecto a la voluntad popular emitida en las urnas; es decir, que la formación total de la Cámara de Diputados sea una representación pura de la votación total emitida a favor de los partidos con derecho a registro.

Al final del día, los diputados plurinominales deben su escaño más a la votación obtenida por todos los candidatos de su partido que a una preferencia directa de los electores, por esta razón si renuncian a su partido deben separarse de su escaño y debe ser ocupado por su suplente, de renunciar también este debe llamarse al siguiente en la lista estatal correspondiente.

Lo anterior se fundamenta en que el trabajo legislativo de un grupo parlamentario en su conjunto es sometido al escrutinio público en cada elección y perder un escaño obtenido en las urnas representa la pérdida de una posibilidad de dar buenos resultados a sus representados.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto de reformas de los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 60 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 58, 59, 59-A, 60, 61, 62, 71, 82, 92, 108, 118, 141 y 182-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Primero. Se reforman los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 60 y 63 y se adiciona el artículo 77 Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52.

La Cámara de Diputados estará integrada por 260 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 140 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas estatales, votadas en los 31 estados y el Distrito federal.

Artículo 53.

La demarcación territorial de los 260 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, o conteo de población, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para el cálculo de los distritos de cada estado se seguirá el procedimiento siguiente, los estados con menos de 0.77 por ciento de la población nacional se le asignarán de manera directa dos diputaciones.

Para el resto de los estados se asignará un distrito por cada 0.385 por ciento de la población nacional que tengan en su territorio.

Las restantes, para completar las 260, se asignarán conforme al principio de resto mayor.

Para la elección de los 140 diputados según el principio de representación proporcional, se elaborarán listas estatales que contengan primero a los candidatos derrotados que hayan obtenido por lo menos 30 por ciento de la votación de sus distritos y las listas estatales registradas por cada partido o coalición para este fin.

Artículo 54.

La elección de los 140 diputados según el principio de representación proporcional se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas estatales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos ciento noventa distritos uninominales;

II. Todo partido político que alcance por lo menos dos por ciento de la votación emitida para las listas plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

III. Al partido político que cumpla las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida el número de diputados que le corresponda. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes a cada estado.

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 260 diputados por ambos principios.

V. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en dos puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida, más dos por ciento; y

VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.

Artículo 55.

Para ser diputado se requiere lo siguiente:

I. y II. ...

III. Ser originario del estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.

Para poder figurar en las listas electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de la entidad federativa que corresponda, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular.

IV. a VII. ...

Artículo 56.

La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales en cada estado y en el Distrito Federal dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa, en dos circunscripciones delimitadas para este objetivo.

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas estatales. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

Artículo 60.

El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados en cada uno de los 260 distritos electorales uninominales y de senadores en cada una de las 64 circunscripciones, dos por entidad federativa; otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores por el principio de representación proporcional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley.

Las determinaciones...

Las resoluciones...

Artículo 63.

Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura como las que ocurran durante su ejercicio se cubrirán, la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión, por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista estatal respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista estatal, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido.

Se entiende...

Si no hubiese...

Incurrirán en...

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 58, 59, 59-A, 60, 61, 62, 71, 82, 92, 108, 118, 141, 182-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 8

1. ...

2. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de cincuenta candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por representación proporcional distribuidos en sus treinta y dos listas estatales.

Artículo 11

1. La Cámara de Diputados se integra por 260 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 140 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas estatales.

La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres años.

2. La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadores, de los cuales, en cada estado y en el Distrito Federal, dos serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa, en dos circunscripciones dentro de cada estado. Los 32 senadores restantes, serán elegidos para cada uno de los estados por el principio de representación proporcional, con base en la votación estatal obtenida por cada partido.

3. Para cada entidad federativa, los partidos políticos deberán registrar dos fórmulas de candidatos a senadores de mayoría, una para cada circunscripción. Asimismo deberán registrar una lista nacional de 32 fórmulas de candidatos, una para cada uno de los estados.

4. Para cada entidad federativa, los partidos políticos deberán registrar una lista con fórmulas de candidatos a diputado de mayoría, para cada uno de los distritos, además de entregar para cada estado una lista fórmulas de candidatos a diputados de representación proporcional, equivalente a la mitad de los distritos en cada estado, en los casos en que el número de distritos sea impar, se redondeará la mitad al número superior, señalando el orden en que desean sean asignados, como se detalla en el siguiente numeral de este artículo.

5. Las listas estatales a que se refiere el párrafo 1 de este artículo serán elaboradas por el Instituto Federal Electoral, considerando a los candidatos perdedores en cada uno de los distritos electorales en los estados y a los diputados de lista que registrará cada partido político.

Con base en la siguiente mecánica:

I. El instituto determinará qué candidatos a diputados de cada partido político o coalición no obtuvieron la constancia de mayoría, y que obtuvieron por lo menos el 30 por ciento de los votos del total de la votación emitida en su distrito;

II. Elaborará una lista en orden descendente de cada partido político o coalición con los candidatos que cumplen el requisito del inciso I para cada estado, de acuerdo a su porcentaje de votación válida en el distrito respectivo. El porcentaje se tomará hasta diezmilésimas, sin redondear la última cifra;

III. Si dos o más candidatos de un partido político o coalición tienen el mismo porcentaje de votación, se pondrá primero en la lista al candidato que haya obtenido más votos válidos.

IV. Una vez determinada la lista anterior se procederá a agregar la lista registrada conforme al numeral cuatro de este artículo, ocupando los lugares inmediatos siguientes. Si ningún candidato perdedor a diputación de mayoría supera 30 por ciento de la votación emitida en su distrito, la lista será la registrada conforme al numeral 4 de este artículo.

V. En caso de que la asignación recaiga en quien esté inhabilitado o no reúna los requisitos para ser electo la asignación deberá ser cubierta por el suplente de la fórmula respectiva. Si este último también resulta inhabilitado o no reúne los requisitos para ser electo, se asignará aquella fórmula de candidatos del mismo partido político que siga en el orden de la lista.

Las vacantes de propietarios de diputados por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por la fórmula del mismo partido que sigue en el orden de la lista estatal que para efectos de asignación haya elaborado el Instituto Federal Electoral.

6. Los diputados que no hayan obtenido su curul ganando de manera directa su distrito, es decir, que hayan llegado por listas estatales de representación proporcional, si renuncian a su partido automáticamente pierden su diputación, y será asignada a su suplente, de renunciar los dos miembros de la fórmula será asignada a la siguiente fórmula en la lista estatal del partido que corresponda que no haya sido utilizada.

Artículo 12

1. Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se entiende por votación total emitida la suma de todos los votos depositados en las urnas.

2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido 2 por ciento, los de candidatos no registrados y los votos nulos.

3. Ningún partido político podrá contar con más de 260 diputados por ambos principios. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida, más ocho por ciento.

Artículo 13

1. Para la asignación de diputados de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos:

a) Cociente natural; y

b) Resto mayor.

2. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre el total de 400 diputados.

3. Resto mayor de votos: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución de las diputaciones mediante el cociente natural. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir.

Artículo 14

1. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente:

a) Si algún partido obtuvo más de 65 por ciento de la votación nacional emitida, se le asignan los diputados de representación proporcional necesarios para que el total de diputados sea de 260, y para la asignación del resto de las diputaciones a los demás partidos se utiliza el procedimiento descrito en el artículo 15 de esta ley.

b) Si ningún partido cae en el supuesto anterior, se multiplica el número de diputaciones de mayoría obtenidas por cada uno de los partidos por el cociente natural, si el resultado de esta operación significa para algún partido más votos de los obtenidos en la votación nacional, no tendrá derecho a diputados de representación proporcional, de ser éste el caso se utilizará el procedimiento descrito en el artículo 15 de esta ley.

c) Si todos los partidos tienen más votos emitidos que los calculados con la operación descrita en el párrafo anterior, se sigue la mecánica siguiente para determinar el total de diputados que tendría cada partido político, de mayoría y de representación proporcional, conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural; y

d) Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asignación de curules.

e) Al número del total de diputados obtenido por cada partido se restan los de mayoría para determinar cuántos le corresponden por el principio de representación proporcional.

Artículo 15

Si algún partido cayó en alguno de los supuestos de los incisos a) o b) del artículo anterior, la distribución de las diputaciones se hace de la siguiente manera.

a) Primero se calcula el número de diputados por repartir, restando a 400 los correspondientes a los partidos que cayeron en los supuestos de los incisos a) o b).

b) Se calcula un cociente natural alterno, que es el resultado de dividir la votación nacional emitida de los partidos que están considerados en este procedimiento entre el número de diputados a repartir calculados en el inciso anterior.

c) Se sigue la mecánica siguiente para determinarán el total de diputados que tendría cada partido político, de mayoría y de representación proporcional, conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural alterno;

d) Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asignación de curules; y

e) Al número del total de diputados obtenido por cada partido se restan los de mayoría para determinar cuántos le corresponden por el principio de representación proporcional.

Artículo 16

1. Para asignar los diputados de representación proporcional que correspondan a cada partido político por estado, se procederá a la aplicación del cociente natural del partido: es el resultado de dividir la votación nacional obtenida por el partido entre el total de diputados obtenidos por el partido.

2. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el numeral anterior, se observará el procedimiento siguiente:

a) En cada uno de los estados se estiman los votos para el reparto de los diputados de representación proporcional, de la siguiente manera: al total de los votos obtenidos se le restan los votos que resulten de la multiplicación del número de diputados de mayoría obtenidas por el cociente natural del partido, si el resultado de esta operación significa para algún estado un número negativo, se consideran cero votos para el reparto de los diputados de representación proporcional.

b) Se suman el total de votos que restaron después de la operación del inciso anterior, esta cantidad de votos se divide entre el número de diputados de representación proporcional que se repartirán en el partido, y se calcula el cociente proporcional del partido.

d) En cada uno de los estados se asigna un diputado de representación proporcional, conforme al número de veces que contenga su votación el cociente proporcional del partido; y

d) Si después de aplicarse el cociente proporcional del partido quedaren diputaciones por repartir, se asignarán las curules siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados en cada uno de los estados.

Artículo 17

Después de la determinación de los diputados de representación que corresponden en cada estado a cada uno de los partidos, se asignarán conforme a la lista determinada por el Instituto Federal Electoral conforme al numeral 5 del artículo 11.

Artículo 18

1. Para la asignación de senadores por el principio de representación proporcional a que se refiere el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución, se utilizará la fórmula de proporcionalidad pura en cada uno de los estados y se atenderán las siguientes reglas:

a) Se entiende por votación total emitida para los efectos de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, la suma de todos los votos depositados en las urnas para la elección de senadores en cada estado; y

b) La asignación de senadores por el principio de representación proporcional se hará considerando como votación estatal emitida la que resulte de deducir de la total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido 2 por ciento de la votación emitida en todo el país, las de candidatos no registrados y los votos nulos.

2. En cada uno de los estados, se calculan el número de votos que serán utilizados para la asignación proporcional, descontando los utilizados por el principio de mayoría observará el procedimiento siguiente:

a) Si los dos senadores de mayoría fueron ganados por diferente partido, se le resta al total de los votos de cada uno de los partidos la tercera parte del total de la votación estatal emitida. Si con esta operación alguno tiene un resultado negativo, su votación para la repartición de senadores de representación proporcional será de cero votos.

b) Si los dos senadores de mayoría los ganó un mismo partido se le resta el equivalente a dos terceras partes del total de la votación estatal emitida. Si con esta operación tiene un resultado negativo, su votación para la repartición de senadores de representación proporcional será de cero votos.

c) Para el resto de los partidos se considera el total de su votación emitida.

d) Se asignará el senador por el principio de representación proporcional al partido que tenga el mayor número de votos para la asignación proporcional, con base en los tres incisos anteriores.

3. Después de determinar a qué partido corresponde el senador por el principio de representación proporcional en cada estado, para decidir a qué fórmula corresponde será en el siguiente orden:

- Si fue el partido que obtuvo la victoria en las dos circunscripciones, se asigna a la fórmula de lista;

- Si fue el que obtuvo la victoria en uno, pero perdió en el otro se asigna a la fórmula que perdió, siempre y cuando haya obtenido por lo menos 30 por ciento de la votación total en su circunscripción, si no se otorga a la fórmula de lista.

- Si no obtuvo la victoria en ninguno de las dos circunscripciones, se le otorga a la fórmula que haya obtenido más porcentaje de votación, siempre y cuando sea superior a 30 por ciento de la votación en su circunscripción, si no se otorga a la fórmula de lista.

4. Los senadores que hayan obtenido su curul por el principio de representación proporcional, si renuncian a su partido automáticamente pierden la senaduría, y será asignada a su suplente, de renunciar los dos miembros de la fórmula será asignada a la siguiente fórmula en la lista estatal del partido que corresponda que no haya sido utilizada, de no existir más se le asignará al suplente del de mayoría del mismo partido, en caso de que tenga.

Artículo 20

1. y 2. ...

3... Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional, deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista estatal respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.

4. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista estatal respectiva, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido.

5. Los diputados que no hayan obtenido su curul ganando de manera directa en su distrito, es decir, que hayan llegado por listas estatales de representación proporcional, si renuncian a su partido automáticamente pierden su diputación, y será asignada a su suplente, de renunciar los dos miembros de la fórmula será asignada a la siguiente fórmula en la lista estatal del partido que corresponda que no haya sido utilizada.

6. Los senadores que hayan obtenido su curul por el principio de representación proporcional, si renuncian a su partido automáticamente pierden la senaduría, y será asignada a su suplente, de renunciar los dos miembros de la fórmula será asignada a la siguiente fórmula en la lista estatal del partido que corresponda que no haya sido utilizada, de no existir más se le asignará al suplente del de mayoría del mismo partido que haya obtenido más votos, en caso de que tenga.

Artículo 58

1. a 9. ...

10...

a) Para la elección de senador deberá registrar entre 6 y 20 fórmulas de candidatos.

b) ...

Artículo 59

1. La coalición por la que se postule candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tendrá efectos sobre las cinco circunscripciones plurinominales, las 32 entidades federativas y los 260 distritos electorales en que se divide el territorio nacional, para lo cual deberá postular y registrar a las respectivas fórmulas, y se sujetará a lo siguiente:

a) ....

2. a 4...

Artículo 59-A

1. ...

2. Para el registro de la coalición, los partidos que pretendan coaligarse deberán cumplir con lo señalado en los incisos a), b), d) y e) del párrafo 2 del artículo anterior, y registrar las candidaturas de diputados de mayoría relativa en los 260 distritos electorales uninominales, las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional para cada uno de los estados, así como las 64 fórmulas de candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa en las 32 entidades federativas y las 32 fórmulas de candidatos a senador proporcional para cada uno de los estados.

3. y 4. ...

Artículo 60

1. La coalición por la que se postulen candidatos a diputados por el principio de representación proporcional tendrá efectos en los 260 distritos electorales en que se divide el territorio nacional y se sujetará a lo señalado en los incisos a) a d) del párrafo 1 del artículo 59.

2. Para el registro de la coalición, los partidos que pretendan coaligarse deberán cumplir lo señalado en los incisos a), b), d) y e) del párrafo 2 del artículo 59, y registrar las candidaturas de diputados de mayoría relativa en los 260 distritos electorales uninominales, así como las 64 fórmulas de candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa en las 32 entidades federativas y la lista de las 32 fórmulas de senadores por el principio de representación proporcional de cada estado.

3. y 4. ...

Artículo 61

1. ...

2. Para el registro de las coaliciones para postular candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa en once o más entidades federativas, los partidos políticos que deseen coaligarse deberán:

a) a d) ...

e) Comprobar que los órganos nacionales y distritales de cada partido político coaligado aprobaron postular y registrar por la misma coalición a las 260 fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y las fórmulas de candidatos por el principio de representación proporcional en los estados, así como las fórmulas estatales de candidatos a senadores por el principio de representación proporcional en los términos señalados por este código.

3. y 4. ...

5. Derogado.

6. ...

Artículo 62

1. ...

2. Para el registro de las coaliciones para postular candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en ciento uno o más distritos electorales uninominales, los partidos políticos que deseen coaligarse deberán:

a) y b) ...

c) Derogado.

d) a f) ...

g) Comprobar que los órganos nacionales y estatales de cada partido político coaligado aprobaron postular y registrar por la misma coalición a las 64 fórmulas de candidatos a senador de mayoría, las listas estatales de candidatos a senador y las de candidatos a diputados, ambas por el principio de representación proporcional, en los términos señalados por este código.

3. a 6. ...

Artículo 71

1. ...

a) ...

b) 260 subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal.

2. ...

Artículo 82

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) a i) ...

j) Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la república en 240 distritos electorales uninominales, así como las 64 circunscripciones 2 por cada estado para la elección de senadores, y, en su caso, aprobar los mismos, a más tardar 180 días después de que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática dé a conocer los resultados definitivos del Censo Nacional de Población y Vivienda o del Conteo Poblacional.

k) ...

l) Derogado.

ll) a ñ) ...

o) Registrar las candidaturas a presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las de senadores por el principio de representación proporcional para cada uno de los estados, así como las listas estatales de candidatos a diputados de representación proporcional que presenten los partidos políticos nacionales, comunicando lo anterior a los consejos locales de las cabeceras de circunscripción correspondiente;

p) ...

q) Efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, así como el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de senadores y diputados por este principio, determinar la asignación de senadores y diputados para cada partido político en cada uno de los estados y otorgar las constancias respectivas, en los términos de este código, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección;

r) a z) ...

2. ...

Artículo 92

1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes atribuciones:

a) a h) ...

i) Formular, con base en los estudios que realice, el proyecto de división del territorio nacional en 260 distritos electorales uninominales, así como las 64 circunscripciones para la elección de senadores de mayoría, dos por cada estado;

j) a o) ...

2. ...

Artículo 108

1. En cada uno de los 260 distritos electorales el Instituto contará con los siguientes órganos:

a) a c) ...

2. ...

Artículo 118

1. Las mesas directivas de casilla por mandato constitucional, son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 260 distritos electorales.

2. y 3. ...

Artículo 141

1. Según lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución, establecida una nueva demarcación territorial de los 260 distritos electorales uninominales basada en el último censo general de población, el Consejo General del Instituto, con la finalidad de contar con un Catálogo General de Electores del que se derive un padrón integral, auténtico y confiable, podrá ordenar, si fuere necesario, que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores aplique las técnicas disponibles, incluyendo la censal en todo el país, de acuerdo a los criterios de la Comisión Nacional de Vigilancia y de la propia Dirección Ejecutiva.

2. a 5. ...

Artículo 182-A

1. a 3. ...

4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas:

a) Para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el día último de noviembre del año anterior al de la elección, procederá en los siguientes términos:I. El tope máximo de gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar por 2.5 el costo mínimo para la campaña de diputado fijado para efectos del financiamiento público en los términos del párrafo 7, inciso a), fracción I, del artículo 49 de este código, actualizado al mes inmediato anterior, por 260 distritos, dividida entre los días que dura la campaña para diputado y multiplicándola por los días que dura la campaña para presidente.b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de enero del año de la elección, procederá en los siguientes términos:I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de multiplicar por 2.5 el costo mínimo de la campaña para diputados que se haya fijado para efectos del financiamiento público, actualizado al mes inmediato anterior; y

II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar el costo mínimo de la campaña para diputado que se haya fijado para efectos del financiamiento público, actualizado al mes inmediato anterior, por 2.5 y por el número de distritos que comprenda la circunscripción de que se trate. En ningún caso el número de distritos por considerar será mayor de diez.

5. ...

Transitorio

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 13 de marzo de 2007.--- Diputado Horacio Emigdio Garza Garza (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del grupo parlamentario del PAN, iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, y secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, de conformidad a lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa con base en lo siguiente:

Exposición de Motivos

El sector agropecuario es uno de los principales motores en el desarrollo económico de México al que debe de prestársele la atención correspondiente, por ello se hace necesario que la Federación promueva la capitalización al sector mediante la aplicación correcta del marco normativo.

Es necesario que el Estado instituya una auténtica política agropecuaria que impulse el desarrollo del sector, esto a través de una legislación precisa y clara que respalde y garantice los derechos otorgados al sector pecuario que de aplicarse correctamente induzcan al crecimiento del mismo.

El agua entre otros factores es un elemento fundamental que impulsa el crecimiento del sector agropecuario, de acuerdo a lo que dispone el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, la nación tiene el dominio inalienable e imprescriptible y la explotación de las aguas nacionales, el uso o el aprovechamiento de dichos recursos por particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

Considerando esta importancia y como bien lo contemplaron los legisladores en la Ley Federal de Derechos en relación con la definición que nos da la Ley de Aguas Nacionales de lo que debemos entender por uso pecuario del agua y, atendiendo a la coordinación que debe existir entre todos los ordenamientos legales que integran nuestro marco jurídico, se otorgaron privilegios al sector agropecuario, en el sentido de exentar del pago de derechos a los usuarios del agua destinada a usos agropecuarios.

Contamos con un marco legal que en materia de aguas nacionales relacionadas con el sector agropecuario, responde a las condiciones que vive realmente el sector y sus perspectivas futuras, pero desafortunadamente la aplicación no ha sido correcta, pues las autoridades han interpretado la Ley de Aguas Nacionales de forma incorrecta, vulnerando el espíritu real que se dio a la misma y, dando como consecuencia un perjuicio en el crecimiento y desarrollo económico del sector pecuario específicamente.

Es indispensable reforzar el marco normativo para evitar interpretaciones innecesarias en perjuicio del sector pecuario, para que de esta manera dicho sector sea fuente de desarrollo a las condiciones de competencia que se viven en nuestro mercado interno y, a nivel internacional, logrando así detener el deterioro y los rezagos que actualmente existen en el sector.

El objetivo de la presente iniciativa es aclarar la definición que el artículo 3, fracción LIX, de la Ley de Aguas Nacionales establece, para que no se interprete erróneamente y, en la que se defina claramente que en el uso pecuario la actividad en rastro es la etapa de preparación del animal para su primera enajenación, de esta manera se garantizará la protección de los derechos que la Ley Federal de Derechos reconoce para el sector agropecuario.

El argumento para sostener lo anterior, tiene como premisa la siguiente definición: la definición actual del artículo 3, fracción LIX, de la Ley de Aguas Nacionales sobre lo que significa uso pecuario es una enunciación de las diferentes etapas de vida del animal, es decir, primero se cría, después se engorda y por último se sacrifica, por lo que es lógico que la preparación del animal se refiere a la última etapa de vida del animal (muerte o sacrificio).

De lo anterior se desprende y es muy claro que, el proceso de rastro es un elemento indispensable que conlleva a la preparación del animal para la primera enajenación, pues ¿de qué otra manera se podría preparar un animal para su primera enajenación?

La única respuesta que existe a la prueba anterior es la matanza o el sacrificio del animal mediante la actividad del rastro, quedando de esta manera bien claro que el espíritu real de la ley era plasmar en esa etapa a la actividad del rastro, matanza o sacrificio del animal.

Dadas las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta soberanía la presente

Iniciativa que reforma la fracción LIX del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales en su Título Primero, Capítulo 1, para quedar como sigue:

Artículo 3.Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a LVIII. ...

LIX. ``Uso Pecuario'' La aplicación de aguas nacionales para la cría y engorda de ganado, aves de corral y otros animales, y su preparación para la primera enajenación entendiéndose por este el proceso de rastro el cual requiere agua fría y caliente, siempre que no comprendan la transformación industrial; no incluye el riego de pastizales.

Palacio Legislativo, a los 13 días del mes de marzo de 2007.--- Diputado Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicosy se inserta íntegro el texto en el Diario de los Debates.

ARTICULO 107 CONSTITUCIONAL>

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Victorio Montalvo Rojas, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: el juicio de amparo tiene un principio fundamental que lo rige: el de la relatividad en las sentencias de amparo o también conocido como ``fórmula Otero''. Con base en este principio las sentencias dictadas tienen efectos relativos, es decir, se limitan sólo a amparar a la persona que invocó la protección de la justicia de la Unión.

Este principio, en lo que se refiere a la sentencia emitida en los amparos contra leyes, hoy día es objeto de gran polémica y debate entre los estudiosos del derecho, los juzgadores y la sociedad en general.

¿Qué sucede con las sentencias emitidas en los juicios de amparo contra leyes donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley? Sin duda es aquí donde se observa una gran deficiencia cuando al concederse el amparo en este tipo de juicios solamente se ampara al quejoso sin hacer una declaración general, lo que se traduce en una desaplicación de la ley a favor de persona determinada, quien por cuestiones de carácter económico tiene la posibilidad de impetrar este tipo de juicios, restando con ello su carácter general a la norma jurídica y violando el principio de igualdad de las personas.

Hoy es necesario que el Constituyente Permanente realice una reforma a la fracción II, párrafo primero, del artículo 107 constitucional, en el sentido de incluir una declaración con efectos generales tratándose de amparos contra normas de carácter general, declaración que se verificaría desde el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de la misma sentando jurisprudencia.

La modificación que se propone en nada atenta contra el equilibrio entre los Poderes de la Unión, ya que la Suprema Corte, al declarar la inconstitucionalidad de la norma por jurisprudencia, no anularía los actos del Poder Legislativo, en virtud de que quien lo hace es la Constitución de la República, estableciéndose de tal forma la imposición a todos los poderes.

En el caso de los legisladores, la limitación básica no es otra que la propia Constitución y que la Ley Suprema de la nación como obra del Constituyente expresa la voluntad del pueblo mexicano, quien depositó en dicho Constituyente su soberanía para que pudiera expedir este documento de esencia jurídica superior; por tanto, no puede existir acto o ley que viole o vulnere la Constitución, puesto que es nula de pleno derecho.

En el México de hoy no es posible que pueda darse una sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley sin que ello tenga efectos erga omnes. La sociedad mexicana necesita contar con un marco legal que le proporcione seguridad y certidumbre jurídica.

Nuestra actividad legislativa debe tomar en cuenta las necesidades del pueblo mexicano, sus reclamos y esperanzas. La modificación que hoy se propone es sólo reconocer que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental del país, que de ella deriva todo el orden normativo positivo y que es la que establece los criterios para determinar la idoneidad y legalidad de la actuación de particulares y autoridades.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 107. Párrafo segundo: La sentencia será siempre tal que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja; con excepción de aquellas leyes federales o locales, tratados internacionales o cualquier norma jurídica de carácter general que sea declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en cuyo caso la sentencia de amparo tendrá efectos generales.

Transitorio. Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente; le solicito asimismo, atentamente, que por lo apretado de la síntesis en tribuna, se inserte íntegra en el Diario de los Debates la iniciativa con su exposición de motivos. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Victorio Montalvo Rojas , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La nación mexicana vive un proceso de cambios profundos y definiciones fundamentales, que presentan nuevos retos en materia económica, política, social y jurídica, a los que el poder público debe responder a cabalidad.

Sin duda los mexicanos hemos construido instituciones que han propiciado un desenvolvimiento democrático durante los últimos años, pero esto no hubiera sido posible sin las garantías que otorgó nuestra Constitución en 1917, las cuales sentaron las bases de equidad, justicia y respeto en función de una mejor convivencia social.

En este contexto la protección a la Constitución es un concepto que se entiende en función de que existe algo que por su esencia y atributos es formalmente superior, que por su naturaleza es materialmente fundamental, que por sí sola es original y todo el orden normativo restante es derivado y secundario. El carácter de suprema que se le da a la Constitución se impone en todo el territorio nacional a todos los habitantes, sin importar que sean gobernados o gobernantes y en todo tiempo se debe reconocer que es un valor general y permanente, de observancia obligatoria en la emisión de leyes, decretos, actos administrativos y resoluciones judiciales.

Del texto constitucional se desprende que el Poder Judicial de la Federación no sólo tiene la función ordinaria de decidir el derecho en una contienda entre partes, sino que tiene la obligación de velar por el respeto a la Constitución y de declarar además si los actos de los poderes constituidos están de acuerdo a la ley suprema a través de tres instrumentos de control de la constitucionalidad, estos son: el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad.

El juicio de amparo o juicio de garantías, como también se le conoce, cumple una doble función; la primera: como medio de defensa constitucional, mediante el cual se hace valer la defensa de las garantías individuales cuando no han sido observadas por aquéllos quienes por efectos de la ley han sido dotados de autoridad, cuyo fin es restituir al afectado el goce de sus derechos establecidos en la Ley Fundamental y la segunda: como vía de control de actuaciones de las autoridades.

El interés supremo por preservar las disposiciones contenidas en la Ley Fundamental, ha sido una constante plasmada en las leyes fundamentales de la nación mexicana.

Al respecto, los primeros antecedentes de este tipo de juicio los encontramos en la Constitución Centralista de 1836, encomendada a un cuerpo político denominado ``Supremo Poder Conservador'', mismo que dadas las circunstancias de dominación absoluta por parte del Poder Ejecutivo, no tuvo el éxito que se pensó al ser creado.

Un nuevo acontecimiento histórico se produce en el año de 1839: el movimiento separatista en Yucatán y la creación de su propia Constitución, en la que se observa la destacada participación de los diputados yucatecos Manuel Crescencio Rejón, Pedro C. Pérez y Darío Escalante, quienes propugnan por la instauración de un juicio de amparo como medio para garantizar el respeto y cumplimiento a la Ley Suprema. En el ``Proyecto de Constitución del estado de Yucatán'' del 23 de diciembre de 1840, Manuel Crescencio Rejón, señalaba como primera atribución de la Suprema Corte de Justicia: ``Amparar en el goce de sus derechos a los que pidan su protección, contra las leyes o decretos de la Legislatura que sean contrarios a la Constitución; o contra las providencias del Gobernador o el Ejecutivo, cuando en ellas se hubiesen infringido el Código Fundamental o las leyes, limitándose en ambos casos a reparar el agravio de la parte en que estas o la Constitución hubiesen sido violadas''.

El jurista Manuel Crescencio Rejón creó en nuestro país este medio de control constitucional, al formular para el estado de Yucatán, en 1840, un proyecto de Constitución según la cual la Corte Suprema de Gobierno tendría facultad para oponerse a las violaciones a la propia Constitución derivadas de leyes o actos provenientes del Poder Ejecutivo o Legislativo, debiendo proteger las garantías individuales, siempre que mediare petición del afectado, y sus resoluciones se limitarían únicamente al solicitante del amparo.

Por su parte Mariano Otero también había visualizado el juicio de amparo como medio de control de las garantías constitucionales, en el año de 1842 en unión de los diputados Espinosa de los Monteros y Muñoz Ledo habían expuesto al Congreso su iniciativa de reformas a la Constitución; sin embargo, ésta no prospera sino hasta el año de 1847, fecha en la que nace a la vida jurídica la denominada ``Fórmula Otero'', la cual se plasmó en el artículo 25 del Acta de Reformas de 1847, que a la letra señalaba:

``Los tribunales de la Federación, ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le conceden esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer una declaración general respecto de la ley o del acto que la motivare''.

A pesar de los esfuerzos, ésta disposición no tuvo efectividad debido a que su regulación fue encomendada a una ley posterior que nunca fue creada, sin embargo en la Constitución Federal de 1857, se da estructura y alcance al juicio constitucional, insertando las disposiciones relativas al juicio de amparo en el artículo 102, en el cual nuevamente se plasma la ``Fórmula Otero''

Nuestro Código Político de 1917 incluyó en su texto las bases fundamentales del juicio de amparo, consagrando en la fracción segunda, párrafo primero del artículo 107, la ``Fórmula Otero'' en los siguientes términos:

``II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare...''

Con base en lo anterior, se desprende que el juicio de amparo se caracteriza por la peculiaridad de sus sentencias, las cuales sólo tienen efectos relativos, es decir, se limitan sólo a amparar a la persona que invocó la protección de la justicia de la Unión; sin embargo, así como nuestra sociedad ha evolucionado, considero que de la misma forma, las leyes deben adaptarse a las necesidades de cambio que se presentan en el Estado mexicano; entre dichas modificaciones se hace impostergable la relativa a la materia de amparo.

Uno de los temas que en lo particular despierta un gran interés es la aplicación del principio de relatividad en las sentencias emitidas en los amparos contra leyes; toda vez que se observan algunas deficiencias de nuestro juicio constitucional en este sentido pueden ser objeto de una reforma por la siguiente razón: el juicio de amparo es el instrumento constitucionalmente establecido para el control y custodia de los mandamientos contenidos en la Ley Suprema, así, cuando una persona física o moral demanda la protección de la justicia federal contra aquel acto de autoridad que considera violatorio de sus garantías, la sentencia emitida en el respectivo juicio no reviste el mayor problema pues en concordancia con el principio de relatividad o Fórmula Otero, únicamente ha de ocuparse de resolver sobre la queja expresada en la demanda sin hacer una declaración general.

Ahora bien, ¿qué sucede con las sentencias emitidas en los juicios de amparo contra leyes donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley? Sin lugar a dudas es aquí donde se observa una gran deficiencia cuando al concederse el amparo en este tipo de juicios solamente se ampara al quejoso sin hacer una declaración general, lo que desde mi punto de vista se traduce en una desaplicación de la ley a favor de persona determinada, quien por cuestiones de carácter económico tiene la imposibilidad de impetrar este tipo de juicios, restando con ello su carácter general a la norma jurídica y violando el principio de igualdad de las personas.

Si bien para el caso de los poderes constituidos cuando la norma de carácter general es contraria a la Constitución éstos cuentan con la acción de inconstitucionalidad para hacer valer la contradicción entre la norma suprema y la norma secundaria, sin embargo para el caso de los particulares existe otra deficiencia que para declarar la inconstitucionalidad de una ley y que ésta deje de tener aplicación por parte de los juzgadores, ya que para tal efecto es necesario fincar jurisprudencia; lo que se traduce en un retraso en la impartición de justicia y en la contravención al principio de expedites en la misma.

En este sentido es necesario tener en cuenta que la ley en estricto sentido es definida como el acto emanado de un órgano legislativo, resultado de un proceso descrito en la Constitución federal o local, en el cual se regulan situaciones jurídicas para el futuro y sus características son: abstracta, impersonal, general y de observancia general. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que existen actos formalmente legislativos y materialmente ejecutivos cuyo resultado son normas de carácter general que tienen las mismas características y efectos de las leyes emanadas del poder legislativo, como lo son los tratados internacionales y reglamentos.

Tomando en consideración estas observaciones, es oportuno realizar una reforma a la fracción II, párrafo primero del artículo 107 constitucional, en el sentido de incluir una declaración con efectos generales tratándose de amparos contra normas de carácter general; declaración que se verificaría desde el momento en que el juez de distrito declare la inconstitucionalidad de la misma, sin necesidad de sentar jurisprudencia.

A diversos juristas ha llamado la atención este aspecto del juicio constitucional y otros tantos han sido los proyectos presentados para reformar este por los legisladores, académicos, instituciones y asociaciones jurídicas, inclusive por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a pesar de ello, a la fecha no contamos con reformas substanciales en ese renglón.

Considero que únicamente con la decisión y justo criterio de nosotros como legisladores, puede llevarse a cabo la concretización de dichas reformas, mismas que permitirán obtener un beneficio para la totalidad de los gobernados que se encuentren o pudieran llegar a encontrarse bajo el supuesto de normas de carácter general inconstitucionales, con lo cual se reafirmaría notablemente el principio de supremacía constitucional y de expedites en la impartición de justicia.

Es indudable la importancia del amparo contra leyes. Nadie podrá dudar que es un instrumento a través del cual puede atacarse la aplicación de una ley inconstitucional expedido por el órgano legislativo y toda vez que hemos destacado de manera muy amplia la supremacía constitucional como principio fundamental de todo el sistema constitucional mexicano, es manifiesta la importancia del amparo al que nos referimos.

El ideal del equilibrio de poderes debe estar vigente, pero en nuestro tiempo no puede pensarse que el órgano legislativo sea superior a los otros poderes; no se trata de una oposición entre órganos del poder, por el contrario lo que sucede es que se da una confrontación entre lo previsto por nuestra ley suprema y lo realmente actuado por el órgano legislativo.

El poder judicial no por si y ante sí anula un acto de otro poder, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que lo hace, estableciéndose de tal forma la imposición a todo los poderes, en el caso de los legisladores la limitante básica no es otra que la propia Constitución y que la ley suprema de la nación como obra del Constituyente expresa la voluntad del pueblo mexicano quien depositó en dicho Constituyente su soberanía para que pudiera expedir este documento de esencia jurídica superior. Por tanto, no puede existir acto o ley que viole o vulnere la constitución, puesto que es nula de pleno derecho. En el México de hoy, no es posible que pueda darse una sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley sin que ello tenga efectos erga omnes.

La sociedad mexicana necesita contar con un marco legal que le proporcione seguridad y certidumbre jurídica, nuestra actividad legislativa debe tomar en cuenta las necesidades del pueblo mexicano, sus reclamos y esperanzas, reconocemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental del país, que de ella deriva todo el orden normativo positivo y que es la que establece los criterios para determinar la idoneidad y legalidad de la actuación de particulares y autoridades, que conforman todo el Estado de derecho.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo Único Se reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 107: ...

I. ...

II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja; con excepción de aquellas leyes federales o locales, tratados internacionales o cualquier norma jurídica de carácter general que sea declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en cuyo caso la sentencia de amparo tendrá efectos generales.

...

...

...

III. a XVIII. ...

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de marzo de 2007.--- Diputado Victorio Montalvo Rojas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Victorio Montalvo. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia saluda a los jóvenes estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional del Distrito Federal, aquí presentes.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO - CODIGO CIVIL FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional, y del Código Civil Federal.

La diputada Juana Leticia Herrera Ale:Buenos días. Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: la adopción es el acto jurídico que crea un vínculo de parentesco civil entre el adoptante y el adoptado, derivado en relaciones análogas en las que resultan la paternidad y filiación legítimas.

Hace años la adopción se percibía como la última opción para las parejas que no podían lograr la concepción biológica de un hijo, situación que generaba reservas frente al adoptado, a quien con frecuencia se le ocultaba su origen e incluso el propio hecho de la adopción, ya que los padres querían evitar al niño adoptado los problemas de integración que pudiera sufrir un hijo diferente. Además, la posibilidad de que en un futuro pudieran interesarse por su familia biológica e incluso pretender vivir con ella. Hoy, afortunadamente, se ve a la adopción como un medio para poder disfrutar de la experiencia de tener un hijo; por ello, los adoptados se constituyen en protagonistas, ofreciendo a quienes los acogen el ansiado privilegio de ser padres.

Sin embargo, es lamentable que en nuestro país aún no se desarrolle una plena cultura de la adopción, dificultad que se acrecienta en los niños mayores de seis años de edad, toda vez que las expectativas de las parejas es siempre tener un bebé. Caso contrario al que existe en países como España, Francia y Canadá, en los cuales durante el periodo comprendido de enero a julio de 2006, se arrojó el mayor índice de adopciones de niños mexicanos.

A pesar de que la adopción tiene como principal objetivo el dar un hogar a un niño en situación de abandono, en México seguimos padeciendo el aumento de niños y adolescentes que ingresan a los centros de atención o albergues, siendo los principales motivos el maltrato, abandono, orfandad total, abuso o porque sus familiares están en un centro de readaptación social y requieren la custodia institucional.

Aunado a esto, el Estado, que es el encargado de procurar en todo momento el interés del adoptado, no cumple con el objetivo primordial de la adopción, que es dar bienestar al menor e incapaz, por lo que seguimos enfrentando problemas en esta materia.

Para que México avance en materia de adopción es importante la agilización del proceso actual, reduciendo el tiempo para informar a un matrimonio si cumple o no los requisitos para adoptar, procurando en todo momento que las necesidades esenciales de los niños, el perfil sicológico y que las expectativas sean acordes al solicitante; en este mismo contexto, las autoridades administrativas y judiciales deben asegurar que los niños, adolescentes e incapaces se desarrollen en un ambiente de bienestar adecuado.

Compañeras y compañeros, es facultad también de los legisladores cuidar a la familia mexicana como núcleo de nuestra sociedad, conservando nuestros rasgos de identidad, propiciando el respeto, la equidad generacional y la transmisión de valores y cultura a los niños y niñas de México. Por ello, debemos superar los convencionalismos que existen en el tema de la adopción, permitiendo que paulatinamente se vaya teniendo una mayor aceptación social.

Se considera necesario promover nuevos avances para dar mayor sustento y certeza jurídica a la figura de la adopción, en beneficio del adoptante y del adoptado; por lo que se propone modificar el Código Civil federal, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional.

En materia de Código Civil Federal, la iniciativa propone hacer una definición más clara de los conceptos de adopción simple y adopción plena, disipando con esto cualquier duda que pudiera surgir en el proceso de la adopción. Es por ello que la iniciativa propone adicionar los artículos 402 Bis y 410 A-Bis; asimismo, reformar los artículos 402 y 410 A, para establecer con claridad una definición de adopción simple y adopción plena; en donde, en el primer caso, el menor o incapacitado que haya sido adoptado puede impugnar su adopción dentro del año siguiente a su mayoría de edad o a la fecha en que haya desaparecido su incapacidad; y en el segundo caso confiere al adoptado los apellidos de los adoptantes y los mismos derechos, obligaciones y parentesco de la filiación sanguínea.

La iniciativa propone eliminar en el artículo 390 lo referente a que el adoptante tenga 17 años más que el adoptado, lo cual es incongruente a lo que estipula el propio precepto, al marcar como edad mínima para adoptar 25 años.

En el mismo artículo se adiciona una fracción IV, en la cual se prevé que el adoptante debe contar con buena salud y no tener ninguna enfermedad terminal o contagiosa.

En el artículo 391 del Código Civil Federal se modifica lo referente al texto, ``el marido y la mujer'', ya que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o. contempla el término adecuado de ``el hombre y la mujer''; además se agrega la figura del concubinato en este artículo, siendo que el derecho civil lo contempla como otra forma en que dos personas de distinto sexo hagan vida marital y, por ende, puedan tener derecho a adoptar.

Se adiciona un artículo 401 Bis, en el que se propone que los requisitos para adoptar deben ser claros y congruentes con este código, debiendo contener un plazo las autoridades para negar o aprobar la adopción de cuatro meses cumpliendo este plazo; en caso contrario, el funcionario que actúe fuera de tiempo será sujeto a responsabilidades.

Es por ello que la iniciativa propone reformar los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y adicionar un artículo 31 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, referente al artículo 123 de la Constitución. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Juana Leticia Herrera Ale , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Juana Leticia Herrera Ale , integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; y del Código Civil Federal.

Exposición de Motivos

La adopción es el acto jurídico que crea un vínculo de parentesco civil entre el adoptante y el adoptado, derivado en relaciones análogas en las que resultan la paternidad y filiación legítimas.

Hace años, la adopción se percibía como la última opción para las parejas que no podían lograr la concepción biológica de un hijo. Esa situación generaba reservas frente al adoptado, al que con frecuencia se ocultaba su origen e incluso el propio hecho de la adopción, ya que los padres querían evitar al niño adoptado los problemas de integración que pudiera sufrir un ``hijo diferente'', además de la posibilidad de que en un futuro pudieran interesarse por su familia biológica e incluso pretender vivir con ella.

Hoy, afortunadamente, se ve a la adopción como un medio para disfrutar de la experiencia de tener un hijo. Por ello, los adoptados se constituyen en protagonistas, ofreciendo a quienes los acogen el ansiado privilegio de ser padres.

Sin embargo, es lamentable que en nuestro país aún no se desarrolle una plena cultura de la adopción, dificultad que se acrecienta en los niños mayores de seis años de edad, toda vez que las expectativas de las parejas es siempre tener un bebé, caso contrario al que existe en países como España, Francia y Canadá, los cuales durante el periodo comprendido de enero a julio de 2006, arrojaron el mayor índice de adopciones de niños mexicanos.

A pesar de que la adopción tiene como principal objetivo dar un hogar a un niño en situación de abandono, en México seguimos padeciendo el aumento de niños y adolescentes que ingresan en los centros de atención o albergues; los motivos principales son el maltrato, el abandono, la orfandad total, el abuso o que sus familiares están en un centro de readaptación social y requieren la custodia institucional.

Aunado a esto, el Estado, el encargado de procurar en todo momento el interés del adoptado, no cumple el objetivo primordial de la adopción, que es dar bienestar al menor o incapaz, por lo que seguimos enfrentando problemas en esta materia, destacando:

La falta de rapidez en el trámite para aprobar la adopción;

El sinnúmero de requisitos que pide la autoridad;

La venta clandestina de menores, en ocasiones realizada hasta por los propios padres;

El robo de niños sustraídos del país con documentos apócrifos para ser dados en adopción en otros países;

El tráfico o venta de niños que realizan las instituciones públicas o privadas encargadas de la custodia de ellos;

La participación de funcionarios en adopciones irregulares;

No se toma en cuenta el origen cultural del menor; y

La falta de mecanismos para supervisar las adopciones y proteger a los niños.

Algunos adolescentes o niños no muy pequeños, cuando son adoptados, pasan por una etapa de lucha de identidad, preguntándose a sí mismos cómo integrarse en su nueva familia. Por ello, los padres adoptivos deben ir construyendo un espacio para hacer sentir al niño la unión del padre o la madre con él, ya que tanto el menor como los padres se adoptan mutuamente.

Para que México avance en materia de adopción, es importante agilizar el proceso actual, reduciendo el tiempo para informar a un matrimonio si cumple o no los requisitos, procurando en todo momento que las necesidades esenciales de los niños, el perfil psicológico y las expectativas sean acordes con el solicitante. Las autoridades administrativas y judiciales deben asegurar que los niños, adolescentes e incapaces se desarrollen en un ambiente de bienestar adecuado.

Si bien las etapas previas a la adopción son esenciales, los factores que más influyen en la adaptación e integración familiar son la capacidad de los padres adoptivos y las experiencias que hayan tenido en el inicio de ésta. Por ello son elementales los primeros cuidados y la atención que se dé al adoptado, además de que los nuevos padres compartan convicciones como

Llevar un hijo en el vientre no hace a una madre;

Lo que hace que surja el amor no es la similitud genética sino el trato y la convivencia; y

La adopción no produce psicopatologías específicas en los hijos ni en los padres: un hijo adoptado puede vivir feliz e integrado en su nueva familia y sus padres y hermanos pueden asumir sin problema la situación.

Compañeras y compañeros, es facultad también de los legisladores cuidar a la familia mexicana como núcleo de nuestra sociedad, conservando nuestros rasgos de identidad, propiciando el respeto, la equidad generacional y la transmisión de valores y cultura a los niños de México.

Por ello debemos superar los convencionalismos que existen en el tema de la adopción, permitiendo que paulatinamente se vaya teniendo mayor aceptación social. Necesitamos fortalecer de manera responsable la adopción e integración familiar, en aras de que los niños, adolescentes e incapaces que sean adoptados cuenten con un desarrollo social adecuado, viendo en la adopción una alternativa para la integración familiar.

Se considera necesario promover nuevos avances para dar mayor sustento y certeza jurídica a la figura de la adopción, en beneficio del adoptante y del adoptado. Por ello se propone modificar el Código Civil Federal, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

En materia del Código Civil Federal, la iniciativa propone hacer una definición más clara de los conceptos de adopción simple y adopción plena, disipando con esto cualquier duda que pudiera surgir en el proceso de la adopción.

La adopción simple y la adopción plena pueden diferenciarse gracias a varios criterios, establecidos en la doctrina, como el análisis de la ruptura o del mantenimiento del vínculo de filiación con la familia de origen, y la revocabilidad o la irrevocabilidad de la decisión de adopción.

El primer criterio está basado, por una parte, en la integración total del niño en la familia adoptiva extensa y la ruptura de los vínculos con la familia de origen en la adopción plena; por otra parte, la adopción simple mantiene el vínculo de parentesco de origen e instaura un parentesco adoptivo limitado entre adoptantes y adoptado.

Un segundo criteriopara diferenciar los dos tipos de adopción: si es irrevocable, entonces la adopción es considerada plena. Al contrario, si es revocable, será considerada simple.

Por ello, la iniciativa propone adicionar los artículos 402 Bis y 410 A Bis; asimismo, reformar los artículos 402 y 410 A, para establecer con claridad una definición de adopción simple y adopción plena, donde en el primer caso, el menor o incapacitado que haya sido adoptado puede impugnar su adopción dentro del año siguiente a su mayoría de edad o a la fecha en que haya desaparecido su incapacidad; y en el segundo caso confiere al adoptado los apellidos de los adoptantes y los mismos derechos, obligaciones y parentesco que la filiación sanguínea.

La iniciativa propone eliminar en el artículo 390 lo referente a que el adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado, lo cual es incongruente con lo que estipula el propio precepto, al marcar como edad mínima para adoptar 25 años.

En el mismo artículo se adiciona una fracción IV, en la cual se prevé que el adoptante debe contar con buena salud y no tener ninguna enfermedad terminal o contagiosa. Con eso se evita que el adoptado quede nuevamente en estado de indefensión por muerte del adoptante en casos de enfermedades terminales o, en su defecto, adquiera alguna enfermedad que ponga en riesgo su salud o incluso que pueda causarle la muerte.

En el artículo 391 del Código Civil Federal se modifica lo referente al texto ``el marido y la mujer'', ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., considera el término adecuado de ``el hombre y la mujer''; además, se agrega la figura del concubinato en este artículo, siendo que el derecho civil lo aborda como otra forma en que dos personas de distinto sexo hagan vida marital y, por ende, puedan también tener derecho a adoptar.

Se adiciona un artículo 401 Bis, en el que se propone que los requisitos para adoptar deben ser claros y congruentes con este código, debiendo contener un plazo las autoridades para negar o aprobar la adopción de cuatro meses. Cumplido este plazo, en caso contrario, el funcionario que actúe fuera de tiempo será sujeto a responsabilidades.

Por ello se considera que cualquier persona que tenga como fin adoptar a un menor o incapaz tenga claros los requisitos de adopción, además de que la autoridad correspondiente pueda otorgar a los adoptantes la patria potestad del menor en un plazo menor del establecido actualmente.

En materia laboral, la iniciativa tiene como objeto integrar en los derechos de los trabajadores considerados en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, referente al inciso B) del artículo 123 constitucional, 45 días de convivencia, similar a los 45 días de cuidados maternos. En este caso, el beneficio se otorga sin perjuicio del sexo del trabajador, con el fin de sentar las bases e ir desenvolviendo un vínculo que permita conocerse y a crear un lazo familiar más estrecho entre las partes.

Es importante que desde el momento en que se da la adopción se establezcan los lazos afectuosos entre el adoptante y el adoptado, mediante el intercambio de experiencias, haciendo sentir seguro e integrado al menor o incapaz en su nueva familia adoptiva, en un clima de confianza y serenidad.

Por ello, la iniciativa propone reformar los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y adicionar un artículo 31 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, referente al artículo 123 de la Constitución.

Por lo anterior se somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I. a XXVIII. ...

XXIX. Proporcionar sin distinción de sexo 45 días de convivencia al trabajador que haya adoptado a un menor o incapaz, a fin de crear un vínculo familiar, gozando de su salario íntegro.

Segundo. Se adiciona un artículo 31 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 31 Bis. El trabajador que haya adoptado a un menor o incapaz contará con 45 días de convivencia, a fin de crear un vínculo familiar, gozando de su salario íntegro.

Tercero. Se reforma el artículo 390 en su primer párrafo y se adiciona una fracción IV del Código Civil Federal, quedando de la siguiente forma:

Artículo 390. El mayor de veinticinco años, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar a uno o más menores o a un incapacitado, aun cuando éste sea mayor de edad y que acredite además

I. a III. ...

IV. Que el adoptante es persona sana y no cuente con ninguna enfermedad terminal o contagiosa, lo cual deberá estar certificado médicamente.

...

Cuarto. Se reforma el artículo 391 en su primer párrafo y se adiciona la figura del concubinato, del Código Civil Federal, quedando de la siguiente forma:

Artículo 391. El hombre y la mujer casados o que vivan en concubinato podrán adoptar cuando los dos estén conformes en considerar al adoptado como hijo y aunque sólo uno de los cónyuges o concubinos cumpla el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior. Se deberán acreditar además los requisitos previstos en las fracciones del artículo anterior.

Quinto. Se adiciona un artículo 401 Bis del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 401 Bis. Los requisitos para adoptar a un menor o incapaz deben ser claros y congruentes con este código. El tiempo de las autoridades para negar o aprobar la adopción a los solicitantes no deberá exceder de cuatro meses una vez hecha la solicitud. Cumplido el término, si el funcionario no diere respuesta debidamente fundada, será sujeto de responsabilidades de acuerdo con la ley correspondiente.

Sexto. Se reforma el artículo 402; y se recorre el actual para quedar como 402 Bis, del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 402. Se entiende por adopción simple la relación jurídica que se da entre adoptante/s y adoptado, recayendo los efectos de la misma sólo en ellos, quedando el adoptado libre de cualquier obligación con los familiares del adoptante, pudiendo ser revocable el vínculo creado entre ambos.

Artículo 402 Bis. Los derechos y obligaciones que nacen de la adopción simple, así como el parentesco que de ella resulte, se limitan al adoptante y al adoptado, excepto en lo relativo a los impedimentos de matrimonio, respecto de los cuales se observará lo que dispone el artículo 157.

Séptimo. Se reforma el artículo 410 A y se recorre el actual, para quedar como 410 A Bis, del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 410 A. Se entiende por adopción plena a la relación jurídica entre el adoptante y adoptado, reconociendo a este último, como un verdadero hijo nacido del matrimonio, así como, cuando no exista el vínculo matrimonial, extendiéndose este vínculo entre el adoptado y los familiares del adoptante.

Artículo 410 A Bis. El adoptado bajo la forma de adopción plena se equipara al hijo consanguíneo para todos los efectos legales, incluyendo los impedimentos de matrimonio. El adoptado tiene en la familia del o los adoptantes los mismos derechos, deberes y obligaciones del hijo consanguíneo y debe llevar los apellidos del adoptante o adoptantes.

...

...

Transitorios

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se ponga al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario Oficial de la Federación.

Tercero. La reglamentación y normatividad en la materia deberán adecuarse en un plazo no mayor de 30 días, una vez publicado el presente decreto.

Diputada Juana Leticia Herrera Ale (rúbrica).» Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Justicia.

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

La diputada María del Carmen Salvatori Bronca:Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores: con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en mi carácter de diputada federal de la fracción parlamentaria de Convergencia, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

En su Capítulo Primero, se reforma y adiciona el artículo 3o., fracción II, adiciona la fracción III y recorre las fracciones subsecuentes; adiciona un segundo párrafo a la fracción VII, se reforman las fracciones VIII y IX, y se agrega la fracción X; en el Capítulo 5o. se reforma y adiciona el artículo 17 y se agrega un segundo párrafo, conforme a la siguiente exposición de motivos.

El derecho, como producto humano, se advierte rebasado por el hecho social. Las demandas para que los legisladores aborden y eviten lagunas a través de la regulación eficaz son innumerables, de aquí que esta iniciativa represente un proyecto de respuesta a una de las más sensibles necesidades de la sociedad, como lo es una mayor certidumbre y seguridad en el manejo de los pagos a través de las tarjetas de crédito y tarjetas de débito, las cuales constituyen un elemento que ha sido fuertemente popularizado por las diversas instituciones bancarias y comerciales que el día de hoy se erigen como un verdadero poder fáctico.

De acuerdo con datos emitidos por la Condusef, las tarjetas de crédito son uno de los productos financieros más utilizados en México. Actualmente existen 13.5 millones de plásticos. Tan sólo de 1999 a 2004 el porcentaje de las transacciones vía terminal punto de venta creció del 4 al 12 por ciento.

Paralelo a lo anterior, padecemos un incremento proporcional de falsificación y uso indebido de instrumentos de crédito que hacen aquellos que detentan ilegítimamente las tarjetas. Ese uso indebido va desde la compra de diversos artículos usurpando la identidad del titular hasta la realización de transferencias electrónicas o la disposición de efectivo en los llamados cajeros electrónicos.

Es conocido por todos el incremento de las cifras relativas a la comisión de diversos tipos de robo, tales como los cibernéticos, los de tarjetas de crédito e incluso aquellos que se arremeten directamente en contra de las mujeres, violando sus bolsos para extraer las tarjetas bancarias.

Señoras y señores legisladores, la suscrita sufrió este problema en Veracruz y realmente es lamentable que esté pasando esto a las mujeres. Tenemos que presentar esta iniciativa. Los exhorto porque no nos puede estar pasando esto a las mujeres que ahora estamos sujetas a estos delitos en toda la República Mexicana; por eso el interés de presentar esta iniciativa.

Y por otra parte, referirme al marco jurídico vigente de la actividad crediticia. No se encuentra una definición jurídica de tarjeta de crédito, mucho menos los elementos que debe contener el plástico o la normatividad que regule el uso de la misma entre consumidores y proveedores, por lo que, en caso de un uso indebido del sistema de pago electrónico, no hay tipificación del delito; y, en consecuencia, no existe penalización alguna.

Y qué decir de aquellos comercios establecidos que admiten como medio de pago las tarjetas bancarias a través del sistema denominado ``terminales punto de venta''. Estos negocios nunca solicitan una identificación oficial como medida de seguridad para confirmar la titularidad de los clientes ni tampoco se hacen responsables de las compras efectuadas por personas distintas a los titulares, pues a ellos sólo les interesa vender.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a esta Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 3. Fracción II. Cliente: la persona que utiliza los medios de disposición emitidos por cualquier entidad financiera o entidad comercial.

Artículo Segundo. Fracción III. Comercio establecido: es aquel que celebra contrato de afiliación con alguna entidad financiera para aceptar tarjetas de crédito y débito como medio de pago, a través de un sistema electrónico denominado ``terminales punto de venta''. El comercio establecido estará obligado a solicitarle al cliente una identificación oficial para poder realizar dicho pago.

Artículo Tercero. Fracción VII. Entidad comercial: las sociedades que se dediquen al comercio de bienes y servicios no financieros que otorguen financiamiento a sus acreditados. La entidad comercial estará obligada a solicitarle al cliente una identificación oficial para poder realizar el pago.

Artículo Cuarto. Fracción VIII. Medio de disposición: las tarjetas de débito asociadas a depósitos bancarios de dinero a la vista, a las tarjetas de crédito emitidas al amparo de un contrato de apertura de crédito, a los cheques, así como a las órdenes de transferencias de fondos.

Artículo Quinto. Fracción IX. Sistemas de pago: la serie de instrumentos, procedimientos, reglas y sistemas para la transferencia de fondos.

Artículo Sexto. Fracción X. Tarjeta de crédito: el instrumento financiero a través del cual una entidad financiera o entidad comercial como emisores de la tarjeta, conceden a sus clientes mediante la suscripción de un contrato de adhesión una línea de crédito hasta por importe determinado, conocido como límite de crédito.

Por eso compañeros y compañeras legisladoras, vengo a presentar esta iniciativa y los exhorto a que votemos realmente con estas propuestas que vengo a presentarles, porque es impresionante lo que está pasando en México en estos robos y que tengamos la tarjeta de crédito con una identificación oficial para que no puedan hacer esos ilícitos.

Por eso el presente decreto entrará en vigor --como transitorio-- al siguiente día de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado a los 13 días del mes de marzo de 2007.

Solicito a la Presidencia que se inserte íntegro el texto al Diario de los Debates.Por su atención, señoras y señores legisladores, muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia

Con fundamento en la facultad tutelada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi carácter de diputada federal del Grupo Parlamentario de Convergencia someto a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en su Capítulo I, ``Disposiciones Generales''; reforma y adiciona el artículo 3, fracción II, adiciona la fracción III, recorriendo las fracciones subsecuentes, adiciona un segundo párrafo a la fracción VII, reforma la fracción VIII, reforma la fracción IX, y agrega la fracción X, en el Capítulo V, ``De las Sanciones''; y reforma y adiciona el artículo 17, y agrega un segundo párrafo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, el fenómeno de la globalización y la firma de tratados comerciales internacionales, pero sobre todo el desvanecimiento de fronteras como resultado de los grandes avances informáticos y tecnológicos son elementos que inciden en el constante retraso que parecería caracterizar la norma frente a lo que acontece en la realidad de nuestro país.

El derecho como producto humano se advierte rebasado por el hecho social; las demandas para que los legisladores aborden y eviten lagunas a través de la regulación eficaz son innumerables. De ahí que esta iniciativa represente un proyecto de respuesta a una de las más sensibles necesidades de la sociedad, como es mayor certidumbre y seguridad en el manejo de los pagos a través de tarjetas de crédito y débito, las cuales constituyen un elemento que ha sido fuertemente popularizado por las diversas instituciones bancarias y comerciales que hoy se erigen como un verdadero poder fáctico.

De acuerdo con datos emitidos por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros (Condusef), la tarjeta de crédito es uno de los productos financieros más utilizados en México.

Actualmente, hay 13.5 millones de plásticos; esto es, 4 millones más que en 2003.

Aunado a lo anterior, de 2004 a 2005 se presentó un incremento de 43.3 por ciento en la cartera de crédito vigente de la banca comercial, por lo que en los últimos años los tarjetahabientes han venido haciendo mayor uso del plástico para realizar sus transacciones cotidianas: en 2001, con 178.3 millones de operaciones, y en 2004, con 248.4 millones, con un promedio de 681 mil operaciones al día.

Tan sólo de 1999 a 2004, el porcentaje de las transacciones vía terminal punto de venta creció de 4 a 12 por ciento.

De modo paralelo a este incremento del uso de tarjetas de crédito y débito como medio de pago, padecemos también un incremento proporcional de uso indebido de dichos medios, entre los que podemos identificar no sólo la falsificación de instrumentos de crédito, prevista en el artículo 240 Bis, fracciones I y II, o la posesión ilegítima de tales instrumentos de crédito, prevista en la fracción III del Código Penal Federal, sino también el uso indebido de las tarjetas de crédito y débito que hacen los que detentan ilegítimamente los instrumentos de crédito como resultado de una sustracción que bien se encuadra en otra modalidad de robo.

Ese uso indebido de tarjetas va desde la compra de diversos artículos usurpando la identidad del titular hasta la realización de transferencias electrónicas o la disposición de efectivo en los cajeros electrónicos.

De acuerdo con Cristos Velasco San Martín, fundador de la empresa North American Consumer Project on Electronic Commerce (Proyecto sobre Comercio Electrónico de Consumidores Norteamericanos), en México no hay estadísticas oficiales respecto al uso indebido de los medios electrónicos de pago. Sin embargo, la Asociación Internacional para la Investigación de Fraudes Electrónicos reportó durante 2004 un total de 557 casos en México. Por su parte, la Condusef señala que 70 por ciento de las reclamaciones de tarjetas de crédito en nuestro país está relacionado con cargos indebidos, derivados del robo, extravío y problemas por el uso de Internet.

Lo anterior, sin menoscabo de que las cifras conocidas públicamente representan sólo un porcentaje mínimo de las denuncias realizadas ante las autoridades competentes.

Es conocido por todos el incremento de las cifras relativas a la comisión de diversos tipos de robo, como los cibernéticos, de tarjetas de crédito, incluso los que arremeten directamente contra mujeres para extraer del bolso las tarjetas bancarias.

Un reporte del Departamento de Delitos Cibernéticos de la Policía Federal Preventiva (PFP) destaca que durante 2006 los delitos electrónicos causaron pérdidas por casi 5.5 millones de pesos y alerta sobre el incremento de las páginas de phising, una de las principales vías de robo de identidad.

El phising permite a los defraudadores obtener información personal de sus víctimas mediante el envío de correos falsos que duplican las páginas de Internet de instituciones crediticias.

La cifra anterior podría multiplicarse de manera considerable, ya que la propia autoridad asegura que ésta se obtiene de los casos en que hay una denuncia, que podrían ser sólo 10 por ciento de los estafas por vía electrónica, pues el restante 90 por ciento podría no estar siendo denunciado.

La PFP precisa que mientras durante todo 2005 se atendieron 47 casos de phising, hasta mediados de 2006 se detectaron 153; es decir, 1 por día.

El Departamento de Delitos Cibernéticos genera entre 70 y 80 casos de investigación al año, muchos de los cuales no terminan en consignación de los presuntos delincuentes porque el Ministerio Público no integra debidamente la averiguación, o por las lagunas legales que todavía hay en la materia.

De acuerdo con el reporte, de las pérdidas por delitos electrónicos 1 millón 980 mil corresponde a fraudes bancarios, 2 millones 900 mil a estafas on line (correo nigeriano, loterías) y 650 mil a comercio electrónico, y agrega que este último disminuyó este año en casi 40 por ciento como resultado de las campañas de prevención.

Sin embargo, como se mencionó, se estima que los montos referidos representan apenas 10 por ciento de las pérdidas que realmente ocurren, pues gran parte de los fraudes no se denuncia.

Por lo que se refiere al marco jurídico vigente de la actividad crediticia (bancaria o comercial), se identifica la legislación siguiente:

Ley de Instituciones de Crédito

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Ley Orgánica de Nacional Financiera

Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal

Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros

Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior

Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada

Ley Orgánica de la Financiera Rural

Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado

Ley de Sistemas de Pagos

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

No obstante la existencia de las leyes enunciadas, no se encuentran una definición jurídica de tarjeta de créditoni, mucho menos, los elementos que debe contener el plástico, o la normatividad que regule su uso entre consumidores y proveedores, por lo que en caso de uso indebido del sistema de pago electrónico (desde la utilización de tarjetas de crédito y débito como medio de pago hasta el comercio electrónico y la banca por Internet, entre otros) no hay tipificación de delito y, en consecuencia, no existe penalización.

Ahora bien, qué decir de los comercios establecidos que celebran contrato de afiliación con instituciones bancarias para admitir como medio de pago las tarjetas de crédito y débito a través del sistema denominado ``terminales punto de venta'', que opera de manera electrónica mediante la validación de registros remotos.

Estos negocios nunca solicitan una identificación oficial como medida de seguridad para confirmar la titularidad de los clientes, ni se hacen responsables de las compras efectuadas por personas distintas de los titulares, pues sólo les interesa vender sus bienes, productos o servicios y que, como ocurre, la institución bancaria les pague dicha operación electrónica.

Una de las formas en que se llevan a cabo este tipo de robos en la actualidad es por medio de la sustracción de tarjetas de crédito y débito con el objeto de realizar compras por altas cantidades con cargo a los plásticos bancarios, las cuales en razón de la obviedad no son efectuadas por los titulares, dejando a los verdaderos tarjetahabientes en un estado de indefensión al tener que cubrir los adeudos que no les corresponden.

En otros países de Latinoamérica existen incluso leyes especializadas en tarjetas de crédito, como en Chile, Argentina y Bolivia.

En virtud de lo anterior, tenemos que empezar por definir lo que es una tarjeta de crédito, para ello recurrimos en primer término a la Condusef, que define la tarjeta de crédito como

El instrumento financiero a través del cual una institución bancaria, como emisor de la tarjeta, concede a sus clientes mediante la suscripción de un contrato de adhesión una línea de crédito revolvente hasta por un importe determinado conocido como límite de crédito. En el clausulado del contrato de adhesión, el banco establece las condiciones bajo las cuales otorga el crédito al cliente, así como también la forma en que éste deberá retribuir o pagar al banco sus adeudos.

Con base en los anteriores elementos, podemos conceptuar la tarjeta de crédito de la siguiente manera:

El instrumento financiero a través del cual una entidad financiera o una entidad comercial, como emisores de la tarjeta, conceden a sus clientes mediante la suscripción de un contrato de adhesión una línea de crédito hasta por un importe determinado conocido como límite de crédito. En el clausulado del contrato de adhesión, la entidad financiera o en su caso la entidad comercial establecen las condiciones bajo las cuales otorgan el crédito al cliente, así como también la forma en que éste deberá retribuir o pagar sus adeudos a los emisores de la tarjeta.

Por todo lo anterior, someto a consideración de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Capítulo I, ``Disposiciones Generales'' artículo 3, fracción II.

Dice:

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, en singular o plural se entenderá por:

I. ...

II. Cliente: la persona que utiliza los medios de disposición emitidos por cualquier entidad financiera;

...

Debe decir:

II. Cliente: la persona que utiliza los medios de disposición emitidos por cualquier entidad financierao entidad comercial;

Artículo Segundo. Capítulo I, ``Disposiciones Generales'', artículo 3, fracción III.

Dice:

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, en singular o plural se entenderá por:

I. ...

III. Comisiones: cualquier cargo, independientemente de su modalidad, que una entidad financiera cobre a un cliente por el uso y/o aceptación de medios de disposición;

...

Debe decir:

III. Comercio establecido: el que celebra contrato de afiliación con alguna entidad financiera para aceptar tarjetas de crédito y débito como medio de pago, a través de un sistema electrónico denominado ``terminales punto de venta''.

El comercio establecido estará obligado a solicitar al cliente una identificación oficial para poder realizar el pago.

Artículo Tercero. Capítulo I, ``Disposiciones Generales'', artículo 3, fracción VII.

Dice:

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, en singular o plural se entenderá por:

I. ...

VII. Medio de disposición: las tarjetas de débito asociadas a depósitos bancarios de dinero a la vista, las tarjetas de crédito emitidas al amparo de un contrato de apertura de crédito y los cheques, así como las órdenes de transferencia de fondos, y

...

Debe decir:

VII. Entidad comercial: las sociedades que se dediquen al comercio de bienes y servicios no financieros, que otorguen financiamiento a sus acreditados;

La entidad comercial estará obligada a solicitar al cliente una identificación oficial para poder realizar el pago.

Artículo Cuarto. Capítulo I, ``Disposiciones Generales'', artículo 3, fracción VIII.

Dice:

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, en singular o plural se entenderá por:

I. ...

VIII. Sistema de pagos: la serie de instrumentos, procedimientos, reglas y sistemas para la transferencia de fondos.

...

Debe decir:

VIII. Medio de disposición: las tarjetas de débito asociadas a depósitos bancarios de dinero a la vista, las tarjetas de crédito emitidas al amparo de un contrato de apertura de crédito y los cheques, así como las órdenes de transferencia de fondos,

Artículo Quinto. Capítulo I, ``Disposiciones Generales'', artículo 3, fracción IX.

Debe decir:

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, en singular o plural se entenderá por:

I. ...

IX. Sistema de pagos: la serie de instrumentos, procedimientos, reglas y sistemas para la transferencia de fondos, y

...

Artículo Sexto. Capítulo I, ``Disposiciones Generales'', artículo 3, fracción X.

Debe decir:

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, en singular o plural se entenderá por:

I. ...

X. Tarjeta de crédito: es el instrumento financiero a través del cual una entidad financiera o una entidad comercial, como emisores de la tarjeta, conceden a sus clientes mediante la suscripción de un contrato de adhesión una línea de crédito hasta por un importe determinado, conocido como ``límite de crédito''. En el clausulado del contrato de adhesión, la entidad financiera o, en su caso, la entidad comercial establecen las condiciones bajo las cuales otorgan el crédito al cliente, así como la forma en que éste deberá retribuir o pagar sus adeudos a los emisores de la tarjeta.

Las tarjetas de crédito deberán contener: el logotipo y nombre de la entidad financiera o de la entidad comercial, un número de identificación, el nombre del cliente, las fechas de expedición y vencimiento de la misma y al reverso una banda magnética y otra en donde se encuentra la firma del cliente.

Artículo Séptimo. Capítulo V, ``De las Sanciones'', artículo 17.

Dice:

Artículo 17. El incumplimiento o la violación de la presente ley por las entidades financieras o entidades comerciales será sancionado con multa que impondrá administrativamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Procuraduría Federal del Consumidor, según se trate, por un monto de entre quinientas y diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 del presente ordenamiento.

Debe decir:

Artículo 17. El incumplimiento o la violación de la presente ley por las entidades financieras, o las entidades comerciales o los comercios establecidos será sancionado con multa que impondrá administrativamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Procuraduría Federal del Consumidor, según se trate, por un monto de entre quinientas y diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.

En caso de incumplimiento de lo previsto en el artículo 3, fracciones III, segundo párrafo, y VII, segundo párrafo, de esta ley, las entidades comerciales y los comercios establecidos reembolsarán al cliente el monto de los pagos realizados con las tarjetas de crédito o débito por personas distintas de los titulares.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 del presente ordenamiento.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.--- Diputada María del Carmen Salvatori Bronca (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 447 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por medio de cédula.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor Secretario. Se concede el uso de la tribuna al diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:Con el permiso de la Presidencia y solicitando que el texto se inserte íntegramente en el Diario de Debates.

Compañeros y compañeras legisladores: la iniciativa que hoy someto a consideración de ustedes pretende reformar el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación y que se refiere a la figura del depositario.

Es práctica frecuente por parte de los ejecutores fiscales, que al momento de ejecutar un embargo por un crédito fiscal no cubierto, ya sea de monto pequeño o mayor, se nombre depositario a la persona que atendió al ejecutor, quien por lo regular no es el contribuyente ni su representante legal sino que, por el contrario, se designa a una secretaria, cuyo trabajo es muy digno y muy importante, o a un mensajero --al igual que el trabajo de la secretaria--, pero que, bueno, el causante fiscal y el representante legal --conocedores de las consecuencias legales que tiene ser nombrado depositario legal-- asumen una actitud de abuso respecto de estos otros compañeros, sean trabajadores o empleados, para que sea el ejecutor de la Secretaría de Hacienda quien los designe depositarios.

Lógicamente esas personas no toman en cuenta la responsabilidad que se les ha conferido con el nombramiento de depositario en este trámite de embargo, debido a que los ejecutores no nada más no les informan de los derechos que tienen, sino que simplemente les informan de las obligaciones que tendrán hacia adelante en el caso de que incumplan, debiendo decirles que es su derecho aceptar o rechazar ser nombrados depositarios.

Posteriormente, llegado el momento en que la administración local de recaudación desea hacer efectivo el crédito fiscal, resulta que ese empleado ya no trabaja en la empresa; no se pudo llevar consigo los bienes, porque no eran de su propiedad. El propietario o el representante legal del causante o de la persona física o moral, ya les dieron otro destino u otro uso.

Para efectos legales y del derecho positivo mexicano, el responsable es aquel empleado que en su momento fue nombrado depositario y entonces, para hacer efectiva la causa, concurre ante la Procuraduría General de la República y lo demanda por la vía penal, al conformarse la figura conocida como ``depositario infiel''.

Este tipo de abusos no deben permanecer en el tiempo. Gran parte de la ineficacia y del abuso en que pudiera caer en un momento dado la autoridad, al conocer de suyo que el causante y el representante legal nombrarán a un empleado que no conoce de la materia y que el día de mañana puede ser retirado de la empresa o de la plantilla laboral del causante, persona física, y lo hacen con toda la intención.

Así pues, lo que pretende esta reforma es que la autoridad sea la exactora, o sea, que el funcionario de la misma oficina del SAT, para efectos de nombrar depositarios, nombre al representante legal o al causante del crédito fiscal.

Por ello, tomando en cuenta estos antecedentes y considerando que el contribuyente y su representante legal sí conocen de la responsabilidad en que incurre el depositario de los bienes embargados, y al conocer esto no se apersona, porque también es necesario proteger a las personas ajenas de la responsabilidad legal, cuando se trate del representante legal, o de la responsabilidad legal y de causahabiensa fiscal, cuando se trate de la persona física o moral que causó el crédito fiscal. Con este tipo de iniciativa se busca eliminar este tipo de abusos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de

Decreto por el cual se reforma el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice:

Artículo 153. Los bienes o negocios embargados se podrán dejar bajo la guarda del o de los depositarios que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad, nombrarán y removerán libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales. Y sigue el texto. Lo que proponemos es que se reforme para quedar como sigue:

Artículo 153. Los bienes o negociaciones embargados se podrán dejar bajo la guarda de los depositarios que se hiciere necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras sólo podrán nombrar depositarios al deudor del crédito fiscal o a su representante legal, indistintamente, pudiendo renovarlos bajo su responsabilidad, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales. Cuando se efectúe la remoción del depositario, éste deberá poner a disposición de la autoridad ejecutora los bienes que fueron objeto de la depositaría, pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes para depositarlos en almacenes bajo resguardo o entregarlos al nuevo depositario.

En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán el carácter de administradores o de interventores con cargo a la caja; según el caso, con las facultades y obligaciones señaladas en los artículos 165, 166 y 167 de este código. Asimismo, para el caso de que el representante legal del causante o el causante mismo que originó el crédito fiscal no atiendan la depositaría, la autoridad exactora podrá nombrar, con las facultades mencionadas anteriormente, a un tercero o a varios, según considere necesario, cuyos emolumentos por este desempeño correrán a cargo del causante.

La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a satisfacción de las autoridades fiscales. El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiere hecho el jefe de la oficina exactora. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se dé turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen y discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de ley, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

Es práctica frecuente por parte de los ejecutores fiscales que, al momento de ejecutar un embargo por un crédito fiscal no cubierto, ya sea de monto pequeño o mayor, se nombre depositario del mismo a la persona que atendió al ejecutor, quien por lo regular no es el contribuyente, ni su representante legal, sino que se designa a la secretaria, al auxiliar administrativo y, en muchas ocasiones, hasta a los vigilantes de la empresa, quienes atienden la diligencia sin tener el conocimiento sobre la materia y sin que el trabajador del servicio de administración tributaria les exprese en forma entendible que es su derecho rechazar ser nombrado depositario.

Lógicamente, estas personas no toman en cuenta la responsabilidad que se les ha conferido con el nombramiento de depositario en este trámite de embargo, debido a que los ejecutores no les informan el grado de responsabilidad en que se incurre cuando se les solicite la entrega de los bienes embargados. Además, desconocen el procedimiento legal en materia fiscal, en razón de que estos empleados no cuentan con los conocimientos al respecto, ya que se limitan al cumplimiento de sus funciones como secretarias, recepcionistas, capturistas o vigilantes, según sea el caso.

Llegado el momento en que la administración local de recaudación exige la entrega de los bienes embargados, estos trabajadores que fungieron como depositarios no se encuentran en posibilidad de entregarlos, sea porque ya no trabajan en la empresa y no se llevan consigo el bien, sea porque el propietario dispuso del bien, entre otras causas.

Posteriormente, la autoridad se encarga de iniciar la querella penal en contra de los depositarios, bajo la configuración de lo que se conoce como depositario infiel, ejerciendo acción penal en su contra, por lo que son detenidos por incumplimiento de la empresa o del causante fiscal respecto al crédito fiscal.

Considerando

Primero: Que el contribuyente y su representante legal sí conocen la responsabilidad en la que incurre el depositario de bienes embargados, por lo que no se apersonan ante la práctica de este tipo de diligencias, dejando este trámite en manos de empleados de menores responsabilidades para ser nombrados depositarios de bienes embargados, evadiendo así su propia responsabilidad.

Segundo: Que es necesario proteger a personas ajenas, que actualmente, por prestar sus servicios en dichas empresas deudoras, son afectados al grado de fincarles responsabilidad de tipo penal.

Con esta iniciativa se busca reformar el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, para que cuando se lleve a cabo una diligencia de esta naturaleza, deba ser el apoderado legal del deudor o el causante mismo la persona que atienda al ejecutor fiscal, con objeto de dar cumplimiento a la diligencia, para los efectos legales correspondientes, acreditándose para este fin.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en las atribuciones y facultades constitucionales y las disposiciones señaladas previamente, y las responsabilidades que la ley me confiere para legislar en materia de las necesidades de la sociedad, me permito someter ante esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de

Decreto por el cual se reforma el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice:

Artículo 153. Los bienes o negociaciones embargados se podrán dejar bajo la guarda del o de los depositarios que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad, nombrarán y removerán libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales. Cuando se efectúe la remoción del depositario, éste deberá poner a disposición de la autoridad ejecutora los bienes que fueron objeto de la depositaria, pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes para depositarlos en almacenes bajo su resguardo o entregarlos al nuevo depositario.

En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán el carácter de administradores o de interventores con cargo a la caja, según el caso, con las facultades y obligaciones señaladas en los artículos 165, 166 y 167 de este código.

La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a satisfacción de las autoridades fiscales.

El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiere hecho el jefe de la oficina exactora, pudiendo recaer el nombramiento en el ejecutado.

Artículo Único. Se reforma el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 153. Los bienes o negociaciones embargados se podrán dejar bajo la guarda de los depositarios que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras sólo podrán nombrar depositarios al deudor del crédito fiscal o a su representante legal, indistintamente, pudiendo renovarlos bajo su responsabilidad, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales. Cuando se efectué la remoción del depositario, éste deberá poner a disposición de la autoridad ejecutora los bienes que fueron objeto de la depositaria, pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes para depositarlos en almacenes bajo resguardo o entregarlos al nuevo depositario.

En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán el carácter de administradores o de interventores con cargo a la caja. Según el caso, con las facultades y obligaciones señaladas en los artículos 165, 166 y 167 de este código. Asimismo, para el caso de que el representante legal del causante o el causante mismo que originó el crédito fiscal no atiendan la depositaría, la autoridad exactora podrá nombrar con las facultades mencionadas anteriormente a un tercero o a varios, según considere necesario, cuyos emolumentos por este desempeño correrán a cargo del causante.

La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a satisfacción de las autoridades fiscales.

El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiere hecho el jefe de la oficina exactora.

Artículo Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.--- Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra la diputada Marina Arvizu Rivas , del grupo parlamentario de Alternativa, para presentar iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas:Con su permiso, señora Presidenta: el pasado mes de diciembre presenté un punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados solicitara al Instituto Federal Electoralque redujera el financiamiento público a los partidos políticos. Ese punto de acuerdo no pretendía suplir la necesidad de reforma al marco legal que regula dicha prerrogativa.

Hoy presento una propuesta de reforma constitucional que precisamente busca atender esa problemática; próximamente habré de hacer lo propio al Código Electoral para concretar y ampliar los alcances que hoy propongo.

El excesivo financiamiento público que se otorga a los partidos políticos deriva de los elementos descritos en el artículo 41 constitucional, pero sobre todo deriva de la lógica con que fue concebido dicho artículo, orientada a ver el problema del financiamiento público de los partidos desde la exclusiva óptica del gasto siempre creciente y en volúmenes excepcionales.

No es causal que la fórmula para determinar dicho financiamiento tenga como factor base un elemento denominado precisamente ``costo mínimo de campaña'', el cual hace caso omiso de la precariedad de los recursos públicos para cubrir ese costo. Incluso resulta paradójico que el costo de campaña sirva para determinar un financiamiento federal en años en que no hay campañas políticas.

Sumado a lo anterior, encontramos que la atribución otorgada al Consejo General para modificar los costos mínimos de campaña resulta en los hechos letra muerta. Toda vez que las únicas ocasiones en que ha ejercido esa atribución derivó de la decisión de esta Cámara, al reducir el presupuesto al propio Instituto.

La tendencia hacia el aumento del financiamiento público a los partidos políticos es una constante. Un ejemplo: mientras que el incremento ponderado de la inflación de 1998 a la fecha ha sido del siete por ciento, el aumento ponderado al financiamiento a los partidos ha sido del doble. Una somera revisión desde la perspectiva del derecho comparado nos demuestra la incongruencia de nuestra legislación electoral al respecto.

En primer término, en ningún país de América Latina se determina el financiamiento a los partidos desde la lógica propia del gasto partidario, como se hace en México, y si hablamos de montos, la comparación resulta terrible para el sistema electoral y para el costo que en nuestro país asignamos a la actividad política.

Dejando de lado a los países latinoamericanos que no otorgan financiamiento público permanente, tenemos que en los países que resultan comparables el financiamiento público a los partidos es de entre un 50 y un 90 por ciento inferior al que erogamos en México. Efectivamente --y sólo para ejemplificación--, mientras que en Ecuador y Bolivia se gasta la mitad en comparación con lo erogado en nuestro país; en Perú y Argentina gastan entre una tercera a una décima parte de lo que gastamos en México.

Caso paradigmático lo constituye Brasil, país que, no obstante que tiene una población y un producto interno bruto significativamente superior al nuestro, eroga a lo sumo una tercera parte de lo que se gasta en México para el financiamiento a partidos políticos.

Incluso desde la perspectiva teórica y desde 1996 se determinó la actual fórmula del financiamiento. Los especialistas habían advertido sobre las consecuencias, del riesgo que se corre, ya que el financiamiento en grandes cantidades de aportes públicos resulta en la estatificación de los partidos políticos.

La consecuencia, no puede ser otra que el financiamiento partidista se disocie del gasto de los propios partidos; de ahí que la propuesta que ahora presentamos asocie el financiamiento público de los partidos a un monto equivalente al 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación del año próximo pasado. El principio que sustenta lo anterior es por demás evidente.

El financiamiento a los partidos políticos debe correr con la misma suerte que las finanzas públicas y el desarrollo global de la economía, de la manera que ocurre con todos los mexicanos. Dicho porcentaje coloca a nuestro país en un nivel similar a lo que se otorga en otros países de América Latina e incluso todavía por encima de ellos.

Para conocer los efectos de dicha medida bastará señalar lo siguiente: de haber aplicado la formula que hoy se propone, en el sexenio anterior hubiera significado un ahorro, aproximado, en las finanzas públicas de 11 mil millones de pesos; sin embargo, tal criterio no debe plantearse de manera aislada.

Por eso, en dicha reforma que estoy presentado hoy se consideran otros aspectos que, por jerarquía normativa, presento de la siguiente forma:

Primero. Se establece un régimen transitorio para que la reducción del financiamiento se realice de manera paulatina a partir del próximo año, a efecto de que año con año y de manera gradual dicho financiamiento se vaya reduciendo hasta alcanzar el citado porcentaje en el presupuesto de egresos.

Dos. Se distinguen el rubro de financiamiento de campaña, elecciones generales de elecciones intermedias.

Tres. Es una reforma con perspectiva de género, en tanto que dentro del rubro conocido como ``Financiamiento por actividades específicas'' se establece un financiamiento adicional del 10 por ciento otorgado por actividades ordinarias permanentes, por concepto de representación política femenina en cualquiera de las Cámaras del Congreso.

Cuatro. Se establece desde la norma constitucional la obligación para que cualquier autoridad de los tres niveles de gobierno, así como para cualquier persona física, moral u organización o ciudadano deba atender a los requerimientos de información que solicite el Instituto Federal Electoral en materia de fiscalización de partidos políticos, y

Cinco. Se prohíbe que cualquier entidad pública de los tres niveles de gobierno realice promoción institucional durante todo el periodo que abarque la campaña electoral.

En suma, esta reforma constitucional que Alternativa presenta comprende varios de los principales pendientes del sistema electoral mexicano en materia de financiamiento, fiscalización de recursos, equidad en la contienda y perspectiva de género.

Es obvio que los planteamientos expuestos no agotan la agenda electoral ni lo pretenden, pero difícilmente la próxima reforma electoral podrá considerarse de fondo si se dejan de lado los asuntos que hoy estoy exponiendo. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La suscrita, diputada Marina Arvizu Rivas , integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina en la Cámara de Diputados a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa, que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. Luego de 10 años de la última reforma electoral de carácter integral, la evolución política del país y el desarrollo de las propias instituciones político-electorales, han mostrado la necesidad de actualizar el marco jurídico en el que se ha desenvuelto el sistema electoral mexicano.

Lo anterior significa, entre otros aspectos, desarrollar propuestas que permitan superar las deficiencias que han sido patentes a lo largo de esta década, además de atender los reclamos de la sociedad por modificar aquellas disposiciones que han producido efectos contrarios a los esperados por el legislador y la propia ciudadanía.

En tal sentido, resulta preciso señalar que varios de estos aspectos encuentran su origen y debilidad en distintos artículos de la propia Constitución General de la República, en la que se enmarcan diferentes derechos, prerrogativas y atribuciones de las fuerzas políticas partidistas y de las autoridades involucradas en la vigilancia de tales fuerzas. De tal suerte, las reformas de carácter constitucional suponen un elemento indispensable, a efecto de potenciar los alcances de una reforma electoral como la que resulta necesaria en estos momentos.

Segundo. El financiamiento público a los partidos políticos es uno de los primeros asuntos que deben ser atendidos. Los montos que ha alcanzado tal financiamiento en la última década son percibidos por la ciudadanía como un exceso marcado por su escasa justificación. En buena medida, ello se deriva de los factores contemplados en el inciso a) de la base II del artículo 41 actualmente vigente de la propia Constitución de la República.

Efectivamente, el citado inciso establece que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se fijará anualmente con base en los siguientes factores: costos mínimos de campaña calculados por el órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral; número de diputados y senadores por elegir; número de partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso y duración de las campañas electorales.

La lógica intrínseca en dicho inciso se encuentra orientada básicamente a satisfacer las necesidades de gasto de los partidos políticos para procesos electorales, aun cuando se trata de un financiamiento ordinario para periodos en que no se realice proceso electoral federal.

Al analizar la fórmula para determinar el financiamiento ordinario establecido en el artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, esa lógica se aprecia con mayor nitidez. De tal suerte, por ejemplo, las fracciones II y III, inciso a), párrafo 7, del artículo 49 del referido código establece que el total del financiamiento público deberá integrarse, parcialmente, con el producto de multiplicar los costos mínimos de campaña para diputado y senador, por el total de diputados y senadores a elegir y el número de partidos políticos con representación en las cámaras.

Dicho en otros términos, tal operación significa en términos llanos, que todos los candidatos de todos los partidos tuvieran acceso a recursos mínimos para llevar a cabo sus campañas electorales.

Lo que importa destacar en este aspecto no es tanto si ese presumible acceso se cumpla a satisfacción o no, lo que constituye un asunto diferente y adicional, sino que finalmente la normativa constitucional y legal se concibe para atender el gasto en campaña de los partidos políticos, aún tratándose de un financiamiento para el sostenimiento ordinario de sus actividades.

Dicho en otros términos, las disposiciones constitucionales y legales toman como base lo que se debería gastar, sin considerar la cuantía de los recursos públicos disponibles para atender ese gasto. Y que esa misma lógica conceptual es aplicada para periodos y años en que no hay elecciones federales ordinarias.

Tercero. La normativa respectiva observa varios criterios que han servido de pauta para que los montos del financiamiento se eleven, o incluso, se presenten márgenes de discrecionalidad que afectan la seguridad y certidumbre jurídica de los propios partidos políticos. Como se ha señalado, el artículo 41 constitucional establece los elementos por considerar para determinar el financiamiento público a los partidos políticos. Sin embargo, el valor numérico que adquiere cada uno de esos elementos puede variar en distintos términos, algunos con mayor dificultad que otros. Obviamente, el factor más estable lo constituye el número de diputados y senadores a elegir, en tanto que su modificación requiere una reforma constitucional. El segundo elemento con mayor regularidad lo constituye la duración de las campañas electorales, en tanto que su reducción estaría subordinada a una reforma del código de la materia. De hecho, el valor numérico de estos elementos no ha sido modificado en la última década.

La norma jurídica debe ser lo suficientemente flexible para atender las transformaciones sociales y políticas del país, brindando con ello seguridad jurídica. Sin embargo, tal flexibilidad no debe dar pie a espacios de discrecionalidad o excesos no previstos por el legislador. Tal es el caso de los otros dos factores que contempla el artículo 41 constitucional: el número de partidos políticos con representación en el Congreso y, sobre todo, el costo mínimo de campaña.

a) Número de partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso. Entre 1997 y 2006, el número de partidos políticos con dicha representación ha variado con relativa frecuencia, lo cual ha implicado incrementos significativos en el monto total del financiamiento ordinario, tal y como se observa en el cuadro siguiente: Como se observa, el incremento de número de partidos, es un factor que ha incrementado sensiblemente los montos del financiamiento público a partidos políticos. Sin embargo, sería totalmente incorrecto derivar de lo anterior una solución que pase por restringir o limitar los cauces de participación política en el país.

El surgimiento de nuevos partidos políticos se encuentra estrechamente ligado a la dinámica social y política del país, en tanto que responden a exigencias sociales que no encuentran satisfacción en los partidos existentes en un momento determinado, e incluso, son desprendimientos de los propios partidos donde tales fuerzas no encontraron canales de participación adecuados o atención a sus demandas. Limitar por tanto el número de partidos no es la solución adecuada, ya que sólo implica reducir los canales de participación política, provocando que las mismas se orienten hacia fórmulas de participación paralelas al marco institucional e incluso fórmulas ilegales. En consecuencia, la solución debe pensarse en términos de eliminar la relación establecida en la actual normativa electoral entre número de partidos y financiamiento públicos a los mismos.

b) Determinación del costo mínimo de campaña. En congruencia con el artículo 41 constitucional, el artículo 49, párrafo 7, inciso a), fracción I, del código de la materia establece que el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente los costos mínimos de campaña, considerando los costos aprobados el año anterior, el índice nacional de precios al consumidor y los demás factores que el propio consejo determine, facultándolo para revisar los factores que integran dichos costos a la conclusión de cada proceso electoral ordinario.

Es el caso que desde 1998, año en que fueron fijados, el Consejo General no ha modificado los factores que integran los referidos costos mínimos, por lo que tal disposición ha resultado a la fecha inoperante. Sin embargo, sí ha funcionado la facultad para que dicho consejo introduzca factores adicionales al índice nacional de precios al consumidor.

Concretamente, a partir de 2003 el Consejo General del Instituto Federal Electoral ha introducido factores para reducir o incluso incrementar los costos mínimos de campaña, afectando el financiamiento público a la baja o al alza, según se observa de la tabla siguiente:

Año Factor multiplicador del costo mínimo

2003 0.93

2004 0.97

2005 1.04

2006 0.97

Fuente: IFE, Acuerdo sobre costos mínimos de campaña 2006.

En tal sentido, la autoridad electoral ha modificado el financiamiento público a los partidos, lo que no genera la certidumbre pretendida por el legislador al establecer tales criterios en la norma constitucional. Por su parte, todas las reducciones señaladas han derivado de disminuciones establecidas por la Cámara de Diputados al presupuesto del propio Instituto Federal Electoral, de manera tal que, visto retrospectivamente, ha sido la propia Cámara de Diputados la que ha brindado los elementos para reducir el financiamiento a partidos políticos.

Cuarto. En la propia legislación secundaria existen inconsistencias en la determinación del financiamiento a los partidos políticos. En tal sentido, es posible señalar que al establecerse una vinculación con las campañas electorales, lo señalado por la propia Constitución resulta poco congruente con la operación misma del sistema electoral. Varios elementos lo demuestran. En primer término, el uso de listas cerradas y bloqueadas para la elección de diputados y senadores de representación proporcional, seleccionadas y registradas por los propios partidos políticos, no permite a los ciudadanos distinguir a los diputados que bajo este principio cuenten con su preferencia efectiva, de tal suerte que el voto se otorga al conjunto de diputados registrados para una circunscripción determinada. La propia legislación secundaria impide diferenciar también el voto otorgado a los candidatos postulados bajo el principio de mayoría relativa del voto destinado para aquellos candidatos registrados bajo el principio de representación proporcional. De tal suerte, el conjunto de votos recibidos por un candidato de mayoría relativa se trasladan a los candidatos registrados por el principio de representación proporcional, o en sentido inverso, el efecto de las eventuales campañas que realicen candidatos a diputados y senadores postulados por la vía plurinominal es a todas luces marginal, en tanto que se encuentra mediado por el lugar en que se encuentre ubicado en la lista registrada y por el candidato de mayoría relativa por el que se deba votar, y ello porque, como todos sabemos, una marca diferente a las expresamente establecidas por el código de la materia, deriva en la anulación del voto.

Incluso, por vía de los hechos, la diferenciación entre votos para candidatos registrados por el principio de mayoría relativa y votos para candidatos de representación proporcional es mínima y meramente circunstancial, ya que cuando acontece, ello no deriva de una determinación expresa del votante, sino de la simple ubicación geográfica en donde el ciudadano se encuentre al momento de emitir el sufragio, en términos de lo establecido por el artículo 223 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por consecuencia de tal disposición, la diferencia en votos entre candidatos de mayoría relativa y de representación proporcional es por demás reducida, alrededor de 0.6 por ciento de la votación total emitida en la pasada jornada electoral, para el caso de los diputados, y 0.8 por ciento para el de senadores, y que se deriva del voto emitido en casillas especiales.

En suma, todo lo anterior apunta a una práctica por demás conocida y regular: los candidatos a diputados y senadores por la vía plurinominal no hacen campaña electoral, o en su caso, su efecto es mínimo, precisamente por las mediaciones antes referidas.

La propia fórmula para el financiamiento público contenida en la ley electoral también reconoce tal circunstancia, ya que el artículo 49, párrafo 7, inciso a), fracción IV, del código electoral federal establece que para el cálculo del costo mínimo de campaña para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sólo deberá considerarse el total de diputados por elegir por el principio de mayoría relativa, y no el número total de diputados y senadores a elegir, como señala la disposición constitucional en comento.

En consecuencia, lo mismo las disposiciones normativas, como la realidad en que opera el sistema electoral mexicano, establecen que son los candidatos registrados bajo el principio de mayoría relativa, los que hacen y a quienes reditúa la realización de campañas, lo cual es inconsistente con la norma constitucional que se refiere de manera genérica a los cargos que habrán de elegirse, sin diferenciar entre cargos electos por el principio de mayoría relativa de aquellos que atienden al principio de representación proporcional.

Quinto. De lo expuesto se desprenden dos conclusiones iniciales. Por un lado, el ámbito de variabilidad que permiten los factores establecidos para determinar el financiamiento a los partidos políticos, en tanto que dos de esos factores, los costos mínimos de campaña y el número de partidos políticos, son elementos que han estado sujetos a cambios de manera reiterada. Por el otro, cierto nivel de inconsistencia al interior de la propia normativa electoral y entre esta y la realidad concreta de funcionamiento del sistema electoral.

Es preciso agregar entre las referidas deficiencias de la normativa electoral, el persistente crecimiento del financiamiento público a los partidos políticos ha que da lugar, lo cual deja de ser sólo una percepción ciudadana para convertirse en un hecho comprobable, como se podrá apreciar a continuación.

Concretamente, la legislación electoral establece como factor para determinar el crecimiento del financiamiento público a los partidos el índice nacional de precios al consumidor, en los términos del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, al comparar el aumento del financiamiento público permanente a los partidos políticos con el citado índice inflacionario, se observa que el crecimiento del financiamiento a partidos ha sido de prácticamente el doble del incremento de la inflación durante los últimos años, tal y como se observa en la tabla siguiente:

Sexto. Los señalamientos relativos al exceso del financiamiento público a partidos políticos no son nuevos, en tanto que han sido una constante desde la aprobación de la actual fórmula del financiamiento hace ya casi una década. De hecho, tal señalamiento formó parte de las observaciones formuladas por Grupo de Expertos de Naciones Unidas al valorar las reformas electorales de 1996.¹

De igual forma, los propios actores políticos han reiterado la necesidad de reducir tales montos de financiamiento. Cabe recordar que la reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en esta materia no logró el consenso alcanzado por la reforma constitucional y de entonces a la fecha diferentes actores políticos han cuestionado sus montos.

Tal fue el caso del Partido Acción Nacional, al promover desde el inicio de la vigencia de dicha norma una acción de inconstitucionalidad contra tales disposiciones, en tanto que el Partido de la Revolución Democrática ha utilizado parte de esos recursos para la edición de libros de texto, sólo por mencionar algunos breves antecedentes.

A tales circunstancias se requiere agregar que, más allá de esos incrementos, de suyo el financiamiento derivado de dicha legislación ya resultaba considerable desde el momento de su aprobación. Basta recordar que la primera ocasión que operó tal modalidad de financiamiento público a los partidos políticos, ello representó un aumento de cinco veces a lo que se otorgaba a los partidos políticos con el modelo de financiamiento establecido en la legislación que le antecedió.²

Séptimo. De lo expuesto se deduce que el problema de fondo lo constituye la lógica con que fue estructurada la fórmula para determinar el financiamiento, bajo una perspectiva del gasto de los partidos en procesos electorales.

Tal orientación es una perspectiva sui géneris desde el punto de vista del derecho comparado. Efectivamente, del análisis de la legislación electoral en 17 países latinoamericanos, sólo Venezuela no establece un financiamiento público directo a los partidos políticos.³

De los 15 restantes, básicamente se distinguen 2 criterios para determinar el monto total del financiamiento a partidos.

a) 6 países que establecen el monto total con base en un criterio o indicador macroeconómico (Argentina,Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, y Panamá).

b) 9 países que establecen una fórmula considerando un indicador económico (salario mínimo, moneda nacional o una unidad diferente) y el número de electores o votos obtenidos. (Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, El Salvador y Uruguay).

En tal sentido, sólo México establece una fórmula de financiamiento conforme al gasto que ejercen los partidos políticos, lo que contrasta con cualquiera de los criterios empleados por los países latinoamericanos para determinar los montos del financiamiento. Por su parte, el factor de variabilidad en estos países se ubica fundamentalmente en la evolución general de la economía de cada nación (como en el primer grupo) o el incremento del número de votantes, ya sean potenciales o efectivos (como en el segundo grupo).

El razonamiento implícito dentro del primer modelo es evidente: el financiamiento público de los partidos políticos debe correr la misma suerte que la economía nacional y, por ende, un descenso en el producto interno bruto, presupuesto o ingreso nacional, implicará también un descenso en las finanzas de los partidos políticos.

En el segundo modelo, existe una dualidad en el criterio empleado. O bien, se trata de incentivos al desempeño electoral (cuando se trata de votantes efectivos) o bien se trata de asociar la actuación de los partidos con el universo de votantes al que deben de atender (tratándose del universo del electorado).

En tal sentido, resulta que cualquiera de esos modelos destacan por sobre el mexicano al menos por tres razones. En primer término su sencillez, en virtud de la comprensión de tales criterios para la ciudadanía; en segundo lugar, por una variabilidad mucho más acotada, en tanto que deriva de mediaciones de orden económico o poblacional.⁴ Pero sobre todo al no estar asociado al gasto partidista en campaña, se inhibe su crecimiento excesivo y se le desvincula con el periodo en que no se realizan elecciones. En suma, son más congruentes con su objeto mismo y propósito.

Octavo. Del análisis comparado no sólo se advierte la singularidad de la legislación mexicana, sino que al comparar los montos concretos de financiamiento público a los partidos políticos en América Latina, se advierten con nitidez los niveles de exceso en que incurre nuestro país en esta materia. Si bien no todos los países ofrecen datos específicos, ahí donde si se presentan se confirma tal premisa.⁵

Para llevar a cabo tal análisis, se estableció como criterio base el porcentaje que representa el financiamiento de los partidos políticos con relación al presupuesto nacional de cada país. En tal sentido, tales porcentajes para el caso de México se observan en la siguiente tabla:

Por su parte, y de entre los casos latinoamericanos analizados, prácticamente todos los países observan montos de financiamiento menores a lo otorgado en nuestro país, quizá con la única excepción de Costa Rica, como se describe a continuación:

a) Argentina. Si bien la normativa electoral estudiada no señala un porcentaje preciso de financiamiento, ya que delega tal determinación al Ministerio del Interior para integrarlo al presupuesto nacional, el análisis de la organización Poder Ciudadano determinó, con base en la información proporcionada por la autoridad competente, que para la elección de 2005,los partidos políticos erogaron en total alrededor de 35 millones de pesos argentinos, es decir, poco más de 120 millones de pesos mexicanos.Es de señalar incluso que tales montos consideran financiamiento público, privado e incluso deuda, toda vez que incluso el financiamiento público apenas representó 25 por ciento del gasto ejercido durante ese año.6 Trasladado a los términos porcentuales arriba señalados, ello indica que por financiamiento público los partidos políticos argentinos recibieron únicamente 0.011 por ciento del presupuesto nacional de aquel país en ese año, es decir, apenas una décima parte de lo otorgado en nuestro país para año no electoral.

b) Bolivia. El artículo 53 de la Ley de Partidos Políticos establece que el financiamiento ordinario a partidos será equivalente al ``medio por mil'' del presupuesto aprobado (0.05 por ciento del presupuesto), en tanto que para el año en que se realicen elecciones nacionales este será de ``dos y medio por mil'' (0.25 por ciento del presupuesto) y ``dos por mil'' (0.2 por ciento) del presupuesto en el caso de elecciones municipales.⁷ Ello significa que en años no electorales, el financiamiento a partidos políticos en Bolivia representa apenas la mitad de lo que en esos años se ha otorgado en México.

c) Brasil. En este caso, el financiamiento total está dado por una dotación anual del Estado que deriva de multiplicar el número total de electores por 35 centavos de Real ($0.35), a lo cual hay que agregar los montos que se deriven de multas impuestas a los propios partidos.

Como en los casos anteriores, se habrá de comparar el monto total del financiamiento ordinario a partidos políticos en relación con el presupuesto del país. Los datos y resultados disponibles se pueden observar en la tabla siguiente:

Como es posible observar, incluso en el año donde menos financiamiento se otorgó en México a los partidos políticos (2004: 0.1 por ciento del presupuesto), dicho financiamiento es tres veces superior a lo proporcionado en aquel país. En el año en el que más financiamiento se otorgó en México (2003: 0.32 por ciento del presupuesto), es equivalente a 10 veces lo otorgado en Brasil.

Otra forma de ver lo anterior es traducir el financiamiento de Brasil y México a dólares americanos y compararlos entre sí, lo que se aprecia en la siguiente tabla:

Como se puede observar, México ha erogado en financiamiento a partidos políticos entre tres y casi diez veces más que en Brasil, no obstante que, sólo como un indicador entre tantos, mientras el padrón electoral en México es de 70 millones, en Brasil es de 125 millones.

d) Costa Rica. De acuerdo con el artículo 96 de la Constitución, el financiamiento a partidos será equivalente a 0.19 por ciento de PIB en el año trasanterior a aquel en que se destinará el financiamiento. Sin embargo, la propia norma constitucional también establece que la ley podrá determinar los casos en que dicho financiamiento habrá de reducirse, como sucedió con la reforma electoral aprobada en 2002 que redujo el financiamiento a 0.10 por ciento del PIB.⁹

En este caso, y considerando el PIB de nuestro país para 2004, equivalente a 6, 964, 058 millones de pesos, el .19 por ciento del mismo sería de alrededor de 13, 231 millones de pesos.¹⁰ Es decir, más del triple del financiamiento total erogado en 2006 para partidos políticos. Aun con la reducción establecida en 2002, el financiamiento equivalente sería superior en 50 por ciento de lo que se otorga actualmente. No obstante, ello no quiere decir que tal presupuesto efectivamente se haya ejercido.

e) Ecuador. El financiamiento a los partidos políticos es equivalente al 0.05 por ciento de sus ingresos nacionales para actividades ordinarias y el doble (0.1 por ciento) para año electoral. En tal sentido, el financiamiento en este país representa apenas la mitad de lo otorgado en México.

f) Panamá. La ley electoral establece que el financiamiento público a los partidos políticos será equivalente a 1 por ciento, de sus ingresos nacionales. Sin embargo, de ese monto 60 por ciento se entrega en cinco anualidades (máximo 0.12 del presupuesto base por año), mientras que el resto se emplea para el año de la elección, monto del cual 30 por ciento se emplea para que el Tribunal Electoral pague directamente a los medios de publicidad. Debe destacarse que de esa bolsa también se destinan recursos a los candidatos de ``libre postulación''.

g) Perú. Hasta 2003 ese país no destinaba financiamiento público directo a los partidos políticos, y no fue sino hasta la aprobación en ese año de la Ley de Partidos Políticos que se acordó otorgar tal financiamiento, el cual se deriva de multiplicar un porcentaje de la unidad impositiva tributaria (UIT) por el número de votantes en la última elección. Es de señalar que dicho monto total se distribuye a los partidos políticos a razón de una quinta parte del total cada año a todos los partidos, es decir, dicho financiamiento es el mismo hasta la realización de la siguiente elección general.

Tomando como base el estudio de la organización Ciudadanos al Día, que realizó una simulación del financiamiento total que habrían obtenido los partidos políticos de aplicarse la fórmula durante el lustro 2001-2006, tales resultados fueron contrastados con el presupuesto nacional de aquel país para esos años.

Igual que en resto de la mayoría de los países analizados, el financiamiento a partidos es inferior al otorgado en México, en este caso, entre 7 y 9 veces menor que el año en que menos financiamiento se concedió a los partidos en nuestro país.

En este caso como en el brasileño, aun cuando existe el financiamiento indirecto en términos de lo que se ha denominado como ``franja electoral'', esto es, la entrega de espacios gratuitos en medios electrónicos en un horario específico en todos los canales y estaciones del país, ello no modifica sustancialmente el exceso de financiamiento en México, ya que por ejemplo, la referida organización Ciudadanos al Día también contempló ese financiamiento indirecto, triplicando con ello el monto del financiamiento directo. Las equivalencias correspondientes con relación al presupuesto nacional se observan en la siguiente tabla:

Como se observa y aun en este supuesto, el financiamiento total a partidos políticos es equivalente a una tercera parte de lo erogado en nuestro país.

Noveno. Del análisis descrito, y conforme a los porcentajes establecidos, es posible identificar los siguientes porcentajes de financiamiento con relación al presupuesto nacional, según se resume en la tabla siguiente:

Con base en lo anterior, es posible desprender una virtual clasificación entre países que otorgan montos elevados de financiamiento, esto es, aquellos cuyos montos mínimos de financiamiento están por encima del 0.1 por ciento de su presupuesto nacional como son los casos de Costa Rica, Panamá y México, y los países cuyo montos máximos no rebasan esa cifra, como Argentina, Brasil, Ecuador y Perú. Bolivia estaría entre ambas clasificaciones y aun en este caso tiene montos de financiamiento inferiores al nuestro.

Como se demuestra, de los 10 países latinoamericanos con los cuales se cuenta información precisa, 7 de ellos (incluyendo Chile y Venezuela) tienen montos de financiamiento significativamente inferiores a lo que se otorga en nuestro país, que con montos que representan, en términos generales, entre un 10 por ciento como mínimo y 50 por ciento como máximo del financiamiento otorgado en México.

Incluso, conviene precisar que en el caso de Bolivia, el máximo de financiamiento señalado es aplicado para elecciones municipales, lo que obviamente no se contempla en los montos descritos para el caso mexicano. De hacerlo, y de los estudios realizados a la fecha se estima que, para el caso de las tres fuerzas políticas más importantes en el país en el año 2003, el financiamiento estatal fue equivalente a casi 80 por ciento del financiamiento público ordinario federal.¹¹

El financiamiento nacional a partidos políticos, considerando financiamiento federal y estatal, debió ascender en ese año del 2003, a una cifra cercana al 0.45 por ciento del presupuesto nacional.

Décimo. En general, los estudios de opinión indican que los partidos políticos gozan de una mala reputación entre la ciudadanía.¹²Si bien es cierto que tal percepción es una constante entre los países con democracias no consolidadas, como las la mayoría de los países latinoamericanos,¹³ es preciso encontrar las fórmulas que fortalezcan la credibilidad en los partidos políticos. La reducción del financiamiento a los partidos políticos no sólo responde a una necesidad efectiva de mayores recursos para destinarlos a demandas sociales de la población, sino a la conveniencia de revindicar la actividad política en términos de moral pública, en donde la clase política demuestre con acciones concretas su decisión de orientar su actuación en términos de los requerimientos nacionales.

Incluso desde la perspectiva teórica, se ha insistido en que el financiamiento público excesivo genera diversas anomalías dentro de los propios sistemas de partidos.

Daniel Zovatto ha señalado al respecto: ``El riesgo que se corre de financiación en grandes aportes públicos es la estatización, burocratización y osificación de los partidos (es decir, la dependencia económica crónica de parte de estos de los recursos estatales y la consiguiente pérdida de contacto con la sociedad), lo cual repercute en una merma de su libertad, en su acomodo al estatus quo y en su alejamiento de la cambiante realidad social''.¹⁴

Undécimo. El origen de los altos montos de financiamiento devino de los señalamientos para impedir actos de corrupción en las finanzas de los partidos políticos, así como de la conveniencia, se afirmaba, de evitar que el financiamiento privado no fuera determinante en la operación de las campañas electorales.

Sin embargo, la reducción del financiamiento público no es una opción que vaya en contra de tales señalamientos.

Los actos de corrupción no fueron erradicados de la esfera electoral, como quedó demostrado para la elección presidencial de 2000, de acuerdo con las resoluciones de las autoridades electorales competentes.

En las pasadas elecciones federales también se observaron serias irregularidades que pusieron en riesgo la legalidad del proceso electoral en su conjunto.

En cualquiera de ambos procesos electorales, el financiamiento público no fue la barrera que el legislador le atribuyó en 1996. Por ende, la solución se encuentra en fortalecer los procedimientos de revisión de los recursos, públicos y privados de los partidos políticos.

El argumento de más dinero para no corromperse es, a lo sumo, un mal argumento, ante una ciudadanía que espera de su clase política respeto a la legalidad.

La normatividad electoral ya contempla límites a las aportaciones privadas. La propia Constitución establece la preeminencia de los recursos públicos sobre los privados, de tal suerte que una reducción del financiamiento público implica, forzosamente, una reducción del financiamiento privado.

La legislación secundaria establece que las aportaciones de simpatizantes no podrán superar 10 por ciento del financiamiento público que reciban los partidos políticos, de acuerdo con el artículo 49, párrafo 11, inciso b), fracción I, del código de la materia.

Los límites, por tanto, del financiamiento privado ya existen, y salvo en los casos y circunstancias de los pasados procesos electorales ya referidos, tales límites al financiamiento privado no han tenido una real eficacia, precisamente por los ingentes montos del financiamiento público.

Efectivamente, y conforme a la información proporcionada por los propios partidos políticos ante la autoridad electoral, en los últimos seis años los porcentajes de financiamiento privado, con relación al público, han estado bastante lejos de rebasar el límite del 50 por ciento establecido por el artículo 41 constitucional, como se observa en el cuadro siguiente:

En términos de lo dispuesto en el artículo 49, párrafo 11, inciso b), del código de la materia, relativo a que el financiamiento privado no podrá rebasar 10 por ciento del financiamiento total que se otorga a los partidos políticos como prerrogativa estatal, también es posible observar que dicha norma está lejos de ser violentada, toda vez que considerando esos mismos años, el financiamiento privado que han obtenido los partidos políticos apenas oscila entre el 2 y 5 por ciento del citado financiamiento público, como se aprecia a continuación:

En consecuencia, y toda vez que los referidos límites al financiamiento privado prácticamente no han operado en virtud de los altos montos del financiamiento público, en principio parece innecesario modificar los porcentajes establecidos en la legislación electoral vigente.

Duodécimo. Por lo antes expuesto, el presente proyecto de decreto modifica el artículo 41, base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para determinar un monto total del financiamiento público permanente a los partidos políticos equivalente a 0.05 por ciento Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para año previo de la asignación. Tal reforma, además de reducir el financiamiento público a los partidos políticos en un monto cercano a 50 por ciento de lo que actualmente se les otorga, vincula dicho financiamiento a la circunstancia económica del país y deja tal financiamiento a niveles más cercanos a los porcentajes establecidos en América Latina en los casos ya referidos. La aprobación de una reforma en el sentido expuesto, atendería significativamente el legítimo reclamo social por reducir el costo de la política en nuestro país.

A efecto de lograr una mayor consistencia en la normativa electoral y reducir el costo de la política, resulta necesaria una reforma y adición a lo establecido por el inciso b) de la misma base y artículo constitucional citados, mediante la cual se reduzca en 50 por ciento el financiamiento para la obtención del voto en aquellos procesos en los que son electos únicamente los integrantes de la Cámara de Diputados.

Resulta a todas luces incorrecto e injustificado fijar el mismo financiamiento para elecciones generales e intermedias, cuando en estas últimas no se eligen senadores y presidente de la república.

Tal criterio no es novedoso, toda vez que dicho principio ya se encuentra presente en la norma secundaria, concretamente en el artículo 47, párrafo 1, inciso b) del código de la materia, para efectos de prerrogativas en medios electrónicos de comunicación.

Conforme a lo expuesto, el efecto de la presente reforma podría resumirse en la siguiente tabla:

Visto desde otra perspectiva, de haberse empleado el criterio expuesto en el presente decreto a partir del año 2001, se puede observar una notable diferencia con relación al financiamiento efectivamente otorgado en esos mismos años.

La ciudadanía espera de sus representantes responsabilidad y congruencia. La aprobación de una reforma como la expuesta constituye una respuesta concreta, viable y efectiva a tales expectativas.

Decimotercero. Asimismo, el presente proyecto se hace cargo de la necesidad de fortalecer e incrementar las atribuciones de los órganos responsables de vigilar el origen, uso y destino de los recursos de los partidos políticos. De entre las debilidades observadas de la aplicación de la normativa electoral en los últimos lustros, pocas requieren de tanta atención como la que se deriva del control sobre los recursos públicos y privados que obtienen los partidos políticos nacionales.

Lo anterior debe considerarse como un acto de responsabilidad y congruencia con los votantes y con la ciudadanía en general, que mayoritariamente proporciona tales recursos mediante sus contribuciones fiscales.

En tal sentido, la rendición de cuentas a la que deben estar sujetos los partidos políticos pasa por modificar la ley fundamental y las normas reglamentarias que permitan hacer efectiva la vigilancia sobre tales recursos.

En tal sentido, una primera determinación radica en modificar las disposiciones que han mostrado ineficacia en la consecución de tal objetivo, o que al no estar contempladas con meridiana claridad, lo impiden. De tal diagnóstico se desprende la reforma que al respecto se presenta.

Efectivamente, la ausencia de señalamiento expreso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esta materia, ha generado lagunas y zonas de indefinición entre las diferentes autoridades del orden federal y estatales, razón por la cual los procedimientos administrativos que emprende la autoridad competente de la vigilancia de tales recursos, se ha visto limitada para desarrollar a plenitud sus investigaciones y determinar las acciones correctivas procedentes.

Por ende, la ampliación de atribuciones e instrumentos resulta indispensable para hacer efectiva tal responsabilidad, particularmente en lo que se refiere a la posibilidad de obtener información, en la materia de su competencia, por parte de otras autoridades de los tres niveles de gobierno, así como de instituciones bancarias y financieras, e incluso de cualquier persona física y moral que aporte recursos a las finanzas de los partidos políticos. Retrasar la aprobación de tal reforma sólo abona en la lógica de la simulación y la impunidad.

Resulta injustificable que por falta de congruencia en las normas secundarias, determinaciones de una autoridad no sirvan a la postre para sancionar conductas indebidas en otras esferas por falta de previsión jurídica en la coadyuvancia entre diferentes autoridades, como ha sucedido hasta el momento. Por ende, a efecto de evitar la contraposición de leyes, resulta indispensable una reforma constitucional se anteponga la vigilancia a los recursos de los partidos por parte de las autoridades electorales sobre el resto de la normativa jurídica aplicable.

En consecuencia, la reforma propuesta a este respecto integra un párrafo tercero al inciso c) de la base II del artículo 41 constitucional, a efecto que las autoridades de los tres niveles de gobierno, las instituciones bancarias y financieras, así como cualquier persona física o moral deba responder a los requerimientos de información que le solicite la autoridad administrativa electoral, estableciendo la obligación para tal autoridad de garantizar la reserva sobre la información que por esta vía obtenga.

En la misma tesitura, resulta comprensible que se conserve en sus términos el precepto constitucional que establece la preeminencia del financiamiento público sobre el privado, no sólo por constituir un elemento útil para garantizar la equidad en la contienda, sino también porque como se ha señalado con antelación, ha sido una norma que a la fecha ha estado lejos de aplicarse, dados los altos montos del financiamiento público. Al reducir un 50 por ciento el financiamiento público, la norma en comento comenzará a operar y cumplir el propósito para el cual fue diseñada.

Decimocuarto. Desde el proceso electoral de 1994 que se planteó por primera ocasión, la restricción en la difusión de mensajes en los medios masivos de comunicación por parte de los organismos de la administración pública federal ha sido una exigencia constante en aras de la equidad en la contienda política electoral. De entonces a la fecha, tal restricción ha sido aceptada y promovida de manera discrecional. Lo mismo la autoridad electoral que el gobierno federal y los gobiernos estatales la han asumido sólo en función de la exigencia de los diferentes sectores sociales y partidos políticos y únicamente durante las últimas etapas de las campañas electorales, salvo cuando ya se encuentra regulado a nivel estatal.

Tal situación ha derivado en una recurrente discusión, no en cuanto a su pertinencia, sino en términos de los plazos en los que debe hacerse efectiva, así como en la inacción de las diversas autoridades para sujetarse a ella, o en la forma en que se encuentran mecanismos para evadir su cumplimiento.

A este respecto se debe ser claro. Se debe impedir el uso de cualquier recurso a disposición del Estado para influir en el voto de los ciudadanos. Dado que el periodo correspondiente a las campañas electorales sirve para que el ciudadano valore los diferentes puntos de vista sobre la situación nacional, representados por los partidos políticos contendientes, es preciso que la limitación de mensajes en los medios de comunicación abarque todo el periodo para las campañas electorales. Siendo el momento por antonomasia de los partidos políticos, resulta injustificable la intervención de factores ajenos a los propios partidos políticos.

Por ello, la propuesta en cuestión impide que el gobierno federal, los estatales y municipales, así como los organismos autónomos y demás entidades públicas de los tres niveles de gobierno, difundan todo tipo de mensajes durante el lapso que abarquen las campañas electorales, con la única excepción de aquellos mensajes relativos a los programas de protección civil derivados de una eventualidad o que constituyan condiciones de riesgo para la población. Asimismo, la inclusión de una base V en el artículo 41 constitucional como se propone, concluirá la disputa también recurrente sobre la promoción del voto y la participación ciudadana, al señalar que durante el periodo en cuestión, tal promoción a la participación ciudadana corresponderá única y exclusivamente al Instituto Federal Electoral.

Decimoquinto. De acuerdo con el mismo precepto constitucional, los partidos políticos tienen como fin integrar la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público. Sin embargo, tal finalidad no ha logrado alcanzarse de manera equilibrada ni equitativa para sectores importantes de la sociedad, particularmente en el caso de las mujeres, grupo que abarca la mitad de la población nacional. No obstante que existen diversas disposiciones de orden legal que buscan el cumplimiento de tal propósito, es el caso que las mismas no han logrado los objetivos esperados, razón por la cual es preciso contemplar medidas adicionales de distinto orden que logren una mayor equidad en la integración de la representación popular en materia de género.

La presente reforma aborda el tema del financiamiento público a los partidos políticos. Para cualquier modificación significativa en esta temática es imposible soslayar el marco constitucional. Y si lo anterior es cierto para la reducción del citado financiamiento, también lo es para ampliar el marco conceptual de los propios rubros de financiamiento.

Ahora bien, en la reforma al financiamiento a los partidos políticos no sólo debe atenderse la demanda ciudadana por impedir sus excesos, sino que también debe introducirse un principio de racionalidad en su uso, que permita una mayor eficacia en el empleo de los recursos públicos. En ese tenor, la reforma incluye una modificación del inciso c) de la base II del artículo constitucional referido relativo a lo que en la ley se define como actividades específicas, a efecto de otorgar un monto de recursos adicionales equivalente al 10 por ciento del financiamiento ordinario permanente que reciba cada partido, en función de la representación política de las mujeres en el Congreso de la Unión, en los términos que establezca la ley.

Con ello se fomenta la participación de las mujeres en los órganos de representación federales, al establecer incentivos efectivos no sólo para aumentar el número de candidaturas de géneros diferentes, sino para que las mismas se traduzcan efectivamente en cargos de elección popular, siendo por tanto una medida que atiende a la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, en tanto que habrán de otorgarse en función de resultados concretos, como la representación efectiva de las mujeres en dichos órganos, y por se logra mejores resultados con menos recursos.

Decimosexto. Por último, se integran un conjunto de artículos transitorios que definan plazos y términos para la instrumentación de las reformas que motivan la presente reforma. En lo particular para efectos de lograr una reducción del financiamiento público que no signifique o redunde en afectaciones innecesarias a los propios actores y fuerzas políticas nacionales, tal reducción habrá de operar de manera gradual, a partir de 2008 en adelante, hasta alcanzar la meta definida por el propio artículo 41 constitucional reformado.

De conformidad con lo expuesto, presento ante la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41

[...]

II. [...] a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, y será equivalente a 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el año anterior. El 30 por ciento de la cantidad total que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70 por ciento restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior;

b) El financiamiento público para las actividades tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales en que se elija presidente de los Estados Unidos Mexicanos y legisladores del Congreso de la Unión, equivaldrá a una cantidad igual al monto del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese año.

En el año de elección en que se renueve únicamente a los integrantes de la Cámara de Diputados, el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, equivaldrá a 50 por ciento del monto de financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese año.

c) Se reintegrará un porcentaje de los gastos anuales que eroguen los partidos políticos por concepto de las actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, y se otorgará un monto adicional anual equivalente a 10 por ciento del financiamiento ordinario permanente a que tenga derecho cada partido político, por concepto de representación política de las mujeres en las Cámaras del Congreso de la Unión, en los términos que determine la ley.

La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

Toda autoridad federal, estatal, municipal o del Distrito Federal, incluidas las electorales, hacendarias, las instituciones financieras y bancarias, así como los partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, organizaciones, ciudadanos o cualquier persona física o moral, a quien se requiera información, elementos probatorios y documentación que se relacionen con lo señalado en el párrafo anterior, estará obligada a entregarla al órgano electoral competente en tiempo y forma, en los términos que establezca la ley. Los servidores públicos deberán guardar reserva sobre el contenido de la información que reciban en cumplimiento de esta facultad.

V. Las autoridades y órganos autónomos federales, estatales y municipales, y las del Distrito Federal, se abstendrán de hacer publicidad y propaganda, por cualquier medio, en materia de gestión, obra pública e imagen institucional, durante todo el periodo que abarque la campaña electoral federal, salvo lo relativo a los programas de protección civil derivados de una eventualidad o presencia de condiciones de riesgo a la población. Durante dicho período, corresponde únicamente al Instituto Federal Electoral la promoción de la participación ciudadana. Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo previsto en los artículos siguientes.

Segundo. En lo relativo a lo establecido en el artículo 41, base II, inciso a), del presente decreto, el monto de financiamiento público a los partidos políticos por actividades ordinarias permanentes se ajustará al siguiente calendario y porcentajes del Presupuesto de Egresos de la Federación:

Año Porcentaje del PEF del año anterior

2008 0.10

2009 0.09

2010 0.08

2011 0.07

2012 0.06

2013 0.05

Tercero. El Congreso de la Unión deberá adecuar las leyes federales correspondientes, a efecto de que se ajusten a lo dispuesto por el presente Decreto, en un plazo no mayor a seis meses a partir de su entrada en vigor.

Notas:

1 Análisis del sistema electoral mexicano. Informe del Grupo de Expertos, México, IFE-TEPJF-PNUD, ca. 1998, página 41.

2 José Woldenberg, La construcción de la democracia, México, Plaza & Janés, 2002, página 324.

3 En todos los casos se tomó como fuente principal la información contenida en las páginas de Internet de los organismos electorales de cada país. Asimismo, se recopiló información de la base de datos políticos de las Américas en http://pdba.georgetown.edu, así como del estudio Financiamiento a partidos políticos y campañas electorales en el mundo: datos comparativos, México, Cámara de Diputados: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2004.

4 Existen casos que modifican parcialmente tales factores, ya que --por ejemplo-- Perú combina ambos criterios, en tanto que El Salvador considera el número de votantes con una cuantía que se determina para cada elección.

5 De los países citados, y como se mencionó, Venezuela no otorga financiamiento directo. Asimismo, Honduras y Nicaragua, El Salvador, Uruguay y Chile no otorgan financiamiento permanente, por lo que tampoco se consideran. En los países restantes no existe información disponible.

6 ``Gastos e ingresos de los partidos y alianzas en la campaña de octubre de 2005'', junio de 2006, en www.poderciudadano.org.ar.

7 Para determinar los porcentajes se tomaron los datos de las resoluciones XXXXX del Consejo Nacional Electoral (www.cne.gov.bl), en la que se establecen los montos presupuestales y, en función de ello, el financiamiento a partidos.

8 Para la conversión se utilizó un tipo de cambio de 2.15 reales por dólar y de 11.00 pesos por dólar.

9 Véase la página del Tribunal Supremo de Justicia (www.tsj.go.cr), en cuyo apartado correspondiente a leyes, el artículo I transitorio del artículo 187 estableció una reducción para dejar el financiamiento en 0.10 del PIB.

10 Vid, www.inegi.gob.mx, en el apartado ``Estadísticas nacionales''.

11 Alejandro Poiré, ``Follow the money: local public funding and internal party transfers'', en Matthew S. Shugart y Weffrey Weldon, comp., What kind of democracy as Mexico?

12 Conforme a las encuestas levantadas por Consulta Mitofsky de 2004 a 2006, la calificación que los ciudadanos otorgan a los partidos políticos es de 4.9 a 6.2, ubicándose en el antepenúltimo lugar de las 19 instituciones sobre las que se consultó y sólo por encima de los sindicatos y los diputados. Por su parte, la tercera encuesta nacional sobre cultura y participación política, de 2005, señala que para 55 por ciento de los ciudadanos los partidos políticos resultan poco o nada necesarios para que el país mejore.

13 De acuerdo con Latinobarómetro 2006, sólo 22 por ciento de los encuestados en América Latina considera tener ``mucha'' o ``algo'' de confianza en los partidos políticos.

14 Daniel Zovatto, Dinero y política en América Latina. Una visión comparada, San José, Flacso, 2004, página 31.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.--- Diputada Marina Arvizu Rivas (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Muchas gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia saluda cordialmente a los alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro que nos visitan, y al diputado Ector Jaime Ramírez Barba , quien los ha invitado. Y damos la bienvenida a los alumnos de la escuela primaria Selma Lagerlöf. Muchas gracias por habernos visitado.

LEY GENERAL DE POBLACION

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado Cruz Pérez Cuéllar , del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 118, 119, 120 y 123 de la Ley General de Población.

El diputado Cruz Pérez Cuéllar:Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: el suscrito diputado Cruz Pérez Cuéllar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanossomete a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente decreto que reforma los artículos 118, 119, 120 y 123 de la Ley General de Población, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

Subo a esta tribuna para hablar sobre un asunto que de antemano sabemos que es una preocupación general de los distintos partidos políticos aquí representados y de una demanda social que ha permanecido al margen, que es la situación de los migrantes que ingresan en territorio mexicano de forma ilegal.

En efecto, mediante el documento México frente al fenómeno migratorio, un grupo integrado por funcionarios del gobierno, encargados de la gestión de este fenómeno, senadores y diputados, académicos, expertos en asuntos migratorios y representantes de organismos de la sociedad civil acordaron iniciar un esfuerzo conducente a la consolidación de una política migratoria nacional a partir de un diagnóstico y plataforma comunes.

Se establecieron algunos principios y compromisos que deben ser atendidos, por ejemplo, principios como desarrollar y aplicar leyes y políticas migratorias con pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y de sus familiares, independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio y compromisos; evaluar y actualizar la actual política migratoria del Estado mexicano, así como su marco legal y normativo ante las nuevas realidades regionales e internacionales en materia de inmigración, transmigración y emigración, con un horizonte de 15 a 20 años.

Lo anterior, compañeros diputados, viene a colación ante el evidente rezago en que se ubica actualmente la Ley General de Población, vigente desde 1975, sobre un asunto que debe ocuparnos no sólo por los principios y compromisos arriba descritos y asumidos, sino por un sentido elemental de congruencia y respeto a los derechos fundamentales de todos los migrantes, esto es, el trato que se da a los migrantes extranjeros que se internan en territorio mexicano de forma irregular.

Según cifras del Instituto Nacional de Migración, en los últimos cuatro años han aumentado considerablemente las detenciones de indocumentados extranjeros que se internan en suelo mexicano.

Lo anterior indica claramente la magnitud del desafío que las autoridades mexicanas enfrentan y, más aún, la trascendencia de renovar ciertos aspectos de la Ley General de Población; en este caso, con la intención de garantizar siempre y en todo momento la protección y salvaguarda de sus derechos fundamentales.

En apenas cuatro años se ha duplicado el número de indocumentados devueltos por México a su país de origen, lo que resulta en un llamado urgente de atención. Dicha atención adquiere también su especial importancia en el marco de la negociación o impulso por una reforma migratoria en Estados Unidos.

Como ejemplo, resulta conveniente mencionar y recordar lo ocurrido durante la presentación de la llamada HR 5523, iniciativa de ley presentada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el congresista John Linder. Dicha iniciativa, irónicamente, pretende trasladar ciertas restricciones y endurecer las políticas de entrada de inmigrantes en territorio estadounidense, tal y como lo establece la Ley General de Población mexicana.

De hecho, en una visita que realizamos al Congreso de Estados Unidos, varios legisladores que apoyan o impulsan una reforma migratoria en Estados Unidos, que proteja los derechos de los migrantes mexicanos o latinoamericanos, argumentaron que los congresistas más conservadores de Estados Unidos usan la Ley de Población mexicana como su principal argumento; y esta iniciativa es una copia de la Ley de Población de nuestro país.

En efecto, llama la atención cómo en Estados Unidos, país con el que la migración ocupa un espacio trascendental en la agenda bilateral, y donde el respeto a la dignidad y derechos de nuestros migrantes es un tema permanente, se propusiera incorporar ciertos elementos de nuestra Ley General de Población para fortalecer la legislación migratoria de dicho país.

Sin duda, nuestra Ley de Población debe ser urgentemente revisada, pues se encuentra francamente rebasada por el contexto actual.

De manera específica, debemos revisar el trato que la propia ley establece para los migrantes extranjeros que se internan en territorio mexicano de manera irregular. El principio de partida debe ser el mismo que se exige. La búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida no es un crimen.

Como sabemos, el derecho penal garantista tiene como fin la protección de bienes jurídicos fundamentales. Por ello, si tomamos en consideración que el objeto de la Ley General de Población es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social, resulta necesario reflexionar respecto sobre si la legislación migratoria en la actualidad, particularmente los delitos especiales previstos por la norma, se encuentran adecuados a la nueva realidad social y política por la que atraviesa nuestro país, así como si llega a cumplir los fines para los que se creó en un inicio.

De esta forma, actualmente resulta obligado replantear algunas disposiciones penales previstas en la norma que se estima han quedado rebasados y no son propios de un Estado democrático de derecho, bajo la óptica de que no cualquier infracción a las disposiciones migratorias debe implicar una conducta delictiva.

En efecto, la facultad punitiva del Estado sólo debe funcionar como última instancia y en aquellos casos en donde la conducta cometida implique la conculcación de los valores fundamentales de la sociedad.

En tal virtud, se plantean reformas para despenalizar conductas migratorias que hoy se consideran un delito y que están sirviendo de pretexto para que los más radicales en Estados Unidos ataquen a los migrantes mexicanos y latinoamericanos.

Finalmente, cabe reiterar que resulta este esquema actualmente rebasado y no corresponde a una visión de Estado caracterizada por altos flujos migratorios que dirigen tanto tránsito y estancia; por lo tanto estamos proponiendo esta iniciativa de ley.

Solicitamos que se inserte íntegro el texto, señora Presidenta, en el Diario de los Debates y los exhortamos a apoyarla para ser congruentes con lo que estamos exigiendo en Estados Unidos, para no ser ``candil de la calle y oscuridad de la casa''. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 118, 119, 120 y 123 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Cruz Pérez Cuéllar , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados decreto que reforma los artículos 118, 119, 120 y 123 de la Ley General de Población, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Compañeros diputados, subo a esta tribuna para presentar una iniciativa de ley sobre un asunto que, de antemano sabemos, es un preocupación general de los distintos partidos políticos aquí representados, y de una demanda social que a permanecido al margen: la situación de los migrantes que se internan de forma ilegal en territorio mexicano.

En efecto, mediante el documento México frente al fenómeno migratorio --por el que un grupo integrado por funcionarios del gobierno encargados de la gestión del fenómeno migratorio, senadores y diputados, académicos, expertos en asuntos migratorios y representantes de organismos de la sociedad civil acordó iniciar un esfuerzo conducente a la consolidación de una política migratoria nacional, a partir de un diagnóstico y plataforma comunes-- se establecieron algunos principios y compromiso que deben atendidos, como

- Principios como desarrollar y aplicar leyes y políticas migratorias, con pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y de sus familiares, independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio

- Y compromisos como evaluar y actualizar la actual política migratoria del Estado mexicano, así como su marco legal y normativo, ante las nuevas realidades regionales e internacionales en materia de inmigración, trasmigración y emigración, con un horizonte de 15 a 20 años

Lo anterior, compañeros diputados, viene a colación ante el evidente rezago en que se ubica actualmente la Ley General de Población, vigente desde 1975, sobre un asunto que debe ocuparnos no sólo por los principios y compromisos arriba descritos y asumidos, sino por un sentido elemental de congruencia y respeto de los derechos fundamentales de todos los migrantes; esto es, el trato que se da a los migrantes extranjeros que se internan de forma irregular en territorio mexicano.

Según cifras del Institutito Nacional de Migración, en los últimos cuatro años han aumentado considerablemente las detenciones de indocumentados extranjeros que se internan en suelo mexicano:

En 1995 se reportaron 103 mil indocumentados devueltos por México a su país de origen. En 2002, el número fue de 110 mil, en 2003 de 178 mil, en 2004 211 mil, y para 2005 se registraron ya 232 mil indocumentados devueltos. Lo anterior indica claramente la magnitud del desafío que las autoridades mexicanas enfrentan y, más aún, la trascendencia de renovar ciertos aspectos de la Ley General de Población, en este caso, con la intención de garantizar en todo momento la protección y salvaguarda de sus derechos fundamentales. En apenas, cuatro años se ha duplicado el número de indocumentados devueltos por México a su país de origen, lo que resulta en un llamado urgente de atención.

Dicha atención adquiere también su especial importancia en el marco de la negociación o impulso por una reforma migratoria en Estados Unidos.

Como ejemplo, resulta conveniente mencionar lo ocurrido durante la presentación de la llamada ``US General Population Act'', o HR 5523, iniciativa de ley presentada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el congresista John Linder.

Dicha iniciativa, irónicamente, pretende trasladar ciertas restricciones y endurecer las políticas de entrada de inmigrantes en territorio estadounidense, ``tal y como lo establece la Ley General de Población.''. Entre otras, cosas, dicha iniciativa pretende

Facultar al Departamento de Seguridad Interna para regular la asimilación de los migrantes a la cultura estadounidense

Fortalecer al gobierno para regular la entrada y la salida de migrantes del territorio estadounidense.

Endurecer la prohibición para la entrada de migrantes ilegales

Aumentar las penas por violar disposiciones legales migratorias y para quienes reincidan en dichas violaciones

En efecto, llama la atención cómo en Estados Unidos, país con el que la migración ocupa un espacio trascendental en la agenda bilateral, y donde el respeto de la dignidad y de los derechos de nuestro migrantes es un tema permanente, se propusiera incorporar ciertos elementos de la Ley General de Población para fortalecer la legislación migratoria en dicho país.

Sin duda, la Ley General de Población, por lo que a migración se refiere, debe ser urgentemente revisada, pues se encuentra francamente rebasada por el contexto actual. De manera específica, debemos revisar el trato que la propia ley establece para los migrantes extranjeros que se internan de manera irregular en territorio mexicano. El principio de partida debe ser el mismo que se exige: la búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida no es un crimen.

Como sabemos, el derecho penal garantista tiene como fin la protección de bienes jurídicos fundamentales. Por ello, si tomamos en consideración que el objeto de la Ley General de Población es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social, resulta necesario reflexionar si la legislación migratoria en la actualidad, particularmente los delitos especiales previstos por la norma, se encuentran adecuados a la nueva realidad social y política por la que atraviesa nuestro país, así como si llega a cumplir los fines para los que se creó.

De esa forma, actualmente resulta obligado replantear algunas disposiciones penales previstas en la norma que se estima que han quedado rebasadas y no son propias de un estado democrático de derecho, desde la óptica de que no cualquier infracción de las disposiciones migratorias debe implicar una conducta delictiva.

En efecto, la facultad punitiva del Estado sólo debe funcionar como última instancia y en los casos en que la conducta cometida implique la conculcación de los valores fundamentales de la sociedad.

Desde un sentido de responsabilidad y congruencia en el tema migratorio, se proponen diversas reformas de la Ley General de Población a fin de destipificar determinadas conductas que en la actualidad, de manera excesiva, son consideradas delictivas, cuando en realidad constituyen meras infracciones de naturaleza administrativa, que deben ser conocidas por una vía distinta de la penal.

En tal virtud se plantean las siguientes reformas:

En el artículo 118, que actualmente sanciona con hasta 10 años de prisión al extranjero que habiendo sido expulsado se interne nuevamente en el territorio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión, se propone sustituir la pena de prisión por una multa, al considerarse que la reinternación en sí misma constituye, más que un delito, una infracción administrativa de las reglas de internación, que debe ser sancionada por la vía administrativa, a través de una multa, con independencia de la deportación que al efecto se realice.

Lo anterior, en virtud de que no podemos trasladar a la vía penal cuestiones propias de violaciones de disposiciones administrativas encargadas de regular lo relativo al adecuado registro de los controles migratorios.

En suma, se propone eliminar la pena de prisión y se actualiza el monto de la multa, la cual además es convertida de cantidades en pesos a días multa, a fin de mantenerla permanentemente vigente, de tal manera que en nada afecte el valor que durante el transcurso del tiempo sufra el peso, sino que la sanción económica por imponer sea acorde con el salario mínimo vigente en el Distrito Federal que rija al momento en que se cometa el hecho ilícito.

Sin embargo, se separan los dos supuestos que estaban contenidos en el único párrafo del artículo 118, y se crea un segundo párrafo en el que se recoge el segundo supuesto previsto en el texto vigente, que si bien sigue siendo sancionado con pena privativa de la libertad, por considerar que de la conducta descrita se advierte que el extranjero burla o pretende burlar la buena fe de las autoridades migratorias, no expresando u ocultando que antes fue expulsado; empero, se modifica el rango de punibilidad respecto a la pena privativa de libertad, en virtud de que el máximo previsto en la anterior disposición resulta por demás excesivo.

De igual forma, se modifica el monto de la multa, la cual además es convertida de cantidades en pesos a días multa, a fin de mantenerla permanentemente vigente.

En el caso de lo previsto en el artículo 119, que actualmente sanciona penalmente al extranjero que habiendo obtenido legalmente autorización para internarse en el país, por incumplimiento o violación de las disposiciones administrativas o legales a que se condicionó su estancia, se encuentre ilegalmente en el mismo, se destipifica esta conducta por estimarse que, más que un delito, se trata de una infracción administrativa que no trastoca bien jurídico alguno que deba ser sancionado por el derecho penal. Asimismo, se modifica la multa, la cual además es convertida de cantidades en pesos a días multa, a fin de mantenerla permanentemente vigente.

Respecto a lo previsto en el artículo 120, que actualmente sanciona con pena de prisión al extranjero que realice actividades para las cuales no esté autorizado conforme a la ley o al permiso de internación que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado, se destipifica dicho delito por considerarse que la naturaleza de esa conducta implica, más que un delito, una infracción administrativa que no trastoca bien jurídico alguno que deba sancionarse por la vía penal. Por ello se propone eliminar la pena de prisión y sancionar tal hipótesis sólo con multa, que es convertida de cantidades en pesos a días multa, a fin de mantenerla permanentemente vigente.

En el caso del artículo 123, que actualmente sanciona penalmente al extranjero que se interne ilegalmente en el país, se estima que dicha disposición resulta excesiva y en determinado momento se llegó a abusar de ella, al pretender criminalizar conductas que, más que implicar una afectación de orden penal, constituyen una infracción de naturaleza administrativa, toda vez que con ella no se trastoca bien jurídico alguno que deba tutelarse por el derecho penal, por lo que se propone su destipificación y se modifica la multa correspondiente, la cual pasa de considerarse en pesos a días multa, a fin de mantenerla permanentemente vigente.

Como se observa, la intención de la presente iniciativa parte tanto de un principio como de un objetivo claro. Por un lado, modernizar y adecuar la Ley General de Población en cuanto a la internación irregular de migrantes se refiere, desde una perspectiva de congruencia y humanismo; es decir, ofrecer aquí lo que se pide para los nuestros. Por otro lado, perfeccionar nuestro marco jurídico, que actualmente resulta rebasado y no corresponde a una visión de Estado caracterizado por altos flujos migratorios, tanto de origen, tránsito y estancia. De esa forma, se establece una base sobre la cual seguir legislando en beneficio de todos los migrantes.

Por lo anterior, y en ejercicio de las facultades otorgadas en los artículos citados, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 118, 119, 120 y 123 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 118. Se impondrán hasta quinientos días multa al extranjero que habiendo sido expulsado se interne nuevamente en el territorio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión.

Se impondrán de uno a cuatro años de prisión y de cien a quinientos días multa al extranjero que no exprese u oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga nuevo permiso de internación.

Artículo 119. Se impondrán hasta quinientos días multa al extranjero que habiendo obtenido legalmente autorización para internarse en el país, por incumplimiento o violación de las disposiciones administrativas o legales a que se condicionó su estancia se encuentre ilegalmente en el mismo.

Artículo 120. Se impondrán hasta trescientos días multa al extranjero que realice actividades para las cuales no esté autorizado conforme a esta ley o al permiso de internación que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado.

Artículo 123. Se impondrán hasta quinientos días multa al extranjero que se interne ilegalmente en el país.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto, los procedimientos penales y las sentencias que se estén substanciando o ejecutando contra alguna persona por los delitos objeto de la presente reforma quedarán sin efecto.

Diputado Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Sonido en la curul del diputado Cuauhtémoc Sandoval.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez(desde la curul): Sí, Presidenta: Nada más para felicitar la iniciativa que ha presentado el diputado Cruz Pérez Cuellar, y ya que entremos a discutirla, realmente despenalizarla por completo, pero en principio es muy buen avance y quería hacer esta felicitación pública. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias a usted, señor diputado.

ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado Raciel Pérez Cruz , del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Raciel Pérez Cruz:Muchas gracias, ciudadana Presidenta; compañeras y compañeros diputados: con fundamento en lo dispuesto por la normatividad que nos rige, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de las siguientes consideraciones.

Parto de la premisa de que el ayuntamiento debe ser el órgano de gobierno que represente los intereses de la comunidad municipal y constituye una fuente fundamental de la soberanía popular.

Debo aclarar que esta iniciativa considera la contrastante diversidad de municipios que representa los intereses de la comunidad municipal y que existen en nuestro país. Es entonces imposible que esta iniciativa contemple las condiciones y necesidades de todos los municipios del país, por lo que excluye de su espectro la situación de los municipios rurales e indígenas que demandan análisis y respuestas específicas.

Esta iniciativa está dirigida a los municipios que atraviesan por un rápido proceso de desarrollo económico y en donde se ha generado un aparato municipal de gobierno complejo. De manera gradual se ha producido una intensa revaloración pública de los gobiernos municipales, revaloración que se puede constatar por su presencia cotidiana en los medios de comunicación y en el debate académico.

El municipio ha sido estudiado con minuciosidad en su labor administrativa. Los gobiernos municipales se han convertido en un espacio intenso de interacción con el ciudadano, quien contribuye a su financiamiento y recibe directamente sus servicios y obras públicas. Las administraciones municipales han crecido como aparatos y han incrementado sus capacidades instrumentales y de recaudación.

Sin embargo, la descentralización y modernización del municipio no han seguido los mismos ritmos que la promoción de prácticas democráticas en el funcionamiento de los ayuntamientos. El fortalecimiento de la hacienda municipal por sí misma no constituye una relación democrática con la sociedad ni define una mejor calidad de la representación política.

En los últimos años, en el país se han producido cambios importantes en la configuración de su estructura institucional; cambios costosos y complejos que han producido un nuevo equilibrio de poderes; cambios que deben involucrar también a los gobiernos municipales porque son indudablemente instituciones asociadas a la gobernabilidad.

Las estructuras de poder en el municipio han sido las últimas en avanzar en la dinámica del cambio institucional del país. Las administraciones municipales carecen de políticas e instrumentos de continuidad; sus acciones siguen ligadas al corto plazo, a las necesidades inmediatas, a atender demandas urgentes o promesas de campaña electoral desligadas de cualquier estrategia de desarrollo regional o federal.

Basta con revisar las páginas de algún periódico de circulación nacional o local para darnos cuenta de las múltiples problemáticas que aquejan la vida municipal: finanzas municipales quebradas, nepotismo, falta de transparencia en la administración de sus recursos, sueldos onerosos e inmorales, servicios deficientes o inexistentes.

Incluso desde hace algún tiempo se ha iniciado la discusión en los círculos académicos y políticos sobre la posibilidad de promover la reelección inmediata de los presidentes municipales o de ampliar el periodo de su ejercicio.

Sostengo que ésa es una discusión desfasada, porque antes debemos llamar la atención sobre la necesidad de actualizar la vida institucional de nuestros municipios. Desde esta tribuna hacemos un cuestionamiento a la capacidad de los gobiernos municipales para incorporar la pluralidad de intereses y demandas sociales a la toma de decisiones. Ni la competitividad electoral ni la alternancia política municipal han modernizado sus estructuras de poder.

La vida de nuestros municipios se asienta sobre una herencia que pertenece al modelo autoritario del sistema político que impone fuertes restricciones a la representación política y a la participación ciudadana. La fundamentación de la representación política en nuestros municipios radica en las reglas de integración de los cabildos, establecidas por la legislación electoral de los estados, donde predomina un modelo de características uniformes, elección de los integrantes del ayuntamiento por medio de una planilla bloqueada y cerrada, y un sistema mixto entre mayoría relativa y seudo representación proporcional.

La integración virtualmente monopartidista de los cabildos permite al partido ganador imponer absolutamente sus decisiones a una débil minoría. Más aún, cancela la posibilidad de la negociación política de las decisiones que en los hechos se traduce en una prerrogativa del partido mayoritario.

En los reglamentos municipales no existen niveles mínimos de aprobación, tal como sucede en los congresos estatales o en las cámaras federales, donde determinadas decisiones requieren de tres cuartas partes de la votación para ser aprobadas.

Es incorrecto que a los regidores de los partidos minoritarios se les denomine de representación proporcional, cuando son en realidad regidores de un sistema presidencialista de mayoría absoluta. Por eso, desde esta tribuna señalamos que las legislaciones de los estados no han cumplido con el principio de representación proporcional en la integración de los ayuntamientos, tal y como lo establece la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución federal desde 1983. Persiste en nuestros municipios una estructura presidencialista que concede al presidente municipal atribuciones excesivas.

Concluyo, ciudadana Presidenta; honorable Asamblea, esta iniciativa plantea que en tanto no existe diferencia entre el Poder Ejecutivo municipal y la asamblea que forma el ayuntamiento con sus respectivas atribuciones y facultades específicas ni tampoco existen delimitaciones territoriales, es decir, distritos electorales municipales, la asignación de síndicos y regidores municipales debe obedecer a la vía de la representación proporcional pura, es decir, directamente proporcional a la votación que cada partido obtenga.

La modernización política de los ayuntamientos pasa necesariamente por la construcción de mecanismos que permitan sentar las bases para una efectiva representación de todos los integrantes del cabildo. Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de Decreto.

Único. Se reforma el primer párrafo de la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 115. Fracción VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional pura en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios, eligiendo por planilla separada al presidente municipal de los otros integrantes del cabildo.

Es cuanto, ciudadana Presidenta. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raciel Pérez Cruz , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Ley Fundamental y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La segunda semana del mes de febrero, presente al pleno de esta soberanía una iniciativa de reforma constitucional al artículo 115. El propósito, que la aprobación del presupuesto municipal, fuera facultad exclusiva de síndicos y regidores a propuesta del proyecto de presupuesto enviado por el presidente municipal.

Entre otras cosas, mencione que desde la perspectiva histórica, la Revolución mexicana a pesar de ser un movimiento rural y campesino, contra el poder del centro, resultó un sistema político más centralizado. Y de esta manera los gobiernos locales de las entidades federativas se consolidaran con un corte administrativo y burocrático. Reproduciendo esquemas en distintos niveles del poder presidencialista mexicano.

Signifique los avances cuantitativos de las reformas constitucionales de 1982 y 1983, que si bien son relevantes, en cuanto a la amplitud de facultades que confieren al municipio, solo se plantearon pensando en municipios con una alta cantidad de toda índole de recursos. Pero mantuvieron en la indefinición la organización de las partes del gobierno municipal y sus facultades o atribuciones.

Señalé básicamente que en los tribunales federales, los conflictos de municipios como de los gobiernos estatales se evidencian en la asignación presupuestal participable, tal como lo establece el artículo 73 constitucional.

Indique también el crecimiento poblacional de los municipios con sus repercusiones sociales y económicas; identificado en 55 zonas metropolitanas que integran actualmente a cientos de municipios con decenas de millones de habitantes.

En conclusión, formulé que la organización municipal se basa unilateralmente en las sobre atribuciones que ejerce el presidente sobre la administración del municipio y la concentración de poder que ejerce para dirigir al ayuntamiento como jefe de la asamblea. Al no definirse en el artículo 115 de la constitución, ninguna potestad de los integrantes del ayuntamiento.

En esta ocasión, hago uso de esta tribuna para plantear otra iniciativa de reforma al 115 constitucional sobre otro de los rezagos del ayuntamiento relacionado con el de su representación, bajo las siguientes consideraciones.

1. Por lo que respecta al tema de estructura del ayuntamiento y los procesos electorales de representación, no ha habido tampoco ningún cambio reforma o modificación al artículo 115 constitucional, aspecto necesario para fortalecer y acrecentar otras políticas como la de planificación; las formas de relación intergubernamental; la planificación del desarrollo en el ámbito municipal y la gestación e implementación y evaluación de las políticas locales.

2. La anacronía existente si se considera que al establecerse por primera vez el artículo 115, en el año de 1917 éramos sólo 14 millones de habitantes, cifra que se mantuvo con un crecimiento escaso hasta ya entrado el año de 1930 con tan sólo 16 millones de mexicanos.

Por otro lado, en la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, alentada con la expectativa de un gobierno de alternancia en el año 2000 y que finalmente quedo sólo en papel planteó lo siguiente:

Construir un federalismo autentico en el que se reivindique el carácter libre y soberano de los estados de la federación como entidades creadoras del Pacto Federal

Considerar al municipio como parte integrante de la federación y como depositario de la soberanía popular

Definir al ayuntamiento como el órgano de gobierno que representa los intereses de la comunidad municipal, fuente de la soberanía popular

Como resultado de éstos y otros principios fundamentales de la republica, y considerando la uniformidad del texto constitucional en contraposición, con la pluralidad o heterogeneidad municipal, esta Comisión para la Reforma del Estado definió la agenda de reforma municipal básicamente en tres temas:

Redefinición del poder municipal

Creación de nuevos municipios

Reforma de los sistemas electorales municipales...

Sobre este último tema conviene advertir, como lo señala Sartori, en su estudio sobre los sistemas electorales y definiciones de partidos políticos, cuando se refiere a la integración de los parlamentos de Estados o Repúblicas; que conceptualmente hablando un sistema electoral básicamente se divide en mayoritario y proporcional y si se vota por una persona o no. Lo que señala, constituye una cuestión de grado y que admite combinaciones.

Siguiendo al teórico político, en un sistema mayoritario el ganador se queda con todo, la elección del votante es canalizada y finalmente limitada a una alternativa; en el sistema mayoritario se proponen candidatos individuales o personas; en este mismo sistema existe mayoría absoluta 50% más uno o mayoría relativa o una pluralidad, esto es el mayor numero de votos.

Por lo que respecta al sistema proporcional, también siguiendo al filósofo político, el triunfo se comparte y sencillamente se requiere de porcentaje electoral o de un cociente natural; los votantes no están obligados a concentrar su voto y las posibilidades de elegir son muchas y en este sistema se proponen listas.

4. En función de lo anterior, conviene señalar que el municipio mas que ser una jurisdicción de distritos electorales, para la representación e integración de una asamblea o parlamento, como si lo es un distrito federal o local, es una comunidad política de intereses comunes, por lo que resulta contraproducente y un exceso, la representación actual en casi todos los municipios mexicanos.

La integración del ayuntamiento por las vías de la representación proporcional y mayoritaria, queda anulada, pues como lo expuse más arriba, no existe una delimitación o definición de atribuciones y facultades entre el presidente municipal, síndicos y regidores, sean o no de mayoría; pues el presidente municipal duplica funciones como jefe exclusivo de la administración municipal y también quien preside el ayuntamiento, aunado a la inexistencia de distritos electorales municipales que representen los espacios asignados en el ayuntamiento.

La naturaleza original de la actual integración municipal obedece a un sistema de partido hegemónico, ahora representado por cualquier partido político que obtenga el triunfo de la planilla de presidente municipal. Tomo ejemplos de distintas entidades del país y de las tres principales fuerzas políticas.

En todos los casos citados, la planilla que resulta ganadora, integra al presidente municipal, síndicos y regidores, tiene por sí misma mayoría absoluta, es decir tiene asegurado el 50% más uno de los integrantes del ayuntamiento pues pertenecen a un mismo partido político, repito, la representación mayoritaria proporcional o mixta se cancela al no existir dentro del gobierno del ayuntamiento, la figura de un sistema diferenciado entre el poder ejecutivo (presidente municipal y jefe de la administración municipal) y el de una asamblea deliberante (síndicos y regidores) pues el primero representa a ambas.

Por lo que la asignación de síndicos y regidores de representación proporcional se remiten a ser solo una concesión para los partidos políticos que no ganan la elección de presidente municipal; sin ninguna facultad relevante o la de compartir gobierno. Tenemos por lo tanto en la figura del gobierno municipal un híbrido de representación mayoritaria y proporcional sumamente confuso.

Otra contradicción estriba en que los procesos de elección interna de los partidos políticos, son dirigidos por los mismos y manejados de manera arbitraria; por lo tanto la mayoría de las veces son procesos internos cerrados de los partidos al electorado que elige y básicamente vota únicamente por el candidato a presidente municipal.

5. En función de lo anterior, esta iniciativa plantea que en tanto no existe diferencia entre el poder ejecutivo municipal y la asamblea que forma el ayuntamiento, con sus respectivas atribuciones y facultades especificas; además ni tampoco existan delimitaciones territoriales distritos-electorales-municipales, la asignación de síndicos y regidores municipales debe obedecer a la vía de la representación proporcional pura, es decir proporcional a la votación.

Y que derivado de lo anterior, la elección del ayuntamiento se realice en boletas separadas: por un lado la elección de presidente municipal y en otro por planillas para elegir al resto del cabildo. Esta propuesta permitiría tener un sistema diferenciado de elección entre el poder ejecutivo municipal y el de una asamblea deliberante. Orillando a los partidos políticos a democratizar sus procesos de integración de candidatos; permitir al electorado un mayor número de posibilidades de elegir cuando vota; democratizar a través de la representación plural la vida política de los municipios y otorgaría una mayor legitimidad a la representación de los integrantes del ayuntamiento evitando con ello mayorías sobredimensionadas.

La representación en el ayuntamiento del partido político que obtuviera la mayoría y de los que no lo fueran, estaría en función, dependiendo de los votos obtenidos en todo el municipio; la mayoría podría ser absoluta (50% más uno), o una mayoría relativa o plural (esto es sólo de mayor número de votos).

Compañeros diputados: en ambos métodos la representación mayoritaria o proporcional de los ayuntamientos de los municipios del país, prevalece un abuso correspondiente a un legado de autoridad hegemónica; pues esta representación no se fundamenta en una delimitación territorial-electoral, ya fuese para un sistema de mayoría o proporcional y también debido a la falta de normatividad en el articulo 115 de la Constitución que defina las atribuciones del ayuntamiento.

La prioridad de la reforma al 115 constitucional comienza por reconocer, como algunos lo han planteado, el indiscutible e impostergable reconocimiento al municipio, como uno más de los Poderes de la Unión.

Deuda del artículo 39 de la Suprema Ley con nuestros municipios. Pues del municipio emana el poder originario soberano de la comunidad política; célula a su vez de la conformación de toda la República.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma que reforma la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. a VII. ...

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional pura en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios, eligiendo por planilla separada al presidente municipal de los otros integrantes del cabildo.

...

IX. Derogada

X. Derogada

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.--- Diputado Raciel Pérez Cruz (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la tribuna al diputado Israel Beltrán Montes , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

El diputado Israel Beltrán Montes:Con su permiso, diputada Presidenta: al presentar esta iniciativa con proyecto de decreto que someto a la consideración del honorable Pleno, solicito atentamente que se sirva ordenar la publicación del texto íntegro en el Diario de los Debates conforme se encuentra inserto en la Gaceta Parlamentaria.

Señoras y señores legisladores: el suscrito, diputado Israel Beltrán Montes , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia conforme a las siguientes consideraciones.

Al promulgarse, el 15 de enero de 2002, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia tuvimos un avance significativo en el proceso de regular el crédito y minimizar el riesgo crediticio, porque al proporcionar información que ayuda a conocer el comportamiento en el pago de empresas y personas físicas, otorga determinadas garantías al cliente deudor contribuyendo a formar la cultura del crédito entre la población e impulsar el desarrollo general del país. No obstante experiencias previas y posteriores a su vigencia han demostrado que siguen existiendo desequilibrios e iniquidades en perjuicio del sector de los deudores. La economía del presente se caracteriza, de manera significativa, por una masificación del crédito, entre las manifestaciones distintivas de la globalización y el vertiginoso desarrollo tecnológico en que vivimos. Es común el uso de ``dinero de plástico'', como se denomina al crédito que se ejerce mediante tarjetas de crédito y la comercialización a través de los medios electrónicos y televisivos, cada día más intensa.

Estos procesos, lo podemos constatar, se han visto acompañados de prácticas abusivas y crisis cíclicas que ponen en peligro no sólo la economía de los deudores, sino la economía nacional en su conjunto.

La crisis económica que sufrió nuestro país en 1994 --según opinión de los expertos-- tuvo entre sus causas el crecimiento desmesurado del crédito a través del uso de tarjetas, práctica que, no obstante haber coadyuvado a que los efectos de la devaluación de ese año no fueran tan desastrosos, también puso en claro que la insolvencia generalizada de millones de familias generó, a su vez, la crisis en todo el sistema bancario.

Pudo así confirmarse que el crecimiento desmedido y sin salvaguardias del dinero de plástico puede crear la ilusión de una mejoría en el nivel de vida hasta que se llegue al nivel de incapacidad de pago, que puede degenerar en la quiebra real o virtual de los deudores y, según el grado de su alcance, causar un efecto catastrófico en la economía nacional, como el de 1994, que impactó nuestro desarrollo económico durante varios años; experiencia que no puede ser olvidada.

A principios del año en curso, el Banco de México reveló que el saldo de la cartera vencida en tarjetas de crédito creció desmesuradamente, al pasar de dos mil 114 millones de pesos en noviembre de 2000 a 12 mil 131.8 millones de pesos en 2006, casi seis veces más, mostrando un crecimiento exponencial.

Estamos inmersos en una agresiva política de oferta de créditos por instituciones financieras y empresas comerciales, que con hábiles promociones de mercadotecnia, como son las ofertas de productos en pagos mensuales sin cargo de intereses, tarjetas de crédito y otro tipo de concesiones crediticias, prácticamente sin exigir requisitos, imprimen una dinámica de consumo excesivo que deriva, como confirman las cifras del Banco de México, en la morosidad en el pago entre los usuarios de tarjetas de crédito, fenómeno que muestra índices de crecimiento como no se contemplaban desde 1994.

Lo anterior propicia campañas no sólo agresivas sino amenazantes y ofensivas contra quienes --seducidos por la ilusión del crédito-- han caído en la desgracia de la morosidad en los pagos, pues basta el incumplimiento de una mensualidad para que se pongan en operación por un sistema de grabaciones telefónicas repetidas hasta el cansancio, advertencias que hacen empleados adiestrados en la manipulación personal, la presión psicológica y la amenaza; o bien, recordatorios por vías telegráfica o postal.

Agregado a todo lo anterior, el cobro exagerado de comisiones, intereses moratorios, gastos de cobranza, que agravan todavía más la situación crediticia y crítica, y posición en desventaja de los deudores que así son explotados sin medida, sin ética y muchas veces impunemente.

El 12 de febrero el periódico unomásuno consigna: ``El abuso en el cobro de comisiones por uso de servicios bancarios dejó a los bancos y otras instituciones financieras ingresos por 12 mil 520 millones de pesos, lo que representó el 27.8 por ciento de sus ingresos totales, y que los ingresos por comisiones netas por las actividades de intermediación arrojaron utilidades de 402 millones de pesos en el mismo periodo. Todo ese capital, en detrimento de los usuarios''.

Lamentablemente la ley en la materia es un mecanismo pensado, creado y operado para el beneficio de las entidades financieras y las empresas comerciales, que sólo marginal y tibiamente se ocupa de la tutela y salvaguardar de los derechos de los deudores.

Al registrarse en el buró de crédito el adeudo vencido de un cliente deudor, sin que él haya tenido participación alguna en el proceso, sin haber sido notificado o escuchado para hacer las aclaraciones pertinentes, además de que pasa por alto la aplicación de derechos importantes, como los relativos al secretario financiero y al aspecto de confidencia que se está causando un daño evidente, porque además de ocasionarle desprestigio personal e impedirle acceder a más créditos, se afecta su economía y desempeño. Le suplicaría, si me puede extender un minuto más su tiempo.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Adelante.

El diputado Israel Beltrán Montes : Por eso proponemos que el cliente deudor reciba información oportuna sobre algún adeudo en cartera vencida y que sea escuchado para defenderse y pueda aplicar oportunamente el recurso de reclamación. Por tal motivo se expresa de esta manera el siguiente decreto.

Único. Se adiciona una fracción VIII al artículo 2o., recorriendo en su orden las numerales de las fracciones subsecuentes; se reforma el párrafo segundo y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 5o.; se reforma el artículo 23, en sus párrafos primero y segundo; se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes y se reforma el párrafo final del artículo 28; se reforma el párrafo primero del artículo 29; se reforma el último párrafo del artículo 30; se adicionan los párrafos tercero y cuarto del artículo 38; y se reforman los artículos 44, 45, párrafos primero y segundo, 51 y 52, párrafo primero, y 53, fracción I, todos de esa Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Israel Beltrán Montes , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Israel Beltrán Montes , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

El 15 de enero de 2002, fue publicada la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia que con diversas modificaciones continúa en vigor.

El anterior ordenamiento vino a derogar diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, las reglas generales a las que deberán sujetarse las sociedades de información crediticia a que se refiere el artículo 33 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, así como las demás disposiciones que se opongan a dicha ley.

II. Consideraciones

La Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia del 15 de enero de 2002, constituye un avance significativo en el propósito de regular el crédito; minimizar el riesgo crediticio, al proporcionar información que ayuda a conocer el comportamiento en el pago de empresas y personas físicas; otorgar determinadas garantías al cliente deudor, contribuir a formar la cultura del crédito entre la población, e impulsar el desarrollo general del país.

Sin embargo, las experiencias previas y posteriores a la iniciación de su vigencia, han mostrado la existencia de desequilibrios e iniquidades, en perjuicio del sector de los deudores.

La economía del presente se caracteriza de manera significativa por una masificación del crédito, resultado de la globalización y del desarrollo tecnológico, principalmente con el uso del dinero de plástico, como se denomina al crédito que se ejerce mediante tarjetas de crédito, y la comercialización cada vez más intensa a través de los medios electrónicos y televisivos.

Pero estos procesos se han visto acompañados de prácticas abusivas y crisis cíclicas que ponen en peligro no sólo la economía de los deudores sino la economía nacional en su conjunto.

Recordemos la crisis de 1994 que, de acuerdo a los expertos, entre uno de sus factores estuvo el crecimiento desmesurado del crédito a través del uso de tarjetas, a tal grado que si esto no hubiera sido así, la devaluación de ese año no hubiera tenido efectos tan desastrosos a causa de la insolvencia generalizada de millones de familias, que a su vez generó la crisis de todo el sistema bancario.

El crecimiento desmedido, y sin salvaguardas, del dinero de plástico puede crear la ilusión de una mejoría en el nivel de vida, hasta que se llega al nivel de incapacidad de pago que puede degenerar en la quiebra real o virtual de los deudores, y según su grado de generalidad, causar un efecto catastrófico en la economía nacional.

Las consecuencias de la crisis de 1994 impactaron la economía durante varios años y son experiencias que no pueden ser olvidadas.

Lo anterior viene a colación, porque a principios de año el Banco de México reveló que el saldo de la cartera vencida en tarjetas de crédito creció desmesuradamente al pasar de 2 mil 114 millones de pesos en noviembre de 2000 a 12 mil 131.8 millones de pesos, seis veces mayor y con un crecimiento exponencial.

Por si fuera poco, las cifras del Banco de México muestran también que la morosidad en el pago entre los usuarios de tarjetas de crédito ha entrado en una dinámica de crecimiento no contemplada desde la crisis de 1994.

A lo anterior se suma una agresiva política de oferta de créditos por instituciones financieras y empresas comerciales, que ofrecen por todos los medios tarjetas de crédito y créditos prácticamente sin exigir requisitos; promocionan las compras de productos a mensualidades sin pago de interés e imprimen consecuentemente una dinámica de consumo excesivo.

Frente a lo anterior, presenciamos campañas no sólo agresivas sino amenazantes y ofensivas contra aquéllos que seducidos por la ilusión del crédito han caído en la desgracia de la morosidad en los pagos. Basta el incumplimiento de una mensualidad para que se ponga en operación todo un sistema de grabaciones telefónicas repetidas hasta el cansancio, llamadas de sujetos adiestrados en la manipulación personal, la presión psicológica y la amenaza, recordatorios por vía telegráfica o postal.

Agreguemos a todo lo anterior, la cobranza exagerada de comisiones, intereses moratorios y gastos de cobranza, que se vienen a sumar a la situación crítica y a la posición de desventaja de los acreedores del sistema financiero y mercantil que nos sirve, pero que también nos explota sin medida, sin ética y muchas veces impunemente.

Según se consigna en la prensa nacional, por ejemplo en Uno más Uno, del 12 de febrero de 2007: ``El abuso en el cobro de comisiones por uso de servicios bancarios dejó a los bancos y otras instituciones financieras ingresos por 12 mil 520 millones de pesos, lo que representó 27.8 por ciento de sus ingresos totales de operación... pero esto no es todo, los ingresos por comisiones netas por la actividad de intermediación arrojaron utilidades por 404 millones de pesos en el mismo periodo. Todo este capital, en detrimento de los usuarios''.

Los sistemas de comercialización y de crédito antes descritos vinieron a complementarse con un sistema de información crediticia, que mediante el registro de los créditos les permite identificar a los deudores que incurren en morosidad, con el fin de negarles el crédito o perseguirlos.

En 1996 surgió el Buró de Personas Físicas administrado por la primera sociedad de información crediticia en México --autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público--, con el fin de proporcionar información de comportamiento crediticio de personas físicas.

En 1998 se incorporó el Buró de Personas Morales, operado igualmente como sociedad con el fin de proporcionar información de comportamiento crediticio de personas morales y físicas con actividad empresarial.

El 15 de enero de 2002 se publica la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, cuyo objeto es regular la constitución y operación de las sociedades de información crediticia.

Las sociedades de información crediticia prestan los servicios de recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como a operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con entidades financieras o empresas comerciales.

Sólo pueden ser usuarios de la información que proporcionan las sociedades de información crediticia, las entidades financieras --autorizadas para operar en territorio nacional en los términos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras-- y las empresas comerciales, que realizan operaciones de crédito relacionadas con la venta de sus productos o servicios. En pocas y sencillas palabras, son los bancos y organizaciones auxiliares y los comerciantes, expendedores de bienes y prestadores de servicios, los usuarios-beneficiarios del sistema de información crediticia. El conjunto de ellos proporcionan la información sobre operaciones crediticias, u otras de naturaleza análoga, a las sociedades de información crediticia; la sociedad registra, sistematiza y mantiene actualizada la información que recibe de los usuarios, y produce los reportes de crédito de los que la ley denomina ``clientes'' y que son los deudores de bancos y comercios.

En alguna medida, este sistema de información crediticia significa una derogación o delimitación del secreto bancario, pues el párrafo segundo del artículo 5o. de la ley de la materia establece: ``No se considerará que existe violación al secreto financiero cuando los usuarios --bancos y comercios-- proporcionen información sobre operaciones crediticias u otras de naturaleza análoga a las sociedades...tampoco se considerará que existe violación al secreto financiero cuando las sociedades proporcionen dicha información a sus usuarios''.

Este sistema, que hemos descrito de una manera muy breve por razones de tiempo, permite la organización de una base de datos y procesos informáticos al beneficio de los otorgantes del crédito, y en evidente perjuicio del cliente-deudor.

Es cierto, que el artículo 28 vigente de la ley de la materia dispone que: ``Las sociedades sólo podrán proporcionar información a un usuario cuando éste cuente con la autorización expresa del cliente, mediante su firma autógrafa, en donde conste de manera fehaciente que tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información que la sociedad proporcionará al usuario que así lo solicite, del uso que dicho usuario hará de tal información y del hecho de que éste podrá realizar consultas periódicas de su historial crediticio, durante el tiempo que mantenga relación jurídica con el cliente''.

Las frecuentes y numerosas quejas de particulares, y un estudio objetivo de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia vigente, nos motivó a presentar esta iniciativa que tiene el propósito de rescatar al público mexicano deudor de entidades financieras y empresas comerciales del círculo vicioso al que lo subyugan las prácticas comerciales y financieras características del presente, y que la Ley que Regula las Sociedades de Información Crediticia no ha podido resolver o controlar de manera eficiente y suficiente.

La verdad lisa y llana es que la ley de la materia vigente es un mecanismo pensado, creado y operado para el beneficio de las entidades financieras y las empresas comerciales. Sólo marginal y tibiamente se ocupa de la tutela y salvaguarda de los derechos de los deudores.

Lo anterior, queda evidente al analizar algunas disposiciones que son ejemplares al respecto:

A) En la ley se dedica un capítulo IV, con artículos del 38 al 50, es decir 13 artículos, para la protección de los intereses del cliente-deudor, frente a los seis capítulos y 70 artículos que conforman la ley.

En este capítulo se prevé como la principal garantía del cliente-deudor la ratificación del secreto financiero que deben respetar las sociedades de información crediticia y la confidencialidad sobre la información contenida en diversos reportes a cargo de los usuarios --entidades financieras y empresas comerciales.

Pero tales garantías se desvanecen, porque el sistema jurídico particular de la ley que analizamos se configura como una excepción general a la aplicación de las normas del secreto bancario y la confidencialidad, en detrimento de los derechos del público deudor y en clara ventaja y beneficio de las instituciones financieras y empresas comerciales.

Así tenemos:

En el artículo 5o. se dispone que: ``No se considerará que existe violación al secreto financiero cuando los usuarios proporcionen información sobre operaciones crediticias u otras de naturaleza análoga a las sociedades de información crediticia, o cuando éstas compartan entre sí la información''. De esta manera, los clientes-deudores son totalmente ajenos, ignorados o marginados, en la integración de la base de datos de los buros de crédito, no obstante que el comportamiento de sus créditos son el insumo de dicha base de datos.

Es importante destacar que al hacerse un registro de un adeudo vencido de un cliente-deudor se le está causando un daño evidente: le ocasiona desprestigio personal; le impide acceder a uno o más créditos, por lo que se afecta su economía y desempeño, y se le genera un estado de incertidumbre jurídica y financiera. Todo lo anterior, sin haber tenido alguna participación en el proceso, sin haber sido notificado, escuchado y permitido de hacer las aclaraciones pertinentes. No invocamos la garantía constitucional de audiencia en razón de que ni las sociedades de información crediticia ni las entidades y empresas usuarias de ésta, son autoridades para efectos de lo previsto en el artículo 14 constitucional, pero sí argumentamos con energía a favor de que la protección de los derechos e intereses del cliente-deudor no deban ser afectados, o perjudicados, sin que se dé la oportunidad de una legítima defensa. Sobre todo, porque con el sistema estructurado en la ley en comento, se está estableciendo un sistema que determina la no aplicación de derechos importantes, como son los relativos al secreto financiero y a la confidencialidad, en perjuicio de la parte más débil y vulnerable de la relación jurídica de crédito.

Encontramos que por lo que se refiere a la información que proporcionan las sociedades a los usuarios, el artículo 28 de la ley en comento prevé que dichas sociedades sólo podrán proporcionar reportes a un usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del cliente. En primer lugar, debe señalarse que los derechos del cliente-deudor relacionados con el secreto financiero y la confidencialidad de la información que proporciona al solicitar un crédito a una institución financiera o empresa comercial, puedan ser violados por las sociedades de información crediticia y por los usuarios de éstas, que son los que en primera y última instancia proporcionan la información de los clientes a aquéllas, por lo que los derechos del cliente deben garantizarse y hacerse efectivos frente a unas y otros.

Por ello, frente a unas y otros, deben perfeccionarse las normas tutelares del cliente-deudor, previendo que la falta de autorización se entenderá en todo caso como violación de la sociedad o de los usuarios a las disposiciones relativas al secreto financiero o a la confidencialidad.

Además, debe eliminarse la práctica de que la autorización del cliente se incluya en las solicitudes o contratos de crédito que éste suscriba, como una de las numerosas cláusulas, ``en letra pequeña'', en términos poco comprensibles para muchos, que puede pasar y muchas veces pasa desapercibida por el cliente-deudor. Debe exigirse en la ley que la autorización de referencia conste por separado de la solicitud o contrato de crédito y en formatos autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los que se informe al cliente sobre la naturaleza y consecuencias de la autorización, así como del uso que las sociedades o sus usuarios pueden hacer de la información relativa.

Para solucionar, al menos en parte, lo anterior, se propone incluir entre los derechos de los clientes-deudores, el recibir un reporte particular de crédito de la sociedad de información crediticia, cuando ésta reciba información de algún usuario que constituya un adeudo en cartera vencida (entendiéndose por ésta aquélla que haya incurrido en un estado de moratoria previsto en las definiciones de términos contenidas en la fracción I del artículo 2o. de la ley vigente). Este reporte permitirá la integración del cliente-deudor al sistema de información crediticia, lo hará conocedor y partícipe a través del reporte particular de aquello que le perjudica o puede afectar su acceso al crédito público y privado. En fin, se le dará la oportunidad de ser escuchado y defenderse del error, la irresponsabilidad, el dolo o la mala fe de instituciones financieras o empresas comerciales y de sus empleados.

Para hacer viable tal posibilidad, se prevé un proceso sencillo de notificación, respuesta y plazos razonables para hacer aclaraciones, por parte del cliente-deudor; así como para notificar al usuario-acreedor que proporcionó la información observada o impugnada por el cliente, para que igualmente se defienda, aclare y pruebe lo correspondiente. En caso de desavenencia, la sociedad turnará el asunto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Con este reporte particular de crédito para el cliente, a cargo de la sociedad de información crediticia, se prevendrán y resolverán muchas injusticias e iniquidades, fortaleciendo de manera significativa la posición del cliente ante registros e informaciones incorrectas.

De esa manera se complementa el derecho de reclamación que corresponde al cliente de acuerdo a la normatividad vigente, que sólo permite a éste defenderse a toro pasado, hacer aclaraciones al Reporte negativo que recibió una institución financiera o empresa comercial y que lo más probable es que ya le negó el crédito o se lo va a negar. En la práctica, el referido recurso de reclamación es un procedimiento que permite eliminar un registro incorrecto o doloso, pero carece de la oportunidad y eficiencia para prevenir o resolver una negativa a una solicitud de crédito.

Además, el artículo 45 vigente prevé un procedimiento injustamente limitado para el cliente-deudor (se prevé que en un texto de no más de 100 palabras presente los argumentos por los que a su juicio la información proporcionada por el usuario es incorrecta), y si después de notificar al usuario el cliente-deudor llegara a lograr, lo que no parece ser muy frecuente, la cancelación del registro negativo, esto no tiene efectos respecto a la solución denegatoria del crédito por parte de la entidad financiera o la empresa comercial.

B) En un ejercicio de congruencia y con el propósito de mejorar la posición del ciente-deudor ante el poder económico; estructura administrativa y capacidad de cobranza y litigiosa; relaciones institucionales e influencia frente la sociedad de información crediticia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por parte de las instituciones financieras y empresas comerciales, se modifican diversas disposiciones de la ley en cuestión, en los siguientes términos:

Se agrega entre los términos definidos del artículo 2o. el reporte de crédito particular, para incluir la obligación de una sociedad de información crediticia de proporcionar al cliente-deudor la información que reciba de un usuario, que constituya un adeudo en cartera vencida.

Se disminuye a 60 meses, en lugar de 84, el plazo en que las sociedades deberán de conservar los registros que les sean proporcionados por los usuarios correspondientes a las personas físicas.

Se incorpora en el texto legal que las sociedades de información crediticia deberán eliminar la información relativa a créditos de personas físicas menores al equivalente a mil unidades de inversión (UDI), para que sea ``en un plazo de 24 meses'' (en lugar de los 48 meses establecidos por el Banco de México en las reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 18 de marzo de 2002), por considerar que el plazo fijado por el banco central es excesivo, en perjuicio del cliente-deudor. Se conserva la disposición de que el Banco de México establezca las reglas para instrumentar lo anterior.

Tomando en cuenta la modificación propuesta mencionada con anterioridad, en el sentido de que tanto las sociedades como los usuarios deben recabar la autorización del cliente-deudor para proporcionar información sobre el comportamiento crediticio se prevé, para unas y otros, que el incumplimiento a esta obligación se entenderá como violación a las disposiciones relativas al secreto financiero o a la confidencialidad, según el caso.

Se precisa que las sociedades sólo serán responsables de violar el secreto financiero cuando los usuarios que sean entidades financieras no obtengan la manifestación bajo protesta de decir verdad de que el usuario obtuvo la autorización del cliente-deudor, o no realicen los trámites para comprobar que el usuario-entidad financiera, a pesar de haber manifestado bajo protesta de haberla obtenido, no la exhibió oportunamente, a efecto de fincarle las responsabilidades correspondientes.

Igualmente se señalan plazos iguales a los usuarios y a los clientes-deudores, por razones de equidad.

Se precisa que la sociedad debe notificar al cliente-deudor, además del usuario como está previsto en la legislación vigente, las modificaciones conducentes en la base de datos resultantes del desahogo de un recurso de reclamación, también por razones de equidad.

Se elimina la limitación que se impone al cliente-deudor de expresar sus argumentos en contra de la respuesta (que no tiene limitación alguna) del usuario, respecto a los elementos de una reclamación, ``en un texto de no más de 100 palabras'', por considerarla inicua e improcedente.

Se precisa que las sociedades y los usuarios responderán por los daños que causen a los clientes al proporcionar información en violación a lo dispuesto en esta ley, en cualquier caso; y responderán de los perjuicios cuando exista culpa grave, dolo o mala fe en el manejo de la base de datos.

El Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en la materia, con fundamento en la fracción X del artículo 73 de la propia Constitución General.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Proyecto de Decreto

Único. Se adiciona una fracción VIII al artículo 2o., recorriendo en su orden las numerales de las fracciones subsecuentes; se reforma el párrafo segundo y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 5o.; se reforma el artículo 23, en sus párrafos primero y segundo; se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes y se reforma el párrafo final del artículo 28; se reforma el párrafo primero del artículo 29; se reforma el último párrafo del artículo 30; se adicionan los párrafos tercero y cuarto del artículo 38; y se reforman los artículos 44, 45 párrafos primero y segundo, 51, 52 párrafo primero y 53 fracción I, todos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 2o.

I. a VII. ...

VIII. Reporte de Crédito Particular, en singular o plural, la información que debe proporcionar una sociedad a un cliente, cuando aquélla reciba información de algún usuario que constituya un adeudo en cartera vencida, en los términos del párrafo tercero del artículo 38 de esta ley.

IX. ... a XIII. ...

Artículo 5.o ...

No se considerará que existe violación al secreto financiero cuando los usuarios proporcionen información sobre operaciones crediticias u otras de naturaleza análoga a las sociedades, así como cuando éstas compartan entre sí información contenida en sus bases de datos o proporcionen dicha información a la comisión, cuando el usuario cuente con la autorización expresa del cliente, mediante su firma autógrafa, en donde conste de manera fehaciente que tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información que la sociedad proporcionará al usuario que así lo solicite, del uso que dicho usuario hará de tal información y del hecho de que éste podrá realizar consultas periódicas de su historial crediticio durante el tiempo que mantenga relación jurídica con el cliente. Tampoco se considerará que existe violación al secreto financiero cuando las sociedades proporcionen dicha información a sus usuarios, en términos del capítulo III de este Título segundo, o cuando sea solicitada por autoridad competente, en el marco de sus atribuciones.

La autorización por escrito deberá constar por separado de la solicitud o contrato de crédito, en los formatos autorizados por la comisión.

Los usuarios tampoco podrán entregar, enviar o proporcionar información relativa al historial crediticio de sus clientes a otras instituciones financieras o empresas comerciales, sin contar con la autorización expresa a que se refiere el párrafo anterior.

En caso de que algún usuario proporcione información a una sociedad o a otros usuarios sin que se haya recabado la autorización a que se refiere este artículo, se entenderá como violación de dicho usuario a las disposiciones relativas al secreto financiero o a la confidencialidad, según el caso, en los términos del artículo 38 de esta ley.

Artículo 23. Las sociedades están obligadas a conservar los registros que les sean proporcionados por los usuarios, correspondientes a personas físicas, durante un plazo de sesenta meses. Este plazo contará a partir de la fecha en que ocurra el evento o acto relativo a la situación crediticia del cliente al cual se refiere cada registro. Al transcurrir el plazo citado, las sociedades deberán eliminar de su base de datos la información de las personas físicas, con el historial crediticio de que se trate, originado con anterioridad a dicho plazo.

Las sociedades deberán eliminar la información relativa a créditos de personas físicas menores al equivalente a mil unidades de inversión (UDI) en un plazo de veinticuatro meses, en los términos que establezca el Banco de México, para instrumentar lo anterior mediante disposiciones de carácter general.

...

Artículo 28. ...

...

...

En caso de que alguna sociedad proporcione información sin que se haya recabado la autorización a que se refiere este artículo, y de los artículos 29, 30 y siguientes de esta ley, se entenderá como violación de dicho usuario a las disposiciones relativas al secreto financiero de que se trate.

...

I. a II. ... ...

Los escritos de autorización del cliente deberán constar por separado y en los formatos autorizados por la comisión, en términos similares a los previstos en el párrafo tercero del artículo 5o. de esta ley.

Artículo 29. Los usuarios que sean empresas comerciales podrán realizar consultas a las sociedades a través de funcionarios o empleados previamente autorizados que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que se cuenta con la autorización a que se refiere el primer párrafo del artículo 28 de esta ley. Dichos usuarios deberán enviar los originales de tales autorizaciones a la sociedad de que se trate en un plazo que no podrá exceder de siete días posteriores a la fecha en que se realizó la consulta.

...

Artículo 30. ...

...

Tratándose de usuarios que sean entidades financieras, las sociedades sólo serán responsables de violar el secreto financiero cuando no obtengan la manifestación bajo protesta de decir verdad a que se refiere el primer párrafo de este artículo o no realicen los trámites a que se refiere el párrafo tercero de este mismo artículo.

Artículo 38. ... ...

Los clientes tienen derecho a un reporte particular de crédito cuando la sociedad reciba información de algún usuario que constituya un adeudo en cartera vencida, entendiéndose por ésta aquélla que haya incurrido en un estado de moratoria previsto en los incisos a) al e) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley. Dicho reporte particular al cliente deberá hacerlo la sociedad dentro del plazo de quince días, deberá incluir un resumen de los derechos y los procedimientos para acceder y, en su caso, rectificar los errores de la información materia del reporte particular, y el cliente contará con un plazo igual para hacer las aclaraciones pertinentes, y en caso de no hacerlo el registro quedará firme y sólo podrá ser objeto de reclamación en los términos del artículo 42 de esta ley.

Al recibir la sociedad una aclaración o impugnación del cliente en los términos del párrafo anterior, la notificará con sus anexos al usuario que proporcionó la información, dentro del plazo de quince días que reciba el escrito del cliente, y aquél contará con un plazo igual para hacer las aclaraciones pertinentes. En caso de desavenencia, la sociedad turnará el asunto a la comisión.

Artículo 44. Si las unidades especializadas de las entidades financieras, o en el caso de empresas comerciales, de quienes designen como responsables para esos efectos, no hacen llegar a la sociedad su respuesta a la reclamación presentada por el cliente dentro de un plazo de quince días naturales contado a partir de que hayan recibido la notificación de la reclamación, la sociedad deberá modificar o eliminar de su base de datos la información que conste en el registro de que se trate, según lo haya solicitado el cliente, así como la leyenda ``registro impugnado''.

Artículo 45. Si el usuario acepta total o parcialmente lo señalado en la reclamación presentada por el cliente, deberá realizar de inmediato las modificaciones conducentes en su base de datos y notificar de lo anterior a la sociedad que le haya enviado la reclamación y al cliente, remitiéndoles la corrección efectuada a su base de datos.

En caso de que el usuario acepte parcialmente lo señalado en la reclamación o señale la improcedencia de ésta, deberá expresar en su respuesta los elementos que consideró respecto de la reclamación, misma que la sociedad deberá remitir al cliente que haya presentado la reclamación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que reciba la respuesta del usuario. El cliente podrá manifestar los argumentos por los que a su juicio la información proporcionada por el usuario es incorrecta y solicitar a la sociedad que incluya dicho texto en sus futuros reportes de crédito.

...

Artículo 51. Las sociedades responderán por los daños que causen a los clientes al proporcionar información en violación a lo dispuesto en esta ley. Cuando exista culpa grave, dolo o mala fe en el manejo de la base de datos, responderán también de los perjuicios que causen a los clientes.

Los usuarios que proporcionen información a las sociedades o a otros usuarios, igualmente responderán por los daños que causen al proporcionar dicha información en contravención a lo dispuesto por esta ley. Cuando exista culpa grave, dolo o mala fe en el manejo de dicha información, responderán también de los perjuicios que causen a los clientes.

Artículo 52. Aquéllos usuarios que proporcionen información u obtengan información de una sociedad en contravención de los artículos 5 y 28 de esta ley, o que de cualquier otra forma cometan alguna violación al secreto financiero, así como las personas que violando el deber de confidencialidad a que hace referencia el artículo 38 de la presente ley hagan uso de la información respectiva de manera distinta a la autorizada por el cliente, estarán obligados a reparar los daños y perjuicios que se causen. Lo anterior sin menoscabo de las demás sanciones, incluyendo las penales, que procedan por la revelación del secreto que se establece.

...

Artículo 53. ...

I. Se otorgará derecho de audiencia al presunto infractor, quien en un plazo de quince días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, deberá manifestar por escrito lo que a su interés convenga y aportar las pruebas que juzgue convenientes. La notificación surtirá efectos al día hábil siguiente a aquél en que se practique.

II. a III. ...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, plazo en el que la comisión emitirá los ajustes y adecuaciones que correspondan a las Reglas Generales a que deberán sujetarse las operaciones y actividades de las sociedades de información crediticia y sus usuarios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2002 y sus modificaciones del 13 de agosto de 2002, del 8 de junio de 2004, del 28 de julio de 2005 y del 9 de mayo de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.--- Diputado Israel Beltrán Montes (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Presidencia extiende un cordial saludo a los maestros del Colegio de Profesores de Idiomas que nos hacen el honor de visitarnos. Gracias por esta visita.

ARTICULO 6o. CONSTITUCIONAL - LEY DE IMPRENTA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado Humberto López Lena Cruz , del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Humberto López Lena Cruz:Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros: ha sido muy discutido el tema de la despenalización de los delitos de difamación, injurias y calumnias por considerarse un atentado contra la libertad de expresión.

Hace unos días la colegisladora aprobó la minuta emanada en esta Cámara para la derogación de dichos delitos del Código Penal federal y su inclusión en el Código Civil Federal para que sea ésta la vía idónea para castigar algún atentado contra la moral, el honor y la reputación.

Lo anterior, como producto de distintas iniciativas que se han presentado en el mismo sentido y que aglomeran la fundamentación teórica y jurídica respecto a la necesidad de eliminar las medidas punitivas contra la libre manifestación de ideas.

La despenalización impulsada por la Cámara de Diputados y aprobada recientemente por la Cámara de Senadores es sin duda un gran avance para unificar los criterios internacionales al respecto y evitar la censura previa en los medios de comunicación, sentándose un precedente importante que se pueda tomar como base para que nuestro marco jurídico normativo otorgue los medios que garanticen el cumplimiento exacto a la libre expresión.

En mérito de lo antes expresado y en mi carácter de integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y de la Especial para la Atención a las Agresiones a los Periodistas y Medios de Comunicación, considero de esencial importancia que la despenalización de los delitos de injurias, difamación y calumnias no sólo sea en el ámbito federal, sino que sea extensiva para todas las entidades federativas, y eso puede conseguirse estableciendo el mismo criterio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta iniciativa propongo una reforma de adición al artículo 6o. constitucional, que automáticamente hará efecto en el 7o. en la misma Ley Fundamental. Dicha reforma consiste en que se prohíba la pena privativa de la libertad en el ejercicio libre de las manifestaciones de las ideas, trasladando al ámbito civil cualquier ofensa al honor, reputación, moral o cualquier otro bien jurídico tutelado similar.

El efecto referido sobre el artículo 7o. es en razón de que, al brindarse mayores apoyos para la libre manifestación de ideas, se hará extensivo a la libertad de expresión. La reforma anunciada pretende rescatar el importante contenido de la minuta aprobada recientemente en el Senado, en el entendido de que sólo se está eliminando el fuero federal de estos delitos, subsistiendo los mismos en las entidades federativas, con excepción de cuatro estados de la República: el Distrito Federal, Durango, Morelos y Baja California, que ya han despenalizado esos delitos, pero en todos los demás siguen tipificándose, con el riesgo consecuente de que las autoridades sigan abusando del poder y utilicen esta figura jurídica para acallar a quienes consideran sus enemigos y por pensar diferente a ellos o no someterse a sus caprichos.

Ahora bien, en atención a lo anterior y con la finalidad de que la reforma constitucional sea armónica con los demás ordenamientos jurídicos emitidos previamente y que siguen estando vigentes, por lo cual se propone derogar los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Imprenta, la cual establece, en los citados numerales, las sanciones penales por la realización de los delitos contenidos en los mencionados ordenamientos, los cuales son los ataques a la vida privada, los ataques a la moral, los ataques al orden o a la paz pública.

Por lo antes expresado, y en el entendido de que el tema se ha debatido ampliamente --no pretendo ser repetitivo--, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Imprenta.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa sino en caso de que ataque a la moral, los derechos a terceros, provoquen algún delito o perturben el orden público. En estos casos sólo se aplicarán sanciones civiles que reparen el daño causado, quedando prohibidas las penas privativas de la libertad. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Artículo Segundo. Se derogan los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Imprenta para quedar como siguen:

Artículo 31. Derogado.

Artículo 32. Derogado.

Artículo 33. Derogado.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se establece un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la iniciación de la vigencia de la presente reforma, para que las legislaturas de los estados ajusten sus códigos penales y civiles en el sentido de la reforma constitucional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de los Estados Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes de marzo de 2007. Es cuanto, señora Presidenta. Solicito que se inserte en el Diario de los Debates por haberle hecho algunas modificaciones.

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Imprenta, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia

Humberto López Lena Cruz , diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece ante esta soberanía para presentar la presente iniciativa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Ha sido muy discutido el tema de la despenalización de los delitos de difamación, injurias y calumnias, por considerarse un atentado contra la libertad de expresión. Hace unos días la colegisladora aprobó la minuta emanada de esta Cámara para la derogación de dichos delitos del Código Penal Federal y su inclusión en el Código Civil Federal, para que sea ésta la vía idónea para castigar algún atentado contra la moral, el honor y la reputación; lo anterior como producto de distintas iniciativas que se habían presentado en el mismo sentido y que aglomeran la fundamentación teórica y jurídica respecto a la necesidad de eliminar las medidas punitivas contra la libre manifestación de las ideas.

La despenalización impulsada por la Cámara de Diputados y aprobada recientemente por la Cámara de Senadores es sin duda un gran avance para unificar los criterios internacionales al respecto y evitar la censura previa en los medios de comunicación, sentándose un precedente importante que puede tomarse como base para que nuestro marco normativo otorgue los medios que garanticen el cumplimiento exacto de la libre expresión.

En mérito de lo antes expresado, y en mi calidad de integrante de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y Especial para el seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, considero de esencial importancia que la despenalización de los delitos de injurias, difamación y calumnias no sólo sea en el ámbito del Federal, sino que sea extensiva para todas las entidades federativas, y eso se puede conseguir estableciendo el mismo criterio en la Constitución Pólítica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en esta iniciativa propongo una reforma de adición al artículo 6o. constitucional que automáticamente hará efecto en el 7o. de la misma fundamental; dicha reforma consiste en que se prohíba la pena privativa de la libertad en el ejercicio de la libre manifestación de las ideas, trasladando al ámbito civil cualquier ofensa al honor, reputación, moral, o cualquier otro bien jurídico tutelado similar; el efecto referido sobre el artículo 7o. es en razón de que al brindarse mayores apoyos para la libre manifestación de ideas eso se hará extensivo a la libertad de prensa.

La reforma anunciada pretende rescatar el importante contendido de la minuta aprobada recientemente por el Senado, en el entendido que sólo se está eliminando del fuero federal esos delitos, subsistiendo los mismos en las entidades federativas, con excepción de 4 estados de los 32 del país: el Distrito Federal, Durango, Morelos y Baja California, que ya han despenalizado esos delitos, pero en todo los demás siguen tipificados, con el riesgo consecuente de que las autoridades sigan abusando del poder y utilicen esas figuras jurídicas para acallar a quienes consideran sus enemigos, por pensar diferente a ellos o no someterse a sus caprichos.

Ahora bien, en atención a lo anterior y con la finalidad de que la reforma constitucional sea armónica con los demás aordenamientos jurídicos emitidos previamente y que siguen estando vigentes, por lo cual, se propone derogar los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Imprenta, la cual establece en los citados numerales las sanciones penales por la realización de los delitos contenidos en el mencionado ordenamiento, los cuales son: los ataques a la vida privada, los ataques a la moral, los ataques al orden o a la paz pública.

Por lo antes expresado, y en el entendido de que es un tema sobre el que se ha debatido ampliamente y no pretendo ser repetitivo, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforma y adiciona el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Imprenta

Artículo Primero. Se reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público, en estos casos sólo se aplicarán sanciones civiles que reparen el daño causado, quedando prohibidas las penas privativas de la libertad; el derecho a la información será garantizado por el Estado.

Artículo Segundo. Se derogan los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Imprenta para quedar como siguen:

Artículo 31. Derogado.

Artículo 32. Derogado.

Artículo 33. Derogado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se establece un plazo de treinta días naturales contados a partir de la iniciación de la vigencia de la presente reforma, para que las legislaturas de los estados ajusten sus códigos penales y civiles al sentido de la reforma constitucional.

Dado en el Palacio Legislativo a 13 de marzo de 2007.--- Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Insértese el texto, como solicita el diputado, íntegramente en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 69 CONSTITUCIONAL - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la tribuna al diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:Con el permiso de la Presidencia, solicitándole muy respetuosamente que esta intervención se inserte en forma íntegra en el Diario de Debates.

Estimados compañeros legisladores: el día de hoy respetuosamente someto al Pleno de esta soberanía decreto de reforma que adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General. El tema es el formato del informe presidencial. Es de todos conocido --ha sido por la gran mayoría de nosotros expresado inclusive-- que el formato del informe presidencial es obsoleto, es inoperante y es insuficiente para la relación entre poderes.

Así pues, lo que hoy pretendemos hacer, porque no podemos esperar a tener la gran reforma estructural en materia de reforma del Estado; ya tenemos ahí una iniciativa que como iniciativa de no cumple los requisitos de ley y de reforma del Estado; no toma en cuenta lo que debe de considerarse como partes integrantes del Estado, y a veces dejamos de lado que el trabajo legislativo es por aproximaciones, reconociendo los pequeños detalles que den viabilidad y sustento a la convivencia parlamentaria y al trabajo legislativo. Así, la historia del ritual político en el que se ha convertido el informe presidencial, está agotado.

De una breve recapitulación histórica se desprende que desde las constituciones anteriores a 1857 se consignaba que el Ejecutivo debía presentar durante el segundo periodo de sesiones el presupuesto del siguiente año, pero no se establecía la obligación de informar sobre el estado de la administración pública.

Así transcurrió, se llegó a la Constitución del 24, a la del 42, a las bases orgánicas del 43 y al acta de reforma de 1847.

Respecto del informe presidencial y aun cuando las constituciones no fundaran la responsabilidad del Ejecutivo para presentarlo, desde el gobierno de Guadalupe Victoria, primer Presidente de la República, se introdujo la práctica de pronunciar discursos meramente informativos o como preámbulos generales a la situación política, bélica y económica del país.

De hecho el Ejecutivo intervenía en la apertura y en el cierre de sesiones. Y es así que en la Constitución del 57 se estableció claramente en su artículo 63, párrafo primero, Título 111, que durante la asistencia del Ejecutivo a la apertura de sesiones del Congreso --que entonces eran dos periodos por año-- aquél pronunciaría un discurso en el que se manifestaría el estado que guardaba el país y la Cámara respondería en términos generales.

En la Sección Segunda, Sobre el Poder Ejecutivo, en el artículo 89 de la Constitución liberal del 57, se asentó que una vez abiertas las sesiones del primer periodo, los secretarios de despacho darían cuenta al Congreso del estado que guarda su respectivo ramo o carteras.

Los constituyentes, temerosos de que el Ejecutivo se impusiera sobre el Legislativo y extralimitara sus facultades, intentaron contenerlo mediante la supresión del Senado, de tal forma que en un solo cuerpo colegiado pretendía tener mayor cohesión y decisión sobre las actividades y las responsabilidades del Presidente. Y así siguió.

Llegó la etapa de Porfirio Díaz, en la que finalmente llegamos a los tiempos de nuestros días en el siglo XX, y las variantes del recurso oratorio y del discurso revolucionario --y en ocasiones bélico-- a partir de la segunda mitad del siglo XX, pasó a ser un discurso de exaltación, propio de la más pura vanidad en el sentido negativo.

Por lo anteriormente expuesto, compañeros, y para que en próximas fechas en este mismo año no caigamos en el mismo error de que la Constitución no contempla en ninguno de sus momentos, que el Ejecutivo dirija un mensaje a esta soberanía; lo que contempla es simple y sencillamente que rinda un informe escrito, pretendemos que ese texto sí sea congruente con el texto de nuestra Ley Orgánica, para entonces suprimir lo que sí establece la Ley Orgánica, que no es lo que demanda la Constitución, de que algún diputado le conteste al Presidente sobre un tema que la propia Constitución no establece, que deba rendir el mensaje oral al que nos hemos venido refiriendo.

Así, esta iniciativa de decreto con proyecto de reforma, establecería lo siguiente:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias de los periodos del Congreso, el Presidente de la República remitirá un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Artículo segundo. Se reforma el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 7o.

1. El primero de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, el Presidente de la República remitirá un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.

2. Se deroga.

3. El Presidente del Congreso turnará el informe remitido por el titular del Ejecutivo a comisiones. Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el Presidente de la República remita su informe; en tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores.

4. Las Cámaras analizarán el informe remitido por el Presidente de la República. El análisis se desarrollará clasificándose, por materias, en política interior, política económica, política social y política exterior.

5. Tal cual.

Transitorio. Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señores, hagamos congruente el texto de nuestra Ley Orgánica con el texto constitucional. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado Manuel Cárdenas Fonseca , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de modificar el formato del informe presidencial, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El Poder Legislativo debe asumir como una de sus principales tareas, la de ser un órgano fiscalizador de las acciones del Ejecutivo, un verdadero órgano de control político, y no la de una simple asamblea de escuchas.

El ritual político en el que se ha convertido el informe presidencial está agotado, por lo que se sugiere un nuevo formato que sirva como guía de información sobre la gestión pública, y que fortalezca la comunicación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Si se considera que el actual formato del informe presidencial no brinda a los partidos políticos la oportunidad de aclarar visiones encontradas sobre el desempeño del Poder Ejecutivo, y que, toda vez que habiendo sido el informe presidencial, uno de los momentos de gran trascendencia en las relaciones entre los Poderes de la Unión, es necesaria una actualización del formato bajo en cual se lleva a cabo.

La finalidad de la reforma consiste en adoptar un formato que le brinde más dinamismo al acto en que el primer mandatario rinde cuentas a la Nación.

De una breve recapitulación histórica se desprenden los siguientes

Antecedentes

Las constituciones anteriores a 1857 consignaban que el Ejecutivo debía presentar durante el segundo periodo de sesiones el presupuesto del siguiente año, pero no se establecía la obligación para informar sobre el estado de la administración pública. De hecho, tanto la Constitución de 1824 como las Siete Leyes de 1836, los proyectos de Constitución de 1842, las Bases Orgánicas de 1843 y el Acta de Reformas de 1847 consignaban que a los ministros o secretarios de despacho, correspondía presentar una memoria especificativa del estado en que se encontraran los diversos ramos de la administración pública y que el Ministro de Hacienda lo haría antes que los demás mandatarios, incluyendo la cuenta general de los gastos del año anterior; el presupuesto del siguiente y la iniciativa sobre los medios o contribuciones con los que debía cubrirse el presupuesto. Dicha memoria se introduciría anualmente, con la variante de la facultad del Congreso para acordar la ampliación de las memorias ministeriales si el caso así lo requería.

Respecto del informe presidencial y aunque las constituciones no fundaran la responsabilidad del Ejecutivo para presentarlo, desde el gobierno de Guadalupe Victoria, primer presidente de la República, se introdujo la práctica de pronunciar discursos meramente informativos o como preámbulo general a la situación política, bélica y económica del país. De hecho, el Ejecutivo intervenía en la apertura y en el cierre de sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, y vertía en ellos la problemática peculiar del siglo XIX, lucha de facciones entre liberales y conservadores; conflictos bélicos en las regiones y con otros países, y la relación con los principales estamentos de la sociedad: la Iglesia católica y el ejército. Al final de la intervención presidencial se aclaraba que los secretarios de despacho darían cuenta pormenorizada del estado de su ramo en particular.

Es en la Constitución de 1857 donde se estableció claramente en su artículo 63, párrafo 1, título 111 que durante la asistencia del Ejecutivo a la apertura de sesiones del Congreso --dos periodos por año-- aquél pronunciaría un discurso en el que manifestaría el estado que guardaba el país y la Cámara respondería en términos generales.

En la sección II, sobre el Poder Ejecutivo, artículo 89, de la Constitución Liberal de 1857, se asentó que una vez abiertas las sesiones del primer periodo, los ``secretarios de despacho'' darían cuenta al Congreso del estado de sus respectivos ramos. Los Constituyentes de 1856, temerosos de que el Ejecutivo se impusiera sobre el Legislativo y extralimitara sus facultades, intentaron contenerlo mediante la supresión del Senado de tal forma que un solo cuerpo colegiado tuviera mayor poder de cohesión y decisión uniforme frente al presidente. En este sentido, el informe presidencial podía funcionar eventualmente como un medio correctivo y de control, pero en la práctica se extendieron facultades extraordinarias al presidente.

Durante los gobiernos de Porfirio Díaz, el informe adquirió una connotación para justificar y legitimar cada uno de sus mandatos pero cierta información, como la relacionada con los representantes extranjeros, sí fue comunicada de manera clara, directa y precisa en comparación con los rasgos que adquirió posteriormente. Así, de la práctica establecida por la Constitución de 1917 de un solo informe presidencial anual y por escrito, en el que se manifestaría el estado general de la administración pública, además del complemento informativo de los secretarios del despacho, se desprendieron informes de mayor extensión y temática heterogénea. Esto último se debió a varias razones: el fortalecimiento paulatino del Estado, que inicia desde el Porfiriato, y con ello la diversificación de la administración pública; el presidencialismo y, finalmente, las variantes del discurso revolucionario que culminaría, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en una exaltación extrema del lenguaje oficial característico de cada sexenio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias de los periodos del Congreso, el Presidente de la República remitirá un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la Administración Pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informara acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria''.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 7.

1. El primero de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, el Presidente de la Republica remitirá un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.

2. Se deroga.

3. El Presidente del Congreso turnará el informe remitido por el titular del Poder Ejecutivo a comisiones. Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el Presidente de la República remita su informe; en tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores.

4. Las Cámaras analizarán el informe remitido por el Presidente de la República. El análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior.

5. ...''

Transitorios

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de marzo de 2007.--- Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).» Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Cárdenas.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se rectifica el trámite dictado a la iniciativa presentada por el diputado Humberto López Lena Cruz que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Imprenta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 351 y 352 de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Francisco Antonio Fraile García:Con su permiso, señor Presidente: en la escala de valores de los mexicanos, según una encuesta hecha en febrero por la empresa Mitofsky, dice que lo más importante para el mexicano es la familia en el 67.4 por ciento.

En el país existen aproximadamente 10 millones de talleres o establecimientos familiares. En estos se ocupan alrededor de 14.4 millones de personas, poco más de una tercera parte del total de la población económicamente activa del país.

La Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 351 al 353, reconoce que los talleres familiares son una forma especial por la que se organizan las personas para realizar las actividades productivas de las que obtienen el ingreso para su hogar, a partir de actividades que llevan a cabo los mismos familiares y los pupilos, es decir, las personas asimiladas a la familia y que dependen económicamente de los ingresos que genera el establecimiento familiar.

Por ello, la legislación vigente reconoce a la industria familiar como una figura sui géneris a la cual ubica en el Título Sexto, denominado ``Trabajos Especiales''. En este sentido, a los negocios familiares no les son aplicables las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con excepción de las normas relativas a seguridad e higiene. La permanencia de un enorme número de negocios familiares en México demuestra que dichos negocios tienen virtudes y aptitudes especiales, por las que son capaces de perdurar como forma viable de organización de la producción en el mundo de hoy.

Por esta razón, en el mes de marzo del año 2006 el gobierno federal emitió un decreto mediante el cual los negocios familiares podrán recibir una amplia variedad de apoyos a través de diversas secretarías.

A partir de este decreto, los integrantes de los talleres familiares podrán recibir capacitación y consultoría en asistencia técnica, apoyos económicos para la adquisición de herramientas y equipo y maquinaria, asesorías administrativas y tecnológicas y la incorporación de sus integrantes a la seguridad social que ofrece el Estado, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social.

No obstante el impulso que el gobierno federal ha dado a la industria familiar, es necesario actualizar el marco jurídico regulatorio aplicable a los establecimientos familiares. Por ello la presente iniciativa es una primera puntualización y propone cambiar el título del Capítulo XV del Título Sexto, denominado ``Industria Familiar'' por el de ``Establecimientos Familiares''.

Con esta precisión se avanza al hacer claramente aplicable a los establecimientos familiares la acepción que dispone los tres artículos citados de la Ley Federal del Trabajo en toda clase de actividad productiva.

En segundo lugar, la iniciativa propone establecer que el número de personas que integran el establecimiento familiar sea el correspondiente al número de integrantes de la familia con la limitación derivada de hasta el 50 por ciento de pupilos, respecto al número total de familiares directos que integran el establecimiento. Entendiendo por pupilo a las personas que estén como asimiladas a la familia y que dependen económicamente de los ingresos que se generan en el establecimiento familiar.

En un tercer punto, la iniciativa busca la protección del trabajo infantil realizado en el ámbito familiar. Desafortunadamente, el hogar es el primer lugar donde se explota laboralmente al niño y el régimen de excepción en el que se encuentran los establecimientos familiares no puede ser una justificante del trabajo infantil, así como tampoco la tutela o custodia de los hijos no puede otorgar el derecho a los padres o tutores, para someter a los niños a jornadas laborales propias de los adultos.

El trabajo infantil es una forma de maltrato, aún cuando esta institución no sea reconocida por los que rodean al menor, pues se aparta al menor de las actividades y redes sociales que permiten su formación sucesiva y la recreación necesaria.

Por esta razón me atrevo a hacer estas propuestas de modificación, porque indiscutiblemente 10 millones de talleres o establecimientos familiares, o mejor dicho, 10 millones de establecimientos familiares, que es la forma como se gana el mexicano --estos 14.4 millones de personas-- el pan, me parece a mí prudente que las sostengamos y las hagamos brillar. La familia, sin duda, es factor de desarrollo y progreso social. Cuidémosla mucho. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 351 y 352 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal a la LX Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por la fracción II del artículo 71 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el título del Capítulo XV y los artículos 351 y 352 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, como en muchos otros países, son numerosos los talleres familiares, es decir, las unidades de producción de bienes o prestación de servicios operadas por los miembros de una familia y las personas asimiladas a la familia y que dependen de los ingresos que se generan en el taller familiar.

En el país, existen aproximadamente 10 millones de talleres o negocios familiares. En éstos se ocupan alrededor de 14.4 millones de personas, poco más de una tercera parte del total de personas ocupadas en el país.

Desde tiempo atrás, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 351, 352 y 353, reconoce que los talleres familiares son una forma especial por la que se organizan las personas para realizar las actividades productivas de las que obtienen el ingreso para su hogar. Reconoce que son esfuerzos de producción que las familias realizan para generar ingresos para el hogar, a partir de actividades que llevan a cabo los mismos familiares y las personas asimiladas a la familia.

A diferencia de las empresas y de las cooperativas, en los negocios familiares no participan patrones ni trabajadores contratados para realizar un trabajo de manera subordinada. Además, las relaciones entre las personas que participan en los talleres familiares no son de carácter laboral. Por ello, la legislación vigente reconoce a la industria familiar como una figura sui generis, a la cual ubica en el Título Sexto denominado ``Trabajos Especiales''.

En este sentido, la Ley Federal del Trabajo que regula las relaciones laborales que típicamente se observan en las empresas, establece con claridad absoluta que a los negocios familiares no les son aplicables las disposiciones de dicha ley, con excepción de las normas relativas a seguridad e higiene.

Los negocios familiares, son una forma especial y valiosa de organización social para la producción. La permanencia de un enorme número de negocios familiares en México, evidentemente demuestra que dichos negocios tienen virtudes y aptitudes especiales por las que son capaces de perdurar como forma viable de organización de la producción en el mundo de hoy.

Por esta razón, en el mes de marzo del 2006, el gobierno federal emitió un decreto mediante el cual, los negocios familiares podrán recibir una amplia variedad de apoyos a través de diversas Secretarías.

Así, por ejemplo, los integrantes de los talleres familiares podrán recibir capacitación y consultoría en asistencia técnica; apoyos económicos para la adquisición de herramientas y equipo y maquinaria; asesorías administrativas y tecnológicas y la incorporación de sus integrantes a la Seguridad Social que ofrece el Estado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Para recibir estos beneficios, es indispensable que los negocios familiares se inscriban voluntariamente en un Registro de Negocios Familiares, mismo que es administrado por la Secretaría de Economía.

No obstante el impulso que el gobierno federal ha dado a la industria familiar, el marco jurídico-regulatorio, en muchos aspectos, no se ha perfeccionado a la par de la exigencia de las nuevas necesidades. Al contrario, en ocasiones la evolución general del derecho económico y de la legislación para la producción y para el trabajo, en particular, ha soslayado las diferencias esenciales y fundamentales que existen entre las distintas formas de organización de la producción.

En tales circunstancias, los propietarios de negocios familiares y las personas que participan en los mismos, perciben riesgos legales muy considerables ante la posibilidad de que se les aplique a sus negocios familiares la normatividad de la Ley Federal del Trabajo, soslayando lo previsto en sus artículos 351, 352 y 353. Las consecuencias jurídicas para ellos serían adversas, así como también serían muy negativos los efectos sociales y económicos que se observarían en el país si equivocadamente se pretendiera aplicar a los negocios familiares la Ley Federal del Trabajo ignorando lo dispuesto en los tres artículos señalados.

La aplicación de normas laborales diseñadas por los legisladores para empresas con naturaleza esencialmente diversa, en el caso de los negocios familiares, provocaría sanciones casi universales, cierres y desaparición de cientos de miles o millones de puestos de trabajo y la pérdida monumental de ingresos para millones de personas que viven gracias a su participación en la producción que llevan a cabo los negocios familiares.

En este orden de ideas, la presente iniciativa tiene como objetivo el actualizar y perfeccionar el marco jurídico-regulatorio aplicable a los negocios familiares.

En una primera puntualización, se propone cambiar el título del Capítulo XV del Título Sexto denominado ``Industria familiar'' por el de ``Establecimientos familiares''. Con esta precisión se avanza al hacer claramente aplicable a los establecimientos familiares las acepciones que disponen los tres artículos multicitados de la Ley Federal del Trabajo, en toda clase de actividad productiva, evitando el equívoco semántico de entender que industrias familiares son únicamente las unidades de producción que se encuentran en determinadas actividades en que el lenguaje popular así las denomina (industria del vestido, industria del calzado, industria mueblera, etcétera) y por consiguiente menoscabando las condiciones jurídicas de las personas que integran diversas unidades de producción en las que asimismo participan con mucha frecuencia sólo familiares y pupilos, como por ejemplo en fondas, misceláneas, sastrerías, carpinterías y muchas actividades más.

En segundo lugar, la iniciativa propone establecer que el número de personas que integran el establecimiento familiar sea el correspondiente al número de integrantes de la familia con la limitación derivada de hasta el 50% de pupilos respecto al número total de familiares directos que integran el establecimiento; entendiendo por pupilo a las personas que estén como asimiladas a la familia y que dependen económicamente de los ingresos que se generan en el establecimiento familiar.

Al establecer esta precisión, se evita caer en el error de confundir nociones propias de la tipología de las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, que de antaño han existido en diversos ordenamientos legales, pero que no guardan relación con la naturaleza intrínseca del establecimiento familiar, tal como la reconocen y definen los tres artículos antes referenciados de la Ley Federal del Trabajo.

En un tercer punto, la iniciativa busca la protección del trabajo infantil realizado en el ámbito familiar. El régimen de excepción en el que se encuentran los establecimientos familiares no puede ser una justificante del trabajo infantil, así como tampoco la tutela o custodia de los hijos no puede otorgar el derecho a los padres o tutores para someter a los niños a jornadas laborales propias de los adultos.

Es precisamente el hogar el primer lugar donde se explota laboralmente al niño. Es común que en el hogar se le asignen faenas que igual pueden ser la cría de animales de corral, el cuidado del negocio o establecimiento, el quehacer doméstico y la manufactura de ciertos productos en el taller familiar.

El trabajo infantil es una forma de maltrato, aún cuando esta situación no sea reconocida por los que rodean al menor, pues se aparta al menor de las actividades y redes sociales que permiten su formación sucesiva y la recreación necesaria.

Si bien es cierto que la situación de pobreza de muchas familias es la principal variable para explicar el fenómeno del menor trabajador, también es cierto que no hay una causalidad mecánica de que los padres en condiciones de pobreza vean como opción la fuerza de trabajo de los hijos mejores para incorporarla al mercado de trabajo como un factor estratégico. No son extraordinarios los casos en que en una misma familia laboran varios menores, lo que pone en evidencia que una parte de las responsabilidades de los adultos respecto a la manutención se ha trasladado a los menores trabajadores. Además, la incorporación activa de los hijos menores a la vida laboral, puede producir en el corto plazo más problemas que soluciones para la familia, ya que la incorporación temprana a la vida laboral regularmente va acompañada del abandono de la escuela.

El niño que abandona la escuela por razones laborales, a la larga perderá la oportunidad de lograr una mejor calificación de su trabajo, lo que conlleva regularmente a menores ingresos a mediano y largo plazo. Aunado a ello, el niño que destina su energía a lo laboral disminuyendo la recreación, el tiempo para la familia y para el desarrollo personal, puede contribuir al vacío de contenidos por lo que hace a la vida familiar, social y comunitaria. De esta manera, los padres de familia que erróneamente consideran la fuerza laboral de los menores como una necesidad para salir de una situación económicamente precaria, paradójicamente están reproduciendo el esquema de pobreza a mediano y largo plazo, además de estar contribuyendo para construir las condiciones que afecten la vida al interior de la familia y en la comunidad.

El trabajo de los menores, considerados éstos entre los 14 y los 16 años, es objeto de reglamentación. La Ley Federal del Trabajo precisa sus derechos mínimos y contempla su labor de acuerdo con sus capacidades físicas y con la necesidad de su protección moral y social. En este renglón es aún muy discutible la protección con el amplio esquema de excepciones que la misma ley señala, tal y como es el caso de las normas relativas a la industria familiar.

Cuando el trabajo se desempeña en el domicilio y en talleres familiares es difícil controlar la actividad de los niños y su explotación. Es deseable que esa relación sea tutelada y a pesar de las crisis económicas por las que pasan muchas familias, es obligado reflexionar sobre la importancia y el beneficio que reporta a la familia que los niños continúen su instrucción.

En este sentido, la iniciativa propone reformar el artículo 352 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de incorporar la aplicación de las normas relativas a la utilización del trabajo de los niños contenidas en los artículos 22, 23 y en el Título Quinto Bis de dicha Ley. Con esto, quedaría prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años en los talleres y negocios familiares, así como la de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Además, se otorgaría una reglamentación mucho más precisa en relación al trabajo que realizan los mayores de catorce años y menores de dieciséis dentro de los talleres o negocios familiares.

En un cuarto punto, la presente iniciativa considera que la calidad de ``pupilo'' no es argumento válido para despojar a un trabajador de sus derechos laborales fundamentales.

Tal y como se encuentran redactados actualmente los artículos 351, 352 y 353 de la Ley Federal del Trabajo, los pupilos, es decir, aquellas personas asimiladas a la familia, que laboran en el establecimiento familiar pero que no los unen lazos de consanguinidad, no gozan de la protección y de los derechos laborales que otorga la ley.

En el artículo 351 reconoce que los talleres familiares se integran por los cónyuges, sus ascendientes, descendientes y pupilos. Posteriormente, el artículo 352 establece que ``no se aplican a los talleres familiares las disposiciones de esta Ley, con excepción de las normas relativas a higiene y seguridad''. Con esto se deduce que los pupilos quedan sin la protección legal que todo trabajador debe poseer.

En virtud de ello, se propone modificar el artículo 352 de la Ley Federal del trabajo, a efecto de que los pupilos y demás trabajadores ajenos a la familia puedan gozar de las prerrogativas y de las disposiciones que ofrece la Ley a los trabajadores. De esta forma, los abusos que se puedan presentar en contra de los llamados ``pupilos'', podrán ser sancionados conforme a las normas que regularmente rigen las relaciones laborales entre empresas y trabajadores. Los pupilos, en esta lógica, tendrían plena capacidad jurídico-procesal, con la asesoría y apoyo de la Inspección o de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para defender sus derechos laborales.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente

Iniciativa con Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se reforma el título del capítulo XV del Título Sexto para quedar como sigue:

Capítulo XV Establecimientos Familiares

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 351 y 352 y se agrega un párrafo al artículo 351 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 351. Son establecimientos familiares los talleres o negocios en los que participan exclusivamente los cónyuges, sus ascendientes, descendientes y pupilos.

Con limitación derivada de hasta 50% de pupilos respecto al número total de familiares directos que integran el establecimiento familiar.

Los establecimientos familiares podrán desarrollar cualquier clase de actividad de producción de bienes o de prestación de servicios.

Artículo 352. No se aplican a los establecimientos familiares las disposiciones de esta Ley, con excepción de las normas relativas a la utilización del trabajo de los niños conforme a lo dispuesto en los artículos 22, 23 y el Título Quinto Bis, las relativas a higiene y seguridad, y en el caso de los pupilos y demás trabajadores ajenos a la familia.

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los 13 días del mes de marzo de 2007.--- Diputado Francisco A. Fraile García (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Francisco Antonio Fraile.Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Le damos la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Escuela Preparatoria y personal académico del Colegio Baden Powell, invitados por el diputado Jorge Justiniano González Betacourt; bienvenidos. Adelante, señor diputado.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Almazán González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado José Antonio Almazán González:Con su permiso, diputado Presidente: el suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me conceden el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy los artículos 55, fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de decreto que adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

La reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que consagra los llamados ``fines de semana largos'', no respetó la previa consulta a los trabajadores, especialmente de los sindicatos cuyos contratos colectivos contienen disposiciones diversas.

Las manifestaciones contra este decreto, incluida la interposición de amparos, no se han hecho esperar. En tal virtud, urge establecer de manera indiscutible en la Ley Federal del Trabajo que las disposiciones sobre los fines de semana largos no afectan las cláusulas en contrario que tengan o lleguen a establecerse en los contratos colectivos de trabajo e incluso los contratos individuales.

Ya han tenido lugar en el país los primeros fines de semana largos conforme al decreto de reformas al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de enero de 2006.

Sindicatos y grupos importantes de trabajadores han estado exigiendo la inmediata derogación de los fines de semana largos, bajo el hecho inadmisible de que el goce de un derecho trueque en una imposición unilateral y, por tanto, obligatoria para los trabajadores, buscando recobrar el texto anterior del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo que estiman más tutelar.

En efecto, estos trabajadores que se oponen a lo que consideran un despojo a sus derechos mínimos, entre otros argumentos han expresado que en general este decreto de reformas al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo que establece los fines de semana largos restringe los derechos de los trabajadores desde el momento en que los subordina a intereses económico-financieros ajenos al derecho laboral, desnaturalizando la esencia de los días de descanso obligatorio que persiguen fines históricos, cívicos y sociales, además de afectar los fines ideológicos de clase que persigue la conmemoración de varias de las fechas que los originan.

Partiendo de estos variados argumentos expuestos por los trabajadores, especialmente por el Sindicato Mexicano de Electricistas y los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores, comenzaremos diciendo que es el derecho del trabajo un producto histórico de justicia social, consecuencia de siglos de lucha de la clase trabajadora, intelectuales solidarios y políticos visionarios.

En el caso particular de México, su nacimiento exigió una revolución con más de un millón de muertos. Por tal motivo, la Ley Federal del Trabajo, su producto más acabado, ha sido defendido sin tregua por el pueblo de México, porque sabe que renunciar a ésta sería arrancar de raíz una base esencial de su bienestar, su dignidad y libertad.

Defender a la Ley Federal del Trabajo en estos momentos abarca, entre otras cuestiones, la defensa de una reforma parcial o integral que se traduzca en el fortalecimiento de los derechos individuales, colectivos y procesales de los trabajadores, por lo que debemos oponernos a toda supresión de elementos de tutela en aras de impulsar los intereses empresariales para los que existen otros ordenamientos como los de carácter mercantil y financiero, siendo inadmisible que se pretenda ir transformando a la Ley Federal del Trabajo en un código para la defensa del capital.

Por todo lo antes expuesto y fundado, propongo a esta Cámara de Diputados la adición de un último párrafo al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos:

Si existe contrato colectivo o individual y en éstos se estipulan modalidades específicas para el disfrute, pago u otras sobre los días de descanso obligatorio; estos descansos se regirán por lo que establezca el contrato respectivo.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Si a la entrada en vigor del presente decreto existieran estipulaciones específicas para el disfrute, pago u otras sobre los días de descanso obligatorio en los contratos colectivos e individuales, éstas mantendrán su vigencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007. Diputado Presidente, pido que se inserte de manera íntegra esta iniciativa para reformar el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, fracción II; 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de decreto que adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

No debemos legislar a espaldas del pueblo, las disposiciones que así se corrompen acaban siendo desconocidas por la realidad de un país, debiendo ser derogadas o modificadas en su esencia por el Legislativo.

La reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo que consagra los llamados ``fines de semana largos'', no respetó la previa consulta a los trabajadores, especialmente de los sindicatos cuyos contratos colectivos contienen disposiciones diversas. Las manifestaciones contra este decreto, incluida la interposición de amparos no se han hecho esperar. En tal virtud, urge establecer de manera indiscutible en la Ley Federal del Trabajo que las disposiciones sobre los ``fines de semana largos'', no afectan las cláusulas en contrario que tengan o lleguen a establecerse en los contratos colectivos de trabajo e incluso los contratos individuales.

Ya han tenido lugar en el país, los primeros ``fines de semana largos'', conforme al decreto de reformas al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de enero del 2006.

Sindicatos y grupos importantes de trabajadores, han estando exigiendo la inmediata derogación de los ``fines de semana largos'' bajo el hecho inadmisible de que el goce de un derecho, trueque en una imposición unilateral y por tanto obligatoria para los trabajadores, buscando recobrar el texto anterior del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo que estiman más tutelar. En efecto, estos trabajadores que se oponen a lo que consideran un despojo a sus derechos mínimos, entre otros argumentos, que hago míos, han expresado:

a) Que lo malo no es el establecimiento de los ``fines de semana largos'', sino la manera como fue aprobada por el Congreso de la Unión, es decir con una visión eminentemente pro patronal y excluyente, siendo que por esencia la LFT es y debe ser tutelar de los derechos de los trabajadores, y consensuada, en su caso, por ambas partes.

b) Que en general este decreto de reformas al artículo 74 de la LFT que establece los ``fines de semana largos'', restringe los derechos de los trabajadores desde el momento en que los subordina a intereses económicos financieros ajenos al derecho laboral, desnaturalizando la esencia de los días de descanso obligatorio que persiguen fines históricos, cívicos y sociales (además de afectar los fines ideológicos de clase que persigue la conmemoración de varias de las fechas que los originan).

c) Que el contenido de las diversas iniciativas que se habían presentando ante esta H. Cámara de Diputados en relación con los fines de semana largos no eran iguales, pudiéndose dividir básicamente en dos posiciones:

La primera, planteaba a los ``fines de semana largos'' como un medio de ampliar el derecho de los trabajadores, razón por la cual el manejo de las modalidades a que se sometería a los días de descanso obligatorio como parte de los ``fines de semana largos'' sería mediante convenio entre trabajadores o sindicato y los patrones en cada empresa: es decir, si pueden ser materia de los ``fines de semana largos'' todos los días de descanso obligatorio o sólo parte, si se descansan en los viernes o lunes más próximos, etcétera.), posición que básicamente adopta mi partido el PRD en su propuesta integral de reformas a la Ley Federal del Trabajo.

La segunda posición, busca limitar el derecho que representan los descansos obligatorios, subordinándolos básicamente a los intereses de los empresarios, especialmente los del sector turístico.

d) Que los ``fines de semana largos'' pro-patronales, no sólo buscan por objeto el impulso de la actividad económica, especialmente la turística, sino busca satisfacer al propio tiempo un requerimiento de largo tiempo de los empresarios: eliminar a los llamados ``puentes'', que desde su punto de vista afectan a la planta productiva; paralelamente algunos patrones buscan golpear los objetivos ideológicos que persiguen algunos de los días de descanso obligatorio y que se estiman contrarios a sus intereses empresariales.

e) Que en última instancia y partiéndose de que en la Ley Federal del Trabajo se marcan derechos mínimos más no máximos, se debe preservar en el marco de los ``fines de semana largos'' el derecho a que por acuerdo (individual o colectivo) los factores de la producción puedan modificar el número de días de descanso obligatorio susceptibles de ``fines de semana largos'', la manera como operarían estos, si en lunes o viernes, el pago por este concepto y, demás modalidades.

Así la regla general fijada conforme al texto propuesto por el decreto de comento, se podría modificar según la conveniencia de las partes (derecho superior), siempre que medie el respectivo convenio, esto representa la esencia del derecho distributivo, ya que se trata de sujetos que no están en un plano de igualdad.

f) Pero lo que es innegociable en opinión de estos trabajadores y, que denota la poca metodología jurídica con que fue elaborada la reforma de comento, es la necesidad de atemperar ésta mediante la consagración de manera expresa de la imposibilidad de que surta efectos de manera retroactiva el decreto de reformas al artículo 74 de la LFT de manera que se mantengan intocados los acuerdos ya existentes en el marco de los contratos colectivos e individuales en materia de días de descanso obligatorio. De no consagrarse legalmente este extremo, se provocaría que fueran las autoridades de amparo las que en ejercicio de su actividad interpretadora definiera este tema nodal en el presente litigio.

g) Por otra parte, se destaca que no se contempló en esta reforma las consecuencias técnicas de los efectos del cómputo de términos procesales, principalmente para la prescripción, caducidad o preclusión de los términos, en especial en materia laboral, de amparo, civil, administrativa, entre otros.

Finalmente, expresan los trabajadores que para alcanzar a plenitud el fin de impulso al turismo doméstico de este decreto no basta redistribuir los días de descanso obligatorio en el marco de los que se pueden denominar ``puentes legales'' sino debe impulsarse una reforma integral a favor del empleo, salarios suficientes y paquetes económicos para el turismo.

Contenido de esta iniciativa de ley

Partiendo de los argumentos expuestos por los trabajadores especialmente por el Sindicato Mexicano de Electricistas y los integrantes de la UNT; comenzaremos diciendo que el Derecho del Trabajo es un producto histórico de justicia social, consecuencia de siglos de lucha de la clase trabajadora, intelectuales solidarios y políticos visionarios; en el caso particular de México su nacimiento exigió una revolución con más de un millón de muertos. Por tal motivo la Ley Federal del Trabajo, su producto más acabado, ha sido defendido sin tregua por el pueblo de México, por que sabe que renunciar a ésta sería arrancar de raíz una base esencial de su bienestar, su dignidad y libertad. Defender a la Ley Federal del Trabajo en estos momentos abarca entre otras cuestiones la defensa de una reforma parcial o integral que se traduzca en el fortalecimiento de los derechos individuales, colectivos y procesales de los trabajadores; por lo que debemos oponernos a toda supresión de elementos de tutela en aras de impulsar los intereses empresariales, para lo que existen otros ordenamientos como los de carácter mercantil y financiero. Siendo inadmisible que se pretenda ir transformando a la Ley Federal del Trabajo en un código para la defensa del capital.

En este sentido el pasado 17 de enero de 2006 el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto de reformas al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, sin que previamente hayan sido escuchados los trabajadores, titulares de derechos adquiridos. Contrariamente, estas reformas se armaron escuchando a los empresarios, especialmente del sector turístico; pasándose por alto el carácter bilateral que subyace en la esencia del Derecho Laboral.

Por otro lado este decreto de reforma hizo un menosprecio absoluto de nuestra Constitución Federal, que por un lado en su artículo 123 consagra el Derecho Laboral como un derecho social de protección para las mujeres y hombres que viven de su fuerza de trabajo y, por el otro prohíbe en su artículo 14 dar efecto retroactivo a toda nueva disposición legal en perjuicio de persona alguna. Esto por que se pretende que el decreto de mención se aplique de manera retroactiva a derechos convenidos y adquiridos por los trabajadores en el marco de contratos individuales o colectivos; por ejemplo en varios contratos colectivos se establece un pago doble para los ``días coincidentes'' (es decir cuando un día de descanso semanal coincide con un día de descanso obligatorio y es laborado por el trabajador) lo que se vería afectado de aplicarse este decreto que traslada a los días lunes tres días de descanso obligatorio: el 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre; igualmente impactaría la actual distribución que en el marco de algunos contratos han acordado las partes para el disfrute de estos días de descanso obligatorio, entre otros. Todo lo cual se irá traduciendo en conflictos laborales e irá abriendo camino incluso a problemas sociales, de continuar en esta senda de ninguneo de los derechos de los trabajadores.

Con este albazo legislativo se continúa con la inconstitucional práctica de intentar modificar contratos colectivos a través de golpes legislativos, continuación de aquellas reformas del 11 de agosto de 2004 a la Ley del Seguro Social que impactó negativamente al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del IMSS y, que en días pasados reincidió al buscar vencer a los sindicatos de los trabajadores del Congreso de la Unión mediante la reforma al artículo 5º. y otros de de la ley burocrática.

Esto además es sumamente peligroso, ya que la patronal y burócratas neoliberales al no poner imponer la contrarreforma laboral en su integridad, ahora usan la táctica de ir introduciendo gradualmente su agresión a la clase trabajadora

En suma, mi propuesta de iniciativa busca eliminar de las reformas del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, del 17 de enero de 2006, sus claros rasgos de inconstitucionalidad y, al propio tiempo, respetar dos principios esenciales del Derecho Laboral, su bilateralidad y su espíritu permanente de justicia distributiva.

Por todo lo expuesto y fundado, propongo a esta H. Cámara de Diputados la adición de un último párrafo al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos:

Artículo 74. ...

I. a IX. ...

Si existe contrato colectivo o individual y en estos se estipulan modalidades específicas para el disfrute, pago u otras sobre los días de descanso obligatorio, estos descansos se regirán por lo que establezca el contrato respectivo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Si a la entrada en vigor del presente decreto existieran estipulaciones específicas para el disfrute, pago u otras sobre de los días de descanso obligatorio en los contratos colectivos o individuales estas mantendrán su vigencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.--- Diputado José Antonio Almazán González (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Insértese la iniciativa en forma íntegra en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el diputado José Antonio Almazán Gonzálezytúrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

CODIGO CIVIL FEDERAL

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna al diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya:Con su permiso, ciudadano Presidente; compañeros diputados y compañeras diputadas: el que suscribe, diputado federal por el estado de Nuevo León, Juan Francisco Rivera Bedoya, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de ustedes esta iniciativa.

Decía el filósofo Benito Espinosa que el hombre es una partícula infinitesimal perdida en la totalidad inmensa del universo; sin embargo, el hombre es un ser pensante y tiene, como decía Ortega y Gasset, la facultad de proponerse fines y acudir a medios para realizarlos.

El hombre tiene un destino dentro del cual se ubica su nacimiento, su crecimiento, su reproducción y su muerte; pero será quizá éste último tema el que siempre rehuimos, el que nunca queremos de alguna manera aceptar. Tomamos algunas medidas para proteger a nuestra familia, como es el caso de los seguros de vida, ahorros, pero hay algo que nos provoca miedo y esto es precisamente el hacer un testamento.

Lo que ahora les propongo es crear un mandato para nuestros fines. Cuando tengamos, en algún caso, algún problema de salud, que perdamos la capacidad, que no tengamos las facultades necesarias para determinar la forma en que vamos a ser atendidos por médicos o por familiares en la última etapa de nuestra vida.

Muchos tribunales están llenos de pleitos legales porque familiares pretenden asumir el carácter de tutores, o bien, hay un Consejo Local de Tutelas que impone a un incapacitado ya en fase terminal, quién le va a regir o quién lo va a representar.

En varios países del mundo existe lo que se ha llamado ``tutela especial de atención médica''. Así, como es factible hacer un testamento para disponer de todo lo que deseamos para el último fin de nuestra vida; también podemos instituir un mandato sin destruir lo que es el efecto de la tutela que ya está prevista en el Código Civil.

Requerimos también crear una figura que no existe en el procedimiento ni en la parte sustantiva de la legislación mexicana y es la facultad de la persona para otorgar un mandato y decir de antemano quién desea que vigile la última etapa de su vida en caso de una incapacidad, en caso de un accidente que lo imposibilite; un mandato que rija exactamente qué es lo que va a suceder en la última etapa de su vida.

Es muy importante que tomemos en consideración estos aspectos porque así evitaremos muchos problemas a los tribunales; también habremos de dejar disposiciones muy concretas de cómo queremos que se nos atienda en la última etapa de nuestra vida, quitando el peso moral a nuestros familiares; facilitar también a los médicos que nos atiendan y poner restricciones sobre hasta dónde queremos que se nos siga provocando la medicina defensiva, que no nos tengan conectados a un tubo por meses o por semanas respirando artificialmente o dependiendo de sistemas artificiales.

Es posible que los ciudadanos, que las personas podamos de alguna manera instituir un mandato y designar a nuestra hija, a nuestro hijo, a nuestro familiar o a nuestros amigos más cercanos para confiar estas disposiciones finales de nuestra existencia.

Para ello se requiere reformar algunos aspectos, algunos capítulos del Código Civil, dando lugar a esta tutela para el final de nuestra vida, ya que a veces los jueces del Consejo Local de Tutelas designan a personas que ni siquiera conocemos, que no tienen conocimiento de nuestra vida y precisamente ésta es la propuesta que estamos haciendo para que tengamos la previsión no sólo de hacer un testamento, que a veces rehuimos tomar esa responsabilidad y dejamos la carga de litigio a nuestros familiares.

Es tan simple hacer un testamento recíproco entre marido y mujer o disponiendo los bienes para con los hijos, pero también debemos de prever dentro de las disposiciones finales de nuestra vida cómo queremos que se nos atienda en la última etapa de ésta.

En esta propuesta, y de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Parlamentaria, vienen todas las disposiciones que es necesario reformar para incorporar esta figura de mandato, que puede incluir donación de órganos o atenciones específicas de nuestros últimos días.

Con todo respeto, expongo a ustedes esta propuesta y solicito, señor Presidente, se agregue en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal por el estado de Nuevo León, Juan Francisco Rivera Bedoya , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 454, 461, 462 y 520, fracciones IV y V, del Código Civil Federal; y se adiciona un Capítulo IV Bis con los artículos 481 Bis, 481 Bis I, 481 Bis II, 481 Bis III, 481 Bis IV, 481 Bis V, 481 Bis VI, 481 Bis VII, 481 Bis VIII, 481 Bis IX, 481 Bis X, 481 Bis XI, 481 Bis XII, 481 Bis XIII, 481 Bis XIV, 481 Bis XV, 481 Bis XVI del Código Civil Federal, en los términos que a continuación se exponen.

Exposición de Motivos

El ser humano --sabemos-- nace, crece, se reproduce (el algunos casos) y muere. Es decir lo único que se tiene seguro una vez que se nace, es que algún día habremos de morir, seguridad que no se ve reflejada en el accionar de las personas, porque si bien todos sabemos que en algún momento moriremos, la mayor parte de nosotros no tenemos un plan de que se hará con nosotros cuando eso cuando eso suceda.

Algunos sectores de la sociedad, por cierto una mínima parte, podrán comprar un seguro de vida; podrán proveer seguridad financiera a los seres que aman; otros otorgaran testamentos para la distribución de sus bienes terrenales, pero muy pocos se toman el tiempo para preparar en detalle lo que debe hacerse cuando la muerte se aproxime, de manera inevitable, para cuando la certeza de la muerte es mucho mayor que las probabilidades de continuar con vida, o bien, esta posibilidad es nula, o simplemente cuando las condiciones físicas de la persona no le permiten expresar con libertad su voluntad de que hacer con él cuando estas condiciones se presenten.

Posiblemente es el miedo lo que hace de esta experiencia algo indeseable y difícil de manejar. Algunos, por sus acciones, pareciera que se consideran inmortales, o bien, demasiado jóvenes para pensar que la muerte y sus implicaciones les pueda suceder en el corto plazo. Esta actitud de evitar discutir, de pensar sobre el último momento de nuestra vida, hace que la mayor parte de las personas no estén preparadas para manejar con responsabilidad las necesidades inmediatas de las personas que amamos, y que están a cargo de tomar decisiones en el proceso de presentación de la muerte. En razón de que el propio afectado, por alguna razón, no puede tomar decisiones, ya sea por estar inconsciente, o privado de la voluntad para reflexionar y expresar de viva voz sus decisiones respecto al que hacer con él en estas circunstancias.

Esta determinación de qué hacer con él, o el cómo se deben de conducir sus familiares cuando la persona se encuentra en estos supuestos extremos de cara a la muerte no encuentra tampoco soporte jurídico para que las personas actúen con mayor certeza. No existe un marco jurídico que, en apoyo a las familias, o personas allegadas, les permita asumir las responsabilidades inherentes a la autorización de determinadas acciones médicas, sin que con ello corran el riesgo de verse afectados por consecuencias jurídicas o morales, derivadas de la toma de decisiones en estos momentos difíciles en que existe alta presión en todos lo sentidos.

En muchos países del mundo existe una legislación al respecto, solo baste mencionar los ejemplos de Estados Unidos de América, Colombia y la Unión Europea. De ahí la necesidad de normar en nuestro país que un ciudadano, en su completa lucidez, y en ejercicio plenos de su libertad, esté facultado para decidir cuáles deben de ser los cuidados de su salud en un futuro, cuando no esté en condiciones de decidir, ya sea por un estado de inconsciencia o por la propia gravedad de la enfermedad.

Concretamente, en los Estados Unidos de América existe una ley federal acerca de la autodeterminación del paciente (1990 Patient Self Determination Act), en la que se exige a los hospitales, hogares de ancianos y otras instituciones que acepten los seguros médicos para personas de escasos recursos económicos (como Medicare y Medicaid en Estados Unidos de América), y para que suministren información por escrito a los residentes o sus allegados en el momento de la admisión, y sobre las instrucciones existentes sobre el cuidado que por adelantado haya dispuesto el directamente interesado.

Es perfectamente factible que en un documento se pueda especificar sus deseos, por ejemplo, de donar órganos, o bien, diseñar cuáles podrían ser los escenarios posibles ente una enfermedad incurable o un accidente inesperado, para que indique qué desearía que se hiciera en caso de que sufra una incapacidad que le impida tomar (o comunicar) estas decisiones cuando estos eventos ya se hayan presentado.

En México no existe todavía una norma que regule lo anterior, que ampare este derecho, por lo que es necesario actualizar nuestro marco jurídico, a fin de que se permita a los mexicanos tomar las medidas preventivas para deslindar a sus familiares y personas allegadas de la responsabilidad jurídica, o moral derivada de la toma de decisiones en momentos especialmente difíciles. De esta forma, en un acto pleno de responsabilidad, es el propio interesado quien, mediante un acto formal, prevé qué hacer cuando ya no se tiene la suficiente salud para tomar decisiones concientes, por lo que designa, con todos los elementos legales ante un fedatario público, a la persona que se hará cargo de transmitir estas decisiones propias. Esta es la razón por la cual proponemos esta iniciativa de reforma y adiciones al Código Civil Federal para su aprobación.

Cuáles serían las ventajas

Las ventajas potenciales de la implementación de las directrices de cuidado de salud en situaciones criticas, por adelantado son:

La disminución de la preocupación personal del directamente interesado.

El médico adquiere un mayor conocimiento acerca de los deseos del paciente, para actuar en consecuencia.

Disminución de la aplicación de ``medicina defensiva'' por parte del médico, cuando ya las posibilidades son nulas.

Disminución de las intervenciones médicas ineficaces y costosas.

Disminución general de los costos de la atención médica salvaguardando el patrimonio familiar.

Disminución de los sentimientos de culpa o de impotencia para la familia a cargo de la toma de decisiones.

Disminución de las preocupaciones de tipo legal para todas las personas involucradas.

Cuáles serían las limitaciones

Es claro que una disposición legal como la que se propone tiene limitaciones, lo cual radica en la escasa posibilidad de predecir los diversos escenarios en que se pueden presentar la incapacidad para manifestar concientemente la voluntad. Esto es, la limitación para dar la totalidad de las instrucciones de cuidado por adelantado, lo que radica en la propia incapacidad del médico para predecir las situaciones que pueden presentarse en el futuro y los procesos que posteriormente podrían desarrollarse como alternativas disponibles para brindar solución a lo que hasta el momento se considera ``irremediable''.

Pero esta limitación no es suficiente para no hacer nada, no prever posibles escenarios a partir de un historial médico, recurrencia médica o probabilidades de sucesos. Siempre será mejor avanzar que permanecer inmóviles.

¿Es necesario designar a alguien como responsable?

Sí, es necesario designar a alguna o algunas personas que se harán cargo de que sus indicaciones sean cumplidas en el momento de que se presenten los sucesos previstos, mediante un documento en que se hagan constar las instrucciones fáciles de especificar para que todos los involucrados puedan actuar en los términos de la voluntad expresada oportunamente por quien en ese momento ya no está en la capacidad expresar libremente su voluntad.

Por qué hacerlo por adelantado

Esto facilitará a los seres queridos el tomar decisiones en momentos críticos. Además los médicos podrán hacer decisiones más fundamentadas en el deseo del paciente.

En momentos de crisis o al final de la vida, la preocupación y la ansiedad obstaculizarán la toma de decisiones. Por ello, expresar por adelantado cuál es nuestro deseo facilitará a los familiares una mejor toma de decisiones, puesto que en ocasiones los miembros de la familia tienen criterios distintos que puede resultar en un conflicto y dificultan a su vez la toma de decisiones médicas más convenientes.

Quién sería la persona que se encargue

Puede ser un familiar o amigo de confianza. También es deseable que se discuta sus deseos con sus médicos e informe de sus decisiones a la mayor cantidad de familiares posible.

Qué es el tutor especial de atención médica

Ahora bien, nuestra legislación civil actualmente ya ofrece la posibilidad de que cualquier persona pueda designar a un apoderado o celebrar un contrato de mandato para que alguien lo represente en la celebración de cualquier acto jurídico, incluso particularmente cuando se trate de ser representado en asuntos judiciales. Sin embargo, nosotros observamos que esa regulación genérica y amplia no considera el aspecto fundamental de la incapacidad del poderdante o mandante.

En este sentido, para el caso de la incapacidad o falta de capacidad de manifestar nuestras decisiones, el Código Civil Federal, siguiendo la tradición del derecho romano, nos ofrece la regulación jurídica de la tutela, misma que, si bien resulta aplicable en su causa, merece ser actualizada bajo criterios más flexibles y prácticos.

Es oportuno señalar que no se pretende importar en forma literal prácticas de otras legislaciones, como la que tiene lugar en Estados Unidos, donde los deseos de un incapacitado son expresados previamente en formatos impresos proporcionados obligatoriamente por las instituciones hospitalarias o de salud.

Con tales consideraciones, optamos por el aprovechamiento de la fracción II del artículo 450 del Código Civil Federal, el cual específicamente prevé la incapacidad natural y legal para el caso de ``los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia aunque tenga intervalos lúcidos; y aquéllos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación o la alteración en la inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos o manifestar su voluntad por algún medio''. De esta forma, nuestro Código Civil Federal reconoce que será una tercera persona, el tutor, quien deba representar al mayor de edad incapacitado y tomar decisiones por dicho incapacitado.

En términos generales, la tutela en nuestro Estado deja el nombramiento, la supervisión y la vigilancia del tutor en manos de un juez, de un curador y de un consejo de tutelas, excluyendo la posibilidad de que sea el propio mayor de edad, con plena lucidez, quien designe a la persona de su confianza que lo va a representar en la manifestación de decisiones difíciles que tienen qué ver con su propia salud y vida, sobre todo en los últimos momentos de ésta.

Es importante reiterar que no se pretende modificar el régimen general que la legislación civil federal que ya prevé para la tutela, sino de ofrecer adicional y especialmente una alternativa legítima para el caso especial de la atención médica o de los cuidados de salud que deseamos recibir cuando no hay esperanza real y presente de recuperación.

En virtud de lo anterior, esta propuesta se basa en la adición de un Capítulo IV Bis con sus artículos 481 Bis y siguientes, que se refiere a lo que hemos denominado ``tutela especial de atención médica'', para el supuesto de que un mayor de edad con incapacidad, originada por enfermedades o deficiencias persistentes, no pueda gobernarse por sí mismo y que, además, ya no exista posibilidad médica de que se vaya a dejar el estado de incapacidad o discapacidad.

En el artículo 481 Bis I, además de establecer con precisión el objeto limitado de la tutela especial de atención médica, que es la representación para decidir los cuidados de salud y la atención médica que el representado vaya a recibir en su incapacidad, también se propone dejar en claro que las instituciones públicas o privadas dedicadas a prestar servicios de atención médica o de cuidados de salud, así como los médicos y demás personas que independientemente presenten los servicios referidos, deben atender las decisiones del tutor especial de atención médica en el ejercicio de dicha tutela, lo que, sin duda, representa una obligación pero simultáneamente establece una precisa liberación legal de responsabilidad médica.

Considerando la importancia de la voluntad de las personas para esos momentos finales de su vida y en forma similar a lo que sucede en los testamentos, que son documentos en los que se consigna la última voluntad de las personas, proponemos que la tutela especial de atención médica sea considerada como un acto personalísimo, revocable y libre, por lo que la designación del tutor especial de atención médica deberá expresarse en un instrumento ante notario público, sin necesidad de testigos o de declaración judicial alguna. Esto último, en consideración de que el mayor de edad se encuentra en plena capacidad de ejercicio y el notario público está obligado a verificar tal circunstancia.

Así como solamente los mayores de edad tendrían la posibilidad de nombrar a un tutor especial de atención médica, en el artículo 481 Bis V, resulta esencial que dicha designación deba recaer en mayores de edad, ya sean parientes o no del otorgante del instrumento notarial. Debido a la enorme confianza que ha de existir entre el otorgante y el tutor especial, en el artículo 481 Bis XIII se establece que el tutor especial de atención médica no debe recibir remuneración alguna.

Ahora bien, considerando que el tutor especial de atención médica es designado para ejecutar las decisiones de su representado, es de suma importancia que en el instrumento notarial en que se le designa sea válido y es deseable que contengan las instrucciones generales o particulares que la persona, en plena conciencia, le haya encomendado sobre los cuidados de salud o la atención médica que desee recibir o no. Es en estas instrucciones donde radica la expresión de la voluntad de la persona sobre dichos cuidados de salud o atención médica. Por lo mismo, se ha optado por no limitar la intención del mayor de edad y confiar en la posibilidad de indicaciones posteriores al instrumento notarial.

Otro aspecto relevante de la tutela especial que proponemos se refiere al inicio del ejercicio de la misma, dejando señalado con claridad que la tutela especial de atención médica se desempeña al momento de la incapacidad de la persona para gobernarse por sí misma o cuando no pueda manifestar su voluntad por algún medio, siendo necesaria la certificación de un médico, pero sin necesidad de la promoción de un procedimiento judicial, que requiere de tiempo, costo y abogados.

Por otra parte, proponemos que el ejercicio de la tutela especial de atención médica no haya, en principio, disposición de los bienes del incapacitado. Sin embargo, considerando que resulta previsible que en muchos casos el nombramiento de tutor recaerá en algún pariente cercano, nos pareció más apropiado que el propio mayor de edad sea quien faculte o no al tutor sobre la disposición de sus bienes para el cuidado de su salud.

Finalmente, en el artículo 481 Bis XVI se propone establecer que la tutela especial de atención médica se extingue con la muerte del incapacitado, dejando establecido con claridad que a partir de ese momento corresponderá la intervención de los herederos y albacea del incapacitado.

En consideración de todo lo anterior, es que presentamos ante esta soberanía la iniciativa que contiene proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 454, 461, 462 y 520, fracciones IV y V, del Código Civil Federal y se adiciona un Capítulo IV Bis con los artículos 481 Bis, 481 Bis I, 481 Bis II, 481 Bis III, 481 Bis IV, 481 Bis V, 481 Bis VI, 481 Bis VII, 481 Bis VIII, 481 Bis IX, 481 Bis X, 481 Bis XI, 481 Bis XII, 481 Bis XIII, 481 Bis XIV, 481 Bis XV, 481 Bis XVI del Código Civil Federal, ya referido, en los términos siguientes:

Artículo Único. Se reforman los artículos 454, 461, 462 y 520, fracción IV, y se adicionan la fracción V del artículo 520, así como el Capítulo IV Bis, denominado ``De la Tutela Especial de Atención Médica'', con sus artículos 481 Bis, 481 Bis I, 481 Bis II, 481 Bis III, 481 Bis IV, 481 Bis V, 481 Bis VI, 481 Bis VII, 481 Bis VIII, 481 Bis IX, 481 Bis X, 481 Bis XI, 481 Bis XII, 481 Bis XIII, 481 Bis XIV, 481 Bis XV y Bis XVI del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 454. La tutela se desempeñará por el tutor con intervención del curador, del juez y del Consejo Local de Tutelas, en los términos establecidos en este código. En lo anterior no queda comprendida la tutela especial de atención médica prevista en este ordenamiento.

Artículo 461. La tutela es testamentaria, legítima, dativa y de atención médica.

Artículo 462. Salvo los casos de la administración o de tutela especial de atención médica, la tutela no podrá conferirse sin que previamente se declare en los términos que dispone el Código Procesal de la materia, el estado de incapacidad de la persona que va a quedar sujeto a ella.

Capítulo IV Bis De la Tutela Especial de Atención Médica

Artículo 481 Bis. Los mayores de edad podrán designar a un tutor especial de atención médica para el caso de incapacidad o discapacidad originada por enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico, psicológico o sensorial que les impida gobernarse por sí mismos o no puedan manifestar su voluntad por algún medio y que, además, no exista una esperanza real y presente de que pueda dejar su estado de incapacidad o discapacidad.

Artículo 481 Bis I. La tutela especial de atención médica tiene por objeto la representación legal del mayor de edad incapacitado única y exclusivamente para decidir los cuidados de salud y la atención médica que vaya a recibir el incapacitado.

Las instituciones públicas o privadas dedicadas a prestar servicios de atención médica o de cuidados de salud, así como los médicos y demás personas que independientemente presten los servicios referidos, deberán atender las decisiones del tutor especial de atención médica en el ejercicio de dicha tutela.

Artículo 481 Bis II. La designación de tutor especial de atención médica es un acto personalísimo, revocable y libre, que se expresa en cabal juicio ante notario público.

Artículo 481 Bis III. La designación del tutor especial de atención médica se otorgará en escritura pública sin necesidad de declaración judicial alguna.

Artículo 481 Bis IV. Para la designación del tutor especial de atención médica, en el caso de que el mayor de edad habitual o accidentalmente no disfrute de su cabal juicio, se requerirá el examen de dos médicos que certifiquen un intervalo de lucidez ante la presencia del notario público, quien podrá hacer cuantas preguntas estime conveniente, a fin de cerciorarse la capacidad del mayor de edad.

El notario público transcribirá las certificaciones médicas y las preguntas y respuestas que, en su caso, se hubieren efectuado, así como los datos generales y cédulas profesiones de los médicos.

Firmarán la escritura pública, además del notario público, los médicos que intervinieron para el reconocimiento, haciéndose constar expresamente que en la designación del tutor especial de atención médica el mayor de edad tuvo perfecta lucidez de juicio y, sin estos requisitos, la designación será nula.

Artículo 481 Bis V. La designación del tutor especial de atención médica deberá efectuarse obligatoriamente a una persona mayor de edad. El tutor especial de atención médica podrá ser pariente del otorgante.

La aceptación de la tutela no es obligatoria y podrá ser expresa o tácita, pero una vez aceptada no podrá renunciarse a su ejercicio, salvo que demuestre impedimento o excusa ante un juez competente, quien resolverá sobre validez de la renuncia.

Artículo 481 Bis VI. Podrán designarse a varias personas como tutores especiales de atención médica, pero sólo en forma sucesiva y en el orden que se haya determinado en la escritura pública correspondiente.

Artículo 481 Bis VII. Para el ejercicio de la tutela especial de atención médica no se requerirá de declaración judicial de incapacidad, ni de la intervención de un curador, de un juez o del Consejo Local de Tutelas.

El tutor especial de atención médica estará exceptuado de la obligación de dar garantía.

Artículo 481 Bis VIII. El tutor especial de atención médica iniciará el desempeño de la tutela a partir de que el mayor de edad que lo haya designado tutor tenga incapacidad de gobernarse por sí mismo o no pueda manifestar su voluntad por algún medio. Para tal efecto, bastará la certificación de un médico.

La ejecución de cualquier acto relacionado con la tutela se entenderá como aceptación tácita del cargo de tutor especial de atención médica del incapacitado.

Artículo 481 Bis IX. Para decidir los cuidados de salud o la atención médica que haya de recibir el incapacitado, el tutor especial de atención médica atenderá a las instrucciones que, en su caso, éste último haya expresado en al escritura pública correspondiente o en aquellas indicaciones posteriores que su representado le haya confiado por cualquier medio.

Las instrucciones del mayor de edad, previas a su incapacidad, se atenderán en conciencia por el tutor especial de atención médica de acuerdo con la voluntad del mayor de edad y tendrá libertad para decidir sobre lo que no se haya expresado, aún y cuando tales decisiones puedan acortar la vida del incapacitado.

Artículo 481 Bis X. Las instrucciones del mayor de edad sólo podrán referirse a los cuidados de salud o la atención médica que desee recibir o no. Podrán ser generales o particulares y referirse a cualquier procedimiento, tratamiento, medicamento, método o intervención médica o quirúrgica, incluyendo un periodo o lugar en el que desee recibir o no tales procedimientos, tratamiento, medicamento, métodos o intervenciones médicas o quirúrgicas.

En las instrucciones también podrán determinarse la voluntad del mayor de edad respecto de la donación de sus órganos, las cuales sólo serán válidas si se sujetan a la legislación aplicable a este caso.

Artículo 481 Bis XI. Toda persona mayor de edad tiene plena libertad de expresar en la escritura pública de designación del tutor especial de atención médica sobre lo que ella misma considere mínima calidad de vida.

Artículo 481 Bis XII. En el ejercicio de la tutela, el tutor especial de atención médica no dispondrá del patrimonio del mayor de edad incapacitado para sus cuidados de salud o la atención médica que el mayor de edad incapacitado haya de recibir, salvo que éste último expresamente lo haya autorizado en la escritura pública de su designación con las facultades y límites ahí señalados.

En el caso de no haberse autorizado la utilización de recursos del patrimonio del incapacitado, quienes administren dicho patrimonio deberán realizar las erogaciones que se requieran para los cuidados de salud o la atención médica que decida el tutor especial de atención médica en el ejercicio de la tutela.

Si el mayor de edad autorizó al tutor especial de atención médica para la disposición de su patrimonio, quienes lo administren deberán realizar los actos jurídicos necesarios para que el tutor especial de atención médica pueda disponer del patrimonio del incapacitado para los fines específicos de la tutela médica conferida. En este caso, el tutor especial de atención médica tendrá el carácter de apoderado general o especial para actos de administración o de dominio, según se haya determinado por el mayor de edad incapacitado y deberá rendir cuentas e informes a las personas que, en su caso, el mayor de edad incapacitado haya designado para tal efecto.

Artículo 481 Bis XIII. El tutor especial de atención médica no tendrá derecho a recibir remuneración alguna por el ejercicio de la tutela.

Cualquier indicación o estipulación en contrario será nula de pleno derecho.

Artículo 481 Bis XIV. El ejercicio de la tutela especial de atención médica conforme a la voluntad del mayor de edad incapacitado, no afectará la capacidad de heredar del tutor por dicho ejercicio.

Artículo 481 Bis XV. Para la nulidad, revocación y caducidad de la designación de la tutela especial de atención médica, se aplicará, en lo conducente, lo dispuesto en este ordenamiento para los testamentos.

Artículo 481 Bis XVI. El ejercicio de la tutela especial médica se extingue al momento de la muerte del incapacitado.

Artículo 520. (...)

I. (...)

II. (...).

III. (...)

IV. Los que acojan a un expósito, lo alimenten y eduquen convenientemente por más de diez años, a no ser que haya recibido pensión para cuidar de él, y

V. Los tutores especiales de atención médica.

Transitorio

Artículo Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.''

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de marzo de dos mil siete.--- Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates, como ha solicitado el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, y túrnese a la Comisión de Justicia.

VOLUMEN II

ARTICULOS 75, 115, 116, 122 Y 127 CONSTITUCIONALES

Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Tienen la palabra, como han solicitado, el diputado Carlos Alberto Torres Torres y Salvador Arredondo Ibarra , para presentar --ambos-- la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Mario Alberto Salazar Madero, Carlos Alberto Torres Torres y Salvador Arredondo Ibarra . Por tres minutos, tiene la palabra cada uno de ellos.

El diputado Carlos Alberto Torres Torres:Con su permiso: los suscritos, diputados Mario Alberto Salazar, Carlos Alberto Torres, Salvador Arredondo, Antonio Valladolid y Pilar Ortega, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a su consideración la siguiente iniciativa.

México está cambiando. Nuestro país demanda moderación en el manejo de los recursos, acabar con las prácticas del pasado, penosamente reciente, donde era común que los funcionarios públicos amasaran grandes fortunas a costa del erario.

Debemos reconocer que una de las causas que han provocado la falta de confianza de los ciudadanos hacia la política ha sido el abuso en la asignación de las remuneraciones de los servidores públicos.

Es un agravio que en nuestro país las remuneraciones de los servidores públicos sean de las más altas en el mundo, mientras la gran mayoría de la población vive con salarios limitados.

En este sentido, reconocemos el esfuerzo que ha venido haciendo el Presidente Calderón desde los primeros días de su mandato. Primero, a través del decreto de austeridad, acto que ha venido acompañado de diversas medidas administrativas para darle consecución; y después a través de una iniciativa de reforma constitucional que presentó a finales del mes de enero, en materia de regulación de remuneraciones de los servidores públicos.

En México requerimos que nosotros, los servidores públicos, dejemos de ser juez y parte al momento de fijar el salario que recibimos. En otras palabras, compañeros diputados, las percepciones de los servidores públicos debe definirlas un comité ciudadano independiente y no nosotros mismos.

Por tal motivo, en esta iniciativa proponemos la creación de un comité técnico de valoración salarial de los trabajadores al servicio del Estado a nivel federal, y la obligación para las entidades federativas de conformar sus respectivos comités.

Dichos órganos tendrán como función el establecimiento de un parámetro, a través de sus recomendaciones, capaz de otorgar certidumbre tanto a los servidores públicos como a los ciudadanos sobre el monto que los primeros debemos de percibir como remuneración.

Es momento, en México, de acabar con la improvisación y con las arbitrariedades en materia de remuneraciones. Es momento de acabar con la discrecionalidad para pasar al establecimiento de criterios técnicos fijados por ciudadanos independientes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la tribuna el diputado Salvador Arredondo Ibarra.

El diputado Salvador Arredondo Ibarra:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados. La transparencia en la función pública implica adoptar una serie de medidas que posibiliten a los gobernados conocer con precisión el comportamiento de los servidores públicos.

Uno de los asuntos que mayormente ofende a la población está asociado con los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que con frecuencia los funcionarios públicos se asignan.

Desde la perspectiva social existe la idea de que los funcionarios públicos de alto nivel reciben sueldos desproporcionados, ajenos a la autoridad que reclama el país en materia de gasto público, que resulta políticamente incorrecto que exista un gobierno rico con un pueblo pobre.

En los estudios que se han hecho al respecto se ha indicado como aspectos negativos, en materia de remuneraciones en México, los siguientes: que no existen criterios claros para la definición del monto de los salarios y compensaciones de los funcionarios, particularmente de los de alto nivel, sino que hay una verdadera anarquía o discrecionalidad en esta materia y no existen políticas coherentes para determinar el monto de las percepciones de los servidores públicos.

Que las remuneraciones que perciben los altos funcionarios públicos se componen de diversos rubros y conceptos que los hacen complejos, pero particularmente los aumenta de manera exorbitante.

Que el sueldo base de los altos funcionarios públicos es simulado en el salario base, al ser relativamente bajo, pero la percepción es alta por otros conceptos, tales como bonos, compensaciones, gratificaciones, entre otros, llegando a ser mayor este tipo de prestaciones que el salario base.

Que existe una gran disparidad entre las remuneraciones que perciben los servidores públicos de alto nivel y los otros funcionarios públicos de nivel inferior.

Que en varios de los casos se da una autoasignación de los salarios y compensaciones por parte de los propios funcionarios públicos, sin estar relacionados con parámetros de méritos y desempeño en el cargo.

Que ha existido poca publicidad o transparencia por parte de los propios funcionarios públicos para proporcionar información a la sociedad sobre las verdaderas remuneraciones de los gobernantes.

Compañeras y compañeros diputados: la presente iniciativa precisamente busca recobrar la racionalidad y la moderación en la función pública, privilegiando la actitud del servicio. En suma, de lo que se trata es de detonar el principio de compromiso social de la función pública y hacer vigente el pensamiento de Benito Juárez, quien al referirse a la función que desempeñan los servidores públicos señala que no se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse arduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley señala.

La iniciativa que se propone es congruente con este postulado y busca también lo que afirma el doctor Valdés Zepeda: la consecución de la sobriedad republicana que debe prevalecer siempre en la función pública. En este sentido, la presente iniciativa propone lo siguiente:

Se plantean las reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política, a fin de establecer en otros aspectos que ninguna remuneración será superior a la que perciba el Presidente de la República.

Asimismo, que el Congreso de la Unión y los órganos legislativos de las entidades federativas establecerán órganos auxiliares de los poderes públicos y organismos autónomos existentes en cada ámbito de gobierno, responsables de realizar estudios y emitir recomendaciones no vinculatorias en materia de remuneraciones de servidores y entes públicos descritos en este artículo.

Por último, lo cierto es que la creación de dicho comité ha sido un instrumento importante para el control y moderación de las percepciones de los salarios de los servidores públicos. Ha servido como un mecanismo preventivo, ya que ha permitido ser freno de posibles excesos, toda vez que ha permitido que se ponga especial cuidado al momento de fijar los emolumentos a percibir.

Finalmente, se propone que, en el ejercicio de la función para la fijación de remuneraciones, igualdad, equidad, racionalidad, disciplina presupuestal, proporcionalidad, certeza, legalidad, austeridad, transparencia, serán principios rectores.

Compañeras, compañeros diputados, por su atención, muchas gracias.

Le pido señor Presidente, que se inscriba el texto íntegro en el Diario de Debates.

«Intervención del diputado Salvador Arredondo Ibarra en relación a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: la transparencia en la función pública implica adoptar una serie de medidas que posibiliten a los gobernados a conocer con precisión el comportamiento de los servidores públicos.

Uno de los asuntos que mayormente ofende a la población está asociado con los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que con frecuencia los funcionarios públicos se asignan.

Desde la perspectiva social, existe la idea de que los funcionarios públicos de alto nivel, reciben sueldos desproporcionados, ajenos a la austeridad que reclama el país en materia del gasto público, que resultante políticamente incorrecto exista un gobierno rico con un pueblo pobre.

En los estudios que se han hecho al respecto, se ha indicado como aspectos negativos en materia de las remuneraciones en México los siguientes:

Que no existen criterios claros para la definición del monto de los salarios y compensaciones de los funcionarios, particularmente de los de alto nivel, sino que existe una verdadera anarquía o discrecionalidad en esta materia, y no existen políticas coherentes para determinar el monto de las percepciones de los servidores públicos.

Que las remuneraciones que perciben los altos funcionarios públicos se componen de diversos rubros y conceptos que los hacen complejos, pero particularmente los aumenta de manera exorbitante.

Que el sueldo base de los altos funcionarios públicos es simulado en el salario base al ser relativamente bajo, pero la percepción es alta por otros conceptos, tales como bonos, compensaciones, gratificaciones, entre otros, llegando a ser mayor este tipo de prestaciones que el salario base.

Que existe una gran disparidad entre las remuneraciones que perciben los servidores públicos de alto nivel y los otros funcionarios públicos de nivel inferior.

Que en varios de los casos, se da una autoasignación de los salarios y compensaciones por parte de los propios altos funcionarios públicos, Sin estar relacionados a parámetros de mérito y el despeño en el cargo.

Que ha existido poca publicidad o transparencia por parte de los propios funcionarios públicos para proporcionar información a la sociedad sobre las verdaderas remuneraciones de los gobernantes.

Compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa precisamente busca recobrar la racionalidad y la moderación en la función pública, privilegiando la actitud de servicio.

En suma de lo que se trata es de detonar el principio de compromiso social de la función pública y hacer vigente el pensamiento de Benito Juárez quién al referirse a la función que desempeñan los servidores públicos señalaba que ``No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse arduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley señala''.

La iniciativa que se propone es congruente con este postulado y busca también lo que afirmará el Dr. Valdez Zepeda la consecución de la ``sobriedad Republicana'' que debe prevalecer siempre en la función pública.

En este sentido, la presente iniciativa propone en materia de remuneraciones lo siguiente:

Proporcionalidad en la asignación de la remuneración conforme a las responsabilidades a desempeñar.

Determinación presupuestal de las remuneraciones, es decir, que las remuneraciones sean previstas anualmente en los presupuestos de egresos correspondientes.

Definición de lo que comprende o debe entenderse como remuneración o retribución de los servidores públicos, tratándose de comprender también las compensaciones, a fin de evitar burlas o fraudes en cuanto a la regulación en la materia.

Máximo o límite constitucional en cuanto a las remuneraciones que pueden percibir los servidores públicos.

Se determina la publicidad de las remuneraciones.

Se propone la creación de unos órganos especializados y ciudadanizados auxiliares tanto del orden federal como del orden local que realicen estudios y recomendaciones a las instancias competentes responsables de la fijación de las remuneraciones de los servidores públicos, en los presupuestos correspondientes.

Se propone establecer los principios rectores para la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos.

En este contexto, se plantean reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política, a fin de establecer entre otros aspectos:

Que ninguna remuneración será superior a la que perciba el Presidente de la República, asimismo que el Congreso de la Unión y los órganos legislativos de las entidades federativas; establecerán órganos auxiliares de los poderes públicos y organismos autónomos existentes en cada ámbito de gobierno, responsables de realizar estudios y emitir recomendaciones no vinculatorias, en materia de remuneraciones de servidores y entes públicos descritos en este artículo.

Se propone que los órganos respectivos estarán integrados por académicos especialistas en la materia, propuestos por institutos de investigación y universidades públicas y privadas, en los términos que determinen las leyes y disposiciones aplicables; así como por un representante de cada uno de los poderes públicos y organismos autónomos constituidos en cada ámbito de gobierno.

Cabe señalar que la propuesta de un Comité Técnico de Valoración Salarial, es una figura que ha venido funcionando adecuadamente en algunas entidades federativas, tal es el caso del estado de Jalisco; y Guanajuato siendo dicho comité responsable de realizar estudios sobre los montos máximos de las percepciones anuales de los servidores públicos del estado y de los municipios, y emitir recomendaciones sobre éstas.

Lo cierto es que la creación de dicho comité ha sido un instrumento importante para el control y moderación de las percepciones de los salarios de los servidores públicos. Ha servido como un mecanismo preventivo ya que ha permitido ser un freno a posibles excesos, toda vez, que ha permitido que se ponga especial cuidado al momento de fijar los emolumentos a percibir.

Finalmente se propone que en el ejercicio de la función para la fijación de: remuneraciones, igualdad, equidad, racionalidad, disciplina presupuestal, proporcionalidad, certeza, legalidad, austeridad, y transparencia; serán principios rectores.

Compañeras y compañeros diputados por su atención gracias.

Dip. Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Mario Alberto Salazar Madero, Carlos Alberto Torres Torres y Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados Mario Alberto Salazar Madera , Carlos Alberto Torres Torres y Salvador Arredondo Ibarra , integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México está cambiando, nuestro país demanda rendición de cuentas, transparencia, acabar con las prácticas del pasado penosamente reciente, en donde era común que los funcionarios públicos amasaran grandes fortunas a costa del erario público.

A partir de esta consideración, el Congreso de la Unión ha asumido su responsabilidad, al establecer mecanismos para que los ciudadanos conozcan, de manera certera, clara y oportuna, información sobre la gestión gubernamental, y para ello fue aprobada por esta soberanía, el 11 de junio de 2002, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Estamos seguros que sólo con transparencia en el ejercicio del poder público, en la rendición de cuentas podremos erradicar la corrupción de todos aquellos malos funcionarios que no ven en la labor que desempeñamos una forma de servir al pueblo, sino únicamente una oportunidad para enriquecerse de manera indebida.

En este sentido, reconocemos el esfuerzo que ha venido haciendo el Presidente Calderón desde los primero días de su mandato. Primero, a través del decreto de austeridad, acto que ha venido acompañando con diversas medidas administrativas para darle consecución; y después, a través de la iniciativa de reforma constitucional que presentó a finales del mes de enero en materia de regulación de remuneraciones de los servidores públicos.

En segundo término, creo que debemos de sopesar la importancia de generar frenos y contrapesos al poder público. Bajo estas líneas, México requiere que los políticos dejemos de ser juez y parte al momento de fijar nuestros salarios.

De esta manera, comprometidos con los principios que ha postulado Acción Nacional a lo largo de su historia respecto a la austeridad en el gasto público, la equidad y eficiencia en la acción gubernamental, y de conformidad con lo que señala el artículo 127 de nuestra Carta Magna que establece de manera precisa que la remuneración de los servidores públicos debe ser adecuada e irrenunciable, es que ahora presentamos esta iniciativa, que pensamos vendrá a enriquecer los trabajos que se realizan en el Senado de la República, que comparte también la máxima que establece como referencia para un tope salarial la remuneración que percibe el titular del Ejecutivo de la nación; no porque este poder sea superior a otro, sino como un mero referente en el sentido de que en este poder es uno solo, el titular, a diferencia de Legislativo y Judicial, en los que se comparte el poder por varios titulares. Asimismo, se señala de manera precisa que sólo se debe tomar en cuenta lo que recibe el ejecutivo en numerario, para evitar que se alegue posteriormente que integran salario los apoyos que por su carácter de primer mandatario se le otorgan; asimismo, esta iniciativa propone la creación de un comité técnico de transparencia y valoración salarial de los trabajadores al servicio del Estado, a nivel federal y la obligación para las entidades federativas de conformar sus respectivos comités. Dichos órganos tendrán como función el establecimiento de un parámetro, a través de sus recomendaciones, capaz de otorgar certidumbre tanto a los servidores públicos como a los ciudadanos sobre el monto que los primeros deben percibir como remuneración justa y honesta por el trabajo que se realizan como funcionarios públicos, a través de las recomendaciones que expida.

Sabemos de la necesidad de contar con servidores públicos capacitados, competentes, profesionales y honestos; es por eso que se debe fortalecer el marco jurídico y mantener los criterios que permiten otorgar una remuneración económica que retribuya con justicia el trabajo que se realiza y que, simultáneamente, sea establecida en coherencia con las posibilidades presupuestarias, así como con base en la realidad económica nacional y local que existe en los diferentes niveles y ámbitos de los distintos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

De esta manera el comité cuya creación ahora se propone tendrá que analizar y evaluar las percepciones aprobadas en los presupuestos respectivos, tomando en cuenta la importancia relativa a cada función, la capacidad financiera o presupuestal de la o las entidades públicas, así como la productividad y resultados, entre otras, emitiendo recomendaciones, que si bien no son jurídicamente obligatorias, deben ser un marco y una base suficiente para fijar, conforme a principios de legalidad, justicia y equidad, los salarios.

Para asegurarle mayor legitimidad, dicho comité deberá integrarse por ciudadanos independientes. El Partido Acción Nacional cree e históricamente ha apostado por la ciudadanización de las instituciones bajo el postulado: ``tanto gobierno como sea necesario y tanta sociedad como sea posible'', así lo hicimos con la reforma del IFE, con el IFAI y en la presente materia; las experiencias de Jalisco y Guanajuato, estados gobernados por Acción Nacional, demuestran que se puede confiar a los ciudadanos la elaboración de recomendaciones que orienten nuestras decisiones.

Dadas las condiciones de pobreza que padecen millones de mexicanos y el esfuerzo que significa para todo ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debemos asumir una actitud responsable en el manejo de las finanzas públicas, entre las cuales las remuneraciones de los servidores públicos constituyen un elemento fundamental. Es imprescindible reducir la discrecionalidad de que disfrutan algunos servidores públicos para determinar, de manera autónoma e irresponsable, el monto de sus percepciones.

Bajo la anterior exposición es que ahora se presenta el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforman el artículo 75; la fracción IV, párrafo octavo, del artículo 115, y el artículo 127; y se adiciona una fracción VIII al artículo 116; un párrafo segundo al inciso b), recorriéndose los demás en su orden, de la fracción V, de la base primera del apartado C del artículo 122; y el artículo 127, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley y, en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiera tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. Dicho señalamiento deberá respetar los lineamientos previstos en el artículo 127 de esta Constitución.

Artículo 115. ...

I. a III. ...

IV. ...

...

...

...

...

...

...

Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los ayuntamientos aprobarán sus presupuestos de egresos con base en los ingresos disponibles. En la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos municipales, los ayuntamientos deberán atender en el correspondiente decreto presupuestal los lineamientos previstos en el artículo 127 de esta Constitución.

...

V. a X. ...

Artículo 116. ...

I. a VII. ...

VIII. Las remuneraciones de los servidores públicos de los estados se establecerán anualmente en el Presupuesto de Egresos que aprueben las legislaturas locales y se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

Artículo 122. ...

...

...

...

...

...

A. ...

B. ...

Base Primera. Respecto de la Asamblea Legislativa.

I a IV . ...

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

a) ...

b) ...

Las remuneraciones de los servidores públicos del Distrito Federal se establecerán anualmente en el Presupuesto de Egresos que apruebe la Asamblea Legislativa y se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

...

...

...

...

C a O. ...

Base Segunda. a Base Quinta. ...

Artículo 127. Los servidores públicos de la federación, de los estados, de los municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos que correspondan.

Las remuneraciones del Presidente de la República de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los diputados y senadores al Congreso de la Unión y de los demás servidores públicos en los ámbitos federal, estatal, municipal, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, serán determinadas anualmente en los presupuestos de egresos correspondientes y se sujetarán a los lineamientos que establecen esta Constitución.

Se considera remuneración o retribución toda contraprestación, en efectivo o en especie, incluidos los aguinaldos, bonos, comisiones, premios, recompensas, estímulos, compensaciones, aportaciones a fondos de retiro o ahorro y cualquier otra percepción que reciban los servidores públicos o los empleados de los entes públicos que reciban con motivo del ejercicio de su empleo, cargo o comisión. No se consideraran dentro de la remuneración los gastos de viaje en actividades oficiales, ni tampoco los apoyos o gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del empleo, cargo o comisión.

Ninguna remuneración será superior a la que perciba el Presidente de la República. Ningún servidor público podrá percibir una remuneración mayor a la establecida para su superior jerárquico.

El Congreso de la Unión y los órganos legislativos de las entidades federativas establecerán órganos auxiliares de los poderes públicos y organismos autónomos existentes en cada ámbito de gobierno responsables de realizar estudios y emitir recomendaciones no vinculatorias en materia de remuneraciones de servidores y entes públicos descritos en este artículo. En el ejercicio de esta función la igualdad, la equidad, la disciplina presupuestal, la proporcionalidad, la certeza, austeridad y la transparencia serán principios rectores.

Los órganos señalados en el párrafo anterior estarán integrados por académicos especialistas en la materia, propuestos por institutos de investigación y universidades públicas y privadas, en los términos que determinen las leyes y disposiciones aplicables; así como por un representante de cada uno de los poderes públicos y organismos autónomos constituidos en cada ámbito de gobierno.

El órgano que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comité Técnico de Valoración Salarial, será independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en su desempeño; estará integrado por siete académicos especialistas en la materia, propuestos en los términos del párrafo anterior, quienes tendrán derecho a voz y voto; así como por un representante de cada una de las Cámaras del Poder Legislativo de la federación, un representante del Poder Ejecutivo federal, un representante del Poder Judicial de la Federación, y por un representante de cada uno de los organismos autónomos previstos en esta Constitución, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. Dicho Comité tomará sus decisiones por mayoría de votos y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Toda disposición contraria a lo previsto en el presente decreto quedará sin efecto inmediatamente a la entrada de su vigencia.

Segundo. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán realizar las adecuaciones a su legislación para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto, lo cual deberán hacer dentro de un plazo de 120 días naturales siguientes a la entrada de su vigencia.

Tercero. Las remuneraciones que reciban los servidores públicos de la federación, de los estados, de los municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así como de sus administraciones para estatales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, deberán ajustarse a lo previsto en el presente decreto, en los presupuestos correspondientes del ejercicio fiscal del año siguiente, y cuando las remuneraciones fueren superiores al límite establecido en éste decreto deberá realizarse la disminución respectiva.

Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de marzo de 2007.--- Diputados: Mario A. Salazar Madera (rúbrica), Carlos A. Torres Torres (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates como ha sido solicitado ytúrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sonido a la curul de la diputada Esmeralda Cárdenas.

La diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez(desde la curul): Diputado Presidente, para solicitarle, si no tienen inconveniente los promoventes, que pudiera suscribir la iniciativa su servidora.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Si no tienen inconveniente los compañeros que promueven esta iniciativa, está a su disposición aquí en la Secretaría. Se amplía el trámite a la iniciativa presentada por el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Salud.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION - LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna al diputado Pablo Trejo Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federacióny de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

El diputado Pablo Trejo Pérez:Con su permiso, diputado Presidente: el suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democráticaa la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federacióny de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

El artículo 31, fracción IV, de nuestra Ley Suprema establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del estado o municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Esta disposición juega un papel muy importante en el derecho tributario mexicano, ya que el mandato constitucional establece la exigencia de que las contribuciones que se impongan solamente se harán por medio de una ley, la cual se traduce en el principio de legalidad en materia tributaria.

Con base en el principio de legalidad tributaria, se requiere una ley formal para el establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, quienes determinen las cargas fiscales que deben soportar; así como que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen para la arbitrariedad.

En el principio de división de poderes, el acto legislativo es la facultad del Congreso de la Unión, razón por la cual sólo él podrá emitir leyes en sentido formal y material.

Sin embargo, nuestro sistema constitucional prevé dos excepciones al principio general: cuando se trate de situaciones de emergencia que pongan en grave peligro la seguridad del país, y cuando el Ejecutivo sea autorizado por el Legislativo para dictar leyes a fin de regular la economía del país y el comercio exterior.

En estos casos el Ejecutivo podrá ejercer facultades legislativas emitiendo los llamados decretos ley, que son formalmente decretos del Ejecutivo y materialmente normas jurídicas generales, impersonales y abstractas.

En este contexto también se enmarca la llamada miscelánea fiscal, la cual, aunada a los reglamentos administrativos, la jurisprudencia, los tratados internacionales, los principios generales de derecho, la doctrina, la costumbre, los tratados internacionales, es fuente formal del derecho tributario, toda vez que son reglas de carácter general que derivan del mandato del Legislativo sin estar previstas en la Constitución, pero sí en el Código Fiscal.

Tenemos que el legislador ordinario, a través de la ley, ha facultado a la autoridad administrativa en los artículos 33, fracción I, inciso g), 35 y 39 del Código Fiscal de la Federación para emitir documentos, prescripciones, normas o disposiciones, ya sean generales o particulares que involucren obligaciones que, incumplidas, generen infracciones sancionadas por leyes, reglamentos o cualquier otra disposición, existiendo el principio legal de que las prescripciones, normas, reglas o disposiciones generales no podrán transgredir el principio de legalidad tributaria, los elementos esenciales de las contribuciones, así como tampoco establecer disposiciones que incrementen obligación tributaria de los contribuyentes y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Por otra parte, el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación establece los supuestos normativos sobre los cuales el Ejecutivo federal emite las reglas de carácter general en materia fiscal, las cuales se clasifican en tres tipos: de emergencia, de administración e incentivadoras fiscales. Estas últimas exceden el principio de legalidad porque el uso de estas facultades es discrecional y puede originar una situación de ventaja entre un contribuyente de igual capacidad contributiva a otro, otorgándosele un incentivo fiscal bajo el amparo de fines extrafiscales.

La administración tributaria cuenta con más facultades discrecionales para interpretar y aplicar la norma tributaria.

Lo anterior es así en virtud de que la fracción III del articulo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria en relación con el artículo 33 fracción IV, inciso g); y 144 de la Ley Aduanera faculta al presidente del SAT a expedir las disposiciones administrativas necesarias para aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera.

Dado que no hay una claridad en las disposiciones fiscales al definir cuál es el carácter propio de estas supuestas reglas de carácter general, pueden ser malinterpretadas, como actualmente sucede por las autoridades fiscales y el mismo Poder Legislativo.

Actualmente la baja recaudación fiscal se explica por varios factores que continúan presentes, como las amplias exenciones fiscales, la excesiva dependencia de los ingresos petroleros, los altos niveles de evasión, elusión fiscal, las fallas administrativas, ineficiencias institucionales, lagunas legales, expansión creciente de la economía informal, la deficiente cantidad y calidad en la provisión de bienes y servicios públicos, y por último, los factores políticos.

Por ello resulta indispensable que el Congreso de la Unión legisle en la materia estableciendo los alcances y los límites de la Miscelánea Fiscal.

El principio de seguridad jurídica en relación con la emisión de la misma debe manifestarse en su doble aspecto: certeza en la aplicación del derecho y la eliminación de la arbitrariedad de la autoridad.

Por ello se propone que sólo se puedan emitir dos modificaciones a las resoluciones de miscelánea fiscal al año para eliminar la inseguridad jurídica para el contribuyente, ya que anualmente, en promedio, se publican 50 resoluciones misceláneas.

Asimismo se plantea eliminar la facultad del Ejecutivo federal para que pueda determinar o autorizar regímenes fiscales de manera individual o grupal y conceder subsidios o estímulos fiscales sólo cuando lo disponga expresamente la Ley de Ingresos de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto se propone lo siguiente:

Artículo Primero. Se reforman los artículos 33, fracción I, inciso g); el 36 Bis y el 39, fracción III, del Código Fiscal de la Federación en los términos que está planteado en la iniciativa, misma que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Por tanto, pido, diputado Presidente, que en obvio de tiempo se inserte esta iniciativa --tal como fue publicada en la Gaceta-- en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 31, fracción IV de nuestra Ley Suprema establece que es obligación de los mexicanos ``contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado o municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.''

Esta disposición juega un papel muy importante en el derecho tributario mexicano, ya que el mandato constitucional establece la exigencia de que las contribuciones que se impongan solamente se harán por medio de una ley, lo cual se traduce en el principio de legalidad en materia tributaria.

Con base al principio de legalidad tributaria, es necesaria una ley formal para el establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, así como que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad; sin embargo para determinar su alcance es necesario remitirnos al reserva legal que se encuentra estrechamente vinculado a aquel.

La doctrina clasifica a la reserva de ley en absoluta y relativa. La primera aparece cuando la regulación de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal; en nuestro caso, a la ley emitida por el Congreso de la Unión, en tanto la reserva relativa, permite que otras fuentes de la ley vengan a regular parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condición de que la ley sea la que determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deberán ajustarse; esto es, la regulación de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las líneas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa.

En el caso de la materia tributaria la reserva de ley es de carácter relativo, toda vez que, por una parte, dicha materia no está regulada en su totalidad por una ley formal, sino que es suficiente sólo un acto normativo primario que marque el limite de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podrán nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria; y además constituyan un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria.

Con base en el principio de división de poderes el acto legislativo es facultad del Congreso de la Unión razón por la cual, sólo él podrá emitir leyes en sentido formal y material. Sin embargo, nuestro sistema constitucional prevé dos excepciones al principio general: cuando se trate de situaciones de emergencia que ponga en grave peligro la seguridad del país y cuando el Ejecutivo sea autorizado por el Legislativo para dictar leyes a fin de regular la economía del país y el comercio exterior. En estos casos, el Ejecutivo podrá ejercer facultades legislativas emitiendo los llamados decretos ley, que son formalmente decretos del Ejecutivo y materialmente normas jurídicas generales, impersonales y abstractas.

En este contexto también se enmarca la llamada Miscelánea Fiscal la cual, aunada a los reglamentos administrativos, la jurisprudencia, los tratados internacionales, los principios generales de derecho, la doctrina, la costumbre, los tratados internacionales es fuente formal del derecho tributario, toda vez que son reglas de carácter general que derivan del mandato del legislativo, sin estar previstas en la Constitución, pero si en el Código Fiscal, con los cuales se busca dar a conocer criterios de interpretación sobre una ley o reglamento, que pueden constituir una resolución favorable de acuerdo al artículo 35 del Código Tributario.

Con base en lo anterior, tenemos que el legislador ordinario a través de la ley ha facultado a la autoridad administrativa en los artículos 33, fracción I inciso g), 35 y 39 del Código Fiscal de la Federación a emitir documentos, prescripciones, normas, reglas o disposiciones ya sea generales o particulares, que involucren obligaciones que incumplidas generan infracciones sancionadas por leyes, reglamentos o cualquier otra disposición; existiendo el principio legal de que las prescripciones, normas, reglas o disposiciones generales no podrán transgredir el principio de legalidad tributaria, los elementos esenciales de las contribuciones, así como tampoco establecer disposiciones que incrementen obligación tributaria de los contribuyentes y únicamente derivaran derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

Por otra parte en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación se establecen los supuestos normativos sobre los cuales el Ejecutivo federal emite las reglas de carácter general en materia fiscal, las cuales se clasifican en tres tipos: de emergencia, administración e incentivadoras fiscales, estas últimas exceden el principio de legalidad, porque el uso de esta facultad es discrecional y puede originar una situación de ventaja entre un contribuyente de igual capacidad contributiva a otro, otorgándosele un incentivo fiscal, bajo el amparo de fines extra fiscales.

Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Ejecutivo federal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como, el monto o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados, por lo que las reglas generales en materia fiscal son disposiciones materialmente reglamentarias, al derivarse del mandato del legislador, es decir, con base en las leyes marco, formalmente legales e institucionales.

No obstante lo anterior y que la Miscelánea Fiscal tiene por objeto emitir resoluciones con disposiciones de carácter general que otorguen sólo derechos más no obligaciones a los contribuyentes, su objeto ha sido desviado tanto por las autoridades fiscales, como el Poder Legislativo y el Ejecutivo al considerar que la Miscelánea tiene el carácter de una norma obligatoria como la ley y que además puede pormenorizar la misma como si tratara de un reglamento, aunado a que en la autoridad administrativa puede modificarlas indiscriminadamente vulnerando las garantías de certidumbre y seguridad jurídica de los contribuyentes.

En este tenor, la administración tributaria cuenta con más facultades discrecionales para interpretar y aplicar la norma tributaria, lo anterior es así en virtud de que la fracción III del artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, con relación al artículo 33, fracción I, inciso g) y 144 de la Ley Aduanera, faculta al presidente del SAT a expedir las disposiciones administrativas necesarias para aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera. Sin duda las reglas que se emite al igual que las anteriores generalmente no se ajustan a la letra de la norma y en muchas ocasiones favorecen sólo a algunos contribuyentes que se sitúan en el mismo hecho imponible que otros, lo cual implica un sesgo antirrecaudatorio, pues obviamente las interpretaciones que favorecen algunos contribuyentes son las que implican una pérdida recaudatoria. Sumado a lo anterior las disposiciones administrativas que emite el SAT al no tener un límite conculca los principios de reserva de ley y el de seguridad jurídica, pilares del sistema tributario.

Dado que no hay una claridad en las disposiciones fiscales al definir cual es el carácter propio de estas supuestas reglas de carácter general pueden ser mal interpretadas, como actualmente sucede por las autoridades fiscales y el mismo legislativo, toda vez que su deficiente definición en las leyes que dan origen a su nacimiento provoca confusión en las autoridades, que erróneamente piensan que la miscelánea fiscal puede tener diferentes atribuciones como la de ejecutar las leyes fiscales.

No es impedimento a lo anterior, considerar que es constitucionalmente válido reglar las leyes fiscales mediante la emisión de la Miscelánea Fiscal, en razón de que la Suprema Corte a considerado que la reserva de ley en materia fiscal es relativa en nuestro país, sin embargo es necesario que se marque un límite de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podrán nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria, por lo que la miscelánea no puede obligar ni mucho menos exceder las leyes fiscales.

Si bien es cierto las reglas de carácter general o reglas de miscelánea son relativamente nuevas en nuestro sistema jurídico, producto del inicio de la reforma fiscal integral en la cual se buscó la unificación de leyes tributarias existentes en el año de 1970, constituyendo un instrumento de particular importancia, para la regulación de las relaciones entre autoridades fiscales y los contribuyentes, también lo es que nuestro país se enfrenta a una grave realidad derivada de crisis políticas, económicas y sociales, en este tenor la realidad económica es reflejo de una cambiante y rigurosa política pública, dentro de la cual la materia tributaria ha sido fuertemente criticada por las fuertes imposiciones, la incertidumbre, las constantes modificaciones y duras sanciones legales a quienes las eviten o infrinjan.

La razón de las resoluciones de carácter general es facilitar al contribuyente la administración de sus impuestos, y a su vez mejorar la gestión y recaudación de los tributos, constituyendo un instrumento necesario para la hacienda pública actual; sin embargo, es necesario que en el Poder Legislativo federal establezcamos los limites para que el Ejecutivo federal deje de hacer uso excesivo de esta facultad.

Actualmente, la baja recaudación fiscal se explica por varios factores que continúan presentes como las amplias extensiones fiscales, la excesiva dependencia de los ingresos petroleros, los altos niveles de evasión, elusiones fiscales, fallas administrativas, ineficiencias institucionales, lagunas legales, expansión creciente de la economía informal, la deficiente cantidad y calidad en la provisión de bienes y servicios públicos y por ultimo, los factores políticos, por ello resulta indispensable que el Congreso de la Unión legisle en la materia, estableciendo los alcances y los limites de la Miscelánea Fiscal, el principio de seguridad jurídica con relación a la emisión de la misma debe manifestarse en su doble aspecto, certeza, en aplicación del derecho y la eliminación de la arbitrariedad de la autoridad.

Por ello se propone que sólo se puedan emitir sólo dos modificaciones a las resoluciones de Miscelánea Fiscal al año para eliminar la inseguridad jurídica para el contribuyente, ya que anualmente en promedio se publican 50 resoluciones misceláneas, así mismo se plantea eliminar la facultad del Ejecutivo federal para que pueda determinar o autorizar regimenes fiscales de manera individual o grupales y que pueda conceder subsidios o estímulos fiscales, sólo cuando lo disponga expresamente la Ley de Ingresos de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 33, fracción I, inciso g), el 36 Bis y 39, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 33. Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

I. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán: a) a f) ...

g) Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes; se podrán publicar adicionalmente dos modificaciones a la resolución anual cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales.

h) ...

...

II. a III. ...

...

...

Artículo 36 Bis. Las resoluciones administrativas de carácter individual o dirigidas a agrupaciones, dictadas en materia de impuestos no autorizarán o determinarán un régimen fiscal, surtirán sus efectos en el ejercicio fiscal del contribuyente en el que se otorguen o en el ejercicio inmediato anterior, cuando se hubiera solicitado la resolución, y ésta se otorgue en los tres meses siguientes al cierre del mismo.

...

...

Artículo 39. El Ejecutivo federal mediante resoluciones de carácter general podrá:

I. a II. ...

III. Conceder subsidios o estímulos fiscales, cuando lo disponga expresamente la Ley de Ingresos de la Federación y sus efectos se limitaran al ejercicio fiscal de su publicación.

...

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 14 fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para quedar como sigue:

Artículo 14. El Presidente del Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes:

I. a II. ...

III. Expedir las disposiciones administrativas necesarias para aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera, sin que estas puedan autorizar o determinar un régimen fiscal, haciendo del conocimiento de la Junta de Gobierno en todos los casos;

IV. a V. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de marzo de 2007.--- Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates, a solicitud del diputado Pablo Trejo Pérezytúrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DE COORDINACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalpara presentar iniciativa de Ley General de Coordinación de los Programas Sociales para la Igualdad de Oportunidades.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: la iniciativa con proyecto de ley que hoy someto a la consideración de esta Asamblea tiene particular relevancia en las actuales condiciones económicas y sociales de la nación.

De hecho, es parte de uno de los Compromisos de los 100 días que formuló el ciudadano Presidente de la República y que no ha sido posible concluir como iniciativa desde el Ejecutivo.

Quiero decir a ustedes que procuré establecer comunicación con los servidores públicos de la Secretaría de Desa-rrollo Social para tener un intercambio previo a la presentación de esta iniciativa, sin que haya sido posible hasta el momento. De modo que he decidido presentarla, seguramente con algunas limitaciones de carácter legislativo.

La reforma consiste básicamente en hacer un esfuerzo de integración del cúmulo de programas sociales que siguen creciendo --por cierto, de todo tipo-- de manera apresurada algunos, otros con un gran impacto social, pero evidentemente estamos ya ante un problema de dispersión del esfuerzo institucional no sólo desde la Federación sino también desde los estados y desde los municipios, cuando, compañeras y compañeros diputados, estamos hablando de un problema de la mayor trascendencia política, social y de enorme compromiso ético para todos quienes tenemos una responsabilidad popular delegada por la ciudadanía.

Destaco brevemente que el crecimiento del producto interno bruto per cápita de México, a precios de 2005, está en el orden de siete mil dólares al año; el de España, cerca de 25 mil, según datos del Banco Mundial; el de Canadá, del orden de 34 mil dólares y Estados Unidos del orden de 49 mil dólares.

México, compañeras y compañeros diputados, necesitaría crecer al seis por ciento promedio anual su producto interno bruto en los próximos 20 años, tan sólo para alcanzar un nivel similar al de España, y aún tendríamos pendiente de resolver el tema de la distribución del ingreso y fundamentalmente de que la población en desventaja económica y social pueda acceder a los beneficios de ese crecimiento.

De modo que el desafío es realmente enorme y tenemos la obligación de crear esas condiciones para que nuestros compatriotas en desventaja económica y social, en condiciones de vida humildes puedan tener acceso, primero a la salud, a la educación, a la capacitación; y derivado de ello a una fuente de empleo y de ingreso.

La iniciativa que hoy se propone justamente pretende incidir en esta realidad de una manera más comprensiva, más integral, no atendiendo a las coyunturas electorales, porque si estamos cuidando la próxima elección electoral, compañeros diputados del Partido Acción Nacional, no vamos a lograr la gran transformación que nos hemos propuesto.

Esta iniciativa propone tomar como base el sistema de transferencia de ingreso del programa Oportunidades. Es el único programa de transferencia de ingreso suficientemente amplio que tiene el Estado mexicano, justamente para igualar Oportunidades.

Propone la coordinación de los tres órdenes de gobierno, una coordinación real, una coordinación con visión de Estado, que pueda --insisto-- superar las coyunturas y las disputas electorales que van a ser permanentes, a propósito del calendario electoral.

Propone que sea el municipio el responsable de ejecutar el conjunto de los programas sociales, porque es ahí donde están los beneficiarios. No tiene sentido continuar con tres estructuras burocráticas para una misma población objetivo.

Recuerdo a ustedes que el gasto de operación de indirectos de algunos programas sociales, por cierto, ya que se habla aquí de los gastos electorales y demás, es del siete por ciento; multipliquen el orden de los 35 mil millones de Oportunidades por un siete por ciento, y veamos cuál es el costo operativo de estos programas.

La propuesta es ampliar el programa Oportunidades a estudiantes de educación superior, a niños y jóvenes sin padres, adultos mayores de 65 años no afiliados al régimen de seguridad social, a las mujeres trabajadoras que se hacen cargo de su hogar y a las personas con discapacidad y, desde luego, a las personas en situación de calle.

¿Por qué continúan los niños y los adultos en situación de calle? Bueno, porque no hay un sistema de transferencia de ingreso permanente, como lo existe en otros países, al que puedan acudir esas personas y los apoyos son temporales o coyunturales por el DIF o por los municipios o los gobiernos de los estados o las empresas, las organizaciones benefactoras.

Termino, señor Presidente.

Propone ampliar la posibilidad de incluir beneficiarios en el programa Oportunidades al pasar el factor de gastos no alimentarios de 1.5 a 2, actualmente es de 1.5; se calcula la canasta básica, se multiplica por 1.5, sale 50 por ciento y nos da un colchón --digamos-- de gastos no alimentarios. Aquí estamos proponiendo que sea de dos, considerando una concepción más amplia del bienestar, más allá de la mera satisfacción de las necesidades alimentarias y nutricionales.

Este proyecto incorpora la propuesta del Presidente Calderón del subsidio energético, que de hecho ha sido asignada a Oportunidades, pero bajo un criterio de ingresos y sin considerar el factor de temperaturas extremas.

Más que el problema de ingreso, el problema de las tarifas lo es también desde luego para las familias de bajos ingresos, pero el problema mayor está en las temperaturas extremas y así lo establece esta iniciativa.

Incluye, en el sistema transferencias de ingreso, las familias en pobreza de patrimonio, para contribuir al mejoramiento de su vivienda; igual, bajo una visión integral que pueda ser complementada por los estados y por los municipios.

Le pido, señor Presidente, que sea tan amable de inscribir esta iniciativa en su conjunto --es muy larga-- y que pueda por favor ordenar se repita su publicación en la Gaceta Parlamentaria, toda vez que hemos agregado algunas sugerencias de compañeros diputados.

Termino con una idea de John Rolls sobre la justicia: ``Lo justo y lo bueno son complementarios. Toda concepción de justicia --también una concepción política-- necesita de ambos y esto --dice Rolls-- no niega la primacía de lo justo sobre lo bueno''. Muchas gracias, compañeras, compañeros diputados.

«Iniciativa de Ley General de Coordinación de los Programas Sociales para la Igualdad de Oportunidades, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Coordinación de los Programas Sociales para la Igualdad de Oportunidades.

Exposición de Motivos

Resumen

1. Crecimiento económico y bienestar

México enfrenta un enorme desafío para mejorar la distribución del ingreso y superar la pobreza extrema. A lo largo de los años ha prevalecido el debate de si es necesario primero dar paso al crecimiento económico y después distribuir el ingreso o viceversa. La realidad es que el crecimiento económico y el bienestar constituyen un binomio que se retroalimenta y condiciona mutuamente. En efecto, el crecimiento económico es indispensable para generar las bases materiales del desarrollo y aumentar el ingreso a través de la generación de empleos. Sin crecimiento económico tampoco se dan las condiciones para construir infraestructura, servicios públicos, vivienda y preservar el medio ambiente para garantizar un mínimo de calidad de vida. Pero el solo crecimiento de la economía no garantiza que la gente que tiene una desventaja social y económica histórica pueda acceder a los beneficios del desarrollo.

El PIB per cápita de México es, según diversas fuentes, inferior a los 10 mil dólares, esto ubica a nuestra economía como en vías por alcanzar su madurez y con un rezago relativo de consideración respecto a otras naciones, como puede observarse en el siguiente cuadro.

Fuente: Banco Mundial.

Para superar el estancamiento la economía deberá crecer a una tasa de al menos 6% anual durante los próximos 20 años y alcanzar el indicador de 20 mil dólares por habitante. Este nivel sería un logro muy importante, aunque estaría por ser resuelta la desigual distribución del ingreso y una ampliación de las oportunidades disponibles para nuestra población más humilde.

Es decir, además de realizar las reformas estructurales necesarias en materia hacendaria, de fomento económico y de desarrollo de los sectores estratégicos que permitan una alta tasa de crecimiento del producto, existe el imperativo de generar las condiciones para que la población en mayor desventaja económico y social tenga iguales oportunidades a la alimentación, la educación, la salud y, por esa vía, al empleo productivo.

2. Política social y superación de la pobreza

Después del movimiento social de 1910 y hasta 1940, la política social se distinguió por una redistribución directa de la riqueza a través del reparto agrario; una mejor distribución del ingreso por medio de la contratación colectiva y por la construcción del sistema educativo y de salud. Durante el periodo del desarrollo estabilizador y hasta 1970 se tuvo un alto crecimiento del Productivo Interno Bruto (6% promedio) cuyo efecto redistributivo se vio limitado por un alto crecimiento demográfico y por la moderación en los ingresos salariales consecuencia de una política monetaria tendiente a frenar el alza de los precios y la tasa de interés. La crisis económica de los 70, y la creciente y justa demanda social de los trabajadores, campesinos y las clases medias motivó la reactivación de la política social con base a la expansión del gasto público y el crecimiento de la deuda que, finalmente, condujeron a una grave crisis económica. El crecimiento de las reservas y de la producción de petróleo de mediados de los 70 permitió mantener la expansión del gasto, pero no resolvió ni el problema de la inflación, ni el de la deuda, ni el de los desequilibrios en la balanza comercial. De ahí que se pagó un enorme costo social por el ajuste económico que se realizó, de manera drástica, en condiciones de emergencia.

A principios de los 90 se profundizan los cambios estructurales de la economía, se concretiza la apertura comercial y se inicia un proceso de una política social diferenciada. Por un lado, destinada a fortalecer las instituciones en materia de seguridad social, educación, salud, vivienda y protección del salario y, otra, aumentar los recursos y los programas destinados a la población en situación de pobreza. El Programa Nacional de Solidaridad permitió integrar partidas presupuestales de enorme consideración y, a la vez, alentar la participación de los beneficiarios en la construcción de su propio destino.

En diciembre de 1997 esta soberanía, a propuesta del Ejecutivo Federal, tomó decisiones en materia de política social que han trascendido al paso del tiempo y que hoy tiene un impacto decisivo en los afanes de igualdad y justicia que nos animan.

En efecto, fue en esa época que se incorporó a la Ley de Coordinación Fiscal y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 1998; al Ramo de Aportaciones Federales, el Fondo para Infraestructura Social destinado en un 80 por ciento a los municipios y en un 20 por ciento a los Estados. Asimismo, inició formalmente, después de una etapa de prueba, el Programa de Educación, Alimentación y Salud (Progresa)

La perspectiva de ese entonces aspiraba a que, con este importante paso dado para fortalecer a los municipios, se desatara un proceso gradual de descentralización de facultades y recursos de la Federación a los estados y de éstos a los municipios. Este propósito, en la realidad de los hechos, no ha podido cumplirse dado que no se mantuvo la decisión federalista y municipalista que dio origen a las reformas.

En cuanto a Progresa hoy Oportunidades cabe mencionar que los principios básicos de operación fueron, provisionalmente, establecidos en el cuerpo del Decreto del Presupuesto de ese año, manteniendo una estructura y control centralizados, con la idea de que, posteriormente, se procederá a su descentralización.

Es así que, a propuesta de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, el programa fue retomado por la administración del Presidente Fox ampliando sus beneficios a estudiantes de Educación Media Superior. Posteriormente, se modifica el nombre a Oportunidades, pero mantiene exactamente la misma estructura normativa y operativa centralizadas. Lo anterior, no obstante, que dos de los tres componentes del programa educación y salud están a cargo del gobierno de los estados y de que es en los municipios en donde finalmente concurren los múltiples programas sociales que buscan igualar oportunidades.

En la actual administración, han surgido nuevos programas producto de la decisión del nuevo gobierno de hacer frente al reto social. Sin embargo, persiste la dispersión y la centralización de los programas en demérito de la eficacia, del costo de operación, de la autonomía de los estados y de la libertad de los municipios.

Hoy en día se mantienen tres estructuras burocráticas para atender la misma población objetivo y existen programas que además tienen hasta el 7 % de gastos indirectos de operación. Es decir, existe duplicación de esfuerzos y una tendencia que tiende, nuevamente, a concentrar recursos y facultades y a detener el proceso de descentralización inspirado en un federalismo republicano que es el que da sentido histórico a la Unión de los Estados, integrados en federación. No se trata como lo hemos reiterado en otras iniciativas de una mera disputa por el control de los recursos ó por el protagonismos en la prestación de los servicios.

Si cada decisión que tomemos en relación al funcionamiento del Gobierno y al futuro de la Nación, estuviera condicionada, a las coyunturas electorales, entonces estaríamos cancelando la viabilidad de las transformaciones de fondo que reclama el crecimiento de la economía y el bienestar generalizado de los mexicanos.

3. Fundamento jurídico

Por reforma constitucional de fecha 3 de febrero de 1983 se estableció entre nosotros el Sistema Nacional de Planeación Democrática en materia económica y social; de suerte que hoy por hoy contamos con mecanismos de planeación social como son a saber: La Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo y los programas derivados de dicho Plan siendo éstos de carácter sectorial, institucional, territorial o especial.

La presente iniciativa de ley, encuentra su fundamentación constitucional en el artículo 26, y 73 fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso General para expedir leyes sobre la planeación del Desarrollo Social.

Por su parte, también lo es, la fracción IV del artículo 74 de la Constitución al fijar como una de las atribuciones de ésta Cámara, el expedir año con año el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En lo concerniente, específicamente, a los programas de desarrollo humano relativos a salud, educación y alimentación para los pueblos indígenas, la presente iniciativa encuentra fundamentación expresa, en el artículo 2° inciso B) fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, el texto vigente del artículo 115 de la Constitución establece en sus fracciones II inciso c), III y IV la posibilidad de que los ayuntamientos ejerzan atribuciones y partidas presupuestales del gasto federal, en virtud de los convenios de descentralización de atribuciones.

4. Contenido de la propuesta

La propuesta que se presenta pretende inscribir en un solo ordenamiento los múltiples programas sociales compensatorios que han venido surgiendo y tomar como eje el sistema de transferencias desarrollado a partir del programa Oportunidades. Se trata de establecer en Ley un conjunto de beneficios que hoy están dispersos y, además, de descentralizar estos programas a las entidades federativas y, a través de éstos, a los municipios. De modo que los principales atributos de la Ley que se propone son los siguientes:

Propone la coordinación de los tres órdenes de gobierno en el diseño, planeación, coordinación y ejecución de los programas sociales compensatorios para igualar oportunidades.

Plantea que a través de convenios se redistribuyan las competencias, ante los tres órganos de gobierno, de modo que sean los municipios quienes ejecuten los programas y los complemente en aras de una mayor cobertura y protección a las familias de bajos ingresos.

Abre los beneficios del programa Oportunidades a estudiantes de educación superior; adultos mayores de 65 años, no afiliados al régimen de seguridad social; a las mujeres trabajadoras que se hacen cargo de su hogar y a las personas con discapacidad.

Amplía la posibilidad de incluir beneficiarios en el programa Oportunidades al pasar de 1.5 a 2 el factor por gastos no alimentarios.

Incluye en el sistema de transferencias de ingreso a las familias en pobreza de patrimonio para contribuir a mejorar su vivienda.

Dispone, en el régimen transitorio, de un conjunto de medidas para integrar los sistemas de apoyo alimentario y nutricional y de asistencia social; a cargo de Liconsa, Diconsa y el DIF.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa con Proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se expide la Ley General de Coordinación de los Programas Sociales para la Igualdad de Oportunidades; con el siguiente articulado:

Capítulo Primero Disposiciones Generales

Artículo 1o. La presente Ley es orden público e interés social, teniendo como objeto establecer los lineamientos para la coordinación y ejecución de los programas sociales compensatorios destinados a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios de salud, educación, alimentación y a la vivienda digna.

Artículo 2o. La presente Ley es de observancia general en toda la República en el ámbito federal, siendo su objeto la coordinación entre la Federación y las entidades federativas, en los términos de los artículos 26, 115 fracciones II inciso C), III y IV; y 117 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a efecto de que la aplicación y operación de los programas sociales compensatorios corresponda a los Municipios, bajo los lineamientos que al efecto sean convenidos.

Artículo.3o. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

Comisión Nacional: La Comisión Nacional de Desarrollo Social establecida por mandato del artículo 47 de la Ley General de Desarrollo Social.

Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal

Coordinación Nacional: El órgano desconcentrado de la Secretaría encargado de establecer la normatividad, la planeación y la supervisión aplicables a los programas materia de esta Ley.

Comisiones Estatales: los órganos de coordinación en las entidades federativas, mediante las cuales se coordinaran los servicios de Educación y de Salud y se articularán con el resto de los componentes de los Programas.

Comisiones Municipales: Las unidades administrativas desconcentradas de los ayuntamientos que será responsables de ejecutar los Programas y de ejercer el gasto y las atribuciones que se desprenden de los programas; siguiendo los lineamientos que al efecto se fijen en los convenios.

Coneval. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión.

Programas: Los Programas Sociales Compensatorios diseñados para propiciar que las familias y personas en condición de pobreza o vulnerabilidad social, accedan en igualdad de oportunidades a servicios de salud, educación, alimentación, y a la vivienda.

Convenios: Los Acuerdos de coordinación suscritos, entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, enmarcadas en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y en la Ley General de Desarrollo Social teniendo por fin específico la coordinación de acciones cuya materia corresponda al objeto de la presente ley.

Padrón Único. Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los programas federales de Desarrollo Social cuyo perfil socioeconómico se establece en los programas de esta Ley.

Pobreza Alimentaria. Condición de las familias que cuentan con un ingreso insuficiente para adquirir la mínima canasta alimentaria, aún dedicando todos sus recursos económicos a adquirir los alimentos.

Pobreza de Capacidades. Condición de las familias con ingresos insuficientes para acceder a los mínimos requerimientos de alimentación, salud y educación.

Pobreza de Patrimonio. Condición de las familias que cuentan con un ingreso insuficiente para acceder a los mínimos de alimentación, educación, salud, vivienda, transporte, vestido y calzado.

Personas con capacidades diferentes. Todo ser humano que presente temporal o permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, para realizar sus actividades connaturales.

Adultos Mayores. Personas mayores de 65 años.

Jornaleros Agrícolas. Trabajadores eventuales del campo que son contratados para labores de siembra, deshije, cosecha, recolección y preparación de productos para su primera enajenación.

Mujeres trabajadoras. Madres trabajadoras que son responsables de su hogar, con al menos un hijo o hija, con trabajo formal o informal o dificultad para encontrar trabajo debido a que no cuenta con capacitación, el apoyo adecuado o la posibilidad económica para pagar el costo del cuidado de su hijo o hija.

Personas en situación de calle. Personas adultas o menores en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad y exclusión social que viven o deambulan en las calles.

Pueblos Indígenas. Aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Artículo 4o. Los programas se sujetaran a los siguientes principios y propósitos:

I. Contribuir, a través de la creación de condiciones de igualdad de oportunidades, al desarrollo humano y social.

II. Garantizar el desarrollo de las capacidades de las personas.

III. Fomentar la integración social y familiar en armonía con su entorno comunitario.

IV. Apoyar a las familias que resienten algún grado de pobreza y a las personas vulnerables.

V. Otorgar prioridad a la equidad de género y acceso equitativo.

VI. Alentar la corresponsabilidad de los beneficiarios.

VII. Impulsar la participación social.

VIII. Garantizar la coordinación interinstitucional.

IX. Asegurar la descentralización operativa.

X. Promover la evaluación y la transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 5o. Quedan prohibidas las prácticas discriminatorias en el diseño y ejecución de los Programas.

Capítulo Segundo De los Beneficiarios

Artículo 6o. Los beneficiarios de los Programas serán las personas y las familias, inscritas en el Padrón que cuenten con la cédula individual de identificación, que a continuación se reseñan:

I. Las familias en condiciones de pobreza alimentaria y de capacidades;

II. Los miembros de las familias a que se refiere la fracción anterior, que hasta en número de cuatro cursen los estudios de educación básica, media superior y superior en los términos que al efecto refiera la presente ley;

III. Las familias en condiciones de pobreza de patrimonio que no tengan vivienda o que ésta carezca de condiciones dignas y no estén afiliados a algún Fondo de Vivienda.

IV. Los adultos mayores miembros de las familias a que se refiere la fracción I y III mayores de 65 años que no estén inscritos en un régimen de Seguridad Social;

V. Las personas con capacidades diferentes que no tengan ingresos;

VI. Las personas en situación de calle;

VII. Las mujeres trabajadoras;

VIII. Las familias y personas, que por su origen, lengua ò tradición se asuman como integrantes de los pueblos indígenas; y

IX. Los Jornaleros Agrícolas y los miembros de sus familias.

Artículo 7o. Los beneficiarios de los programas, tendrán las siguientes prerrogativas y obligaciones:

I. Recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad;

II. Acceder a la información de dichos programas, así como sus reglas de operación, recursos y coberturas;

III. Presentar su solicitud de inclusión en el padrón activo de beneficiarios;

IV. Proporcionar voluntariamente la información de privacía que sea requerida por los operadores de los programas

V. Recibir los servicios y transferencias de ingreso de los programas acorde a sus reglas de operación;

VI. Respeto a la confidencialidad de la información concerniente a su persona y familia;

VII. Corresponsabilidad en la operación de los Programas;

VIII. En general, cumplir con lo establecido en esta Ley y en las reglas de operación aplicables.

Artículo 8o. Para los efectos de la presente ley, las estimaciones para determinar los niveles de pobreza serán los que establezca el Coneval. En todo caso, la estimación de los ingresos para adquirir la Canasta Normativa Alimentaria, se multiplicara por un factor mínimo de 2, por concepto de gastos no alimentarios.

Artículo 9o. Las familias beneficiarias serán seleccionadas mediante el levantamiento de una cédula de datos socioeconómicos sobre sus ingresos monetarios y de los activos de que dispongan en el hogar.

Artículo 10. Los estudios, en la modalidad escolarizada, referidos en la fracción II del artículo 6° serán los comprendidos en los siguientes niveles: educación básica del 3º al 6º grado; del 1º al 3er. grado de educación secundaria; del 1º al 3er. grado de educación media superior y del 1º al último semestre de Educación Superior, en el periodo que corresponda.

Artículo 11. Las familias con seis años de permanencia en los programas deberán volver a certificar su estancia, haciéndose una segunda evaluación de sus condiciones socioeconómicas, previa notificación, y de cuyos resultados derivará su permanencia o tránsito al esquema de apoyos diferenciados o su baja del padrón. En cualquier caso nunca podrá superar los tres años adicionales en los programas.

Artículo 12. El titular de las familias beneficiarias será preferentemente la madre de familia.

Capítulo Tercero De la Transferencia de Ingresos y la Prestación de Servicios

Artículo 13. Se otorgará una asignación monetaria a las familias ó personas beneficiarias para mejorar la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación garantizando un adecuado nivel nutricional.

Artículo 14. El beneficio en materia educativa se integra por las transferencias monetarias en becas y adquisición de útiles escolares hasta para cuatro miembros de la familia.

Artículo 15. Las becas educativas se otorgarán a cada uno de los ubicados en el supuesto de la fracción II del artículo 6o. y 10 de la presente ley.

Artículo 16. Las becas a que se refiere el artículo anterior se realizarán en entregas al inicio y mediados del ciclo escolar con la finalidad de adquirir el material de enseñanza requerido; y, una segunda entrega, en cantidades a prorrata durante los 10 meses del ciclo escolar y su monto será creciente a medida que el grado que se cursa sea más alto.

Artículo 17. Las becas a que se refiere el presente capítulo, cuando sean otorgadas a mujeres estudiantes, serán preferenciales a efecto de incentivar su permanencia en el sistema escolarizado.

Artículo 18. Los beneficiarios tendrán acceso a los servicios del Seguro Popular de salud, a la educación y alimentación que al efecto presten las dependencias y entidades de la administración pública federal, los estados y los municipios, en los términos del convenio de coordinación respectivo, siendo prestados en instalaciones fijas o en Unidades Móviles.

Artículo 19. Para garantizar la salud y la alimentación infantil y de las mujeres embarazadas, se otorgará el Seguro Popular a las madres desde el periodo de gestación y a los niños desde su primer día de vida. En periodo de lactancia se otorgarán complementos alimenticios.

Artículo 20. Las familias que estén en el supuesto de la fracción III del artículo 6°, recibirán una transferencia monetaria anual durante un periodo no mayor a tres años, para que de manera gradual su vivienda tenga piso de concreto, techo dignos y seguro, cocina y habitaciones acorde al número de miembros de la familia.

Artículo 21. Las personas en situación de calle que se incorporen al sistema educativo nacional, tendrán derecho de asignación monetaria prevista en el artículo 14°, con un monto adicional de 20 por ciento al régimen general.

Artículo 22. Los beneficiarios, en las zonas y proporciones que determine el Presupuesto de Egresos de la Federación, recibirán un subsidio para el pago de su consumo de gas licuado de petróleo y energía eléctrica, que les permita utilizar energía sobre bases sustentable o hacer frente a los altos costos del consumo de energía derivados de temperaturas extremas.

De las Competencias

Artículo 23. La Comisión Nacional es la instancia para la definición, coordinación, y concertación de los Programas.

Artículo 24. La Comisión Nacional sesionará invariablemente por lo menos dos veces por año, para proponer y aprobar las modalidades y los presupuestos de los programas a efecto de que los Ejecutivos Federal y de las Entidades Federativas consideren su integración a los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y de los Estados, y para aprobar, en su caso, la distribución geográfica de los programas y las reglas de operación correspondientes.

Artículo 25. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios, en los términos de los convenios de coordinación respectivos, formularán y aplicarán los Programas en los términos de la presente ley; de acuerdo al Padrón Único de Beneficiarios que al efecto se integre de común acuerdo.

Artículo 26. La Secretaría por conducto de la Coordinación Nacional tendrá a su cargo el diseño, la planeación, la organización nacional y la evaluación de los Programas.

Artículo 27. Las Entidades Federativas, a través de las Comisiones Estatales, tendrán a su cargo la organización de los programas, así como la articulación de los componentes de Salud y Educación con el resto de los contenidos de los programas. En todo caso, convendrán con la Federación y los Municipios lo necesario para ampliar la cobertura de los programas, al 100% de las familias y las personas identificadas en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Artículo 28 Los Comisiones Municipales serán responsables de ejecutar los Programas y establecer los sistemas de seguimiento y evaluación convenidos con las instancias estatales y nacionales, así como de complementar los programas de acuerdo al Padrón que se determine.

Artículo 29. Las personas con discapacidad recibirán la transferencia monetaria y los servicios de educación y de atención especiales; de una manera integral y coordinada entre la Federación las entidades federativas y los municipios.

Artículo 30. Las Madres Trabajadoras recibirán una transferencia monetaria adicional para el cuidado y educación de sus hijos durante el periodo previo a su ingreso al nivel de educación preescolar.

Artículo 31. Los Jornaleros Agrícolas y sus familias tendrán derecho a las transferencias monetarias y a los servicios de Educación, Salud y Alimentación, aún siendo estos prestados en Unidades Móviles o en instituciones educativas diferentes.

Capítulo Quinto De la Descentralización

Artículo 32. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría suscribirá convenios de coordinación con las entidades federativas a efecto de que éstas asuman las atribuciones de coordinación local materia de la presente ley y, transmitan a los ayuntamientos, en los términos de las fracciones II, III y IV del artículo 115 constitucional, la ejecución de los programas.

Artículo 33. Los Municipios, por conducto de las Comisiones Municipales, órganos desconcentrados de su administración, serán responsables de la asignación de los beneficios monetarios y operarán los programas materia de la presente ley.

Capítulo Sexto De los Instrumentos

Artículo 34. La Coordinación Nacional propondrá a la Comisión Nacional los manuales de operación, reglas de operación y las reglas metodológicas que deberán seguir las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como las entidades federativas suscribientes del convenio de coordinación respectivo; ý los ayuntamientos en los términos del mismo.

Artículo 35. Los manuales de operación y reglas metodológicas que formule la Coordinación Nacional en los términos del artículo anterior se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 36. Los manuales de operación con base en la asignación presupuestal respectiva, establecerán los lineamientos de los programas, tales como: criterios de inclusión, duración, derechos y obligaciones de los usuarios, y método de evaluación.

Artículo 37. La Coordinación Nacional en corresponsabilidad con las Comisiones estatales y municipales, en los términos de su manual de operación y metodología, levantarán en todo el país un Padrón Único de Beneficiarios; auxiliándose para ello de las unidades de estadística con que cuenten tanto las dependencias y entidades de la administración pública federal, como de las entidades federativas que participen de los referidos programas.

Artículo 38. Los Comisiones Municipales expedirán una cédula individual para cada beneficiario de los programas, que será firmada por el Presidente Municipal

Capítulo Quinto De la Asignación de Beneficios

Artículo 39. Los beneficios serán asignados en los términos del decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio correspondiente, mismo que se sujetará a lo que al efecto se desprenda de los Programas y con sujeción a los lineamientos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 40. El apoyo consistente en la transferencia monetaria en los montos que al efecto sean determinados en el Presupuesto de Egresos, se trasmitirá a una cuenta bancaria abierta a nombre del titular de la cédula de identificación personal respectiva; o en su caso se pagará en efectivo a través de las Comisiones Municipales.

Capítulo Sexto De la Evaluación y la Transparencia

Artículo 41. La Coneval establecerá los criterios de evaluación que estará a cargo de instituciones académicas Nacionales, de las Entidades Federativas o de los Municipios.

Artículo 42. Las Comisiones Estatales evaluarán en su ámbito de competencia, los impactos en la ejecución de los programas, conforme a los lineamientos metodológicos que al efecto se fijen; y le remitirán los informes respectivos, a la Coordinación Nacional para la evaluación del desempeño de los programas y del control presupuestal.

Artículo 43. La Coordinación Nacional y las Comisiones Estatales y Municipales dispondrán de los instrumentos de transparencia y acceso a la información establecidos en la legislación constitucional y legal aplicable.

Capítulo Séptimo De las Responsabilidades

Artículo 44. Los beneficios de los programas no podrán estar subordinados a la adscripción a partido o agrupación política alguna; ni tampoco a la congregación de iglesia o profesión de fe cualesquiera; ni al seguimiento de opiniones o criterios de ninguna índole. Tampoco podrán ser utilidades como instrumento de presión para que los beneficiarios se abstengan de ejercer sus derechos ciudadanos.

Artículo 45. Los beneficios de los programas no podrán ser omitidos, y cualquier omisión al respecto será sancionada en los términos de los ordenamientos aplicables.

Artículo 46. El servidor público que en clara inobservancia a lo estipulado en los artículos anteriores, pretenda omitir los beneficios de los programas, o supeditarlos a la adscripción a algún partido u organización política; a la abstención en el ejercicio de derechos ciudadanos a la congregación de alguna fe religiosa, o la adscripción a alguna opinión determinada o código de valores o conductas no constreñidas por la ley; incurrirá en responsabilidad administrativa, civil y penal haciéndose acreedor a las sanciones y penas que de la ley se deriven.

Artículo 47. La Auditoría Superior de la Federación será competente para supervisar el desempeño de los programas materia de la presente Ley con sujeción a los principios que rigen a la administración pública federal y los relativos al ejercicio de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y a los municipios.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El contenido de la presente Ley se aplicará en la formulación del Presupuesto de Egresos que se elaboré para el ejercicio del año siguiente al de la entrada en vigor de la misma. El Presupuesto necesario para la ejecución de lo dispuesto en esta Ley provendrá del actualmente asignado a los siguientes programas: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; Programa 3 X1 para Migrantes; Programa de Atención a Adultos Mayores; Programa de Coinversión Social; Programa de Empleo Temporal (PET); Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas; Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; Programa Jóvenes por México; Mecanismo de Ahorro para el Retiro Oportunidades de Población Adulta; Programa para el desarrollo Local (Microrregiones); Programa de Opciones Productivas; Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda, Tu Casa; Programa de Vivienda Rural; Programa Oportunidades Energético; Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras; Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en zonas rurales.

Tercero. La Secretaría presentará a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados en un periodo no mayor de 90 días, un estudio riguroso, respecto de la cobertura, padrón e impacto social de los Programas a cargo de Diconsa y Liconsa, a efecto de determinar si se mantienen como instrumentos de transferencia de ingreso a las familias en extrema pobreza, como reguladores del mercado o como dependencias de apoyo a situaciones de emergencia.

Cuarto. Los programas a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia serán sujetos a revisión a efecto de garantizar la complementación de las transferencias monetarias y en especie motivo de esta Ley. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, presentará a la Comisión de desarrollo Social de la Cámara de Diputados, en periodo no mayor de 90 días, las propuestas pertinentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo del 2007.--- Diputados: Alberto Amador Leal (rúbrica), Mario Mendoza Cortés , Wenceslao Herrera Coyac .»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates --le informamos que está publicada en la Gaceta, diputado Alberto Amador-- y túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

El diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo:Gracias, señor Presidente; compañeros y compañeras diputadas: con fundamento en el artículo 71, fracción II, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, someto a la consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto para modificar los artículos 20, 23, 25, 28 y 44 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para que las personas tengan mayor claridad y certidumbre cuando hacen uso de los servicios financieros y se hagan valer sus derechos, en virtud de la siguiente exposición de motivos:

Como todos recordaremos, a mediados de la década de los 90 nuestro país presentó una crisis muy severa que afectó en mayor medida al sector financiero y al sector bancario. Lo anterior ocasionó un incremento importante en las tasas de interés y una alteración en el tipo de cambio. Trajo, como consecuencia de lo anterior, un alto índice de morosidad entre las personas que habían obtenido algún tipo de crédito bancario y que dichos empréstitos se volvieron prácticamente impagables.

Con esta crisis las instituciones bancarias incrementaron sus activos en especie, debido a que embargaban los bienes muebles e inmuebles a las personas deudoras; sin embargo, en la mayoría de los casos las cantidades excedían por mucho el monto de lo embargado y el cliente deudor podía solicitar un nuevo crédito en otra institución bancaria, siempre y cuando cubriera con los requisitos. Con lo anterior, las carteras vencidas de los bancos comenzaron a crecer de una manera desproporcionada, trayendo como consecuencia la quiebra de los mismos.

Ante esta situación, el Estado inicia una transformación integral de su sistema financiero; por una parte, creando instituciones nuevas que se encargarán de vigilar y de evaluar el buen funcionamiento del sistema financiero; y por otra, fortaleciendo a las instituciones dotando de mayores atribuciones y de autonomía, como fue incluso en el caso del Banco de México.

Esta transformación tiene como principal objetivo corregir las fallas que habían ocasionado el deterioro del sistema bancario, financiero y crediticio del país. Instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ahora desempeñan un papel más activo y claro en el funcionamiento de este sistema financiero. De igual forma, instituciones de nueva creación especializada, como la Condusef, que es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, son las encargadas de vigilar que se hagan valer estos derechos de estas personas que hacen uso de los servicios financieros.

Dentro de los nuevos actores que se desarrollan en el sistema financiero mexicano encontramos la sociedad de información crediticia, el llamado buró de crédito, que tiene como principal objetivo llevar un control de aquellas personas que son sujetas a algún tipo de crédito, a fin de tener un control más estricto de los clientes que sean morosos o no puedan hacer frente a los gastos de la deuda contraída.

Estas empresas reúnen, estandarizan y venden esta información a los acreedores o empresas comerciales en forma de reportes de crédito. Dichos reportes son utilizados comúnmente para determinar si las personas son o no sujetas de crédito. Pueden ser determinantes para que las entidades financieras o las empresas aprueben o rechacen estas solicitudes de crédito de las personas.

La Sociedades de Información Crediticia están reguladas por la Ley que Regula las Sociedades de Información Crediticia, publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2002. En esta ley se especifica y se regula la creación y la participación de las mismas.

Sin embargo, compañeros y compañeras diputadas, es importante mencionar que esta Ley que Regula las Sociedades de Información Crediticia presenta serias inconsistencias que afectan a las personas físicas y morales, por lo que es importante construir herramientas suficientes que les permitan a los usuarios defender sus derechos.

Ante tales inconsistencias legales, las sociedades de información crediticia se convierten en juez y parte al ser quienes evalúan y dictaminan si las personas físicas o morales mantienen un buen historial crediticio y pueden ser sujetos del mismo.

Dicha situación se agrava si consideramos que la ley en esta materia permite llevar la información crediticia, además de otras consideradas de naturaleza análoga, permitiendo a estas sociedades la libertad de registrar todo lo que a sus intereses convenga.

Con lo anterior las instituciones financieras realizan una labor mínima de cobranza, delegando esta responsabilidad a despachos de cobranzas que, de manera anárquica y discrecional, incluyen a las personas físicas o morales en lo que se ha denominado el buró de crédito, dejando a millones de usuarios de los servicios crediticios en una situación de descrédito ante cualquier institución bancaria o crediticia. Esto es muy contradictorio si consideramos que una de las más grandes preocupaciones del Estado es que todos los mexicanos seamos sujetos a algún tipo de crédito.

Los datos más recientes indican que hay más de 20 millones de personas físicas que están incluidas en este buró de crédito, y de ese total, un poco más del siete por ciento llegan a tener algún problema crediticio, en tanto que existen casi 200 mil registros de personas morales, de las que el 10 por ciento tiene problemas con sus créditos.

La preocupación más importante ante este tipo de situación no es la existencia de estas sociedades de información crediticia, sino la forma en que las instituciones financieras y bancarias usan información que se les proporciona, ya que en muchas ocasiones las carteras vencidas de los bancos son vendidas a instituciones de cobranza, que en realidad son despachos jurídicos que se encargan de realizar el cobro mediante métodos y mecanismos que transgreden los derechos de muchos mexicanos.

Seguramente varios de nosotros hemos pasado por los problemas que implica realizar algún tipo de trámite crediticio, o bien, hemos sido testigos de cómo algunas personas son despojadas de sus propiedades por el área de alguna institución de cobranza o también de muchas personas que se encuentran en prisión debido a que sus créditos superaron por mucho las posibilidades de su pago, incluyendo a todas las personas que por error en la información son consideradas como imposibilitados para acceder a los créditos. En cualquiera de las anteriores situaciones, el ciudadano se ve imposibilitado para realizar alguna acción que le permita hacer frente a esta circunstancia.

Termino, compañeros, diciendo que en razón de esto es importante reformar la ley para proteger a los ciudadanos de los abusos y excesos del llamado buró de crédito, pues queda claro que en este país poco puede hacer un ciudadano, que en la mayoría de las veces carece de información, carece de recursos económicos, tiempo, tecnología ante una gran corporación financiera que lo tiene todo, incluso el respaldo institucional y legal.

Por lo aquí señalado, pongo a consideración de esta honorable Cámara la iniciativa y solicito al Presidente que sea incluida mi propuesta, en todos sus términos, en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto para modificar los artículos 20, 23, 25, 28 y 44 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para que las personas tengan mayor claridad y certidumbre cuando hacen uso de los servicios financieros y así hagan valer sus derechos, en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

A mediados de la década de los noventa nuestro país presentó una crisis muy severa que afectó en mayor medida al sector financiero y bancario; ello ocasionó un incremento importante de las tasas de interés y del tipo de cambio, lo que trajo como consecuencia un alto índice de morosidad entre las personas que habían obtenido algún tipo de crédito bancario, ya que dichos empréstitos se volvieron impagables.

Con esta crisis las instituciones bancarias incrementan sus activos en especie debido a que embargan los bienes muebles e inmuebles de las personas deudoras; sin embargo, en muchos casos la cantidad excedía en mucho el monto de lo embargado, y el cliente deudor podía solicitar un nuevo crédito en otra institución bancaria siempre y cuando cubriera los requisitos. Con lo anterior las carteras vencidas de los bancos comenzaron a crecer de manera desproporcionada, trayendo consigo la quiebra de éstos.

Ante tal situación, el Estado inició una transformación integral de su sistema financiero, por una parte, creando instituciones nuevas que se encargaran de vigilar y evaluar el buen funcionamiento del sistema financiero y, por otra, dotando a sus instituciones de mayores atribuciones e incluso de autonomía, como es el caso del Banco de México.

Esta transformación tiene como principal objetivo corregir las fallas que habían ocasionado el deterioro del sistema bancario, financiero y crediticio del país. Instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ahora desempeñan un papel más activo y claro en el funcionamiento del sistema financiero. De igual forma se crean instituciones especializadas en brindar servicios financieros y una Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), encargada de vigilar que se hagan valer los derechos de los usuarios de este tipo de servicios.

Este cambio institucional viene acompañado de una serie de reformas a las leyes vigentes en la materia y de la creación de leyes que den sustento jurídico los nuevos organismos públicos, todo ello con el objetivo de sentar las bases de un sistema financiero mexicano moderno y adecuado a los actuales parámetros de la globalización financiera.

Dentro de los nuevos actores que se desarrollan en el sistema financiero mexicano encontramos a las sociedades de información crediticia también llamados burós de crédito, que tienen como principal objetivo llevar un control de aquellas personas que son sujetas de algún tipo de crédito, a fin de tener un control más estricto de los clientes morosos o de quienes no puedan hacer frente a los gastos de la deuda contraída. Estas empresas reúnen, estandarizan y venden esta información a los acreedores o empresas comerciales en forma de ``reporte de crédito''. Dichos reportes son utilizados comúnmente para determinar si las personas son sujetos de crédito o no; pueden ser determinantes para que las entidades financieras o empresas aprueben o rechacen las solicitudes de crédito de las personas.

Estas sociedades de información crediticia están reguladas por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2002, en esta ley se especifica y regula su creación y su participación.

Sin embargo, es importante mencionar que la Ley que regula a las sociedades de información crediticia presenta serias inconsistencias que afectan a las personas físicas y morales, por lo que es importante construir herramientas suficientes que les permitan defender sus derechos.

Ante tales inconsistencias legales las sociedades de información crediticia se convierten en juez y parte, al ser quienes evalúan y dictaminan si la persona física o moral mantiene un buen historial crediticio y puede ser sujeto de crédito. Dicha situación se agrava si consideramos que la ley en la materia le permite llevar la información crediticia además de otras consideradas de naturaleza análoga, permitiendo a las sociedades de información crediticia la libertad de registrar todo lo que a sus intereses convenga.

Con lo anterior las instituciones financieras realizan una labor mínima de cobranza, delegando esta responsabilidad a despachos de cobranza que, de manera anárquica y discrecional, incluyen a la persona física o moral en lo que se ha denominado buró de crédito, dejando a millones de usuarios de servicios crediticios en una situación de descrédito ante cualquier institución bancaria o crediticia. Esto es muy contradictorio si consideramos que una de las más grandes preocupaciones del Estado es que todos los mexicanos seamos sujetos de algún tipo de crédito.

Los datos más recientes indican que más de 20 millones de personas físicas cuentan con un registro en el buró de crédito, y de este total, poco más del 7 por ciento tienen algún problema crediticio; en tanto, existen casi 200 mil registros de personas morales, de las cuales 10 por ciento tienen problemas con su crédito.

La preocupación más importante ante este tipo de situaciones no es la existencia de las sociedades de información crediticia, sino la forma en que las instituciones financieras bancarias usan la información que les proporcionan, ya que en muchas ocasiones las carteras vencidas de los bancos son vendidas a instituciones de cobranza, que en realidad son despachos jurídicos que se encargan de realizar el cobro mediante métodos y mecanismos que transgreden los derechos de muchos mexicanos.

Seguramente varios de nosotros hemos padecido los problemas que implica realizar algún tipo de trámite crediticio, o bien, hemos sido testigos de cómo algunas personas son despojadas de sus propiedades por el área de cobranza de alguna institución crediticia, o también sabemos de muchas personas que se encuentran en prisión debido a que sus créditos superan por mucho sus posibilidades de pago, incluyendo a todas las personas que por errores en la información son considerados como imposibilitados para acceder a un crédito. En cualquiera de las anteriores situaciones el ciudadano se ve imposibilitado para realizar alguna acción que le permita hacer frente a esta circunstancia.

En tal razón, compañeras y compañeros, es importante reforma la ley para proteger a los ciudadanos de los abusos y excesos del llamado buró de crédito, pues queda claro que en este país poco puede hacer un ciudadano, que en la mayoría de las veces carece de información, recursos económicos, tiempo y tecnología, ante una gran corporación financiera, que lo tiene todo, incluso el respaldo institucional y legal.

Hoy que la reforma del Estado es un tema que anima a las diferentes fuerzas políticas es necesario tomar en cuenta que ésta no podrá llevarse a cabo de manera eficaz si, en primer lugar, no atendemos las necesidades de la población, si el abuso y la impunidad prevalecen sobre los derechos.

En razón de lo aquí señalado se pone a consideración de esta honorable Cámara el siguiente

Decreto

Primero.Se modifica el artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 20. La base de datos de las sociedades se integrará con la información sobre operaciones crediticias que le sea proporcionada por los usuarios.

En caso de que la información...

Segundo.Se modifica el artículo 23 de la misma ley, para quedar como sigue:

Artículo 23. Las sociedades están obligadas a conservar registros que le sean proporcionados por los usuarios, correspondientes a personas físicas, durante un plazo de ochenta y cuatro meses. Este plazo contará a partir de la fecha en que ocurra el evento u acto relativo a la situación crediticia del cliente al cual se refiere cada registro. Al transcurrir el plazo citado, las sociedades deberán eliminar de su base de datos la información de las personas físicas con el historial de que se trate originando con anterioridad a dicho plazo, además, el usuario no podrá dolosamente ir renovando los créditos, ya que se tomará como fecha base el inicio del crédito; todo cambio o traspaso no aplica en la vigencia para que se eliminen los registros anteriores.

Las sociedades deberán eliminar la información relativa a créditos de personas físicas menores al equivalente a mil Udi en los términos que establezca el Banco de México mediante disposiciones de carácter general.

Las sociedades no podrán eliminar de su base de datos la información relativa a personas morales que les haya sido proporcionada por los usuarios, únicamente la actualización de las bases de datos será por parte del propio usuario.

Tercero.Se modifica el artículo 25 de la misma ley, para quedar como sigue:

Artículo 25. Sólo las entidades financieras y las empresas comerciales podrán ser usuarios de la información que proporcionen las sociedades, y las empresas que adquieran carteras vencidas operarán con las licencias de los usuarios.

Cuarto.Se modifica el artículo 28 de la misma ley, para quedar como sigue:

Artículo 28. Las sociedades sólo podrán...

Las sociedades podrán proporcionar...

Cuando los usuarios vendan o cedan las carteras de crédito a personas que no sean usuarios en términos de esta ley, deberán informarlo por escrito a las sociedades y al cliente moroso, a fin de indicar a qué institución o comercio representa para requerir el pago. En este supuesto las sociedades deberán incluir en los reportes de crédito y reportes de crédito especiales que emitan, una anotación que manifieste la imposibilidad de actualizar los registros respectivos por el motivo mencionado.

Los usuarios deberán informar al cliente, por escrito, que su crédito fue traspasado a una empresa que compra cartera; lo anterior no desliga al usuario de la limpieza de los reportes de las sociedades de información crediticia por pagos del cliente con descuentos.

Los usuarios no pueden mantener con calificación de moroso en la sociedad a un cliente que pagó a través de una empresa de cobranza; si éste realizó el pago total negociado deberá recibir su carta de liberación y quedar limpio en la sociedad de información crediticia.

Asimismo, el Banco de México...

Quinto.Se modifica el artículo 44 de la misma ley, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 44. Si las unidades especializadas de las entidades financieras, o en el caso de empresas comerciales o de empresas que compren la cartera de crédito que no sean usuarios, de quienes designen responsables para esos efectos, no hacen llegar a la sociedad su respuesta a la reclamación presentada por el cliente dentro de un plazo de treinta días naturales, contando a partir de que se haya recibido la notificación de la reclamación, la sociedad deberá modificar o eliminar de su base de datos la información que conste en el registro de que se trate, según lo ha solicitado el cliente, así como la leyenda ``registro impugnado''.

Sexto.Se adiciona el artículo 24 Bis a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 24 Bis. Los usuarios serán responsables de modificar la situación del cliente cuando se realicen los pagos de los adeudos, independientemente de que intervenga una empresa de cobranza, y otorgarán al cliente una carta de liberación de adeudo.

Séptimo.Se adiciona el artículo 41 Bis a la misma ley, para quedar como sigue:

Artículo 41 Bis. El cliente podrá presentar su reclamación conforme a los artículos 42, 43, 44 y 45 de esta ley impugnando un registro; los usuarios deberán proporcionar al cliente toda la información que tengan que le permita identificar la razón por la que se encuentra en la sociedad de información crediticia, y el cliente deberá anexar la información que tenga para anular dicho registro.

Octavo.Se adiciona el artículo 52 Bis de la misma ley, para quedar como sigue:

Artículo 52 Bis. Aquellos usuarios que no notifiquen a sus clientes por escrito de que serán registrados en la sociedad de información crediticia o que su adeudo fue vendido a una empresa de cobranza.

Cuando los usuarios o sus representantes no otorguen la carta de liberación de adeudo a sus clientes.

Noveno. Se incluye la fracción XII y se recorre el orden de las fracciones del artículo 60 de la misma ley, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 60. La comisión sancionará con multa de 100 a 1000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal cuando:

I. a XI. ...

XII. El usuario no notifique de manera inmediata al cliente de la venta o transferencia de cartera de crédito a personas, físicas o morales, que no sean usuarios en términos de esta ley, o en caso de no entregar la carta de liberación de adeudo, durante los siguientes 30 días de haberse liquidado la deuda.

XIII. La Sociedad omita proporcionar al cliente el reporte de crédito especial, en la forma y términos establecidos en el artículo 40;

XIV. La sociedad se abstenga de poner a disposición del público en general el significado de las claves que se utilicen en los reportes de crédito especiales o no actualice dicha información, conforme al artículo 40, quinto párrafo, fracción III;

XV. La sociedad no entregue la reclamación del cliente en la forma y términos establecidos en el artículo 43, primer párrafo, o bien, omita incluir en el registro correspondiente la leyenda prevista en el segundo párrafo del mismo artículo;

XVI. La entidad financiera omita realizar de inmediato las modificaciones en su base de datos, relativas a la aceptación total o parcial de lo señalado en la reclamación presentada por el cliente o no lo notifique a la sociedad que haya mandado la reclamación y deje de remitirle a ésta la corrección efectuada a su base de datos, conforme lo establece el artículo 45, primer párrafo;

XVII. La sociedad no remita al cliente la respuesta del usuario en el plazo establecido en el artículo 45, segundo párrafo, o bien, omita en los futuros reportes el texto previsto en el párrafo mencionado;

XVIII. La sociedad omita enviar al cliente la respuesta del usuario, los elementos o el nuevo reporte, dentro del plazo señalado en el artículo 46, primer párrafo;

XIX. La sociedad omita entregar al cliente o a los usuarios los reportes de crédito previstos en el artículo 47;

XX. La entidad financiera omita informar a la sociedad del laudo emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en términos de lo previsto en el artículo 48, segundo párrafo;

XXI. La sociedad no proporcione a la comisión el listado a que se refiere el artículo 49;

XXII. La sociedad omita proporcionar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros el informe o los modelos de convenios a que se refiere el artículo 50, y

XXIII. La entidad financiera proporcione información errónea a las sociedades, en los casos en que exista culpa grave, dolo o mala fe que le resulte imputable.

Décimo. Se adiciona la fracción VII al artículo 68 de la misma ley, para quedar como sigue:

Art. 68. La Procuraduría Federal del Consumidor sancionará con multa de 100 a 1000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a los funcionarios o empleados de las empresas comerciales, o a éstas últimas, que sean responsables de la infracción, cuando:

I. a VI. ...

VII. Después de 30 días de liquidado el adeudo no entreguen la carta de liberación de adeudo al cliente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.--- Diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Inscríbase la iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates, como ha solicitado el diputado Gustavo Fernando Caballero, ytúrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Sírvase la Secretaría dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política que ha enviado a esta Mesa Directiva.

ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita a la Secretaría de Economía y a la Sagarpa un informe relativo a la decisión del gobierno mexicano de no sumarse a la queja que el gobierno de Canadá presentó ante la OMC por la entrega de subsidios agrícolas indiscriminados a los productores de maíz de Estados Unidos de América

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el presente proyecto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

I. Que el gobierno de Estados Unidos proporciona grandes cantidades de recursos fiscales, vía subsidios, a sus productores agrícolas. Esto posibilita que ese país articule incentivos y programas suficientes que le permiten colocarse como uno de los de más alta rentabilidad y productividad agrícolas.

II. Que dicho país es el mayor productor de granos y controla los precios de los principales productos agrícolas, pero lo hace mediante la entrega de importantes subsidios a la producción agrícola, lo que distorsiona el comercio mundial y, en especial, viola las reglas de la OMC.

III. Que las medidas que instaura el gobierno estadounidense, y en especial el Departamento de Agricultura, posibilitan un alto nivel de subvenciones a los productores agrícolas, distorsionan la asignación de recursos y la formación de precios y estructuran una competencia desleal internacional, donde países como el nuestro y Canadá, integrantes del Tratado de Libre Comercio, se ven seriamente afectados.

IV. Que este tipo subvenciones a los productores agrícolas incrementan la oferta internacional, presionan a la baja los precios y desincentivan a nuestros productores por el hecho de que se deprime su nivel de rentabilidad.

V. Que es necesario que nuestro país participe activa y consistentemente en las negociaciones ante la OMC para que se detengan los subsidios a los productores de maíz estadounidenses.

VI. Que las prácticas comerciales estadounidenses violan las reglas establecidas por la OMC y sus principales propósitos, tales como:

1) Evitar prácticas desleales de comercio y asegurar que las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, previsibilidad y libertad posible.

2) Que los países productores y exportadores tengan la certeza de que los mercados exteriores permanecerán abiertos a sus actividades.

3) Las decisiones de la OMC son adoptadas por consenso entre los países miembros para después ser ratificadas por sus respectivos parlamentos.

4) Que resuelve las controversias o fricciones comerciales a través del mecanismo de solución de diferencias centrado en la interpretación de los acuerdos y compromisos, que tiene por objeto garantizar que las políticas comerciales de los distintos países se ajusten a éstos para, de ese modo, reducir el riesgo de que las controversias desemboquen en conflictos.

VII. Que la Junta de Coordinación Política estima que debe analizarse la posibilidad de que nuestro país se sume como tercero interesado a la solicitud de consultas presentada por Canadá al gobierno de Estados Unidos con relación a los apoyos que éste último ofrece a sus productores y exportadores de maíz. Asimismo, que ratifique ante el comité de Agricultura de la OMC diversos posicionamientos de México que en materia agrícola ha establecido de manera independiente y como parte del Grupo de los 20.

Por todo lo anterior, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que envíen a esta soberanía un informe por escrito sobre la decisión del gobierno mexicano de no sumarse a la queja que el gobierno de Canadá presentó a la Organización Mundial de Comercio por la entrega de subsidios agrícolas indiscriminados a los productores de maíz de Estados Unidos de América.

Transitorio

Único. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Social Demócrata y Campesina.»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para hablar sobre este tema se han inscrito los diputados Manuel Cárdenas Fonseca, Enrique Serrano Escobary Rutilio Cruz Escandón Cadenas.

Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del grupo parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:Con la venia de la Presidencia: solicito que la intervención se inscriba en el Diario de los Debates.

Compañeras y compañeros legisladores: quince de febrero próximo pasado. Punto de acuerdo para que el Ejecutivo informara a esta soberanía respecto de la posición de Canadá en contra de los subsidios indiscriminados. Oídos sordos de los secretarios; desdén a los acuerdos de este Pleno.

Seis de marzo. Nuevamente, la Junta de Coordinación Política, todas las fracciones parlamentarias suscriben el acuerdo que contempla tres puntos, desagregando el punto dos en cinco temas. Nuevamente, el secretario de Comercio y el secretario de Agricultura desdeñan lo que acuerdan las fracciones políticas en esta soberanía.

Día de hoy. Nuevamente, la Junta de Coordinación Política emite un acuerdo firmado por todos los coordinadores parlamentarios para tratar ya no los seis temas, sino éste en particular porque los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo, en unas cuantas líneas ágata, anunciaron de su reunión con el secretario de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, la semana pasada pareciera ser; pero a los dos acuerdos del Pleno y al punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política desdén, desprecio, ignorancia.

Ojalá y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que busca los acuerdos, que busca el diálogo, que busca participar en una igualdad de Poderes, tenga claro que con ese tipo de actitudes en sus secretarios de despacho no van a llegar a ningún buen puerto.

Veremos qué pasa, si en los próximos días estos secretarios de despachos atienden esta tercera respetuosa llamada y petición de información. En ellos estarán los sectores productivos del campo; a ellos y al Presidente Calderón se los reclamarán. Esta práctica parlamentaria y este trabajo de oídos sordos entre poderes no puede ni debe continuar. Avancemos en la reforma de la Ley General que atiende el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de esta Cámara de Diputados. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Manuel Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Enrique Serrano Escobar, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Enrique Serrano Escobar:Con el permiso del Presidente. Diputadas, diputados. Igualmente en el sentido de la exposición del diputado que me antecedió, manifiesto lo siguiente:

Los subsidios que el gobierno norteamericano otorga a sus agricultores, especialmente a los que cultivan maíz, causa un grave perjuicio a la agricultura mexicana. Nuestro país se prepara a quitar los aranceles a la importación de maíz en los términos del Tratado de Libre Comercio para el próximo año y México no se preparó en estos últimos años --en el sexenio de Ernesto Zedillo y en el sexenio de Vicente Fox-- para hacer frente a la competencia en total desventaja que habrá de enfrentar el campo mexicano; y hoy, mientras Canadá impugna los apoyos norteamericanos a la agricultura, los cuales le perjudican, nuestro gobierno federal no hizo lo propio.

En la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional demandamos que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura informen a la brevedad --como dice el punto de acuerdo-- a esta Cámara de Diputados, cuáles fueron las razones por las cuales México no se ha sumado a la queja presentada por Canadá ante la Organización Mundial de Comercio.

Asimismo, exhortamos al Presidente de la República a ejercer una defensa digna, firme y eficaz del campo mexicano en la entrevista que está teniendo en estos momentos con el Presidente norteamericano, George Bush. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Enrique Serrano. Tiene la palabra el diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: como ya lo mencionaron mis compañeros en esta tribuna y como lo hemos venido comentando desde hace tiempo; es más, esto ya se volvió hasta una falta de respeto a toda la Cámara de Diputados; inmediatamente la Junta de Coordinación Políticahizo suyo este acuerdo desde la primera vez que lo presentamos, el 15 de febrero, luego volvió a repetir la dosis y la volvió a hacer suya el 6 de marzo. Hoy, otra vez.

Este asunto es delicado, compañeras y compañeros, por una parte el discurso demagógico del Ejecutivo federal, que dice que va a apoyar al campo, que va a rebasar por la izquierda, que va a atender los asuntos más sentidos y más sensibles de la sociedad mexicana; y, por otro lado, no es capaz de realizarlo en los hechos.

Esto definitivamente es un desmentido contundente, pleno, rotundo, lo acaba de declarar el Ejecutivo federal, de que va a ser independiente de la política de los Estados Unidos; es totalmente falso, porque se están privilegiando los intereses del pueblo estadounidense y no de los mexicanos más pobres, más adoloridos por la situación económica del campo.

Imagínense ustedes, ¿qué le podemos creer al Ejecutivo federal ahora que está en esas pláticas con el Presidente de los Estados Unidos? ¿Qué porcentaje de credibilidad tiene cuando nos relate a los acuerdos que llegaron, de que se van a cumplir en beneficio de México? Si ahora que la Cámara de Diputados en Pleno le está pidiendo que se sume a este acuerdo, a esta demanda, a esta controversia que presentó Canadá contra los Estados Unidos, no lo ha hecho.

El Ejecutivo federal, en su conjunto, todos los que tienen responsabilidad en esta área, que es el secretario de Economía, el secretario de Agricultura, el secretario de Comercio, Relaciones Exteriores, todos los que tienen que ver con el campo ni nos oyen ni nos ven. Es más, no quiero recordar de quién es esa frase, compañeros y compañeras.

Pero, definitivamente, aquí le hemos pedido que defienda los intereses de México y no lo está haciendo, pero sí, sin que se lo pidiéramos, el Ejecutivo federal está defendiendo los intereses de los Estados Unidos contra China, que nos informe por qué, compañeras y compañeros. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Rodríguez Prats?

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Si por su conducto le puede preguntar a nuestro colega, el diputado Rutilio Escandón, si me permite hacer una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ya terminó. Pero, ¿acepta la pregunta?

El diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas : Ya terminé; que suba y después subo yo, si me dan oportunidad.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rutilio Cruz.

Esta Presidencia saluda a los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, aquí presentes.

Tiene la palabra la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés , del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por tres minutos.

La diputada Sara Isabel Castellanos Cortés:Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores. Ante la evidente competencia desleal de los Estados Unidos de Norteamérica y la violación de las reglas establecidas por la Organización Mundial de Comercio para el Tratado de Libre Comercio y el comercio internacional de maíz, nuestro país debe participar activamente y cuestionar las prácticas de nuestro principal socio comercial.

No debemos olvidar que contamos con elementos jurídicos y algunos mecanismos con los que se puede hacer frente a esta situación de competencia desleal y que aún estamos a tiempo de buscar alternativas distintas a las que se han utilizado en el pasado. Mencionamos algunas alternativas.

México puede sumarse como tercer interesado a la solicitud de consultas presentadas por Canadá, ante el órgano de solución de diferencias de la OMC. Esta iniciativa canadiense puede significar para México un gran paso. Canadá es nuestro socio comercial y de manera conjunta podríamos resolver problemas comunes. Si concluido el proceso de consulta no se llega a un acuerdo, Canadá podrá solicitar la integración de un grupo especial que resolverá el conflicto. Otro mecanismo que se podría utilizar atendiendo a los diversos posicionamientos ante la OMC en materia agrícola que México ha iniciado y que debe ratificar ante el Comité de Agricultura.

Asimismo, como una medida de emergencia o salvaguarda se debe acudir al artículo 80 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde se prevé evitar daños a la producción nacional de productos o mercancías idénticos o similares a las que se están importando.

México cuenta con las instituciones y la normatividad necesaria para hacer valer el Tratado de Libre Comercio de América a favor de los productores agropecuarios, quienes están en una situación muy vulnerable por la liberación de maíz, frijol, leche en polvo, azúcar; es más, ya se avecina con la apertura total a partir del primero de enero de 2008.

Es necesario, compañeros, que nuestros gobernantes se responsabilicen por las acciones que inciden directamente en el sector agropecuario y en nuestro mercado interno. Muchas gracias, compañeros, por su atención.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Sara Isabel Castellanos. Tiene la palabra el diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler:Con su permiso, señor Presidente: Una y otra vez y otra vez hemos dicho que no estamos de acuerdo con la forma como Estados Unidos lleva sus políticas agrícolas.

Hemos estado aquí anteriormente en esta misma tribuna y lo hemos dicho en diversos foros; hemos estado con diferentes personas, con funcionarios de los Estados Unidos, y lo hemos dicho: No estamos de acuerdo.

Todavía la semana pasada tuvimos una reunión con el secretario de Agricultura de los Estados Unidos; nuestros compañeros de grupo parlamentarios del PRD y del PRI se expresaron en esa forma. También nosotros estuvimos de acuerdo en que no era posible continuar con este tipo de prácticas desleales.

Ellos son testigos, nosotros también lo somos; está ahí la evidencia y por eso no estamos de acuerdo con esta forma en que Estados Unidos ha hecho, desde hace tiempo, su política agropecuaria, su política agrícola.

Pero también es importante mencionar que los tiempos y los procedimientos de la Organización Mundial de Comercio no se cierran ni son tampoco fatalistas con fechas definidas.

Lo que la semana pasada se comentaba incluso tuvimos hasta una rueda de prensa ante toda la sociedad mexicana; nos presentamos el PRD, el PRI, el PAN también, donde le dijimos a la sociedad que no estábamos de acuerdo y creo que coincidimos. Sin embargo, insisto en que no hay fechas fatales.

Creo que esta parte es necesario aclararla, porque es importante que continuemos en este proceso hasta lograr ese punto de coincidencia jurídica y legal con los otros países, que ya están precisamente en esta demanda contra los Estados Unidos.

Sin embargo les comento que la semana pasada el secretario de Agricultura de México, el señor Alberto Cárdenas, ante la prensa comentó que, desde luego, nos vamos a sumar; que desde luego que estamos de acuerdo y que, una vez instaladas las mesas de negociación, las mesas de discusión --les llaman paneles--, en ese momento México estará presente. Y lo digo porque esto no es un secreto; ésta es una declaración del secretario de Agricultura, de Alberto Cárdenas.

Creo que estamos coincidiendo, creo que estamos de acuerdo en lo sustantivo y lo único que les pido es que tengamos paciencia porque los tiempos están ahí; los tiempos están establecidos en la Organización Mundial de Comercio y nosotros seguramente estamos de acuerdo en que seguiremos exhortando al Ejecutivo, seguiremos exhortando al secretario de Economía y al secretario de Agricultura para que no dejemos de insistir sobre esa necesidad de estar ahorita unidos con Canadá y con otros países frente a estas prácticas desleales de los Estados Unidos.

Creo que está la coincidencia ahí. Lo único es la forma de procedimiento y les pido que estemos juntos también para que cuando esto se dé estemos de acuerdo y podamos rebatir todos estos temas y estos puntos que Estados Unidos tiene y que no es justo. Buscamos precisamente eso.

La justicia en el espejo y la justicia precisamente en las políticas públicas agrícolas de los países vecinos y que estamos en el Tratado de Libre Comercio. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gerardo Antonio Escaroz. Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Rutilio Cruz Escandón, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas:Gracias, señor Presidente. Sí es cierto que hemos estado de acuerdo todos, de eso no hay duda. Primero, en la Comisión Especial que me honro en presidir, ahí estuvimos de acuerdo todos los diputados de todas las fracciones parlamentarias; después la Junta de Coordinación Políticay esta Cámara de Diputados votó por unanimidad.

Claro que sí urge que el Ejecutivo federal apoye a Canadá en este asunto, que se sume a Canadá. Canadá presentó esta discusión, esta demanda contra Estados Unidos el día 8 de enero y México tenía solamente 60 días para sumarse; no lo hizo, ya venció el término para sumarse, para que México pudiera participar plenamente en las discusiones; podría ser incluso tomado en cuenta para que enviara delegados al órgano que va a determinar en la Organización Mundial de Comercio.

Pero imagínense ustedes si Estados Unidos y Canadá hubieran llegado a un acuerdo, a una solución voluntaria antes de los 60 días, México se hubiera quedado fuera de toda posibilidad de recibir los beneficios. Entonces sí es importante que se haga.

Además, creo que México ha tenido mucha paciencia con todos sus gobernantes, con todos; y México sigue sufriendo las mismas necesidades, las mismas carestías y las mismas injusticias en todos los sentidos. Por eso, sí es urgente que lo haga.

Ya el pueblo de México y principalmente los campesinos más pobres están desesperados porque no reciben ningún beneficio, por eso yo creo que el gobierno debe actuar ya, así como lo hizo contra China a favor de los Estados Unidos.

Por qué contra China sí lo hizo y ni siquiera se lo pedimos, ni siquiera se lo recordamos; lo hizo de manera urgente para sumarse a los Estados Unidos; y en este asunto que es tan delicado, tan importante, porque se trata del maíz y otros productos agrícolas, estamos todavía esperando la respuesta del Ejecutivo federal. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Rutilio Cruz. Sonido a la curul de la diputada Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila(desde la curul): Señor Presidente, le solicito una modificación, si es posible considerarla, a esta proposición, donde además de solicitar el informe a la Secretaría de Economíay a la Sagarpa, también se le requiera el informe a la Embajada de México con representación en Estados Unidos, en específico en Washington. Ellos supieron de esta consulta que iba a presentar Canadá antes de que la presentara y no hicieron ninguna notificación, o que informen qué procedimiento hicieron.

Hace unos días hubo una representación de esta Cámara en Estados Unidos --en específico en Washington-- y ahí directamente, personalmente el representante de Canadá nos informó que él sí comentó con tiempo a la Embajada de México sobre esta controversia que se iba a presentar y permitió que pasara el tiempo y no se sumara como lo hicieron los otros 33 países.

Es un asunto delicado, Presidente, donde tendrá que esclarecerse, dónde hubo la omisión porque, efectivamente, el tiempo ya transcurrió y México no se integró en la primera etapa. Por eso solicito que se pueda pedir también un informe a esta representación del Poder Ejecutivo en Estados Unidos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El punto de acuerdo, diputada, lo presentó la Junta de Coordinación Política. En todo caso si usted presenta por escrito su propuesta, se podrá poner a consideración de la Asamblea. Nada más recordarle que las embajadas o los consulados son representaciones del Estado mexicano y, en todo caso, dependen directamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sonido a la curul del diputado Escajeda.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez(desde la curul): Solamente para comentar, señor Presidente, que la ineficacia y la insensibilidad del Ejecutivo de este país queda de manifiesto, porque está claro que no interpretan el sentir de este pueblo. ¿Cómo es posible que no hayan hecho uso de sus facultades para que nuestro país pudiera entrar como tercero en discordia? Es ineficacia, es falta de voluntad política y es estar faltando a su responsabilidad como Ejecutivo de esta nación.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ya quedó en el Diario de los Debates su intervención, diputado. Sonido a la curul del diputado Cuauhtémoc Sandoval.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez(desde la curul): Sí, para hacer un añadido por escrito a la propuesta de la Junta de Coordinación Política, para que en el primer renglón donde dice que se solicita el informe se agregue un renglón que diga lo siguiente: ``la Cámara de Diputados lamenta y reprueba la decisión del Ejecutivo federal, de no.... --y ahí seguiría--, de no adherirse a la demanda de Canadá. Y se la entrego por escrito.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Antes de ponerla a votación, si quiere traerla por escrito y la pondremos a consideración de la Asamblea, al igual que la propuesta de la diputada Monreal. Le recuerdo que es una propuesta firmada por todos los coordinadores a través de la Junta de Coordinación Política. Sonido a la curul de la diputada Adriana Díaz.

La diputada Adriana Díaz Contreras(desde la curul): Sí, señor Presidente. Quisiera hacer también una propuesta en relación, que esta Cámara le dé un tiempo determinado al Presidente de la República para que nos dé una respuesta: considero que en un plazo no mayor de 10 días nos pudiera responder, a los diputados de esta Cámara, que nos manifieste si está dispuesto o no a la solicitud que le estamos haciendo, al exhorto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Francisco Domínguez.

El diputado Francisco Domínguez Servién(desde la curul): Con su permiso, señor Presidente: nada más para aclarar: esta Cámara de Diputados ha hecho diferentes exhortos al Ejecutivo. La política agropecuaria de este país le corresponde al Ejecutivo, no al Legislativo; y que quede claro nuevamente, el martes pasado el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, en presencia del secretario de Agricultura de Estados Unidos, manifestó que México se sumaría a la demanda de Canadá contra Estados Unidos en las políticas del maíz. Por tanto, habrá que esperar el panel en cuanto lo abra la Organización Mundial de Comercio y México se sumará a esta demanda. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Domínguez: voy a pedir al secretario que dé lectura al artículo 34, numeral uno, inciso b), ``De las facultades de la Junta de Coordinación Política'', de la Ley Orgánica.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Artículo 34 de la Ley Orgánica. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes... inciso b) Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que entrañen una posición política del órgano colegiado.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. ¿Ya están por escrito las propuestas? Voy a pedir a la Secretaría que dé lectura al punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación; y pediría al diputado Sandoval que nos diga dónde iría su propuesta. Dé lectura al punto de acuerdo como lo presentó la Junta de Coordinación.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Punto de acuerdo. Único. Se solicita a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que envíen a esta soberanía un informe por escrito sobre la decisión del gobierno mexicano de no sumarse a la queja que el gobierno de Canadá presentó a la Organización Mundial de Comercio, por la entrega de subsidios agrícolas indiscriminados a los productores de maíz de Estados Unidos de América. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Solicito que ponga en votación económica la propuesta de la diputada Susana Monreal para agregar la Secretaría de Relaciones Exteriores, igual que, como está en el punto de acuerdo, la Secretaría de Economíay la Sagarpa.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta si se aprueba la solicitud de la diputada Monreal, en los términos que dijo el Presidente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se de-secha la propuesta de la diputada Monreal. La propuesta del diputado Sandoval es una expresión: ``la Cámara de Diputados lamenta esta decisión''. A ver, en esos términos, que ``la Cámara de Diputados lamenta la decisión de no haber participado''. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta ese agregado.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el agregado del diputado Sandoval. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se de-secha la propuesta presentada por el diputado Sandoval. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse en los términos propuestos por la Junta de Coordinación Políticael punto de acuerdo ya leído.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo en sus términos.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobado; comuníquese.

La diputada Adriana Díaz Contreras (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Adriana Díaz.

La diputada Adriana Díaz Contreras(desde la curul): Presidente, hice una propuesta y usted no la puso a consideración de este Pleno. Sé de la voluntad política que hay de los diputados del PAN en cuanto a este tema, y es momento de demostrarla. En virtud de que el Ejecutivo ha hecho caso omiso a estos exhortos, pedí, solicité que el Ejecutivo nos manifestara por escrito si estaba dispuesto a integrarse a esta controversia junto con Canadá y pedí que en un plazo de 10 días se nos diera una respuesta, situación que no se puso a consideración de este Pleno.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputada, tiene usted que presentarla por escrito. No tenemos la propuesta suya, perdóneme.

La diputada Adriana Díaz Contreras (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada.

La diputada Adriana Díaz Contreras(desde la curul): Si no la presenté, es porque nosotros no contamos con una copia del texto redactado. Hace un momento que lo leyó el secretario de esta mesa fue cuando ya supe en sí en qué consistía el punto de acuerdo, y en este momento voy a hacer entrega de la propuesta por escrito.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ya está votada y ya se aprobó; y le recuerdo que está firmada por todos los coordinadores, incluyendo el de su grupo parlamentario, ¿eh?Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Conferencia par la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo a la celebración de una sesión solemne de Congreso General para recibir la visita de la excelentísima señora Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile.

REPUBLICA DE CHILE

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo a la celebración de una sesión solemne de Congreso General para recibir la visita de la excelentísima señora Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al tenor de los siguientes

Considerandos

Que en términos del artículo 37 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos es el órgano donde confluyen la Presidencia de la Mesa Directiva y los integrantes de la Junta de Coordinación Política;

Que de conformidad con el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica, la Presidencia de la Mesa Directiva tiene la representación protocolaria de la Cámara de Diputados en el ámbito de la diplomacia parlamentaria;

Que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica, el Congreso podrá reunirse para celebrar sesiones solemnes y cuando sesione conjuntamente lo hará en el recinto de la Cámara de Diputados y el Presidente de ésta lo será de aquél;

Que existen múltiples precedentes de celebración de sesiones solemnes para recibir la visita de mandatarios y distinguidas personalidades de otros países;

Que las relaciones diplomáticas de México con la hermana República de Chile se remontan al siglo XIX, fueron interrumpidas en 1973 y restablecidas en 1990;

Que en el caso de mandatarios de la República de Chile, en las últimas décadas fueron recibidos por el Congreso Mexicano el Presidente Juan Antonio de los Ríos, en sesión solemne de la Cámara de Diputados del 5 de noviembre de 1945; el Presidente Salvador Allende, en sesión solemne de Congreso General del 1 de diciembre de 1972; y el Presidente Patricio Aylwin, en sesión solemne de la Comisión Permanente del 3 de octubre de 1990, y

Que con motivo de la visita de Estado que hará a nuestro país la Presidenta de la República de Chile, excelentísima señora Michelle Bachelet, y en virtud de que ha manifestado su deseo de dirigir un mensaje a los legisladores mexicanos, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos somete a consideración de la asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados acuerda celebrar una sesión solemne de Congreso General el martes 20 de marzo de 2007, a las 12:00 horas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a efecto de recibir la visita de la Presidenta de la República de Chile, excelentísima señora Michelle Bachelet.

Segundo. El orden del día para la sesión solemne de Congreso General será el siguiente:

1. Designación de la Comisión de Cortesía para recibir a la Presidenta de la República de Chile.

2. Mensaje del Presidente de la Cámara de Diputados.

3. Mensaje del Presidente de la Cámara de Senadores.

4. Mensaje de la Presidenta de la República de Chile.

5. Acta de la sesión solemne.

6. Clausura de la sesión solemne.

Tercero. La organización e invitaciones a la sesión solemne se acordarán con la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Cuarto. Comuníquese al Senado de la República para los efectos conducentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de marzo de 2007.--- Diputado Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Presidente; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Aída Marina Arvizú Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, secretario. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse este punto de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa...

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobado; comuníquese.

CONDECORACIONES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la Cámara de Senadoresminuta con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa,Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito de Chile, en grado de Collar, que le confiere el gobierno de la República de Chile.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito de Chile, en grado de Collar, que le otorga el gobierno de la República de Chile.

Atentamente

México, DF, a 13 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede autorización al C. Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito de Chile, en grado de Collar, que le otorga el Gobierno de la República de Chile.

Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 13 de marzo de 2007.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: se turna a la Comisión de Gobernación.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la discusión con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. y el último párrafo del artículo 6o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5o. y 6o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o, 6o y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXIX-B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha del diecisiete de octubre de dos mil seis, el diputado Héctor Hugo Olivares Ventura , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o, 6o y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

2. Con esa misma fecha, diecisiete de octubre de dos mil seis, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

3. Con fecha veintiocho de febrero de dos mil siete, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, aprobaron el presente dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Señala el iniciador que la Bandera y el Escudo nacionales simbolizan la patria y la nacionalidad mexicana, mismos que contienen una raíz histórica y significado esencial sobre los ideales que inspiraron la vida del pueblo mexicano.

La exposición de motivos hace referencia a las características particulares que componen al Escudo Nacional, el cual tiene su origen en el jeroglífico de la fundación de la gran Tenochtitlán: el águila que representa la fuerza cósmica del sol, la penca de nopales que es la planta propia del Valle del Anáhuac y la serpiente la cual simboliza las potencialidades de la tierra.

Posteriormente, se le agregaron las ramas de encino y laurel, quedando conformado por todos sus elementos hasta 1824. El proponente hace una reseña histórica de las diversas variaciones que el escudo ha sufrido en las distintas etapas de la historia nacional. Fue bajo el régimen de Venustiano Carranza cuando el escudo nacional adquirió, en gran medida, las actuales características que lo conforman, siendo la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, de fecha 8 de febrero de 1984, la que regula el uso de los símbolos patrios.

El proponente hace una descripción de las características que han quedado descritas en la Ley mencionada anteriormente, enfatizando que toda reproducción del Escudo Nacional debe ceñirse el modelo señalado en el ordenamiento específico, sea en papelería oficial o bien a través de las imágenes que se difunden en medios de comunicación donde se publicitan los programas de desarrollo social del gobierno federal.

Por lo anterior, el diputado proponente, Héctor Hugo Olivares Ventura , propone la reforma de los artículos 5o. y 6o. con el propósito de que cualquier reproducción que se realice del Escudo Nacional no podrá variarlo o alterarlo, bajo ninguna circunstancia o en cualquier medio de uso oficial.

Igualmente, propone la reforma del artículo 56 con la finalidad de sancionar, a través de los procedimientos y sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a los sujetos que prevé esa Ley que incumplan con lo dispuesto por las disposiciones relativas al uso y reproducción del Escudo Nacional.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Iniciativa, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

CONSIDERACIONES

A) Valoración de la Iniciativa

I. La identidad nacional ha sido el resultado del tránsito de México por la historia común, legando al país un conjunto de valores referidos al fomento y cuidado de nuestra independencia y soberanía; de la libertad y justicia; de la democracia y del amor a la patria.

II. Esta identidad y valores quedan representados en los símbolos patrios: Escudo, Bandera e Himno, cuyo respeto y veneración refrenda la unidad y afianza la identidad del pueblo de México, en afirmación de su conciencia histórica.

III. Para conseguir lo anterior, se decretaron legislaciones importantes en torno a los Símbolo Patrios, como lo han sido la Ley sobre las características y el uso del Escudo, Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de agosto de 1968 y la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de febrero de 1984, dichos ordenamientos establecieron los criterios a seguir en el culto a los Símbolos representativos de nuestra Nación.

IV. Uno de estos grandes emblemas es el Escudo Nacional, expresión patriótica de identidad y unidad del pueblo mexicano. Esta Comisión reconoce como valiosas las expresiones del iniciador cuando considera que el Escudo Nacional simboliza la patria y la nacionalidad mexicana, conteniendo una raíz histórica y un significado esencial sobre los ideales que inspiraron la vida del pueblo mexicano.

V. El objeto central de la Iniciativa en estudio es, de acuerdo a las consideraciones ofrecidas por el iniciador, reforzar las disposiciones en vigor sobre la reproducción del Escudo Nacional en cualquier medio, sancionando a los servidores públicos que, en el ejercicio de su encargo, modifiquen o alteren las características del emblema patrio establecidas en la Ley sobre el Escudo la Bandera y el Himno Nacionales.

B). Modificaciones a la Iniciativa

I. En las consideraciones expresadas en el dictamen de la Cámara de Diputados al expedir la Ley sobre el Escudo, Bandera e Himno Nacionales, se señala que el ordenamiento: ``...No pretende regular nuestro ámbito interno e íntimo, sino tiende a propiciar la acción libre y espontánea en torno a nuestros símbolos patrios...'' (Diario de los Debates, LII Legislatura, Año II, No. 45, Diciembre 29, 1983).

II. De igual manera, uno de los motivos que originó la expedición de la Ley vigente es corregir las excesivas restricciones establecidas en la Ley Sobre las Características y el Uso de los Símbolos Patrios de 1968. A decir del legislador, ``por este sobrado celo corrimos el peligro de convertirlos en cosas arrogantes y frías o simplemente distantes, cuando desempeñan una función vital en el quehacer patrio.'' (Diario de los Debates, LII Legislatura, Año II, T. II, No. 45, Diciembre 29, 1983)

III. Por lo tanto, la legislación actual sobre el Escudo, la Bandera e Himno Nacionales, establece la necesidad de un justo equilibrio, es decir, ni restricción en exceso, ni saturación en su difusión. Como bien precisó el legislador: ``Ni indolencia a los símbolos por su control excesivo, ni saturación y falta de respeto por su uso indiscriminado.''

IV. En efecto, la legislación actual establece, para el Escudo Nacional, elementos específicos que lo conforman. De esta manera, el artículo 2o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales señala que:

ARTÍCULO 2o.- El Escudo Nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate; con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar, a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa el Escudo Nacional en colores naturales, corresponden a los de la Bandera Nacional.

Cuando el Escudo Nacional se reproduzca en el reverso de la Bandera Nacional, el águila mexicana se presentará posada en su garra derecha, sujetando con la izquierda y el pico la serpiente curvada.

Un modelo del Escudo Nacional, autenticado por los tres poderes de la Unión, permanecerá depositado en el Archivo General de la Nación, uno en el Museo Nacional de Historia y otro en la Casa de Moneda.

V. El artículo 5o de la Ley sobre el Escudo la Bandera y el Himno Nacionales establece que toda reproducción del emblema debe corresponder fielmente al modelo del artículo transcrito en la consideración anterior. Es de destacar que dicho modelo es autenticado por los tres poderes de la Unión, por lo que la intención de dicho acto es dejar en claro cuáles son las características ``oficiales'' del Escudo.

VI. La reforma propuesta al artículo 5o quiere establecer que el diseño e imagen del Escudo Nacional no podrán variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia o en cualquier medio de uso oficial. Esta Comisión estima realizar modificaciones a la propuesta señalada anteriormente, con el fin de precisar el propósito del iniciador y no reiterar lo que ya se viene estableciendo en la legislación en vigor.

VII. Si el artículo 5o dispone que ``toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo'' establecido en la Ley, es clara la intención del legislador al advertir que el término `` toda reproducción'' implica cualquier diseño, copia, grabado o imagen del Escudo Nacional que debe realizarse de conformidad con esta disposición. En este sentido, esta Comisión considera modificar la redacción de la propuesta hecha por el diputado Olivares Ventura, para establecer que dicha reproducción no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia. Dicha modificación contemplará como prohibido cualquier tipo de diseño diferente que pudiera realizarse sobre el Escudo Nacional, en cualquier circunstancia o en usos de carácter oficial.

VIII. Por otro lado, en relación a la modificación del artículo 6o, el artículo en análisis dispone el uso del Escudo en diversas circunstancias, de manera específica en su impresión y uso en la papelería oficial, por acuerdo de la autoridad correspondiente. Esta Comisión estima que la redacción propuesta por el iniciador redunda en el contenido del presente artículo materia del presente análisis.

IX. En este sentido, se considera establecer una nueva redacción que no modifica la intención del legislador, proponiendo que la misma diga que la impresión del Escudo deberá realizarse en estricto apego a lo establecido por los artículos 2o y 5o, para quedar de la siguiente forma: ``... El Escudo Nacional sólo podrá imprimirse y usarse en papelería oficial, por acuerdo de la autoridad correspondiente apegándose estrictamente a lo establecido por los artículos 2o y 5o de la presente Ley''.

X. Por otro lado, en relación a la propuesta de modificación del artículo 56, esta Comisión estima que no es viable ya que el fincamiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos es de distinta naturaleza jurídica a lo que dispone el capítulo de competencias y sanciones establecidas en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales,

XI. A mayor abundamiento, el procedimiento de responsabilidad administrativa y las sanciones previstas a los servidores públicos, resultan como consecuencia del incumplimiento de los preceptos que guían la función pública, correspondiendo la sanción de acuerdo a la gravedad de la responsabilidad.

XII. Es claro que el objeto de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es regular a los sujetos, las obligaciones, responsabilidades, sanciones y procedimientos para la aplicación de las mismas en materia administrativas en el servicio público.

XIII. Los servidores públicos en la administración pública federal tienen la responsabilidad de ajustarse en el desempeño de su cargo a los siguientes principios establecidos por el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos:

ARTICULO 7.- Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.XIV. La responsabilidad administrativa, por lo tanto, surge de la trasgresión de las obligaciones propias de la función pública relativas a la actividad del servidor, mismas que se encuentran bien delimitadas en el artículo 8 de la Ley en comento, cuyos actos u omisiones, afecten, restrinjan o vulneren el servicio público.

XV. Por lo anterior, a consideración de esta Comisión, la reforma planteada por el diputado proponente no es viable ya que el legislador ha previsto en la Ley específica sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales las sanciones que impliquen desacato o falta de respeto a los símbolos patrios, según la gravedad y la condición del infractor, sin perjuicio de las penas que puedan aplicarse por contravenir lo establecido en el Código Penal Federal, como lo establece el artículo 56 que se transcribe a continuación:

ARTÍCULO 56.- Las contravenciones a la presente Ley que no constituyan delito conforme a lo previsto en el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, pero que impliquen desacato o falta de respeto a los Símbolos Patrios, se castigarán, según su gravedad y la condición del infractor, con multa hasta por el equivalente a doscientas cincuenta veces el salario mínimo, o con arresto hasta por treinta y seis horas. Si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podrá imponerse hasta por el equivalente a mil veces el salario mínimo. Procederá la sanción de decomiso para los artículos que reproduzcan ilícitamente el Escudo, la Bandera, o el Himno Nacionales.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5o. y 6o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 5o. y 6o., último párrafo, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue:

ARTÍCULO 5o.- Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, el cual no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia.

ARTÍCULO 6o.- ...

El Escudo Nacional sólo podrá figurar en los vehículos que use el Presidente de la República, en el papel de las dependencias de los Poderes Federales y Estatales, así como de las municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos particulares. El Escudo Nacional sólo podrá imprimirse y usarse en la papelería oficial, por acuerdo de la autoridad correspondiente apegándose estrictamente a lo establecido por los artículos 2o. y 5o. de la presente Ley.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil siete.

La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras , Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia , José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. Se han anotado varios diputados: Elías Cárdenas Márquez, Héctor Hugo Olivares Ventura, Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y María del Pilar Ortega Martínez.

Tiene la palabra el diputado Elías Cárdenas Márquez ... Se pospone. Tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Olivares Ventura , del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Héctor Hugo Olivares Ventura:Con su permiso, señor Presidente. Al presentar la Comisión de Gobernaciónsu dictamen aprobatorio de la iniciativa que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se está dando una muestra inequívoca de la trascendencia que confieren a esta reforma.

Cuando promoví esta iniciativa, el pasado 17 de octubre, lo hice con pleno convencimiento de la trascendencia de preservar la integridad de nuestros símbolos patrios como medio de identidad nacional. Expresé al presentarla --lo reitero hoy-- que la Bandera y el Escudo nacionales simbolizan la patria y la nacionalidad mexicana y contienen una raíz histórica y un significado esencial sobre los ideales que inspiraron la vida del pueblo mexicano.

Hoy, al darse la segunda lectura del dictamen que nos ocupa, hemos de reconocer con justicia que los grupos parlamentarios representados en la Comisión y en el seno de esta Asamblea están comprometidos con la preservación y el respeto de nuestros símbolos patrios.

Y es que no es cosa menor para una nación el que se inculque de manera cotidiana y para siempre el respeto a los símbolos que refieren su historia. No lo es el que se trate de preservarlos íntegros, en muestra de respeto a la formación cívica permanente de los mexicanos, los de ahora y los de siempre.

La identidad nacional --reconoce el dictamen en sus consideraciones-- ha sido el resultado del tránsito de México por la historia común, legando al país un conjunto de valores referidos al fomento y cuidado de nuestra independencia y soberanía, de libertad y justicia, de la democracia y del amor a la patria.

Esta identidad y valores quedan representados en los símbolos patrios: Escudo, Bandera e Himno, cuyo respeto y veneración refrendan la unidad y afianzan la identidad del pueblo de México en afirmación de su conciencia histórica.

No nos llamemos a engaño. Los símbolos patrios son historia e identidad y como tales es menester procurarles durabilidad y permanencia; permanencia por virtud del arraigo que promueven en la conciencia histórica de un pueblo y certeza por los contenidos históricos que representan.

La identidad en todas sus vertientes se fortalece o se debilita, se enriquece o se empobrece. Por ello, es vital para nuestra nación el que hagamos lo necesario para preservar indemnes en el tiempo y en nuestra conciencia a nuestros símbolos patrios.

Cuando se permiten cambios con la ligereza de una supuesta creatividad, que además de irreverente es atentatoria de la identidad de nuestra nación, se desprecia nuestro patrimonio histórico y cultural.

Con estas reformas que hoy se aprueban se ponen a salvo a nuestros símbolos patrios de cambios a capricho que buscan manipular el inconsciente colectivo para ponerlos por vía de la imagen, al servicio del gobernante en turno. Asegurémonos, compañeras y compañeros diputados, que no vuelva a suceder. Aprobemos ahora apoyando este dictamen, el blindaje legal contra cualquier águila mocha del futuro.

Como bien precisó el Legislador de 1983, ``ni indolencia a los símbolos por su control excesivo ni saturación ni falta de respeto por su uso indiscriminado''. De ahí que las modificaciones contenidas... Le pido su anuencia, señor Presidente, para un minuto más.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado.

El diputado Héctor Hugo Olivares Ventura : De ahí que las modificaciones contenidas en el dictamen en comento den contundencia a las disposiciones que se modifican. En él se reforman únicamente los artículos 5o. y 6o., último párrafo, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El artículo 5o. del proyecto de decreto contenido en el dictamen dispone que toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, el cual --subrayo-- no podrá variarse o alterarse en ninguna circunstancia.

En el artículo 6o., en el último párrafo, se establece, cito: El Escudo Nacional sólo podrá imprimirse y usarse en la papelería oficial por acuerdo de la autoridad correspondiente, apegándose estrictamente a lo establecido por los artículos 2o. y 5o. de la presente ley.

De esta manera se atienden las principales motivaciones de la iniciativa en el cuerpo del dictamen que hoy se somete a votación. Con estas reformas que hoy se aprueban se ponen a salvo nuestros símbolos patrios de cambios sin justificación. Al aprobarla nos aseguraremos de que no se atente nunca más contra los símbolos de nuestra identidad nacional.

Por todo lo anterior, solicito a los integrantes de esta Asamblea, su voto aprobatorio. Gracias por su gentileza, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Héctor Hugo Olivares Ventura. Tiene la palabra el diputado Elías Cárdenas Márquez, del grupo parlamentario de Convergencia.

Esta Presidencia saluda a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de México y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla aquí presentes.

El diputado Elías Cárdenas Márquez:Con su permiso, señor Presidente. Diputados y diputadas: el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales son los símbolos que otorgan identidad nacional a México. Los tres tienen profundas raíces en nuestro singular proceso histórico, surgen en las grandes conquistas del pueblo mexicano, se concretan en sus luchas para acrecentar las áreas de libertad y de justicia.

Para fijar los tres símbolos nacionales los mexicanos los consagramos en la ley. Ésta es la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales que otorgan pertinencia a los más profundos sentimientos nacionales y porque queremos conservarlos bajo el imperio del derecho.

La historia es recipiendaria de la grandeza de nuestros símbolos patrios. Por ello hoy venimos a confirmar nuestra fe y nuestra convicción en los mismos. Y por eso apoyamos la iniciativa presentada por el diputado Héctor Hugo Olivares Ventura , para que queden estos símbolos permanentes en nuestra legislación y en nuestra ley.

Hagamos perdurables estos símbolos hoy, mañana y siempre. En ello estamos comprometidos quienes pensamos que la patria, nuestro México tiene un rostro emblemático en esta representación simbólica, en esta representación por la que lucharon nuestros ancestros, que es legado de abnegación y admiración para nosotros y que serán las guías permanentes para las generaciones que nos sucedan.

Nuestros símbolos nacen del águila que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico en actitud de devorar a una serpiente curvada; varias pencas de nopal se ramifican, una rama de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto.

La Bandera es la expresión más cara de nuestra lucha por la Independencia; el Himno nace en la época en que México buscaba afanosamente su rumbo y su perfil como nación. Es la triada que nos da lugar ante las demás naciones, es nuestra identidad nacional. Por ello hagamos perdurables para siempre nuestros símbolos nacionales. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Elías Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Humberto Dávila, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Humberto Dávila Esquivel:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: en todas las épocas y culturas, los grupos sociales han tenido emblemas de unión, llámense banderas, escudos o himnos que han sido unificadores de una conciencia de identidad colectiva.

Nuestro Himno Nacional, nuestra Bandera y el Escudo Nacional son los símbolos más representativos que nos distinguen como mexicanos ante el mundo, nos identifican como nación y están más allá de cualquier ideología y de intereses personales. Representan la patria y la nacionalidad mexicana, la lucha de un pueblo por su soberanía y dignidad, el orgullo de nuestra historia, de nuestros valores y de nuestros ideales.

Ahora que se ha restablecido nuestro Escudo Nacional a sus rasgos originales y que ha adquirido nuevamente el significado de un símbolo patrio, no podemos arriesgarnos a que por vanidad e interés de una persona lo mutilen impunemente. Con eso estarían mutilando también nuestra cultura y lo que esto significa para todos nosotros, la unidad nacional.

Por eso, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, apoyamos plenamente el sentido de esta iniciativa presentada por el diputado Héctor Hugo Olivares Ventura , que busca proteger nuestros símbolos patrios.

Estamos completamente de acuerdo en que cualquier reproducción que se realice del Escudo Nacional no podrá ser variada o alterada bajo ninguna circunstancia. Como legisladores, debemos dar a los mexicanos los principios necesarios para hacer respetar nuestros símbolos patrios. Quien los violente deberá ser sancionado de manera estricta.

Los símbolos patrios son elementos de conciencia nacional y están dentro del sentimiento de todas y todos los mexicanos y por esto, precisamente estamos legislado a su favor. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Humberto Dávila. Tiene la palabra el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera:Con su venia, señor Presidente. Parece coincidencia, pero precisamente hoy hace 682 años un grupo de aztecas se encontraba en un islote y descubrió el portento de que la señal de la fundación de México Tenochtitlán estaba en este lugar. Terminaba con ello la peregrinación de un pueblo y se confirmaba su designación como un pueblo ejemplar que incluiría un proceso de culturización en la zona del lago.

Hoy, México Tenochtitlán conmemora 682 años de su fundación y el día de hoy esta legislatura tiene la oportunidad de aprobar la iniciativa de uno de nuestros compañeros, el diputado Héctor Hugo Olivares a través de la cual está impulsando medidas necesarias para evitar que el Escudo Nacional sea mutilado como ocurrió en la pasada administración.

Nos ha quedado claro que la importancia de los símbolos patrios, de nuestra Bandera y del Himno nacionales, ha sido objeto del trabajo y el estudio de los legisladores, y por ello existe de manera puntual legislación a este respecto. No se trata de que nuestro Escudo sea objeto de un manual de imagen corporativa que permita adecuaciones o modificaciones a modo.

Desde un principio ha quedado clara la importancia de estos elementos como parte integral de nuestra identidad. Por ello, el Partido de la Revolución Democrática, desde la presentación de esta iniciativa ha manifestado su decidido apoyo porque con ello, tal y como lo han expresado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, estamos garantizando la integralidad de nuestro símbolo patrio para ésta y las futuras generaciones.

Por ello, compañeros y compañeras legisladoras, legisladores, es menester expresar nuestra convicción patriótica con un voto a favor de esta iniciativa, que precisamente se da este día en que se celebra la fundación de México Tenochtitlán que aún subsiste. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Suárez del Real. Tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez:Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores: vengo en nombre del Partido Acción Nacionala expresar nuestro voto a favor de la iniciativa que hoy se propone a segunda lectura. En efecto, esta iniciativa, que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himno Nacionales, tiene fundamentalmente el propósito de que cualquier reproducción que se realice del Escudo Nacional no podrá variarse ni alterarse en ninguna circunstancia o en cualquier medio de uso oficial.

Igualmente, se propone la reforma del artículo 56, con la finalidad de sancionar a través de los procedimientos y sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a los servidores públicos que incumplan con lo dispuesto por las disposiciones relativas al uso y reproducción del Escudo Nacional.

Por supuesto, Acción Nacional está de acuerdo con esta iniciativa; además, la celebramos. Acción Nacional se ha distinguido siempre en su larga tradición política, por ser un partido que avala, impulsa y refuerza todas las propuestas que tienen que ver con el respeto de nuestros símbolos patrios.

Ojalá que con la misma pasión con que hoy el diputado Héctor Hugo Olivares condena el uso inadecuado de los símbolos nacionales, pudiera impulsar también una reforma para que su partido deje de usar de manera indebida los colores de nuestra Bandera.

Un reclamo añejo ha sido éste, de parte de Acción Nacional, que lo ha puesto en la mesa en innumerables ocasiones. Hoy más que nunca conviene recordar, señor diputado, a su partido, que debe entender que no es el todo; que sólo es parte.

Esperamos sinceramente esta iniciativa y en ese momento, cuando ésta se presente como el día de hoy, Acción Nacional por supuesto que expresará también su voto a favor. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada María del Pilar Ortega. No habiendo más oradores, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos para la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron, diputado Presidente, 412 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobado en lo general y en lo particular, por 412 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. y el último párrafo del artículo 6o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

EPIDEMIA DE DENGUES CLASICO Y HEMORRAGICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se autoriza.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo a efecto de que la Secretaría de Salud emprenda las acciones necesarias para evitar una epidemia de dengues clásico y hemorrágico en Colima, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luis Potosí y Sinaloa

Honorable Asamblea

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Salud, emprenda las acciones necesarias para evitar una epidemia de dengue clásico y dengue hemorrágico en los estados de Colima, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luis Potosí y Sinaloa, presentada por el diputado Víctor Manuel Torres Herrera , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la propuesta con punto de acuerdo mencionado, desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``Antecedentes'', consta el trámite del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen del punto de acuerdo y los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo de ``Contenido'', se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora presenta los argumentos de valoración y fundamentación que sustentan la aprobación o rechazo de la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada el 21 de noviembre de 2006, el diputado Víctor Manuel Torres Herrera , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la propuesta con punto de acuerdo para que la Secretaría de Salud, emprenda las acciones necesarias para evitar una epidemia de dengue clásico y dengue hemorrágico en los estados de Colima, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luís Potosí y Sinaloa.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turnó dicha propuesta a la Comisión de Salud, para su estudio, análisis y posterior dictamen.

II. Contenido

Primero. En sus consideraciones, el diputado promovente, consigna que la Secretaría de Salud del estado de Colima reportó que hasta noviembre de 2006, en dicha entidad, se registraron 767 casos de dengue clásico y 118 del hemorrágico, y para el mismo año, según la prensa local, se reportaron 2 personas fallecidas por el mismo padecimiento.

Segundo. Que la propia Secretaría de Salud y Bienestar Social de la entidad, detectó en el año 2006 la presencia de cuatro serotipos del virus, lo cual pronosticaba una epidemia de dengue clásico y hemorrágico, que podría afectar a más de 50 mil personas con el segundo de ellos, y hasta 100 mil personas con el primero.

Tercero. Que el gobernador del estado de Colima dio a conocer la situación y estimación de los daños a la salud pública ocasionados por este virus, y destacó la necesidad de asumir la realidad y gravedad del problema, a fin de estar en condiciones de enfrentar, en la entidad, el riesgo inminente de una epidemia de dengue; y

Cuarto. Sin citar fuentes, el diputado hace extensiva esta inminencia en los casos de otras entidades federativas, como Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luís Potosí y Sinaloa.

Por lo anterior, propone exhortar a la Secretaría de Salud para que a la mayor brevedad emprenda una campaña intensa en los estados mencionados, para el control del mosco del dengue, a través de la participación de autoridades sanitarias estatales en estrecha coordinación con las autoridades municipales correspondientes. Para tal fin, solicita se destinen los recursos financieros suficientes.

Una vez expuestas las motivaciones que fundamentan la propuesta del diputado Víctor Manuel Torres Herrera , esta dictaminadora aborda las consideraciones del presente dictamen

III. Consideraciones

Primera. Conforme al reporte ``Panorama Epidemiológico del Dengue y Dengue Hemorrágico en Entidades Federativas'', documento generado semanalmente por la Secretaría de Salud; al finalizar el año 2006, el estado de Colima, ocupó el sétimo lugar a nivel nacional en prevalencia del dengue, arrojando un total de mil 823 casos sospechosos, de los cuales mil 38 fueron confirmados de dengue clásico y 205 de dengue hemorrágico.

Así también, a nivel nacional y para el mismo año, el total de casos sospechosos de dengue, fue de 74 mil 982, de los cuales 22 mil 659 fueron confirmados de dengue clásico y 4 mil 432 hemorrágico. Cabe señalar que Tecoman y Colima, fueron los municipios que presentaron el mayor número de brotes, sin registrase en el estado defunciones por este mal.

Segunda. El 16 de octubre de 2006, el gobernador del estado de Colima, solicitó a la Secretaría de Gobernación la emisión de la declaratoria de emergencia para algunos municipios de estado afectados por el huracán Lane los días 14 y 15 de septiembre de 2006, el cual ocasionó daños materiales, inundaciones y grandes estancamientos de agua, ideales para la reproducción del mosco transmisor del dengue, entre muchas otras afectaciones.

Al respecto, el 20 de octubre de 2006, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud Federal (Cenavese), informó que a partir del 15 de septiembre de ese año se registró un incremento de hasta en un 50 por ciento en el número de casos de dengue en los municipios de Armería, Comala, Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecoman y Villa de Álvarez. Al mismo tiempo, la Secretaría de Gobernación, a través de su Coordinación General de Protección Civil, declaró en emergencia a los municipios de Tecoman, Villa de Álvarez, Manzanillo y Colima, afectados por las condiciones de alta probabilidad de presentar una epidemia de dengue a consecuencia de las inundaciones provocadas por el huracán, por tanto, se activaron los recursos del Fondo Revolvente del Fonden para la atención inmediata de la población damnificada.

Finalmente, el 15 de noviembre de 2006, la Dirección General de Protección Civil de la Segob, dictaminó el cese de causas de una posible epidemia de dengue, derivado de las acciones coordinadas entre estado y federación referidos al control de los vectores.

Tercera. Ciertamente, el dengue constituye una de las enfermedades emergentes transmitidas por vector más importantes en muchos países de América Latina y México, sin embargo, no constituye peligro de convertirse en epidemia, ya que es una enfermedad endémica¹, la cual es producto de la coexistencia de ciertas condiciones, tales como insalubridad, hacinamiento, clima y la propia existencia del agente transmisor, el cual se reproduce y multiplica en función de estas condiciones.

Cuarta. Conforme al Programa Nacional de Salud 2001-2006, de la Secretaría de Salud, el dengue es un problema infeccioso emergente relacionado con el saneamiento doméstico, para el cual no existen vacunas ni medicamentos específicos, por tanto, su control depende de la disminución y eventual eliminación de las larvas del mosquito vector, aedes aegypti, que se reproducen en los criaderos domésticos, ubicados en altitudes menores de 2 mil metros sobre el nivel del mar.

Por lo que en sus líneas de acción en este campo, dicho programa contempla las siguientes actividades:

Fortalecimiento de las intervenciones, regulares o intensivas, realizadas para controlar al vector;

Mejoramiento de los sistemas municipales de recolección de basura doméstica y distribución de agua entubada;

Promoción de la participación de las comunidades en las actividades de ``descacharrización'', y

Fortalecimiento de la capacidad del personal de salud en el manejo clínico de casos.

Proponiéndose con las actividades anteriores, las siguientes metas:

Mantener la morbilidad por dengue clásico, por debajo de 20 casos por cada 100 mil habitantes, y

Mantener la letalidad por dengue hemorrágico, por debajo de 3 casos por cada 100 casos.

Lo antes señalado, acciones emergentes y permanentes, están estipuladas claramente en la Ley General de Salud, para la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, y que son de aplicación en toda la república, de orden público e interés social.

Todo lo anterior, específicamente, a través de los artículos 13, 134, 135, 147, 148, 154 y 181, que entre otros aspectos, estipulan promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, con sujeción a las políticas nacionales en la materia, asimismo, organizar y operar los servicios de salud a su cargo, y en todas las materias de salubridad general, desarrollar temporalmente acciones en las entidades federativas cuando éstas lo soliciten, de conformidad con los acuerdos de coordinación que se celebren al efecto.

En cuanto a la prevención de enfermedades transmisibles, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en los respectivos ámbitos de su competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control, entre otras, del dengue y demás enfermedades virales transmitidas por artrópodos. De igual forma, la Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo en coordinación con las instituciones del sector salud, y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República, especialmente, en los lugares del territorio nacional en los que cualquier enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves, a juicio de la Secretaría de Salud, así como los lugares colindantes expuestos a la propagación.

Las autoridades civiles, militares y particulares, están obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra dicha enfermedad.

Así también, las autoridades sanitarias determinarán los casos en los que se deba proceder a la descontaminación microbiana o parasitaria, desinfección, desinsectación, desinfectación u otras medidas de saneamiento, de lugares, edificios, vehículos y objetos.

Finalmente, también la Ley General de Salud, estipula que en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará, de inmediato, las medidas indispensables para combatir los daños a la salud.

Quinto. Especial atención merece para la atención de este asunto lo que la Ley General de Salud establece en su capítulo IV, respecto a la participación de la comunidad en los programas de protección de la salud y en la prestación de los servicios respetivos, a fin de fortalecer la estructura y funcionamiento de los sistemas de salud e incrementar el mejoramiento del nivel de salud de la población, para lo cual la comunidad deberá y podrá participar en las acciones de promoción de hábitos y conducta que contribuyan a proteger la salud y prevención de enfermedades.

Sexto. Lo anterior, en virtud de que elemento sustancial para el control de esa y otras endemias, lo representa la participación comunitaria y las permanentes campañas de prevención por parte de las autoridades. Factor que confirman experiencias internacionales, las cuales señalan que la participación activa de la comunidad en el control del dengue se promulga como una de las estrategia principales en estrecha liga con los profesionales de la salud y las autoridades de los tres niveles, en especial, las locales, pues es menester conseguir la participación efectiva y constante de la población, ya que esta cuestión se torna vital para la eficacia de las medidas de control en el caso específico del dengue, y constituye piedra angular del sostenimiento de los programas.

Debemos hacer énfasis en la ``participación comunitaria permanente'', ya que como lo señalan investigaciones recientes, muchas intervenciones de movilización social para el control del dengue en las américas no han funcionado debido a que involucran a la comunidad, solamente, en caso de epidemias, y se han enfocado en campañas masivas de ``descacharrización'', en la distribución masiva de materiales impresos y en campañas de radio y televisión para diseminar información del vector, sus criaderos y la enfermedad. Ha sido práctica tradicional informar al público sobre la enfermedad y el vector, sin embrago, no se explora el conocimiento previo de las personas a cerca del tema. Además, informar no se traduce, necesariamente, en un cambio de conducta, pues no sólo se trata de realizar estudios aislados y acciones extraordinarias, sino de entablar un diálogo continuo con los actores clave. Por ello, es necesario y fundamental lograr la participación activa en el control del vector del dengue y hacer efectivos y sustentables los programas, sin que ello represente transferir por completo la responsabilidad del Estado a la comunidad.

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente dictamen.

Atendiendo la propuesta del diputado promovente, y con el propósito de lograr un mayor alcance, que por su trascendencia merece este tema, es de aprobarse la propuesta con punto de acuerdo por el cual el diputado Víctor Manuel Torres Herrera solicita a la Secretaría de Salud, emprenda las acciones necesarias para evitar una epidemia de dengue clásico y dengue hemorrágico en los estados de Colima, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luis Potosí y Sinaloa; con las modificaciones siguientes

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, para que de inmediato, evalúe exhaustivamente las acciones emprendidas en materia de prevención y control del dengue en territorio nacional derivadas del plan nacional de salud 2001-2006;

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo el diseño, implantación y evaluación permanente de las acciones correspondientes para el presente sexenio en materia de prevención y control del dengue, las cuales privilegien la participación de la comunidad, ejerciendo plenamente los presupuestos previstos para la ejecución de dichas acciones, y

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretarías de Salud de los estados de Colima, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luís Potosí, Sinaloa y demás afectados por el problema del dengue a colaborar con la Secretaría de Salud Federal en la implantación y evaluación permanente de las acciones señaladas los párrafos anteriores.

Nota:

1 Se entiende por enfermedad endémica a la que se presenta en épocas y lugares determinados, de forma cíclica o periódica.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas , Juan Abad de Jesús , Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica en abstención), Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar , Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora , Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García , Patricia Villanueva Abraján (rúbrica).»

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Están a discusión los puntos de acuerdo. Se han anotado para este punto el diputado Efraín Morales Sánchez , del PRD; la diputada Oralia Vega Ortiz, del PRI. Si gusta pasar el diputado Efraín Morales Sánchez por favor.

El diputado Efraín Morales Sánchez : Con el permiso de la Presidencia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.

El diputado Efraín Morales Sánchez:Vengo en nombre de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, a fijar la posición con respecto a este dictamen que emite la Comisión de Salud. Sin duda, el dengue constituye una de las enfermedades emergentes transmitidas por vector más importantes en América Latina, no es la excepción México. Es una enfermedad endémica, producto de la coexistencia de ciertas condiciones como la insalubridad, el hacinamiento, el clima y la propia existencia del agente transmisor, el cual se reproduce y multiplica en función de estas condiciones.

Vengo a manifestar que votaremos a favor de este dictamen, no sin antes señalar, a nuestro juicio, una serie de necesidades fundamentales que es necesario atender de manera inmediata. Primero, que es el desarrollo sanitario y que atiende a una necesidad fundamental. Segundo, la seguridad sanitaria.

Como necesidades estratégicas, fortalecer los sistemas de salud en sus tres niveles; tener datos sólidos para fincar en buena medida las estrategias que permitan medir los resultados.

Necesidades operacionales. Se requiere de una mayor y mejor coordinación entre el ámbito federal y local y de una organización más eficaz en los tres niveles de gobierno y en todos los programas. Desde luego, abatir la pobreza y marginación de millones de mexicanos.

Decía la directora general de la Organización Mundial de la Salud en días pasados: planteamientos sencillos para tareas complejas. No más convenios, no más consejos, no más institutos, no más encimamiento de responsabilidades en las propias secretarías de Estado. Acabemos con esos convenios burocráticos y ayudemos a que la vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades se den de manera más eficiente.

Por estas razones, el PRD votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Efraín Morales. Tiene el uso de la palabra la diputada Oralia Vega Ortiz, del grupo parlamentario del PRI.

La diputada María Oralia Vega Ortiz : Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputada.

La diputada María Oralia Vega Ortiz:El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalse manifiesta a favor de este punto de acuerdo para que la Secretaría de Saludemprenda las acciones necesarias para evitar una epidemia del dengue clásico y dengue hemorrágico en los estados de Colima, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, San Luis Potosí y Sinaloa.

El dengue constituye una de las enfermedades emergentes transmitidas por el vector más importante de muchos países de América Latina y también aquí en México, siendo una enfermedad endémica, la cual es producto de la coexistencia de ciertas condiciones tales como insalubridad, hacinamiento, clima y la propia existencia del agente transmisor, por lo que se reproduce y multiplica en función de estas condiciones.

Conforme al Programa Nacional de Salud de 2001-2006 de la Secretaría de Salud, el dengue es un problema infeccioso-emergente relacionado con el saneamiento doméstico, para el cual no existen vacunas ni medicamentos específicos, por lo que su control depende de la disminución eventual, eliminación de las larvas del mosquito vector Aedes aegipty, que se reproducen en los criaderos domésticos ubicados en altitudes menores de dos mil metros sobre el nivel del mar.

Cabe mencionar que hasta el día de hoy la forma más conveniente de prevenir la enfermedad es mantener el hogar limpio, sin basura y eliminación de los recipientes contenedores de aguas en aquellos sitios en que se desarrolla el transmisor --en este caso el mosquito Aedes aegipty-- por lo cual se deben tener programas regionales e interestatales para trabajar de manera coordinada en acciones para el control de los vectores, la implementación de la vigilancia epidemiológica y las acciones de prevención de la salud en materia de saneamiento y control de brotes.

En estas condiciones, es imperativo que se apruebe el punto de acuerdo para implementar, por parte de la Secretaría de Salud, las acciones necesarias para evitar una epidemia de dengue clásico y dengue hemorrágico, principalmente en los estados mencionados y los afectados por el problema del dengue en coordinación con los servicios de salud en dichas entidades, así como las autoridades municipales correspondientes.

Por lo anterior, compañeros diputados, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional por mi conducto, apoyamos el punto de acuerdo que se va a dictaminar en discusión para exhortar a la Secretaría de Salud que de inmediato evalúe exhaustivamente las acciones emprendidas en materia de control y prevención del dengue en territorio nacional y lleve a cabo el diseño e implementación y evaluación permanente de las acciones correspondientes para el presente sexenio en materia de prevención y control del dengue, las cuales incluyan la participación de todas las comunidades. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Oralia Vega. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Muñoz Serrano, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado José Antonio Muñoz Serrano:Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeros diputados.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.

El diputado José Antonio Muñoz Serrano : Me da mucho gusto saber que el día de hoy hemos decidido unir las voluntades para aprobar este punto de acuerdo que tiene que ver con la propuesta de un diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y este diputado, Víctor Manuel Torres, está buscando sobre todo, con este punto de acuerdo, no solamente hacer el exhorto a la Secretaría de Salud a nivel federal, sino también buscar que nos involucremos todos en el proceso de la salud.

No es solamente exhortar a la autoridad sino también el exhorto corre hacia los estados y hacia los municipios. Hay que empoderar a las comunidades, a las colonias, a los municipios y a los estados para que todos podamos colaborar en la tarea de dar la oportunidad a nuestros hijos de tener un país diferente.

Este tipo de infecciones que pueden ocasionarse, 100 por ciento pueden ser prevenibles y ésta es la manera de hacerlo. Evitarlo depende de nosotros y de estar constantemente buscando mantener limpias nuestras comunidades.

Esto tiene que ver con la permanente limpieza, descacharrización y, desde luego, cuidar nuestras aguas estancadas en los barrios, en las colonias, en los estados. Entonces este exhorto no sólo tendrá que ir más allá de la Secretaría de Salud sino también buscar concienciar a nuestros alcaldes, a los jefes de colonia y que toda la comunidad y todos los mexicanos puedan cuidar y limpiar las áreas de posible contagio; desde luego, estas áreas que pueden tener oportunidad para que se pueda el vector desarrollar.

Por eso, el grupo parlamentario del PAN agradece y una vez más confirma que la salud no tiene bandera política y la única bandera es el futuro y la salud de los mexicanos. Muchas gracias; por eso pido su voto a favor. Gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Antonio Muñoz Serrano. Agotada la lista de oradores, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría, por favor.

ESTADO DE MEXICO

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo a fin de exhortar al gobernador del estado de México a instruir a la Secretaría de Educación de esa entidad para investigar el presunto cobro de servicios en instituciones particulares de nivel preescolar

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que:

Se exhorta al gobernador del Estado de México a investigar y, en su caso, fincar las responsabilidades correspondientes a funcionarios de la Secretaría de Educación de la entidad por el cobro ilegal que hacen por los servicios de inspección en las instituciones particulares de preescolar en el estado.

A cargo de la diputada Maribel Luisa Alva Olvera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentada el 5 de octubre de 2006 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 5 de octubre de 2006.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

La autora de la proposición con punto de acuerdo indica que a nivel mundial, la supervisión o inspección escolar están consideradas como procesos claves para lograr el propósito de mejorar la calidad de la educación. Argumenta que basta mencionar que desde 1963, la UNESCO creó el Instituto Internacional de Planeación de la Educación, el cual ha implantado un programa mundial de supervisión escolar.

Asimismo dice que la inspección escolar también es un factor decisivo para una mejor relación en el seno de la escuela, es decir, entre el director y los profesores, entre éstos mismos y con los alumnos. Pero igualmente importante es la relación entre todos esos actores de la escuela y los inspectores escolares.

En consecuencia, el deterioro o mejora --como se quiera ver-- de la calidad educativa tiene estrecha vinculación con el debilitamiento de la supervisión o inspección escolar.

La proponente explica que en México la supervisión escolar también tiene el propósito de elevar la calidad educativa, y se realiza tanto en las escuelas públicas como en los planteles particulares de educación.

La legisladora proponente afirma que en escuelas de educación preescolar del sector particular del Estado de México, este importantísimo proceso de supervisión está siendo vulnerado por funcionarios educativos responsables de llevarlo a cabo, al cobrarle a directoras y docentes de plantes escolares particulares ``cuotas'' o ``aportaciones'' económicas y en especie para la adquisición de equipo de cómputo, renta de la escuela donde funciona la oficina de supervisión, papelería y otros materiales utilizados en las actividades de supervisión.

La proponente expone el caso de la actuación indebida de la responsable del sector 12, profesora Guillermina Soberanes Zamora, perteneciente al Departamento de Educación Preescolar del Valle de México, quien les ha exigido pagos por los servicios de supervisión a directoras y docentes de 32 planteles escolares de ese sector.

La legisladora expresa que esa actuación de la supervisora Soberanes Zamora tiene todas las características de corrupción y de extorsión, pues si las docentes y directoras se niegan al pago de los servicios de supervisión, la funcionaria educativa remite información negativa del plantel y del personal docente.

Además, señala que recientemente las autoridades educativas de la entidad advirtieron al personal de inspección del Departamento de Educación Preescolar del Valle de México que es gratuito el servicio de supervisión que deben realizar los responsables sectoriales; y que por tanto ``ningún trabajador en el desempeño de su función puede obtener beneficios adicionales''. La anterior advertencia consta en un documento emitido, al principio de este mes de septiembre, por la titular del Departamento de Educación Preescolar en el Valle de México, profesora María Teresa Aragón Cattar.

La proponente señala, que esa situación de corrupción se sigue presentando y esto no debe continuar, por lo que está solicitando la intervención del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a fin que instruya al titular de la Secretaría de Educación de la entidad a investigar esos hechos inadmisibles y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes.

La solicitud para que el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, instruya a las autoridades competentes a que se investigue y, en su caso, se finquen las responsabilidades a los servidores públicos de la Secretaría de Educación de la entidad, se fundamenta en la Ley General de Educación, que estipula que las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios a las instituciones particulares, deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos de los cuales concedieron dichas autorizaciones y reconocimientos.

Consideraciones

La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Esta Comisión Dictaminadora comparte la preocupación de la legisladora proponente en cuanto a procurar una buena supervisión e inspección escolar, que contribuya a la mejora de la calidad educativa, tanto en las escuelas públicas como en los planteles particulares. Por tanto, se considera procedente el exhortar a las autoridades competentes del Estado de México para que investiguen el cobro ilegal por servicios de inspección en escuelas particulares de educación preescolar en esta entidad.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se aprueba la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta de manera respetuosa, y con estricto apego al Pacto Federal, al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a que instruya al titular de la Secretaría de Educación de esa entidad federativa para que investigue el presunto cobro ilegal de los servicios de supervisión escolar en las escuelas particulares de preescolar en dicho estado.

Asimismo, en caso de comprobarse la comisión de cualquier ilícito, se proceda al fincamiento de las responsabilidades correspondientes. Lo anterior, en el marco de la transparencia y rendición de cuentas que rige a las instituciones del Estado mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2007.

Por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez, José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas .»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Educación Pública a instaurar mediante el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y demás instancias competentes un programa que abata de manera integral el analfabetismo en México

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por la cual:

Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instaurar mediante el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos un programa que abata de manera integral el analfabetismo, y a convocar a organismos del sector privado a participar en la instrumentación, financiamiento y operación de este programa, donde las aportaciones de carácter privado sean deducibles de impuestos.

A cargo de la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada el 28 de abril de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 16 de marzo de 2005.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el dictamen relativo al Punto de Acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que presentó la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo tiene entre sus considerandos:

Para el caso de nuestro país y conforme a estadísticas oficiales, el número de analfabetas mayores de 15 años de edad, supera los 6 millones de habitantes.

Ahora bien y conforme a estimaciones del propio Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, al cierre del año 2002, el número de mexicanos mayores de 15 años ubicados en rezago educativo por no saber leer y escribir o por no haber concluido estudios de primaria y secundaria, era de 34.6 millones.

Se infiere por tanto que en nuestro sistema escolar persiste la exclusión, lo cual deriva en desigualdades sociales que es preciso combatir, a partir de un esquema educativo más eficiente.

El fenómeno del analfabetismo implica de entrada una grave falta en la continuidad de la escolaridad, que tiene como saldo final una mayor marginación y pobreza entre quienes lo padecen, con los consecuentes problemas sociales.

Todavía más cuando se sabe que el beneficio de una mejor y más completa instrucción educativa, ha significado para las sociedades la posibilidad de acceso a mayores niveles de bienestar.

En el caso de nuestro país, el gobierno federal a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, ha puesto en operación recientemente el programa ``Cero Rezago Educativo''.

Este programa puesto en marcha a partir de 2003, a decir de sus responsables tiene como objetivo central reducir la estadística que representa a las personas mayores de 15 años de edad que no han concluido la enseñanza básica, en particular la secundaria y en cierta medida el combate al analfabetismo. El programa, involucra acciones de las autoridades de los gobiernos estatales.

Sin embargo y no obstante las bondades del programa en referencia, cuya aspiración es llegar a operarlo en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, éste no ha tenido la continuidad esperada ante la falta de inversión suficiente.

El panorama se torna preocupante, si se toma en cuenta que a la par de este freno por falta de recursos suficiente, sigue creciendo el número de personas que año con año pasan a engrosar las estadísticas del analfabetismo.

Se requiere por tanto la instrumentación de un programa integral de carácter permanente que contemple la solución a la problemática en referencia, donde incluso pueda ser invitado a participar el sector privado.

Es importante dejar en claro que este programa no debe tener un carácter piloto y que la cobertura del mismo debe alcanzar por igual a toda la geografía nacional.

Consideraciones

Esta Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen. La Comisión comparte la preocupación de la legisladora, y reconoce que hay tareas pendientes en materia de analfabetismo, especialmente en lo que respecta a la educación para adultos.

Por tanto, en lo que respecta a la primera parte de la proposición con punto de acuerdo, esta Comisión considera pertinente y necesario hacer un exhorto a la Secretaría Educación Pública, para que a través del INEA y demás instancias competentes, y en acuerdo con las entidades federativas, se diseñe e implemente un programa integral para abatir el analfabetismo en México. Lo anterior, dado que el analfabetismo es un problema crónico de nuestro país, el cual alcanza una tasa del 8 por ciento de la población.

Sin embargo, en lo que respecta a la segunda parte de la proposición, se considera que ésta es improcedente. Lo anterior, dado que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 38, no es atribución de la Secretaría de Educación Pública el otorgar incentivos fiscales. Asimismo, el establecer mecanismos para definir cuáles aportaciones privadas a la educación para los adultos estarían exentas requiere una reglamentación amplia, y una serie de criterios que normen los destinos que quedarían fuera de este estímulo fiscal.

Asimismo, para instrumentar un programa en el que se involucre el sector privado, como el que la Legisladora propone, se hace necesaria información más amplia, así como una comparación con otros países en materia de incentivos fiscales y programas para abatir el analfabetismo.

Punto de Acuerdo

Único. Es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría Educación Pública a instaurar, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y demás instancias competentes, en acuerdo con las entidades federativas, un programa para abatir de manera integral el analfabetismo en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2007.

Por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez, José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas .»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría por favor.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.

LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se autoriza.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud

Honorable Asamblea:

En la sesión celebrada el 19 de noviembre del 2003 fue turnada a la Comisión de Salud de la LIX Legislatura, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción I del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentada por el diputado José Ángel Córdova Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39, numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen, que se realiza bajo la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido de la Iniciativa'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.

I. Antecedentes

El 19 de noviembre del 2003, el diputado José Ángel Córdova Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 en su fracción I de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, con el propósito de cambiar el nombre del Instituto Nacional de Cancerología para la Especialidad de Neoplasias, por el nombre de Instituto Nacional de Cancerología Conrado Zuckerman para la Especialidad de Neoplasias.

II. Contenido de la iniciativa

El diputado proponente menciona en su exposición de motivos que este instituto fue creado hace más de 50 años con el propósito de atender de manera especializada los problemas del cáncer en nuestro país.

En la creación y consolidación de esta prestigiada institución médica de nuestro país participó de forma preponderante el reconocido cirujano doctor Conrado Zuckerman Duarte, quien fungió, a propuesta del entonces presidente de la república, Miguel Alemán Valdés, como el primer director del Instituto de Cancerología. El destacado desempeño al frente de dicho organismo, durante los catorce años que el doctor Conrado Zuckerman lo dirigió, le valió el reconocimiento de la comunidad médica y de la sociedad por su compromiso en el cuidado y tratamiento de los pacientes afectados por el cáncer.

Durante los 60 años en los que se mantuvo en el ejercicio profesional contribuyó en forma importante al desarrollo y prestigio en la medicina nacional y llevó el nombre de nuestro país a niveles internacionales, particularmente en las especialidades de oncología, cirugía y ginecología.

Por otra parte, menciona que realizó importantes contribuciones en el estudio de la enfermedad en el aparato genital femenino, reconociéndosele su tributo al avance de la ciencia. Publicó 15 libros y escribió más de 500 artículos científicos relativos a la medicina y materias en las cuales era especialista, cabe destacar su gran participación y huella que dejó en distintos institutos, asociaciones, hospitales, sociedades, congresos, academias y la Secretaría de Salubridad y Asistencia, entre otros, de los que recibió a lo largo de su brillante carrera ciento ochenta y siete diplomas. Obtuvo la medalla de oro por el General Álvaro Obregón, entonces presidente de la República Mexicana, por realizar el trabajo del metabolismo de los hidratos de carbono, mismo que introdujo a nuestro país el empleo en los diabéticos de la insulina la cual recientemente la habían descubierto.

Por último se enfatiza que el doctor Conrado dejó huella en el mundo de la medicina y en nuestra nación. Es tiempo que el Estado otorgue el reconocimiento que merece al ilustre patriota. Qué mejor manera de hacerlo que permitiendo que la institución a la que dedicó buena parte de su vida y cuya especialidad fue el centro de su desarrollo profesional lleve su nombre.

III. Consideraciones

A. Sabemos la gran importancia que tienen los institutos nacionales de salud, ya que son aquellos organismos descentralizados de la administración pública federal, con personalidad jurídica que tienen por objeto principal la investigación científica, en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad.

B. Cabe mencionar que se tiene el conocimiento de la figura y todo lo que representa el doctor Conrado Zuckerman; fue un hombre de gran apego a su país, médico ejemplar, un mexicano que atravesó barreras nacionales e internacionales en el mundo de la medicina, y aportó sin lugar a duda un gran valor, que actualmente se refleja en la rica historia que tiene México en la medicina moderna.

Asimismo, compartimos la propuesta del diputado proponente; sin embargo, no es el medio idóneo para lograr tal fin por los siguientes argumentos:

C. La iniciativa pretende cambiar la denominación del Instituto esto como parte fundamental de la propuesta, no cabe duda que el nombre propuesto a cambiar es merecido y pertinente, sobran motivos para que se ponga este nombre.

Sin embargo, el artículo 16, en su fracción VIII, de la ley de los Institutos Nacionales de Salud menciona a su letra: ``Las juntas de gobierno de los Institutos Nacionales de Salud, tendrán adicionalmente a las facultades que les confiere la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las atribuciones siguientes...''

VIII. Aprobar a propuesta del director general, el trámite ante la coordinadora de sector para modificar o imponer nombres de médicos o benefactores a instalaciones y áreas de éste.

Como puede apreciarse en el párrafo anterior la facultad que le confiere dicha fracción a las juntas de gobierno y a propuesta de directores generales de los Institutos Nacionales de Salud se refiere únicamente a las instalaciones y áreas de éste, lo cual quiere decir que tiene la facultad de imponer nombres o modificarlos.

D. Esto se traduce en mencionar que para la imposición de cualquiera de los institutos nacionales de salud se requiere dar cumplimiento primeramente a lo que establece en la ley que los rige, esto es, que la junta de gobierno del propio instituto autorice el trámite de la coordinadora de sector ( Secretaría de Salud) para modificar el nombre.

Por otro lado, hay que enfatizar que la Secretaría de Salud, por acuerdo número 45, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1985, creó la comisión encargada de estudiar y dictaminar sobre las propuestas de imposición de nombres a los establecimientos públicos de salud, sus instalaciones o las destinadas al servicio de la Secretaría de Salud.

Por lo anterior esta comisión dictaminadora no considera viable la iniciativa propuesta, ya que si nos apegamos al artículo 16, en su fracción VIII, se concede la facultad a las Juntas de Gobierno de los institutos nacionales de salud, así como a propuesta del director general de tal instituto; por ende, el Poder Legislativo no puede invadir de esta forma dicha competencia.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorga el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la Iniciativa que reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentada por el diputado José Ángel Córdova Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 19 de noviembre del 2003.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas , Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García , Patricia Villanueva Abraján (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría por favor.

CODIGO DE COMERCIO

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, para regular la dicotomía, presentada por el diputado Ricardo Alegre Bojórquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44, 45 y los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido'' se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

El 4 de mayo de 2005, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados realizaron conjuntamente el Foro nacional de laboratorio clínico y la industria de reactivos y sistema de diagnóstico, donde se discutieron los retos que enfrentan los laboratorios clínicos del país.

El 21 de febrero de 2006, el diputado Ricardo Alegre Bojórquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 6 y adiciona un artículo 308 Bis al Código de Comercio, con el propósito de regular la dicotomía.

En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la iniciativa con proyecto de decreto a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados, correspondiente a la LIX Legislatura.

II. Contenido

La iniciativa tiene por objeto regular la dicotomía, práctica presente en México desde hace años y que afecta la relación médico-paciente, que por ser una relación de interdependencia entre dos personas en la que por un lado el paciente se pone en las manos del médico con la expectativa de restablecer su salud dañada, y por otro el médico solicita una remuneración a cambio de su servicio y de sus conocimientos.

El diputado promoverte establece que la dicotomía debe ser entendida como la participación del médico en los ingresos que el laboratorio clínico y gabinetes obtienen y que es debida al envío de pacientes; esto es, una deformación o patología del convenio entre el médico y su paciente.

La dicotomía afecta la relación médico-paciente, ya que da lugar a la partición oculta de los honorarios entre médicos, laboratorios, miembros de otras profesiones sanitarias, etcétera, con objeto de obtener ganancias económicas aun a costa de la salud del paciente.

Por tanto, agrega el diputado promovente, esta actividad debe ser sancionada de tal forma que se pueda erradicar la corrupción existente en la práctica médica, y recobrar el interés fundamental en los profesionistas de la salud debe ser siempre el bien de su paciente, delimitando con ello la ética y profesionalismo que requiere su actividad.

III. Consideraciones

La salud es un valor fundamental e indispensable en todo ser humano que condiciona el desarrollo y bienestar de las comunidades humanas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., párrafo tercero, señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que para hacer efectiva esta prerrogativa el Estado tiene la obligación de establecer las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud a través de sus leyes.

Coincidimos con el proponente en el sentido de que es de suma importancia el aporte que representa hoy día el laboratorio clínico para el diagnóstico oportuno y el consecuente tratamiento de diversas enfermedades. Asimismo, coincidimos en que el aporte que representa hoy día el laboratorio clínico para el diagnóstico de diversas enfermedades es muy importante.

Sin embargo, los integrantes de esta comisión consideramos que la propuesta no es viable por razones de técnica legislativa, ya que no propone ninguna sanción a la actitud que pretende regular.

En otro sentido, la fracción que se pretende adicionar no contempla el supuesto de que los actos de competencia desleal se den respecto de otros lugares distintos de los laboratorios clínicos o farmacias, como pueden ser los gabinetes de estudios especiales.

Del mismo modo, no contempla que la práctica de la dicotomía se dé entre médicos u otros profesionales de la salud. En el mismo error se incurre al no contemplar esta actividad entre el médico y compañías que manufacturen o vendan instrumental médico.

Por otro lado, es de señalarse que la Cámara de Diputados aprobó el miércoles 26 de abril de 2006 un dictamen que define y sanciona en forma clara y precisa la dicotomía.

Por último, concluimos que la propuesta contenida en la iniciativa no reúne las condiciones para regular y sancionar en forma eficaz y oportuna la práctica mencionada.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de esta Comisión de Salud de la LX Legislatura, con las atribuciones que le otorga el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio presentada por el diputado Ricardo Alegre Bojórquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 21 de febrero de 2006.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar , Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora , Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría por favor.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 90 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

En sesión celebrada el 6 de abril de 2006, fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1º y 3º, 43, 44, 45 y de los más relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I.- En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II.- En el capítulo correspondiente a ``Contenido'', se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III.- En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada el 6 de abril de 2006, por la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la diputada Irma Figueroa Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados, la iniciativa para reformar el artículo 90 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, haciendo uso de sus facultades, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En su exposición de motivos, la diputada promovente manifiesta que las enfermedades que día con día padece la población mundial, requieren que se especialice más a los médicos dedicados a la atención de la salud pública, principalmente en enfermedades que requieren mayor especialización como son las neoplásticas como el cáncer de mama y de próstata; infectocontagiosas como tuberculosis, parasitarias; enfermedades metabólicas como la diabetes, obesidad, etcétera.

Afirma que los médicos que durante gran parte de su vida han presentado sus servicios en instituciones de salud pública en México, creen con base en la experiencia adquirida, que es necesario mencionar en la ley, la obligatoriedad de la capacitación y formación continuas, pero con énfasis en la especialización de aquellas enfermedades que demandan mayor atención médica, tal es el caso de las enfermedades neoplásticas y las ya mencionadas con anterioridad, hasta que se tengan suficientes conocimientos para abatir las enfermedades y sus costos.

Con base en las razones expuestas, propone que se reforme el artículo 90 de la Ley General de Salud para establecer la obligatoriedad de dar prioridad a la especialización de recursos humanos en atención de enfermedades neoplásticas, infectocontagiosas y metabólicas.

III. Consideraciones

La Ley General de Salud establece en su artículo 1º el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

La Ley General de Salud estipula en la fracción VII del artículo 2, como una finalidad del derecho a la protección de la salud, el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. Asimismo, establece en su artículo 3º, fracción X, la promoción de la formación de recursos humanos para la salud, como materia de salubridad general.

En su iniciativa, la diputada promovente propone reformar el artículo 90 de la ley en comento, que se refiere a la formación, capacitación y actualización del personal; cuyo texto vigente establece lo siguiente:

``Artículo 90.- Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas:I. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud;

II. Apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud;

III. Otorgar facilidades para la enseñanza y adiestramiento en servicio dentro de los establecimientos de salud, a las instituciones que tengan por objeto la formación, capacitación o actualización de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, de conformidad con las normas que rijan el funcionamiento de los primeros, y

IV. Promover la participación voluntaria de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en actividades docentes o técnicas.''

La diputada promovente, propone añadir una obligatoriedad, implícita de antemano en el texto jurídico, pues la toda ley tiene carácter obligatorio por lo que no es necesario redundar en ello.

En lo que respecta a su propuesta de reforma a la fracción I, pretende reformar el texto vigente de modo que se de prioridad a la ``especialización de recursos humanos para la salud en atención de enfermedades neoplásticas, infectocontagiosas y metabólicas''.

A pesar de que coincidimos con la preocupación de la diputada por la correcta atención a este tipo de enfermedades, es importante no excluir a todos los demás padecimientos que afectan la salud de los mexicanos y que deben tener la misma prioridad para la formación y especialización de recursos humanos. Debido a la diversidad de padecimientos y necesidades, es que existe una Ley de los Institutos Nacionales de Salud, cuyo objetivo es regular la organización y funcionamiento de los institutos nacionales de salud, así como fomentar la investigación, enseñanza y prestación de servicios que se realice en ellos.

Asimismo, esta comisión considera que la reforma a la fracción IV, del propio artículo 90 no se justifica, ya que el texto vigente establece la promoción de la participación voluntaria de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en actividades docentes o técnicas.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de esta Comisión de Salud de la LX Legislatura, con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 90 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 6 de abril de 2006.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe , Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar , Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora , Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Caníbal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En virtud de que no se registró ningún orador, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría por favor.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 219 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea

A la Comisión de Salud de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa que reforma el artículo 219 de la Ley General de Salud que presentó el diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen correspondiente a la iniciativa antes mencionada, el cual se realiza bajo la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de Antecedentes se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para la elaboración del dictamen respectivo, así como de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo titulado como Contenido, se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio y,

III. Finalmente, en el capítulo de Consideraciones la comisión dictaminadora manifiesta los argumentos de valoración de la propuesta de los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I. Antecedentes

El diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó el 18 de marzo de 2004, durante el segundo período ordinario de sesiones de la LIX Legislatura, una iniciativa para reformar el artículo 219 de la Ley General de Salud, a la cual, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados estableció que correspondía su turno a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

II. Contenido de la Iniciativa

La redacción de la exposición de motivos de la iniciativa generó confusiones durante los trabajos de su análisis, porque su contenido incluye diversos puntos de vista y expresiones sobre el consumo de alcohol, el alcoholismo, la adulteración de alcohol, su comercialización o las consecuencias de su consumo excesivo, etcétera, los cuales, sin embargo, no fueron desarrollados de manera suficiente para revelar la contundencia de los argumentos que el diputado promovente pretende para sustentar su proposición; pero que también, la inclusión de esos diversos enunciados que componen las motivaciones de la iniciativa no se encuentran claramente vinculados con el espíritu de la reforma que propone, puesto que, por un lado, plantea la adopción de medidas para impedir el consumo excesivo de alcohol, en lo que constituye su más ostensible idea, empero, por otra parte, expone la necesidad de tomar acciones para detener la comercialización de alcohol adulterado.

Efectivamente, la exposición de motivos no revela los argumentos suficientes para valorar el contenido y los alcances de la iniciativa, por ejemplo, en materia de las afectaciones que pudiese provocar particularmente al derecho que tienen los individuos de consumir alcohol en las cantidades, modalidades o presentación a los lugares que decidan, mientras esta conducta no sea ilícita; pero también, al derecho de libre comercio, al libre ejercicio de una actividad productiva legal que se encuentra garantizada en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus normas reglamentarias.

De ahí que más adelante, en el apartado III de este dictamen, se abordan a detalle las dos consideraciones que se han estipulado para darle suficiencia a este dictamen.

Sin embargo, derivado de los intensos trabajos realizados para elaborar el dictamen respectivo, la Comisión de Salud considera que la iniciativa se encuentra basada en diversas consideraciones que a continuación se señalan, con el propósito de plasmarlos en este documento, a fin de que quede constancia expresa del respeto a los términos en los cuales fue presentada la iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Señala que México es un país en el cual existen más de 27 millones de personas de entre 15 y 29, de acuerdo a datos del INEGI, todos los cuales son potenciales consumidores de bebidas alcohólicas.

Además, el consumo excesivo de alcohol y sus efectos, constituyen un problema que ha sido combatido desde diversos ámbitos, como son el médico, el administrativo e inclusive el judicial. Sin embargo, se insiste que el embate contra el alcoholismo ``se basa principalmente sobre la información y la prevención''.

No obstante lo anterior, el alcoholismo es un problema creciente, principalmente entre los adolescentes y jóvenes mexicanos, que alcanza cifras alarmantes, de lo que dan cuenta el registro de los efectos nocivos en la salud y en la psique de los alcohólicos, o los índices de violencia intrafamiliar o suicidios.

Al problema que representa el alcoholismo, se suman las consecuencias perjudiciales adicionales de las bebidas alcohólicas de mala calidad o de procedencia clandestina, --mejor conocidas como ``bebidas adulteradas''--, las cuales ``son muy poco difundidas'' (sic), y que en el mejor de los casos producen vómito, nausea o pérdida temporal de la memoria, pero que pueden llegar a provocar ceguera e incluso la muerte.

Aún menos difundido es que la primer causa de ingestión de bebidas alcohólicas adulteradas, es el acceso a establecimientos mercantiles con el servicio de lo que comúnmente se denomina ``barra libre'', o dicho de otro modo, estos bares o discotecas ofrecen al público en general el consumo ilimitado de bebidas alcohólicas a cambio de un pago único al momento de su acceso o éstas le son suministradas a un precio ridículo, es decir, 1 peso e incluso 50 centavos. Claro está que el consumidor nunca puede cerciorarse del nombre de la bebida que toma o incluso si el envase estaba sellado o fue rellenado''.

Señala que ``hoy en día, al no estar prohibida esta modalidad --salvo en el Distrito Federal, o el municipio de Zapopan, Jalisco-- miles de jóvenes se ven expuestos a los efectos en la salud por la ingestión de bebidas alcohólicas, así como a robos, violaciones, secuestros y cualquier tipo de delitos que se pueden cometer cuando no se tienen conciencia sobre los actos''.

La modalidad comercial de la ``barra libre'' no sólo induce al consumo desmedido de alcohol, sino que también promueve la discriminación en la entrada de los establecimientos mercantiles oferentes, así como afectan a esa rama de la industria en México.

Debido a todo lo anterior el diputado promovente propone la inclusión en la Ley General de Salud de la prohibición expresa de la ``barra libre'' principal generadora de la venta y expedición de bebidas alcohólicas adulteradas.

III. Consideraciones

Avocada la Comisión de Salud al estudio de la iniciativa, para su atención y trámite legislativo correspondiente, ha considerado expresar lo que a continuación se señala, como resultado del análisis exhaustivo de su contenido, propósitos, dimensiones legales, efectos administrativos e implicaciones diversas:

A. El alcohol de vino, alcohol etílico o etanol, de fórmula C2H50H, es un líquido transparente e incoloro con sabor y olor característicos, que tiene su punto de fusión a los -11.4.10° C (grados centígrados), su punto de ebullición a los 78.5° C, y una densidad relativa de 0.789 s 20° C.

Desde la antigüedad el etanol se ha obtenido por fermentación de azúcares, principalmente para la elaboración de bebidas alcohólicas.

El etanol se encuentra en bebidas como la cerveza, el vino, los destilados de diversos productos agrícolas, entre otros, pero que también tiene un uso comercial si su presentación corresponde a una concentración de 95 por ciento --o mayor-- de etanol y de 5 por ciento --o menos-- de agua.

B. De conformidad a la Ley General de Salud, los líquidos que contienen hasta el 55 por ciento de su volumen de alcohol etílico son aptas para el consumo humano y deben considerarse como bebidas alcohólicas. Más allá de esta cantidad, no se consideran aptas para el consumo humano por los efectivos nocivos que provoca.

Sin embargo, los efectos perniciosos del etanol no solamente provienen del consumo de líquidos que contengan volúmenes superiores a las 55 partes, sino también por el consumo excesivo de las bebidas alcohólicas, que es precisamente el principal problema en el país.

C. El consumo de etanol moderado, en los contextos adecuados y socialmente permitidos a las características particulares de cada comunidad, ha sido reconocido como un factor de integración social y favorecedor de la convivencia. Su ingesta tiene un impacto cultural y social que siempre ha acompañado a la humanidad. Incluso el consumo de ciertas bebidas que lo contengan, en cantidad moderada, de conformidad particularmente a su origen de destilación, provoca efectos terapéuticos, médicamente comprobados y placenteros.

Sin embargo, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas provoca una enfermedad conocida como alcoholismo, que genera una dependencia tal que el organismo humano es incapaz de vivir sin la ingesta constante de alcohol, la cual, finalmente después de un padecimiento con muchas consecuencias perniciosas de salud y sociales, culminará con la muerte del individuo.

D. El alcoholismo es una enfermedad crónica y progresiva. Es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o de problemas emocionales. Si bien es cierto la tolerancia del organismo al etanol tiene una relación directa con las características étnicas, la edad, el peso, la dieta, la condición mental, la circunstancia social, entre otros factores, la Organización Mundial de la Salud define al alcoholismo a partir de una ingestión diaria de alcohol superior a los 50 gramos en la mujer y de 70 gramos para el hombre. Una copa de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino tiene 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos.

E. La intoxicación alcohólica es el efecto inmediato que se produce al ingerir una cantidad excesiva de alcohol, que se manifiesta por un ``estado de ebriedad'', caracterizado por una excitación eufórica en sus primeros niveles, incoherencia en el pensamiento, desequilibrio físico y en sus grados mayores, inconciencia.

F. Las bebidas alcohólicas afectan a casi todas las células del cuerpo, particularmente a las que conforman el sistema nervioso. Su consumo excesivo se acompaña de una concentración en el organismo que produce una toxicidad clínica significativa y lesión tisular, de los riesgos de dependencia y del peligroso síndrome de abstinencia. Sin dejar de mencionar los efectos dañinos en la psique del individuo y en sus relaciones sociales y adaptación a la convivencia. El cuerpo tiembla, se altera el funcionamiento de los órganos internos que produce, entre otros padecimientos, cirrosis hepática, miocardias, hipertensión arterial, gastroduodenitis, úlceras, sangrado del aparato digestivo, insuficiencia renal, graves deficiencias nutricionales, encefalopatías, diversos cánceres, etcétera.

El alcoholismo en el país está relacionado con cinco de las diez principales causas de mortalidad como son las enfermedades del corazón, los accidentes, la patología cerebrovascular, la cirrosis hepática y las lesiones provocadas en riña. Su consumo excesivo representa el 9 por ciento del peso del total de la enfermedad nacional.

G. Está perfectamente demostrado que el alcoholismo no sólo tiene efectos individuales, sino que se encuentra asociado directamente con los más graves problemas sociales como la violencia, los homicidios, los accidentes, la discriminación y la desintegración familiar.

Tan sólo, cabe señalar que de acuerdo a cifras del Sistema de Verificación de Adicciones 2001, en el 80 por ciento de los accidentes fatales el consumo de alcohol estuvo presente. Asimismo, el INEGI señala que en el 42 por ciento de los homicidios, el 72 por ciento de las denuncias de violencia intrafamiliar y el 50.8 por ciento de los arrestos realizados por los cuerpos de seguridad pública, el abuso del alcohol forma parte de las causas que provocaron la conducta dañina.

Cabe consignar que el 21 por ciento de los ingresos a los servicios de urgencia dieron como positivos los exámenes de ingesta de alcohol. Es tres veces más probable que acontezca un accidente automovilístico fatal entre conductores de 15 y 20 años si existe consumo de alcohol.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2002, el 23 por ciento de las defunciones registradas por accidentes de tránsito ocurre entre jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que se encontraban intoxicados, mientras que el 21 por ciento de los servicios de urgencias hospitalarias con lesiones ocurridas en accidentes por violencia se dieron bajo los efectos del alcohol. La primera causa de mortandad de mexicanos menores de 25 años son los accidentes vinculados con el alcohol.

Esta realidad de consumo creciente del alcohol en la población mexicana, particularmente entre los jóvenes y en las áreas urbanas, ha provocado, consecuentemente una serie de secuelas perjudiciales para la convivencia que puede evaluarse con los siguientes datos: según la Encuesta de Adicciones (Ena) 2002, casi cuatro millones y medio de los mexicanos que actualmente ingieren alcohol han tenido y tienen problemas familiares, riñas, dificultades con la autoridad, arrestos debido a los efectos del consumo, sobretodo en las zonas urbanas.

H. El alcoholismo es una enfermedad creciente en todo el mundo. Los sistemas de salud nacionales gastan recursos crecientes para tratar de atender todos los efectos dañinos que causan en las personas, sin que exista, aunque sea, como sucede ahora en el país con el problema de! tabaquismo, la obligación solidaria de las empresas productoras de alcohol de contribuir al tratamiento de las enfermedades que su negocio produce.

Además, son cada vez mayores los recursos que se destinan a enfrentar los problemas sociales y los actos delictivos provocados por individuos alcoholizados. Sin dejar de mencionar las pérdidas que se originan por consumo excesivo de alcohol en términos de capacidades productivas, posesión de conocimientos, horas de trabajo, experiencia, entre otros.

l. En México, los indicadores disponibles confirman la terrible sospecha de que el consumo excesivo de alcohol y la incidencia del alcoholismo entre los mexicanos se viene incrementado de manera sostenida desde hace muchos años, de manera muy pronunciada en los últimos lustros y en las zonas urbanas. Particularmente en los últimos quince años, de acuerdo a los indicadores epidemiológicos, tal y como lo considera la Secretaría de Salud, el consumo de alcohol ha crecido de manera sostenida.

Tan sólo de 1988 a 1998, el porcentaje de varones consumidores de alcohol se incrementó del 73.4 al 77 por ciento. De 1970 a la fecha, el consumo per cápita de alcohol se incrementó el 39.2 por ciento para pasar de 3.57 litros a 5.11 litros.

De 1970 a la fecha, el consumo de cerveza y destilados se ha incrementado sustantivamente, particularmente a partir de principios de la década de los 80. La cerveza pasó, en el lapso, de casi tres litros per cápita a 3.5. Los destilados de poco más de un litro a dos litros. Esto significa que, de acuerdo a datos de la industria de bebidas alcohólicas, el consumo anual de alcohol del mexicano mayor de 15 años pasó de 3.8 litros en 1970 a 5.5 litros en 1997. La estimación actual es de más de 6 litros. En 1998 la preferencia de la cerveza era de 63 por ciento, destilados 34 por ciento.

Actualmente, en cuanto se refiere al tipo de bebida que se consume, dato que es necesario para el análisis de la adulteración y falsificación del alcohol, cabe señalar que el 33 por ciento es bebedor de cerveza, mientras que vinos, destilados y similares lo hace el 37 por ciento. Hacia el año 2000, el 67 por ciento de los varones y el 77 por ciento de las mujeres reconocieron haber ingerido bebidas alcohólicas antes de cumplir los 18 años, supuesta edad legal para tomar alcohol.

De los bebedores activos hacia ese año, el 55 por ciento de los varones y el 27 por ciento de las mujeres reconoció que antes de cumplir esa mayoría de edad ya había hecho de la ingesta de etanol un hábito.

Datos más recientes, consignados en la Ena 2002, revelan que el 46.32 por ciento de la población que tiene entre 12 y 65 años, es bebedora actual, lo cual supone más de 32 millones de mexicanos. Esto significa que el 72 por ciento de los hombres en esos rangos de edad son bebedores frecuentes, mientras que el 43 por ciento de las mujeres también son consumidores habituales.

La Ena de 1998, reveló que entre 1991 y 1993 la ingestión de alcohol entre estudiantes se incrementó en 8 por ciento. Actualmente, uno de cada cuatro adolescentes, más de tres millones en todo el país, reconoce haber consumido alcohol en exceso.

J. Si bien es cierto que en el país el consumo frecuente de alcohol no es tan elevado como en Europa, también es verdad que la mayoría de los consumidores en el país, cuando bebe, lo hace en grandes cantidades, esto es, a los mexicanos les gusta ingerir alcohol en exceso cuando se presenta la ocasión, lo que significa precisamente el problema de alcoholismo. También, de acuerdo a los especialistas, existen otros dos patrones de consumo en México: cuando se consume alcohol de manera cotidiana frecuentemente es en grandes cantidades y los fines de semana se ingieren grandes volúmenes de alcohol.

Tenemos entonces que de todos los encuestados en la Ena 2002, el 20.41 por ciento consume alcohol con una frecuencia de 1 a 3 de veces por mes a diario o casi diario. Más preocupante resulta el hecho de que cuando estos mexicanos consumidores de alcohol lo hacen, el 29.06 por ciento beben de 3 a 2.4 o más copas en un solo día, lo que significa que sobrepasan el consumo máximo reconocido por la OMS para la definición del alcoholismo.

La encuesta revela que casi tres millones de mexicanos son dependientes, pero más de 7 millones y medio cumplen los criterios del trastorno por abuso del alcohol. En el grupo de edad de 12 a 17 años, según la Encuesta Nacional de Adicciones de 1998, el 7.3 de los encuestados reconoció haberse puesto en estado de embriaguez por lo menos una vez en el mes anterior de la aplicación del estudio. También reveló el estudio que en el Distrito Federal, el 23 por ciento de sus estudiantes de educación media y superior consume 5 o más copas por ocasión, por lo menos una vez al mes.

K. Es necesario destacar que, no obstante que sólo el 4 por ciento de los mexicanos consumidores de alcohol se reconocen como dependientes; el 34.5 por ciento, esto es, más de 24 millones, presentaron alguno o algunos síntomas de la dependencia como tolerancia, incapacidad de control, deseo persistente, reducción de actividades sociales, familiares o laborales, etcétera.

L. Resulta significativo el hecho de que la mayoría de los actuales mexicanos consumidores de alcohol pertenecen al área urbana con un porcentaje cercano al 51 por ciento, mientras que en el área rural es del 32 por ciento. El porcentaje de adolescentes consumidores en la actualidad en las áreas urbanas es de 30 por ciento, mientras que en el área rural es del 14 por ciento.

M. De acuerdo a los datos más confiables, hacia el año 2000, funcionaban en el país más de 15 mil bares, discotecas y centros nocturnos, los cuales tuvieron una asistencia de 317 millones de clientes, de los cuales, el 70 por ciento --más de 220 millones-- eran personas de 29 años y menos, La tercera parte de los adolescentes que asisten a estos lugares salieron en estado de intoxicación alcohólica.

A su vez, la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (Anidice), consignaba el registro de 4 mil 500 empresas de esta naturaleza, particularmente instaladas en el Distrito Federal y su zona metropolitana.

N. El diputado promovente tiene razón en consignar los riesgos adicionales a los que están sometidos los sujetos que asisten a bares, discotecas y centros nocturnos y consumen alcohol. De acuerdo a la Asociación de Propietarios de Bares y Discotecas, en el año 2000 existían más de 15 mil establecimientos, en los cuales, se sirvieron más de 404 millones de copas y se consumieron más de 77 millones de litros de alcohol, de los cuales, la mitad, era adulterado.

Ñ. Empero el consumo de alcohol adulterado no sólo se presenta en bares, discotecas y centros nocturnos, sino que, tal y como lo ha señalado la Procuraduría General del Consumidor, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, o la industria alcoholera, en diversos operativos ha sido detectado y confiscado en lugares de prestigio, en hoteles e incluso en domicilios particulares, alcohol adulterado en los cuales no se expendía alcohol a través de !a barra libre.

De acuerdo a las Encuestas Nacionales sobre Adicciones, existe la constancia del consumo creciente de alcohol adulterado en hogares y eventos particulares, como lo supone el hecho de que alrededor de que más de la mitad del alcohol adulterado que presumiblemente se produce en el país no es consumido en sitios comerciales.

O. En cuanto se refiere al consumo de alcohol en el Distrito Federal, la información más reciente que aunque no se encuentra sistematizada, revela que se ha venido incrementado de manera sostenida. Ya se han conocido algunos índices que revelan este crecimiento en el grupo de jóvenes para la década de los ochenta y principios de los noventa.

En la actualidad; datos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Salud, todas del Distrito Federal, revelan este crecimiento, no sólo en términos de los accidentes y eventos delictivos en los que el consumo de alcohol, particularmente excesivo, se encuentra inmerso, sino por las razones, de implantar programas como el ``Conduce sin alcohol'' (alcoholímetro), el cual tiene como propósito persuadir a la ciudadanía a que conduzca sin haber consumido alcohol, pero también, a detectar y sancionar a aquellos que lo hagan.

La evaluación de este programa revela que, de septiembre de 2003 a mayo de 2004, se realizaron 143 mil 849 revisiones a conductores, aplicándose en 15 mil 53 pruebas de alcoholímetro, encontrándose que 2 mil 561 (17 por ciento) habían ingerido alcohol de manera superior al límite. De ellos, el 82 por ciento eran mayores de 25 años y el 0.5 por ciento eran menores de edad. El 96 por ciento fueron hombres y el 4 por ciento restante mujeres.

Por su parte, la PGJDF señala que en el período comprendido entre mayo de 2003 a mayo de 2004, se iniciaron 12 mil 791 averiguaciones previas relacionadas con delitos como homicidios y lesiones en las cuales intervino corno factor el alcohol. Asimismo de 7 mil 673 averiguaciones por delitos de daño en propiedad ajena y lesiones por tránsito de vehículo, en 645 el conductor estaba ebrio. De estos sujetos, el lS tenían entre 16 a 20 años, 482 de 21 a 40 a años y 170 de 41 a 60 años. En materia de lesiones dolosas, de las 4 mil 190 averiguaciones realizadas, en 274 casos el inculpado estaba ebrio, con las siguientes edades: 90 de 16 a 20 años, 120 de 21 a 40 años, 50 de 41 a 60 años y 14 de 61 años o más.

El servicio médico forense del Distrito Federal entera, a su vez, que en 2002 ocurrieron 719 hechos de tránsito, 666 homicidios y 117 accidentes de vía pública en los que intervino el alcohol. Mientras que en 2003 esas cifras son: 640 hechos de tránsito, 549 homicidios y 107 accidentes de vía pública. En todos ellos, la intoxicación alcohólica se presentó en 2002, en 210 casos en rangos de edad de 21 a 30, en 114 en edades de 31 a 40 y en 85 casos de 41 a 50 años. En 2003, 205 en edades de 21 a 30, 121 de 31 a 40 años y 75 de 41 a 50 años.

P. Con relación a la prohibición de la venta de alcohol por barra libre aquí en el Distrito Federal, es público y notorio que tal disposición no se acata por parte de los propietarios y encargados de los lugares en los cuales se expenden bebidas alcohólicas, ni las autoridades competentes cumplen con su función de vigilar el cumplimiento de tal prohibición. La propia Asociación de Propietarios de Bares y Discotecas ha reconocido esta situación que puede comprobarse en cualquier momento con una visita a sitios de la ciudad donde hay estos lugares de consumo, como Garibaldi, la Zona Rosa, entre otros. La Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos ha señalado que en el año 2000, el 90 por ciento de sus empresas afiliadas, casi todas ellas en el Distrito Federal, esto es, más de 4 mil establecimientos, ofrecían la barra libre a pesar de estar prohibida, sin que existiese ninguna clausura por tal violación.

Cabe destacar que además, la prohibición de la venta de alcohol a través de la barra libre, debido a que la redacción de su restricción, establecida en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, ha sido rebasada fácilmente por los comerciantes y han generado una verdadera cultura para inducir a su consumo por medio de otras figuras tales como ``la hora feliz'', ``hora de las damas'', ``mujeres gratis'', ``cubetazo'', ``bebidas a peso'', ``dos por uno'', ``paga tres y come gratis'', ``paga la comida nosotros pagamos tu bebida'', ``bebida con sifón'' ``copa gratis a la entrada'' ``hidalgos gratis'' ``baila mientras bebes'', etcétera.

Q. Todos los anteriores índices de consumo de alcohol significan que, a pesar de que en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal se encuentra expresamente prohibida la ``barra libre'', esta limitación no ha podido generar que el alcohol sea consumido de forma moderada, ni tampoco ha provocado que la venta del alcohol adulterado disminuya, sobretodo porque las autoridades ejecutivas responsabilizadas de ambos aspectos no las han atendido suficiente ni efectivamente, de tal suerte que, como ocurre con otros vicios como el tabaco o la drogadicción, la batalla se está perdiendo.

R. La redacción de la reforma propuesta es un asunto que no se ha podido resolver con certeza para cumplir con el propósito de la misma que es desalentar el consumo del alcohol, particularmente adulterado, principalmente entre los jóvenes.

Prohibir el consumo de alcohol a través de las barras libres entendiendo esta modalidad, tal y como lo establece la iniciativa, como aquella en la que por medio de un pago único se adquiere el derecho a su ingesta limitada o ilimitada'', no sólo genera controversia respecto al derecho del consumidor de poder beber de acuerdo a su decisión o con relación al derecho a! comercio, sino que, prácticamente, prohíbe el consumo, porque sea un peso o la cantidad que sea la que se pague por una bebida, con dinero y con ganas, siempre se tiene la posibilidad de ingerir alcohol de manera limitada o ilimitada, es más, la decisión del individuo siempre se ve manifiesta en un consumo limitado o ilimitado del alcohol: no existe otra opción porque o se bebe poco, algo o mucho o no se bebe nada.

Por si fuera poco, la expresión ``pago único'' induce a la confusión, como lo han manifestado la Fundación de Investigaciones Sociales, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Cámara de la Industria Nacional de vinos y licores o la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, porque sea cual sea la cantidad que se pague por una bebida alcohólica puede interpretarse que se trata de un pago único. Si se paga copa por copa, por partes o al final todo lo que se ha consumido que no sea bajo la modalidad de barra libre, se revela el acto de un pago único. Resulta incontrovertible el hecho de que la adquisición de bebidas alcohólicas es producto de dos elementos: contar con el dinero suficiente y la decisión personal de beber, sea cual sea la modalidad a través de la cual se compre.

Inclusive, la redacción de la reforma pretendida, como lo señala la Canirac puede ser violatoria de los artículos 46 y 47 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, reglamentaria, entre otros, del artículo 5 constitucional, que reconoce el derecho de los comerciantes de realizar prácticas comerciales que promocionen el ofrecimiento al público de bienes o servicios, en este casal bebidas alcohólicas, bajo ciertas características como son: a un precio reducido, a un solo precio, en forma gratuita, etcétera.

S. La redacción de la prohibición y de la propuesta de reforma, como se ha visto en la práctica, es fácilmente de vulnerar y de rebasar, con lo cual, se estaría incurriendo en uno de los más graves errores legislativos que es la de incorporar en la Ley, realidades temporales que al superarse, acaban con la razón de existir de la norma.

La prohibición de alguna o algunas modalidades de comercialización de bebidas alcohólicas, obliga a la evolución, cada vez más rápida e ingeniosa de la manera que los comerciantes ofertan las bebidas alcohólicas, que siempre avanzarán con mayor celeridad que las leyes y que el proceso legislativo.

La experiencia parlamentaria y los profesionistas del derecho han delimitado perfectamente bien lo que deben ser los contenidos de una ley, la cual debe ser una expresión de observancia general, y por otra parte lo que debe incluir el reglamento respectivo, caracterizado por su propiedad de detallar su aplicación. La inclusión de figuras temporales o específicas en lugar de hacer efectiva a una ley, la vulnera y la hace débil o francamente anacrónica frente a la realidad.

T. Es muy importante señalar que a pesar de los señalamientos sobre la probable violación de la garantías individuales por las restricciones sobre la barra libre, la investigación sobre los efectos jurisdiccionales no arrojó ningún dato sobre amparos en contra de la aplicación de la ley porque, tal y como lo reconocen los tribunales administrativos, hecho que es muy fácil de explicar: si no hay clausuras o sanciones, no hay recursos en contra de estas medidas.

U. Como parte de los trabajos de la subcomisión con el propósito de evitar redacciones que pudieran generar confusiones o controversias, o de legislar figuras temporales, pero rescatando el espíritu de la iniciativa, con el cual se manifestaron a favor todas las diputadas y diputados integrantes, se solicitó a diversos actores involucrados y especialistas sus opiniones y propuestas al respecto, así como se encargó al equipo técnico de asesoría explorar todas las redacciones posibles. Lamentablemente no ha sido posible resolver el conflicto planteado en encontrar una redacción que permita rescatar la sustancia de la iniciativa, sin interferir en la probable violación de garantías individuales o en la comisión de expresiones ambiguas, confusas o de una temporalidad manifiesta.

Inclusive, se pretendió añadir otros elementos para darle mayor precisión a !a redacción, tales corno que la venta de las bebidas alcohólicas estuviese relacionado con las tablas de precios del consumidor o de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor referente a las prácticas comerciales permitidas; empero, expresiones de esta naturaleza no fueron finalmente incluidos en este dictamen debido a que no era congruente al espíritu mayormente manifiesto de la iniciativa ya que no propugnan por el consumo moderado del alcohol, y en cambio, fortalecen de manera inicua las facultades del comerciante de frente al consumidor porque le impide al primero ofertar bebidas alcohólicas con mayores ventajas comerciales al segundo.

Más de 15 redacciones elaboradas a partir del texto de la iniciativa de reforma que fueron presentadas para mejorar su significado y conceptualización no resolvieron dos asuntos de fondo: primero, la manera de cómo la iniciativa puede efectivamente, con claridad, con precisión, sin motivo de controversia legal o de dudas para su aplicación, ser un instrumento efectivo de combate al alcoholismo y, segundo, qué reforma podría incluirse en ese sentido que no vulnerara garantías individuales, específicamente en cuanto la libertad del individuo para decir qué bebida alcohólica toma, cuándo y dónde, con quién; pero también, que no supusiera la violación de la libertad de dedicarse a la actividad laboral que se desea, en este caso la venta de bebidas alcohólicas, en las condiciones lícitas que correspondan, que, en este caso tiene que ver con la libertad de comercio: ningún ordenamiento puede decirle a nadie la forma de vender sus productos, el monto exacto de la ganancia o los mecanismos de su comercialización, mientras sea lícito.

V. Cuando la iniciativa se involucra en el aspecto de la adulteración o falsificación de bebidas alcohólicas toca un aspecto que aunque está íntimamente vinculado al consumo del alcohol y que constituye un grave problema sanitario, fiscal y de propiedad industrial, no corresponde con claridad a su espíritu y a la redacción consecuente de la propuesta de reforma.

Aunque parte del mismo problema, dos asuntos diferentes son el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y la adulteración o falsificación del alcohol El alcoholismo recae sobretodo en el campo de la cultura, la educación; la formación cívica y la corresponsabilidad individual con el destino propio, en cambio, la adulteración o la falsificación del alcohol incide también en aspectos de evasión fiscal, de protección a la propiedad industrial, de competencia económica, de asociación delictuosa, etcétera.

De ninguna manera se pretenden desconocer o disminuir los nefastos efectos que el consumo del alcohol adulterado produce en los consumidores, pero debe tenerse conciencia clara de lo que significa cada uno de estos problemas para poder encontrar las medidas legislativas más apropiadas para enfrentarlos.

No existen elementos para suponer que la prohibición de la ``barra libre'' sea el mecanismo más adecuado para desalentar el comercio o la ingesta de alcohol adulterado, porque aunque en la modalidad de ``barra libre'' hay un mayor riesgo de ingerir alcohol adulterado o falsificado, debido a razones comerciales, la cancelación de la ``barra libre'' no suprime por este sólo hecho la comercialización o consumo de alcohol adulterado o falsificado. Y aún más, si el propósito es la cancelación de los caminos para la comercialización de este veneno, el legislativo debe sancionar su existencia desde el inicio y no solamente algún mecanismo de su venta porque dos razones sobresalientes: el alcohol adulterado o falsificado se consume a través de todas las formas comerciales; segundo, porque es imposible estar adecuando la ley con la prontitud y la certeza que es necesaria para enfrentar la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas, poniendo en entredicho su efectividad; como acontece en la realidad.

Además, la iniciativa no discrimina la venta de bebidas alcohólicas de acuerdo a si son adulteradas o falsificadas, sino a toda clase de bebidas alcohólicas y se refiere estrictamente a la prohibición de una modalidad precisa de su comercialización que es la ``barra libre''. Al respecto, hay que recordar el que el mayor consumo del alcohol adulterado no se presenta en la ``barra libre'' sino en los hogares y eventos privados, así como en todas las modalidades comerciales. Baste señalar que según la Ena 2002, el 61.8 por ciento de los mexicanos consumen alcohol en sus casas o en casas de otras personas, mientras que sólo el 25 por ciento lo hace en restaurantes, bares o antros, en los cuales no en todos se expenden bebidas bajo la forma de ``barras libres''.

W. La discusión sobre el consumo del alcohol se ha visto inmersa desde muchos puntos de vista, pero sin embargo, se coincide en la conclusión de los especialistas en que el problema de su abuso radica en los pésimos hábitos del individuo que lo ingiere, que es precisamente el ámbito donde la ley y la acción del Estado ha fallado, como acontece con otros problemas que tienen que ver con el aspecto individual, familiar y social más íntimo, tales como el tabaquismo, la drogadicción, el sedentarismo y el sobrepeso.

La Comisión de Salud manifiesta su preocupación y atención permanente en cuanto se refiere particularmente a la creación de una conciencia sobre el consumo del alcohol, porque reconoce con gravedad el problema de salud pública que constituye el alcoholismo, porque se encuentra perfectamente enterada de los costos y pérdidas que provoca la ingesta inmoderada de! alcohol, por lo que, al reiterar su compromiso ele encontrar, promover e impulsar medidas concretas que conlleven al claro propósito de que los mexicanos, en ejercicio irrestricto de sus derechos y libertades, consuman alcohol con absoluta moderación, para lo cual, ratifica su convicción de que en el tema del combate al alcoholismo, la estrategia debe centrarse en la generación y fortalecimiento de una conciencia que le permita al individuo, a base de razonamientos lógicos y sencillos, tener una voluntad responsable, un sentido común pleno y una decisión firme sobre cuándo, cuánto y cómo debe y puede consumir alcohol, para lo cual es imprescindible que la autoridad lo provea de la información suficiente y constante.

En materia de consumo de alcohol, debido a la complejidad personal y social en la que se encuentra su consumo, así como a sus implicaciones legales, resulta complejo encontrar medidas legislativas que coadyuven a generar una conciencia, una cultura y una voluntad de consumo moderado.

Los problemas ocasionados por el alcohol sobretodo tienen que ver por prácticas inadecuadas de !os individuos, alentadas por los medios de comunicación y por la ausencia de mecanismos familiares y sociales para fomentar una cultura de consumo responsable.

Los mejores instrumentos para combatir el alcoholismo siguen siendo la educación, la creación de conciencia al respecto, la información, la regulación de la publicidad y la cancelación de los mecanismos comerciales que tienen como única consigna el enriquecimiento a costa de la enfermedad y las debilidades de muchos miles de mexicanos.

La Comisión de Salud insiste en que el alcoholismo es una enfermedad provocada por la falta de información, por la falta de carácter del individuo para reconocer y enfrentar su padecimiento y por la existencia de condiciones favorables para el consumo del alcohol que el entorno social otorga. Es un asunto cultural que tiene que ver sobretodo con la voluntad del individuo de ingerir alcohol, en el que es preciso acabar con la idea prevaleciente, particularmente en los jóvenes, de que sin consumo de alcohol, no hay convivencia ni diversión.

Por eso, los legisladores tienen la obligación de dictar normas que respeten los derechos individuales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se reconoce a cada mexicano como sujetos con facultades y capacidades plenas que son concientes de su condición y responsables de sus decisiones, mediante la definición de los equilibrios entre la libertad individual, las garantías individuales y los requerimientos de la salud pública y la convivencia social armónica y consistente.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Salud de la LX Legislatura en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emiten el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 219 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó el 18 de marzo de 2004.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe , Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar , Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora , Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría por favor.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

En la sesión celebrada el 24 de octubre de 2006 fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Patricia Chozas y Chozas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen, que se realiza bajo la siguiente:

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa anteriormente mencionada desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``antecedentes'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa, así como de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``contenido'' se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio; asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de ``consideraciones'' la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha el 24 de octubre de 2006 la diputada Patricia Chozas y Chozas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de tabaco.

En la misma fecha fue turnada dicha iniciativa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su respectivo estudio y dictamen.

II. Contenido

La diputada proponente manifiesta que es necesario fortalecer las políticas públicas de prevención de consumo de tabaco, por lo que la adhesión de los marbetes a las cajetillas de cigarros constituye un instrumento adicional en este sentido para garantizar que los consumidores puedan identificar fácilmente que adquieren productos legítimos y no otros que pudieran estar adulterados, lo cual también evita problemas de contrabando, piratería y salud pública, principalmente en los menores de edad.

Asimismo, asegura que con la utilización del marbete y la prohibición de vender empaques que contengan menos de veinte cigarros, se logrará un aumento del precio de las cajetillas de cigarros, lo que provocará que su compra sea más difícil y, por tanto, su consumo.

III. Consideraciones

La obligación de adherir marbetes a las cajetillas de cigarros se estableció en reforma a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (LIEPS) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004; sin embargo, las disposiciones contenidas en la reforma no entraron en vigor, ya que a través de su artículo tercero transitorio para 2005 se estableció que dichos marbetes deberían adherirse a partir del 1 de enero de 2006. Más aún, la Regla 6.40 de la Resolución Miscelánea 2005 permitía que la obligación se cumpliera a partir del 1 de enero de 2007.

En el mismo orden de ideas, el artículo segundo transitorio de la LIEPS para 2005 dispone que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contaba con 120 días naturales --a partir del 1 de enero 2005-- para emitir las reglas en las que se establecerían las características de los marbetes; sin embargo, hechos posteriores impidieron que esto sucediera.

Con la aprobación de las posteriores reformas a la LIEPS --relacionadas con el tema-- la obligación que nos ocupa nunca nació; fue abortada desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la cual propuso la eliminación de los marbetes en las cajetilla y de cigarros, bajo la aprobación de un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2005, dando como resultado las siguientes modificaciones a la LIEPS, como parte de las reformas fiscales para 2006, relacionadas con la eliminación de los marbetes en las cajetillas de cigarros:

Artículo 3, fracción IV.

Se reforma esta fracción para definir el marbete como ``el signo distintivo de control fiscal sanitario'' que se adhiere únicamente a los envases que contengan bebidas alcohólicas con capacidad que no exceda de 5 mil mililitros y no más, y a las cajetillas de cigarros.

Artículo 19, fracción V.

Se reforman el primero y segundo párrafos y se deroga el último párrafo de esta fracción para eliminar la obligación de adherir marbetes a las cajetillas de cigarros, conservándose únicamente la de adherirlos a los envases de bebidas alcohólicas.

Artículo 19, fracción XV.

Se reforma esta fracción para eliminar la obligación --para los productores o importadores de cigarros-- de presentar la informativa trimestral relativa a los números de folio de marbetes, obtenidos, generados, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre inmediato anterior, en virtud de eliminarse la obligación de utilizar dichos marbetes.

Artículo 23-B.

Se reforma este artículo para eliminar la presunción de que fueron enajenadas y efectivamente cobradas las contraprestaciones, o importadas las cajetillas de cigarros que se encuentren fuera del almacén y que no tengan adheridos los marbetes correspondientes, en virtud de eliminarse la obligación de adherirlos.

Artículo Séptimo Transitorio 2006.

A través de esta disposición transitoria se deroga el artículo tercero transitorio del decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LIEPS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004, al eliminarse la obligación de adherir marbetes a las cajetillas de cigarros.

Los argumentos para la eliminación de los marbetes en las cajetillas de cigarros son los siguientes:

1. Los marbetes no constituyen una medida eficaz para controlar el contrabando y el producto falsificado, según la experiencia en otros países que han adoptado estas medidas.

2. Los marbetes --``signos distintivos de control fiscal y sanitario'', como los define la propia LIEPS-- sí son susceptibles de falsificación, debido a que los sistemas de fabricación del marbete están al alcance de cualquiera y no se requiere más que comprar los insumos para su elaboración, por lo que no se justifica plenamente su uso.

3. Las disposiciones vigentes de la Ley General de Salud no dejan espacio para la colocación del marbete como una medida de control sanitario, toda vez que actualmente las cajetillas de cigarrillos requieren traer impreso los datos del fabricante con su domicilio fiscal, una leyenda precautoria de salud que cubre el 50 por ciento de la cara trasera, una leyenda lateral, las medidas de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono, el contenido de unidades por empaque y la leyenda ``prohibida la venta a menores''.

4. El uso de marbetes representa para el Estado un costo bastante elevado y genera mayores trámites, ya que se tiene que llevar a cabo una licitación para la adquisición del papel seguridad, de las tintas y de los demás componentes utilizados en la fabricación del marbete, o bien, el costo por la licitación del marbete como producto terminado, aunado al costo que se genera por el control y almacenaje de inventarios, entrega y recepción de los marbetes, etcétera.

5. En el caso de cajetillas suaves o blandas, éstas llevan un sello para adherir la imagen de marca con el aluminio usado para retener frescura y existen algunas cajetillas que por su tamaño y presentación no llevan el mencionado sello, por lo que el marbete resultaría de difícil colocación con unas reglas de operación que fueran de aplicación estricta.

6. Contrario a lo que ha sucedido en otras industrias, como la de las bebidas alcohólicas, en el caso del tabaco se ha demostrado que los costos de su instrumentación resultarían más elevados que los costos fiscales que se generarían por su poca eficacia de combate al contrabando.

Por otro lado, consideramos inapropiada la reforma toda vez que la definición y uso de marbetes esta regulado por la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (LIEPS), razón por la cual no debe incluirse este tipo de regulación a la Ley General de Salud, ya que, al no ser la adecuada para tales efectos, únicamente generaría sobrerregulación, además de incertidumbre acerca de la ley aplicable. El mismo efecto se da con el hecho de que se pretenda que tanto el Servicio de Administración Tributaria como la Secretaría de Salud emitan reglas en materia de marbetes.

Asimismo, no se justifican ni motivan los plazos que se otorgan para la expedición de reglas por parte de las autoridades competentes en materia de marbetes, tampoco se da razón de la fecha en la que los empaques de cigarros deberán tener adherido el mismo. No se consideran los plazos requeridos por los productores nacionales para poder dar cumplimiento a las disposiciones propuestas, ni los necesarios por las autoridades para cumplir con sus obligaciones derivadas de la reforma propuesta.

Respecto del aumento del contenido mínimo de los empaques de cigarros de 14 cigarrillos a 20, es prudente señalar que para que la propuesta fuera viable se debería otorgar a los productores e importadores de cigarrillos un plazo prudente para dar cabal cumplimiento a la misma.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan el artículo 73, fracción XVI, y el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos emite el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Patricia Chozas y Chozas el 24 de octubre de 2006.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas , Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar , Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García , Patricia Villanueva Abraján (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido'' se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 16 de noviembre de 2006, la diputada Silvia Luna Rodríguez presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de adicciones comportamentales.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En su exposición de motivos, la diputada promovente afirma que los especialistas en ciencias de la conducta y la salud mental han empezado a reconsiderar si un grupo de entidades clínicas que fueron incluidas por primera vez en 1980 en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM) como trastornos de la personalidad, y que incluían la ludopatía, la tricotilomanía, y la onicofagia en realidad se deban ubicar en el rubro de las adicciones.

Afirma que aunque tradicionalmente el concepto de adicción había estado ligado al de alguna sustancia, se acepta cada vez más la idea de las adicciones sin sustancia, ya que está comprobado que casi cualquier conducta es susceptible de convertirse en adicción y aumenta la intensidad del debate porque, además, son cada vez son más los sujetos que requieren atención médica especializada, debido a los problemas que suscitan las dependencias.

Asimismo, señala que son tan numerosas las nuevas adiciones comportamentales, que han requerido una clasificación, que incluye conductas como las relacionadas con los instintos tales como las vinculadas con la ingesta --entre las que sobresalen la adición a la ingesta desmesurada de alimentos--, siendo la más importante la del consumo de golosinas; en segundo lugar están las adiciones al sexo --que se manifiesta por una necesidad imperiosa de tener actividad sexual con personas anónimas y se repite en forma mecánica, incluso sin ser satisfactoria--, así como la adicción a la utilización del teléfono en conversaciones de contenido erótico u obsceno y la adicción a la pornografía; en tercer lugar están las adiciones comportamentales del orden social, que incluye la adicción al trabajo, la adicción a las compras, la que Kraepelin denominó ``oniomanía'' y que se define como una compra compulsiva, irreflexiva, no planificada y repentina, así como la adicción a los videojuegos, a Internet, al futbol y al éxito.

Por estos motivos propone adicionar al Título Décimo Primero de la Ley General de Salud un Capítulo Quinto, denominado ``Programa contra las Adicciones Comportamentales''.

III. Consideraciones

El concepto de adicción siempre ha ido unido al de sustancia; sin embargo, se acepta cada vez más la idea de adicción sin sustancia (juego patológico, adicción a las compras, etcétera).

Por este motivo es necesario precisar a qué nos referimos cuando hablamos de ``adicciones comportamentales'', o adicciones sin drogas: según algunos especialistas, se puede decir que consisten en el desarrollo de un proceso adictivo sin que medie ingestión de sustancia alguna. Son adicciones comportamentales o psicológicas que se presentan asociadas a una determinada conducta (comer, jugar, sexo, comprar, Internet).

Casi cualquier conducta placentera es susceptible de convertirse en adicción, pero no se trata de satanizar algunos placeres, sino de ser cautos a la hora de realizarlas en exceso, o incluso de liberarse de algunas conductas y costumbres de las que algunas personas se esclavizan más fácilmente. De esa manera, siempre ha habido adicciones sin sustancia, pero actualmente está más en boca de los profesionales debido a que cada vez son más los sujetos que demandan atención especializada debido a los problemas que se derivan de estos abusos.

Pero, ¿cómo delimitar la línea que separa una conducta hecha por mero placer de realizarla y una conducta que se realiza por adicción? La adicción-no adicción no es una dicotomía separada en polos opuestos sino, más bien, un continuo. Digamos que una afición se convierte en adicción cuando pasa a ser dañina, persiste su uso irracional a pesar de los inconvenientes que acarrea o se sufre si no se puede tener (abstinencia), se pierde la capacidad de controlar la conducta a voluntad, se convierte en un deseo constante y en casi una obsesión y se pierde el interés por otro tipo de actividades.

Estas adicciones también se han llamado por los distintos autores ``conductas adictivas'', ``adicciones comportamentales'', ``adicciones psicológicas'', ``adicciones sin drogas'' y ``nuevas adicciones''.

Las adicciones psicológicas sin drogas no están incluidas como tales en el DSM-IV ni en la CIE-10, reconocidos catálogos de diagnostico psiquiátrico. En estas clasificaciones psicopatológicas, el término adicción se reserva para los trastornos producidos por el abuso de alcohol, cocaína, opiáceos, etcétera.

Algunas dependencias como la ludopatía (también llamada ``juego patológico'') se clasifican en el DSM-IV, en el capítulo de ``Trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados''.

Existen especialistas que piensan que estas distinciones sólo generan confusión, tanto entre los profesionales como entre el público general, por lo que es necesario realizar una reformulación de lo que se entiende por ``adicciones''. Hay quien considera que el núcleo central de una adicción no es la conducta implicada o la ingesta de una sustancia sino el tipo de relación que la persona establece con ella. Sin embargo, todavía no existe un consenso científico al respecto, y debido a lo anterior las dependencias al juego, al sexo, las compras, etcétera, no se clasifican como adicciones.

Hay quienes señalan que la dependencia, entendida como la ``necesidad subjetiva de realizar imperativamente la conducta para restaurar el equilibrio homeostático'', y la supeditación del estilo de vida al mantenimiento del hábito forman el núcleo central de la adicción.

Otros estudiosos piensan que se trata de conferir atributos psicopatológicos a conductas habituales en muchas personas o de psiquiatrizar la vida cotidiana, dotando de un estatus terapéutico a una serie de conductas que al ser relativamente nuevas son afrontadas desde visiones sumamente diversas.

En este orden de ideas, es necesario mencionar que, de aprobarse la propuesta presentada, corremos el riesgo de satanizar aficiones y pasatiempos que no constituyen ningún daño para la salud y, al contrario, fomentan un mejor desarrollo. El mejor ejemplo de esto lo constituyen los videojuegos que se citan en la iniciativa en comento. En realidad, nunca se ha diagnosticado un caso de adicción a los videojuegos. Dado que no está clasificado, es más correcto hablar de los efectos de jugar en exceso que de una enfermedad.

Los videojuegos pueden tener beneficios educativos y de entretenimiento al mismo tiempo. Desde el punto de vista del aprendizaje, se puede facilitar la entrada de los niños en el mundo de la informática a la vez que se disfruta del entretenimiento puro o del juego que tiene un fondo educativo, sin dejar de ser divertido.

Muchas teorías hablan de los efectos de los videojuegos, siendo la más razonable la teoría de la estimulación. Es evidente que los videojuegos mejoran la coordinación ocular y manual; pero no sólo eso: es necesario mencionar que jugar es algo innato en las personas, aún más en los niños; es un impulso vital, primario y necesario para el desarrollo de las personas. Los videojuegos, como las demás formas de entretenimiento, aportan una interactividad entre las personas o la persona y el sistema, produciendo una retroalimentación inmediata, que redunda en la satisfacción del jugador.

En este sentido, diversos estudios, realizados por autores como Estallo, y Lin y Lepper, han demostrado que los prejuicios e ideas que se tienen respecto a los videojuegos son negativos, ya que se les ha responsabilizado principalmente de aislar al jugador, incitar a la violencia y producir adicción.

Otros investigadores en esta temática, como Etxeberría, Maldonado y Jariego, Sánchez, Levis y Calvo, han concluido que resulta importante establecer fronteras que delimiten las bondades y perjuicios al manipular los videojuegos e incluso considerar su introducción a los recursos didácticos y pedagógicos de orden tecnológico, que pueden servir como medio educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Sabemos que cuando el niño juega, éste se desarrolla integralmente a nivel biopsicológico, físico y social. De la misma manera, basándonos en los investigadores mencionados, se ha comprobado que cuando el niño juega con videojuegos desarrolla habilidades y destrezas propias de la psicología social que inciden el proceso enseñanza-aprendizaje, de las cuales se mencionan las siguientes:

Su capacidad para emplear símbolos aumenta, ya que por medio de estos juegos puede representar diferentes fenómenos, analizar sus experiencias conscientes, planear, imaginar y actuar de manera previsora.

El jugador utiliza sus procesos de autorregulación de tal manera, que puede controlar, seleccionar y organizar las influencias externas de modo que no se limita a reaccionar ante las situaciones lúdicas que tiene durante el juego.

El sujeto interactúa con el entorno, de forma que durante el juego la persona maneja las riendas de la situación y establece los límites de su autonomía.

La motivación y estimulación visual y auditiva de los videojuegos permiten al jugador la resolución de diferentes niveles de problemas y dificultades, con lo cual se obtiene el dominio de habilidades y destrezas propias de la tecnología.

Tolo lo mencionado anteriormente son teorías y estudios muy novedosos que pueden ser corroborados o desmentidos en un futuro; sin embargo, es una realidad con la que convivimos y que no podemos eludir, prohibir ni, mucho menos, catalogar de antemano como un padecimiento digno, incluso, de tratamiento psiquiátrico.

Lo anterior sólo es en referencia a los videojuegos. En la iniciativa se menciona un gran número de acciones y conductas, que si bien algunas se encuentran catalogadas, como la como la ludopatía (también llamada ``juego patológico''), que se clasifica en el DSM-IV, en el capítulo ``Trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados'', también existen otras, como las compras, el sexo, el futbol, las conversaciones telefónicas y una gran cantidad de actividades cotidianas que podrían caer en una ``categoría psiquiátrica''.

Aunado a lo señalado anteriormente, es importante decir que de muy pocas de las conductas referidas en la exposición de motivos de la propuesta se ha comprobado constituir un daño para la salud; de hecho, probablemente la única que cumple esta característica es el síndrome de Munchaussen, y que constituye un padecimiento sumamente extraño en nuestro país, lo que nos lleva a otra reflexión respecto a la trascendencia epidemiológica del problema, el cual es prácticamente nulo en México.

A contrario sensu, las adicciones que implican un verdadero y comprobado riesgo para la salud de los mexicanos son las que se refieren al tabaquismo, alcoholismo y drogadicción, que lamentablemente van en aumento, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, y que requieren no sólo recursos financieros sino promoción y educación para su prevención. Por este motivo no creemos pertinente distraer recursos en ``padecimientos'' o problemas que no han probado ser un daño para la salud y dedicar esos esfuerzos a la educación y la promoción de la salud, incluyendo evidentemente las adicciones al alcohol, tabaco y diferentes drogas.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan el artículo 73, fracción XVI; el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud presentada por la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el 16 de noviembre de 2006.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar , Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora , Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LX Legislatura fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1º y 3º, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de ``antecedentes'' se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``contenido'' se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``consideraciones'' la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la minuta en análisis.

I. Antecedentes

Con fecha 14 de marzo del 2004, el diputado Raúl Rogelio Chavarría Salas, del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa por la que se reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud, la cual fue turnada a la Comisión de Salud de la LIX Legislatura para su estudio y dictamen.

Con fecha 30 de marzo de 2005, la Comisión de Salud de la LIX Legislatura presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen que fue aprobado.

Una vez aprobado el dictamen por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, con fecha 4 de abril del año 2006 se turnó al Senado de la República, cuya Mesa Directiva remitió la minuta de referencia a las Comisiones Unidas de Salud, y Seguridad Social, y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen.

En sesión celebrada con fecha 14 de diciembre de 2006 por la honorable Cámara de Senadores fue aprobado en votación económica el dictamen por el que se desecha la minuta en estudio.

En sesión celebrada con fecha 21 de diciembre de 2006, por la honorable Cámara de Diputados de la LX legislatura se dio cuenta del oficio con el que se remite el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud.

Con esa misma fecha la Mesa Directiva de ésta honorable Cámara de Diputados turnó la mencionada minuta a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

La minuta menciona que la sociedad mexicana se encuentra sumamente arraigada a la percepción de que el cuidado de los hijos corresponde en mayor medida a la mujer, y que el hombre es responsable del sostenimiento de la familia.

Según el propio Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, hasta el 2000, en México más de 17 y medio millones de hogares mexicanos tenían como jefe de familia una persona del sexo masculino, mientras que sólo 4 millones 527 mil hogares tenían como jefe de familia a una mujer. De lo anterior podemos inferir que la realidad de la sociedad mexicana no se aleja demasiado de la percepción tradicional de que el hombre es el proveedor, mientras que la mujer se dedica al cuidado de los hijos.

La minuta que busca modernizar el texto de la Ley General de Salud, incluyendo no simplemente la planificación familiar, sino una visión más íntegra, al referirse a la paternidad responsable, como un objetivo de la educación para la salud.

III. Consideraciones

En nuestro país ha cambiado paulatinamente la percepción de la familia; así lo demuestran las cifras que proporciona el INEGI la tasa de crecimiento de la población mexicana pasó de 2.6 en 1990 a 1.9 en el año 2000.

A pesar de que esta tendencia descendente se ha mantenido en las últimas décadas y que se debe a una diversidad de factores, la situación de considerar a la mujer como la más vinculada con la educación de los hijos, aún se mantiene en un gran porcentaje de la población.

La propuesta busca reformar el artículo 112 del citado ordenamiento, a fin de que dentro de la educación para la salud se incluya la ``paternidad responsable'', con objeto de que se reconozca a los menores sus derechos fundamentales, tales como la salud, alimentación, educación y, sobre todo, una identidad paterna y materna; al respecto, se considera que dicha reforma no es propia de la misma Ley General de Salud, ya que ante la necesidad de que exista una equidad de género respecto a la responsabilidad de los hijos, a fin de que la misma no recaiga sólo en la madre, sino también en el padre.

La colegisladora destaca que lo propuesto en la minuta en estudio ya se encuentra previsto a nivel constitucional, legal y reglamentario, haciendo mención de los siguientes ordenamientos:

En el párrafo sexto del artículo 4o. constitucional, se establece el derecho que tienen los niños y niñas a garantizarles sus derechos fundamentales, tales como la alimentación, salud, educación y un sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Asimismo el Código Civil Federal, éste establece lo siguiente:

Artículo 303. Los padres están obligados a dar alimentación a sus hijos.

Artículo 308. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria...''

Por otro lado el artículo 7, fracción X, de la Ley General de Educación establece:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a IX. ...

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios;

Aunado a lo anterior, el Reglamento de la Ley General de Población, en su artículo 24, establece lo siguiente:

Artículo 24. Los programas de población procurarán:

I. Vincular a la familia con los objetivos nacionales de desarrollo;

II. Fomentar el fortalecimiento de los lazos de solidaridad entre los integrantes de la familia;

III. Revaluar el papel de la mujer y del varón en el seno familiar;

IV. Evitar toda forma de abuso, coerción, violencia o discriminación individual o colectiva hacia las mujeres;

V. Promover la igualdad de derechos y obligaciones para mujeres y hombres en el seno de la familia y la participación de sus integrantes en un marco de relaciones de corresponsabilidad, así como establecer medidas para impulsar la igualdad social y económica entre la mujer y el varón;

VI. Fomentar la participación igualitaria de la pareja en las decisiones relativas a planificación familiar;

VII. Fomentar decisiones libres, informadas y conscientes en relación con los derechos y obligaciones que adquieren las parejas al unirse en matrimonio, el número y espaciamiento de los hijos, el cuidado y atención de los menores, ancianos y discapacitados, entre otros;

VIII. Realizar y promover acciones de educación y comunicación que generen el ejercicio de la paternidad responsable y refuercen el mejor desempeño de los padres en la formación de los hijos y en la transmisión de los valores familiares y cívicos;

IX. Diseñar campañas y llevar a cabo acciones que sensibilicen a la población acerca de la violencia contra la mujer en todas sus formas, así como en cuanto a las repercusiones que este problema social ejerce sobre el desarrollo integral de la mujer y la familia, y que contribuyan a prevenir la violencia en el seno familiar y a fortalecer, especialmente en los menores, adolescentes y jóvenes una cultura de respeto a los miembros de la familia y a la dignidad de la mujer, y

X. Poner en marcha programas de información acerca de los derechos de las víctimas de violencia familiar y de los centros de servicio para la familia en materia de atención a las mismas, así como de aquellos dirigidos a rehabilitar agresores.

Como se puede apreciar, en los ordenamientos legales y reglamentarios citados se establecen disposiciones tendentes a crear conciencia de la paternidad responsable; así como a fomentar y promover los derechos y obligaciones de los hombres y mujeres, y el papel que desempeñan ambos en el seno familiar, promoviendo acciones de educación que fomenten la paternidad responsable.

Coincidimos con la afirmación de la colegisladora en que es de suma importancia puntualizar que la figura de la paternidad no sólo va dirigida al aspecto de la salud, dado que engloba una serie de cuestiones necesarias para la formación y desarrollo de los hijos.

De lo anterior se infiere que los diputados integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura estamos de acuerdo con la percepción de la colegisladora, al considerar que lo propuesto en la minuta en comento no es de aprobarse, en virtud de que ya está debidamente regulado en ordenamientos constitucionales, legales y reglamentarios donde se prevé la figura de la ``paternidad responsable'', con la finalidad de que exista una equidad de género en los hombres y mujeres, respecto de la responsabilidad que les concierne a cada uno dentro del seno familiar.

Por lo anteriormente expuesto y para lo efectos de lo que establece el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas , Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar , Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora , Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LX Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 77 Bis-1, segundo párrafo y 77 Bis-9, segundo párrafo; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 73 de la Ley General de Salud.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido'' se exponen los motivos y el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la minuta en análisis.

I. Antecedentes

Con fecha 28 de abril de 2005, el diputado José Javier Osorio Salcido, del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, que fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Colegisladora a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

Con fecha 20 de septiembre de 2005, el diputado José Antonio Cabello Gil, del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis-1 y 77 Bis-9, en materia de atención psiquiátrica y psicológica, de la Ley General de Salud, la cual fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la colegisladora a la Comisiones de Salud para su estudio y dictamen.

Una vez aprobado el dictamen por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, con fecha 26 de abril de 2006, se turnó al Senado de la República, cuya Mesa Directiva remitió la minuta de referencia a las Comisiones Unidas de Salud, y de Seguridad Social y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen.

En sesión celebrada con fecha 14 de diciembre de 2006 por la Cámara de Senadores fue aprobado en votación económica el dictamen por el que se desecha la minuta referida.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados de la LX Legislatura con fecha 21 de diciembre de 2006 se dio cuenta del oficio con el que se remite el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 77 Bis-1, segundo párrafo, y 77 Bis-9, segundo párrafo; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 73 de la Ley General de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con esa fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada minuta a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

La minuta en comento tiene por objeto incluir la prestación de los servicios de psicología y psiquiatría en el marco de la prestación de los servicios de salud que se brindan a las familias de escasos recursos a través del Seguro Popular.

Comentan que es necesario desarrollar un trabajo de prevención, estimular los recursos autóctonos y reconstruir redes sociales, enfatizando los esfuerzos en eliminar o reducir los condicionantes y elementos que son factores de estrés. Asimismo, señalan que su preocupación fundamental es porque el incremento en disfunciones psicológicas y enfermedades psiquiátricas en nuestro país se ve reflejado en los recursos económicos de una quinta parte de la población mexicana que padece alguno de estos trastornos mentales.

III. Consideraciones

La minuta en comento tiene por objeto incorporar el tratamiento de trastornos mentales al Sistema de Protección Social en Salud, para incluir la prestación de servicios de psicología y psiquiatría en los centros de atención médica de los sectores público y privado.

Consideramos que las enfermedades mentales afectan el proceso mental del individuo, disminuyendo en gran medida su desarrollo social y productivo dentro de la comunidad, ya que estas enfermedades mentales son discapacitantes y perduran muchos años, y se convierten en gran carga emocional y socioeconómica para por familiares que se ocupan del paciente.

La psiquiatría es la ``rama de la medicina que se encarga del estudio, prevención, tratamiento u rehabilitación de los trastornos psíquicos'', entendiendo como tales tanto las enfermedades propiamente psiquiatritas como otras patologías psíquicas, entre las que se incluyen los trastornos de la personalidad.

La psicología es la ``ciencia que estudia los fenómenos de la conducta humana y los procesos mentales que con ella se relacionan''; también trata de aplicar los principios psicológicos al estudio y a la resolución de los problemas y las alteraciones psicológicas del ser humano.

Ambas ramas del conocimiento científico mencionadas se convierten en una herramienta indispensable para la solución o tratamiento de las enfermedades mentales y los trastornos de conducta, y dan a la medicina un carácter integral.

La minuta propone reformar los artículos 77 Bis 1 y 77 Bis 9 de la Ley General, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 1. La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad sin desembolso al momento de la utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría, geriatría, psicología y psiquiatría, en el segundo nivel de atención.

Artículo 77 Bis 9. La Secretaría de Salud, los estados y el Distrito Federal promoverán las acciones necesarias para que las unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que se incorporen al Sistema de Protección Social en Salud provean como mínimo los servicios de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría, geriatría, psicología y psiquiatría, de acuerdo con el nivel de atención que acreditan previamente su calidad.

Coincidimos con la colegisladora en su apreciación de que si bien los artículos que se pretenden reformar son preceptos jurídicos que forman parte de la Ley General de Salud, como todas las disposiciones sustantivas, éstas requieren instrumentación de éstas. Por principio de cuentas, cabe precisar que el propio artículo 77 Bis 1 señala que las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y los alcances de cada intervención que se provea en los términos del propio Título Tercero Bis.

Por otro lado, el artículo 8 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud establece que la comisión fijará la secuencia y los alcances de cada intervención comprendida en los servicios esenciales que se provean en el sistema, de manera prioritaria y progresiva para satisfacer de manera integral las necesidades de salud de las familias beneficiadas.

A mayor abundamiento, el artículo 9 de este reglamento establece que para determinar los servicios esenciales del sistema, la comisión seleccionará las intervenciones respectivas, por tipio de establecimiento para la atención médica, de manera que progresivamente se incrementen.

Al efecto, dicho reglamento establece que para cumplir lo dispuesto en el artículo 77 Bis 1, la secuencia y los alcances de cada intervención deberán establecerse con base en los siguientes criterios:

Incluir las acciones de prevención y promoción de la salud durante la línea de vida, así como las correspondientes a diagnóstico, tratamiento y rehabilitación vinculadas con las necesidades de salud, derivadas del perfil epidemiológico del país;

I. Considerar la sustentabilidad del sistema;

II. Tomar en cuenta las necesidades de salud recurrente solicitadas en los servicios de salud disponibles;

III. Prever la secuencia y nivel de atención médica de los servicios, según la capacidad resolutiva de las instalaciones médicas y las necesidades de atención individuales;

IV. Establecer las intervenciones cubiertas, a manera de catálogo;

V. Contemplar los medicamentos asociados a los tratamientos;

VI. Tomar como principio fundamentales la equidad y la justicia distributiva; y

VII. Promover un trato digno y respetuoso.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud tiene como funciones la incorporación gradual y jerarquizada de los servicios de salud y de las intervenciones clínicas, así como por su secuencia y alcance con el fin de lograr la cobertura universal de los servicios en el periodo previsto en la ley.

La propia Comisión Nacional de Protección Social en Salud desde agosto de 2005 ha trabajado y vigilado un módulo en el estado de Hidalgo para la atención en la salud mental, como un intento de incorporar algunos servicios en el primer y segundo niveles de atención de acuerdo con la infraestructura de cada estado y considera que en el Catálogo 2007 ya se podrán incluir algunos servicios de salud mental al Sistema de Protección Social en Salud.

Por estas razones coincidimos con la colegisladora en su conclusión de que no existe la necesidad de modificar la Ley General de Salud, toda vez que la legislación del Sistema de Protección Social en Salud permite realizar modificaciones y ajustes al Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), el cual establece progresivamente los servicios, cubiertos por el sistema, a través de lo que determina la autoridad en la materia, que en este caso es la citada comisión nacional y que, como ya manifestamos, tiene contemplado cubrir atención de la salud mental, haciéndose innecesaria la reforma planteada.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud ponemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 77 Bis-1, segundo párrafo, y 77 Bis-9, segundo párrafo; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 73 de la Ley General de Salud.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas , Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora , Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García , Patricia Villanueva Abraján .»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados fue turnada para su estudio y posterior dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 144 de la Ley General de Salud, para ampliar la obligatoriedad de la vacunación contra la hepatitis tipo B.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido'' se exponen los motivos y el alcance de la minuta en estudio.

III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar el documento en análisis.

I. Antecedentes

En sesión ordinaria celebrada el 6 de abril de 2006 en la honorable Cámara de Diputados, la diputada Juana Cusi Solana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 144 de la Ley General de Salud, para ampliar la obligatoriedad de la vacunación contra la hepatitis tipo B, la cual fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen.

Una vez aprobado el dictamen por el Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, con fecha 26 de abril de 2006 se turnó al Senado de la República, cuya Mesa Directiva remitió la minuta de referencia a las Comisiones Unidas de Salud, y Seguridad Social y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

En sesión celebrada el 14 diciembre de 2006 en la honorable Cámara de Senadores fue aprobado, en votación económica, el dictamen por el que se desecha la minuta en estudio.

En sesión celebrada el 21 de diciembre de 2006 en la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura se dio cuenta del oficio con que se remitió el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 144 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada minuta a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen.

Por eso, llegado el momento, la Comisión de Salud de la LX Legislatura emite el presente dictamen, bajo el siguiente contenido y posteriores consideraciones.

II. Contenido de la minuta

En las consideraciones de la minuta, las comisiones unidas de la colegisladora estiman innecesarias las modificaciones propuestas en la iniciativa, debido a que el artículo 144 de la Ley General de Salud establece claramente que las vacunaciones contra la tosferina, difteria, tétanos, tuberculosis, poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

Asimismo, la colegisladora considera que establecer como obligatorio para las instituciones públicas y las privadas la verificación de la vacunación contra la hepatitis tipo B u otras, tal y como se propone en la iniciativa, genera confusión, ya que parecería que con ello se establecen cargas adicionales a los particulares, como es el hecho de proveer dichas vacunas y verificar su aplicación. En el mismo sentido, destaca la colegisladora que el documento oficial que sirve para verificar la vacunación es la Cartilla Nacional de Vacunación.

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora considera que, dada la carencia de cifras oficiales respecto a casos de hepatitis tipo B, durante el proceso legislativo que ha seguido la iniciativa no ha sido posible proporcionar elementos que den paso certero a confirmar que la hepatitis tipo B merece atención especial por parte del legislador, ya que al no contar con datos duros e información estadística oficial y categórica se impide dimensionar y definir adecuadamente la problemática generada por dicho padecimiento.

A pesar de que la hepatitis B es la infección hepática más común del mundo, a nivel internacional y en nuestro país no existen reportes estadísticos oficiales que permitan inferir contundentemente el número de casos reales, por lo que sólo se han logrado hacer estimaciones, grosso modo, respecto al número de afectados, así como en cuanto a los costos sociales y económicos derivados.

Recientemente, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Hospital General de México han declarado que en nuestro país no existe un estudio epidemiológico que informe sobre la prevalencia real de esta enfermedad. De hecho, los casos conocidos de hepatitis tipo B han sido detectados en los bancos de sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, y donde vemos que durante el periodo 1995-2002 acudieron 511 mil 753 donadores de sangre, de los que 0.13 por ciento resultó positivo al virus de la hepatitis tipo B.

Esos investigadores han señalado que la gravedad de la hepatitis tipo B radica en que la mayoría de los portadores del virus lo desconoce.

En el mismo sentido, cabe decir que en octubre de 2005 especialistas mexicanos de distintas instituciones de salud, públicas y privadas, constituyeron la instancia denominada ``Red Multidisciplinaria contra la Hepatitis B'', la cual además de realizar acciones de divulgación sobre esta enfermedad, trabaja especialmente en la creación de herramientas que permita tener un registro estadístico confiable, a fin de conocer certeramente el porcentaje de la población mexicana que padece hepatitis tipo B, pues afirman estos especialistas que en la actualidad no existen cifras que denoten el impacto real de este padecimiento en la población de nuestro país.

Esta dictaminadora considera, igual que la colegisladora, loable la idea de la iniciativa respecto a destacar la importancia de la prevención y combate de enfermedades como la hepatitis tipo B y otras. Por tanto, como Comisión dictaminadora constamos nuestro apoyo y reconocimiento a tal preocupación; sin embargo, cabe subrayar que consideramos necesario y urgente, antes de una reforma de la ley, contar con información estadística en la materia que sirva de base a la toma de decisiones racionales y factibles, lo cual seguramente obligaría no sólo a hacer modificaciones a la ley sino, también, a diseñar e instrumentar diversas acciones públicas.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud pone a consideración de la asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas , Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora , Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En virtud de que no se ha reservado ningún orador, se considera suficientemente discutido.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y V del artículo 17 y la fracción VI del artículo 262; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 217 de la Ley General de Salud.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1º y 3º, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de ``antecedentes'' se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``contenido'' se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``consideraciones'' la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la minuta en análisis.

I. Antecedentes

Con fecha 29 de junio del 2005, los diputados Ernesto Alarcón Trujillo y Vázquez García Quintín, del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una iniciativa por el que se reforman las fracciones I y V del artículo 17; la fracción VI del artículo 262; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 217 de la Ley General de Salud, la cual fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

Una vez aprobado el dictamen por el Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, con fecha 21 de febrero del año 2005, se turnó al Senado de la República, cuya Mesa Directiva remitió la minuta de referencia a las Comisiones Unidas de Salud, de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen.

En sesión celebrada con fecha 14 de diciembre de 2006 por la honorable Cámara de Senadores fue aprobado en votación económica el dictamen por el que se desecha la minuta en estudio.

En sesión celebrada con fecha 21 de diciembre de 2006, por la honorable Cámara de Diputados de la LX legislatura se dio cuenta del oficio con el que se remite el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y V del artículo 17 y la fracción VI del artículo 262; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 217 de la Ley General de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con esa misma fecha la Mesa Directiva de ésta honorable Cámara de Diputados turnó la mencionada minuta a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

La minuta hace referencia a que el alcohol etílico es un líquido transparente, incoloro y muy fluido, inflamable, de olor característico y agradable, de sabor ardiente, miscible en agua (mezcla azeotrópica) y disolventes orgánicos, obtenidos por fermentación de diversas carbohidratos. Se define sin desnaturalizar cuando no cuenta con ninguna otra sustancia que no sea alcohol etílico.

El alcohol etílico o etanol al ser desnaturalizado no pierde sus propiedades como antiséptico y germicida.

El agrado alcohólico del alcohol desnaturalizado está entre 68.5 por ciento y 71.5 por ciento y es el que se emplea mayormente como antiséptico.

Las reacciones adversas del alcohol se ocasionan cuando se ingiere. Puede causar problemas en cantidades elevadas y de forma habitual.

Cabe mencionar que el alcohol etílico sin desnaturalizar y desnaturalizado no puede comercializarse como bebida alcohólica, de acuerdo con la normatividad aplicable y normas oficiales mexicanas correspondientes.

Por estos motivos se han tomado medidas para su control, y se pretende regular en la Ley General de Salud, y por ello se especifica que para el caso de productos que, además de ser insumos para la salud, constituyan insumos para otros servicios o procesos industriales, como el alcohol etílico sin desnaturalizar y desnaturalizado; las facultades del Consejo de Salubridad General en cuanto a dichos productos se constriñen a las áreas en que los mismos sean destinados al servicio de la salud.

Asimismo, se pretende que el alcohol etílico sin desnaturalizar y desnaturalizado no se considere como una bebida alcohólica, sino como un insumo para la salud.

III. Consideraciones

Para el análisis de esta minuta se considera necesario entrar a fondo en los antecedentes y proceso de ésta, por ello se especifica lo siguiente:

1. Con fecha 6 de julio del año 2004, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen las medidas de protección, en materia de salud humana, para prevenir el alcoholismo y evitar la ingesta de alcohol etílico. Dicho acuerdo tiene como finalidad regular la comercialización del alcohol etílico, estableciendo que éste no podrá ser vendido al público en general en caso de no ser desnaturalizado, debiendo únicamente comercializarse para su uso en procesos industriales; lo anterior, a efecto de evitar el uso indebido del mismo, toda vez que --sin serlo-- venía siendo utilizado para la ingesta como un sustitutivo accesible de las bebidas alcohólicas, acarreando grandes riesgos para la salud de la población.

2. Con fecha 23 de junio del 2005 se presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 17, fracciones I y V, 217 y 262 de la Ley General de Salud, con la finalidad de reglamentar las facultades constitucionales del Consejo de Salubridad General, a efecto de establecer un plazo para que este último someta a revisión del honorable Congreso de la Unión las medidas que emita.

La mencionada iniciativa establece diversos argumentos en su exposición de motivos con el ánimo de demostrar que el Consejo de Salubridad General se excedió en sus funciones al emitir el acuerdo, estableciendo que el mismo fue formalmente mal emitido, y que su contenido se basa en una confusión respecto de la naturaleza de las bebidas alcohólicas y del alcohol etílico desnaturalizado y sin desnaturalizar, haciendo hincapié que la emisión del multicitado acuerdo implicaba una merma en el comercio artesanal, entendiendo en consecuencia que se trataba de una limitante injustificada a la garantía de comercio establecida en el artículo 5o. de nuestra Constitución Política.

3. Con fecha 16 de febrero del 2006, en sesión del Pleno de la Cámara de Diputados fue votado el proyecto de dictamen que, en su momento, elaboró la Comisión de Salud de la LIX Legislatura, presentando prácticamente sin modificación alguna el texto original de la iniciativa ya mencionada, habiéndose votado a favor por la mayoría de ese órgano legislativo y remitiéndose la minuta elaborada a la Cámara de Senadores, la cual el día 21 de febrero del 2006 fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud, de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos.

Coincidimos con la Colegisladora cuando afirma que la minuta con proyecto de decreto que se analiza no se encuentra lo suficientemente fundada, ya que menciona que existe una confusión del Consejo de Salubridad General, en el sentido de equiparar al alcohol etílico desnaturalizado y sin desnaturalizar con las bebidas alcohólicas, siendo que es precisamente la diferencia entre éstas la que impulsó a este órgano a emitir el acuerdo multicitado, en el cual se establecen las medidas de protección, en materia de salud humana, para prevenir el alcoholismo y evitar la ingesta de alcohol etílico.

Lo que permite buscar que no sea ingerido por las personas por su fácil acceso es el hecho de que el alcohol de 96º sin desnaturalizar no sea una bebida alcohólica.

Sabemos que el problema no radica en los conceptos, sino que la ingesta del alcohol etílico sin desnaturalizar constituye una situación real, que ha contribuido a agravar el problema del alcoholismo, lo que se ha transformado en un real problema de salud pública.

Se considera importante puntualizar que lo que se pretende permanentemente es que el alcohol sea desnaturalizado y su grado reducido a 70º, lo que da lugar a que se deba adicionar con un producto químico, no tóxico, que se agrega al alcohol etílico o etanol para darle un sabor desagradable, sin alterar sus propiedades germicidas o antisépticas.

El acuerdo en comento, como ya se mencionó, establece una prohibición para la venta, distribución, comercialización, suministro o expendio al público en general de cualquier presentación de alcohol etílico de 96º sin desnaturalizar, en diferentes giros comerciales, sin que lo anterior implique su prohibición para uso industrial.

Consideramos correcta la apreciación de la colegisladora respecto a la facultad del Congreso de la Unión para revisar los acuerdos generales que emite el Consejo de Salubridad General, ya que la base cuarta de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:

``Las medidas que el Consejo (de Salubridad General) haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan''.

Por esta razón, es menester definir cuál es la naturaleza y alcance de las facultades del Congreso de la Unión, para lo que resulta importante tomar en cuenta que la disposición referida establece que serán respecto de las medidas que el consejo haya puesto en vigor, por ello no es factible imponer un tiempo exacto o determinación al propio consejo.

Creemos prudente la interpretación de la Colegisladora respecto a que las facultades del Congreso dan inicio una vez que las medidas han entrado en vigor, significa que la facultad del Consejo de Salubridad General no depende en manera alguna de la aprobación previa de ninguna instancia legislativa; sin embargo se hace de carácter únicamente de informativa, cuya función es dar a conocer al Congreso de la Unión los problemas que enfrentan la población y el Estado en la materia, convirtiendo tal información en una herramienta que permita al Congreso elevar a rango de ley las medidas tomadas por el propio Consejo de Salubridad.

De lo anterior se infiere que los diputados integrantes de la Comisión de Salud de esta LX Legislatura estamos de acuerdo con la colegisladora al considerar inviable la reforma propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura ponemos a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y V del artículo 17 y la fracción VI del artículo 262; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 217 de la Ley General de Salud.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz , Olga Patricia Chozas y Chozas , Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea

A la Comisión de Salud de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 184 Bis de la Ley General de Salud.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1o. y 3o., 43, 44 y 45 así como demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de Antecedentes se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a Contenido se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de Consideraciones la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la minuta en análisis.

I. Antecedentes

Con fecha 18 de mayo de 2005, el diputado Jesús Martínez Álvarez, del Partido de Convergencia, presentó una iniciativa por la que se reforma el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud, la cual fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la colegisladora, a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

Una vez aprobado el dictamen por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, con fecha 26 de abril del año 2006, se turno al Senado de la República, cuya Mesa Directiva remitió la minuta de referencia a las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen.

En sesión celebrada con fecha 14 de diciembre de 2006, por la H. Cámara de Senadores, fue aprobado en votación económica, el dictamen por el que se descha la minuta en estudio.

En sesión celebrada con fecha 21 de diciembre de 2006, por la honorable Cámara de Diputados de la LX legislatura, se dio cuenta del oficio con el que se remite el expediente de la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 184 bis de la Ley General de Salud, de conformidad con lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con la misma fecha la Mesa Directiva turnó la minuta a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

II. Contenido

La minuta en análisis, objeto del presente dictamen, se realiza para que integrantes de los tres Poderes de la Unión puedan asistir a las reuniones del Consejo Nacional contra las Adicciones, Conadic, invitados por el secretario de Salud según sea el caso.

Asimismo especifica en la exposición de motivos que este asunto debe ser tratado de manera incluyente y deben tenerse en cuenta las posturas de los tres Poderes de la Unión ya que es de mucha importancia las adicciones, la corrupción, el narcotráfico entre otros problemas que atañen a México.

Menciona que se deben elaborar programas a través del Conadic los cuales pueden y deben ser enriquecidos por los poderes Legislativo y Judicial.

Por otro lado, comenta que el Poder Legislativo se encarga de aprobar las leyes por tanto cuenta con estructura de estudio de las comisiones respectivas para temas trascendentales. Del mismo modo el Poder Judicial tiene la resolución de controversias a cargo de los entes públicos y privados, así como de la ciudadanía, y el tema de adicciones se lleva a veces a los tribunales, a través de los procesos penales primordiales.

III. Consideraciones

La salud pública es factor primordial para el desarrollo del país, una garantía consagrada en el artículo cuarto de la Constitución Política, es función del Estado salvaguardar el derecho a la protección de la salud. Por ello existen órganos encargados de salvaguardar la salud de todo ciudadano, uno de ellos es el Consejo Nacional contra las Adicciones, Conadic, importante órgano colegiado que toma decisiones trascendentales, siendo éste el eje rector en la materia en todo el país; el cual tiene por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por el alcoholismo, tabaquismo y fármaco dependencia, así como proponer y evaluar los programas relativos a esas materias.

Sabemos que la misión del Conadic es promover y proteger la salud de los mexicanos, mediante la definición y conducción de la política nacional en materia de investigación, prevención, tratamiento, formación y desarrollo de recursos humanos para el control de las adicciones con el propósito de mejorar la calidad de vida individual, familiar y social.

El artículo 184 Bis de la Ley General de Salud señala que el consejo estará integrado por el secretario de Salud, así como los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud.

La Constitución Política es la norma suprema dentro de nuestro ordenamiento jurídico y regula las funciones y los órganos fundamentales del Estado. En este concepto encuadra la Constitución que actualmente rige. Sabemos que la Constitución tiene supremacía, consiguientemente, al trastocar el concepto de supremacía constitucional nos encontraríamos con un problema jurídico en el cual imperaría la misma.

Por lo ya mencionado y aludiendo al espíritu del principio de la división de poderes, plasma el artículo 49 que el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, es por ello que no se estima conveniente que el secretario pueda o no invitar a los integrantes de los poderes restantes.

Coincidimos con la visión de la colegisladora en cuanto a que el artículo que se pretende reformar, involucra el Poder Ejecutivo al mencionar los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal así como organizaciones sociales y privadas, sin embargo existe una separación muy contundente y especifica en el propio artículo que hace mención solo a los que tengan atribuciones relacionadas con el objeto del consejo, que como ya lo vimos es netamente en el sector salud, consideramos que no se podría englobar a que sean invitados a las sesiones integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, ya que el espíritu de la norma actual lo deja a consideración del secretario de Salud al mencionar que éste podrá invitar a las sesiones únicamente a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas solo cuando lo estime conveniente y se puntualiza que los podría invitar ``según sea el caso'', se puntualiza que aún así la reforma es inconsistente ya que es muy general e innecesaria, porque se le confiere una facultad discrecional al titular de la Secretaria, es decir que únicamente el decide y sólo lo podrá hacer hacia este ramo, ya que parte de la función del Conadic es realizar convenios y promover mecanismos de coordinación entre las autoridades de la federación y de las entidades federativas.

Es por ello que sí se afectarían esferas de competencia, por otro lado se transgrede el principio de la división de poderes y asimismo el propio espíritu del artículo que únicamente se refiere al sector salud, mas no en general como lo pretende realizar esta reforma.

Por estas razones creemos procedente desechar la minuta en estudio, al considerar ciertos factores de la posible invasión de competencias en el caso de que el secretario de Salud invite a los integrantes de dichos poderes, asimismo, es innecesaria ya que se ponga o no la frase que podrá invitar ``según sea el caso'', sigue siendo facultad discrecional del propio secretario.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura, ponemos a consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 184 Bis de la Ley General de Salud.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas , Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobados, los puntos de acuerdo; archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política respecto a la agenda política relativa a la visita... Sí, diputado. El diputado Ramírez Barba, si le dan sonido.

El diputado Ector Jaime Ramírez Barba(desde la curul): Gracias. Para comentarle que son dictámenes, no puntos de acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Son puntos de acuerdo que se dictaminaron en las comisiones, diputado; gracias.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, con respecto al tema de la visita a México del Presidente de los Estados Unidos de América. Se pide al secretario dar lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.- Presente.

Con fundamento en el artículo Quinto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación, los suscritos coordinadores de los Grupos Parlamentarios, nos permitimos solicitarle sea incluido en el orden del día de la sesión de hoy, al término del apartado de dictámenes a discusión, el siguiente asunto:

Agenda política relativa a la visita a México del Presidente de los Estados Unidos de América.

El asunto en comento se abordará en una sola ronda, con intervención de hasta por cinco minutos de un diputado por Grupo Parlamentario en orden creciente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora de Grupo Parlamentario de Alternativa.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputados y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Aprobado.

VISITA A MEXICO DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se dará participación a los siguientes diputados. Tiene el uso de la palabra la diputada Aída Marina Arvizu Rivas , del grupo parlamentario de Alternativa, hasta por cinco minutos.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas:Con su permiso, señora Presidenta. A propósito de la visita del presidente Bush, quisiera hacer un rápido recuento de cuál ha sido nuestra relación como país en su mandato.

Según consigna el historiador norteamericano John F. Dulles, en alguna ocasión el Presidente Álvaro Obregón instruyó al embajador mexicano en Washington y le dijo: El mejor instrumento con que cuentan los países débiles es su dignidad; defienda la nuestra, señor embajador.

Con motivo de la actual visita del presidente de Estados Unidos, esas palabras son más que significativas; son obligadas.

El presidente norteamericano llega a nuestro país sin ideas claras; llega prácticamente sin agenda y en una posición de debilidad como nunca antes, luego de su derrota electoral, al final de su mandato.

Bueno, está tan de salida, que en lugar de haberlo recibido el Presidente Felipe Calderón debió de haberlo recibido el ex presidente Vicente Fox para que entre jubilados pudiesen conversar.

Esto lo incapacita para llevar a cabo compromisos bilaterales con nuestro país. Ante la enormidad de los problemas que se presentan en la relación México-Estados Unidos, su visita más parece responder a una intentona desesperada de recuperar en el poco tiempo que le queda, la hegemonía hemisférica, violenta y devastadora que ha sido debilitada por fortuna, por su propia actuación.

A ello hay que agregar, de suyo, que el presidente norteamericano trae consigo una enorme estela de agravios y descrédito internacionales. En términos reales, es este presidente responsable de buena parte de los conflictos que hay hoy en el mundo, sea por omisión o bien por una clara política intervencionista y bélica.

Este presidente --no se nos debe de olvidar-- fue el que intentó forzar a nuestro país para que votara a favor de la guerra contra Irak, en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, conflicto del cual hoy sus propios aliados se han ido deslindando.

De igual forma, ha ignorado de manera descarada acuerdos y tratados internacionales como el Protocolo de Kyoto, siendo su país uno de los principales responsables del calentamiento global que afecta a toda la humanidad.

Y para efecto de nuestra relación bilateral, la situación no es en absoluto mejor. La construcción de un muro para impedir la migración de mexicanos, dándose el permiso para violar derechos humanos bajo el pretexto de proteger a su país del terrorismo; es decir, con licencia para matar, es el último de los agravios, no sólo para nuestro país sino para la memoria histórica del mundo en general.

Si no fuera por la enorme distancia ideológica que nos separa, casi podríamos parafrasear a Ronald Reagan en los 80 cuando dijo: ``Señor Gorbachov, derribe ese muro''.

El señor Bush es el principal opositor de una globalización con rostro humano; es el mejor representante del patriarcado violento y devastador, promotor de guerras; y sin agenda para esta visita sólo nos restaría preguntarle: ¿a qué viene a nuestro país?

Y a la ciudadanía mexicana habría que decirle que tenemos que esperarnos a que haya un nuevo gobierno en Estados Unidos para ver si ahora sí los responsables de conducir este país tenemos la capacidad de establecer una relación de pares con nuestros vecinos del norte. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Aída Marina Arvizu Rivas . Tiene el uso de la palabra la diputada Irma Piñeyro Arias , del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

No encontrándose la diputada, vamos a darle la palabra al diputado Rodolfo Solís Parga , del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Rodolfo Solís Parga:Con el permiso de la Presidencia. Honorable soberanía: George Bush llega a México en esta gira por algunos países de América Latina, en un contexto de aproximadamente 400 millones de personas en el subcontinente de América Latina en la pobreza, de los cuales cuando menos 100 millones de personas se encuentran sumidos en pobreza extrema con ingresos de un dólar o menos diario para su subsistencia.

Llega en un nuevo escenario político y en una recomposición del mosaico político en América Latina, donde la izquierda ha venido avanzando. Venezuela, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Brasil, Chile mismo, Uruguay, Bolivia y por supuesto la heroica República de Cuba. Un escenario en donde haya avances importantes no solamente triunfos sino también avances significativos de las fuerzas progresistas liberales y de izquierda, como en el caso de Perú, en El Salvador, en Colombia y en México.

George Bush llega tarde y sin propuestas, y lo único que viene a decirnos es que quiere extender el patio trasero de Estados Unidos hasta la Patagonia. Trae como instrumento el ALCA y como reclamo el suministro de energéticos a su nación. Llega con más de 600 mil muertos civiles en Irak a cuestas y sobre su espalda, y llega con un creciente repudio en su país a su política guerrerista.

Por otra parte, tenemos iniciativas importantes que están promoviendo una integración real en la región, en América Latina, como son el Mercosur y el ALCA, que se han ido constituyendo en acuerdos que van más allá de los tratados comerciales para efectos de la cooperación, desarrollo científico, tecnológico, económico entre los países y que están generando un nuevo bloque de naciones.

Aquí tenemos tareas nacionales, temas nacionales, agenda pendiente. El tratado trilateral de libre comercio con América del Norte que ha significado como si hubiera pasado una guerra sobre el país y que ha devastado la economía nacional, el tema de la migración y el muro de la ignominia.

Y tenemos que hacer un balance de estas relaciones con Estados Unidos y sus efectos perniciosos, negativos, destructores en México y el papel del gobierno y de las administraciones que han jugado mexicanos en la instrumentación de la política neoliberal que promueve la metrópoli.

Hoy tenemos que reivindicar los principios de la doctrina Estrada, el respeto al derecho de libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención en asuntos de otros Estados, la solución pacífica de los conflictos, entre otros.

Esto, frente a la política de terrorismo de Estado que implanta George W. Bush y la cúpula industrial y militar de Estados Unidos y la sistemática violación de los derechos humanos que se realizan, no solamente en contra de nuestros compatriotas, sino además, en contra de quienes están detenidos en cárceles clandestinas --pediría unos segundos para terminar-- como en el caso de Guantánamo y todo y las anuencias de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.

Hoy tenemos que establecer claro: se exige al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos expresar y representar los intereses del pueblo de México, de manera patriótica y asumir la defensa de la nación mexicana frente al imperio.

``Bush, cenas y te vas.'' Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Rodolfo Solís Parga . Tiene el uso de la palabra la diputada Irma Piñeyro Arias , del grupo parlamentario Nueva Alianza.

La diputada Irma Piñeyro Arias : Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputada.

La diputada Irma Piñeyro Arias:Compañeras y compañeros diputados, hoy nuevamente llegamos a un encuentro bilateral, de acuerdos bilaterales, entenderíamos; necesitaríamos y confiamos que pudiéramos buscar realmente lo que miles, millones de mexicanos y centroamericanos, latinoamericanos todos, en Estados Unidos están buscando: el pleno respeto a sus derechos humanos.

Qué bueno que venga el presidente Bush; qué malo que llegue tan tarde para México, para los acuerdos que necesitamos. ¿Quién nos va a responder por los cientos de miles de hombres y mujeres que han sido agredidos en lo más sensible de su dignidad humana? ¿Quién nos va a responder por nuestros muertos? ¿Quién nos va a responder por el muro que se levanta para frenar a millones de hombres y mujeres que van a este país, a Estados Unidos, a incorporar con su trabajo y su conocimiento, el desarrollo y la competitividad de un país que ha logrado a base de esos esfuerzos y de este trabajo cotidiano de hombres y mujeres honestos, estar en posibilidades de competencia, estar en posibilidades de una baja inflación y crecimiento?

¿Quién nos va a responder a las mujeres, a los hombres que se quedan en las comunidades en espera de sus hijos, de sus hermanos, de sus esposos? Queremos, sí, reuniones bilaterales con compromisos compartidos, con responsabilidades compartidas.

Es urgente que replanteemos en las mesas de negociación al más alto nivel, el que la migración es un asunto de Estado para los mexicanos que necesitamos creer que las autoridades, el Presidente de la República, el secretario de Gobernación, la secretaria de Relaciones Exteriores están ocupados en posibilitar una política migratoria integral, de visión compartida, con los acuerdos multinacionales necesarios, con los acuerdos binacionales, también, fundamentales.

Que llevemos nosotros en la práctica, y en el ejercicio político de nuestra política migratoria, el respeto pleno de los derechos humanos de hombres y mujeres que transitan por nuestro país, también en esta necesidad de ir a la frontera norte y llegar a Estados Unidos.

Seamos muy responsables para recuperar en la memoria y en el compromiso público de gobierno lo que tenemos que hacer en el sur de México, en esta frontera tan lastimada, tan agredida por acciones de grupos diversos y de organizaciones criminales que buscan un ya basta para atender a estos hombres y mujeres en la defensa de sus derechos elementales: los derechos humanos y laborales.

¿Quién va a responder también y cómo vamos a llevar a la mesa, cómo vamos a plantear respeto a la dignidad humana, a los derechos laborales de nuestros trabajadores si nosotros hacemos deportaciones masivas? ¿Dónde se quedó el espíritu de refugio? ¿Dónde está esa política migratoria que nos hizo hacer notar en el contexto nacional e internacional como país de defensa de los derechos humanos elementales?

¿Dónde quedó esta historia de migración de México, que nos ubica en una situación donde las aristas del problema se multiplican? Porque no nada más es cómo contener, no nada más es cómo seleccionamos. México tiene en esta gran frontera con Estados Unidos y nuestra frontera sur un tránsito cotidiano. Tenemos también un flujo migratorio muy alto y muy importante, tenemos también esta vinculación histórica de defensa, refugio político. Son temas que nos obligan a la reflexión.

Qué bueno por las visitas, qué bueno por las cortesías; qué triste por los millones de mexicanos migrantes que esperan respuesta de un gobierno que queremos, de una nueva alianza que actúe en consecuencia. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Irma Piñeyro Arias . Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Compañeras y compañeros, ante este Pleno semivacío, permítanme manifestarles que la visita del Presidente estadounidense, George Bush, deja a nuestro país consternado y al estado de derecho seriamente vulnerado.

La logística desplegada con una cuasi militarización de la ciudad de Mérida y el vacío de contenido de la visita demandan hoy una expresión firme al señalarse las violaciones a nuestras leyes.

¿Cómo explica el Ejecutivo a esta soberanía la movilización de fuerzas combinadas de tres mil agentes del servicio secreto norteamericano, del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Judicial, perdón, de la Policía Federal Preventiva y del Ejército mexicano? Y si ello fuera poco, que se hubiera desarmado a la policía local.

¿Qué, acaso cuando el titular del Poder Ejecutivo mexicano vaya a los Estados Unidos se va a desarmar a la policía de los lugares que él visite? ¿Cuáles fueron las condiciones --nos preguntamos-- de internación de los servicios de seguridad y fuerza aérea norteamericanos en territorio nacional?

Demandamos saber cómo se explica la presencia y el sobrevuelo en espacio aéreo nacional de 15 aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¿En qué momento se notificó a esta soberanía sobre estas acciones?

Asimismo, se ha levantado un cerco por demás insultante en diversas áreas de la ciudad de Mérida; se han cerrado accesos al libre tránsito; se han instalado retenes y revisiones en lugares públicos.

En síntesis, la vista del presidente Bush ha significado la disminución del goce de las garantías individuales. Nuestra Constitución mexicana ha sido letra muerta. En el desarrollo de su visita se han violado las garantías individuales contenidas en nuestra Carta Magna; se ha disminuido el derecho que toda persona tiene para circular libremente.

Debemos recordar que la seguridad de los jefes de Estado o de gobierno que visitan nuestro país es, en primera instancia, responsabilidad de México. Habrá también que preguntarse si es una visita inútil.

A escasos meses de que el presidente Bush termine su mandato presidencial, esta visita no tiene mayores consecuencias para el mejoramiento de las relaciones bilaterales o para el desarrollo nacional. Durante la mayor parte del periodo presidencial de George Bush, México ocupó un lugar menos entre las prioridades de política exterior de aquella nación.

El avance en las agendas bilaterales fue mínimo y ahora, cuando el presidente norteamericano va de salida, organiza una gira de trabajo por países latinoamericanos en la que no está claro cuál es el propósito de su visita a México.

Pero lo que no sorprende es la agenda desgastada, la posición inamovible, los temas bilaterales en los que no hay ningún cambio. ¿O es que acaso nos va a anunciar el presidente Bush que va a retirar la iniciativa del muro en la frontera común? ¿Nos garantizará una reforma migratoria antes de irse? ¿O es que el Ejecutivo mexicano va a expresar la profunda indignación que ese muro causa en nuestro pueblo? ¿O tal vez van a anunciar alguna iniciativa que le ayude al presidente Bush a recuperar la popularidad perdida?

Por esta inútil visita, compañeros y compañeras legisladoras, se han violentado las garantías individuales de los mexicanos y la soberanía nacional. Se ha debilitado el estado de derecho, se ha vulnerado al Estado mexicano y, de todo ello ni siquiera se dio un aviso al Congreso de la Unión.

Nuestro grupo parlamentario, Convergencia, expresa su más enérgico rechazo a estas acciones que en nada ayudan a definir una política exterior de Estado a favor de los intereses nacionales. En última instancia, que se aclare en las próximas horas si hubo resultados concretos. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva . Tiene el uso de la palabra la diputada Érika Larregui Nagel.

La diputada Érika Larregui Nagel:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Para todos queda claro que la gira por América Latina del Presidente de Estados Unidos, George Walter Bush, es una visita que llega tarde. Llega tarde porque está a escasos dos años de terminar su segundo periodo; periodo que se ha caracterizado por ser sumamente desafortunado. Se acerca tarde a nuestra región, pues virtualmente va de salida.

No obstante, hemos de notar que es una oportunidad para que este gobierno que acaba de cumplir sus primeros 100 días, revise la agenda bilateral que se ha caracterizado históricamente por ser sumamente complicada.

No olvidemos que desde que Estados Unidos y México existen como naciones la relación ha estado marcada por la desconfianza, las mutuas acusaciones y descalificaciones. Hoy nuestra diplomacia tiene frente a sí el reto de sacar adelante esa compleja relación. Hoy estamos esperanzados de ver resultados tangibles en nuestro actuar a nivel bilateral, aunque poco hemos de esperar. Lo que Bush no hizo en seis años no lo va a hacer en dos.

Si bien Bush llegó haciendo ofrecimientos importantes en materia migratoria, hemos de notar que su espacio de acción actualmente se encuentra restringido pues enfrenta a un Congreso que no es afín a todas sus propuestas. El presidente Calderón debe de tomar con cautela dichas promesas, aunque también debe de tomarle la palabra, pues llegar a una solución del fenómeno migratorio es una conveniencia mutua que es indispensable. Es indispensable que México le haga entender a Estados Unidos que nuestras naciones tan diferentes, son igualmente complementarias.

Por ello, más bien la ocasión debe ser aprovechada para consumo interno, ya que es un momento idóneo para que la nueva canciller y su equipo demuestren que la política exterior de México ha renacido; que el cuerpo diplomático ha vuelto a tomar el rumbo perdido por los últimos seis años.

Con esta visita, con la que el gobierno del presidente Calderón puede reinstalar esa visión en la que la relación con Estados Unidos se funda, sobre todo en el respeto y el cuidado perenne de nuestros intereses nacionales. Sin duda, es un equilibrio siempre difícil de lograr, pero que a perpetuidad será mucho más eficaz, puesto que un gobierno que tenga claros sus propósitos a largo plazo, le será más fácil representar los intereses de la nación.

Compañeras y compañeros: elevemos nuestras voces para defender los principios constitucionales en materia de política exterior a fin de lograr que se mantenga la consistencia histórica que nos ha caracterizado por décadas.

La política exterior mexicana tiene una larga tradición de apego a sus principios que debe ser respetada y de la cual todos debemos de estar orgullosos. Esos principios tienen que ser puestos por delante, sin importar con qué gobierno se está negociando.

Esta reunión entre los presidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa, y de Estados Unidos, George Bush, es una oportunidad para hacer una revisión de los principales temas de la agenda bilateral, sin que se le otorgue mayor importancia a alguno en particular. La migración, la seguridad en la frontera, la lucha contra el narcotráfico son sin duda temas centrales, pero no pueden quedar atrás y en un segundo plano, asuntos como el medio ambiente, el desarrollo sustentable o la cooperación para el desarrollo.

Somos corresponsables en materia de delincuencia organizada, violencia fronteriza y migración, así como tantos otros temas que forman esta vasta y complicada agenda bilateral. Esforcémonos entonces por llevar a relaciones conjuntas, pues el beneficio va a ser recíproco.

Tenemos la obligación y el deber de buscar respuestas que sean operativas, que cuenten con un respaldo intelectual y que, ante todo, sean moralmente dignas.

Estados Unidos tiene intereses prioritarios, México también. En ese sentido debemos hacer ver a nuestro vecino del norte que existe respeto de esta parte, pero nunca subordinación. Este gobierno no puede dejar de lado la objetividad y evadir nuestra relación histórica. No volvamos a partir de la subobjetividad para definir nuestra relación con ese país. La razón de Estado es la que debe imperar, no la de las grandes amistades.

Nos congratulamos por las declaraciones que el presidente Felipe Calderón ha hecho respecto al consumo de drogas en Estados Unidos, al rechazo a la construcción del muro, a negarse a ser un instrumento. La injerencia debe desaparecer. Nuestro gobierno debe ver por una oportunidad para diseñar un nuevo esquema, ya que prácticamente se está partiendo de cero.

Es una nueva coyuntura en la que se pueden realizar propuestas negociadas; es una oportunidad más para hacer replanteamientos globales sobre la cooperación del desarrollo. Nos guste o no aceptarlo, sigue vigente lo que en 1911 dijera el presidente Francisco I. Madero: ``La paz y la prosperidad de México dependen de las relaciones amistosas con Estados Unidos''.

Más nos vale reconocer que así es. Pero también, más nos vale trabajar desde el territorio nacional para lograr que los estadounidenses reconozcan que también ellos nos necesitan. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio de Jesús Díaz Athié , del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Antonio de Jesús Díaz Athié:Compañeras y compañeros legisladores. No podemos dejar de reconocer que la visita del Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, se da en un momento de tensión en la relación entre ambas naciones.

El levantamiento de un muro fronterizo denominado ``de la vergüenza'', en cuya construcción han participado funcionarios del gobierno norteamericano, como es el caso del responsable de seguridad interna Michael Chertoff, es una muestra de su equivocada visión para solucionar el problema de los mexicanos que emigran a Estados Unidos.

El PRI ratifica la trascendencia del artículo 39 constitucional y su adhesión a los principios establecidos en la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna en materia de política internacional, actividad indispensable para preservar nuestra soberanía en un mundo globalizado con creciente independencia, interdependencia entre los países.

Estamos convencidos de la necesaria igualdad jurídica de los Estados porque ése es el principio que sustenta todo el andamiaje de la política exterior, porque si la dimensión del poder económico, del poderío militar o la ventaja tecnológica definirán de manera exclusiva y excluyente a los Estados, la vida internacional no sería mejor que el peor de los imperialismos que ha vivido la historia.

La soberanía nacional se sustenta en la soberanía popular y no se negocia. Por ello, reiteramos nuestra convicción en la rectoría del Estado sobre los recursos naturales, en especial los energéticos, con apego a la Constitución. Asumimos el movimiento mundial a favor de la democracia y de los derechos humanos.

En ese sentido es el que la fracción parlamentaria del PRI se pronuncia a favor de una política internacional que nos dignifique como nación, que defienda los intereses de los mexicanos y que construya acuerdos políticos y económicos transparentes que nos aporten beneficios tangibles.

Seguir permitiendo los abusos, las desventajas en el terreno comercial, las violaciones de nuestros compatriotas y los señalamientos del gobierno estadounidense en relación con el narcotráfico es llenar a nuestra nación de oprobio.

Por ello, desde esta tribuna confirmamos nuestra posición para que el Ejecutivo federal se conduzca de manera firme y con pleno respeto a nuestra soberanía. Sólo entendemos la presencia del presidente Bush en nuestro país como una acción reivindicatoria de los derechos de nuestro pueblo y como una muestra de respeto y voluntad.

Y sólo en ese sentido es que el presidente Felipe Calderón deberá conducirse. De no hacerlo, la patria se lo reclamará. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar , del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar:Con su permiso, señora Presidenta. El Presidente de Estados Unidos, George Bush, llegó tarde, y desde hace seis años ha venido ofreciendo el compromiso de otorgar atención prioritaria a América Latina y, particularmente, a México.

La realidad ha demostrado que Bush nunca tuvo el interés en este objetivo. El mandatario de Estados Unidos ignoró la región durante todos estos años y rompió su promesa de hacer de México su mejor aliado.

Mientras Bush y Estados Unidos llevaban a cabo una guerra injusta en Medio Oriente, ha surgido en su propio continente la mayor oposición de gobiernos, provenientes de ideologías de izquierda, más grande desde la época de la Guerra Fría, que han rechazado el modelo de capitalismo salvaje que ha impuesto Estados Unidos.

La vista de Bush a México llega muy tarde. Los compromisos que el debilitado presidente estadounidense pudiera asumir con nuestro país, no tendrán ahora el peso necesario para ponerlos en marcha, teniendo al Congreso y la opinión pública de su país en contra. Por tanto, no se esperan grandes avances en la relación bilateral con esta visita.

En el tema migratorio, por mucho el asunto que más preocupa a nuestro país... es muy difícil que Bush pueda hacer algo después de que durante seis años ha tenido en sus manos las posibilidades de influir en una reforma migratoria integral y no lo ha hecho.

Adicionalmente, Bush ha impulsado la militarización de la frontera con México, provocando que miles de mexicanos que se dirigen a Estados Unidos sean actualmente humillados, perdiendo incluso la vida.

El presidente estadounidense también es responsable de la construcción del muro de 700 millas a lo largo de la frontera, tal vez una de las obras más detestables en la historia de la relación bilateral.

En el fondo la presencia del mandatario estadounidense obedecerá al afán de exaltar a Felipe Calderón y a su administración conservadora como la mejor opción para la política de América Latina con el objetivo de aminorar en lo sucesivo el avance de la izquierda política en el continente y en nuestro país.

No obstante, existe un tema que debería llamarnos seriamente a la preocupación, que puede ser planteado durante la visita de Bush. Como han señalado atinadamente algunos analistas, el presidente estadounidense se refirió en días pasados a algunos de los objetivos que intentará cumplir durante su estancia en México.

El mandatario estadounidense habló en días pasados a favor de la apertura del sector petrolero y eléctrico al capital privado en nuestro país. Esto no nos extraña. Las empresas transnacionales estadounidenses alimentadas por una posición complaciente del gobierno federal panista no han quitado la vista sobre una posible privatización de nuestros recursos naturales, fundamentalmente los energéticos.

Uno de los medios que las oligarquías de los dos países han adoptado para avanzar en sus intereses es la Alianza por la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, ASPAN. Este nuevo instrumento se ha venido utilizando para garantizar la continuidad de la dependencia de nuestro país con Estados Unidos.

Amplios sectores de la población, incluido por supuesto el Congreso de la Unión, han sido dejados fuera de la discusión y del debate para la elaboración de propuestas, como en el TLCAN; en la Alianza no existen mecanismos que permitan reconocer y enfrentar las disparidades económicas entre los países socios.

Por si fuera poco, la iniciativa muestra también el plegamiento en términos de agendas a la voluntad de Washington al incorporar en una negociación internacional la agenda energética descartando la migratoria y el tema agrícola del TLCAN.

Por tanto es fundamental que el Ejecutivo federal mexicano se comprometa a respetar la Constitución mexicana y evite llevar a cabo compromisos que involucren a la potestad de nuestros recursos naturales, particularmente los energéticos. Es importante y con esto concluyo, que esta Cámara pudiéramos elevar una protesta fuerte sobre la manera en que han sido secuestrados los derechos de nuestros compatriotas y de la sociedad en Yucatán a partir de la llegada de Bush.

No es posible que podamos aceptar calladamente que se despliegue militarmente, como lo hemos visto en estos días, de manera impresionante, y se militarice la ciudad de Mérida, a partir de la llegada de un presidente, cosa que no hace ningún otro país ni nosotros cuando nuestros Ejecutivos asisten a otros países.

Nosotros no podemos permitir que esta situación se siga presentando; no podemos permitir que la llegada de ejecutivos como el de Estados Unidos lleven a que en nuestro territorio actúen el Ejército, la Armada estadounidense, el FBI, coordinados con las fuerzas de nuestro país, que son las que en todo caso deberían de estar coordinando la visita del algún Ejecutivo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada María Eugenia Campos Galván , del grupo parlamentario del PAN.

La diputada Maria Eugenia Campos Galván:Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Existen circunstancias que ya se cuentan para los anales de la historia, pero existen otras que merecen ser trabajadas y tomarlas en cuenta para el presente y para el futuro de nuestro país.

El presidente Bush, señores, no llega tarde. Los casi dos años que tiene como jefe de Estado representan la tercera parte del gobierno del presidente Felipe Calderón. Si eso no es importante, entonces ¿qué es?

No hay que sorprendernos si, como lo dicen varios editorialistas de periódicos estadounidenses como el Washington Post...qué pasa si el legado histórico del presidente George Bush es precisamente la reforma migratoria integral.

La visita del presidente Bush a México se enmarca en cumplimiento de los primeros 100 días de gobierno del presidente Felipe Calderón. Durante este primer periodo, su postura ha sido clara y sus acciones firmes con relación a las prioridades establecidas para su gobierno: combate al crimen organizado, reducción de la pobreza y defensa y promoción de los intereses de México, el interés nacional por sobre todas las cosas.

En este sentido, en el grupo parlamentario de Acción Nacional coincidimos plenamente con la postura establecida por Felipe Calderón en el sentido de buscar en un plano de igual a igual acciones compartidas en plena corresponsabilidad para buscar soluciones de fondo a los problemas migratorios íntimamente ligados a la frontera compartida entre México y Estados Unidos.

En ambos casos, señores legisladores, sería un error trascendental observar una actitud limitada en visión y alcances, en el cual se ataquen únicamente los síntomas visiblemente manifiestos en la línea fronteriza y sus cercanías y no en las causas de fondo, como lo son la reducción de la demanda de estupefacientes en los Estados Unidos y el combate del tráfico de armas en el tema de seguridad.

Aquí, en esta misma tribuna, ya hace varios meses hemos manifestado y por acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios aquí presentes, que la construcción de muros separa a nuestras naciones y que solamente resultan una medida ineficaz que no obedece a una estrategia de cooperación y cercanía sino de alejamiento y unilateralidad.

Por ningún motivo las prioridades de nuestro país hacia nuestros vecinos deben verse subordinadas a los designios o intereses de Estados Unidos o cualquier otro país. Nuestro liderazgo deberá ser ejercido de manera responsable y firme, y sobre todo, con una visión estratégica que consolide a la región y lleve a capitalizar su potencial para ocupar el lugar que le corresponde dentro del sistema internacional.

En suma, en el grupo parlamentario de Acción Nacional entendemos la visita a México del presidente Bush como un acercamiento necesario y por supuesto, benéfico para ambas naciones en la que el Presidente Felipe Calderón podrá plantear de manera directa las prioridades y objetivos del gobierno mexicano en los temas que nos atañen y que son de interés común, para marcar así el inicio de una nueva relación que deberá distinguirse por la firmeza en las acciones, el respeto e igualdad en el trato y el compromiso de ambas naciones para con el bienestar, el desarrollo y la seguridad de sus habitantes. Es cuanto, señora Presidenta.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputada. Habiéndose agotado la lista de oradores, continuamos con el orden del día.

EXCITATIVAS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se recibió de los diputados Alejandro Landero Gutiérrez y Margarita Arenas Guzmán , del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de los diputados Alejandro Landero Gutiérrez y Margarita Arenas Guzmán , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente le solicitan, que en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara, a la Comisión de Gobernación, a que presente el dictamen de la iniciativa presentada por los diputados de la LIX Legislatura, Adriana González Carrillo y Rodrigo Iván Cortes Jiménez, en la sesión de la Comisión Permanente el día 6 de abril del año 2006, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primera. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de que se les turnó un asunto y, si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Segunda. Es el caso, que el día 6 de abril del año 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura turnó a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la iniciativa de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, la cual se fundamenta y motiva a continuación.

Tercera. Es de señalarse que ha transcurrido casi un año y la comisión referida, no ha presentado al Pleno de esta Cámara el dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece cinco días hábiles después de que se les turnó un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Consideraciones

Nacido el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México, Octavio Paz Lozano, hijo de Josefina Lozano y Octavio Irineo Paz un simpatizante de la Revolución Mexicana y cercano a Emiliano Zapata, comenzó a escribir poesía desde niño y reflexiones de tipo ensayístico desde la adolescencia.

Estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM, a los 17 años publicó sus primeros poemas, lo que le permite posteriormente obtener la beca Guggenheim viajando a Estados Unidos para estudiar poesía. Más tarde en 1944, ingresa al Servicio Exterior Mexicano, cumpliendo distintas misiones diplomáticas en Estados Unidos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Paz parte a París, en donde permanece como agregado cultural hasta 1951, país en donde conoce a André Breton y a Albert Camus, entre otros grandes intelectuales de la época.

Entre 1952 y 1953 participó en importantes misiones diplomáticas en Asia y Suiza, donde entró en contacto con la literatura local, a lo largo de la década de los sesenta la obra de Paz adquiere una madurez prosística notable, una definición integral de su discurso narrativo y, sin duda, una filosofía política a favor de la libertad y la democracia que hicieron una enorme contribución a México.

En 1963, Paz es designado embajador de México en la India, cargo que desempeño con un gran profesionalismo hasta su renuncia en 1968 a causa de su indignación ante la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Quedando probada su calidad como demócrata y defensor de la libertad frente a la represión estudiantil del 2 de octubre de aquel año, sufrida a manos del gobierno, Paz se unió a la indignación y condena general e hizo pública su renuncia al cargo de embajador de México en la India, en la cual deja en claro su sentimiento de tristeza y cólera. Renuncia en la que señaló que ``el desarrollo social y económico debe traer como consecuencia la participación más directa, amplia y efectiva del pueblo en la vida política. Concibo esa participación como un diálogo plural entre el gobierno y los diversos grupos populares. Es un diálogo que, de antemano, acepta la crítica, la divergencia y la oposición. Pienso no sólo en el proceso electoral y en otras formas tradicionales y predominantemente políticas, tales como la pluralidad de partidos''.

Y ante todo dejó muy en alto su carácter de representante mexicano al dejarle muy en claro al entonces secretario de Relaciones Exteriores su postura como embajador y como mexicano:

``No quisiera decir aquí, en donde he representado a mi país por más de seis años, lo que no tendré empacho en decir en México: No estoy de acuerdo en lo absoluto con los métodos empleados para resolver, en realidad, reprimir, las demandas y problemas que ha planteado nuestra juventud''.

Paz escribió grandes obras de la literatura hispanoamericana como El laberinto de la soledad, El arco y la lira, Marcel Duchamp o El castillo de la pureza, Renga, El mono gramático, El ogro filantrópico, Ladera este, Tiempo nublado, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe y la obra de teatro La hija de Rappaccini entre muchas otras que el poeta y ensayista mexicano escribió a lo largo de su prolífica vida, además fue fundador de las revistas Taller, Hijo pródigo, Plural y Vuelta, las dos últimas fueron revistas literarias y de análisis político, que efectivamente abrieron brecha en un escenario editorial y periodístico que necesitaba de voces independientes y críticas del poder.

Octavio Paz fue reconocido a nivel internacional por su calidad literaria dejando muy en alto el nombre de nuestro país, siendo no sólo un gran diplomático del Servicio Exterior Mexicano, sino como un verdadero embajador de la cultura, la literatura y la sociedad mexicana, lo que lo llevó a ganar múltiples premios como el Gran Premio Internacional de Poesía, el Premio del Festival de Poesía de Flandes, el Premio Jerusalén de Literatura, el Gran Águila de Oro del Festival Internacional del Libro en Niza, el Premio Miguel de Cervantes, el Premio Internacional Menéndez Pelayo, el Premio Alexis de Tocqueville y, desde luego, el Premio Nóbel de Literatura en 1990, distinción nunca antes concedida a ningún mexicano, el Premio Príncipe de Asturias en 1993 y la Gran Cruz de la Legión de Honor Francesa en 1994.

El 19 de abril de 1998, a la edad de 84 años, fallece Octavio Paz en la Ciudad de México. Con su partida, Octavio Paz ha dejado un legado literario invaluable tanto para México como para la humanidad. Con su muerte desaparecía una de las figuras intelectuales de mayor renombre y uno de los grandes poetas de la lengua castellana, pero también, uno de los más importantes ideólogos de la transición democrática en México y, sin duda, uno de los más fuertes impulsores del cambio político y social en nuestro país.

El doctor en Derecho y maestro en Filosofía, Juan Federico Arriola, plasmó en la revista Istmo, número 236, de manera muy clara, la importancia de Paz en la vida contemporánea de México, ``como intelectual enriqueció a México, como poeta tuvo el valor de explorar con la pluma y la imaginación realidades humanas con detalle de humanista. Paz tuvo la conciencia de que el silencio si bien es docto, en ciertas ocasiones puede ser imprudente, cuando lo importante es pronunciarse en contra de situaciones que lastiman la dignidad humana''.

Paz fue un demócrata convencido de la necesidad de acabar con el autoritarismo tanto en México como en Europa del este. Fue un hombre comprometido, desde su trinchera intelectual, con dar fin a los regímenes de partido único tanto en México como en la Unión Soviética. Fue un enemigo acérrimo del presidencialismo y sus excesos, defensor de la modernización de la política y la economía de México y un convencido de revisar la historia para encontrar lecciones útiles al presente, pero además se enfrentó a intelectuales e incluso políticos de México que daban crédito al régimen de cubano: ``todos ellos, voluntariamente, han escogido no ver lo que sucede en Cuba, ni oír las quejas de las víctimas de una obvia dictadura'', decía Octavio Paz en Tiempo nublado y subrayaba que ``la actitud de estos grupos y personas no difiere de la de los estalinistas de hace 30 años; algunos, un día, se avergonzarán, como aquellos, de lo que dijeron y de lo que callaron.'' Cuanta vigencia tienen estas palabras para la actual actitud de algunos políticos con la discrepancia hacía sus ideas.

Por todo esto es que no hay mayor homenaje y distinción que podamos hacer para un mexicano destacado como Octavio Paz que inscribir con letras de oro su nombre en el Muro de Honor del salón de sesiones de este Palacio Legislativo de San Lázaro, con motivo del aniversario XVI del Premio Nóbel obtenido por Octavio Paz el día 10 de diciembre de 1990, para orgullo de todos los mexicanos.

Por lo anterior, y con los fundamentos jurídicos expuestos, se pone a consideración del Pleno la siguiente

Excitativa

Único. En los términos de lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que se presente el dictamen respectivo a la iniciativa de decreto para inscribir, con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, presentada por los diputados Adriana González Carrillo y Rodrigo Iván Cortés Jiménez integrantes de la LIX Legislatura a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2007.--- Diputados: Alejandro Landero Gutiérrez , Margarita Arenas Guzmán (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se recibió del diputado Jaime Verdín Saldaña , del grupo parlamentario de Acción Nacional, solicitud de excitativa a las comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Excitativa a las comisiones de Justicia; de Hacienda y Crédito Público; y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Jaime Verdín Saldaña , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Jaime Verdín Saldaña , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en la dispuesto por los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a las comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a efecto de que se dictaminen a la brevedad posible para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de combate al contrabando, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. El 12 de noviembre de 2002, los ciudadanos Fauzi Hamdan Amad y Ricardo Alaniz Posada, senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que, como lo señalan en su exposición de motivos, tiene el propósito de dotar a las autoridades, de mayores atribuciones que les permitan combatir y erradicar el delito de contrabando, por medio de las modificaciones al marco legal, para establecer las bases que posibiliten la adopción de estrategias que enfrenten eficazmente este fenómeno, por los efectos negativos que produce a la economía del país; esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores con fecha 14 de noviembre de 2002.

Segundo. El 19 de noviembre de 2002, los ciudadanos Enrique Jackson Ramírez y Antonio García Torres, senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el fin de combatir el delito de contrabando, por los efectos nocivos que produce a la economía del país, ya que origina grandes pérdidas pecuniarias a las industrias que se dedican a la producción de bienes y servicios; esta iniciativa, con fecha 21 de noviembre de 2002, fue turnada para su estudio y dictaminación a las Comisiones Unidas de Justicia, y Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores.

Tercero. Con fecha 10 de diciembre de 2002, fue votado y aprobado el proyecto de decreto que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada por el Pleno del Senado de la República y enviada por el Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.

Cuarto. El 11 de diciembre de 2002, el Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ahora Comisión de Justicia, la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para su análisis y dictaminación.

Quinto. Con fecha 13 de febrero de 2004, se amplió el turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para el estudio de esta minuta, y posteriormente se amplió a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Consideraciones

Actualmente, el contrabando mundial, en donde México no es la excepción, constituye uno de los rostros más nocivos de la globalización del comercio internacional, porque ocasiona graves daños a las economías nacionales inundadas con esos productos que no pagan impuestos y provocan la pérdida de millones de empleos formales en diversos sectores, problema que se ha agravado en México en los últimos años, basta saber que las industrias textil, del calzado, jugueteras y fonográficas se encuentran entre las más perjudicadas por el contrabando y la piratería.

Lo anterior se hace patente con las estimaciones de la Unión Nacional de Federaciones y Sindicatos de la Industria Textil, que resaltan que 60 por ciento del mercado de prendas de vestir en el país lo acaparan productos introducidos de contrabando, en tanto que un estudio del Grupo de Economistas y Asociados (GEA) establece que el consumo de ropa en México asciende a 16 mil 295 millones de dólares, de los cuales 9 mil 451 millones se comercializan por canales ilegales. Esta situación ha provocado la pérdida de más de 140 mil empleos.

Por su parte, en el sector del calzado se calcula que al año ingresan unos 250 millones de pares de zapatos, gran parte de los cuales provienen de China, situación que ha provocado la pérdida de más de 100 mil empleos directos.

El arancel a las importaciones de calzado que se aplican a las naciones con las que México no tiene acuerdos comerciales es de 35 por ciento, mientras que las provenientes de Estados Unidos no pagan arancel, de ahí que gran parte del calzado de contrabando que ingresa y proviene de China, el mayor productor a nivel mundial, se realicen mediante la triangulación para evitar el pago de impuestos.

En el ramo juguetero, en el que México se ha convertido en uno de los mercados más codiciados en el mundo, la invasión asiática ha provocado el cierre de más de 70 por ciento de las fábricas nacionales, por lo que en la actualidad sólo 42 han logrado sobrevivir de las 400 que había registradas en 1985.

En suma, el contrabando ha dejado en nuestro país un saldo catastrófico por la pérdida de miles de empleos, el cierre de fábricas, la afectación a la recaudación fiscal y lo que es más, la proliferación del crimen organizado en este tipo de redituables actividades ilícitas, que ha visto en este aspecto un campo de acción fértil, aunado a que el contrabando está fuertemente ligado a otros delitos graves como la piratería, venta de mercancía robada y adulteración de productos como licores y perfumes.

En razón de lo anterior, surge la necesidad de implementar medidas para combatir el contrabando y particularmente el de fortalecer el marco jurídico punitivo para sancionar más severamente este tipo de conductas, particularmente cuando el crimen organizado participa en él, toda vez que el contrabando asociado al crimen organizado daña y pone en peligro bienes y valores de mayor importancia, tanto para la planta productiva nacional como para la industria, así como para el fisco, en virtud de que la capacidad de las organizaciones criminales dedicadas al contrabando y su delitos conexos supera en mucho a una actividad individual.

En tal virtud, la minuta materia de la presente iniciativa plantea fortalecer el combate de este tipo de delitos, estableciendo la posibilidad de que cuando se actualicen los supuestos legales necesarios al efecto, pueda aplicarse el régimen especial de la delincuencia organizada, el cual prevé disposiciones sustantivas y adjetivas más severas que las aplicables a la delincuencia común.

Lo anterior en virtud de que es sabido que, en el contrabando, participan una pluralidad de sujetos que van desde empresarios, productores, distribuidores e incluso algunos gobiernos; que opera un mercado global de contrabando que funciona y se fortalece con protección legal y física en los países invadidos por millones de toneladas de productos que ingresan por sus fronteras y puertos, y terminan la mayoría de las ocasiones en la economía informal y no pocas en el comercio legal, por lo tanto es una exigencia nacional castigar severamente a todos los que de una forma u otra, dolosamente intervengan o favorezcan las actividades de contrabando.

Consideraciones de Derecho

1. Desde el día 11 de diciembre de 2002 a la fecha, ha transcurrido más del tiempo que se concede en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que las comisiones de la Cámara competentes presenten el dictamen correspondiente a la minuta descrita.

2. En tal virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del citado reglamento, excite a las comisiones de Justicia, a la de Hacienda y Crédito Público, así como a la de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a fin de que emitan el dictamen correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted Presidente de la Cámara de Diputados en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva

Único. En los términos de lo dispuesto por los artículos 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las comisiones Justicia, Hacienda y Crédito Público así como a la de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para que presenten el dictamen respectivo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de combate al contrabando.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de marzo de 2007.--- Diputado Jaime Verdín Saldaña (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se recibió del diputado Pablo Trejo Pérez , del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de esta Presidencia que tenga a bien formular segunda excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la emplace para día determinado dentro del presente periodo de sesiones a que presente el dictamen de las Cuentas Públicas de los años 2002, 2003 y 2004, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. De conformidad con el sexto párrafo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cuenta Pública de la Hacienda Federal del año anterior deberá ser presentada en tiempo y forma por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros días de junio, con base en lo anterior las Cuentas Públicas de los años 2002, 2003 y 2004 fueron entregadas en el 2003, 2004 y 2005, respectivamente.

Segunda. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numerales 5 y 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recibió para su estudio, análisis y dictamen la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los ejercicios fiscales 2002, 2003 y 2004.

Tercera. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base en las consideraciones que anteceden a la presente, tiene la obligación de dictaminar las Cuentas de la Hacienda Pública de los ejercicios 2002, 2003 y 2004 con arreglo al marco jurídico vigente siendo éste la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, sujetándose también al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

Cuarta. En la sesión ordinaria del 10 de octubre del año próximo pasado, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados excitó, por solicitud del suscrito, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dictaminará las Cuentas Públicas 2002, 2003 y 2004 por haber transcurrido en exceso el término de cinco días que tienen las Comisiones para que dictaminen los asuntos que se les turnan, de conformidad con el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

Quinto. Que toda vez que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no ha cumplido la labor que constitucional y legalmente tiene encomendada, y que haciendo caso omiso de la primera excitativa que le formuló la Presidencia de esta Cámara de Diputados; hoy acudo nuevamente ante esta honorable asamblea invocando el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Presidencia de la Mesa Directiva excite a la comisión antes mencionada a efecto de que dictamine las Cuentas Públicas 2002, 2003 y 2004.

Por lo expuesto y fundado, a usted, Presidente de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, muy atentamente solicito

Único. En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestos, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar e instruir día para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados presente en este periodo de sesiones los dictámenes de las Cuentas Públicas de los años 2002, 2003 y 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de marzo de 2007.--- Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se recibió del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del grupo parlamentario de Acción Nacional, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres :«Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, en su carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se permite presentar excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados, en virtud de lo siguiente:

El 22 de septiembre de 2005, el diputado federal Ramón Galindo Noriega presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa en comento propone ampliar el alcance de la medida de seguridad prevista por las leyes penales relativa a la vigilancia de la autoridad, a efecto de que ésta pueda ser aplicable no solamente en la ejecución de la pena, sino también en la etapa posterior, es decir, en la referida etapa pospenitenciaria, que se presenta una vez que el sentenciado haya compurgado la pena correspondiente por la comisión de un ilícito.

Bajo el entendido de que dicha medida operaría sólo en caso de que las personas sobre las cuales se aplicaría hubieran cometido un delito grave o se tratara de un delincuente reincidente o habitual en los términos previstos por las disposiciones penales correspondientes, ya que este sector dadas sus características peculiares, constituye el más proclive a reincidir en la comisión del ilícito.

En razón de ello, y tomando en consideración que una de las asignaturas pendientes por parte del Estado en materia de seguridad lo constituye la estructuración e implantación de acciones enfocadas en la orientación y seguimiento de las personas que han compurgado sus respectivas sanciones por virtud de la comisión de un delito, es decir, el mencionado seguimiento pospenitenciario, el cual representa la última fase del sistema de seguridad pública y justicia, y que constituye un eslabón que permitirá enlazar debidamente la etapa posterior a la ejecución de la sentencia, con la etapa relativa a la prevención del delito, y que lograría que el sujeto sentenciado una vez compurgada la pena de prisión pudiera ser supervisado por la autoridad, como una medida de seguridad, a efecto de que dicha autoridad tengan conocimiento del grado de rehabilitación e integración social que tenga el sentenciado, así como de su desarrollo, evitando lo que en la mayoría de los casos sucede, su reincidencia, pues gran parte de las personas sujetas a pena de prisión vuelven a delinquir.

A mayor abundamiento, el doctrinario René González de la Vega al realizar un profundo estudio denominado Políticas Públicas en Materia de Criminalidad. Teoría de los escenarios 2000-2030,afirma con base en estadísticas que dentro de los dos primeros años de libertad los expresos vuelven a delinquir en un 80 por ciento, lo que hace que nuevamente dichos sujetos se encuentren situados en un sistema penal, que lejos de propiciar una debida reinserción social, y por ende reducir las posibilidades de reincidencia delictiva, se propicia ante la falta de políticas públicas y medidas de orientación, y en su caso de vigilancia por parte del Estado, que este sujeto sea susceptible de integrarse en las filas de la delincuencia.

Por lo anterior brevemente expuesto y fundado y por coincidir plenamente con los razonamientos y propuesta planteada por el hoy senador Ramón Galindo Noriega, me permito solicitar a usted señor Presidente, tenga a bien, hacer la excitativa solicitada, para que sea dictaminada.

Diputado Cruz Pérez Cuellar (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan los dictámenes correspondientes.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se recibió del diputado Mario Salazar Madera , del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa al Senado de la República.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Excitativa al Senado de la República, a solicitud del diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia que formule excitativa al Senado de la República, a la Comisión de Puntos Constitucionales, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que se dictamine la iniciativa que en fecha 24 de enero de 2007 presentó el Poder Ejecutivo federal ante la del Congreso de la Unión.

Antecedentes

I. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 24 de enero de 2007 se presentó por parte del Poder Ejecutivo federal una iniciativa que reforma los artículos 73, fracción I, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. La iniciativa en comento fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado para su dictamen, que a la fecha no ha sido presentado por lo que ahora presentamos ante esta soberanía y expresamos las siguientes

Consideraciones

Primera. México está cambiado, nuestro país demanda rendición de cuentas, transparencia, acabar con las prácticas del pasado penosamente reciente, en donde era común que los funcionarios públicos amasaran grandes fortunas a costa del erario público.

Segunda. El Congreso de la Unión ha asumido su responsabilidad al establecer mecanismos para que los ciudadanos conozcan, de manera certera, clara y oportuna, información sobre la gestión gubernamental, así es como fue aprobada por esta soberanía el 11 de junio de 2002 La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Tercera. Estamos ciertos de que sólo con transparencia en el ejercicio del poder público, en la rendición de cuentas, podremos erradicar la corrupción de todos los malos funcionarios que no ven en la labor que desempeñamos una forma de servir al pueblo, sino únicamente una forma para enriquecerse aún de manera indebida.

Cuarta. Por ende, es de suma importancia que se establezca en la Constitución la demanda de los mexicanos de tener funcionarios responsables, eficientes con remuneraciones adecuadas y dignas, dentro de las posibilidades presupuestarias del gobierno, es por tanto necesario establecer las bases para fijar las remuneraciones de los servidores públicos de cada uno de los poderes constitucionales, órganos constitucionales, órganos constitucionales autónomos y de cualquier otro órgano o entidad de carácter público, en los ámbitos federal, estatal, municipal y del Distrito Federal.

Quinta. Luego entonces, y dada la importancia social de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal que hace efectivo un imperativo ciudadano para que los servidores públicos dispongan de una remuneración adecuada y suficiente que les permita cubrir sus propias necesidades y las de sus familias. Pero al mismo tiempo reconociendo que la función pública debe estar orientada por un principio de vocación de servicio hacia la nación y, por ello, las remuneraciones por el trabajo desempeñado deben mantenerse ajenas a todo exceso, se debe dictaminar a la brevedad la iniciativa en comento.

Sexta. Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:

Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento al Senado para que a la brevedad conmine a la Comisión de Puntos Constitucionales a formular el dictamen correspondiente a la iniciativa señalada.

Diputados: Mario Salazar Madera (rúbrica), Carlos Torres Torres (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra , Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se recibió de los diputados Marco Antonio Peyrot Solís y Gerardo Buganza Salmerón , del grupo parlamentario de Acción Nacional, solicitud de excitativa al Senado de la República.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Excitativa al Senado de la República, a solicitud de los diputados Marco Antonio Peyrot Solís y Gerardo Buganza Salmerón , del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Marco Antonio Peyrot Solís y Gerardo Buganza Salmerón pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos solicitar a ésta honorable Presidencia que a nombre de ésta soberanía se excite al Senado de la República para que a la brevedad posible apruebe el Convenio de Trabajo Marítimo 2006, adoptado por México en la 94 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo a fin de que pueda sea ratificado por el titular del Poder Ejecutivo federal.

I. Consideraciones

Primera. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 fracción X de la Constitución Federal, es facultad y obligación del Presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado.

Segunda. En términos de lo dispuesto por los artículos 73 fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir leyes relativas al derecho marítimo.

Tercera. El artículo 76 fracción I de la Carta Magna establece que es facultad exclusiva del Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.

II. Antecedentes

1. La Conferencia Internacional del Trabajo en su 94 reunión celebrada del 7 al 23 de febrero de 2006 adoptó un nuevo e importante instrumento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): el Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006. Dicho instrumento fue adoptado por votación nominal con 314 votos a favor, 4 abstenciones y ninguno en contra, habiendo participado en dicha reunión 106 miembros de la OIT, entre los que destaca: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Japón, México, Panamá, Reino Unido, Rusia, Venezuela, etcétera, así como diversas organizaciones de armadores y gente de mar pertenecientes a los países participantes.

2. El convenio sobre trabajo marítimo 2006 ha sido descrito como un instrumento histórico y como un paso adelante, que contribuirá al logro de una globalización justa.

Dicho instrumento jurídico tiene dos objetivos primordiales:

Acercar el sistema de protección contenido en las normas laborales existentes a los trabajadores interesados, de manera compatible con este sector globalizado que evoluciona rápidamente, asegurando el trabajo en condiciones decentes, y

Mejorar la aplicabilidad del sistema para que los armadores y los gobiernos interesados en proporcionar condiciones de trabajo decentes no tengan que soportar una carga desigual para garantizar la protección.

Tras su entrada en vigor el Convenio sobre Trabajo Marítimo 2006 estará al mismo nivel que los convenios fundamentales de la OMI (Solas, Marpol y el Convenio de Formación) para fomentar un transporte marítimo de calidad y ayudar a poner fin al incumplimiento de las normas en este sector.

La esencia de la mayoría de los 68 instrumentos sobre el trabajo marítimo adoptados por la OIT desde 1920 se han actualizado y se han refundido en este nuevo convenio, y aquellos se irán retirando gradualmente a medida que los Estados que ahora son parte en los mismos ratifiquen el Convenio sobre Trabajo Marítimo 2006.

El nuevo convenio se considera una combinación de lo mejor de lo anterior con lo nuevo y las razones fundamentales para el cambio son las siguientes:

a) La necesidad de actualizar diversos instrumentos vigentes de la OIT para reflejar las condiciones del trabajo en el sector,

b) Los cambios operados en cuanto a la propiedad, la financiación y el crecimiento de las empresas de administración naviera, que han provocado a su vez importantes modificaciones en el mercado de trabajo para la gente de mar,

c) Una mayor internacionalización de los registros de buques y banderas de conveniencia,

d) La necesidad de proporcionar reglas de juego equitativas y de evitar la explotación de los trabajadores.

Otra característica innovadora del Convenio de Trabajo Marítimo 2006 es que prevé cierto margen de flexibilidad en relación a las legislaciones nacionales.

3. El Convenio de Trabajo Marítimo 2006 entrará en vigor doce meses después de la fecha en que se han registrado las ratificaciones de al menos 30 miembros que posean en conjunto el 33 por ciento como mínimo del arqueo bruto de la flota mercante mundial.

Podrá apreciar esta soberanía que el nivel de ratificación es mucho más elevado de lo habitual ya que pretende asegurar un mayor impacto real.

Resulta de suma importancia hacer notar que la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó una resolución que, en el caso de buques específicos, concedería un tiempo adicional a los 30 primeros Estados miembros de la OIT ratificantes, tras la entrada en vigor inicial del convenio, para la expedición de certificados de trabajo marítimo destinados a sus buques, por lo que resultará muy conveniente que el Senado de la República lo aprobará a la brevedad posible.

El multicitado convenio proporcionará un sistema moderno para lograr mejores condiciones que puedan hacerse cumplir a fin de alcanzar e objetivo del trabajo decente en el sector del transporte marítimo, asimismo establecerá, en la medida de lo posible, unas reglas de juego equitativas en una industria globalizada, al asegurar que la competencia no se base en practicas laborales injustas, desleales o de explotación, lo cual resultara muy conveniente para los buques con pabellón mexicano.

Fue diseñado para favorecer su cumplimiento por parte de operadores y propietarios de buques y para reforzar la aplicación de las normas a todos los niveles, incluyendo procedimientos para quejas por parte de la gente de mar ya sea a bordo o en tierra firme, para la supervisión de los armadores y los capitanes de las condiciones a bordo de sus buques, y para la jurisdicción y el control de los estados de abanderamiento sobre los buques.

El convenio establece los requerimientos mínimos para que la gente de mar pueda trabajar en un buque y contiene disposiciones sobre temas como acuerdos de empleo, horas de trabajo y de descanso, alojamiento, instalaciones de esparcimiento, alimentación y servicio de fonda, protección de la salud, atención médica, bienestar y protección social.

4. La Ley Federal de Trabajo cuyas disposiciones son de orden público tiene como finalidad conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones; establece que el trabajo es un derecho y un deber sociales, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y dispone que el mismo debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

Dicho ordenamiento legal contempla dentro del Titulo Sexto ``Trabajos Especiales'' un capítulo relativo a los trabajadores de los buques, con ello podrá apreciar ésta soberanía lo especializado que es la prestación de este tipo de trabajo y lo complejo del marco normativo que rige dicha relación laboral.

La aprobación del Convenio de Trabajo Marítimo 2006 traerá como consecuencia un marco jurídico actualizado no solo que establezca normas que regulen la actividad laboral de connacionales en buques con bandera nacional, sino que también disposiciones que les brinden protección cuando su trabajo lo realicen a bordo de embarcaciones con bandera extranjera.

Por lo expuesto y fundado, a usted diputado Presidente, respetuosamente me permito solicitar lo siguiente:

Único. Que a nombre de ésta soberanía se excite al Senado de la República para que a la brevedad posible apruebe el Convenio de Trabajo Marítimo 2006 adoptado por México en la 94 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, a fin de que pueda sea ratificado por el titular del Poder Ejecutivo federal.

Palacio Legislativo, a 13 de marzo de 2007.--- Diputados: Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica), Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítanse a la Cámara de Senadores.

Se va a dar lectura a las proposiciones con punto de acuerdo que los proponentes han solicitado sean turnadas directamente a las comisiones respectivas.

ESTADO DE TAMAULIPAS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se recibió del diputado Carlos Alberto García González , del grupo parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de Tamaulipas lleve a cabo los trabajos para la construcción de la vialidad denominada ``Circuito Interior de Reynosa''.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno de Tamaulipas que lleve a cabo los trabajos necesarios para construir el Circuito Interior de Reynosa, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González , de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Tamaulipas que lleve a cabo los trabajos para construir la vialidad primaria denominada ``circuito interior de Reynosa'', bajo las siguientes

Consideraciones

En la globalización, en esta nueva economía, la competitividad es la palabra clave. El Congreso ya reconoció esta tarea pendiente e indispensable para México, ambas Cámaras instalaron sus comités para promover e impulsar las reformas que eleven y extiendan la competitividad del país y de sus empresas.

La competitividad es consecuencia de la productividad, donde los costos y los tiempos son primordiales para que las empresas puedan colocar sus productos, a los precios y a los tiempos en que la demanda los requiera.

La inversión en carreteras y vialidades primarias es infraestructura que impulsa la competitividad del país y de sus empresas. Las personas se pueden desplazar de manera rápida y cómoda, mientras que las mercancías se distribuyen en tiempo y forma a sus lugares de consumo, haciendo indispensable contar con vialidades que garanticen la circulación segura, cómoda y fluida.

Las vialidades primarias del municipio de Reynosa revisten su importancia por ubicarse en la frontera norte, en el valle del río Bravo, colindando al norte con los Estados Unidos de América, por lo que se convierten en el paso obligado de miles de mercancías de exportación procedentes del interior del país o de las 150 maquiladoras que se encuentran instaladas en esa localidad.

Los tiempos se han vuelto una ventaja competitiva para las empresas, por lo que una mejor movilidad de las mercancías es de vital importancia; los gobiernos se han preocupado por brindar estas ventajas operativas mediante vialidades suficientes y eficientemente para evitar taponamientos o cuellos de botella que provocan drásticas caídas de la velocidad, así como el retraso en las entregas.

Pero las ventajas de las vialidades primarias son más; estas vías permiten que las personas lleguen en un menor tiempo a sus destinos de trabajo, de educación o de esparcimiento, elevando considerablemente la calidad de vida. Además, incentivan la inversión en nuevos negocios, que se ubican a sus lados, y en nuevas oportunidades de trabajo para la población.

Desde 1994 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes proyectó el circuito interior del municipio de Reynosa, que en su primera etapa comunicará la autopista Monterrey-Reynosa con la carretera San Fernando-Reynosa y la autopista Matamoros-Reynosa con una longitud de 25.3 kilómetros.

Las cámaras empresariales y las asociaciones de profesionistas de Reynosa han manifestado por escrito su apoyo a la construcción del circuito interior de Reynosa, por considerar al proyecto como estratégico para el desarrollo urbano de la ciudad.

El proyecto comprende la construcción, en derecho de vía de 62 metros de ancho, de un boulevard urbano con dos vías laterales, una en cada sentido, cada vía de 7.5 metros de ancho, con superficie de rodamiento de concreto y carpeta con espesor de 25 centímetros.

Actualmente, el proyecto ejecutivo presenta los siguientes avances:

Un avance del 85 por ciento, del proyecto constructivo.

Proyecto de convenio de coordinación municipio de Reynosa-gobierno del estado de Tamaulipas para conjuntar recursos financieros para el circuito interior.

Se cuenta con cartas de intención de los propietarios de los predios afectados con el trazo del circuito interior, en las cuales manifiestan su intención de donar el derecho de vía de 62 metros de ancho para la construcción del circuito.

Estructuración jurídico-financiera un avance del 50 por ciento.

Se tiene prevista la contratación de plan parcial de desarrollo de la zona de influencia del circuito interior, una vez suscrito el Convenio de Coordinación.

Este proyecto tiene un costo estimado total de 435 millones de pesos, que se detalla al final en un anexo. Las fuentes de financiamiento provendrían, por un lado, de los vecinos beneficiados que pueden contribuir con el 36.8 por ciento del costo total del circuito, aportación que sería cubierta con la donación del derecho de vía. Otra parte puede ser cubierta por el municipio de Reynosa y el gobierno del estado con los ingresos que captan del puente Reynosa-Hidalgo, que cada uno aporte la cantidad que le corresponda y, finalmente, que el gobierno federal complemente la inversión con los recursos que asignó esta Cámara de Diputados a Tamaulipas para construcción y modernización de carreteras, que se fijó en 98.6 millones de pesos.

La globalización nos exige sumar las ventajas comparativas, de la situación geográfica del municipio de Reynosa, con las ventajas competitivas creadas mediante infraestructura de vanguardia.

La infraestructura constituye uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo económico de cualquier estado, municipio o región.

Es por todo lo anterior que someto a esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo de Tamaulipas que asigne los recursos necesarios y suficientes para construir la vialidad primaria denominada ``circuito interior de Reynosa''.

Segundo. Se solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo municipal de Reynosa que se coordine con el gobierno estatal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que se construya la vialidad primaria denominada ``circuito interior de Reynosa''.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de marzo del año 2007.--- Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Comisión de Transportes.

INEGI

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se recibió del diputado Alberto Esteva Salinas , del grupo parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo para que se instale una mesa de diálogo entre la Segob, una comitiva del Congreso de la Unión y autoridades del INEGI a fin de lograr una solución al conflicto laboral que existe en dicho instituto.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se instale una mesa de diálogo entre la Segob, una comitiva del Congreso de la Unión y autoridades del INEGI para solucionar el conflicto laboral de dicho instituto, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Alberto Esteva Salinas , diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, comparece ante esta soberanía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para presentar la proposición con punto de acuerdo, como asunto de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El siguiente punto de acuerdo es en relación a los problemas de los trabajadores despedidos en los años 1998-2002 por el INEGI. El despido masivo de trabajadores se dio a partir de la administración de Vicente Fox Quesada, sexenio que se vio perdido para la solución de los conflictos laborales por falta de visión política de las entonces autoridades, para solucionar este conflicto.

En el año 2000 más de 2 mil trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), decidieron demandar su calidad de trabajadores de base, ya que cumplían un promedio de 10 años de servicio dentro de este instituto. En respuesta, dichos trabajadores fueron despedidos sin considerar que los programas de trabajo donde prestaban sus servicios continúan vigentes hasta el día de hoy y son de carácter sistemático y continuo.

Ha sido reiterada la posición que esta Cámara de Diputados ha adoptado con respecto a este conflicto laboral entre el INEGI y los miles de trabajadores que injustamente fueron despedidos por el instituto, y que es la de dar una solución viable al conflicto dentro del marco de la legalidad. Como ejemplo tenemos las diversas proposiciones con punto de acuerdo por parte de los diputados en las anteriores legislaturas, en las cuales esta soberanía aprobó en el año de 2004 la creación de plazas de base para más de 2 mil 300 trabajadores cesados injustificadamente, punto de acuerdo aprobado por los legisladores de todas los grupos parlamentarios sin que hasta el día de hoy se haya respetado dicho acuerdo.

Los derechos que tienen estos trabajadores son los que regulan las leyes, y son los que se les reconozca como trabajadores de base en atención a lo dispuesto por el artículo 4o de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que dispone que los trabajadores se dividen en dos grupos, de confianza y de base, y al no haber demostrado el INEGI que los trabajadores fueran de confianza, entonces les corresponde el derecho a que se les reconozca como de base, tal y como ha establecido el Octavo Tribunal Colegiado en materia del Trabajo del Primer Circuito para el caso de los ex trabajadores de los estados de Chihuahua y Durango en el que se ha condenado al INEGI a reconocer a los trabajadores su categoría de base.

Es importante señalar lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 35 en el que hace mención que las relaciones de trabajo pueden ser para obra o por tiempo determinado o tiempo indeterminado. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado.

En síntesis, en estos más de seis años, han existido diversas violaciones a los derechos laborales de los trabajadores despedidos injustamente, como son la falta de claridad en las condiciones de trabajo, un ejemplo claro de esto es la política que prevalece dentro del instituto de no proporcionar copia de sus nombramientos a los trabajadores, y cuando los expedían no señalaban con precisión los servicios, además en la mayor parte de estos se hacían firmar en blanco, esto en contraposición al artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Otra de las violaciones flagrantes a las garantías del trabajador es la falta de respeto a la jornada laboral sin recibir una remuneración adicional al realizar trabajos fuera del horario, tal como lo marca la ley.

Igualmente al querer entablar diálogos con las autoridades competentes por parte del INEGI para buscar una solución al conflicto, la solución que ofreció el Jurídico del INEGI a los trabajadores fue que se desistieran de sus demandas o no había trabajo.

Por otra parte, los programas donde esos trabajadores laboraban continúan vigentes, y este gobierno año con año ha aportado los recursos suficientes para la continuidad de dichos programas, por lo que la materia de trabajo subsiste y no existe razón alguna para el despido de los trabajadores.

Actualmente han existido reuniones con la Secretaría de Gobernación para buscar la solución al conflicto, esperando que exista oficio político por parte de las autoridades del INEGI y no seguir provocando una crisis en esa institución, sobre todo en días previos a su autonomía y a un levantamiento censal desfasado y prioritario para el país como es el Censo Agropecuario que de acuerdo a la periodicidad se debió haber levantado en el año 2001.

Por lo cual es de vital importancia que se entable una mesa de dialogo, con todos los actores de este conflicto, que sea llevada con responsabilidad y compromiso en la búsqueda de la solución de este conflicto laboral que ya tiene varios años sin resolverse por falta de capacidad de las autoridades responsables.

Se necesita que la Secretaría de la Función Pública se esmere en no permitir que las dependencias del gobierno federal actúen en contra de lo que establece la Ley Federal para los Trabajadores del Estado, que se viole el reglamento interior de trabajo, como es la creación de tipos de nombramientos fuera de la ley para evadir la responsabilidad con los trabajadores, y sea fincada responsabilidad por parte de los funcionarios que hayan actuado al margen de la ley y que actualmente se encuentren en los niveles directivos dentro del INEGI.

Se necesita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y el INEGI reasignen recursos económicos suficientes en las partidas presupuestales, determinando que los montos de los recursos solicitados sean los calculados en las mesas de negociación que se desarrollan ante la Secretaria de Gobernación, involucrando una solución que sea pagadera en sólo una exhibición para no prolongar más este conflicto, procediéndose a un sorteo de trabajadores beneficiados, en caso de una solución a más de un año, sorteo que debe transparentarse para evitar favoritismos.

Asimismo es importante comentar que, a partir del mes de diciembre del 2006, se empezaron a realizar acciones para la apertura de una mesa de negociación con los trabajadores demandantes de la Dirección Regional Sur del INEGI del estado de Oaxaca, existiendo a esta fecha una propuesta de solución por parte de los trabajadores apegada a derecho, esperando que el instituto tenga una respuesta en los próximos días con una postura positiva para solucionar el conflicto.

Por lo anterior, y por considerarse de urgente y obvia resolución, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que se instale una mesa de dialogo entre la Secretaría de Gobernación, una comisión especial por parte del Congreso de la Unión y autoridades del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con el fin de buscar la inmediata solución del conflicto laboral que existe entre el INEGI y trabajadores despedidos injustificadamente por ese instituto.

Segundo. Que la mesa trate los temas fundamentales para las partes, como son la reinstalación de los trabajadores, una justa liquidación, en el caso de aquellos que ya no puedan ser reinstalados; el reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores y su calificativo como trabajadores de base; asimismo, que la Secretaría de la Función Publica sea la encargada de la vigilancia de los recursos que se le otorgan al INEGI y obligar al mismo instituto a cumplir con la ley y dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.--- Diputado Alberto Esteva Salinas (rubrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PROGRAMA DE SUSTITUCION DE MOTORES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se recibió del diputado Adolfo Orcí Martínez, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Sagarpa y de la Conapesca, destine recursos para el programa de sustitución de motores en beneficio de los pescadores ribereños.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar mediante la Sagarpa y la Conapesca recursos para el Programa de Sustitución de Motores, en beneficio de los pescadores ribereños, a cargo del diputado Juan Adolfo Orcí Martínez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal, secretario de la Comisión de Pesca de la LX Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, más del 90 por ciento de estos pescadores se dedican a la pesca ribereña, la mayoría de ellos en condiciones económicas, técnicas y de seguridad adversas, en embarcaciones ribereñas las cuales en el mejor de los casos están equipadas con un motor fuera de borda con varios años de uso.

Por años y por ser la única alternativa que los distintos fabricantes ofrecían, los motores utilizados por los pescadores ribereños fueron motores de dos tiempos, también denominado motor de dos ciclos, los cuales son motores de combustión interna que realiza las cuatro etapas del ciclo termodinámico (admisión, compresión, expansión y escape) en dos movimientos lineales del pistón (una vuelta del cigüeñal). Se diferencia del motor de cuatro tiempos de ciclo de Otto, en que este último realiza las cuatro etapas en dos revoluciones del cigüeñal.

Respecto al impacto que generan los motores de dos tiempos en el medio ambiente, se tiene que éste es por mucho superior al de los motores de cuatro tiempos, ya que durante la fase de escape de los primeros, parte del volumen de mezcla sin quemar (mezcla de aceite y gasolina), se pierde junto a los gases resultantes de la combustión, provocando no solo una pérdida de rendimiento, sino más emisiones contaminantes, o sea, no tan sólo arroja al medio marino gases contaminantes, sino también gasolina con aceite. Además, por su diseño, el motor de dos tiempos consume un 35 por ciento más de combustible.

Otro aspecto a considerar es el de que la pesca ha sido y sigue siendo una ocupación peligrosa. Aunque el riesgo será siempre parte inherente de la actividad pesquera, las medidas para reducir los riesgos en la mar han resultado eficaces, especialmente en las zonas tecnológicamente avanzadas del mundo. No obstante, la pesca según documentos de organismos especializados como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sigue siendo la ocupación humana más peligrosa.

Para los legisladores, sobre todo los que provenimos de estados costeros, la problemática que aqueja a la pesca tiene dos facetas: una, los problemas relativos a la eficiencia sustentable de las actividades pesqueras y dos, la seguridad de la vida humana en el mar. Es por lo mismo que vemos al programa de sustitución de motores fuera de borda, no como un capricho, ni un experimento tratando de copiar modelos de producción que han mostrado ser eficientes en países del primer mundo, pero que son inadecuados para nuestra realidad. Sino como un programa para dar seguridad a nuestros pescadores ribereños en la mar, para que las actividades pesqueras se realicen con respeto al medio ambiente marino y para que nuestros pescadores produzcan con menores gastos de operación.

Cabe mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 se etiquetaron recursos para el programa de sustitución de motores, sin embargo, los mecanismos que se implementaron para acceder a estos recursos dificultaron que los productores accedieran a ellos y fueron pocos los que pudieron beneficiarse con el programa.

En cuanto al Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, anexo 7, se tienen contempladas las partidas etiquetada bajo los rubros de ``Dar continuidad a los apoyos al sector pesquero'' y ``Programas pesqueros'', dentro de los cuales se puede incluir un programa de sustitución de motores fuera de borda de dos tiempos, por motores de cuatro tiempos.

En este contexto, sí consideramos que el ordenamiento pesquero, es el conjunto de políticas, estrategias y acciones para administrar los recursos pesqueros y acuícolas y tiene por objetivo alcanzar el aprovechamiento sustentable a largo plazo, preservando la biodiversidad, los ecosistemas marinos, acuáticos costeros y continentales; de manera tal que sea posible desarrollar una pesca responsable con beneficio socioeconómico. En razón de lo anterior, como parte del Programa de Ordenamiento Pesquero y Acuícola que ya existe es razonable promover el desarrollo de la pesca ribereña mediante la sustitución de motores de cuatro tiempos o de dos tiempos, a fin de lograr la estabilidad económica de las familias que se dedican a la actividad, presentando un esquema de mejora tecnológica y ecológica y un ahorro significativo en los gastos de operación y la prevención del medio ambiente.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante el Pleno de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa, para que se destinen recursos económicos suficientes para el Programa de Sustitución de Motores y se instrumenten mecanismos eficientes para que los pescadores ribereños puedan beneficiarse con esos recursos.

Diputado Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

GRUPOS DE AMISTAD MEXICO - OCEANIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se recibió del diputado Érick López Barriga, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se constituye el Grupo de Amistad México-Oceanía de la LX Legislatura.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se constituye el grupo de amistad México-Oceanía de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Érick López Barriga, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se someta a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes antecedentes y consideraciones:

Introducción

Durante los últimos años, México y los países de la región de Oceanía han incrementado de manera importante los mecanismos de cooperación mediante los cuales se relacionan. La creación de un grupo de amistad entre México y dicha región representa la oportunidad de estrechar lazos y contribuir al fomento de una mayor colaboración entre los países que forman parte de dicha región y nuestro país.

La región del Pacífico se ha convertido en clave para la economía y el comercio internacional por la creciente importancia que están adquiriendo naciones como Australia, Nueva Zelanda, Corea, China, entre otros. La necesidad de México por diversificar sus relaciones políticas y económicas debería ser un motivo para enfocar más los ojos hacia el sudeste asiático, pues los beneficios económicos que se pueden lograr a través de una mayor interacción pueden ser muy positivos. De manera particular, la región de Oceanía representa grandes oportunidades para nuestro país en materia de comercio, inversión y turismo.

Durante los últimos años, México ha incrementado su participación en los diversos mecanismos de cooperación existentes en la región del este asiático. Nuestro país es parte del Mecanismo de Cooperación Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) desde 1993. Esta asociación le ha permitido obtener importantes beneficios. Se han fortalecido así las relaciones comerciales y de inversión en una de las regiones más importantes y dinámicas del mundo, la cual concentra más de 50 por ciento de la producción y 46 por ciento del comercio mundial. De manera similar, la participación de México en este mecanismo de concertación ha promovido las exportaciones y la inversión extranjera en nuestro país, permitiendo la concreción de una serie de proyectos de cooperación económica y tecnológica.

A nivel parlamentario también se ha logrado avanzar en la concertación entre los representantes populares de México y la región de Oceanía, sobre todo a partir de las reuniones llevadas a cabo en el marco del Foro Parlamentario Asia-Pacífico (FPAP). En dicho mecanismo participan varias de las naciones de la región de Oceanía, entre las que destacan las siguientes: Australia, Nueva Zelanda, Islas Fiji, Papua Nueva Guinea, Micronesia e Islas Marshall.

El foro consiste en un espacio de concertación entre parlamentarios nacionales, quienes participan tanto en su calidad de delegados de sus respectivos parlamentos como mediante sus capacidades personales. El mecanismo ha logrado proporcionar oportunidades a los representantes populares de los distintos países de la región de Asia-Pacífico para identificar y discutir cuestiones de preocupación e interés común y otorgarles visibilidad en un contexto global. Ha ayudado también para profundizar sus conocimientos sobre las políticas públicas que son desarrolladas por los países de la región y para estimular y promover la cooperación regional en todos los niveles sobre cuestiones de preocupación común. Gracias a este foro regional, los parlamentarios nacionales desarrollan un papel de promotores de sus respectivas naciones para otorgar un sentido de cohesión regional, entendimiento y cooperación.

México forma parte también de dos organismos importantes para la región de Oceanía: el Consejo para la Cooperación Económica del Pacífico (PECC, por sus siglas en inglés), el cual es una organización tripartita e independiente del sector privado y de la industria, del gobierno y de los círculos académicos, cuenta con 25 miembros y busca mejorar la cooperación y la coordinación de políticas en áreas como el comercio, la inversión, las finanzas y los diversos sectores industriales; el segundo organismo regional del que México forma parte es el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC, por sus siglas en inglés), éste es un mecanismo de cooperación de carácter privado integrado por empresas e instituciones que mantienen diversos niveles de asociación, negocios, intercambio, turismo, con los países que conforman la Cuenca del Pacífico.

Adicionalmente, la economía mexicana se ha convertido en una de las más abiertas del mundo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, nuestro país ha suscrito a la fecha un total de 42 tratados de libre comercio en tres continentes, por lo que nuestro comercio ha sido uno de los más dinámicos a escala mundial.

Por tanto, para México en su conjunto, y especialmente para algunos de los estados de nuestra república, la mayor vinculación con la región de Oceanía facilitará las oportunidades para incrementar los negocios que en algunos casos ya representan fragmentos importantes de sus respectivas relaciones económicas y comerciales.

La región de Oceanía

México y los países que forman la región de Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, Nauru, Samoa, Fiji, Tavalu, Kiribati, Palau, Islas Marshall, Papua Nueva Guinea, Vanuatu, Micronesia, Islas Salomón) han desarrollado durante los últimos años crecientes lazos culturales, sociales, políticos y económicos.

Particularmente con Australia y Nueva Zelanda, mayores economías de la región, los vínculos con nuestro país se han fortalecido, caracterizándose por un importante diálogo político al más alto nivel, así como por las amplias coincidencias que México comparte con dichos países en temas de la agenda internacional.

El resto los estados independientes que forman parte de la región de Oceanía, son territorios pequeños distribuidos en una serie de islas situadas en el Pacífico Central. Son en su mayoría monarquías constitucionales que cuentan con sistemas parlamentarios siguiendo el modelo británico de gobierno. Algunos de los estados de esta región tienen la característica de estar entre las naciones independientes más pequeñas del mundo y también las menos pobladas.

Seguramente recordamos, por ejemplo, a las Islas Marshall, Estado que mantiene una libre asociación con Estados Unidos, y que fue el lugar adonde fueron llevados los tres pescadores mexicanos rescatados el pasado 9 de agosto en aguas del Océano Pacífico, para posteriormente ser retornados a México.

La relación bilateral con Australia es la más grande que sostenemos en la región. Este país cuenta con una extensión territorial de 7.68 millones de kilómetros cuadrados y una población de 20 millones 436 mil 443 habitantes. Su régimen político es una monarquía constitucional de corte federal, conformado por seis estados y dos territorios. El sistema político es parlamentario, siguiendo el modelo británico. El Poder Ejecutivo está constituido por los ministros que forman parte del gabinete de gobierno, encabezados por el primer ministro y asistidos por los ministros y los secretarios parlamentarios.

Pensamos que para nuestro país la relación con Australia debe convertirse en una colaboración de carácter estratégica, pues dicha nación es uno de los puntos a través de los cuales podemos ingresar a la región de Asia-Pacífico. Australia es altamente desarrollada, siendo el sector servicios el motor de su economía, aunque cuenta también con un importante sector manufacturero.

En los últimos años hemos visto un gran crecimiento en la relación comercial de México con Australia. De acuerdo con información del Banco de México, las exportaciones mexicanas a aquella nación han aumentado de manera importante, pasando de 35 millones de dólares (md) en 1990 a 231 md en 2005. No obstante, las importaciones mexicanas provenientes de dicha nación son las que se han incrementado de forma más dramática, al pasar de 35 md en 1990 a 802 md durante 2005. Así, la balanza comercial de nuestro país con Australia fue deficitaria en 2005 en 570 md. Será necesario, por tanto, un gran esfuerzo de promoción de los productos mexicanos en dicho país, a fin de lograr un balance entre lo que compramos y vendemos.

En lo que se refiere a los principales productos que vendemos a Australia podemos ubicar las cajas de velocidades mecánicas, la cerveza de malta y el gas. El principal producto que compramos de Australia es la hulla bituminosa, que sirve para la fabricación del carbón. Más de la mitad de todo lo que importamos durante 2005 de ese país (467 md) fue de este producto.

En lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa (IED) de Australia en nuestro país, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía de México, a junio de 2006 se cuenta con el registro de 65 sociedades con participación australiana en su capital social. Las empresas con inversión australiana se dedican a las actividades del sector servicios, el comercio, la industria manufacturera, minería y extracción y el sector agropecuario. Dichas empresas se localizan en mayor medida en el Distrito Federal, Jalisco, Quintana Roo y en el Estado de México.

Entre enero de 1999 y junio de 2006 las empresas con capital australiano realizaron inversiones por 59.0 md, monto que representa 1.6 por ciento de la inversión aportada por los países asiáticos de la Cuenca del Pacífico (3 mil 670.9 md). Como vemos, dicho monto es todavía muy bajo, por lo que será necesario avanzar en la concertación entre los dos países, con el fin de materializar mayores inversiones en nuestro país.

Incluso en los últimos años se ha puesto a discusión la idea entre ambos gobiernos de negociar un tratado de libre comercio. No obstante, hasta este momento sólo se ha hablado de cuáles podrían ser sectores susceptibles, cuáles serían los temas, etcétera, pero no hay aún calendario definido. Por lo mismo, la creación de este grupo de amistad podrá contribuir a estudiar cuáles podrían ser los aspectos positivos de una negociación de este tipo.

Este año se está celebrando el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, lo que ha permitido construir una relación positiva, tanto en lo comercial y cultural como en las posiciones que los dos países tienen en foros multilaterales. Los desafíos que enfrentan ambas naciones en cuestiones relativas a la paz mundial, la seguridad, los derechos humanos, entre otros, deben ser manejados en forma efectiva entre países. México y Australia pertenecen al Grupo de Amigos de la Reforma de las Naciones Unidas, en donde han logrado compartir posiciones sobre una reforma democrática e incluyente a la organización internacional por excelencia.

La cooperación en materia educativa y cultural también se ha incrementado en los últimos años. De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los últimos cinco años ha crecido la población estudiantil mexicana en Australia, alcanzando a la fecha más de mil estudiantes. No obstante, es necesario continuar la búsqueda de otras fórmulas que permitan acrecentar el número de intercambios en este sector.

Finalmente, de acuerdo con información del gobierno de Australia, existe en dicho país una escasez de trabajadores con habilidades, por lo que se ha dado un fuerte incremento de migración de México hacia esa nación. Lo anterior permite pensar en las posibilidades que se presentan en este ámbito a fin de alcanzar una mayor colaboración en este tema entre ambas naciones.

Por su parte, Nueva Zelanda tiene una extensión territorial de 268 mil 680 kilómetros cuadrados. Cuenta con una población aproximada de 4 millones de habitantes. La mayoría es de origen europeo. Alrededor de 15 por ciento son nativos maoríes; otro 5 por ciento proviene del Pacífico Sur, y hay una pequeña, aunque creciente, población asiática.

Las relaciones entre México y Nueva Zelanda se iniciaron en 1973; actualmente han cobrado un mayor dinamismo. Prueba de ello es la visita oficial que la primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, realizó a México del 12 al 14 de noviembre de 2001, para analizar el estado de las relaciones bilaterales y para coordinar acciones que permitieran impulsar los vínculos de amistad y diálogo político, además de intercambiar puntos de vista sobre diversos asuntos internacionales de interés común.

En el mismo sentido, durante los últimos años se han intensificado los esfuerzos para traducir el importante nivel de diálogo político en acciones concretas de cooperación, y en mayores intercambios comerciales y de inversión.

Para Nueva Zelanda, México es su mayor socio económico en América Latina. Casi la mitad de su comercio con la región se realiza con México. Éste ha logrado buena parte de su desarrollo en base a una estrategia coherente de comercio de productos agrícolas.

En los últimos años las exportaciones de México a Nueva Zelanda han aumentado pero siguen representando una cantidad marginal, de alrededor de 12 md anuales. En cambio, las importaciones mexicanas de dicho país han aumentado considerablemente, pasando de 184 md en 1990 a 385 md en 2005. También con esta nación mantenemos un gran déficit comercial, el cual llegó el año pasado a 373 md.

Los productos que más compramos a Nueva Zelanda son la grasa butírica deshidratada, la leche en polvo y diversos productos ganaderos.

A junio de 2006 se contaba con el registro de 28 sociedades con participación de Nueva Zelanda en su capital social. Las empresas con inversión neozelandesa se dedican a las actividades de servicios, comercio, industria manufacturera, construcción, y transportes y comunicaciones, y se localizan principalmente en Distrito Federal, Baja California y Jalisco. Gran parte de la inversión se dirige a la elaboración de productos lácteos.

Entre enero de 1999 y junio de 2006 las empresas con capital neozelandés registran inversiones por 74.7 md, cantidad que representa 2.0 por ciento de la inversión efectuada por países de la Cuenca del Pacífico (3 mil 670.9 md). Con ello, Nueva Zelanda ocupó la quinta posición entre los países asiáticos de la Cuenca del Pacífico que en ese lapso realizaron inversiones en México.

El multilateralismo también es un tema importante para la relación entre México y Nueva Zelanda. Ambos países han sido fuertes promotores de la ONU. De igual manera, en el tema del desarme hemos cooperado muy estrechamente desde hace muchos años. Cabe destacar que las dos naciones forman parte del Grupo de Países de la Nueva Agenda, integrado además por Brasil, Egipto, Irlanda, Sudáfrica y Suecia, el cual promueve la eliminación de las armas nucleares.

Entre enero de 1999 y junio de 2003 las empresas con capital neozelandés registraron inversiones por 27.1 millones de dólares. Con ello, Nueva Zelanda ocupó la quinta posición entre los países asiáticos de la Cuenca del Pacífico que en ese lapso materializaron inversiones en México.

El producto principal de comercio entre México y Nueva Zelanda es la leche en polvo. Se ha comercializado este producto por más de 30 años. Nosotros vendemos maquinaria y repuestos para automóviles. La gran oportunidad está en el sector de las artesanías, donde hay un muy buen mercado para los productos mexicanos en aquella nación.

Hasta junio de 2003 se contaba con el registro de 20 sociedades con participación de Nueva Zelanda en su capital social. Las empresas con inversión neozelandesa se dedican a las actividades de servicios, comercio, industria y construcción. Se localizan principalmente en el Distrito Federal, Baja California y Guanajuato.

En la agenda de mediano plazo se ha planteado también la necesidad de avanzar en la construcción de una sociedad económica, en donde se incluyan cuestiones no sólo de aranceles o de comercio, sino también con inversión, comercio de servicios, intercambio cultural, etcétera.

El turismo ha sido otro de los sectores que ha logrado aumentar de manera significativa entre México y los países de la región de Oceanía, no obstante todavía existen muchas oportunidades para hacer de esta actividad una oportunidad para el desarrollo de nuestro país.

Finalmente, México mantiene representaciones diplomáticas fundamentalmente en dos de las naciones más importantes de la región de Oceanía: Australia y Nueva Zelanda. Dichas misiones diplomáticas tiene responsabilidades específicas en asuntos económicos y comerciales, multilaterales y de cooperación, educativos y de promoción del turismo. Al mismo tiempo, sirven como representaciones concurrentes para atender los asuntos con las demás naciones de la región. En el mismo sentido, existen en nuestro país representaciones diplomáticas de Australia y Nueva Zelanda.

Otras consideraciones

Es oportuno reconocer la posición central de la institución parlamentaria como representante de la soberanía popular y expresión del pluralismo político. Pensamos que el seguimiento e impulso al trabajo desarrollado por la diplomacia tradicional, la desarrollada entre poderes ejecutivos, debe ser reforzado por los lazos entre los legisladores como representantes directos de los pueblos de México y de Oceanía, en el marco de la diplomacia parlamentaria, a través de la aprobación de la conformación de un grupo de amistad entre nuestro país y la región de Oceanía.

Es necesario reconocer que la función de la diplomacia parlamentaria debe ser de gran importancia para el ejercicio de la política internacional, al mismo tiempo que debe contribuir para que el legislador cuente con herramientas adicionales para el intercambio de información y de experiencias.

La diplomacia parlamentaria debe ser, además, un instrumento valioso de los parlamentarios para fomentar las relaciones de amistad y cooperación, que son de gran utilidad para nuestro país.

Así, los legisladores tienen las posibilidades de contribuir de manera importante para que la relación con Oceanía se robustezca y se tengan cada día mejores y más fuertes lazos entre nuestras naciones para el beneficio de nuestros ciudadanos.

Los parlamentarios pueden contribuir también a profundizar los compromisos que unen al México y Oceanía con la idea de avanzar en la construcción de posiciones comunes en los escenarios regional e internacional y en particular en las múltiples negociaciones comerciales en las que se hallan involucradas.

Asimismo, el intercambio y la cooperación parlamentarias pueden ayudar a afianzar la amistad, la comprensión y la cooperación entre los pueblos de México y los países de Oceanía, y afianzar el proceso de vinculación bilateral, en especial en lo que se refiere a los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales del mismo.

Algunos objetivos adicionales que la constitución del grupo de amistad puede arrojar a la relación entre ambas regiones son llevar a conocimiento de los gobiernos los asuntos de interés del grupo de amistad; fortalecer el diálogo y promover el intercambio de informaciones y experiencias, en especial mediante el desarrollo de la cooperación entre ambas partes; fomentar el análisis y estudio de temas de interés común, como los relativos a la legislación sobre integración y perfeccionamiento institucional; incrementar la mutua colaboración entre los servicios de documentación de ambas partes, así como promover la comunicación de las informaciones relativas a las actividades parlamentarias de interés recíproco; y organizar eventos académicos y científicos y manifestaciones culturales conjuntas.

Finalmente, vale la pena añadir que en días pasados la diputada Laura Angélica Rojas Hernández , perteneciente al grupo parlamentario del PAN, presentó un punto de acuerdo para solicitar la creación de un Grupo de Amistad con el Parlamento de Nueva Zelandia, reconociendo así la necesidad de fortalecer las relaciones de cooperación con dicha nación, así como la promoción de estudios sobre temas comunes y de interés entre ambos países.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se constituye el Grupo de Amistad México-Oceanía de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, para la atención, intercambio legislativo, estudios y seguimiento de los vínculos bilaterales con esta región.

Segundo. El Grupo de Amistad México-Oceanía se formará con 10 legisladores; quedará integrado por las diputadas o diputados que al efecto designen los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 15 días de febrero de 2007.--- Diputados: Érick López Barriga, Rubén Aguilar Jiménez , Antonio Soto Sánchez , Miguel Ángel Arellano Pulido , Jesús Manuel Patrón Montalvo , Raúl Alejandro Padilla Orozco , Raúl Ríos Gamboa , Antonio Ortega Martínez , Rafael Villicaña García , Daniel Chávez García , Víctor Gabriel Varela López , Juan Carlos Velasco, César Horacio Duarte Jáquez , Alberto Amaro Corona , Alejandro Martínez Hernández , Alfredo Adolfo Ríos Camarena , Héctor Padilla Gutiérrez , Israel Beltrán Montes , José Rubén Escajeda Jiménez , José Rosas Aispuro Torres , Francisco Javier Santos Arreola , Juan Manuel San Martín Hernández , Martín Zepeda Hernández , Juan Nicasio Guerra Ochoa , Juan Adolfo Orcí Martínez , Mario Enrique del Toro, Rosa Elva Soriano Sánchez , Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , Concepción Ojeda Hernández , Francisco Márquez Tinoco , Mario Vallejo Estévez, Javier González Garza , Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , Alliet Marina Bautista Bravo, José Jacques y Medina , Jesús Humberto Zazueta Aguilar , Juan Darío Lemarroy Martínez, Érika Larregui Ángel, María Eugenia Campos Galván , José Manuel Minjares Jiménez , Felipe Díaz Garibay , Laura Angélica Rojas Hernández , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PROYECTOS DE INVERSION CON REGISTRO DIFERIDO EN EL GASTO PUBLICO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se recibió del diputado Ramón Félix Pacheco Llanes , del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en relación con los proyectos de inversión con registro diferido en el gasto público (Pidiregas).

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión investigadora de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad con relación a los proyectos de inversión con registro diferido en el gasto público, a cargo del diputado Ramón Pacheco Llanes , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Ramón Félix Pacheco Llanes , integrante del Grupo Parlamentario del PRD de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93, párrafo tercero, de la Ley Fundamental; y 23, numeral 1, inciso f), y 41, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía un punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La facultad de crear comisiones de investigación se introdujo en 1977, al modificarse el último párrafo del artículo 93 del Código Político de 1917.

Tratándose de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal es indispensable encontrar técnicas que permitan vigilar las actividades de esos organismos, y que esta soberanía participe a plenitud en las tareas de supervisión y control que realiza el titular del Poder Ejecutivo respecto a esas corporaciones, y que esta facultad se encuadre también en el marco de equilibrio que se busca entre el Ejecutivo y Legislativo. Éste fue el objeto de la modificación de 1977.

Las comisiones de investigación son órganos legislativos creados por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores que están dotados de cierta autonomía y poseen facultades específicas, que las distinguen de las demás comisiones ordinarias, para el desempeño de sus funciones. Tienen un carácter temporal, pues una vez cumplido el objeto por el cual fueron creados se disuelven.

Ahora bien, la producción de petróleo es uno de los soportes básicos de la economía nacional, ya que de ella se derivan una gran cantidad de productos. Además, constituye la más importante fuente de ingresos fiscales. Por ello, lo que sucede en este sector tiene un impacto muy considerable en las demás actividades económicas, así como en las finanzas públicas.

Contra lo que mucha gente supone, México puede pasar a ser un importador de petróleo crudo, luego de una paulatina disminución de los volúmenes de exportación, con su consecuente disminución de los ingresos en divisas. Si no se le deja a Pemex un monto creciente de los ingresos que genera, el proceso de disminución de la producción puede acelerarse.

El margen de maniobra para el presente sexenio es muy estrecho. Los montos de recursos ya comprometidos son cuantiosos, por lo que las cuentas alegres que pretenden eliminar en poco tiempo las importaciones de petrolíferos y de gas natural no parecen tener fundamentos objetivos.

La falta de transparencia, tanto de Pemex como del gobierno federal respecto a la irresponsable política en materia petrolera seguida durante los últimos sexenios ha limitado la posibilidad de que la sociedad conozca y evalúe, de manera objetiva, lo que realmente sucede en ese estratégico sector. Las propuestas para la discusión de la ya inaplazable reforma fiscal deben partir no de lo que sería ideal o deseable, sino de realidades, por duras que sean.

Las metas de aumento de la producción de petróleo presentadas por Pemex hace sólo dos años no sólo no se cumplieron, sino que se registra una sostenida disminución en 2005 y 2006. Esta caída parece ser resultado de la combinación de dos factores: la declinación del yacimiento Cantarell que está resultando más acelerada de lo anticipado, a pesar de los cuantiosos recursos invertidos, y que el aumento esperado en la producción de otros yacimientos, como los de Chicontepec, no se ha producido.

Para entender el origen de este problema recordemos que desde la expropiación la renta petrolera fue usada como una palanca del desarrollo. Los mecanismos utilizados fueron básicamente dos: por un lado se proporcionaron combustibles subsidiados, y por otro los recursos captados por el fisco se usaron para educación, salud e inversión pública.

En un inicio, la renta petrolera no era tan cuantiosa debido a la situación entonces existente en el mercado internacional. Como las grandes potencias controlaban a los principales países productores, lograron mantener anormalmente bajos los precios del crudo. Esa situación se empezó a modificar cuando surgió la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a principios de los años sesenta.

El mantenimiento de esos precios castigados hizo que no fuera rentable para México ampliar la exportación, utilizándose preferentemente el petróleo para el mercado interno. La política de subsidios, que resultó muy exitosa al principio, se fue desgastando hasta ir descapitalizando a Pemex. Entre 1958 y 1973 los precios de los productos petrolíferos no aumentaron y México fue importador neto a partir de 1971.

Ese escenario se modificó abruptamente en 1973, cuando la OPEP decidió cuadruplicar los precios del petróleo. Con ese incentivo, y la disponibilidad de cuantiosos recursos de deuda externa, Pemex empezó de nuevo a invertir en la búsqueda de nuevos yacimientos. Pronto los encontró en la zona sur, a la que siguió la sonda de Campeche, en especial el yacimiento gigante de Cantarell, con lo que se amplió la producción y exportación de crudo.

A partir de la crisis de 1982 la producción se estancó; alcanzó su nivel más bajo en 1986, cuando los precios del crudo se desplomaron. Pero a partir de 1996 se registra un aumento sostenido, tanto en la producción como en la exportación, las cuales empiezan a declinar en 2005 y 2006.

Precisamente tras el estallido de la crisis la economía mexicana sufrió un ajuste de enormes proporciones. La política económica del gobierno se orientó a abrir la economía hacia la competencia externa, induciendo la operación de mecanismos de mercado en todas las actividades. Aunque la inversión en la industria petrolera se redujo drásticamente, la producción se mantuvo debido a la enorme infraestructura construida en años anteriores sobre los enormes yacimientos descubiertos.

La renta petrolera fue utilizada para compensar la caída en los ingresos públicos, con lo que se evitó una reforma fiscal progresiva. Los subsidios a los productos derivados del petróleo se fueron eliminando, con lo que una proporción creciente de los ingresos de Pemex fueron transferidos al gobierno.

Durante el gobierno de Carlos Salinas Pemex fue reorganizada en cuatro grandes subsidiarias: Exploración y Producción; Refinación; Gas y Petroquímica Básica; y Petroquímica. La idea era ir vendiéndolas poco a poco, empezando por la última. La tributación aplicada a Pemex se incrementó de manera exagerada, quitándole no sólo la renta petrolera, sino incluso los recursos indispensables para la inversión. La única salida que se le dejó fue endeudarse para poder seguir operando.

En el sexenio de Ernesto Zedillo se continuó con esa política, pero con un agravante. Además se seguir utilizando a Pemex para compensar la incapacidad del gobierno para incrementar los ingresos fiscales de otras fuentes, el costo del rescate bancario (Fobaproa) impuso una mayor presión a las finanzas públicas. Con la finalidad de mantener esa política de exprimir a Pemex al máximo, en 1997 se crearon los Proyectos de Inversión con Registro Diferido en el Gasto (Pidiregas), consistentes en financiar la inversión con fuentes privadas, y registrando ese endeudamiento de manera ``diferida'', es decir, maquillando la contabilidad del Pemex y, con ello, la verdadera situación de desastre de las finanzas públicas.

Mediante los Pidiregas se ha ido generando una creciente deuda escondida que está llevando paulatinamente a Pemex a una verdadera situación de quiebra. Durante el periodo de Fox el financiamiento de la inversión de Pemex mediante los Pidiregas casi llegó al límite. Por esa razón se empezaron a crear, como alternativa, los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), esquema que no ha prosperado, debido a la inseguridad jurídica en que opera.

Formalmente, las principales características de los Pidiregas son:

La construcción de las obras las realiza el sector privado por cuenta y orden de las entidades públicas, con financiamiento propio o de terceros.

Durante su construcción los gastos no impactan las finanzas públicas, siendo registrados únicamente en cuentas de orden.

Una vez construidos los proyectos, se entregan para su operación a Pemex o CFE, y se inicia el pago de las obligaciones con afectación del gasto público.

El flujo de ingresos anual que el proyecto genere por la venta de bienes y servicios debe ser suficiente para cubrir el pago de las obligaciones contraídas.

Hasta el término de los proyectos, las obligaciones contraídas tienen preferencia respecto a nuevos financiamientos para su inclusión en el presupuesto de los años posteriores.

Los Pidiregas tienen un marco normativo para su aprobación, ejecución y seguimiento más estricto que el de los proyectos presupuestarios.

Estos proyectos son aprobados por el Congreso de la Unión, mediante la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos federales.

Lo cierto es que los Pidiregas implican una deuda a largo plazo del gobierno con la iniciativa privada, que se ha disparado a cuenta de Pemex durante los últimos años. Según estimaciones de Pemex, la deuda en Pidiregas al final del sexenio será de 58 mil 100 millones de dólares. Según estimaciones de la Oficina de Relación con los Inversionistas de Pemex, la empresa necesitará para inversión en capital y amortizaciones, tan sólo este año, 16 mil 600 millones de dólares.

Con los datos señalados se puede concluir que la situación de la industria petrolera nacional muestra una gravedad sin precedentes.

El momento actual exige una discusión seria y profunda sobre los grandes problemas nacionales, entre los que destaca el petrolero. La trayectoria hacia el agotamiento de la producción de crudo y el cambio hacia una situación de importaciones crecientes por falta de recursos de inversión es una muestra clara de que las finanzas públicas ya no pueden seguir dependiendo fundamentalmente de los ingresos petroleros.

Dado que existen dudas de que la experiencia con la utilización de los Pidiregas haya sido plenamente exitosa, en particular que las obras que se construyeron con este esquema sean capaces de generar los ingresos proyectados para la recuperación de las inversiones; así como sobre el nivel de las tasas con que se comprometieron estos esquemas; y por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión crea una Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, con relación a los Proyectos de Inversión con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas).

Segundo. El objeto de la comisión de referencia será

a) Comprobar el nivel de endeudamiento mediante el esquema Pidiregas y el riesgo que significa para las finanzas de los organismos del sector energético que lo han utilizado.

b) Confirmar que los proyectos en operación cumplen la condición de generar el flujo de recursos suficientes para cubrir los costos de operación y sus obligaciones financieras.

c) Verificar que las tasas de interés con que se comprometieron las obligaciones financieras están dentro del rango de valores de las prácticas comerciales internacionales.

d) Supervisar que en los bloques concesionados de la Cuenca de Burgos los trabajo licitados con el esquema de contratos de servicios múltiples se desarrollan conforme a las mejores prácticas de la industria petrolera internacional.

Tercero. El presidente de la comisión citada podrá solicitar ante las autoridades competentes la información y documentación que requiera para el desempeño de sus funciones y, de igual manera, los integrantes podrán entrevistarse con las autoridades respectivas a fin de intercambiar puntos de vista en relación con el objeto de creación de la comisión.

Cuarto. La duración de la comisión será por el término de una legislatura.

Quinto. La Junta de Coordinación Política hará una propuesta de integración de la comisión ante la Mesa Directiva, en la que se encuentren representados todos los grupos parlamentarios al seno de la Cámara de Diputados, atendiendo a la pluralidad y con base en el criterio de proporcionalidad.

Diputados: Ramón Félix Pacheco Llanes , Alejandro Sánchez Camacho , Faustino Soto Ramos , Aleida Alavez Ruiz , Pablo Trejo Pérez , Maricela Contreras Julián , David Sánchez Camacho , Efraín Morales Sánchez , Lourdes Alonso Flores , Érick López Barriga, Adrián Pedrozo Castillo , Daniel Dehesa Mora , Jorge Mario Lescieur Talavera , Daisy Selene Hernández Gaytán , Alberto López Rojas , Roberto Mendoza Flores , Rafael Elías Sánchez Cabrales , Silbestre Alvarez Ramón, Pedro Landero López , Gloria Rasgado Corsi , Abundio Peregrino García , Rosa Elia Romero Guzmán , Ricardo Cantú Garza , Rodolfo Solís Parga , Anuario Luis Herrera Solís , Concepción Ojeda Hernández , Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Holly Matus Toledo , José Luis Gutiérrez Calzadilla , Miguel Ángel Solares Chávez , Francisco Márquez Tinoco , Carlos Sánchez Barrios , Marcos Matías Alonso , César Flores Maldonado , Mario Enrique del Toro, María Eugenia Jiménez Valenzuela , Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , Irene Aragón Castillo , Hugo Eduardo Martínez Padilla , Francisco Martínez Martínez , Juan Dario Arreola Calderón, Santiago López Becerra , Octavio Martínez Vargas , Layda Elena Sansores San Román , Félix Castellanos Hernández , Antonio Ortega Martínez , Antonio Soto Sánchez , José Jacques y Medina , Martín Ramos Castellanos , Rosario Ignacia Ortiz Magallón , Miguel Ángel Arellano Pulido , Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , Martín Zepeda Hernández , Claudia Lilia Cruz Santiago , Raymundo Cárdenas Hernández , Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , Francisco Javier Calzada Vázquez , Miguel Ángel Navarro Quintero , Silvia Oliva Fragoso , Armando Barreiro Pérez , Rafael Plácido Ramos Becerril , Víctor Gabriel Varela López , María Elena Torres Baltazar , Jesús Evodio Velázquez Aguirre , Daniel Torres García , Jaime Espejel Lazcano , Raciel Pérez Cruz , Neftalí Garzón Contreras , Víctor Manuel Lizárraga Peraza , Carlos Orsoe Morales Vázquez , Sergio Hernández Hernández , Juan Manuel San Martín Hernández , Modesto Brito González , Celso David Pulido Santiago , Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Higinio Chávez García , Lourdes Alonso Flores , Pablo Leopoldo Arreola Ortega , Silvano Garay Ulloa , Rafael Elías Sánchez Cabrales , Javier González Garza , Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , Víctor Aguirre Alcaide , Víctor Manuel Lizárraga Peraza , Adriana Díaz Contreras , Neftalí Garzón Contreras , Delio Hernández Valadés , Juan Nicasio Guerra Ochoa , Mónica Fernández Balboa , José Manuel del Río Virgen , María del Carmen Salvatori Bronca , José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , Alma Lilia Luna Munguía , Venancio Luis Sánchez Jiménez , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , Miguel Ángel Peña Sánchez , Rosa Elva Soriano Sánchez , José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , Cuitlahuac Condado Escamilla, Armando García Méndez , Jorge Godoy Cárdenas , Humberto Dávila Esquivel , Guadalupe Socorro Flores Salazar , María Mercedes Maciel Ortiz , Ana Yurixi Leyva Piñón , Robinson Uscanga Cruz , Ruth Zavaleta Salgado , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , Diego Cobo Terrazas , María Guadalupe Josefina García Noriega , Olga Patricia Chozas y Chozas , Mónica Arriola, Francisco Elizondo Garrido , Lorena Martínez Rodríguez , Juan Carlos Velasco Pérez , Joel Guerrero Juárez , Fernando Enrique Mayans Canabal , Víctor Ortiz del Carpio , Joaquín Humberto Vela González . Jesús Humberto Zazueta Aguilar , Susana Monreal Ávila , Alberto Amaro Corona , Mario Vallejo Estévez, Andrés Lozano Lozano , Carlos Altamirano Toledo , Victorio Rubén Montalvo Rojas , Gerardo Villanueva Albarrán , Irineo Mendoza Mendoza , Francisco Javier Santos Arreola , Emilio Ulloa Pérez , Carlos Roberto Martínez Martínez , Camerino Eleazar Márquez Madrid , Aurora Cervantes Rodríguez , Alejandro Martínez Hernández , Rafael Villicaña García , Víctor Hugo García Rodríguez , Odilón Romero Gutiérrez , Daniel Torres García , Moisés Félix Dagdug Lützow , Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Sánchez Ramos (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se recibió del diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Investigadora del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión investigadora del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD

Entre los muchos temas de interés nacional dignos de ser estudiados por una comisión de investigación de la Cámara de Diputados, destaca el del rescate bancario iniciado a través del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro Bancario, a partir de la crisis económica de 1995.

Como resultado de ese rescate, el gobierno adquirió unos enormes pasivos (deuda) que se han constituido en una pesada carga para el pueblo mexicano. En 1999 se creó el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, al cual se encomendó concluir los programas de rescate y saneamiento financiero que estaban en curso; la recuperación de los activos heredados del rescate bancario; y la administración de los pasivos que resultaran.

Para junio del año pasado, el costo fiscal del rescate bancario alcanzaba la enorme cifra de un billón 358 mil 20 millones de pesos (15.4 por ciento del producto interno bruto --PIB--). De ese monto, 549 mil 290 millones (6.2 por ciento del PIB) ya habían sido pagados con recursos presupuestales, entre 1995 y 2006, quedando pendientes de pago (deuda pública) los restantes 808 mil 738 millones de pesos (9.2 por ciento del PIB).

El proceso del rescate bancario ha estado plagado de todo tipo irregularidades y posibles ilegalidades, siendo la ausencia de transparencia la norma. La última etapa del citado rescate, la liquidación de los pagarés de capitalización y compra de cartera, apenas concluyó a fines del año pasado, estando actualmente sujeto a revisión por la Auditoría Superior de la Federación.

Por ello, es de suma importancia que la Cámara de diputados investigue todo el proceso del rescate bancario, poniendo énfasis en la etapa final, para aclarar a la sociedad, de una vez por todas, lo realmente sucedido y exigir una auténtica rendición de cuantas a los responsables de ese enorme quebranto en perjuicio del pueblo mexicano.

Por todo lo anterior, con fundamento en lo señalado en el artículo 93 constitucional, propongo la creación de una comisión de investigación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (CIIPAB).

Diputados: Juan Nicasio Guerra Ochoa , Armando Barreiro Pérez , Pablo Trejo Pérez , José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , Rosario Ignacia Ortiz Magallón , Silvia Oliva Fragoso , Venancio Luis Sánchez Jiménez , Alejandro Sánchez Camacho , María Elena Torres Baltazar , Víctor Gabriel Varela López , Miguel Ángel Solares Chávez , Mónica Fernández Balboa , Maricela Contreras Julián , José Luis Gutiérrez Calzadilla , Alberto Amaro Corona , Concepción Ojeda Hernández , Neftalí Garzón Contreras , Adriana Díaz Contreras , Holly Matus Toledo , Sergio Hernández Hernández , Miguel Ángel Peña Sánchez , Maribel Luisa Alva Olvera , Santiago López Becerra , Juan Dario Arreola Calderón, Antonio Ortega Martínez , Celso David Pulido Santiago , Jaime Espejel Lazcano , Amador Campos Aburto , Carlos Sánchez Barrios , Francisco Márquez Tinoco , Miguel Ángel Arellano Pulido , Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , Guadalupe Socorro Flores Salazar , Joaquín Conrado de los Santos Molina , Juan Dario Lemarroy Martínez , Irene Aragón Castillo , José Antonio Almazán González , Octavio Martínez Vargas , Pedro Landero López , Alejandro Martínez Hernández , Daisy Selene Hernández Gaytán , Valentina Valia Batres Guadarrama , Higinio Chávez García , Lourdes Alonso Flores , Efraín Morales Sánchez , Gerardo Villanueva Albarrán , Faustino Soto Ramos , Rafael Villicaña García , Mario Vallejo Estevez , Víctor Hugo García Rodríguez , Fernando Enrique Mayans Canabal , Miguel Ángel Navarro Quintero , Hugo Eduardo Martínez Padilla , David Mendoza Arellano , José Antonio Almazán González , Carlos Ernesto Navarro López , Irineo Mendoza Mendoza , Daniel Torres García , Othón Cuevas Córdova , Isidro Pedraza Chávez , Carlos Sánchez Barrios , José Antonio Saavedra Coronel , Ana Yurixi Leyva Piñón , Carlos Altamirano Toledo , Carlos Orsoe Morales Vázquez , María Soledad López Torres , Juan Adolfo Orcí Martínez , Rafael Franco Melgarejo , Neftalí Garzón Contreras , Roberto Mendoza Flores , Pedro Landero López , Silbestre Alvarez Ramón, Juan Hugo de la Rosa García , Benjamín Hernández Silva , Juan Darío Camacho V., Gloria Rasgado Corsi , Carlos Roberto Martínez Martínez , María Eugenia Jiménez Valenzuela , David Sánchez Camacho , Layda Elena Sansores San Román , Elías Cárdenas Márquez , Robinson Uscanga Cruz , Juan Abad De Jesús , Ramón Valdés Chávez , José Manuel Del Río Virgen , Martha Angélica Tagle Martínez , Alberto Esteva Salinas , Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero , Juan Ignacio Samperio Montaño , Abundio Peregrino García , Rodolfo Solís Parga , Anuario Luis Herrera Solís , Emilio Ulloa Pérez , Amador Campos Aburto , Érick López Barriga, Ramón Almonte Borja , Modesto Brito González , Víctor Aguirre Alcaide , Ma. Mercedes Maciel Ortiz, Pablo Leopoldo Arreola Ortega , Gustavo Pedro Cortés Santiago, Delio Hernández Valadés , Silvano Garay Ulloa , Rosa Elia Romero Guzmán , Rubén Aguilar Jiménez , Joaquín Humberto Vela González , Jaime Cervantes Rivera , Ricardo Cantú Garza , Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , Alliet Mariana Bautista Bravo , Sonia Noelia Ibarra Franquez , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , Rafael Elías Sánchez Cabrales , Javier Hernández M., Martín Ramos Castellanos , Francisco Sánchez Ramos , Martín Zepeda Hernández , Raymundo Cárdenas Hernández , Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva , José Luis Aguilera Rico , José Luis Varela Lagunas , Tomás Daniel Dehesa Mora , Claudia Lilia Cruz Santiago , Antonio Soto Sánchez , Jesús Humberto Zazueta Aguilar , Susana Monreal Ávila , Moisés Félix Dagdug Lützow , Victorio Rubén Montalvo Rojas , Cuitláhuac Condado Escamilla , Odilón Romero Gutiérrez , Marcos Matías Alonso , Adrián Pedrozo Castillo , Alberto López Rojas , Rosa Elva Soriano Sánchez , Ramón Félix Pacheco Llanes , Víctor Hugo García Rodríguez , Aurora Cervantes Rodríguez , Mario Enrique del Toro, Francisco Javier Santos Arreola , Aleida Alavez Ruiz , Salvador Ruiz Sánchez , José Jacques y Medina , Francisco Martínez Martínez , Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , Raciel Pérez Cruz , Rafael Plácido Ramos Becerril , Camerino Eleazar Márquez Madrid , Javier González Garza , Ruth Zavaleta Salgado , Francisco Javier Calzada Vázquez , Humberto Wifredo Alonso Razo , Raúl Ríos Gamboa (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

La diputada Yolanda Mercedes Garmendia Hernández , del grupo parlamentario del PAN, solicita retirar del orden del día, el punto de acuerdo que estaba en agenda.

SALARIOS MINIMOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Y continuando con las proposiciones de punto de acuerdo, se concede el uso de la tribuna al diputado José Antonio Almazán González , del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita un aumento de emergencia a los salarios mínimos.

El diputado José Antonio Almazán González:Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Adelante, diputado.

El diputado José Antonio Almazán González : El suscrito, diputado Antonio Almazán González, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el objeto de que se acuerde un aumento de emergencia a los salarios mínimos.

Las consideraciones están a la vista de todos nosotros y tienen como fundamento lo que establece en su segundo párrafo el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento de su vigencia, siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen. Ésta es la letra de lo que establece el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo y los datos también están a disposición de todos nosotros.

Me permito recordar que en la reunión de trabajo que tuvimos con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos la semana pasada, esta propia comisión, aunque reconoce que no ha recibido petición alguna en términos de lo que la ley establece, sí reconoce, de acuerdo a los datos actualizados que maneja que, en efecto, el incremento de los precios y artículos de lo que se conoce como ``una canasta básica'' han sido incrementados de manera sustancial. Habla para un total de siete artículos y un incremento superior al 50 por ciento.

El fundamento de esta petición es la ley, tal y como deriva de lo que establece la fracción VI del artículo 123 de la Constitución. Y como parte de estos argumentos están presentes, de acuerdo a los datos disponibles, el hecho de que el incremento en los precios tanto de la tortilla como de otros artículos de consumo alimenticio, prácticamente han nulificado el incremento que reconoció la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con vigencia a partir del primero de enero de este año.

Quiero dirigirme con todo respeto a todos ustedes, compañeras, compañeros diputados, a los coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias, al diputado Héctor Larios, al diputado Gamboa Patrón, a todos los demás coordinadores de las demás fracciones, a que aceptemos el debate.

Hay un debate de fondo que ha tratado de eludirse y que tiene que ver con visiones diferentes de cuál es el papel que juegan los salarios en una economía como la mexicana. Pido un minuto para concluir mi intervención.

Entonces, debatamos el asunto, pero actuemos de manera responsable tomando este debate y fijando una posición frente a un problema que afecta a millones, a millones de trabajadores en nuestro país. Por lo menos de acuerdo con los cálculos oficiales, alrededor de 14 millones de mexicanos perciben salarios entre uno y dos salarios mínimos.

Ésta es la gravedad de la situación que estamos planteando y frente a lo cual estamos planteando un punto de acuerdo para hacer un exhorto al secretario del Trabajo y Previsión Social para que, conforme lo establece la fracción VI del apartado A del 123; y los artículos 90, 571, 572 de la Ley Federal del Trabajo, se haga la solicitud por parte del secretario de Trabajo ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que se proceda de inmediato a un incremento de emergencia a los salarios mínimos. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para que se acuerde un aumento de emergencia de los salarios mínimos, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado Antonio Almazán González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de que se acuerde un aumento de emergencia a los salarios mínimos

Consideraciones 1. El segundo párrafo del artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo señala que: Los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento de su vigencia siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen.

2. Tales circunstancias económicas están plenamente justificadas, por el reciente incremento a la tortilla de entre un 150 por ciento hasta un 500 por ciento según el municipio y entidad de la República, en tanto que el aumento de los mínimos fue de apenas de 3.9 por ciento, por debajo incluso de la inflación del 2006 que alcanzó una tasa del 5.04 por ciento.

3. Desde luego, el aumento en el precio de la tortilla y concretamente del maíz ha desatado una escalada de precios de otros alimentos como el pollo, la carne, y se prevé que también incrementen sus precios el huevo y la leche, entre otros.

4. Estos aumentos, se suman a los decretados por el anterior gobierno federal --apenas a unos días de su salida-- de la leche Liconsa y en los energéticos que elevaron los precios del transporte, entre otros servicios y productos.

5. A un deterioro salarial de décadas, se suman estos últimos aumentos desmesurados, que provocan que literalmente se le esté quitando la comida de la boca al pueblo de México, especialmente en perjuicio de millones de personas que perciben el salario mínimo o menos.

6. Esta situación representan un pisoteamiento aberrante y absoluto de lo ordenado en la fracción VI, Apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, y el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dicen: ``El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.''

7. Es inconcebible que el país, cuna histórica del maíz en el mundo, pase por esta situación tan grave de escasez de este grano, lo que reclama: atención prioritaria para el campo, recuperar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria sobre la base de un nuevo impulso al reparto agrario, al ejido y al cooperativismo social, garantizando la asistencia técnica y los recursos financieros para la producción, renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, sobre todo una política que se defina por la atención preferente de las necesidades de los que menos tienen, que es la inmensa mayoría del pueblo de México.

8. Evidentemente esta escalada de incrementos en los precios no sólo afecta la alimentación de los mexicanos, sino la salud pública, la educación, entre otras, pues se presionará hacia una mayor deserción escolar y menor aprovechamiento, y, en última instancia se está poniendo en peligro la propia paz social.

9. En suma, el raquítico aumento de los salarios vigente a partir del primero de enero de 2007, ha sido totalmente anulado por el actual incremento en los precios de la canasta básica.

Con base en todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte al secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Javier Lozano Alarcón, para que de inmediato y con fundamento en la fracción VI, Apartado A del artículo 123 Constitucional, en relación con los artículos 90, 571 y 572, todos de la Ley Federal del Trabajo, presente solicitud ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que se proceda de inmediato a un aumento de emergencia a los salarios mínimos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2007.--- Diputado José Antonio Almazán González (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, no hay dos terceras partes por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

LICONSA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado Pedro Armendáriz García , del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice la fiscalización de la empresa Liconsa.

El diputado Pedro Armendáriz García:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que fiscalice Liconsa, a cargo del diputado Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación la fiscalización de Liconsa, bajo las siguientes

Consideraciones

La pobreza en México es una realidad que pesa en nuestro pasado histórico y que, lamentablemente, permanece en la actualidad. Es por ello que con el propósito de mejorar los niveles de nutrición de millones de mexicanos, nuestro país ha instrumentado desde 1944 un Programa de Abasto Social de Leche, mismo que inició con la inauguración de la primera lechería de la empresa pública Nacional Distribuidora y Reguladora, SA de CV.

A partir de diciembre de 1994 el programa se resectorizó de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a la Secretaría de Desarrollo Social. Ese cambio determinó su desincorporación como filial del Sistema Conasupo y por tanto la sustitución de su razón social a la actual Leche Industrializada Conasupo, SA de CV (Liconsa).

En 1999 su acción quedó sujeta a las Reglas de Operación para el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa. La operación, la coordinación, el seguimiento y la evaluación del programa están regulados por los estatutos sociales de Liconsa y por las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, contribuyendo así a su incorporación al desarrollo del país, mediante el apoyo a la alimentación de familias en condiciones de pobreza extrema, con leche de excelente calidad, a precio subsidiado, fundamentalmente para niños menores de 12 años.

Mientras que países como Francia, Holanda, Alemania y Estados Unidos subsidian sus exportaciones de leche hasta con 30 por ciento, promedio, más los estímulos otorgados a la producción, la Federación Internacional de la Leche considera a México el país con mayor apertura a la leche y sus derivados, siendo Liconsa de las primeras empresas que importa productos lácteos, por lo menos en el periodo 2005 con una cantidad de 90 millones 155 mil toneladas.

De esa manera, Liconsa se encuentra entre las últimas cinco empresas en comprar leche nacional en el periodo 2005. Con la cantidad de 278.9 millones de litros al año, siendo un equivalente de 0.76 millones de litros al día.

Sobre este particular el gobierno mexicano no ha hecho esfuerzo alguno para evitar la competencia desleal, más todavía, en 2008 los acuerdos del TLCAN permitirán la entrada de este producto al mercado nacional sin aranceles.

Ante esa realidad, Liconsa tendrá que sufrir algunos ajustes en su política comercial y el mercado cautivo de los productores nacionales será saturado por productos lácteos de importación. Recordemos que Estados Unidos nos vende 76 por ciento de los lácteos que importamos.

Adicionalmente, a pesar de que las reglas de operación de Liconsa señalan que los programas de subsidios se destinarán, exclusivamente, a la población en condiciones de pobreza y de marginación a fin de contribuir a la nutrición y al desarrollo de capacidades, otorgando un beneficio al ingreso de las familias en condiciones de pobreza, mediante el suministro de leche fortificada con vitaminas y minerales, el padrón de venta de Liconsa no se considera confiable pues existen ventas de varios millones de litros de leche fuera de su programa de abasto social.

Por su papel histórico en el sistema de abasto mexicano y por su trascendencia en la política de desarrollo social, esta empresa merece una revisión a fondo en programas, estructura orgánica, estados financieros, tecnología, infraestructura y por supuesto un análisis detallado de la estructura de precios. Así, sabremos de sus verdaderos niveles de eficacia e índices reales de productividad.

Partimos del supuesto de que Liconsa es una empresa socialmente responsable, con experiencia en su giro y con mejora continua en sus procesos productivos. Sin embargo, durante varios sexenios se convirtió en la caja chica del gobierno; fue el símbolo del populismo; ejerció el tráfico de influencias y fue objeto de poderosos escándalos de corrupción.

Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía, como de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que esta soberanía solicite a la Auditoría Superior de la Federación que con la mayor brevedad realice la fiscalización de Liconsa, a fin de esclarecer dudas y transparentar la información de las operaciones, tales como padrón de proveedores, políticas de importación, compras nacionales, políticas de precios, proyecto de largo plazo, padrón de beneficiarios e impacto social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.--- Diputado Pedro Armendáriz García (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. En votación económica, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se considera de urgente resolución. Para apoyar el dictamen ha solicitado y hará uso de la palabra el diputado Rubén Escajeda Jiménez.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez:Con su permiso, señora Presidenta. Por supuesto que en la fracción parlamentaria del PRI estamos de acuerdo en el punto de acuerdo que se ha propuesto por un compañero de Acción Nacional.

Desde que se empezó a tratar este tema estuvimos de acuerdo y hemos estado insistiendo justamente en la urgente necesidad que hay de que una empresa que fue creada justamente con fines nobles pueda ser auditada, pueda ser revisada para que cumpla las funciones para las que fue creada.

Una empresa que con criterios totalmente discrecionales en la compra de la leche y que ha mostrado falta de transparencia y no checan en su totalidad la calidad de las compras que hacen. Una empresa que es la primera compradora de leche a nivel mundial, Liconsa, empresa mexicana.

Una empresa que se ha detectado que de 5.7 millones de beneficiarios, solamente 1.7 millones se encuentran en condiciones de pobreza extrema, por lo que se beneficia a gente que no necesariamente requiere este apoyo.

Y estas políticas que ha implantado Liconsa ha venido en detrimento de los ganaderos de este país, los que han pagado el costo de este programa de abasto social, ya que Liconsa crea una competencia desleal con producto importado que desplaza la producción nacional y depreda precios internos al productor.

Por ello, como aquí se ha mencionado, estamos de acuerdo en que Liconsa ajuste sus políticas; que revise a profundidad el padrón de beneficiarios y por supuesto, que en una muy enérgica actitud, se transparente y se audite para que la gente pobre de nuestro país pueda --realmente los que la requieran-- hacer uso de este importante programa para el que fue creada Liconsa.

Los diputados federales de la fracción parlamentaria del PRI, con arreglo y en congruencia con la lucha que hemos manifestado en todos los temas que tienen que ver con el beneficio de la gente, estaremos muy pendientes que este punto de acuerdo que hoy aquí se ha aprobado de urgente resolución, sea por supuesto, revisada a profundidad y que nuestra gente, la gente humilde, pueda ser favorecida por los beneficios de este programa. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Para apoyar el punto de acuerdo propuesto, tiene la palabra el diputado Víctor Varela, del PRD.

El diputado Víctor Gabriel Varela López:Con su permiso, diputada Presidenta. Para apoyar, obviamente, la fiscalización de cualquier recurso que se haga llegar a empresas, en el caso de Liconsa, no tanto por el destino de sus beneficiarios, no tanto por si sus beneficiarios son o no meritorios de este subsidio. Ya el director de Liconsa ha dicho que no hay problemas en este caso, que quien recibe la leche es gente realmente pobre.

Lo que nos preocupa es que el padrón de los ganaderos que están siendo subsidiados con recurso fiscal sean realmente productores minoritarios; que no se esté creando desde aquí la protección a grandes emporios ganaderos y que dejen de lado el apoyo a productores pequeños.

Ésa es la intención que nosotros, como Partido de la Revolución Democrática, tenemos en cuanto a la fiscalización de recursos del erario público destinados a Liconsa. Creemos que no se puede permitir que Liconsa pueda estar apoyando a empresarios o a grandes corporaciones de productores de leche que no sean los pequeños y medianos productores.

Por otra parte, creo que sería también congruente para todos los grupos parlamentarios que si ahorita pedimos la fiscalización de recursos públicos, lo primero que debemos hacer es destinar recursos públicos. Recordarle al Partido Acción Nacional que se opusieron en la Comisión de Desarrollo Social a que se destinaran recursos tanto para subsidiar al beneficiario, como para subsidiar al productor.

Pedimos un poco de congruencia en este caso. Y si vamos a pedir que se auditen recursos fiscales, lo primero que hay que hacer es aprobar estos recursos fiscales.

En el caso de la leche Liconsa, tanto el PRD como el PRI y otras fracciones, como Convergencia, aprobamos que se destinaran recursos fiscales tanto para los productores de leche como para la compra de sus beneficiarios.

Apoyamos obviamente esto, pero sería mucho mejor que hubiera congruencia en cada una de las etapas del subsidio y de la fiscalización de los recursos públicos. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Agotado el turno de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Aprobada; comuníquese.

PROGRAMA DE SUSTITUCION DE MOTORES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Sírvase la Secretaría tomar nota de que al punto de acuerdo propuesto por el diputado Juan Adolfo Orcí Martínez , del grupo del PRD, debe corregirse el turno para quedar como sigue: túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Pesca.

Esta Presidencia quiere recomendar a los señores diputados que van a presentar puntos de acuerdo sujetarse a los tres minutos que se acordaron debido a que en el orden del día de esta sesión tenemos registrados 154 proposiciones con punto de acuerdo, de las cuales 75 se ha solicitado se tramiten como de urgente resolución. Así que, si pueden abreviarlo a menos de tres minutos mejor, pero no excederse, por favor, de los tres minutos. Muchas gracias.

CARRETERAS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la tribuna al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal implante acciones que modernicen los puntos de revisión carreteros.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros:Con su permiso, señora Presidenta. Trataremos de ajustarnos a los tres minutos. Primeramente, hacer del conocimiento de mis amigas y amigos diputados que la petición que estamos haciendo, referente a la modernización de los sistemas de los puntos de revisión carreteros, hay que hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, quienes son los responsables de ellos mismos y especialmente a los elementos de tropa, que son los que están las 24 horas del día pendiente de ellos.

Comentarles que el origen de estos Precos fue elevar los niveles de seguridad para todas las personas que transitan por las carreteras principales de nuestro país. Y esto se está derivando de una preocupación concreta que la sociedad en su conjunto, en sus diversas actividades, principalmente en los estados de Sinaloa y de Sonora, son los comerciantes, los productores hortofrutícolas, los transportistas de carga y los usuarios del transporte público, ya que ahorita tenemos, por la época de cosechas, grandes retrasos a la hora de hacer la revisión en estos sistemas carreteros.

Es importante destacar que estos Precos ya tienen bastante tiempo que están operando y sobre todo, que lo están haciendo con las deficiencias en lo que se refiere al tipo de sistema con lo que lo están realizando; es decir, no tienen tecnología adecuada.

Este reclamo ya se ha presentado en varias partes de la República, en varios congresos locales. En mi estado, en Sinaloa, lo hizo un compañero de Partido Revolucionario Institucional y un compañero, diputado amigo, de Acción Nacional, donde estaban solicitando la intervención del Ejecutivo federal para la modernización de estos sistemas carreteros.

Datos concretos que se piden sobre las pérdidas que se están teniendo por estos retrasos oscilan entre 50 y 60 millones de dólares, por lo que estamos previendo que, año con año, ya no estén dándose estas cuantiosas pérdidas, por el contrario que llegue la modernización a estos puntos tan importantes.

Es importante destacar que los empresarios, los organismos productivos del sector social y del gobierno del estado hemos expresado nuestro beneplácito por estos puntos de revisión. Creemos en ello y consideramos que en estos tiempos es importante hacerlos, pero también hemos hecho algunas propuestas para que se hagan con mayor agilidad como es que se doten con equipo electrónico --los famosos rayos gamma-- para poder hacer más ágil esta revisión.

Además, hemos propuesto que la Secretaría de la Defensa Nacional asigne personal a las empresas de origen, para que puedan sellar los semirremolques y no tengan mayores problemas.

Asimismo, los gobiernos de los estados, los particulares, nos hemos propuesto donar terrenos aledaños a estos Puntos de Revisión, para que la revisión, la vigilancia no se haga por encima de las carreteras, sino sea a un lado de ellas mismas.

Por tanto, quisiera poner a la consideración de esta soberanía con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal a que, en ejercicio del mandato que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordene la revisión inmediata de toda la infraestructura y ubicación de los puntos de revisión carreteros e implante acciones para su modernización, con el fin de cuidar que la calidad de las mercancías perecederas y carga en general no se vean afectadas, en particular los ubicados en la carretera internacional México 15, que conecta la frontera norte con nuestro país.

Atentamente, diputada Alma Alcaraz Hernández, de Acción Nacional; Carlos Felton González , de Acción Nacional; Eduardo Ortiz Hernández , de Acción Nacional; Gloria Guadalupe Valenzuela García, de Acción Nacional; Diego Aguilar, del PRI; Amador Gaxiola Daniel , del PRI; Barajas López Ramón , PRI; Rubén Aguilar Jiménez , Partido del Trabajo; diputado Gilberto Ojeda Camacho , PRI; Jesús Patrón Montalvo, PRI; Mayra Peñuelas, PRI; Juan Guerra Ochoa, PRD, Érika Larregui Nagel, Partido Verde Ecologista; Manuel Cárdenas Fonseca , Nueva Alianza; Layda Sansores, Convergencia; y un servidor, Gerardo Octavio Vargas Landeros . Gracias por su atención y solicito sean insertados los nombres de todos los diputados que se adhirieron a este punto, de urgente u obvia resolución, en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal la implantación de acciones inmediatas que modernicen los Puntos de Revisión Carreteros, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a nombre de diversos legisladores.

Gerardo Octavio Vargas Landeros , diputado federal por el segundo distrito de Ahome, Sinaloa, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El problema de la inseguridad que vive nuestro país ha llevado a las autoridades a la ejecución de diversos programas tendientes a combatir la delincuencia en todos sus ámbitos y modalidades. Uno de estos programas es el denominado ``Precos'' o Puntos de Revisión Carreteros, el cual consiste en las revisiones que realiza el gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y otras dependencias, a quienes transitan por la red carretera nacional para detectar personas o mercancías que pretendan ingresar o salir ilegalmente del territorio nacional, así como interceptar el tráfico de sustancias y bienes, tales como narcóticos, armas u otros objetos cuya posesión, transportación y comercialización están prohibidos.

Desde hace más de una década, los Precos han buscado elevar los niveles de seguridad de las personas para que su tránsito se aleje de cualquier hecho o acto ilícito. Sin embargo, la preocupación que hoy presento en esta alta tribuna, deriva de una exigencia que comparte la sociedad en su conjunto en sus diversas actividades como son: comerciantes, productores hortofrutícolas, transportistas de carga y usuarios del transporte público de pasaje, que transitan por aquellas carreteras de los estados de: Sinaloa, Sonora, Jalisco y Nayarit, que nos conectan con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos de América.

El malestar es producto de los métodos arcaicos que utiliza la autoridad para efectuar las revisiones, las cuales dañan la mercancía, retrazan su tiempo de entrega y generan gastos adicionales en viáticos y combustibles, dando como resultado final, pérdidas millonarias a la economía nacional.

Algunos datos que quiero compartir con ustedes los tomo de la preocupación y el malestar que existe entre productores hortofrutícolas, que como ustedes saben, por las exigencias del mercado internacional, requieren de un cuidado extremo en su manejo. Este reclamo social está siendo cuestionado en los Congresos estatales, como en el honorable Congreso del estado de Sinaloa en donde los diputados Rolando Zubía Rivera del Partido Revolucionario Institucional y Wilfrido Ruíz Cota del Partido Acción Nacional solicitaron la intervención del Ejecutivo federal para que estos puestos de revisión sean modernizados.

Consideramos que esta honorable Cámara de Diputados debe atender la demanda social de los productores hortofrutícolas y transportistas, quienes comparten las acciones que viene realizando el gobierno federal, pero no coinciden con los procedimientos obsoletos que se utilizan en los Puntos de Revisión Carreteros.

Pongo un ejemplo de los muchos que encontramos al norte del país, la carretera internacional México 15, en la que hallamos diversos Puntos de Revisión Carreteros operados por personal del Ejército Mexicano en colaboración con otras dependencias. Aquí se puede apreciar que el personal encargado de realizar las revisiones no cuenta ni con el equipo ni con las instalaciones adecuadas para cumplir con sus labores, siendo común que las mercancías, como hortalizas y frutas, se deterioren al momento en que las autoridades abren los cuartos fríos de los semiremolques y cajas de los tractocamiones. Esta acción rompe el ciclo de frío y trae como consecuencia una disminución sensible en la calidad de los productos en anaquel.

Existen cifras que cualquier persona puede consultar en los medios escritos y electrónicos sobre el costo estimado de las pérdidas económicas por temporada de cosecha que oscilan entre los 50 y 60 millones de dólares. Ello sin contar el costo por rechazos y pérdida de calidad que llega a los 100 millones de dólares y las pérdidas por la reducción de embarques en 60 millones de dólares.

Sabemos que el gobierno federal, en el sexenio que concluyó, efectuó diversos diagnósticos sobre los Precos con el objeto de mejorar la coordinación entre dependencias y evitar afectaciones a las mercancías. Sabemos también que existen estrategias de inspección conjunta entre la Sedena y otras dependencias para agilizar el trámite, como los aparatos de rayos gamma que se encuentran en algunas aduanas. Sin embargo, los Precos no han sido modernizados. Las afectaciones a la productividad y al comercio siguen vigentes a pesar del compromiso hecho por la anterior administración federal de eliminar los retenes carreteros tradicionales para transformarlos en un modelo de revisión basado en los avances tecnológicos.

Empresarios, organismos productivos del sector social y privado, gobiernos estatales y legisladores hemos expresado nuestro beneplácito por que el actual gobierno federal combata frontalmente al crimen organizado. Para ello, es necesario contar con los recursos materiales y humanos que propicien el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que marca la Constitución.

Para evitar retrasos y pérdidas millonarias en los retenes de la entidad, productores y distribuidores de hortalizas proponen una inversión conjunta con el gobierno y estatal para dotar de equipo electrónico de precisión a los Precos, adicionalmente se han planteado alternativas para que se subsane esta problemática, de las que se resumen las siguientes:

``Que en las empresas se asigne personal de la Sedena para supervisar el contenido de la carga y así dichos elementos puedan sellar los semiremolques desde su origen y dichos camiones tengan mayor facilidad de tránsito''

``Que las autoridades de los estados donen terrenos paralelos a los puntos carreteros de revisión, para que las acciones se realicen en instalaciones adecuadas para el manejo de productos perecederos y de cualquier índole, y no sobre los carriles de circulación de la carretera internacional como se hace actualmente.''

``Que se instalen en los puntos de revisión arcos equipados con rayos Gama, con lo que se harían más ágiles las inspecciones, en lugar de tener que revisar cada camión de manera manual.''

``Que se aplique el sistema aleatorio de semáforo fiscal a los tractocamiones en tránsito.''

Modernizar los Precos es parte de esas acciones que la sociedad reclama, por ello comparto con esta honorable asamblea la problemática que viven diversos comerciantes, ganaderos, productores hortofrutícolas y transportistas que transitan por las carreteras. Coadyuvemos, en nuestro carácter de catalizadores de las demandas sociales y, de manera responsable, pero también respetuosa, solicitemos la modernización inmediata de todos los Puntos de Revisión Carreteros que existen en el país, que se analice el número existente y que se mejore su servicio, en particular, los ubicados en la Carretera Internacional México 15, los cuales no cuentan con las instalaciones ni el equipo adecuado para realizar las inspecciones y el manejo cuidadoso de los productos que se exportan bajo las normas de calidad que impone nuestro principal socio comercial en el extranjero.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, que en ejercicio del mandato que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordene la revisión inmediata de toda la infraestructura y ubicación de los Puntos de Revisión Carreteros e implante acciones para su modernización con el fin de cuidar que la calidad de las mercancías perecederas y carga en general, no se vean afectadas, en particular, los ubicados en la Carretera Internacional México 15 que conecta con la frontera norte del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.--- Diputados: Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Alcaraz Hernández Alma Edwvige (PAN), Felton González Carlos Eduardo (rúbrica), PAN, Ortiz Hernández Eduardo (rúbrica), PAN, Valenzuela García María Gloria Guadalupe (rúbrica), PAN, Aguilar Diego (rúbrica), PRI, Amador Gaxiola Daniel (rúbrica), PRI, Barajas López Ramón (rúbrica), PRI, Ojeda Camacho Gilberto (rúbrica), PRI, Patrón Montalvo Jesús Manuel (rúbrica), PRI, Peñuelas Acuña Mayra Gisela (rúbrica), PRI, Vargas Landeros Gerardo Octavio (rúbrica), PRI, Guerra Ochoa Juan N. (rúbrica), PRD, Larregui Ángel Érika (rúbrica), PVEM, Cárdenas Fonseca Manuel (Nueva Alianza).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se considera de urgente resolución. Sonido en la curul del diputado Armando Jesús Félix.

El diputado Armando Jesús Félix Holguín(desde la curul): Diputada Presidenta, con su permiso. Únicamente para sumarnos a la posición que hacía el compañero diputado del PRI, en el del estado de Sonora, los diputados federales por Sonora, pues es un reclamo muy fuerte también de la población el que en los Precos constantemente hay mucha acumulación de vehículos. Nos sumamos a esa propuesta para que se modernice la forma en que se están revisando los vehículos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tome nota la Secretaría. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Aprobado. Comuníquese.

MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado Ramón Valdés Chávez , del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal actualice y active la comisión intersecretarial prevista en el artículo 15 del decreto presidencial del 30 de agosto de 1988, en el que se declara zona de monumentos arqueológicos al área conocida como Teotihuacán.

El diputado Ramón Valdés Chávez:Gracias, señora Presidenta. El que suscribe, Ramón Valdés Chávez, diputado federal del grupo de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior de este Congreso, propongo ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, a efecto de solicitar al Ejecutivo federal para que en el marco de sus atribuciones y de conformidad con la normatividad vigente, la actualización y activación de la comisión intersecretarial prevista en el artículo 15 del decreto presidencial del 30 de agosto de 1988en el que se declara zona de monumentos arqueológicos al área conocida como Teotihuacán, en razón de los siguientes antecedentes.

La UNESCO ha definido esta zona arqueológica como un patrimonio de la humanidad, por lo que potenciar y detonar el sano desarrollo de su entorno es responsabilidad de todos.

Ante las necesidades de empleo y deterioro de la calidad de vida que hoy enfrenta la población de este valle, pese a contar en su territorio con uno de los sitios más visitados del mundo, con más de 4 millones de visitantes anuales, consideramos de urgente u obvia resolución activar el decreto presidencial en mención, lo que permitirá definir un futuro más promisorio con acciones de gobierno condensadas, que por una parte proteja el patrimonio de todos los mexicanos; y por la otra, fortalezca la vocación turística del mismo valle.

El valle de Teotihuacán, integrado por los municipios de Nopaltepec, Ajapuxco, Otumba, San Martín de las Pirámides, San Juan Teotihuacán y Acolman, cuyos principales problemas son el crecimiento de la mancha urbana, la contaminación visual, la escasez de empleo y la falta de infraestructura turística y con esta puesta en vigor del decreto de 88, sin duda se constituirá en un gran corredor turístico de máxima importancia para el corazón de México.

Estamos seguros de que los compromisos que presentó el pasado martes el Ejecutivo federal para impulsar la actividad turística de nuestro país en los próximos años, coinciden con las demandas que la ciudad teotihuacana visualiza para su región. Esta región se suma a la labor y compromiso compartido del ahora denominado ``Consejo Consultivo de Turismo''.

Por lo antes expuesto, solicito a esta honorable legislatura se sirva apoyar y aprobar el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que dictamine favorablemente y solicite al Ejecutivo federal para que conforme a sus atribuciones y las normas vigentes ordene la actualización y activación de la comisión intersecretarial prevista en el artículo 15 del mencionado decreto del 88, para que se declare a esta zona de monumentos arqueológicos, conocida como ``Teotihuacán'' y que con esta acción habremos de impulsar planes y proyectos de inversión que ordenen y protejan el patrimonio cultural objeto del presente acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ordenar la actualización y activación de la comisión intersecretarial prevista en el artículo 15 del decreto presidencial, del 30 de agosto de 1988, en el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como ``Teotihuacán'', a cargo del diputado Ramón Valdés Chávez , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El que suscribe, Ramón Valdés Chávez , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, a efecto de solicitar al Ejecutivo federal que, en el marco de sus atribuciones y de conformidad con la normatividad vigente, ordene la actualización y activación de la comisión intersecretarial prevista en el articulo 15 del decreto presidencial, del 30 de agosto de 1988, en el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como ``Teotihuacán'', en razón de los siguientes

Antecedentes

La zona arqueológica de Teotihuacán contiene los vestigios de una de las culturas prehispánicas más trascendentes en la historia de México; es parte del patrimonio cultural del pueblo de México y del mundo, cuyo interés histórico es indudable y hace necesaria su preservación para el conocimiento e investigación de nuestras culturas prehispánicas.

Con el propósito de fortalecer las acciones en materia de protección y conservación de los sitios arqueológicos, el 31 de octubre de 1977, el presidente José López Portillo, en ejercicio de sus facultades, publica en el diario oficial de la federación, el decreto para la creación de una comisión intersecretarial a fin de coordinar las actividades de las secretarías de estado y demás entidades o dependencias a la que la legislación le confiere la investigación, protección, conservación de los valores arqueológicos, históricos y artísticos, que forman parte del patrimonio cultural del país.

El 30 de agosto de 1988, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, publica en el diario oficial de la federación el decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como Teotihuacán, y sustenta las labores de investigación, protección y conservación en el decreto precedente del 31 de octubre de 1977.

El artículo 15 del decreto de 1988 textualmente dice: ``La comisión intersecretarial creada por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 1977, coordinará las acciones de las diferentes dependencias y entidades involucradas en el cumplimiento de lo que por este ordenamiento se dispone.

Para los efectos señalados en el párrafo anterior, la comisión invitará a un representante del gobierno del estado de México, y por conducto de éste a los ayuntamientos respectivos, a las sesiones que con tal propósito realice''.

El valle de Teotihuacán mantiene dentro de su territorio la zona arqueológica más visitada del mundo, sin embargo, esta riqueza histórica y cultural no genera una derrama económica para las comunidades y municipios circunvecinos, ante esta realidad la sociedad teotihuacana reclama la necesidad de elaborar un plan estratégico de desarrollo orientado a la explotación y aprovechamiento del fenómeno turístico.

Ante estos hechos urge la activación del decreto de 1988, artículo 15, en el que se establece la creación de una comisión intersecretarial, para que coordine junto con la sociedad civil y los ayuntamientos la definición de un plan de desarrollo efectivo para los pueblos del valle de Teotihuacán.

Planteado el contenido y la intención del punto de acuerdo que se analiza, se precisa un conjunto de observaciones, las cuales se presenta bajos las siguientes

Consideraciones

Primero. Es universalmente aceptado el valor histórico, cultural y turístico que representa la zona arqueológica de Teotihuacán. La presencia de estos vestigios de nuestro pasado prehispánico, representa un alto potencial para detonar el desarrollo local y regional de la sociedad en los ámbitos socioeconómico, científico, técnico y administrativo y, que muchos años se ha visto desfavorecida y afectada debido a la mínima atención por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de la misma sociedad teotihuacana.

Ante la necesidades de empleo y mejoramiento de la calidad de vida que hoy enfrenta la población del valle de Teotihuacán, pese a contar en su territorio con la zona arqueológica más visitadas del mundo, con casi cuatro millones de visitantes anuales, consideramos de urgente u obvia resolución activar el decreto presidencial en su artículo 15, lo que permitirá definir un futuro más promisorio, con acciones de gobierno condensadas que por una parte proteja el patrimonio de todos los mexicanos y por la otra fortalezca la vocación turística del territorio, poniendo en valor los recursos naturales, culturales e históricos, que hagan del valle de Teotihuacán un destino cultural único y diferenciado.

Sin olvidar la responsabilidad adquirida por el gobierno mexicano para conservar y proteger el patrimonio cultural teotihuacano al incluir la zona arqueológica de Teotihuacán en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en la que corresponsabilizan a los tres niveles de gobierno en la realización de acciones que permitan el desarrollo sustentable del valle, donde se aproveche y ponga en relieve sus recursos culturales y naturales, en el que participen autoridades y la sociedad civil.

Segundo. Teniendo como base el decreto presidencial del 31 de octubre de 1977 y específicamente el decreto del 30 de agosto de 1988, en su artículo 15, la comisión intersecretarial tendrá como responsabilidad de vigilar en todo momento el crecimiento ordenado de los centros de población, procurando la protección y conservación de su entorno.

Tercero. Debido a que en el valle de Teotihuacán se observa un amenazante crecimiento de la mancha urbana, la contaminación visual de sus centros de población, así como la falta de infraestructura orientada a la prestación de servicios turísticos, aunado a la disminuida visión por parte de los gobiernos municipales para potenciar la actividad turística como eje rector del desarrollo que defina las oportunidades y alternativas presentes y futuras del valle de Teotihuacán, son el principal factor de riesgo para la preservación y conservación del valle, por lo cual urgen acciones de los tres niveles de gobierno y sociedad civil que reivindiquen la vocación cultural y turística de la región.

Cuarto. Estamos seguros que los compromisos que ha presentado recientemente el Ejecutivo para impulsar la actividad turística de nuestro país en los próximos años coinciden con el planteamiento que la sociedad teotihuacana requiere para su región. El valle de Teotihuacán se suma a la labor y compromiso compartido del ahora denominado Consejo Consultivo de Turismo para hacer realidad un destino competitivo y acorde con las demandas del turismo a nivel nacional e internacional.

Quinto. Hoy como siempre, la sociedad teotihuacana solicita y exige que se ponga mayor atención al potencial turístico que representa el legado natural, cultural e histórico que alberga el valle de Teotihuacán integrado por los municipios de Nopaltepec, Axapusco, Otumba, San Martín de las Pirámides, San Juan Teotihuacán y Acolman, en el estado de México.

Por lo antes expuesto, solicito a esta honorable legislatura se sirva apoyar y aprobar, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que dictamine favorablemente y solicite al Ejecutivo federal para que conforme a sus atribuciones y de conformidad con la normas vigentes ordene la actualización y activación, de la comisión intersecretarial prevista en el articulo 15 del decreto presidencial del 30 de agosto de 1988, en la que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como Teotihuacán, y así, se impulsen las actividades turísticas, de investigación, de protección, de conservación y desarrollo socioeconómico de los pobladores del valle de Teotihuacán; por medio de la acción coordinada entre gobierno federal, gobierno del estado de México, ayuntamientos municipales, sociedad civil en pro del patrimonio cultural del país, objetivo del presente punto de acuerdo.

Diputado Ramón Valdés Chávez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se considera de urgente resolución. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Aprobada; comuníquese.

CENTRO HISTORICO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado Obdulio Ávila Mayo , del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal acepte y cumplimente la Recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con relación al plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico.

El diputado Obdulio Ávila Mayo:Con la venia de la Presidencia. El día 10 de noviembre de 2006, la Comisión de Derechos Humanos delDistrito Federalemitió la recomendación 16/2006 en la cual señala que en los 47 días que duró el plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico, el Gobierno delDistrito Federalno salvaguardó los derechos humanos de los capitalinos.

En virtud de la comentada recomendación, se estableció, entre otros, que el jefe de gobierno impulse proyectos de ley que regulen las manifestaciones en la Ciudad de México, así como que el gobierno local brinde apoyos a los comerciantes que fueron afectados.

El martes 14 de noviembre de 2006 se dio a conocer por los medios de comunicación que el Gobierno del Distrito Federal y la comisión aludida protagonizaron un duelo de críticas y descalificaciones con motivo de la recomendación señalada que emitió la comisión al jefe de gobierno por su desempeño durante los 47 días que duró el plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico.

A criterio del organismo público autónomo, la administración del Gobierno del Distrito Federal se abstuvo de ejercitar sus atribuciones y aplicar la normatividad para retirar los bloqueos.

Por su parte, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, cuestionó la recomendación y, en su momento, señaló que sería la Secretaría de Gobierno la responsable de analizar la recomendación aludida, así como determinar su aceptación.

El 5 de diciembre de ese 2006 se dio a conocer por los medios de comunicación que el gobierno de la ciudad rechaza aceptar la recomendación que se emite por ese motivo. El documento enviado al organismo público, signado por el secretario de Gobierno, desestima las observaciones del organismo y se pronuncia a favor de ejercer la libre manifestación de las ideas en la Ciudad de México.

Asimismo, considera que la comisión no efectuó una valoración adecuada de la tutela de una garantía fundamental como podría ser la libre manifestación de las ideas. También, dentro de los argumentos esgrimidos por la administración local, para su negativa, se encuentra que considera que en su momento dieron cumplimiento a las medidas precautorias solicitadas por los líderes del plantón.

Igualmente, comentan que proporcionaron servicios sanitarios a los manifestantes y reabrieron vialidades alternas al inicio del ciclo escolar. No debe pasar inadvertido que es responsabilidad de todo gobierno, sin distinción de ámbito de competencia u origen ideológico o partidario, atender en todo momento a los ciudadanos.

No es posible que los conflictos políticos dejen a la ciudadanía en la indefensión y que, además, los gobiernos sean parte activa en los conflictos. Desde la función del Estado y la perspectiva de los derechos humanos siempre deben prevalecer los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses particulares.

Por ello, pues, pido a todos los miembros de esta Cámara que voten como urgente esta resolución en virtud de los argumentos aquí esgrimidos, en donde se señala pues, una afectación a derechos fundamentales, donde se señala un daño económico grave para la Ciudad de México, la capital de todos los mexicanos. Es cuanto, Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a aceptar y cumplimentar la recomendación número 16/2006, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a que acepte y cumplimente la Recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El diez de noviembre de dos mil seis, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 16/2006, en la cual se señala que, en los 47 días que duró el plantón en el Corredor Reforma-Centro Histórico, el Gobierno del Distrito Federal no salvaguardó los derechos humanos de los capitalinos.

En virtud de la comentada recomendación, se estableció, entre otros, que el jefe de Gobierno del Distrito Federal impulse proyectos de ley que regulen las manifestaciones en la Ciudad de México, así como que el gobierno local brinde apoyos a los comerciantes afectados.

2. El día martes catorce de noviembre del año en curso, se dio a conocer por los medios de comunicación, que el Gobierno del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal protagonizaron un duelo de críticas y descalificaciones, con motivo de la recomendación 16/2006 que emitió la Comisión al Jefe de Gobierno, por su desempeño durante los 47 días que duró el plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico.

Desde el punto de vista del organismo público autónomo, la administración del Gobierno del Distrito Federal se abstuvo de ejercitar sus atribuciones y aplicar la normatividad para retirar los bloqueos; por su parte, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, cuestionó la recomendación y, en su momento, señaló que sería la Secretaría de Gobierno, la responsable de analizar la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como determinar su aceptación.

3. El cinco de diciembre del año pasado, se dio a conocer por los medios de comunicación que el Gobierno del Distrito Federal rechazó aceptar la Recomendación 16/20006, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió por el plantón que mantuvieron simpatizantes de la denominada, durante el proceso electoral 2006, coalición Por el bien de todos, en el Paseo de la Reforma.

En el documento enviado al organismo público, signado por el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, se desestiman las observaciones del organismo y se pronuncia a favor de ejercer la libre manifestación de ideas en la Ciudad de México, asimismo considera que la CDH DF no efectuó una valoración adecuada de la tutela, de una garantía constitucional fundamental, como lo es la garantía de libre manifestación de las ideas.

Asimismo, dentro de los fundamentos esgrimidos por la administración local para su negativa se encuentran que considera que en su momento dieron cumplimiento a las medidas precautorias solicitadas y porque entablaron diálogo con los líderes de la coalición Por el bien de todos para desalojar Reforma. También, comentan que proporcionaron servicios sanitarios a los manifestantes y reabrieron vialidades alternas al inicio del ciclo escolar.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de las siguientes

Consideraciones

Primero. Que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es el organismo público del Estado mexicano que tiene competencia en el Distrito Federal, para conocer de quejas y denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos, cuando estas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público que desempeñe un empleo, cargo o comisión local en el Distrito Federal, con fundamento en lo establecido por el artículo 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 2, 3 y 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el artículo 4 de su Reglamento Interno.

Segundo. Que a partir del 31 de julio y hasta el 15 de septiembre de 2006, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se hizo cargo de lo siguiente:

Quejas recibidas: 904

Quejas admitidas: 185

Aportaciones: 1 mil 551

Quejas concluidas (precedentes): 719

Total de peticionarios: 2 mil 455

Cabe señalar que de las 904 quejas y las 1551 aportaciones presentadas por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) fueron motivadas por la obstrucción de diversas vialidades en esta ciudad a cargo de los simpatizantes de la denominada, durante el proceso electoral 2006, coalición Por el bien de todos.

De todas las quejas y aportaciones se desprenden agravios expresados por los peticionarios que tienen que ver con omisiones a cargo del Gobierno del Distrito Federal, empero de las quejas recibidas fueron admitidas 185 por haber cubierto los requisitos normativos.

Tercero. Que por economía procesal y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 Bis del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se acumularon al expediente CDHDF/122/06/CUAUH/ D4522.000 las quejas y las aportaciones mencionadas. Lo anterior, en razón de que a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le corresponde velar por la salvaguarda de todos los habitantes y transeúntes del Distrito Federal, sin menoscabo del respeto a las formalidades esenciales del procedimiento de investigación que normativamente le corresponde realizar a esta institución.

Cuarto. Que de manera sintética los hechos denunciados se refirieron, entre otros, a los siguientes:

1. Debido al bloqueo, se impidió la libre circulación por la avenida Reforma, por Bucareli y avenida Juárez, violándose el derecho al libre tránsito.

2. Se solicitó se restableciera el orden de la Ciudad de México, a efecto de que los ciudadanos pudieran desplazarse libremente en la ciudad, pues dicho plantón trajo aparejado severos problemas a los ciudadanos para trasladarse a sus trabajos, domicilios, entre otros.

3. Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, en especial el jefe de Gobierno y el secretario de Seguridad Pública, se abstuvieron de ejercitar sus atribuciones y aplicar la normatividad correspondiente para retirar los bloqueos existentes, a fin de que el tránsito vial se restableciera y los ciudadanos pudieran circular sin problemas. Los bloqueos perjudicaron a todos los ciudadanos, además de afectar a los turistas y a los dueños de negocios que se ubican en la zona.

4. El jefe de Gobierno debió cumplir con sus atribuciones estatuarias y legales, empero su omisión fue en detrimento directo a todos los ciudadanos, además de provocar una afectación a sus actividades cotidianas.

5. El jefe de gobierno violó el Bando 13 del Gobierno del Distrito Federal y, como consecuencia, el derecho al libre tránsito por las calles del Distrito Federal.

Quinto. Que las vialidades bloqueadas por los campamentos instalados por los manifestantes, esencialmente, fueron:

De avenida Juárez a la glorieta de la Diana Cazadora, incluyendo Bucareli y avenida Paseo de la Reforma.

De la explanada del Zócalo, pasando por la calle Francisco I. Madero, Eje Central hasta llegar a la calle de Bucareli.

De avenida Paseo de la Reforma a la altura de la fuente de Petróleos a la glorieta de La Diana cazadora.

Del monumento de: El Ángel de la Independencia a la avenida Balderas.

Sexto. Que durante el procedimiento de investigación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realizó diversas acciones tendientes a exhortar a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal para que encontrarán soluciones pacíficas al conflicto, a fin de evitar, como lamentablemente aconteció, una polarización de la sociedad y actos discriminatorios que causaron afectaciones directas en diversos sectores.

Séptimo. Que existen constancias en el sentido de que el Gobierno del Distrito Federal llevó a cabo una serie de acciones con la finalidad de contribuir a la distensión del conflicto ocasionado por la instalación de los campamentos en diversas vialidades del Distrito Federal, tales como:

La implantación de rutas alternas para el tránsito vehicular, así como la comunicación a la ciudadanía de la existencia de dichas rutas.

Acciones tendientes al diálogo y la comunicación con los dirigentes de los manifestantes para resolver el mismo.

Dotación de servicios básicos de salud, sanidad y seguridad a los manifestantes a fin de mantener condiciones de higiene y evitar así la propagación de epidemias, insalubridad o crecimiento del índice delictivo en las zonas afectadas.

Si bien es cierto que estas acciones fueron importantes, no pudieron evitar las afectaciones sufridas por los habitantes y transeúntes de esa entidad, ya que no se salvaguardaron plenamente sus derechos humanos, tal y como quedó manifestado con la presentación de 904 quejas y 1551 aportaciones de ciudadanos que se vieron afectados por los bloqueos.

Octavo. Que no debe pasar inadvertido que es responsabilidad de todo gobierno, sin distinción de ámbito de competencia u origen ideológico o partidario, atender en todo momento a los ciudadanos. No es posible que lo conflictos políticos dejen a la ciudadanía en la indefensión y que, además, los gobiernos tomen parte activa en los conflictos. Desde la función de Estado y la perspectiva de los derechos humanos, siempre deben prevalecer los intereses de los ciudadanos, por encima de los intereses particulares.

Noveno. Que la recomendación que formuló la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal debe considerarse como precedente, que en lo futuro pueda contribuir a la no repetición de hechos como los que motivaron estas quejas, así como sobre aspectos compensatorios, dentro de los parámetros que el propio Gobierno del Distrito Federal estableció para algunos sectores de la sociedad capitalina que se vieron afectados por los bloqueos.

Décimo. Que en efecto, la Recomendación 16/2006 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fue emitida por dicho organismo en apego a su mandato constitucional, por lo que esta honorable Cámara de Diputados observa con preocupación que, desde diversas instancias de la administración pública capitalina, el Gobierno del Distrito Federal haya rechazado aceptar la Recomendación 16/20006 y busque articular descalificaciones a la recomendación emitida.

Décimo Primero. Que aunque es evidente que a ninguna autoridad le gusta ser señalada como presunta violadora de derechos humanos, resulta imprescindible que el Gobierno del Distrito Federal acepte y cumplimente lo señalado en la Recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En este sentido, el Ejecutivo local deberá, en el ámbito de sus competencias y posibilidades, impulsar la elaboración de un marco normativo que regulen las manifestaciones en el Distrito Federal.

De igual forma, resulta necesaria la aceptación de la recomendación para que, en consecuencia, el Gobierno del Distrito Federal lleve a cabo y o refuercen todas las acciones para recuperar el dinamismo económico del centro histórico de la Ciudad de México, que fue una de las zonas más afectadas por estos hechos.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, acepte y cumplimente la Recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.--- Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, no hay dos terceras partes.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : No se considera de urgente resolución... Diputado Minjares.

El diputado José Manuel Minjares Jiménez:Para solicitarle la repetición de la votación nominal de este punto de acuerdo.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Ya se había declarado, perdone. Ábrase el registro electrónico... Rectificar la votación. Pido a la Secretaría leer el artículo 148 del Reglamento.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Artículo 148. De las Votaciones. Las votaciones serán precisamente nominales; primero, cuando se pregunte si ha o no lugar a aprobar algún proyecto de ley en lo general; segundo, cuando se pregunte si se aprueba o no cada artículo de los que compongan el indicado proyecto o cada proposición de las que formen el artículo; y tercero, cuando lo pide un individuo de la propia Cámara y sea apoyado por otros cinco. También serán nominales en el caso del artículo 152.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Diputado Rubén Montalvo, del PRD. Sonido en la curul del diputado Rubén Montalvo por favor.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas(desde la curul): Sí, únicamente para decirle, señora Presidenta, que estamos viendo una actitud profundamente parcial, toda vez que no es la primera vez que se da este tipo de votaciones, donde es evidente que no existen los tercios necesarios para que proceda la proposición de Acción Nacional. En todo caso, le pido que acate lo que usted misma indicó, dando el turno original, de turno a la Comisión del. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Tiene razón en el sentido de que a veces no es clara la votación y, en este caso, tenemos que acatar el artículo 148, que acaban de leer, porque fue pedido por un diputado que se rectifique la votación, y está apoyado por cinco, como dice el artículo del Reglamento.

A ver, sonido en la curul del diputado que está solicitando... la curul del diputado Víctor Varela.

El diputado Víctor Gabriel Varela López(desde la curul): Sí, diputada. Nada más para decir que todos los supuestos que le leyeron en el artículo son antes de que se declare la no urgencia; ya se había declarado que no era urgente. Entonces ya está votado esto, ya es irreversible la reversión. Se pide la revisión de la votación, en tanto no se haya determinado que no era urgente el punto de acuerdo.

Por tanto, pido que respete la declaración que usted misma hizo y que se determine como no urgente esta votación y se declare como asunto concluido. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Tiene usted razón en el sentido de que la Presidencia había dicho que no era de urgente resolución; sin embargo, la petición del diputado Minjares cae dentro del artículo 148 y la Presidencia rectifica y se atiene a lo que dice el artículo 148, si usted nos lo permite. Sonido en la curul del diputado Andrés Lozano, del PRD.

El diputado Andrés Lozano Lozano(desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. Escuchamos con detenimiento lo establecido en el artículo 148 del Reglamento de este Congreso y en ninguno de los supuestos encontramos que, una vez que la Secretaría ha obtenido la votación del caso concreto, pudiera pedirse en votación nominal porque esto sería posterior a que se ha determinado cuál fue el sentido de la votación.

Aunado a esto, tenemos la definición de la propia Presidenta respecto del turno del caso concreto; de tal manera que lo que usted estaría en este momento es generando un precedente de que, una vez determinado por parte de usted el turno a una comisión y habiendo concluido, en este caso concreto el punto de acuerdo en turno, pudiese pedirle la revisión correspondiente; lo cual me parece que no es ni práctica parlamentaria ni ajustado a los ordenamientos jurídicos que rigen este Congreso.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Sí, señor diputado; lo único en que no concuerdo con usted es en que no estaba todavía turnado a comisión: simplemente, se estaba declarando que por lo que la votación nominal, digo... por lo que en la votación simple se estaba percibiendo no era de urgente resolución, pero todavía no estaba turnado a la comisión. Octavio Martínez Vargas , del PRD, tiene la palabra.

El diputado Octavio Martínez Vargas(desde la curul): Presidenta, qué pena que se conduzca de esa manera. Le quiero recordar que fue usted quien pidió a la Secretaría que diera cuenta de los votos. La Secretaría le dijo que no había dos terceras partes. Luego entonces, usted respondió que no era de urgente u obvia resolución; que se turne a la comisión. Todavía el diputado solicitó la palabra y usted textualmente le dijo: ``lo siento, no hay dos terceras partes''.

Qué pena que se esté conduciendo de esta manera en este Poder, cuando la Presidenta debiese asumir una actitud diferente. Le pedimos que rectifique su conducta y sea congruente con lo que había dicho, de que no había dos terceras partes y con la respuesta que dio al legislador de Acción Nacional, de que ``lo siento, se turna a comisión''.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Está pidiendo la palabra el diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Con su permiso, Presidenta. Creo que no es cosa de si da pena o si nos sentimos ruborizados por una decisión. Siempre, cuando se ha solicitado por un diputado que sea votación nominal, se ha concedido; y me sorprende la escasa vocación del PRD, que contra su lema de ser un partido democrático, no quiere someterse a una votación ni a un debate.

Sin embargo, para efectos de que esto pueda caminar y proceder, el Partido Acción Nacional no tiene inconveniente que se turne a comisión y que la comisión sea la que le exija al gobierno de la ciudad este cumplimiento de un deber.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal . Gracias, señor diputado. No se considera de urgente resolución, y se turna a la Comisión del.

RIO COLORADO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal . Tiene la palabra el diputado Armando Barreiro Pérez , del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo relativo a la protección del valle de Mexicali y la región del delta del río Colorado. Les recordamos la duración de tres minutos, si son tan amables.

El diputado Armando Barreiro Pérez:Con su venia, diputada Presidenta. La historia y destino del delta del Río Colorado ilustra la interacción bilateral compleja entre México y Estados Unidos.

Las prácticas del manejo de agua, las batallas legales y los acuerdos políticos en ambos lados de la frontera han tenido impactos dramáticos en la cultura local y su economía que perturban el ecosistema delicado del delta del río Colorado.

En tal virtud, una política enérgica para la restauración del delta del río Colorado constituye un reto que no sólo compete a nuestra nación, sino que se requiere de la cooperación y compromiso de largo plazo con el vecino del norte.

El río Colorado, con una longitud de 2 mil 333 kilómetros, drena casi 625 mil metros cuadrados en seis estados del país vecino, así como en los estados mexicanos de Sonora y Baja California. Sus corrientes alguna vez sustentaron 780 mil hectáreas de desierto en el delta, con vastos humedales y mareas que se vacían en el golfo de California.

A mediados de la década de 1970, 10 presas principales y muchos proyectos de irrigación y desviación de agua para el uso humano del caudal, disminuyeron la capacidad del río y del delta. Los permisionarios, para evitar la pérdida de derechos adquiridos, utilizan el agua en cultivos de poco valor. El distrito de irrigación Cibola tiene un número de derechos que igualan a todos los derechos asignados a México y, por tanto, tiene para vender al mejor postor.

La mayoría del agua que cruza la frontera es dirigida por las autoridades mexicanas hacia las granjas de los valles de Mexicali y San Luis Río Colorado, sale de los drenajes salinos, de los procesos agrícolas o se filtra del canal Todo Americano y surge como acuífero al sur de la frontera estadounidense.

Son múltiples las historias legislativas y acuerdos que han permeado en la historia de los dos países para proteger esta importante región; por tanto, y por obvio del tiempo, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Relaciones Exteriores; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que en el marco de sus respectivas competencias instauren un grupo de trabajo interinstitucional con la finalidad de aplicar acciones urgentes e inmediatas, para proteger el desarrollo rural del valle de Mexicali y la región del delta del río Colorado y alto golfo de California.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que inicie los contactos diplomáticos necesarios con el gobierno de Estados Unidos de América para establecer compromisos conjuntos que devengan en la protección y desarrollo sustentable de las aguas que alimentan la región del valle de Mexicali y del delta del río Colorado, mediante addendum capitular al tratado de aguas entre ambos gobiernos.

Tercero. Que la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y protección de ambientes acuáticos de la Cámara de Diputados se aboque a realizar un diagnóstico social, económico y ambiental de la región del valle de Mexicali, del delta y del río Colorado y alto golfo de California, cuya finalidad tenga como función primordial contribuir a los trabajos del grupo interinstitucional a que se refiere el primer punto de este acuerdo, así como para definir las reformas legales que al respecto deben realizarse.

Por su atención y aprobación... Es cuanto, diputada Presidenta; y solicitamos: el texto íntegro que está publicado ya en la Gaceta Parlamentaria, en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la protección del valle de Mexicali y la región del delta del río Colorado, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Aleida Alavez Ruiz , diputada federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para e Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración del Pleno la proposición con punto de acuerdo para la protección del desarrollo rural y ambiental del Valle de Mexicali y el delta del Río Colorado, en el estado de Baja California, con base en las siguientes

Consideraciones

Primero. La historia y destino del delta del Río Colorado ilustra la interacción bilateral compleja entre México y los Estados Unidos de América. Las prácticas del manejo de agua, las batallas legales y los acuerdos políticos en ambos lados de la frontera, han tenido impactos dramáticos en la cultura local y su economía, y están perturbando el ecosistema delicado del delta del Río Colorado.

Segundo. Aunque los desbordamientos periódicos en los últimos 20 años han traído vida nueva al delta, las acciones que se están tomando en torno a esta corriente en los Estados Unidos de América, tales como la construcción del canal Todo Americano, están poniendo en jaque a una de las regiones más vulnerables del país, derivada de la constitución de los suelos utilizados para la agricultura, pero fundamentalmente porque la región del delta aunado al alto Golfo de California es la zona de mayor impacto negativo que pone en entredicho la viabilidad de la Reserva de la Biosfera que se ha constituido para tal región.

En tal virtud, una política enérgica para la restauración del delta del Río Colorado constituye un reto que no solo compete a nuestra nación sino que se requiere de la cooperación y compromiso de largo plazo entre México y los EUA.

Tercero. El Río Colorado, con una longitud de 2 mil 333 kilómetros, drena casi 625 mil kilómetros cuadrados de los estados de Wyoming, Utah, Colorado, Nuevo México, Nevada, California, en los Estados Unidos, así como en los estados mexicanos de Sonora y Baja California. Sus corrientes alguna vez sustentaron 780 mil hectáreas de desierto en el delta con vastos humedales riparios y mareas que se vacían dentro del Golfo de California. A mediados de la década 1970, diez presas principales y muchos proyectos de irrigación y desviación de agua para el uso humano del caudal, disminuyeron la capacidad del río y el delta. También, las inundaciones intermitentes que son tan importantes para soportar el sistema del delta del desierto, fueron contenidas por las represas estadounidenses. Desde entonces, el último de los depósitos principales (el lago Powell) alcanzó su máxima capacidad. El fenómeno de El niño produjo unas inundaciones en las décadas 1980 y 1990 que viajaron por el delta y se restablecieron en una área pequeña, pero muy crítica, de este importante ecosistema, que incluye la ciénega de Santa Clara, un humedal salino que es parte de la Biósfera Internacional, toda vez que está inscrita bajo la Convención Ramsar sobre la protección de humedales de importancia internacional.

Cuarto. Mientras que el tratado de 1944 distribuía 10 por ciento del flujo anual para México, el río se maneja unilateralmente por el Departamento de Reclamaciones de los EUA. Los 18 mil 500 millones de metros cúbicos anualmente en represas para ese país, se dividen equitativamente entre California, Arizona y Nevada (los estados bajos) y el resto (los estados altos). La presa de Glen Canyon se construyó en la frontera de Arizona y Utah fundamentalmente para que los estados de arriba tuvieran garantizado su suministro equitativo de agua. Toda el agua está completamente distribuida y sobre distribuida en años secos. Los permisionarios, para evitar la pérdida de derechos adquiridos, utilizan el agua en cultivos de poco valor. El distrito de irrigación Cibola tiene un número de derechos que igualan a todos los derechos asignados a México y por tanto tiene para vender al mejor postor. La mayoría del agua que cruza la frontera es dirigida por las autoridades mexicanas hacia las granjas de los valles de Mexicali y San Luis Río Colorado; sale de los drenajes salinos de los procesos agrícolas o se filtra del canal Todo Americano y surge como acuífero al sur de la frontera estadounidense.

Quinto. La historia legislativa sobre la cual se sustenta el cauce del Río Colorado se sintetiza en lo siguiente:

1922: Se aprueba la compactación del Río Colorado por regiones hidrológicas

1936: Se signa el Tratado sobre aves migratorias

1944: Se signa el Tratado de aguas entre México y los Estados Unidos

1972: Se suscribe la minuta 242 (Comisión Bilateral de Límites y Aguas. Preocupación sobre la calidad del agua para reducir la salinidad)

1986: Se elabora el plan de manejo norteamericano sobre flujo de aguas que identifica al delta como un sitio de importancia

1992: La red de reservas de aves costeras del hemisferio occidental designó al delta como un sitio prioritario

1993: México declara la Reserva de la biosfera del alto Golfo de California y el delta del Río Colorado

1996: El delta se adhiere a la lista de sitios de protección mundial bajo la convención Ramsar sobre humedales

1997: Se signa la Carta conjunta entre México y los Estados Unidos de América que establece el interés por proteger la Reserva de la biosfera

2000: Se suscribe la declaración conjunta para mejorar la cooperación en el delta del Río Colorado 2000: Se suscribe el acuerdo bilateral para desarrollar estudios conjuntos que aseguren el uso del agua para propósitos ecológicos con la esperanza de restaurar el delta, conocida como minuta 306, que modifica el tratado de 1944.

No obstante esta historia de compromisos legales, la situación que impera en el delta del Río Colorado es cada vez más crítica, lo que infiere que ambos países no han tenido la voluntad política para proteger este ecosistema vulnerable.

Sexto. La disminución del flujo dentro de las corrientes debido a las prácticas de manejo del agua a lo largo del río ha tenido un impacto significativo en el ambiente local. Existen períodos en los cuales el alto Golfo de California no recibe agua dulce, resultando la hipersalinidad del ecosistema y el calentamiento de la temperatura del agua, que ponen en peligro a numerosas especies marinas y a la vegetación riparia estuarina. Los sedimentos atrapados aguas arriba en las presas están reduciendo considerablemente el inventario de sedimentos en el delta, que resulta en la pérdida de especies endémicas. Los lodos son abundantes donde la vegetación es exuberante y en donde los campos agrícolas solían prosperar. Debido a la disminución de recursos, muchos pobladores indígenas están siendo presionados a abandonar el área. El agotamiento del acuífero es un serio problema que enfrentan muchas comunidades fronterizas que dependen fundamentalmente de él, incluyendo a los valles Imperial y Mexicali.

Séptimo. El uso más común del término está ligado a la esfera económica, a pesar que considera aspectos sociales y ecológicos. Es decir, es importante la integridad ecológica sobre la que se basa la explotación de recursos. También lo es que la gente tenga acceso a los beneficios económicos de la sustentabilidad a través de su distribución con justicia social, escuchando sus peticiones para las decisiones. El ambiente en la economía mundial es un ambiente globalizado que existe para servir los intereses económicos y políticos. El manejo de un ambiente internacionalizado sólo puede tener éxito si reconoce el hecho que la preocupación ambiental no debe separarse de las políticas de desarrollo. Entonces, la sustentabilidad debe ser vista como una nueva propuesta que trabaja de abajo hacia arriba, y por tanto evitar verla como parte de la competencia internacional impuesta por los intereses de poderosos que relacionan a la naturaleza como un recurso cuyo valor se subordina a los cálculos de la renta de capital.

Octavo. En tal virtud, hay una necesidad urgente de hacer un acuerdo bilateral específicamente dedicado a los flujos de corrientes internas al delta, así como lineamientos jurídicos para proteger y mejorar el uso de recursos y la propiedad territorial de las tierras indígenas. La política de sustentabilidad para el delta debe funcionar de abajo hacia arriba, e incluir las necesidades de los pueblos indígenas del delta. El tratado de distribución de aguas necesita ser revisado para adecuarlo a los usos que requieren las sociedades fronterizas del siglo XXI.

Como consecuencia, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pone a la consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Relaciones Exteriores y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que en el marco de sus respectivas competencias instauren un grupo de trabajo interinstitucional con la finalidad de aplicar acciones urgentes e inmediatas para proteger el desarrollo rural del valle de Mexicali y la región del delta del Río Colorado y alto Golfo de California. (Turno a Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Relaciones Exteriores y Desarrollo Rural, con opinión de la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y protección de ambientes acuáticos).

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que inicie los contactos diplomáticos necesarios con el gobierno de los Estados Unidos de América para establecer compromisos conjuntos que devengan en la protección y desarrollo sustentable de las aguas que alimentan la región del valle de Mexicali y el delta del Río Colorado, mediante un adendum capitular al Tratado de Aguas entre ambos gobiernos. (Turno a la Comisión de Relaciones Exteriores)

Tercero. Que la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y protección de ambientes acuáticos de la Cámara de Diputados se aboque a realizar un diagnóstico social, económico y ambiental de la región del valle de Mexicali y del delta del Río Colorado y alto Golfo de California, cuya finalidad tenga como función primordial contribuir a los trabajos del grupo interinstitucional al que se refiere el primer punto de este acuerdo, así como para definir las reformas legales que sobre este respecto deban realizarse. (Turno a la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y protección de ambientes acuáticos).

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo el seis de febrero de dos mil siete.--- Diputada federal Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Relaciones Exteriores, con opinión de las Comisiones de Desa-rrollo Rural, y Especial de los derechos sociales de acceso al agua y protección de ambientes acuáticos.

CANASTA BASICA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado Adrián Pedrozo Castillo , del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal decrete un aumento salarial y establezca un control de precios a diversos productos de la canasta básica.

El diputado Adrián Pedrozo Castillo:Con su venia, diputada Presidenta.

La siguiente es una proposición de la que vamos a retirar una parte, la que se refiere al aumento de emergencia, en virtud de que nuestro compañero diputado Antonio Almazán presentó un punto en relación a este mismo tema y ha sido ya votado en esta misma sesión. En consecuencia, esa parte la vamos a retirar y solamente nos vamos a referir al punto de acuerdo que dice lo siguiente:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar un aumento salarial y a establecer un control de precios sobre diversos productos de la canasta básica.

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los precios de diversos productos de la canasta básica, no han dejado de aumentar desde la asunción de Felipe Calderón como presidente. Tan sólo, en la última quincena de febrero de 2007, el Banco de México ha reportado un incremento significativo de precios en el limón, zanahoria, papa, vivienda propia, servicio doméstico, autobús urbano y universidades. Sin embargo, en cuanto a la electricidad, jitomate, calabacita, pollo en piezas, tomate verde y nopales, sus precios han estado variando, siempre con una tendencia al alza.

Sin duda alguna, uno de los productos que ha detonado esta escalada de precios es la tortilla de maíz. Si al final del año pasado, el precio de este alimento básico se encontraba entre los 6 y 6.50 pesos por kilogramo, hoy lo encontramos incluso en 13 pesos en algunas regiones importantes del país. En términos porcentuales, esto representa un incremento de entre 60 y más del 100 por ciento en la tortilla de maíz. Inclusive, la influyente Cámara Americana de Comercio de México, anunció a principio de año que el precio del maíz era y sigue siendo un factor de presión inflacionaria.

Todavía más, en 2001 el precio promedio de azúcar refinada por bulto de 50 kilogramos estaba en 280 pesos; para febrero de 2006, este mismo producto se encontraba en 332 pesos. Un año después, para febrero de 2007, el azúcar se encuentra en 425 pesos promedio. Esto representa un incremento de casi 40 por ciento de un año a otro.

En el caso del huevo, en 2001 el precio promedio de este producto estaba en 8.50 pesos por kilogramo; para febrero de 2006, este mismo producto se encontraba en 9.80 pesos. Un año después, para febrero de 2007, el huevo se encontró en 13.50 pesos promedio por kilo. Esto representa un incremento de más del 38 por ciento de un año a otro.

Estos aumentos contrastan de manera relevante, en cuanto a la inflación proyectada del Banco de México de 3 por ciento, más-menos 1 por ciento para 2007. Esto no se cumplirá dada la tendencia alcista de los precios de diversos productos de la canasta básica. Al mismo tiempo, los incrementos salariales mínimos se han dado con base en estas proyecciones de poco más de 3 por ciento, mientras que más de 30 productos de la canasta básica presentan aumentos de entre 30, 40, 60 y hasta más del 100 por ciento.

Esta situación resulta inaceptable dado que a la clase trabajadora y sus familias se les ha violentado brutalmente su poder adquisitivo para acceder a los alimentos diarios básicos para su sostenimiento. Los incrementos de precios desmedidos con Calderón, nos pone en una situación económica similar a un estado de guerra.

Por lo anterior, resulta necesario que el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, exhorte al Ejecutivo federal para hacer frente a este estado de emergencia económica en el que se encuentran millones de familias mexicanas e implemente un mecanismo de control de precios, así como un aumento de emergencia de los salarios de la clase trabajadora.

Cabe recordar que el gobierno mexicano es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948 y se ha comprometido a velar porque todas las personas reciban por su trabajo, una remuneración equitativa y satisfactoria que les asegure una vida digna tanto a ellos como a sus familias. También, en 1981 nuestro país ratificó la observancia del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual se obliga a velar por una remuneración que tenga el propósito de crear condiciones dignas de existencia.

Los salarios de emergencia, tiene su antecedente histórico a través de la ``Ley de Compensación de Emergencia del Salario Insuficiente'', emitida por el Ejecutivo federal, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas por el Congreso de la Unión con motivo de la declaración de guerra de México a los países del Eje, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1943.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que dentro de sus facultades decrete un aumento salarial de emergencia generalizado para que las familias mexicanas hagan frente a la escalada de precios de diversos productos de la canasta básica.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Economía, valore la posibilidad de establecer un control de precios a diversos productos de la canasta básica, en tanto no existan condiciones de una verdadera y sana competencia entre los productores y comercializadores de bienes y servicios básicos.

Diputados: Adrián Pedrozo Castillo , Alejandro Sánchez Camacho , Pablo Trejo Pérez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Sonido en la curul del diputado Minjares.

El diputado José Manuel Minjares Jiménez(desde la curul): Gracias, Presidenta. Para solicitar que esta consulta, si es urgente u obvia, sea por tablero en votación nominal.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Pregunto quiénes se adhieren a la petición del diputado Minjares. Con base en el artículo 148, ábrase el registro de votación nominal por cinco minutos.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Ábrase el registro de votación nominal por cinco minutos, para consultar si se considera de urgente resolución. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Sonido en la curul del diputado Diego Aguilar.

El diputado Diego Aguilar(desde la curul): Señora Presidenta, nada más para poner a consideración que el punto de acuerdo que acaba de leer el señor diputado lo turne a comisión para que ahí se analice, cual es debido.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Quien puede pedir esto sería el diputado que lo está proponiendo. Si el diputado que lo propone cambia su petición, sería atendido. Sonido a la curul del diputado Adrián Pedrozo.

El diputado Adrián Pedrozo Castillo(desde la curul): Sí, diputada. Para hacer de su conocimiento que estamos de acuerdo con la propuesta que hace el diputado Diego y que aceptamos que se vaya a las comisiones.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Ruego a la Secretaría instruya el cierre del registro; y túrnese a la Comisión de Economía.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Ciérrese el sistema electrónico de votación.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Esta votación que se inició y se suspendió no se computará para ningún punto estipulado en ninguna norma.

GAS NATURAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado José Rosas Aispuro, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo relativo a los subsidios al gas natural.

El diputado José Rosas Aispuro Torres:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: para nadie de los que estamos aquí en la Cámara de Diputados --estoy seguro-- es desconocida la problemática que se vive en cada una de las regiones de nuestro país, en cada entidad, en cada comunidad, en cuanto al precio que hoy día tiene uno de los insumos indispensables para la subsistencia, como es el servicio del gas natural y del gas LP.

Por ello, en los últimos años hemos visto cómo se ha incrementado de manera desproporcionada el precio del gas, frente al incremento a los salarios mínimos. De 2000 a 2006, el precio del gas aumenta en más de 80 por ciento, cuando los salarios apenas si rebasaron 15 por ciento. Eso nos demuestra la grave problemática que enfrentan las familias de más escasos recursos económicos.

Si a eso sumamos el incremento en artículos de la canasta básica como la leche, el huevo, las tortillas, el pollo, la carne, entre otros, le sumamos que de lo que gana una familia cerca de 25 por ciento de los ingresos que tiene los tiene que dedicar ahora para la compra del gas, ya sea natural o del gas LP.

Por ello me parece que los diputados ahora debemos de hacer un esfuerzo, junto con el Ejecutivo federal, para que de los recursos que se tienen en el fondo de estabilización podamos destinar una parte de estos al subsidio a las familias de más escasos recursos económicos para que a éstas se les pueda subsidiar hasta en un 20 por ciento el precio de cada kilogramo de gas, para que de esa manera podamos atender una de las demandas más sentidas que presentan nuestras gentes en cada una de las regiones. Por ello someto a la consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Reguladora de Energía su intervención ante el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos, para que se autorice un subsidio al precio del gas natural de uso doméstico y del gas LP hasta de 20 por ciento; que la Comisión Reguladora de Energía, y las secretarías de Energía, de Economía y de Hacienda y Crédito Público sean las responsables para la instrumentación de este programa de apoyo a las familias de más escasos recursos económicos.

El financiamiento de este subsidio, que representaría cerca de 300 millones de pesos, sería cubierto con los recursos provenientes del Fondo de Excedentes Petroleros que están incluidos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Señor diputado, el diputado Rodríguez Prats está pidiendo la palabra. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Si me permite el orador hacerle una pregunta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : ¿Acepta la pregunta, diputado?

El diputado José Rosas Aispuro Torres : Con todo gusto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Sí la acepta, diputado.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): El impacto fiscal sentimos que es una cantidad muy superior a 300 millones de pesos. Estamos hablando de un 20 por ciento de subsidio en todo el país a un insumo que tiene una enorme demanda en todo el mercado nacional. ¿Podría afirmar que ése sería el impacto presupuestal?

El diputado José Rosas Aispuro Torres : Creo que si, como se pudiera pensar, fuera abierto a la población en general, sí estaría yo de acuerdo, pero la propuesta que estamos haciendo es que sea hasta los cinco deciles, o sea, hasta quienes ganan hasta aproximadamente 7 mil 500 pesos, que es un universo de la población que está claramente demostrado, de acuerdo con las cifras del INEGI, con las cifras que los propios centros de estudios en materia financiera nos han dado y podemos, con cerca de 300 millones de pesos, subsidiar con 20 por ciento del precio del kilogramo de gas, a las familias de más escasos recursos económicos.

Esta propuesta no va para la población abierta en general; va únicamente para las familias de más escasos recursos económicos.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Sí, diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Si me permite de nuevo el orador otra pregunta.

El diputado José Rosas Aispuro Torres : Con todo gusto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Sí la acepta.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Partiendo, sin conceder, de que pudiera usted estar acertado en sus cifras, ¿no sería preferible que esto lo analizara la Comisión conjuntamente con las autoridades de la Secretaría de Energíay de la Secretaría de Economíapara efecto de que esta Asamblea pueda tomar una decisión? ¿Estaría usted en contra de que pudiéramos tomar una decisión y que pudiéramos turnarlo a comisión y que ahí sea donde se hagan los estudios correspondientes?

El diputado José Rosas Aispuro Torres : Me parece que lo que importa es que haya voluntad política de este Congreso para resolver un problema que día con día aqueja seriamente a las familias de menos recursos económicos; y si usted y su grupo parlamentario se comprometen a trabajar en las comisiones con el ánimo de encontrarle una solución a este problema, desde luego que mi grupo parlamentario, el del Revolucionario Institucional, estaría de acuerdo en que le diéramos ese seguimiento para dar una respuesta mucho más concreta y puntual a nuestra gente. Gracias, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los subsidios al gas natural y gas LP, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, José Rosas Aispuro Torres , diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que, en uso de sus atribuciones constitucionales, disponga el otorgamiento de un subsidio al gas natural y al gas licuado de petróleo (LP) para uso doméstico de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Desde 2001 la volatilidad en el precio de los energéticos ha ocasionado que el mecanismo de precios del gas en México se modifique periódicamente para contener el incremento derivado del precio para los usuarios finales.

El precio máximo del gas LP se determina con un cálculo mensual del precio para el usuario final, el cual para el 2006 fue de un máximo de 0.3273 por ciento mensual respecto al nivel alcanzado el mes anterior a fin de mantenerse dentro del límite de inflación esperado, ello con el fin de que la volatilidad en el precio del energético se pudiera regular a favor de los consumidores.

Sin embargo, de acuerdo con las variaciones del último año, la variación promedio ha sido de 0.3313 por ciento, índice superior a lo estimado, por lo cual, no obstante los esfuerzos del gobierno federal para mantener controlados los precios de este bien de consumo básico, el esfuerzo no ha sido suficiente para detener el aumento en el precio de este energético.

La siguiente tabla muestra, como a pesar de mantener los precios regulados, el precio del gas LP se incrementa año con año.

Ahora bien, el problema fundamental en torno a la fijación del precio del gas natural y LP, tiene que ver con la forma en que se ha relacionado el mercado interno con el mercado internacional. Esta forma de relación resulta nociva tanto para los consumidores nacionales como para la industria nacional, ya que para la fijación del precio se consideran los costos de oportunidad y condiciones de competitividad del gas respecto al mercado internacional y al lugar donde se realice la venta.

En la práctica, la fórmula empleada para la determinación del precio otorga un peso excesivo al valor del gas en el mercado texano. Obviamente no se trata de una mera operación aritmética, sino que refleja el propósito de atraer capitales extranjeros que aprovechan en nuestro país la apertura al sector privado del almacenamiento, transporte y distribución de gas, obteniendo en el mercado interno ganancias similares a las obtenidas a nivel internacional.

En los últimos años, el precio del gas LP para uso doméstico ha tenido como consecuencia que los precios de este vital producto se disparen. Sólo en el año 2005, el precio del gas LP tuvo un incremento de 12.67 por ciento y en el 2006 de 3 por ciento, y ello ha tenido consecuencias muy graves para las familias con escasos recursos, que son los mayores consumidores.

Por otra parte, respecto al precio del gas LP para uso doméstico, no ha creado una amplia oferta y tampoco hay evidencias de que exista una competencia real entre los diversos distribuidores. Si bien es cierto que existen cientos de empresas registradas como distribuidoras, la verdad es que unos cuantos grupos han monopolizado regionalmente el mercado. Quien se niega a seguir sus reglas no puede participar y ello ha derivado en que los precios suban y la calidad del servicio se deteriore.

De esta forma resulta evidente que un reducido grupo de grandes consorcios dominan la distribución del gas LP, y que estos poderosos grupos han condicionado la oferta de tal manera que el precio del gas, al liberarse ha subido y no ha existido ningún beneficio para los consumidores. Tampoco es visible que las condiciones de distribución hayan mejorado.

A mayor abundamiento, el abasto suficiente y continuo de este combustible sólo se ha logrado para las zonas urbanas con alto equipamiento, ya que las zonas marginadas, en las cuales vive un gran porcentaje de la población más pobre, sobre todo la de bajos ingresos, está a merced de una distribución que depende de la voluntad de las compañías que además de imponer precios, imponen también condiciones. Es común la venta de cilindros con menos peso de lo estipulado y que a las zonas marginadas se les impongan precios mayores.

El precio del gas LP, por otra parte, ha tenido un alza de tal magnitud que muchas familias no lo pueden soportar. Si bien los incrementos pueden ser absorbidos por los segmentos de altos ingresos, que son un sector minoritario de la población del país; lo cierto es que para la mayoría de las familias el incremento continuo del precio limita aún más su de por sí ya reducido consumo.

Cifras recientes dadas a conocer por el INEGI señalan que los hogares que se encuentran del primero al quinto decil, es decir, los sectores más pobres del país tienen un ingreso promedio de apenas 876.3 pesos, 2 mil 707.3 pesos, 4 mil 522.8 y 6 mil 096.3 y 7 mil 712.9 pesos mensuales, respectivamente, y el monto promedio mensual destinado a la compra de gas en estas familias es de 128.2, 235.3, 290.4, 355.1 y 375.8 pesos, respectivamente (más de la cuarta parte de su gasto total mensual).

Un ejemplo basta para observar la dramática situación por la que atraviesan muchas familias. Con un salario mínimo de alrededor de 48.67 pesos diarios para la zona A, los consumidores con este ingreso deben pagar de entre 8 a 10 pesos el kilo de gas. Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, una familia de cuatro miembros consume en promedio 45 kilos al mes, es decir, entre 360 y 450 pesos, lo que significa un impacto negativo para los consumidores que sólo perciben uno o hasta cuatro salarios mínimos.

Por su parte, el consumo de gas natural en México es en promedio de 5300 millones de pies cúbicos por día, si bien sólo un 6 por ciento de este volumen se destina al consumo doméstico, representado por más de 1 millón de familias que están utilizando gas natural en ciudades como Monterrey, Nuevo Laredo, Saltillo, Toluca, Distrito Federal, Aguascalientes, San Luis Potosí y León, entre otras.

Al igual que con el gas LP, la política de precios del gas natural reconoce el precio del producto en su mercado internacional relevante como un indicador adecuado de su costo de oportunidades.

En relación a la propuesta que se plantea, si bien no constituye una cifra elevada, en atención al artículo 18 de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el sentido de que a toda propuesta de gasto debe agregarse la correspondiente fuente de ingreso, se señala que esta fuente sería el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), cuyo saldo asciende a 34 mil 645 millones de pesos de acuerdo con el informe del cuarto trimestre de 2006 sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública.

Debemos recordar que tal y como lo señala nuestra carta magna, el Estado mexicano tiene la obligación de intervenir para que la vida económica de la nación tenga un sentido social. Es obligación del Estado participar en la vida productiva y, sobre todo, evitar que el interés de unos pocos, amparado en cualquier planteamiento técnico de libertad de comercio, devenga en abuso a las grandes mayorías.

Con base en lo anterior, el punto de acuerdo que someto a consideración de esta honorable asamblea propone reducir el precio del gas natural y del gas LP, considerando que de este último el 70 por ciento de este consumo básico es adquirido en México por los hogares más pobres. En el caso del gas natural, la proporción sería menor ya que principalmente se consume por hogares de tipo residencial.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Reguladora de Energía su intervención ante el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos para que se autorice un subsidio al precio de gas natural de uso doméstico y al gas LP.

Que la Comisión Reguladora de Energía, las secretarías de Energía, de Economía y de Hacienda y Crédito Público sean las responsables para la instrumentación de este apoyo al precio del gas natural y gas LP, ya que, a través del mecanismo de venta de primera mano es posible controlar el incremento derivado en los precios a los usuarios finales y asegurar que el subsidio sea principalmente a los hogares de los cinco deciles más bajos, ya que con ello, el ahorro en el gasto familiar será mayor.

El financiamiento de este subsidio por 288 millones de pesos sería cubierto con los recursos provenientes de los excedentes petroleros deportados en el Fondo de Estabilización de los ingresos petroleros, así como de las economías en el gasto corriente derivados de los programas de austeridad que debará instrumentar el Ejecutivo federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.--- Diputado José Rosas Aispuro Torres (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Señor diputado: si quiere entonces rectificar el turno, sería a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Energía.

El diputado José Rosas Aispuro Torres : Así es, y dejo el documento para que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, en virtud de que el que estaba inscrito en la Gaceta trae algunos cambios porque hablaba nada más del gas natural y aquí estamos incluyendo el gas LP también. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Túrnese la proposición a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Energía.

ESTADO DE JALISCO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado José Gildardo Guerrero Torres , del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Capufe reubiquen la plaza de cobro 156, Plan de Barrancas, ubicada en la autopista Guadalajara-Tepic... El diputado que la va a presentar es el diputado Gustavo Macías.

El diputado Gustavo Macías Zambrano:Con su permiso, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la SCT y a Capufe que reubiquen la plaza de cobro 156, Plan de Barrancas, de la autopista Guadalajara-Tepic.

José Gildardo Guerrero Torres y Gustavo Macias Zambrano, diputados federales a la LX Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos, 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad con lo establecido en el artículo 36 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes, por ende dicha Secretaría es competente para revisar y aprobar los proyectos que modifiquen las condiciones de operación de las carreteras en México, a través de sus diversas direcciones.

Por su parte, el organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), desde su constitución el 27 de junio de 1963, fue concebido como el ente encargado de: administrar caminos y puentes federales de cuota, tanto nacionales e internacionales y sus servicios conexos; establecer y administrar plantas elaboradoras de productos de pavimentación; y conservar las vías generales de comunicación a su cargo.

Ratificándose su carácter de coadyuvante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la inspección de las carreteras y puentes federales concesionados y en su caso operados por el mismo, con la reforma al decreto de su constitución del 14 de septiembre de 1995.

Hoy día es misión de Capufe consolidarse como una institución modelo en la prestación de servicios carreteros de calidad, que faciliten el desplazamiento de personas, bienes y servicios con seguridad, comodidad, rapidez y economía, y entre sus metas institucionales de encuentra la de garantizar elevados niveles de seguridad y de servicio de infraestructura carretera a su cargo.

No obstante lo anterior, hoy en día en la autopista Guadalajara-Tepic, de la Red Farac, es necesaria la eficaz intervención de dichos organismos concurrentemente competentes, para reubicar la plaza de cobro número 156 Plan de Barrancas, pues la ubicación geográfica de la misma, al encontrarse al final de una prolongada pendiente, ha sido determinante en el acaecimiento de 36 siniestros vehiculares de consecuencias fatales durante el año 2006, tanto para los viajantes como para el personal de la Empresa Servicios Profesionales de Infraestructura y Urbanización SA de CV encargada de la administración de esta autopista, la cual --cabe mencionar-- ya ha presentado la solicitud correspondiente, para que los organismos competentes aprueben la reubicación de la mencionada plaza de cobro.

En consideración de lo antes mencionado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al organismo descentralizado Capufe, a realizar y --en su caso-- aprobar un proyecto de reubicación de la plaza de cobro 156 Plan de Barrancas de la Autopista Guadalajara--Tepic.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Capufe, a adoptar medidas de carácter técnico para incrementar la seguridad en el tramo carretero mencionado, mientras se aprueba el proyecto de reubicación de la plaza de cobro 156, Plan Barrancas de la Autopista Guadalajara-Tepic.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Capufe, informar a esta soberanía sobre este asunto en particular.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro., el día 27 de febrero de 2007.--- Diputados: José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica), Gustavo Macias Zambrano (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. ¿Con qué objeto, diputado Tonatiuh Bravo?

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla(desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. Solamente para apoyar la propuesta del diputado que acaba de hacer uso de la palabra, Gustavo Macías, del Partido Acción Nacional, en el sentido que lo establece su redacción de punto de acuerdo para reubicar la caseta de esta carretera de Guadalajara-Plan de Barrancas.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Tome nota la Secretaría y consulte en votación económica si se considera de urgente resolución... El diputado Lizaola. ¿Con qué objeto, señor? Sonido en la curul del diputado.

El diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre(desde la curul): Gracias, Presidenta. Si les parece bien, a los diputados que suscriben la misma, pudieran incluirme en su propuesta.

La Presidenta María Elena Álvarez Bernal : Con mucho gusto. Tome nota la Secretaría por favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se considera de urgente resolución. Consulte la Secretaría si es de aprobarse la proposición.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputado que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Aprobada; comuníquese.

JUVENTUD DE MEXICO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo a fin de que se realice el parlamento de la juventud de México.

La diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez:Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: me presento ante esta tribuna, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Con fundamento en lo estipulado en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta Asamblea, una proposición con punto de acuerdo a fin de establecer anualmente la realización del parlamento de la juventud, de conformidad con las siguientes consideraciones.

En estos momentos, me permito externarles una propuesta que considero de suma trascendencia para la edificación de una juventud mexicana más comprometida con los aspectos políticos de nuestro país, con la cual construiremos los cimientos para que las futuras generaciones sean más activas y participativas.

Dicha inquietud consiste en la organización del primer parlamento de jóvenes mexicanos en la honorable Cámara de Diputados. Hay que considerar que en los últimos años la Cámara de Diputados ha sido parlamento de mujeres... ha sido sede de parlamento de mujeres y del parlamento de niñas y niños de México; ambos con excelentes resultados.

Pero considero que ha faltado escuchar las ideas e inquietudes de los jóvenes. En México, una de cada tres personas somos jóvenes ansiosos de expresar ideas, inquietudes, necesidades y de llevar a cabo sueños y proyectos, por lo que considero que dicho evento servirá ante todo para crear mejores seres humanos; además de analizar y establecer las condiciones necesarias para crear jóvenes, para crear generaciones de mexicanos capacitados, para hacer frente a un futuro incierto donde existan equidad y una sana competencia.

Compañeras y compañeros legisladores: vengo a plantear a este Pleno la realización del primer parlamento de la juventud de México, que tendrá como sede la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de manera alterna y al que acudirán jóvenes de entre 12 y 29 años, en el cual desempeñarán funciones de legisladores.

Esto nos permitirá conocer las inquietudes que cada uno de ellos tiene y, a su vez, escuchar las ideas de solución que los mismos jóvenes nos establezcan, ya que en ocasiones nosotros queremos hacer propuestas que beneficien a este sector, pero muchas veces no los tomamos en cuenta. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a su consideración los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se apruebe la realización del parlamento de la juventud de México, que se llevará coordinadamente por el Poder Legislativo, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores, con el Ejecutivo federal, a través del Instituto Mexicano de la Juventud.

Segundo. Este evento se realizará con una periodicidad anual y tendrá como sede en forma alterna a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Tercero. Se establece como sede del primer parlamento la Cámara de Diputados, por celebrarse en el mes de agosto del año de 2007.

Cuarto. Se instruye a las comisiones de Juventud y Deporte, y de Participación Ciudadana de la LX Legislatura de esta Cámara para que en coordinación con la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores y con las instancias de gobierno federal, establezcan en un plazo no mayor de 120 días las bases y lineamientos de funcionamiento, organización, convocatoria y realización de acciones necesarias para el desarrollo del primer parlamento de la juventud de México.

Diputada Presidenta, solicito que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se realice el parlamento de la juventud de México, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura, Claudia Gabriela Caballero Chávez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de establecer anualmente la realización del parlamento de la juventud, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

En estos momentos me permito externarles una propuesta que considero de suma trascendencia para la edificación de una juventud mexicana más comprometida con los aspectos políticos de nuestro país, con lo cual construiremos los cimientos para que las futuras generaciones sean más activas y participativas. Dicha inquietud consiste en la organización del primer parlamento de jóvenes mexicanos en la Cámara de Diputados y surgió como parte de mis experiencias, al ser actualmente la diputada más joven de la bancada de Acción Nacional.

Hay que considerar que en los últimos años la Cámara de Diputados ha sido la sede del Parlamento de Mujeres y del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, ambos con excelentes resultados y que sin duda han beneficiado a muchas familias, pero considero que ha faltado escuchar las ideas e inquietudes de los jóvenes. Por ende, pienso en la necesidad de establecer el parlamento de la juventud de México.

Como legisladores debemos tener muy claro que lo más valioso que tiene una nación es su gente, y por lo mismo, tenemos la obligación de implantar las medidas necesarias con el único objetivo de garantizar una mejor calidad de vida para todos, especialmente de los jóvenes mexicanos en este mundo globalizado.

Entre 1995 y 2005, la juventud mundial, integrada por las personas entre los 15 y los 24 años de edad, aumentó de 1025 millones a 1153 millones. En 2005 la juventud representaba 18 por ciento de la población mundial, y 85 por ciento de todos los jóvenes del mundo vivían en los países en desarrollo.

En México, uno de cada tres somos jóvenes de entre 14 y 29 años de edad, ansiosos de expresar ideas, inquietudes y necesidades y de llevar a cabo sueños y proyectos, por lo que considero que dicho parlamento servirá ante todo para crear mejores seres humanos, además de analizar y establecer las condiciones necesarias para crear generaciones de mexicanos capacitados para hacer frente a un futuro incierto, en donde exista equidad y una sana competencia.

Las Naciones Unidas han reconocido desde hace tiempo que la imaginación, los ideales y la energía de las y los jóvenes son vitales para el desarrollo continuo de las sociedades en las que viven. Los Estados miembros de Naciones Unidas han reconocido esto desde 1965 cuando respaldaron la declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos.

Dos décadas más tarde, el llamado de la Asamblea General para declarar 1985 Año Internacional de la Juventud: participación, desarrollo, paz; logró que en el ámbito internacional se preste mayor atención al importante papel que desempeña la juventud en el mundo y resaltó particularmente su contribución potencial en el cumplimiento de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Ese año, la Asamblea General también respaldó las directrices para la planificación de medidas y para el seguimiento adecuado en materia de juventud, que fueron significativas por el enfoque dado a los jóvenes como una categoría amplia, integrada por diversos subgrupos, en lugar de considerarlos una entidad demográfica única.

En 1995, en el décimo aniversario del Año Internacional de la Juventud, las Naciones Unidas fortalecieron su compromiso con los jóvenes proporcionando dirección a la respuesta de la comunidad internacional ante los retos que enfrentaría la juventud en el siguiente milenio. Para ello se adoptó una estrategia internacional: el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta 2000 y años subsiguientes.

Además, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General hizo suya la recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros encargados de la Juventud de que se declarara el 12 de agosto Día Internacional de la Juventud. La asamblea recomendó que se organizaran actividades de información pública en apoyo del día como medio para promover una mayor toma de conciencia del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta 2000 y años subsiguientes.

En nuestro país, cada año, en el marco del Día Internacional de la Juventud, el Instituto Mexicano de la Juventud y los Institutos Estatales llevan a cabo diferentes encuentros y foros para mostrar lo mejor del talento, la creatividad y el trabajo de las y los jóvenes. Por otro lado, entre los objetivos del plan de trabajo de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados se considera ``establecer una agenda mínima de foros y encuentros de trabajo con los jóvenes para recoger sus demandas y necesidades; y generar propuestas de políticas que promuevan la participación de los jóvenes en los diferentes ámbitos de la sociedad, impulsando la creación de organizaciones juveniles y estudiantiles, el protagonismo juvenil en los asuntos de carácter social, cultural, académico, político, deportivo y recreativo''.

Compañeras y compañeros legisladores, vengo a plantear a este Pleno la realización de un parlamento de la juventud de México, con periodicidad anual, que tendría como sede la Cámara de Diputados y la de Senadores de manera alterna y al que acudirían jóvenes de entre 12 y 29 años de acuerdo con lo establecido en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

El parlamento de jóvenes será plural, asistiendo participantes de todos los estados y de todas las condiciones sociales, económicas e ideológicas lo que demostrará que, a pesar de existir ciertas diferencias, se pueden obtener acuerdos y trabajar en conjunto, démosles ese espacio para exponer y recoger sus demandas y necesidades, tienen el derecho a la libertad de expresión a que se les tome su parecer respecto de los asuntos que los afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen, y a que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas respecto a los asuntos de su familia o comunidad, como indica la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En el Informe sobre la Juventud Mundial 2005 de Naciones Unidas se establece: ``Las estrategias efectivas para la participación de los jóvenes deben dejar de ser casuísticas y para una actividad concreta y ser incluidas en aspectos básicos de las estructuras, las instituciones y los procesos sociales. Hay que tomar medidas para fomentar las relaciones entre las distintas generaciones y poner a los jóvenes en condiciones de participar en forma significativa en los programas y las actividades que los afectan. Hay que tratar de que el mayor número posible de jóvenes tenga la oportunidad de representar a su grupo de edad. Las niñas y las jóvenes, en particular, pueden necesitar apoyo adicional para superar obstáculos sociales, culturales y económicos a su plena participación''.

Empecemos por involucrarlos en el parlamento de la juventud. En dicho parlamento, los jóvenes desempeñarán funciones de legisladores con el objetivo de conocer las inquietudes que cada uno de ellos tiene y, a su vez, escuchar las ideas de solución que los mismos jóvenes establezcan, ya que en ocasiones nosotros queremos hacer propuestas que beneficien a este sector pero muchas veces no los tomamos en cuenta, no los consultamos, no les inquirimos.

Una de las prioridades del Partido Acción Nacional siempre ha sido y será el apoyo a la juventud mexicana, viendo en ellos el futuro de nuestro México. Como muestra de este compromiso podríamos mencionar varias intervenciones en tribuna y actos concretos. De hecho, como antecedente a mi propuesta está el punto de acuerdo que presentó mi compañero de partido, el diputado federal de la LIX Legislatura José Erandi Bermúdez Méndez, quien formuló una propuesta parecida, pero que por diversas razones no se ha llevado a cabo.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se aprueba la realización del parlamento de la juventud de México, que se llevará coordinadamente por el Poder Legislativo a través de las Cámaras de Diputados y de Senadores, con el Ejecutivo federal a través del Instituto Mexicano de la Juventud.

Segundo. Este encuentro se realizará con una periodicidad anual y tendrá como sede, en forma alterna, cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Tercero. Se establece como sede del primer parlamento la Cámara de Diputados, por celebrarse en agosto de 2007.

Cuarto. Se instruye a las comisiones de Juventud y Deporte, y de Participación Ciudadana de la LX Legislatura de esta Cámara para que, en coordinación con la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores y con las instancias del gobierno federal, establezca en un plazo no mayor de 120 días las bases y los lineamientos de funcionamiento, organización, convocatoria y realización de acciones necesarias para el desarrollo del primer parlamento de la juventud de México.

Palacio legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.--- Diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.

PROCESOS ELECTORALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la tribuna a la diputada Mónica Fernández Balboa , del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial de formalización y supervisión del acuerdo político nacional para la transparencia y equidad en los procesos electorales locales.

La diputada Mónica Fernández Balboa:Con su venia, señora Presidenta. En estos días en que en esta Cámara estamos trabajando y con la mejor disposición para lograr la reforma del Estado que el país nos demanda, es notable que todas las agendas legislativas presentadas en la LX Legislatura por los grupos parlamentarios coinciden en una reforma integral en materia electoral.

Sin embargo, aun cuando hay auténticas intenciones de llevar a cabo por esta legislatura las citadas reformas, es importante que los procesos electorales locales no incidan negativamente en el desarrollo de los trabajos para la reforma del Estado.

La situación del país exige que se dé un paso a un acuerdo político nacional que garantice que los próximos procesos electorales locales tengan un avance democrático real y que se evite, por una parte, que la legitimidad de las elecciones quede en entredicho; y por otra, que los actores políticos polaricemos nuestras diferencias en vez de suscribir nuestras coincidencias en aras de la reforma electoral que México exige.

En ese sentido, la suscrita, integrante del Partido de la Revolución Democrática, propone a la honorable Cámara de Diputados que convoque de manera inmediata a un diálogo político nacional con todos los actores y organismos involucrados en los procesos electorales de 2007 a asumir un gran acuerdo nacional a favor de la transparencia, equidad y justicia en los comicios locales de nuestro país.

Se considera que este acuerdo debe contemplar los siguientes puntos: que el financiamiento privado en las precampañas y las campañas electorales quede plenamente transparentado, tanto en el origen del dinero como en los montos que reciben los candidatos y partidos políticos, para lo cual proponemos que la función de fiscalización de los organismos electorales sea reforzada por la creación de una comisión especial en el Congreso de la Unión que dé seguimiento a los gastos electorales y prevenga oportunamente el rebase de los topes de gastos de campaña.

Que los tiempos en los medios de comunicación sean negociados por conducto de los organismos electorales locales y que los partidos políticos aporten de sus prerrogativas un fondo para tales efectos, a manera de dar certeza de que prevalecerá la equidad.

Un acuerdo en que las empresas televisoras y radiodifusoras asuman su corresponsabilidad en el proceso cívico del país, aceptando que más que promover compras masivas de tiempo aire en los medios, es indispensable que asuman el compromiso de contribuir a la consolidación de la democracia como una forma de vida, tal como lo establece la Constitución de la República --termino en un minuto, Presidenta...

Que el titular del Ejecutivo federal y los titulares de los Ejecutivos locales se abstengan de hablar en actos de gobierno a favor de los partidos políticos a los que pertenecen; por el contrario, es indispensable que asuman y respeten el compromiso de neutralidad para dar certeza de que se gobierna para todos.

Que el Poder Ejecutivo federal y los gobiernos estatales y municipales sean los primeros en comprometerse a que no se desvíen recursos públicos hacia las campañas electorales, para lo cual serán supervisados por una comisión plural de la Cámara de Diputados y por la Auditoría Superior de la Federación.

Que los programas sociales, federales y estatales, a partir de tres meses antes de los procesos electorales, sean supervisados por la misma comisión plural de esta Cámara.

Que se instrumente una supervisión, contabilización y fiscalización especial para la propaganda en especie que se entrega a los ciudadanos en las campañas políticas, tales como despensas, materiales de construcción, bicicletas y utilitarios, entre otros rubros.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. En virtud de las coincidencias en las agendas legislativas de la LX Legislatura, la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los integrantes de todas las fracciones parlamentarias y a los partidos políticos a asumir un gran acuerdo político nacional para la transparencia y equidad en los procesos electorales locales.

Segundo. Se crea la comisión de formalización y supervisión del acuerdo político nacional para la transparencia y equidad de los procesos electorales locales del año 2007.

Tercero. El objeto de la comisión especial está contenido en la denominación de la misma. Para el cumplimiento de su objetivo podrá allegarse de la información que considere pertinente. Asimismo, podrá reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con los organismos responsables de la organización de las elecciones en cada una de las entidades.

Cuarto. La comisión especial estaría integrada por 15 miembros propuestos por los grupos parlamentarios, de acuerdo con el porcentaje de representación en esta Cámara.

Quinto. La comisión especial contará con una mesa directiva, que se formará con un presidente y tres secretarios, designados por los grupos parlamentarios.

Sexto. La comisión especial estará vigente hasta el fin de esta legislatura. Para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente. Asimismo, contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, que le serán asignados del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo federal.

Séptimo. El acuerdo por el que se crea esta comisión especial entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señora Presidenta, le ruego que el texto íntegro de este punto de acuerdo sea incluido en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de formalización y supervisión del acuerdo político nacional para la transparencia y equidad de los procesos electorales locales, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo establecido en los artículos 34, 42, 43 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe, diputada Mónica Fernández Balboa , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se propone crear la comisión especial de formalización y supervisión del acuerdo político nacional para la transparencia y equidad en los procesos electorales locales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La situación del país exige que se dé paso a un acuerdo político nacional, que garantice que los próximos procesos electorales locales tengan un avance democrático real y se evite que la legitimidad de las elecciones quede en entredicho.

Para ello, es necesario que los partidos políticos, los integrantes de las fracciones parlamentarias y demás organismos involucrados en los procesos electorales por celebrarse en 2007 asuman el compromiso con la democracia, razón por la que se exhorta a un gran acuerdo político nacional para la transparencia y equidad, toda vez que en el año 2007 se realizarán elecciones locales en 14 estados de la república, donde se elegirán 3 gobernadores, mil 219 alcaldías, 297 diputados de mayoría relativa y 190 diputados de representación proporcional; en los estados de Yucatán, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Baja California, Aguascalientes, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Michoacán y Puebla.

A pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a los organismos electorales a regirse por los principios de certeza, legalidad, objetividad, independencia e imparcialidad, y aún cuando el espíritu de estos principios constitucionales es garantizar competencias electorales justas, consideramos que es importante retomar de manera explícita y concreta los principios de equidad y transparencia.

En la actual etapa de nuestra transición democrática, hemos sido testigos de que nuestra democracia electoral se ha visto afectada por los siguientes problemas:

La inequidad en los medios de comunicación electrónica y sus costos.

El excesivo costo electoral.

Las limitadas facultades del IFE para fiscalizar adecuadamente a los partidos políticos en precampañas y campañas.

Las prácticas de compra y coacción del voto sin censura.

La necesidad de tipificar los nuevos delitos y sanciones administrativas en materia electoral.

La relación entre empresarios, candidatos y partidos.

El desencanto de la ciudadanía hacía la política.

La imposibilidad de candidaturas ciudadanas.

La banalidad de la oferta y propaganda política, en especial la propaganda negra.

La desconfianza de la ciudadana hacía los órganos electorales, lo que conlleva a la apatía de los ciudadanos en participar como funcionarios de casilla en los procesos electorales.

La ausencia de democracia interna en los partidos políticos.

Es escandaloso, ilegal e ilegítimo lo que ha ocurrido recientemente en nuestra nación, donde el gasto electoral ha rebasado los topes y parámetros establecidos.

No queremos que esta experiencia antidemocrática siente un precedente en la conducta de los que creen que el dinero decide las elecciones por encima de la voluntad de los ciudadanos.

En este sentido, la suscrita integrante del Partido de la Revolución Democrática propone a esta honorable Cámara de Diputados que convoque de manera inmediata a un diálogo político nacional con todos los actores y organismos involucrados en los procesos electorales del 2007, a asumir un gran acuerdo nacional a favor de la transparencia, equidad y justicia en los comicios locales de nuestro país.

Se considera que este acuerdo político nacional para la transparencia y equidad en materia electoral, debe contemplar los siguientes puntos:

Primero. Es fundamental que el financiamiento privado en las precampañas y las campañas electorales quede plenamente transparentado, tanto en el origen del dinero, como en los montos que reciben candidatos y partidos políticos. Para lo cual proponemos que la función de fiscalización de los organismos electorales sea reforzada con la creación de una comisión especial del Congreso de la Unión que dé seguimiento a los gastos electorales y prevenga oportunamente el rebase de los topes de gastos de campaña.

Segundo. Que los tiempos en los medios de comunicación sean negociados por conducto de los organismos electorales locales, y que los partidos políticos aporten de sus prerrogativas un fondo para tales efectos, a manera de dar la certeza de que prevalecerá la equidad. De imponerse la fortaleza financiera de un partido o un candidato se terminaría por distorsionar el proceso mismo.

Tercero. Las empresas televisoras y radiodifusoras deben asumir su corresponsabilidad en el proceso cívico del país, aceptando que más que promover compras masivas de tiempo aire en los medios, es indispensable que asuman el compromiso de contribuir a la consolidación de la democracia como una forma de vida, tal como lo establece la Constitución de la República.

Cuarto. Que el titular del Ejecutivo federal y los titulares de los Ejecutivos locales en turno se abstengan de seguir hablando en actos de gobierno a favor del partido político al que pertenecen. Por el contrario, es indispensable que asuman y respeten el compromiso de neutralidad, para dar certeza de que se gobierna para todos.

Quinto. El Poder Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y municipales, deberán ser los primeros en comprometerse a que no se desvíen recursos públicos hacia las campañas electorales, para lo cuál serán supervisados por una comisión plural de la Cámara de Diputados y por la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 36 y correlativos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Sexto. Que los programas sociales, federales y estatales, a partir de tres meses antes de los procesos electorales sean supervisados por la misma comisión plural de la honorable Cámara de Diputados, con el fin de evitar que se utilicen de manera facciosa.

Séptimo. Que tres meses antes de la elección se suspenda la promoción de los gobiernos estatales y municipales en los medios de comunicación, a fin de que esos tiempos oficiales se transfieran a los organismos electorales locales para promover una intensiva campaña de fomento a la participación ciudadana.

Octavo. Que se instrumente una supervisión, contabilización y fiscalización especial para la propaganda en especie que se entrega a los ciudadanos en las campañas políticas, tales como las despensas, materiales de construcción, utilitarios y bicicletas entre otros rubros.

Por otra parte, es notable que todas las agendas legislativas presentadas en esta LX legislatura coinciden en una reforma integral en materia electoral, pero el tiempo apremia, por lo que se propone que los puntos antes mencionados, deben tratarse de manera urgente y no esperar a que el tiempo decida las reformas en materia electoral, dado que en el año 2007 se elegirán un total de 1,709 representantes en 14 estados.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. En virtud de las coincidencias en las agendas legislativas de la Sexagésima Legislatura a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se exhorta a los integrantes de todas las fracciones parlamentarias y a los partidos políticos a asumir un gran acuerdo político nacional para la transparencia y equidad en los procesos electorales locales.

Segundo. Se crea la comisión especial de formalización y supervisión del acuerdo político nacional para la transparencia y equidad de los procesos electorales locales del año 2007.

Tercero. El objeto de la comisión especial está contenido en la denominación de la misma. Para el cumplimiento de su objetivo podrá allegarse de la información que considere pertinente. Asimismo, podrá reunirse, cuando lo considere necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con los organismos electorales responsables de la organización de las elecciones en cada una de las entidades federativas antes mencionadas, además de desempeñar cualquier otra acción que la conlleve al cumplimiento de su objetivo.

Cuarto. La comisión especial estará integrada por 15 miembros propuestos por los grupos parlamentarios de acuerdo al porcentaje de representación en la honorable Cámara de Diputados.

Quinto. La comisión especial contará con una mesa directiva que se conformará con un presidente y tres secretarios designados por los grupos parlamentarios.

Sexto. La comisión especial estará vigente hasta el fin de esta legislatura. Para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados, o en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.

Séptimo. La comisión especial presentará también un informe final, así como las recomendaciones que se desprendan del mismo, al pleno de esta Honorable Cámara de Diputados.

Octavo. Asimismo, contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, mismos que les serán asignados del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo federal.

Noveno. El acuerdo por el que se crea esta comisión especial entrará en vigor al día siguiente de su publicación en elDiario Oficial de la Federación.

Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Señora diputada, un momento por favor. El diputado Pablo Arreola quiere hacerle una pregunta. Adelante, diputado Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Señora Presidenta, comentar a todos los compañeros y compañeras diputadas, que el punto que está tratando la compañera diputada Mónica Fernández es fundamental para la vida política de nuestro país en el desarrollo de las elecciones de este año; que tomemos muy en cuenta la propuesta de formar esta comisión, porque va a coadyuvar a que la vigilancia que se desarrolle en dos estados de la república en los que tendremos elecciones, hablo de ello porque en Zacatecas --al estado que pertenezco-- vamos a tener elección tanto de diputados como ayuntamientos, y es importante y fundamental que no dejemos este punto de acuerdo para después que inicien los procesos; ya varios procesos electorales están encaminados en diferentes estados y si este punto de acuerdo...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Diputado, perdón, considero que usted se adhiere a la propuesta de la diputada. O sea, no era una pregunta sino una adhesión a la propuesta por la importancia que manifiesta...

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): No, aparte de adherirme, tengo una pregunta para la compañera diputada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Adelante con la pregunta, diputado.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Sí. La cuestión para la compañera Mónica Fernández va en el sentido de que si esta comisión llega a fructificar en poco tiempo, si hay también la intención para que los senadores también formen parte, se involucren también en esta comisión, que no nada más únicamente sean diputados. ¿Sí hay esa consideración de parte de ella?

La diputada Mónica Fernández Balboa : El punto de acuerdo plantea que sea la honorable Cámara de Diputados la que haga este exhorto y esta comisión, pero de aprobarse, creo que sería muy importante que pudiéramos hacerlo extensivo a todo el Congreso de la Unión e incorporar a los senadores de la república.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señora diputada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Continúe la Secretaría con el orden del día.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 15 de marzo de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 69 aniversario de la expropiación petrolera, tendrá lugar el domingo 18 de marzo, a las 10:00 horas.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal (18:01 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 15 de marzo, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30.

RESUMEN DE TRABAJOS

--------------- O ---------------

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5Alcocer y Gazca Teresa de Jesús	ASISTENCIA
6 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
7 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
8 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
9 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
10 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
11Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
12 Armendáriz García Pedro	PERMISO MESA DIRECTIVA
13 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
14 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
15 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
16 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique	INASISTENCIA
18 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
19 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
20 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
22 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
23 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
24 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
25 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
26 Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
27 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
28 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
29 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
33Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	INASISTENCIA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
40 Corral Aguilar María Mercedes	INASISTENCIA
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Curiel Preciado Leobardo	INASISTENCIA
43 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
44 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
45 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
46 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
47Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
48 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
50 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
51 Díaz García José Antonio	INASISTENCIA
52 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
53 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
54 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
55 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
56 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
57 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
58 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
60 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
61 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
62 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
63 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
64 Fernández Cabrera Adrián	INASISTENCIA
65 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
66 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
67 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
68 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
69 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
70 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
71 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
72 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
75 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
76 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
78 Gómez Leyva Silvio	PERMISO MESA DIRECTIVA
79 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
81 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
84González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
85Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
86 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
87 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
88 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
89 Hurtado Pérez Nelly Asunción	INASISTENCIA
90 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
91Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
92 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
93 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
94 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
95 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
96 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
97 Lara Compeán David	ASISTENCIA
98 Larios Córdova Héctor	CÉDULA
99 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
100 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
101 Leura González Agustín	ASISTENCIA
102 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
103 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
104 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
105 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
106 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
107 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
108 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
109 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
110 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
111 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
112 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
113Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
114 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
115 Maldonado González David	ASISTENCIA
116Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
117Martínez Díaz María de Jesús	INASISTENCIA
118 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
119 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
120 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
121 Medina Rodríguez Delber	INASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
123 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
124 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
125 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
126 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
127 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
128 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
129 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
130 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
131Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
132 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
133 Morelos Borja María Esperanza	CÉDULA
134 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
135 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
136 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
137 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
138 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
139 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
140 Nordhausen González Jorge Rubén	ASISTENCIA
141Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
144Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
145Ortíz Hernández Eduardo	INASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
148 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
151 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
153 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
168 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
169 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
170 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
171 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
172 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
173 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
174 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	INASISTENCIA
175 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
176 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
177 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
178 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
179 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
180 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
181 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
183 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
184 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
185Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
186 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
187Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	INASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	INASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	INASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 188
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 14
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	INASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	INASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	OFICIAL COMISIÓN
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	CÉDULA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	PERMISO MESA DIRECTIVA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	CÉDULA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	PERMISO MESA DIRECTIVA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	OFICIAL COMISIÓN
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	PERMISO MESA DIRECTIVA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	CÉDULA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 116
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 4
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	INASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	CÉDULA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	PERMISO MESA DIRECTIVA
13 Barba Hernández Alfredo	OFICIAL COMISIÓN
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	PERMISO MESA DIRECTIVA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	INASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	INASISTENCIA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
44 González García Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	INASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	PERMISO MESA DIRECTIVA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54Madrid Tovilla Arely	PERMISO MESA DIRECTIVA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	PERMISO MESA DIRECTIVA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93Ruíz Chávez Sara Latife	INASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	PERMISO MESA DIRECTIVA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	PERMISO MESA DIRECTIVA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 90
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 9
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	PERMISO MESA DIRECTIVA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	INASISTENCIA
7García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	PERMISO MESA DIRECTIVA
8 González Macías Jesús	ASISTENCIA
9 González Martínez Jorge Emilio	INASISTENCIA
10 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
11 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
12 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
13 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
14 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
15 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
16 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 13
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	CÉDULA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	INASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 15
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	PERMISO MESA DIRECTIVA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 11
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 9
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	CÉDULA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 4
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Barrios Rodríguez Juan Enrique
2 Ceja Romero Ramón
3 Corral Aguilar María Mercedes
4 Curiel Preciado Leobardo
5 Díaz García José Antonio
6 Fernández Cabrera Adrián
7 Hurtado Pérez Nelly Asunción
8 Martínez Díaz María de Jesús
9 Medina Rodríguez Delber
10 Ortíz Hernández Eduardo
11 Rubio Chávez José Ignacio Alberto
12 Torres Torres Carlos Alberto
13 Verdín Saldaña Jaime
14 Vieyra Olivares Adriana Rebeca
Faltas por grupo: 14

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Alavez Ruiz Aleida
2 Calzada Vázquez Francisco Javier
Faltas por grupo: 2

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Alcántara Núñez Jesús Sergio
2 Escalante Jasso Aracely
3 Garza Garza Horacio Emigdio
4 Herrera Ale Juana Leticia
5 Ruíz Chávez Sara Latife
Faltas por grupo: 5

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Estrada González Faustino Javier
2 González Martínez Jorge Emilio
Faltas por grupo: 2

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Favor
5 Alcocer y Gasca, Teresa de Jesús	Favor
6 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
7 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
8 Aranda Orozco, Gerardo	Ausente
9 Arellano Arellano, Joel	Favor
10 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín	Ausente
12 Armendáriz García, Pedro	Favor
13 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio	Ausente
16 Barradas Miravete, Gregorio	Favor
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
18 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
19 Berber Martínez, Antonio	Favor
20 Bermúdez Viramontes, Andrés	Favor
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Favor
22 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
23 Borrego Estrada, Felipe	Favor
24 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
25 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
26 Caballero Chávez, Claudia Gabriela	Favor
27 Campos Galván, María Eugenia	Favor
28 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
29 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
30 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
31 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
32 Castaño Contreras, Cristián	Favor
33 Castro de la Rosa, Osiel	Favor
34 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
35 Castro Romero, María Sofia	Favor
36 Ceja Romero, Ramón	Ausente
37 Chávez García, Daniel	Favor
38 Collado Lara, Beatriz	Favor
39 Contreras Coeto, José Luis	Favor
40 Corral Aguilar, María Mercedes	Ausente
41 Cuen Garibi, Marcela	Favor
42 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
43 Dávila Fernández, Adriana	Ausente
44 Dávila García, Francisco	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
52 Díaz García, José Antonio	Ausente
53 Díaz Garibay, Felipe	Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Ausente
55 Domínguez Servién, Francisco	Favor
56 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
57 Enríquez Flores, Armando	Favor
58 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo	Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
60 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
61 Espinosa Piña, José Luis	Favor
62 Félix Holguín, Armando Jesús	Favor
63 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
64 Fernández Cabrera, Adrián	Ausente
65 Figueroa Ortega, David	Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Ausente
67 Flores Grande, Arturo	Favor
68 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
70 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
72 García González, Carlos Alberto	Favor
73 García Müller, Martha Margarita	Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto	Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
76 García Vivián, Raúl	Favor
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
78 Gómez Leyva, Silvio	Ausente
79 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
80 González Martínez, María Gabriela	Favor
81 González Morán, Martín Oscar	Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto	Favor
83 González Ruiz, Felipe	Favor
84 González Sánchez, María Dolores	Favor
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Favor
86 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
87 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
88 Hernández Núñez, Elia	Favor
89 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Ausente
90 Iragorri Durán, Enrique	Favor
91 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles	Favor
92 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
93 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Favor
94 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
95 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
96 Landeros González, Ramón	Favor
97 Lara Compeán, David	Favor
98 Larios Córdova, Héctor	Favor
99 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
100 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
101 Leura González, Agustín	Favor
102 Lezama Aradillas, René	Favor
103 Limas Frescas, María Soledad	Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Favor
105 López Cisneros, José Martín	Favor
106 López Reyna, Omeheira	Favor
107 López Silva, Rubí Laura	Favor
108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
109 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
110 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
111 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
112 Madrazo Limón, Carlos	Favor
113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
114 Malagón Ríos, Martín	Favor
115 Maldonado González, David	Ausente
116 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
117 Martínez Díaz, María de Jesús	Ausente
118 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
119 Medellín Varela, Antonio	Favor
120 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
121 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
122 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
123 Mejía García, Luis Alonso	Favor
124 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
125 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
126 Minjares Jiménez, José Manuel	Favor
127 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Favor
128 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
129 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
130 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
131 Mora Cuevas, Marisol	Favor
132 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
133 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
134 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Favor
135 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
136 Muñoz Serrano, José Antonio	Favor
137 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
138 Murillo Torres, José Luis	Ausente
139 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
140 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
141 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
142 Ochoa López, Nabor	Favor
143 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
144 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
145 Ortiz Hernández, Eduardo	Ausente
146 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
147 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
148 Palafox Núñez, José Inés	Favor
149 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
150 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
151 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz	Favor
153 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
155 Priego Tapia, Gerardo	Ausente
156 Pulido Pecero, Pedro	Favor
157 Quintero Bello, Jorge	Favor
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
159 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
160 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
161 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
162 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
163 Reyes López, Carlos Armando	Favor
164 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
165 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
166 Rivero Rivero, Rolando	Favor
167 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
168 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
169 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
172 Román Isidoro, Demetrio	Favor
173 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Ausente
175 Rueda Gómez, Francisco	Favor
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
177 Salas Contreras, Marcos	Favor
178 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
179 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
180 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
181 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
182 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
183 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
184 Sánchez Trujillo, José Víctor	Favor
185 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Ausente
186 Serrato Castell, Luis Gerardo	Favor
187 Shej Guzmán Sara	Favor
188 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
189 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
190 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
191 Torres Gómez, Artemio	Favor
192 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
193 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
194 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Favor
195 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
196 Vasconcelos Rueda, Antonio	Favor
197 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
198 Vega Corona, Antonio	Ausente
199 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
200 Verástegui Ostos, César Augusto	Favor
201 Verdín Saldaña, Jaime	Ausente
202 Victoria Alva, Juan	Favor
203 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Ausente
204 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
205 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
206 Zermeño Infante, Jorge	Favor
Favor: 177
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 29
Total: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida	Ausente
3 Almazán González, José Antonio	Favor
4 Almonte Borja, Ramón	Favor
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Favor
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Ausente
20 Campos Aburto, Amador	Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Ausente
25 Contreras Julián, Maricela	Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Favor
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Ausente
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Ausente
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Favor
53 Landero López, Pedro	Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Ausente
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Favor
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Ausente
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Favor
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Favor
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Ausente
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Favor
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Favor
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Favor
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Ausente
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Ausente
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Favor
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Ausente
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Favor
98 Ríos Gamboa, Raúl	Ausente
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Favor
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Favor
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Favor
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Favor
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Ausente
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Favor
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Favor
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Ausente
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Favor
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Favor
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 106
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 21
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Favor
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel	Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Favor
9 Ayala Almeida, Joel	Favor
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Ausente
12 Barajas del Toro, Salvador	Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Ausente
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Ausente
31 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
32 Duarte Jáquez, César Horacio	Ausente
33 Escajeda Jiménez, José Rubén	Favor
34 Escalante Jasso, Aracely	Ausente
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio	Favor
38 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
39 Garza Garza, Horacio Emigdio	Ausente
40 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Favor
41 Gloria Requena, Tomás	Favor
42 Gómez Lugo, Elda	Favor
43 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
44 González García, Sergio	Favor
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Ausente
48 Guerrero Juárez, Joel	Ausente
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Favor
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 Madrid Tovilla, Areli	Ausente
55 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
56 Martínez Rocha, Arturo	Favor
57 Medina de la Cruz, Rodrigo	Favor
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Favor
60 Mendoza Cortés, Mario	Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
64 Morales García, Elizabeth	Favor
65 Mota Hernández, Adolfo	Favor
66 Muñoz Serna, Rogelio	Favor
67 Murat , José	Favor
68 Ochoa González, Arnoldo	Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
70 Olivares Monterrubio, Alejandro	Ausente
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Favor
72 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado	Favor
75 Ortiz del Carpio, Víctor	Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor	Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
79 Palma César, Víctor Samuel	Favor
80 Parás González, Juan Manuel	Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Favor
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Favor
83 Pérez Valdés, Daniel	Favor
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Ausente
85 Quiñones Canales, Lourdes	Ausente
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Favor
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Favor
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Ausente
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Ausente
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Favor
96 Sandoval Paredes, Sergio	Favor
97 Serrano Escobar, Enrique	Favor
98 Sosa Castelán, Gerardo	Favor
99 Toledo Luis, Jorge	Ausente
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Favor
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Favor
102 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Ausente
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 78
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 28
Total: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Castellanos Cortés, Sara Isabel	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Ausente
7 García Noriega, María Guadalupe Josefina	Ausente
8 González Macías, Jesús	Favor
9 González Martínez, Jorge Emilio	Ausente
10 Guerrero Rubio, Pilar	Favor
11 Larregui Nagel, Erika	Favor
12 Lavara Mejía, Gloria	Favor
13 López Adame, Antonio Xavier	Favor
14 López Ramírez, Sergio Augusto	Favor
15 Notholt Guerrero, Alan	Favor
16 Puentes Salas, Carlos Alberto	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Favor
Favor: 14
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 17

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías	Abstención
4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Favor
5 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
6 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
7 Esteva Salinas, Alberto	Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
9 López Lena Cruz, Humberto	Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen	Ausente
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
12 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
13 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
14 Uscanga Cruz, Robinson	Favor
15 Valdés Chávez, Ramón	Favor
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 14
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Ausente
4 Cervantes Rivera, Jaime	Favor
5 Garay Ulloa, Silvano	Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis	Favor
7 Maciel Ortiz, María Mercedez	Ausente
8 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Favor
9 Peregrino García, Abundio	Favor
10 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
11 Solís Parga, Rodolfo	Favor
12 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 10
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 12

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Favor
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Favor
3 Castillo Nájera, Ariel	Ausente
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Favor
7 Luna Becerril, Blanca	Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Favor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Favor
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
4 García Méndez, Armando	Favor
5 Hernández Valadés, Delio	Favor
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández, Félix	Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1