Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LX Legislatura
Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Director del
Diario de los Debates
Jesús Norberto Reyes Ayala
Año II
México, DF, martes 20 de noviembre de 2007
Sesión No. 28

SUMARIO


DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

Comunicación del diputado José Jesús Reyna García, por la que informa que se reincorpora a sus labores legislativas. Se tiene por reincorporado, comuníquese. De enterado.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

Oficio del Senado de la República, con el que remite minuta con proyecto de decreto, que reforma la fracción IV del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para los efectos del inciso d) del artículo 72. Se turna a la Comisión de Cultura.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

Oficio del Senado de la República, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el inciso a), fracción I del artículo 8 y la fracción V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Juan Bueno Torio y suscrita por los senadores Ramiro Hernández García, del Partido Revolucionario Institucional, Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática y de integrantes de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Oficio del Senado de la República, con el que remite puntos de acuerdo por el que se instruye a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para que lleve a cabo las reuniones para sentar las bases, a fin de incluir la participación de la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y demás dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal y de la sociedad civil, especialistas en materia de discapacidad y accesibilidad, con la finalidad de presentar el proyecto de convenio o carta de intención y ponerlo a consideración de la Presidencia de la Cámara de Senadores, con vías a su aprobación y firma. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de octubre de 2007 desagregada por tipo de fondo. Se remite a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

XCVII ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA

Respecto al XCVII aniversario del inicio de la Revolucion Mexicana, se concede la palabra a los diputados:

Santiago Gustavo Pedro Cortés.

Silvia Luna Rodríguez.

María Mercedez Maciel Ortíz.

Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva.

Alan Notholt Guerrero.

Jesús Ramírez Stabros.

Carlos Roberto Martínez Martínez.

Francisco Antonio Fraile García.

LEY AGRARIA

Se dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.

Fundamenta el dictamen el diputado Ramón Ceja Romero.

LEY AGRARIA

Continúa la discusión del dictamen y fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios los diputados:

Irma Piñeyro Arias.

Salvador Barajas del Toro.

Isidro Pedraza Chávez.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama propone modificaciones. Se acepta la modificación propuesta.

La Presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE EDUCACION

Se dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación.

Fundamenta el dictamen el diputado Miguel Ángel Solares Chávez.

Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados:

Blanca Luna Becerril.

Abundio Peregrino García.

María del Carmen Pinete Vargas.

La Presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Fundamenta el dictamen el diputado Apolonio Méndez Meneses.

La Presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE AGUAS NACIONALES

Se dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Desde sus respectivas curules hacen comentarios los diputados:

Edmundo Javier Bolaños Aguilar formula un extrañamiento por el procedimiento.

Javier González Garza solicita moción de procedimiento.

La Presidencia pide al Presidente de la comisión que oriente al pleno sobre el procedimiento de este dictamen.

Desde su curul, el diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo, Presidente de la comisión, realiza las aclaraciones de procedimiento.

Desde sus respectivas curules, solicitan reponer el procedimiento y que sea regresado el dictamen a la comisión los diputados:

Juan José Rodríguez Prats.

Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.

Jesús Manuel Patrón Montalvo.

César Horacio Duarte Jáquez.

Jesús Manuel Patrón Montalvo.

Edmundo Javier Bolaños Aguilar.

José Rubén Escajeda Jiménez.

Javier González Garza.

Juan José Rodríguez Prats.

José Manuel del Río Virgen.

Jesús Manuel Patrón Montalvo.

César Horacio Duarte Jáquez.

Manuel Cárdenas Fonseca.

La Presidencia, con fundamento en el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos devuelve el dictamen a la comisión dictaminadora.

DIA DEL QUIMICO

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que declare el 1 de diciembre de cada año como Día del Químico, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin discusión se reserva para su votación en conjunto

ESTADO DE VERACRUZ

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a diversas autoridades a implantar acciones y programas de protección para los bosques de la sierra de Zongolica y las altas montañas del volcán Pico de Orizaba, en Veracruz. Sin discusión se reserva para su votación en conjunto

CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir a Tabasco en el proyecto Corredor Biológico Mesoamericano. Sin discusión se reserva para su votación en conjunto

PROTECCION DE LOS RECURSOS FORESTALES

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al procurador federal de Protección al Ambiente a intensificar las campañas y los programas destinados a la protección de la cubierta vegetal del territorio mexicano. Sin discusión se reserva para su votación en conjunto

ESTADO DE GUERRERO

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal, al gobierno de Guerrero y al municipio de Acapulco a implantar un programa integral de rescate y saneamiento de la cuenca del río La Sabana y la laguna de Tres Palos, en esa entidad.

Interviene en pro el diputado César Flores Maldonado.

Se reserva para su votación en conjunto.

PEMEX

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat a vigilar y evaluar, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que Petróleos Mexicanos cumpla las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación. Sin discusión se reserva para su votación en conjunto

CAMBIO CLIMATICO

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo a fin de exhortar a las autoridades competentes a impedir la quema de terrenos agrícolas, pastizales, cuamiles y tiraderos a cielo abierto para disminuir la contaminación ambiental y el cambio climático. Sin discusión se reserva para su votación en conjunto

CARRETERAS

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Profepa, mediante la Dirección General de Inspección de Vida Silvestre, y a la Secretaría de Seguridad Pública federal a colocar puntos de supervisión en las carreteras de Oaxaca y de Chiapas para combatir el tráfico ilícito de especies. Sin discusión se reserva para su votación en conjunto

ESTADO DE CHIAPAS

Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a sancionar, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a los presuntos responsables del aprovechamiento de aguas nacionales sin el título respectivo en el río Suchiate, Chiapas.

Se aprueban en conjunto éste y los anteriores dictámenes. Comuníquense.

LEY DE COORDINACION FISCAL

Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Desa-rrollo Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un inciso c) al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Sin discusión se reserva para su votación en conjunto

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin discusión se reserva para su votación en conjunto.

LEY ADUANERA

Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Sin discusión se reserva para su votación en conjunto.

LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Sin discusión se reserva para su votación en conjunto.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - CODIGO DE COMERCIO

Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y un párrafo al artículo 363 del Código de Comercio. Sin discusión se reserva para su votación en conjunto.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la propuesta de modificación de la fracción VII del artículo segundo transitorio del dictamen de la Ley Federal de Derechos. Sin discusión se reserva para su votación en conjunto.

LEY GENERAL DE EDUCACION

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona una fracción XI al artículo 14 de la Ley General de Educación. Sin discusión se reserva para su votación en conjunto

LEY GENERAL DE EDUCACION

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación. Sin discusión se reserva para su votación en conjunto.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas que reforman y adicionan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sin discusión se reserva para su votación en conjunto.

LEY DE FOMENTO PARA LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR

Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta por la que se crea la Ley de Fomento para la Renovación del Parque Vehicular.

Se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Por lo que se refiere al último dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El diputado Francisco Antonio Fraile García presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La diputada María Esperanza Morelos Borja en una sola exposición presenta, en nombre propio y de diversos diputados, las siguientes iniciativas con proyecto de decreto.

Ley General de las Personas con Discapacidad.

Leyes de Asistencia Social, de Desarrollo Rural Sustentable, de Fomento para la Lectura y el Libro, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, General de Cultura Física y Deporte y General de Salud.

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

ORDEN DEL DIA

Comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la cual solicita que se modifique el orden del día. Se acepta.

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se presenta al pleno de la Cámara de Diputados el procedimiento y convocatoria para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Aprobado. Publíquese.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El diputado Javier Hernández Manzanares presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 17 y 26 de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social.

LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El diputado Francisco Antonio Fraile García, en nombre propio y de la diputada Silvia Emilia Degante Romero, presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA - LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

El diputado David Figueroa Ortega presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 2, 28, 60 y 69 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, y 93 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El diputado Francisco Antonio Fraile García presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 41 de la Ley General de Educación y 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables.

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Se recibe del diputado Jorge Quintero Bello proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo General del Instituto Federal Electoral, valore la eficacia y pertinencia de los 28 distritos electorales indígenas y, de considerarlo pertinente, lleve a cabo un nuevo ejercicio de distritación para dar una mayor cobertura a la participación política activa indígena. Se turna a la Comisión de Gobernación.

BONO EDUCATIVO

Se recibe del diputado Juan de Dios Castro Muñoz proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Educación Pública instrumente un programa piloto que permita apreciar el funcionamiento del esquema del financiamiento denominado ``bono educativo''. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

ESTADO DE MEXICO

Se recibe del diputado Francisco Martínez Martínez proposición con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se consideren recursos para el saneamiento integral y entubamiento del canal Cartagena, municipio de Tultitlán de Mariano Escobedo, en el estado de México. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

Se recibe del diputado Humberto López Lena Cruz proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva, que formule excitativa al Senado de la República para que puedan reunirse en conferencia las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía de ambas Cámaras, para expeditar el despacho de los asuntos y ampliar su información para la emisión de los dictámenes que en su oportunidad habrán de emitirse referentes a la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a la Mesa Directiva.

EMPLEO

Se recibe de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a cumplir a través de las dependencias correspondientes, sus promesas de generar empleos. Se turna a la Comisión de Economía.

FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO

Se recibe de la diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de un grupo de trabajo para investigar el Fideicomiso 5012-6 FerronalesJub, de igual forma la desincorporación, extinción y liquidación del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Se recibe de la diputada Layda Elena Sansores San Román proposición con punto de acuerdo, por el que refiere diversas propuestas para que la Junta de Coordinación Política de esta soberanía considere en la convocatoria que emitirá para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

CARRETERAS

Se recibe del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que los libramientos carreteros del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, operen libres de peaje. Se turna a la Comisión de Transportes.

PROGRAMA DE PROTECCION A LA VAQUITA EN EL AREA DE REFUGIO

Se recibe de la diputada Susana Mendoza Morales proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Nacional de Pesca un informe detallado respecto de las regulaciones expedidas para implantar el Programa de Protección a la Vaquita en el Área de Refugio. Se turna a la Comisión de Pesca.

EXCITATIVAS

Se recibe solicitud de excitativa del diputado Alejandro Sánchez Camacho y Adrián Pedrozo Castillo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

Se recibe solicitud de excitativa del diputado Alberto Amador Leal a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social.

Se recibe solicitud de excitativa de la diputada Mónica Arriola a la Comisión de Justicia.

Se recibe solicitud de excitativa del diputado Gerardo Escaroz Soler a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se recibe solicitud de excitativa de los grupos parlamentarios de: Alternativa, Convergencia, Nueva Alianza, del Trabajo y Verde Ecologista de México, a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Seguridad Pública.

La Presidencia realiza las excitativas correspondientes.

Se recibe solicitud de excitativa del diputado José Antonio Díaz García a la Subcomisión de Examen Previo. Se turna a las Comisiones de Gobernación y de Justicia.

Se recibe solicitud de excitativa de las diputadas Maricela Contreras Julián, Guadalupe Socorro Flores Salazar y Martha Tagle Martínez, de los partidos de la Revolución Democrática y de Convergencia, al Senado de la República. Se turna al Senado de la República.

Se recibe solicitud de excitativa del diputado Cruz Pérez Cuéllar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. Se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que emita el dictamen correspondiente.

Se recibe solicitud de excitativa del diputado Carlos Altamirano Toledo a las Comisiones de Gobernación, y de Justicia. Se remite a las Comisiones de Gobernación y de Justicia.

ORDEN DEL DIA

De la próxima sesión.

VOTACIONES

Del dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria (en lo general y en lo particular, con la modificación propuesta y aceptada por la asamblea).

Del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación (en lo general y en lo particular).

Del dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (en lo general y en lo particular).


Presidencia de la diputada
Ruth Zavaleta Salgado


ASISTENCIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 287 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 11:39 horas): Se abre la sesión.



ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 20 de noviembre de 2007

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado J. Jesús Reyna García .

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que devuelve la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 148 de la Ley Federal de Derecho de Autor, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa que reforma y adiciona el inciso a), fracción I, del artículo 8 y la fracción V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Juan Bueno Torio y suscrita por los senadores Ramiro Hernández García, Arturo Hérviz Reyes e integrantes de la Comisión Especial para la agroindustria azucarera. (Turno a Comisión)

En el que transcribe acuerdo por el que se instruye a la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables para que lleve a cabo las reuniones donde se sienten las bases de tales instrumentos, en las cuales se incluirá la participación de la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y demás dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal y de la sociedad civil, especialistas en materia de discapacidad y accesibilidad, con la finalidad de presentar el proyecto de convenio o carta de intención y ponerlo a consideración de la Presidencia de la Cámara de Senadores con vías a su aprobación y firma. (Turno a Comisión)

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a octubre de 2007 desagregada por tipo de fondo, correspondiente al periodo enero-octubre de 2007.

Minuta

Proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte. (Turno a Comisión)

Efeméride

Con motivo del 97 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 62, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rafael Villicaña García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Esperanza Morelos Borja , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que deroga la fracción XII del artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Eugenia Campos Galván , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Magallón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Asistencia Social, de Desarrollo Rural Sustentable, de Fomento para la Lectura del Libro, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, General de Cultura Física y Deporte y General de Salud, suscrita por los diputados María Esperanza Morelos Borja y Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 17 y 26 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Javier Hernández Manzanares , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, suscrita por los diputados Silvia Emilia Degante Romero y Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2, 28, 60 y 69 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 de la Ley General de Educación y 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de la Reforma Agraria con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal declare el 1 de diciembre de cada año como Día del Químico, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a diversas autoridades implementen acciones y programas de protección para los bosques de la sierra de Zongolica y las altas montañas del volcán Pico de Orizaba, en Veracruz.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que por conducto de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya el estado de Tabasco en el proyecto Corredor Biológico Mesoamericano.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente intensifiquen las campañas y programas destinados a la protección de la cubierta vegetal del territorio mexicano.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a los gobiernos del estado de Guerrero y municipal de Acapulco implanten un programa integral de rescate y saneamiento de la cuenca del río de La Sabana y la laguna de Tres Palos, en esa entidad.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente vigile y evalúe que Petróleos Mexicanos cumpla las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades competentes impidan la quema de terrenos agrícolas, pastizales, cuamiles, así como tiraderos a cielo abierto, a efecto de disminuir la contaminación ambiental y el cambio climático.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Profepa a través de la Dirección General de Inspección de Vida Silvestre y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal coloque puntos de supervisión en las carreteras de los estados de Oaxaca y Chiapas para combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por conducto de la Comisión Nacional del Agua sancione a los presuntos responsables del aprovechamiento de aguas nacionales sin el título respectivo, en el río Suchiate, en el estado de Chiapas.

Dictámenes negativos de iniciativas

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un inciso c) al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y adiciona un párrafo al artículo 363 del Código de Comercio.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la propuesta de modificación a la fracción VII del artículo segundo transitorio del dictamen de la Ley Federal de Derechos.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona una fracción XI al artículo 14 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas que reforman y adicionan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta por el que se crea la Ley de Fomento para la Renovación del Parque Vehicular.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo General del IFE valore la eficacia y pertinencia de los 28 distritos electorales indígenas y, de considerarlo pertinente, llevar a cabo un nuevo ejercicio de distritación para dar mayor cobertura a la participación política activa indígena, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la titular de la SEP instaure un programa piloto que permita apreciar el funcionamiento del esquema del financiamiento denominado ``bono educativo'', a cargo del diputado Juan de Dios Castro Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se consideren recursos para el saneamiento integral y entubamiento del canal Cartagena, en Tultitlán de Mariano Escobedo, México, a cargo del diputado Francisco Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva formule excitativa al Senado de la República para que puedan reunirse en conferencia las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía de ambas Cámaras para expeditar el despacho de los asuntos y ampliar su información para la emisión de los dictámenes que en su oportunidad habrán de emitirse referente a la Ley de Radio y Televisión, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal que a través de las dependencias correspondientes cumpla sus promesas de generar empleos, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política crear un grupo de trabajo para investigar al fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub, de igual forma la desincorporación, extinción y liquidación del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo de la diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que refiere diversas propuestas para que la Junta de Coordinación Política de esta soberanía considere en la convocatoria que emitirá para la integración del Consejo General del IFE, a cargo de la diputada Layda Sansores San Román , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a establecer las medidas conducentes a efecto de que Pemex otorgue a los consumidores del estado de Chihuahua un descuento vía subsidio de 40 por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural del 1 de noviembre al 31 de marzo de 2008, suscrita diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal convoque al Consejo de Protección Civil para tratar el tema de las inundaciones y hundimientos de la carpeta asfáltica en diversas delegaciones del DF, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se solidariza y exhorta a una rápida reconstrucción de las zonas afectadas en Tabasco, así como para la atención efectiva de las zonas afectadas en Chiapas, a cargo de la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la investigación de posibles irregularidades e ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones de parte del ex alcalde de Ramos Arizpe senador Ernesto Saro Boardman, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo, con relación al proceso electoral del 11 de noviembre de 2007 en Tlaxcala y la necesaria creación de una comisión especial que investigue el posible desvío de recursos públicos por parte del gobierno de dicha entidad y del federal con fines político-electorales, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal remita a la Comisión del de esta soberanía un informe respecto al proyecto preventivo Atlas de Riesgos del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF audite los fondos económicos que aplicaron los gobiernos federal y estatal responsables de la reconstrucción en Chiapas a consecuencia del huracán Stan en octubre de 2005, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la SHCP realice los estudios para valorar los mecanismos de devolución del IVA a los turistas que visitan el país, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE instaure estrategias que permitan defender a nuestros connacionales ante las leyes y ordenanzas antiinmigrantes en Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Nicolás Morales Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob considere 2008 como ``Año de Francisco Primo de Verdad y Ramos'', a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al de Sinaloa contribuyan al esclarecimiento de los asesinatos de los señores Ricardo Murillo Monge y Óscar Rivera Inzunza, a cargo del diputado Eduardo Ortiz Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a su Órgano Interno de Control investiguen la actuación del director general de Asuntos Jurídicos de dicha secretaría, relativo al incumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Coahuila a abstenerse de hacer manifestaciones contra servidores públicos, a cargo de la diputada Dora Alicia Martínez Valero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat establezca sistemas de depósito-reembolso para envases de polientereftalato, a fin de disminuir la generación de este tipo de materiales, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no poner en riesgo la seguridad sanitaria del país, y mantener vigente el llamado ``requisito de planta'' o ``de establecimiento sanitario'', a cargo del diputado Roberto Badillo Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Profeco controlen y detengan el alza de precios de la canasta básica, así como de los servicios cuyo suministro derive de energéticos, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob para que a través de los sistemas de protección civil habilite refugios temporales en las zonas de mayor riesgo debido a las bajas temperaturas, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía realice ceremonias solemnes del Congreso de la Unión para conmemorar el 15 de septiembre y el 20 de noviembre, a partir de noviembre del año en curso hasta 2010, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de apoyo de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat establezca políticas públicas coordinadas entre federación y entidades, en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal informe a través de la Semarnat del grado de avance que presentan los estudios para decretar como área natural protegida la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz destine recursos para la mejora de las carreteras estatales que conducen a la zona arqueológica de El Tajín, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a la Sener, al Cenapred y al municipio de Tlalnepantla cancelen la apertura de la gasolinera ubicada en San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla de Baz, por ubicarse en el polígono de seguridad de la zona, a cargo del diputado Raciel Pérez Cruz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Puebla promuevan entre los municipios de Cuautlancingo y Puebla mecanismos para solucionar el problema relacionado con sus límites y competencia territorial, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Estados Unidos de América retome la discusión sobre una reforma migratoria integral, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Sener y al gobierno de Coahuila realicen un estudio sobre la situación que podría generar en el ambiente el proyecto industrial Tajo Zacatoza, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las barrancas del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y al titular de la STPS otorguen un aumento de emergencia a los salarios mínimos generales, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal defina la política migratoria por la que habrá de conducirse el gobierno mexicano, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía emita un extrañamiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Chiapas respecto a la conducta de los magistrados de la Sala B al resolver un juicio de nulidad, a cargo del diputado Abundio Peregrino García , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP, a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía replanteen la fórmula del precio del gas natural en México, a cargo del diputado Gustavo Caballero Camargo, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gremio transportista nacional para ajustarse a la NOM-012-SCT-2-2003, relativa al peso y dimensiones máximas con que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en la jurisdicción federal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal declare el 23 de septiembre como Día Nacional en contra de la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, con relación al confinamiento de desechos tóxicos en Zimapán, Hidalgo, a cargo del diputado Jaime Cervantes Rivera , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal decrete como zona estratégica económica sustentable la región Cuenca de Burgos, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT publique el Reglamento de Paquetería y Mensajería que refiere el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía se pronuncie contra la impunidad y la violencia en México, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat aplique la normatividad ambiental en diversas instalaciones petroleras y a Pemex a invertir mayores recursos en sus sistemas de operación, seguridad y vigilancia, a cargo del diputado Pedro Landero López , suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP para que a través del SAT realice una revisión a la regla 2.3.5. de las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al relleno Bordo Poniente, del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones públicas respecto a las obras e irregularidades de los aeropuertos concesionados del país, e investigar a los funcionarios y posibles prestanombres involucrados, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SRE informe al Congreso de la Unión sobre el contenido y el avance de los compromisos asumidos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de la SHCP, de la SCT y de Capufe para que destinen un porcentaje de peaje de las autopistas de cuota a los estados y municipios en donde se ubican, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno del Distrito Federal para que través de su Secretaría de Medio Ambiente realice las acciones necesarias para declarar y administrar como área verde el bosque de Nativitas, en la delegación Xochimilco, a cargo del diputado Miguel Ángel Solares Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes a efecto de que tomen las medidas necesarias para garantizar la potabilidad del agua que se distribuye para consumo humano y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales, suscrito por diputados integrantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo a resolver el expediente de juicio político en contra del gobernador del estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las desapariciones forzadas, a cargo del diputado Javier Hernández Manzanares , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI a emitir las estadísticas necesarias que permitan conocer de manera oficial el número y las características socioeconómicas de la población afrodescendiente, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Puebla a verificar la integración del padrón de damnificados por el huracán Dean en esa entidad para la entrega correcta de la ayuda, a cargo del diputado Antonio Vasconcelos Rueda , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Justicia, y de Gobernación para que, al cumplirse un año de la demanda de juicio político contra el gobierno del estado de Oaxaca, agilicen sus trabajos y elaboren el dictamen correspondiente, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la necesidad de abatir el rezago educativo y el analfabetismo en México, en ocasión de los actos conmemorativos de la Independencia nacional y la Revolución Mexicana, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a vigilar que se cumpla lo que la ley ordena y especifica en cuanto a las prohibiciones para la contratación de menores de edad, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por que se exhorta a los tres niveles de gobierno para que los órganos judiciales y administrativos dependientes de éstos a omitir en cualquier trámite administrativo o judicial, cuestionar a los comparecientes respecto de la religión que profesan, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar y promover que el presupuesto para la ejecución del calendario de obra de construcción de espacios educativos como resultado del proceso de programación detallada, microplaneación y sustituciones se realicen de acuerdo con el calendario escolar, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al pago de energía eléctrica de las escuelas preparatorias federales por cooperación, a cargo del diputado Mario Vallejo Estévez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los DIF estatales a utilizar leche fluida en los programas alimenticios, suscrito por los diputados Armando Jesús Félix Holguín y Gerardo Antonio Escaroz Soler , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la labor que realizan los defensores de los derechos humanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las universidades e institutos tecnológicos del país a evaluar la creación de la carrera de ingeniero en artes gráficas y la incorporen dentro de su oferta educativa, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a publicar la norma oficial mexicana de emergencias de avistamiento de tiburón ballena y los manuales de la observación correcta de éste, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la cancillería a otorgar un nombramiento diplomático a la ciudadana Elvira Arellano, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar estudios que permitan conocer científicamente el estado de conservación que presenta en vida silvestre el cocodrilo de pantano, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la SSP y a la Administración General de Aduanas a informar a esta soberanía de los programas implantados para evitar el tráfico de armas desde Estados Unidos de América, a cargo del diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que informe sobre el estado que guarda el proyecto reactivación del puerto Frontera Tabasco, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Profeco a adoptar medidas para detener el incremento de precios de los productos básicos y de consumo popular, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud a expedir una NOM que obligue a los fabricantes de botanas y refrescos incluir en sus productos una etiqueta con la leyenda ``el consumo en exceso de este producto puede causar obesidad y por consiguiente daños a la salud'', a cargo del diputado Tomás Gloria Requena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a dar solución al conflicto que mantienen los mineros que laboran en la empresa Mexicana de Cananea, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a Pemex un informe sobre la factibilidad de reubicar los ductos de gas natural y gasolina que se encuentran cercanos a los centros poblacionales a lo largo del territorio nacional, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las desapariciones forzadas en México, a cargo del diputado Salvador Ruiz Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar una estrategia para otorgar apoyos y convertir en lugar turístico el sitio denominado la Ciénega del Golfo de Santa Clara, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Secretarios de la Reforma Agraria, de Seguridad Pública, de Defensa Nacional y al gobernador del estado de Chiapas a cesar los despojos y ataques a comunidades zapatistas de Montes Azules, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que a través de las instancias correspondientes coordine y realice estudios sobre la situación actual de las poblaciones de conejos y liebres que se encuentran en categoría de riesgo y remita un informe a esta soberanía, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar las investigaciones necesarias para determinar el paradero del defensor de los derechos humanos Francisco Paredes Ruiz y garantizar su seguridad e integridad personal, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno del estado de Morelos que realice la obra de bioremediación del suelo que era ocupado por el tiradero en el municipio de Temixco, y a la Conagua, que realice un análisis de los mantos acuíferos que se encuentran a su alrededor, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla a abstenerse de manipular los procesos electorales a celebrase el próximo 11 de noviembre del año en curso en dicha entidad, a cargo del diputado Guillermo Velázquez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía declara persona no grata al embajador de Colombia en México, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados y al jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a las comisiones de aguas de sus entidades para la utilización de tuberías de acero de fabricación nacional en las licitaciones referentes a líneas de conducción de agua, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a anteponer la Ley General de Protección Civil a las Reglas de Operación del Fonden para fundamentar sus respuestas, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que implante acciones que garanticen el acceso equitativo y oportuno de los fármacos o medicamentos relacionados con la prevención del virus del papiloma humano, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador del estado de Querétaro que cesen los actos de represión a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Segob para que actualice las reglas de operación del Fonden, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta soberanía a integrar un grupo de trabajo encargado de revisar las actividades del IMPI, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y al gobernador del estado de Sinaloa a instruir al responsable del Cesavesin de dicha entidad para que no fumiguen camiones de carga con mercancías que no deben serlo, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las medidas que pretende imponer el Instituto Nacional de Migración en contra de los trabajadores migrantes que son detenidos, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las autoridades de la SEP para que realicen el trámite respectivo con objeto de reconocer los derechos laborales y otorgamiento de la pensión correspondiente al profesor Othón Salazar Ramírez, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Puebla a abstenerse de intervenir en el proceso electoral que se realiza en dicha entidad federativa, a cargo del diputado Juan Hugo de la Rosa García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la conciliación de la vida laboral y familiar en México, a cargo de la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a dar prioridad, en el destino de los recursos excedentes por concepto de gasolina, a los municipios más rezagados de sus estados, suscrito por los diputados César Duarte Jáquez e Ismael Ordaz Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la SCT y la SE a implantar políticas públicas urgentes que permitan modernizar y hacer competitiva la industria aeronáutica nacional, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF para que los órganos que conforman dicha institución se abstengan de tomar fotografías e impresiones de huellas dactilares de probables responsables que estén sujetos a investigación por su presunta participación en un hecho ilícito, a cargo del diputado Jesús Arredondo Velázquez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reconoce al ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola como iniciador de la conmemoración del Día de la Bandera, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Veracruz y Oaxaca para que, en coordinación con el gobierno federal, desarrollen mecanismos que permitan la existencia de un canal seco en el istmo de Tehuantepec, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a aceptar y cumplimentar la recomendación 17/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofetel a solucionar el problema de cobros indebidos por servicios de números 01900, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a informar a esta soberanía sobre la situación que guardan los braceros migrantes del estado de Aguascalientes, a cargo de la diputada Alma Hilda Medina Macías , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte a integrar una subcomisión para la vigilancia y seguimiento de la construcción de instalaciones que se utilizarán en los XVI Juegos Panamericanos 2011, suscrito por los diputados Omar Antonio Borboa Becerra , Gustavo Macías Zambrano y Miguel Ángel Monraz Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex y sus organismos subsidiarios a ampliar los donativos y donaciones a estados donde no existe infraestructura petrolera, así como mejorar los esquemas de rendición de cuentas de los mismos, a cargo del diputado Juan Victoria Alva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados y a la ALDF a emitir un marco jurídico que regule el establecimiento y funcionamiento de las llamadas casas de empeño; a la SHCP, para que controle, supervise y vigile dichos establecimientos; así como al Ejecutivo federal, para que publique a la brevedad la NOM-179-SCFI-2006, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazarez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a acordar la creación de la agencia del ministerio público federal especializada para la atención de personas con discapacidad, en dicha institución, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la preservación del patrimonio arquitectónico y cultural del municipio de Mazapil, estado de Zacatecas, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, al Banco de México, a la CNBV, a la CNSF y a la Condusef a promover la cultura financiera, a cargo del diputado Jaime Verdín Saldaña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las dependencias gubernamentales, promuevan la paridad de género en la administración pública federal, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a elaborar un estudio técnico sobre la metodología con que se establecen las tarifas eléctricas, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sedesol, ponga en práctica el Programa de Atención a los Adultos Mayores de Setenta Años y Más, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a detener el atropello que están sufriendo ejidatarios de San Lucas Xoloc, municipio de Tecamac, estado de México, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazarez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a ejecutar lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de desastre natural para diversas comunidades en el estado de Chiapas, por los daños ocasionados por las intensas lluvias y conforme a las reglas de operación del Fonden, se autoricen los recursos necesarios para atender las contingencias originadas, a cargo del diputado Anuario Herrera Solís, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Segob para que a través de los sistemas de protección civil locales implanten cursos de capacitación relativos a desastres naturales en las escuelas localizadas en las zonas más vulnerables, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob para que a través del Instituto Nacional de Migración refuerce e intensifique la supervisión del programa Paisano, suscrito por los diputados Armando Jesús Félix Holguín y David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la agroindustria de la caña de azúcar y al TLCAN, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes otorgue apoyos para la construcción de carriles reductores de velocidad en la carretera internacional que accede a la población de Benjamín Hill, Sonora, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT y a la SFP a informar sobre la situación jurídica, administrativa, financiera y técnica del proceso de venta de Aeroméxico, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos y al del municipio de Jiutepec a continuar con la construcción y reparación del muro del Texcal en dicha entidad, a cargo del diputado Demetrio Román Isidoro , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conago a revisar la situación del sector pesquero nacional, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conapesca un informe detallado respecto de las regulaciones expedidas para implementar el Programa de Protección a la Vaquita en el Área de Refugio, a cargo de la diputada Susana Mendoza Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a revisar el estado que guarda el contrato de dicha dependencia con la constructora Codiocsa de Xalapa, SA de CV, respecto a la conservación periódica de la carretera Atzálan-Tlapacoyan, en el estado de Veracruz, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS para que a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos implante como tabla única los sueldos que rigen a la zona ``A'', a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT para que a través de la Dirección General de Capufe otorgue la condonación del 100 por ciento al cobro de peaje en la caseta del puente de Nautla, a los habitantes de ese municipio, en el estado de Veracruz, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el voto a favor de México contra el bloqueo de Estados Unidos a la República de Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa implante las acciones que lleven a detener el uso de las artes de pesca no selectivas, dentro del polígono del área de refugio para la protección de la vaquita, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala a conducirse con imparcialidad, legalidad y transparencia en las próximas elecciones locales, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SRE solicite al gobierno estadounidense que detenga la construcción del muro fronterizo y atienda la resolución del juez federal que dicta el paro en la construcción del muro en Arizona por posibles daños ambientales, a cargo del diputado Javier Bolaños Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que ejerza su facultad de atracción respecto del amparo en revisión 132/2007, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al accidente en la plataforma Usumacinta, en la sonda de Campeche, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP para que a través del SAT y la Agencia General de Aduanas verifique los inodoros importados a territorio mexicano y certifique que cumplen con la NOM-009-CNA-2001; y a la Conagua, para que en coordinación con la SHCP revisen dicha norma oficial, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF y al Consejo de la Judicatura Federal que realicen una investigación sobre el uso de recursos humanos y financieros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la SRE a suspender el programa denominado proyecto demostrativo de autotransporte transfronterizo de carga entre México y Estados Unidos, para establecer condiciones para una competencia equitativa, cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la integración de un grupo de trabajo encargado de investigar la legalidad en la venta de Aeroméxico a Banamex, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el próximo 3 de diciembre, a cargo de la diputada Silvia Emilia Degante Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz construya una pista de canotaje en la ciudad de Tuxpan, a cargo del diputado Iñigo Laviada Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes del estado de Baja California, expidan los reglamentos y ordenamientos legales para la observancia de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al IFE y al Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas garanticen la seguridad con motivo de las próximas elecciones en el estado de Tamaulipas, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, apoye a las autoridades sanitarias en el estado de Nuevo León, a fin de llevar a cabo programas para reforzar la lucha contra el dengue clásico y hemorrágico que afecta a la entidad, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la problemática en la homologación de los maestros, en diversos municipios del estado de Sonora, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, para que a través del Fonden atienda las zonas afectadas por las lluvias en Tabasco, a cargo del diputado Alfonso R. Izquierdo Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al incidente de Pemex en la sonda de Campeche, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para dar Seguimiento de Manera Integral al Proyecto de Construcción de la Presa Hidroeléctrica La Yesca, en el estado de Nayarit, a cargo del diputado Jaime Cervantes Rivera , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la SHCP, informe sobre el destino de enteros de Pemex durante el segundo trimestre de 2007, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, reforzar la seguridad e investigar los atentados ocurridos en el Consulado de Nueva York, en los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Sagarpa, a informar la situación actual y apoyar la creación del área de protección de flora y fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan, frente a los municipios de Tamiahua y Tuxpan, en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Iñigo Antonio Laviada Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, respecto al cobro de peaje a los usuarios de la autopista que comunica a las ciudades de Guadalajara y Tepic, suscrito por los diputados Delber Medina Rodríguez y Adrián Fernández Cabrera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través del titular de la Sedena, retire a los elementos del Ejército que custodian material electoral en las cabeceras distritales del IFE, a cargo del diputado Emilio Flores Domínguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Presidente de la Cámara de Senadores, a los gobernadores de los estados y a los Congresos Locales, a que realicen actos solemnes cada treinta de septiembre en memoria de don José María Morelos y Pavón, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias y entidades correspondientes, modifique el Programa Habitat, para que los municipios con más de 10 mil habitantes puedan ser beneficiados por dicho programa, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, implante de manera urgente los apoyos comprometidos para los damnificados por el Huracán Dean, del municipio de Tulancingo, Hidalgo, a cargo de la diputada Oralia Vega Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias y entidades correspondientes, amplíe la cobertura del programa de atención a adultos mayores en zonas rurales, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subsecretaría de Educación Básica, respete los derechos laborales del personal de la Dirección General de Educación Indígena, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para instituir el 5 de enero de cada año como el Día Nacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, a cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sedesol y del Programa Nacional Oportunidades, incorporen a distintas familias del Municipio de Comalcalco al Programa de Oportunidades, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, destine recursos para que amplíe el personal de seguridad en las representaciones consulares, a cargo del diputado Javier Gudiño Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Veracruz, para que dentro del presupuesto del año 2008, considere una mejora en las tarifas eléctricas en beneficio de sus ciudadanos, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP, al órgano de Transparencia y Combate a la Corrupción en Pemex, así como a la ASF, realicen los procedimientos de revisión y en su caso sancione las irregularidades que se detecten dentro del PEP Zona Norte, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, implanten programas y apoyos dirigidos a las y los niños con autismo, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a la Secretaría de Salud y a la Profeco, verifiquen y regularicen la calidad y procedencia del agua que se vende en las plantas purificadoras del país, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las titulares de la SEP y de la Sedesol, implanten un programa de educación integral, para que en las escuelas rurales y colonias populares del país de nivel preescolar, primaria y secundaria, se construyan comedores y cocinas con el equipo apropiado para facilitar la adecuada alimentación a los estudiantes, a cargo del diputado Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del estado de Puebla, a la Delegación de la PROFEPA y a la Dirección de la Conagua de dicha entidad, garanticen el respeto de la zona forestal del Bosque Lomas de San Alfonso, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al funcionamiento de las delegaciones federales, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que el Ejecutivo federal, a través de sus dependencias correspondientes, otorgue apoyo a las poblaciones de San Luis Río Colorado y General Plutarco Elías Calles, estado de Sonora, para la construcción de una carretera de cuatro carriles en el tramo Sonoita-San Luis, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión de Investigación del Proceso de Venta de Aeroméxico, suscrito por los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Cuauhtémoc Velasco Oliva , de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y Convergencia, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob, investigue e informe sobre la operación de un centro de apuestas en el municipio de Monterrey, Nuevo León, a cargo del diputado Juan Manuel Parás González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco, analice las quejas y denuncias llevadas a cabo en contra de hospitales particulares y realice las acciones pertinentes para prevenir y en su caso, sancione cobros indebidos por concepto de medicamentos suministrados a los pacientes durante su estancia en dichas instituciones, suscrito por los diputados Omar Borboa Becerra, Jorge Quintero Bello y Francisco Javier Plascencia Alonso , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sener, a la CFE y demás dependencias competentes, la reclasificación tarifaria de energía eléctrica del municipio Villaldama, de Nuevo León, a cargo del diputado Juan Manuel Parás González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que se pronuncie respecto de la suspensión definitiva derivada del incidente promovido por Telmex, en contra de la resolución del Pleno de la Cofetel, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, se incrementen los recursos asignados al Fondo de apoyo a la Competitividad de las Ramas Productivas para Ixtle, Palma Zamandoca y Lechuguilla, suscrito por diversos diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que los libramientos carreteros del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, operen libres de peaje, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la labor que realizan las fuerzas armadas de México en Tabasco y Chiapas, suscrito por los diputados Emilio Gamboa Patrón y Juan Manuel Parás González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, verifique el mercado San Bernabé, Almoloya de Juárez, suscrito por los diputados Francisco Elizondo Garrido y Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Sinaloa, para que su Secretaría de Salud se haga cargo del mantenimiento, tanto de personal, como de los insumos de los Centros de Salud Rural dispersos, ubicados en diversas comunidades del municipio de Sinaloa, a cargo de la diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía promueva una investigación exhaustiva de las diferentes causas del desastre que está afectando a Tabasco, a cargo del diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la prevención de las adicciones en el sector público, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instancias competentes, informen sobre la venta de la empresa Altos Hornos de México, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Instituto de Ingeniería de la UNAM, una evaluación técnica de la infraestructura hidráulica y el manejo del sistema de presas en Tabasco y Chiapas, a cargo del diputado Antonio Ortega Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP incremente las medidas para regularizar a escuelas particulares que imparten el nivel preescolar que no cuenten con autorización oficial, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer a los titulares de la CFE y de la Conagua, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a través de la CNBV se realicen las gestiones pertinentes ante las instituciones del sector financiero mexicano, para que consideren la matricula consular, como documento oficial de identificación, suscrito por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez y Moisés Alcalde Virgen , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Subcomisión de Examen Previo, a solicitud del diputado José Antonio Díaz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, a solicitud de los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Al Senado de la República, a solicitud de las diputadas Maricela Contreras Julián , Guadalupe Socorro Flores Salazar y Martha Tagle Martínez , de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia, respectivamente.

A las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia, a solicitud de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Seguridad Pública, a solicitud de diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Alternativa, Convergencia, Nueva Alianza, del Trabajo y Verde Ecologista de México.

A las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Función Pública, a solicitud del diputado Cruz Pérez Cuellar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Gobernación y de Justicia, a solicitud del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Relativa al tema ``De la Independencia a la otra dependencia'', a cargo del diputado Jaime Verdín Saldaña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Relativa al Día Internacional de la Mujer Rural, a cargo de la diputada Lizbeth E. Medina Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Relativa al 197 Aniversario de la Independencia de México, a cargo del diputado Carlos R. Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al 183 aniversario de la anexión voluntaria de Chiapas a México, a cargo de los diputados Martha Cecilia Díaz Gordillo y Martín Ramos Castellanos , de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Relativa al 22 aniversario luctuoso de las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 1985, a cargo del diputado José de Jesús Solano Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Relativa al Día Internacional de la Paz, a cargo del diputado Alejandro Landero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Relativa al Natalicio de José María Morelos y Pavón, a cargo del diputado Éric López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al Día Mundial de las Mujeres Rurales, a cargo de la diputada Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativa al Centenario del fallecimiento de Juan García Corona ``Héroe de Nacorazi'' y del Día del Ferrocarrilero, a cargo del diputado Gustavo Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 111 aniversario de la muerte de Vicente Riva Palacio y Guerrero, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo de la creación del Día Nacional de la Mujer Rural Mexicana, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»



ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles catorce de noviembre de dos mil siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 393 diputadas y diputados, a las 12 horas con 12 minutos del miércoles 14 de noviembre de 2007, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal remite invitaciones para conmemorar el:

• 183 aniversario de la expedición del decreto de creación del Distrito Federal y 11 aniversario del Museo de la Luz, a celebrarse el 18 de noviembre.
• 97 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana de 1910, a celebrarse el 20 de noviembre.
• 85 aniversario luctuoso del licenciado Ricardo Flores Magón, a celebrarse el 21 de noviembre.

Se designan sendas comisiones de representación de esta Cámara.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

a) Armando García Méndez , de Alternativa, que:

• Reforma el artículo ciento veintinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia.

b) Alberto Vázquez Martínez , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se les otorga el uso de la Tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

Silvia Emilia Degante Romero , del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos tres, siete, cincuenta y seis, ciento treinta y tres y trescientos noventa y uno de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Carlos Madrazo Limón , del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de los diputados Francisco Javier Santos Arreola , del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Cárdenas Fonseca , de Nueva Alianza y Marco Antonio Peyrot Solís , del Partido Acción Nacional, que expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación, con opinión de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Defensa Nacional, esta última a petición del diputado Roberto Badillo Martínez , del Partido Revolucionario Institucional.
• Francisco Javier Paredes Rodríguez , del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de los diputados Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez , Yadhira Yvette Tamayo Herrera y Alonso Manuel Lizaola de la Torre , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.
• Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarto de la Ley de Asistencia Social. Se turna a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Equidad y Género, esta ultima a petición de la diputada Irene Aragón Castillo , del Partido de la Revolución Democrática. Desde sus respectivas curules se adhieren, con el consentimiento del promovente, los diputados: Demetrio Román Isidoro , Martha Margarita García Muller, Beatriz Eugenia García Reyes y Violeta del Pilar Lagunes Vivero, todos del Partido Acción Nacional. La Presidenta informa a la asamblea que la Secretaría está abierta a todas las solicitudes de adhesión a este asunto.
• Carlos Sánchez Barrios , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Juan Carlos Velasco Pérez , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

A las 13 horas con 13 minutos se registra una asistencia de 449 diputadas y diputados.

El Presidente da la bienvenida a una comisión de seis diputados del Congreso de Tamaulipas.

Se les concede el uso de la tribuna, para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Ana María Ramírez Cerda , del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

Se turna a la Comisión de Justicia.

Gerardo Antonio Escaroz Soler , del Partido Acción Nacional, que reforma diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez

Se turna a la Comisión de Transportes.

• Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo, que reforma los artículos tres y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Maricela Contreras Julián , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Carlos Eduardo Felton González , del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Energía para el Campo. Se turna a la Comisión de Energía. Desde sus respectivas curules los diputados Héctor Manuel Ramos Covarrubias y Luis Fernando Rodríguez Ahumada , ambos del Partido Acción Nacional, expresan su adhesión.

El Presidente da la cordial bienvenida a comisiones de diputados de diversos congresos locales de la República Mexicana, que se encuentran con diputados federales a fin de preparar los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana.

Continúan con la presentación de iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

• Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Partido Acción, que reforma el artículo cinco de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología.
• Isidro Pedraza Chávez , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Efraín Morales Sánchez , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 259 Bis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.
• Aleida Alavez Ruiz , Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Alejandro Martínez Hernández , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Holly Matus Toledo , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Desde su curul, el diputado Isidro Pedraza Chávez , del Partido de la Revolución Democrática, solicita la rectificación de quórum y la Presidencia en su oportunidad, instruye a la Secretaría la lectura del artículo tercero Bis del acuerdo que establece los lineamientos para acreditar las justificaciones de las inasistencias de las diputadas y los diputados y no considera procedente la solicitud.

Prosiguen con la presentación de iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

• Holly Matus Toledo , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. Desde sus respectivas curules expresan su adhesión los diputados del Partido de la Revolución Democrática: Claudia Lilia Cruz Santiago , José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y Aurora Cervantes Rodríguez .
• Érick López Barriga, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Silvia Emilia Degante Romero , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 71 de la Ley Aduanera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Juan Manuel Villanueva Arjona , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuatro de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a la Comisión de Economía.
• Manuel Salvador Salgado Amador, a nombre propio y de la diputada Gloria Lavara Mejía , que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de las Leyes Federales contra la Delincuencia Organizada, Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica de la Armada de México, y Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación y de Defensa Nacional.
• José Luis Varela Lagunas , de Convergencia, que reforma los artículos 212, 214, 217 y 218 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras

Se turna a la Comisión de Justicia.

• Silvia Luna Rodríguez , de Nueva Alianza, que reforma los artículos cinco, siete y 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; tres y cinco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura de los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones de:

• La Función Pública, que reforma el tercer párrafo del artículo uno de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
• Recursos Hidráulicos, que adiciona un párrafo segundo al artículo XIV transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004.

Quedan de Primera Lectura.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Se recibe del Senado de la República para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, minuta con proyecto de decreto, por el que se establece un artículo transitorio único de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, posteriormente la Secretaría da lectura a una fe de erratas de la colegisladora. Desde su curul, el diputado Carlos Chaurand Arzate , del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita la dispensa de todos los trámites. Desde su curul, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática, solicita una moción de orden que la Presidenta no admite. En votación económica y por mayoría calificada, la asamblea dispensa todos los trámites. La Secretaría da lectura al proyecto de decreto y se le otorga la palabra para fijar su posición en contra al diputado Manuel Cárdenas Fonseca , de Nueva Alianza. Con un resultado de 352 votos en pro; 12 en contra y cuatro abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que establece un artículo transitorio único de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Presidenta clausura la sesión a las 15 horas con 55 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes 20 de noviembre de 2007 a las 11 horas.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta.



DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Me dirijo a usted de la manera más atenta, para hacer de su conocimiento que a partir de esta fecha me reincorporo a mis funciones como diputado federal integrante de la LX Legislatura, cargo del cual me separé con fecha 7 de julio del presente, conforme a la licencia concedida por la Comisión Permanente en sesión del día 4 de julio de 2007.

Asimismo, le solicito se sirva notificar lo anterior al Pleno de esta soberanía, así como a todas las áreas administrativas pertinentes, para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
México, DF, a 16 de noviembre de 2007.--- Diputado José Jesús Reyna García (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterada.



LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

México, DF, a 15 de noviembre de 2007.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Cultura.



LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha el senador Juan Bueno Torio, en nombre propio, de los senadores Ramiro Hernández García, Arturo Hérviz Reyes, y de los integrantes de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el inciso a), fracción I, del artículo 8 y la fracción V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, la cual se anexa.

México, DF, a 13 de noviembre de 2007.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el inciso a), fracción I, del artículo 8 y la fracción V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Los suscritos, senadores de la República de la LX Legislatura, integrantes de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el inciso a), fracción I, del artículo 8 y la fracción V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años se ha observado un serio daño a la agroindustria azucarera y alcoholera que pone en riesgo considerable la supervivencia de la misma, situación provocada por los problemas en la producción, comercialización e importación informal de azúcar y de alcohol etílico y necesitamos atender los factores que generan esta problemática.

En el caso del alcohol etílico se está enfrentando una competencia desleal derivada del manejo del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), ya que se cobra cuando es alcohol de contrabando y cuando es producido por mieles incristalizables que tienen un destino agropecuario fue derivada de la producción de alcohol.

De acuerdo con la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, vigente a partir del 1 de enero de 2004, se graba la enajenación e importación del alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables con una tasa del 50 por ciento del valor de la enajenación, pero se permite a los adquirentes de los productos referidos el acreditamiento del impuesto pagado en la adquisición de los mismos, contra el propio IEPS, y los impuestos sobre la renta (ISR), al valor agregado (IVA) y al activo.

Desde la entrada en vigor de la tasa del 50 por ciento de IEPS y hasta la fecha, los productores y comercializadores de alcohol etílico informales, apoyados en la evasión del 50 por ciento de IEPS y el 15 por ciento del IVA, cobran a sus clientes al momento de la venta los impuestos antes referidos, sin enterarlos al Estado; con esta práctica ha mermado la recaudación de la Secretaría de Hacienda, pues mientras éstos no realizan el entero de los impuestos, sus clientes, a quienes enajenan el producto, acreditan lo pagado, bien sea contra el IEPS (productores de bebidas alcohólicas); el ISR, IVA o el impuesto al activo (en el resto de los adquirentes del producto), con esto quebrantan la recaudación total esperada por la Secretaría de Hacienda, pues implica permitir un acreditamiento de cantidades de dinero que nunca fueron recibidos por dicha Secretaría.

Asimismo, el alcohol y el alcohol desnaturalizado representan un insumo importante en la cadena de producción de la industria química, farmacéutica, alimenticia, hospitalaria y cosmética, industrias que innecesariamente financian un impuesto con una tasa altísima que representa el 50 por ciento del valor del producto adquirido al momento de la compra, que posteriormente acreditan contra otros impuestos al momento de presentar sus declaraciones.

Por otra parte, la aplicación del impuesto hace sumamente atractivo el contrabando de alcohol etílico, la producción y comercialización clandestina del mismo, en detrimento de la importación, producción y comercialización formal, la cual sí está pagando el IEPS, el IVA, el ISR y, en su caso, el impuesto al activo correspondientes.

Esta práctica de comercio informal ha venido afectando de manera considerable a los productores, importadores y comercializadores formales, pues enfrentan una competencia desleal, que genera la depreciación del alcohol etílico en el mercado, toda vez que los recursos que obtienen aquellos que operan al margen de la ley, con la evasión del 50 por ciento del IEPS y el 15 por ciento del IVA, les permite reducir los precios de venta a niveles incluso por debajo del costo de producción e importación del mercado formal, situación que esta aniquilando al mismo, pues no se puede competir bajo estas circunstancias con economías obscuras y subterráneas que con dichas prácticas están exterminando a la agroindustria azucarera y alcoholera del país, que está dejando de producir alcohol etílico, con el consecuente daño a la economía de miles de familias mexicanas que viven de esta rama y que, de no corregirse esta situación, sufrirán los estragos del desempleo y pasarán a engrosar las filas de los millones de pobres que existen en este país.

Es importante dejar claro, que esta propuesta de reforma fiscal deja intacta la recaudación que la Secretaría de Hacienda obtiene por la enajenación e importación de bebidas alcohólicas, entendiendo por estas las que a la temperatura de 15 grados centígrados tengan una graduación alcohólica de más de 3º G.L., hasta 55º G.L., incluyendo el aguardiente y los concentrados de bebidas alcohólicas aun cuando tengan una graduación alcohólica mayor, de conformidad con lo que señala el artículo 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; esto asegura a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la obtención del ingreso en materia del Impuesto arriba señalado, proyectado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2008 en el apartado concerniente a las bebidas alcohólicas.

Por otro lado es importante mencionar que el Consejo de Salubridad General emitió un acuerdo, con fecha 5 de julio del 2004, que entró en vigor a los 30 días naturales siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y que en sus artículos primero, incisos III y IV, segundo, inciso I, y artículo cuarto señala lo siguiente:

Primero

III. Queda prohibida la venta, distribución, comercialización, suministro o expendio al público en general de cualquier presentación de alcohol etílico sin desnaturalizar en farmacias, boticas, droguerías, tiendas de autoservicio, misceláneas, lonjas mercantiles, tiendas de abarrotes y, en general, cualquier establecimiento con actividad empresarial o comercial que tenga trato directo con el público en general.

IV. El alcohol etílico sin desnaturalizar sólo podrá ser destinado para su uso en procesos productivos, por lo que su venta será exclusivamente para uso industrial.

Segundo

Para la aplicación del presente acuerdo, se entenderá por:

I. Alcohol etílico (etanol), el producto que se obtiene por destilación y rectificación de mostos fermentados cuya formula es CH3-CH2-OH, cuyo contenido alcohólico es mayor de 55º G.L.
a. Alcohol etílico desnaturalizado, el alcohol etílico al cual se la ha añadido agua destilada o purificada y un desnaturalizante.
b. Alcohol etílico sin desnaturalizar (etanol), es el alcohol etílico con pureza mayor de 55 por ciento, al cual no se la ha añadido ningún desnaturalizante.

Cuarto

Los requisitos sanitarios que se deben observar para el alcohol etílico sin desnaturalizar (etanol) para uso industrial, adicionalmente a los que se contiene la Ley General de Salud, sus Reglamentos y demás disposiciones generales aplicables, son:

a. Etiquetado o marcado del envase: Cada envase del producto debe llevar una etiqueta o impresión permanente, visible e indeleble en tinta color visible salvo los colores azul o rojo, formato horizontal o vertical en caracteres de tamaño proporcional al envase, sin que las palabras o figuras hagan alusión o referencia a bebidas alcohólicas y en idioma español, y con los siguientes datos:

-- Alcohol etílico (etanol) de concentración mayor de 55º G.L.
-- Nombre comercial del producto, marca o logotipo que no sugiera bebida alcohólica.
-- Nombre o razón social del fabricante, distribuidor, expendedor, importador, envasador o reenvasador del producto o propietario del registro y domicilio donde se elabore el producto.
-- Numero de registro otorgado por la autoridad sanitaria.
-- Número de lote.
-- Contener las leyendas precautorias:
``Alcohol etílico sin desnaturalizar. Sustancia toxica. No ingerir.''
``Exclusivamente para uso industrial.''
``Material peligroso clase 3. Liquido inflamable.''
``No se deje destapado, evite el contacto con los ojos.''
``No se deje al alcance de los niños.''
``Prohibida su venta a granel.''
``Prohibida su venta al público en general, en farmacias, boticas, droguerías y, en general, en cualquier establecimiento con atención al público en general.''
``No debe beberse, sustancia tóxica.''
``Hecho en México''

En función al acuerdo del Consejo de Salubridad General, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación fue posterior a la entrada en vigor del gravamen del 50 por ciento de IEPS al alcohol sin desnaturalizar, quedó claramente definido que dicho producto solo puede ser usado como insumo en diversos procesos industriales y queda prohibida su venta para cualquier otro fin.

Por lo anteriormente expuesto, se propone que se exima del pago del IEPS a la enajenación e importación del alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, como ocurrió en el periodo comprendido del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre del 2003, periodo durante el cual la Secretaría de Hacienda no sufrió ningún menoscabo en sus ingresos vía recaudación fiscal, lo anterior con el fin de erradicar de manera inmediata el atractivo que representa la evasión fiscal para aquellas personas físicas y morales que se manejan al margen de la ley.

En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el inciso a), fracción I, del artículo 8 y fracción V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios , para quedar como sigue:

Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta ley:

I. Por las enajenaciones siguientes:
a) Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, siempre que se cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo 19, fracciones I, II, primer párrafo, VI, VIII, X, XI, XII, XIV y XIX de esta ley y las demás obligaciones que establezcan las disposiciones fiscales.

Artículo 13. No se pagará el impuesto establecido en esta ley, en las importaciones siguientes:

I. ...
V. Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, siempre que se cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo 19,fracciones I, II, primer párrafo, VI, VIII, X, XI, XII, XIV y XIX de esta ley y las demás obligaciones que establezcan las disposiciones fiscales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en al Diario Oficial de la Federación.

Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera, senadores: Juan Bueno Torio (rúbrica), presidente; Ramiro Hernández García, (rúbrica) secretario; Arturo Hérviz Reyes, (rúbrica) secretario.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con el siguiente

Punto de Acuerdo

``Primero. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión manifiesta su intención de firmar y llevar a cabo todos los actos encaminados a dar cumplimiento a los compromisos asumidos por México en la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Segundo. La Cámara de Senadores se proclama a favor de llevar a cabo la firma de cartas de intención o convenios de colaboración, cuyo objeto será recibir asesoría, asistencia y propuestas con miras a dar accesibilidad a las nuevas instalaciones que se tienen proyectadas para esta honorable Cámara de Senadores.
Tercero. Se instruye a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para que lleve a cabo las reuniones donde se sienten las bases de tales instrumentos, en las cuales se incluirá la participación de la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y demás dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal y de la sociedad civil, especialistas en materia de discapacidad y accesibilidad, con la finalidad de presentar el proyecto de convenio o carta de intención y ponerlo a consideración de la Presidencia de esta honorable Cámara de Senadores con vías a su aprobación y firma''.
Atentamente
México, DF, a 13 de noviembre de 2007.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a octubre de 2007 desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a octubre de 2006.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

México, DF, a 15 de noviembre de 2007.--- El secretario Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.



LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes, el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Atentamente
México, DF, a 13 de noviembre de 2007.--- Senador José González Morfín, Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte

Artículo único. Se reforman las fracciones IX y X del artículo 3, los artículos 85, 87, 126, 127, 128, 129, 129, 130, 131 y la denominación del capítulo VI del título cuarto; se adiciona una nueva fracción XI al artículo 3; todos de la Ley General de Cultura Física y Deporte para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a VIII. ...
IX. Renade: El Registro Nacional de Cultura Física y Deporte;
X. SEP: La Secretaría de Educación Pública; y
XI. Comisión especial: La Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos.

Artículo 85. Las instalaciones destinadas a la cultura física, el deporte y en las que se celebren espectáculos deportivos deberán proyectarse, construirse, operarse y administrarse en el marco de la normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los asistentes y participantes, privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten al máximo las posibles manifestaciones de violencia, xenofobia, racismo, intolerancia y cualquier otra conducta antisocial.

Artículo 87. En el uso de las instalaciones a que se refiere este capítulo, con fines de espectáculo, deberán tomarse las providencias necesarias que determine la presente ley y la comisión especial.

Asimismo, deberán respetarse los programas y calendarios previamente establecidos, así como acreditar por parte de los organizadores, ante la comisión especial, que se cuenta con póliza de seguro vigente que cubra la reparación de los daños a personas y bienes que pudieran ocasionarse, cuando así se acredite su responsabilidad y que sea sujeto de ser asegurado.

Capítulo VI De la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos

Artículo 126. La aplicación de las disposiciones previstas en este capítulo, se realizará sin perjuicio de dar cumplimiento a otros ordenamientos, que en materia de espectáculos públicos dicten la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

En el ámbito de la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos se creará la Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos, integrada de manera plural y equitativa por:

a) Un representante del Sinade;
b) Un representante de la Conade;
c) Un representante de la Codeme;
d) Un representante del COM;
e) Un representante de los institutos estatales del deporte;
f) Un representante del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil; y
g) Un representante de cada una las Comisiones Nacionales de Deporte Profesional.

En la comisión especial podrán participar dependencias o entidades de la administración pública federal, a fin de colaborar, apoyar y desarrollar planes y estudios que aporten eficacia a las acciones encaminadas en la prevención de la violencia en la celebración de espectáculos deportivos.

La coordinación y operación de los trabajos de la comisión especial, estarán a cargo de la Conade.

Las funciones de dicha comisión especial entre otras, que se establecerán para el cumplimiento de sus fines, conforme a lo dispuesto en el reglamento de la presente ley, serán:

I. Trabajar de manera coordinada con las dependencias administrativas involucradas en la realización de espectáculos deportivos, procuradurías, áreas de seguridad pública y protección civil de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios;
II. Promover e impulsar las acciones encaminadas a la prevención de la violencia en la celebración de espectáculos deportivos;
III. Establecer los lineamientos generales para la debida y eficaz operación de los acuerdos y convenios de colaboración de los tres niveles de gobierno encaminados a la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos;
IV. Emitir los lineamientos para priorizar la implementación de medidas conforme a la clasificación de riesgo que para tal efecto emita;
V. Emitir los lineamientos que determinen las medidas mínimas de seguridad y proceso de certificación con que deberán contar las instalaciones deportivas, en las cuales se celebren espectáculos deportivos;
VI. Fomentar, coordinar y llevar a cabo programas y campañas de divulgación en contra de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia a fin de retribuir los valores de integración y convivencia social del deporte;
VII. Proponer políticas para elevar la seguridad en las instalaciones deportivas a través de la emisión de lineamientos encaminados a la organización de operativos que pudieran desarrollar los cuerpos policíacos estatales y municipales;
VIII. Emitir recomendaciones y orientar a los miembros del Sinade el implemento de medidas tendientes a erradicar los actos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes en el desarrollo de sus actividades y la celebración de espectáculos deportivos;
IX. Implementar las características que deberán contener los boletos de entrada con información y especificaciones de las causas por las cuales se pudiese impedir el acceso de los asistentes al espectáculo deportivo;
X. Brindar asesoría a quien lo solicite, en materia de prevención del delito a través de métodos y sistemas de investigación que aporten eficacia al combate de la violencia en los espectáculos deportivos; y
XI. Las demás que se establezcan en su reglamento interno.

Artículo 127. En la celebración de espectáculos deportivos, los organizadores tienen la obligación de informar a las autoridades de seguridad pública y protección civil, de los detalles del espectáculo, a fin de prever la integridad de los asistentes y participantes.

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, además de lo previsto en el reglamento de la presente ley y en los lineamientos correspondientes que para el efecto expida la comisión especial, los organizadores deberán establecer una estrecha coordinación con las autoridades correspondientes a fin de observar lo siguiente:

I. La promoción de operativos de vigilancia, custodia y revisión tanto en el interior como en las inmediaciones de las instalaciones en donde se celebrará un espectáculo deportivo;
II. Llevar a cabo visitas de verificación de las instalaciones en donde se celebrará el evento;
III. Celebrar las reuniones necesarias previas a la realización de un espectáculo deportivo a fin de delimitar las zonas de actuación y responsabilidad, de cada uno de los involucrados, antes, durante y después, tanto en las instalaciones como en las inmediaciones en donde se celebre dicho espectáculo;
IV. Promover la realización de programas y campañas de divulgación adecuada sobre la no violencia en el deporte;
V. Promover normas encaminadas a la erradicación de actos racistas, xenófobos, intolerantes y violentos; y
VI. Fomentar los valores de integración y convivencia social del deporte, del juego limpio y la no violencia.

Artículo 128. Dentro de los lineamientos que emita la comisión especial a que se refiere el artículo anterior deberán regularse, en lo concerniente al acceso a los espectáculos deportivos, entre otras medidas:

I. La introducción de armas, elementos cortantes, punzantes, contundentes u objetos susceptibles de ser utilizados como tales, mismos que puedan poner en peligro la integridad física de los deportistas, atletas, árbitros y de espectadores o asistentes en general;
II. El ingreso y utilización de petardos, bombas de estruendo, bengalas, fuegos de artificio u objetos análogos;
III. La introducción de banderas, carteles, pancartas, mantas o elementos gráficos que atenten contra la moral, la sana convivencia o inciten a la violencia, así como cualquier elemento que impida la plena identificación de los espectadores o aficionados en general;
IV. El establecimiento de espacios determinados, de modo permanente o transitorio, para la ubicación de las porras o grupos de animación empadronados por los clubes o equipos y registrados ante su respectiva federación; y
V. El ingreso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas; así como de personas que se encuentren bajo los efectos de las mismas.

Artículo 129. Quienes en su carácter de espectador acudan a la celebración de un espectáculo deportivo deberán:

I. Acatar las disposiciones normativas relacionadas con la celebración de espectáculos deportivos que emita la comisión especial, así como las de la localidad en donde se lleven a cabo; y
II. Cumplir con las condiciones señaladas en el reverso del boleto y puertas de acceso, mismas que deberán contener las causas por las que se pueda impedir su entrada a las instalaciones donde se llevará a cabo dicho espectáculo.

Con estricto respeto a las disposiciones y procedimientos previstos en las leyes u ordenamientos en materia de responsabilidades administrativas, civiles y penales aplicables de carácter federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, los espectadores que cometan actos que generen violencia u otras acciones sancionables al interior o en las inmediaciones de los espacios destinados a la realización de la cultura física, el deporte y en las que se celebren espectáculos deportivos en cualquiera de sus modalidades, serán sujetos a la aplicación de la sanción correspondiente conforme a las ordenamientos referidos por la autoridad competente.

Artículo 130. Los jugadores, deportistas, técnicos, directivos y demás personas, en el ámbito de la disciplina deportiva, deberán actuar conforme a las disposiciones y lineamientos que para erradicar la violencia en la celebración de espectáculos deportivos emita la comisión especial y en las disposiciones reglamentarias y estatutarias emitidas por las asociaciones deportivas nacionales respectivas.

Artículo 131. Los integrantes del Sinade tienen la obligación de revisar continuamente sus disposiciones reglamentarias y estatutarias a fin de promover y contribuir a controlar los factores que puedan provocar estallidos de violencia por parte de deportistas y espectadores.

Asimismo, brindarán las facilidades y ayuda necesarias a las autoridades responsables de la aplicación de las disposiciones y lineamientos correspondientes para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, a fin de conseguir su correcta y adecuada implementación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las modificaciones al reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como al Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, deberán realizarse y expedirse en un plazo no mayor a 120 días a la fecha de entrada en vigor el presente decreto.

Tercero. Las comisiones nacionales de deporte profesional referidas en el artículo 76 de la presente ley, deberán constituirse en un plazo no mayor a 60 días a la fecha de entrada en vigor el presente Decreto y de conformidad con lo establecido en los lineamientos para su creación, expedidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2006.

Cuarto. El pleno del Sistema Nacional del Deporte sesionará dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor el presente decreto, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 126.

Quinto. La nueva Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos, conforme a la presente ley, deberá celebrar su sesión de instalación en un plazo no mayor a 120 días a la fecha de entrada en vigor el presente decreto. En dicha sesión se deberán aprobar su plan y programas de trabajo.

Sexto. Las federaciones deportivas nacionales, que a la entrada en vigor el presente decreto, cuenten en su marco regulatorio interior con algún reglamento o lineamiento, referentes a la prevención de la violencia en la celebración de espectáculos deportivos, deberán hacerlos del conocimiento de la comisión especial referida en el artículo 126.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2007.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; Senador Gabino Cue Monteagudo (rúbrica), Secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 13 de noviembre de 2007.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.



XCVII ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es efeméride con motivo del 97 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, a cargo de los grupos parlamentarios. Se han inscrito para este fin los siguientes diputados: Santiago Gustavo Pedro Cortés, del grupo de Alternativa; Mónica Arriola, del grupo de Nueva Alianza, Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo de Convergencia; Alan Notholt Guerrero, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista; Jesús Ramírez Stabros, del Grupo Parlamentario del PRI; Carlos Roberto Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD; y Francisco Antonio Fraile García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Tiene, por tanto, el uso de la palabra, el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , del Grupo Parlamentario de Alternativa.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hace 97 años explotó la primera revolución social del siglo XX. Entonces, como ahora, existía una desmedida e injusta distribución en el ingreso, tres cuartas partes de la población vivían en el campo y percibían migajas, mientras una pequeña cúpula latifundista prosperaba.

La injusticia y la desigualdad encontró un caldo de cultivo favorable a la revuelta social por las penosas condiciones laborales que existían en las ciudades y en la industria, carentes de toda regulación y protección social.

En ese lejano 1910 el vergonzante maridaje entre la casta divina y un gobierno voraz, aunados a una salvaje represión, llevaron al pueblo de México a levantarse en armas. Hoy, casi 100 años más tarde, la alternancia en el gobierno no se ha traducido en la consolidación de la democracia, la demanda por la justicia y por la democracia siguen siendo exigencias del pueblo de México que no han sido atendidas ni escuchadas.

Aunque exista una nueva realidad donde la ciencia y la técnica alcanzan su más alto grado de desarrollo, esto no se refleja en la vida de la mayoría de los mexicanos, no es igual para todos.

En México de 2007 la situación ha cambiado, la población se concentra en 55 zonas metropolitanas y el abandono del campo es horroroso.

La reforma al 27 constitucional, lejos de modernizar la economía rural, alentó el arrendamiento de tierras, el desmantelamiento de las instituciones públicas de fomento al desarrollo rural, trajo consigo el abandono del campo, la expulsión de millones de mexicanos a las ciudades, y al extranjero, la pérdida de la autosuficiencia alimentaria y la proliferación del cultivo de drogas.

Para vergüenza de aquellos que llegaron al poder prometiéndonos un cambio que acabó siendo más de lo mismo, ni los mejores publicistas pueden ocultar que nuestras tierras las cultivan mujeres, niños y hombres mayores de edad, porque los hombres jóvenes se han ido, han emigrado de estas tierras.

Más de 20 millones de mexicanos han emigrado a Estados Unidos, la concentración del ingreso es excesiva. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en 2006 el 60 por ciento de la población con menores ingresos percibió 27 por ciento de los ingresos, mientras el 10 por ciento de la población con mayores recursos concentró 35.7 por ciento de los ingresos totales.

Y yo les preguntó, ¿qué va a pasar con México cuando la presente generación se pierda? ¿Qué va a ser del campo mexicano en 10 años, cuando los hombres mayores de edad que ahora cultivan la tierra ya no existan?

Todo lo anterior se relaciona íntimamente con la errónea política económica que han implantado los gobiernos de los últimos años y no pueden mejorar con un Ejecutivo que preserva y aumenta los beneficios e incentivos fiscales a los señores del gran dinero sin cesar en la búsqueda de la privatización de bienes de importancia estratégica para la nación.

Alternativa Socialdemócrata se identifica con las fuerzas sociales y políticas, democráticas y por ello empeñaremos nuestra lucha por la democracia y por la justicia social. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés. Tiene el uso de la palabra la diputada Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Silvia Luna Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, nunca como hoy la palabra revolución ha tenido tantos significados.

A través de los años hemos visto cómo se apela a la Revolución Mexicana para utilizarla como estandarte de diferentes causas, personajes y hechos.

Todo puede englobar la revolución y todos somos revolucionarios, desde los que hacen huelgas hasta los que actúan como críticos del gobierno. Sin embargo, una revolución va más allá de lo que alguien se autonombre revolucionario. Una revolución sólo triunfa cuando cumple sus objetivos históricos.

La revolución no es sólo una idea en movimiento, sino una realidad en transformación, aseguraba el pensador mexicano Jesús Reyes Heroles.

Si ahora podemos dialogar e intercambiar diferentes puntos de vista con plena apertura y libertad de expresión es porque el respeto a la pluralidad de ideas es real. Es en gran parte gracias a la valentía de quienes lucharon por defender los principios de libertad y de justicia de la Revolución Mexicana.

La revolución demostró, entre muchas otras cosas, que como nación nos podemos unir en pro del beneficio de la sociedad y a favor de diversas causas sociales para hacer de nuestro país un lugar en el cual un mayor número de personas tengan una mejor calidad de vida a través de la educación, los servicios de salud, la ciencia, la tecnología y la cultura.

A 97 años de la Revolución Mexicana las cosas parecen tan lejanas, y han cambiado tanto, que muchos han olvidado lo que costó obtener los derechos con los que hoy contamos. Hablamos de ellos sin conocer verdaderamente su procedencia. Por ello debemos aprender de nuestro pasado y no olvidar que gracias a la lucha y entrega de miles de mujeres y hombres, hoy somos quienes somos.

En Nueva Alianza creemos que la celebración del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana no debe ser parte exclusiva de un discurso cívico-político, sino sobre todo de un recordatorio del movimiento histórico que ha formado buena parte de nuestra identidad como país.

Caminemos hacia adelante pero sin dejar de transmitir a nuestros hijos el valor, el coraje y el esfuerzo de aquellos que dieron continuidad a la lucha por la concreción de un ideal donde los mexicanos y las mexicanas somos libres e iguales.

La Revolución Mexicana contribuyó a formar el México de hoy. Hay que celebrar y recordar lo que este movimiento nos brindó. Practicar los ideales revolucionarios y comprometernos para luchar y tratar de resolver las causas que originaron el movimiento y que aún hoy muchas de ellas continúan siendo asignaturas pendientes de nuestro país.

Reyes Heroles dijo una gran verdad: Tenemos mucho qué hacer y disponemos de poco tiempo. Por ello, lo que hagamos debemos hacerlo bien y sólidamente. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Silvia Luna Rodríguez. Tiene el uso de la palabra la diputada María Mercedez Maciel Ortíz, del Grupo Parlamentario del PT.

La diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy se conmemora el 97 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana de 1910.

Hace 97 años el campesinado se inconformó contra el despojo de sus tierras por parte del grupo gobernante que encabezaba Porfirio Díaz. También los obreros de Cananea y Río Blanco se lanzaron a la huelga para manifestar su repudio a la sobreexplotación, a las extenuantes jornadas laborales y los salarios de hambre que les pagaban.

La Revolución fue el último recurso que les dejó el bloque de poder integrado por los grandes hacendados de ese entonces al pueblo mexicano.

Fueron décadas de humillaciones y despojos de sus tierras a los campesinos, a través de leyes ex profeso, tales como la Ley de Colonización que expidió el 15 de diciembre de 1883 el gobierno de Manuel González.

Otro instrumento jurídico fue la Ley de Terrenos Baldíos, extendida el 20 de marzo de 1894 por Porfirio Díaz, que sirvió como base legal para expropiar a los campesinos y comunidades indígenas de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Morelos, Guerrero, Puebla, Veracruz, Yucatán y tantos otros estados del país.

Cuando arribamos al siglo XX grandes extensiones de tierra y enormes riquezas habían sido acumuladas por unos cuantos hacendados, en contraste con la miseria de la mayoría del pueblo mexicano.

La única manera en que el pueblo se pudo quitar de encima este lastre social fue mediante un movimiento armado que duró varios años.

Con el paso del tiempo quedó demostrado que a pesar de que fue un movimiento revolucionario, fue simplemente la sustitución de una elite de poder por otra más agresiva y ambiciosa que lo quiere todo.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene claro y quiere decir desde esta tribuna a los ciudadanos de nuestro país que el movimiento social de 1910 es un movimiento inacabado porque las injusticias y la pobreza extrema que padecían los habitantes de ese entonces continúan vigentes.

Como en aquella época, hoy la riqueza se encuentra concentrada en manos de los monopolios y oligopolios nacionales y transnacionales, que tienen secuestrada la riqueza nacional.

El resultado de las acciones de los gobiernos previos y posteriores a la Revolución ha sido el mismo. Seguimos con inseguridad pública, pobreza y marginación social, analfabetismo y educación confesional, así como una aguda concentración de la riqueza.

Millones de jóvenes que acceden al mercado laboral sin oportunidades, hombres y mujeres excluidos del sistema productivo. Hoy somos una nación que exporta fuerza de trabajo, en condiciones en que se vulneran sus derechos humanos.

Aunado a lo anterior, tenemos un gobierno que nos quiere llevar al sendero de la involución y entregar nuestros recursos naturales al extranjero. La agenda política y social de 1910 aún tiene asignaturas pendientes que los mexicanos ya no pueden ni deben seguir soportando sobre sus espaldas.

La miseria y la pobreza, producto de la desigualdad, lacera los hogares de 70 por ciento de los mexicanos. El sentido de la frase ``Sufragio efectivo. No reelección'', hoy como nunca ha sido lastimado.

En México, después del fraude de 2006 no se puede hablar de una democracia sin que estemos comunicando una utopía. Los ideales de la Revolución, encarnados en la justicia social, la libertad del pueblo, la tenencia de la tierra, la lucha por un gobierno justo, la independencia del país, son temas que han quedado en un rol de buenas intenciones, que en los hechos representan las carencias de los mexicanos.

A 97 años del inicio del movimiento, sólo tenemos recuerdos de la gesta de lo que se quiso hacer y no se ha logrado. Los sueños de Madero, Villa, Zapata, quedaron en eso. Sólo están vigentes la ambición y la codicia del gran capital, avalado por la insaciable hambre y sed del neoliberalismo personalizado por el imperio yanqui.

Ahora más que nunca la preservación de nuestros recursos es indispensable para garantizar la soberanía de la nación mexicana. El petróleo, el gas, la energía eléctrica, nuestros litorales y mares territoriales, el espacio aéreo, las aguas continentales son patrimonio de la nación que no deben ni pueden ser enajenados a ningún título, porque sería poner en riesgo a la nación mexicana.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene claro y quiere decir desde esta tribuna a los ciudadanos de nuestro país que el movimiento social de 1910 es un movimiento inacabado, porque las injusticias y la pobreza extrema que padecían los habitantes de ese entonces siguen vigentes.

Defender a la nación de la voracidad de los grandes empresarios y de los altos funcionarios públicos de nuestra nación es la mejor manera de recordar la gesta de los revolucionarios de 1910.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada María Maciel Ortiz. Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, por favor.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras y compañeros, la Revolución Mexicana, la primera del siglo pasado, supuso un cambio radical de la estructura del poder y de la condición social de las mayorías, aspiró a insertar en la vida del ciudadano el ejercicio de los valores revolucionarios.

La Revolución Mexicana hizo acopio de las grandes tesis sociales, universales y nacionales, y construyó el nacionalismo revolucionario que permitió llevar adelante los cambios sociales y económicos que el país reclamaba. No obstante, se ha vuelto lugar común decir que la Revolución Mexicana ha muerto, para aquellos que la historia misma ha llegado a su fin, cuando la historia es la gran maestra y guía de la vida de los pueblos.

Por ello, anunciar las exequias del gran movimiento revolucionario de 1910 es querer practicar una amnesia deliberada para cubrir las grandes traiciones y deslealtades a los principios emanados de aquella insurrección popular que nos dio libertades sociales, un régimen ampliado de la propiedad pública y social, pero sobre todo un ejercicio de la soberanía nacional, la propiedad de nuestros recursos del subsuelo, fundamentalmente del gas y del petróleo.

Esta lucha está hoy viva, activa y contestataria. Bastaría para afirmar la continuidad del pensamiento revolucionario nacionalista, ya que continúa vigente. Por eso mismo, compañeras y compañeros, el Frente Amplio Progresista es hoy el abanderado de esta lucha revolucionaria, en esta etapa pacífica y no violenta, ésta lucha por la no privatización de los energéticos, que deben ser la palanca del desarrollo nacional.

Ésta es, hoy, a 97 años del inicio de la Revolución Mexicana, nuestra lucha por su continuidad, por su permanencia, entre quienes queremos una patria donde reine la justicia, impere la libertad y la felicidad de todos los mexicanos.

En Convergencia confiamos en las lecciones de la historia y en las convicciones sociales que deben animarnos, y sabemos muy bien que el mejor festejo del triunfo revolucionario democrático es no echar para atrás la rueda de la historia y que sea capaz de construir un futuro certero para todos los ciudadanos mexicanos, que sólo será posible si defendemos el patrimonio nacional.

Pemex, como Comisión Federal de Electricidad, deben ser una palanca del desarrollo nacional y no botín de los apetitos privatizadores. Volteemos la cara, compañeras diputadas y compañeros diputados, a lo que está ocurriendo hoy, precisamente en estos días, en estas semanas y en estos meses en la sonda de Campeche.

¿Y qué es lo que nosotros vemos ahí? Lo que nosotros vemos ahí es violación a los derechos humanos y violación a los derechos laborales. Vemos desolación y muerte en los múltiples accidentes que han venido creciendo al paso de los meses y que en sólo año y medio le han costado la vida a 55 trabajadores mexicanos.

Todo este panorama, producto de una política depredatoria, de apoyo a las empresas que se han convertido en factores de poder y de decisión. Petróleos Mexicanos les ha entregado completamente en sus manos la explotación de la riqueza petrolera y les ha dado manga ancha para que ellos hagan lo que les venga en gana, con equipos obsoletos que no reúnen las condiciones de seguridad, que le pagan a sus trabajadores salarios de hambre, que no los capacitan para que sepan enfrentar situaciones de emergencia.

Por eso nosotros consideramos que debemos defender... y que la mejor manera de conmemorar este 97 aniversario de la Revolución Mexicana es defendiendo el patrimonio nacional, es defendiendo la riqueza petrolera y la riqueza energética de México. Muchas gracias, compañeros.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Cuauhtémoc Velasco. Tiene el uso de la palabra el diputado Alan Notholt Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Alan Notholt Guerrero: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Alan Notholt Guerrero: Hoy todos tenemos presente un evento de suma importancia para la historia de nuestro país, la Revolución Mexicana.

La mejor forma de homenajearla es repensarla. Debemos hacer una reflexión retrospectiva de lo que ha significado para los mexicanos para reconocer los logros, pero también identificar con humildad lo que aún falta por alcanzar.

Como legisladores, hoy podemos convalidar como uno de los grandes logros revolucionarios, no sólo el fin de una dictadura, sino también la promulgación de nuestra Carta Magna de 1917. La primera en el mundo en reconocer las garantías sociales y derechos laborales colectivos.

Sin embargo, compañeros, la gran pregunta es: ¿qué hemos logrado con ello? ¿Ha sido factor suficiente para alcanzar la tan anhelada justicia social? Reconozcamos que la respuesta es no. Aún faltan acciones.

En otras naciones como China y Japón, en menos de la mitad de un siglo, han logrado pasar de la pobreza a consolidarse como potencias económicas. A 97 años de su revolución, México aún no logra despegar. No se han concretado políticas que realmente contribuyan en el desarrollo del país, en pos de establecer una verdadera justicia social.

A 97 años de iniciado el movimiento armado el país aún no logra resolver en su totalidad la crisis agrícola, la pobreza campesina, la inquietud social, la iniquidad social, en la que ahora se suman nuevos factores que obstaculizan los avances.

La falta de planeación en el uso de sus recursos naturales, la producción desproporcionada de contaminantes que favorecen al cambio climático, las variables macroeconómicas que impactan directamente nuestra economía, entre otros que también afectan los niveles de productividad nacional. En el daño de tierras fértiles, en la pérdida de viviendas, escuelas y fuentes de trabajo.

Adicionalmente, en los últimos años el sistema político ha cambiado, y por ello, en esta legislatura ya hemos reconocido la necesidad de plantear y efectuar una reforma del Estado para amoldar el régimen político vigente. Dentro de los cinco ejes temáticos de dicha reforma se encuentra la cuestión electoral. La cual, incide en uno de los puntos medulares del movimiento revolucionario, búsqueda de un régimen democrático.

En 1910 la aspiración a la democracia era evidente. Aún irónicamente plasmada en las palabras de Porfirio Díaz, durante la polémica entrevista hecha por James Creelman, donde aseveraba: ``Me consagraría a la inauguración feliz de un gobierno completamente demócrata''.

En el 2007 podemos visualizar avances. Sin embargo, los recientes procesos electorales nos han demostrado la necesidad de dar pasos que coadyuven en la construcción de una gobernabilidad democrática. De ahí, el insistente interés del Grupo Parlamentario del Partido Verde por reforzar una reforma electoral que sea realmente incluyente y pluripartidista.

Lo anterior nos hace reflexionar en que debemos buscar propuestas de cambio acordes con la nueva dinámica que vive nuestra república. Debemos realizar una redefinición del Estado que permita ser congruentes entre la función de las instituciones y las demandas ciudadanas actuales en el marco constitucional.

Revolución significa ``cambio radical''. En el Partido Verde nos adherimos a la idea de generar un proceso de cambio a través de la legislación, que incluya una intermediación de la ciudadanía, no sólo a través de los partidos políticos, sino mediante mecanismos más directos de participación.

Es así que debemos ocuparnos en adaptar nuestras instituciones de gobierno a la nueva realidad política, social y económica que impera en el país. A la nueva distribución plural del poder que se vive en el interior del Estado mexicano, lo cual compete tanto al gobierno como a la sociedad.

Así que, compañeros, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México les exhorta a que trabajemos, a que logremos consensos incluyentes, plurales, reflejo de la democracia para que en unos años un 20 de noviembre no sea un sólo recuerdo de un movimiento armado, sino el recuerdo de un reto nacional superado. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Jesús Ramírez. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD.

Perdón, diputado, tuve un error; discúlpeme. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Ramírez Stabros , Alan. Discúlpeme, diputado Alan Notholt Guerrero .

El diputado Jesús Ramírez Stabros: Gracias, Presidenta. Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros.

Al conmemorarse el 97 aniversario de la Revolución Mexicana resulta útil y pertinente hacer desde esta tribuna una reflexión sobre los alcances de aquel movimiento armado y su proyección hacia nuestros días.

Más que hacer un recuento sobre el legado de los héroes revolucionarios y sobre el desfile de figuras y personajes que dieron identidad y contenido a la Revolución, lo que importa hoy es reivindicar aquellos ideales de libertad, democracia y justicia social en un contexto que siendo diferente los mantiene vigentes.

La Revolución, vista desde esa perspectiva se proyectó en un programa de altísimo contenido social y en un conjunto de instituciones que perduran hasta nuestros días y que le permitieron al país transformar su rostro.

Es en esas instituciones, y en la Constitución que hasta hoy nos rige, que el movimiento armado de 1910 sobrevive y nos da identidad como país, a pesar de la desmemoria conservadora y de la intención de los últimos gobiernos de borrar de la historia la Revolución Mexicana, ya que es ésta la que da origen y sentido al Estado nacional.

Los priistas nos situamos al lado de la Revolución no sólo por tradición política, tomamos partido con ella porque en ella encontramos el método y la tradición del cambio, el cambio sustantivo, el signo del movimiento, el propósito y el hecho de servir a los mexicanos, preservando siempre nuestra existencia como Estado libre y soberano.

Hoy tenemos que asumir que la realidad es diferente a la de aquellos días, debemos afrontar y resolver circunstancias que son producto de nuestra propia transformación. Debemos tener rumbo y hasta ahora no encontramos mejor ruta que aquella que nos señalan los ideales del pueblo por los que se hizo este movimiento armado.

Bajo este orden de ideas, el rumbo del Estado no puede elegirse arbitrariamente, debe partir de la base de la sociedad, ya que gobernar sin ella es gobernar en el vacío.

Por otro lado, sin ella los ideales de la Revolución Mexicana se deben de transformar en pugnar por una mayor participación social en la toma de decisiones, abrir en una adecuada rendición de cuentas que transparente la acción gubernamental, es beneficiar a los ciudadanos con los programas sociales sin distingo de ideologías, es dejar a un lado las fobias partidistas y es, en su lugar, dar cauce a los consensos.

Es menester reconocer que estamos inmersos en la vida que nos legó la revolución. Nuestras instituciones provienen de ella, así como nuestro sistema político y electoral. Vivimos regidos por una Constitución que fue el producto más acabado y generoso de la revolución.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, una de las lecciones importantes que nos ha dejado la revolución es que encontró un equilibrio entre el Estado laico y la libertad de creencias en el México de hoy y estamos obligados a preservarlo.

La historia nacional está llena de episodios en donde la polarización política e ideológica ha lastimado al país. Aprender de esos pasajes y tener la sabiduría para no contribuir al encono y al enfrentamiento es imperativo para todos los partidos y para todos los mexicanos. La revolución es, pues, proceso histórico, presente y futuro que guía las más nobles aspiraciones del pueblo mexicano.

Hago votos porque los afanes y los ideales de la revolución inspiren los trabajos de esta LX Legislatura. La Revolución, es, compañeros, una cita que nunca acaba. Que viva la Revolución Mexicana. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Ramírez Stabros. Tiene la palabra el diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

El diputado Carlos Roberto Martínez Martínez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, entre 1910 y 1920, México fue sacudido por una serie de luchas y revueltas conocida como Revolución Mexicana, que transformó la estructura económica, política y social del país.

Así puede afirmarse que hace un siglo en México comenzó una revolución cuyo primer aliento fue social, que desa-rrolló su vertiente política en la lucha contra la dictadura, primero, y contra la usurpación después, y que el curso de la lucha armada dirimió el carácter del nuevo Estado hasta que el Congreso Constituyente de Querétaro recogió el espíritu y las demandas sociales, y amalgamó las garantías individuales y los derechos sociales con la nación, como su origen y sustento, y con un régimen político cuyo diseño obedeció precisamente a los propósitos de dar cauce y cumplimiento a las aspiraciones populares y a la necesidad de salvaguardar la soberanía y la integridad de la nación.

La justicia social, el grito más profundo y ético que lanzó la Revolución, no fue el de ``Sufragio efectivo. No reelección'', sino el de ``Tierra y libertad''. Es decir, justicia social y dignidad. Ése fue el sentido histórico de fondo del movimiento revolucionario. La demanda de poner fin a la herencia de una sociedad conquistada, explotada, discriminada y humillada desde el siglo XVI, ése fue y sigue siendo el corazón del huracán político que azotó a México de 1910 a 1920.

Para muchos historiadores la fecha de 1920 marcó la finalización de la Revolución Mexicana; sin embargo, las revueltas militares y las situaciones de violencia esporádica prosiguieron hasta 1934 cuando llegó a la Presidencia Lázaro Cárdenas, quien institucionalizó las reformas que se habían iniciado en el proceso revolucionario y que se legitimaron con la Constitución de 1917.

Los ideales y valores de la revolución se plasmaron en la Constitución de 1917, que fue la primera en el mundo que consagró los derechos del pueblo a la educación, a la reforma agraria y a condiciones justas de trabajo.

Al cumplirse el 97 aniversario de la gesta revolucionaria la situación social de los campesinos, principal razón de la Revolución Mexicana, sigue en el olvido; no ha cambiado prácticamente nada. Y si hablamos de los pueblos indígenas, quienes más atención requieren, el gobierno se olvida de incluirlos en sus proyectos políticos y sociales.

La lucha contra la pobreza, la injusticia y la desigualdad, en las que todavía viven millones de mexicanos, debe seguir siendo la máxima prioridad.

Un factor determinante del extravío nacional ha sido el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, que está mutilando nuestro proyecto nacional y deformando nuestra identidad. Por darle prioridad a los negocios sobre los intereses nacionales llegó a convenir condiciones comerciales tremendamente inconvenientes para México, que en los últimos años ha visto rotas muchas de sus cadenas productivas.

Desmanteló parte de su planta industrial, arruinando amplias zonas agrícolas y ganaderas, extranjerizando el sistema bancario, monopolizando su economía. A la inercia destructiva del Tratado de Libre Comercio se añade la renuncia del gobierno a defender y promover la economía donde lo único que crece es el desempleo.

La enorme migración a Estados Unidos ha puesto en evidencia la devastación causada por las inicuas relaciones comerciales y contrasentido histórico. Si en el pasado fuimos despojados de vastos y ricos territorios, ahora estamos perdiendo millones de valiosos compatriotas, cuya fuerza de trabajo y su vitalidad y talento fortalecen al vecino del norte.

Nuestro actual sistema democrático es la herencia de una larga lucha que México heredó de su revolución de principios de siglo y que busca una profunda reforma democrática del Estado, acorde con las necesidades históricas del siglo XXI.

Queremos una profunda reforma electoral que permita procesos equitativos a lo largo y ancho del país. Queremos una reforma del federalismo, con facultades y atribuciones para estados y municipios. Queremos sí, una reforma profunda en justicia, pues para todo propósito práctico el estado de derecho es hoy inexistente en México. Queremos reformas, en suma, que beneficien al país. No queremos más simulaciones y engaños.

Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sólo es posible reformar el Estado buscando el bienestar de los más pobres; creando sistemas de justicia; defendiendo el patrimonio nacional; acotando el poder; transformando nuestras instituciones y fortaleciendo la democracia.

No podemos hablar de una plena transformación si los derechos humanos son violentados; si la justicia no se aplica en forma equitativa, tal como sucede en mi estado, en Oaxaca, donde constantemente se violan las garantías individuales; no se castiga a los responsables de homicidios; se encarcela y persigue a luchadores sociales solo por buscar mejores condiciones de vida para los que menos tienen.

Hoy a los mexicanos del siglo XXI nos toca consolidar nuestro sistema democrático, nuestros mecanismos para lograr que la impartición de justicia sea realmente rápida y expedita; que los recursos públicos sean repartidos de manera equitativa; que la educación pública y gratuita llegue a todos los rincones del territorio nacional; que la igualdad del hombre y la mujer sea más que un deseo. Pero sobre todo, se trata de consolidar la igualdad de oportunidades de trabajo, de desarrollo y crecimiento humano.

A sólo 2 años de que nuestro país cumpla 200 años de vida independiente y a 100 años de la primera revolución política y social del siglo XX, será entonces en el 2010, cuando tengamos que hacer un balance definitivo del siglo que nos llevó a lo tradicional, a lo moderno, de la dictadura a la democracia.

Un siglo en el que las adelitas de aquel entonces, se han transformado en mujeres que luchan y defienden sus derechos, su igualdad, su género y que hoy constituyen una fuerza indestructible para nuestro desarrollo.

En el siglo XXI, los retos para consolidar plenamente nuestra soberanía y nuestra nación son: el combate a la pobreza, al medio ambiente, oportunidades de empleo, seguir luchando por la autonomía y el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y que éstas tengan acceso pleno a oportunidades de desarrollo y por supuesto, la consolidación de las políticas públicas que propicien un desarrollo ordenado y cuidadoso de todo nuestro entorno. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Antonio Fraile García, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

El diputado Francisco Antonio Fraile García: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, Acción Nacional desea que nunca más para solucionar los problemas nacionales, tengamos un millón de muertos.

Acción Nacional no acepta la palabra revolución como pretexto para pelear unos con otros; para imponer un caudillo o una idea, por buena que ésta sea o éste sea bueno. Menos, como pretexto para atacar Catedral.

Acción Nacional, acepta y hace suya la palabra revolución, por reconocernos como mexicanos que disfrutamos hoy de paz y de instituciones fruto del dolor de muchos. Hoy somos lo que somos por el dolor de otros.

Acción Nacional entiende el término revolución como medio eficaz para perfeccionar las instituciones que con mucho sacrificio surgieron de aquellos momentos aciagos. Para Acción Nacional la Revolución no ha concluido porque el principal anhelo, esperanza y deseo de los que lucharon hace 100 años fue lo social.

El Congreso Constituyente de Querétaro recogió el espíritu y las demandas sociales y amalgamó las garantías individuales y los derechos sociales, no obstante, en esto aún tenemos rezagos.

El país sigue necesitando dignidad, dignidad en la política, dignidad en el trabajo, dignidad en la academia, dignidad en la vida pública y privada, en la calle y en la familia y sobre todo hay que reconocer y expresarlo en la palabra y en la acción. El país sigue urgiendo a todos, en especial a los legisladores, para que les demos esta dignidad.

Acción Nacional no cree en la fatalidad, cree, por el contrario, en la libertad, en la responsabilidad y sobre todo en la dignidad de las personas, de la sociedad y del país.

Creo que, a diferencia de la fatalidad que clama y proclama que el hombre es el lobo del hombre, es posible que el hombre sea amigo del hombre. Éste es el humanismo político de Acción Nacional, es el que confía en el ser humano, en su dignidad y en su capacidad de construir un mundo acorde con esa dignidad.

Conmemorar el 97 aniversario de la Revolución Mexicana es pretexto también para asimilar su experiencia histórica desde una perspectiva lejana a cualquier ideología, mito o proyecto de gobierno y, con base en ello, con base a lo que verdaderamente somos como nación, rectificar y rescatar nuestros valores sociales y democráticos y hacer crecer nuestras instituciones.

Sigo creyendo que tanto dolor causado a México no ha sido inútil y que nosotros no debemos de causarle más dolor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor diputado.



LEY AGRARIA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria

Honorable Asamblea:

En los términos previstos en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza el estudio y análisis de dos iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan el artículo 80 de la Ley Agraria, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

En sesión realizada por esta Cámara el 1 de diciembre de 2005, el entonces diputado Javier Galván Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 80 de la Ley Agraria.

Con fecha 17 de abril de 2007, en sesión realizada por esta Cámara, el diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 80 de la Ley Agraria.

Ambas iniciativas fueron turnadas por la Mesa Directiva los días 1 de diciembre de 2005 y 17 de abril de 2007, respectivamente, a esta Comisión de Reforma Agraria.

Como resulta evidente, las dos iniciativas corresponden a la misma materia jurídica, donde el artículo por reformar es el 80 de la Ley Agraria.

Debido a ello, y por conveniencia metodológica y economía procesal parlamentaria, se ha estimado conveniente producir este dictamen conjunto para las dos iniciativas, conservando la unidad del método, de análisis y de dictaminación de cada iniciativa, respetando su fecha de presentación, de modo que ello garantice también las ventajas analíticas, por lo que al entrar al análisis y dictaminación de la exposición de motivos y a las consideraciones jurídicas de cada caso, se obtiene un criterio jurídico completo respecto al alcance total de la reforma que se plantea con las dos iniciativas.

Mediante oficio CRA/254/07, el diputado presidente de la comisión envió la iniciativa en estudio a los diputados integrantes, para observaciones, comentarios o propuestas.

El 09 de mayo de 2007 se recibió oficio número II.102.15421 de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el cual se emite opinión respecto de las iniciativas en estudio, dichas observaciones, así como las presentadas por los diputados integrantes fueron consideradas en la elaboración del presente dictamen.

En reunión ordinaria realizada el 10 de octubre de 2007, la Comisión de Reforma Agraria analizó en el pleno de ésta el proyecto de dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan el artículo 80 de la Ley Agraria.

II. Análisis de las iniciativas

Las iniciativas proponen ``ampliar el derecho del tanto en la venta de derechos parcelarios a que se refiere el artículo 80 de la Ley Agraria, a los ascendientes del enajenante, la concubina o concubinario, o hijos de éstos, o a quien le asista el derecho legal reconocido''.

Con la reforma se pretende otorgar a la concubina o concubinario certidumbre legal, puesto que en la actualidad esta figura está presente en distintas comunidades del campo sin que se reconozcan sus derechos.

En este orden de ideas, es necesario reconocer derechos a los sujetos agrarios ligados al patrimonio de familia, la figura del concubinato debe ser contemplada por la ley en lo que respecta a la enajenación de sus derechos parcelarios, con el fin de que las ventas y cambios de uso y destino de suelos agrícolas con vocación productiva sean regulados a través de la Ley Agraria, de acuerdo con la normatividad vigente y el destino que se pretende darles, y no realizar estas operaciones fuera de la ley.

Asimismo, las iniciativas pretenden otorgar este derecho del tanto a los ascendientes del enajenante y a los hijos de los concubinos, así como a quien le asista el derecho legal reconocido.

III. Consideraciones

Esta comisión coincide parcialmente con el objeto de las iniciativas pues, efectivamente, es necesario que se reconozca en el marco jurídico agrario el derecho de aquellos sujetos con quien el ejidatario tiene una obligación económica; es decir, aquellos integrantes de la familia como el cónyuge, los hijos del ejidatario, la concubina o concubinario.

La problemática que se analiza se relaciona con la parcela como patrimonio de familia, argumentando que, al no reconocerse a la concubina o concubinario su derecho del tanto en la enajenación de derechos parcelarios, se deja abierta la posibilidad de que el titular enajenante deje desprotegidos y sin sustento a los miembros de su familia, así como a quienes dependen económicamente de él, afectando la integración y sustento de una familia, así como la del núcleo agrario.

Cuando el ejidatario vende sus derechos parcelarios a un sujeto distinto de aquellos con quien tiene un vínculo familiar, se lesiona un derecho, al no respetarse ni reconocerse el vínculo que ocupa la concubina o el concubinario respecto del enajenante, no obstante que este derecho si se le reconoce al cónyuge e hijos.

Para el estudio de las iniciativas debemos analizar dos elementos fundamentales, a saber: el derecho del tanto como un derecho de preferencia, y la figura de la concubina o concubinario como parte de la familia del ejidatario enajenante y la potestad de estos para ejercer tal derecho de preferencia.

El derecho del tanto deriva de un derecho real que se tiene sobre la cosa, su violación trae aparejada la nulidad del contrato y, además, el derecho de retracto que implica una subrogación en el contrato de venta.

Tanto el derecho del tanto, como el derecho por el tanto son derechos que confieren una preferencia para comprar alguna cosa.

La diferencia está en que en el derecho del tanto la preferencia es para la persona que tiene una cierta calidad, como arrendatario o copropietario, pero el precio es el mismo para todos los compradores.

El derecho del tanto está establecido por la ley y es irrenunciable por anticipado, y el derecho por el tanto, es pactado voluntariamente entre las partes. El texto vigente del artículo 80 se refiere al ``derecho del tanto'', sin embargo las iniciativas hacen referencia al derecho ``al tanto'', que es una figura distinta a la que se refiere el artículo 80, de ahí que en el presente dictamen se corrige la redacción, haciendo referencia al ``derecho del tanto'' como especifica el texto vigente.

En la legislación agraria se establece un régimen jurídico propio conforme al cual resulta necesario que, para la enajenación de derechos parcelarios, ésta debe notificarse, en primer término, al cónyuge e hijos del titular.

De la interpretación del artículo 80 de la Ley Agraria se concluye que para la validez de la enajenación de derechos parcelarios, resultan indispensables los siguientes elementos:

a) Que el acto jurídico se otorgue por escrito ante dos testigos.
b) Que se notifique a los beneficiarios del derecho del tanto.
c) Que se notifique al Registro Agrario Nacional.

La existencia de la notificación del derecho del tanto, lleva implícito el juicio de que el legislador pretendió que los derechos parcelarios no salieran del propio núcleo familiar del ejidatario, sin que antes los propios miembros de su familia estuvieran en condiciones de hacer valer su preferencia en la enajenación, todo lo cual lleva a la convicción de que este acto jurídico (enajenación) debe pretenderse hacer con una persona ajena a la familia del ejidatario enajenante, de acuerdo al inicio del propio artículo 80 que señala: ``los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población''.

En materia agraria el derecho del tanto, para la enajenación de derechos parcelarios, se realiza en virtud de la naturaleza eminentemente social del derecho agrario.

Por otra parte, la figura de concubina o concubinario se atiende de acuerdo a los siguientes conceptos:

Concubina. Etimológicamente, la palabra concubina proviene del latín concubinatus, que se traduce como ``cópula o ayuntamiento carnal''.

Rafael de Pina señala que junto al matrimonio de derecho, la legislación mexicana reconoce la existencia del matrimonio de hecho, o concubinato, que se define como la unión de un hombre y una mujer, sin formalización legal, para cumplir los fines atribuidos al matrimonio.

Consecuentemente, recibe la denominación de concubina ``la mujer que cohabita en unión libre con un varón como si fuese su mujer legítima''.

En este sentido, debe reconocerse el derecho que asiste a la concubina, ya que, de hecho, se encuentra en el mismo supuesto que el cónyuge, sólo que es una unión no formalizada legalmente.

Asimismo, la segunda iniciativa propone que se reconozca el derecho del tanto a ``...la concubina o concubinario y a los hijos de estos '', entendiéndose a los hijos de los concubinos que no son hijos del enajenante, puesto que los hijos del enajenante ya están contemplados, reforma con la cual no está de acuerdo esta comisión.

En cuanto a incorporar como beneficiarios del derecho del tanto a los ascendientes del enajenante, esta comisión dictaminadora considera improcedente la reforma en ese aspecto, toda vez que esto sería contravenir el relevo generacional en el campo, y que ha venido sucediendo en detrimento de los ejidos, y contra el cual se ha venido tratando de abatir a través de diversos programas dirigidos a los jóvenes.

Ahora bien, por lo que respecta a dejar abierta la posibilidad de que también se beneficie con el derecho del tanto ``a quien le asista derecho legal reconocido'', generaría incertidumbre jurídica, en virtud de que no sabría el ejidatario a quien notificarle para efecto de agotar justamente ese orden de preferencia, por lo que esta comisión no avala la modificación.

Adicionalmente, ambas iniciativas proponen la renuncia expresa al derecho del tanto, lo que genera mayor certidumbre jurídica para el ejidatario y para el comprador, por lo que es de avalarse dicha propuesta.

Las modificaciones a las iniciativas que se adicionan en el presente dictamen son las siguientes:

• Cambio de redacción
• Para la validez de la enajenación a que se refiere este artículo se necesitará la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público .
• El cónyuge, la concubina o concubinario, los hijos del enajenante, en ese orden, gozarán del derecho del tanto en la venta de derechos parcelarios.
• Será aceptable la renuncia al derecho del tanto expresada por escrito ante dos testigos, misma que deberá ser ratificada ante fedatario público.
• Se dará aviso por escrito al comisariado ejidal.
• Dar aviso al Registro Agrario Nacional, que deberá, de ser procedente, realizar la inscripción correspondiente y expedir sin demora los nuevos certificados y cancelar los anteriores.
• El comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

Por los razonamientos anteriormente expresados, con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso f), la Comisión de Reforma Agraria, emite el siguiente

Proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria

Único. Se reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;
b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos y ratificada ante fedatario público.
c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.

Para que la enajenación surta efectos contra terceros, se deberá dar aviso al Registro Agrario Nacional, que deberá, de ser procedente, realizar la inscripción correspondiente y expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios y cancelar los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2007.
La Comisión de Reforma Agraria, diputados: Ramón Ceja Romero (rúbrica), presidente; Leticia Díaz de León Torres , Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Aguirre Alcaide (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), secretarios; Gerardo Aranda Orozco (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete , Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Marta Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Ricardo Franco Cázarez, José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), José Ignacio Rubio Chávez (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Juan Victoria Alva (rúbrica), Pedro Landero López , Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez , Odilón Romero Gutiérrez , Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Arely Madrid Tovilla, Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), José Luis Blanco Pajón , Tomás Gloria Requena , Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Félix Castellanos Hernández .»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: En consecuencia, tiene la palabra el diputado Ramón Ceja Romero, por la comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ramón Ceja Romero: Con su permiso, señor Presidente. Hago uso de la alta tribuna de la nación, en mi carácter de presidente de la Comisión de Reforma Agraria, para fundamentar el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 80 de la Ley Agraria.

El presente dictamen con proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria del 10 de octubre del presente año, y es producto del estudio de análisis de dos iniciativas que oportunamente se nos turnaron por la Mesa Directiva y que ambas se refieren a la misma materia. Una presentada por el diputado Javier Galván Guerrero y la otra por el diputado Salvador Barajas del Toro , ambos del Grupo Parlamentario del PRI.

Las iniciativas citadas son coincidentes en su objetivo: reformar y adicionar el artículo 80 de la Ley Agraria en vigor, a efecto de ampliar el derecho del tanto, en los casos de venta de derechos parcelarios, a la concubina o concubinario, o hijos de éstos, o a quien asista el derecho legal reconocido dentro del régimen ejidal.

Después de un proceso de estudio, análisis y consulta a las instituciones agrarias, investigadores técnicos, representantes de organizaciones campesinas y ejidatarios, los diputados integrantes de la comisión llegamos a la conclusión de que efectivamente una demanda cada vez mayor y con más frecuencia se ha estado planteando por diversos sectores.

Está relacionada con la justicia social agraria, específicamente en lo concerniente a los derechos de la mujer campesina y a la familia de los núcleos ejidales. En la familia es la mujer quien lleva el rol de jefa de familia rural quienes sufren cotidianamente las formas de desigualdad o discriminación de derechos ejidales establecidos en la ley.

Trece millones de mujeres, la mayoría pobres, viven en el medio rural. De éstas sólo 650 mil son ejidatarias o comuneras y 170 mil son posesionarias; 287 mil son propietarias privadas, sólo 18 por ciento de las mujeres son titulares de tierras; mientras que en 30 por ciento de los hogares campesinos la mujer es el único sostén de la familia y en el otro 30 por ciento contribuyen a su sostenimiento.

Además, todos somos testigos de cómo la mujer al frente de la familia campesina cada vez se organiza más y se inserta en tareas, programas y proyectos productivos, agropecuarios, artesanales y de otra índole, aportando su trabajo para el sostén y desarrollo de la familia y de sus comunidades, pero también reclamando y haciendo valer cada vez más los derechos que le corresponden y que viven justificando con creces.

Es en este contexto y con base fundamental en ese tipo de consideraciones, que los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria hemos coincidido de forma unánime que independientemente de que estamos inmersos en un proceso de revisión y actualización integral del marco jurídico agrario, podemos y debemos ir desahogando la agenda legislativa de la comisión, como es en este caso, dictaminando a favor de la ampliación y protección de los derechos patrimoniales de la familia ejidal.

Por ello estamos dictaminando que cuando el ejidatario pretenda enajenar sus derechos parcelarios, otorgará el derecho del tanto no sólo a su cónyuge y a sus hijos, como ya lo establece la ley, sino además a la concubina o concubinario por ser ésta una figura que existe en una gran parte de las familias ejidales y que en la práctica se encuentra en el mismo supuesto que el o la cónyuge, sólo que no se formaliza como tal jurídicamente.

Asimismo, fortaleciendo la protección como patrimonio de familia la parcela y los derechos ejidales estamos dictaminando hacer más rigurosos los requisitos para la validez de la enajenación al establecer, además, que se haga por escrito y ante dos testigos, y que deba ser ratificado ante fedatario público.

Es éste el contenido de la reforma y adiciones al artículo 80 de la Ley Agraria que hemos dictaminado en la comisión y que en estos momentos estamos sometiendo a la consideración de la honorable asamblea.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, atentamente les pido a nombre de la Comisión de Reforma Agraria su apoyo a esta reforma y su voto a favor, sabiendo que al emitirlo, aunque sea modestamente, esta Legislatura va avanzando poco a poco en otorgar, ampliar y proteger los derechos de la mujer y de la familia en el patrimonio social, y con ello estamos contribuyendo a la justicia y a la génesis de condiciones para el desarrollo del sector rural. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor diputado. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.



REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se han registrado... Antes vamos a pedir a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 398 diputadas y diputados. Quienes no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.



LEY AGRARIA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios los siguientes diputados: por el Partido Nueva Alianza, la diputada Irma Piñeyro Arias; el diputado Salvador Barajas del Toro, por el Partido Revolucionario Institucional; y el diputado Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra la diputada Irma Piñeyro Arias, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza.

La diputada Irma Piñeyro Arias: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las mujeres rurales en México constituyen el sector poblacional con menor nivel educativo y evidencian mayores tasas de analfabetismo y mortalidad materna, tienen menos acceso a recursos y oportunidades de empleo, y presentan mayores niveles de desnutrición y anemia; aunque socialmente sólo se reconoce su función en la esfera reproductiva, es decisivo el papel que desempeñan en la producción agropecuaria y en la seguridad alimentaria.

Las mujeres rurales se ocupan, entre otras cosas, del cuidado de la huerta y de los animales, siembran, recolectan la cosecha, procesan los alimentos, comercializan la producción, cocinan, cuidan y educan a los hijos.

La pobreza, la falta de oportunidades y las violaciones a los derechos humanos es el signo que caracteriza a la mujer rural del país y se expresa de manera más profunda en el caso de la mujer concubina.

Las mujeres rurales concubinas son generalmente quienes, debido a los patrones culturales y las relaciones de poder que se generan al interior de las familias y la comunidad, se encuentran en desventaja jurídica al margen del disfrute pleno de derechos básicos.

La mujer rural concubina, al carecer de derechos sucesorios parcelarios queda indefensa, con incertidumbre en su futuro y el de su familia. En la legislación agraria se establece un régimen jurídico propio, conforme al cual resulta necesario que para la enajenación de derechos parcelarios, ésta debe notificarse, en primer término, al cónyuge e hijos del titular.

En este sentido, se debe reconocer el derecho que asiste a la mujer rural concubina, ya que, de hecho, se encuentra en el mismo supuesto que la cónyuge, sólo que es una unión no formalizada legalmente.

Por lo expuesto, expreso en nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, mi apoyo al dictamen en comento. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada Piñeyro. Tiene la palabra, el diputado Salvador Bajaras del Toro, de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Salvador Barajas del Toro: Con su permiso, Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Por los motivos expuestos por los anteriores oradores, tanto del Presidente de la Comisión de Reforma Agraria como de la diputada Irma Piñeyro, fueron precisamente los justificantes para proponer esta iniciativa el pasado 17 de abril y, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, agradecemos y reconocemos el trabajo de la Comisión de Reforma Agraria de esta Cámara de Diputados, en donde se le reconozca el derecho al concubinato. Con lo cual garantizaremos que todas esas parcelas que se enajenen, verdaderamente sigan para lo que en la finalidad de la Ley de Reforma Agraria fue enfocado.

Que la gente que vive en las comunidades rurales, y en los núcleos agrarios, siga conservando las actividades para lo que fueron creadas. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Barajas. Tiene la palabra el diputado Isidro Pedraza Chávez, de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Isidro Pedraza Chávez: Gracias, compañeros. Compañero Presidente, compañeros diputados, compañeras diputadas, en la fracción del PRD hemos analizado el alcance de esta reforma particular al artículo 80 de la Ley Agraria, que efectivamente ---como se ha escuchado aquí por los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra--- busca darle certeza jurídica a dos actores que están presentes cotidianamente en la vida del ejido, como es la concubina o el concubinario.

De alguna forma esta ley ---la vigente--- se pretende a la hora de la venta de la parcela, que se tome en cuenta que el titular de la parcela puede decidir vender su parcela, pero debe informar, debe tener conocimiento de su concubina para que este acto tenga alcance legal y tenga fuerza legal.

Con la reforma se pretende otorgar a la concubina o al concubinario, certidumbre legal, puesto que en la actualidad esta figura está presente en distintas comunidades rurales, sin que se reconozca este derecho.

En materia agraria, el derecho de tanto, o el derecho de preferencia, no sólo radica respecto del bien cuyo dominio se ejerce en mancomún, sino por el contrario, la legislación agraria vigente establece un régimen jurídico propio, conforme al cual resulta indispensable que se notifique de la pretendida transmisión del dominio a título oneroso de los derechos parcelarios al cónyuge, hijos del titular de tales derechos, a efecto de que estén en posibilidad de ejercer el derecho de preferencia aludido, so pena de decretar la nulidad de la venta.

Esta parte que se ha estado incluyendo es muy importante porque efectivamente, a veces de manera unilateral, el titular de la parcela decidía enajenarla sin darle derecho de tanto al hijo, a la concubina y de alguna manera se lesionaba el derecho que tenían ellos, porque en muchos casos los hijos mayores son los que ayudan a sus ancianos padres a financiar las actividades agrícolas en este sentido.

Por eso creemos que es importante entregar esa certidumbre jurídica. Por eso en la fracción del Partido de la Revolución Democrática vamos y llamamos a votar a favor de esta modificación, a nuestros compañeros diputados y a los compañeros diputados de diferentes fracciones parlamentarias de esta Cámara. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Valentina Batres Guadarrama, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una propuesta de adición en el inciso b).

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Gracias, señor Presidente. Solamente para pedir a mis compañeros diputados y compañeras diputadas que podamos incluir en el texto del dictamen de la Comisión, una garantía de nulidad que ya venía expresada en el articulado anterior, antes de este dictamen, que es referente a que si no se hiciese la notificación a los familiares para notificarles su derecho del tanto, la venta podrá ser anulada.

Solamente incluyo una oración. Quedaría así el inciso:

b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes en ese orden gozarán del derecho del tanto, el cual deberá ejercer dentro del término de 30 días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal efecto.

La idea es agregarle: ``si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada''. Es la única inclusión que se pediría para que no se pierda la garantía de nulidad, porque estoy a favor de que se mejore el articulado en pro de los familiares.

Por esa razón pido al pleno que podamos votar a favor de esta inclusión en el dictamen de la comisión. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la... Vamos a poner a votación si se admite a discusión. No se está votando. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la proposición presentada por la diputada Valentina Batres.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se admite. Está a discusión la proposición presentada por la diputada Valentina Batres. ¿Algún diputado quiere hacer uso de la palabra?

En virtud de que no hay oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por la diputada Valentina Batres, con apoyo ---entiendo--- de la misma comisión que presenta el dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta hecha por la diputada Valentina Batres. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se acepta. No habiendo oradores en pro ni en contra, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta en votación económica, en lo general y en lo particular, con la adición propuesta... Ya está suficientemente discutida, no hay oradores.

Abrase por 10 minutos el sistema para que en votación nominal se pueda recibir la votación para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, con la modificación propuesta por la diputada Valentina Batres.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, con la modificación hecha por la diputada Valentina Batres y aceptada por la asamblea.

(Votación)

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz:

La diputada María Oralia Vega Ortiz (desde la curul) A favor.

El diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco (desde la curul): A favor.

El diputado Humberto Dávila Esquivel (desde la curul): A favor.

El diputado Raúl Ríos Gamboa (desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Ángel González Salum (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se emitieron 359 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Aprobado en lo general y en lo particular, por 359 votos, el proyecto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez



LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 7o., de la Ley General de Educación. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y análisis la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII del artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo de la Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, a efecto de incentivar una cultura para la no violencia.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39, 44 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículo 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente:

Proyecto de Dictamen

Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del día 30 de marzo de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa por la que se adiciona la fracción XIII del artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario del PRI de la LIX Legislatura, y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.

Descripción de la Iniciativa

La iniciativa de referencia señala en su exposición de motivos que ``en tiempos recientes la sociedad mexicana se ha visto inmersa en una ola de violencia que ha afectado todos los estratos socioeconómicos''. ``Esta violencia --se argumenta--, está originada por el narcotráfico, la falta de oferta de empleo, salarios no remunerados (sic), corrupción y sobre todo por la perdida de valores, agravado por la cultura de la no legalidad y exaltación a la violencia'', por lo que para la proponente, ``la violencia se manifiesta actualmente como una forma de cultura (sic)''.

De acuerdo con la iniciativa ``...la violencia se debe combatir no sólo con acciones punitivas por parte del Estado, sino también a través de generar políticas educativas para crear elementos que permitan una formación cultural en los educandos a la no violencia como una forma de vida''.

Finalmente, la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo considera que ``...un elemento importante para abatir la delincuencia y en consecuencia la violencia es a través de la educación, considerando que para crear una nueva sociedad que viva en armonía y en plenitud se requiere crear en las nuevas generaciones una cultura que permita la interacción de la ciudadanía en el pleno goce de sus obligaciones, derechos y prerrogativas que como seres humanos y ciudadanos mexicanos tenemos derecho a disfrutar''.

Por lo anterior se propone reformar el artículo 7 de la Ley General de Educación, en los siguientes términos:

``Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
...
XIII. ``Desarrollar una cultura por la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones.''

Consideraciones de la Comisión

Desafortunadamente, como se manifiesta en la exposición de motivos de la iniciativa, en los últimos años nuestro país se ha visto inmerso en una ola de violencia verdaderamente alarmante. Y no sólo eso, sino que la violencia, además de incrementarse cuantitativamente y en su grado de peligrosidad, es cada vez más precoz. Especialistas afirman que las edades de iniciación en el crimen tienen una tendencia a reducirse, de manera que cada vez tenemos delincuentes más jóvenes 1 .

Si bien esta Comisión está de acuerdo en lo general con la Proponente, se considera que la educación deberá ser un medio a través del cual se forme a niños, niñas y jóvenes no sólo para el desarrollo de una cultura por la no violencia, sino orientar la formación hacia una cultura de paz y no violencia.

En este sentido, el marco internacional definido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante la proclamación en 1998 del Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo 2001-2010 2 , establece que:

• ``... se causan enormes daños y padecimientos a los niños mediante diversas formas de violencia en todos los planos de la sociedad en el mundo entero y que una cultura de paz y no violencia promueve el respeto a la vida y a la dignidad de todo ser humano, sin prejuicios ni discriminaciones de ninguna índole...'';
• la educación debe desempeñar la función de ``... forjar una cultura de paz y no violencia, en particular mediante la enseñanza de la paz y la no violencia a los niños...'';
• `` que la promoción de una cultura de paz y no violencia para aprender a vivir juntos en paz y armonía... debería emanar de los adultos e inculcarse a los niños'';

Para atender estas resoluciones, en octubre de 1999, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz 3 . El artículo 1o. de esta Declaración establece que ``... una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en:

a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación...''

En el artículo 2 se define que ``El progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz se logra por medio de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida propicios para el fomento de la paz entre las personas, los grupos y las naciones.''

El Programa de Acción sobre una Cultura de Paz de la misma Declaración, dedica su apartado B a la previsión de medidas que se puedan adoptar a nivel nacional, regional e internacional. El punto 9 de este apartado propone las medidas para promover una cultura de paz por medio de la educación, estableciendo entre las principales acciones, la necesidad de:

``a) ...
b) Velar porque los niños, desde la primera infancia, reciban instrucción sobre valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que les permitan resolver conflictos por medios pacíficos y en un espíritu de respeto por la dignidad humana, de tolerancia y no discriminación;
c) Hacer que los niños participen en actividades en que se les inculquen los valores y los objetivos de una cultura de paz;
d) ...
e) Promover la revisión de los planes de estudio, incluidos los libros de texto...;''

Por otra parte, José Palos Rodríguez, catedrático de la Universidad de Barcelona, propone algunos de los principios de una educación para la paz y la no violencia, entre los que destacamos 4 :

• Educar para la paz supone enseñar y aprender a resolver los conflictos.
• Educar para la paz es una forma particular de educar en valores.
• Educar para la paz es una educación desde y para la acción.
• Educar para la paz desde el curriculum escolar implica darle una dimensión transversal de forma que afecte a todos los contenidos de todas las áreas o disciplinas que se estudian pero también a la metodología y organización de la escuela.

A mayor abundamiento, en la Declaración de México sobre Educación en Derechos Humanos en América Latina y el Caribe ( 1 de diciembre de 2001), el gobierno mexicano se comprometió, entre otras medidas a ``incluir en los planes nacionales de educación temas de derechos humanos, paz y democracia, a la par de diseñar políticas multisectoriales, interdisciplinarias e interculturales de educación en derechos humanos''.

Si bien es cierto que en cumplimiento de estas disposiciones el gobierno ha implementado diversos programas y proyectos considerados como estratégicos para fomentar y desarrollar la cultura de los derechos humanos, como el Programa de Educación de los Derechos Humanos y el Programa Nacional de Derechos Humanos, en donde 20 acciones-compromiso le corresponden a la Secretaría de Educación Pública, la realidad es que falta mucho por hacer.

Por lo anterior, la Comisión considera importante que se defina en el marco legal vigente la necesidad de promover a través de la educación la formación de niños, niñas y jóvenes hacia una cultura por la paz y la no violencia, lo cual orientará la revisión de los planes y programas de estudio para asegurar que en las escuelas se fomente el respeto a los derechos humanos y se promueva la cultura por la paz y por la no violencia.

Considerando lo anterior, y estando de acuerdo en lo general con los postulados que se definen en la iniciativa presentada por la diputada Gastélum Bajo en la LIX Legislatura, esta Comisión reconoce que, si bien la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación dispone que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares tendrá la finalidad de ``Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos''; y que la fracción III del artículo 8 de la misma Ley prescribe que la educación que imparta el Estado ``Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos'', es importante y necesario insistir sobre la promoción de una cultura por la paz y la no violencia.

En este sentido, se estima oportuno añadir a la propuesta de iniciativa que la educación que imparta el Estado tendrá el fin de desarrollar, además de la cultura de la no violencia, la cultura por la paz.

Asimismo, en razón de que el 2 de julio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición de la fracción XIII del artículo 7 de la Ley General de Educación y que como se señaló, en la fracción VI del mismo artículo se agrupan principios relacionados al valor de la justicia, observancia de la ley, igualdad de los individuos y el respeto de los derechos humanos, se propone que la presente propuesta se incorpore al texto de esta fracción VI.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

Artículo Único. Se reforma la fracción VI de artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

I. a V. ...
VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como promover el desarrollo de una cultura por la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones y propiciar el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;
VII. a XIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Rodríguez Manzanera, Luis. Criminología. México, Editorial Porrúa, 2003:507.2 Organización de las Naciones Unidas. Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo (2001--2010). Resolución A/RES/53/25 aprobada en la Asamblea General de la ONU, el 19 de noviembre de 1998. Quincuagésimo tercer periodo de sesiones. Nueva York, EUA, 1998.3 Organización de las Naciones Unidas. Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. Resolución A/RES/53/243 aprobada en la Asamblea General de la ONU, el 6 de octubre de 1999. Nueva York, EUA, 1999.4 Palos Rodríguez, José. Educación y Cultura de Paz. Universidad de Barcelona. Organización de Estados Iberoamericanos, España (s/f).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza , Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola , Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández , María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica).»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Solares Chávez, por la comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Miguel Ángel Solares Chávez: Con su venia, diputado Presidente. Diputadas y diputados:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y análisis, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII del artículo 7o., de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, a efecto de incentivar una cultura para la no violencia.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento en la normatividad vigente, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente proyecto de dictamen.

La iniciativa de referencia señala en su exposición de motivos, que en tiempos recientes la sociedad mexicana se ha visto inmersa en una ola de violencia que ha afectado todos los estratos socioeconómicos. Esta violencia, se argumenta, está originada por el narcotráfico, la falta de oferta de empleo, salarios no remunerados, corrupción y sobre todo por la pérdida de valores, agravado por la cultura de la no legalidad y exaltación a la violencia.

Por lo que para la proponente la violencia se manifiesta actualmente como una forma de cultura. La proponente afirma que un elemento importante para abatir la delincuencia, y en consecuencia la violencia, es a través de la educación, considerando que para crear una nueva sociedad, que viva en armonía y en plenitud, se requiere crear en las nuevas generaciones una cultura que permita la interacción de la ciudadanía en el pleno goce de sus obligaciones, derechos y prerrogativas que como seres humanos y ciudadanos mexicanos, tenemos derecho a disfrutar.

Por lo anterior propone reformar el artículo 7o. de la Ley General de Educación en los siguiente términos:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

Fracción XIII. Desarrollar una cultura por la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones.

Al respecto, la comisión considera que desafortunadamente, como se manifiesta en la exposición de motivos de la iniciativa, en los últimos años nuestro país se ha visto inmerso en una ola de violencia verdaderamente alarmante y no solo eso, sino que la violencia además de incrementarse cuantitativamente y en su grado de peligrosidad, es cada vez más precoz.

Especialistas afirman que las edades de iniciación en el crimen tienen una tendencia a reducirse, de manera que cada vez tenemos delincuentes más jóvenes. Si bien esta comisión está de acuerdo en lo general con la proponente, se considera que la educación deberá ser un medio a través del cual se forme a niños, niñas y jóvenes, no sólo para el desarrollo de una cultura por la no violencia, sino orientar la formación hacia una cultura de paz y no violencia.

En ese sentido, el marco internacional definido por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, mediante la proclamación en 1998, del Decenio Internacional de una Cultura de Paz y no Violencia para los Niños del Mundo 2001-2010 establece que se causan enormes daños y padecimientos a los niños mediante diversas formas de violencia en todos los planos de la sociedad en el mundo entero. Y que una cultura de paz y no violencia, promueve el respeto a la vida y a la dignidad de todo ser humano, sin prejuicios ni discriminaciones de ninguna índole.

La educación debe desempeñar la función de forjar una cultura de paz y no violencia. En particular mediante la enseñanza de la paz y la no violencia a los niños. Que la promoción de una cultura de paz y no violencia, para aprender a vivir juntos en paz y armonía, debería emanar de los adultos e inculcarse a los niños.

Para atender estas resoluciones, en octubre de 1999 la asamblea general de la ONU aprobó la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. El artículo 1o. de esta declaración establece que una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación.

El programa de acción sobre una cultura de paz de la misma Declaración dedica su apartado B a la previsión de medidas que se puedan adoptar a nivel nacional, regional e internacional.

Establece que se debe velar porque los niños desde la primera infancia reciban instrucción sobre valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que les permitan resolver conflictos por medios pacíficos y en un espíritu de respeto por la dignidad humana de tolerancia y no discriminación. Hacer que los niños participen en actividades en las que se les inculquen los valores y los objetivos de una cultura de paz. Promover la revisión de los planes de estudio, incluidos los libros de texto.

A mayor abundamiento, en la Declaración de México sobre Educación de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, del primero de diciembre de 2001, el gobierno mexicano se comprometió, entre otras medidas, a incluir en los planes nacionales de educación temas de derechos humanos, paz y democracia, a la par de diseñar políticas multisectoriales, interdisciplinarias e interculturales de educación de derechos humanos.

Considerando lo anterior y estando de acuerdo en lo general con los postulados que se definen en la iniciativa presentadas por la diputada Gastélum, en la LIX Legislatura, esta comisión reconoce que si bien la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación dispone que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares tendrá la finalidad de promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos, en ese sentido se estima oportuno añadir a la propuesta de iniciativa que la educación que imparta el Estado tendrá el fin de desarrollar, además de la cultura de la no violencia, la cultura por la paz.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación

Para quedar como sigue:

Artículo único. Se reforma la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, quedando como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

Fracción VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como promover el desarrollo de una cultura por la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones y propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 20 de noviembre de 2007.

Diputadas y diputados, la Comisión de Educación y Servicios Educativos de esta honorable Cámara de Diputados los invita a votar a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Miguel Ángel Solares. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios los siguientes diputados y las siguientes diputadas: la diputada Blanca Luna Becerril , de Nueva Alianza, el diputado Abundio Peregrino García , del Partido del Trabajo y la diputada María del Carmen Pinete Vargas , del PRI.

Tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Luna Becerril , del Partido Nueva Alianza.

La diputada Blanca Luna Becerril: Gracias, con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.

La diputada Blanca Luna Becerril: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es innegable que hoy día vivimos una fuerte crisis social. En algunos lugares del país ocurren situaciones de violencia, discriminación, intolerancia, apatía, conflictos sociales, crímenes y el escepticismo, por un futuro mejor.

Como parte de la historia actual de México, realidad que nos lleva a revisar cotidianamente el papel que juega la educación dentro de la sociedad y no sólo desde el punto de vista de la educación formal, sino de la contribución de la comunidad, los medios de comunicación y la escuela, hagan por una cultura por la paz.

Por esto insistimos que para Nueva Alianza superar la crisis actual sólo es posible mediante una educación de calidad, que transforme las estructuras sociales, que permita la promoción de una cultura por la paz y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

El desarrollo de una cultura en pro de la paz y no la violencia exige el respeto y la tolerancia de todas las diferencias de género, de pertenencia étnica y cultural, de ideas y de países. No hay color de la piel ni persona que no merezca el trato respetuoso y digno que queremos para nosotros mismos. La paz exige respetar los derechos humanos, empezando por los de quienes la sociedad ha marginado.

Los valores y las actitudes se aprenden. En este sentido, la educación de la promoción de la paz y la no violencia deben alimentarse de hechos y actitudes. Entendamos de una vez que sólo por medio de la educación podemos eliminar la cultura de la violencia, de la imposición y de la discriminación en otra forma de convivencia comprometida con el diálogo, el respeto, la tolerancia y la solidaridad.

Nueva Alianza apoya este dictamen como parte del esfuerzo y compromiso que el Estado, la sociedad y las instituciones educativas deben realizar para enfrentar este desafío. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Tiene el uso de la tribuna el diputado Abundio Peregrino García, del Partido del Trabajo.

El diputado Abundio Peregrino García: Con su venía, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Abundio Peregrino García: Amigas diputadas y amigos diputados, éste es un tema del día muy importante al que seguramente debemos darle la justa dimensión.

La corrupción en todos los ámbitos es sinónimo de prostitución y lamentablemente los niños, niñas y jóvenes son quienes más cargan con los errores de nosotros los adultos. Por eso este tema que hoy se presenta es de mucha envergadura, al que debemos dar el valor que merece.

Nos parece que los maestros y maestras de México están cumpliendo su misión, pero no podemos dejarles la carga de toda la sociedad, porque desafortunadamente lo que los maestros hacen durante cinco horas de labores, la televisión en un programa de violencia lo borra en 30 minutos.

Lo que nosotros realizamos haciendo actos que los niños ven con sus propios ojos, también dañamos la buena conducta de esos jóvenes y de esas niñas y esos niños. Nos parece que debíamos, los diputados, ver como prioritario que todas las niñas y todos los niños en México gocen de alimentación sana, que debían prohibirse todos los alimentos chatarra en las escuelas, que finalmente es violación a la alimentación en nuestros niños.

Deberían tener salud gratuita, para que sean niños sanos, y una educación de calidad. Por eso señalamos, como Partido del Trabajo, que la violencia se debe acabar en toda la dimensión de la palabra.

Creo que esta iniciativa que la Comisión de Educación presenta ante todos ustedes es loable de considerarse y tomarse en cuenta. Como fracción del Partido del Trabajo estaremos votando a favor, señalando que la cultura por la paz y la no violencia debe ser una obligación de todos los adultos, para un reconocimiento a los derechos humanos de aquellos que más lo necesitan, que son las niñas y los niños de México. Muchas gracias, señoras diputadas y señores diputados.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Abundio Peregrino. Esta Presidencia informa de la presencia de estudiantes de la Universidad Politécnica delEstado de Tlaxcala, y de estudiantes de la Escuela Bancaria y Comercial. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra la diputada María del Carmen Pinete Vargas , del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas: Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, estamos convencidos en que la consolidación de una cultura de derecho, como fundamento del Estado democrático, precisa en diversas reformas a nuestros sistemas normativos vigentes.

Sabemos que la cultura de los derechos humanos es una responsabilidad compartida entre todos los poderes y ámbitos de gobierno: los organismos públicos de derechos humanos, partidos políticos, instituciones públicas y privadas, y la sociedad civil.

De ninguna manera podemos olvidar que, en los momentos más trascendentales de nuestra nación ha existido un vínculo claro entre el avance de la protección de los derechos humanos y la lucha por la libertad, la democracia y la justicia. De ahí, la necesidad de impulsar una política de Estado en materia de protección, promoción y defensa de los derechos humanos.

Bajo el anterior orden de ideas, hablar de retos y desafíos de los derechos humanos en México es referirse a la posibilidad de llevar a cabo una reingeniería estructural del andamiaje institucional y legal, que toque la médula de los sistemas jurídico, político, económico, social y cultural del país.

Muchos son los temas que resulta urgente atender. En todos y cada uno de los sectores que integran la sociedad existe una flagrante violación a los derechos fundamentales. Si miramos a los menores de edad, sabemos que son víctimas de explotación sexual, laboral, de violencia, de abandono, de humillaciones, muchos de ellos carecen de educación y de una adecuada alimentación. ¿Cuándo van a tener acceso a espacios recreativos?

De igual manera, todos sabemos lo que pasa con los hombres y las mujeres de la tercera edad, con los indígenas, con las personas con capacidades diferentes y con los demás grupos en estado de vulnerabilidad.

Por ello la urgente necesidad de tomar conciencia, desde el ámbito institucional hasta el individual, de la existencia y vigencia de los derechos humanos. No podemos negar que prevalece una falsa idea de lo que son estos derechos.

La mayoría de la gente en las calles percibe que los derechos humanos han sido creados para proteger delincuentes. Así lo manifiesta el taxista, así lo manifiesta el ama de casa, el ingeniero, el estudiante y/o el obrero, entre otros.

Además, entre la sociedad existe el estereotipo de que el derecho es manipulable. De que la fragilidad de la ley facilita todo tipo de arreglos y desarreglos, de que se puede justificar con igual razón tesis contrapuestas acomodadas de acuerdo con el interés del cliente.

En este sentido, uno de los grandes retos, recordando al gran jurista mexicano Diego Valadés, y al propio Bobbio, es interesarnos de manera verdadera por el indiscutible nexo entre el derecho, la educación y la cultura.

Bajo este orden de ideas es que tenemos ante nosotros el gran reto de vincular el tema de los derechos humanos, no sólo al sistema jurídico, sino al sistema económico, al político, y desde luego articulado, al sector educativo. Por ello, es este último de donde parte el rumbo y es lo que queremos para que nuestra nación sea grande, próspera y muy sólida.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está cierto de que sólo por medio de la educación se podrá establecer una nueva cultura de respeto a la no violencia y a la legalidad.

Estamos ciertos de la obligación de las instituciones, particularmente de la escuela: velar por los niños y las niñas, desde la infancia y que reciban instrucción sobre valores y actitudes, comportamientos y estilos de vida que les permitan resolver conflictos por medios pacíficos y en un espíritu de respeto por la dignidad humana, de tolerancia, de no discriminación y de respeto a la ley, fortalecida ésta con lo bien aprendido en el hogar.

Por lo anterior, pedimos su consideración y su voto favorable para este dictamen a discusión que adiciona la fracción VI al artículo 7o. de la Ley General de Educación. Es cuanto, señor Presidente. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada María del Carmen Pinete.

No existiendo más oradores inscritos para fijación de posiciones de los partidos políticos, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Háganse los avisos a que se refiere el artículos 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Voy a solicitar a las diputadas y a los diputados que no abandonen el salón de sesiones, dado que el próximo dictamen se procesará de manera muy ágil, y entonces daremos cinco minutos para la votación. Muchas gracias.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Sigue abierto todavía el sistema. De viva voz:

La diputada Lourdes Quiñones Canales (desde la curul): A favor.

El diputado José Martín López Cisneros (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Altamirano Toledo (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Señor Presidente, se emitieron 359 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular, por 359 votos, el proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de esta honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Antecedentes

La iniciativa que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2138 del jueves 23 de noviembre de 2006, presentada al Pleno de esta Cámara el mismo día, por el diputado Apolonio Méndez Meneses , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.

Una vez recibida y previo estudio de la misma, se preparó un proyecto de dictamen a favor, el cual fue presentado a la consideración y discusión de esta comisión, que lo aprobó en sesión de fecha 17 de octubre de 2007, con 15 votos a favor, ninguno en contra, sin abstenciones ni votos particulares.

Contenido de la iniciativa

La finalidad primordial de la iniciativa en estudio es excluir del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo la materia de la propiedad industrial, para tal efecto el iniciante propone el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...
...
Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, propiedad industrial, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el Título Tercero A.

En la exposición de motivos, el iniciante hace referencia a que ``antes de la reforma de 2000, los procedimientos relativos a los medios de defensa en el ámbito de la propiedad industrial se veían en primera instancia vía juicio de amparo, a través de los juzgados de distrito en materia administrativa y en revisión ante los tribunales colegiados de circuito.

Al día de hoy, con la reforma de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (...), se incorpora, (...) una etapa más a la resolución final de un asunto: el trámite del recurso de revisión o la tramitación de un procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al trámite de un Juicio de Garantías...''

Y determina que ``este cambio tiene un costo para el particular en plazos importantes''.

De lo que se desprende la pertinencia y necesidad de la reforma planteada.

Por otra parte, podemos decir que, desde su promulgación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo tuvo la finalidad de garantizar la seguridad jurídica del gobernado, a través de la supresión de la lentitud de gran parte de los trámites realizados ante la administración pública federal.

Consideraciones

Primera. Que el 4 de agosto de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Procedimiento Administrativo vigente, cuyo objeto (de acuerdo con la iniciativa que le dio origen) es lograr una actuación unitaria, congruente y sistemática de la administración pública federal. De igual manera se subrayó que no se dejaba de reconocer que por la pluralidad de actividades que puede y debe desarrollar la administración pública, era necesario contar con procedimientos especiales (como los que se establecen en la Ley de la Propiedad Industrial). De esta forma, dicha propuesta unificó lo que se encontraba disperso en diferentes leyes, fijando de manera clara los principios fundamentales de competencia, los elementos del acto administrativo, etcétera.

También estableció el ámbito de aplicación de la ley, de modo que en la actualidad es aplicable a toda la administración pública federal (centralizada y paraestatal), con excepción de algunas dependencias y entidades, en razón de las funciones que les tienen encomendadas la propia Constitución y diversos ordenamientos legales.

En razón de lo anterior y debido a sus características particulares, se considera atinada la exclusión de la materia de propiedad industrial del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De esta forma, sería el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y no los tribunales de lo contencioso administrativo los que resolvieran los asuntos de la materia.

Segunda. Que es menester hacer notar que cuando se promulgó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sólo contemplaba a las dependencias de la administración pública centralizada en su ámbito de aplicación (dejando fuera a las entidades que conforman la administración pública paraestatal). Fue, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril del año 2000, que se incluyó lo relativo a la propiedad industrial. Además, la finalidad de la citada reforma fue, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, ``fortalecer la política de mejora regulatoria, otorgarle un sustento jurídico pleno y asegurar su continuidad.'' Para ello se amplió el ámbito de aplicación de la mejora regulatoria a materias como concesiones, adquisiciones y obras públicas, seguridad social y normas oficiales mexicanas, con el propósito de dar transparencia y seguridad jurídica. Sin embargo, esta reforma implicó (en lo referido a la materia de propiedad industrial), que los particulares necesitaran agotar el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, respecto de los actos de autoridad de los organismos descentralizados (como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), previo a la promoción del Juicio de Amparo.

Tercera. Que la Ley de la Propiedad Industrial, promulgada el 27 de junio de 1991, tiene por objeto tutelar los derechos de propiedad industrial (que son los conferidos a las personas sobre las creaciones de su mente), de conformidad con el artículo 2o. de la misma:

• Estableciendo las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;
• Promoviendo y fomentando la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;
• Propiciando e impulsando el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;
• Favoreciendo la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;
• Protegiendo la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen y regulación de secretos industriales;
• Previniendo los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y
• Estableciendo condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.

Así, podemos decir que la principal finalidad social de la protección de los derechos de propiedad industrial es alentar y recompensar el trabajo creador.

Cuarta. Que el Estado mexicano es parte del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es uno de los anexos del convenio internacional por el que se crea la Organización Mundial del Comercio. Éste es el acuerdo multilateral internacional más completo en la materia de la propiedad intelectual y establece las normas mínimas de protección a los derechos de propiedad intelectual que ha de prever cada país miembro.

De esta manera, el citado Acuerdo establece en su artículo 41, relativo a la sección 1, ``Obligaciones Generales'', de la Parte III, ``Observancia de los derechos de propiedad intelectual'', que:

Artículo 41
1. Los miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.
2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.
3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.
4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.
5. Queda entendido que la presente parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general.

De lo anterior se desprende la obligación por parte del Estado Mexicano, de asegurar la observancia de los derechos en esta materia a través de procedimientos ágiles, medidas cautelares y sanciones eficientes, obligación que se cumplirá adecuadamente con la aprobación de la presente iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de la Función Pública de la LX Legislatura somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

...

Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, propiedad industrial, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A.

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 17 de octubre de 2007.
La Comisión de la Función Pública, diputados: Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), presidente; José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano , secretarios; Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez , Alma Edwviges Alcaraz Hernández , Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres , María Eugenia Campos Galván , Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Mario Enrique del Toro (rúbrica), Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Arturo Flores Grande , Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez , Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez , Rafael Plácido Ramos Becerril , Marcos Salas Contreras (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Ramón Valdes Chávez.»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Tiene la palabra el diputado Apolonio Méndez Meneses, por la comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Apolonio Méndez Meneses: Con su permiso, señor Presidente.

El dictamen que la Comisión de la Función Pública pone a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados es el resultado del consenso logrado entre los diferentes grupos parlamentarios representados en la comisión.

Actualmente en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se excluyen de su aplicación diversas dependencias y entidades, en razón de las funciones que se les tienen encomendadas por la propia Constitución y diversos ordenamientos legales. Por lo que en el análisis realizado a la misma, por la comisión, se considera atinada la exclusión de la materia de la propiedad industrial del ámbito de la aplicación de dicha ley.

Debido a la importancia y necesidad de la especialización del tema de la propiedad industrial, esta comisión considera que no deberían de ser los tribunales de lo contencioso administrativo los que tuvieran estos asuntos, sino el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como organismo especializado en dicho tema.

Por otro lado, la principal finalidad social de la protección de los derechos de propiedad intelectual es alentar y recompensar el trabajo creador y no hacer más lentos y onerosos los procedimientos relativos como lo son actualmente en razón de que esto desalienta a los creadores.

En este sentido, en la Comisión de la Función Pública, luego de un minucioso análisis, se determinó que la iniciativa que se discute encaminará al sistema actual de protección de los derechos de propiedad industrial a otorgar una mayor agilidad a los procedimientos de protección de dichos derechos.

Por otra parte, podemos decir que desde su promulgación la Ley Federal de Procedimiento Administrativo tuvo la finalidad de garantizar la seguridad jurídica del gobernado a través de la supresión de la lentitud de gran parte de los trámites realizados ante la administración pública federal.

Situación que se rompió con las reformas realizada a esta ley en el año 2000, ya que antes de esta reforma los procedimientos relativos a los medios de defensa en el ámbito de la propiedad industrial se veían en primera instancia vía juicio de amparo a través de los juzgados de distrito en materia administrativa y en revisión ante los tribunales colegiados de circuito.

Y con la mencionada reforma, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se incorporó una etapa más a la resolución final de los asuntos en esta materia.

El trámite del recurso de revisión o la tramitación de un procedimiento contencioso administrativo ante el tribunal de justicia fiscal y administrativa, previo al trámite del juicio de garantías, haciendo más onerosos para los particulares los asuntos relativos a la propiedad industrial, situación que se corregirá con la reforma planteada.

Finalmente, otra situación que se tomó en cuenta para realizar el presente dictamen, fue que al ser nuestro país parte del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual, que es el acuerdo multilateral internacional más completo en la materia en el que se establecen las normas mínimas de protección a los derechos de propiedad intelectual que ha de prever cada miembro, es necesario ajustar la legislación a lo que en él se prevé. Así, el Estado mexicano se obliga, de acuerdo con el artículo 41 de este instrumento internacional, a que

a) En nuestra legislación se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

b) Incluir recursos ágiles para proteger a estos derechos.

c) Que los procedimientos sean justos y equitativos.

d) Que los procedimientos no sean innecesariamente complicados o gravosos, ni comporten plazos injustificados o retrasos innecesarios, que es esencialmente la problemática que pretende resolver esta iniciativa.

De modo que del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual se desprende la obligación por parte del Estado mexicano de asegurar la estricta observancia de los derechos en esta materia a través de procedimientos ágiles, medidas cautelares y sanciones eficientes. Obligación que se cumplirá adecuadamente con la aprobación del presente dictamen.

Honorable pleno, la Comisión de la Función Pública solicita de ustedes su voto a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Apolonio Méndez. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

No habiéndose registrado diputadas o diputados para fijar la posición de sus grupos parlamentarios y tampoco habiéndose registrado para la discusión, en lo general y en lo particular, del artículo único del proyecto de decreto, se considera suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado por ejercer su voto? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que se emitieron votos... de viva voz. De viva voz:

El diputado René Lezama Aradillas (desde la curul): A favor.

El diputado Jaime Espejel Lazcano (desde la curul): A favor.

La diputada María Oralia Vega Ortiz (desde la curul): A favor.

El diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco (desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Portilla Diéguez (desde la curul) A favor.

El diputado Alejandro Sánchez Domínguez (desde la curul): A favor.

La diputada María Dolores González Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (desde la curul): A favor.

El diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (desde la curul): A favor.

La diputada Silvia Emilia Degante Romero (desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Ángel González Salum (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se informa a la Presidencia que se emitieron 349 votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular, por 349 votos, el proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY DE AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto, transitorio, de la Ley de Aguas Nacionales.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 87, 88, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 23 de mayo de 2007, el diputado César Horacio Duarte Jáquez , en nombre propio y de los senadores Fernando Baeza Meléndez y Gustavo Enrique Madero Muñoz, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio, de la Ley de Aguas Nacionales.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó la iniciativa de referencia a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

La comisión dictaminadora, procedió al estudio de la iniciativa materia de este dictamen, tomando en cuenta el siguiente

Contenido de la iniciativa

Los iniciadores señalan que entre todos los rezagos y problemas que afectan al campo mexicano, se encuentran indefiniciones respecto de la política hidráulica y de energía eléctrica, las cuales están a punto de agravarse, producto de una inadecuada coordinación interinstitucional y de la aplicación de medidas que pueden ocasionar conflictos sociales.

Refieren que en el país existen diez mil pozos, aproximadamente, operando en condiciones irregulares; de los cuales, la inmensa mayoría están destinados al uso agrícola, cuyos beneficiarios no cuentan con título de concesión en regla, debido a la desinformación, la transformación de los ejidos, el temor o apatía de los productores, los problemas administrativos o las deudas fiscales contraídas, así como factores estructurales de otra naturaleza.

Señalan que, ante tal irregularidad, en 1995, mediante decreto presidencial, se otorgaron facilidades administrativas y se condonaron contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, dedicados a actividades agrícola, silvícola, pecuaria, acuícola, industrial, comercial y de servicios.

Agregan que ante la magnitud del problema y los insuficientes resultados de la regularización, el 11 de octubre de 1996, se emitió un nuevo decreto, por el cual se extendió el plazo para la regularización fiscal y administrativa hasta el 31 de diciembre de 1998.

Desde entonces, sólo se han expedido tres decretos de condonación de adeudos a favor de municipios y entidades federativas, así como de organismos operadores y demás entes responsables de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento; sin embargo, continúa la explotación irregular de pozos con los efectos negativos señalados.

Expresan también que la Comisión Nacional del Agua ha aplazado prudentemente la cancelación definitiva de los pozos sujetos a explotación irregular, en el reconocimiento de la crisis productiva y social que podría generar la aplicación estricta de la normatividad vigente.

Los iniciadores exponen que las políticas y prácticas sustentadas en medidas técnicas y formales, no satisfacen objetivos de desarrollo y, en cambio, afectan negativamente a los productores y sus familias, al no reconocer aspectos no formales que deben tomarse en cuenta en la definición de tales políticas.

Señalan que la realidad indica que el aprovechamiento irregular de un alto porcentaje de los recursos hídricos, no es porque los productores busquen estar en la ilegalidad, sino porque se enfrentan a una regulación que les genera altos costos.

Advierten que al problema de la falta de incentivos para regularizar esta situación por los productores, se suma la presión ejercida por organismos suministradores de energía eléctrica que se niegan a proporcionar el servicio a quienes no cuentan con el título de concesión correspondiente. Consecuentemente, los campesinos que bombean agua para los distintos usos enfrentan el problema de pago de tarifas eléctricas más altas, ya que el ajuste al precio de suministro y venta de energía eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1999, establecía que para gozar del costo preferencial por suministro de energía eléctrica, los productores del campo debían proporcionar al suministrador copia del título de concesión, en el que se especificara que el destino del agua sería exclusivamente para el riego agrícola; en caso contrario, se les reclasificaría en la tarifa de uso general, la cual resulta mucho más alta que la tarifa subsidiada.

Agregan que para recibir la tarifa subsidiada para actividades agrícolas, los usuarios deben regularizar su situación fiscal y administrativa, y contar con su título de concesión en regla; asimismo, que esos títulos deben ser exclusivamente para uso agrícola, a pesar de que la mayoría de los mismos están otorgados para usos múltiples.

No obstante que mediante acuerdo relativo de septiembre de 2000, se estableció que: ``tratándose de títulos en los que se autoricen usos múltiples se requerirá que en ellos se contemple el de riego agrícola''; la Comisión Nacional del Agua los extiende simplemente como de uso múltiple, sin especificar el destino agrícola, por lo que la Comisión Federal de Electricidad, niega la aplicación del subsidio correspondiente, en perjuicio de los productores.

De tal manera, mientras la Comisión Nacional del Agua emite títulos de concesión múltiple, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza un subsidio al consumo de energía eléctrica para el bombeo de agua en el uso agrícola, lo cual genera iniquidad en el trato a los productores del campo que utilizan el agua tanto para el uso agrícola, como el pecuario y el doméstico.

Esta problemática, señalan los iniciadores, en relación con la explotación irregular de pozos, se agrava día tras día, por lo que plantean el siguiente proyecto de:

Decreto

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo décimo cuarto de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Décimocuarto. La Comisión dispondrá de un plazo no mayor de doce meses para estructurar y poner en funcionamiento el Programa de Cuenta Nueva y Borrón, entendiendo como cuenta nueva estar al corriente de sus obligaciones del ejercicio vigente y de los últimos cuatro ejercicios, en concordancia con el Código Fiscal de la Federación. En dicho programa se establecerá su vigencia.

Asimismo, la comisión establecerá un periodo de un año, a partir de la publicación de esta adición en el Diario Oficial de la Federación, para permitir regularizar la situación administrativa de los poseedores de títulos y permisos de aguas nacionales que, por diversas razones, no lo hubieren hecho, y aún aquellos, en caso de no hacerlo, se ajustarán a las sanciones que determine la comisión.

Para su debida observancia, cumplimiento y difusión, se publicará en el Diario Oficial de la Federación, así como en los principales diarios de circulación nacional.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez analizada la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos expresamos las siguientes

Consideraciones

Reconocemos válida la preocupación de los iniciadores, para atender el problema que representa la explotación clandestina del recurso hídrico, mediante el establecimiento de un periodo perentorio para regularizar concesiones y permisos para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales.

Coincidimos en los motivos expuestos en la iniciativa, en particular, en cuanto a la real existencia de miles de pozos explotados irregularmente, sobre todo para el aprovechamiento de las aguas nacionales en los usos agrícola, silvícola y pecuario, entre otros.

Reconocemos la prudencia con la que ha actuado la Comisión Nacional del Agua, evitando la cancelación definitiva de los pozos explotados irregularmente, en aras de evitar una crisis productiva y social.

Coincidimos en la necesidad de regularizar las autorizaciones para la explotación, uso o aprovechamiento del recurso hídrico, ya que además de posibilitar el control y administración más eficiente de las aguas nacionales, favorece la certeza jurídica de los usuarios para acceder, una vez regularizados los títulos de concesión correspondientes, a las tarifas subsidiadas para el consumo de energía eléctrica en el sector productivo del campo.

Dicha regularización dará continuidad a las campañas intensivas de difusión llevadas a cabo por la Autoridad del Agua, para prorrogar concesiones y, en consecuencia, dar oportunidad a los usuarios para que continúen en el ejercicio de los derechos de agua determinados en los títulos correspondientes.

Estimamos de gran importancia atender mediante la promoción y ejecución de la regularización en comento, el problema que bien plantean los iniciadores, y que cada día se agrava, adquiere mayor relevancia y exige una solución inmediata.

Sabemos que en 2004 y 2005, años en que la Comisión Nacional del Agua llevó a cabo las campañas de regularización arriba señaladas, no se tuvo la eficacia esperada con la regularización de concesiones.

En efecto, en el año 2004, de 8 mil 2 títulos por vencer, la campaña tuvo una eficiencia de 15 por ciento, quedando el 85 por ciento de los títulos sin regularizar, es decir, un total de 6 mil 813 concesiones vencidas.

En 2005 se regularizaron el 35 por ciento de los 6 mil 944 títulos por vencer en ese año; en consecuencia, se vencieron el 65 por ciento de los títulos, lo que representa un total de 4 mil 483 concesiones formalmente vencidas.

Por otra parte, sabemos que entre 2006 y 2009, concluye la vigencia de 172 mil 103 títulos, los cuales adicionados a las concesiones formalmente vencidas en los años 2004 y 2005, hacen impostergable la regularización que se plantea, y que es objeto del proyecto de decreto que nos ocupa.

No obstante la procedencia de adicionar un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio, de la Ley de Aguas Nacionales, para establecer el plazo de un año, a fin de que la Comisión Nacional del Agua implante una campaña de regularización administrativa de concesiones y permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, cuya vigencia haya concluido, estimamos pertinente modificar el texto propuesto por los iniciadores, sin alterar el sentido de la iniciativa, y dando mayor claridad a la disposición transitoria.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos presenta a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004.

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo pasando el actual a ser tercero del artículo décimo cuarto transtitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004, para quedar como sigue:

Ley de Aguas Nacionales

Transitorios

Décimo Cuarto. ...

Asimismo, la Comisión contará con un plazo de doce meses, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para llevar a cabo una campaña de regularización administrativa de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, cuya vigencia haya concluido. Los concesionarios que no gestionen la regularización de sus títulos en el plazo establecido, serán sancionados por la Comisión con arreglo a las disposiciones jurídicas aplicables.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2007.
Por la Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela , Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera , Apolonio Méndez Meneses , Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), secretarios; Pedro Armendáriz García , Edmundo Javier Bolaños Aguilar , Modesto Brito González (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Felipe González Ruiz , David Lara Compeán , Alma Lilia Luna Munguía , Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Inés Palafox Núñez , Francisco Javier Paredes Rodríguez , Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias , Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco , Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos .»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. Se han registrado para fijar la posición de los grupos parlamentarios las siguientes diputadas y los siguientes diputados: José Manuel del Río Virgen, por el Partido Convergencia; Sergio Augusto López Ramírez, por el Partido Verde Ecologista de México; César Duarte Jáquez, por el Partido Revolucionario Institucional; y Stefanonni Mazzocco, por el Partido Acción Nacional.

Diputado Javier Bolaños ¿con qué motivo?

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (desde la curul): Diputado Presidente. Únicamente para dejar por sentado mi extrañamiento, más allá del contenido que tiene esta reforma, de que haya sido una reforma que se está subiendo ya a votación y no se discutió en el pleno de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Únicamente quiero dejar por sentado mi extrañamiento por el procedimiento que se ha seguido al trámite de este dictamen.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Sí, diputado Javier González.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Muchísimas gracias, señor Presidente. Me interesaría mucho que la última intervención no quedase en términos de lo que el compañero dice.

Si es cierto que no se discutió en la comisión, perdónenme, no procede. Y, por tanto, lo que pido es que se aclare, porque si la intervención del compañero es cierta, no podemos votar.

Por favor, primero que la comisión explique qué es lo que sí es cierto, porque no quisiera que pasara así. Gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Sí, diputado. El dictamen lo tenemos aquí y se supone que la Junta de Coordinación Políticaincluso tuvo conocimiento de él. Tiene 16 firmas el dictamen, según lo que tenemos aquí en antecedentes. Yo le pediría al diputado presidente de la comisión que nos oriente al pleno sobre este procedimiento que se está llevando a cabo. Diputado Patrón Montalvo.

El diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo (desde la curul): Únicamente para informar que tenemos trabajando con este proyecto alrededor de 90 días. Que se hizo en primer lugar la entrega, a cada uno de los diputados miembros de la comisión, del anteproyecto. Posteriormente se pasó el proyecto ya en sí, y creo que las firmas que están allí son las que avalan la propuesta que se está haciendo.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Sí, diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Me parece, señor Presidente, que la observación que hizo nuestro diputado Javier Bolaños, y que fue ratificada por el coordinador del Grupo del Partido de la Revolución Democrática, Javier González Garza, en el sentido de que si la comisión no sesionó, entonces el dictamen debe retornar a Comisión.

El señor presidente de la comisión está hablando de que se trabajó durante 90 días, de que se recabaron firmas, pero creo que la observación que hizo mi compañero Javier Bolaños es que no se trató en la comisión en una discusión abierta, que es requisito previo, como señala la Ley Orgánica y el Reglamento, para que un dictamen pueda ser conocido por el pleno.

Entonces, yo apoyo la moción de Javier González Garza y de mi compañero Javier Bolaños, y que regrese a comisiones.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Tonatiuh Bravo, por favor.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias, Presidente. Para solamente adicionar lo que ya ha sido señalado, que tanto la Ley Orgánica como el Reglamento y los acuerdos parlamentarios vigentes señalan que debe publicarse convocatoria con 24 horas de antelación o 48 si no se está en periodo, debe estar publicada en la Gaceta Parlamentaria, debe estar contemplado el dictamen en el orden del día de la comisión y, como resultado, deben recabarse las firmas y debe existir el acta de la comisión en la que se haya votado.

Esas formalidades deben ser entregadas a la Mesa Directiva de la Cámara, para que la Mesa Directiva constate que se haya cumplido con esas formalidades. De tal manera que si no fue agendada en alguna reunión, ni hubo esa sesión de pleno de la comisión para pedir su voto y no fue publicada la convocatoria o incluida la misma en la Gaceta Parlamentaria, no cumple los requisitos y, por lo tanto, debe regresarse a comisión. Es el procedimiento, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias.

El diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Patrón Montalvo.

El diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo (desde la curul): Sí, mire. La idea es no generar polémica en este pleno. La idea es demostrar la transparencia que se siguió para sacar adelante este dictamen.

La idea es informar al pleno que quien está poniendo los antecedentes aquí de que no se discutió, tenemos todo el soporte de correos, tenemos todo el soporte de discusión que se dio durante este evento. Esta persona andaba fuera del país, a lo mejor lo que le falta es información. Sin embargo, si esto genera polémica lo regresamos a la comisión, aprovechamos el jueves, que ya tenemos convocada a la comisión, para sacar adelante ese tema.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado César Duarte.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Señor Presidente, solamente para dejar claro, como iniciador de esta reforma, que se presentó en la Comisión Permanente, en el mes de agosto, dejar claro que el procedimiento se siguió plenamente.

Que hay un interés de retardar un asunto que hay que resolver antes de fin de año, que debe entrar en vigor un proceso en enero, y que muchas presiones burocráticas se han dado en torno para no permitir que esto fluya. Por eso se ha llevado una serie de procesos y retardando el proceso legislativo, pero se cumplió plenamente en la comisión el tema.

Yo quiero sólo sentar el precedente. Y respaldo la posición que ha tomado el presidente de la comisión, para formalizar de nueva cuenta el tema. Pero fue desahogado en tiempo y en forma adecuadamente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Javier González.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Sí. Señor Presidente, nuestra posición tiene que ver con si se cumplieron o no los requisitos para poder llevar adelante el dictamen, porque estamos en contra de cierta práctica que tiene que ver con levantar firmas. No estoy diciendo que eso haya sido así.

Lo que digo es que no podemos permitir que algo no cumpla. Sé que hay una discusión, entiendo la posición de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional en el sentido de que sí se hizo.

Al final de cuentas, para no seguirlo discutiendo, yo también acepto la propuesta del presidente de la comisión, y que se pueda discutir en el pleno de la comisión el próximo jueves. Y seguramente se votará. No estamos discutiendo el fondo del asunto, en el cual estamos de acuerdo. Gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Bien.

El diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Patrón Montalvo, de nueva cuenta.

El diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo (desde la curul): Únicamente para reconfirmar que además de las 16 firmas que se tienen ahí, hay alrededor de de 13... 7 firmas del alcance de un acuerdo que se tuvo con el Grupo Parlamentario del PAN, que era la parte que faltaba para poder cerrar de manera unánime este proyecto.

Lo importante es que quede claro para la información del pleno, que se siguió el procedimiento correspondiente, que todos los compañeros diputados, en especial los miembros de la comisión, tuvieron la oportunidad de hacer los comentarios correspondientes.

Sin embargo, si es necesario que se regrese a la comisión, estamos en la mejor disposición únicamente de ratificar lo que ya está escrito en ese dictamen que tenemos y que ponemos a su consideración del pleno.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado.

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Javier Bolaños.

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (desde la curul): Gracias, diputado. Parece ser que no quedó claro lo que se planteó en un principio por parte mi compañero diputado, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

No estoy planteando un posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN. Lo que estoy diciendo es que estamos externando nuestro extrañamiento, y no sólo a título personal, porque no sesionó la comisión y no se aprobó en el seno del pleno de la comisión. Es lo que estoy diciendo.

No tenemos la intención de retardar por ningún motivo este dictamen. Sí queremos hacer algunas propuestas que pensamos que lo complementan; sin embargo, consideramos que si es válido recabar firmas aquí en el pleno del Congreso de la Unión para que se tome como procedimiento normal, que se me haga saber, y entonces retiramos nuestro extrañamiento. Pero en este momento afirmo que la comisión no sesionó para votar este dictamen.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Por último, vamos a escuchar al diputado Rubén Escajeda.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Solamente para ratificar lo que mi compañero presidente de la comisión hizo, en mi carácter de secretario de la propia comisión.

Es un tema que ha estado ya muy platicado y la prueba está en que la firma del diputado Edmundo Javier Bolaños aquí está, dentro de las 23 firmas que avalan este dictamen, aquí está la firma del compañero diputado.

Sin embargo, yo creo y propongo que debe someterse a votación hoy. Es un tema que durante mucho tiempo ya ha estado discutido adentro y afuera de la propia comisión. Aquí están las firmas, son 23.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Bien, diputado.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Javier González.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Muchísimas gracias. Creo que no deberíamos seguir esta discusión. Lo que tenemos en este momento es el ofrecimiento del presidente de la comisión para que la comisión sesione el jueves. En esa reunión seguramente se va a tomar una decisión. Así nos comprometemos, los representantes del PRD en esa comisión, a que se tome la decisión y que se haga todo guardando los procedimientos legislativos, sin aceptar ---porque no lo estoy haciendo--- que no se hayan guardado.

Pero me parece que eso da salida al punto, y creo que hay que aceptar la propuesta. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Esta Presidencia informa a todas y a todos ustedes que contamos con los elementos aquí, con las firmas de diputadas y de diputados, donde nos dice que con mayoría de 16 votaron a favor de este proyecto.

Sin embargo, vamos a seguir escuchando los comentarios y el mismo ofrecimiento del presidente de la comisión, del diputado presidente de esta comisión. Vamos a proceder de nueva cuenta a consultar a la asamblea si...

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: A ver, de nueva cuenta...

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): No tiene por qué ser consultada la asamblea, señor Presidente. Me parece que el presidente de la comisión, y así lo ha dicho el diputado Javier González Garza, ya está de acuerdo en que se regrese a comisión y que se efectúe la sesión correspondiente. Por favor, yo le suplicaría que dé usted el trámite y continuemos la sesión.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado, le informo a usted que éste es un procedimiento que ya venía avanzado, que se dispensó por el pleno. Usted votó a favor, incluso, de la dispensa de la segunda lectura. Pasó la primera, se dispensó la segunda, y estábamos en la discusión.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: A ver, vamos a darle la palabra al diputado Del Río Virgen.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señor Presidente. Hay un ofrecimiento del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Además, el tema es demasiado importante, se trata de regularizar más de 10 mil concesiones de pozos.

Si lo votamos el próximo jueves no pasaría nada, y la verdad es que permitiría adicionar algunos pequeños detalles que el dictamen podría fortalecer. Yo estoy de acuerdo con el presidente de la comisión, que en todo caso, para cerrar el debate regrese a comisiones, y podamos discutirlo el próximo jueves. Gracias, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Creo que ése será el resultado. Solamente debemos encontrar cómo procesamos esta situación.

El diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Patrón Montalvo.

El diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo (desde la curul): Únicamente para la información del pleno, de que el tema está completamente discutido, tan está discutido que hay 16 firmas, más 7 firmas de alcance y únicamente lo estamos poniendo a consideración del pleno, si ven alguna situación, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se regrese. Pero también queremos dejar clara la posición de la comisión, en el sentido de que esto ha sido completamente discutido.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Horacio Duarte.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Presidente, solamente para dejar muy claro que el proceso legislativo va encaminado. Usted ha planteado bien que se le debe dar una salida a este procesamiento.

Hay disposición de la presidencia de la comisión, a que se regrese. Se ha discutido, se ha consensuado, hay 23 miembros de esa Comisión que están de acuerdo con el dictamen.

Pero debemos darle una suspensión al procedimiento, y en este sentido debe quedar claro que se ha interrumpido el proceso de algo que tenía un consenso y que en términos de formas fue cumplido estrictamente por la comisión. Eso debe quedar muy claro, y también que se asiente que este asunto ha tenido presiones extraordinarias más allá de esta Cámara y es la razón que ha venido alargando este procesamiento.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Bien, diputado, gracias.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Cárdenas Fonseca.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Señor Presidente, ha quedado evidente aquí que no sesionó la comisión, y eso es la litis.

El día de mañana cualquier dictamen va a salir en lo oscurito porque hacen mayoría otros grupos y entonces no vamos a estar dando cumplimiento al proceso legislativo. Cuidado con esa sorpresa, señor Presidente, y con esa permisibilidad, por favor.

Dos, lo que un servidor sugiere y así ha estado planteado por dos bancadas, es que se reponga el procedimiento, independientemente de que equivocadamente hayamos dispensado lectura o no se haya dispensado lectura por otros.

Lo que aquí quedó evidente es que no sesionó la comisión, y entonces es facultad de usted interpretar los ordenamientos jurídicos, y no necesita someter a votación del pleno, sino simplemente regresarlo a la comisión, para que se reponga el procedimiento en los términos que están establecidos en los reglamentos y en las leyes que nos regulan. Le suplico entonces, señor Presidente, que en uso de sus facultades, regrese a la comisión para que se reponga el procedimiento del dictamen.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muy bien, diputado, sólo que sus señalamientos tendrían que ser a sus propios coordinadores de procesos parlamentarios de las fracciones, para que estén atentos a esta situación.

Voy a regresar el presente dictamen a la comisión, con fundamento en el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General. Lo regresamos a comisiones.



DIA DEL QUIMICO

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión con punto de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputado María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor.. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se autoriza.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que declare el 1 de diciembre de cada año como Día del Químico, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a declarar el 1 de diciembre de cada año como Día del Químico.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) a g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, en sentido positivo, con modificaciones, basándose en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha veintiséis de abril de dos mil siete, la diputada Beatriz Eugenia García Reyes , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, presentó la proposición con punto de acuerdo para declarar el 1 de diciembre de cada año como Día del Químico.

II. Con la misma fecha, veintiséis de abril de dos mil siete, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Gobernación, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. El ocho de noviembre de dos mil siete se presentó al pleno de la Comisión de Gobernación el proyecto de dictamen sobre el particular, que fue aprobado.

Establecidos los antecedentes, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponen las siguientes

Consideraciones

1. La proposición con punto de acuerdo propone que el 1 de diciembre de cada año sea celebrado como el Día del Químico para reconocer a los profesionales de esta ciencia que han contribuido al bienestar de la sociedad mexicana.

2. La diputada proponente señala que la química es un patrimonio universal, ya que los avances en esta ciencia han logrado la manufactura de productos que garantizan mayor calidad de vida, desde la salud, la alimentación o la higiene hasta las que nos permiten disfrutar de mayor bienestar.

3. Igualmente, señala que el papel de la química en nuestro país no ha sido la excepción, duplicando la esperanza de vida en los últimos 100 años y garantizando la mayor calidad de vida para la sociedad mexicana, además de que los medicamentos y fármacos que protegen nuestra salud o los productos que permiten el rendimiento de las cosechas, el agua potable o la confección de ordenadores son posibles gracias a la ciencia, a las empresas y a los profesionales de la materia.

4. Concluye la exposición de motivos de la proposición con punto de acuerdo señalando que tres grandes científicos mexicanos han sido galardonados con reconocimientos internacionales por el valor de sus aportaciones a la humanidad: Andrés Manuel del Río, descubridor del vanadio; Luis E. Miramontes, inventor del primer anticonceptivo oral y galardonado con el Premio ``Andrés Manuel del Río'' en 1986; y, tal vez el más importante, Mario José Molina Henríquez, quien el 11 de octubre de 1995 recibió el Premio Nobel de Química, debido a sus investigaciones sobre las emisiones de gases --los clorofluorocarburos, o CFC-- que dañan la capa de ozono del planeta.

5. Compartimos el entusiasmo y las consideraciones que llevan a la diputada proponente al planteamiento de este exhorto, ya que un sector importante de mexicanos estudia o dedica su labor profesional a alguna de las disciplinas relacionadas con la química, aportando sus conocimientos en la industria manufacturera o de servicios, por lo que es loable que un día al año sea dedicado a reconocer sus notables y nobles aportaciones en bien de la nación mexicana y de la humanidad entera.

6. Asimismo, esta comisión considera que la enseñanza e investigación de la química en el país han rebasado las fronteras mexicanas, como demuestran los premios internacionales, el Nobel de Química y el Premio Príncipe de Asturias, obtenidos por connacionales distinguidos, por lo que la calidad de la enseñanza e investigación en las facultades de química de las universidades que imparten la enseñanza de esta ciencia está al nivel de las instituciones más importantes del mundo.

7. Por lo expuesto, se considera viable exhortar al Poder Ejecutivo para que declare el 1 de diciembre de cada año como el Día del Químico.

Por lo expuesto, los diputados de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que declare el 1 de diciembre de cada año como el Día del Químico, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 8 de noviembre de 2007.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello , María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez , Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega , Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia , Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido.



ESTADO DE VERACRUZ

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a diversas autoridades a implantar acciones y programas de protección para los bosques de la sierra de Zongolica y las altas montañas del volcán Pico de Orizaba, en Veracruz

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente número 1889, que contiene la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a implantar acciones y programas de protección para los bosques de la sierra de Zongolica y las altas montañas del volcán Pico de Orizaba, en Veracruz, presentado por la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 26 de abril de 2007, la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a implantar acciones y programas de protección para los bosques de la sierra de Zongolica y las altas montañas del volcán Pico de Orizaba, en Veracruz; y

Segundo. En la misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide con la diputada promovente en que la conservación de los recursos forestales del país debe ser un tema de la más alta prioridad. De hecho, la comisión recuerda que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se ha establecido el tema ``bosques y agua'' como uno de los temas prioritarios para el desarrollo nacional.

La situación que prevalece en la sierra de Zongolica y las altas montañas del volcán Pico de Orizaba, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es preocupante. En esos sitios se ha identificado que la alta marginación social, la proliferación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, la promoción del cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias, la tala clandestina, los incendios forestales inducidos y la persistencia de conflictos agrarios por tenencia de la tierra han propiciado la alarmante pérdida de cubierta forestal.

Zongolica se halla en la zona centro del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, entre las coordenadas 18° 40' latitud norte y 97° 00' longitud oeste. El municipio ``limita al norte con [los municipios de] Tequila y Olmealca, al este con [el municipio de] Tezonapa, al sur con el estado de Puebla y al oeste con [los municipios de] Mixtla y Los Reyes''.1

Dicho municipio tiene un clima templado-húmedo con una temperatura media de 17.4° Celsius. Por lo que se refiere a la hidrología, los ríos Altotolco, Moyoatempa y Santiago, tributarios del río Tonto, cruzan el territorio de Zongolica. La vegetación predominante es el bosque alto perennifolio y el bosque tropical caducifolio, destacando las especies de cedro, palo mulato y guarumbo. 2

Por otra parte, el municipio de Orizaba se localiza en la zona centro montañosa del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, justo sobre el valle del Pico de Orizaba, entre las coordenadas 18° 51'' latitud norte y 97° 06'' longitud oeste. El municipio ``limita al norte con [los municipios de] Mariano Escobedo e Ixhuatlancillo, al este con [el municipio de] Ixtazoquitlán, al sur con [el municipio de] Rafael Delgado, al oeste con [el municipio de] Río Blanco''. 3

Los recursos hidrológicos del municipio de Orizaba provienen de ríos tributarios del río Blanco. El clima es templado-húmedo, con temperatura promedio de 18° Celsius. La vegetación predominante es bosque frío de pino, en el que destacan especies como pino colorado y ayacahuite. La fauna está representada por especies de mamíferos menores y gran diversidad de aves propias de climas fríos, templados y bosques de niebla. 4 De hecho, el 16 de diciembre de 1936 se decretó el área natural protegida Pico de Orizaba con carácter de parque nacional, el que aún no cuenta con el programa de manejo respectivo.

La situación de los recursos forestales en los municipios de Zongolica y Orizaba es delicada, por lo que no es de sorprender que diferentes organizaciones no gubernamentales hayan llamado la atención de las autoridades para prevenir los incendios forestales, así como para erradicar tanto la tala como el tránsito ilegales de madera y productos forestales.

Por lo que se refiere a los incendios forestales, durante el periodo que va del 1 de enero al 5 de julio del presente año, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se presentaron 137 incendios forestales, que afectaron una superficie de mil 235.50 hectáreas de pastizal, arbolado adulto, renuevo, arbustos y matorrales. 5 Durante la semana del 29 de junio al 5 de julio de 2007, en el estado se registró sólo un incendio, que afectó una superficie de 0.50 hectáreas de arbustos y matorrales. 6

Si bien es cierto que en esta temporada de incendios forestales el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no ha sido de los más afectados, como es el caso de los estados de Tabasco, Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Guerreo y Michoacán de Ocampo, sí es importante que las autoridades competentes mantengan una estricta vigilancia a fin de prevenir la ocurrencia de más incendios.

En el caso de programas forestales, concretamente Proárbol, este año se aprobaron 61 proyectos para reforestación en el municipio de Zongolica y 2 en el de Orizaba, por un monto superior a 1 millón 166 mil pesos. El área por reforestar en ambos municipios cubre una superficie de mil 120.5 hectáreas. 7 No obstante, los legisladores integrantes de esta comisión dictaminadora estiman necesario aplicar efectivamente programas educativos, preventivos y productivos en los tres niveles de gobierno que, por una parte, promuevan el uso racional de los recursos forestales y, por otra, erradiquen la tala clandestina y el tráfico ilegal de madera y productos forestales, ya que hasta ahora parecería que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha centrado sus actividades de inspección y vigilancia forestal en el estado de México.

De igual forma, esta comisión ordinaria considera que aun cuando se han llevado a cabo esfuerzos para frenar el deterioro y la pérdida de cubierta forestal, tendrán que implantarse políticas estrictas para recuperar la superficie deforestada en el periodo 1993-2000 que ocurrió a razón de 776 mil hectáreas por año. 8 Este tipo de políticas, además de otorgar recursos financieros y en especie, deben establecer sinergias que permitan solucionar los problemas que propician la deforestación.

Por otra parte, los integrantes de esta comisión dictaminadora reconocen que también los fenómenos meteorológicos pueden contribuir a la activación de incendios forestales, como fue el caso de la surada que se registró en los primeros días de febrero y que afectó 11 municipios y mil 436 viviendas de la zona centro del estado. La surada es un viento fuerte de aire caliente que puede ocasionar daños severos no sólo al recurso forestal sino, también, a la población si no se aplican las medidas de prevención correspondientes. Al respecto es oportuno recordar que aun cuando el gobierno estatal procedió a solicitar la declaratoria de emergencia por la surada mediante oficio número 036/2007, fechado el 2 de febrero de 2007, la Secretaría de Gobernación consideró improcedente dicha solicitud por no ajustarse a los requisitos establecidos en las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Tomando en cuenta lo anterior, esta comisión ordinaria estima improcedente el punto primero del resolutivo propuesto por la diputada promovente, que a la letra dice: ``Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Coordinación General de Protección Civil realice las actividades de apoyo necesarias a la población de la sierra de Zongolica y las altas montañas del pico de Orizaba, en el estado de Veracruz''.

Ello, en razón de que aun cuando es importante que la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Gobernación, atienda las solicitudes de declaratoria de emergencia o desastre natural, la elaboración de dicha solicitud es responsabilidad del estado afectado, por lo que si ésta no cumple los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Fonden en tiempo y forma, no hay nada que esta soberanía pueda hacer para exigir la liberación de recursos a fin de atender contingencias climáticas o desastres naturales.

Por lo expuesto, los integrantes de la comisión ordinaria que suscriben el presente dictamen se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y en coordinación con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, implante de manera urgente acciones contundentes de inspección y vigilancia forestal para detener la tala inmoderada, así como el tránsito ilegal de madera y productos forestales, de la cual es objeto la zona de la sierra de Zongolica y las altas montañas del volcán Pico de Orizaba, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, e informe a esta soberanía acerca del resultado de dicha gestión.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por medio de sus órganos de control verifique el cumplimiento, con la mayor brevedad, del destino de los recursos asignados a los programas de desarrollo forestal, pago de servicios ambientales forestales y programa de servicios ambientales en plantaciones agrícolas y cadenas productivas agroforestales aplicables a los municipios de Zongolica y Orizaba, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, e informe a esta soberanía acerca del resultado de dicha gestión.

Notas: 1 ``Zongolica, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave'', Enciclopedia de los Municipios, en: http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/30201a.htm. Página consultada el 10 de julio de 2007.2 Ídem.3 ``Orizaba, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave'', Enciclopedia de los Municipios, en http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/30118a.htm. Página consultada el 10 de julio de 2007.4 Ídem.5 Conafor, 2007, ``Información estadística. Datos acumulados'', Reporte semanal de resultados de incendios forestales, 2007, datos acumulados del 1 de enero al 5 de junio de 2007, México, página 8.6 Ídem, página 6.7 Véase Conafor, 2006, ``Subcategoría C.1.1. Reforestación'', Solicitudes apoyadas y no apoyadas Proárbol, 207, Veracruz. México, páginas 20, 23 y 24.8 Semarnat, ``Vegetación y uso del suelo'', Informe de la situación del medio ambiente en México, 2005, México, página 75.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados, a 16 de octubre de 2007.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández , José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González , Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón , Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz , José Ascención Orihuela Bárcenas , Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz .»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.



CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir Tabasco en el proyecto Corredor Biológico Mesoamericano

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Hacienda y Crédito Público de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2131, que contiene la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales --por conducto de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad-- y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir a Tabasco en el Proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano, presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que el día 14 de marzo de 2007, se publicó en Gaceta Parlamentaria, por la Mesa Directiva, una lista de acuerdos de modificación de turno de todas aquéllas proposiciones con punto de acuerdo a las que se haya asignado un turno plural de comisiones unidas, para el efecto de que únicamente se mantenga el turno de la comisión ordinaria mencionada en primer lugar, debido a esta reasignación el turno de la presente proposición con punto de acuerdo, corresponde únicamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2 fracción XXIV; y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 9 de noviembre de 2004, la entonces diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que por conducto de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir a Tabasco en el Proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano;

Segundo. En esa misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, mismo que quedó pendiente de elaboración y aprobación;

Tercero. El 7 de febrero de 2007 la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta soberanía estableció los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y que quedaron pendientes de aprobación;

Cuarto. El 14 de marzo de 2007 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó sobre la modificación del trámite dictado a las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura que aún se encontraban pendientes de dictamen o resolución en comisiones. Así, el turno que originalmente se concedió a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Hacienda y Crédito Público fue modificado turnándose exclusivamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La región mesoamericana comprende un área de 769 mil kilómetros cuadrados dentro del territorio de 8 países latinoamericanos: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Panamá, en los que habitan más de 34 millones de personas. Además, en la zona se encuentra presente entre el 7 y el 10 por ciento de la diversidad biológica mundial, lo que explica la existencia de 30 eco-regiones, 60 tipos de vegetación, 24 mil especies de flora, de las cuales el 21 por ciento es endémica; 521 especies de mamíferos y 1 mil 393 especies de aves. 1

Debido a la envergadura de la región, los primeros esfuerzos por establecer un mecanismo de protección y conservación de la diversidad biológica se remontan a la década de los años 70. En esa época sólo se lograron establecer 25 áreas naturales protegidas, pero no existía un mecanismo de cooperación regional que permitiera proteger de forma conjunta el patrimonio natural de la región. A finales de la década de los años 80 con el desarrollo del concepto y la teoría de ``corredores biológicos'' 2 resurge la inquietud de conservar la zona mediante el establecimiento de un corredor biológico.

En 1997, los ministros o secretarios de Medio Ambiente de la región firmaron una declaración conjunta en la que se definió al Corredor Biológico Mesoamericano como un: ``sistema de ordenamiento territorial compuesto por áreas naturales bajo regímenes de administración especial, zonas núcleo, de amortiguamiento, de usos múltiples y áreas de interconexión organizado y consolidado que brinda un conjunto de bienes y servicios ambientales a la sociedad centroamericana y mundial, proporcionando los espacios de concertación social para promover la inversión en la conservación y uso sostenible de los recursos.'' 3

Simultáneamente, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), presentó al Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) la propuesta para el establecimiento del programa para consolidar el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM). Además de promover la conservación de la diversidad biológica de la zona, el CBM se estableció con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

El componente mexicano del CBM comprende 5 corredores biológicos ubicados en Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, a saber: Selva Maya-Zoque (norte de Chiapas), Sierra Madre del Sur (sur de Chiapas), Sian Ka'an-Calakmul (Campeche), Sian Ka'an-Calakmul (Quintana Roo y costa norte de Yucatán). Los cuatro estados que participan en el proyecto forman una conexión natural con las regiones de Centro y Sudamérica, por lo que no sorprende que compartan ciertas características como: gran variedad de climas, ecosistemas, y especies. Tan sólo Chiapas tiene el 10 por ciento de especies de flora de todo el país. Yucatán y Quintana Roo concentran en sus costas gran variedad biológica.

En México el CBM trabaja en cuatro áreas y ocho líneas estratégicas. Las áreas son las siguientes: diseño y monitoreo de corredores biológicos, reorientación de políticas públicas, uso sustentable de la biodiversidad que promueva prácticas productivas, y administración y coordinación para la implementación del proyecto. Las líneas estratégicas son: ecoturismo; agricultura, ganadería, agrosilvicultura y prácticas pecuarias sustentables; producción de café, miel y palma; producción forestal; economía ambiental; vida silvestre; monitoreo y evaluación e intercambio de saberes.

Hasta el mes de abril de 2007 el proyecto CBM-México había concluido 48 consultorías, 61 todavía se encuentran en curso, además de que se tienen programadas 113 más. Algunos ejemplos de las consultorías que ya han concluido por línea estratégica son: 4

1. Ecoturismo

• Documento de difusión (video) del turismo patrimonial comunitario sustentable en la Selva Lacandona.

2. Agricultura, ganadería agrosilvicultura, prácticas pecuarias sustentables

• Integración de los corredores biológicos con los programas de desarrollo y políticas públicas mediante la estrategia de formulación y consenso de proyectos productivos estratégicos. Ello se realizó a través de plantaciones forestales comerciales campesinas, producción y comercialización de guaqueques, modernización y transformación sustentable de la cafeticultura.

3. Café, miel y palma

• Estudio para fundamentar la obtención de una denominación de origen de café sustentable de la Sierra Madre de Chiapas.

4. Producción forestal

• Diagnóstico de los sistemas de silvicultura y de caoba en los corredores de la Península de Yucatán.

5. Economía ambiental

• Diseño, identificación de fuentes de financiamiento e implementación y evaluación del componente de economía ambiental del CBM.

6. Vida Silvestre

• Establecimiento de un Sistema de Unidades de Manejo de la Vida Silvestre (Umas) en el CBM, región de la península de Yucatán.

7. Monitoreo y evaluación

• Análisis de los principales programas públicos que favorecen y o amenazan la conservación y biodiversidad de los corredores biológicos.

8. Intercambio de saberes

• Estrategia de conservación del Proyecto península de Yucatán.

Esta comisión dictaminadora considera importante mencionar que a partir de la reunión con representantes del Banco Mundial llevada a cabo a principios de este año se exploró la posibilidad de extender la implantación del proyecto hasta el año 2009. Ello con objeto de consolidar el proyecto en el sureste mexicano además de extender el modelo a todo el país mediante el establecimiento de una política nacional de corredores biológicos.

En ese sentido cobra relevancia la proposición formulada por el Partido Verde Ecologista de México en el sentido de incluir a Tabasco en este proyecto. Tabasco junto con Veracruz de Ignacio de la Llave, es la puerta de entrada al sureste mexicano, con una extensión territorial de 24 mil 661 kilómetros cuadrados. Se divide en dos provincias fisiográficas: la llanura costera del golfo Sur y la provincia de las sierras de Chiapas y Guatemala. El estado alberga en promedio el 23 por ciento de la biodiversidad nacional de vertebrados y 53 por ciento de los humedales de agua dulce de la nación.

Tabasco es considerado como una de las regiones más lluviosas del país. En la zona costera la precipitación es mayor a los 1 mil 500 milímetros y se incrementa gradualmente conforme se avanza hacia el sur donde se registran volúmenes de 4 mil milímetros en la zona de Teapa y en los alrededores de las sierras Madrigal y Tapijulapa. Desde el punto de vista hidrológico merece especial mención el complejo sistema de escurrimientos relacionados con fenómenos de carácter geológico, climático y biológico que se desarrollan en extensas llanuras, deltas, sistemas lagunares, esteros, pantanos y marismas, que se extienden de forma paralela al litoral por más de 160 kilómetros entre los ríos Tonalá, San Pedro y San Pablo. De igual forma, el estado cuenta con tres de los ríos más caudalosos del país: Mezcalapa, Grijalva y Usumacinta, así como los sistemas lagunares de El Carmen-Pajonal-Machona y Mecoacán. 5

Los ecosistemas característicos de Tabasco son las selvas alta perenifolia y mediana subperenifolia; sabana, pantano, manglar, sistema lagunar continental y costero; así como pastizal inducido. Esta diversidad de ecosistemas representa una gran riqueza biológica y genética generadora de una amplia gama de servicios ambientales invaluables. Se tienen identificadas 100 mil hectáreas con recursos forestales que representan el 4 por ciento de la cobertura vegetal del estado. De éstas 45 mil hectáreas de selvas y acahuales que se encuentran en manchones de regular tamaño en zonas de la sierra de los municipios de Huimanguillo, Teapa, Tacotalpa, Macuspana y Tenosique; 40 mil hectáreas de manglar que constituyen la vegetación representativa de los sistemas lagunares de Cárdenas, Paraíso y Centla; 10 mil hectáreas de tintales y 5 mil hectáreas de encinares.

Entre las especies de flora que se encuentran en Tabasco destacan: amargoso (Astronium graveolans), mangle botoncillo (Conocarpus erectus), mangle blanco (Laguncunaria racemosa), mangle negro (Avicennia germinans), mangle rojo (rizophora mangle), gusano prieto (Ormosa isthmensis), palma escoba (Cryosophila argentea), vainilla (vanilla planifolia), junco de bejuco (Chamaedorea elatior).

Por lo que se refiere a las especies de fauna silvestre, en el estado se encuentran: jaguar (Panthera onca), nutria de río (lontra longicaudis), tigrillo (leopardus pardalis), oso hormiguero (tamandua mexicana), cacomixtle tropical (bassariscus sumichrasti), tlacuache arborícola (caluromys derbianus), murciélago de pata larga (macrophyllum macrophyllum), ardilla voladora del sur (glaucomans volans), cigüeña jaribú (jaribu mycteria), pato real (cairina moschata), loro corona blanca (Pionus senilis), boa (Boa constrictor ), tortuga guao (Staurotypus tripocratus), rana de Brown (Rana brownorum), cecilia mexicana (Dermophis mexicanus). 6

En Tabasco existen un total de 13 áreas naturales protegidas de carácter federal. Estas se encuentran localizadas en los municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Teapa y Tenosique. De éstas destaca la reserva de la biosfera ``Pantanos de Centla'', que cubre una superficie de 302 mil 706 hectáreas y se localiza en los municipios de Centla, Jonuta y Macuspana. La reserva alberga una gran riqueza biótica y una abundancia de recursos que hacen de ella una de las más altas en productividad biológica en el trópico húmedo.

Aunado a lo anterior, en Tabasco se encuentran las regiones terrestres prioritarias RTP-142 El Manzanilla l, RTP-143 Lagunas de Catazaja- Emiliano Zapata, RTP-144 Pantanos de Centla; Región Marina Prioritaria RMP-53 Pantanos de Centla-Laguna de Términos; Región Hidrológica Prioritaria RHP-83; Río Tonalá, RHP-89 Río Tulipa-Altos de Chiapas, RHP-90 Laguna de Términos-Pantanos de Centla, RHP-91 Balancan, y el Área de Importancia para la Conservación de Aves AICA-SE-10 Pantanos de Centla.

No obstante esta riqueza biológica, Tabasco ha sufrido una degradación ambiental drástica en los últimos 50 años, resultado del esquema de desarrollo agropecuario e industrial impuesto en la región. Una forma para detener este deterioro y propiciar la conservación en la zona, además de propiciar el desarrollo de actividades productivas sustentables para las comunidades locales es la inclusión del Estado de Tabasco en el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano.

Más aún, los integrantes de esta comisión dictaminadora conscientes de lo trascendental que resulta la conservación del capital natural mexicano y de su importancia para el desarrollo socioeconómico, se permiten modificar el exhorto que se dictamina para incluir en el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano a los estados de Oaxaca y Veracruz de Ignacio de la Llave, que también pertenecen a esta importante bioregión.

Al respecto es primordial recordar que Oaxaca tiene una contrastante diversidad biológica y cultural, y sigue siendo considerado como el estado de mayor riqueza biológica del país por el número total de especies registradas hasta el momento, que además forma parte de la región mesoamericana. El territorio de Oaxaca es atravesado por las Sierras Madre Oriental y Occidental en dirección este-oeste. Éstas albergan bosques conservados y funcionales de entre los que destaca la conexión de selvas altas y bosques de pino-encino de la sierra Norte-Chinantla y las selvas húmedas de Chimalapas, así como el amplio corredor de selvas secas que van desde los límites con Guerrero hasta Chiapas en la Sierra Sur, costa e istmo de Oaxaca. 7

Oaxaca tiene 7 áreas naturales protegidas a nivel federal: una reserva de la biosfera ``Tehuacán-Cuicatlán; tres parques nacionales: Huatulco, Benito Juárez, y las Lagunas de Chacahua; un monumento nacional, Yagul y dos santuarios playa Escobilla y playa Bahía de Chacahua.

Entre las especies de flora silvestre destacan: caoba (swietenia macrophylla), ramón (brosimum alicastrum), chicozapote (manilkara zapota), huesito (zinowiewia integerrima), cedro (cedrela odorata), majahua (heliocarpus appendiculatus), palma camedora (chamaedorea sp.), hoja fresca (dendropanax arboreus), molinillo (quararibea sp.), cedrillo (guarea glabra), jobo (spondias sp.), tzitsum (astrocaryum mexicanum), matamba (desmoncus chinantlensis), palo mulato (bursera simaruba), alacrán (zanthoxylum sp.), ramón colorado (trophis racemosa), huichichi (pseudolmedia oxyphyllaria), pimienta gorda (pimenta dioica).

Algunas de las especies de fauna silvestre que se pueden encontrar en este estado son: murciélago pescador (Noctilio leporinus), ardilla (Sciurus aureogaster), ratón de campo (Liomys pictus), rata jabalina (Sigmodon mascotensis), zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), coyote (Canis latrans), ocelote (Leopardus pardalis), pecarí de collar (Tayassu tajacu), oso hormiguero (Tamandua mexicana), puma (Puma concolor), venado cola blanca (Odocoileus virginianus), entre otros.

Entre los anfibios destacanlos siguientes: sapo marmoleado (Bufo marmoreus), rana arborícola (Hhyla sartori) y rana trilobata (rana trilobata). También se han registrado los siguientes mamíferos marinos: delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), delfín moteado (Stenella attenuata), delfín girador (Stenella longirostris), orca pigmea (Feresa attenuata), orca falsa (Pseudorca crassidens), delfín gris (Grampus griseus), calderón negro (Globicephala macrorhynchus) y ballena jorobada (Megaptera novaeangliae). Entre las formaciones coralinas destacan los corales hermatípicos: Pocillopora damicornis, P. capitata, P. verrucosa, P. meandrina, P. eydouxi, P. inflatans, Pavonea gigantea, P. clivosa, P. varians, Porites panamensis.

Aunado a lo anterior, en Oaxaca se encuentran las regiones terrestres prioritarias RTP-121 Sierra Tehuacan-Cuicatlán, RTP-125 Cerros Negro Yucaño, RTP-126 Sierras Trique--Mixteca, RTP-127 El Tlacuache, RTP-128 Bajo Río Verde-Chacahua, RTP-129 Sierra Sur y Costa de Oaxaca, RTP-130 Sierras del Norte de Oaxaca-Mixe; RTP-132 Selva Zoque-La Sepultura; regiones marinas prioritarias RMP-33 Copalalpa-Punta Maldonado, RMP-24 Chacahua-Escobilla, RMP-35 Puerto Angel-Mazunte, RMP-36 Huatulco, RMP-37 Laguna Superior e Inferior, RMP-38 Laguna Mar Muerto, RMP-39 Puerto Arista, RMP-40 Corredor Puerto Madero, RMP-41 Plataforma Continental Golfo de Tehuantepec, RMP-43 Tehuantepec; regiones hidrológicas prioritarias RHP-31 Río Verde-Laguna de Chacahua, RHP-78 Presa Miguel Alemán-Cerro de Oro, RHP-81 Cuenca Media y Alta del Río Coatzacoalcos, RHP-84 Chimalapas; áreas prioritarias para la conservación de las aves AICA-C-13 Sierra Norte, AICA-C-17 Laguna de Miahuatlán, AICA-C-33 Tlaxiaco, AICA-C-66 Cerro Piedra Larga, AICA-SE-11 Chimalapas, AICA-SE-49 Cerro de Oro, AICA-SE-57 Presa Temascal, AICA-SE-59 Laguna de Manialtepec, AICA-SE-60 Laguna de Chacahua-Pastoría. 8

Por su parte, el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que también se encuentra en la región mesoamericana, cuenta con 5 áreas naturales protegidas federales: la reserva de la biosfera Los Tuxtlas y los parques nacionales Cañón del Río Blanco, Cofre de Perote, Pico de Orizaba y Sistema Arrecifal Veracruzano.

Algunas de las especies de flora que se encuentran en el estado son: Palo dulce (pithecelobium vulcanorum), la orquídea bletia purpurea, la epífita encychlia biculus, las palmas chamaedorea metallica y chamaedorea bractescen.

En cuanto a las especies de fauna silvestre se encuentran las aves: Aix sponsa, Anas crecca carolinensis, Anas fulvigula A, Anas platyrhynchos, Anas acuta tzitzihoa, Anas discors, Anas cyanoptera y Anas clypeata, guacamaya verde (Ara militarias) y guacamaya roja (Ara macao). También se encuentran los insectos: Mimon bennettii, Mycronycteris megalotis, Mycronycteris sylvestris, Phyllostomus discolor.

En Veracruz de Ignacio de la Llave se encuentran las regiones terrestres prioritarias RTP-102 Bosques Mesófilos de la Sierra Madre Oriental, RTP-103 Laguna de Tamiahua, RTP-105 Encinares Tropicales de la Planicie Costera Veracruzana, RTP-105 Cuetzalan; RTP-122 Pico de Orizaba-Cofre de Perote, RTP-124 Humedales del Papaloapan, RTP-132 Selva Zoque-La Sepultura; las regiones marinas prioritarias RMP-48 Tecolutla, RMP-49 Laguna Verde-Antón Lizardo, RMP-50 Sistema Lagunar Alvarado, RMP-51 Los Tuxtlas, RMP-52 Delta del río Coatzacoalcos; las regiones hidrológicas prioritarias RHP-70 Cuenca Oriental, RHP-75 Confluencia de las Huastecas, RHP-76 Río Tecolutla, RHP-77 Río la Antigua, RHP-79 Humedales del Papaloapan, San Vicente y San Juan, RHP-80 Los Tuxtlas, RHP-81 Cuenca Media y alta del Río Coatzacoalcos, RHP-82 Cuenca Media y Alta del Río Uxpanapa, RHP-83 Cabecera del Río Tonalá, y las áreas de importancia para la conservación de las aves AICA-C-20 Sierra de Zongolica, AICA-C-50 Humedales de Alvarado, AICA-SE-01 Metlac, AICA-SE-03 Centro de Veracruz, AICA-SE-04 Los Tuxtlas, AICA-SE-48 Uxpanapa.

De forma general, lo anterior demuestra la riqueza biológica de Tabasco, Oaxaca y Veracruz de Ignacio de la Llave, misma que es importante conservar no sólo por el valor que representa para la investigación científica o la viabilidad de muchos ecosistemas, sino también para la preservación del propio Corredor Biológico Mesoamericano. Finalmente es oportuno mencionar que esta propuesta cuenta con el respaldo de la Dirección General del Corredor Biológico Mesoamericano así como de las autoridades ambientales de los estados involucrados.

Estamos convencidos de que al incluir a estos tres estados en el Proyecto CBM se comprenderá prácticamente la totalidad de la región mesoamericana que se encuentra en México y con ello se propiciará la implantación de diversos procesos de planeación comunitaria y organizacional que contribuirán enormemente a la promoción del desarrollo sustentable a nivel local, por lo que tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, los integrantes de la comisión que suscriben el presente dictamen se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que --por conducto de la Comisión Nacional para el Aprovechamiento y Uso de la Biodiversidad-- se incluya a Tabasco, Oaxaca y Veracruz de Ignacio de la Llave en el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 recursos para que los estados de Tabasco, Oaxaca y Veracruz de Ignacio de la Llave sean incorporados al Programa del Corredor Biológico Mesoamericano.

Notas: 1) Guzmán, A; Raine, M y Rodríguez, A.. The Mesoamerican Biological Corridor: Multilateral Efforts to Promote Sustainable Development . World Bank, en breve junio 2003, número 27, página 2.2) Por corredor biológico se entiende al espacio geográfico delimitado que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat naturales o modificados, y asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos. ``El Corredor Biológico Mesoamericano''. Biodiversitas , Año 7, número 47 marzo 2003, página 2.3) Idem. páginas 2 y 3.4) Semarnat-Conabio-CBMM. Resumen de indicadores de desempeño de consultorías . Corredor Biológico Mesoamericano-México. Informe de Avances al 30 de abril de 2007 . México, páginas 71, 73, 74, 77, 78, 80, 81 y 85.5) Información proporcionada por la Subsecretaría de Protección Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca de Tabasco, el 14 de junio de 2007.6) Idem.7) Información proporcionada por la Dirección General del Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca el 23 de mayo de 2007.8) Ver Regiones Prioritarias para la Conservación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. En: www.conabio.gob.mx
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández , José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González , Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón , Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas , Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz .»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.



PROTECCION DE LOS RECURSOS FORESTALES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al procurador federal de Protección al Ambiente a intensificar las campañas y los programas destinados a la protección de la cubierta vegetal del territorio mexicano

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente número 1920, que contiene la propuesta con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al procurador federal de Protección al Ambiente a intensificar las campañas y los programas destinados a la protección de la cubierta vegetal del territorio mexicano.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, los integrantes de esta comisión ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 26 de abril de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al procurador federal de Protección al Ambiente a intensificar las campañas y los programas destinados a la protección de la cubierta vegetal del territorio mexicano;

Segundo. Con la misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La ubicación geográfica de nuestro país, la variedad de climas y las características edafológicas de sus regiones permiten que a lo largo de nuestro territorio podamos encontrar casi todos los ecosistemas existentes en el planeta, los cuales van desde las selvas altas perennifolias en el sur y en el sureste hasta los matorrales xerófitos en el norte. Esta multiplicidad de ecosistemas nos permite contar con una amplia biodiversidad, convirtiéndonos en una de las naciones más importantes del planeta por lo que a riqueza natural respecta.

Nuestro país ocupa el duodécimo lugar en cuanto a superficie forestal, con una extensión de aproximadamente 64 millones de hectáreas. Las zonas forestales tienen enorme valor ambiental, social y económico, pues cumplen funciones fundamentales de estabilización de los ecosistemas: constituyen el sostén de gran parte de la diversidad biológica, contribuyen a mantener la calidad del aire, son la principal fuente de captación de agua hacia los mantos freáticos, y representan un factor importante para la conservación de los suelos, además de intervenir directamente en la regulación de la temperatura. Debido al régimen de propiedad que impera en nuestro país y a la distribución de su población, entre 70 y 80 por ciento de los predios forestales se encuentra en propiedad de ejidos y comunidades.

Desafortunadamente, esta riqueza forestal ha sido desde hace algunas décadas uno de los recursos naturales más afectados por las actividades humanas: según el Informe de la Situación Mundial de Bosques publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2005, la tasa de deforestación anual en el territorio nacional ascendía a 0.4 por ciento, cifra que tras parecer muy conservadora por algunos grupos y asociaciones ambientalistas nacionales, nos situaba como uno de los países con los índices más altos de deforestación, sólo detrás de países como Brasil y Sudán.

Tal y como establece la promovente, esas tasas de deforestación crecen exponencialmente año con año y de seguir así, según datos proporcionados por organizaciones no gubernamentales, en 50 años habremos perdido casi en su totalidad la cubierta forestal del país, teniendo perfectamente identificadas sus causas. Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que los principales factores de deforestación son el cambio de uso de suelo, la tala ilegal, y los incendios forestales. 1

Con objeto de tratar de combatir y revertir los procesos de degradación forestal ocasionados por las actividades señaladas, las autoridades federales han tratado de implantar acciones de inspección y vigilancia, las cuales en su mayoría se encuentran a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que las ejerce por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Actualmente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional Forestal han contabilizado 383 municipios prioritarios de áreas críticas donde hay factores que ponen en peligro crítico los ecosistemas forestales.

Otra de las vertientes que ha tratado de implantar el gobierno mexicano son los programas de fomento, como el Proárbol, los cuales evidentemente constituyen sólo una parte de la solución, ya que las tasas de deforestación superan por mucho las de reforestación, los incendios forestales aumentan cada temporada y los apoyos que se dan para el desarrollo del campo en algunos casos inciden para el fomento del cambio de uso de suelo de forestal a agrícola o ganadero. Sin embargo, y pese a este tipo de acciones, no ha sido posible que el Estado mexicano logre revertir el deterioro que sufren sus bosques, y en algunos casos, como ha quedado establecido, las cifras llegan a ser alarmantes.

La comisión dictaminadora está consciente de que la pérdida de la cubierta forestal trae consigo gran cantidad de afectaciones, como la falta de captación de recursos hídricos o la pérdida de biodiversidad y suelos, por lo cual consideramos necesario fortalecer las políticas públicas referentes a la preservación de los ecosistemas, primordialmente los forestales, estimando que la principal herramienta no sólo la constituye la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sino, también, la coordinación intergubernamental entre ésta y otras secretarías de Estado, como la de la Defensa Nacional y la de Marina, la Procuraduría General de la República e incluso los gobiernos estatales y los municipales, ya que es necesario ejecutar medidas coordinadas y efectivas con un verdadero impacto en la búsqueda de la preservación de los ecosistemas forestales mexicanos.

Finalmente, y por lo expuesto, los abajo firmantes nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a intensificar los programas y las campañas destinados a la protección de los recursos forestales, y a que por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República, aumente las acciones de inspección y vigilancia contra la tala clandestina y los cambios de uso de suelo en el territorio nacional, con objeto de revertir la pérdida de los ecosistemas forestales.

Nota: 1 La gestión ambiental en México, 2006, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández , José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González , Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez , Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón , Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas , Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz .»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.



ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal, al gobierno de Guerrero y al municipio de Acapulco a implantar un programa integral de rescate y saneamiento de la cuenca del río La Sabana y la laguna de Tres Palos, en esa entidad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1940, que contiene la propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Guerrero y al municipal de Acapulco a implantar un programa integral de rescate y saneamiento de la cuenca del río de La Sabana y de la laguna de Tres Palos en la entidad.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, los integrantes de esta comisión ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 26 de abril de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado César Flores Maldonado , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno una propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Guerrero y al municipal de Acapulco a implantar un programa integral de rescate y saneamiento de la cuenca del río de La Sabana y de la laguna de Tres Palos en la entidad.

Segundo. Con esta fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Como es bien sabido, la contaminación y degradación de los ecosistemas del planeta se debe a las actividades humanas, el desarrollo industrial y económico han sido de las principales fuentes de ese problema, desafortunadamente esto no sólo afecta los ecosistemas terrestres, donde se realiza la mayor cantidad de estas actividades, sino que también a los ecosistemas acuáticos, dentro de los cuales se encuentran los marinos.

Actualmente se estima que alrededor del 70 y 75 por ciento de la contaminación marina global es producto de las actividades humanas que tienen lugar en la superficie terrestre, ya que la mayoría de estos contaminantes son trasportados por lo ríos al mar. 1

La importancia de la contribución de los ríos como la principal vía de ingreso de contaminantes al mar fue reconocida por primera vez en la Conferencia Técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sobre Contaminación Marina y sus Efectos en los Recursos Vivos, realizada en la ciudad de Roma, Italia durante diciembre de 1970, en esta se estableció que la mayor parte de la contaminación que llega al mar lo hace por medio de los ríos, produciendo importantes efectos en los estuarios y recursos vivos.

Posteriormente y entendiendo que dicho problema tenía que abordarse de acuerdo con el principio de gestión ambiental de cuencas hidrológicas, en 1992, dentro del marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro Brasil, la comunidad internacional adoptó el enfoque de manejo integrado y se comprometió, tanto a una ordenación integrada y sostenible de las zonas costeras como a promover prácticas de ordenación de cuencas hidrográficas para prevenir, controlar y reducir la degradación del medio marino; sin embargo, y pese a haberse adoptado este enfoque de 260 experiencias inventariadas en 1993, sobre el manejo integrado de la zona costera, con ocasión de la Conferencia Mundial de Costas de los Países Bajos, ninguna fue relacionada con las cuencas hidrográficas.

No obstante lo anterior, el interés por los países latinoamericanos en adoptar medidas que lograran revertir los impactos generados por la contaminación de ríos en los ecosistemas marinos y costeros persistió, razón por la cual, en 1996, la undécima Reunión de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, reconoció como el principal problema ambiental de la región, la contaminación de los ríos y de las franjas costeras.

Más recientemente, la Conferencia Global de Océanos y Costas preparatoria a la reunión Río+10 celebrada en París, Francia, en diciembre de 2001, reconoció la dependencia de la salud de los océanos y sus costas al manejo apropiado de las cuencas hidrográficas. Adicionalmente, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en su examen del programa 21, recomendó ``adoptar el concepto de cuenca hidrográfica, incorporando la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de otros recursos como: suelos, bosques, humedales, montañas, y aplicar principios de manejo integrado del agua a través de todo el sistema de recursos acuáticos para proporcionar una eficiente y equitativa asignación del agua una armonización con los sistemas de administración del agua''. 2

En sentido similar, dentro de su formulación de acciones, la Plataforma de Acción de Río de Janeiro hacia Johannesburgo 2002, manifestó la necesidad de ``promover una gestión integral de cuencas con una visión ecosistémica...''

Ahora bien y entrado en la materia que nos ocupa, tendríamos que establecer que la cuenca constituye la principal unidad territorial donde el agua, proveniente del ciclo hidrológico, es captada, almacenada y disponible como oferta de agua, por esto las cuencas revisten un factor muy importante para la implementación de acciones tendientes a buscar la protección y funcionalidad de los ecosistemas, además de que con frecuencia no solo poseen una integridad ambiental sino también, ostentan identidad cultural y socioeconómica, entre quienes la habitan.

Este principio apenas está tratando de incorporarse a la política ambiental mexicana, por lo cual, aun hoy día la gestión ambiental dentro del territorio nacional en la mayoría de los casos no considera a las cuencas como una unidad básica para su cometido.

El asunto objeto del presente dictamen, se relaciona con la degradación de una cuenca hidrológica, y pese a que carece de una exposición de motivos que fundamente su petición y justifique el acuerdo propuesto, induce al razonamiento de que actualmente la cuenca del río La Sabana y la laguna costera de Tres Palos del municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero, sufren una grave problemática de contaminación y degradación ambiental como resultado de un inadecuado manejo e implementación de políticas ambientales dentro de la cuenca hidrológica, que permitan regular el ordenamiento ecológico del territorio así como los usos y aprovechamiento sustentable del agua de las comunidades que la integran.

Respecto a la cuenca hidrológica del río La Sabana, ésta ocupa una parte de la macropendiente pacífica de la Sierra Madre del Sur, abarcando una superficie aproximada de 735.1 kilómetros cuadrados; en términos generales, esta cuenca se encuentra delimitada por las montañas del anfiteatro del puerto de Acapulco, al suroeste; el océano Pacífico y la laguna de Tres Palos, al sur; y las montañas que circundan el poblado de Tierra Colorada, al norte, donde además confluyen los ríos Omitlán y Papagayo. 3

La laguna de Tres Palos, como se ha mencionado en el párrafo anterior, forma parte de la cuenca hidrológica del río La Sabana, ya que se ubica entre este río y el río Papagayo, dentro de la zona conocida como Costa Chica, del estado de Guerrero, aproximadamente a 29 kilómetros al suroeste del puerto de Acapulco.

En cuanto a la diversidad biológica de la región, la vida silvestre está compuesta por vegetación neotropical, con presencia de amates, parotas, manglares y palmares; en cuanto a la fauna silvestre, también es muy diversa, ya que se integra por marina y terrestre; entre las especies más representativas podemos encontrar: cocodrilos de río (Cocodrylus acutus ), diversas especies de tortugas marinas e iguanas, guacamaya verde (Ara militaris ), mamíferos como oso hormiguero (Cyclopes dydactilus ), la onza (Herpailurus yagouaroundi) y el tigrillo (Leopardos pardalis).

Debido a las características del municipio de Acapulco y de su núcleo urbano, las principales actividades económicas que realiza la población se encuentran directamente vinculadas con las prestación de servicios turísticos y en mayor medida con la agricultura, ganadería y la pesca; desafortunadamente este tipo de actividades han generado un grave impacto en la cuenca, provocando que sus sistemas hidrológicos tengan altos índices de contaminación, provocado principalmente por deforestación, desecación, sobreexplotación de pozos y contaminación por residuos y aguas negras provenientes de la zona hotelera de Acapulco. Debemos entender que la costa concentra los contaminantes que captan en las cuencas, donde precisamente existen ecosistemas altamente sensibles para la reproducción de especies tanto de agua dulce como salada esto se evidencia en la laguna de Tres Palos.

Este problema de contaminación se ha ido agravando cada vez más, incrementándose con ello el número de peticiones de la ciudadanía, a fin de que las autoridades implanten políticas coordinadas tendientes a revertir el daño y deterioro ambiental de la zona. Se tiene conocimiento de que el 17 de marzo de 1995 las autoridades de la federación, por conducto de la entonces Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, el estado de Guerrero y el municipio de Acapulco, firmaron un acuerdo de coordinación con el objeto de impulsar el desarrollo sustentable del municipio de Acapulco de Juárez y llevar a cabo diversas acciones de competencia concurrente en materia ambiental, lo cierto es que como ha quedado expuesto, dicho convenio no fue correctamente ejecutado, razón por la cual esta comisión dictaminadora considera viable la aprobación del acuerdo propuesto por el diputado César Flores Maldonado .

Finalmente y por lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; asimismo se recomienda a los titulares del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero y del municipio de Acapulco de Juárez, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias elaboren e implanten un programa integral de rescate y saneamiento de la cuenca del río de La Sabana y de la laguna de Tres Palos ubicados en el estado de Guerrero.

Notas: 1 Escobar Jairo, La contaminación de los ríos y sus efectos en las áreas costeras y el mar, Naciones Unidas, diciembre de 2002, p. 5.2 Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas 2001.3 Análisis morfo-estructural de las cuencas hidrográficas de los ríos La Sabana y Papagayo del estado de Guerrero, Instituto de Geografía de la UNAM, 31 de enero de 2005.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández , José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González , Christian Martín Lujano Nicolás , Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García , Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón , Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas , Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz .»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo.

Se ha registrado para participar el diputado César Flores Maldonado , del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado César Flores Maldonado: Con su permiso, señor Presidente. Efectivamente, este punto de acuerdo tiene que ver con el saneamiento del río de la Sabana. Este río de La Sabana desemboca en la laguna de Tres Palos, que es una gigantesca laguna en el puerto de Acapulco, que en los últimos años se ha venido contaminando de manera impresionante.

Para nosotros es un imperativo que el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal tengan acciones que puedan sanear no solamente la laguna, sino la cuenca de este río de La Sabana.

Este río corre por más de 52 kilómetros y a lo largo de su caudal diversas poblaciones van vertiendo contaminantes, desechos orgánicos, industriales, y en los últimos años los gobiernos federal, estatal y municipal no han tenido acciones francas, decisivas que puedan contener, que puedan aliviar, que puedan mejorar las condiciones de este ecosistema.

Por esa razón nuestra fracción anuncia aquí beneplácito por este punto de acuerdo y queremos felicitar a los miembros de la comisión; y decirle al gobierno federal, al gobierno estatal del estado de Guerrero y al gobierno municipal del puerto de Acapulco que cuando se empobrece la población por los ecosistemas, se vuelve un círculo vicioso que jamás se termina de dar fin.

Para nosotros es motivo de satisfacción este punto de acuerdo y anunciamos nuestro voto a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado César Flores. No habiendo más oradores inscritos, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.



PEMEX

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat a vigilar y evaluar --por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente-- que Petróleos Mexicanos cumpla las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y al control de la contaminación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1185, que contiene la propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, vigile y evalúe que Petróleos Mexicanos, cumpla las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental y exija a la paraestatal que resarza el daño ecológico causado a los ecosistemas del estado de Tamaulipas.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, los integrantes de esta comisión ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 6 de marzo de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Jesús González Macías , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a vigilar y evaluar, por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que Petróleos Mexicanos cumpla las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental y exija a la paraestatal que resarza el daño ecológico causado a los ecosistemas del Estado de Tamaulipas.

Segundo. Con esta misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La ubicación geográfica de México, así como sus características climáticas orográficas e hidrológicas, han permitido que nuestro país cuente con una gran variedad y riqueza de recursos naturales tanto renovables como no renovables, entre estos últimos podemos encontrar recursos naturales fósiles como los hidrocarburos, materia del presente acuerdo.

Al respecto cabe señalar que México es el séptimo productor de petróleo a nivel mundial. La industria petrolera constituye un sector fundamental para la economía nacional, ya que representa aproximadamente 30 por ciento de los ingresos netos del país por concepto de venta y exportación de gas, petróleo y derivados. El desarrollo de las actividades de este sector se asienta principalmente en la zona marina y costera del Golfo de México y en el Pacífico suroeste. 1

Dentro de la proposición con punto de acuerdo en estudio, el diputado promovente expone que el descubrimiento y la utilización del petróleo ha trasformado la vida de las personas y la economía de las naciones; creando riqueza y generando empleos en países como el nuestro. En México, el crecimiento de la industria del petróleo se inició desde el siglo pasado específicamente en 1938, como resultado de una cadena de hechos que habían puesto en entre dicho la soberanía nacional, por ello, el entonces titular del Poder Ejecutivo federal, el general Lázaro Cárdenas del Río, declaró la nacionalización de esta industria, publicando el 7 de junio de 1938 en el Diario Oficial de la Federación la creación de Petróleos Mexicanos, empresa que está a cargo de todo lo relacionado con este sector dentro del país.

El desarrollo de esta industria se encuentra dividido en varias actividades, dentro de las cuales podríamos señalar las de prospección, explotación, producción, refinación y procesamiento de gas; su infraestructura se integra por pozos, baterías de separación, complejos procesadores de gas, centrales de almacenamiento y bombeo, red de ductos y presas para el confinamiento de desechos sólidos y líquidos procedentes de la perforación y mantenimiento de los pozos, entre otros.

En nuestro país esta es una de las industrias más importantes por el volumen de producción, generación de empleos y necesidades que satisface; y debido a las diferentes actividades industriales que efectúa, la paraestatal Petróleos Mexicanos, genera grandes afectaciones al ambiente, provocadas principalmente por la emisión de humos, polvos, gases y descargas de aguas residuales generadas durante la perforación de pozos petroleros, en la extracción de líquidos, por la refinación y la producción de petroquímicos. Las instalaciones poseen riesgos inherentes de fugas de petróleo, diesel y gasolina por roturas de los ductos, en la filtración de aguas aceitosas desde las presas y los derrames de agua aceitosa de las presas por inundaciones durante el periodo de lluvias. Además, la transportación de petróleo crudo y productos refinados en buques tanque y tuberías tiene implícita la posibilidad de derrames que pueden contaminar suelo, agua y atmósfera. 2

El petróleo, debido a sus características, es capaz de reincorporarse en muy pequeñas cantidades en los ciclos biogeoquímicos, generando un riesgo potencial para el ser humano y las especies de vida silvestre que se ven expuestas a altas concentraciones de este material fósil.

Se puede asegurar que en el 100 por ciento de los casos relacionados con accidentes petroleros este agente produce un impacto significativamente negativo al ambiente, ya que se encuentra compuesto por altas concentraciones de sustancias que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas e inflamables, son consideradas como residuos peligrosos, un ejemplo de estos son el fenol, ciclopentano, antraceno, benceno, naftaleno, ciclohexano, tolueno, etileno; algunos de éstos, además, son compuestos potencialmente cancerigenos.

Es importante precisar que la afectación a los ambientes por las actividades petroleras se realizan en todos y cada uno de los procesos que realiza este sector, desde la exploración, preparación de los sitios, perforación de los pozos, extracción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y disposición final de los residuos generados por estas actividades, provocándose en estos procesos la degradación de suelos, remoción de vegetación natural de los ecosistemas, desaparición de especies vegetales, reducción de hábitat naturales y, consecuentemente, el desplazamiento de especies animales. Aunado a esto, debemos considerar que en todo el país existen ductos petroleros encargados de transportar el hidrocarburo, los cuales, por su gran extensión y antigüedad representan uno de los mayores riesgos dentro de este sector, ya que muchos se encuentran en estados físicos de alta degradación y comúnmente provocan derrames del hidrocarburo directamente al suelo e incluso a los ambientes hídricos.

Debido a que en nuestro país todo lo relacionado con este sector se encuentra a cargo de la paraestatal Petróleos Mexicanos ( Pemex), esta empresa y las demás que la integran, como refinación, exploración y producción, gas, petroquímica básica y petroquímica, son las únicas responsables de todos los daños que la industria petroquímica provoca a los ecosistemas mexicanos.

Dentro de los accidentes más comunes relacionados con Pemex se encuentran las explosiones de ductos y plantas de almacenamiento, derrames, incendios, fugas. Esto se debe principalmente a que las tuberías, ductos y tanques de almacenamiento de combustibles generalmente no son revisados con la frecuencia requerida, por lo que no se toman las medidas preventivas necesarias y desgraciadamente los casos atendidos son para resarcir los daños ambientales o humanos que esto provoca, otro factor importante es que una gran cantidad de la infraestructura petrolera se ubica en zonas costeras, en las cuales la corrosión actúa más rápidamente sobre todos sus elementos metálicos.

Según estadísticas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el periodo comprendido entre 1993 y 2005 ocurrieron 5 mil 774 accidentes, involucrados con materiales peligrosos, de éstos el 68.9 por ciento se ubican en el transporte, el 22.9 por ciento en las plantas y el 8.2 por ciento no se especifican, de los cuales más del 50 por ciento ocurren dentro de las instalaciones o durante las actividades operativas de Pemex. 3

La proposición con punto de acuerdo en estudio hace referencia principalmente a los accidentes relacionados con derrames de crudo en suelos, acerca de los cuales se podría establecer que, desgraciadamente, cuando ocurren, diversos fenómenos naturales tienden a dirigirlos a aguas subterráneas, logrando que los contaminantes se infiltren y dispersen en el subsuelo; no obstante que muchas veces estos derrames se vierten directamente a cuerpos de agua, lo cual facilita su dispersión y agrava mas la situación.

Como resultado de la diversidad de actividades que realiza Petróleos Mexicanos, prácticamente en todo el territorio nacional existe algún tipo de instalación petrolera. La zona costera del Golfo de México, que comprende los estados de Tamaulipas, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tabasco y Campeche es la franja donde se han explotado los más importantes campos petroleros de nuestro país y, en consecuencia, en estos estados se concentra el mayor número de instalaciones petroleras. La historia de las actividades petroleras en la zona costera del Golfo de México se remonta a la década de los años cincuenta. Para 1978-1979 la producción de petróleo en esta zona equivalía a un volumen cercano al 80 por ciento de la producción nacional. 4

El asunto en estudio hace un especial énfasis en la problemática ambiental que sufre el estado de Tamaulipas como consecuencia de las actividades que realiza Petróleos Mexicanos dentro de su territorio, cabe señalar que la economía de este estado ocupa un lugar muy importante en el país, pues contribuye significativamente en la producción nacional de hidrocarburos.

Desafortunadamente, tal y como se manifiesta dentro del asunto en estudio, esos beneficios económicos vienen acompañados de un serio problema de contaminación por la industria petroquímica, los cuales han sido expuestos en párrafos anteriores.

Asimismo el promovente expone claramente varios casos en los cuales ha quedado de manifiesto la inoperancia y falta de compromiso de la paraestatal Petróleos Mexicanos para realizar las medidas de emergencia en accidentes y aplicar adecuadamente los programas de restauración de los ecosistemas que se han visto gravemente afectados por sus actividades o accidentes; asimismo, se expone que los mecanismos empleados para el trato de los pasivos ambientales de esta empresa han sido inadecuados. Por ejemplo, el 4 de junio de 2006, aproximadamente a las 9:00 horas, en el kilómetro 55.5 de la carretera Tampico-Mante, se presentó una emergencia ambiental, consistente en el derrame de hidrocarburos (gasoleo vacío) pertenecientes a la línea 1 del oleoducto Madero-Cadereyta, por lo que a petición del gerente de Seguridad y Medio Ambiente del Sector ``Ductos Madero'' --perteneciente a Pemex Refinación--, por medio del Biólogo Daniel Horsman Paz, se decretó emergencia nacional, por lo que acudió personal de las Direcciones de Protección Civil, de Seguridad Pública y Bomberos del municipio de Altamira, Tamaulipas, quienes realizaron labores de búsqueda y seguridad, así como señalización y abanderamiento de la carretera federal en colaboración con la Policía Federal Preventiva, teniendo conocimiento de que, en cuanto a la restauración de los suelos contaminados por dicho accidente, ésta únicamente fue superficial, sin lograr reestablecerle las características naturales que tenía antes de haber ocurrido el accidente.

Es importante prever que este tipo de actividades se encuentran reguladas por la normatividad ambiental, al respecto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dentro de su artículo 98 establece que:

Artículo 98. Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se considerarán los siguientes criterios:
...
VI. La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioro severo de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración, recuperación y restablecimiento de su vocación natural.

Asimismo, y en congruencia con el artículo anterior se señala que:

Artículo 99. Los criterios ecológicos para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se considerarán en:
...
XI. Las actividades de extracción de materias del subsuelo; la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de sustancias minerales; las excavaciones y todas aquellas acciones que alteren la cubierta y suelos forestales; y
...

Cabe señalar que en la implantación de medidas de contingencia y restauración que se deban ejecutar para resarcir los daños ocasionados por estas actividades deben considerarse las características particulares de cada ecosistema, tales como su permeabilidad, humedad, tipo de suelo, profundidad del nivel freático, así como los productos que se hayan vertido, pues cuentan con características fisicoquímicas particulares de densidad solubilidad y viscosidad entre otras.

Por otra parte, las facultades de vigilar el cumplimiento con lo establecido dentro del ordenamiento jurídico señalado, están conferidas primordialmente por el mismo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que a su vez cuenta con un organismo especializado en actividades relacionadas con la inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental en el ámbito federal, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuyas facultades se encuentran expresamente establecidas dentro del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; con fundamento en esto, la Procuraduría actualmente cuenta con un Programa de Inspección y Vigilancia, que tiene como objetivo principal prevenir y controlar la contaminación ambiental para evitar el deterioro de nuestro entorno y conocer la eficiencia de los procesos productivos y las actividades económicas, así como los costos asociados al control de los efectos negativos al ambiente, tendientes a fomentar que las fuentes de contaminación de jurisdicción federal prevengan y controlen la contaminación y restauren el ambiente evitando impactos adversos derivados de la realización de dichas actividades.

Finalmente, y por lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes, nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente:

I. Vigile y evalué que Petróleos Mexicanos cumpla las condiciones impuestas dentro de las autorizaciones en materia de impacto ambiental otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la realización de obras y actividades vinculadas con su sector, así como las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental; la restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente; y
II. Determine el monto económico del daño que Petróleos Mexicanos ha causado a los ecosistemas como consecuencia de la realización de sus actividades e informe del resultado a esta soberanía, asimismo, que exija a dicha paraestatal que resarza el daño causado al ambiente por la actividad petrolera, en particular el estado de Tamaulipas.
Notas: 1. Gestión Ambiental en México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2006, página 235.2 Industria petroquímica, Óscar Ortínez Brito, Irina Ize Lema, y Arturo Gavilán García; Instituto Nacional de Ecología, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.3 La Gestión Ambiental en México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2006, página 277.4 Diagnostico de los efectos ambientales de la industria petrolera asociados a la región sur del PEP; informe del proyecto; UNAM, Pemex, Battelle, IMP, Julio de 2000, página 8.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández , José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González , Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García , Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón , Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz , José Ascención Orihuela Bárcenas , Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz .»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha reservado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.



CAMBIO CLIMATICO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo a fin de exhortar a las autoridades competentes a impedir la quema de terrenos agrícolas, pastizales, cuamiles y tiraderos a cielo abierto para disminuir la contaminación ambiental y el cambio climático

Honorable asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1982 que contiene la propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta a las autoridades competentes a impedir la quema de terrenos agrícolas, pastizales, cuamiles y basureros, a efecto de disminuir la contaminación ambiental y el cambio climático, presentado por el diputado José Nicolás Morales Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 26 de abril de 2007, el diputado José Nicolás Morales Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una propuesta con punto de acuerdo por la que exhorta a las autoridades competentes, impidan la quema de terrenos agrícolas, pastizales, cuamiles y basureros, a efecto de disminuir la contaminación ambiental y el cambio climático; y

Segundo. En esa misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Señala el diputado promovente que uno de los principales problemas que enfrenta el país y el mundo es la contaminación ambiental. Ésta implica severos impactos de tipo social, económico y de salud. Si bien, se han adoptado algunas medidas de tipo nacional, regional e internacional para dar solución al problema que plantea la contaminación, los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden con el diputado promovente que aún falta mucho por hacer.

El incremento de los niveles de contaminación en algunas ciudades y regiones del mundo ha contribuido a alterar la composición atmosférica al aumentar la concentración de los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, particularmente de dióxido de Carbono (CO2). Al respecto el promovente explica que el efecto invernadero es un fenómeno natural que permite a la Tierra retener una porción de la energía solar que recibe manteniéndola a una temperatura en la que la vida es posible. Sin embargo, como ya se mencionó, el incremento de la emisión y la concentración de los gases de efecto invernadero han alterado la cantidad de energía absorbida por la Tierra, lo que ha provocado el cambio climático.

El cambio climático es definido en el artículo 1.2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como ``un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables''. 1

Tal como indica el diputado promovente, los científicos han alertado que el año 2007 será el más representativo en cuanto a registros de mayor temperatura mundial en la historia del planeta. De hecho, de acuerdo con el cuarto informe del grupo de trabajo I del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ``once de los doce últimos años (1995- 2006) se han catalogado como los más cálidos desde que se comenzó a llevar un registro de la temperatura superficial de la Tierra en 1850'' 2 . En ese sentido esta comisión dictaminadora coincide con el promovente en que es urgente llevar a cabo acciones que minimicen el impacto del cambio climático.

Basado en evidencia de estudios científicos, el diputado promovente menciona que las principales fuentes de dióxido de Carbono son las plantas generadoras de energía eléctrica que operan con carbón y el transporte. Al respecto, los integrantes de esta dictaminadora se permiten comentar que de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2002, del total de las emisiones de los gases de efecto invernadero (553,329.4 Gg CO2e) 3 , el sector energético emitió 389,496.7 Gg CO2e, de las cuales el 24 por ciento corresponde a la generación de energía y el 18 por ciento al transporte. 4

El promovente reconoce que nuestro país no es ajeno al reto que plantea el cambio climático, ni a los problemas de contaminación atmosférica y mucho menos a las prácticas que la producen, y pone el ejemplo de la quema de pastizales, terrenos agrícolas y cuamiles que en su momento efectúan trabajadores del campo, bajo el argumento de preparar sus tierras para la siguiente temporada de siembra y cosecha. Al respecto esta comisión dictaminadora se permite añadir que estas actividades no sólo contribuyen al cambio climático sino que también son la principal causa de incendios forestales en el país.

De acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1999-2002, la agricultura contribuyó con 46,146.09 emisiones de metano y óxido nitroso calculadas en Gigagramos de CO2e (datos preliminares), es decir, el 7 por ciento del total de las emisiones. Por su parte, las emisiones del periodo 1993-2002 para la categoría ``uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura'' ascendieron a 89,854 Gg CO2e, que representan el 14 por ciento del total de las emisiones 5 . Sobre esta categoría el inventario indica lo siguiente: ``En términos de CO2 la categoría USCUSS aporta un total de 86,877 Gg. Estas emisiones son el resultado del balance entre 64,484 Gg provenientes de la combustión y descomposición de biomasa aérea asociada a los procesos de conversión de bosques a otros usos; 30,344 Gg por emisiones derivadas de los suelos minerales y áreas agrícolas; 4,932 Gg por emisión en bosques manejados y una captura de 12,883 Gg en tierras abandonadas, la cual se descuenta del total de emisiones de la categoría''. 6

Aunado a ello, indica el promovente, están los casos la quema e incineración de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial. Cabe mencionar que el inventario clasifica a los residuos como ``desechos'' indicando que ``la categoría de desechos contempla las emisiones de [metano] CH4 generadas a partir de los residuos sólidos [urbanos] y las aguas residuales municipales e industriales, así como las emisiones de [óxido nitroso] N2O emitidas por las aguas residuales municipales y las emisiones de CO2 y N2O generadas por la incineración de residuos peligrosos''. 7

En ese orden de ideas, el inventario señala que mientras que en el año 1990, éstas fueron de 33,357 Gg CO2e, para el año 2000 fueron de 65,584 Gg CO2e, es decir, se registró un incremento de casi el doble. Al respecto, el inventario explica que ello obedeció a ``el incremento en la disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios y el impulso dado en la última década al tratamiento de las aguas residuales industriales y municipales; dentro de este porcentaje también se incluye el cambio registrado en las emisiones por incineración de residuos peligrosos, cuyo valor se multiplicó por 30 entre 1990 y 2002 pero su contribución al total en este último año es menor al 0.5 por ciento. La incineración de residuos es una actividad relativamente nueva en el país''. 8

La comisión dictaminadora coincide plenamente con el promovente en que las actividades de quema agrícola, así como la incineración de residuos deben ser analizadas para que en un esfuerzo conjunto de los actores involucrados, se busquen alternativas que mitiguen las emisiones producto de estas actividades y con ello se reduzca el impacto no solo al ambiente, sino también a la salud de la población, particularmente la de los grupos más vulnerables, es decir, los niños y personas adultas mayores.

Por las razones antes señaladas, los integrantes de la comisión que suscriben el presente dictamen se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que por medio de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales del país, de conformidad con la distribución de competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apliquen las medidas necesarias para prohibir, y en su caso, evitar la quema de terrenos agrícolas, pastizales, cuamiles, así como tiraderos a cielo abierto de residuos, coadyuvando con esta medida, a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, causantes de contaminación ambiental y el cambio climático.

Notas: 1. ONU, 1992. ``Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático''. FCCC/INFORMAL/84*GE.05-62301 (S). p. 3.2. IPCC, 2007: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. P. 5.3. Carbono equivalente4. Instituto Nacional de Ecología. 2006. Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1999-2002. México, pp. XXXVIII y XL.5. Bajo los rubros ``uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS)'' y ``agricultura'' están contempladas las emisiones por quema de terrenos agrícolas y suelo forestal que refiere el diputado promovente. Ver. Instituto Nacional de Ecología. 2006. Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1999-2002. México, 258 pp.6. Idem. pp. L y LI.7. Instituto Nacional de Ecología. 2006. Instituto Nacional de Ecología. 2006. Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1999-2002. México, p. LI.8. Idem. pp. LI y LII.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados, a 16 de octubre de 2007.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz García , Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González , Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón , Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas , Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz .»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.



CARRETERAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Profepa, mediante la Dirección General de Inspección de Vida Silvestre, y a la Secretaría de Seguridad Pública federal a colocar puntos de supervisión en las carreteras de Oaxaca y de Chiapas para combatir el tráfico ilícito de especies

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Seguridad Publica, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 911 , que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa a través de la Dirección General de Inspección de Vida Silvestre, y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a colocar puntos de supervisión en las carreteras de los estados de Oaxaca y Chiapas, para combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies.

Que el día 14 de marzo de 2007, se publicó en Gaceta Parlamentaria, por la Mesa Directiva, una lista de acuerdos de modificación de turno de todas aquéllas proposiciones con punto de acuerdo a las que se haya asignado un turno plural de comisiones unidas, para el efecto de que únicamente se mantenga el turno de la comisión ordinaria mencionada en primer lugar, debido a esta reasignación el turno de la presente proposición con punto de acuerdo, corresponde únicamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, los integrantes de esta comisión ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XXIV, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el día 5 abril de 2004, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la entonces diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno, una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profepa a través de la Dirección General de Inspección de Vida Silvestre y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a colocar puntos de supervisión en las carreteras de los estados de Oaxaca y Chiapas, para combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies.

Segundo. Con esta misma fecha por mandato de la Mesa Directiva, el punto de acuerdo en mención fue turnado a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Tercero. El día 14 de marzo de 2007, se publicó en Gaceta Parlamentaria, por la Mesa Directiva, una lista de acuerdos de modificación de turno de todas aquéllas proposiciones con punto de acuerdo no resueltas durante la LIX Legislatura a las que se haya asignado un turno plural de Comisiones Unidas, para el efecto de que únicamente se mantenga el turno de la comisión ordinaria mencionada en primer lugar, y

Cuarto. De acuerdo a la lista de modificación de turnos publicada por la Mesa Directiva, corresponde a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por haber sido mencionada en primer lugar, elaborar el presente dictamen, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

La biodiversidad se encuentra constituida por la gran variedad de especies de vida silvestre que existen en el planeta, su preservación y viabilidad son de gran importancia, ya que esta contribuye a la regulación del equilibrio ecológico del mismo y nos proporciona diversos servicios ambientales.

Las características climáticas, topográficas y biológicas de nuestro territorio han contribuido a formar un mosaico de condiciones ambientales y micro ambientales que promueven una gran variedad de los hábitat ya que podemos encontrar una pluralidad de ecosistemas, desde los desiertos del norte del país, hasta las selvas altas perennifolias del sureste, lo cual ha propiciado que México sea un país con una enorme variedad de especies de flora y fauna silvestres.

Entre las entidades federativas con una mayor diversidad de flora y fauna podemos destacar a los estados de Oaxaca y Chiapas, ejemplo de ello, es el inventario florístico de Oaxaca, que estima en 9 mil el número de especies y un alto grado de endemismo en la región de Los Chimalapas-Uxpanapa, los bosques templados de la Sierra de Juárez y la zona árida del Valle de Tehuacán; Oaxaca destaca por su riqueza en especies de vertebrados, en particular en los bosques de encinos y los mesófilos de montaña. Asimismo, Chiapas también es una de las entidades federativas con mayor diversidad de flora silvestre con 8 mil 248 especies registradas, en el estado existen todavía grandes zonas cubiertas por bosques tropicales como la Selva Lacandona y la selva del Ocote, las cuales son importantes centros de variedad de plantas (recientemente se describió una nueva familia endémica en el estado, denominada Lacandoniaceae ) de igual manera estas regiones albergan una gran cantidad de especies sujetas a alguna categoría de protección especial por parte de la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2001, entre estas podemos destacar al águila arpía (Harpia harpyja ), el pavón (Oreophasis derbianus ), el quetzal (Pharomachrus mocinno ), la guacamaya roja (Ara macao ), el tapir (Tapirus bairdii ), el jaguar (Panthera onca ), el mono araña (Atteles geoffroyi ; especies que para esta Norma Oficial se encuentran consideradas en peligro de extinción.

Sin embargo, estos estados de la República Mexicana, como muchos otros, no son ajenos a la destrucción, modificación y fragmentación de los hábitat y ecosistemas naturales; dichas alteraciones son provocadas por diversas acciones del hombre, tales como: la caza, la pesca indiscriminada, la tala de árboles, así como el tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestres.

La propuesta del punto de acuerdo que se dictamina, es evitar el tráfico de diversas especies de flora y fauna silvestres en el territorio que comprende las carreteras de los estados de Oaxaca y Chiapas, ya que como se mencionó anteriormente, ambos Estados cuentan con una riqueza natural incalculable, y por ende, son susceptibles en mayor medida de la realización de estas prácticas ilícitas.

Adentrándonos al tema, como lo señala la diputada promovente, el tráfico de especies de flora y fauna silvestre, se realiza en tres etapas: captura, transporte y venta, en este proceso las especies de flora y fauna silvestre sufren lesiones, mutilaciones e incluso mueren, es así el caso, que para obtener un solo ejemplar es ``necesario'' eliminar a varios miembros del grupo. Aproximadamente la mitad de los ejemplares capturados mueren antes de llegar a los mercados, tiendas o lugares de exhibición debido a su mal manejo, a las condiciones de estrés, hacinamiento, y falta de cuidado a las que son sometidos. Es así que el tráfico ilegal de especies provoca graves efectos en sus poblaciones; como la disminución de ejemplares, y en algunos casos alarmantes, contribuye a provocar la extinción de las especies.

Derivado de ello, y a la afectación que esta práctica ilícita provoca a los ecosistemas y a las poblaciones de flora y fauna silvestres, es que la autoridad ambiental, por medio de la Dirección General de Inspección de Vida Silvestre, ha implantado mecanismos legales con el objeto de tener un control determinado sobre el manejo de las especies de flora y fauna silvestre, particularmente aquellas que se encuentran en alguna categoría de riesgo, para lo cual, realizan prácticas de vigilancia en los lugares de arribo de las especies de tortuga marina, realiza inspecciones a uniones de pajareros, captores, criadores, vendedores, etcétera; sin embargo, las medidas continúan siendo insuficientes, ya que dejan desprotegidas las vías primarias de comunicación, particularmente los cruceros, permitiendo con ello, que los comerciantes que trafican con especies de manera ilícita, actúen de manera impune, y sin ninguna restricción; por lo cual, se considera necesario, aumentar la inspección y vigilancia en las carreteras de México pero primordialmente en los cruceros dentro de los estados de Oaxaca y Chiapas, por ser estas las principales vías de trafico ilegal de especies en el país, para esto es necesario que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales --por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente--, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, trabajen de manera coordinada, con el fin de aumentar el impacto y eficacia de sus operativos.

Por lo antes expuesto, se considera que la propuesta objeto del presente dictamen, es procedente, por lo que los integrantes de esta Comisión Ordinaria que suscriben el dictamen en comento, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de Comunicaciones y Transportes, a que por medio de sus órganos competentes de inspección y vigilancia se coordinen y coloquen puntos de inspección para llevar a cabo la verificación de la legal procedencia de especies de vida silvestre que son transportadas en las carreteras federales ubicadas en los estados de Oaxaca y Chiapas, a fin de combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández , José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González , Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón , Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas , Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz .»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.



ESTADO DE CHIAPAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a sancionar --por conducto de la Comisión Nacional del Agua-- a los presuntos responsables del aprovechamiento de aguas nacionales sin el título respectivo en el río Suchiate, Chiapas

Honorable asamblea

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Recursos Hidráulicos, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2671, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que por conducto de la Comisión Nacional del Agua sancione a los presuntos responsables del aprovechamiento de aguas nacionales sin el título respectivo, en el río Suchiate, Chiapas.

El 14 de marzo de 2007 se publicó en Gaceta Parlamentaria, por la Mesa Directiva, una lista de acuerdos de modificación de turno de todas aquellas proposiciones con punto de acuerdo a las que se haya asignado un turno plural de comisiones unidas de la pasada legislatura, para el efecto de que únicamente se mantenga el turno de la comisión ordinaria mencionada en primer lugar, debido a lo cual el presente, proposición con punto de acuerdo, corresponde únicamente a la Comisión ordinaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, los integrantes de esta comisión legislativa, en base a las facultades que nos confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracciones XXIV y XXXI, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión de plenaria de la honorable Cámara de Diputados celebrada el 10 de febrero de 2005, la entonces diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que por conducto de la Comisión Nacional del Agua sancione a los presuntos responsables del aprovechamiento de aguas nacionales sin el título respectivo, en el río Suchiate, Chiapas.

2. Con esta misma fecha, por mandato de la Mesa Directiva, dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, dicho asunto no pudo ser dictaminado en tiempo y forma por la comisiones legislativas antes señaladas.

3. El 14 de marzo de 2007, se publicó en Gaceta Parlamentaria, por la Mesa Directiva, una lista de acuerdos de modificación de turno de todas aquéllas proposiciones con punto de acuerdo de la legislatura pasada a las que se haya asignado un turno plural de comisiones unidas, para el efecto de que únicamente se mantenga el turno de la comisión ordinaria mencionada en primer lugar, y

4. De acuerdo con la lista de modificación de turnos publicada por la Mesa Directiva, la presente proposición con punto de acuerdo, corresponde a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

En los últimos años, en México se ha reconocido al agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional, razón por la cual su aprovechamiento sustentable se debe considerar como un elemento central de la política ambiental, y más aún, en un factor clave de la política de desarrollo social y de la política económica; ya que su disponibilidad condiciona la posibilidad de desarrollo del país y su calidad es factor determinante para la salud y bienestar de la población y los ecosistemas.

Las cuencas captan y concentran la oferta del agua que proviene de las precipitaciones. Son además las áreas donde se da la interacción del agua, en un proceso permanente y dinámico, con los sistemas físicos, bióticos y socioeconómicos. La Ley de Aguas Nacionales define la cuenca hidrológica como: `` la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente delimitada por un parte aguas o divisoria de las aguas --aquella línea poligonal formada por los puntos de mayor elevación en dicha unidad-- en donde ocurre el agua en distintas formas, y ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a través de una red hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad autónoma o diferenciada de otras, aun sin que desemboquen en el mar. En dicho espacio delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacionados con éstos y el medio ambiente. La cuenca hidrológica conjuntamente con los acuíferos, constituye la unidad de gestión de los recursos hídricos. La cuenca hidrológica a su vez integrada por subcuencas y estas últimas integradas por microcuencas.''

Actualmente en México se considera a las cuencas como las unidades territoriales más adecuadas para la gestión integrada de los recursos hídricos y para muchos planificadores del desarrollo, también lo son para la gestión de los recursos naturales. El país se divide en 837 cuencas hidrográficas, ya sean éstas abiertas (exorreicas) o cerradas (endorreicas). Sin embargo, las jurisdicciones político-administrativas (estados, municipios o regiones) no coinciden con los límites territoriales de las cuencas, dificultando su gestión integral.

Nuestro país cuenta con ocho grandes cuencas hidrológicas en sus fronteras, las cuales comparte con otras naciones. Al norte compartimos tres de estas con Estados Unidos de América: ríos Colorado, Bravo y Tijuana; y en la frontera sur compartimos cuatro cuencas con Guatemala: los ríos Grijalva- Usumacinta, Suchiate, Coatán y Candelaria; y una con Belice y Guatemala la del río Hondo, algunas de estas sirven como limites territoriales naturales entre México y estos países.

El río Suchiate, cuenca a la cual hace referencia la diputada promovente dentro de su punto de acuerdo, constituye, en una de sus porciones, la división política natural entre los territorios de México y Guatemala, y es considerada un recurso hídrico léntico, ubicado entre la depresión central de Chiapas y la Sierra Madre.

Debido a su constitución orográfica presenta distintos tipos de suelo, entre los que encontramos al regosol, vertisol, cambisol, y litosol, entre otros; su clima es cálido subhúmedo, semicalido subhúmedo y templado húmedo, con lluvias en verano e influencia climática de los océanos Pacífico y Atlántico; su precipitación anual es de entre los mil 500 y 5 mil milímetros; la temperatura media anual oscila entre los 16 y 24 grados Celsius, y sus principales poblados son Suchiapa y Benito Juárez.

Se estima que el área de esta cuenca cubre una superficie aproximada de 1, 287 kilómetros cuadrados, de los cuales 203 se encuentran en México y 1084 en Guatemala, albergando alrededor de 550 mil habitantes: 50 mil en México y 500 mil en Guatemala.

A lo largo de su cauce podemos encontrar diversos ecosistemas como los bosques de pino-encino, bosque mesófilo de montaña, selva baja caducifolia, selva baja espinosa caducifolia, selva mediana subperennifolia y subcaducifolia, pastizal inducido, pinares sabanoides y chaparral de niebla.

En cuanto a las especies de flora silvestre presentes en la región, su diversidad se encuentra compuesta por una gran variedad de plantas caracterizadas por plumajil (Alvaradoa amorphoides) , pie de venado (Bauhinia divaricata) , palo mulato (Bursera simaruba) , lantá (Ceiba aesculifolia) , palo colorado (Clethra matudai) , tepeguaje (Cojoba arborea) , matapalo (F. obtusifolia) , fresno (Fraxinus uhdei) , órgano (Lemaireocereus griseus), otoposte (Licania arborea) , chaperla (Lonchocarpus guatemalensis) , guayabillo (Matudaea trinervia) , encinos (Quercus acatenangensis), pinos (Pinus oocarpa, P. pseudostrobus) , sabino (Taxodium mucronatum) , naranjito (Ziziphus sonorensis) , endemismos de cicadáceas (Dioon merolae), orquídeas (Calea megacephala) , entre otras.

En cuanto a la fauna silvestre podemos encontrara algunas especies de crustáceos como el Procambarus (Austrocambarus) sbordonii; de peces Cichlasoma grammodes y C. hartwegi ; de aves como el pavón (Oreophasis derbianus), el quetzal (Pharomachrus mocinno); mamíferos como el jaguar (Panthera onca) y el tapir (Tapirus bairdii).

Desafortunadamente, a pesar de la gran riqueza biológica con que cuenta esta cuenca, y el alto índice de precipitaciones promedio por año, actualmente presenta graves problemas de degradación por la modificación del entorno, como son: la perdida de cubierta forestal, la contaminación de la región, la sobre explotación de los acuíferos que la conforman, aunado a las actividades agrícolas intensivas que han provocado niveles considerables de contaminación por agroquímicos en la cuenca.

No obstante lo anterior, tal y como se expone dentro del punto de acuerdo en estudio, una de las principales fuentes de degradación y sobre explotación de la cuenca son los aprovechamientos de sus acuíferos, mismos que se dan de manera presuntamente ilegal, tanto por parte de personas de las comunidades aledañas como de empresarios dueños de pipas y promotores inmobiliarios.

Es evidente que en las últimas décadas el crecimiento poblacional y el uso ineficiente del agua en diferentes sectores usuarios, han provocado el aumentado exponencial de la demanda hidráulica, y por consiguiente sobreexplotación de los acuíferos.

Ante esto, debemos considerar que los lineamientos de política hídrica en México se llevan a la práctica mediante cuatro vertientes o mecanismos que son los legales o regulatorios, económicos, de participación social, y tecnológicos.

Jurídicamente debemos tener en cuenta que en México, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política, las aguas superficiales de los ríos, lagos y lagunas, así como las aguas subterráneas son propiedad de la nación, y corresponde al Poder Ejecutivo su administración. Para ello, se cuenta con dos instrumentos principales que son la Ley de Aguas Nacionales, en la que se establecen los principios e instrumentos para el aprovechamiento y preservación del agua; y La Comisión Nacional del Agua, autoridad responsable de la administración del recurso.

Además de esto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos deben realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico, criterio que debe ser observado por parte de la Comisión Nacional del Agua en el momento de llevar a cabo el otorgamiento de una autorización a persona alguna para la explotación u aprovechamiento de un acuífero.

De acuerdo a la exposición de motivos presentada por la promovente, la principal problemática en la región no la constituyen las autorizaciones de aprovechamiento otorgadas, sino los aprovechamientos ilegales que se encuentran afectando al acuífero, por lo que los miembros de esta comisión consideramos necesario y procedente el exhorto planteado a fin de que la Comisión Nacional del Agua, como organismo encargado de la administración del recurso en nuestro país, lleve a cabo visitas de inspección dentro de la región que comprende la cuenca hidrográfica del río Suchiate, a fin de verificar que todas y cada una de las personas físicas y morales que se encuentren llevando a cabo un aprovechamiento de los acuíferos de la cuenca, cuenten con sus respectivas autorizaciones y permisos de aprovechamiento de conformidad con los establecido dentro de la Ley de Aguas Nacionales.

Finalmente, podemos decir que es necesario llevar acabo las acciones antes planteadas a fin de garantizar un correcto aprovechamiento de los recursos hídricos, así como establecer mecanismos de gestión que permitan la protección ambiental, y por tanto la búsqueda del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos de la cuenca del río Suchiate.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisiones ordinarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Recursos Hidráulicos, que suscriben, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que por medio de la Comisión Nacional del Agua realice una verificación de los aprovechamientos de agua de la cuenca del río Suchiate en el territorio mexicano; supervisando que cuenten con su respectivo título, autorización o permiso de aprovechamiento, de conformidad con lo establecido dentro de la Ley de Aguas Nacionales, y en caso de no tenerlo que cancele inmediatamente los aprovechamientos y se sancione a los responsables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 fracción VIII, de la ley anteriormente referida.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández , José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González , Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón , Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas , Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz .»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no haber registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.



LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se autoriza.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un inciso c) al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

Mayo 30, 2007.

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó a consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa que adiciona un inciso c) al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Las comisiones que suscriben, con base en las facultades que les confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la iniciativa señalada y, conforme a las deliberaciones que de ella realizaron los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social, reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión del 20 de abril de 2004, el diputado Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que adiciona un inciso c) al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que los municipios puedan aplicar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal a programas de apoyo a adultos mayores que se encuentren en condiciones de rezago social. En la misma fecha, la Mesa Directiva la turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria, los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social procedieron al análisis de la iniciativa enunciada, en la forma siguiente:

Descripción de la iniciativa

La iniciativa del diputado Jorge Uscanga Escobar menciona que el de los adultos mayores es uno de los sectores más desamparados de México, ya que al llegar a la vejez sus capacidades físicas y mentales disminuyen, colocándolos en desventaja respecto a quienes aún no alcanzan esta edad, incrementándose su dependencia a la familia y a la comunidad, siendo discriminados, abandonados o incluso maltratados, por lo que es urgente la activación de programas y acciones que les garanticen una vida digna.

Por ello propone adicionar un inciso c) al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de incrementar los recursos en la atención de los adultos mayores en situación de pobreza, para que dentro de las acciones sociales básicas, los municipios puedan aplicar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal a programas de apoyo a adultos mayores que se encuentran en condiciones de rezago social.

Consideraciones de las comisiones unidas

Las que dictaminan consideran citar que el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los estados y los municipios se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, señalando en la misma disposición el destino de las aportaciones.

Asimismo, el citado artículo 33 establece que los municipios podrán disponer de hasta 2 por ciento de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les corresponda para la realización de un programa de desarrollo institucional, como podría ser el caso del programa de apoyo a adultos mayores que se encuentren en condiciones de rezago social.

El artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal establece el destino que debe darse a las aportaciones que reciben los estados y el Distrito Federal con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples, entre los que destacan apoyos de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema y apoyos a la población en desamparo, sin hacer distinción alguna de si se trata de adultos mayores o no.

Actualmente hay aportaciones que destina la federación tanto a los municipios como a las entidades federativas que pueden ser encaminadas a la creación de programas de apoyo a adultos mayores, ya sea que se encuentren en condiciones de rezago social o no.

Por lo expuesto, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social consideran que no es de aprobarse la iniciativa materia de este dictamen, ya que adicionar un inciso c) al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para establecer de manera específica la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal al programa de apoyo a adultos mayores que se encuentran en condiciones de rezago social toda vez que, como se ha señalado, actualmente hay fondos que pueden ser utilizados para crear dichos programas, por lo que se somete a consideración de la asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que adiciona un inciso c) al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que los municipios puedan aplicar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal a programas de apoyo a adultos mayores que se encuentren en condiciones de rezago social, del diputado Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 20 de abril de 2004, turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 30 de mayo de 2007.
La Comisión de Desarrollo Social, diputados: Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López Silva (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Mario Mendoza Cortés (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), secretarios; Claudia Gabriela Caballero Chávez , Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Raúl García Vivián (rúbrica), Martín Óscar González Morán (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Marcos Matías Alonso (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica), Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Antonio Sánchez Díaz de Rivera , Sergio Sandoval Paredes , Jorge Toledo Luis (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez .
La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez , Horacio Garza Garza (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González , Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres , José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros , Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz , José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Dolores María del Carmen Parra Jiménez , Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presentó iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia ambiental, de la diputada Guadalupe García Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Estas comisiones que suscriben, con base en las facultades que les confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la iniciativa y conforme a las deliberaciones de la misma realizaron los miembros de estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reunidos en Pleno presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

En la sesión del 4 de noviembre de 2005, la mesa directiva turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia ambiental, de la diputada Guadalupe García Velasco, del Grupo Parlamentario del PAN, para su estudio y dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa propone adicionar diversas disposiciones transitorias a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el fin de eximir del pago de este impuesto, durante un periodo de tres años, a las personas físicas o morales que realicen de manera exclusiva o preponderante actividades relacionadas con la protección del medio ambiente. Asimismo, la iniciativa se encamina a promover las inversiones en la prevención, control y reversión de los efectos ambientales adversos, así como evitar el agotamiento de los recursos naturales.

Consideraciones de las comisiones unidas

La que dictamina considera no viable la Iniciativa por las consideraciones siguientes:

• La iniciativa contempla exenciones a personas físicas y morales y en su exposición de motivos no incluye el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas.
• Por otra parte resultaría importante considerar que con la reforma propuesta se podría contravenir el principio de equidad previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra la igualdad ante la ley de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, quienes deberán recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación y deducción, entre otros. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido, respecto del principio de proporcionalidad y equidad tributaria, la tesis correspondiente.
• El principio de equidad anteriormente mencionado se podría ver vulnerado tomando en consideración que, con la reforma propuesta, se estaría brindando una exención del impuesto a las personas físicas o morales que realicen de manera exclusiva o preponderante ciertas actividades, en perjuicio de aquellas personas que aún y cuando realicen dichas actividades, no las efectuaran de manera exclusiva o preponderante.
• En este orden de ideas, aquellos contribuyentes que consideraran afectados sus intereses podrían interponer un amparo, el cual, de resultar procedente, les podría traer como beneficio la obtención de un estímulo fiscal dentro del marco legal que únicamente se reservaba para ciertos contribuyentes, resultando que los ingresos por concepto de impuesto sobre la renta que percibiera el gobierno federal fueran menores a los estimados, con lo cual se provocarían perjuicios considerables a las finanzas públicas.
• La que dictamina señala que el actual régimen fiscal no es indiferente en cuanto a medidas que fomenten el cuidado del medio ambiente, tal es el caso de lo previsto en el artículo 41, fracción XIV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, disposición a través de la cual se establecen los supuestos que promueven la realización de actividades ecológicas, motivo por el cual debiera ponderase la reforma propuesta, toda vez que podría estarse brindando un doble beneficio.

Conforme al análisis de la iniciativa y a lo expuesto y fundado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, éstas consideran que no es de aprobarse la iniciativa materia de este dictamen, y se somete a consideración de la asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia ambiental, de la diputada Guadalupe García Velasco, de fecha 4 de noviembre de 2005, objeto de este dictamen, que fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 30 de mayo de 2007.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez , Horacio Emigdio Garza Garza (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González , Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres , José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros , Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz , José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Dolores María del Carmen Parra Jiménez , Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández , José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González , Crhistian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón , Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas , Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz .»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está discusión el punto de acuerdo. En virtud de que o se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.



LEY ADUANERA

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presentó iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en lo relativo a la importación de mercancías realizada por migrantes mexicanos, del diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Estas comisiones que suscriben, con base en las facultades que les confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la iniciativa y, conforme a las deliberaciones de ésta que realizaron los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, reunidos en pleno presentan a esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En la sesión del 19 de octubre de 2004, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en lo relativo a la importación de mercancías realizada por migrantes mexicanos, del diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, para su estudio y dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa en estudio propone modificar el artículo 61, fracción VII, de la Ley Aduanera, para que los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos de América que cuenten con matrícula consular no paguen los impuestos al comercio exterior por la entrada en el territorio nacional o la salida de éste de los enseres domésticos y ropa que envíen desde el extranjero a sus hogares para uso exclusivo de sus familias, en los términos de las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Consideraciones de las comisiones unidas

Las dictaminadoras señalan que sería incorrecto utilizar el término migrante como plantea la iniciativa del diputado Omar Bazán Flores, ya que de conformidad con el artículo 77 de la Ley General de Población, se llama ``emigrantes'' a los mexicanos y a los extranjeros que salgan del país con el propósito de residir en el extranjero, que son las personas a que se refiere la propuesta referida.

Del estudio integral de la propuesta, estas comisiones unidas concluyen que no es procedente su aprobación ya que, tratándose de mercancías importadas al amparo de una exención, las autoridades aduaneras deben corroborar que éstas no sean enajenadas o destinadas a finalidades diversas de las que motivaron su exención, lo que no sería posible en términos de la propuesta planteada, corriendo el riesgo de que dichas mercancías sean objeto de comercialización, afectándose la planta productiva del país.

Conforme al análisis de la iniciativa y a lo expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía consideran que no es de aprobarse la iniciativa materia de este dictamen y se somete a consideración de la asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en lo relativo a la importación de mercancías realizada por migrantes mexicanos, objeto de este dictamen, que fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, presentada por el diputado Omar Bazán Flores, de fecha 19 de octubre de 2004.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 29 de agosto de 2007.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez , Horacio Garza Garza (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González , Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres , José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros , Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz , José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez , Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Antonio Berber Martínez , Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum , Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert , Martín Malagón Ríos (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández , Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez , Salvador Ruiz Sánchez , Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.



LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó a consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Estas comisiones que suscriben, con base en las facultades que confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la iniciativa señalada, y conforme a las deliberaciones que de ella realizaron los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, reunidos en Pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión del 30 de marzo de 2006, la diputada Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía el asunto citado, para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria, los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía procedieron al análisis de la iniciativa enunciada, en la forma siguiente:

Descripción de la iniciativa

En la iniciativa, presentada por la diputada Guadalupe Morales Rubio, que reforma los artículos 17, 24, fracción IV, y 36, y adiciona el artículo 33 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros, destacan las siguientes propuestas:

- Representación tanto de los usuarios como de las instituciones financieras en la Junta de Gobierno de la Condusef.
- Requisitos adicionales para el nombramiento del presidente de la Condusef.
- Requisitos para el nombramiento de representantes de los usuarios; y
- Asistencia indispensable de los usuarios en la sesiones de los consejos consultivos.

Consideraciones de las comisiones

Las que dictaminan consideran que la iniciativa de la diputada Guadalupe Morales Rubio que propone reformar los artículos 17, 24, fracción IV, y 36, y adiciona el artículo 33 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros no resultaría viable de aprobar por las siguientes consideraciones:

La representación de las instituciones financieras y de los usuarios se encuentra en los consejos consultivos regionales y en el Consejo Consultivo Nacional.

Lo anterior, sin perjuicio de que la representación de las instituciones financieras y de los usuarios se encuentra cubierta por el Consejo Consultivo Nacional, al mantener tres representantes en la Junta de Gobierno de la Condusef.

Por lo expuesto, se concluye que la reforma en su conjunto provocaría una excesiva regulación por lo concerniente a la integración de la Junta de Gobierno de la Condusef, los requisitos adicionales que se proponen para el presidente y los propuestos para los representantes de los usuarios.

Por lo expuesto, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía consideran que no es de aprobarse y someten a consideración de esa asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo de la diputada Guadalupe Morales Rubio, turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía el 30 de marzo de 2006.

Segundo. En consecuencia, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Los diputados integrantes de la Comisión de Economía aprueban el sentido del dictamen, con la salvedad de la siguiente fe de erratas

Fe de erratas al dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que presentó la diputada Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión del 30 de marzo de 2005.

Páginas: 2 y 3

Párrafo: Consideraciones de las comisiones

Dice: Las que dictaminan consideran que la iniciativa de la diputada Guadalupe Morales Rubio que propone reformar los artículos 17, 24, fracción IV, y 36, y adiciona el artículo 33 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros no resultaría viable de aprobar por las siguientes consideraciones:

La representación de las instituciones financieras y de los usuarios se encuentra tanto en los consejos consultivos regionales como en el Consejo Consultivo Nacional.

Lo anterior, sin perjuicio de que la representación de las instituciones financieras y de los usuarios se encuentra cubierta por el Consejo Consultivo Nacional, al mantener tres representantes en la Junta de Gobierno de la Condusef.

Por lo expuesto, se concluye que la reforma en su conjunto provocaría una excesiva regulación en lo concerniente a la integración de la Junta de Gobierno de la Condusef, los requisitos adicionales que se proponen para el presidente y los propuestos para los representantes de los usuarios.

Debe decir: Las que dictaminan consideran que la iniciativa de la diputada Guadalupe Morales Rubio que propone reformar los artículos 17, 24, fracción IV, y 36, y adiciona el artículo 33 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financiero no resultaría viable de aprobarse por las siguientes consideraciones:

La representación de las instituciones financieras y de los usuarios se encuentra tanto en los consejos consultivos regionales como en el Consejo Consultivo Nacional y, como determina el artículo 33 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF), dicho consejo consultivo nacional está integrado por el presidente, por dos representantes de la Secretaría, un representante por cada una de las comisiones nacionales y tres representantes de las instituciones financieras y tres más de los usuarios, por lo que es claro que el principal objeto respecto de una representación por parte de los usuarios ya se encuentra contemplada.

Además, los consejos consultivos regionales, como señala el mismo precepto legal, se integran por delegados regionales o estatales de la Comisión Nacional, así como los representantes de los Usuarios y las Instituciones Financieras.

Lo anterior, sin perjuicio de que la representación de las instituciones financieras y de los usuarios se encuentra cubierta por el Consejo Consultivo Nacional, al mantener tres representantes en la Junta de Gobierno de la Condusef.

Por lo que respecta a la sesión de los consejos consultivos, en los que propone representación de los usuarios, es claro lo que prevé el artículo 34 del mismo ordenamiento, que señala la obligación de realizar sesiones, con qué frecuencia y quiénes deberán o podrán ser invitados a ella, encontrándose contemplado ya el representante de los usuarios.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados de las comisiones dictaminadoras concluyen que la reforma en su conjunto provocaría una excesiva regulación en lo concerniente a, la integración de la Junta de Gobierno de la Condusef y en lo referente a los requisitos adicionales que se proponen para el presidente y los propuestos para los representantes de los usuarios.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega , Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez , Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Horacio Garza Garza , Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño , Joaquín Humberto Vela González , Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres , José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Antonio Berber Martínez , Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum , Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert , Martín Malagón Ríos (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández , Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez , Salvador Ruiz Sánchez , Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.



LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - CODIGO DE COMERCIO

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y un párrafo al artículo 363 del Código de Comercio

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracciones II y III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo a la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y un párrafo al artículo 363 del Código de Comercio.

Los integrantes de la comisiones unidas que suscriben, con base en las facultades que confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la iniciativa señalada y, conforme a las deliberaciones que de ésta realizaron sus miembros, reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión ordinaria del 1 de abril de 2004, el diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo a la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y un párrafo al artículo 363 del Código de Comercio. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la iniciativa señalada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria, los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía procedieron al análisis de la iniciativa enunciada, con base en lo siguiente:

Descripción de la iniciativa

La iniciativa propone reformar la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, y el artículo 363 del Código de Comercio, a efecto de que las instituciones de crédito no puedan pactar al momento de la celebración de la operación el cobro de intereses vencidos y no pagados oportunamente y, de hacerlo, serían nulos, por lo que resulta ilegal pactar anticipadamente la capitalización de intereses, pudiéndose pactar dicha capitalización en convenio posterior al acto jurídico que dé origen al adeudo. Por tanto, serían nulas las cláusulas o los contratos en que, simultáneamente a la celebración del contrato inicial, se pacten intereses que de no pagarse causen, a su vez, interés.

Consideraciones de las comisiones

Las que dictaminan consideran que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo a la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y un párrafo al artículo 363 del Código de Comercio no es de aprobarse, dado que en la práctica de capitalización de intereses en los depósitos de los ahorradores, la institución debe aplicar el mismo procedimiento en los créditos que otorga; es decir, si el deudor no paga los intereses que genera el crédito, éstos deben considerarse como un nuevo crédito, el cual genera intereses.

De esa forma, de no aplicarse en los depósitos de los ahorradores la capitalización de intereses, la institución presentaría un desequilibrio financiero en su balance porque, por un lado, las obligaciones estarían aumentando, mientras que los ingresos se limitarían y dificultarían la liquidez de la institución, efecto que provocaría que la institución bancaria no tuviera recursos para pagar a los depositantes, al incurrir en pérdidas que, al pasar el tiempo, consumirían el capital del banco.

Con la iniciativa en comento se pretende modificar el régimen legal con base en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la contradicción de tesis sobre el tema de la capitalización de intereses en convenciones civiles y mercantiles. Si bien tal propósito pretende apoyarse en diversos argumentos, se considera que las modificaciones propuestas son contrarias a los principios generales de derecho que rigen la celebración de los contratos, además de que resultarían inoperantes e ineficaces para los propósitos que, según se señala, se pretenden alcanzar con ellas.

En efecto, tal como se aprecia en la resolución que la SCJN emitió en la contradicción de tesis 31/98, la palabra anatocismo no está considerada en ningún ordenamiento de nuestro sistema jurídico, en tanto que el término capitalización es el que se utiliza en nuestra legislación vigente, particularmente en los artículos 2397 del Código Civil Federal y 363 del Código de Comercio; este último sería el que pretende modificarse con la iniciativa.

Al respecto, es de hacer notar que, con fundamento en los preceptos indicados, la SCJN ha interpretado que la capitalización de intereses no se encuentra prohibida y sí, en cambio, está permitida en los supuestos legales establecidos en tales preceptos que, a su vez, tienen sustento en la supremacía de la voluntad de las partes como principio general de los contratos y en el principio que señala que en las transacciones privadas lo que no está prohibido se encuentra jurídicamente permitido.

Así, la propuesta de reforma del artículo 363 del Código de Comercio, para señalar que la capitalización de intereses vencidos y no pagados sólo podría pactarse en un convenio posterior al acto jurídico que haya dado origen a un adeudo --bajo pena de nulidad--, se considera que no sólo carece de lógica jurídica sino que, además, resultaría ineficaz e inoperante en las convenciones mercantiles, por lo que la aprobación de dicha iniciativa traería efectos financieros negativos al sistema financiero, al no permitirse la capitalización de intereses en el activo de los bancos, pero sí en el pasivo, lo que causaría iniquidad en la situación financiera de las instituciones, que las llevaría a una problema de liquidez.

Por otra parte, el hecho de no permitir la capitalización de intereses constituiría una limitación a la libertad contractual, sin que exista justificación para ello, toda vez que se refiere a una relación entre las partes, sin efectos para terceros, por lo que no se justifica una excepción del principio de autonomía de la voluntad. Asimismo, los objetivos que se plantean en dicha propuesta resultarían inoperantes e ineficaces toda vez que se desincentivaría el otorgamiento de créditos.

Por lo expuesto, consideramos que no es conveniente la reforma propuesta en la presente iniciativa, por lo que los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía ponen a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo a la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y un párrafo al artículo 363 del Código de Comercio, presentada por el diputado Ángel Pasta Muñuzuri el 1 de abril de 2004.

Segundo. Archívese el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 29 de agosto de 2007.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres , José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero , Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García , José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Carlos Ernesto Zataraín González (rúbrica).
La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Antonio Berber Martínez , Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum , Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert , Martín Malagón Ríos (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández , Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez , Salvador Ruiz Sánchez , Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.



LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la propuesta de modificación de la fracción VII del artículo segundo transitorio del dictamen de la Ley Federal de Derechos

Honorable Asamblea:

En sesión celebrada el 18 de octubre de 2007 por esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, durante la discusión de la Ley Federal de Derechos el diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la propuesta de modificación a la fracción VII del artículo segundo transitorio del dictamen de la Ley Federal de Derechos. La Asamblea, con fundamento en el artículo 125 del Reglamento para el Gobierno Interior, aprobó que se turnara a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos, para su estudio y dictamen.

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Propuesta que adiciona la fracción VII del artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Derechos, presentada por el diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán
``Al pago de derecho por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que corresponda hacer a los municipios, en términos de su título de asignación, se descontará el valor del volumen de aguas residuales que ésta haya tratado. La cantidad que resulte a favor del municipio deberá éste acreditar haberla invertido en infraestructura para mejorar la eficiencia del servicio''.

Consideraciones de las comisiones unidas

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos consideran que no es procedente la propuesta del diputado Gustavo I. Mendívil Amparán, en el sentido de adicionar un segundo párrafo a la fracción VII del artículo segundo transitorio del dictamen de la Ley Federal de Derechos, consistente en que los municipios que traten las aguas residuales no paguen el derecho por la explotación y uso de las aguas nacionales.

Lo anterior, en virtud de que la Ley Federal de Derechos ya establece beneficios fiscales para los contribuyentes del derecho por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales y descargas de aguas residuales; además de que los municipios gozan de incentivos adicionales y con la propuesta referida, éstos se verían afectados.

En efecto, el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos dispone que los ingresos que se obtengan por los derechos de las aguas nacionales por concepto del uso público urbano, se destinarán a los municipios y organismos operadores para la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, con lo cual se fomenta la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Al respecto, de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para la aplicación del artículo anterior, se estableció el Programa de Devolución de Derechos, que desde su entrada en vigor, en el año 2002, representa a la fecha una inversión total de 16.1 mil millones de pesos en obras de infraestructura de tratamiento de aguas residuales; por lo que la propuesta del diputado Mendívil Amparán impactaría negativamente en la inversión en éste concepto y en los programas de acciones comprometidos con la Conagua, ya que, al no enterarse el derecho por aguas nacionales, no se contaría con recursos para asignarlos a los municipios y organismos operadores.

A su vez, el artículo 282, fracción I, de la Ley Federal de Derechos dispone que no estarán obligados al pago del derecho por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales los contribuyentes cuyos contaminantes no rebasen los límites máximos permisibles establecidos en la ley. En este sentido, ya se establece que si los contribuyentes tratan las aguas residuales generadas y no rebasan los límites máximos establecidos en la ley, no pagan el derecho por las descargas respectivas y no con el sólo hecho de tratar las aguas residuales, aunque no cumplan con no rebasar los límites máximos permisibles tendrían el beneficio de no pagar el derecho por aguas nacionales, como plantea la proposición en comento.

Por su parte, el artículo 282-C del ordenamiento mencionado establece la obtención de un descuento de 6 hasta 44 por ciento en el pago del derecho por el uso, aprovechamiento o explotación de las aguas nacionales, para aquellos contribuyentes que cuenten con planta de tratamiento de aguas residuales y éstas sean de una calidad superior a la establecida en los límites máximos permisibles establecidos en ley. De este precepto se desprende que si los contribuyentes tratan las aguas residuales con cierta calidad, en principio no pagarán los derechos por la descarga de dichas aguas y, además, obtienen un descuento en el derecho por las aguas nacionales.

En adición, el artículo 224, fracción V, de la citada Ley Federal de Derechos establece que por las aguas que regresen a su fuente original que cumplan con los lineamientos de calidad del agua y obtengan el certificado de calidad del agua, no se pagará el derecho por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales. Es decir, los contribuyentes que traten las descargas de aguas residuales con cierta calidad de agua no pagarán el derecho por las aguas nacionales, por lo que la propuesta objeto de dictamen traería como resultado inmediato la no aplicación del incentivo contenido en el artículo en comento, ya que con el hecho de tratar las aguas residuales independientemente de su calidad, los municipios ya no pagarían el derecho por el uso, explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales.

Asimismo, las comisiones dictaminadoras consideran que dentro de las reformas a la Ley Federal de Derechos aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión de fecha 18 de octubre de 2007, en el artículo 279 se establece que los derechos que se obtengan por concepto del uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, se asignará a los contribuyentes para la realización de obras y acciones de saneamiento y dotación de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, fomentándose la construcción y operación de infraestructura de saneamiento.

Además, en el artículo quinto transitorio, fracción IV, de las reformas de esta ley se establece que los contribuyentes que lleven a cabo acciones para el tratamiento y saneamiento de las aguas residuales para no rebasar los límites máximos permisibles podrán obtener la condonación de los créditos fiscales a su cargo, que se hayan causado hasta el ejercicio fiscal de 2007, por concepto del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales.

A mayor abundamiento, la propuesta que se analiza, en el sentido de que los municipios que traten sus aguas residuales no paguen el derecho por aguas nacionales, podría resultar inconstitucional, ya que al propiciar un trato desigual a los contribuyentes distintos a los municipios que también tratan el agua; lo que se traduciría e en la posibilidad de que los afectados ejerzan los medios de defensa respectivos, bajo el argumento de que se viola el principio de equidad establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que podría significaría para los municipios y para los contribuyentes inconformes, el no pago del derecho con las consecuencias recaudatorias evidentes, ni por las descargas de aguas residuales ni por el uso, aprovechamiento o explotación de las aguas nacionales.

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua ha asumido el compromiso ante estas comisiones unidas en las gestiones administrativas necesarias para que la asignación de recursos provenientes de la recaudación de derechos por los conceptos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, y por el uso de los cuerpos receptores de aguas residuales, en vía de devolución, a favor de los municipios y organismos operadores del servicio público urbano del agua, en todo el país, se efectúe dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su pago por los municipios u organismos operadores correspondientes, de lo cual rendirá un informe periódico a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Por las consideraciones antes expuestas, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos consideran no procedente la proposición que adiciona un párrafo a la fracción VII del artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Derechos, toda vez que esta legislación ya prevé incentivos por el tratamiento de las aguas residuales y por el uso, aprovechamiento o explotación de las aguas nacionales, por lo que somete a consideración de la asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la propuesta de modificación a la fracción VII, del artículo segundo transitorio del dictamen de la Ley Federal de Derechos, presentada por el diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán , que la asamblea, en la sesión del 18 de octubre de 2007, con fundamento en el artículo 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó que se turnara a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos, para su estudio y dictamen.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 25 de octubre de 2007.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid , José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica en abstención), Antonio Soto Sánchez , Horacio Emigdio Garza Garza (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González , Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García , José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz , José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Miguel Ángel Navarro Quintero , Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez , Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela (rúbrica), Lourdes Alonso Flores , Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla , José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán , secretarios; Pedro Armendáriz García (rúbrica), Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Modesto Brito González , Aurora Cervantes Rodríguez , Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Felipe González Ruiz (rúbrica), David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía , Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , Irineo Mendoza Mendoza , Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura , Antonio Ortega Martínez , José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros , César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica).»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.



LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona una fracción XI al artículo 14 de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XI al artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Javier Osorio Salcido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, a efecto de apoyar la promoción de la salud mental de los educandos.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39, 44 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículo 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente:

Proyecto de Dictamen

Antecedentes

En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del día 11 de noviembre de 2005, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa que adiciona la fracción XI al artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Javier Osorio Salcido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.

Descripción de la Iniciativa

El proponente manifiesta en su exposición de motivos que ``Las escuelas requieren proporcionar, no solo las actividades académicas necesarias para el desarrollo intelectual de los alumnos; sino también, atención médica y psicológica que contribuyan al desarrollo integral del individuo''.

De acuerdo con la iniciativa, la cultura de la salud escolar se encuentra ampliamente difundida en los países del primer mundo, en donde se llevan a cabo proyectos exitosos, como es el caso de los Estados Unidos, Canadá y España.

El proponente señala que no obstante que en México se han implementado algunos programas de salud en las escuelas como, por ejemplo, el Programa Integral de Salud Escolar y el Proyecto Básico de Cuidado de la Salud, ninguno de los programas atiende los problemas de salud mental.

Asimismo, menciona que en ``México ocupa el cuarto lugar en mortalidad por homicidio en América Latina. En México, 3.5 millones de personas entre los 12 y los 65 años han usado drogas. El dato más revelador es la existencia de una relación directa entre el nivel de estudios (secundaria y preparatoria) y el riesgo al consumo; más de 200,000 adolescentes entre los 12-17 años ha usado drogas alguna vez y el 55.3% continua usándola''. Además de que ``5 millones de niñas y niños sufren algún problema de salud mental; de este total, la mitad requiere de una atención especializada e integral''.

De conformidad con el proponente ``Al aprobarse la presente iniciativa todas las Instituciones del Sistema Educativo Nacional contará de manera obligatoria con la asistencia de servicios psicológicos para identificar oportunamente y prevenir los padecimientos de los estudiantes y del personal docente perteneciente a cada una de estas instituciones educativas y en su caso dar o enviar a tratamiento a instituciones especializadas''.

La iniciativa propone reformar el artículo 14, para quedar como sigue:

``Artículo 14
...
XI. ``Apoyar la promoción de la salud mental, a través de programas que permitan la detección, orientación y en su caso canalización de los educandos y de los docentes a las instituciones especializadas correspondientes, con el fin de impulsar su desarrollo integral''.

Consideración de la Comisión

Como señala el proponente, la salud es el bien más preciado que pueden gozar las personas, y las escuelas son un espacio propicio para prevenir, orientar y detectar problemas relacionados con la salud de nuestros niños, de tal forma que se puedan prevenir daños futuros que afecten gravemente su desarrollo.

No obstante, es de señalarse que tanto la Ley General de Educación como la Ley General de Salud sientan las bases para que las Secretarías de Educación Pública y de Salud implementen los programas, las medidas y acciones necesarias para promover la educación de la salud.

La fracción X del artículo 7 de la ley General de Educación dispone que la educación que imparta el Estado tendrá como fin el desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud.

De manera particular, los artículos 92, 93 y 113 de la Ley General de Salud señalan:

``Artículo 92. Las Secretarías de Salud y de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán y fomentarán la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para los servicios de salud, de conformidad con los objetivos y prioridades del Sistema Nacional de Salud, de los sistemas estatales de salud y de los programas educativos.
Artículo 93. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, promoverá el establecimiento de un sistema de enseñanza continua en materia de salud.
Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.''

Al respecto, se debe considerar que estas disposiciones están encaminadas a la preservación de la salud, lo cual no es el objeto de la iniciativa presentada por el diputado José Javier Osorio Salcido, que busca que se implementen programas que permitan a los docentes la detección, orientación y canalización oportuna de los educandos que presente algún problema de salud.

Cabe señalar que la Secretaría de Salud emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-193 para el fomento de la Salud del Escolar, en donde se establece:

3.1.2 Los destinatarios del fomento de la salud son los preescolares, escolares de primaria y escolares de secundaria del nivel de Educación Básica del Sistema Educativo Nacional. Se recomienda extender estas acciones a los alumnos del nivel Medio Superior.
3.1.3 Las autoridades de salud deben promover y establecer coordinación con las autoridades educativas federal, locales y municipales, para llevar a cabo las acciones básicas, las acciones de apoyo y las de participación social para el fomento de la salud del escolar.
3.2.1.2 El personal de salud debe apoyar al personal docente en el desarrollo de la temática de educación para la salud, de acuerdo a los programas curriculares establecidos para los niveles preescolar, escolar primaria y escolar secundaria, así como en aquellos derivados de la situación de salud específica de cada lugar.
3.2.2.1 El personal de salud debe promover y apoyar la participación de la comunidad escolar en las actividades de prevención, que son:
3.2.3 Detección precoz del daño
3.2.3.1 El personal de salud debe promover y apoyar la participación de la comunidad escolar, en particular del personal docente en el espacio escolar, y de los padres de familia, para realizar la detección precoz del daño en los alumnos, que comprende:
a) Observación cotidiana de señales físicas, síntomas, alteraciones de la conducta o deterioro del aprovechamiento, que sugieran problemas de agudeza visual, auditiva, mala nutrición, consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, maltrato al niño, enfermedades de la piel, infecciones gastrointestinales, respiratorias o trastornos posturales.
b) Aplicación de procedimientos sencillos, previa capacitación, para:
- valorar problemas de aprendizaje y conducta,
3.2.3.2 Las actividades de detección precoz del daño se pueden realizar con base en procedimientos e instrumentos establecidos, o bien, acordados por las autoridades de salud, en coordinación con las de educación.
3.2.3.3 Los alumnos identificados con problemas de salud, mediante las detecciones realizadas en las escuelas, deben ser referidos a las unidades de salud. Para ello, el personal de salud debe promover la participación de los maestros y de los padres de familia.
3.2.4 Atención al daño
Las actividades de atención encaminadas a la limitación del daño son: atención médica rutinaria, atención de urgencias y curaciones. Las debe realizar el personal de salud de acuerdo a la normatividad que en la materia ha establecido la Secretaría de Salud.
3.2.5 Rehabilitación
La rehabilitación comprende acciones tendentes a restaurar la capacidad física, sensorial o mental del escolar y promover facilidades para el desempeño de los discapacitados.
3.2.5.1 Los escolares que requieran rehabilitación deben ser referidos por el servicio de salud a personal calificado o a instituciones especializadas públicas, sociales o privadas.

Si bien estas disposiciones de carácter obligatorio contemplan medidas muy concretas para detectar y canalizar a los alumnos que presenten problemas de salud en general, incluyendo problemas de salud mental, esta Comisión dictaminadora estima que es necesario que se regule en la Ley General de Educación.

En este sentido, se debe considerar que los problemas de detección, orientación y canalización de los educandos que presentan algún problema de salud mental, no es un asunto meramente normativo, sino de cumplimiento eficaz de las leyes por parte de las autoridades educativas y de salud. Por lo tanto, una modificación a la Ley General de Educación se considera redundante.

Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera que no es de aprobarse la presente iniciativa, en virtud de la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-193 de la Secretaría de Salud, prevé la implementación de programas para atender la educación de la salud, incluyendo la salud mental, por lo que se propone a esta H. Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XI al artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Javier Osorio Salcido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza , Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola , Raymundo Cárdenas Hernández , Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica en contra), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández , María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica).»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.



VOLUMEN II

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ramón González González, integrante del Grupo Parlamentario del PAN de la LIX Legislatura, a efecto de modificar la edad de quince a dieciocho años para tener acceso al Sistema de Educación para Adultos.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39, 44 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículo 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

Proyecto de Dictamen

Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del día 28 de marzo de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ramón González González, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, de la LIX Legislatura y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.

Contenido de la Iniciativa

De acuerdo con el proponente el objetivo de la iniciativa es que para ingresar a cursar la educación para adultos sea necesario que el individuo tenga la mayoría de edad, es decir, haber cumplido al momento de su ingreso a clase los dieciocho años y por lo tanto ``ser un adulto'', ya que afirma que ``...no es viable ni adecuado, que personas que no siendo mayores de edad y que por lo mismo carecen de capacidad legal, se entremezclen con otras que si lo son, ya que criterios y mentalidades tendrán que divergir, debido a las condiciones físicas y mentales que por naturaleza hay entre un menor y una persona mayor de edad, fomentando una convivencia inadecuada.''

Se argumenta que los menores de dieciocho años de edad pueden recibir la educación básica en los centros diseñados para ese fin, en donde puedan desarrollar sus capacidades y convivir con personas de su edad.

Asimismo, en la exposición de motivos se señala que la reforma está sustentada en la ``congruencia legislativa'', ya que tanto la Constitución, el Código Civil Federal, como la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen como sinónimo los términos ciudadano, adulto y mayor de edad: ``...razón por la que no veo que exista congruencia entre los términos señalados y lo expresado en la Ley General de Educación en su artículo 43, al señalar en lo relativo a la educación de los adultos a personas de 15 años, cuando expresamente se establece en diversas leyes que a esa edad aún no son adultos.''

El diputado propone reformar el artículo 43, para quedar como sigue:

``Artículo 43. La educación para adultos está destinada a individuos de dieciocho años o más que no hayan cursado o concluido la educación básica y comprende, entre otras, la alfabetización, la educación primaria y la secundaria, así como la formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la solidaridad social.''

Consideraciones de la Comisión

Al respecto, se debe tomar en cuenta que la utilización de la edad como factor determinante del carácter adulto de una persona es un tema controvertido, como lo advierte D.J. Ironside en la Enciclopedia Internacional de la Educación 1 . Para Ironside, el momento en que una persona alcanza la edad adulta guarda escasa relación con la edad cronológica, ya que tiene que ver con la cultura a que pertenece, sus responsabilidades sociales o económicas y al sistema legal vigente en su país, por lo que, afirma, muchos autores han intentado definir la educación de adulto como un proceso no relacionado con la edad.

En este mismo sentido, José Antonio Carranza Palacios y Roger Díaz de Cossío 2 , señalan que el corte de edad de 15 años para considerar a una persona como adulto es arbitrario. De acuerdo con los autores, este corte de edad se empezó a emplear a finales de los años setenta, cuando la UNESCO modificó sus informes sobre los índices de analfabetismo de 10 a 15 años. Incluso, afirman Carranza y Díaz de Cossío, la tendencia es hablar de jóvenes y adultos en relación a esta población y no de edades, ya que la mitad de los adultos en rezago tienen menos de 20 años.

Ahora bien, desde el punto de vista jurídico la edad adulta supone el momento en que la ley establece que una persona tiene la aptitud o capacidad para ejercitar por sí misma sus derechos y cumplir sus obligaciones.

Si bien es cierto que el ordenamiento jurídico mexicano toma como base la edad de dieciocho años para considerar que una persona tiene la capacidad de ejercicio, esa edad no es absoluta, ya que las leyes determinan en qué casos y en qué circunstancias, de acuerdo con la trascendencia del acto jurídico a cumplirse (Enciclopedia Jurídica OMEBA, T IX, p. 610).

Por ejemplo, el Código Civil Federal determina que la mayoría de edad comienza a los dieciocho años cumplidos y que, por consecuencia, se puede disponer libremente de su persona. No obstante, existen algunas situaciones de excepción como la establecida en el artículo 148 del mismo Código Civil Federal, que dispone que para contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. De igual manera, el artículo 1306 del mismo Código establece la prohibición para testar a los menores que no hayan cumplido los dieciséis años de edad, ya sean hombres o mujeres.

En materia laboral la ley señala que los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, en tanto que los mayores de catorce y menores de dieciséis necesitan autorización, ya sea de sus padres o tutores, y a falta de ellos del sindicato al que pertenezcan o la autoridad laboral; es decir, los mayores de dieciséis años tienen la plena capacidad para celebrar contratos laborales.

Por el contrario, para ejercer derechos políticos-electorales como los de votar y ser votado, de asociación y tomar las armas, la Constitución establece la edad de dieciocho años.

En materia penal la Constitución les da un trato distinto a los menores de dieciocho años que se les atribuye la realización de una conducta tipificada como delito, sin embargo, existe un fuerte debate en torno a reducir la edad penal a 16 años en determinados delitos, como el secuestro, la violación y el homicidio calificado, bajo el argumento de que se debe hacer una diferencia clara y tajante entre el verdadero delincuente juvenil, que realiza conductas de una gran gravedad y los niños y jóvenes que realizan conductas antisociales 3 .

En este sentido, el debate se complica ya que el mismo argumento se utiliza para justificar que los jóvenes que han cometido alguno de esos delitos verdaderamente graves, no pueden convivir con jóvenes a quienes se les involucra en delitos menores.

De esta forma, y aunque como bien lo señala el diputado proponente que la Constitución, el Código Civil Federal y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen como sinónimo los términos ciudadano, adulto y mayor de edad, también es cierto que esta soberanía ha sido muy cuidadosa en determinar las edades por las que una persona tiene la capacidad de ejercer por sí mismas sus derechos y cumplir sus obligaciones de acuerdo a la materia que se trate; de lo contrario se tendrían que modificar todas las disposiciones legales que manejan situaciones de excepción.

Además, si se considera que la capacidad de ejercicio responde a la trascendencia del acto jurídico a cumplirse, es evidente que la capacidad para ejercer el derecho a recibir instrucción básica para adultos no se puede equiparar a la capacidad que se requiere para decidir por nuestros representantes populares o para ser representante popular, tomar las armas o para recibir penas en centros de readaptación social para adultos.

Ahora bien, el proponente señala que los menores de dieciocho años ``pueden cursar la educación básica en los centros diseñados para tal fin''; sin embargo, no se dice nada sobre la operatividad de dichos centros y su viabilidad.

De aprobarse la propuesta, implicaría un rediseño del sistema educativo nacional para atender exclusivamente a aquellos jóvenes de entre quince y dieciocho años que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria; es decir, para en un núcleo de población muy concreto.

Para ello, resulta necesario contar con datos reales que nos permitan saber cuántos jóvenes por población o comunidad se encuentran en esta situación, de tal forma que se justifique el crear esos centros educativos.

Por otro lado, se debe observar que la edad de quince años para cursar la educación para adultos es congruente con las definiciones de los organismos nacionales e internacionales sobre analfabetismo, los cuales toman como base para determinar los índices de analfabetismo, precisamente la edad de quince años. Así, para el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), se considera alfabeto la población de quince y más años que sabe leer y escribir un recado. En tanto que, de acuerdo con la UNESCO y la CEPAL la tasa de analfabetismo es el ``porcentaje de la población mayor de 15 años que no sabe escribir y leer un texto de poca dificultad.''

Cambiar la edad para recibir la educación de adultos, implicaría modificar las definiciones de analfabetismo a nivel nacional y establecer un nuevo sistema estadístico para determinar los índices de analfabetismo en el país, lo cual discreparía con las definiciones e indicadores internacionales.

En suma, se considera que los argumentos presentados por el legislador proponente no son muy sólidos en cuanto a modificar la edad de quince a dieciocho años para recibir la educación para adultos, ya que de igual manera, se podría argumentar que jóvenes de dieciséis o diecisiete años no deben convivir con niños de nueve, diez u once años; utilizando los mismos argumentos del proponente ``...no es deseable que convivan, ya que criterios y mentalidades tendrán que divergir, debido a las condiciones físicas y mentales que por naturaleza hay entre un niño de diez años y uno de diecisiete años, fomentando una convivencia inadecuada.''

En definitiva, se estima que los argumentos del proponente sobre la congruencia legislativa y en los inconvenientes de la convivencia de jóvenes y adultos son débiles y no justifican la magnitud del cambio en la estructura del sistema educativo nacional que se pretende impulsar.

En virtud de lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera que no es de aprobarse la presente iniciativa, por lo que se propone a esta H. Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación, a cago del diputado de la LIX Legislatura Ramón González González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Notas: 1 Ironside, D. J. ``Educación de adultos: conceptos y definiciones'', en Enciclopedia Internacional de la Educación , dirigida por Torsten Husen y T. Neville Postlethwaite, España, Ministerio de Educación y Ciencias y editorial vicens-vives, 1989: 1673.2 Carranza Palacios, José Antonio y Roger Díaz de Cossío. La Lucha por la Educación de los adultos. México, Noriega Editores, 2000: 17.3 Rodríguez Manzanera, Luis. Criminología . México, Editorial Porrúa, 2003:507. Véase también en Criminalidad de Menores, México, Porrúa, 2004: 341 y ss.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza , Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola , Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández , María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica).»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.



LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas que reforman y adicionan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría del Agua.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 90, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, basándonos en los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 12 de diciembre de 2006, el diputado César Duarte Jáquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
2. En esa misma fecha, 12 de diciembre de 2006, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y análisis correspondiente.
3. Con fecha 28 de abril de 2005, el diputado Fernando Ulises Adame de León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
4. En esa misma fecha, 28 de abril de 2005, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y análisis correspondiente.
5. Con fecha 14 de junio de 2005, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados modificó el trámite dictado a la iniciativa presentada por el diputado Fernando Ulises Adame de León, rectificándose el turno con el fin de que la Comisión de Recursos Hidráulicos emitiera su opinión.
6. Con fecha 2 de octubre de 2007, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativas

A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada por el diputado César Duarte Jáquez.

Expone el iniciador que el agua es un recurso natural no renovable y que actualmente se encuentra en una etapa de erosión mundial por lo que su explotación, uso, aprovechamiento, distribución y canalización son las grandes preocupaciones que deben llamar la atención del Estado mexicano a través de políticas responsables para su total aprovechamiento.

Afirma que los problemas del agua están relacionados con una mala gestión del recurso. En algunos casos, hasta el 50 por ciento del agua en zonas urbanas y el 60 por ciento de la usada para la agricultura, se desperdicia por pérdidas y evaporación. La explotación forestal y la conversión de la tierra para satisfacer la demanda de los seres humanos han reducido a la mitad los bosques del mundo, aumentando la erosión de la tierra y la escasez del agua.

La iniciativa propone la creación de la Secretaría del Agua que implicaría el reconocimiento por parte del Estado de esta problemática nacional, poniendo especial atención e implantando políticas públicas encaminadas a una mejor gestión de este recurso vital y, al mismo tiempo, destinar las herramientas e instrumentos que le sean proporcionados por la ciencia y tecnología para lograr el objetivo de canalizar un mayor nivel de agua y aprovecharla con su uso; la secretaría se ocuparía de implantar la tecnología y la ciencia posible para mejorar la calidad del agua a nivel nacional; será la encargada de realizar obras de mantenimiento y modernización de la tubería de suministro de agua potable y alcantarillado.

Al mismo tiempo, esta nueva secretaria de Estado deberá desarrollar y promover en la población mexicana, una cultura sobre el buen aprovechamiento y cuidado del agua.

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada por el diputado Fernando Ulises Adame de León.

Señala el iniciador que en México el agua es un asunto de seguridad nacional; sin embargo, alrededor del 15 por ciento de los acuíferos están sobre explotados; 12 millones de mexicanos no tienen agua potable y, en una gran proporción, el agua residual que no es tratada antes de regresarla al ambiente.

La agricultura utiliza dos tercios del agua subterránea extraída, aunque la agricultura de riego representa el 50 por ciento de la producción agrícola en México y 70 por ciento de las exportaciones agrícolas.

Si bien la gestión del agua ha sido regida por diferentes disposiciones normativas e instancias de gobierno, el iniciador afirma que hay coincidencia entre la población de que el trabajo de coordinación de la Comisión Nacional del Agua dentro de una Secretaría del Medio Ambiente inhibe, reduce o controla las acciones para una gestión adecuada que atienda las necesidades de la población; por lo tanto, para que cumpla con los objetivos de su creación, esta instancia debe estar investida de la legalidad y legitimidad que le otorgue la autoridad.

En este sentido, se considera la creación de una secretaría de Estado que, con todos sus recursos y atribuciones, atienda frontal mente los problemas actuales y futuros relacionados con el agua.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

Consideraciones

1. Habiendo analizado el contenido de las iniciativas, se llega a la conclusión de que las mismas son coincidentes en sus objetivos, por lo que esta comisión las dictamina en un solo documento. Asimismo, por lo que hace a la iniciativa presentada por el diputado Fernando Ulises Adame de León, se amplió el turno con efectos de opinión a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LIX Legislatura, sin que a la fecha se haya emitido la opinión correspondiente de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
2. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal. La Presidencia de la república, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, integran la administración pública centralizada.
Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.
3. En esa nueva organización de la administración pública, conformada en 1976, se fusionaron las Secretarías de Agricultura y la de Recursos Hidráulicos. Ésta última tuvo entre sus atribuciones la organización, dirección y reglamentación de los trabajos de hidrología de cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneos, vigilando el cumplimiento y aplicación de la Ley General de Aguas.
4. Igualmente entre sus atribuciones estaba la de administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de las cuencas hidráulicas, vasos, manantiales yaguas de -propiedad nacional, así como de las zonas federales correspondientes y el estudio, proyección, construcción y conservación de las obras de riego, desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos donde se utilicen obras y recursos hidráulicos, además de la dotación de agua a los núcleos de población e industrias, entre otros.
5. El 16 de enero de 1989, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Comisión. Nacional del Agua, como un órgano administrativo y desconcentrado de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Dicha desconcentración obedeció a criterios para una distribución adecuada del agua, en un uso eficiente y equitativo, con el objeto de atender las necesidades sociales, económicas y ecológicas y haciendo responsable a la sociedad civil para que contribuyera en los costos de los servicios del agua por los que se viera beneficiada.
6. El 28 de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal creando la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Gracias a la idea de ``desarrollo sustentable'', esta nueva dependencia nació a partir de la necesidad de planear el manejo de recursos naturales y políticas ambientales en el país desde un punto de vista integral, articulando los objetivos económicos, sociales y ambientales.
7. Esta nueva organización fue propicia para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales contara, para el estudio, planeación y despacho de sus atribuciones, con los siguientes órganos desconcentrados:
• La Subsecretaría de Recursos Naturales;
• La Subsecretaría de Pesca;
• El Instituto Nacional de Ecología;
• El Instituto Nacional de la Pesca;
• El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua;
• La Comisión Nacional del Agua;
• La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y ·
• La Comisión para el Conocimiento de la Biodiversidad.
8. El 30 de noviembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que las atribuciones de Pesca, que quedaban bajo la competencia de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, fueron trasladadas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Dicha reforma obedeció a la necesidad de una gestión funcional que permitiera impulsar una política de protección ambiental que diera respuesta a la creciente expectativa nacional para proteger los recursos naturales y que lograra .incidir en las causas de la contaminación y de la pérdida de ecosistemas y la biodiversidad en el territorio nacional.
9. En relación al manejo de los recursos hídricos de México, el artículo 8 de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992, señala cuáles son las atribuciones otorgadas a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales:
Artículo 8 . Son atribuciones del Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales:
I . Proponer al Ejecutivo federal la política hídrica del país;
II . Proponer al Ejecutivo federal los proyectos de ley, reglamentos, decretos y acuerdos relativos al sector;
III . Fungir como presidente del Consejo Técnico de ``la Comisión'';
IV . Suscribir los instrumentos internacionales, que de acuerdo con la ley sean de su competencia, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, e instrumentar lineamientos y estrategias para el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de aguas;
V . Expedir las normas oficiales mexicanas en materia hídrica en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a propuesta de ``la Comisión'', y
VI . Las que en materia hídrica le asignen específicamente las disposiciones legales, así como aquellas que le delegue el titular del Ejecutivo federal.
10. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales conservó a la Comisión Nacional del Agua en la estructura de los órganos desconcentrados. Sus atribuciones quedaron establecidas en la Ley de Aguas Nacionales, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 del reglamento interior de la Semarnat, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2003.
11. El artículo 3, fracción XII de la Ley de Aguas Nacionales señala que la naturaleza de la Comisión Nacional del Agua es la de ser el órgano carácter técnico, normativo y consultivo de la federación, dotado de autonomía administrativa, presupuestal y de ejecución:
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I. a XI. ...
XII . Comisión Nacional del Agua: Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a esta ley corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere;
XIII. a LXVI. ...
12. De la lectura anterior se desprende la responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua sobre la gestión y administración, regulación, control y protección de los recursos hídricos. Sus atribuciones y organización quedan establecidas pormenorizadamente en el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales y que consisten en el fomento del uso eficiente del agua en la producción agrícola, incrementando la eficiencia en el uso del recurso en los distritos y unidades de riego, la construcción de la infraestructura hidráulica que amplíen la frontera agrícola en zonas con disponibilidad de agua y el apoyo a las zonas rurales marginadas con infraestructura hidráulica.
13. La Comisión Nacional del Agua también tiene como atribución fomentar la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios del agua potable, alcantarillado y saneamiento, atendiendo el rezago en la cobertura y calidad de los servicios del agua potable, alcantarillado y saneamiento de básico en las zonas rurales; le corresponde la ampliación de las coberturas en la distribución del líquido y la mejora en la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, el tratamiento de las aguas residuales y el intercambio del agua tratada por agua de primer uso.
14. La Comisión Nacional del Agua es responsable del manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos; debe determinar y dar a conocer su volumen y calidad disponible en las reservas del país y regular la demanda del vital líquido; además, señala cuáles son los procesos de planeación, programación, presupuestación y aplicación de los programas hidráulicos sobre cuencas y acuíferos. Entre sus atribuciones está la de reducir la contaminación del agua, lograr el equilibrio en las cuencas y acuíferos sobrexplotados e inducir a la sociedad a reconocer el valor económico del agua.
15. Conagua promueve el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector, eficientando los recursos financieros destinados. En este sentido, consolida el proceso de descentralización de funciones, programas y recursos que realiza la Federación hacia los estados, municipios y usuarios para lograr un mejor manejo del agua. Uno de sus objetivos, igualmente, es la consolidación de la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua, promoviendo la cultura del uso racional, lo anterior, logrando el fortalecimiento de los consejos, comisiones y comités que integran el organismo.
16. Finalmente, entre sus atribuciones se encuentran la prevención y disminución de riesgos así como la atención de los efectos de las inundaciones y las sequías, consolidando los sistemas de información y alerta de los fenómenos hidrometeorológicos e implantando los planes de prevención y atención de inundaciones, a través de acciones que involucren a los órdenes de gobierno y a los usuarios.
17. De acuerdo lo anteriormente expuesto, esta comisión considera que la Comisión Nacional del Agua tiene las atribuciones suficientes que permiten el adecuado manejo de los recursos hidrológicos del país. Como órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico, tiene la autonomía técnica y presupuestal suficientes para realizar las actividades de planeación, construcción, operación y conservación de los recursos hidráulicos y la formulación de acciones requeridas en cada cuenca hidrológica, como establece el decreto de su creación, la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento.
18. Considerar la creación de una Secretaría del Agua representaría el traspaso de recursos, las adecuaciones presupuestarias que comprenden las modificaciones a las estructuras programáticas y financieras, de los calendarios financieros y de metas, así como el traspaso de los recursos humanos y de los activos patrimoniales, por lo que representaría un impacto presupuestario que no está debidamente cuantificado, lo que implicaría un retraso en la aplicación de las políticas nacionales que en la materia realiza la Comisión Nacional del Agua, perjudicando el cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales del país, por lo que la propuesta de creación de la Secretaría del Agua expuesta en las iniciativas de referencia no se considera viable.
19. Finalmente, esta comisión considera que en el marco de renovación de las instituciones del país, es necesaria la atención cabal de un asunto vital es el manejo adecuado del agua. La conjugación de los esfuerzos de corresponsabilidad social implican que una nueva estructuración de la administración pública federal contemple elementos humanos, administrativos y presupuestarios suficientes que consoliden a un órgano capaz de manejar responsable y eficientemente los recursos y estructura hidrológica de todo el territorio nacional.
20. En este sentido, los integrantes de la Comisión de Gobernación refrendan su compromiso a fin de realizar los esfuerzos legislativos necesarios que permitan una adecuada atención al problema del agua.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada por el diputado César Duarte Jáquez, el 12 de diciembre de 2006.

Segundo. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada por el diputado Fernando Ulises Adame de León, el 28 de abril de 2005.

Tercero. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal a 9 de octubre de 2007.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz , Ricardo Cantú Garza , Ariel Castillo Nájera , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez , Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.



LEY DE FOMENTO PARA LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta por la que se crea la Ley de Fomento para la Renovación del Parque Vehicular

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 57 y 135 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la honorable Cámara de Senadores remitió la minuta proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Fomento para la Renovación del Parque Vehicular.

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben, con base en las facultades que les confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se abocaron al análisis de la minuta antes señalada, y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros reunidos en Pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente celebrada en la Cámara de Diputados el 11 de enero de 2006, el diputado federal Alfonso Nava Díaz y el senador Éric Luis Rubio Barthell, integrantes de la LIX Legislatura, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Parque Vehicular en México.
En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente determinó que se turnase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
2. Con fecha 18 de enero de 2006, en la sesión de la Comisión Permanente, el Presidente de la Mesa Directiva modificó el trámite con base en la solicitud del propio promovente y se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.
3. Con fecha 2 de febrero de 2006, en sesión ordinaria, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dio por comunicada y rectificó el turno de la iniciativa a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos.
4. Con fecha 6 de abril de 2006, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 78 votos en pro el dictamen proyecto de decreto que crea la Ley de Fomento para la Renovación del Parque Vehicular, la cual fue turnada a esta Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.
5. Con fecha 18 de abril de 2006, el pleno de la Cámara de Diputados tuvo conocimiento de la minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que crea la Ley de Fomento para la Renovación del Parque Vehicular, siendo turnada a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público.
6. En sesión ordinaria, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público procedieron al análisis de la minuta antes enunciada, con base en la siguiente

Descripción de la minuta

La minuta propone crear el consejo nacional del sector automotor, como órgano consultivo en las materias que le señale esta ley. Tendrá carácter permanente y se integrará con representantes del sector público y de los sectores privado y social que participan en las etapas de la cadena productiva de automotores. Invariablemente se deberá solicitar su opinión en materia de renovación del parque vehicular y, en reglamentos y normas correlacionadas.

Entre las funciones del consejo que se propone destacan:

• Promover la concertación de acuerdos entre los sectores, ramas, grupos y agentes económicos, vinculados con la cadena productiva, y dar seguimiento a su instrumentación, a fin de favorecer su integración y complementariedad;
• Realizar las acciones pertinentes para favorecer la incorporación, en los planes, programas y políticas a corto, mediano y largo plazos, de los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, las propuestas y recomendaciones que adopte en favor de la eficiencia y competitividad de esta cadena;

También prevé la creación del fideicomiso que administrará el fondo para la renovación del parque vehicular, el cual tendrá por objeto apoyar la renovación de los vehículos y se podrá integrar con:

• Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales;
• Las aportaciones de los fideicomitentes;
• Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, nacionales e internacionales;
• Créditos y apoyos de organismos internacionales;
• Los recursos provenientes de las operaciones del fideicomiso;
• El producto de sus operaciones y de la inversión de fondos libres en valores comerciales o del sector público,
• Cualesquiera otras aportaciones, que por cualquier título legal adquiera el fideicomiso.

Finalmente, establece como fines del fideicomiso:

• Fortalecer el mercado interno de vehículos automotores, con el propósito de renovar los que se consideren, por sus condiciones y antigüedad, como vehículos al final de su vida útil, creando un programa para la adquisición de vehículos utilitarios que incluya condiciones preferenciales de compra y disminución de la tasa impositiva por la adquisición de los vehículos nuevos, otorgando estímulos reales a los grupos de población que más lo requieran;
• El Consejo planteará al Ejecutivo federal los estímulos fiscales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del fideicomiso.

Consideraciones de las comisiones

Las que dictaminan consideran que no es de aprobarse la minuta proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Fomento para la Renovación del Parque Vehicular que nos ocupa, toda vez que el objetivo ya ha sido atendido por el gobierno federal con diversas medidas que favorecen la renovación del parque vehicular, destacando entre ellas:

a. El decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de agosto de 2005, otorga una exención del impuesto sobre automóviles nuevos que se cause por la enajenación de automóviles que se realice al consumidor por el fabricante, distribuidor, ensamblador o comerciante en el ramo de vehículos, así como aquellos que se importen de manera definitiva por el consumidor final, cuyo precio de enajenación al consumidor o valor en aduana, según se trate, no exceda de 150 mil pesos sin IVA, siempre que el impuesto mencionado no sea trasladado ni cobrado al adquirente de los automóviles y que, tratándose de automóviles cuyo precio de enajenación o valor en aduana se encuentre comprendido entre 150 mil pesos .01 centavos y 190 mil pesos la exención del referido impuesto es de 50 por ciento.
b. La deducción en el impuesto sobre la renta por la adquisición de automóviles utilitarios y de los pagos por el uso o goce de automóviles.
c. La deducción inmediata de inversiones de activo fijo para los contribuyentes del sector autotransporte, quienes además gozan de otros estímulos fiscales y facilidades administrativas.
d. La exención del pago del impuesto sobre automóviles nuevos que se cause a cargo de las personas físicas o morales que enajenen al público en general o que importen definitivamente en los términos de la Ley Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquellos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna.

En el caso de vehículos para uso particular, la propuesta es regresiva desde el punto de vista de distribución de los ingresos de las familias. Ello debido a que las familias de ingresos medios y altos serían las beneficiarias del estímulo, ya que son las únicas que pueden adquirir automóviles. De esta manera, se emplearían recursos públicos para empeorar la distribución del ingreso, que es una de las mayores preocupaciones de la sociedad mexicana.

El otorgamiento de subsidios para renovar el parque vehicular podría resultar en una transferencia de recursos a los fabricantes de vehículos automotores, ya que éstos podrían incrementar los precios en el monto del subsidio que se otorgue apropiándose de esta manera de los recursos que se destinen al fondo para la renovación del parque vehicular.

La creación del fondo para la renovación del parque vehicular implica un costo fiscal. En la minuta no se mencionan las fuentes para financiar el costo fiscal que implica su aprobación, lo que contraviene lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el sentido de que ``a toda propuesta de aumento o creación del gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos deberá agregarse la correspondiente minuta de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto''.

Por lo anteriormente expuesto, las que dictaminan estiman que la minuta debe ser desechada y, con fundamento en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso y el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público se permiten someter a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Con fundamento en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha la minuta proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Fomento para la Renovación del Parque Vehicular, remitida por el Senado de la República y turnada a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público el 18 de abril de 2006.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados a 29 de agosto de 2007.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero , Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García , José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Carlos Ernesto Zataraín González (rúbrica).
La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velásquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Antonio Berber Martínez , Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum , Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert , Martín Malagón Ríos (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Oribuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández , Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez , Salvador Ruiz Sánchez , Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Por lo que se refiere al último dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El siguiente punto del orden del día se refiere a iniciativas de diputados. Se concede el uso de la tribuna al diputado Francisco Antonio Fraile García, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Francisco Antonio Fraile García: Gracias, señor Presidente. En nombre de la diputada Silvia Degante y de un servidor; a iniciativa de México este año se firmó la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la cual el 27 de septiembre fue ratificada por el Senado de la República.

La presente iniciativa con proyecto de decreto retoma uno de los aspectos importantes de la Convención: el derecho al trabajo y al libre acceso que tienen las personas con discapacidad.

En este tenor, el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en pie de igualdad con los demás y en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible a las personas con discapacidad.

La convención se suma a otros instrumentos internacionales que México ha suscrito, de entre los que destaca el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual entró en vigor el 20 de junio de 1985.

En este contexto resulta impostergable hacer las reformas legales que permitan la armonización de nuestra legislación interna con el involucramiento a nivel nacional de autoridades federales y locales para difundir y aplicar y promover el contenido de los tratados.

Para lograr estos objetivos necesitamos realizar una serie de cambios que van desde las reformas legales administrativas en las estructuras del equipamiento urbano y de transporte para el libre acceso.

De acuerdo con los datos del INEGI, hay en nuestro país 1.8 millones de personas con algún tipo de discapacidad, siendo la más frecuente la discapacidad motriz, que representa 45.3 por ciento; seguida de la visual, con 26; y la mental, con 16.1.

Los datos advierten la necesidad de asegurar la inclusión social y fortalecer la legislación laboral a favor de las personas con discapacidad, a efecto de que se construya una nueva ética social y laboral.

Para lograr dichos objetivos, los empleadores tal vez tengan que efectuar uno o varios cambios en los centros de trabajo para que las personas puedan realizar el trabajo de manera eficaz.

Sin embargo, muchos de los obstáculos a los que los discapacitados se enfrentan en la búsqueda de su puesto de trabajo y en el propio trabajo provienen más bien del modo en que el empleo y el lugar de trabajo están estructurados y organizados que de la propia discapacidad.

Pueden precisarse ajustes o acondicionamientos para garantizar que el trabajador discapacitado pueda trabajar satisfactoriamente y con colegas sin discapacidades. Esto es una forma de atender la dignidad de todas estas personas.

La iniciativa se ajusta mucho a la iniciativa de los sectores presentada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde y el Partido Acción Nacional el 12 de diciembre de 2002.

Estas modificaciones al artículo 132 bien valen la pena, y yo creo que todos los mexicanos tenemos el derecho de tener accesibilidad a cualquier centro de trabajo. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Francisco Antonio Fraile García , diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por el estado de Puebla, integrante de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a las comisiones correspondientes, a fin de que se dictamine y se lleve a cabo la posterior discusión en el Pleno de esta Cámara, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI, del artículo 132, de la Ley Federal del Trabajo en materia de libre acceso a los centros de trabajo para las personas con discapacidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A iniciativa de México, este año se firmó la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Esta convención internacional fue negociada a lo largo de cuatro años, a raíz de una iniciativa presentada por el gobierno de México ante la 56 Asamblea General de la ONU en 2001. México mantuvo un reconocido liderazgo a lo largo del proceso negociador, hasta concluir con un texto de convención y su protocolo facultativo.

Ambos instrumentos contienen disposiciones sustantivas y mecanismos de seguimiento y monitoreo, que se suman a los de otros siete tratados y convenciones en materia de derechos humanos a nivel internacional, con carácter vinculante.

La convención entrará en vigor 30 días después del depósito del vigésimo instrumento de ratificación o adhesión ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Una vez firmado por Rincón Gallardo, el texto será enviado para su análisis al Senado de la República, con miras a su aprobación y ratificación por parte del Estado mexicano.

Con la entrada en vigor de la convención, se dota al derecho internacional de un instrumento vinculante para que los gobiernos introduzcan cambios en sus legislaciones referentes a mejorar y promover el acceso a la educación y al empleo a las personas con discapacidad.

La convención no sólo implica la elaboración de leyes y medidas para mejorar los derechos de las personas con discapacidad, sino que además acuerda eliminar legislaciones, prácticas y costumbres que las discriminan.

Una vez que la convención sea ratificada por el Senado de la República, México tendrá el reto de llevar a cabo la armonización de su legislación interna, con el involucramiento a nivel nacional de autoridades federales y locales, para difundir, aplicar y promover el contenido de los tratados.

La convención se centra en el derecho que las personas con discapacidad tienen de participar en la toma de decisiones que las afectan, y prevé el respeto a sus garantías fundamentales, así como la igualdad de oportunidades. En esencia, se trata de garantizar que las personas que sufren algún tipo de discapacidad, ya sea visual, física, mental o auditiva, puedan disfrutar de los mismos derechos que las demás y sean capaces de hacer valiosas contribuciones a la sociedad, si se les brindan las mismas oportunidades.

En este sentido, se prevé la adaptación de los inmuebles para dar acceso y libertad de movimiento independiente a las personas discapacitadas.

Para lograr estos objetivos necesitamos realizar una serie de cambios, que van desde las reformas legales, administrativas, y en las estructuras del equipamiento urbano y de transporte para el libre acceso.

La presente iniciativa con proyecto de decreto, retoma uno de los aspectos importantes de la convención: El derecho al trabajo que tienen las personas con discapacidad.

Bajo este tenor, el artículo 27 de la convención señala lo siguiente:

``Los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en pie de igualdad con los demás; ello incluye el derecho a la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado de trabajo y un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible a las personas con discapacidad. Los estados partes salvaguardarán y promoverán el derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas apropiadas, incluso mediante la promulgación de legislación, entre ellas: (...) Asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo''.

Este artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es sumamente completo en la medida que prohíbe todo acto discriminatorio, así como a la protección de los inválidos vigilando que no sean sometidos a trabajos obligatorios y a servidumbre.

La convención se suma a otros instrumentos internacionales que México ha suscrito, de entre los que destaca el convenio número 159 de la Organización Internacional del Trabajo, el cuál entró en vigor el 20 de junio de 1985.

En dicho convenio se establece que los estados suscritos apliquen y revisen periódicamente la política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas discapacitadas. En este sentido, el convenio establece una serie de principios fundamentales que deberían estar en la base de las políticas de readaptación profesional y empleo, destacando aquellas referidas a la igualdad de oportunidades y de trato, las medidas positivas que no deberían ser entendidas como discriminatorias para otros trabajadores, la integración de las personas con discapacidades a los programas y servicios normales relativos al trabajo, servicios para aquellas áreas rurales y comunidades remotas, la formación de personal calificado y la necesidad de consultar a las organizaciones de empleadores y trabajadores así como a las organizaciones representativas de las personas discapacitadas.

En este contexto, resulta impostergable hacer las reformas legales que permitan la integración plena de este sector de la población a un empleo digno y bien remunerado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, conocido por sus siglas INEGI, indican que en el 2000 vivían 1.8 millones de personas en nuestro país con algún tipo de discapacidad, de las cuales, de cada 100 personas con discapacidad, 13 tienen menos de 15 años; 15 entre 15 y 29; 30 son adultos de 30 a 59 y 41, adultos mayores (60 años y más).

La discapacidad más frecuente en el país es la motriz (45.3 por ciento), la visual (26.0 por ciento), la auditiva (15.7 por ciento), la mental (16.1 por ciento) y de lenguaje (4.9 por ciento).

Es necesario asegurar su inclusión social y fortalecer la legislación laboral, para que se construya una nueva ética social y laboral a favor de las personas que sufren algún tipo de discapacidad.

La inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades, en algunos casos, los empleadores tal vez tengan que efectuar uno o varios cambios en los centros de trabajo para que la persona pueda realizar el trabajo de manera eficaz.

Muchos de los obstáculos a los que los discapacitados se enfrentan en la búsqueda de puestos de trabajo, y en el propio trabajo provienen más bien del modo en que el empleo y los lugares de trabajo están estructurados y organizados, que de la propia discapacidad. Pueden precisarse ajustes o acondicionamientos para garantizar que el trabajador discapacitado pueda trabajar satisfactoriamente y con colegas sin discapacidades.

Para facilitar la contratación de personas con discapacidades y la conservación de los puestos de trabajo de los trabajadores que adquieran una discapacidad, es necesario mejorar la accesibilidad al lugar del trabajo de las personas con distintos tipos de discapacidades.

La accesibilidad incluye también la señalización, sobre todo cuando se trate de personas con deficiencias visuales y con discapacidades intelectuales. También comprende el acceso a la información que se transmite frecuentemente por medio de sonidos, como el de una alarma contra incendios, un silbato o una sirena. Tratándose de personas con deficiencias auditivas, esos mecanismos deberían revisarse y, de ser necesario, complementarse con otros dispositivos, como por ejemplo, luces intermitentes.

Realizar las adaptaciones en el lugar de trabajo para que el trabajador discapacitado pueda realizar su trabajo de forma eficaz, obedece en buena medida al derecho que toda persona tiene a desempeñar un empleo remunerador, pero también es un medio para lograr el rendimiento laboral óptimo del trabajador discapacitado, de la misma manera que la mayoría de las empresas diseñan e implementan mecanismos para mejorar el desempeño laboral de sus trabajadores que no sufren discapacidad.

Quizá un argumento en contra de realizar las adaptaciones físicas en los centros de trabajo para el libre acceso de las personas con discapacidad, sea el costo que esto representa, sin embargo, en la gran mayoría de los casos sólo se necesitan modificaciones mínimas a las estructuras físicas que no representan mayores costos: Una rampa para silla de ruedas, una adaptación a los sanitarios o una señalización más visible.

A este respecto, cabe mencionar que en nuestro país ya se ofrecen incentivos fiscales a los empleadores que contraten personas con discapacidad. El 10 de marzo del 2007 Felipe Calderón Hinojosa firmó un decreto cuyo objetivo es otorgar incentivos fiscales hasta en 25 por ciento de deducibilidad del propio salario a las empresas que contraten a personas con discapacidad. Con esto, los costos de las adaptaciones en los centros de trabajo disminuyen considerablemente.

En cuanto a la propuesta concreta, la presente iniciativa toma en cuenta que algunos países han encontrado viabilidad en su legislación al exigir a los empleadores realizar acondicionamientos razonables para dar facilidades a los trabajadores con discapacidades. Este concepto se retoma en la presente iniciativa, toda vez que incluye la presunción de que los empleadores deben hacer todo aquello que se necesite si los costos implicados no son exorbitantes.

Es de destacar que la Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad e higiene , señala como obligación del patrón, en el numeral 5.4, que ``Las puertas, vías de acceso y de circulación, escaleras, lugares de servicio para los trabajadores y puestos de trabajo deben facilitar las actividades y el desplazamiento de los trabajadores discapacitados cuando éstos laboren en el centro de trabajo''.

Cabe mencionar también, que han sido diversos los intentos para reformar la legislación laboral en relación al libre acceso de las personas con discapacidad a los centros de trabajo. Quizá uno de los más notables esfuerzos es el que se presenta dentro de la llamada ``iniciativa de los sectores'' presentada por el PAN-PRI-PVEM el 12 de diciembre de 2002, en la cual, se propone reformar la fracción XVI del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de establecer como una de las obligaciones del patrón la de adecuar las instalaciones del centro de trabajo para facilitar el acceso y el desempeño de las labores de los trabajadores con discapacidad.

La iniciativa de los sectores , como puede advertirse, satisface el objetivo de considerar el libre acceso para las personas con discapacidad en los centros de trabajo. No obstante, el alcance de la iniciativa de los sectores es corto en relación al tema, si consideramos que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, celebrada en el 2007, plantea una serie de objetivos que en su momento los artífices de la iniciativa de los sectores no alcanzaron a conocer, como por ejemplo, la inclusión del principio de igualdad, la distinción entre libre acceso y desplazamiento, la señalización en Braile, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto

Artículo único. Se reforma la fracción XVI, del artículo 132, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como siguen:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

Del I al XIII...
XVI. Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las medidas necesarias para evitar que los contaminantes excedan los máximos permitidos en los reglamentos e instructivos que expidan las autoridades competentes; y realizar en los lugares donde se ejecuten las labores, las adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias que aseguren el libre acceso y desplazamiento de las personas y trabajadores con discapacidad en condiciones de igualdad. Para estos efectos, deberán modificar, en su caso, las instalaciones en los términos que señalen las propias autoridades y la normatividad vigente;
XVII a XXVIII...
Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2007.--- Diputado Francisco Antonio Fraile García (rúbrica).»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Francisco Antonio Fraile.Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se retira la iniciativa del diputado Rafael Villicaña García , del Grupo Parlamentario del PRD.

Se pospone la iniciativa presentada por el diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del PVEM.

Se pospone la iniciativa presentada por el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del PRI.

Tiene la palabra la diputada María Esperanza Morelos Borja , del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con discapacidad. No estando presente en el salón de sesiones, se pospone su iniciativa.

Se concede el uso de la tribuna al diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que deroga la fracción XII del artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No estando en el salón de sesiones, se pospone su participación.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada María Eugenia Campos Galván , del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. No encontrándose en el salón de sesiones se pospone su participación.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Rosario Ortiz Magallón , del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. A solicitud de su grupo parlamentario se pospone.



PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Tiene la palabra la diputada María Esperanza Morelos Borja, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

La diputada tiene dos participaciones. Vamos a darle el uso de la tribuna para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Asistencia Social, de Desarrollo Rural Sustentable, de Fomento para la Lectura del Libro, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, General de Cultura Física y Deporte, y General de Salud, suscrita por la ponente y el diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada María Esperanza Morelos Borja: Muy amable; con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, México es un país con subregistro del número de personas con discapacidad. Además de que como población no somos sensibles a las necesidades de las personas con discapacidad. Muestra de ello es la forma de referirnos a ellos. Les decimos ``discapacitados'', ``personas con capacidades diferentes'', ``inválidos'', ``minusválidos'', etcétera.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve y protege sus derechos, fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, durante el LXI periodo de sesiones de la Asamblea General. La resolución fue la 61/106 y fue ratificada por la honorable Cámara de Senadores el 27 de septiembre de 2007.

Con la firma del Ejecutivo federal, de esta convención que protege los derechos de las personas con discapacidad, corresponde ahora al Congreso de la Unión la responsabilidad de armonizar nuestra legislación federal. Las personas con discapacidad viven condiciones que deben enfocarse desde una perspectiva social, no medicalizada ni asistencialista, la forma de referirse a ellas muestra los prejuicios y la no inclusión en la que viven.

La discapacidad debe considerarse como un proceso dinámico y no como una enfermedad. El uso de las expresiones ``discapacitados'', ``inválidos'', ``minusválidos'', implica el asumir que las personas con discapacidad no tienen capacidades residuales. Es decir, que se asume que no pueden realizar actividades de la vida diaria, como son la higiene, alimentarse, vestirse.

Tampoco se reconoce que las personas con discapacidad tienen aptitudes que les permiten desarrollar sus potencialidades, de manera que su amor por la vida fortalece su carácter, con frecuencia son más generosas y solidarias que las personas convencionales. Además de que muchas de ellas trabajan y llegan a ser autosuficientes. La expresión personas con capacidades diferentes es confusa. No describe con claridad las condiciones de las personas con discapacidad y no reconoce que tienen una limitación. Es errónea porque todas las personas tienen capacidades diferentes, pero no todas tienen discapacidad.

Además, no es congruente con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde 1990 los organismos internacionales asumieron el uso del término discapacidad para identificar a la población mundial que vive con una o varias desventajas físicas, intelectuales o sensoriales, y así eliminar el uso de términos lingüísticos, peyorativos y no claros, para referirse a ellas.

Es importante destacar que la expresión personas con discapacidad sustituyó a la de personas con capacidades diferentes, para describir a las personas con discapacidad. Esta modificación fue realizada por el Congreso de la Unión en la reforma del párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedido por el Ejecutivo el 4 de diciembre de 2006.

La Ley General de las Personas con Discapacidad se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005. Es el instrumento jurídico vigente en nuestro país que contiene los preceptos y principios generales en materia de derechos de las personas con discapacidad.

En su fracción IX del artículo 2 define a la persona con discapacidad como toda persona que presente una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, por las razones expuestas, con el propósito de homologar la expresión personas con discapacidad en diversas leyes federales, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Jorge Quintero y yo sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a las Leyes de Asistencia Social, de Desarrollo Rural Sustentable, de Fomento para la Lectura del Libro, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de derechos, General de Asentamientos Humanos, General de Cultura Física y Deporte, y General de Salud

Para que en todas, el término que se utilice para referirse a personas con discapacidad sea ése.

Señor Presidente, solicitamos que el texto completo de la iniciativa se integre al Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Esperanza Morelos Borja , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal María Esperanza Morelos Borja , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de las Personas con Discapacidad, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En la historia de México, la legislación para las personas con discapacidad inicia en la década de los ochenta, época en que los países miembros de Naciones Unidas iniciaron un proceso dinámico de transformación en las leyes y políticas para las personas con discapacidad, desde una perspectiva de igualdad de derechos y con base en la equiparación de oportunidades.

Estos compromisos internacionales, conducidos por la Organización de las Naciones Unidas, han contribuido a homologar los criterios jurídicos en beneficio de los derechos de la comunidad internacional.

En México, el Senado de la República y el Ejecutivo federal ratificaron el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo (Personas Inválidas) de 1983; y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, el 22 de noviembre de 1999.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada el 13 de diciembre de 2006, durante el sexagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea Generad de la Organización de las Naciones Unidas, en la resolución 61/106.

Con base en las facultades que confiere al Ejecutivo federal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 89, fracción X, el 30 de marzo de 2007, conjuntamente con más de 70 países, México, firmó en la sede de la ONU en Nueva York la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Con Discapacidad.

Los países que se unen a la convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación (artículo 4).

Igualmente deben garantizar que las personas con discapacidad disfruten del derecho inherente a la vida en un ámbito de igualdad con otras personas (artículo 10), así como reconocer que todas las personas son iguales ante la ley, prohibir la discriminación basada en la discapacidad y garantizar igual protección de la ley (artículo 5) y asegurar que las personas con discapacidad disfruten del derecho a la libertad y la seguridad y no sean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente (artículo 14).

La convención establece que los países deben proteger la integridad física y mental de las personas con discapacidad (artículo 17), garantizar que no sean sometidas a la tortura, a otros inhumanos o degradantes y prohibir los experimentos médicos o científicos sin el consentimiento de la persona (artículo 15).

En cuanto a la cuestión fundamental de la accesibilidad (artículo 9), la convención requiere que los países identifiquen y eliminen los obstáculos y las barreras y aseguren que las personas con discapacidad puedan tener acceso a su entorno, al transporte, las instalaciones y los servicios públicos, tecnologías de la información y las comunicaciones (artículo 1).

La Convención instituye que los Países firmantes, establecerán que las personas con discapacidad tendrán la opción de vivir en forma independiente, ser incluidas en la comunidad, elegir dónde y con quién vivir y tener acceso a servicios de apoyo en el hogar, en residencias y en la comunidad (artículo 19). Debe promoverse la movilidad personal y la independencia, facilitando la movilidad personal accesible, la capacitación al respecto y el acceso a ayudas para la movilidad, aparatos, tecnologías de asistencia y asistencia personal (artículo 20).

Los países deben promover el acceso a la información, proporcionando la información prevista para el público en general en formatos y tecnologías accesibles, facilitando el uso del los lenguajes braille, por señas y otras formas de comunicación y alentando a los medios de comunicación y a los proveedores de Internet a ofrecer información en línea en formatos accesibles (artículo 21).

Los Estados deben asegurar la igualdad de acceso a la educación primaria y secundaria, la formación profesional, la enseñanza de adultos y el aprendizaje permanente. La educación debe emplear los materiales, técnicas educacionales y formas de comunicación adecuados. Los alumnos que las necesiten deben recibir las medidas de apoyo pertinentes, y los alumnos ciegos o sordos deben recibir su educación en las formas más apropiadas de comunicación, de maestros con fluidez en el lenguaje por señas y el braille. La educación de las personas con discapacidad debe promover su participación en la sociedad, su sentido de dignidad y valor personal y el desarrollo de todo su potencial en lo que se refiere a la personalidad, los talentos y la creatividad (artículo 24).

Para que las personas con discapacidad logren la máxima independencia y capacidad, los países deben proporcionar servicios amplios de habilitación y rehabilitación en las esferas de la salud, el empleo y la educación (artículo 26).

Los países deben promover la participación en la vida cultural, el recreo, el tiempo libre y los deportes, asegurando el suministro de programas de televisión, películas, material teatral y cultural en formatos adecuados, haciendo accesibles los teatros, los museos, los cines y las bibliotecas, y garantizando que las personas con discapacidad tengan oportunidad de desarrollar y utilizar su capacidad creativa, no sólo en su propio beneficio sino también para enriquecimiento de la sociedad. Los países deben garantizar su participación en las actividades deportivas generales y específicas (artículo 30).

México es un país que tiene un registro de más de un millón y medio de personas con discapacidad; es por ello que, con la aprobación de la convención que defiende y promueve los derechos humanos de las personas con discapacidad, es fundamental armonizar nuestra legislación federal, estatal, incluso reglamentos y acuerdos,

El 10 de junio del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de las Personas con Discapacidad, instrumento jurídico que contiene los preceptos y principios generales en materia de derechos de las personas con discapacidad.

Las legislaciones estatales para las personas con discapacidad tienen similitudes, por lo que igualmente se requiere que los estados de la república las armonicen con la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad.

En resumen y en referencia al artículo 1 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve, protege y asegura el disfrute pleno en condiciones de igualdad de los derechos humanos, así como las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, y el respeto de su dignidad inherente, y a efecto de estar acorde con una regulación internacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del articulo 1, la fracción V del articulo 9, la fracción VIII del articulo 10, la fracción VIII del articulo 30; y se adiciona el inciso i) del articulo 5, y la fracción XI del articulo 7 recorriéndose las subsecuentes, todas de la ley General de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio. Las autoridades competentes deberán realizar acciones para promover, proteger y garantizar estos derechos.

Artículo 5o. Los principios que deberán observar las políticas públicas en la materia, son:

a) a f) ...
g) El respeto
h) la accesibilidad, y
i) La no discriminación.

Artículo 7. ...

I. a IX. ...
X. Crear programas de educación, rehabilitación y orientación sexual para las personas con discapacidad;
XI. Dar prioridad en los programas respectivos a las niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores, y
XII. Las demás que otros ordenamientos les otorguen.

Artículo 9. ....

I. a IV. ...
V. Instrumentar el programa nacional de trabajo y capacitación para personas con discapacidad a través de convenios con los sectores empresariales, instituciones de gobierno, organismos sociales, sindicatos y empleadores, que propicien el acceso al trabajo y la adquisición de experiencia, incluida la creación de agencias de integración laboral, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, becas económicas temporales, y
VI. ...

Artículo 10. ...

I. a VII. ...
VIII. Garantizar el acceso de la población sorda y sordociega a la educación pública obligatoria y bilingüe, que comprenda la enseñanza del idioma español, la lengua de señas mexicana y los modos y medios de comunicación más apropiados. El uso suplementario de otras lenguas nacionales se promoverá cuando las circunstancias regionales así lo requieran;

Artículo 30. ...

I. a VII. ...
VIII. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad, a través de programas y campañas de divulgación, sensibilización, concienciación y reconocimiento de sus habilidades, méritos y aportaciones en todos los ámbitos;
IX. a XVIII. ...
Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputada María Esperanza Morelos Borja (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Asistencia Social, de Desarrollo Rural Sustentable, de Fomento para la Lectura del Libro, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, General de Cultura Física y Deporte, y General de Salud, suscrita por los diputados María Esperanza Morelos Borja y Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal María Esperanza Morelos Borja , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a las leyes de Asistencia Social, de Desarrollo Rural Sustentable, de Fomento para la Lectura y el Libro, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, del Seguro Social, Federal de Derechos, de Protección al Consumidor, General de Asentamientos Humanos, General de Cultura Física y Deporte y la Ley General de Salud, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En base a las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 89, fracción X, el Ejecutivo federal, el 30 de marzo de 2007, conjuntamente con más de 70 países, México, firmó en la sede de la ONU en Nueva York la ``Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Convención fue adoptada el 13 de diciembre de 2006, durante el sexagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General le la Organización de las Naciones Unidas, en la resolución 61/106, ratificada por la Honorable Cámara de Senadores el 27 de septiembre de 2007.

Estos compromisos internacionales, conducidos por la Organización de las Naciones Unidas, han contribuido a homologar los criterios jurídicos en beneficio de los derechos de la comunidad internacional.

Los países que se unen a la convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación.

Igualmente los países que se unen a la convención deben garantizar que las personas con discapacidad disfruten del derecho inherente a la vida en un ámbito de igualdad con otras personas, así como reconocer que todas las personas son iguales ante la ley, prohibir la discriminación basada en la discapacidad y garantizar igual protección de la ley, y asegurar que las personas con discapacidad disfruten del derecho a la libertad y la seguridad y no sean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente.

La Convención establece que los países deben proteger la integridad física y mental de las personas con discapacidad y garantizar que las personas con discapacidad no sean sometidas a la tortura, a otros inhumanos o degradantes y prohibir los experimentos médicos o científicos sin el consentimiento de la persona.

En cuanto a la cuestión fundamental de la accesibilidad, la convención requiere que los países identifiquen y eliminen los obstáculos y las barreras asegurando que las personas con discapacidad puedan tener acceso a su entorno, al transporte, las instalaciones y los servicios públicos, y tecnologías de la información y las comunicaciones.

La Convención instituye que los países firmantes, establecerán que las personas con discapacidad tendrán la opción de vivir en forma independiente, ser incluidas en la comunidad, elegir dónde y con quién vivir y tener acceso a servicios de apoyo en el hogar, en la comunidad donde habitan. Debe promoverse la movilidad personal y la independencia, facilitando la movilidad personal accesible, la capacitación al respecto y el acceso a ayudas para la movilidad, aparatos, tecnologías de asistencia y asistencia personal.

Los países deben promover el acceso a la información, proporcionando la información prevista para el público en general en formatos y tecnologías accesibles, facilitando el uso del Braille, el lenguaje por señas y otras formas de comunicación y alentando a los medios de comunicación y a los proveedores de Internet a ofrecer información en línea en formatos accesibles.

Los Estados deben asegurar la igualdad de acceso a la educación primaria y secundaria, la formación profesional, la enseñanza de adultos y el aprendizaje permanente. La educación debe emplear los materiales, las técnicas educacionales y las formas de comunicación adecuados. Los alumnos que las necesiten deben recibir las medidas de apoyo pertinentes, y los alumnos ciegos o sordos deben recibir su educación en las formas más apropiadas de comunicación, de maestros con fluidez en el lenguaje por señas y el Braille. La educación de las personas con discapacidad debe promover su participación en la sociedad, su sentido de dignidad y valor personal y el desarrollo de todo su potencial en lo que se refiere a la personalidad, los talentos y la creatividad.

Para que las personas con discapacidad logren la máxima independencia y capacidad, los países deben proporcionar servicios amplios de habilitación y rehabilitación en las esferas de la salud, el empleo y la educación.

Los países deben promover la participación en la vida cultural, el recreo, el tiempo libre y los deportes, asegurando el suministro de programas de televisión, películas, material teatral y cultural en formatos accesibles, haciendo accesibles los teatros, los museos, los cines y las bibliotecas, y garantizando que las personas con discapacidad tengan oportunidad de desarrollar y utilizar su capacidad creativa no sólo en su propio beneficio sino también para enriquecimiento de la sociedad. Los países deben garantizar su participación en las actividades deportivas generales y específicas.

México es un país que tiene un registro de mas de un millón y medio de personas con discapacidad, es por ello que con la aprobación de la Convención que defiende y promueve los derechos humanos de las personas con discapacidad, es fundamental armonizar nuestra legislación federal, estatal, incluso reglamentos y acuerdos.

El 10 de junio de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de las Personas con Discapacidad, instrumento jurídico vigente que contiene los preceptos y principios generales en materia de derechos de las personas con discapacidad.

Las legislaciones estatales para las personas con discapacidad tienen similitudes, por lo que igualmente se requiere que los estados de la República armonicen con la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad sus respectivas leyes.

Al respecto es importante destacar que el término personas con discapacidad, fue sustituido por el de capacidades diferentes, mediante la iniciativa aprobada por el H. Congreso de la Unión, que reformó el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedido por el Ejecutivo federal, el 4 de diciembre de 2006.

La situación que viven las personas con discapacidad, se enfoca desde una perspectiva social no medicalizada ni asistencialista, considerando a la discapacidad como un proceso dinámico y no una enfermedad, por lo que el uso de los términos; discapacitado ó personas con capacidades diferentes, no es congruente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Igualmente desde 1990, los organismos internacionales, asumieron la aplicación del término ``discapacidad'', siendo congruentes con la importancia de eliminar el uso de términos lingüísticos peyorativos para identificar a la población mundial que vive una desventaja física, intelectual o sensorial.

Al respecto es importante señalar que el término de capacidades diferentes es erróneo, porque todas las personas tienen capacidades diferentes, pero no todas tienen discapacidad.

Igualmente al referirnos a la Ley General de las Personas con Discapacidad, establece en su fracción XI del artículo 2, define a la Persona con Discapacidad, a toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

En resumen y refiriéndome al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que promueve, protege y asegura el disfrute pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promueve el respeto de su dignidad inherente, y a efecto de estar acorde a una regulación internacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a las leyes de Asistencia Social, de Desarrollo Rural Sustentable, de Fomento para la Lectura y el Libro, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, General de Cultura Física y Deporte y la Ley General de Salud.

Artículo Primero. Se reforman los incisos b) y e) de la fracción I del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social

Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:

I. Los señalados en el Artículo 168 de la Ley General de Salud:
b) La atención en establecimientos especializados a menores y adultos mayores en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos;
c) a d) ...
e) La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, adultos mayores y personas con discapacidad sin recursos;
f) a i) ...

Artículo Segundo. Se reforman las fracciones X y IV de los artículos 15 y 154 respectivamente; y el artículo162 de la ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 15. ...

X. Equidad de género, la protección de la familia, el impulso a los programas de la mujer, los jóvenes, la protección de los grupos vulnerables, en especial niños, personas con discapacidad, personas con enfermedades terminales y de la tercera edad en las comunidades rurales.

Artículo 154. ...

...
I) a III) ...
IV. Para la atención de grupos vulnerables vinculados al sector agropecuario, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros y personas con discapacidad, con o sin tierra, se formularán e instrumentarán programas enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, mediante actividades económicas conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica a cargo de las dependencias competentes, así como con programas de empleo temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias campesinas

Artículo 162. Para la atención de grupos vulnerables vinculados al sector rural, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros, adultos mayores y personas con discapacidad, con o sin tierra, se formularán e instrumentarán programas enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica, así como con programas de empleo temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias campesinas, en los términos del Programa Especial Concurrente.

Artículo Tercero. Se reforma la fracción VIII del artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Artículo 10. El Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes funciones:

I a VII ...
VIII. Apoyar acciones que favorezcan el acceso a las personas con discapacidad a las bibliotecas y a las técnicas de audición de texto;
IX a XI ...

Artículo Cuarto. Se reforma la fracción XIII del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 40. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes:

I) a XII ...
XIII. 100% para adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con discapacidad a que se refiere el artículo 222 de esta Ley, el acceso y uso de las instalaciones del contribuyente.

Artículo Quinto. Se reforma el inciso c) del artículo 4 y la fracción III del artículo198 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Artículo 4. Se establecen con carácter obligatorio las siguientes prestaciones y servicios:

...
IV. Servicios culturales, consistentes en:
a) y b) ...
c) Atención a jubilados, Pensionados y personas con discapacidad, y
d) ...

Artículo 198. Para los fines antes enunciados, el Instituto, de acuerdo con las posibilidades financieras del Fondo de servicios sociales y culturales, ofrecerá los siguientes servicios:

I a II ...
III. De atención a jubilados, pensionados y personas con discapacidad ;
IV a V ...

Artículo Sexto. Se reforma la fracción IV del artículo 142 y el artículo 147 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Artículo 142. ...

I) a III)
IV. Los hijos con discapacidad o incapacitados para trabajar en forma temporal o total y permanente, y
V ...

Artículo 147. Tratándose de menores de edad, personas con discapacidad mental o sensorial, incapacitados y personas adultas mayores con alguna discapacidad mental, sensorial o alguna discapacidad física, no podrá ordenarse la hospitalización sin el consentimiento de los padres o quienes legalmente los representen.

Artículo Séptimo. Se reforman los artículos; 198, 198-A, 288, 288-A-1, de la ley Federal de Derechos.

Artículo 198. ...

Estarán exentos del pago de los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, los menores de 6 años y las personas con discapacidad.

Artículo 198-A. ...

Estarán exentos del pago de los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, los menores de 6 años y las personas con discapacidad.

Artículo 288. ...

No pagarán el derecho a que se refiere este artículo, las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, profesores y estudiantes en activo, así como los pasantes o investigadores que cuenten con permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para realizar estudios afines a los museos, monumentos y zonas arqueológicas a que se refiere este artículo. Asimismo, estarán exentos del pago de este derecho, los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a los museos, monumentos y zonas arqueológicas los domingos.

Artículo 288-A-1. ...

No pagarán el derecho a que se refiere este artículo, las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, profesores y estudiantes en activo, así como los pasantes o investigadores que cuenten con permiso del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para realizar estudios afines a los museos, a que se refiere este artículo. Asimismo, estarán exentos del pago de este derecho, los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a los museos los domingos.

Artículo Octavo. Se reforma la fracción IX del artículo 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Artículo 33. ...

IX. La construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos para garantizar la seguridad, libre tránsito y accesibilidad requeridas por las personas con discapacidad, estableciendo los procedimientos de consulta a las personas con discapacidad sobre las características técnicas de los proyectos.

Artículo Noveno. Se reforma el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 47 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Artículo 47. Para los efectos de la presente ley, las asociaciones deportivas se clasifican en:

I. a III. ...
IV. Asociaciones Deportivas Nacionales.
...
...
La presente ley y para los efectos de este artículo, se reconoce al deporte en todas sus modalidades y categorías, incluyendo al desarrollado por el sector estudiantil, al deporte para personas con discapacidad y al deporte para personas adultas mayores en plenitud.

Artículo Décimo. Se reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 77 bis 4 de la Ley General de Salud.

Artículo 77 Bis 4. ...

I. a III. ...
IV. ...
Se considerarán integrantes del núcleo familiar a los hijos y adoptados menores de dieciocho años; a los menores de dicha edad que formen parte del hogar y tengan parentesco de consanguinidad con las personas señaladas en las fracciones I a III que anteceden; y a los ascendientes directos en línea recta de éstos, mayores de sesenta y cuatro años, que habiten en la misma vivienda y dependan económicamente de ellos, además de los hijos que tengan hasta veinticinco años, solteros, que prueben ser estudiantes, o bien, personas con discapacidad dependientes.
Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputada María Esperanza Morelos Borja (rúbrica).»

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada María Esperanza Morelos Borja. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Compañeros diputados, solicito su atención porque vamos a pasar al tema de la convocatoria referente a lo electoral. Ahorita vamos a seguirles dando la palabra. Para poner atención porque se va a leer el documento, se está repartiendo en este momento, para que los diputados no nos vayan a decir que se sorprendió, en lo que están llegando, para que nos pongan atención.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.



ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno la modificación del orden del día para la incorporación y trámite correspondiente en el primer turno posible, del siguiente asunto:

• El procedimiento y convocatoria para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 20 de noviembre de 2007.--- Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete , Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada.

En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura del punto de acuerdo y de la convocatoria para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral.



CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se presenta al Pleno de la Cámara de Diputados el procedimiento y convocatoria para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral

Considerandos

1. Con fundamento en el artículo transitorio único de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a efecto de dar cumplimiento a los artículos tercero y cuarto transitorios del decreto por el que se reforman los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122, se adiciona el artículo 134 y se deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presenta el siguiente

Acuerdo

Único. La Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados presenta al Pleno el procedimiento y convocatoria para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 20 de noviembre de 2007. --- Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete , Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Con fundamento en el decreto por el que se establece un Artículo Transitorio Único de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil siete; los artículos tercero y cuarto transitorios del decreto que reforma los artículos 6º, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134; y que deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, y en el artículo 74 del Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales, la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

CONVOCA

A los ciudadanos que reúnan los requisitos constitucionales y legales, propuestos por grupos de ciudadanos, organizaciones ciudadanas debidamente constituidas o por sí mismos, al proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejero Presidente y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral bajo el siguiente:

PROCEDIMIENTO

Primero. Los candidatos deberán cumplir y acreditar debidamente los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar;

c) Tener más de treinta años de edad, el día de la designación;

d) Poseer el día de la designación título profesional o formación equivalente, y tener conocimientos en la materia político-electoral;

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;

f) Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses;

g) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;

h) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cinco años anteriores a la designación;

i) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los cinco años inmediatos anteriores a la designación; y

j) No ser Secretario de Estado, ni Procurador General de la República o del Distrito Federal, Subsecretario u Oficial Mayor en la administración pública federal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador ni Secretario de Gobierno, a menos que se separe de su encargo con un año de anticipación al día de su nombramiento.

Segundo. Las organizaciones ciudadanas proponentes o los propios candidatos, en su caso, dentro del plazo comprendido entre el veintiuno al treinta de noviembre de dos mil siete, con horario de las 9:00 a las 19:00 horas, deberán entregar en la oficina de la Presidencia de la Mesa Directiva ubicada en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión sito en Av. Congreso de la Unión # 66, Edificio A, Segundo Piso, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C. P.15960, México, Distrito Federal, la siguiente documentación:

1. Curriculum Vitae firmado por el candidato (Conforme al formato publicado en el portal de Internet de la Cámara de Diputados www.diputados.gob.mx ).

2. Acta de Nacimiento certificada y copia de la Credencial para Votar.

3. Carta en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, no haber sido sancionado por delito doloso ni ser sujeto a procedimiento penal (Conforme al formato publicado en el portal de Internet de la Cámara de Diputados www.diputados.gob.mx ).

4. Carta de aceptación de las bases y procedimientos de la presente convocatoria firmada por el candidato. (Conforme al formato publicado en el portal de Internet de la Cámara de Diputados www.diputados.gob.mx ).

5. Ensayo máximo de diez cuartillas sobre la aplicación de la reforma constitucional en materia electoral recientemente aprobada.

6. En caso de que la propuesta sea registrada por un grupo de ciudadanos, deberá acompañarse por una carta en la que hagan constar su propuesta y de la copia de credencial de elector de los firmantes.

7. En caso de que la propuesta sea registrada por una organización de ciudadanos, deberá acompañarse por el acta constitutiva correspondiente, así como una carta del representante legal en la que se haga constar la decisión de la organización de postular al candidato.

Al cierre del registro la Presidencia de la Mesa Directiva remitirá a la Comisión de Gobernación la documentación que se haya recibido de cada uno de los candidatos.

Tercero. La Comisión de Gobernación, dentro del plazo comprendido del primero al dos de diciembre del presente año, verificará que los candidatos reúnan los requisitos y que hayan entregado la documentación señalada. Para tales efectos, podrá allegarse de los elementos que estime pertinentes.

Cuarto. El tres de diciembre de 2007 la Comisión de Gobernación elaborará la lista de candidatos a Consejero Presidente y de Consejeros Electorales que cumplieron con los requerimientos señalados en la presente convocatoria, misma que será publicada en la Gaceta Parlamentaria y en el portal de Internet de la Cámara de Diputados (www.diputados.gob.mx). En dicha lista se señalará la fecha y hora en que deberán acudir los candidatos para el desahogo de las entrevistas a que se refiere el numeral quinto. Tal publicación surtirá efectos de notificación a los candidatos.

Cualquier ciudadano podrá presentar objeciones ante la Comisión de Gobernación cuando considere que alguno de los candidatos incumple con los requisitos previstos en esta convocatoria. Tales objeciones deberán manifestarse por escrito, debidamente fundadas y aportando los elementos de prueba que correspondan. Al escrito de referencia se acompañará también copia de la Credencial para Votar del ciudadano que suscribe las objeciones y deberá entregarse en la oficina de la Comisión de Gobernación ubicada en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión sito en Av. Congreso de la Unión # 66, Edificio D, Tercer Piso, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C. P.15960, México, Distrito Federal.

Quinto. La Comisión de Gobernación procederá a entrevistar a cada uno de los candidatos que cumplieron con los requisitos establecidos en la presente convocatoria, del cuatro al siete de diciembre del 2007, para exponer los puntos centrales de su ensayo y para responder los cuestionamientos que se les formulen.

Las entrevistas se realizarán en sesiones públicas y serán transmitidas por el Canal del Congreso. Para el desahogo de las mismas, la Comisión de Gobernación se dividirá en tantos grupos de trabajo como se requiera, buscando que en su integración se respete la pluralidad de los grupos parlamentarios representados en la propia Comisión; en su caso citará a los candidatos mediante un sorteo en el que se definirá el grupo de trabajo y el orden ante el que comparecerá.

Sexto. La Junta de Coordinación Política recibirá las opiniones de los ciudadanos con relación al candidato a Consejero Presidente y a los candidatos a Consejeros Electorales.

Estas opiniones deberán presentarse por escrito acompañadas de copia de Credencial para Votar del ciudadano interesado en la oficina de la Junta de Coordinación Política ubicada en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión sito en Av. Congreso de la Unión # 66, Edificio G, Segundo Piso, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C. P.15960, México, Distrito Federal a más tardar el día siete de diciembre del 2007.

Séptimo. Al término de las entrevistas la Comisión de Gobernación preparará un informe pormenorizado con sus valoraciones y lo remitirá, a través de su Presidente, a la Junta de Coordinación Política el diez de diciembre del presente año.

Octavo. Los Grupos Parlamentarios a través de la Junta de Coordinación Política determinarán por el más amplio consenso posible la propuesta del nombre del candidato a Consejero Presidente y de los dos candidatos a Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral.

Noveno. Para efecto de dar cumplimiento a los incisos b, c y d del artículo cuarto transitorio del decreto que reforma los artículos 6º, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134; y que deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, la Junta de Coordinación Política propondrá al pleno los nombres de los tres Consejeros Electorales que continuarán en su cargo hasta el 30 de octubre de 2010, así como los nombres de los tres Consejeros Electorales que continuarán en su cargo hasta el 15 de agosto de 2008.

Décimo. En sesión de la Cámara de Diputados se dará a conocer al pleno las propuestas a que se refieren los numerales octavo y noveno, y se procederá a discutirlas y votarlas por cédula.

Décimo Primero. El consejero Presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios a través de la Junta de Coordinación Política, conforme a lo establecido en el numeral octavo.

Décimo Segundo. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Junta de Coordinación Política, o en su caso por el pleno de la Cámara de Diputados.

Décimo Tercero. La presente convocatoria entrará en vigor el día de su aprobación y publicación por la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinte días de noviembre de dos mil siete.--- Dip. Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión.»

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Secretaria. No habiendo oradores inscritos, y de conformidad con la solicitud del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, ábrase el sistema de votación electrónico por 10 minutos para proceder a la votación nominal para la aprobación de la convocatoria.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación nominal de la aprobación de la convocatoria.

(Votación)

¿Falta algún diputado de emitir su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 370 votos en pro, 0 en contra y 8 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada por 370 votos. Publíquese.



LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Javier Hernández Manzanares, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 17 y 26 de la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado Javier Hernández Manzanares: Con su permiso, Presidenta. La iniciativa que presento en estos momentos es, desde mi punto de vista, un avance en materia de planeación presupuestal y principalmente una mejora de materia de atención a la población vulnerable, a través de los diversos programas sociales que desarrolla el Poder Ejecutivo.

La iniciativa pretende hacer más transparentes las reglas de operación de los diferentes programas sociales. Las reglas de operación son hasta la fecha uno de los mecanismos mediante los cuales la población puede acceder a estos programas, siempre y cuando se cumplan los requisitos, tiempos y circunstancias establecidos en las mismas.

Pero resulta que en la actualidad dichas reglas de operación son estructuradas, revisadas y ejecutadas solamente por las diversas secretarías y organismos y dependencias del Ejecutivo federal, por lo que el manejo y modificación de estas reglas queda en manos de un solo poder del Estado.

La Cámara de Diputados es el órgano de representación por excelencia de los intereses del pueblo y tiene la facultad de revisar y aprobar el Presupuesto de Egresos de toda la federación. Por ello mismo, y sin ánimo de entrar en controversias con otros poderes, esta Cámara tiene la facultad de orientar el gasto público y de formular cómo se ha de ejercer el Presupuesto.

El Poder Ejecutivo, en el ámbito de sus facultades, tiene la responsabilidad de ejecutar de manera eficiente, honesta y eficaz el gasto programado siempre siguiendo al pie de la letra lo que le facultan las leyes. Por ello, las reglas de operación deben tener una formulación transparente para que pueda ser ejercido el gasto público por todos los ciudadanos que se beneficien en estos programas.

Por ello propongo modificar los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los artículos 17 y 26 de la Ley General de Desarrollo Social, para mejorar el proceso. Esto causaría que:

Primero. Proponemos que la Cámara de Diputados apruebe, sea la última instancia que apruebe las reglas de operación que manda el Ejecutivo.

Segundo. Para ello proponemos que el Ejecutivo debe enviar sus propuestas de reglas de operación de los diferentes programas sociales junto con el Presupuesto de Egresos. De esta forma la Cámara de Diputados tendría el tiempo suficiente para valorar las propuestas de reglas de operación, junto con el presupuesto asignado a cada programa social para que, una vez aprobado el Presupuesto, esté aprobada la forma en que se ejercerá, a través de las reglas de operación.

El resultado de estas modificaciones causarían lo siguiente:

Se ganaría en la transparencia que deben tener las reglas de operación, pues su aprobación se llevaría a cabo en un proceso de discusión de los representantes populares y sería avalado por la mayoría simple del pleno de esta Cámara.

En la actualidad, los entes públicos que manejan estas reglas tienen una gran discrecionalidad para manejar los recursos públicos. Con estas modificaciones se ganaría en las reglas de operación que los programas fueran difundidos más ampliamente.

Tercero. Finalmente estas modificaciones legales permitirían una mayor congruencia entre los programas y el gasto que se ejerce en ellos. Además de renovar en el Poder Legislativo la facultad de planeación y fiscalización del gasto público.

Diputada Presidenta, solicito que la presente iniciativa sea insertada en el Diario de los Debates íntegramente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 17 y 26 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Javier Hernández Manzanares , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Javier Hernández Manzanares , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto, que reforma los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 17 y 26 de la Ley General de Desarrollo Social, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa se enmarca en el proceso de descentralización y redistribución del presupuesto de egresos que se ha venido dando en México a partir de esta década.

Los programas federales para la atención de los ciudadanos más desprotegidos y desfavorecidos han sido siempre motivo de disputa, debido principalmente a las grandes sumas de dinero que estos programas contienen, pero sobre todo por la información que arroja la operación de los programas y que puede ser utilizada no con los fines adecuados a éstos. Además, el mayor problema se da por la falta de transparencia, regulación y claridad de las reglas de operación que aplican para cada uno de los programas.

La Cámara de Diputados es el ámbito por excelencia de la representación de los intereses populares, y por ese motivo debe velar en todo momento porque los recursos públicos asignados a las áreas específicas en el Presupuesto de Egresos sean devengados y ejecutados con los principios rectores de la administración pública: eficiencia, eficacia, transparencia y honestidad.

Por ello se debe poner especial atención en la formulación y validación de las reglas de operación de cada uno de los programas que maneja el gobierno federal, pues a través de esas reglas se da la ejecución de los recursos públicos. Según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 2o., inciso XLV, se entienden por reglas de operación

Las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos .

Este artículo expresa claramente que se deben cumplir las disposiciones contenidas en las reglas para los diversos programas. Actualmente, el proceso de formación de las reglas de operación pasa solamente por el ámbito del Poder Ejecutivo, tanto en su diseño como en su operación y ejecución.

En esta iniciativa sostenemos que las reglas de operación en el ámbito del diseño y la formación deben formar parte de la Cámara de Diputados en el sentido de que ésta aprueba como debe ejecutarse el gasto público, y ello implica las reglas contenidas en de los programas sociales.

El ámbito de acción del Ejecutivo es, como el nombre indica, la ejecución; pero el diseño de cómo se ejecuta este gasto depende de las disposiciones del Poder Legislativo, es decir, este poder ``enmarca'' el ejercicio del Ejecutivo en materia de ejercicio del gasto.

Por ello, para poder hacer más transparentes las reglas de operación de los programas y para que éstos tengan una correlación con el presupuesto asignado, estamos proponiendo que la Cámara de Diputados, además de aprobar el Presupuesto de Egresos de cada año, sea la encargada de formular las reglas de operación para los programas del gobierno federal.

Con esta iniciativa, el gobierno federal estaría obligado a mandar su propuesta de reglas de operación con el paquete presupuestal, pues esta iniciativa considera el mismo trámite que tienen que realizar las dependencias centralizadas y descentralizadas de la administración pública federal ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y sus cabezas de sector, con la única salvedad de que el Poder Legislativo las aprobaría en última instancia. Si se tuvieran que modificar las reglas en el año de su aplicación, el mecanismo sería el mismo: la Cámara de Diputados recibiría la propuesta de cambio, aprobaría o no las modificaciones y se devolverían al gobierno federal para su publicación y su inscripción en el Registro Federal de Trámites y Servicios y en el Diario Oficial de la Federación.

Con esto, los legisladores tendrán la obligación de aprobar las reglas de operación y el Presupuesto de Egresos para que, de esa forma, los programas federales tengan estas reglas antes que inicien su operación. Además, proponemos el mecanismo de vigilancia y regulación de los programas, pues es común que los ejecutores del gasto influyan de manera significativa para modificar las reglas de operación una vez que ha iniciado el año fiscal para, de esa forma, ejercer a modo los programas sociales. Por eso proponemos que cualquier modificación de las reglas pase por el ámbito del Legislativo para que este órgano dé la aprobación final para el cambio de las reglas y el debate que se genere en torno a ellas se dé en forma clara y pública a la nación, y no desde las oficinas de los funcionarios, como actualmente sucede.

Esta iniciativa es un paso más en el control y fiscalización del gasto por parte de los representantes populares al gasto público.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforman los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 77. Con objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y los programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia; todas las reglas de operación serán aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados . Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

En la aprobación de las reglas de operación de los programas de desarrollo social deberá garantizarse la transparencia en la aplicación de los recursos públicos, la simplificación de trámites y procedimientos, la implantación de mecanismos de evaluación de los programas, la obligación de garantizar un acceso equitativo a mujeres e indígenas a los beneficios de los programas y la de establecer mecanismos de divulgación de las mismas en donde se señale que estos programas son ajenos a cualquier partido político.

Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de proponer las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones de las que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la secretaría, dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados, sujetándose al siguiente procedimiento:

I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la secretaría, a más tardar el 8 de agosto , sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente como las modificaciones de las que continúen vigentes.
Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la secretaría y la Función Pública.
La secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá exceder de 10 días hábiles, contado a partir de la presentación de los proyectos de reglas de operación a que se refiere el párrafo anterior. La secretaría sólo podrá emitir su autorización respecto al impacto presupuestario; y
II. Una vez que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas obtengan la autorización presupuestaria de la secretaría, deberán hacer llegar, en un plazo máximo de tres días naturales, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria los proyectos de reglas de operación para que ésta presente dentro de los 10 días hábiles siguientes el dictamen regulatorio, tomando en consideración los siguientes criterios:
a) ...
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas presentarán a la Cámara de Diputados las reglas de operación de programas nuevos y anteriores , así como las modificaciones de las reglas de programas vigentes, previa consulta, en su caso, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a más tardar el 8 de septiembre anterior al ejercicio y, en su caso, la Cámara de Diputados deberá enviar al Ejecutivo federal la información que corresponda, para que sea inscrita en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

...

Artículo 78. Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas.

En el caso de los programas que se encuentren en el primer año de operación podrá realizarse una evaluación parcial, siempre y cuando sea factible reportar resultados.

Las dependencias y entidades deberán reportar el resultado de las evaluaciones en los informes trimestrales que correspondan. Estos informes serán reportados también a la Cámara de Diputados.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 17 y 26 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 17. Los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, de acuerdo con las reglas de operación que apruebe el Pleno de la Cámara de Diputados y para el efecto publique el Ejecutivo federal, excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal.

Artículo 26. Una vez aprobadas las reglas de operación por el Pleno de la Cámara de Diputados, el gobierno federal deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, la normatividad, la calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales la distribución a los municipios de los recursos federales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el próximo ejercicio fiscal, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Diputado Javier Hernández Manzanares (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Javier Hernández Manzanares. Publíquese íntegro en el Diario de los Debates el texto del diputado ytúrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social.



LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la tribuna al diputado Francisco Antonio Fraile, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, suscrita por el ponente y la diputada Silvia Emilia Degante Romero.

El diputado Francisco Antonio Fraile García: Gracias, señora Presidenta. En nombre de mi grupo parlamentario y en atención fundamentalmente a organizaciones de la sociedad civil, en especial la de Libre Acceso y Rehabilitación Internacional, quienes nos hicieron el favor de darnos sus puntos de vista con respecto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Senado de la Repúblicael 27 de septiembre del 2007, nos proponemos presentar a todos ustedes una serie de modificaciones precisamente sobre la Ley General para las Personas con Discapacidad.

Esta ley, que nace de la propia sociedad, para reflexión de los señores diputados y señoras diputadas, contiene en especial reformas al artículo 1o. de la ley en comento para asegurar la participación e inclusión de las personas con discapacidad y asignar presupuestos que permitan a las diversas dependencias de la administración pública, en sus tres niveles de gobierno, poner en marcha políticas, programas o acciones contundentes y continuas en la materia.

Se propone incluir la definición de comunicación, acepción indispensable, ya que a lo largo de esta ley se ocupa en disposiciones que versan en el uso de la lengua de señas mexicanas, las tecnologías, entre otras, por lo que se sugiere adoptar la misma definición contenida en la convención.

Se propone incluir también la definición de ajustes razonables, que es una definición que no existe en la normatividad, mientras que las normas mexicanas en materia de accesibilidad, recientemente elaboradas y puestas en vigor, consideran el precepto.

En cuanto al término educación especial, se modifica por el de educación inclusiva, que se adecua más a la nueva visión en materia de discapacidad que propugna la convención.

Adicionalmente, se propone agregar la definición de principio de progresividad de protección a los derechos de las personas con discapacidad establecido en el artículo 5o. de la presente ley.

Con relación a la definición de persona con discapacidad, se adiciona la palabra cognitiva, que incluye la demencia y otras enfermedades que afectan la esfera neuropsiquiátrica de los individuos.

Se propone agregar una fracción XVIII al artículo 2o., a efecto de establecer la definición de progresividad, la cual consiste en la obligación de aquellas autoridades y particulares obligados en términos de la presente ley a realizar todas aquellas acciones y celebrar todos aquellos actos que sean necesarios o convenientes para cumplir paulatinamente con las obligaciones establecidas a su cargo en la presente ley.

Se hace una adición al artículo 2o., para definir a las autoridades competentes con todas aquellas dependencias, órganos, organismos, direcciones, municipios, delegaciones, consejos y demás entidades que, dentro del ámbito de su competencia, tengan poder de decisión o de cualquier otra forma influyan en la decisión o trato frente a las personas con discapacidad, incluyendo el diseño y/o ejecución de políticas públicas o la atención, trato o resolución de las solicitudes o quejas presentadas o relacionadas con las personas con discapacidad.

El artículo 4o. de la ley se propone adicionar la distinción de los derechos de las mujeres con discapacidad, establecidas en el artículo 6o. de la convención, así como establecer expresamente que las distinciones para alcanzar la igualdad de las personas con discapacidad no constituyen discriminación.

Se reforma el artículo 5o. de la ley para establecer, a mi juicio, una de las cosas más importantes que se logró a nivel internacional:

1. El principio de respeto a la vida de las personas con discapacidad.

2. El principio de progresividad de la protección a los derechos de las personas con discapacidad.

3. El principio de que la discapacidad es un problema de derechos humanos y no de salud pública, de conformidad con la nueva visión que brinda la Convención. Éste es el centro de esta ley.

Ya no es un asunto de salud pública, es un asunto de derechos humanos. Y como tales deben quedar plasmados, incluso constitucionalmente, y así sucesivamente, hasta tratar asuntos con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros porque aquí se presentan muchos abusos con las personas con discapacidad.

Se propone reformar el título tercero de la ley, denominado ``Del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad'', debido a que uno de los principales problemas operativos para la defensa del adecuado ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad es la falta de personalidad jurídica y patrimonio propio del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis).

En ese sentido, se propone crear un consejo independiente, con una estructura y naturaleza jurídica similar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). De esta manera, el primer cambio versa sobre desincorporar el Conadis de la Secretaría de Salud.

Uno de los principales rectores de la convención es la evolución del concepto de discapacidad, siendo que hoy día es un claro retraso considerar a la discapacidad como una enfermedad, siendo que en realidad es una situación y cuestión de protección a los derechos humanos. Hagamos justicia. Estamos retrasados. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, suscrita por los diputados Silvia Emilia Degante Romero y Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Silvia Emilia Degante Romero y Francisco Antonio Fraile García , diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por el estado de Puebla, integrante de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 73 fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A efecto de cumplir con las obligaciones contraídas por los Estados Unidos Mexicanos frente a la comunidad internacional al ratificar la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se propone la presenta iniciativa para reformar la Ley General de las Personas con Discapacidad.

El presente trabajo constituye una propuesta conjunta de las organizaciones de personas con discapacidad Libre Acceso, AC y Rehabilitación Internacional (RI), así como del estudio y presiones legales de los despachos de abogados Barrera, Siqueiros y Torres Landa, SC, y Weil Gotshall amp; Manges, LLP.

Es importante mencionar que en México, según cifras oficiales del Censo General de Población y Vivienda de 2000, 1.8 por ciento de los habitantes viven con alguna discapacidad, mientras que según cifras extraoficiales de la comunidad de discapacitados, se estima que dicho porcentaje es mucho mayor, siendo que, según la tendencia internacional, habríamos de estar en presencia probablemente de un 10 por ciento de la población en condiciones de discapacidad; es de ahí de donde deriva la relevancia de contar con un marco jurídico adecuado que salvaguarde los derechos de ese grupo de la población.

Adicionalmente, la asignación presupuestaria que prevea fondos suficientes para la aplicabilidad tanto de las reformas que en el presente instrumento se proponen, como, en lo general, de los derechos de las personas con discapacidad, es una cuestión de especial relevancia, toda vez que es imposible proponer un esquema de garantía a los derechos humanos que no cuente con un soporte financiero adecuado.

Asimismo, es de destacarse que México fue un actor de vital importancia para la propuesta, negociación y adopción del tratado internacional en cuestión en el seno de las Naciones Unidas, y que sería una desgracia desaprovechar el ímpetu despertado en el extranjero con reformas laxas en el interior.

Por otro lado, hay que mencionar que la participación de la iniciativa privada es primordial para la aplicación de este tipo de acciones, por lo que se propone un esquema que fomente la participación y reconocimiento de los particulares que se adhieran voluntariamente al cumplimiento de la presente ley; campañas como ``Goles por la Salud'' o la ``Educación y Teletón'' han ya resultado éxitos rotundos en cuestión de asistencia humanitaria; es hora de impulsar una campaña nacional, paralela a las reformas de la presente ley, que promueva el respeto y los derechos a las personas con discapacidad con pleno envolvimiento de la iniciativa privada y de la sociedad civil, con relación a lo cual cabe mencionar el cambio de paradigma que propone la Convención, en cuya virtud se debe dejar de considerar la protección de los derechos de las personas con discapacidad como una cuestión de salud pública o simple caridad para enmarcarla en el ámbito de la debida protección a los derechos humanos fundamentales que todo Estado en la actualidad debe observar.

Para terminar, cabe mencionar que las propuestas que en el presente instrumento se contienen, constituyen únicamente una pequeña parte del universo normativo que habría que modificar tanto para cumplir con las obligaciones de México derivadas de la Convención, como para garantizar, como mandata la Constitución, debidamente los derechos de las personas con discapacidad.

El artículo primero de la ley en comento, se reforma para homologar la redacción con el artículo primero de la Convención. Adicionalmente, se adiciona como objetivo fundamental de la ley el asegurar la participación e inclusión de las personas con discapacidad y asignar presupuestos que permitan a las diversas dependencias de la administración pública, en sus 3 niveles de gobierno, poner en marcha políticas, programas o acciones contundentes y continuas en la materia.

En el artículo 2o., se propone incluir la definición de ``comunicación'', acepción indispensable, ya que a lo largo de esta ley, se ocupa en disposiciones que versan en el uso de la Lengua de Señas mexicanas, el Sistema Braille, las tecnologías, entre otros, por lo que se sugiere adoptar la misma definición contenida en la Convención.

Se propone incluir también la definición de ``ajustes razonables'', que es una definición que no existe en normatividad alguna, mientras que en normas mexicanas en materia de accesibilidad, recientemente elaboradas y puestas en vigor, consideran el precepto.

Se incluye la definición de ``diseño universal'', misma que es de fundamental importancia para la adaptación general de los ambientes y construcciones para las personas con discapacidad. Por lo anterior, se sugieren adicionar las fracciones XV, XVI y XVII del artículo 2 de la presente ley.

En cuanto al término ``educación especial'', se modifica por el de ``educación inclusiva'', que se adecua más a la nueva visión en materia de discapacidad que propugna la Convención.

Adicionalmente, se propone agregar la definición del principio de ``progresividad'' de protección a los derechos de las personas con discapacidad establecido en el artículo 5 de la presente ley.

Igualmente, se adecua la definición de ``persona con discapacidad'' para equipararla a aquella de la Convención.

Se completa la definición de ``rehabilitación'' para ajustarla a aquella de la Convención.

Con relación a la definición de persona con discapacidad, se adiciona la palabra ``cognitiva'', que incluye al Alzheimer, demencia y otras enfermedades que afecten la esfera neuropsiquiátrica de los individuos.

Se propone agregar una fracción XVIII al artículo 2o. a efecto de establecer la definición de progresividad, la cual consiste en la obligación de aquellas autoridades y particulares obligados en términos de la presente ley a realizar todas aquellas acciones y celebrar todos aquellos actos que sean necesarios o convenientes para cumplir paulatinamente con las obligaciones establecidas a su cargo en la presente ley, para lo cual habrán de adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles, a efecto de que, en un plazo razonable, o bien, en el plazo que se acuerde en cada caso con la autoridad competente, se llegue a cumplir cabalmente con todas las obligaciones establecidas a su cargo en la presente ley, los tratados internacionales aplicables y demás disposiciones legales en la materia.

La Convención, en este respecto establece:

``Los Estados parte se comprometen a ... adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles, para lograr de manera progresiva el pleno ejercicio de estos derechos''. (Relativo al artículo 4.2 de la Convención).

Por otro lado, en la carta de presentación de la presidencia de la Convención de las Naciones Unidas de fecha 7 de octubre de 2005 se establece que:

``Una cuestión recurrente que surgió en la discusión de muchos de los artículos fue la inclusión del principio de la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales ... Creo que existe consenso en incluir una disposición general en el artículo 4.2 ... quedando igualmente claro que la no discriminación no debe ser una obligación a implementarse progresivamente''.

En este respecto, es importante mencionar el principio previsto en la Convención en el sentido de brindar flexibilidad al cumplimiento con las obligaciones y no establecer límites específicos de tiempo, así como que ni los derechos civiles y políticos, y, especialmente cualquier cuestión de discriminación no deberá quedar sujeta al principio de progresividad.

Se adiciona una fracción XIX al artículo 2o. para definir a las ``autoridades competentes'' como todas aquellas dependencias, órganos, organismos, direcciones, municipios, delegaciones, consejos, y demás entidades que, dentro del ámbito de su competencia, tengan poder de decisión, o de cualquier otra forma, influyan en la decisión o trato frente a las personas con discapacidad, incluyendo el diseño y/o ejecución de políticas públicas, o la atención, trato o resolución de las solicitudes o quejas presentadas por o relacionadas con las personas con discapacidad.

Esta definición es especialmente relevante para determinar las autoridades que se obligaría a llevar a cabo acciones positivas de respeto a los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad.

Eventualmente, podrían especificarse las autoridades competentes en el reglamento de la presente ley.

Se incluye la definición de Convenio de Adhesión, como ``aquel acuerdo de voluntades celebrado, entre, por una parte, cualquier particular o, en su caso, las demás entidades públicas e instancias de la administración pública de los tres niveles de gobierno, y por el otro lado, las autoridades competentes a efecto de fijar los plazos, determinar las partidas presupuestarias, establecer en las políticas públicas y determinar las demás acciones necesarias para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente ley''.

Este instrumento es una de las herramientas principales que se proponen como esquema para fomentar la participación activa de la iniciativa privada en la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad.

Se propone reformar la redacción del artículo 3o. de la ley a efecto de adecuar y precisar su aplicabilidad y fijar el principio de adhesión a las políticas públicas (se incluye una disposición similar a la contenida en el artículo tercero de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación).

En el artículo 4o. de la ley, se propone adicionar la distinción de los derechos de las mujeres con discapacidad establecida en el artículo 6 de la Convención, así como establecer expresamente que las distinciones para alcanzar la igualdad de las personas con discapacidad no constituyen discriminación.

En el artículo 5o. de la ley se propone reformular totalmente los principios de la ley para adecuarlos a los principios fundamentales establecidos a lo largo de la Convención.

En cuanto a la redacción de este artículo, se remarca el objeto de los principios en la materia, que es básicamente el de guiar las políticas públicas respectivas.

Adicionalmente, se propone una reformulación general que vaya más allá de lo establecido actualmente, y que se adecue a la redacción del artículo respectivo de la Convención, para así establecer:

1. El principio de respeto a la vida de las personas con discapacidad;
2. El principio de progresividad de la protección a los derechos de las personas con discapacidad; y
3. El principio de que la discapacidad es un problema de derechos humanos y no de salud pública, de conformidad con la nueva visión que brinda la Convención.

Se adiciona un último párrafo a éste artículo 4o. que establece la prohibición general y sanción legal al incumplimiento con los principios y disposiciones establecidos en la presente ley; que no obstante que ya se encuentra previsto expresamente al final de la ley, consideramos conveniente incluir dicha sanción desde el principio de la misma, a efecto de puntualizar los alcances legales de la obligación.

Adicionalmente, se incluye la obligación, expresa establecida en la Convención, y vital para el adecuado funcionamiento de la vida orgánica de la presente ley, de consultar las decisiones normativas en materia de discapacidad con las personas con discapacidad mismas.

En el artículo 7o., se propone reformarlo a efecto de reafirmar el apoyo a las personas que fabriquen aparatos para las personas con discapacidad en términos de la Convención.

El artículo 9 de la ley, nos refiere en su fracción I, que las autoridades competentes promoverán políticas en materia de trabajo; disposición que resulta viable para adicionar en esa fracción, el precepto que plantea el artículo 27, inciso j) de la Convención en el sentido de promover la adquisición por parte de las personas con discapacidad, de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto. Esto debido a que la integración laboral de las personas con discapacidad es una cuestión de crítica importancia para la integración social de las personas con discapacidad.

De la misma forma, se propone hacer mención específica al acoso sexual a las personas con discapacidad, que constituye una situación lamentablemente recurrente y que requiere de medios efectivos para su solución.

En el numeral 3, inciso c) del artículo 24 de la Convención se establece la obligación la pretensión de asegurar la educación de niñas y niños ciegos y sordociegos que se concreten con el uso de las lenguas y los sistemas de comunicación más apropiados, que les permita un máximo desarrollo académico y social.

Lo anterior nos lleva a sugerir que en esta ley, se efectúe una adición al artículo 10, fracción VIII de dicho ordenamiento con el propósito de aprovechar que en esa disposición se enuncia el garantizar el acceso de la población sorda a la educación pública obligatoria y bilingüe, en beneficio de alumnos sordociegos. En el caso de los alumnos ciegos, se encuentran considerados, desde la fracción II de dicho ordenamiento de la ley

Se propone reformar el artículo 13 de la ley para establecer la posibilidad de que existan edificaciones accesibles y de la tarea que tiene el gobierno, sobre garantizar la misma.

Se propone que en dicho artículo, se adicione lo dispuesto en el inciso e), del mismo artículo 13 de la ley en comento en cuanto a facilitar la asistencia personal a usuarios con discapacidad de los edificios públicos

Además, se adiciona en el último párrafo la obligación concreta y, en principio, inmediata de adecuar sus instalaciones para contar con, por lo menos, señalización Braille en todos los edificios de la administración pública federal.

Se propone adicionar un artículo 15 Bis para establecer que ``será responsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y demás Autoridades Competentes del Sistema Financiero Mexicano, el garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso en igualdad de circunstancias y condiciones a los servicios que ofrecen las instituciones bancarias y demás entidades parte del Sistema Financiero Mexicano''. Esto, debido a que la violación de los derechos de las personas con discapacidad en este respecto es una cuestión recurrente.

En artículo 16 se reforma para establecer que las autoridades competentes deberán garantizar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia así como dónde y con quién quieren vivir, en igualdad de condiciones con el resto de las personas y que no se vean obligadas a vivir con un sistema de vida limitado y/o específico. La normatividad en materia de construcción de vivienda no debe limitarse a la consideración de medidas de accesibilidad sólo para los programas del sector público, ya que en la actualidad los desarrolladores de vivienda son constructoras privadas.

Se propone adicionar un artículo 18 Bis en la ley a efecto de establecer la obligación de las autoridades competentes de garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente ley.

En el artículo 19, esta ley alude a lo que compete a las autoridades en materia del desarrollo y la asistencia social, pretendiendo que se conforme un sistema de información sobre los servicios públicos respecto de las personas con discapacidad existentes y las instancias que los facilitan. El precepto se complementaría, si ajustamos la fracción VI de la ley con lo que refiere la Convención en el numeral 1, inciso g), respecto de conocer dónde obtener ayudas a la movilidad, los dispositivos técnicos y las tecnologías de facilitación, incluidas las nuevas tecnologías.

En cuanto al artículo 21, se adecua el contenido general de la obligación de culturización (toma de conciencia) a lo establecido por la convención.

En el artículo 24 se propone establecer que las autoridades competentes tengan en todo momento el deber y la responsabilidad de garantizar el derecho de las personas con discapacidad para, en igualdad de condiciones con el resto de las personas, ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, seguros y demás instrumentos financieros, y garantizarán que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes, servicios o derechos de manera arbitraria.

Se propone establecer en la ley que la existencia de una discapacidad nunca justifique, por sí misma, la privación de la libertad, siendo responsabilidad del Ejecutivo federal el adecuar la normatividad oficial y demás disposiciones reglamentarias vigentes a efecto de que reflejen los principios contenidos en la presente ley, los tratados internacionales y demás disposiciones legales aplicables.

Se adiciona un artículo 24 Ter para incluir un tipo penal agravado para las personas que exploten a una persona con discapacidad.

Se propone reformar el título tercero de la ley, denominado ``Del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad'', debido a que uno de los principales problemas operativos para la defensa del adecuado ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad es la falta de personalidad jurídica y patrimonio propio del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis); en ese sentido, se propone crear un consejo independiente con una estructura y naturaleza jurídica similar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El primer cambio versa sobre desincorporar al Conadis de la Secretaría de Salud; uno de los principios rectores de la Convención es la evolución del concepto de discapacidad, siendo que hoy en día es un claro retraso considerar a la discapacidad como una enfermedad, siendo que en realidad es una situación y cuestión de protección a los derechos humanos.

En ese sentido, además de reconocerle personalidad y patrimonio jurídico propios, se propone sectorizar la protección a la discapacidad en la Secretaría de Gobernación, que es el sector propio de la defensa de los derechos humanos y no la Secretaría de Salud.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 1o., las fracciones IV, V, XI, XII, XIII, del artículo 2o., 3, 4, 5, 6, 6 Bis, 7, 7 Bis, 8, fracción VII del artículo 9, 9 Bis, 10, 10 Bis, 13, 13 Bis, 13 Ter, 14, 15, 15 Bis, 16, fracciones VI y VII del artículo 17, 17 Bis, 18, 18 Bis, 19, 21, 21 Bis, 22,23,24 Bis, 24 Ter, 24 Quáter, 28, 29, fracciones XIX a XXIII del artículo 29 y 31, todos de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para quedar como siguen:

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es promover, proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, a efecto de permitir la plena inclusión y participación efectiva de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida.

De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y ordena el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio, así como la designación de partidas presupuestales suficientes que garanticen la consecución del objeto de la presente ley.

Para tal fin, es necesario que se realicen acciones tendientes a la promoción, protección y aseguramiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I al III. ...
IV. Educación Inclusiva: Conjunto de servicios, programas, orientación y recursos educativos especializados, puestos a disposición de las personas que ``presentan'' algún tipo de discapacidad, que favorezcan su desarrollo integral, y plena integración al Sistema Educativo Nacional.
V. Equiparación de Oportunidades: Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que, de conformidad con el principio de progresividad, faciliten a las personas con discapacidad una integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades y posibilidades con el resto de la población.
VI. al X. ...
XI. Persona con discapacidad: Toda aquella persona que en virtud de alguna deficiencia, permanente o temporal, física, mental, cognitiva, intelectual o sensorial pueda ver impedida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones al ejercer una o más actividades de la vida diaria.
XII. Prevención: La adopción de medidas, de conformidad con el principio de progresividad, encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales.
XIII. Rehabilitación: Proceso de duración limitada y con un objetivo definido e integral, de orden médico, social y educativo, entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social.
XIV. ...
XV. Comunicación: Se entenderá el lenguaje oral y la lengua de signos, la visualización de textos, las comunicaciones en Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso.
XVI. Ajustes razonables: Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias, y técnicamente viables, a realizarse de conformidad con el principio de progresividad, para garantizar a las personas con discapacidad el disfrute o ejercicio, en condiciones de igualdad con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; y
XVII. Diseño universal: se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. No se excluirán las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
XVIII. Progresividad: Consiste en la obligación de aquellas autoridades y particulares obligados en términos de la presente ley a realizar todas aquellas acciones y celebrar todos aquellos actos que sean necesarios o convenientes para cumplir paulatinamente con las obligaciones establecidas a su cargo en la presente ley, para lo cual habrán de adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles, a efecto que, en un plazo razonable, o bien, en el plazo que se acuerde en cada caso con la autoridad competente, se llegue a cumplir cabalmente con todas las obligaciones establecidas a su cargo en la presente ley, los tratados internacionales aplicables y demás disposiciones legales en la materia.
``XIX . Autoridades competentes: Todas aquellas dependencias, órganos, organismos, direcciones, municipios, delegaciones, consejos, y demás entidades que, dentro del ámbito de su competencia, tengan poder de decisión, o de cualquier otra forma, influyan en la decisión o trato frente a las personas con discapacidad, incluyendo el diseño y/o ejecución de políticas públicas, o la atención, trato o resolución de las solicitudes o quejas presentadas por o relacionadas con las personas con discapacidad.
XX. Políticas públicas: Todos aquellos planes, programas, acciones positivas, leyes, reglamentos y demás elementos normativos que las autoridades competentes deben llevar a cabo, promulgar o establecer a efecto de asegurar los derechos establecidos en la presente ley, de conformidad con el principio de progresividad.
XXI. Discriminación por motivos de discapacidad: Cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, dentro de las que se incluyen además de todos las formas de discriminación, la denegación de adoptar las políticas públicas o realizar los ajustes razonables adecuados de conformidad con el principio de progresividad establecido en la presente ley.
XXII. Convenio de Adhesión: Aquel acuerdo de voluntades celebrado entre, por una parte, cualquier particular o, en su caso, las demás entidades públicas e instancias de la administración pública de los tres niveles de gobierno, y por el otro lado, las autoridades competentes a efecto de fijar los plazos, determinar las partidas presupuestarias, establecer en las políticas públicas y determinar las demás acciones necesarias para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente ley.

Artículo 3. La aplicación de la presente ley corresponderá a las autoridades competentes en términos de la misma, y será de observancia obligatoria para todas las dependencias de la administración pública federal, entidades paraestatales, órganos desconcentrados, y organismos públicos descentralizados, así como para los particulares que se adhieran a las políticas públicas en la materia o se encuentren de cualquier otra forma obligados a observar las disposiciones que en la misma se contienen.

Cada una de las autoridades competentes, y demás personas obligadas en términos del presente artículo, adoptará aquellos ajustes razonables, tanto individual como coordinadamente, de conformidad con el principio de progresividad, para adherirse a las políticas públicas en la materia y, consecuentemente, asegurar que toda persona pueda gozar de los derechos y libertades contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la presente ley, y en los tratados internacionales aplicables.

Se incluirán en el Presupuesto de Egresos correspondiente las partidas presupuestales necesarias y/o convenientes para promover la aplicación y suficiencia de las políticas públicas derivadas de la presente ley.

Artículo 4. Los derechos que establece la presente ley serán reconocidos a todas las personas con discapacidad, sin distinción por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o cualquiera otra que atente contra su dignidad, derechos y/o libertades.

Las autoridades competentes deberán considerar que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación, y consecuentemente, deberán garantizar el establecimiento de políticas públicas adecuadas y progresivas para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer.

No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.

Artículo 5. Los principios que deberán observar las autoridades competentes en el diseño y ejecución de las políticas públicas en la materia son:

a) El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas con discapacidad;
b) La no discriminación de las personas con discapacidad;
c) La participación e integración plenas y efectivas en la sociedad de las personas con discapacidad;
d) El reconocimiento y respeto de las diferencias de las personas con discapacidad;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad de las personas con discapacidad a los derechos y libertades fundamentales;
g) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho de preservar su identidad;
h) El respeto y disfrute del derecho a la vida de las personas con discapacidad;
i) La progresividad en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad;
j) La consideración de que la protección a los derechos de las personas con discapacidad ha evolucionado, de forma y manera tal que la misma constituye hoy en día una cuestión de protección a los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad, y no una cuestión de salud pública o caridad; y
k) El principio pro homine consistente en que, en caso de cualquier otra disposición legal, tratado internacional, principio o resolución judicial establezca un trato más favorable para las personas con discapacidad, este habrá de prevalecer sobre las disposiciones contenidas en la presente ley.

No se considerará como más favorable cualquier disposición que prive a las Personas con Discapacidad de sus derechos humanos y/o libertades o garantías fundamentales.

En la formulación de políticas públicas, las autoridades competentes deberán celebrar consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, las organizaciones civiles que las representen, así como con el Consejo.

Las autoridades competentes deberán abstenerse de realizar cualquier acto o práctica que resulte incompatible con los principios anteriormente enunciados, así como con las demás obligaciones establecidas a su cargo en la presente ley, quedando, de lo contrario, los funcionarios públicos responsables, sujetos al régimen de responsabilidad administrativa establecido a su cargo en la leyes y reglamentos respectivos.

Artículo 6. Será responsabilidad del Ejecutivo federal en materia de esta ley:

I. Establecer políticas públicas necesarias o convenientes para cumplir con las obligaciones en la materia ``adquiridas'' en los tratados internacionales aplicables.
II. Estimular, supervisar y dar seguimiento a que las autoridades competentes desarrollen políticas públicas que permitan la integración social, económica, ``laboral y educativa'' de las personas con discapacidad para lo cual podrá celebrar convenios de colaboración y/o estímulo fiscal con las autoridades competentes que cumplan o fomenten las políticas públicas en la materia.
III. Establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación las partidas presupuestarias necesarias o convenientes para la aplicación y ejecución de las políticas públicas derivadas de la presente ley, de conformidad con el principio de Progresividad que en la misma se establece.
IV. Establecer, ``aplicar y vigilar'' las ``demás acciones que sean'' necesarias para dar cumplimiento'', en el ámbito de sus atribuciones, a las políticas públicas establecidas'', así como ``tomar todas'' aquellas ``acciones'' que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad; y
V. Reconocer y otorgar estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones a favor de las personas con discapacidad o adecuen sus instalaciones o de cualquier otra forma se adhieran a las políticas públicas en la materia.
VI. Desarrollar, promulgar y supervisar la creación y aplicación de normas oficiales mexicanas y demás directrices sobre la accesibilidad de las personas con discapacidad a las instalaciones y servicios públicos y privados.

Artículo 6 Bis. Además de aquellas obligaciones mínimas que establece a su cargo la presente ley, los particulares podrán adherirse al pleno cumplimiento de las políticas públicas y demás obligaciones contenidas en misma, mediante la celebración de Convenios de Adhesión con las autoridades competentes, en cuyo caso, en dichos Convenios de Adhesión se establecerán, entre otros, los plazos y condiciones para adecuar sus instalaciones, garantizar la inclusión laboral o, en su caso, educativa, garantizar el acceso a la salud, y realizar aquellas otras acciones necesarias para cumplir con los principios establecidos en la presente ley, a cambio de lo cual, el Ejecutivo federal, o la autoridad competente les otorgará reconocimiento por medios masivos de comunicación a nivel nacional, estímulos fiscales y/o de cualquier otra naturaleza, así como un reconocimiento público y por escrito de empresa socialmente responsable que respeta los derechos de las personas con discapacidad.

Adicionalmente, los establecimientos mercantiles o sociedades que presten servicios al público en general, podrán adherirse al cumplimiento de la presente ley, sujeto a los mismos términos, condiciones y beneficios establecidos en el párrafo inmediato anterior.

Artículo 7. Es obligación de las autoridades competentes del sector salud el garantizar el ``derecho'' de las personas con discapacidad al más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad, para lo cual, las autoridades competentes del sector salud, en su respectivo ámbito de competencia, adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud.

Las autoridades competentes serán en particular responsables de llevar a cabo las siguientes acciones:

I. Diseñar, ejecutar y evaluar programas para la orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención integral, Rehabilitación e ``investigación para reducir al máximo de la aparición de nuevas discapacidades'', así como garantizar que la atención de la salud de las Personas con Discapacidad se preste con la misma variedad y calidad que las del resto de las personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.
II. La creación de centros responsables de vigilar y hacer que se cumplan y ejecuten los programas señalados en la fracción anterior, la cual se extenderá a las regiones rurales y comunidades indígenas;
III. Elaborar programas de educación de la salud para que las personas con discapacidad tengan un conocimiento integral y aprendan lo necesario con respecto a su discapacidad, así como para que el resto de las personas cuenten con conocimientos suficientes con respecto a la salud de las personas con discapacidad, de conformidad con la visión y demás principios que la presente ley establece;
IV. Constituir a través de los mecanismos institucionales que determine cada orden de gobierno, bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, facilitando su gestión y obtención a la población con discapacidad de escasos recursos; y fomentar la creación de centros asistenciales, temporales o permanentes, donde las personas con discapacidad sean atendidas en condiciones que respeten su dignidad y sus derechos de conformidad con los principios establecidos en la presente ley, para lo cual, deberán fomentar la celebración de convenios de colaboración con el sector privado, en particular, con las sociedades o personas físicas que fabriquen, distribuyan, renten o comercialicen aparatos, herramientas, utensilios o demás elementos que faciliten la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo para las personas con discapacidad;
V. La celebración de convenios de colaboración y adhesión con instituciones educativas públicas y privadas, para impulsar la investigación, sensibilización y educación sobre la materia;
VI. Implementar acciones de sensibilización, capacitación y actualización, dirigidos al personal médico y administrativo, para la atención adecuada e incluyente de las personas con discapacidad de conformidad con los principios establecidos en la presente ley'';
VII. (derogada);
VIII. Elaborar, expedir y vigilar la aplicación de normas oficiales mexicanas, de conformidad con el principio de progresividad establecido en la presente ley, para la atención de las personas con discapacidad con el fin de que los centros de salud y de rehabilitación dispongan de instalaciones y equipos adecuados para la prestación de sus servicios a las personas con discapacidad;
IX. Establecer los mecanismos para garantizar la adecuada prestación de servicios de información, orientación, atención y tratamiento psicológicos para las personas con discapacidad, sus familias y/o quienes se encarguen de su cuidado o atención
X. Crear programas de educación, rehabilitación y orientación sexual y reproductiva para las personas con discapacidad; y
XI. Impedir que se nieguen, de manera discriminatoria, los servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos a las personas con discapacidad.
XII. Las demás que otros ordenamientos les otorguen.

``Artículo 7 Bis. Queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud y/o de vida, siendo responsabilidad de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas el vigilar la debida protección y sancionar el incumplimiento de este derecho''.

Artículo 8. La Secretaría de Salud una vez revisada y aceptada por el Consejo, emitirá la Clasificación Nacional de Discapacidades.

Capítulo II Del Trabajo

Artículo 9. Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo en igualdad de condiciones con el resto de las personas y, en especial, a la capacitación en términos de igualdad de oportunidades y equidad. Para tales efectos, las autoridades competentes serán responsables de:

I. ``Diseñar, ejecutar, evaluar y promover el establecimiento de políticas en materia de trabajo encaminadas a la integración laboral de las personas con discapacidad, en ningún caso la discapacidad será motivo de discriminación para el otorgamiento de un empleo.
II. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover programas adecuados de capacitación para el empleo y el desarrollo de actividades productivas destinadas a personas con discapacidad, orientados a que las personas con discapacidad puedan participar de la vida productiva de conformidad con sus capacidades y posibilidades particulares;
III. Diseñar, ejecutar y evaluar un programa federal, estatal y municipal de trabajo y capacitación para personas con discapacidad, cuyo objeto principal será la integración laboral;
IV. Formular y ejecutar programas específicos de incorporación de personas con discapacidad como servidores públicos;
V. Instrumentar el programa nacional de trabajo y capacitación para personas con discapacidad a través de la celebración de Convenios de Adhesión con los sectores empresariales, instituciones de gobierno, organismos sociales, sindicatos y empleadores, que propicien el acceso al trabajo, incluyendo la creación de agencias de integración laboral, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, becas económicas temporales; y
VI. ...
VII. Garantizar la constante y adecuada revisión de las normas oficiales mexicanas vigentes y aplicables a efecto de garantizar el pleno acceso y goce de los derechos en materia laboral establecidos por la presente ley, los tratados internacionales aplicables y demás disposiciones al respecto.

``Artículo 9 Bis. Queda especialmente prohibida cualquier tipo de discriminación por motivos de discapacidad respecto a las condiciones laborales y demás cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación, remuneración, continuidad, promoción profesional o en su caso, escalafón, así como el trabajo en condiciones seguras, saludables y ergonómicamente adecuadas para las personas con discapacidad.

Será responsabilidad de las autoridades competentes, y en especial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el vigilar el respeto y sancionar el incumplimiento a este derecho.

De la misma manera, las personas con discapacidad tendrán derecho a la reparación por los daños y perjuicios que sufran como efecto de tal discriminación.

Los empleadores serán responsables de garantizar, y, en su caso, vigilar y establecer los lineamientos y medidas respectivas a efecto de evitar el acoso, hostigamiento y/o perturbación sexual o laboral de las personas con discapacidad que trabajen para ellos.

Artículo 10. La educación que imparta y regule el Estado deberá garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad y asegurar que se desarrolle al máximo la personalidad, talento y creatividad de las mismas, así como sus aptitudes mentales y físicas.

Para tales efectos las autoridades competentes deberán garantizar la educación inclusiva de las personas con discapacidad, y serán responsables, particularmente, de:

I. Elaborar y fortalecer los programas de educación inclusiva e integración educativa para las personas con discapacidad;
II. Garantizar un sistema de educación inclusiva en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, así como verificar el cumplimiento de las normas para su integración educativa;
III. Admitir y atender a menores con discapacidad en los centros de desarrollo infantil y guarderías públicas y privadas, para lo cual, las autoridades competentes serán responsables de diseñar y ejecutar programas de capacitación y actualización al personal que atiende a menores con discapacidad en dichos centros;
IV. Formar, sensibilizar, actualizar, capacitar y profesionalizar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en la incorporación educativa de personas con discapacidad;
V. Diseñar y ejecutar criterios obligatorios de inclusión para las personas con discapacidad en las escuelas ordinarias de los sectores público y privado así como programas de sensibilización que propicien una mayor aceptación de los estudiantes con discapacidad, orientada hacia la erradicación de cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad. De manera enunciativa, más no limitativa, las autoridades competentes serán responsables de diseñar un programa de integración de las personas con discapacidad que se dirija e imparta a los alumnos, personal docente, directivos y padres de familia de las escuelas tanto públicas como privadas a nivel primaria, secundaria y preparatoria a nivel nacional, mismo programa que deberá fomentar una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad, de conformidad con la imagen a que se refiere el artículo 21 de la presente ley, así como, en lo general, de los principios que en la misma se establecen;
VI. Establecer en los programas educativos que se transmiten por televisión, audio descripciones e intérpretes de Lengua de Señas mexicana;
VII. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales, incentivos y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico;
VIII. Garantizar el acceso de la población ciega, sorda y sordociega a la educación pública obligatoria y adaptada al tipo de discapacidad que corresponda, incluyendo el sistema Braille y la Lengua de Señas mexicanas. El uso suplementario de otras lenguas nacionales se promoverá cuando las circunstancias regionales así lo requieran;
Parte de la promoción de estos mecanismos de comunicación tendrá como objetivo primordial la capacitación del personal docente que permita su intervención en las aulas a través de medios descriptivos y Lenguaje de Señas mexicana:
Asimismo, se deberá garantizar la producción y distribución no sólo de libros de texto gratuitos en sistema Braille, macrotipos, y textos audibles que complementen los conocimientos que obtendrán los alumnos con discapacidad visual
IX. a X. ...
XI. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español audio descriptores profesionales y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la Lengua de Señas mexicana;
XII. a XIII. ...
XIV. Elaborar programas para las personas ciegas y débiles visuales, que los integren al Sistema Educativo Nacional, público o privado, creando, de conformidad con el principio de progresividad condiciones físicas y de acceso a los avances científicos y tecnológicos, así como materiales libros impresos en sistema Braille, macrotipos, textos audibles y material complementario, actualizados de conformidad con las publicaciones regulares necesarios para su aprendizaje.
XV. Elaborar programas para las personas ciegas y débiles visuales, que los integren al Sistema Educativo Nacional, público o privado, creando de manera progresiva condiciones físicas y acceso a los avances científicos y tecnológicos, así como materiales y libros actualizados a las publicaciones regulares necesarios para su aprendizaje. Para tal efecto, se deberá promover a edades tempranas, brindando dichos sistemas a menor costo posible.

Artículo 11. En el Sistema Nacional de Bibliotecas, salas de lectura y servicios de información de la administración pública federal se incluirán, entre otros, los equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el sistema de escritura Braille, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permita su uso a las personas con discapacidad. Las autoridades competentes, serán responsables de brindar cursos de capacitación para aquellos usuarios que no tengan conocimientos o conocimientos suficientes para valerse de dicha tecnología.

...

Capítulo IV De la accesibilidad y libre tránsito

Artículo 13. Las autoridades competentes serán responsables de emitir e implementar las políticas públicas que garanticen, tanto en zonas urbanas como rurales, a la edificación de instalaciones arquitectónicas e infraestructura urbana adecuadas para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con el resto de las personas.

Las autoridades competentes, serán responsables de vigilar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la presente ley, así como en la normatividad vigente.

Los edificios públicos que sean construidos a partir del inicio de la vigencia de esta ley, deberán sujetarse a las normas oficiales, especificaciones, adecuaciones y demás políticas públicas que expidan las autoridades competentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos.

Asimismo, las autoridades competentes, deberán formular un programa de adecuación y ajustes razonables respecto a los inmuebles públicos que actualmente no cuenten con instalaciones accesibles para personas con discapacidad en términos de la presente ley, de conformidad con el principio de progresividad que esta misma ley establece.

Para optimizar el uso de los inmuebles en donde se otorgan servicios públicos, las autoridades competentes, promoverán hacia todos los sectores, que se proporcionen formas de asistencia personal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la Lengua de Señas mexicana, en beneficio de la accesibilidad a dichos espacios, para personas con discapacidad

Artículo 13 Bis. A efecto de promover la adhesión del sector privado a las políticas públicas en esta materia, las autoridades competentes podrán celebrar Convenios de Adhesión que, basados en el principio de progresividad, otorgarán estímulos fiscales y crediticios, así como el respectivo certificado de adhesión, a los particulares que participen efectivamente en estas acciones.

Será responsabilidad de las autoridades competentes que los edificios y demás inmuebles de la administración pública federal cuenten, por lo menos, con rampas de acceso, guías táctiles, programas de evacuación accesibles para personas con discapacidad o servicios de accesibilidad administrativa, entendiendo como tal, aquellos medios administrativos que garanticen el acceso a los servicios públicos respectivos a cualquier persona con discapacidad como solución alterna a la falta de accesibilidad estructural.

Artículo 13 Ter. Las autoridades competentes serán especialmente responsables de garantizar la libertad de las personas con discapacidad de desplazamiento y de elegir su residencia y nacionalidad en igualdad de condiciones al resto de las personas.

Para tal efecto, será responsabilidad del Instituto Nacional de Migración el garantizar que las personas con discapacidad:

Tengan derecho a adquirir y cambiar de nacionalidad y a no ser privadas de la suya de manera arbitraria por motivos de discapacidad;

No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener, poseer y utilizar la documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación de identificación, o para utilizar procedimientos pertinentes, como el procedimiento de inmigración, que puedan ser necesarios para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento; y

Tengan libertad para entrar y salir del país, para lo cual podrá actuar conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para establecer la normatividad aplicable al tránsito de personas en los aeropuertos y demás vías de entrada y salida del país;

Artículo 14. Los establecimientos mercantiles o sociedades que presten servicios al público en general, así como aquellas edificaciones de particulares a las cuales tengan acceso o requieran tener acceso las personas con discapacidad, deberán contar con facilidades arquitectónicas y de señalización para que cualquier persona con discapacidad esté en condiciones de desplazarse en manera autónoma y segura en sus instalaciones o establecimientos mercantiles.

Al efecto, las autoridades responsables deberán garantizar la implementación de dichas modificaciones, de conformidad con el principio de progresividad.

Artículo 15. ...

I. ...
II. Que cuenten con señalización e incluyan tecnologías para facilitar el acceso y desplazamiento, que garanticen a las personas con discapacidad el uso de ayudas técnicas, perros guía y/o de servicio u otros apoyos; y
III. ...

Artículo 15 Bis. Será responsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y demás autoridades competentes del Sistema Financiero Mexicano, el garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso en igualdad de circunstancias y condiciones a los servicios que ofrecen las instituciones bancarias y demás entidades parte del Sistema Financiero Mexicano.

Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda deberán incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren las necesidades propias de las personas con discapacidad. De la misma manera, los organismos públicos de vivienda otorgarán facilidades a las personas con discapacidad para recibir créditos o subsidios para la adquisición, construcción o remodelación de vivienda.

Las autoridades competentes deberán garantizar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia, así como dónde y con quién quieran vivir, en igualdad de condiciones con el resto de las personas y que no se vean obligadas a vivir con un sistema de vida limitado y/o específico.

Artículo 17. Las autoridades competentes deberán garantizar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, para lo cual, serán responsables de:

I. Impulsar programas que permitan la accesibilidad a un costo asequible a la seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo y medios de comunicación a las personas con discapacidad;
II. Establecer como requisito indispensable que en las licitaciones de concesión del servicio de transporte público, las unidades incluyan especificaciones técnicas y antropométricas en materia de discapacidad;
III. Garantizar que las empresas del transporte de pasajeros incluyan en sus unidades, especificaciones técnicas y antropométricas adecuadas para las personas con discapacidad, así como que los operadores de las mismas se encuentren suficientemente capacitados a efecto de prestar la atención necesaria a las personas con discapacidad;
IV. ...
V. Garantizar el otorgamiento de estímulos fiscales a las empresas concesionarias de las diversas modalidades de servicio de transporte público y de medios de comunicación, que realicen acciones que permitan el uso integral de sus servicios por las personas con discapacidad;
VI. Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible; y
VII. Ofrecer a las personas con discapacidad, así como al personal especializado que trabaje con estas, capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad.

Artículo 18. Los medios de comunicación implementarán, de conformidad con el principio de progresividad el uso de tecnología y, en su caso, de audio descriptores e intérpretes de la Lengua de Señas mexicana, que permitan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso al contenido de su programación ordinaria.

Las autoridades competentes deberán otorgar el debido reconocimiento a aquellos medios de comunicación que se adhieran de forma voluntaria y, de conformidad con el principio de progresividad a las acciones mencionadas en el párrafo inmediato anterior.

Asimismo, será responsabilidad de las autoridades competentes fijar aquellas políticas públicas obligatorias en la materia a efecto de, de conformidad con el principio de progresividad garantizar la implementación de dichas facilidades de comunicación.

``Artículo 18 Bis. Las autoridades competentes serán responsables de garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente ley, para lo cual deberán:

a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;
b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el sistema Braille, los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones frente a las distintas autoridades ya sea del nivel federal, estatal o municipal.
A efecto de lo anterior, las distintas autoridades deberán adecuar, de conformidad con el principio de progresividad, sus formatos e información para que las personas con discapacidad.
Adicionalmente a lo anterior, será responsabilidad de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, dentro de un plazo razonable y de conformidad con el principio de progresividad, el solicitar por escrito a todas aquellas autoridades que cuenten con trámites registrados ante el Registro Federal de Trámites, que adecuen sus respectivos formatos e información a efecto de hacerlos accesibles para las personas con discapacidad, en particular para aquellas con discapacidad visual.
c) Alentar a las entidades privadas a que se adhieran a los principios y obligaciones establecidos en el presente artículo y que, consecuentemente, presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, así como a que proporcionen formatos y servicios adecuados para que las personas con discapacidad puedan utilizar y tener pleno acceso a los mismos;
d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos aquellos que suministran información a través de Internet a que se adhieran a los principios y obligaciones establecidos en el presente artículo, a que hagan sus servicios plenamente accesibles para las personas con discapacidad.
e) Reconocer y promover por medios masivos de comunicación nacional la utilización de la Lengua de Señas.

Artículo 19. Las autoridades competentes deberán:

I. Establecer medidas que garanticen la plena incorporación de las personas con discapacidad en todas las acciones y programas de desarrollo social; además, verificarán la observancia de todas aquellas disposiciones que les sean aplicables de la Ley General de Desarrollo Social y demás ordenamientos aplicables en la materia;
En estas medidas, se considerarán prioritariamente a las mujeres, niños y adultos mayores con discapacidad en la incorporación a programas de protección social y de salud, acompañados con medidas que tiendan a la reducción de la pobreza y el mejoramiento, de conformidad con el principio de progresividad, del entorno urbano en el que habitan.
II. Establecer los lineamientos para la recopilación de información y estadística de las personas con discapacidad, en el Censo Nacional de Población y demás instrumentos que conjuntamente se determinen que permitan contar con una cifra real del número y condiciones de las personas con discapacidad a nivel nacional y, consecuentemente, formular y aplicar adecuadamente las políticas públicas respectivas necesarias para dar efecto a lo establecido por la presente ley así como los tratados internacionales y demás disposiciones legales aplicables.
``Será responsabilidad del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad centralizar, almacenar adecuadamente y analizar dicha información a efecto de crear una base de datos completa y accesible que permita consultar fácilmente la información disponible en la materia''.
A efecto de lo anterior, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá asignar la partida presupuestaria respectiva y suficiente para que dicho Consejo cree y mantenga la base de datos a que se refiere la presente fracción.
III. ...
IV. Concertar la apertura de centros integrales de asistencia, capacitación y protección para personas con discapacidad;
V. Asegurar que las políticas públicas de asistencia social que se promuevan para las personas con discapacidad estarán dirigidas a lograr su plena integración social y a la creación de programas interinstitucionales de atención integral de conformidad con los principios y demás obligaciones contenidas en la presente ley;
VI. Establecer el diseño y la formación de un sistema de información sobre los servicios públicos en materia de discapacidad, con el objeto de identificar y difundir la existencia de los diferentes servicios de asistencia social y las instancias que los otorguen; así como, conocer la ubicación de dónde obtener las ayudas a la movilidad, los dispositivos técnicos y las tecnologías de facilitación, incluidas las nuevas tecnologías.
VII. ...
VIII. Considerar prioritariamente, en materia de asistencia social para personas con discapacidad:
a) La prevención de discapacidades; y
b) La rehabilitación de las personas con discapacidad.
c) El combate a la pobreza de las personas con discapacidad; y
d) La creación, de conformidad con el principio de progresividad, de un entorno generalmente accesible para las personas con discapacidad'';
e) Establecer las medidas necesarias para que las personas con discapacidad se integren a la vida social, laboral, cultural y educativa de conformidad con el principio de progresividad establecido en la presente ley''
IX. ...

Artículo 21. Las autoridades competentes serán responsables de promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones culturales y sociales, para lo cual deberán difundir y promover una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible tanto con los principios y demás disposiciones de la presente ley, como de los tratados internacionales y demás ordenamientos legales al respecto.

Artículo 21 Bis. Las autoridades competentes formularán y aplicarán programas y acciones que otorguen las facilidades administrativas y las ayudas técnicas, humanas y financieras requeridas para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad, en sus niveles de desarrollo nacional e internacional.

El Consejo, en coordinación con dichas autoridades concurrirá a la elaboración del Programa Nacional de Deporte Paralímpico.

Artículo 22. ...

I. ...
II. Garantizar que las personas con discapacidad cuenten con las facilidades necesarias para acceder y disfrutar de los servicios culturales; y
III. Establecer como requisito indispensable el uso de tecnologías en la cinematografía y el teatro en formatos accesibles, que faciliten la adecuada comunicación de su contenido a las personas con discapacidad.

Artículo 23. ...

I. al II. ...
III. Asegurar la realización de las adecuaciones físicas y de señalización necesarias para que las personas con discapacidad tengan acceso a todo recinto donde se desarrolle cualquier actividad cultural; difusión de las actividades culturales; impulsar la capacitación de recursos humanos y el uso de materiales y tecnología a fin de lograr la integración de las personas con discapacidad en las actividades culturales; y fomentar la elaboración de materiales de lectura.
Capítulo VIII Del acceso a la justicia

Artículo 24. Las autoridades competentes tendrán en todo momento el deber y la responsabilidad de garantizar el derecho de las personas con discapacidad para, en igualdad de condiciones con el resto de las personas, ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, seguros y demás instrumentos financieros, y garantizarán que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes, servicios o derechos de manera arbitraria.

En materia de interdicción, el juez competente deberá atender en todo momento al principio pro homine , interpretando en su conjunto y de manera armónica los principios y demás obligaciones contenidas en la presente ley, así como en los tratados internaciones y demás disposiciones legales aplicables.

La existencia de una discapacidad nunca justificará, por sí misma, la privación de la libertad, siendo responsabilidad del Ejecutivo federal el adecuar la normatividad oficial y demás disposiciones reglamentarias vigentes a efecto de que reflejen los principios contenidos en la presente ley, los tratados internacionales y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 24 Bis. Los procedimientos administrativos y judiciales en los cuales participe o pueda participar de forma directa o indirecta una persona con discapacidad deberán adecuarse para garantizar el libre acceso e inclusión de las mismas atendiendo a las necesidades especiales de cada caso en concreto.

Será responsabilidad de las autoridades competentes el llevar a cabo programas de educación, capacitación y sensibilización para que las personas integrantes del Poder Judicial, en sus respectivos niveles de gobierno, se encuentren en condiciones de garantizar el derecho establecido en el párrafo inmediato anterior, salvaguardando así los derechos constitucionales en materia de debido proceso de las personas con discapacidad''.

Artículo 24 Ter. Constituirá un delito y se castigará con pena de [ ] a [ ] años de prisión al que, aprovechándose de la discapacidad de una persona, la explote, utilice, ejerza violencia, abuse de ella o, por cualquier otro medio obtenga de su situación un lucro o beneficio económico''.

Artículo 24 Quáter. Será responsabilidad de las autoridades competentes establecer políticas públicas a efecto de informar, educar, prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia o abuso de las personas con discapacidad''.

Artículo 28. Los órganos de los gobiernos federales, de las entidades federativas, y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción, deberán participar en la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, observar y hacer observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas con discapacidad, establecidas en la presente ley.

Artículo 29. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación con personalidad jurídica y patrimonio propios. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Consejo tiene por objeto fundamental promover, apoyar, fomentar, vigilar, evaluar, sancionar y ser guía para el cumplimiento del sector público y privado con las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente ley, para lo cual no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia.

Es obligación del Ejecutivo federal prever y aportar al Consejo el patrimonio suficiente para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, para lo cual habrá de observar el principio de progresividad establecido en el artículo 5 de la presente ley.

Artículo 30.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. ...
II. Establecer acciones y programas para generar la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad;
III. Garantizar el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y hacer de su conocimiento los canales institucionales para hacerlos exigibles ante la autoridad competente;
IV. Diseñar y establecer la política general de desarrollo integral de las personas con discapacidad, mediante la coordinación y supervisión de los programas interinstitucionales;
V. ...
VI. Garantizar la implementación de medidas para incrementar la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención segura y accesible de la población con discapacidad;
VII. ...
VIII. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y concientización;
Al efecto, en dichos programas se impulsará la toma de conciencia respecto de las capacidades, habilidades, aptitudes, méritos y aportaciones reales de las personas con discapacidad en todos los ámbitos y en particular en los espacios laborales.
IX. ...
X. Participar en el diseño de normas oficiales mexicanas con respecto a la accesibilidad y demás cuestiones relacionadas con el cumplimiento a las obligaciones derivadas de la presente ley.
XI. ...
XII. Promover la firma y cumplimiento de los instrumentos internacionales y regionales, relacionados con la materia y para el debido cumplimiento con las obligaciones y principios contenidos en la presente ley.
Del XIII al XVIII. ...
XIX. Establecer y modificar su reglamento orgánico de conformidad con las facultades y obligaciones que la presente ley le confiere, así como el reglamento orgánico del Consejo Consultivo.
XX . Llevar, coordinar y administrar el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, así como el Sistema Nacional de Información de Personas con Discapacidad.
XXI. Establecer, y coordinar con las demás autoridades competentes, así como con el presidente de la república, campañas de concientización y sensibilización con respecto a las personas con discapacidad a nivel nacional, así como llevar a cabo aquellos cursos de capacitación e información que sean necesarios para cumplir con el propósito y obligaciones que la presente ley establece.
XXII. Establecer oficinas regionales a lo largo del territorio nacional, a efecto de servir como punto de enlace y administración de sus facultades a nivel nacional.
XXIII. Supervisar, a nivel nacional, la aplicación de la presente ley en relación con la condición jurídica de las personas con discapacidad, así como con la debida protección de los derechos e implementación de las acciones que en la misma se establecen.

Artículo 31. ...

Del I. al VI. ...
...
El Consejo será presidido por el secretario de Salud y contará con un secretario ejecutivo que será el titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Tendrá su sede en la Ciudad de México y contará con un secretariado técnico, así como con las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.
Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2007.--- Diputados: Silvia Emilia Degante Romero , Francisco Antonio Fraile García (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Francisco Antonio Fraile.Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.



LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA - LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la palabra el diputado David Figueroa Ortega, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 2, 28, 60 y 69 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, y 93 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El diputado David Figueroa Ortega: Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado David Figueroa Ortega: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, subo a esta tribuna para presentar iniciativa de ley que reforma los artículos 2o., 28, 60 y 69 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, y el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Actualmente se han detectado diversas problemáticas concernientes al uso y aplicación del buró de crédito, entre las que destacan las siguientes: limitado acceso a la información, limitada cobertura, riesgo de segmentación artificial de bases de datos, limitado acceso al crédito, y la que en esta iniciativa se pretende plantear una solución es al tema de la asimetría en la información.

Asimetría en la información. La asimetría y la información se basan en la idea de que uno de los dos actores involucrados en cualquier proceso desconoce información relevante que el otro actor sí posee, de tal forma que esta falta de información implica obstáculos para que el mercado del bien o servicio en cuestión trabaje eficientemente y en consecuencia se generan costos adicionales, insuficiencias o razonamientos, que de no existir las mencionadas asimetrías de la información no ocurrirían.

Se ha detectado que cuando se realizan operaciones de venta de cartera crediticia, a otras empresas que no son usuarios de los servicios de las sociedades de información crediticia, esto genera una asimetría en la información.

Específicamente, el principal motivo de la asimetría está generado por la imposibilidad de actualizar los registros de buró de crédito, por la venta o concesión de cartera de crédito a un tercero, el cual la Comisión Nacional Bancarias y de Valores ya lo define como ``las empresas especializadas en la adquisición de deuda''.

Esta falta de actualización en la información afecta directamente a los usuarios crediticios, ya que aun a pesar de llegar a un acuerdo monetario para liquidar la deuda con el bufete jurídico o despacho jurídico, estas empresas especializadas en adquisición de deuda no tienen ninguna obligación de reportarla, ni al banco ni al buró de crédito, afectando de manera directa el historial y la calidad crediticia de las personas.

No obstante que las personas son consideradas como morosas, finalmente pagan la deuda en su totalidad. Es decir, no incurren en un incumplimiento definitivo de la obligación, sino en un cumplimiento tardío de la misma.

Esta iniciativa no pretende modificar este estatus de los morosos; sin embargo, sí propone resolver la situación generada por la asimetría en la información, debido a que esta problemática promovería que la gente mejor informada, es decir, las empresas especializadas en la adquisición de deuda o, en su caso, de las entidades financieras o comerciales, en un mercado pudieran transmitir o bien señalar con credibilidad su información a los menos informados, de tal forma que les permita evitar o minimizar los problemas asociados con la selección adversa.

Ante esto, es necesario indicar que las empresas especializadas en la adquisición de deuda no están consideradas como parte integrante del sistema financiero, por lo que no pueden considerarse posibles usuarios de las sociedades de información crediticia. Sin embargo, las instituciones financieras o comerciales sí tienen ese derecho.

Debido a lo antes indicado, se propone reformar el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, con la finalidad de que las empresas especializadas en la adquisición de deuda puedan ser vigiladas y reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la Condusef y por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que en la actualidad no hay nadie en el sistema financiero mexicano que pueda o tenga las atribuciones de establecerle observaciones y, en su caso, imponer sanciones.

De manera adicional, propongo modificar los artículos 2o., 28 y 69 de la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia, con la finalidad de establecer lo siguiente:

1. El usuario que realice la venta o sesión de cartera crediticia a una empresa especializada en la adquisición de deuda solicitará constantemente a este mismo la actualización de la cartera de crédito vencida.

2. La empresa especializada en la adquisición de deuda tendrá la obligación de reportar y actualizar constantemente al usuario, la información de la cartera de crédito vencida que haya sido vendida o cedida por éste último.

3. El usuario, por su parte, al recibir información por parte de la empresa especializada en la adquisición de deuda actualizará los registros respectivos en las sociedades.

4. Si un cliente y una empresa especializada en la adquisición de deuda, con motivo del atraso del cumplimiento de las obligaciones del primero, celebra un convenio en virtud del cual se liquide, reduzca o modifique o altere la obligación inicial establecida por el usuario, la empresa especializada deberá hacerlo del conocimiento del usuario y de la sociedad, a fin de que se haga la anotación respectiva con la leyenda ``negociación con empresa especializada'' en la base de datos y, en consecuencia, con los reportes del crédito que emita.

5. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá, mediante reglas de carácter general, la forma en que se realizará la comunicación entre los tres participantes: el usuario, la empresa especializada en la adquisición de deuda y la sociedad. Con la finalidad de mantener actualizada la base de datos y, en consecuencia, los reportes de crédito que ésta emita.

De manera adicional, también se propone que mediante reglas de carácter general, la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, establezca cómo realizará la venta de cartera vencida a las empresas especializadas en la adquisición de deuda, ya que en la actualidad la venta de cartera por parte de las instituciones bancarias se percibe que es realizada sin ninguna vigilancia y/o control por parte de las autoridades financieras.

Es así, compañeras diputadas y compañeros diputados, con base en los argumentos antes expuestos, que someto a esta soberanía el siguiente decreto por el que se reforman los artículos 2o., 28, 60 y 69 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, así como también se modifica el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito

Por consiguiente, diputada Presidenta, le pido por favor que sea insertada en el Diario de los Debates esta iniciativa con su contenido completo, por obvio de tiempo. Agradezco mucho la atención de los presentes. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 2, 28, 60 y 69 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, y 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, David Figueroa Ortega , en su carácter de diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa.

Exposición de Motivos

Antecedente internacional

A nivel internacional, el uso del buró de crédito varía según el país, pero en gran medida depende de su estructura de propiedad. En la mayoría de los países el buró de crédito es de propiedad privada. En otros, en menor número, son de propiedad estatal, como un banco central o una superintendencia de bancos.

Los usos y funciones de los burós de crédito tanto públicos como privados dependen de varios aspectos. Cuando en un país existen ambos tipos de burós, su función no es la misma. Los burós públicos pueden recopilar información básica sobre los prestatarios, y los privados pueden concentrarse en la información más detallada que complementa la pública.

En América Latina la mayoría de los países tiene ambos tipos de registros crediticios. Las diferencias entre ellos obedecen a consideraciones como la cobertura, cantidad de información recopilada y métodos de distribución de ambos tipos de instituciones (públicas o privadas).

En general los burós de crédito privados recopilan mayor cantidad de información, de una mayor cantidad de fuentes, y la distribuyen a más instituciones que los públicos, de manera adicional desempeñan otras funciones en comparación con los burós públicos.

Existe poca evidencia empírica sobre la función particular de los burós de crédito. Estudios recientes han demostrado que la disponibilidad de información es fundamental para tomar buenas decisiones de crédito. Esto sirve para estimular el desarrollo financiero, reduce las tasas de cumplimiento y principalmente aumenta el acceso al crédito.

La información crediticia fidedigna tiene una capacidad de predicción mayor acerca del desempeño de las empresas que los datos que ofrecen los estados financieros.

La relación entre la existencia de los burós de crédito y el desarrollo de los mercados de crédito varía según el nivel de desarrollo financiero del país. Los países con nivel de desarrollo financiero inferior a la mediana se benefician más de las ventajas de contar con burós de crédito que los más desarrollados.

La contribución de los burós de crédito al nivel de desarrollo del mercado de crédito disminuye a medida que aumenta el desarrollo financiero. Esto es resultado de que a mayor desarrollo financiero disminuyen los problemas de asimetrías de la información y de selección adversa.

Los burós de crédito contribuyen al desarrollo de los mercados financieros diminuyendo sus vulnerabilidades. La correcta utilización de los burós de crédito puede reducir la tasa de préstamos de dudosa recuperación al permitir a los acreedores clasificar a los deudores en buenos o malos antes de otorgar el crédito.

Antecedente nacional

Las sociedades de información crediticia, comúnmente conocidas como burós de crédito, son instituciones financieras, autorizadas por la Secretaría de Hacienda, que proporcionan servicios de recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa a las operaciones crediticias de personas físicas y morales.

En México, actualmente hay un buró de crédito autorizado que cuenta con una Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) para brindar servicio a todos los usuarios del país.

En nuestro país, antes de que existiera el Buró de Crédito, el Banco de México era quien operaba, desde 1964, un Registro Público de Información Crediticia, el cual concentraba toda la información sobre las operaciones activas de las instituciones de crédito, incluyendo el incumplimiento de sus clientes.

Con la expansión del crédito que se dio a principios de los años noventa se hizo evidente la necesidad de crear una Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Así, a partir de 2002, año en que entra en vigor la ley, el Buró de Crédito cumple con los principios internacionales de tratamiento de la información crediticia y por lo tanto las personas tienen mayores derechos al respecto.

Ahora, los usuarios tienen acceso a su historial crediticio y en caso de existir errores pueden corregirlos y también pueden conocer quiénes han obtenido reportes con su información y saber para qué será usada. Además, los costos para acceder a la información están regulados.

Con ello se tiene mayor transparencia, calidad en los datos y regulación en su manejo, entre otros beneficios.

Problemática

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha indicado que en el primer trimestre de 2007, ha habido un incremento en las asistencias técnico jurídicas debido a los múltiples requisitos para adquirir la carta de liberación de adeudos y garantía, principalmente en las instituciones de banca de desarrollo, en específico con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 1

Por su parte la Condusef, cuyo objeto es promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas que utilizan o contratan un producto o servicio financiero ofrecido por las instituciones financieras que operen dentro del territorio nacional, así como también crear y fomentar entre los usuarios una cultura adecuada respecto de las operaciones y servicios financieros, indicó que en el primer trimestre de 2007 2 las estadísticas de acciones de atención a usuarios eran las siguientes:

Como se observa, dentro de las principales causas de atención, están los cargos indebidos por intereses y gastos de cobranza, así como de comisiones, con un 58% del total. Este dato incluye las reclamaciones de créditos a partir de una reestructuración o quita, o en su caso, alguna aclaración realizada al Buró de Crédito, cuando la institución crediticia ha vendido su cartera y el cliente ya llegó a una negociación con la empresa encargada de la administración de cartera, sin embargo, su clasificación en el Buró sigue siendo negativa.

Se detecta que esta situación concerniente a las reclamaciones de créditos, se centra en algunas ocasiones en que los mismos bancos no envían la solicitud al Buró de Crédito para que sean borrados del banco de datos, situación que se genera por diversas circunstancias: mala comunicación interna en las instituciones bancarias y los terceros, dolo, vacío legal, entre otros aspectos.

Esta realidad debe atenderse, ya que los usuarios que presentan estas circunstancias no deben considerarse como personas con malos antecedentes crediticios o con una calificación de morosidad en el Buró de Crédito, debido a que sí realizaron el pago total negociado.

Actualmente se han detectado diversas problemáticas concernientes al uso y aplicación del mencionado Buró de Crédito, entre las que se destacan las siguientes:

• Limitado acceso a la información.
• Limitada cobertura.
• Riesgo de segmentación artificial de bases de datos.
• Limitado acceso al crédito.
• Y aquellla a la que en esta iniciativa se pretende plantear una solución: asimetrías en la información.3

Asimetría en la información

La asimetría en la información, se basa en la idea de que uno de los 2 actores involucrados en cualquier proceso, desconoce información relevante que el otro actor sí posee, de tal forma que esta falta de información implica obstáculos para que el mercado del bien o servicio en cuestión trabaje eficientemente, y en consecuencia se generan costos adicionales, insuficiencias o racionamientos, que de no existir la mencionada asimetría de la información no ocurrirían.

Este tipo de problemática ha sido generada principalmente por otras circunstancias como la venta o entrega de cartera crediticia, que realiza alguna institución financiera o comercial a un tercero especializado.

La institución bancaria o comercial acreedora siempre será responsable de cobrar sus créditos. En el caso de las carteras vencidas, tiene la opción de darlas en administración y/o venta a una empresa de cobranza, a un tercero especializado en la materia o a algún despacho o bufete jurídico de cobranza; entonces el mencionado despacho se encargará de cobrarlas a cambio de una comisión, o en el caso de venta de cartera, recuperar al máximo la deuda del crédito establecido.

Si la institución bancaria opta por vender necesita, previa autorización del Banco de México. Una vez autorizado el movimiento, se licitan paquetes, millones de créditos (refaccionarios, hipotecarios, etcétera), y la empresa que los compra se encarga de negociar con el deudor y cobrar al máximo, pero siempre respaldada por el banco que le vendió la cartera.

La venta de las carteras oscila entre siete y 70 centavos por peso, según la posible recuperación que tenga el banco. Esto sucede con los créditos irrecuperables, con aquellos que se han inflado tanto que la garantía ya no ampara la cantidad adeudada, con los que tienen una demanda de por medio, entre otros.

Se ha detectado que cuando se realizan operaciones de venta de cartera crediticia a otras empresas que no son usuarias de los servicios de las sociedades de información crediticia, esto genera una asimetría en la información.

Esta asimetría se basa en lo establecido en el artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia:

Artículo 28. Las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente, mediante su firma autógrafa, en donde conste de manera fehaciente que tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información que la Sociedad proporcionará al Usuario que así la solicite, del uso que dicho Usuario hará de tal información y del hecho de que éste podrá realizar consultas periódicas de su historial crediticio, durante el tiempo que mantenga relación jurídica con el Cliente.
Las Sociedades podrán proporcionar información a los Usuarios que adquieran o administren cartera de crédito, utilizando para ello la autorización que el Cliente haya dado conforme al presente artículo al Usuario que otorgó el crédito respectivo originalmente.
Cuando los Usuarios vendan o cedan cartera de crédito a personas que no sean Usuarios en términos de esta Ley, deberán informarlo a las Sociedades. En este supuesto las Sociedades deberán incluir en los Reportes de Crédito y Reportes de Crédito Especiales que emitan, una anotación que manifieste la imposibilidad de actualizar los registros respectivos por el motivo mencionado.

Específicamente el principal motivo de la asimetría está generado por la imposibilidad de actualizar los registros del Buró de Crédito, por la venta o cesión de cartera de crédito a un tercero, el cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya lo define como las Empresas Especializadas en la Adquisición de Deuda.

Esta falta de actualización en la información, afecta directamente a los usuarios crediticios, ya que aún a pesar de llegar a un acuerdo monetario para liquidar la deuda con el bufete o despacho jurídico, este tercero especializado en la recuperación de cartera no tiene ninguna obligación de reportarla, ni al banco, ni al Buró de Crédito, afectando de manera directa el historial y la calidad crediticia de las personas que padecen esta situación.

No obstante de que las personas que padecen este tipo de problemática son consideradas como morosas, en términos generales son clientes que se retrasan en el cumplimiento de una o varias obligaciones de pago y demuestran poca diligencia para realizar el desembolso; pero que finalmente pagan la deuda en su totalidad, es decir, no incurren en un incumplimiento definitivo de la obligación sino en un cumplimiento tardío de la misma.

Esta iniciativa no pretende modificar este estatus de los morosos, sin embargo, si propone resolver la situación generada por la asimetría en la información, debido a que esta problemática promovería que los agentes mejor informados (tercero especializado o en su caso las entidades financieras o comerciales) en un mercado pudieran trasmitir (señalar) con credibilidad su información a los menos informados de tal forma que les permitiera evitar o minimizar los problemas asociados con la selección adversa. El problema de información como se ha mencionado, podría causar que el mercado colapse o bien contraerlo a un proceso de selección adversa de productos de baja calidad, (o proyectos de inversión de baja calidad). 4

Ante esto, es necesario indicar que las Empresas Especializados en la Adquisición de Deuda, no están considerados como parte integrante del sistema financiero, por lo que no pueden considerarse posibles usuarios de las Sociedades de Información Crediticia, sin embargo, las instituciones financieras y/o comerciales si tienen ese derecho.

Debido a lo antes indicado, se propone la reforma al artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, con la finalidad de que las Empresas Especializadas en la Adquisición de Deuda puedan ser vigiladas y reguladas por la CNBV, la Condusef y la SHCP, ya que en la actualidad no hay nadie en el sistema financiero mexicano que pueda o tenga las atribuciones de establecerle observaciones y en su caso imponerle sanciones.

Por lo anterior, se propone modificar los artículos 2, 28 y 70 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con la finalidad de establecer lo siguiente:

1) El Usuario que realice la venta o cesión de cartera crediticia a un Tercero Especializado en materia de recuperación de cartera, solicitará constantemente a este mismo la actualización de la cartera de crédito vencida.
2) El Tercero Especializado en materia de recuperación de cartera, tendrá la obligación de reportar y actualizar constantemente al Usuario, la información de la cartera de crédito vencida que haya sido vendida y/o cedida por este último.
3) El Usuario por su parte al recibir la información por parte del Tercero Especializado, actualizará los registros respectivos en las Sociedades.
4) Si un Cliente y un Tercero Especializado en materia de recuperación de cartera, con motivo del atraso en el cumplimiento de las obligaciones del primero, celebran un convenio en virtud del cual se liquide, reduzca, modifique o altere la obligación inicial establecida por el Usuario, el Tercero Especializado deberá hacerlo del conocimiento del Usuario y el Usuario a la Sociedad, a fin de que se haga la anotación respectiva con la leyenda ``Negociación con Tercero Especializado'' en la base de datos y en consecuencia en los Reportes de Crédito que emita.
5) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá mediante Reglas de Carácter General, la forma en que se realizará la comunicación entre los tres participantes, el Usuario, el Tercero Especializado y la Sociedad, con la finalidad de mantener actualizada la base de datos y en consecuencia los Reportes de Crédito que se emitan.

De manera adicional, también se propone que mediante Reglas de Carácter General la CNBV establezca como se realizará la venta de cartera vencida a las Empresas Especializadas en la Adquisición de Deuda, ya en la actualidad la venta de cartera por parte de las instituciones bancarias se percibe que se realiza sin ninguna vigilancia y/o control por parte de las autoridades financieras.

Con base en los argumentos antes expuestos, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 28, 60 y 70 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 2, 28, 60 y 70 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Base Primaria de Datos, a aquella que se conforme con la información que proporcionen directamente los Usuarios a las Sociedades, en la forma y términos en que se reciba de aquéllos, considerando para cada tipo de créditos los plazos siguientes:
II. ...
III. Empresas Especializadas en la Adquisición de Deuda, son personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, distintas a las señaladas en el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, para la cesión y descuento de cartera crediticia.
...
...
...
XII. ...

Artículo 28. Las Sociedades ...

...

Cuando los Usuarios vendan o cedan cartera de crédito a Empresas Especializadas en la Adquisición de Deuda, el Usuario solicitará constantemente al Tercero, la actualización en la información de la cartera de crédito vendida.

Empresas Especializadas en la Adquisición de Deuda, tendrá la obligación de reportar y actualizar constantemente al Usuario, la información de la cartera de crédito vencida que haya sido vendida y/o cedida por este último.

El Usuario al recibir la información de la cartera de crédito vendida a la Empresa Especializada en la Adquisición de Deuda, actualizará los registros respectivos en las Sociedades.

En este supuesto las Sociedades deberán incluir en los Reportes de Crédito y Reportes de Crédito Especiales que emitan, una anotación que manifieste que se encuentra en poder de una ``Empresa Especializadas en la Adquisición de Deuda''.

La Comisión establecerá mediante Reglas de Carácter General, la forma en que se realizará la comunicación entre los tres participantes, el Usuario, Empresas Especializadas en la Adquisición de Deuda y la Sociedad, con la finalidad de mantener actualizada la base de datos y en consecuencia los Reportes de Crédito que se emitan.

Asimismo, ...

...

...

...

...

Artículo 60. La Comisión sancionará con multa de 100 a 1,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando:

I. ...
II. ...
...
...
...
XXII. ...
XXIII. La Entidad Financiera omita notificar a la Sociedad, la información actualizada de la cartera de crédito vendida o cedida a una Empresa Especializada en la Adquisición de Deuda, en términos de lo previsto en el artículo 28 de esta Ley.
XIV. La Sociedad omita actualizar en su base de datos y en los registros respectivos, la información proporcionada por la Entidad Financiera con respecto a la cartera de crédito vendida o cedida a la Empresa Especializada en la Adquisición de Deuda.

Artículo 69. Si un Cliente y un Usuario con motivo del atraso en el cumplimiento de las obligaciones del primero, celebran un convenio en virtud del cual se reduzca, modifique o altere la obligación inicial, el Usuario deberá hacerlo del conocimiento de la Sociedad, a fin de que se haga la anotación respectiva con la leyenda ``reestructurado'' en la base de datos y en consecuencia en los Reportes de Crédito que emita.

Si un Cliente y una Empresa Especializada en la Adquisición de Deuda, con motivo del atraso en el cumplimiento de las obligaciones del primero, celebran un convenio en virtud del cual se liquide, reduzca, modifique o altere la obligación inicial establecida por el Usuario, la Empresa Especializada en la Adquisición de Deuda deberá hacerlo del conocimiento del Usuario; este a su vez deberá informar a la Sociedad, a fin de que se haga la anotación respectiva con la leyenda ``Negociación con Empresa Especializada en la Adquisición de Deuda'' en la base de datos y en consecuencia en los Reportes de Crédito que emita.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 93. Las instituciones de crédito sólo podrán ceder o descontar su cartera con el Banco de México u otras instituciones de crédito o con los fideicomisos constituidos por el gobierno federal para el fomento económico, así como a las Empresas Especializadas en la Adquisición de Deuda. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá, mediante reglas de carácter general establecer como se realizará la cesión o venta de la cartera por parte de las instituciones bancarias a las Empresas Especializadas en la Adquisición de Deuda.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Condusef, (2007). Boletín Estadístico, Primer Trimestre de 2007. 2 Condusef, (2007). Idem. 3 Joseph Stiglitz y sus numerosos coautores, establecen que la asimetría de la información financiera afecta negativamente la eficiencia de los mercados crediticios originando problemas de selección adversa y daño moral que conducen a los intermediarios financieros bancarios al racionamiento del crédito a las empresas. 4 UNAM, (2006). Las Teorías de la información y el funcionamiento del mercado del crédito. Hitos de Ciencias Económico Administrativas. Juan José Chablé Sangeado.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2007.--- Diputado David Figueroa Ortega (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado David Figueroa Ortega. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la tribuna al diputado Francisco Antonio Fraile García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 41 de la Ley General de Educación, y 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

El diputado Francisco Antonio Fraile García: Gracias, señora Presidenta. Seré muy breve. Es sobre el mismo tenor de los derechos de las personas con discapacidad. El tema es muy sencillo. Es sobre la educación.

Si bien es cierto que la Ley General de Educación, en su artículo 41, establece el derecho que tenemos los mexicanos para gozar de las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo, es imperativo incidir en el paradigma de la integración escolar a través de la inserción del derecho del alumno con discapacidad en nuestro marco normativo.

Porque el rezago educativo o retraso en la cobertura para las personas con discapacidad constituye una deuda social y un cumplimiento del Estado en las garantías y derechos que otorga la Constitución, además de una pérdida social y económica.

La integración de menores y jóvenes a los servicios educativos requiere, sin duda, el fortalecimiento de las acciones de capacitación, sensibilización, actualización y superación de los docentes.

Integrar al alumno con discapacidad al sistema educativo significa que éste participe y logre una plena pertenencia a la escuela a través de una dinámica interactiva entre el alumno y su medio escolar, de manera integral, participando abiertamente en todas las actividades y el uso de los bienes y servicios de la institución.

La institución educativa de personas con discapacidad requiere compromiso, planeación, conocimiento, un equipo de apoyo y un cambio de cultura en toda la institución educativa.

La perspectiva de la integración implica que el alumno forme parte del mismo grupo y participe en todas las actividades, creando una comunidad educativa incluyente y propiciadora del sentido de pertenencia. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 41 de la Ley General de Educación y 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Francisco Antonio Fraile García , diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por el estado de Puebla, integrante de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 73 fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el primer párrafo del artículo 41 de la Ley General de Educación y la fracción IV del artículo 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, en materia de educación especial e integración de las personas con discapacidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A finales de marzo de este año, nuestro país firmó la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Fue México quien propuso la elaboración de esta convención ante la ONU en el 2001 y hoy representa una de las principales y más exitosas iniciativas presentadas en materia de derechos humanos de los últimos años.

Al día de hoy, poco más de ochenta Estados miembros de la ONU han firmado la convención, pero ahora nuestro mayor reto está en garantizar que su espíritu y letra se traduzcan en resultados concretos a favor de las personas con discapacidad.

Por ello, la convención enfatiza el derecho de las personas con discapacidad de participar en la toma de decisiones que las afectan y prevé el respeto a sus garantías fundamentales, así como la igualdad de oportunidades.

Del mismo modo, también se prevé la adaptación de los inmuebles para dar acceso y libertad de movimiento independiente a las personas discapacitadas.

En esencia, se trata de garantizar que las personas que sufren algún tipo de discapacidad, ya sea visual, física, mental o auditiva, puedan disfrutar de los mismos derechos que las demás y sean capaces de hacer valiosas contribuciones a la sociedad, si se les brinda las mismas oportunidades.

Para lograr estos objetivos necesitamos realizar una serie de cambios, que van desde las reformas legales, administrativas, y en las estructuras del equipamiento urbano y de transporte para el libre acceso, pero el cambio más importante es el de mentalidad: es esencial que cambiemos las percepciones para mejorar la situación de las personas con discapacidad y así combatir los estereotipos y prejuicios para promover la conciencia de las capacidades de esas personas.

La presente iniciativa con proyecto de decreto, retoma uno de los aspectos centrales de la convención: la educación a las personas con discapacidad.

Anteriormente, se consideraba que las personas con discapacidad no eran educables y por ello, permanecían recluidas al interior de sus hogares o en instituciones de custodia y/o asistenciales. En la actualidad, los esfuerzos realizados por las organizaciones civiles e instituciones internacionales han promovido beneficios a favor del reconocimiento de los derechos de igualdad para las personas con discapacidad.

Las estrategias gubernamentales están cada vez más enfocadas a la inclusión de las personas con discapacidad al sector educativo. En los distintos niveles iniciales de educación especial orientados a la población con discapacidad, se realiza la detección temprana de los diferentes casos a fin de incluir estrategias de atención que favorezcan el desarrollo de los alumnos, y la permanencia en las escuelas regulares, permitiendo con ello la igualdad de oportunidades a la que todo ser humano tiene derecho.

Sin embargo, debido al enorme desconocimiento que todavía existe en nuestro país en relación a la discapacidad, es común encontrar rechazo y discriminación contra las personas que la sufren. Esto, en buena medida, sucede cuando en los espacios escolar y familiar no se convive con personas discapacitadas.

La convención internacional establece que los Estados partes asegurarán que:

``a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; y
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión''.

La inclusión de todas las personas, tal y como lo establece la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, es la base del crecimiento de un país en la medida que posibilita el desarrollo social. Nuestra propia Constitución Política en su artículo 3o. reconoce el derecho que todo individuo tiene a recibir una educación en condiciones de equidad para el desarrollo de sus facultades como ser humano. De acuerdo con el inciso C) de la fracción II del artículo 3o. de nuestra Carta Magna, la educación que imparta el Estado, ``contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción de interés general de la sociedad, cuando por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos''.

La ley secundaría a este artículo constitucional y la Ley General de Educación, en su artículo 15 dispone que la educación especial o la de cualquier otro tipo de modalidad que se imparta de acuerdo con las necesidades educativas de la población y las características particulares de los grupos que se integran.

El artículo 41 de la Ley General de Educación también establece el derecho que tienen los habitantes del país para gozar de las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo, sin más límites que satisfacer los requisitos que se indiquen.

Sin duda el derecho a la educación, es un derecho muy importante para las personas con discapacidad, ya que anteriormente no se tomaba en cuenta los derechos que tenían, pero actualmente hacen falta varios lineamientos y mucha capacitación en esta área, para crear una cultura de la discapacidad, ya que a pesar de las leyes no se ha logrado el avance que se requiere para que las personas con discapacidad logren terminar su educación media y superior.

En este sentido, es imperativo incidir en el paradigma de la integración escolar a través de la inserción del derecho del alumno con discapacidad en nuestro marco normativo, porque el rezago educativo o retraso en la cobertura para las personas con discapacidad, constituye una deuda social y un cumplimiento del Estado en las garantías y derechos que otorga la Constitución, además de una pérdida social y económica.

Los datos que reporta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, conocido por sus siglas INEGI, indican que en el 2000 vivían 1.8 millones de personas en nuestro país con algún tipo de discapacidad, de las cuales, de cada 100 personas con discapacidad, 13 tienen menos de 15 años; 15 entre 15 y 29; 30 son adultos de 30 a 59; y 41, adultos mayores (60 años y más).

La discapacidad más frecuente en el país es la motriz (45.3 por ciento), la visual (26.0 por ciento), la auditiva (15.7 por ciento), la mental (16.1 por ciento) y de lenguaje (4.9 por ciento).

La proporción de la población que asiste a la escuela en relación a los estudiantes cuya edad oscila entre los 6 y los 14 años, es del 91.3 por ciento, mientras que en la población con discapacidad esta proporción es del 62.9 por ciento. En relación a los jóvenes de 15 a 29 años con discapacidad, el porcentaje baja hasta el 15.5 por ciento. Esto nos indica que el 63.8 por ciento de la población con discapacidad de 6 a 29 años no asiste a la escuela.

La inclusión de menores y jóvenes a los servicios educativos requiere, sin duda, el fortalecimiento de las acciones de capacitación, sensibilización, actualización y superación de los docentes. El objetivo es la integración, que dicho sea de paso, es distinto a la inclusión: ``La inclusión significa la incorporación del alumno a la escuela regular; mientras que la integración hace alusión a que el alumno participe y logre una plena pertenencia a la escuela, a través de una dinámica interactiva entre el alumno y su medio escolar de manera integral, participando abiertamente en todas las actividades y el uso de los bienes y servicios de la institución''.

La inclusión educativa de personas con discapacidad requiere compromiso, planeación, conocimiento, un equipo de apoyo y un cambio de cultura en toda la institución educativa.

La perspectiva de integración implica que el alumno forme parte del mismo grupo y participe en todas las actividades creando una comunidad educativa incluyente y propiciadora del sentido de pertenencia.

La resistencia al cambio cultural dentro del entorno educativo se debe, principalmente, a tres factores: a) la aptitud física de los alumnos con discapacidad; b) la seguridad; y c) la sociabilidad.

Con respecto a la aptitud física, generalmente se considera que los estudiantes con discapacidad no pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje que sus compañeros debido a que la utilización de dispositivos especiales, la dificultad para transportarse o la fragilidad en su salud les impiden mantener un rendimiento regular.

En lo referente al segundo factor, la seguridad, no es difícil encontrar quién argumente que el entorno puede ser peligroso y puede agravar la discapacidad, especialmente en los caso de incendio o emergencia. Buena parte de esta resistencia a aceptar a los alumnos con discapacidad en las escuelas se debe a que los edificios suelen ser, debido a la época en la que se construyeron, inaccesibles para el alumno.

Finalmente, en lo que se refiere a la socialización, es común observar cómo los mismos compañeros se burlan de ellos, y cómo también los profesores suelen sentirse incómodos cuando tienen que tratar con estudiantes con discapacidad, provocando discriminación. Este tipo de factores inhiben -y en el mejor de los casos, influyen- en el proceso de adaptación y socialización del alumno dentro del aula.

Este tipo de circunstancias son las que deben erradicarse; más aún si consideramos que los alumnos con discapacidad tendrán mayores dificultades para ingresar al ámbito laboral y, por consecuencia, tendrán que estar mejor preparados para lograr ese objetivo.

Las instituciones educativas no pueden permanecer distantes a estas necesidades. Desde la educación básica hasta la superior se debe de estar preparado para suministrar los apoyos educativos necesarios para todas las personas con discapacidad bajo las premisas de equidad social e igualdad de oportunidades.

En este sentido, es necesario hacer uso de recursos humanos que coadyuven y faciliten el aprendizaje de las personas con discapacidad, como bien pueden ser los individuos de este mismo grupo poblacional que fungen como docentes.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con

Proyecto de Decreto

Artículo primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 41 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 41. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones; procurará la integración de los alumnos en todos los niveles y se impartirá con equidad social y con calidad en cualquier momento de la vida de las personas vinculadas a la discapacidad y a los sobresalientes.

...

...

Artículo segundo. Se reforma la fracción IV del artículo 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue:

Artículo 10. La educación que imparta y regule el Estado deberá contribuir a su desarrollo integral para potenciar y ejercer plenamente sus capacidades, habilidades y aptitudes. Para tales efectos las autoridades competentes establecerán entre otras acciones, las siguientes:

I a III. ...
IV. Formar, actualizar, capacitar y profesionalizar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en la incorporación educativa de las personas con discapacidad; así como la adopción de medidas pertinentes para emplear a maestros con discapacidad, o que estén cualificados en lengua de señas mexicana, braile o cualquier otro sistema de comunicación adoptado que coadyuve en dicha educación.
V. a XIV. ...
Transitorios

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 17 de octubre de 2007.--- Diputado Francisco Antonio Fraile García (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Francisco Antonio Fraile García.Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables.



CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo General del IFE a que valore la eficacia y pertenencia de los 28 distritos electorales indígenas y, en su caso, de considerarlo pertinente, llevar a cabo un nuevo ejercicio de distritación, para dar una mayor cobertura a la partición política activa indígena.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo General del IFE a valorar la pertinencia de los 28 distritos electorales indígenas; y de considerarlo pertinente, llevar a cabo una nueva distritación para dar mayor cobertura a la participación política activa indígena, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del PAN El suscrito diputado Jorge Quintero Bello integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición de punto de acuerdo por el cual se exhorta al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que se reexaminen los criterios para el diseño de los distritos electorales indígenas a fin de maximizar su eficacia y la participación activa indígena, al tenor de las siguientes Consideraciones

1. Que la población indígena en nuestro país asciende a 12 millones 707 mil habitantes 1 . Esto representa poco más del diez por ciento de la población total de nuestro país. El territorio nacional cuenta con 803 municipios indígenas, en ellos se localizan poco más de 6 millones de hablantes indígenas. México ocupa el octavo lugar mundial entre los países con mayor población indígena.

2. Que a pesar de la trascendencia que tiene este sector para nuestro país, las condiciones sociopolíticas que viven estos habitantes son adversas para un adecuado desarrollo. El goce y disfrute de los derechos fundamentales se encuentra condicionado por distintos aspectos, que van desde la lengua hasta las condiciones sociopolíticas heredadas por la política de integración utilizada en el pasado.

3. Que se han hecho esfuerzos realmente importantes para reconocer la deuda histórica que se tiene frente a los pueblos indígenas; además se ha adecuado el marco normativo en aras de asegurar una igualdad de oportunidades en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales. La reforma constitucional en 2001 al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marcó el inicio de un cambio en la relación del Estado frente a los pueblos indígenas.

4. Que a partir de la reforma constitucional ya referida se dieron algunos cambios tendientes a incluir de manera más activa a los indígenas en los procesos electorales. El Instituto Federal Electoral en conjunto con diversas organizaciones indígenas y con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se dieron a la tarea de proyectar programas tendientes a alentar la participación indígena en los procesos electorales. Ejemplo de ello lo constituye el proyecto de distritación arrancado en el año 2004 en el cual se acordaron los criterios a seguir para la constitución de los distritos electorales indígenas.

5. Que el resultado de este ejercicio se cristalizó en febrero de 2005 con la aprobación de 28 distritos indígenas. Por primera vez en la historia de nuestro país se tomó en cuenta el criterio de pertenencia a un grupo indígena para la configuración del mapa distrital.

6. Que el Consejo General del Instituto Federal Electoral utilizó como criterio para la demarcación territorial a aquellas poblaciones que contaran con un mínimo del 40 por ciento de población indígena. De este proceso se obtuvieron 28 distritos electorales, los cuáles se distribuyeron en once estados, siendo Oaxaca con 8 y Chiapas con 4 los estados con más distritos electorales indígenas. 2

7. Que el parámetro utilizado para esta delimitación trajo como resultado que sólo un 53 por ciento de la población indígena quedara contemplada en la nueva configuración distrital, dejando al restante 47 por ciento sin posibilidad de verse beneficiado por la distritación. 3

8. Que los distritos indígenas fueron contemplados en las elecciones federales del 2006 trayendo consigo resultados para valorar y replantear la configuración de los distritos electorales. A pesar de favorecer la elección de representantes de origen indígena, sólo en 11 de los 28 distritos se postularon candidatos de este sector. El balance final arrojó sólo 9 diputados de extracción indígena, lo que representa una tercera parte del total de los distritos indígenas. 4

9. Que la designación de candidatos para estos distritos indígenas depende de la voluntad de los partidos políticos, mismos que aún no han adoptado el compromiso de alentar la participación directa de los indígenas en el Congreso.

10. Que la simple asignación de estos distritos no es sinónimo de una representación descriptiva indígena en el Congreso de la Unión. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha señalado que la mayoría de las propuestas ofrecidas por los candidatos de estos distritos se centran sobre todo en las condiciones de pobreza de los indígenas, asunto primordial sin dudas, pero alejado del interés central inmanente a la creación de este tipo de distritos, que es el de acomodar sus diferencias e identidades en el Congreso.

11. Que el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Federal de la Federación el 14 de agosto de 2001, por el que se reforma el artículo 2o. constitucional, señala lo siguiente: ``Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política''.

12. Que atendiendo al mandato constitucional anteriormente expuesto, a los señalamientos antes expuestos y a la vocación democrática del Instituto Federal Electoral, consideramos apropiado: primero, que se examine la pertinencia y eficacia de los 28 distritos electorales indígenas; en segundo lugar, que se valoren mecanismos y criterios diferentes que resulten en un mayor alcance distrital de la población indígena; y por último, que se informe y aliente a los partidos políticos para que designen un mayor número de indígenas para sus candidaturas uninominales y plurinominales.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que en el ámbito de sus facultades, valore la eficacia y pertinencia de los 28 distritos electorales indígenas y, en su caso, de considerarlo pertinente llevar a cabo un nuevo ejercicio de distritación para dar una mayor cobertura a la participación política activa indígena.

Notas: 1. Según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Conapo. http://www.cdi.gob.mx. 2. http://www.ife.org.mx/documentos/proceso_2005-2006/cuadernos/pdf/C1/c1_1-3.pdf. 3. http://www.ciesas.edu.mx/proyectos/relaju/documentos/Gonzalez-jorge.pdf. 4. http://cdi.gob.mx/salaprensa/CDI_xochitl_galvez_ruiz.pdf.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.--- Diputado Jorge Quintero Bello (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Gobernación.



BONO EDUCATIVO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: También se recibió del diputado Juan de Dios Castro Muñoz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la SEP que instrumente un programa piloto que permita apreciar el funcionamiento del esquema del financiamiento denominado ``bono educativo''.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la titular de la SEP que instaure un programa piloto para apreciar el funcionamiento del esquema de financiamiento denominado ``Bono Educativo'', a cargo del diputado Juan de Dios Castro Muñoz , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Juan de Dios Castro Muñoz , diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la secretaria de Educación Pública Federal, licenciada Josefina Vázquez Mota, a que instrumente un programa piloto, que permita apreciar el funcionamiento del esquema de financiamiento denominado Bono Educativo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. Que el objetivo principal de este exhorto a la secretaría de Educación Pública, es el que se realice un estudio piloto, en un ámbito acotado, para que se abra la posibilidad de que en México, de manera paulatina, y mediante convenios de coordinación entre el Poder Ejecutivo y las entidades federativas, se ponga en marcha un nuevo esquema de financiamiento de la educación, procurando que en lugar de que la totalidad de los recursos que gasta el gobierno en sostener a las escuelas públicas, se entregue directamente a las mismas, se opte por destinar una parte de esos mismos recursos, para ser entregados a los padres de familia y educandos mediante un bono, y sea éste el medio de pago intransferible y canjeable por servicios educativos, para que de esta forma puedan elegir la escuela que más les convenga.

Segundo. Que esta propuesta está basada en los estudios realizados por el economista Milton Friedman en su ensayo ``El papel del Gobierno en la educación'', como instrumento para asegurar la calidad, la pluralidad y la accesibilidad educativas. Según este destacado estudioso de los fenómenos económicos, Premio Nobel de Economía en 1976, el sistema de libre elección de colegios promueve la competencia entre éstos, mismos que a su vez, se ven obligados a mejorar la oferta para atraer a los alumnos, bajando costos y creando por ende un sistema educativo más dinámico, contratando a profesores más creativos y motivados, y, en general, elevando la calidad de la enseñanza. La premisa principal se resume en que el Estado paga, los padres eligen, los colegios compiten, la calidad sube, todos ganan.

Tercero. Que sistemas similares al Bono Educativo, cheque escolar o voucher, funcionan en Suecia, Dinamarca, en España en el ayuntamiento de Valencia, en Nueva Zelanda, en el Reino Unido, en cinco regiones Italianas, en Bangladesh, en Lesotho, en Japón, Polonia, Holanda, Australia, en varios estados norteamericanos; en el caso de América Latina, encontramos antecedentes de su utilización en Chile, Colombia, Puerto Rico, Belice y Guatemala.

Cuarto. Que el estudio piloto sugerido puede implementarse para el análisis de las variables que pueden intervenir en su desarrollo, ya sea en una entidad federativa o municipio, y pretende, como uno de los objetivos fundamentales, acercarse a lo que podría ser una proyección del gasto a nivel nacional, así como las características de su puesta en marcha, para esto se sugiere lo siguiente:

a) Considerar la incidencia del gasto, eligiendo si va a ser aplicado a una parte de la educación preescolar, de primaria o de secundaria, según las necesidades de la entidad federativa donde sea aplicado;
b) Detallar las características particulares de su implementación, si el gasto tienen que ver con escuelas de subsidio federal, estatal o municipal; y
c) Realizar la estimación de los rubros anteriores, considerando diferentes escenarios de gasto por porcentajes.

Quinto. Que es conveniente proponer a los diseñadores de los convenios y/o disposiciones, a instrumentar los medios de control necesarios para medir de manera eficiente, las variables de oferta y demanda educativa, de distribución y utilización eficiente de los recursos, todo esto atendiendo a criterios objetivos y bien planificados.

Sexto. Que los recursos deberán aplicarse de manera exclusiva a mejorar la infraestructura, el mantenimiento y la prestación del servicio educativo, con el objeto de mejorar la calidad del mismo.

Séptimo. Que en el ámbito de aplicación del esquema, deberá desarrollarse una eficiente campaña de difusión, que permita que los padres de familia y alumnos, estén perfectamente informados de lo que se trata.

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales ya citadas, que me permito someter a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados, exhorta a la secretaria de Educación Pública Federal, licenciada Josefina Vázquez Mota, a que instrumente un programa piloto, en un ámbito acotado, que permita apreciar el funcionamiento del esquema de financiamiento denominado ``Bono Educativo'', en determinadas escuelas públicas de educación básica, según las características y necesidades de la región donde sea aplicado.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 8 de noviembre de 2007.--- Diputado Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.



ESTADO DE MEXICO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Francisco Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se consideren recursos para el saneamiento integral y entubamiento del canal Cartagena, municipio de Tultitlán de Mariano Escobedo, en el estado de México.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se consideren recursos para el saneamiento integral y el entubamiento del canal Cartagena, en Tultitlán de Mariano Escobedo, México, a cargo del diputado Francisco Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo atendiendo a las siguientes

Consideraciones

I. El Canal Cartagena es un efluente natural que atraviesa el municipio de Tultitlan en el estado de México en una longitud de 15.7 Kilómetros y su cauce se nutre de las corrientes de los Canales Acocila Tepalcalapa, Temamamatla y Buenavista.

II. En su paso por el municipio de Tultitlan bordea o atraviesa las colonias El Paraje, Mariano Escobedo, Cartagena, Ojo de Agua, Santa Clara, Chilpan, Benito Juárez, Recursos Hidráulicos, Lechería, Independencia, Fraccionamiento Electricistas, El Obelisco, Los Reyes, Residencial Los Reyes, Residencial Álamos, Tepalcalapa y los bordos San Juan , Los Reyes, La Concepción, San Bartolo y Belem, y todas estas comunidades y colonias descargan sus drenajes domésticos y de aguas negras sobre el cuerpo de agua del Canal Cartagena.

III. Adicionalmente tiendas de autoservicio, refresqueras, industrias siderúrgicas, de fabricación de vidrio, de químicos, aditivos, electrónicos, descargan residuos sólidos, grasas y químicos sobre el Canal Cartagena; entre ellas: Nacobre, Deacero, Nort Empresarial, Samsung, Dondisch, Campco, Jarritos, Quimir, Siderful y Nueva Fábrica Nacional de Vidrio.

IV. La Comisión Nacional del Agua ha sido omisa en hacer cumplir la norma oficial mexicana aplicable a las descargas residuales, es decir la NOM-001-ECOL-1996 y sancionar las faltas que establece y prevé el artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales.

V. La conjunción de los factores anteriormente descritos ha generado un grave problema de contaminación y de salud pública en el municipio de Tultitlan comprometiendo la salud, el bienestar y la calidad de vida de por lo menos 200 mil habitantes de este municipio mexiquense.

VII. Este problema se ha agudizado durante los últimos años a pesar de que desde hace más de una década los habitantes afectados han exigido el entubamiento del Canal Cartagena.

VIII. Por las dimensiones estructurales, el tamaño de la obra y el costo de la infraestructura para el embovedamiento del Canal Cartagena se hace necesaria la participación directa de la federación para el financiamiento y ejecución de las obras cuyo costo se calcula por encima de los 220 millones de pesos, mismos que representan el 110 por ciento de las participaciones y aportaciones que recibe el municipio de Tultitlan aunado a los ingresos propios que recauda.

En ese sentido, es necesario que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se incluyan los recursos necesarios para el saneamiento integral y la construcción de la infraestructura necesaria para la contención y entubamiento del Canal Cartagena en el estado de México. Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la de Recursos Hidráulicos, en el momento de analizar y discutir el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, consideren en forma prioritaria la asignación presupuestaria necesaria para el saneamiento integral y el entubamiento del Canal Cartagena en el estado de México.

Asimismo, solicito que se incluya el texto íntegro al Diario de los Debates.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2007.--- Diputado Francisco Martínez Martínez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.



LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo por el que se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que formule una excitativa al Senado de la Repúblicapara que puedan reunirse en conferencia las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía de ambas Cámaras, para expedir el despacho de los asuntos y emplear su información para la emisión de los dictámenes que en su oportunidad habrán de emitirse, referentes a la Ley de Radio y Televisión.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que formule una excitativa al Senado de la República para que las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía de ambas Cámaras puedan reunirse en conferencia a fin de expeditar el despacho de los asuntos y ampliar la información conducente a la emisión de los dictámenes sobre la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito diputado federal Humberto López Lena, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con el articulo 22 punto 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a la Presidencia de la Mesa Directiva, para que formule excitativa al grupo de trabajo del Senado de la República encargado de revisar la legislación en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, para que puedan reunirse en conferencia con las correspondientes de la Cámara de Diputados y expeditar el despacho de los asuntos y ampliar su información para la producción de los dictámenes que en su oportunidad habrán de emitirse.

Antecedentes

El 11 de abril de 2006 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión.

El 4 de mayo de 2006 47 senadores de la LIX Legislatura promueven una acción de inconstitucionalidad en la que solicitan la invalidez de dicho decreto.

El 7 de junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó resolución, declarando inválidos los artículos 9-C, párrafo último, y segundo transitorio, párrafo tercero, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como los artículos 16; 17-E, fracción V; 17-G; 20, fracciones I, II y III; y 28 y 28-A en su totalidad, de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Luego de la resolución de invalidez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República tiene la responsabilidad de ajustar el marco jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión, mediante un trabajo guiado por los principios de legalidad, pluralidad, inclusión, transparencia y difusión; en el que se atiendan, puntual e integralmente, todos los resolutivos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se tomen como guía los principios que el máximo tribunal del país definió como rectores de la legislación en la materia.

Consecuencia de lo anterior, el 4 de julio de 2007 la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, aprueba en sesión formar un grupo de trabajo, con el propósito de revisar la legislación en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, como consecuencia de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El 16 de agosto de 2007 la Junta de Coordinación Política comunica a las presidencias de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos que el grupo de trabajo queda integrado por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Senado, por los presidentes de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos y por una serie de senadores.

El 20 de agosto de 2007 se publica en el Diario Oficinal de la Federación la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve la acción de inconstitucionalidad 26/2006.

El 21 de agosto de 2007 los presidentes de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos presentan a la consideración de la Junta de Coordinación Política el programa de trabajo del que se denominará Grupo plural para la revisión de la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El Programa de Trabajo propone rea-lizar el estudio y análisis tanto de los rubros declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como también una serie de temas generales que no fueron motivo de la acción de inconstitucionalidad, pero que se consideran indispensables para efectuar una revisión integral de la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

El 3 de octubre de 2007 se crea un subgrupo de trabajo para escuchar y atender las inquietudes de la industria de la radio concesionada del país.

El 10 de octubre de 2007 se realiza una sesión de análisis sobre el contenido y principios derivados de la sentencia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad número 26/2006.

Dentro del calendario de este grupo de trabajo en diversas fechas ha efectuado reuniones con: La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel); la Comisión Federal de Competencia (Cofeco); la Asociación Mundial de Radios Comunitarias; la Red de Protección de Periodistas y Medios de Comunicación; la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (Canitec); la Cámara Nacional de la Industria, Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti); la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC; organizaciones vinculadas con medios de comunicación e información indígenas y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

Consideraciones

En la labor legislativa que desempeño, he promovido una serie de reformas ligadas con el funcionamiento y regulación de los medios de comunicación, y por ende relacionado con las telecomunicaciones y de radiodifusión.

En ese marco, el 20 de marzo del año en curso, presenté una iniciativa que reforma los artículos 17 J y 47 y adiciona un artículo 18 a la Ley Federal de Radio y Televisión, ante la inminente embestida tecnológica que propicia la desproporción evidente en las frecuencias radiofónicas digitales y analógicas, tienen que realizarse los cambios necesarios para adecuar las condiciones jurídicas de los concesionarios y permisionarios de las frecuencias de amplitud modulada a la realidad en la que se vive, pues los avances de la tecnología obligan a que la industria radiofónica de los llamados ``aemeros'' cambie al servicio digital de frecuencia modulada o bien que se aprueben las concesiones a las frecuencias combos que permitan que la competencia sea equitativa en la radiodifusión; iniciativa que por el momento perdió vigencia, por la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la Controversia constitucional en contra de la Ley Federal de Radio y Televisión, promovida por varios ex legisladores y que tuvo como resultado la variación del articulado de la ley en mención.

Aunado a lo anterior, no podemos soslayar que finalmente existe una corresponsabilidad legislativa entre ambas Cámaras, para la emisión de la legislación sobre esta materia, pues aún cuando la Cámara de Senadores es Cámara de origen, corresponderá a la de Diputados ser la instancia revisora, por lo que estimamos de vital importancia participar en los trabajos que desarrolla este grupo plural de trabajo de la Cámara de Senadores, con la finalidad de compartir la responsabilidad de ajustar el marco jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión, mediante un trabajo guiado por los principios de legalidad, pluralidad, inclusión, transparencia y difusión; en el que se atiendan, puntual e integralmente, todos los resolutivos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se tomen como guía los principios que el máximo tribunal del país definió como rectores de la legislación en la materia.

Viabilidad de la excitativa

Esta propuesta encuentra sustento en los artículos 22, punto 2, y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que son del tenor literal siguiente:

`` Artículo 22.
1. ...
2. El presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los estados y las autoridades locales del Distrito Federal. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria...''
``Artículo 98.
1. Pueden las comisiones, para ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden, entrevistarse con los servidores públicos, quienes están obligados a guardar a los senadores las consideraciones debidas.
2. Las comisiones pueden reunirse en conferencia con las correspondientes de la Cámara de Diputados para expeditar el despacho de los asuntos y ampliar su información para la emisión de los dictámenes.
3. La conferencia de comisiones deberá celebrarse con la anticipación necesaria que permita la adecuada resolución del asunto que las convoca.

En efecto, de la trascripción de los preceptos que anteceden, se advierte con meridiana claridad, que son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, conducir las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, y tiene la representación protocolaria en el ámbito de la diplomacia parlamentaria; por lo que es por su conducto que deben realizarse las gestiones pertinentes, para que las comisiones de ambas Cámaras, puedan reunirse en conferencia para expeditar el despacho de los asuntos, y ampliar su información para la emisión de los dictámenes; de ahí la pertinencia de este planteamiento que en su oportunidad habrán de emitirse.

Por lo expuesto y fundado, a usted, Presidenta de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión , muy atentamente solicito:

Único. En los términos de los antecedentes y consideraciones y fundamentos expuestos, le pido se sirva excitar al Grupo de trabajo del Senado de la República, encargado de revisar la legislación en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, a efecto de que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, sea incorporada a los trabajos que realiza ese Grupo de Trabajo, para que puedan reunirse en conferencia con las correspondientes de la Cámara de Senadores y expeditar el despacho de los asuntos y ampliar su información para la producción de los dictámenes que en su oportunidad habrán de emitirse.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2007.--- Diputado Humberto López Lena (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Mesa Directiva.



EMPLEO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que a través de sus dependencias cumpla sus promesas de generar empleo.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a cumplir mediante sus dependencias las promesas de generar empleos, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal Rosa Elva Soriano Sánchez con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a cumplir sus promesas de generar los empleos, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

El día martes 4 de septiembre del año en curso, apareció en el periódico El Universal, una nota alarmante. Su encabezado decía ``El 60 por ciento de los jóvenes están desempleados: UNAM'', a pesar de que en la actualidad 30 por ciento de la población económicamente activa que trabaja o busca una plaza está conformada por jóvenes, alrededor del 60 por ciento de los desempleados están ubicados en ese sector, señaló Rosa María Camarena Córdova, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM. ``Ello refleja la problemática que se tiene sobre todo para el primer empleo y para la incorporación de la población joven''.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, se encontró que ese año, 40 por ciento de los jóvenes de 12 a 24 años había trabajado, aunque no estuviera haciéndolo al momento de este ejercicio; de ellos, la mitad fueron hombres.

Asimismo, la investigadora Camarena Córdova sostiene que según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de enero a marzo de este año, sólo el 17 por ciento de los trabajadores de 14 a 19 años, es decir uno de cada seis, contaba con servicio médico por estar contratado.

A principios de 2007, 59 por ciento de los empleados de 14 a 29 años no tenía acceso a una ocupación formal, y entre los subordinados --bajo la supervisión de algún patrón- 92 por ciento de quienes contaban con 14 y 19 años, y 81 por ciento de los 20 a 29 años de edad, no disfrutaban de aguinaldo, vacaciones, ni reparto de utilidades.

Sin embargo, de los 42 millones de mexicanos que conforman la población ocupada en México, 19 millones laboran en la informalidad, en números redondos esto significa que una de cada dos personas en el país no tiene un empleo formal. 1

De igual forma, se señala que la tasa de desocupación más alta en México se ubica entre los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, ya que en este sector de la población la tasa de desempleo es de 6.30 por ciento en promedio, que es casi el doble del promedio nacional.

En el primer Informe de Gobierno entregado a esta soberanía se lee ``en los primeros seis meses de 2007 México recibió inversiones por 13 mil 500 millones de dólares, el dato más alto alcanzado por el país para un mismo lapso''. Asimismo, que ``la expectativa de todo el año era crear 600 mil empleos, pero de acuerdo con los registros de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), del 1 de enero hasta la fecha, fueron generados más de 618 mil nuevas plazas formales''. Sin embargo, las cifras presentadas están maquilladas porque en ningún momento se señala si los empleos generados son permanentes o temporales, como tampoco se especifica qué sectores de la población fueron beneficiados con los empleos que supuestamente se han creado. Estamos, otra vez, ante un escenario de empleos temporales y precarios.

La realidad es otra, nosotros vemos ambulantaje, empleo informal y 400 mil mexicanos que cada año se van a buscar oportunidades y empleo a Estados Unidos.

En razón de lo anterior y toda vez que esta Cámara en diversos momentos se ha pronunciado porque el desarrollo económico vaya de la mano con el desarrollo social. Apelando para que nuestros jóvenes tengan un empleo digno y un salario justo. Para que no solamente terminen la universidad y queden en el desempleo o subempleo, sino también para que sus estudios los lleven a ocupar empleos formales y bien remunerados, para propiciar políticas de justicia social. Por ello, los diputados del Partido de la Revolución Democrática estaremos atentos a que el Ejecutivo cumpla sus promesas de empleo y tomaremos las medidas necesarias para que así sea, en el marco de nuestras atribuciones legislativas.

Por lo anterior, someto a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de sus dependencias, cumpla sus promesas en materia de generación de empleo con objeto de que los jóvenes mexicanos que carecen de él, se incorporen a la actividad productiva de nuestro país.

Nota: 1 Informe titulado ``Los Principales Indicadores de Empleo'' de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Agosto 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2007. --- Diputada Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Economía.



FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió también de la diputada Rosario Ortiz Magallón, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Políticacrear un grupo de trabajo para investigar el Fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub, de igual forma la desincorporación, extinción y liquidación del organismo público descentralizadoFerrocarriles Nacionales de México.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que cree un grupo de trabajo para investigar el fideicomiso 5012-6, Ferronalesjub, y la desincorporación, extinción y liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo de la diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 44, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo para solicitar la integración de un grupo de trabajo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Con la reforma del artículo 28 constitucional y la publicación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario en 1995, la empresa Ferrocarriles Nacionales de México dio inicio a su proceso de desincorporación y asumió la responsabilidad de preservar los derechos de los trabajadores que resultasen afectados con tal evento, resguardando la prestación vitalicia del pago por jubilaciones y pensiones.

2. El 19 de diciembre de 1997, con los recursos originados por la venta del Ferrocarril del Noreste, se constituyó entre Ferronales y Nacional Financiera el fideicomiso 5012-6, Ferronalesjub, el cual tiene como objeto fundamental: asegurar el uso de los recursos, exclusivamente para el pago de jubilaciones a los trabajadores de la extinta empresa Ferronales.

3. El 17 de diciembre de 1998 se realizó un primer convenio modificatorio del contrato de este fideicomiso afectándose a la cláusula cuarta, para establecer que ``los recursos materia del fideicomiso... podrán destinarse al otorgamiento de créditos al gobierno federal''.

4. El 30 de diciembre de 1998, Nacional Financiera y el gobierno federal celebraron contrato de crédito por el monto de 5 mil 720 millones 455 mil 331 Udi, equivalentes a 13 mil 500 millones de pesos, condicionado a 30 años y tasa de interés anual de 6.5 por ciento.

5. El 30 de diciembre de 1999 se realizó el primer estudio actuarial de este fideicomiso, resultando que el valor de las obligaciones de Ferronales ascendió a 16 mil 425 millones 114 mil 516 pesos, de lo cual se desprende una diferencia de 2 mil 895 millones 414 pesos que no se aportó al capital social.

6. El 9 de mayo de 2000 se llevó a cabo el segundo convenio modificatorio del contrato de fideicomiso, afectándose nuevamente la cláusula cuarta, para sustraer del capital social 345 millones 900 mil pesos para aportarlos a título gratuito al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana.

7. El 14 de julio de 2000, el Sindicato Ferrocarrilero y Nacional Financiera constituyeron el fideicomiso Stfrmjub 1181-7, para el pago por fallecimiento de los jubilados de Ferronales, constituido a costa de los recursos de Ferronalesjub. Mediante este nuevo fideicomiso, y de manera indebida, se deslindó a Ferronales a cuyo cargo estaba el pago del seguro de vida a los jubilados.

8. El 24 de agosto de 2000, el Consejo de Administración de Ferronales acordó la inclusión en el fideicomiso Ferronalesjub de 731 nuevos jubilados, personas no trabajadoras del organismo.

9. El 14 de septiembre de 2000, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para restablecer parcialmente el capital social del fideicomiso, se comprometió a entregar 498 millones de pesos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha dado cumplimiento.

10. El 26 de septiembre de 2000 se realizó el tercer acuerdo modificatorio del fideicomiso Ferronalesjub al que se integraron 16 anexos; en el cual se acreditaron órganos administrativos, gestión y enlace, prestaciones y descuentos sin el debido respaldo económico, desangrándose más a este fideicomiso.

11. El 5 de abril de 2001, Ferronales transmitió a título gratuito al fideicomiso Ferronalesjub 801 mil 536 acciones de Transportación Ferroviaria Mexicana, las que sin embargo carecen de dividendos preferentes y liquidez económica, por lo que no causan efectos económicos favorables al fideicomiso.

12. El 4 de junio de 2001 se publicó el decreto de extinción de Ferronales, en cuyo artículo 4o. se señala: ``En toda época, el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de los Ferrocarriles Nacionales de México. En caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente''.

13. En 2002, el Órgano Interno de Control de Nacional Financiera realizó una auditoría al fideicomiso Ferronalesjub, para verificar las funciones de la Coordinación Ejecutiva del fideicomiso. De ahí se desprendieron 21 observaciones sobre irregularidades de carácter financiero.

14. En 2002 se realizó el segundo estudio actuarial de Ferronalesjub, que determinó un faltante en el capital social de 5 mil 742 millones de pesos, observando que tampoco se han realizado aportaciones al capital social.

15. El 5 de julio de 2005, la Auditoría Superior de la Federación realizó la evaluación de la gestión presupuestaria y financiera del fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub, citando en su página 454: ``De la proyección realizada se desprende que, al ritmo actual, para 2012 se habrá agotado el patrimonio del fideicomiso''.

16. En diciembre de 2005 se elaboró el tercer estudio actuarial de Ferronalesjub, donde se especifica que se requieren recursos adicionales por 13 mil 428 millones de pesos, para cubrir el déficit del capital social del fideicomiso.

17. El 30 de junio de 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo relativo a los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades con registro vigente, informó respecto a Ferronalesjub que tiene un padrón de 44 mil 641 jubilados, ingresos por 74 millones de pesos y egresos por mil 298 millones de pesos.

18. Se anexan documentos que detallan y apoyan el contenido de la presente proposición con punto de acuerdo.

Desde hace varias legislaturas, en ambas Cámaras del Congreso de la Unión se han formulado proposiciones que se dirigen a buscar la solución de la problemática por la que atraviesan los trabajadores jubilados y pensionados de Ferronales, que ha quedado expuesta en las demandas interpuestas y, resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que exigen la reestructuración del fideicomiso referido para que atienda de manera exclusiva el pago de jubilaciones y pensiones y se terminen las erogaciones por otros conceptos que afecten el patrimonio de Ferronalesjub.

Asimismo, se requiere conocer con amplitud el avance del proceso de liquidación de Ferronales, otorgándole la debida transparencia al proceso de desincorporación y liquidación de los activos y remanentes.

Por lo expuesto, someto a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a crear un grupo de trabajo plural encargado de investigar el fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub (los tres convenios modificatorios, las aportaciones al capital social, faltantes al mismo con respaldo en diversos estudios actuariales, préstamos, donaciones, intereses, inversiones y pérdidas --en unidades de inversión, Udi-- y moneda nacional, aportaciones, entre otros), así como el proceso de desincorporación, extinción y liquidación del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México en la medida que sea necesario para la investigación del fideicomiso en cuestión.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados a instruir al órgano técnico de fiscalización para dar continuidad a los procedimientos para la realización de una auditoría especial para determinar la existencia de presuntos actos de violación a las disposiciones legales que normen la actuación del fideicomiso 5012-6, denominado ``Ferronalesjub'', y --en su caso-- informar a la Junta de Coordinación Política sobre las acciones que se ha motivado de las observaciones o de las responsabilidades fincadas.

Palacio Legislativo, a 11 de octubre de 2007.--- Diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.



CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió de la diputada Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo por el que se refiere a diversas propuestas para que la Junta de Coordinación Políticade esta soberanía considere en la convocatoria que emitirá para la integración del Consejo General del IFE.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, referente a diversas propuestas a fin de que la Junta de Coordinación Política de esta soberanía las considere en la convocatoria que emitirá para la integración del Consejo General del IFE, a cargo de la diputada Layda Sansores San Román , del Grupo Parlamentario de Convergencia

Layda Elena Sansores San Román , integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en los antecedentes y consideraciones siguientes:

Antecedentes

Con fecha 22 de agosto de 1996 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, entre ellos el 41, cuya fracción III determina la forma de integración, duración y requisitos que deben reunir los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Con fecha 31 de octubre de 1996 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman los artículos 74 y 76 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los que se establece la forma de integración, duración y requisitos que deben reunir los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Con fecha 9 de octubre de 2007 fueron aprobadas por 30 Congresos diversas disposiciones constitucionales en materia electoral, en las que se establece la forma de integración, duración y requisitos que deben reunir los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Con fecha 6 de octubre de 2007 fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados la reforma al artículo 34 de la Ley Orgánica del honorable Congreso de la Unión, en el que se otorgan a la Junta de Coordinación Política atribuciones para presentar al pleno de la Cámara la propuesta del procedimiento y convocatoria para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral y las propuestas de nombres para ocupar los cargos de consejeros electorales; misma que fue remitida a la Cámara de Senadores y que en la sesión de fecha 8 de noviembre fue turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

Consideraciones

Desde 1977, nuestro país se ha venido transformando en su vida democrática de manera progresiva, perfeccionando los instrumentos jurídicos aplicables, pasando de un régimen con serias limitaciones en sus instituciones electorales, a importantes pero insuficientes avances en el arbitraje electoral.

Si bien los avances democráticos han tenido consenso de los actores políticos de nuestro país, también se han dado albazos legislativos excluyentes que muchas veces resultan contraproducentes en su aplicación, como lo fue la integración del actual Consejo General del Instituto Federal, que en la práctica, por los resultados electorales del 2 de julio del 2006, representó un retroceso.

En fechas recientes se ha aprobado por consenso, una importante reforma constitucional en materia electoral, que aborda importantes temas como la reducción del financiamiento público, destinado al gasto en campañas electorales; nueva forma de cálculo del financiamiento público; límites al financiamiento privado a los partidos políticos; reducción en tiempos de campañas electorales y regulación de precampañas; perfeccionamiento de facultades del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación; renovación escalonada de consejeros electorales; prohibición para que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados; prohibición para los partidos políticos de contratar propaganda en radio y televisión.

Esta reforma electoral, inscrita en la reforma del Estado, ha significado un importante avance, aunque no el deseable, que se ha dado sobre la base de acuerdos en los que unos han cedido o flexibilizado en sus pretensiones; pero que tengo la convicción, aún queda un importante trecho para alcanzar el óptimo desarrollo democrático.

En ese marco, dentro de estas reformas se determino renovar de manera escalonada al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para lo cual, derivado de la reciente reforma al artículo 34 de la Ley Orgánica del honorable Congreso de la Unión, otorgando a la Junta de Coordinación Política atribuciones para presentar al Pleno de la Cámara, propuesta del procedimiento y convocatoria para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral y las propuestas de nombres para ocupar los cargos de consejeros para su elección, con el argumento, según la exposición de motivos, de ``...dar certeza y transparencia al proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de consejeros electorales para la integración del nuevo Consejo General del Instituto Federal Electoral...''

La integración, requisitos y procedimiento para la designación de los Consejeros Electorales del Consejo General de Instituto Federal Electoral, se fundamenta en el artículo 41, fracción III, párrafos tercero, cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 74, 76 y 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y el recién reformado artículo 34, inciso g), de la Ley Orgánica del honorable Congreso de la Unión.

De las anteriores disposiciones legales se desprende la inminente e impostergable designación de los primeros tres Consejeros Electorales, que viene a ser una etapa de vital importancia en la que se debe tener especial cuidado en la elección, a efecto de fortalecer el Consejo General, a fin de que garantice eficacia y eficiencia en los procesos electorales federales, pues forman parte de la responsabilidad directa de la Cámara de Diputados.

No pasa desapercibido que en el proceso de reforma electoral la participación de los ciudadanos fue incipiente y los trabajos se circunscribieron en mayor grado en las cúpulas partidistas, sin que se existieran mecanismos eficaces para recibir aportaciones de los ciudadanos, quienes finalmente son los actores centrales en cada jornada electoral por determinar con sus votos el sentido de toda elección.

Por ello, es de suma importancia que la Junta de Coordinación Política en el momento que le corresponda establecer los criterios para llevar a cabo la elección de los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral, incluyendo su Presidente, privilegie que los ciudadanos propuestos por los Grupos Parlamentarios Representados en la Cámara de Diputados, no solamente reúnan las exigencias y requisitos que para el desempeño de tan importante función determinen las normas reglamentarias del texto constitucional, sino que estos surjan de un verdadero proceso de auscultación, recogiendo la opinión de la sociedad civil.

En ese orden de ideas y por considerar que las voces de la sociedad civil deben ser tomados en cuenta, es que la suscrita hace eco de las propuestas que sobre este tema formula el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral y la Agrupación Política ``Propuesta Cívica'', planteando a esa Junta de Coordinación Política que sean tomadas en cuenta para su discusión y, en su caso, ser incluidos en la convocatoria de referencia las siguientes consideraciones:

Con relación a la convocatoria, se propone que

1. Garantice una ``amplia consulta a la sociedad'' y no sea solamente una simulación para avalar un proceso ajeno a la ciudadanía.
2. Sea difundida ampliamente para que la mayor parte de la sociedad se pueda enterar y participar en dicho proceso, siendo necesario e imprescindible que llegue a los estados y no dirigirla únicamente al Distrito Federal.
3. Sea clara en cuestión de tiempos y contar con un plazo suficiente para la presentación de candidatos a ocupar el puesto de consejero presidente y de los otros dos consejeros.
4. Las propuestas sean públicas, transparente en el que la sociedad pueda estar enterada de los que sucede y le pueda dar seguimiento.
5. Exija que los aspirantes se comprometan a:
• Desempeñar su encargo tal y como lo establece la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales;
• Ser imparcial en sus decisiones;
• Enriquecer las líneas de acción actuales del Consejo General;
• Impulsar la educación y capacitación ciudadanas en la práctica cotidiana de la democracia;
• Alentar investigaciones que detecten las carencias del sistema democrático que se está construyendo en México.
• Combatir el desprestigio de la vida pública.
• Abrir espacios a los ciudadanos para la construcción de nuevas formas de participación política.

Con relación al procedimiento se propone que la convocatoria prevea:

a) Un plazo razonable para la presentación de candidatos y candidatas por parte de organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, así como instituciones académicas.
b) Que las propuestas de candidatos y candidatas se hagan pública con sus respectivas síntesis curriculares.
c) Que se forme una comisión plural integrada por diputados de todos los partidos políticos, quienes deben realizar una segunda calificación de aspirantes para depurar la lista mediante entrevistas de verificación curricular a los candidatos y hará pública la lista de los aspirantes que se mantengan después de esta etapa.
d) Abrir un periodo razonable para que cualquier ciudadano o ciudadana de modo fundado y motivado, señale objeciones del no cumplimiento de alguno o algunos de los requisitos previstos en la ley y deberá dar vista al señalado o señalada que manifieste lo que a su derecho convenga.
e) De los aspirantes que pasen las etapas anteriores, cada grupo parlamentario seleccione dos candidatos a proponer por cada posición vacante de consejero y hacer públicas las razones y el mecanismo utilizado para llegar a sus propuestas. Los grupos parlamentarios podrán entrevistarse con los candidatos.
f) Cada grupo parlamentario debe privilegiar una composición de listas que permita equidad de género y etnia en la composición de candidatos y todo criterio que permita pluralidad de composición de éstos.
g) Los candidatos resultantes de las postulaciones de cada fracción parlamentaria deben darse a conocer públicamente.
h) La comisión plural ya integrada realice entrevistas a profundidad de manera pública a los aspirantes postulados por los grupos parlamentarios antes de proponer la lista al pleno de la Cámara de Diputados.
i) Los candidatos y candidatas sean propuestos por la comisión plural a la votación de la Cámara de Diputados.

De plasmarse en la convocatoria que emitirá en su momento la Junta de Coordinación Política estaremos abriendo el paso para respetar

1. El derecho de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones públicas; y
2. La igualdad de condiciones para acceder a un cargo publico por parte de los aspirantes registrados.

No es obstáculo para lo anterior la minuta correspondiente enviada a la Cámara de Senadores haya sido turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente, en virtud de que, finalmente, esta representación popular será la encargada de llevar a cabo la designación de los consejeros electorales de mérito.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que en el momento que le corresponda la intervención de ese órgano colegiado, tome en consideración y, en su caso, sean incluidas las propuestas expuestas en este punto de acuerdo, en la convocatoria que emitirá para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2007.---Diputada Layda Elena Sansores San Román (rubrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.



CARRETERAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a que los libramientos carreteros del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, operen libres de peaje.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a efecto de que los libramientos carreteros del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, operen libres de peaje, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. San José del Cabo y Cabo San Lucas son las dos localidades de mayor importancia turística en el estado de Baja California Sur y, consecuentemente, las que presentan más constante crecimiento poblacional y mayor movilidad social.

2. Uno de los grandes problemas que padecen ambas poblaciones es el de la circulación vial, que se acentúa principalmente dentro de San José del Cabo, cuya única ruta posible para el movimiento poblacional hacia distintos puntos de la ciudad, es el tramo de la carretera transpeninsular, que atraviesa la citada localidad y la separa en dos grandes sectores; lo que se traduce en altos congestionamientos, sobre todo en horas de mayor circulación, provocando caos, contaminación por ruido y emisiones de combustibles, accidentes y otras consecuencias de distinta gravedad.

3. Otro de los problemas de este carácter se localiza en el tramo llamado ``corredor turístico'', que comunica a San José del Cabo con Cabo San Lucas, por donde circulan turistas y residentes de manera continua y en sendas direcciones (norte-sur y sur-norte); los primeros en plan vacacional; y los segundos con fines laborales, comerciales, estudiantiles y demás, lo que propicia efectos similares a los citados en el punto anterior, con el agravante adicional de que muchos de los accidentes que se suscitan en este corredor son de fatales consecuencias y ocurren en grado cada vez más creciente.

4. Con la finalidad de evitar afectaciones al turismo que ingresa por el aeropuerto internacional, que se localiza en el extremo norte de San José del Cabo, en el año 2002 se construyó un primer libramiento que, al conectarse con el extremo sur de esta misma ciudad, permitió agilizar el tráfico carretero, mediante el pago de una cuota que hoy día asciende a 28 pesos, moneda nacional. Con esta medida se subsanó el referido problema, al menos al turismo y a aquellos usuarios locales que poseen suficiencia financiera para aportar eventualmente dicha cantidad.

5. Ahora, en el Programa Nacional de Infraestructura 2006-2012 se encuentra prevista la próxima construcción de un segundo libramiento, que unirá al extremo sur de San José del Cabo con Cabo San Lucas, que indudablemente vendrá a redituar grandes beneficiones a los conductores de vehículos.

6. No obstante esta alternativas viales, para el universo de residentes que se ve en la necesidad ineludible de circular hasta cuatro veces diarias por las rutas de mayor congestionamiento ya mencionadas, resultaría altamente oneroso y en varios casos incosteable cubrir el importe estipulado actualmente y el que podría marcarse para la nueva ruta, razón por la que están demandando a sus representantes de los tres órdenes de gobierno intervención y respaldo a su solicitud de exención de estas cuotas.

7. Por su parte, la mayoría de los propietarios de los terrenos que serán afectados con el trazo carretero del nuevo libramiento, han manifestado estar de acuerdo en aportar los predios sin costo alguno, siempre y cuando la ruta sea libre de peaje; confirmándose una vez más que la demanda de exención es una real necesidad de los usuarios; significando también una oportunidad de importancia fundamental para las autoridades competentes, en su calidad de encargadas de facilitar el tránsito vehicular a la población que representan.

Por lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta la importancia del asunto, me permito presentar ante este Pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal a resolver en la forma más pertinente y expedita posible, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la necesidad de exención del pago de cuota por concepto de peaje en beneficio de los usuarios del libramiento de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, estado de Baja California Sur, puesto en operación en el año 2002.

Segundo. Se respalda la solicitud presentada al gobierno federal por el del estado de Baja California Sur y el honorable noveno ayuntamiento de Los Cabos, mediante oficio número PM/697/07, de fecha 30 de octubre del 2007, para que el nuevo libramiento San José del Cabo-Cabo San Lucas, próximo a construirse, opere igualmente libre de peaje.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2007.--- Diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Transportes.



PROGRAMA DE PROTECCION A LA VAQUITA EN EL AREA DE REFUGIO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió de la diputada Susana Mendoza Morales, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se solicita a la Conapesca un informe detallado respecto de las regulaciones expedidas para implantar el programa de protección a la vaquita, en el área de refugio.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conapesca un informe detallado respecto a las regulaciones expedidas para implantar el Programa de Protección a la Vaquita en el Área de Refugio, a cargo de la diputada Susana Mendoza Morales, del Grupo Parlamentario del PAN

Lucía Susana Mendoza Morales , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos, 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el mundo hay 20 órdenes, 119 familias, mil 57 géneros y alrededor de 4 mil 332 especies de mamíferos (Nowak, 1991). México posee 50 por ciento de los órdenes, 35 familias, 166 géneros y 451 especies, que constituyen la diversidad mastozoológica del país. Éstas corresponden a 29.4 por ciento de las familias, 15.7 por ciento de los géneros y 10.4 por ciento de las especies del continente americano.

México es un país megadiverso, el segundo del mundo en tipos de ecosistemas y el cuarto en riqueza de especies. Posee el primer lugar en reptiles, con 717 especies; el segundo en mamíferos, con 451 especies; y el cuarto en anfibios, con 282 especies. En plantas fanerógamas, posee aproximadamente 25 mil especies. Cabe destacar que 32 por ciento de la fauna nacional de vertebrados es endémico; esto significa que su espacio de distribución a escala mundial se circunscribe sólo al territorio mexicano (Toledo, 1988, en Halffter, 1992; Retana y Lorenzo, 2002 Conabio).

Estas razones nos hacen concluir que cualquier pérdida o reducción de la riqueza biótica de México es no sólo una disminución de la riqueza nacional, sino también una verdadera y gran pérdida para el patrimonio natural de la humanidad. Lo que motiva el presente punto de acuerdo es una especie marina que tiene su nicho localizado en el área que se circunscribe a la reserva de la biosfera del alto golfo de California y delta del río Colorado. Allí es donde vive la marsopa (Phocoena sinus), mejor conocida como ``vaquita marina'', uno de los cetáceos más pequeños y amenazados del mundo y única especie endémica de mamífero marino en México, ya que únicamente se distribuye en el alto golfo de California y en la región más norteña del golfo; todas las evidencias indican que su distribución siempre ha estado restringida a esta zona, es considerada una de las especies de mamífero marino con la distribución histórica y actual más restringida en el mundo (fuente: INE).

Se estima que la población hoy día no llega a 600 individuos, según la Carta Nacional Pesquera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 2004. La evaluación más confiable y reciente sobre la abundancia de la población de esta especie está estimada en sólo 567 individuos. Se calcula que cada año en promedio quedan atrapadas entre 40 y 80 vaquitas en redes pesqueras. Sin duda, ésta es la principal causa de mortalidad. Si no actuamos con la mayor brevedad para revertir la tendencia, a ese ritmo la especie desaparecerá en unos cuantos años. De extinguirse, sería la primera vez en que un cetáceo desaparezca a causa de actividades humanas (fuente: vaquitamarina.org).

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su libro rojo cambió la clasificación de esta especie, de tenerla como en ``peligro de extinción'' a considerarla en ``crítico peligro de extinción''.

Desafortunadamente para la población de vaquita, la productividad y riqueza biótica del alto golfo lo hace uno de los lugares de gran actividad pesquera cercano a la reserva de la biosfera de California y delta del río Colorado, se ha planteado por años la intención de desalentar y reducir la intensidad de la pesca en el área, junto con la implementación de cambios en las técnicas pesqueras para disminuir las posibilidades de que se extinga la marsopa mexicana (fuente: Pronatura).

El 8 de septiembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en la Ley General de Vida Silvestre, establece el área de refugio para la protección de la vaquita marina (Phocoena sinus); ésta tiene un área para fomentar su recuperación (Semarnat).

Con el propósito de lograr una mayor participación social se creó el Subcomité Técnico Consultivo para la Recuperación y Protección de la Vaquita y su Hábitat, en la que concurrieron distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil; para lograr la protección y recuperación de la población se establecieron medidas que promovieron el desarrollo de actividades que eliminarían los factores de riesgo que lleven a la especie a la extinción. Las acciones tendentes a la protección de la especie se desarrollan buscando no afectar negativamente los niveles de bienestar de la población humana cuyas actividades productivas se llevan a cabo cerca e incluso en el área de refugio.

El programa de protección establece las condiciones de conservación y manejo a que deben sujetarse las obras y actividades que se realicen en el área establecida en el decreto anteriormente citado, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley General de Vida Silvestre; resultando de ello la creación del programa de protección de la vaquita en el área de refugio ubicada en la porción occidental del alto golfo de California, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2005 (fuente: DOF, 29 de diciembre de 2005).

Aunado a lo anterior, es importante hacer hincapié en que los pescadores ribereños están dispuestos a reducir, adaptar el uso de redes y en general modificar sus artes pesqueras si se da un reordenamiento pesquero en la zona, para con ello garantizar verdaderamente la recuperación de la población de Phocoena sinus.

Honorable asamblea: al amparo de los datos y las reflexiones que se han expuesto, presento con carácter de urgente y obvia resolución esta proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Conapesca que informe detalladamente respecto de las regulaciones expedidas para implantar el Programa de Protección de la Vaquita en el Área de Refugio, particularmente las relativas a los siguientes puntos:

a) La eliminación del uso de redes agalleras de 6 pulgadas o más en toda el área de refugio;
b) La eliminación de prácticas de pesca con redes pasivas o dormidas;
c) El establecimiento de un polígono de exclusión de pesca, con cualquier tipo de redes de arrastre y agalleras;
d) La utilización de excluidores de tortugas y peces grandes;
e) La utilización de excluidores de peces juveniles, dos por aparejo; y
f) La utilización de dispositivo de monitoreo satelital.

Segundo. Se exhorta a la Sagarpa a rendir un informe a esta soberanía respecto de las medidas implantadas por la Conapesca a fin de erradicar la pesca que no cumpla con la normativa vigente e inicie el proceso de sustitución de artes de pesca que eliminen la captura incidental de vaquita marina en las aguas del alto golfo de California y respecto del dispositivo de inspección y vigilancia que implanta en la temporada de pesca de camarón.

Tercero. Se exhorta a la Conapesca, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos de los estados de Sonora y de Baja California, y el sector pesquero de ribera, fortalezca y termine el proceso de individualización de permisos de pesca y demás instrumentos enmarcados en el programa de ordenamiento pesquero que permitan una pesca responsable y sustentable en las comunidades de San Felipe, Santa clara y Puerto Peñasco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 25 de octubre de 2007.---Diputada Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Pesca.

Continúe la Secretaría, por favor.



EXCITATIVAS

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, a solicitud de los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita que excite a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social para que presenten el dictamen de la iniciativa que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y abroga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, presentada por los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Adrián Pedrozo Castillo , el 15 de junio de 2007.

Consideraciones

En la exposición de motivos de la citada iniciativa se señala:

Que el 31 de marzo de 2007, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ordenamiento que de acuerdo con sus transitorios primero, segundo y tercero, entró en vigor el día 1o. de abril de 2007, con las salvedades establecidas en dichos artículos transitorios.

Que los trabajadores al servicio del Estado han reclamado que la aprobación y expedición del decreto que contiene la Ley del ISSSTE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, contempla disposiciones que son inconstitucionales, por lo cual debe ser abrogado.

Que la Ley del ISSSTE infringe los contratos o convenios que a favor de los trabajadores se han suscrito con las respectivas dependencias, organismos e instituciones públicas, al estar inscritos los trabajadores en el ISSSTE, situación que no se valoró y que hoy es causa del conflicto que ocupa las principales notas en el país.

Que la respuesta de los trabajadores es muestra clara que la Ley del ISSSTE es una imposición, toda vez que no se consultó a los trabajadores y, a sus espaldas, fue un acuerdo entre las cúpulas de poder que operaron de manera facciosa para dar lugar a disposiciones que obran en contra de los derechos laborales.

Que la Ley del ISSSTE es violatoria de garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, porque se suspenden garantías relacionadas con el derecho a la protección de la salud, a una pensión digna y otras prestaciones como el acceso a disfrutar de vivienda digna y decorosa y a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Que la ley que se objeta cancela derechos y endurece requisitos y no es producto de un consenso con los trabajadores y sus organizaciones, por lo que violenta los contratos colectivos suscritos entre los trabajadores y el gobierno federal.

Por lo anteriormente expuesto y considerando que las premisas, contenidas en la iniciativa en comento, mantienen su plena vigencia, me permito someter a la consideración de esta asamblea, la siguiente

Excitativa

Único. Se excita a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social para que presenten el dictamen de la iniciativa que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y abroga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, presentada por los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Adrián Pedrozo Castillo , el 15 de junio de 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2007.--- Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica).»
«Excitativa a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRI

El pasado 13 de marzo presenté una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Coordinación de los Programas Sociales para la igualdad de Oportunidades, con el propósito de inscribir en un solo ordenamiento los múltiples planes sociales compensatorios que han venido surgiendo y tomar como eje el sistema de transferencias desarrollado a partir del programa Oportunidades.

Se trata de establecer en la ley un conjunto de beneficios que hoy están dispersos y, además, de descentralizar estos programas a las entidades federativas y, a través de éstos, a los municipios. De modo que los principales atributos de la Ley que se propone son los siguientes:

• Propone la coordinación de los tres órdenes de gobierno en el diseño, planeación, coordinación y ejecución de los programas sociales compensatorios para igualar oportunidades.
• Plantea que a través de convenios se redistribuyan las competencias, ante los tres órganos de gobierno, de modo que sean los municipios quienes ejecuten los programas y los complemente en aras de una mayor cobertura y protección a las familias de bajos ingresos.
• Abre los beneficios del programa oportunidades a estudiantes de educación superior; niños y jóvenes sin padres, adultos mayores de 65 años, no afiliados al régimen de seguridad social; a las mujeres trabajadoras que se hacen cargo de su hogar y a las personas con discapacidad.
• Amplía la posibilidad de incluir beneficiarios en el programa Oportunidades al pasar de 1.5 a 2 el factor por gastos no alimentarios.
• Establece en la ley el subsidio energético por razones de ingreso o de temperaturas extremas.
• Incluye en el sistema de transferencias de ingreso a las familias en pobreza de patrimonio para contribuir a mejorar su vivienda.
• Dispone, en el régimen transitorio, un conjunto de medidas para integrar los sistemas de apoyo alimentario y nutricional y de asistencia social; a cargo de Liconsa, Diconsa y el DIF.

En este lapso, el Gobierno Federal ha ejercido el Presupuesto de egresos, aprobado por esta Cámara de Diputados, para el año fiscal en curso, manteniendo la estructura central de los programas sociales y productivos con dos consecuencias negativas obvias la ineficacia en la aplicación del gasto, dado que se tiene un subejercicio promedio del 60 por ciento y las constantes fricciones entre las dependencias federales y de los Estados.

Además de lo anterior, en las entidades donde ha habido proceso electoral la ejecución de los programas sociales ha sido motivo de severos cuestionamientos por el sesgo político electoral con que han sido ejecutados y por la excesiva propaganda con que han sido difundidos. En tanto, persiste la triplicación de esfuerzos y por lo menos dos millones de familias no tienen una atención integral y permanente.

En consecuencia de los anterior y con fundamento en lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que se formule una atenta excitativa a las Comisiones de Programación Presupuesto, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social de esta Cámara, con el propósito de que proceda a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Coordinación de los Programas Sociales para la Igualdad de Oportunidades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2007.--- Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica).»

«Excitativa a la Comisión de Justicia, a solicitud de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Diputado Héctor Larios Córdova , Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Estimado diputado Presidente:

Por medio del presente me dirijo a usted, con fundamento en los artículos 4o. y 15 del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicito a usted, atentamente se sirva turnar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y su incorporación a el orden del día de la sesión del Pleno de la LX Legislatura, del 16 de octubre de 2007, la siguiente:

Excitativa, por medio de la cual se urge a la Comisión de Justicia de la honorable Cámara de Diputados, para que presente el dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Titulo Quinto, capitulo segundo, del Código Civil Federal, referente a los requisitos para contraer matrimonio.

Dicha iniciativa fue presentada el jueves 3 de octubre de 2002, por la entonces diputada Olga Aydeé Flores Velásquez, del Grupo Parlamentario del PRI, y a nombre de diputados de los diversos grupos parlamentarios representados en esta colegisladora de la Legislatura LVIII, y fue turnada para su estudio y dictamen a la, en aquel momento, Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.

Sin más por el momento, agradezco de antemano las atenciones que se sirva dar a la presente.

Atentamente
Diputada Mónica Arriola (rúbrica), vicecoordinadora del grupo parlamentario de Nueva Alianza.»

«Excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Gerardo Escaroz Soler , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Gerardo Escaroz Soler , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 21, fracciones III y XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que se sirva excitar a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que dictamine sobre la iniciativa que reforma el artículo 39, párrafo 2, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En la sesión ordinaria de la honorable Cámara de Diputados de fecha 16 de noviembre de 2006, el que suscribe presentó a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39, párrafo 2, fracción XXV de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La Presidencia de la Mesa Directiva en funciones tuvo a bien turnar dicha iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su correspondiente dictamen.

Segunda. Esta iniciativa tiene una especial importancia, ya que el sector acuícola ha sido reconocido por este Poder Legislativo mediante el impulso de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la que se dotó a nuestro país de un instrumento jurídico que permite el ordenamiento de la pesca y acuacultura para fomentar el mantenimiento de la calidad, la diversidad y disponibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas en cantidad suficiente para las generaciones presentes y futuras, en el contexto de la seguridad alimentaría, el alivio de la pobreza, y el desarrollo sostenible.

Tercera. La iniciativa presentada por un servidor considera necesario reconocer la importancia de la acuacultura en la denominación de la actual Comisión de Pesca de esta Cámara de Diputados, mediante una reforma al artículo 39, párrafo 2, fracción XXV de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que permita incluir de manera expresa esta actividad en el desarrollo de su trabajo legislativo, ya que si bien hasta el momento los asuntos relacionados con esta actividad son atendidos por esta Comisión, se considera pertinente actualizar su denominación, en función de la importancia que ha cobrado la acuacultura en el ámbito mundial.

En razón de lo anterior, le solicitamos de la manera más atenta:

Único. Excite a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que a la brevedad posible dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39, párrafo 2, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.---Diputado Gerardo Escaroz Soler (rúbrica).»

«Excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública, a solicitud de diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de Alternativa, de Convergencia, de Nueva Alianza, del Trabajo, y Verde Ecologista de México

Los suscritos, coordinadores de los Grupos Parlamentarios de Alternativa Socialdemócrata, Convergencia, Nueva Alianza, Del Trabajo, y Verde Ecologista de México, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se excite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública, para que se dictamine la reforma integral en materia de seguridad y justicia, integrada por diversas iniciativas entre las que destacan modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 4 de noviembre de 2003 ante el Pleno de esta honorable soberanía en base a las siguientes

Consideraciones

El pasado viernes 12 de octubre, en la sesión convocada por la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, contemplada en la Ley para la Reforma del Estado, a nombre de los partidos Alternativa Socialdemócrata, Convergencia, Nueva Alianza, Del Trabajo, y Verde Ecologista de México, se hizo del conocimiento de los integrantes de dicha comisión, la determinación de los cinco institutos políticos referidos, de hacer propio el conjunto de iniciativas que el 4 de noviembre del 2003, el entonces legislador Luis Maldonado Venegas, presentara en esta tribuna.

Por tal motivo y con fundamento en la Ley para la Reforma del Estado, se solicitó remitir al grupo de trabajo de reforma del Poder Judicial perteneciente a la CENCA, el conjunto de iniciativas que comprenden e integran reformas a nuestro sistema constitucional, la expedición de un Código Penal Único y un Código de Procedimientos Penales Único para toda la República Mexicana, la Ley de Ejecución de Penas y Readaptación Social del Sentenciado y la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para ser considerados en sus términos y méritos.

En virtud de lo anteriormente manifestado, quienes suscribimos esta excitativa solicitamos hoy a nuestros compañeras diputadas y compañeros diputados integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Seguridad Pública de esta honorable Cámara de Diputados proceder a la dictaminación de dichas iniciativas que fueron turnadas en su oportunidad al seno de cada una de ellas, por la importancia que tiene para el bienestar de la nación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente

Excitativa

Único. Se excita a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Seguridad Pública para que elaboren el dictamen sobre el paquete de iniciativas de reformas constitucionales y creación de leyes en materia de prevención del delito, procuración, administración de justicia y readaptación social, presentado el martes 4 de noviembre de 2003 y que han hecho propio los Partidos Alternativa Socialdemócrata, Convergencia, Nueva Alianza, Del Trabajo, y Verde Ecologista de México, para que sea sometido a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados.

Palacio de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.--- Diputados: Marina Arvizu Rivas , Miguel Ángel Jiménez Godínez , Ricardo Cantú Canto, Alejandro Chanona Burguete , Gloria Lavara Mejía (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Excitativa a la Subcomisión de Examen Previo, a solicitud del diputado José Antonio Díaz García , del Grupo Parlamentario del PAN

La excitativa que someto a su consideración tiene como propósito fundamental enfatizar el compromiso que todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados hemos hecho en torno a dos valores fundamentales del Estado democrático de derecho, a saber, el respeto irrestricto al principio de legalidad y la plena vigencia de la cultura de la transparencia en los procesos de decisión política.

Las comparecencias que, con motivo de la glosa del primer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, se han celebrado en esta Cámara, son un ilustrativo ejemplo de la convicción con que todos los grupos parlamentarios exigen la vigencia de estos principios al reclamar, entre otras cosas --y con toda vehemencia--, legalidad y transparencia en el manejo de recursos y programas públicos; legalidad y transparencia en la designación de funcionarios; legalidad y transparencia en el cumplimiento de las responsabilidades gubernamentales.

Por lo anterior, es de primera importancia resaltar que la Subcomisión de Examen Previo, por lo menos en el caso que me interesa someter a su consideración, está violentando la legalidad y actuando contra las reglas de la transparencia sin que nadie levante la voz, por lo que es necesario reclamar su indolencia y exigir el cumplimiento puntual de las reglas jurídicas en las que se sustenta la legitimidad de la actuación de la Cámara de Diputados.

Señoras y señores diputados, es mi responsabilidad señalar que en este órgano se está violentando el Estado de derecho puesto que, desde hace más de 18 meses, la Subcomisión de Examen Previo ha incumplido el mandato legal por el que debe determinar si ha lugar incoar el procedimiento de juicio político en contra del gobernador del estado de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres.

Como ustedes saben, la parte inicial de la fracción I del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que mediante juicio político se impondrán las sanciones indicadas en el artículo 110 de la propia Constitución a los servidores públicos señalados en el mismo precepto.

El tercer párrafo del artículo 110 Constitucional establece que dichas sanciones ``consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público''.

Por su parte, el segundo párrafo del citado artículo 110 establece que los Gobernadores de los Estados podrán ser sujetos de juicio político, entre otras causas, por violaciones graves a la propia Constitución y a las leyes federales que de ella emanen y que en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a la correspondiente Legislatura Local para que proceda como corresponda.

Señoras diputadas y señores diputados, sin duda ustedes conocen el marco normativo constitucional que acabo de narrar sucintamente pues, en tanto integrantes de esta Cámara, todos somos servidores públicos obligados a conocer el régimen de responsabilidades al que estamos sujetos y de las sanciones inherentes. Por ello, este día me interesa resaltar fundamentalmente la competencia y la responsabilidad de esta Cámara de Diputados en el procedimiento para la substanciación del juicio político.

Es el cuarto párrafo del artículo 110 constitucional el que fija inequívocamente la responsabilidad de la Cámara de Diputados en esta materia, estableciendo textualmente que ``Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de miembros presentes en sesión de aquélla Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado''.

Lo que deseo manifestarles es que la obligación a que me refiero tiene rango constitucional y, por ello, resulta de extrema gravedad la ligereza y apatía con que este Órgano está permitiendo que se incumplan obligaciones y responsabilidades cuyo origen es, nada menos, que la norma suprema de la Unión, aquélla que todos nosotros juramos cumplir y hacer cumplir durante el desempeño de nuestros cargos.

Con base en las disposiciones constitucionales antes referidas, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos regula las etapas procedimentales que la Cámara de Diputados, en su carácter de órgano instructor, deberá desahogar para efecto de determinar si procede formular la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, constituyendose aquella en caso afirmativo en órgano de acusación.

Los incisos a), b) y c) del artículo 12 de la citada ley establecen lo siguiente:

``Arículo 12. La determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento:
a) El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los tres días naturales siguientes a su presentación; (cabe recordar que en el caso que nos ocupa ambos requisitos, como ustedes saben, fueron satisfechos el día 16 de febrero de 2006 con la presentación de la denuncia en contra del Gobernador del Estado de Puebla y la ratificación de la misma).
b) Una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a las Comisiones que corresponda. Si se trata de una denuncia presentada en lengua indígena, ordenará su traducción inmediata al español y la turnará conforme al procedimiento establecido; (cuestión que quedó cumplida el 17 de febrero de 2006 con el turno correspondiente a las Comisiones Unidas competentes)
c) La Subcomisión de Examen Previo procederá, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 7o. de la propia ley, y si los elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por tanto, amerita la incoación del procedimiento. En caso contrario la Subcomisión desechará de plano la denuncia presentada.''

Considerando que en el caso que he traído a esta tribuna las fechas en que fueron cumplidas las etapas procedimentales a que se refieren los incisos a) y b) del citado artículo 12 de Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ocurrieron hace dieciocho meses, es evidente que la Subcomisión de Examen Previo se encuentra en franco incumplimiento de las disposiciones legales que rigen su actuación. Por ello, considero que es procedente formular excitativa a los miembros pertenecientes a dicha Subcomisión para que subsanen las violaciones constituicionales y legales en que están incurriendo y, de inmediato, resuelvan lo que en derecho proceda en relación a las denuncias de juicio político presentadas en contra de Mario Plutarco Marín Torres.

Señoras diputadas y señores diputados, es evidente que el juicio político en México, más que un instrumento al servicio de la ciudadanía mediante el cual se garantice la honestidad y probidad de los servidores públicos, ha sido utilizado como un escudo que fomenta la impunidad y que ultraja los más profundos sentimientos y reclamos de justicia de nuestro pueblo.

No prejuzgo sobre la responsabilidad política del Gobernador Marín Torres; sin embargo, es escandaloso que las acusaciones que pesan en su contra y los procedimientos que se han iniciado no hayan sido, siquiera, motivo de análisis para que los representantes populares cumplan mínimamente con sus responsabilidades constitucionales y legales.

Todos fuimos testigos de evidencia suficiente para considerar que existen elementos de prueba que justifiquen presumir la existencia de infracciones y la probable responsabilidad del gobernador poblano. Si ello no fuera suficiente, desde hace varios días el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Juan N. Silva Meza, remitió a esta Cámara el Informe Preliminar derivado de las diligencias de investigación que solicitamos de la Corte en el que se concluye, contundentemente, la existencia de evidencia de violaciones graves a la Constitución que afectan garantías individuales.

No estamos solicitando que esta Cámara debata y delibere los alcances jurídicos del Informe Preliminar del Ministro Silva; esas son cuestiones que deben discutirse en otros foros. Lo que estamos exigiendo es que la Cámara de Diputados cumpla puntualmente sus obligaciones y resuelva este asunto con los elementos probatorios con los que cuenta.

México no resiste más la presencia de la impunidad. México demanda cambios sustanciales en la manera de hacer política y, estoy convencido, a la Cámara de Diputados le corresponde ser la punta de lanza en el proceso de construcción del Estado de Derecho que nos garantice una patria digna, ordenada y generosa.

Por ello, señoras y señores diputados, me permito someter a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Primero: Que, para mejor proveer, la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados turne a la Subcomisión de Examen Previo el informe preliminar elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y remitido a esta soberanía, respecto a las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por diversas autoridades del estado de Puebla;

Segundo: Que se excite a la Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia para que, de inmediato, cumpla con la obligación que le impone el inciso c) del artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

Tercero: Que las Comisiones competentes informen a esta soberanía de las acciones que lleven a cabo en relación con el asunto a que se refiere esta excitativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2007.--- Diputado José Antonio Díaz García (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se remite a las Comisiones de Gobernación, y de Justicia.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Excitativa al Senado de la República, a solicitud de las diputadas Maricela Contreras Julián , Guadalupe Socorro Flores Salazar y Martha Tagle Martínez , de los Grupos Parlamentarios del PRD, y de Convergencia, respectivamente

Las suscritas, diputadas integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados formular una excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para que presenten el dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.

Antecedentes

I. El 15 de junio de 2005 la senadora María Sofía Tamayo Morales a nombre de la senadora Lucero Saldaña Pérez, presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento al avance de las investigaciones en torno al caso de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Senado de la República, y de la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones de los feminicidios en la República Mexicana, y a la procuración de justicia vinculada de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un artículo 13 Bis a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

II. En esa misma fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para su estudio y posterior dictamen.

Consideraciones

De acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2006 dada a conocer hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Instituto Nacional de las Mujeres y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), se señala que el 67 por ciento de las mexicanas dijeron haber vivido un episodio de violencia en algún momento de su vida, ya sea en su hogar, en la escuela, en el trabajo o en su entorno inmediato.

El 43.2 por ciento de las entrevistadas dijo que sufría violencia por parte de la pareja (sobre todo, emocional), el 29.9 por ciento en el ámbito laboral, el 15.6 por ciento en la escuela, el 39.7 por ciento en los espacios públicos (calle, mercado, medios de transporte, cine, etcétera) y el 15.9 por ciento dijo padecer agresiones en el círculo familiar (en el propio o el de su pareja).

En el trabajo, dijeron sufrir situaciones de discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual. Estas denuncias son recurrentes en los estados de Querétaro, Puebla y Chihuahua, mientras que en Baja California Sur, Yucatán y Chiapas son poco visibles. En los espacios públicos cuatro de cada 10 mujeres dijeron sufrir hostigamiento, acoso, ofensas y abuso sexual en la calle, los mercados, en los medios de transporte, el cine, la iglesia, las tiendas, los hospitales, etcétera.

Por otra parte, se ha denunciado en diversos medios de comunicación el creciente número de homicidios en contra de mujeres, siendo uno de los casos más alarmantes el Estado de México, en donde se han reportado 137 casos registrados el año pasado y 72 en lo que va de éste. Los feminicidios cometidos fueron principalmente contra niñas y adolescentes. En 2006 el 27 por ciento de las víctimas tenía entre 11 y 20 años de edad; mientras que en 2007, 12 víctimas han sido menores de tres años y en nueve casos menores de 13 años. Por otra parte, de las 134 averiguaciones previas iniciadas el año pasado por homicidios cometidos contra mujeres, sólo 55 han sido consignadas y cinco están concluidas, lo que ha permitido poner a disposición de un juez a 82 presuntos responsables. A 66 se les dictó auto de formal prisión y están presos. A dos de esos sujetos se les dictaron sentencias de 47 y 60 años de prisión, respectivamente. Sin embargo, en 74 averiguaciones previas no se ha localizado a los responsables y existen 13 órdenes de aprehensión por ejecutar.

Es importante también mencionar que de 1999 a 2005 se registraron cerca de 6 mil asesinatos contra mujeres, y en promedio tres de ellas son asesinadas al día en nuestro país. Lo anterior tomando como base el estudio violencia feminicida en diez entidades de la república mexicana , elaborado por la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la república mexicana de la pasada legislatura de la Cámara de Diputados.

Como se puede observar, la violencia en contra de las mujeres es una problemática grave y se necesitan medidas y acciones concretas para su atención.

Entre esas acciones, destaca la publicación del acuerdo A/003/06 del procurador general de la república, por el que se crea la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país (FEVIM), en donde se otorga a la titular la calidad de agente del ministerio público de la federación. Con ello se le entrega competencia para investigar y perseguir delitos relacionados con actos de violencia contra la mujer, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; además se le faculta para ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y demás disposiciones jurídicas confieren al ministerio público de la Federación.

Es importante mencionar que el acuerdo de creación de la FEVIM recoge las propuestas de la iniciativa a la que hacemos referencia en esta excitativa, además de la presentada por la senadora Araceli Escalante Jasso del Grupo Parlamentario del PRI el 15 de diciembre de 2003 por la cual se adiciona el artículo 13 Bis a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y establece la Fiscalía Especializada en la atención de los delitos violentos contra las mujeres. Sin embargo, el carácter de Fiscalía Especial que se le otorgó a la FEVIM, hace que su permanencia dentro de la estructura orgánica de la Procuraduría General de la República, sea inestable y se sujete a cuestiones administrativas.

Debemos recordar que la FEVIM se crea a partir de que la PGR reconoce que los feminicidios no sólo se presentan en Ciudad Juárez, toda vez que con la creación de la Fiscalía Especial para la atención de los delitos relacionados con los homicidios de mujeres en ese municipio fronterizo, se evidenció que los asesinatos en contra de mujeres se presenta en todas las regiones del país.

Sin embargo, es inadmisible que la existencia de las instancias encargadas de prevenirla, erradicarla y sancionarla, como la FEVIM, esté condicionada a la voluntad política de los gobiernos en turno.

De ahí la importancia de que la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país sea convertida en una fiscalía especializada, tal como se propone en la iniciativa que adiciona un artículo 13 Bis a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Además en dicha iniciativa se propone reformar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a fin de facultar a los jueces de distrito en materia penal para conocer de los delitos violentos en contra de mujeres que hubiere atraído la instancia que se crea.

Por lo anteriormente expuesto, señora presidenta, le solicitamos respetuosamente sirva dar trámite a la siguiente:

Excitativa

Único. Se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para que realicen el dictamen correspondiente de la iniciativa que reforma y adiciona a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2007.--- Diputadas: Maricela Contreras Julián (rúbrica), Guadalupe Flores Salazar (rúbrica), Martha Tagle Martínez (rúbrica).»
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase al Senado de la República.La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, a solicitud del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, en su carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se permito presentar excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, en virtud de lo siguiente:

El 18 de octubre de 2005, el senador Jorge Abel López Sánchez, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que fue turnada para su estudio y elaboración de análisis a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos del Senado de la República, las que tuvieron a bien dictaminarla y aprobarla el 1 de diciembre de 2005, enviada a la Cámara de Diputados como minuta el 13 de diciembre de 2005, para lo cual la Mesa Directiva decidió turnar el trámite respectivo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Función Pública.

La minuta señala que, derivado de la problemática suscitada a raíz de la crisis de 1994, en la cual miles de familias que habían adquirido una casa habitación mediante crédito hipotecario u obtenido un préstamo dando como garantía su casa, sufrieron un incremento en las tasas de la deuda contratada, por lo que se vieron imposibilitadas para cubrir los pagos del principal y de los intereses.

Como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por mandato de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes procede a su enajenación a través de licitaciones, subastas o remates. Sin embargo, por razones de eficiencia mercadotécnica, el SAE ha optado, en la mayoría de los casos, por ofertar los bienes en paquete, lo que impide que los propietarios originales oferten para recuperar su propiedad.

Las dictaminadoras del Senado consideraron, entre otros, los motivos expresados en los dos párrafos anteriores y resolvieron a favor, ya que con las reformas legales que se proponen se beneficiará a las familias que se vieron despojadas de su patrimonio derivado de la crisis económica y se les otorgará la preferencia en la oportunidad de que puedan recuperar los bienes de que alguna vez fueron propietarios.

Como se señala en el apartado de las consideraciones, se coincide con la reforma planteada, ya que coadyuva también a la transparencia en la administración y enajenación de los bienes que son transferidos.

La minuta también expresa la prohibición para que los servidores públicos de la federación que ocupen uno de los cuatro cargos de más alto nivel en la organización pública, junto con sus cónyuges y familiares hasta en cuarto grado, participen en los procedimientos de enajenación que organiza el SAE.

Asimismo, la minuta hace hincapié en la importancia que implica otorgar el derecho de preferencia a quienes perdieron su casa habitación o su empresa durante la crisis bancaria de 1995, ya que esta medida les permitiría recuperar su patrimonio, considerando que la vivienda es uno de los bienes más preciados de las personas y sus familias. Además, obliga a la persona que readquiera la propiedad no podrá transmitirla a terceros por compraventa, dentro de los dos años siguientes a la fecha de adquisición.

Finalmente, y en beneficio de la población deudora, específicamente de los que son de la tercera edad y las personas con capacidades diferentes, se establecen condiciones especiales para sumarse al Programa de Enajenación de Créditos Menores.

Considerando que a casi dos años de haber llegado a esta colegisladora la minuta y del enorme beneficio que representa para los que actualmente están viviendo el temor de perder su patrimonio, que en ocasiones es el único activo con que cuentan o con el que pudieran salir adelante, se hace necesario que se asuma la responsabilidad conferida a nuestra investidura por la ciudadanía y por ello coadyuvar en el esfuerzo de emitir como ley esta minuta.

Por lo anterior expuesto y fundado, y por coincidir plenamente con los razonamientos y propuesta planteada en la minuta en comento, me permito solicitar a usted, señor presidente, tenga a bien hacer la excitativa solicitada a las comisiones mencionadas para que estén en posibilidad de emitir el dictamen y opinión correspondientes con la mayor brevedad y dentro de este primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo.

Dado en el Palacio Legislativo, a 30 de octubre de 2007.--- Diputado Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que emita el dictamen correspondiente.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Excitativa a las Comisiones de Gobernación y de Justicia, a solicitud del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales de la Sexagésima Legislatura, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, atentamente solicitan a usted que ejerza las facultades que le confiere el citado artículo para que presente formalmente una excitativa a las Comisiones de Gobernación, y Justicia de esta honorable soberanía, a efecto de que agilicen sus trabajos respecto a la demanda de juicio político contra el gobernador del estado de Oaxaca.

Consideraciones

1. La demanda de juicio político fue presentada el 26 de octubre de 2006. En ella, los promoventes describieron los actos que la motivan y ofrecieron pruebas que la Cámara de Diputados debe valorar respecto a las violaciones graves a la Constitución por parte de Ulises Ruiz Ortiz; en una relación que describe la participación de su gobierno en detenciones arbitrarias, abusos, lesiones, daños, homicidios, desalojos violentos, represiones por motivos políticos, ataques a la libertad de expresión y privaciones ilegales de la libertad.

Han transcurrido desde entonces 12 meses, durante los cuáles no se ha logrado tener avances sustantivos, no se ha realizado el análisis previo del caso, y mucho menos se ha realizado el juicio político por las violaciones a la Constitución.

2. Nos permitimos destacar ante usted el sentir mayoritario de esta Cámara de Diputados respecto al gobierno del estado y la necesidad de investigar su responsabilidad, que se expresó en la sesión del 28 de marzo de 2007, al aprobarse por esta soberanía un punto de acuerdo para solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nombrara comisionados especiales que investigaran las violaciones graves a las garantías individuales en el estado de Oaxaca.

Aunado al hecho político que representa la señalada aprobación, es pertinente comentar brevemente la atención que el Poder Judicial ha tenido en este caso.

Aunque el proceso del Poder Judicial no está vinculado de forma directa con las decisiones que determine la Cámara de Diputados, resulta necesario subrayar que, pudiendo hacerlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no desechó el caso, sino que mediante resolución del Tribunal Pleno, publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 15 de octubre de 2007, estableció en el punto primero de su resolución que ``ha lugar a ejercer la facultad a que se refiere el artículo 97, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'', decisión que en nuestra opinión demuestra el interés con que el Poder Judicial ha entrado al tema considerando que los hechos señalados tienen el carácter de grave.

Además, es destacarse que de acuerdo al punto cuarto de su resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación encontró motivos suficientes para aceptar la realización de la investigación y la vinculó a lo que, en nuestra opinión, son graves violaciones a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Así lo señala al especificar que ``los temas de la investigación se concentrarán en probable violación de garantías individuales, en perjuicio de personas determinadas, probable violación generalizada de garantías individuales, probables excesos de las fuerzas policíacas municipales, estatales y federales y probable omisión o pasividad de estas mismas autoridades para restaurar y mantener el orden público''.

Al comparar la actividad del Poder Judicial y la del Poder Legislativo ante las violaciones de garantías denunciadas, observamos que, aun cuando el Poder Judicial fue informado con posterioridad, ya ha iniciado el procedimiento solicitado y previsto en la Constitución mientras la Cámara de Diputados no ha avanzado en sus procedimientos ni resuelto de fondo el tema del juicio político planteado.

3. Los hechos que en su momento motivaron la denuncia siguen vigentes, y más aún, se debe considerar que las conductas del gobierno estatales, contrarias a las instituciones democráticas y al respeto de los principios constitucionales son un hecho constante.

Tan sólo en el marco del proceso electoral del presente año para renovar el Congreso del Estado y los ayuntamientos, se presentaron múltiples denuncias por las intromisiones del gobierno del estado.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados que suscribimos esta petición señalamos que los hechos que motivaron la denuncia de juicio político mantienen su vigencia, razón por la cual nos permitimos solicitarle a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados que se sirva dar trámite a la siguiente

Excitativa

Único. Se turne la presente a las Comisiones de Gobernación, y de Justicia para que agilicen sus trabajos y presenten el dictamen correspondiente a la demanda de juicio político contra el gobernador del estado de Oaxaca.

Recinto Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 25 de octubre de 2007.--- Diputados: Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Othón Cuevas Córdoba (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora , Daisy Selene Hernández Gaytán , Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se remite a las Comisiones de Gobernación y de Justicia.

Continúe la Secretaría, por favor, con la lectura del orden del día.



ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 22 de noviembre de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Luis Rodolfo Enríquez Martínez .

Iniciativa del Congreso del estado de Sonora

Que reforma las fracciones III, V y VI, del párrafo primero del artículo 3 y la fracción I, del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión)

Los asuntos no abordados en esta sesión, y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»



CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 15:44 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 22 de noviembre a las 11:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto desde las 9:30 horas.

--------------- O ---------------



RESUMEN DE TRABAJOS



DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

ASISTENCIA


DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 2, NUMERAL 2, INCISO C, DEL REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO
PARLAMENTARIO
ASISTENCIA ASISTENCIA
POR CÉDULA
ASISTENCIA
COMISIÓN
OFICIAL
PERMISO
MESA
DIRECTIVA
INASISTENCIA
JUSTIFICADA
INASISTENCIAS TOTAL
ALT 179 4 2 1 0 21 207
PRD 96 3 4 2 0 22 127
PRI 71 2 6 17 0 10 106
PVEM 14 0 0 0 0 3 17
CONV 14 0 0 0 0 3 17
PT 10 0 0 0 0 1 11
NA 8 0 0 1 0 0 9
ALT 5 0 0 0 0 0 5
PT 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 398 9 12 21 0 60 60

Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.


SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges INASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita ASISTENCIA
10Arizméndi Uribe Efraín ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón INASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio OFICIAL COMISIÓN
19 Bermúdez Viramontes Andrés ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo ASISTENCIA
25 Campos Galván María Eugenia INASISTENCIA
26 Carbajal Méndez Liliana ASISTENCIA
27 Carbajal Tejada Rogelio ASISTENCIA
28 Cárdenas Sánchez Esmeralda ASISTENCIA
29 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto ASISTENCIA
30 Castaño Contreras Cristián CÉDULA
31Castro De la Rosa Osiel ASISTENCIA
32 Castro Muñoz Juan de Dios ASISTENCIA
33Castro Romero Ma. Sofía Del Perpetuo ASISTENCIA
34 Ceja Romero Ramón ASISTENCIA
35 Chávez García Daniel ASISTENCIA
36 Collado Lara Beatriz ASISTENCIA
37 Contreras Coeto José Luis ASISTENCIA
38 Corral Aguilar María Mercedes ASISTENCIA
39 Cuen Garibi Marcela ASISTENCIA
40 Curiel Preciado Leobardo ASISTENCIA
41 Dávila Fernández Adriana ASISTENCIA
42 Dávila García Francisco ASISTENCIA
43 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio ASISTENCIA
44 De León Tello Jesús ASISTENCIA
45 Degante Romero Silvia Emilia ASISTENCIA
46Del Toro del Villar Tomás ASISTENCIA
47 Del Valle Toca Antonio ASISTENCIA
48 Delgado Oscoy Alejandro Enrique ASISTENCIA
49 Deschamps Falcón Ángel Rafael INASISTENCIA
50 Díaz García José Antonio ASISTENCIA
51 Díaz Garibay Felipe ASISTENCIA
52 Díaz Gordillo Martha Cecilia ASISTENCIA
53 Díaz Mena Joaquín Jesús ASISTENCIA
54 Díaz de León Torres Leticia ASISTENCIA
55 Domínguez Servién Francisco ASISTENCIA
56 Duck Núñez Edgar Mauricio ASISTENCIA
57 Enríquez Flores Armando ASISTENCIA
58 Enríquez Martínez Luis Rodolfo ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio ASISTENCIA
60 Espinosa Piña José Luis ASISTENCIA
61 Félix Holguín Armando Jesús ASISTENCIA
62 Felton González Carlos Eduardo ASISTENCIA
63 Fernández Cabrera Adrián ASISTENCIA
64Fernández Ugarte Ma. del Carmen ASISTENCIA
65 Figueroa Ortega David ASISTENCIA
66 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro ASISTENCIA
67 Flores Grande Arturo OFICIAL COMISIÓN
68 Flores Morfín Jesús Vicente ASISTENCIA
69 Fraile García Francisco Antonio ASISTENCIA
70 Franco Cazarez Ricardo ASISTENCIA
71 Fuentes Ortíz José Guillermo ASISTENCIA
72 García González Carlos Alberto ASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto ASISTENCIA
75 García Reyes Beatriz Eugenia ASISTENCIA
76 García Vivián Raúl ASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes ASISTENCIA
78 Gómez Leyva Silvio ASISTENCIA
79 González Betancourt Jorge Justiniano ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela INASISTENCIA
81 González Morán Martín Oscar ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe ASISTENCIA
84González Sánchez Ma. Dolores ASISTENCIA
85Gudiño Ortíz Francisco Javier ASISTENCIA
86 Guerrero Torres José Gildardo INASISTENCIA
87 Gutiérrez Lagunes María Victoria ASISTENCIA
88 Hernández Núñez Elia ASISTENCIA
89 Hurtado Pérez Nelly Asunción ASISTENCIA
90 Iragorri Durán Enrique ASISTENCIA
91Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles INASISTENCIA
92 Jiménez Ramos María Esther ASISTENCIA
93 Joaquín Coldwell Addy Cecilia INASISTENCIA
94 Lagunes Viveros Violeta del Pilar ASISTENCIA
95 Landero Gutiérrez Alejandro ASISTENCIA
96 Landeros González Ramón INASISTENCIA
97 Lara Compeán David ASISTENCIA
98 Larios Córdova Héctor CÉDULA
99 Laviada Hernández Iñigo Antonio ASISTENCIA
100 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio ASISTENCIA
101 Leura González Agustín ASISTENCIA
102 Lezama Aradillas René ASISTENCIA
103 Limas Frescas María Soledad CÉDULA
104 Lizaola de la Torre Alonso Manuel ASISTENCIA
105 López Cisneros José Martín ASISTENCIA
106 López Reyna Omeheira ASISTENCIA
107 López Silva Rubí Laura ASISTENCIA
108 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel ASISTENCIA
109 Lujano Nicolás Christian Martín ASISTENCIA
110 Maawad Robert Luis Xavier ASISTENCIA
111 Macías Zambrano Gustavo INASISTENCIA
112 Madrazo Limón Carlos INASISTENCIA
113Magallón Arceo Leonardo Melesio de J. ASISTENCIA
114 Malagón Ríos Martín ASISTENCIA
115 Malcos Amaro María Ofelia Gloria ASISTENCIA
116 Maldonado González David ASISTENCIA
117Manuell-Gómez Angulo Dolores De María INASISTENCIA
118 Martínez Díaz María de Jesús ASISTENCIA
119 Martínez Valero Dora Alicia ASISTENCIA
120 Medellín Varela Antonio ASISTENCIA
121 Medina Macias Alma Hilda ASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Delber PERMISO MESA DIRECTIVA
123 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia ASISTENCIA
124 Mejía García Luis Alonso ASISTENCIA
125 Méndez Meneses Apolonio ASISTENCIA
126 Mendoza Morales Lucía Susana ASISTENCIA
127 Minjares Jiménez José Manuel ASISTENCIA
128 Mohamar Dainitin Oscar Miguel INASISTENCIA
129 Mollinedo Hernández Agustín ASISTENCIA
130 Monraz Ibarra Miguel Ángel ASISTENCIA
131 Montes Sánchez Fabián Fernando ASISTENCIA
132Mora Cuevas Marisol INASISTENCIA
133 Morales Ramos José Nicolás INASISTENCIA
134 Morelos Borja María Esperanza ASISTENCIA
135 Moreno Álvarez Mario Eduardo ASISTENCIA
136 Morgan Franco Rocío del Carmen ASISTENCIA
137 Muñoz Serrano José Antonio ASISTENCIA
138 Murillo Flores Francisco Javier ASISTENCIA
139 Murillo Torres José Luis ASISTENCIA
140 Navarro Sugich Carlos Alberto ASISTENCIA
141 Nordhausen González Jorge Rubén ASISTENCIA
142Noriega Blanco Vigil María Nieves ASISTENCIA
143 Ochoa López Nabor ASISTENCIA
144 Olvera Higuera Edgar Armando INASISTENCIA
145 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto ASISTENCIA
146Ortega Martínez Ma. del Pilar ASISTENCIA
147Ortíz Hernández Eduardo ASISTENCIA
148 Oviedo Oviedo Ernesto ASISTENCIA
149 Padilla Orozco Raúl Alejandro ASISTENCIA
150 Palafox Núñez José Inés INASISTENCIA
151 Paredes Rodríguez Francisco Javier ASISTENCIA
152 Parra Jiménez Dolores María del Carmen ASISTENCIA
153 Parra Noriega Luis Gustavo ASISTENCIA
154 Pérez Cuéllar Cruz ASISTENCIA
155 Perroni Merino Gloria María ASISTENCIA
156 Peyrot Solís Marco Antonio ASISTENCIA
157 Plascencia Alonso Francisco Javier ASISTENCIA
158 Priego Tapia Gerardo ASISTENCIA
159 Pulido Pecero Pedro INASISTENCIA
160 Quintero Bello Jorge ASISTENCIA
161 Ramírez Barba Ector Jaime ASISTENCIA
162 Ramírez Pech Edgar Martín INASISTENCIA
163 Ramírez Villarreal Gustavo ASISTENCIA
164 Ramos Covarrubias Héctor Manuel ASISTENCIA
165 Reyes López Carlos Armando ASISTENCIA
166 Rincón Vargas Mirna Cecilia ASISTENCIA
167 Rivera Rivera José Guadalupe ASISTENCIA
168 Rivero Rivero Rolando ASISTENCIA
169 Rodríguez Ahumada Luis Fernando ASISTENCIA
170 Rodríguez Jiménez Ricardo ASISTENCIA
171 Rodríguez Prats Juan José ASISTENCIA
172 Rodríguez Uresti Enrique ASISTENCIA
173 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana ASISTENCIA
174 Rojas Hernández Laura Angélica ASISTENCIA
175 Román Isidoro Demetrio ASISTENCIA
176 Romo Jiménez Martha Angélica ASISTENCIA
177 Rubio Chávez José Ignacio Alberto ASISTENCIA
178 Rueda Gómez Francisco ASISTENCIA
179 Ruiz Velasco de Lira Ernesto CÉDULA
180 Salas Contreras Marcos ASISTENCIA
181 Salazar Madera Mario Alberto INASISTENCIA
182 Salum del Palacio Jorge Alejandro ASISTENCIA
183 Sánchez Domínguez Alejandro ASISTENCIA
184 Sánchez Gil Carlos René ASISTENCIA
185 Sánchez Juárez Claudia ASISTENCIA
186 Sánchez Trujillo José Víctor ASISTENCIA
187Sandoval Munguia Juan Manuel ASISTENCIA
188 Serrato Castell Luis Gerardo INASISTENCIA
189Shej Guzmán Sara ASISTENCIA
190 Solano Muñoz José de Jesús ASISTENCIA
191 Stefanonni Mazzocco Martín ASISTENCIA
192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette ASISTENCIA
193 Torres Gómez Artemio ASISTENCIA
194 Torres Herrera Víctor Manuel ASISTENCIA
195 Torres Torres Carlos Alberto ASISTENCIA
196 Valenzuela García María Gloria Guadalupe ASISTENCIA
197 Valladolid Rodríguez Antonio ASISTENCIA
198 Vasconcelos Rueda Antonio ASISTENCIA
199 Vázquez Martínez Alberto ASISTENCIA
200 Vega Corona Antonio ASISTENCIA
201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo ASISTENCIA
202 Verástegui Ostos César Augusto ASISTENCIA
203 Verdín Saldaña Jaime ASISTENCIA
204 Victoria Alva Juan ASISTENCIA
205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca ASISTENCIA
206 Villanueva Arjona Juan Manuel ASISTENCIA
207 Zambrano Elizondo Javier Martín ASISTENCIA
Asistencias: 179
Asistencias por cédula: 4
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 21
Total diputados: 207


PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón INASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre INASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto INASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel INASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando OFICIAL COMISIÓN
15 Batres Guadarrama Valentina Valia ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh ASISTENCIA
18 Brito González Modesto ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier INASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora INASISTENCIA
23 Chávez García Higinio ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón OFICIAL COMISIÓN
28 Dagdug Lützow Moisés Félix ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique INASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro INASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo INASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí ASISTENCIA
43 González Garza Javier ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene INASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia ASISTENCIA
53 Landero López Pedro INASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío INASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel ASISTENCIA
57 López Barriga Erick ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad INASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia INASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco CÉDULA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique INASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto INASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo PERMISO MESA DIRECTIVA
77 Monreal Ávila Susana ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén INASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto INASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia ASISTENCIA
89Pacheco LLanes Ramón Félix ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón INASISTENCIA
100Ruíz Sánchez Salvador ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías INASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro PERMISO MESA DIRECTIVA
106 Sánchez Camacho David ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco OFICIAL COMISIÓN
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc OFICIAL COMISIÓN
110 Santos Arreola Francisco Javier INASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena ASISTENCIA
117 Torres García Daniel ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel CÉDULA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio INASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo CÉDULA
124 Villicaña García Rafael ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín ASISTENCIA
Asistencias: 96
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 4
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 22
Total diputados: 127


PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Aguilar Diego PERMISO MESA DIRECTIVA
3 Aguilar Solís Samuel ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio PERMISO MESA DIRECTIVA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón CÉDULA
13 Barba Hernández Alfredo PERMISO MESA DIRECTIVA
14 Beltrán Montes Israel ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique CÉDULA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio INASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés INASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique PERMISO MESA DIRECTIVA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos PERMISO MESA DIRECTIVA
27 Colín Guadarrama María Mercedes ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías ASISTENCIA
29De la Garza Treviño Jorge Luis ASISTENCIA
30 Díaz Athié Antonio de Jesús ASISTENCIA
31 Díaz Solorzano Elmar Darinel INASISTENCIA
32 Domínguez Domínguez Nemesio ASISTENCIA
33 Duarte Jáquez César Horacio ASISTENCIA
34 Escajeda Jiménez José Rubén ASISTENCIA
35 Escalante Jasso Aracely PERMISO MESA DIRECTIVA
36 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías ASISTENCIA
37 Estefan Chidiac Charbel Jorge ASISTENCIA
38 Flores Sandoval Patricio ASISTENCIA
39 Gamboa Patrón Emilio ASISTENCIA
40 Garza Garza Horacio Emigdio PERMISO MESA DIRECTIVA
41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen PERMISO MESA DIRECTIVA
42 Gloria Requena Tomás PERMISO MESA DIRECTIVA
43 Gómez Lugo Elda ASISTENCIA
44 González Calderón Martha Hilda INASISTENCIA
45 González García Sergio INASISTENCIA
46 González Salum Miguel Ángel ASISTENCIA
47 González Zarur Mariano ASISTENCIA
48 Guerrero García Javier ASISTENCIA
49 Guerrero Juárez Joel ASISTENCIA
50 Herrera Ale Juana Leticia PERMISO MESA DIRECTIVA
51 Herrera Coyac Wenceslao ASISTENCIA
52Izquierdo Bustamante Alfonso OFICIAL COMISIÓN
53 Lagunes Gallina Gerardo ASISTENCIA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario ASISTENCIA
55López Balbuena Guillermina ASISTENCIA
56Madrid Tovilla Arely PERMISO MESA DIRECTIVA
57 Martínez Rocha Arturo ASISTENCIA
58 Martínez Rodríguez Lorena ASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel ASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe PERMISO MESA DIRECTIVA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro PERMISO MESA DIRECTIVA
64 Morales García Elizabeth INASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio ASISTENCIA
67 Murat José ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto PERMISO MESA DIRECTIVA
70 Olivares Monterrubio Alejandro ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor INASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel PERMISO MESA DIRECTIVA
84 Pinete Vargas María del Carmen ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús INASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo OFICIAL COMISIÓN
90 Rivera Bedoya Juan Francisco OFICIAL COMISIÓN
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos ASISTENCIA
93Ruíz Chávez Sara Latife ASISTENCIA
94 Salas López Ramón INASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio INASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge ASISTENCIA
100Valencia De los Santos Víctor OFICIAL COMISIÓN
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio OFICIAL COMISIÓN
102Vega Ortíz María Oralia ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos OFICIAL COMISIÓN
104 Villa Villa Isael PERMISO MESA DIRECTIVA
105 Villanueva Abraján Patricia ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto ASISTENCIA
Asistencias: 71
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 6
Permiso Mesa Directiva: 17
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 10
Total diputados: 106


PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio ASISTENCIA
2 Chozas y Chozas Olga Patricia ASISTENCIA
3 Cobo Terrazas Diego ASISTENCIA
4 Elizondo Garrido Francisco ASISTENCIA
5 Estrada González Faustino Javier INASISTENCIA
6García Noriega Ma. Guadalupe Josefina ASISTENCIA
7 González Martínez Jorge Emilio INASISTENCIA
8 Lavara Mejía Gloria ASISTENCIA
9 López Adame Antonio Xavier ASISTENCIA
10 López Ramírez Sergio Augusto ASISTENCIA
11 Notholt Guerrero Alan ASISTENCIA
12 Portilla Dieguez Manuel Salvador ASISTENCIA
13 Puente Salas Carlos Alberto ASISTENCIA
14 Ramírez Cerda Ana María ASISTENCIA
15Salgado Amador Manuel Salvador ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica INASISTENCIA
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 17


CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro INASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto INASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson INASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc ASISTENCIA
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 17


PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime INASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes ASISTENCIA
8 Peregrino García Abundio ASISTENCIA
9 Romero Guzmán Rosa Elia ASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo ASISTENCIA
11 Vela González Joaquín Humberto ASISTENCIA
Asistencias: 10
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 11


NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T. PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Cárdenas Fonseca Manuel ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9


ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe ASISTENCIA
3 García Méndez Armando ASISTENCIA
4 Hernández Valadés Delio ASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5


DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1


SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Alcaraz Hernández Alma Edwviges
2 Bello Pérez Alfonso Othón
3 Campos Galván María Eugenia
4 Deschamps Falcón Ángel Rafael
5 González Martínez María Gabriela
6 Guerrero Torres José Gildardo
7 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles
8 Joaquín Coldwell Addy Cecilia
9 Landeros González Ramón
10 Macías Zambrano Gustavo
11 Madrazo Limón Carlos
12 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María
13 Mohamar Dainitin Oscar Miguel
14 Mora Cuevas Marisol
15 Morales Ramos José Nicolás
16 Olvera Higuera Edgar Armando
17 Palafox Núñez José Inés
18 Pulido Pecero Pedro
19 Ramírez Pech Edgar Martín
20 Salazar Madera Mario Alberto
21 Serrato Castell Luis Gerardo
Faltas por grupo: 21


PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Almonte Borja Ramón
2 Álvarez Ramón Silbestre
3 Amaro Corona Alberto
4 Arellano Pulido Miguel Ángel
5 Calzada Vázquez Francisco Javier
6 Cervantes Rodríguez Aurora
7 Del Toro Mario Enrique
8 Flores Salazar Guadalupe Socorro
9 García Rodríguez Víctor Hugo
10 Hernández Gaytán Daisy Selene
11 Landero López Pedro
12 Lemarroy Martínez Juan Darío
13 López Torres Ma. Soledad
14 Luna Munguía Alma Lilia
15 Mayans Canabal Fernando Enrique
16 Mendoza Flores Roberto
17 Montalvo Rojas Victorio Rubén
18 Navarro López Carlos Ernesto
19 Romero Gutiérrez Odilón
20 Sánchez Cabrales Rafael Elías
21 Santos Arreola Francisco Javier
22 Velázquez Aguirre Jesús Evodio
Faltas por grupo: 22
23 Camacho Quiroz César Octavio
24 Carballo Bustamante Andrés
25 Díaz Solorzano Elmar Darinel
26 González Calderón Martha Hilda
27 González García Sergio
28 Morales García Elizabeth
29 Padilla Gutiérrez Héctor
30 Reyna García José Jesús
31 Salas López Ramón
32 Sandoval Paredes Sergio
Faltas por grupo: 10


PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Estrada González Faustino Javier
2 González Martínez Jorge Emilio
3 Velasco Rodríguez Verónica
Faltas por grupo: 3


CONVERGENCIA
Diputado
1 Chanona Burguete Alejandro
2 Esteva Salinas Alberto
3 Uscanga Cruz Robinson
Faltas por grupo: 3


PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Cervantes Rivera Jaime
Faltas por grupo: 1



VOTACIONES

Del dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria (en lo general y en lo particular, con la modificación propuesta y aceptada por la asamblea)

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Aguilar López, José Alejandro Ausente
3 Alcalde Virgen, Moisés Ausente
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo Favor
8 Arellano Arellano, Joel Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita Ausente
10 Arizméndi Uribe, Efraín Ausente
11 Armendáriz García, Pedro Favor
12 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio Favor
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
17 Bello Pérez, Alfonso Othón Ausente
18 Berber Martínez, Antonio Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés Abstención
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
21 Borboa Becerra, Omar Antonio Favor
22 Borrego Estrada, Felipe Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo Ausente
25 Campos Galván, María Eugenia Ausente
26 Carbajal Méndez, Liliana Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Favor
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Favor
30 Castaño Contreras, Cristián Ausente
31 Castro de la Rosa, Osiel Favor
32 Castro Muñoz, Juan de Dios Ausente
33 Castro Romero, María Sofia Favor
34 Ceja Romero, Ramón Favor
35 Chávez García, Daniel Favor
36 Collado Lara, Beatriz Favor
37 Contreras Coeto, José Luis Favor
38 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
39 Cuen Garibi, Marcela Favor
40 Curiel Preciado, Leobardo Favor
41 Dávila Fernández, Adriana Ausente
42 Dávila García, Francisco Favor
43 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
44 De León Tello, Jesús Favor
45 Degante Romero, Silvia Emilia Favor
46 Del Toro del Villar, Tomás Favor
47 Del Valle Toca, Antonio Favor
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Favor
49 Deschamps Falcón, Ángel Rafael Ausente
50 Díaz de León Torres, Leticia Favor
51 Díaz García, José Antonio Favor
52 Díaz Garibay, Felipe Favor
53 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Favor
54 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
55 Domínguez Servién, Francisco Favor
56 Duck Núñez, Edgar Mauricio Favor
57 Enríquez Flores, Armando Favor
58 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Favor
60 Espinosa Piña, José Luis Favor
61 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
62 Felton González, Carlos Eduardo Ausente
63 Fernández Cabrera, Adrián Favor
64 Fernández Ugarte, Carmen Favor
65 Figueroa Ortega, David Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Favor
67 Flores Grande, Arturo Ausente
68 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio Favor
70 Franco Cazarez, Ricardo Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
72 García González, Carlos Alberto Favor
73 García Müller, Martha Margarita Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
76 García Vivián, Raúl Favor
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Ausente
78 Gómez Leyva, Silvio Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
80 González Martínez, María Gabriela Ausente
81 González Morán, Martín Oscar Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
83 González Ruiz, Felipe Favor
84 González Sánchez, María Dolores Favor
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
86 Guerrero Torres, José Gildardo Ausente
87 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
88 Hernández Núñez, Elia Favor
89 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Favor
90 Iragorri Durán, Enrique Favor
91 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles Ausente
92 Jiménez Ramos, María Esther Favor
93 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Ausente
94 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
95 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
96 Landeros González, Ramón Ausente
97 Lara Compeán, David Favor
98 Larios Córdova, Héctor Favor
99 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
100 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
101 Leura González, Agustín Favor
102 Lezama Aradillas, René Favor
103 Limas Frescas, María Soledad Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Favor
105 López Cisneros, José Martín Favor
106 López Reyna, Omeheira Favor
107 López Silva, Rubí Laura Favor
108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
109 Lujano Nicolás, Christian Martín Favor
110 Maawad Robert, Luis Xavier Favor
111 Macías Zambrano, Gustavo Ausente
112 Madrazo Limón, Carlos Ausente
113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
114 Malagón Ríos, Martín Favor
115 Malcos Amaro, María Ofelia Favor
116 Maldonado González, David Favor
117 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Ausente
118 Martínez Díaz, María de Jesús Favor
119 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
120 Medellín Varela, Antonio Favor
121 Medina Macias, Alma Hilda Favor
122 Medina Rodríguez, Delber Ausente
123 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
124 Mejía García, Luis Alonso Favor
125 Méndez Meneses, Apolonio Favor
126 Mendoza Morales, Lucía Susana Ausente
127 Minjares Jiménez, José Manuel Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín Ausente
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando Favor
132 Mora Cuevas, Marisol Ausente
133 Morales Ramos, José Nicolás Ausente
134 Morelos Borja, María Esperanza Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
138 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
139 Murillo Torres, José Luis Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén Favor
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Ausente
143 Ochoa López, Nabor Favor
144 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Favor
150 Palafox Núñez, José Inés Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
155 Perroni Merino, Gloria Favor
156 Peyrot Solís, Marco A. Ausente
157 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
158 Priego Tapia, Gerardo Favor
159 Pulido Pecero, Pedro Ausente
160 Quintero Bello, Jorge Favor
161 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
162 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
163 Ramírez Pech, Edgar Martín Ausente
164 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
165 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
166 Reyes López, Carlos Armando Favor
167 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
168 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
169 Rivero Rivero, Rolando Favor
170 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Favor
171 Rodríguez Jiménez, Ricardo Favor
172 Rodríguez Prats, Juan José Favor
173 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
174 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
175 Román Isidoro, Demetrio Favor
176 Romo Jiménez, Martha Angélica Favor
177 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Favor
178 Rueda Gómez, Francisco Favor
179 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Ausente
180 Salas Contreras, Marcos Favor
181 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
182 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro Favor
184 Sánchez Gil, Carlos René Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia Ausente
186 Sánchez Trujillo, José Víctor Favor
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
189 Shej Guzmán Sara Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
193 Torres Gómez, Artemio Favor
194 Torres Herrera, Víctor Manuel Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Ausente
197 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
199 Vázquez Martínez, Alberto Favor
200 Vega Corona, Antonio Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto Favor
203 Verdín Saldaña, Jaime Favor
204 Victoria Alva, Juan Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín Ausente
Favor: 163
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 43
Total: 207
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida Favor
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre Ausente
10 Amaro Corona, Alberto Ausente
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Ausente
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Ausente
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Favor
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Ausente
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Ausente
23 Chávez García, Higinio Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Ausente
25 Contreras Julián, Maricela Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Ausente
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
31 Dehesa Mora, Daniel Favor
32 Del Toro , Mario Enrique Ausente
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Ausente
39 Franco Melgarejo, Rafael Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Favor
43 González Garza, Javier Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Ausente
47 Hernández Hernández, Sergio Favor
48 Hernández Manzanares, Javier Favor
49 Hernández Silva, Benjamín Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Favor
51 Jacques y Medina, José Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Ausente
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Favor
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés Favor
62 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
67 Martínez Martínez, Francisco Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
69 Martínez Vargas Octavio Favor
70 Matías Alonso, Marcos Favor
71 Matus Toledo, Holly Favor
72 Mayans Canabal, Fernando Ausente
73 Mendoza Arellano, David Favor
74 Mendoza Flores, Roberto Ausente
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo Ausente
77 Monreal Ávila, Susana Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín Favor
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Favor
81 Narcía Álvarez, Héctor Favor
82 Navarro López, Carlos Ernesto Ausente
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel Favor
84 Ojeda Hernández, Concepción Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia Favor
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo Favor
87 Ortega Martínez, Antonio Favor
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián Favor
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel Favor
93 Pérez Cruz, Raciel Favor
94 Pulido Santiago, Celso David Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
96 Ramos Castellanos, Martín Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón Ausente
100 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
101 Saavedra Coronel, José Antonio Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro Ausente
106 Sánchez Camacho, David Ausente
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
111 Solares Chávez, Miguel Ángel Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
113 Soto Ramos, Faustino Favor
114 Soto Sánchez, Antonio Favor
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
116 Torres Baltazar, María Elena Favor
117 Torres García, Daniel Favor
118 Trejo Pérez, Pablo Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio Favor
120 Vallejo Estevez, Mario Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Ausente
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Ausente
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 91
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 36
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Ausente
2 Aguilar , Diego Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Favor
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Favor
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Ausente
14 Beltrán Montes, Israel Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Favor
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl Ausente
26 Chaurand Arzate, Carlos Ausente
27 Colín Guadarrama, María Mercedes Ausente
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis Favor
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
32 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
35 Escalante Jasso, Aracely Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
38 Flores Sandoval, Patricio Ausente
39 Gamboa Patrón, Emilio Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
42 Gloria Requena, Tomás Ausente
43 Gómez Lugo, Elda Favor
44 González Calderón, Martha Hilda Ausente
45 González García, Sergio Ausente
46 González Salum, Miguel Ángel Favor
47 González Zarur, Mariano Favor
48 Guerrero García, Javier Favor
49 Guerrero Juárez, Joel Favor
50 Herrera Ale, Juana Leticia Ausente
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Favor
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
55 López Balbuena, Guillermina Favor
56 Madrid Tovilla, Areli Ausente
57 Martínez Rodríguez, Lorena Favor
58 Martínez Rocha, Arturo Favor
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Favor
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Ausente
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro Ausente
64 Morales García, Elizabeth Ausente
65 Mota Hernández, Adolfo Ausente
66 Muñoz Serna, Rogelio Favor
67 Murat , José Favor
68 Ochoa González, Arnoldo Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
70 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo Favor
72 Ordaz Jiménez, Ismael Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado Favor
75 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Favor
79 Palma César, Víctor Samuel Favor
80 Parás González, Juan Manuel Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
83 Pérez Valdés, Daniel Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
88 Reyna García, José Jesús Ausente
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife Favor
94 Salas López, Ramón Ausente
95 Sánchez Hernández, Eduardo Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique Favor
98 Sosa Castelán, Gerardo Favor
99 Toledo Luis, Jorge Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos Ausente
104 Villa Villa, Isael Ausente
105 Villanueva Abraján, Patricia Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto Favor
Favor: 61
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 45
Total: 106
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Ausente
2 Chozas y Chozas, Olga Patricia Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Ausente
6 García Noriega, María Guadalupe Josefina Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio Ausente
8 Lavara Mejía, Gloria Favor
9 López Adame, Antonio Xavier Favor
10 López Ramírez, Sergio Augusto Favor
11 Notholt Guerrero, Alan Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel Ausente
13 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Favor
16 Sesma Suárez, Jesús Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica Ausente
Favor: 12
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 17
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Favor
4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Favor
5 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
6 Del Río Virgen, José Manuel Favor
7 Esteva Salinas, Alberto Ausente
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 López Lena Cruz, Humberto Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio Favor
12 Sansores San Román, Layda Elena Favor
13 Tagle Martínez, Martha Angélica Favor
14 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
15 Valdés Chávez, Ramón Favor
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Favor
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Favor
8 Peregrino García, Abundio Favor
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto Favor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Favor
3 Castillo Nájera, Ariel Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Ausente
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel Favor
7 Luna Becerril, Blanca Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Favor
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Favor
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Favor
3 García Méndez, Armando Favor
4 Hernández Valadés, Delio Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 5
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández, Félix Ausente
Favor: 0
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 1

Del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación (en lo general y en lo particular)

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Aguilar López, José Alejandro Ausente
3 Alcalde Virgen, Moisés Ausente
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo Favor
8 Arellano Arellano, Joel Ausente
9 Arenas Guzmán, Margarita Ausente
10 Arizméndi Uribe, Efraín Ausente
11 Armendáriz García, Pedro Favor
12 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio Ausente
15 Barradas Miravete, Gregorio Favor
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
17 Bello Pérez, Alfonso Othón Ausente
18 Berber Martínez, Antonio Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
21 Borboa Becerra, Omar Antonio Favor
22 Borrego Estrada, Felipe Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
25 Campos Galván, María Eugenia Ausente
26 Carbajal Méndez, Liliana Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Favor
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Favor
30 Castaño Contreras, Cristián Ausente
31 Castro de la Rosa, Osiel Ausente
32 Castro Muñoz, Juan de Dios Favor
33 Castro Romero, María Sofia Favor
34 Ceja Romero, Ramón Favor
35 Chávez García, Daniel Favor
36 Collado Lara, Beatriz Favor
37 Contreras Coeto, José Luis Favor
38 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
39 Cuen Garibi, Marcela Favor
40 Curiel Preciado, Leobardo Favor
41 Dávila Fernández, Adriana Favor
42 Dávila García, Francisco Ausente
43 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
44 De León Tello, Jesús Favor
45 Degante Romero, Silvia Emilia Ausente
46 Del Toro del Villar, Tomás Favor
47 Del Valle Toca, Antonio Favor
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Favor
49 Deschamps Falcón, Ángel Rafael Ausente
50 Díaz de León Torres, Leticia Favor
51 Díaz García, José Antonio Favor
52 Díaz Garibay, Felipe Favor
53 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Favor
54 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
55 Domínguez Servién, Francisco Favor
56 Duck Núñez, Edgar Mauricio Ausente
57 Enríquez Flores, Armando Favor
58 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Favor
60 Espinosa Piña, José Luis Favor
61 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
62 Felton González, Carlos Eduardo Ausente
63 Fernández Cabrera, Adrián Favor
64 Fernández Ugarte, Carmen Favor
65 Figueroa Ortega, David Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Favor
67 Flores Grande, Arturo Ausente
68 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio Favor
70 Franco Cazarez, Ricardo Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
72 García González, Carlos Alberto Favor
73 García Müller, Martha Margarita Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
76 García Vivián, Raúl Favor
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Ausente
78 Gómez Leyva, Silvio Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
80 González Martínez, María Gabriela Ausente
81 González Morán, Martín Oscar Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
83 González Ruiz, Felipe Favor
84 González Sánchez, María Dolores Favor
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
86 Guerrero Torres, José Gildardo Ausente
87 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
88 Hernández Núñez, Elia Favor
89 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Favor
90 Iragorri Durán, Enrique Favor
91 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles Ausente
92 Jiménez Ramos, María Esther Favor
93 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Ausente
94 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
95 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
96 Landeros González, Ramón Ausente
97 Lara Compeán, David Favor
98 Larios Córdova, Héctor Favor
99 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
100 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
101 Leura González, Agustín Favor
102 Lezama Aradillas, René Favor
103 Limas Frescas, María Soledad Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Favor
105 López Cisneros, José Martín Favor
106 López Reyna, Omeheira Favor
107 López Silva, Rubí Laura Favor
108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
109 Lujano Nicolás, Christian Martín Ausente
110 Maawad Robert, Luis Xavier Ausente
111 Macías Zambrano, Gustavo Ausente
112 Madrazo Limón, Carlos Ausente
113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
114 Malagón Ríos, Martín Favor
115 Malcos Amaro, María Ofelia Favor
116 Maldonado González, David Favor
117 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Ausente
118 Martínez Díaz, María de Jesús Ausente
119 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
120 Medellín Varela, Antonio Favor
121 Medina Macias, Alma Hilda Favor
122 Medina Rodríguez, Delber Ausente
123 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
124 Mejía García, Luis Alonso Favor
125 Méndez Meneses, Apolonio Favor
126 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
127 Minjares Jiménez, José Manuel Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín Ausente
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando Favor
132 Mora Cuevas, Marisol Ausente
133 Morales Ramos, José Nicolás Ausente
134 Morelos Borja, María Esperanza Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
138 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
139 Murillo Torres, José Luis Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto Ausente
141 Nordhausen González, Jorge Rubén Favor
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Ausente
143 Ochoa López, Nabor Favor
144 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Favor
150 Palafox Núñez, José Inés Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
155 Perroni Merino, Gloria Favor
156 Peyrot Solís, Marco A. Favor
157 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
158 Priego Tapia, Gerardo Favor
159 Pulido Pecero, Pedro Ausente
160 Quintero Bello, Jorge Favor
161 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
162 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
163 Ramírez Pech, Edgar Martín Ausente
164 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
165 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
166 Reyes López, Carlos Armando Favor
167 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
168 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
169 Rivero Rivero, Rolando Favor
170 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Favor
171 Rodríguez Jiménez, Ricardo Favor
172 Rodríguez Prats, Juan José Favor
173 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
174 Rojas Hernández, Laura Angélica Ausente
175 Román Isidoro, Demetrio Favor
176 Romo Jiménez, Martha Angélica Favor
177 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Favor
178 Rueda Gómez, Francisco Favor
179 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
180 Salas Contreras, Marcos Favor
181 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
182 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia Ausente
186 Sánchez Trujillo, José Víctor Favor
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
189 Shej Guzmán Sara Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
193 Torres Gómez, Artemio Favor
194 Torres Herrera, Víctor Manuel Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Ausente
197 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
199 Vázquez Martínez, Alberto Ausente
200 Vega Corona, Antonio Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto Favor
203 Verdín Saldaña, Jaime Favor
204 Victoria Alva, Juan Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 157
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 50
Total: 207
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida Favor
3 Almazán González, José Antonio Favor
4 Almonte Borja, Ramón Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre Ausente
10 Amaro Corona, Alberto Ausente
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Ausente
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Ausente
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Favor
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Ausente
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Ausente
23 Chávez García, Higinio Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Ausente
25 Contreras Julián, Maricela Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Ausente
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
31 Dehesa Mora, Daniel Favor
32 Del Toro , Mario Enrique Ausente
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Ausente
39 Franco Melgarejo, Rafael Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Favor
43 González Garza, Javier Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Ausente
47 Hernández Hernández, Sergio Favor
48 Hernández Manzanares, Javier Favor
49 Hernández Silva, Benjamín Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Favor
51 Jacques y Medina, José Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Ausente
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Favor
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés Favor
62 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
67 Martínez Martínez, Francisco Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Favor
69 Martínez Vargas Octavio Favor
70 Matías Alonso, Marcos Favor
71 Matus Toledo, Holly Favor
72 Mayans Canabal, Fernando Ausente
73 Mendoza Arellano, David Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto Ausente
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo Ausente
77 Monreal Ávila, Susana Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Favor
81 Narcía Álvarez, Héctor Favor
82 Navarro López, Carlos Ernesto Ausente
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel Favor
84 Ojeda Hernández, Concepción Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia Favor
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo Favor
87 Ortega Martínez, Antonio Favor
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián Favor
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel Favor
93 Pérez Cruz, Raciel Favor
94 Pulido Santiago, Celso David Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
96 Ramos Castellanos, Martín Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria Favor
98 Ríos Gamboa, Raúl Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón Ausente
100 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
101 Saavedra Coronel, José Antonio Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro Ausente
106 Sánchez Camacho, David Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
111 Solares Chávez, Miguel Ángel Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva Favor
113 Soto Ramos, Faustino Favor
114 Soto Sánchez, Antonio Favor
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
116 Torres Baltazar, María Elena Favor
117 Torres García, Daniel Favor
118 Trejo Pérez, Pablo Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio Favor
120 Vallejo Estevez, Mario Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 94
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 33
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Ausente
2 Aguilar , Diego Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Favor
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Favor
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Ausente
14 Beltrán Montes, Israel Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Favor
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos Ausente
27 Colín Guadarrama, María Mercedes Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis Favor
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
32 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
35 Escalante Jasso, Aracely Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
38 Flores Sandoval, Patricio Ausente
39 Gamboa Patrón, Emilio Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
42 Gloria Requena, Tomás Ausente
43 Gómez Lugo, Elda Favor
44 González Calderón, Martha Hilda Ausente
45 González García, Sergio Ausente
46 González Salum, Miguel Ángel Favor
47 González Zarur, Mariano Favor
48 Guerrero García, Javier Favor
49 Guerrero Juárez, Joel Favor
50 Herrera Ale, Juana Leticia Ausente
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Favor
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Favor
55 López Balbuena, Guillermina Favor
56 Madrid Tovilla, Areli Ausente
57 Martínez Rodríguez, Lorena Favor
58 Martínez Rocha, Arturo Favor
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Ausente
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Ausente
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro Ausente
64 Morales García, Elizabeth Ausente
65 Mota Hernández, Adolfo Ausente
66 Muñoz Serna, Rogelio Ausente
67 Murat , José Favor
68 Ochoa González, Arnoldo Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
70 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo Favor
72 Ordaz Jiménez, Ismael Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado Favor
75 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Favor
79 Palma César, Víctor Samuel Favor
80 Parás González, Juan Manuel Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
83 Pérez Valdés, Daniel Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
88 Reyna García, José Jesús Ausente
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife Favor
94 Salas López, Ramón Ausente
95 Sánchez Hernández, Eduardo Favor
96 Sandoval Paredes, Sergio Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique Favor
98 Sosa Castelán, Gerardo Favor
99 Toledo Luis, Jorge Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia Ausente
103 Velasco Pérez, Juan Carlos Ausente
104 Villa Villa, Isael Ausente
105 Villanueva Abraján, Patricia Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto Favor
Favor: 62
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 44
Total: 106
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Favor
2 Chozas y Chozas, Olga Patricia Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Ausente
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Ausente
6 García Noriega, María Guadalupe Josefina Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio Ausente
8 Lavara Mejía, Gloria Favor
9 López Adame, Antonio Xavier Favor
10 López Ramírez, Sergio Augusto Favor
11 Notholt Guerrero, Alan Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Favor
16 Sesma Suárez, Jesús Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica Ausente
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 17
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Favor
4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Favor
5 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
6 Del Río Virgen, José Manuel Favor
7 Esteva Salinas, Alberto Ausente
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 López Lena Cruz, Humberto Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio Favor
12 Sansores San Román, Layda Elena Favor
13 Tagle Martínez, Martha Angélica Favor
14 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
15 Valdés Chávez, Ramón Favor
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Favor
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Favor
8 Peregrino García, Abundio Favor
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto Favor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Favor
3 Castillo Nájera, Ariel Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel Favor
7 Luna Becerril, Blanca Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Favor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Favor
3 García Méndez, Armando Favor
4 Hernández Valadés, Delio Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 5
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández, Félix Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1

Del dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (en lo general y en lo particular).

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Favor
2 Aguilar López, José Alejandro Ausente
3 Alcalde Virgen, Moisés Ausente
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo Favor
8 Arellano Arellano, Joel Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita Ausente
10 Arizméndi Uribe, Efraín Ausente
11 Armendáriz García, Pedro Favor
12 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio Ausente
15 Barradas Miravete, Gregorio Favor
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
17 Bello Pérez, Alfonso Othón Ausente
18 Berber Martínez, Antonio Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
21 Borboa Becerra, Omar Antonio Favor
22 Borrego Estrada, Felipe Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
25 Campos Galván, María Eugenia Ausente
26 Carbajal Méndez, Liliana Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Favor
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Favor
30 Castaño Contreras, Cristián Ausente
31 Castro de la Rosa, Osiel Favor
32 Castro Muñoz, Juan de Dios Favor
33 Castro Romero, María Sofia Favor
34 Ceja Romero, Ramón Favor
35 Chávez García, Daniel Favor
36 Collado Lara, Beatriz Favor
37 Contreras Coeto, José Luis Favor
38 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
39 Cuen Garibi, Marcela Favor
40 Curiel Preciado, Leobardo Favor
41 Dávila Fernández, Adriana Ausente
42 Dávila García, Francisco Favor
43 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
44 De León Tello, Jesús Favor
45 Degante Romero, Silvia Emilia Favor
46 Del Toro del Villar, Tomás Favor
47 Del Valle Toca, Antonio Favor
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Favor
49 Deschamps Falcón, Ángel Rafael Ausente
50 Díaz de León Torres, Leticia Favor
51 Díaz García, José Antonio Favor
52 Díaz Garibay, Felipe Favor
53 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Favor
54 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
55 Domínguez Servién, Francisco Favor
56 Duck Núñez, Edgar Mauricio Ausente
57 Enríquez Flores, Armando Favor
58 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Favor
60 Espinosa Piña, José Luis Favor
61 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
62 Felton González, Carlos Eduardo Ausente
63 Fernández Cabrera, Adrián Favor
64 Fernández Ugarte, Carmen Favor
65 Figueroa Ortega, David Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Favor
67 Flores Grande, Arturo Ausente
68 Flores Morfín, Jesús Vicente Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio Favor
70 Franco Cazarez, Ricardo Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
72 García González, Carlos Alberto Favor
73 García Müller, Martha Margarita Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia Ausente
76 García Vivián, Raúl Favor
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Ausente
78 Gómez Leyva, Silvio Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
80 González Martínez, María Gabriela Ausente
81 González Morán, Martín Oscar Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto Favor
83 González Ruiz, Felipe Favor
84 González Sánchez, María Dolores Favor
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
86 Guerrero Torres, José Gildardo Ausente
87 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
88 Hernández Núñez, Elia Favor
89 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Ausente
90 Iragorri Durán, Enrique Favor
91 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles Ausente
92 Jiménez Ramos, María Esther Favor
93 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Ausente
94 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Favor
95 Landero Gutiérrez, Alejandro Ausente
96 Landeros González, Ramón Ausente
97 Lara Compeán, David Favor
98 Larios Córdova, Héctor Favor
99 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
100 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Favor
101 Leura González, Agustín Favor
102 Lezama Aradillas, René Favor
103 Limas Frescas, María Soledad Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Favor
105 López Cisneros, José Martín Favor
106 López Reyna, Omeheira Favor
107 López Silva, Rubí Laura Favor
108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
109 Lujano Nicolás, Christian Martín Favor
110 Maawad Robert, Luis Xavier Favor
111 Macías Zambrano, Gustavo Ausente
112 Madrazo Limón, Carlos Ausente
113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Favor
114 Malagón Ríos, Martín Favor
115 Malcos Amaro, María Ofelia Ausente
116 Maldonado González, David Favor
117 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Ausente
118 Martínez Díaz, María de Jesús Ausente
119 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
120 Medellín Varela, Antonio Favor
121 Medina Macias, Alma Hilda Favor
122 Medina Rodríguez, Delber Ausente
123 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
124 Mejía García, Luis Alonso Favor
125 Méndez Meneses, Apolonio Favor
126 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
127 Minjares Jiménez, José Manuel Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín Ausente
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando Favor
132 Mora Cuevas, Marisol Ausente
133 Morales Ramos, José Nicolás Ausente
134 Morelos Borja, María Esperanza Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
138 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
139 Murillo Torres, José Luis Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén Favor
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Ausente
143 Ochoa López, Nabor Favor
144 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Favor
150 Palafox Núñez, José Inés Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
155 Perroni Merino, Gloria Favor
156 Peyrot Solís, Marco A. Favor
157 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
158 Priego Tapia, Gerardo Favor
159 Pulido Pecero, Pedro Ausente
160 Quintero Bello, Jorge Favor
161 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Favor
162 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
163 Ramírez Pech, Edgar Martín Ausente
164 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
165 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
166 Reyes López, Carlos Armando Favor
167 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
168 Rivera Rivera, José Guadalupe Ausente
169 Rivero Rivero, Rolando Favor
170 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Ausente
171 Rodríguez Jiménez, Ricardo Favor
172 Rodríguez Prats, Juan José Favor
173 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
174 Rojas Hernández, Laura Angélica Ausente
175 Román Isidoro, Demetrio Favor
176 Romo Jiménez, Martha Angélica Favor
177 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Favor
178 Rueda Gómez, Francisco Favor
179 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
180 Salas Contreras, Marcos Favor
181 Salazar Madera, Mario Alberto Ausente
182 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro Favor
184 Sánchez Gil, Carlos René Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia Ausente
186 Sánchez Trujillo, José Víctor Favor
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
189 Shej Guzmán Sara Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
193 Torres Gómez, Artemio Favor
194 Torres Herrera, Víctor Manuel Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
197 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
199 Vázquez Martínez, Alberto Ausente
200 Vega Corona, Antonio Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto Favor
203 Verdín Saldaña, Jaime Favor
204 Victoria Alva, Juan Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 159
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 48
Total: 207
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida Favor
3 Almazán González, José Antonio Favor
4 Almonte Borja, Ramón Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre Ausente
10 Amaro Corona, Alberto Ausente
11 Aragón Castillo, Irene Ausente
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Ausente
13 Arreola Calderón, Juan Dario Favor
14 Barreiro Pérez, Armando Ausente
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Favor
18 Brito González, Modesto Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Ausente
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Ausente
23 Chávez García, Higinio Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Ausente
25 Contreras Julián, Maricela Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Favor
27 Cuevas Córdova, Othón Ausente
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
31 Dehesa Mora, Daniel Favor
32 Del Toro , Mario Enrique Ausente
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Ausente
39 Franco Melgarejo, Rafael Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Favor
43 González Garza, Javier Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Ausente
47 Hernández Hernández, Sergio Ausente
48 Hernández Manzanares, Javier Favor
49 Hernández Silva, Benjamín Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Favor
51 Jacques y Medina, José Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Ausente
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Favor
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Ausente
60 López Torres, María Soledad Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés Favor
62 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
67 Martínez Martínez, Francisco Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Ausente
69 Martínez Vargas Octavio Favor
70 Matías Alonso, Marcos Favor
71 Matus Toledo, Holly Favor
72 Mayans Canabal, Fernando Ausente
73 Mendoza Arellano, David Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto Ausente
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo Ausente
77 Monreal Ávila, Susana Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor Favor
82 Navarro López, Carlos Ernesto Ausente
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia Favor
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo Favor
87 Ortega Martínez, Antonio Favor
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián Favor
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel Favor
93 Pérez Cruz, Raciel Favor
94 Pulido Santiago, Celso David Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido Favor
96 Ramos Castellanos, Martín Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria Favor
98 Ríos Gamboa, Raúl Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón Ausente
100 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
101 Saavedra Coronel, José Antonio Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos Ausente
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro Ausente
106 Sánchez Camacho, David Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
111 Solares Chávez, Miguel Ángel Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva Favor
113 Soto Ramos, Faustino Favor
114 Soto Sánchez, Antonio Favor
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Abstención
116 Torres Baltazar, María Elena Favor
117 Torres García, Daniel Favor
118 Trejo Pérez, Pablo Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio Favor
120 Vallejo Estevez, Mario Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Ausente
124 Villicaña García, Rafael Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 85
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 41
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Ausente
2 Aguilar , Diego Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Favor
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Favor
12 Barajas del Toro, Salvador Favor
13 Barba Hernández, Alfredo Ausente
14 Beltrán Montes, Israel Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Favor
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl Ausente
26 Chaurand Arzate, Carlos Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis Favor
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Ausente
32 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén Favor
35 Escalante Jasso, Aracely Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
38 Flores Sandoval, Patricio Ausente
39 Gamboa Patrón, Emilio Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio Ausente
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
42 Gloria Requena, Tomás Ausente
43 Gómez Lugo, Elda Favor
44 González Calderón, Martha Hilda Ausente
45 González García, Sergio Ausente
46 González Salum, Miguel Ángel Favor
47 González Zarur, Mariano Ausente
48 Guerrero García, Javier Favor
49 Guerrero Juárez, Joel Favor
50 Herrera Ale, Juana Leticia Ausente
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Ausente
53 Lagunes Gallina, Gerardo Favor
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Ausente
55 López Balbuena, Guillermina Favor
56 Madrid Tovilla, Areli Ausente
57 Martínez Rodríguez, Lorena Favor
58 Martínez Rocha, Arturo Favor
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Favor
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro Favor
64 Morales García, Elizabeth Ausente
65 Mota Hernández, Adolfo Ausente
66 Muñoz Serna, Rogelio Ausente
67 Murat , José Abstención
68 Ochoa González, Arnoldo Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
70 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo Favor
72 Ordaz Jiménez, Ismael Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado Favor
75 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio Ausente
77 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Favor
79 Palma César, Víctor Samuel Ausente
80 Parás González, Juan Manuel Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
83 Pérez Valdés, Daniel Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo Ausente
87 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
88 Reyna García, José Jesús Ausente
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife Favor
94 Salas López, Ramón Ausente
95 Sánchez Hernández, Eduardo Favor
96 Sandoval Paredes, Sergio Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique Favor
98 Sosa Castelán, Gerardo Favor
99 Toledo Luis, Jorge Ausente
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos Ausente
104 Villa Villa, Isael Ausente
105 Villanueva Abraján, Patricia Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto Favor
Favor: 59
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 46
Total: 106
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Favor
2 Chozas y Chozas, Olga Patricia Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Ausente
6 García Noriega, María Guadalupe Josefina Ausente
7 González Martínez, Jorge Emilio Ausente
8 Lavara Mejía, Gloria Favor
9 López Adame, Antonio Xavier Favor
10 López Ramírez, Sergio Augusto Favor
11 Notholt Guerrero, Alan Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Favor
16 Sesma Suárez, Jesús Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica Ausente
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 17
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías Favor
4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Favor
5 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
6 Del Río Virgen, José Manuel Favor
7 Esteva Salinas, Alberto Ausente
8 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
9 López Lena Cruz, Humberto Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio Favor
12 Sansores San Román, Layda Elena Favor
13 Tagle Martínez, Martha Angélica Favor
14 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
15 Valdés Chávez, Ramón Favor
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis Abstención
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Favor
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Favor
8 Peregrino García, Abundio Favor
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto Ausente
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Favor
3 Castillo Nájera, Ariel Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel Ausente
7 Luna Becerril, Blanca Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Favor
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Favor
3 García Méndez, Armando Favor
4 Hernández Valadés, Delio Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Ausente
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 5
DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández, Félix Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1