SUMARIO
Comunicación de la Mesa Directiva, en relación a dictámenes negativos con los que se desechan proposiciones de puntos de acuerdo de las siguientes comisiones.
Derechos Humanos, por el que se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo para solicitar que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comparezca ante el Pleno, a fin de que informe de las violaciones de los derechos cometidos en el estado de Oaxaca, en virtud de las comparecencias del titular, los días 24 de enero y 15 de marzo del año en curso.
Hacienda y Crédito Público, por el que se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía a realizar un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios por concepto de energía eléctrica, presentada por el diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, toda vez que forma parte de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.
Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de sus organismos sectorizados, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en concurrencia y de manera respetuosa, en el ámbito de sus atribuciones con el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, atiendan y den respuesta inmediata a las justas demandas de la población asentada en las márgenes del río Blanco para revertir su contaminación y deterioro, presentada por el diputado Celso David Pulido Santiago, el 17 de julio de 2007.
Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
Comunicación del diputado Adolfo Escobar Jardinez, por el que informa la reincorporación a sus labores legislativas, a partir del 26 de noviembre de 2007. De enterado, comuníquese.
Oficio de la Comisión Especial plural encargada de vigilar el uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales en el proceso electoral de 2007, en el estado de Michoacán, con el que remite su informe final. De enterado.
Cuatro oficios de la Junta de Coordinación Política, con los que comunica de cambios en las Comisiones de Desarrollo Rural; de Gobernación; del Distrito Federal; de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministros de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, Sociedad Anónima de Capital Variable, y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma. De enterado.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se adicionan los lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Economía, mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que informe a esta soberanía sobre los posibles trámites en materia de patentes iniciados por extranjeros que comprendan el maguey y el nopal, así como de las medidas que, en su caso, adoptaría el gobierno mexicano.
Interviene sobre el tema el diputado Alejandro Sánchez Camacho.
En votación económica la asamblea lo aprueba. Comuníquese.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integran los grupos de amistad de la Cámara de Diputados, LX Legislatura. Se aprueba. Comuníquese.
Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que remite iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que remite acuerdo relativo al Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su impacto sobre el suelo de conservación del Distrito Federal. Se remite a la Comisión del Distrito Federal para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de octubre de 2007, únicamente dio destino a mercancía perecedera, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 157 de la Ley Aduanera. Se remite a la Comisión de Economía para su conocimiento.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite comunicación del senador Carlos Sotelo García, presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, por la que informa de la elección de la Mesa Directiva que conducirá los trabajos del Canal del Congreso del 15 de noviembre de 2007 al 15 de noviembre de 2008. De enterado.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve la minuta con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, para los efectos del inciso d), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve la minuta con proyecto de decreto, que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para los efectos del inciso d), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve la minuta con proyecto de decreto, que adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, para los efectos del inciso d), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Para fijar el posicionamiento sobre el tema intervienen las diputadas:
Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez.
Mónica Arriola.
Continúan sobre el tema las diputadas:
María Mercedez Maciel Ortíz.
María del Carmen Salvatori Bronca.
Verónica Velasco Rodríguez.
Aracely Escalante Jasso.
Irene Aragón Castillo.
Alma Hilda Medina Macías.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia
Se recibe del diputado Ector Jaime Ramírez Barba, a nombre propio y de diversos diputados, iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 18 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.
El diputado Manuel Portilla Diéguez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Se recibe de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Se turna a la Comisión de Equidad y Género.
El diputado Édgar Mauricio Duck Núñez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La diputada María Mercedes Colín Guadarrama presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Carlos Alberto Torres Torres presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.
El diputado Francisco Rueda Gómez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y 69 del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Presidencia realiza comentarios sobre llamadas a celulares de diputados.
Primera lectura a dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Primera lectura a dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma la fracción LIX del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales.
De la próxima sesión.
ASISTENCIA
Presidencia de la diputada
Ruth Zavaleta Salgado
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 293 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (11:35 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
Martes 27 de noviembre de 2007.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la Mesa Directiva.
Del diputado Adolfo Escobar Jardinez .
De la Comisión Especial plural encargada de vigilar el uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales en el proceso electoral de 2007 en Michoacán.
De la Junta de Coordinación Política.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política:
Por el que se adicionan los lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. (Votación)
Por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, informe a esta soberanía sobre los posibles trámites en materia de patentes iniciados por extranjeros que involucren al maguey y el nopal, las medidas que en su caso adoptaría el gobierno mexicano. (Votación)
Por el que se integran los grupos de amistad de la Cámara de Diputados LX Legislatura. (Votación)
Oficios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Con el que remite iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. (Turno a Comisión)
Con el que remite acuerdo relativo al Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su impacto sobre el suelo de conservación del Distrito Federal.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en octubre de 2007 y que únicamente dio destino, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley Aduanera, a mercancía perecedera.
Oficios de la Cámara de Senadores
Del senador Carlos Sotelo García, presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Con el que devuelve la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.
Con el que devuelve la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.
Con el que devuelve la minuta proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.
Posicionamiento con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, a cargo de los grupos parlamentarios
Iniciativas
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona los artículos 16 y 20 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Eugenia Campos Galván , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y 69 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, de la Ley de Disciplina para el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
De Ley Federal de Pirotecnia, a cargo del diputado Santiago López Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 1o., 15, 25, 29, 32 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por los diputados Carlos Alberto Torres Torres y Carlos Alberto Navarro Sugich , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Turismo, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que adiciona el Título Segundo Bis del Libro Quinto del Código de Comercio, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 34 y 38 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley Federal de Protección al Maguey, a cargo del diputado Tomás Gloria Requena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Mercedes Colín Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 59 y 70 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Faustino Javier Estrada González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por los diputados Esmeralda Cárdenas Sánchez y Édgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 329 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Tomás Gloria Requena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por los diputados Esmeralda Cárdenas Sánchez , Francisco Rueda Gómez y Édgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar Nacional, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 71 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Ríos Camarena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 63 y deroga la fracción IV del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que adiciona la fracción VII Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que adiciona el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por las diputadas Marcela Cuen Garibi y Omeheira López Reyna , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 18 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rogelio Carbajal Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo del diputado Joel Arellano Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por los diputados Martín Malagón Ríos y Jaime Verdín Saldaña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma la fracción LIX del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alheyda Danaí Franco Rojo, Leticia Contreras Valadez, Juan José Briceño Barrera, José Alfredo González Hernández y Carlos Martín Pérez Cruz para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México; en su Consulado en Guadalajara, Jalisco; en su Agencia Consular en San Luis Potosí, San Luis Potosí; y en su Departamento de Agricultura en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Carlos José Mauricio Prieto y Jacque, Sergio Olhovich Greene y César Adrián Arriaga Machuca para aceptar y usar las medallas Aleksandr Pushkin y las condecoraciones ``Libertador General Bernardo O'Higgins Escuela Naval'' y ``Armada de Argentina'', que les otorgan el gobierno de la Federación de Rusia, el comandante en jefe de la Armada de la República de Chile y la Jefatura del Estado Mayor General de la Armada de la República Argentina, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María de Lourdes Dieck Assad, Luis Arturo Puente Ortega y Elpidio Canales Rosas para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos del Reino de Bélgica, de Líbano y de la República Oriental de Uruguay, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Ignacio Gutiérrez Pita, Ricardo Villanueva Hallal, César Adrián Arriaga Machuca y Rosendo Jesús Escalante Ilizaliturri para aceptar y usar las condecoraciones ``Orden José Cecilio del Valle'' y ``Orden al Mérito de Chile'', y las Medallas Naval de Honor al Mérito y de ``Fraternidad Combativa'', que les confieren los gobiernos de las Repúblicas de Honduras y de Chile, la Comandancia de la Marina del gobierno de Perú y el Consejo de Estado de la República de Cuba, respectivamente.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales administre la parte que le corresponde al gobierno del estado de Puebla del parque nacional La Malinche.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo relativos al cambio climático.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat verifique los permisos otorgados para la construcción de desarrollos turísticos en Loreto, Baja California Sur.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía realice ceremonias solemnes del Congreso de la Unión para conmemorar el 15 de septiembre y el 20 de noviembre a partir del mes de noviembre del año en curso hasta el año 2010, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de apoyo de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo al cambio de uso de suelo de terrenos forestales en La Paz, Baja California Sur, a cargo del diputado Manuel Salgado Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SFP y al INAH provean lo necesario para que se ordene la apertura de la Catedral Metropolitana, a cargo de la diputada Layda Elena Sansores San Román , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al director del IMPI, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP investigue a las empresas relacionadas con el fraccionamiento de Juriquilla, en el municipio de Querétaro; y a la Semarnat y a la Profepa, investiguen dicho fraccionamiento, ante los posibles daños ecológicos, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat, así como a la Profepa, para que investiguen a las empresas Kimberly-Clark de México y Kaltex ante los posibles daños ecológicos en el río San Juan, en San Juan del Río, Querétaro, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat establezca sistemas de depósito-reembolso para envases de polientereftalato, a fin de disminuir la generación de este tipo de materiales, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no poner en riesgo la seguridad sanitaria del país, y mantener vigente el llamado ``requisito de planta'' o ``de establecimiento sanitario'', a cargo del diputado Roberto Badillo Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Presidenta de la Mesa Directiva de esta soberanía formule nuevamente un exhorto al Ejecutivo federal para que el titular de la PGR investigue respecto del homicidio del reportero Amado Ramírez Dillanes, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob para que a través de los sistemas de protección civil habilite refugios temporales en las zonas de mayor riesgo debido a las bajas temperaturas, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat establezca políticas públicas coordinadas entre federación y entidades en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal informe a través de la Semarnat el grado de avance que presentan los estudios para decretar como área natural protegida la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se hace un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a la CFE y a la Conagua por su pronta respuesta y apoyo a los habitantes de Tabasco y Chiapas ante las recientes inundaciones que afectan a estos estados, a cargo del diputado Juan José Rodríguez Prats , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a la Sener, al Cenapred y al municipio de Tlalnepantla cancelen la apertura de la gasolinera de San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla de Baz, por ubicarse en el polígono de seguridad de la zona, a cargo del diputado Raciel Pérez Cruz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Puebla promuevan entre los municipios de Cuautlancingo y Puebla mecanismos para solucionar el problema relacionado con sus límites y competencia territorial, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Estados Unidos de América retome la discusión sobre una reforma migratoria integral, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Sener y al gobierno de Coahuila realicen un estudio sobre la situación que podría generar en el ambiente el proyecto industrial Tajo Zacatoza, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz destine recursos para la mejora de las carreteras estatales que conducen a la zona arqueológica de El Tajín, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y al titular de la STPS otorguen un aumento de emergencia a los salarios mínimos generales, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal defina la política migratoria por la que habrá de conducirse el gobierno mexicano, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que esta soberanía emita un extrañamiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Chiapas respecto a la conducta de los magistrados de la Sala B al resolver un juicio de nulidad, a cargo del diputado Abundio Peregrino García , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP, a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía replanteen la fórmula del precio del gas natural en México, a cargo del diputado Gustavo Caballero Camargo, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gremio transportista nacional a ajustarse a la NOM-012-SCT-2-2003, relativa al peso y dimensiones máximas con que pueden circular los vehículos de autotransporte en la jurisdicción federal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal declare el 23 de septiembre como Día Nacional en contra de la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, con relación al confinamiento de desechos tóxicos en Zimapán, Hidalgo, a cargo del diputado Jaime Cervantes Rivera , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal decrete como zona estratégica económica sustentable la región Cuenca de Burgos, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT publique el Reglamento de Paquetería y Mensajería que refiere el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que esta soberanía se pronuncie contra la impunidad y la violencia en México, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat aplique la normatividad ambiental en diversas instalaciones petroleras y a Pemex a invertir mayores recursos en sus sistemas de operación, seguridad y vigilancia, a cargo del diputado Pedro Landero López , suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP para que a través del SAT realice una revisión a la regla 2.3.5. de las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal implante acciones públicas respecto a las obras e irregularidades de los aeropuertos concesionados del país, e investigar a los funcionarios y posibles prestanombres involucrados, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SRE informe al Congreso de la Unión sobre el contenido y el avance de los compromisos asumidos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de la SHCP, SCT y de Capufe para que destinen un porcentaje de peaje de las autopistas de cuota a los estados y municipios donde se ubican, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno del Distrito Federal para que través de su Secretaría de Medio Ambiente realice las acciones necesarias para declarar y administrar como área verde el bosque de Nativitas, en Xochimilco, a cargo del diputado Miguel Ángel Solares Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes a efecto de que tomen las medidas necesarias para garantizar la potabilidad del agua que se distribuye para consumo humano y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo resuelva el expediente de juicio político contra el gobernador de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a las desapariciones forzadas, a cargo del diputado Javier Hernández Manzanares , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI emita las estadísticas necesarias que permitan conocer de manera oficial el número y las características socioeconómicas de la población afrodescendiente, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Puebla verifiquen la integración del padrón de damnificados por el huracán Dean en esa entidad, para la entrega correcta de la ayuda, a cargo del diputado Antonio Vasconcelos Rueda , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Justicia, y de Gobernación para que, al cumplirse un año de la demanda de juicio político contra el gobierno del estado de Oaxaca, agilicen sus trabajos y elaboren el dictamen correspondiente, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la necesidad de abatir el rezago educativo y el analfabetismo en México, en ocasión de los actos conmemorativos de la Independencia y la Revolución Mexicana, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS vigile que se cumpla lo que la ley ordena y especifica en cuanto a las prohibiciones para la contratación de menores de edad, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los tres niveles de gobierno para que los órganos judiciales y administrativos dependientes de éstos omitan en cualquier trámite administrativo o judicial cuestionar a los comparecientes respecto a la religión que profesan, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP revise y promueva que el presupuesto para la ejecución del calendario de obra de construcción de espacios educativos como resultado del proceso de programación detallada, microplaneación y sustituciones se realice acorde con el calendario escolar, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat libere recursos adicionales para reforzar los programas para la protección y conservación de la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, a cargo del diputado Mario Vallejo Estévez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los DIF estatales utilicen leche fluida en los programas alimenticios, suscrita por los diputados Armando Jesús Félix Holguín y Gerardo Antonio Escaroz Soler , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la labor que realizan las y los defensores de los derechos humanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las universidades e institutos tecnológicos del país evalúen la creación de la carrera de ingeniero en artes gráficas y la incorporen en su oferta educativa, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat publique la norma oficial mexicana de emergencia de avistamiento de tiburón ballena y publique manuales de la observación correcta del tiburón ballena, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la cancillería otorguen un nombramiento diplomático a la ciudadana Elvira Arellano, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat realice estudios necesarios que permitan conocer científicamente el estado de conservación que presenta en vida silvestre el cocodrilo de pantano, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la SSP y a la Administración General de Aduanas informen a esta soberanía de los programas implantados para evitar el tráfico de armas desde Estados Unidos de América, a cargo del diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que informe sobre el estado que guarda el proyecto de reactivación del puerto Frontera, Tabasco, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Profeco adopten medidas para detener el incremento de precios de los productos básicos y de consumo popular, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud expida una NOM que obligue a los fabricantes de botanas y refrescos a incluir en sus productos una etiqueta con la leyenda ``el consumo en exceso de este producto puede causar obesidad y, por consiguiente, daños a la salud'', a cargo del diputado Tomás Gloria Requena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS dé solución al conflicto que mantienen los mineros que laboran en Mexicana de Cananea, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a Pemex un informe sobre la factibilidad de reubicar los ductos de gas natural y gasolina que se encuentran cercanos a los centros poblacionales a lo largo del territorio nacional, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a las desapariciones forzadas en México, a cargo del diputado Salvador Ruiz Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal implemente una estrategia para otorgar apoyos y convertir en lugar turístico el sitio denominado ``Ciénega del Golfo de Santa Clara'', en San Luis Río Colorado, Sonora, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de la Reforma Agraria, de Seguridad Pública, y de la Defensa Nacional, y al gobernador de Chiapas cesen los despojos y ataques a comunidades zapatistas de Montes Azules, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que a través de las instancias correspondientes coordinen y realicen estudios sobre la situación actual de las poblaciones de conejos y liebres que se encuentran en categoría de riesgo, y remitan un informe a esta soberanía, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal realice las investigaciones necesarias para determinar el paradero del defensor de los derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, y garantizar su seguridad e integridad personal, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno de Morelos realice la obra de biorremediación del suelo que era ocupado por el tiradero en Temixco, y a la Conagua, realice un análisis de los mantos acuíferos que se encuentran a su alrededor, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla abstenerse de manipular los procesos electorales por celebrase el 11 de noviembre del año en curso en dicha entidad, a cargo del diputado Guillermo Velázquez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía declara persona no grata al embajador de Colombia en México, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados y al jefe del Gobierno del Distrito Federal instruyan a las comisiones del agua de sus entidades la utilización de tuberías de acero de fabricación nacional en las licitaciones referentes a líneas de conducción de agua, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob anteponga la Ley General de Protección Civil a las Reglas de Operación del Fonden para fundamentar sus respuestas, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal implante acciones que garanticen el acceso equitativo y oportuno de los fármacos o medicamentos relacionados con la prevención del virus del papiloma humano, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador de Querétaro cesen los actos de represión a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal instruya al titular de la Segob actualice las Reglas de Operación del Fonden, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta soberanía integre un grupo de trabajo encargado de revisar las actividades del IMPI, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y al gobernador de Sinaloa instruyan al responsable del Cesavesin de dicha entidad para que no fumiguen camiones de carga con mercancías que no deben ser fumigadas, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a las medidas que pretende imponer el Instituto Nacional de Migración contra los trabajadores migrantes que son detenidos, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal instruya a las autoridades de la SEP, realicen el trámite respectivo con objeto de reconocer los derechos laborales y otorgamiento de la pensión correspondiente al profesor Othón Salazar Ramírez, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Puebla a abstenerse de intervenir en el proceso electoral que se realiza en dicha entidad federativa, a cargo del diputado Juan Hugo de la Rosa García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la conciliación de la vida laboral y familiar en México, a cargo de la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a dar prioridad en el destino de los recursos excedentes por concepto de gasolina a los municipios más rezagados de sus estados, suscrita por los diputados César Duarte Jáquez e Ismael Ordaz Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, SCT y SE implanten políticas públicas urgentes que permitan modernizar y hacer competitiva la industria aeronáutica nacional, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF para que los órganos que forman dicha institución se abstengan de tomar fotografías e impresiones de huellas dactilares de probables responsables que estén sujetos a investigación por su presunta participación en un hecho ilícito, a cargo del diputado Jesús Arredondo Velázquez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reconoce al ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola como iniciador de la conmemoración del Día de la Bandera, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Veracruz y de Oaxaca para que, en coordinación con el federal, desarrollen mecanismos que permitan la existencia de un canal seco en el istmo de Tehuantepec, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal acepte y cumplimente la recomendación 17/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofetel solucionen el problema de cobros indebidos por servicios de números 01 900, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob informe a esta soberanía sobre la situación que guardan los braceros migrantes del estado de Aguascalientes, a cargo de la diputada Alma Hilda Medina Macías , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte integre una subcomisión para la vigilancia y seguimiento de la construcción de instalaciones que se utilizarán en los XVI Juegos Panamericanos 2011, suscrita por los diputados Omar Antonio Borboa Becerra , Gustavo Macías Zambrano y Miguel Ángel Monraz Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex y organismos subsidiarios amplíen los donativos y donaciones a estados sin infraestructura petrolera, así como mejorar los esquemas de rendición de cuentas de los mismos, a cargo del diputado Juan Victoria Alva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados y a la ALDF emitan un marco jurídico que regule el establecimiento y funcionamiento de las casas de empeño, a la SHCP para que controle y supervise éstas, y al Ejecutivo federal para que publique con la mayor brevedad la NOM-179-SCFI-2006, a cargo del diputado Ricardo Franco Cázares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal expida el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR acuerde la creación de la Agencia del Ministerio Público Federal Especializada para la Atención de Personas con Discapacidad en dicha institución, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la preservación del patrimonio arquitectónico y cultural de Mazapil, Zacatecas, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, al Banco de México, a la CNBV, a la CNSF y a la Condusef promuevan la cultura financiera, a cargo del diputado Jaime Verdín Saldaña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las dependencias gubernamentales promuevan la paridad de género en la administración pública federal, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE elabore un estudio técnico sobre la metodología con que se establecen las tarifas eléctricas, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sedesol ponga en práctica el Programa de Atención a los Adultos Mayores de Setenta Años y Más, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a detener el atropello que están sufriendo ejidatarios de San Lucas Xoloc, en Tecámac, México, a cargo del diputado Ricardo Franco Cázares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat ejecute lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob emita la declaratoria de desastre natural respecto a diversas comunidades de Chiapas por los daños ocasionados por las intensas lluvias; y, conforme a las Reglas de Operación del Fonden, se autoricen los recursos necesarios para atender las contingencias originadas, a cargo del diputado Anuario Luis Herrera Solís , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Segob para que a través de los Sistemas de Protección Civil locales implanten cursos de capacitación relativos a desastres naturales en las escuelas localizadas en las zonas más vulnerables, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob para que a través del Instituto Nacional de Migración refuerce la supervisión del programa Paisano, suscrita por los diputados Armando Jesús Félix Holguín y David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la agroindustria de la caña de azúcar y al TLCAN, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes otorgue apoyos para la construcción de carriles reductores de velocidad en la carretera internacional que accede a la población de Benjamín Hill, Sonora, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT y a la SFP informen sobre la situación jurídica, administrativa, financiera y técnica del proceso de venta de Aeroméxico, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Morelos y al municipio de Jiutepec que continúen la construcción y reparación del muro del Texcal, en dicha entidad, a cargo del diputado Demetrio Román Isidoro , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conago revise la situación del sector pesquero nacional, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT revise el estado que guarda el contrato de dicha dependencia con la Constructora Codiocsa de Xalapa, SA de CV, respecto a la conservación periódica de la carretera Atzalan-Tlapacoyan, en Veracruz, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS para que a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos implante como tabla única los montos que rigen en la zona A, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT para que a través de la Dirección General de Capufe condone el 100 por ciento del peaje en la caseta del Puente de Nautla a los habitantes de municipio de Nautla, Veracruz, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita el voto a favor de México contra el bloqueo de Estados Unidos a la República de Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar mediante la Sagarpa acciones que lleven a detener el uso de artes de pesca no selectivas en el polígono del área de refugio para la protección de la vaquita, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tlaxcala se conduzca con imparcialidad, legalidad y transparencia en las próximas elecciones locales, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SRE solicite al gobierno de Estados Unidos detener la construcción del muro fronterizo y atienda la resolución del juez federal de ese país que dicta el paro en la construcción del muro en Arizona por posibles daños ambientales, a cargo del diputado Javier Bolaños Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN ejerza su facultad de atracción respecto del amparo en revisión 132/2007, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al accidente en la plataforma Usumacinta, en la sonda de Campeche, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP para que a través del SAT y la Administración General de Aduanas verifique los inodoros importados a territorio mexicano y certifique que cumplen la NOM-009-CNA-2001; y a la Conagua para que, en coordinación con la SHCP, revise dicha norma oficial, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF y al Consejo de la Judicatura Federal realicen una investigación sobre el uso de recursos humanos y financieros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la SRE suspendan el programa Proyecto Demostrativo de Autotransporte Transfronterizo de Carga entre México y Estados Unidos, para establecer condiciones para una competencia equitativa, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la integración de un grupo de trabajo encargado de investigar la legalidad en la venta de Aeroméxico a Banamex, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el próximo 3 de diciembre, a cargo de la diputada Silvia Emilia Degante Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz construya una pista de canotaje en Tuxpan, a cargo del diputado Íñigo Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes de Baja California expidan los reglamentos y ordenamientos legales para la observancia de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al IFE y al Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas garanticen la seguridad con motivo de las próximas elecciones en ese estado, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a apoyar a las autoridades sanitarias en Nuevo León a fin de llevar a cabo programas para reforzar la lucha contra el dengue clásico y hemorrágico que afecta la entidad, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la problemática en la homologación de los maestros en diversos municipios de Sonora, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob para que a través del Fonden atienda las zonas afectadas por las lluvias en Tabasco, a cargo del diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al incidente de Pemex en la sonda de Campeche, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para dar seguimiento de manera integral al proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Yesca, en Nayarit, a cargo del diputado Jaime Cervantes Rivera , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la SHCP informe sobre el destino de enteros de Pemex durante el segundo trimestre de 2007, a cargo del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE reforzar la seguridad e investigar los atentados ocurridos en el Consulado de Nueva York, Estados Unidos de América, a cargo del diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Sagarpa a informar de la situación actual y apoyar la creación del área de protección de flora y fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan, frente a los municipios de Tamiahua y Tuxpan, Veracruz, a cargo del diputado Íñigo Antonio Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT respecto al cobro de peaje en la autopista que comunica las ciudades de Guadalajara y Tepic, suscrita por los diputados Delber Medina Rodríguez y Adrián Fernández Cabrera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del titular de la Sedena retire a los elementos del Ejército que custodian material electoral en las cabeceras distritales del IFE, a cargo del diputado Emilio Flores Domínguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Presidente de la Cámara de Senadores, a los gobernadores de los estados y a los congresos locales realicen actos solemnes cada 30 de septiembre en memoria de don José María Morelos y Pavón, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias y entidades correspondientes modifique el programa Hábitat, para que los municipios con más de 10 mil habitantes puedan ser beneficiados por dicho programa, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a implantar de manera urgente los apoyos comprometidos para los damnificados por el huracán Dean en Tulancingo, Hidalgo, a cargo de la diputada Oralia Vega Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias y entidades correspondientes amplíe la cobertura del Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subsecretaría de Educación Básica a respetar los derechos laborales del personal de la Dirección General de Educación Indígena, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para instituir el 5 de enero de cada año como Día Nacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, a cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sedesol y del programa nacional Oportunidades, incorporen a distintas familias del municipio de Comalcalco en ese plan, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a destinar recursos para ampliar el personal de seguridad en las representaciones consulares, a cargo del diputado Javier Gudiño Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Veracruz para que dentro del presupuesto del año 2008 considere una mejora en las tarifas eléctricas en beneficio de sus ciudadanos, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP, al órgano de Transparencia y Combate a la Corrupción en Pemex, así como a la ASF a realizar los procedimientos de revisión y, en su caso, sancionar las irregularidades que se detecten dentro del PEP zona norte, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud implante programas y apoyos dirigidos a las y los niños con autismo, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a la Secretaría de Salud y a la Profeco a verificar y regularizar la calidad y procedencia del agua que se vende en las plantas purificadoras del país, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las titulares de la SEP y de la Sedesol que implanten un programa de educación integral, para que en las escuelas rurales y colonias populares del país de preescolar, primaria y secundaria se construyan comedores y cocinas con el equipo apropiado para facilitar la adecuada alimentación a los estudiantes, a cargo del diputado Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del estado de Puebla, a la delegación de la Profepa y a la Dirección de la Conagua de dicha entidad que garanticen el respeto de la zona forestal del bosque Lomas de San Alfonso, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al funcionamiento de las delegaciones federales, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que el Ejecutivo federal, a través de sus dependencias correspondientes, otorgue apoyo a las poblaciones de San Luis Río Colorado y General Plutarco Elías Calles, estado de Sonora, para la construcción de una carretera de cuatro carriles en el tramo Sonoyta-San Luis, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación del proceso de venta de Aeroméxico, suscrito por los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Cuauhtémoc Velasco Oliva , de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y Convergencia, respectivamente. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que investigue e informe sobre la operación de un centro de apuestas en el municipio de Monterrey, Nuevo León, a cargo del diputado Juan Manuel Parás González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a analizar las quejas y denuncias en contra de hospitales particulares y a realizar las acciones pertinentes para prevenir y, en su caso, sancionar cobros indebidos por concepto de medicamentos suministrados a los pacientes durante su estancia en dichas instituciones, suscrito por los diputados Omar Borboa Becerra, Jorge Quintero Bello y Francisco Javier Plascencia Alonso , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sener, a la CFE y demás dependencias competentes la reclasificación tarifaria de energía eléctrica del municipio Villaldama, estado de Nuevo León, a cargo del diputado Juan Manuel Parás González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que se pronuncie respecto de la suspensión definitiva derivada del incidente promovido por Telmex, en contra de la resolución del pleno de la Cofetel, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008 se incrementen los recursos asignados al Fondo de Apoyo a la Competitividad de las Ramas Productivas para Ixtle, Palma Zamandoca y Lechuguilla, suscrito por diversos diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la labor que realizan las Fuerzas Armadas de México en los estados de Tabasco y Chiapas, suscrito por los diputados Emilio Gamboa Patrón y Juan Manuel Parás González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Sinaloa para que su Secretaría de Salud se haga cargo del mantenimiento, tanto de personal como de los insumos de los Centros de Salud Rural Dispersos, ubicados en diversas comunidades del municipio de Sinaloa, a cargo de la diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a promover una investigación exhaustiva de las diferentes causas del desastre que está afectando al estado de Tabasco, a cargo del diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la prevención de las adicciones en el sector público, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instancias competentes a informar sobre la venta de la empresa Altos Hornos de México, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Instituto de Ingeniería de la UNAM una evaluación técnica de la infraestructura hidráulica y el manejo del sistema de presas en los estados de Tabasco y Chiapas, a cargo del diputado Antonio Ortega Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a incrementar las medidas para regularizar escuelas particulares que imparten el nivel preescolar que no cuenten con autorización oficial, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer a los titulares de la CFE y de la Conagua, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a través de la CNBV, a realizar las gestiones pertinentes ante las instituciones del sector financiero mexicano, para que consideren la matricula consular, como documento oficial de identificación, suscrito por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez y Moisés Alcalde Virgen , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura a destinar una parte de su dieta para becar al alumno electo ganador en su respectivo distrito, en caso de aprobación del programa de actividades para celebrar el Parlamento de las Niñas y los Niños de México para 2008, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al proceso de autorización para la importación de medicamentos, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Fondo Monetario Internacional a condonar la deuda pública, en lo equivalente a la reconstrucción de los estados de Tabasco y Chiapas, a cargo del diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, al INAH, a los municipios de Otumba, San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán, a destinar recursos para el saneamiento del Río San Juan, a cargo del diputado Ramón Valdés Chávez , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a aplicar las medidas pertinentes para la restauración, conservación y manejo sustentable de los manglares, con base en la legislación vigente en la materia, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SSP y de la PGR, así como del gobierno del estado de Baja California y a los ayuntamientos de dicha entidad realicen coordinadamente operativos para la identificación y recuperación de automóviles robados, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a concluir el procedimiento para la emisión de la norma oficial relativa a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres; criterios para la prevención y atención, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al impuesto de refrendo vehicular que se pretende cobrar en el estado de Jalisco, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob para que a través de su Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía hagan respetar el acuerdo por el que se emiten los criterios generales de clasificación, suscrito por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez , María Gabriela González Martínez y Luis Gustavo Parra Noriega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación del daño patrimonial a Pemex por la entrega irregular de mil 724 millones de pesos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y para transparentar la asignación de los ingresos excedentes por el incremento en el precio del petróleo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SHCP, a realizar los estudios para valorar los mecanismos de devolución del IVA a los turistas que visitan nuestro país, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que asigne recursos suficientes para la construcción de una nueva universidad en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la investigación de posibles irregularidades e ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones de parte del ex alcalde del municipio de Ramos Arizpe, senador Ernesto Saro Boardman, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de consejero presidente y consejeros electorales del Consejo General del IFE, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a verificar la observancia de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Economía. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a aplicar las medidas conducentes efecto de que Pemex otorgue a los consumidores del estado de Chihuahua un descuento, mediante subsidio, de 40 por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural del 1o. de noviembre al 31 de marzo de 2008, suscrito diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a instaurar estrategias que permitan defender y proteger a nuestros connacionales ante las leyes y ordenanzas antiinmigrantes en Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Nicolás Morales Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Senadores que dictamine la minuta con proyecto de decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, a cargo del diputado Daniel Torres García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, incremente el monto de la franquicia de las mercancías que ingresan al país en el marco del programa Paisano, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía hace un reconocimiento al Ejecutivo federal y al Ejecutivo del estado de Tabasco, por su pronta respuesta ante la situación derivada por las inundaciones que afectaron a dicha entidad, a cargo del diputado Juan José Rodríguez Prats , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General a elaborar un plan de atención de la insuficiencia renal de las personas que no cuentan con seguridad social, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la exención en el pago de impuestos de los ejercicios fiscales 2007 y 2008 a los productores agrícolas, pecuarios y forestales, así como a las agroindustrias relacionadas, en el estado de Tabasco, que fueron afectados por las pasadas inundaciones, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que refuerce la vigilancia en las aduanas y fortalezca los programas de protección al migrante, a cargo del diputado Andrés Bermúdez Viramontes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, respecto de la puja del grupo Gigante para arrendar sus activos y derechos, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a implantar un programa para que exista una lista mínima oficial de alimentos con alto contenido nutritivo que se expendan en las instituciones educativas de los niveles preescolar y básico del país, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al pago de energía eléctrica de las escuelas preparatorias federales por cooperación, a cargo del diputado Mario Vallejo Estévez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a transparentar el otorgamiento de plazas para maestros por parte de esa dependencia y sean asignadas estrictamente en apego a la normatividad establecida, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SSP, implemente programas permanentes de seguridad pública en el estado de Baja California, a cargo del diputado Héctor Manuel Covarrubias Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Excitativas
Al Senado de la República, a solicitud del diputado José Jacques Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y a la de Equidad y Género, a solicitud de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa.
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud del diputado Daniel Dehesa Mora , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Efemérides
Relativa al tema ``de la Independencia a la otra dependencia'', a cargo del diputado Jaime Verdín Saldaña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Relativa al Día Internacional de la Mujer Rural, a cargo de la diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Relativa al 197 aniversario de la Independencia de México, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa al 183 aniversario de la anexión voluntaria de Chiapas a México, a cargo de los diputados Martha Cecilia Díaz Gordillo y Martín Ramos Castellanos , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente.
Relativa al 22 aniversario luctuoso de las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 1985, a cargo del diputado José de Jesús Solano Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Relativa al Día Internacional de la Paz, a cargo del diputado Alejandro Landero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Relativa al natalicio de José María Morelos y Pavón, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa al Día Mundial de las Mujeres Rurales, a cargo de la diputada Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario Convergencia.
Relativa al centenario del fallecimiento de Juan García Corona ``Héroe de Nacozari'', y al Día del Ferrocarrilero, a cargo del diputado Gustavo Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con motivo del 111 aniversario de la muerte de Vicente Riva Palacio y Guerrero, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con motivo de la creación del Día Nacional de la Mujer Rural Mexicana, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Relativa al Día de la Tolerancia, a cargo de la diputada María Soledad Limas Frescas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Relativa al quincuagésimo aniversario luctuoso de Diego Rivera, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintidós de noviembre de dos mil siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 347 diputadas y diputados, a las 11 horas con 46 minutos del jueves 22 de noviembre de 2007, la Presidenta declara abierta la sesión.
En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.
La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
Se recibe oficio del diputado Luis Rodolfo Enríquez Martínez , del Partido Acción Nacional, por el que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el VI distrito electoral de Baja California, a partir del 30 de noviembre de 2007. En votación económica, la asamblea aprueba los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente.
Se recibe comunicación del diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera , del Partido Acción Nacional, por la que informa la reincorporación a sus labores legislativas, a partir del primero de diciembre de 2007. De enterado. Comuníquese.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, remite proposición con punto de acuerdo suscrita por las senadoras Rosalinda López Hernández y Claudia Corichi García, ambas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativa a las inundaciones en Tabasco provocadas por las intensas lluvias y el desfogue de la presa Peñitas. De enterado y se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos informa que en sesión celebrada el 15 de noviembre del presente año, se eligió a la nueva mesa directiva que conducirá los trabajos del Canal del Congreso durante el periodo del 15 de noviembre de 2007 al 15 de noviembre de 2008. De enterado.
La Junta de Coordinación Política informa:
El Congreso de Sonora remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos tres, párrafo primero y las fracciones III, V y VI; y 31, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La Cámara de Senadores remite iniciativas con proyecto de decreto que:
Se recibe de la diputada Marina Arvizu Rivas , de Alternativa, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26 y 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se les otorga el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:
Se recibe de la diputada Layda Elena Sansores San Román , de Convergencia, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo dos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Continúan con la presentación de iniciativas con proyecto de decreto los diputados:
Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
A las 12 horas con 39 minutos, se registra una asistencia de 413 diputadas y diputados.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
En votación económica, la asamblea dispensa la lectura de dictámenes con proyecto de decreto de la:
a) Comisión de Justicia:
b) Comisión de Hacienda y Crédito Público, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Público.
c) Comisión de Gobernación, que concede permisos a los ciudadanos:
Quedan de Primera Lectura.
En votación económica, la asamblea autoriza solo la lectura de los títulos de los dictámenes con puntos de acuerdo de la:
a) Comisión de Justicia:
b) Derechos Humanos:
• Relativos a la discriminación que padecen en planteles educativos los niños con VIH/sida.
En votación económica, la asamblea aprueba en conjunto los dictámenes. Comuníquense.
La asamblea autoriza en votación económica sólo la lectura de los puntos de acuerdo de los siguientes dictámenes negativos de las comisiones:
En votación económica, la asamblea aprueba en conjunto los puntos de acuerdo. Se instruye el archivo de los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
La Secretaría da lectura a solicitud de la Junta de Coordinación Política para que se incluya en el orden del día, en el primer turno posible, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Pablo Trejo Pérez , del Partido de la Revolución Democrática y Manuel Cárdenas Fonseca , de Nueva Alianza. En votación económica, la asamblea acepta su inclusión, se le otorga el uso de la tribuna para su presentación al diputado Pablo Trejo Pérez , del Partido de la Revolución Democrática y se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:
Se les concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con puntos de acuerdo a los diputados:
Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
Intervienen para hechos los diputados: Rafael Elías Sánchez Cabrales , del Partido de la Revolución Democrática; Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Partido Acción Nacional y
Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez
Francisco Sánchez Ramos , del Partido de la Revolución Democrática. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido y lo aprueba. Comuníquese.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
Al no alcanzar las dos terceras partes en votación económica, no se considera de urgente resolución y se turna a la Comisión de Justicia.
La Secretaría da lectura a comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que solicita se integre en el orden del día, en el primer turno posible, el dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004. En sendas votaciones económicas, la asamblea acepta su inclusión y se le dispensa la primera y segunda lectura. Se les otorga el uso de la tribuna para fijar la posición de su respectivo grupo parlamentario a los diputados: José Manuel del Río Virgen , de Convergencia; Sergio Augusto López Ramírez , del Partido Verde Ecologista de México; César Horacio Duarte Jáquez , del Partido Revolucionario Institucional y Edmundo Javier Bolaños Aguilar , del Partido Acción Nacional. Interviene el diputado Martín Stefanonni Mazzocco , del Partido Acción Nacional, en pro. En votación económica, se considera suficientemente discutido.
Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez
Con un resultado de 302 votos en pro, tres en contra y ninguna abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo XIV transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que solicita se incluya en el orden del día, en el primer turno posible, proposición con punto de acuerdo de la propia Junta, por el que se exhorta al Ejecutivo federal aplicar diversas medidas para la suspensión temporal de las importaciones de carne de cerdo en beneficio de la situación de emergencia por la que atraviesa la porcicultura nacional. En sendas votaciones económicas, se acepta su inclusión y se aprueba. Comuníquese.
La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.
La Presidenta clausura la sesión a las 15 horas con 50 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes 27 de noviembre de 2007 a las 11 horas.»
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
Mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta.
DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Mesa Directiva
Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo atendidos y en sentido negativo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria los días 26 y 27 de noviembre del año en curso, de las siguientes comisiones:
Derechos Humanos
Hacienda y Crédito Público
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Solicito a ustedes que lo hagan del conocimiento de la honorable asamblea.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2007.--- Diputada Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Presidenta.»
«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo para solicitar que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que comparezca ante el Pleno a fin de que informe de las violaciones de los derechos cometidos en el estado de Oaxaca
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Dictamen
Antecedentes
1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 21 de diciembre de 2006, los diputados integrantes de la LX Legislatura presentaron la proposición con punto de acuerdo para solicitar que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, comparezca ante el Pleno a fin de que informe de las violaciones a los derechos cometidos en el estado de Oaxaca.
2. Dicha proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen.
Consideraciones
I. Los suscritos integrantes de esta Segunda Comisión Dictaminadora consideran procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:
II. Manifiesta el autor de la proposición que en el Informe Preliminar de la Comisión de los Derechos Humanos, presentado a la prensa con fecha 20 de diciembre, se ha constatado la grave violación a los derechos fundamentales de personas en Oaxaca.
Plantea también el proponente que en efecto, el recuento de los agravios arroja los siguientes números: 349 detenciones arbitrarias, 40 lesionados, 20 homicidios incluido el caso del periodista norteamericano Brad Hill, 9 casos de tortura y 25 desapariciones forzadas. Siendo este, el estado de derecho que realmente existe y que tenemos los mexicanos.
Finalmente, el autor de la proposición refiere que se orientaba a la flagrante violación a los derechos y libertades fundamentales ocurridas en Oaxaca es contraria a la Constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por el estado mexicano ante las naciones del mundo. Por lo que para hacerle honor a la justicia universal en el mundo, y particularmente a la mexicana, es indispensable que éste asunto no quede impune porque de ocurrir así, un ominoso futuro se cierne sobre las libertades y los derechos fundamentales de las y los mexicanos.
III. Esta comisión dictaminadora comparte la preocupación del proponente en el sentido de velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos en todo el país ante toda clase de actos u omisiones que atenten contra su cabal cumplimiento.
Igualmente, esta comisión que dictamina reconoce la importancia y trascendencia del conflicto suscitado en dicha entidad federativa.
El criterio adoptado por esta comisión dictaminadora, sustentado en la comparecencia del 24 de enero del año en curso del presidente del ombudsman nacional ante la Comisión Permanente y la presentación que hará próximamente el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos ante Comisiones Unidas de Derechos Humanos sobre el caso expuesto; esta comisión dictaminadora se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente
Acuerdo
Primero. Queda sin materia el presente punto de acuerdo, en virtud de las comparecencias del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los días 24 de enero y 15 de marzo del año en curso.
Segundo. Se tiene por atendida la proposición, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por el que se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía a realizar un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios por concepto de energía eléctrica
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de Energía (Sener), y a la Comisión Reguladora de Energía a realizar un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios por concepto de energía eléctrica, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del PAN.
Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis del punto de acuerdo señalado, y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente
Dictamen
Antecedentes
En sesión ordinaria del 20 de febrero de 2007, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía, a realizar un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios por concepto de energía eléctrica, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del PAN, para su estudio y dictamen.
Conviene señalar que el Grupo de Trabajo que se creó dentro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público sostuvo diversas reuniones con servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Secretaría de Energía y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para tratar dicho tema.
Descripción del punto de acuerdo
El punto de acuerdo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri argumenta que la problemática que enfrentan actualmente diversos municipios del país, por los adeudos históricos por concepto de pago de energía eléctrica proveniente de administraciones pasadas, perjudica sus finanzas públicas en forma injusta e inequitativa para las administraciones de cada presidencia municipal, las cuales, de acuerdo con sus necesidades, pueden tener relación con Comisión Federal de Electricidad o con Luz y fuerza del Centro, según su situación geográfica.
Menciona, asimismo, que el alumbrado público municipal constituye un servicio básico para el conjunto de la población y requiere de una planeación adecuada y una administración moderna en términos de sistemas y equipos; en México se aplican las tarifas 05 y 5A al servicio de alumbrado público. La tarifa 05 se aplica en las zonas conurbadas del Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, en tanto que la tarifa 5A se aplica en el resto del país. Esta tarifa es la única que está autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se factura de manera estimada.
Subraya el punto de acuerdo que las deudas han crecido, ya que muchos ayuntamientos no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacer frente a estos pagos, al no tener manera de generar recursos propios vía recaudación por derechos e impuestos dependiendo exclusivamente del apoyo federal de las aportaciones presupuestales en el Ramo 33 para realizar sus pagos de consumo de energía eléctrica, pero también deben destinar parte de esos recursos a pago de cloración de agua potable, reparación y mantenimiento de patrullas y de equipo auxiliar así como de viáticos al personal de seguridad, recolección de basura entre otros.
En lo que respecta a los servicios de bombeo de agua potable con cargo a los municipios, se ha detectado la falta de conocimiento para la aplicación de determinada tarifa que en este caso sería la 06, específica para bombeo de agua potable, pudiendo ser ordinaria en media tensión (OM) con demanda menor de 100 kilovatios, o la tarifa (HM) horaria en media tensión con demanda de 100 kw, o más en este caso, si se utiliza el servicio de forma indiscriminada en las horas pico la facturación presentará un gasto excesivo por consumos de energía eléctrica.
Finalmente, el punto de acuerdo refiere el comportamiento de adeudos totales de municipios, organismos operadores de agua y gobiernos estatales, histórico a diciembre del 2000, en el estado de México de 1 mil 531.2 millones de pesos, a abril de 2006 arroja 3 mil 984.2 millones de pesos; Hidalgo, a diciembre de 2000, 190.0 millones de pesos, a abril de 2006, 599.9 millones de pesos; Morelos, a diciembre de 2000, 121.1 millones de pesos, a abril de 2006, 234.5 millones de pesos; Puebla, a diciembre de 2000, 7.6 millones de pesos; a abril de 2006, 15.8 millones de pesos.
Consideraciones de la comisión
Esta comisión dictaminadora coincide con el planteamiento del diputado Ludow Kuri en la necesidad de regular los adeudos históricos por concepto de pago de energía eléctrica, ya que perjudica las finanzas públicas de los municipios. Las deudas han crecido y los municipios no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacer frente a estos pagos, ya que no tienen manera de generar grandes cantidades de fondos propios vía recaudación por derechos e impuestos y dependen exclusivamente del apoyo federal en el Ramo 33 para realizar sus aportaciones de consumo de energía eléctrica.
Ahora bien, la que dictamina considera que la propuesta del diputado Ludlow Kuri es atendida por lo dispuesto en el Capítulo III, ``De las Facilidades Administrativas y Estímulos Fiscales'', artículo 15, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, aprobado por esta honorable asamblea.
En ese ordenamiento se precisa que de conformidad con las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Ingresos de la Federación para 2008, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, según corresponda, podrán aplicar los pagos corrientes que reciban de dichos Municipios o demarcaciones territoriales, por concepto de suministro de energía eléctrica, a la disminución de adeudos históricos que registren al cierre del mes de diciembre de 2007. Lo anterior, siempre y cuando las entidades federativas a las que pertenezcan los municipios o demarcaciones territoriales contemplen en su legislación local el destino y afectación de aportaciones federales que puedan utilizarse al pago de dichos servicios.
Asimismo, se menciona que en caso de de incumplimiento a las obligaciones de pago por suministro de energía eléctrica, por parte de los municipios o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a los que se les haya cancelado sus adeudos por dicho concepto o se hayan acogido a los dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, según corresponda, podrán solicitar al gobierno local respectivo, previa acreditación del incumplimiento, la retención y pago del adeudo con cargo a las aportaciones federales que correspondan al municipio o demarcación territorial de que se trate.
Finalmente, se indica que la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro podrán ceder, afectar y, en términos generales, transferir los recursos derivados de la retención a que se refiere el párrafo anterior a fideicomisos u otros procedimientos de pago o de garantía constituidos para el financiamiento de infraestructura prioritaria relacionada con el suministro de energía eléctrica.
Por lo expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Primero. Se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía a realizar un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios por concepto de energía eléctrica, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del PAN, presentado el 20 de febrero de 2007, toda vez que forma parte de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, aprobado por esta honorable asamblea.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, relativo a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a través de la Conagua y de la Profepa, en concurrencia con el gobierno de Veracruz, a atender y dar respuesta inmediata a las demandas de la población para revertir la contaminación del río Blanco
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente No. 736, que contiene la propuesta con punto de acuerdo por el se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que por medio de sus organismos sectorizados: Comisión Nacional del Agua y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en concurrencia y de manera respetuosa, en el ámbito de sus atribuciones con el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, atiendan y den respuesta inmediata a las justas demandas de la población asentada en las márgenes del Río Blanco para revertir su contaminación y deterioro, presentado por el diputado Celso David Pulido Santiago , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV; y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
Primero. El 17 de julio de 2007, el diputado Celso David Pulido Santiago , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de sus organismos sectorizados: Comisión Nacional del Agua y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en concurrencia y de manera respetuosa, en el ámbito de sus atribuciones con el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, atiendan y den respuesta inmediata a las justas demandas de la población asentada en las márgenes del Río Blanco para revertir su contaminación y deterioro, y
Segundo. En esa misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
El Río Blanco se localiza en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a lo largo de su cauce atraviesa el territorio de Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco y Orizaba. El río nace en las Cumbres de Acultzingo y termina junto con el Río Papaloapan en donde forma la Laguna de Alvarado. Este río se considera el más importante de la región ya que produce numerosas cascadas. Por ejemplo, a unos cuantos kilómetros de Orizaba al unirse al río Escamela forma la cascada de Tuxpango.
La importancia del río ha sido ampliamente reconocida y por ello no es casualidad que se haya decretado el área natural protegida con carácter de Parque Nacional ``Cañón del Río Blanco'', que destaca por su vegetación de selva mediana perennifolia, bosque de pino y mesófilo de montaña. 1
Sin embargo, las descargas de agua residuales de Nogales, Orizaba, Tierra Blanca y Córdoba, aunado a las descargas de las industrias: azucarera, textil, porcícola, avícola, papelera y de agroquímicos han contaminado el río. De hecho, el Río Blanco es un cuerpo receptor que presuntamente muestra niveles altos de contaminación en la región hidrológico-administrativa Golfo Centro. 2 En ese sentido no es de extrañar la mortandad de aproximadamente 1,200 peces registrada a finales del año 2006 en el municipio de Tlalixcoyan, por donde también cruza el cauce del río en comento. 3
En su exposición de motivos el diputado promovente refiere que: ``Existen informes serios de que la salud de la población esta siendo afectada por la contaminación industrial del Río Blanco. En estudios recientes de investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM se asocia el creciente número de casos de insuficiencia renal terminal (IRT) y los correspondientes fallecimientos en niños y jóvenes del municipio de Tierra Blanca, Veracruz con la contaminación del Río Blanco.''
Al respecto, esta Comisión dictaminadora se permite comentar que habiendo revisado el contenido de dicho artículo, desestima el comentario que relaciona la contaminación del Río Blanco con los casos de insuficiencia renal terminal registrados, toda vez que el referido artículo a la letra señala: ``Estos hechos plantean que en el agua contaminada del Río Blanco pudieran estar los contaminantes o el contaminante que ha provocado la epidemia de IRT. Por lo anterior, se recolectó agua del Río Blanco proveniente de dos lugares para que bajo condiciones de laboratorio la tomaran ratas wistar y observar cualquier posible cambio. Las 30 ratas tomaron el agua durante 3 meses y no hubo ninguna alteración observable. Estos resultados negativos no pueden descartar el problema del agua del Río Blanco ya que hay varias posibilidades de interpretación. Es posible por ejemplo que los contaminantes desciendan a las profundidades del río y como la toma de agua se hizo de la superficie del río el resultado fue negativo. De las poblaciones estudiadas hay algunas que tienen casos de IRT en infancia y sin embargo el agua que recibe el poblado proviene de pozos, por lo que la hipótesis de que fuera el agua del Río Blanco la única explicación probable se descartaría. Hasta la fecha no se ha querido descartar o aceptar ninguna hipótesis como cierta, porque estamos en una etapa preliminar y descriptiva del estudio pero dadas las características complejas aún con todos los recursos sería difícil invocar una sola causa.''4
Los habitantes de diversos municipios por donde pasa el cauce del Río Blanco, pero particularmente los de Tierra Blanca se han pronunciado en diversas ocasiones por una solución que evite la contaminación del río, así como la promoción de actividades de saneamiento del mismo. 5 Esta Comisión dictaminadora tiene conocimiento del recorrido que el pasado 10 de julio llevara a cabo el director general del Organismo de Cuenca de la Región Hidrológico-Administrativa Golfo-Centro de la Comisión Nacional del Agua, así como de la reunión del 3 de agosto pasado con los habitantes del ejido de Mata Tenatito en el municipio de Cuitláhuac. Sin embargo, los reclamos de los habitantes de otros municipios aún no han sido atendidos ni con la celeridad, ni con la prioridad que requieren, con lo que persisten los problemas de contaminación y afectaciones a la salud de los veracruzanos.
Esta Comisión dictaminadora reconoce la importancia del tema y la premura que merece su atención, por lo que se permite mencionar que el pasado 31 de julio, es decir, dos semanas después de que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnara la proposición con punto de acuerdo motivo del presente dictamen a esta Comisión, el diputado promovente presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo solicitando lo siguiente:
Posteriormente, el día 8 de agosto del presente, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó el dictamen de dicha propuesta con punto de acuerdo modificando los resolutivos antes señalados, pero no así el espíritu que motivó la misma. El acuerdo aprobado reza: ``Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, en el ámbito de colaboración entre los poderes, para que instruya al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de que realicen los estudios y apliquen las medidas conducentes para determinar y atender la situación de afectación ambiental que se presenta por la contaminación del Río Blanco en el estado de Veracruz, considerando su impacto en la población ribereña.
Se solicita de los titulares de las dependencias señaladas se sirvan informar sobre el resultado de los estudios y medidas a que se refiere este punto de acuerdo, remitiendo la comunicación correspondiente a las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, en un término de 60 días naturales.''
Con base en lo anterior, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran que la proposición con punto de acuerdo motivo del presente dictamen ha quedado sin materia toda vez que el acuerdo aprobado y comunicado a las autoridades competentes responde ampliamente a la inquietud del diputado promovente. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión que suscriben el presente dictamen se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de sus organismos sectorizados: Comisión Nacional del Agua y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en concurrencia y de manera respetuosa, en el ámbito de sus atribuciones con el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, atiendan y den respuesta inmediata a las justas demandas de la población asentada en las márgenes del Río Blanco para revertir su contaminación y deterioro, presentada por el diputado Celso David Pulido Santiago del PRD, el día 17 de julio de 2007.
Notas: 1 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ``Parques Nacionales: Cañón de Río Blanco''. En: http://www.conanp.gob.mx/anp/pn. php. Página consultada el 7 de agosto de 2007.2 De acuerdo con el ``Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico para la supresión de veda de aguas superficiales y para la expedición del Reglamento de Control de la explotación, uso o aprovechamiento en doce cuencas de la región hidrológica 28 Río Papaloapan'', en los sitios de monitoreo de los Ríos Papaloapan y Blanco el Índice de Calidad de Agua (ICA) 2003 oscila de un 23% a un 60% lo que significa que se encuentra de contaminado a fuertemente contaminado en diferentes puntos de monitoreo de ambos ríos. Ver Diario Oficial de la Federación, 9 de diciembre de 2005, p. 68. En www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/La%20SEMARNAT%20en%20el%2...%20Federacin/091205.5.pdf. Página consultada el 8 de agosto de 2007.3 Ávila Pérez E. ``Aparecen mil 200 peces muertos en el Río Blanco, Veracruz''. El Universal, 8 de noviembre de 2006. En: www.eluniversal.com/notas/vi_386478.html. Página consultada el 7 de agosto de 2007.4 Mendoza Patiño, Nicandro; De León Rodríguez, Jorge Arturo; Fernández Saavedra, Gabriela; Figueroa, José Luis; Páez de la Luz, Hugo; Serrano Soval, Cecilia. ``Tóxicos Renales'' Revista de la Facultad de Medicina UNAM, sección Tema de Reflexión, Vol. 49, No. 1, enero-febrero 2006, p. 37.5 Martínez Regina. ``Veracruz: en cinco años, mil muertos por contaminación en el río blanco''. Proceso. En: www.proceso.com.mx/noticia.html?sec= & nta=51898 & nsec=Estados. Página consultada el 7 de agosto de 2007.Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
DIPUTADO QUE SE REINCORPORA
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo a la vez que hago de su conocimiento que a partir del 26 de noviembre me reincorporo a mis funciones como diputado federal integrante de la LX Legislatura, cargo del cual me separé con fecha 10 de agosto del presente, conforme a la licencia concedida por la Comisión Permanente en sesión del día 8 de agosto de 2007.
Bajo este tenor, le solicito se sirva notificar al Pleno de esta soberanía y a todas las áreas administrativas correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar.
Sin otro en particular, agradezco sus atenciones.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado. Comuníquese.
ESTADO DE MICHOACAN
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.
Diputado Héctor Larios Córdova , Presidente de la Junta de Coordinación Política.--- Presente.
En mi carácter de presidenta de la Comisión Especial plural encargada de vigilar el uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales en el proceso electoral de 2007 de Michoacán y en cumplimiento a lo establecido por el punto quinto del acuerdo de creación de dicha Comisión Especial, por este medio le remito el informe final de la comisión referida.
Sin otro particular, quedo de usted.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.
Informe final de actividades que presenta la Comisión Especial plural encargada de vigilar el uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales en el proceso electoral de 2007 en el estado de Michoacán
Informe
En los años recientes, México ha sido protagonista de transformaciones estructurales en su sistema democrático a través del establecimiento de figuras arbitrales como el Instituto Federal y los institutos estatales electorales; diversas reformas a la ley electoral; el surgimiento de fuerzas políticas emergentes y escenarios de equilibrios del poder más eficientes, por una competencia electoral cada vez más cerrada. Sin duda alguna, todos estos son elementos que abonan a la consolidación de un sistema democrático más confiable pero, al mismo tiempo, generan una competencia más cerrada, lo que puede generar intentos por obtener triunfos por medios que no necesariamente se ajustan a la norma.
En esta realidad se inserta el proceso electoral michoacano del 2007, en donde se renovaron el Ejecutivo, el Congreso y las 113 presidencias municipales de la entidad. Nunca como ahora fue tan incierto el resultado electoral y las encuestas de preferencias electorales, tan cerradas.
La LX legislatura, sensible a tal realidad, votó en el Pleno la creación de una Comisión Especial --la que ahora presenta su informe de actividades-- encargada de la vigilancia en el uso de los recursos públicos de los tres niveles de gobierno en el proceso electoral.
A través de la elaboración de un plan de trabajo y del desarrollo de múltiples actividades en el lapso de dos meses, la comisión llega al cierre de sus actividades y al cumplimiento de la función para la cual fue creada.
I. Fundamento
En cumplimiento de lo establecido por el punto quinto del acuerdo de creación de la Comisión Especial plural encargada de vigilar el uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales en el proceso electoral de 2007 en Michoacán, se presenta el informe final de actividades de esta Comisión Especial.
Antecedentes
Primero . Con fecha 15 de mayo de 2007, dio inicio al proceso electoral de Michoacán de Ocampo para la elección del Ejecutivo estatal, el Congreso del estado y presidencias de los 113 municipios que conforman la entidad, el cual habría de culminar con la jornada electoral del 11 de noviembre del mismo año.
Segundo . El día 20 de septiembre de 2007, los diputados Érick López Barriga del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Juan Carlos Velasco Pérez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial plural encargada de vigilar el uso de los recursos públicos federales en el proceso electoral de 2007 en el estado de Michoacán. En la misma sesión, el diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional solicitó se ampliara el alcance de la comisión propuesta, a fin de que sus actividades incluyeran la vigilancia sobre el uso de recursos públicos por autoridades a nivel estatal y municipal, al considerar que la mayor parte de recursos que transfiere la federación son ejercidos en las esferas locales.
Tercero . El 25 de septiembre de 2007 la Junta de Coordinación Política propuso al Pleno de la honorable Cámara de Diputados el acuerdo para la creación de una Comisión Especial plural encargada de vigilar el uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales en el proceso electoral de 2007 en Michoacán.
En la misma fecha, la Comisión Especial fue instalada y su mesa directiva nombrada, quedando integrada por los siguientes diputados:
II. Instalación y plan de trabajo
El 2 de octubre del año en curso, la Comisión Especial celebró su primera sesión ordinaria, donde se discutió y aprobó el plan de trabajo que se presenta a continuación:
III. Actividades
1. Conferencia para la prensa. Celebrada el 4 de octubre de 2007, en la Cámara de Diputados, para dar a conocer el inicio de las actividades de la comisión, así como la presentación de sus integrantes y los motivos que dieron origen a su creación.
2. Primera visita a la entidad. El 8 de octubre de 2007, se efectuó una primera visita de la Comisión Especial a Morelia, Michoacán, de conformidad con la siguiente agenda:
3. Campaña en medios de comunicación. Se realizó un promocional transmitido en 656 estaciones de televisión y 1 mil de radio a nivel nacional, los que estuvieron al aire del 15 de octubre al 6 de noviembre, dando a conocer a la ciudadanía la creación de la Comisión Especial y las vías de denuncia disponibles, tales como la línea 01-800 y el correo electrónico. Tales promociuonales fueron transmitidos en los tiempos oficiales con que cuenta la Cámara de Diputados según la normatividad aplicable.
Se publicaron una serie de desplegados de un cuarto de plana con motivo del inicio de los trabajos de la Comisión Especial, en los siguientes medios impresos:
Igualmente el jueves 1 de noviembre del año en curso, se publicó un desplegado de una plana en los siguientes medios de Michoacán:
Cabe hacer mención que los desplegados antes relacionados fueron publicados con cargo al techo presupuestal que para tal efecto tiene la Cámara de Diputados.
Al presente documento se anexa el promocional y los desplegados publicados en diversos medios impresos.
4. Oficios
5. Segunda sesión ordinaria. El 30 de octubre de 2007, tuvo lugar la segunda reunión ordinaria de la comisión, en la cual se tomaron los siguientes acuerdos:
6. Segunda visita a la entidad. El 6 de noviembre se llevó a cabo la segunda visita a Michoacán, en la cual se realizaron las siguientes actividades:
7. Pacto de civilidad. Durante la visita del 6 de noviembre, representantes estatales de los partidos políticos, integrantes de la Comisión Especial para vigilar el uso de los recursos públicos que ejercen el gobierno del estado y los ayuntamientos durante el proceso electoral del Congreso del estado, los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán, a propuesta de la presidenta y los
integrantes de esta Comisión Especial, acordamos la firma de un Pacto de Civilidad por parte de los partidos políticos, ante las autoridades señaladas, quienes fungirían como testigos de honor. Cabe señalar que la intención de tal acto consistió en abonar a la creación de un clima de confianza y cooperación entre los diversos actores. La firma del pacto se llevaría a cabo el jueves 8 de noviembre. No obstante, al haber manifestado algunos de los actores que firmarían el pacto, que las circunstancias que se habían suscitado en los últimos días, con motivo de la propaganda negativa que imperaba en los medios de comunicación, no fue posible lograr los consensos necesarios para arribar a buen término con esta actividad.
8. Jornada electoral. Durante la jornada electoral celebrada el 11 de noviembre de 2007, la Comisión Especial sesionó de manera permanente en Morelia, Michoacán. Cabe destacar que durante dicha sesión se estuvo haciendo un monitoreo en medios de comunicación, a fin de tener conocimiento de las eventuales irregularidades que pudieran presentarse en la jornada, en la materia de competencia de la comisión. Durante dicha sesión no hubo reporte alguno de incidentes en este sentido.
9. Denuncias post-jornada electoral. A través de la línea 01 800 y el correo electrónico se recibieron un total de cinco denuncias:
10. Solicitud de colaboración a la Fepade y a la Procuraduría de Justicia del estado de Michoacan. Por acuerdo de la comisión la presidenta giró oficio número CGPA/115/2007 a la licenciada Arely Gómez González, fiscal especializada para la Atención a Delitos Electorales, a fin de solicitarle información sobre las posibles denuncias que se hubieren interpuesto por el presunto desvío de recursos públicos al proceso electoral de Michoacán. Mediante oficio número 2010/FEPADE/2007, el licenciado Francisco Díaz Arriaga, director general Jurídico en Materia de Delitos Electorales, en ausencia de la fiscal especializada, dio a conocer a la comisión que después de un análisis en la base de datos de dicha fiscalía, se advirtió que no se tiene registro alguno de denuncia de hechos relativa al desvío de recursos federales en los comicios celebrados en el estado de Michoacán el pasado 11 de noviembre.
De igual manera la presidenta de la comisión giró oficio número CGPA/117/2007, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, a fin de solicitar información sobre las posibles denuncias acerca del presunto desvío de recursos públicos al proceso electoral del estado de Michoacán. La respuesta a dicho oficio está aún pendiente.
IV. Conclusiones
Por lo anterior, hacemos del conocimiento de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios, partidos políticos, instituciones electorales del país, ciudadanos y ciudadanas michoacanos y del país y medios de comunicación, las siguientes conclusiones:
Primero. La creación de la Comisión Especial fue un acierto por parte del legislativo federal, al colocar en el escenario, en funciones de vigilancia, a un órgano cuya presencia demostró en los hechos la capacidad de disuadir sobre la incorrecta utilización de recursos públicos en la contienda electoral.
Segundo. La presencia permanente de la Comisión Especial, lanzó un mensaje claro a la ciudadanía de que es posible trabajar de manera coordinada a favor de los intereses de la sociedad mexicana, independientemente de la ideología e intereses políticos particulares.
Tercero. La comisión tuvo conocimiento de diversas denuncias de partidos y ciudadanía sobre la posible utilización de recursos públicos en la campaña electoral. No obstante, habiendo estado la Comisión Especial en la entidad previo y durante la jornada electoral, las denuncias recibidas no aportan elementos suficientes para determinar en este momento el uso de recursos públicos fuera de los márgenes legales.
Cuarto. Cualquier afirmación o actividad realizada por la Comisión Especial no va en detrimento del derecho que tienen los partidos, candidatos y ciudadanía de utilizar las instancias legales para hacer valer sus derechos.
Quinto: Una vez agotadas las actividades, la comisión ha determinado que no hay elementos para afirmar categóricamente si hubo o no, uso incorrecto o desvío de recursos públicos durante la campaña electoral en Michoacán. Hemos ejercido funciones de vigilancia y, afirmar la utilización de recursos, implica funciones de investigación de las que esta Comisión Especial carece.
Podemos afirmar, sin embargo, que a la comisión no le consta que haya habido desvío de recursos públicos, situación que se ha visto fortalecida, en materia de recursos públicos federales, con la información proporcionada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la cual se dio cuenta en el presente documento. Al tiempo que se está en espera de la información que manifiesten las autoridades a quienes se han girado diversos oficios. No obstante, la averiguación respecto a eventuales denuncias que pudieran presentarse en materia del desvío de recursos públicos está a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, las que, en su oportunidad, serán las instancias encargadas de proceder conforme a derecho en los hechos y denuncias recibidas.
Nota:
1) El día 25 de octubre de 2007, se recibieron por parte del representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Electoral de Michoacán, cinco denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y 10 quejas presentadas ante el Instituto Electoral de Michoacán.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese el documento íntegro en el Diario de los Debates.
COMISIONES LEGISLATIVAS
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo:
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Javier González Garza , coordinador del Grupo Parlamentario del PRD:
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado.
EXPOSICIONES ARTISTICAS Y MUESTRAS ARTESANALES
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se adicionan los lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al tenor de las siguientes
Consideraciones
En virtud de lo expuesto, se adopta el siguiente
Acuerdo por el que se adicionan los lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro
Artículo Único. Se adicionan los artículos 5o., con un segundo párrafo, y 16, con un segundo párrafo, de los lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, para quedar como sigue:
Transitorios
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Segundo. Salvo las modificaciones previstas en este acuerdo, subsistirá íntegramente el diverso publicado en la Gaceta Parlamentaria del 2 de junio de 2005 y su reforma publicada el 1 de marzo de 2007 en el mismo órgano de difusión.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese.
MAGUEY Y NOPAL
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Economía, mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que informe a esta soberanía sobre los posibles trámites en materia de patentes iniciados por extranjeros que comprendan el maguey y el nopal, así como acerca de las medidas que, en su caso, adoptaría el gobierno mexicano
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, informe a esta soberanía sobre los posibles trámites en materia de patentes iniciados por extranjeros que involucren al maguey y el nopal, las medidas que en su caso adoptaría el gobierno mexicano para afrontar esta situación, sobre los permisos para empresarios asiáticos de importar cajones de tierra en donde se cultivan ambos productos, además de la venta de 20 mil toneladas de maguey las cuales, presuntamente, serán retornadas al mercado mexicano con valor agregado.
«Punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a las Secretarías de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Hacienda y Crédito Público para que informen a esta soberanía sobre los posibles trámites iniciados por ciudadanos asiáticos para patentar el maguey y el nopal, las medidas que en su caso adoptaría el gobierno mexicano para afrontar esta situación, sobre los permisos para empresarios asiáticos de importar cajones de tierra en donde se cultivan ambos productos, además de la venta de 20 mil toneladas de maguey las cuales, presuntamente, serán retornadas al mercado mexicano con valor agregado.
El suscrito, César Duarte Jáquez, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
``Un tesoro bajo las espinas'' y `` El árbol de las maravillas'' son algunas de los formas en que dos poetas extranjeros han identificado al nopal y al maguey. No es extraño que otros y no nosotros valoremos el privilegio que nos ofrece vivir en estas maravillosas tierras.
Algunos escritores afirman que la identidad cultural gravita en el contenido simbólico y emotivo de todo acto social, económico y político. Para los mexicanos, sin duda alguna, el nopal y el maguey son referentes básicos y primarios de nuestra identidad cultural, presentes en todas las fases de nuestra historia como país. Por cientos de años el nopal y el maguey se han manifestado como una fuente de alimento efectiva para generaciones y generaciones de mexicanos. El nopal se expresa como uno de nuestro símbolos más importantes, aquel que indica nuestra nacionalidad, aquel que nos representa en el extranjero, nuestra bandera nacional. El maguey es origen del tequila y el pulque, referencia fundamental de México en el mundo. Nuestras tierras no serían diferenciadas si no estuvieran adornadas por las imágenes del nopal y del maguey.
El nopal es endémico de América en donde se encuentran 258 especies reconocidas, de las cuales, 100 se encuentran en nuestro país. Uno de sus mayores atractivos es su anatomía y morfología adaptada a condiciones de fuerte estrés ambiental, por lo que son una alternativa de cultivo para regiones donde difícilmente crecen otras especies.
México, de acuerdo con la FAO, es el país que presenta el mayor desarrollo de la pequeña y mediana industria de productos derivados del nopal y de la tuna. La gran diversidad de los nopales y la costumbre de consumir las diferentes partes de la planta bajo formas diversas, es una ventaja para continuar desarrollando y aumentando el aprovechamiento de esta especie en el país.
La superficie cubierta con nopales ubicada en nuestro país, tanto silvestres como cultivados, y su distribución en diferentes zonas, indican que existe un interesante espacio para el desarrollo de la pequeña y microagroindustria o para la elaboración de productos para autoconsumo involucrando a pequeños campesinos de escasos recursos.
Aunado a todo ello el aporte medicinal del nopal reflejado en su alto contenido de fibra, que impide o retrasa la absorción de azucares, además de controlar padecimientos como la obesidad, problemas gastrointestinales, colesterol, arterioesclerosis, etcétera, es muy valioso. En este sentido, los científicos reconocen la subutilización de este cultivo. A la fecha, han sido pocas la innovaciones en la producción y procesamiento del nopal, lo que indica que gran parte de sus beneficios esta por ser descubierto.
El maguey, de acuerdo con investigaciones recientes, por su parte, encuentra su centro de origen en nuestro país. De las 273 especies existentes, distribuidas a lo largo del continente americano --desde Dakota del Norte, EUA, hasta Bolivia y Paraguay-- en México se encuentra la mayor diversidad, con 205 especies, de las cuales, 151 son endémicas. Los estados más ricos en número de especies son Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y Jalisco.
La interacción hombre-maguey tiene miles de años, su domesticación parece haberse iniciado hace más de 3 mil 500 años, cultivado por las culturas de Tula, Tulancingo y Teotihuacan, en donde se han encontrado raspadores de piedra cuyo propósito era la obtención de aguamiel.
Las hojas son usadas para curar la gastritis, diabetes, granos enterrados, cicatrizar heridas y para aliviar la tos. Además, se emplea en enfermedades del sistema digestivo, endocrino, heridas y desórdenes del sistema respiratorio y cutáneo.
La recolecta y aprovechamiento de los diferentes productos que provee el maguey, se realizan durante todo el año. El maguey se prepara o capa justo antes de que emerja el escapo floral, para la extracción del aguamiel; éste produce dicho líquido durante 6 a 9 meses, según el cuidado que se le de en el proceso del raspado. Las flores se colectan principalmente en época de secas. Después de florear se pueden cortar las hojas o pencas para la extracción de fibras de mixiote y para la elaboración de la barbacoa. En los meses de abril y mayo, se recolecta también el gusano de maguey que se encuentra refugiado entre el tejido de las hojas, para lo cual, la planta tiene que ser destruida, por eso es recomendable hacerlo después de que el maguey floreció; sin embargo, no siempre se hace esto por la gran demanda del producto.
Estos son tan sólo algunos de los grandes beneficios y vínculos que existen entre nuestra cultura, en nuestra economía y en nuestra sociedad con el nopal y el maguey, es por ello, que resulta alarmante y ofensivo escuchar las declaraciones de miembros de la Organización Campesina más importante del país, a la cual orgullosamente pertenezco, denunciando la intención de ciudadanos asiáticos de patentar la paternidad del nopal y el maguey. Resulta decepcionante escuchar a estos mismos compañeros declarar que el gobierno mexicano permite la exportación de cajones de tierra en donde se dan estos cultivos, este interés esta documentado por compañeros productores quienes han recibido grandes ofertas para vender sus cultivos a ciudadanos chinos. Asimismo, nos remontamos a la época en que nos intercambiaban espejitos por oro cuando nos enteramos que exportaremos 20 mil toneladas de maguey para que se nos regresen procesadas ciertamente, con un precio más alto.
En este orden de ideas, como miembros de uno de los poderes del Estado mexicano tenemos la obligación, por convicción y mandato, de defender los intereses culturales, económicos, sociales y políticos de nuestro país. En tal virtud me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya a las Secretarías de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Hacienda y Crédito Público para que informen a esta soberanía sobre los posibles trámites iniciados por ciudadanos asiáticos para patentar el maguey y el nopal, las medidas que en su caso adoptaría el gobierno mexicano para afrontar esta situación, sobre los permisos para empresarios asiáticos de importar cajones de tierra en donde se cultivan ambos productos, además de la venta de 20 mil toneladas de maguey las cuales, presuntamente, serán retornadas al mercado mexicano con valor agregado.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa...
El diputado Alejandro Sánchez Camacho (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Permítame la Secretaría. El diputado Alejandro Sánchez Camachoestá solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Sánchez Camacho.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho (desde la curul): Gracias. Solamente para solicitar el uso de la palabra para razonar el voto en torno a este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos, diputado.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su permiso, señor Presidente. La intención es un razonamiento a favor de este punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en virtud de que la siembra del nopal es en sí misma un importante factor para la conservación de los suelos y preservación del medio ambiente, con la característica de requerir una baja demanda de agua y su tolerancia a condiciones adversas de clima, cuyo cultivo se localiza en las regiones áridas y semiáridas que abarcan más de 52 por ciento de la superficie territorial nacional.En la actualidad los productores del nopal se ubican en 27 entidades federativas del país, destacando el Distrito Federal, principalmente la delegación de Milpa Alta y los estados de México, Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo y Puebla. Éstos aportan casi 95 por ciento de la producción nacional que en 2004 alcanzó un valor de mil 200 millones de pesos.
No debe soslayarse la importancia que adquiere el nopal mexicano en los mercados internacionales al representar 90 por ciento de las exportaciones del nopal verdura principalmente al mercado que constituyen los residentes de origen mexicano en Estados Unidos.
En el primer anuario estadístico de la producción agrícola se registra que a nivel nacional, considerando los periodos de riego y temporal, la producción de nopal ha tenido un comportamiento a la alza durante el periodo de 1995 a 2004, con una tasa de crecimiento de 37.2 por ciento en la superficie sembrada, de 57.5 por ciento de la superficie cosechada y de 106 por ciento en la producción. Asimismo, el rendimiento promedio nacional se ha elevado de 46.4 a 60.7 toneladas por hectáreas.
Entre otras razones, por éstas, nos sumamos al punto de acuerdo que presenta la Junta de Coordinación Política en torno a exhortar a la Sagarpa para verificar lo que señala el propio punto de acuerdo. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Sánchez Camacho.
No habiendo ningún otro orador registrado para la discusión de este punto de acuerdo, consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba dicha proposición.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado. Comuníquese.
GRUPOS DE AMISTAD
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integran los grupos de amistad de la Cámara de Diputados, LX Legislatura
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.
En alcance al Acuerdo por el que se integran diversos grupos de amistad, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 25 de abril del presente y con fundamento en el numeral 4 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos nos permitimos someter a consideración del Pleno, la designación de los diputados de la LX Legislatura que representarán a la Cámara de Diputados ante los siguientes grupos de amistad:
1. México-Alemania
Diputado Cargo Partido 1. Jorge Quintero Bello Presidencia PAN2. Martín Ramos Castellanos Secretario PRD3. María del Carmen Pinete Vargas Secretario PRI4. Ernesto Ruiz Velasco de Lira Integrante PAN5. Felipe González Ruiz Integrante PAN6. Dolores de María Manuell Integrante PANGómez Angulo7. Octavio Martínez Vargas Integrante PRD8. Andrés Carballo Bustamante Integrante PRI9. Elsa Conde Rodríguez Integrante ALT10. Diego Cobo Terrazas Integrante PVEM
2. México-Angola
Diputado Cargo Partido 1. Mónica Fernández Balboa Presidente PRD2. Pedro Armendáriz García Secretario PAN3. Adriana Rodríguez Integrante PANVizcarra Velázquez4. Irineo Mendoza Mendoza Integrante PRD
3 México-Arabia Saudita
Diputado Cargo Partido
1. Sara Shej Guzmán Presidencia PAN2. Rafael Franco Melgarejo Secretario PRD3. Francisco Dávila García Integrante PAN4. David Maldonado González Integrante PAN5. Mario Alberto Salazar Madera Integrante PAN6. Francisco Santos Arreola Integrante PRD7. Manuel Portilla Diéguez Integrante PVEM
4. México-Argelia
Diputado Cargo Partido 1. Rafael Ramos Becerril Presidente PRD2. Demetrio Román Isidoro Secretario PAN3. Osiel Castro de la Rosa Integrante PAN4. Víctor Varela López Integrante PRD
5 México-Argentina
Diputado Cargo Partido 1. Rosa Elva Soriano Sánchez Presidenta PRD2. Luis Gustavo Parra Noriega Secretario PAN3. Osiel Castro de la Rosa Integrante PAN4. Rubí Laura López Silva Integrante PAN5. Marisol Mora Cuevas Integrante PAN6. Andrés Lozano Lozano Integrante PRD7. Ana María Ramírez Cerda Integrante PVEM8. Elsa Conde Rodríguez Integrante ALT9. Rosa Elia Romero Guzmán Integrante PT
6. México- Australia
Diputado Cargo Partido 1. Miguel Ángel Jiménez Godínez Presidencia PANAL2. Carlos Eduardo Felton González Secretario PAN3. Alejandro Martínez Hernández Secretario PRD4. Oscar Mohamar Dainitin Integrante PAN5. Carlos Navarro Sugich Integrante PAN6. Adriana Vieyra Olivares Integrante PAN7. Odilón Romero Gutiérrez Integrante PRD8. Diego Cobo Terrazas Integrante PVEM
7. México-Austria
Diputado Cargo Partido 1. Lilia Gpe. Merodio Reza Presidencia PRI2. Marcela Cuen Garibi Secretario PAN3. María Soledad López Torres Secretario PRD4. González Betancourt Jorge Integrante PAN5. José Gildardo Guerrero Torres Integrante PAN6. Ector Jaime Ramírez Barba Integrante PAN7. Octavio Martínez Vargas Integrante PRD8. Elsa Conde Rodríguez Integrante ALT
8. México-Bélgica
Diputado Cargo Partido 1. Alfonso Suárez del Real y Aguilera Presidente PRD2. Nelly Asunción Hurtado Pérez Secretario PAN3. Ángel Humberto García Reyes Integrante PAN4. María Soledad Limas Frescas Integrante PAN5. María Sofía Castro Romero Integrante PAN6. Ramón Valdés Chávez Integrante CONV7. María Soledad López Torres Integrante PRD
9. México- Belice
Diputado Cargo Partido
1. Aurora Cervantes Rodríguez Presidenta PRD2. María Esther Jiménez Ramos Secretario PAN3. Carlos Augusto Bracho González Integrante PAN4. María Nieves Noriega Blanco Integrante PAN5. Irineo Mendoza Mendoza Integrante PRD
10. México-Bolivia
Diputado Cargo Partido 1. María Victoria Gutiérrez Lagunes Presidencia PAN2. Holly Matus Toledo Secretario PRD3. Silvio Gómez Leyva Integrante PAN4. Gerardo Priego Tapia Integrante PAN5. José Guadalupe Rivera Rivera Integrante PAN6. Rafael Villicaña García Integrante PRD7. Gustavo Pedro Cortés Integrante ALT
11. México-Brasil
Diputado Cargo Partido 1. Lourdes Alonso Flores Presidenta PRD2. Raúl García Vivián Secretario PAN3. Sergio Augusto López Ramírez Secretario PVEM4. Juan Enrique Barrios Rodríguez Integrante PAN5. César Augusto Verástegui Ostos Integrante PAN6. Juan Victoria Alva Integrante PAN7. J. Darío Lemarroy Martínez Integrante PRD8. Cuauhtémoc Velasco Oliva Integrante CONV9. Gustavo Pedro Cortés Integrante ALT
12. México-Bulgaria
Diputado Cargo Partido 1. Óscar González Morán Presidencia PAN2. Ramón Almonte Borja Secretario PRD3. Jorge Rubén Nordhausen González Integrante PAN4. Gerardo Priego Tapia Integrante PAN5. Isidro Pedraza Chávez Integrante PRD6. María Mercedes Maciel Ortíz Integrante PT
13. México-Canadá
Diputado Cargo Partido 1. Antonio Beber Martínez Presidencia PAN2. Francisco Elizondo Garrido Secretario PVEM3. Javier Hernández Manzanares Secretario PRD4. Omeheira López Reyna Integrante PAN5. Lizbeth Evelia Medina Rodríguez Integrante PAN6. Raúl Alejandro Padilla Orozco Integrante PAN7. Daniel Dehesa Mora Integrante PRD8. Martha Angélica Tagle Martínez Integrante CONV9. Ramón Valdés Chávez Integrante CONV
14. México-Chile
Diputado Cargo Partido 1. Jaime Verdín Saldaña Presidencia PAN2. Pablo Trejo Pérez Secretario PRD3. María del Carmen Fernández Ugarte Integrante PAN4. Arturo Flores Grande Integrante PAN5. José Ignacio Alberto Rubio Chávez Integrante PAN6. Claudia L. Cruz Santiago Integrante PRD7. Olga Patricia Chozas y Chozas Integrante PVEM8. Abundio Peregrino García Integrante PT
15. México-China
Diputado Cargo Partido 1. Enrique Serrano Escobar Presidencia PRI2. Juan Manuel Sandoval Munguía Secretario PAN3. José Luis Gutiérrez Calzadilla Secretario PRD4. Carlos Alberto García González Integrante PAN5. Mario Eduardo Moreno Álvarez Integrante PAN6. Nabor Ochoa López Integrante PAN7. Antonio Soto Sánchez Integrante PRD8. Manuel Salvador Salgado Amador Integrante PVEM9. Pablo Leopoldo Arreola Ortega Integrante PT
16. México-Chipre
Diputado Cargo Partido 1. Guadalupe Socorro Flores Salazar Presidenta PRD2. José Antonio Almazán González Integrante PRD
17. México-Colombia
Diputado Cargo Partido 1. José Alejandro Aguilar López Presidencia PAN2. Luis V.Sánchez Jiménez Secretario PRD3. Alfonso Othón Bello Pérez Integrante PAN4. Antonio Medellín Varela Integrante PAN5. Rocío del Carmen Morgan Franco Integrante PAN6. Joaquín de los Santos Molina Integrante PRD
18. México-Corea del Norte
Diputado Cargo Partido 1. Beatriz Collado Lara Presidencia PAN2. Irineo Mendoza Mendoza Secretario PRD3. Enrique Iragorri Durán Integrante PAN4. Fabián Fernando Montes Sánchez Integrante PAN5. Sergio Hernández Hernández Integrante PRD6. Silvano Garay Ulloa Integrante PT
19. México-Costa Rica
Diputado Cargo Partido 1. Margarita Arenas Guzmán Presidencia PAN2. Adriana Díaz Contreras Secretario PRD3. Gerardo Aranda Orozco Integrante PAN4. Efraín Arizméndi Uribe Integrante PAN5. Edgar Martín Ramírez Pech Integrante PAN6. Víctor Aguirre Alcaide Integrante PRD7. Guadalupe García Noriega Integrante PVEM8. Jorge Godoy Cárdenas Integrante CONV9. Aída Marina Arvizu Rivas Integrante ALT10. Abundio Peregrino García Integrante PT
20. México-Cuba
Diputado Cargo Partido 1. Héctor Hugo Olivares Ventura Presidencia PRI2. Rodolfo Solís Parga Secretario PT3. Othón Cuevas Córdoba Secretario PRD4. Alma Edwviges Alcaraz Hernández Integrante PAN5. Juan de Dios Castro Muñoz Integrante PAN6. David Lara Compean Integrante PAN7. José Antonio Muñoz Serrano Integrante PAN8. Antonio Saavedra Coronel Integrante PRD9. Francisco Elizondo Garrido Integrante PVEM10. Cuauhtémoc Velasco Oliva Integrante CONV11. Elsa Conde Rodríguez Integrante ALT12. Pablo Leopoldo Arreola Ortega Integrante PT
21. México-Dinamarca
Diputado Cargo Partido 1. Ana Yurixi Leyva Piñón Presidenta PRD2. Gustavo Ramírez Villarreal Secretario PAN3. Xavier López Ramírez Secretario PVEM4. Daniel Chávez García Integrante PAN5. Addy Cecilia Joaquín Coldwell Integrante PAN6. José Luis Murillo Torres Integrante PAN7. Carlos Altamirano Toledo Integrante PRD
22. México-Ecuador
Diputado Cargo Partido 1. Dolores Parra Jiménez Presidencia PAN2. Salvador Ruiz Sánchez Secretario PRD3. Gloria María Perroni Merino Integrante PAN4. José Guadalupe Rivera Rivera Integrante PAN5. Raciel Pérez Cruz Integrante PRD
23. México-El Salvador
Diputado Cargo Partido 1. Antonio Vasconcelos Rueda Presidencia PAN2. Claudia Lilia Cruz Santiago Secretario PRD3. Carlos Augusto Bracho González Integrante PAN4. Beatriz Eugenia García Reyes Integrante PAN5. Adriana Díaz Contreras Integrante PRD
24. México - Egipto
Diputado Cargo Partido 1. Nemesio Domínguez Domínguez Presidencia PRI2. Joaquín Díaz Mena Secretario PAN3. Antonio Soto Sánchez Secretario PRD4. Antonio Berber Martínez Integrante PAN5. Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo Integrante PAN6. Cruz Pérez Cuellar Integrante PAN7. Moisés Dagdug Lützow Integrante PRD
25. México-Eslovaquia
Diputado Cargo Partido 1. Victorio Rubén Montalvo Rojas Presidente PRD2. Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo Secretario PAN3. Artemio Torres Gómez Integrante PAN4. Dora Alicia Martínez Valero Integrante PAN5. Cruz Pérez Cuéllar Integrante PAN6. Jaime Espejel Lazcano Integrante PRD
26. México-España
Diputado Cargo Partido 1. Luis Alonso Mejía García Presidencia PAN2. David Sánchez Camacho Secretario PRD3. Felipe Borrego Estrada Integrante PAN4. José Gildardo Guerrero Torres Integrante PAN5. Alonso Manuel Lizaola de la Torre Integrante PAN6. Maricela Contreras Julián Integrante PRD7. Jesús Sesma Suárez Integrante PVEM8. Martha Angélica Tagle Martínez Integrante CONV9. Jorge Godoy Cárdenas Integrante CONV10. Delio Hernández Valdés Integrante ALT11. Abundio Peregrino García Integrante PT
27. México-Estados Unidos de América
Diputado Cargo Partido 1. José de Jesús Solano Muñoz Presidencia PAN2. Verónica Velasco Rodríguez Secretario PVEM3. José Jacques y Medina Secretario PRD4. María Eugenia Campos Galván Integrante PAN5. Marco Antonio Peyrot Solís Integrante PAN6. Antonio Valladolid Rodríguez Integrante PAN7. Ramón Almonte Borja Integrante PRD8. Armando García Méndez Integrante ALT
28. México-Etiopía
Diputado Cargo Partido 1. Alfonso Othon Bello Pérez Presidencia PAN2. Moisés DagdugLützow Secretario PRD3. María del Carmen Fernández Ugarte Integrante PAN4. María del Pilar Ortega Martínez Integrante PAN5. Fernando Mayans Canabal Integrante PRD
29. México-Filipinas
Diputado Cargo Partido 1. Ramón Landeros González Presidencia PAN2. Miguel Ángel Solares Chávez Secretario PRD3. María Mercedes Corral Aguilar Integrante PAN4. María Gabriela González Martínez Integrante PAN5. Miguel Ángel Monraz Ibarra Integrante PAN6. César Flores Maldonado Integrante PRD
30. México-Finlandia
Diputado Cargo Partido 1. Manuel Portilla Diéguez Presidencia PVEM2. Irene Aragón Castillo Secretario PRD3. Ángel Rafael Deschamps Falcón Integrante PAN4. Martha Margarita García Müller Integrante PAN5. Rubí Laura López Silva Integrante PAN6. Carlos Alberto Torres Torres Integrante PAN7. Rafael Franco Melgarejo Integrante PRD
31. México-Francia
Diputado Cargo Partido 1. José Ascensión Orihuela Bárcenas Presidencia PRI2. Laura Angélica Rojas Hernández Secretario PAN3. Rosario I. Ortiz Magallón Secretario PRD4. Diódoro Carrasco Altamirano Integrante PAN5. Antonio del Valle Toca Integrante PAN6. Alberto Vázquez Martínez Integrante PAN7. Holly Matus Toledo Integrante PRD8. Jesús Sesma Suárez Integrante PVEM9. Ramón Valdés Chávez Integrante CONV10. Delio Hernández Valdés Integrante ALT
32. México-Grecia
Diputado Cargo Partido 1. Jesús Sesma Suárez Presidencia PVEM2. Alma Hilda Medina Macías Secretario PAN3. Carlos Altamirano Toledo Secretario PRD4. Silva Emilia Degante Romero Integrante PAN5. Yolanda Garmendia Hernández Integrante PAN6. Ernesto Oviedo Oviedo Integrante PAN7. Jorge Godoy Cárdenas Integrante CONV8. Valentina Batres Guadarrama Integrante PRD
33. México-Guatemala
Diputado Cargo Partido
1. Salvador Arredondo Ibarra Presidencia PAN2. Juan Manuel San Martín Hernández Secretario PRD3. Martha Cecilia Díaz Gordillo Integrante PAN4. María Dolores González Sánchez Integrante PAN5. Carlos Rene Sánchez Gil Integrante PAN6. Francisco Sánchez Ramos Integrante PRD
34. México-Haití
Diputado Cargo Partido 1. Francisco Javier Plascencia Alonso Presidencia PAN2. Daniel Dehesa Mora Secretario PRD3. Gerardo Buganza Salmerón Integrante PAN4. Leobardo Curiel Preciado Integrante PAN5. José Guillermo Velázquez Gutiérrez Integrante PAN6. José Antonio Saavedra Coronel Integrante PRD
35. México-Holanda
Diputado Cargo Partido 1. Francisco Sánchez Ramos Presidente PRD2. José Víctor Sánchez Trujillo Integrante PAN3. Leticia Díaz de León Torres Integrante PAN4. Felipe Díaz Garibay Integrante PAN5. Dora Alicia Martínez Valero Integrante PAN6. Isidro Pedraza Chávez Integrante PRD7. Diego Cobos Terrazas Integrante PVEM
36. México-Honduras
Diputado Cargo Partido 1. Francisco Javier Paredes Rodríguez Presidencia PAN2. Irineo Mendoza Mendoza Secretario PRD3. Andrés Bermúdez Viramontes Integrante PAN4. Luis Rodolfo Enríquez Martínez Integrante PAN5. Alejandro Martínez Hernández Integrante PRD
37. México-Hungría
Diputado Cargo Partido 1. Alberto Amaro Corona Presidente PRD2. Gregorio Barradas Miravete Secretario PAN3. Francisco Dávila García Integrante PAN4. Violeta del Pilar Lagunes Viveros Integrante PAN5. Martín Ramos Castellanos Integrante PRD
38. México-India
Diputado Cargo Partido 1. José Inés Palafox Núñez Presidencia PAN2. José Antonio Almazán González Secretario PRD3. Obdulio Ávila Mayo Integrante PAN4. María Gabriela González Martínez Integrante PAN5. Alejandro Landero Gutiérrez Integrante PAN6. Rosa Elva Soriano Sánchez Integrante PRD7. Rosa Elia Romero Guzmán Integrante PT
39. México-Indonesia
Diputado Cargo Partido 1. Martín Malagón Ríos Presidencia PAN2. César Flores Maldonado Secretario PRD3. Alejandro Landero Gutiérrez Integrante PAN4. José Nicolás Morales Ramos Integrante PAN5. Darío Lemarroy Martínez Integrante PRD
40. México-Irán
Diputado Cargo Partido 1. Artemio Torres Gómez Presidencia PAN2. J. Humberto Zazueta Aguilar Secretario PRD3. Carlos Rene Sánchez Gil Integrante PAN4. José Jacques y Medina Integrante PRD
41. México-Irlanda
Diputado Cargo Partido 1. Joaquín Conrado de los Santos Molina Presidente PRD2. Lorenzo Daniel Ludlow Kuri Secretario PAN3. José Martín López Cisneros Integrante PAN4. Juan Manuel Villanueva Arjona Integrante PAN5. Javier Martín Zambrano Elizondo Integrante PAN6. Gloria Rasgado Corsi Integrante PRD
42. México-Israel
Diputado Cargo Partido 1. Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán Presidencia PRI2. Moisés Alcalde Virgen Secretario PAN3. Antonio Soto Sánchez Secretario PRD4. María Victoria Gutiérrez Lagunes Integrante PAN5. Héctor Manuel Ramos Covarrubias Integrante PAN6. David Maldonado González Integrante PAN7. Roberto Mendoza Flores Integrante PRD8. Sergio Augusto López Ramírez Integrante PVEM
43. México-Italia
Diputado Cargo Partido 1. Samuel Aguilar Solís Presidencia PRI2. Adriana Dávila Fernández Secretario PAN3. Fausto Fluvio Mendoza Maldonado Secretario PRD4. Agustín Leura González Integrante PAN5. José Manuel Minjares Jiménez Integrante PAN6. María Gloria Valenzuela García Integrante PAN7. José Luis Gutiérrez Calzadilla Integrante PRD8. Manuel Portilla Dieguez Integrante PVEM9. Armando García Méndez Integrante ALT
44. México-Jamaica
Diputado Cargo Partido 1. Francisco Javier Gudiño Ortiz Presidencia PAN2. José Antonio Saavedra Coronel Secretario PRD3. Rogelio Carbajal Tejada Integrante PAN4. Leobardo Curiel Preciado Integrante PAN5. Luis Gerardo Serrato Castell Integrante PAN6. Juan Manuel San Martín Hernández Integrante PRD
45. México-Japón
Diputado Cargo Partido 1. Érick López Barriga Presidente PRD2. Luis Gerardo Serrato Castell Secretario PAN3. Esmeralda Cárdenas Sánchez Integrante PAN4. Édgar Mauricio Duck Núñez Integrante PAN5. Jesús Vicente Flores Morfín Integrante PAN6. Olga Patricia Chozas y Chozas Integrante PVEM7. Miguel Ángel Solares Chávez Integrante PRD
46. México-Líbano
Diputado Cargo Partido 1. María del Carmen Salvatori Bronca Presidenta CONV2. Luis Xavier Maawad Robert Secretario PAN3. Víctor Gabriel Varela López Secretario PRD4. Mariano González Zarur Integrante PRI5. Gregorio Barradas Miravete Integrante PAN6. Violeta del Pilar Lagunes Viveros Integrante PAN7. Delber Medina Rodríguez Integrante PAN8. Fausto Fluvio Mendoza Maldonado Integrante PRD
47. México-Malasia
Diputado Cargo Partido 1. María Mercedes Corral Aguilar Presidencia PAN2. Mario Vallejo Estévez Secretario PRD3. Beatriz Collado Lara Integrante PAN4. David Figueroa Ortega Integrante PAN5. Francisco Márquez Tinoco Integrante PRD
48. México-Marruecos
Diputado Cargo Partido 1. Carlos Ernesto Zatarain González Presidencia PRI2. Víctor Manuel Torres Herrera Secretario PAN3. César Flores Maldonado Secretario PRD4. Constantino Acosta Dávila Integrante PAN5. Alejandro Enrique Delgado Oscoy Integrante PAN6. Antonio Valladolid Rodríguez Integrante PAN7. Aurora Cervantes Rodríguez Integrante PRD
49. México-Mongolia
Diputado Cargo Partido 1. José Amado Orihuela Trejo Presidencia PRI2. Cuauhtémoc Sandoval Ramírez Secretario PRD3. Alberto Amaro Corona Integrante PRD4. Elda Gómez Lugo Integrante PRI
50. México-Montenegro
Diputado Cargo Partido 1. Jesús Evodio Velázquez Aguirre Presidente PRD2. Addy Cecilia Joaquín Coldwell Secretario PAN3. René Lezama Aradillas Integrante PAN4. Lourdes Alonso Flores Integrante PRD
51. México-Nicaragua
Diputado Cargo Partido 1. Joel Guerrero Juárez Presidencia PRI2. María Ofelia Gloria Malcos Amaro Secretario PAN3. José Antonio Saavedra Coronel Secretario PRD4. José Antonio Díaz García Integrante PAN5. Carlos Madrazo Limón Integrante PAN6. Pablo Trejo Pérez Integrante PRD
52. México- Noruega
Diputado Cargo Partido 1. Ismael Ordaz Jiménez Presidencia PRI2. Ricardo Rodríguez Jiménez Integrante PAN3. Jaime Espejel Lazcano Secretario PRD4. Ramón Landeros González Integrante PAN5. Christian Martín Lujano Nicolás Integrante PAN6. Carlos Alberto Navarro Sugich Integrante PAN7. Rafael Sánchez Cabrales Integrante PRD
53. México-Nueva Zelanda
Diputado Cargo Partido 1. José Guillermo Fuentes Ortiz Presidencia PAN2. Mónica Fernández Balboa Secretario PRD3. María Eugenia Campos Galván Integrante PAN4. Armando Jesús Félix Holguín Integrante PAN5. Laura Angélica Rojas Hernández Integrante PAN6. Odilón Romero Gutiérrez Integrante PRD7. Sergio Augusto López Ramírez Integrante PVEM
54. México-Palestina
Diputado Cargo Partido 1. Fernando Mayans Canabal Presidente PRD2. Jorge Alejandro Salum del Palacio Secretario PAN3. Jorge Rubén Nordhausen González Integrante PAN4. Sara Shej Guzmán Integrante PAN5. Alliet Bautista Bravo Integrante PRD
55. México-Panamá
Diputado Cargo Partido 1. Sergio Sandoval Paredes Presidencia PRI2. Enrique Rodríguez Uresti Secretario PAN3. Carlos Sánchez Barrios Secretario PRD4. Claudia Sánchez Juárez Integrante PAN5. Luis V. Sánchez Jiménez Integrante PRD6. Delio Hernández Valadés Integrante ALT
56. México-Paraguay
Diputado Cargo Partido 1. Francisco Rueda Gómez Presidencia PAN2. Odilón Romero Gutiérrez Secretario PRD3. Iñigo Antonio Laviada Hernández Integrante PAN4. Francisco Javier Plascencia Alonso Integrante PAN5. Guadalupe Flores Salazar Integrante PRD
57. México-Perú
Diputado Cargo Partido 1. José Luis Contreras Coeto Presidencia PAN2. Andrés Lozano Lozano Secretario PRD3. María Esperanza Morelos Borja Integrante PAN4. Rolando Rivero Rivero Integrante PAN5. José Guillermo Velásquez Gutiérrez Integrante PAN6. Susana Monreal Ávila Integrante PRD7. Cuauhtémoc Velasco Oliva Integrante CONV
58. México-Polonia
Diputado Cargo Partido 1. Raciel Pérez Cruz Presidente PRD2. Carlos Armando Reyes López Secretario PAN3. Salvador Arredondo Ibarra Integrante PAN4. Jesús Arredondo Velázquez Integrante PAN5. Carlos Altamirano Toledo Integrante PRD
59. México-Portugal
Diputado Cargo Partido 1. Andrés Carballo Bustamante Presidencia PRI2. Ernesto Oviedo Oviedo Secretario PAN3. Alliet Bautista Bravo Secretario PRD4. Margarita Arenas Guzmán Integrante PAN5. Pedro Pulido Pecero Integrante PAN6. Marcos Salas Contreras Integrante PAN7. Yary del Carmen Gebhardt Garduza Integrante PRI8. Luis Jorge Toledo Integrante PRI9. Aída Marina Arvizu Rivas Integrante ALT10. José Alfonso Suárez del Real Integrante PRDy Aguilera
60. México-Reino Unido
Diputado Cargo Partido 1. Alejandro Chanona Burguete Presidente CONV2. Alberto Vázquez Martínez Secretario PAN3. Jesús Sesma Suárez Secretario PVEM4. José Luis Espinosa Piña Integrante PAN5. Francisco Antonio Fraile García Integrante PAN6. Rocío del Carmen Morgan Franco Integrante PAN7. Cuauhtémoc Velasco Oliva Integrante CONV8. Armando García Méndez Integrante ALT9. Susana Monreal Ávila Integrante PRD10 Carlos Roberto Martínez Martínez Integrante PRD11. Silvano Garay Ulloa Integrante PT12. Miguel Ángel Jiménez Godínez Integrante PANAL
61. México-República Checa
Diputado Cargo Partido 1. Omar Antonio Borboa Becerra Presidencia PAN2. Octavio Martínez Vargas Secretario PRD3. Cristián Castaño Contreras Integrante PAN4. Gerardo Antonio Escaroz Soler Integrante PAN5. Emilio Ramón Ramiro Integrante PANFlores Domínguez6. Ana Yurixi Leyva Piñón Integrante PRD7. Marina Arvizu Rivas Integrante ALT
62. México-República de Corea del Sur
Diputado Cargo Partido 1. Daniel Pérez Valdés Presidencia PRI2. Elia Hernández Núñez Secretario PAN3. Rafael Elías Sánchez Cabrales Secretario PRD4. Apolonio Méndez Meneses Integrante PAN5. Adriana Rodríguez Integrante PANVizcarra Velázquez6. Javier Hernández Manzanares Integrante PRD
63. México-República Dominicana
Diputado Cargo Partido 1. Felipe Díaz Garibay Presidencia PAN2. Víctor Aguirre Alcaide Secretario PRD3. Jesús Arredondo Velázquez Integrante PAN4. José Antonio Díaz García Integrante PAN5. Luis Rodolfo Enríquez Martínez Integrante PAN6. Odilón Romero Gutiérrez Integrante PRD7. Silvano Garay Ulloa Integrante PT
64. México-Rumania
Diputado Cargo Partido 1. María de Jesús Martínez Díaz Presidencia PAN2. Isidro Pedraza Chávez Secretario PRD3. Javier Bolaños Aguilar Integrante PAN4. Felipe Borrego Estrada Integrante PAN5. Marcela Cuen Garibi Integrante PAN6. Othón Cuevas Córdova Integrante PRD7. Cuauhtémoc Velasco Oliva Integrante CONVER- GENCIA
65. México- Rusia
Diputado Cargo Partido 1. Cuauhtémoc Sandoval Ramírez Presidente PRD2. Eduardo Ortiz Hernández Secretario PAN3. Leonardo Melesio de Jesús Integrante PANMagallón Arceo4. Édgar Armando Olvera Higuera Integrante PAN5. Martín Stefanonni Mazzocco Integrante PAN6. Francisco Santos Arreola Integrante PRD7. Jesús Sesma Suárez Integrante PVEM
66. México-Santa Lucía
Diputado Cargo Partido 1. Gloria Rasgado Corsi Presidenta PRD2. Liliana Carbajal Méndez Secretario PAN3. Constantino Acosta Dávila Integrante PAN4. Alberto López Rojas Integrante PRD
67. México-Serbia
Diputado Cargo Partido 1. Francisco Javier Murillo Flores Presidencia PAN2. Jesús Evodio Velázquez Aguirre Secretario PRD3. René Lezama Aradillas Integrante PAN4. Luis Xavier Maawad Robert Integrante PAN5. Luis Fernando Rodríguez Ahumada Integrante PAN6. Mario Enrique del Toro Integrante PRD
68. México-Singapur
Diputado Cargo Partido 1. Ricardo Canavatti Tafich Presidencia PRI2. Martha Margarita García Müller Secretario PAN3. Francisco Márquez Tinoco Secretario PRD4. Moisés Alcalde Virgen Integrante PAN5. Liliana Carbajal Méndez Integrante PAN6. Yadhira Yvette Tamayo Herrera Integrante PAN7. Miguel Ángel Solares Chávez Integrante PRD
69. México-Sudáfrica
Diputado Cargo Partido 1. Mario Enrique del Toro Presidente PRD2. Christian Martín Lujano Nicolás Secretario PAN3. Gerardo Amezola Fonceca Integrante PAN4. Tomás del Toro del Villar Integrante PAN5. Juan José Rodríguez Prats Integrante PAN6. Carlos R. Martínez Martínez Integrante PRD7. Francisco Elizondo Garrido Integrante PVEM8. María Mercedes Maciel Ortíz Integrante PT
70. México-Suecia
Diputado Cargo Partido 1. Camerino Márquez Madrid Presidente PRD2. Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo Secretario PAN3. María Elena Álvarez Integrante PANBernal de Vicencio4. Gustavo Ramírez Villareal Integrante PAN5. Ricardo Rodríguez Jiménez Integrante PAN6. Salvador Ruiz Sánchez Integrante PRD7. Guadalupe García Noriega Integrante PVEM
71. México-Suiza
Diputado Cargo Partido 1. Gustavo Fernando Caballero Camargo Presidencia PRI2. Jesús de León Tello Secretario PAN3. Susana Monreal Ávila Secretario PRD4. Joel Arellano Arellano Integrante PAN5. Lucía Susana Mendoza Morales Integrante PAN6. Antonio Vega Corona Integrante PAN7. Carlos Roberto Martínez Martínez Integrante PRD
72. México-Tailandia
Diputado Cargo Partido 1. Leonardo Melesio de Jesús Presidencia PANMagallón Arceo2. Roberto Mendoza Flores Secretario PRD3. Benjamín Ernesto González Roaro Integrante PAN4. Dolores de María Manuell-Gómez Integrante PANAngulo5. Carlos Armando Reyes López Integrante PAN6. Francisco Márquez Tinoco Integrante PRD
73. México-Trinidad y Tobago
Diputado Cargo Partido 1. Ricardo Franco Cázares Presidencia PAN2. Adriana Díaz Contreras Secretario PRD3. Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo Integrante PAN4. María Ofelia Gloria Malcos Amaro Integrante PAN5. Rafael Ramos Becerril Integrante PRD
74. México-Turquía
Diputado Cargo Partido 1. Roberto Badillo Martínez Presidencia PRI2. Iñigo Antonio Laviada Hernández Secretario PAN3. Moisés F. Dagdug Lützow Secretario PRD4. Juan de Dios Castro Muñoz Integrante PAN5. Sergio Hernández Hernández Integrante PRD
75. México-Ucrania
Diputado Cargo Partido 1. Aída Marina Arvizu Rivas Presidencia ALT2. Francisco Santos Arreola Secretario PRD3. Javier Bolaños Aguilar Integrante PAN4. Carlos Alberto García González Integrante PAN5. Jorge Alejandro Salum del Palacio Integrante PAN6. Alejandro Sánchez Domínguez Integrante PAN7. Cuauhtémoc Sandoval Ramírez Integrante PRD
76. México-Uruguay
Diputado Cargo Partido 1. Valentina Batres Guadarrama Presidenta PRD2. Daniel Chávez García Secretario PAN3. Armando Enríquez Flores Integrante PAN4. Enrique Iragorri Durán Integrante PAN5. Luis Fernando Rodríguez Ahumada Integrante PAN6. Camerino Márquez Madrid Integrante PRD7. Jorge Godoy Cárdenas Integrante CONV8. Marina Arvizu Rivas Integrante ALT9. María Mercedez Maciel Ortíz Integrante PT
77. México-Venezuela
Diputado Cargo Partido 1. Ricardo Cantú Garza Presidencia PT2. J. Humberto Zazueta Aguilar Secretario PRD3. Andrés Bermúdez Viramontes Integrante PAN4. Francisco Antonio Fraile García Integrante PAN5. José Guillermo Fuentes Ortiz Integrante PAN6. José Ignacio Alberto Rubio Chávez Integrante PAN7. Pedro Cortés Gustavo Integrante ALT8. Érick López Barriga Integrante PRD9. Pablo Leopoldo Arreola Ortega Integrante PT10. Joaquín Humberto Vela González Integrante PT
78. México-Vietnam
Diputado Cargo Partido 1. Jaime Cervantes Rivera Presidencia PT2. Gloria María Perroni Merino Secretario PAN3. Alberto López Rojas Secretario PRD4. Ramón Ceja Romero Integrante PAN5. Rafael Villicaña García Integrante PRD6. Joaquín Humberto Vela González Integrante PT
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Permítame, diputada Secretaria. Diputada María de los Ángeles Jiménez, ¿con qué objeto?
La diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo: Una vez que está publicado en la Gaceta Parlamentaria, propongo a la Presidencia que someta a la consideración del pleno que se dispense la lectura.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se pone a consideración del pleno, siendo que, efectivamente, ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria la integración de los grupos de amistad, si se dispensa la lectura de los mismos. Consulte la Secretaría en votación económica dicha propuesta.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si dispensa la lectura de la lista de los integrantes de los grupos de amistad. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, se dispensa la lectura en virtud de que está publicado en la Gaceta.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: En votación económica consulte la Secretaría si se aprueba la integración de los grupos de amistad como ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Aprobado por mayoría, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese.
ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura.--- Presente.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, base primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 10, fracción II, y 36, fracciones V y XVI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito remitir a usted la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para los efectos constitucionales y legislativos conducentes.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura.--- Presente.
Los que suscribimos, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), IV Legislatura, en nuestro carácter de integrantes de la Mesa Directiva de este órgano de gobierno local, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 10, fracción II, 31, 32 y 36, fracciones II, V, VI y XV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se permiten someter a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Antecedentes
1. Con fecha 3 de julio de 2007 fue remitida a la presidencia de la Comisión de Gobierno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia del sistema electoral del Distrito Federal, presentada por diputados integrantes de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
2. En sesión celebrada el 10 de julio de 2007, la Comisión de Gobierno acordó remitir a la Comisión de Asuntos Político-Electorales la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia del sistema electoral del Distrito Federal, por lo que, con la misma fecha, fue remitida a esta comisión mediante el oficio número ALDF/CG/0409/2007, signado por el presidente de la Comisión de Gobierno.
3. Con fecha 18 de septiembre de 2007, la presidencia de la Comisión de Asuntos Político-Electorales solicitó prórroga para la dictaminación de diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en materia del sistema electoral del Distrito Federal, solicitud que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Legislativa en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2007.
4. Mediante el oficio número CNLEPP/IX/07, de fecha 24 de septiembre de 2007, el presidente de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias solicitó la ampliación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia del sistema electoral del Distrito Federal, a aquella comisión, solicitud que le fue autorizada por el Pleno de la Asamblea Legislativa en sesión celebrada el 27 de septiembre de 2007.
5. Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 29 y 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Asuntos Político-Electorales se reunieron el 12 de noviembre de 2007 para aprobar el proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia del sistema electoral del Distrito Federal.
6. El 20 de noviembre de 2007, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, con 60 votos aprobó, por unanimidad de los presentes, el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Asuntos Político-Electorales a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Por lo expuesto, nos permitimos someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Son seis los rubros en que la propuesta pretende influir, todos relativos al sistema electoral en el Distrito Federal: 1. Implantar la reelección legislativa; 2. Eliminar la ``cláusula de gobernabilidad'' en la integración de la ALDF; 3. Implantar la figura de ``partidos políticos locales''; 4. Implantar la figura de ``candidaturas ciudadanas''; 5. Disminuir de 63 a 60 por ciento el número máximo de diputados electos de cada partido o coalición por ambos principios; y 6. Eliminar a los grupos parlamentarios como proponentes de los integrantes del Consejo General del IEDF.
De los seis objetivos que se plantea la iniciativa en comento, los primeros cuatro (implantar la reelección legislativa, eliminar la ``cláusula de gobernabilidad'' en la integración de la ALDF, implantar la figura de ``partidos políticos locales'' e implantar la figura de ``candidaturas ciudadanas'') requieren reformas no sólo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal sino, también, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que los dos últimos (disminuir de 63 a 60 por ciento el número máximo de diputados electos de cada partido o coalición por ambos principios; y eliminar a los grupos parlamentarios como proponentes de los integrantes del Consejo General del IEDF) podrían implantarse solamente con una reforma del Estatuto de Gobierno.
La búsqueda de reformas del marco normativo tendentes al fortalecimiento y perfeccionamiento de la materia electoral no son un tema exclusivo del ámbito local en el Distrito Federal, pues en el marco de los trabajos de la reforma del Estado que lleva a cabo el Congreso de la Unión en términos de lo establecido por la Ley para la Reforma del Estado, el rubro de reforma electoral fue el primero en ser abordado. El 31 de agosto de 2007 fue presentada a la del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, signada por diversos grupos parlamentarios.
El dictamen de esta iniciativa fue aprobada por el Pleno del Senado de la República en sesión celebrada el 12 de septiembre de 2007, y el dictamen de la correspondiente minuta fue aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de septiembre de 2007 y remitido a los congresos de los estados para los efectos constitucionales.
Ya con la aprobación de 30 congresos locales, el 31 de octubre de 2007 la Presidencia de la Cámara de Diputados declaró aprobado el decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122, adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; misma declaratoria hizo la Presidencia del Senado de la República el 6 de noviembre de 2007.
Por lo concerniente al Distrito Federal, la reforma constitucional en materia electoral a que hacen referencia los párrafos anteriores tiene incidencia en los siguientes rubros:
Como se observa, la reforma constitucional en materia electoral aprobada recientemente por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales retomó uno de los cuatro objetivos planteados por la presente iniciativa, que fue la eliminación del siguiente texto del inciso f) de la fracción V de la Base I del apartado C del artículo 122: ``En estas elecciones sólo podrán participar los partidos políticos con registro nacional'', dando pauta a la participación de partidos locales en las elecciones locales del Distrito Federal, en los términos que establezca la legislación secundaria.
Por lo demás, la reforma constitucional en materia electoral no consideró tres objetivos planteados por la presente iniciativa: la implantación de la reelección legislativa, la eliminación de la ``cláusula de gobernabilidad'' en la integración de la ALDF y la implantación de la figura de ``candidaturas ciudadanas''.
Incluso, el tema de candidaturas ciudadanas no sólo no fue abordado en la reforma constitucional en materia electoral sino que, incluso, fue abordado justamente en sentido contrario de como se propuso en la iniciativa presentada ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En la iniciativa de marras, además de eliminar del inciso f) de la fracción V de la Base I del apartado C del artículo 122 constitucional el enunciado siguiente: ``En estas elecciones sólo podrán participar los partidos políticos con registro nacional'', también se propuso reformar el artículo 121 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar así:
Los partidos políticos con registro nacional, así como los partidos políticos con registro local, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, recibirán en forma equitativa financiamiento público para su sostenimiento, y contarán durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal. La ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
Aquellos ciudadanos que participen con el carácter de candidatos independientes y obtengan el triunfo, podrán recuperar del Instituto Electoral del Distrito Federal una parte de sus gastos de campaña, conforme a las disposiciones señaladas por la ley.
Es decir, que con la propuesta contenida en la iniciativa que se analiza, la eliminación de la obligación de que sólo participen partidos nacionales en las elecciones locales, no solo daría pauta para la creación de partidos locales, sino también de candidaturas independientes.
Sin embargo, la reforma constitucional en materia electoral no deja lugar a dudas respecto a las candidaturas independientes en elecciones locales, pues es enfática la prohibición de éstas, tal como se puede desprender de la lectura del reformado texto del
De lo anterior se desprende que la reforma constitucional en materia electoral sí abordó el tema de las candidaturas ciudadanas para las elecciones estatales y del Distrito Federal, prohibiéndolas absolutamente.
El modelo rígido de la norma suprema del Estado mexicano para ser modificada, y los plazos que el propio Congreso de la Unión se dio a través de la Ley para la Reforma del Estado para concluir las modificaciones constitucionales en los rubros señalados por el propio ordenamiento, hacen suponer que la aprobación de nuevas reformas en materia electoral que pudieran abarcar aquellas contenidas en la iniciativa que se analiza --y que no fueron contempladas en las modificaciones aprobadas recientemente por el Constituyente Permanente--, no se realizará en el corto plazo; por lo que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal considera que, con el objeto de fortalecer el sistema electoral en el Distrito Federal, más que aprobar iniciativas de reforma constitucional sobre asuntos que no fueron considerados por la reciente reforma electoral, sería más viable que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentara una iniciativa de reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que contenga no sólo las adecuaciones a los ordenamientos jurídicos que todas las entidades federativas deben hacer en materia electoral como consecuencia de la reforma constitucional, sino que además contenga aquellas propuestas de reforma al Estatuto de Gobierno que abonen al objetivo primordial de fortalecer al sistema electoral en el Distrito Federal.
Por las razones expuestas en el párrafo anterior, y a efecto de coadyuvar con el Congreso de la Unión para que éste dé cumplimiento con lo que establece el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas constitucionales en materia electoral, este órgano legislativo considera que las modificaciones que en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se deben realizar para adecuar a este ordenamiento las reformas constitucionales en materia electoral, son las que establezcan lo siguiente:
Así, se propone que los puntos 1, 5, 6, 7, 8, se agreguen al artículo 122, el cual sería reformando para que en él se enuncie lo que la ley señalará con relación a los partidos políticos; el punto 2 al artículo 123 a través de la adición de un segundo párrafo; los puntos 3 y 11 al artículo 121 a través de la adición de cuatro nuevos párrafos; los puntos 4 y 12 al artículo 120, a través de la adición de tres nuevos párrafos; y los puntos 9 y 10 al artículo 134 a través de la adición de un nuevo párrafo.
Es así como en el Estatuto de Gobierno se plasmarían las modificaciones al texto constitucional en materia electoral y se coadyuvaría con el Congreso de la Unión para dar cumplimiento al artículo tercero transitorio de la denominada reforma electoral federal.
Además de las modificaciones al Estatuto de Gobierno producto de adecuar la reforma constitucional en materia electoral a este cuerpo normativo de carácter federal, este órgano colegiado considera conveniente retomar las dos propuestas de la presente iniciativa que tienen un impacto exclusivo sobre el Estatuto de Gobierno: disminuir de 63 por ciento a 60 por ciento el número máximo de diputados electos de cada partido o coalición por ambos principios, y eliminar a los grupos parlamentarios como proponentes de los integrantes del Consejo General del IEDF.
Sobre la primera propuesta, la disminución de 63 por ciento a 60 por ciento del número máximo de diputados electos da cada partido o coalición por ambos principios, esta Asamblea Legislativa considera adecuada la reflexión contenida en la exposición de motivos de la iniciativa que se analiza, referente a que la conformación del órgano legislativo local a través del principio de mayoría relativa y de representación proporcional, no fue modificado de modo igual como en el caso de la conformación por ambos principios en el nivel federal; específicamente en lo que establece la fracción IV del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Los 300 diputados como número máximo al que un partido político puede aspirar para integrar la Cámara de Diputados, representa el 60 por ciento del total del órgano legislativo; es decir, que en el supuesto de que un mismo partido ganara el total de las diputaciones de mayoría, no tendría acceso a ninguna diputación por el principio de representación proporcional.
Sin embargo, en el caso de la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Estatuto de Gobierno establece en su artículo 37 párrafo sexto inciso a) que el porcentaje máximo de diputados electos por ambos principios al que un partido puede aspirar es de 63 por ciento, con lo cual, se abre la posibilidad para que un partido político, incluso habiendo ganado la totalidad de las diputaciones de mayoría (40), aún pudiera aspirar a más diputados a través de la representación proporcional.
Esto es así porque cada diputado representa el 1.51 por ciento del total de la Asamblea Legislativa; el 63 por ciento de la Asamblea lo conforman 41.58 diputados, y el 60 por ciento es conformado por 39.6 diputados.
La disminución del porcentaje máximo de diputados a la Asamblea Legislativa al que puede aspirar un partido, abona, como bien se señala en la iniciativa que se analiza, al principio de representatividad, de modo tal que en la mayor medida posible la integración del órgano legislativo de carácter local sea fiel reflejo de los porcentajes de votación que cada partido político obtenga en aquella elección, evitando de esta manera una excesiva sobrerepresentación o subrepresentación.
Finalmente, el porcentaje máximo de diputados a la Asamblea Legislativa al que puede aspirar un partido, es decir, el 63 por ciento establecido en el Estatuto de Gobierno, ha generado incertidumbre y ha hecho más compleja la asignación de diputados por este principio, situación que incluso ha hecho necesario resolver la asignación de diputados de representación proporcional en el tribunal competente; así que se considera que la propuesta permitirá dar mayor certeza jurídica a la asignación de diputados de representación proporcional.
Se propone entonces modificar el inciso a) del sexto párrafo del artículo 37 del Estatuto de Gobierno, para establecer que ningún partido político podrá contar con más del 60 por ciento del total de diputados electos por ambos principios.
Con relación a la segunda propuesta, la de eliminar a los grupos parlamentarios como proponentes de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, hay que señalar que una de las mayores críticas que en la actualidad se hace al sistema electoral no sólo en el nivel local, sino fundamentalmente en el nivel federal, es la conformación del Consejo General del Instituto Electoral, pues sus integrantes son el producto de los acuerdos de los grupos parlamentarios sin que necesariamente demuestren tener la experiencia o la formación necesaria en el ámbito jurídico electoral; o lo que es peor, en ocasiones su propia trayectoria los liga a algún partido político.
Se argumenta además que en la medida en que el nivel de credibilidad del órgano electoral disminuya, el costo de la democracia será inútil porque habrá una percepción cada vez más creciente de que existen vicios de origen en la organización electoral.
La reforma constitucional en materia electoral no fue ajena al tema, y se estableció en el artículo 41 Base V tercer párrafo que tanto el consejero presidente como los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral serán elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios (lo cual ya existía) y se agrega que esto será previa realización de una amplia consulta a la sociedad.
La Asamblea Legislativa considera que para el caso del Distrito Federal, se puede avanzar aún más de lo que se avanzó en la reforma federal. Se considera que, en el actual modelo, la única razón para que sean los grupos parlamentarios los proponentes de los consejeros electorales es una razón de control político de los propios partidos, en demérito del carácter ciudadano de los órganos electorales.
Si a nivel federal se avanzó agregando que previo a las propuestas de los grupos parlamentarios se debe realizar una amplia consulta a la ciudadanía, se propone que para el caso del Distrito Federal no se establezca que serán los grupos parlamentarios los proponentes, y en todo caso sea el ordenamiento electoral local el que establezca el procedimiento correspondiente (si fuese necesario después cambiar el procedimiento de designación de consejeros, esto sea a través de una reforma a la ley electoral local y no al Estatuto).
Actualmente nadie cuestiona la participación del órgano judicial en la integración del Tribunal Electoral, pues la presentación de sus propuestas obedecen más a criterios de perfil profesional, y menos a criterios políticos. Para el caso de los consejeros electorales, no se propone que sea otro órgano quien presente las propuestas, sino que en todo caso eso se determine en la ley secundaria; pero sí se propone dejar abierta la posibilidad de que se busquen nuevos mecanismos para la presentación de propuestas, además de los grupos parlamentarios.
Por ende se propone reformar el artículo 125 del Estatuto para eliminar el enunciado ``a propuesta de los grupos parlamentarios'', pues se considera que de este modo se fortalece la legitimidad del órgano electoral local y su independencia respecto de los actores políticos, cumpliendo con un mayor grado de autonomía para el eficiente desempeño de sus trascendentes funciones electorales.
Además de lo establecido en los párrafos anteriores, este cuerpo colegiado considera conveniente agregar la renovación escalonada de los consejeros electorales y de los magistrados electorales.
La reforma constitucional en materia electoral considera, para el caso de las autoridades electorales federales, este modelo de renovación escalonada (artículo 41 Base V tercer párrafo, en el caso de los consejeros del Instituto Federal Electoral, y artículo 99 párrafo séptimo, en el caso de los magistrados electorales).
Al referirse a esta modificación, el dictamen de la reforma constitucional en materia electoral señala:
Si bien esta reforma constitucional no hace obligatoria esta disposición para las entidades federativas este órgano legislativo coincide con los argumentos que establece el dictamen de la reforma federal en el sentido de la necesidad de aprovechar la experiencia de los ya integrados para con los que habrán de integrarse, y se pretenda reinventar, en cada nuevo periodo, al tribunal o al instituto --según sea el caso-- por no contar con integrantes que hubiesen participado previamente en los respectivos órganos. De este modo, se pretende abonar a la profesionalización de los dos órganos electorales del Distrito Federal.
Así, la propuesta es reformar los artículos 125 y 134 del Estatuto para agregar, respectivamente, que tanto la renovación del consejero presidente y de los consejeros electorales, así como de los magistrados electorales, será de manera escalonada.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y en términos de lo dispuesto por los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción VIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción II, 31, 32 y 36 fracciones II, V, VI y XV de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona los artículos 37, 106, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 132 y 134 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
Único. Se reforman los artículos 37, 106, 120, 121, 122, 124, 125 y 132, y se reforman y adicionan un segundo párrafo a los artículos 123 y 134, todos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como siguen:
``Artículo 37. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará por 40 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 26 diputados electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal. La demarcación de los distritos se establecerá como determina la ley.
...
...
La elección de los diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas en una sola circunscripción plurinominal, se sujetara a las siguientes bases y a lo que en particular disponga la ley:
En todo caso, para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional se observarán las siguientes reglas:
...
Artículo 106. El encargo de los jefes delegacionales durará tres años, iniciando el primero de octubre del año de la elección.
Los jefes delegacionales rendirán protesta ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Artículo 120. La renovación de las autoridades legislativa y ejecutiva de carácter local, así como de los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. La jornada electoral se llevará a cabo el primer domingo de julio del año que corresponda.
Son principios rectores de la función electoral en el Distrito Federal los de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza e independencia. La emisión del sufragio será universal, libre, secreta y directa.
Las autoridades electorales del Distrito Federal solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente señale la ley.
Los servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, de los órganos político-administrativos, de los organismos descentralizados y de los órganos autónomos del Distrito Federal, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. De igual modo, la propaganda que difundan cada uno de estos órganos, bajo cualquier modalidad de comunicación social, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Artículo 121. En las elecciones locales del Distrito Federal podrán participar tanto los partidos políticos con registro nacional, como los partidos políticos con registro local del Distrito Federal.
Los partidos políticos con registro nacional y los partidos políticos con registro local en el Distrito Federal tienen el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos locales de elección popular.
Los partidos políticos locales se constituirán por ciudadanos del Distrito Federal, sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. La ley establecerá los requisitos que deberán cumplirse para el registro de un partido local, así como las causas de pérdida de registro.
Los partidos políticos con registro nacional y los partidos políticos con registro local en el Distrito Federal tienen el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos locales de elección popular.
Salvo las disposiciones expresamente señaladas, la ley reconocerá los mismos derechos y deberes para los partidos políticos con registro nacional y para los partidos políticos con registro local.
Artículo 122. Con relación a los partidos políticos, la ley señalará:
Artículo 123. La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Electoral del Distrito Federal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan la Asamblea Legislativa, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.
Conforme a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 122 Apartado C Base Primera fracción V inciso f), en relación al artículo 116 fracción IV inciso d), el Instituto Electoral del Distrito Federal podrá convenir con el Instituto Federal Electoral que éste último se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales en el Distrito Federal en los términos que establezca la ley.
Artículo 124. El Instituto Electoral del Distrito Federal será autoridad de la materia electoral, independiente en sus decisiones, autónomo en su funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero presidente y seis consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Las disposiciones de la ley electoral y del estatuto del servicio profesional electoral, que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo de los servidores de organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos. Las mesas directivas de casillas estarán integradas por ciudadanos.
Artículo 125. El consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General, serán elegidos sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa; su renovación será de manera escalonada. La ley determinará la duración en el cargo así como las reglas y el procedimiento correspondientes.
Artículo 132. Los magistrados electorales serán elegidos sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; su renovación será de manera escalonada. La ley determinará la duración en el cargo así como las reglas y el procedimiento correspondientes.
Artículo 134. ...
De igual forma, la ley señalará los supuestos y las reglas para la realización de recuentos totales o parciales de votación, y fijará las causales de nulidad de las elecciones de jefe de gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos político-administrativos.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.
El Presidente Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión del.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA LATINA
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 36 fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:
Dictamen
Sírvase encontrar anexo al presente copia del dictamen en comento, para los efectos correspondientes.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.
Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo, por el que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se pronuncia sobre el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.--- Presente.
A la Comisión de Desarrollo Rural de esta soberanía legislativa, IV Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se pronuncia sobre el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentada por los diputados Nancy Cárdenas Sánchez y Sergio Miguel Cedillo Fernández, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Esta comisión, de conformidad y con fundamento en los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42, fracción XVI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10, fracciones I y XXXV, 59, 62, fracción XIV, 63, párrafos segundo y tercero, 68 y 89, párrafo primero, de la Ley Orgánica; 1, 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior; 50, 51, 52, 53, 54. 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones, todos ellos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es competente para conocer de la propuesta señalada, avocándose a su estudio al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En la sesión ordinaria del 7 de febrero de 2007, los diputados Nancy Cárdenas Sánchez y Sergio Miguel Cedillo Fernández, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante la Diputación Permanente de esta honorable Asamblea Legislativa una propuesta con punto de acuerdo por el que se pronuncia sobre el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
2. El mismo día, 7 de febrero de 2007, fue remitido para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural por el Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado Isaías Villa González, mediante oficio MDDPPRPA/CSP/0227/2007 al cual se adjuntó el punto de acuerdo de referencia, lo anterior para los efectos a que se refieren los artículos 36, fracciones V y VII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como los artículos 28 y 132, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
3. Por último, y según lo mandatado por los artículos 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Desarrollo Rural en su 43 reunión de trabajo ordinaria celebrada el 8 de noviembre de 2007, aprobó el dictamen de la propuesta con punto de acuerdo presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta soberanía, al tenor de los siguientes:
Considerandos
Primero. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en enero de l994, es una iniciativa regional para la liberalización de las rutas comerciales y para permitir el libre tránsito de mercancías, bienes, servicios y capitales en el marco de la América del Norte: Canadá, EE. UU. y México: en un principio liberó el comercio de bienes y el flujo de fondos de inversión, y a partir del 1 de enero de 2008 se inicia su última fase, con la ampliación de su radio de acción al sector agropecuario, particularmente en materia de maíz, fríjol y leche en polvo.
De acuerdo a una reciente evaluación del Banco Mundial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha dado magros resultados en cuanto a acercar el nivel de vida de los mexicanos al que prevalece en Estados Unidos y Canadá, los otros dos socios en el acuerdo. A pesar de todos los recursos naturales y la riqueza petrolera con que cuenta nuestro país. ``En el estudio México 2006-2012, creando los fundamentos del crecimiento equitativo, concluido a finales de junio pasado, el Banco Mundial reveló que en cuanto a los indicadores más generales de bienestar, los l 3 años transcurridos desde la entrada en vigor del tratado han sido poco favorables para los mexicanos.'' 1
De acuerdo a los datos del investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Alberto Arroyo Picard podemos afirmar que:
América del Norte ha sino sólo de 1.2 por ciento, la más baja tasa comparada con cualquier otra estrategia de crecimiento seguida por el país en el siglo XX.
Exportar gente e importar comida ha sido el saldo primero del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como un avance hacia el fin de las soberanías alimentaria y laboral. Cada hora 30 campesinos se van a EU y llegan 1.5 millones de dólares en alimentos; 50 por ciento de lo que comemos es comprado en el extranjero, y en los últimos 12 años se han perdido 2 millones de empleos rurales. El agro creció sólo 1.2 por ciento anual en el último cuarto de siglo, con una baja del 10 por ciento al 3.4 por ciento en la participación sectorial en el PIB entre 198l y 2006. Acompañado de un decremento de la proporción de población rural de 40 por ciento a 30 por ciento en el mismo periodo; frente a una política pública federal que ha representado que, mientras el 13 por ciento de los recursos del Procampo se ha destinado a los agricultores pobres, el 33 por ciento del mismo lo ha sido a los productores más ricos, con la consecuencia de que tan sólo el 15 por ciento capitalizado de los agricultores recibe créditos productivos. 2
Como consecuencia de los datos antes asentados, podemos afirmar que cada vez más amplios sectores de la población se unen para plantear, tal y como lo solicitan los diputados promoventes, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte bajo otros parámetros o su derogación.
Segundo . Esta comisión es competente para conocer y dictaminar la propuesta con punto de acuerdo, por el que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se pronuncia sobre el Capitulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte , presentada por los diputados Nancy Cárdenas Sánchez y Sergio Miguel Cedillo Fernández, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del 7 de febrero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso I), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42, fracción XVI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7°, 10, fracciones I y XXXV, 59, 62, fracción XIV, 63, párrafos segundo y tercero, 68 y 89, párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 32 y 33 del Reglamento para el, Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como los diversos numerales 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Tercero . En consecuencia, esta Comisión de Desarrollo Rural se avoca a realizar el estudio y análisis de la propuesta recibida, la cual plantea que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal apruebe pronunciarse sobre el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se analiza la naturaleza jurídica y pertinencia en el caso concreto de los recursos legislativos materia de la propuesta, tratándose primero el del punto de acuerdo, y en segundo lugar el del pronunciamiento mismo. En este orden de ideas, el primer resolutivo del punto de acuerdo que se estudia señala:
``Primero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se pronuncia a favor de que el gobierno federal, así como el Congreso de la Unión, lleven a cabo las gestiones de su competencia para cumplir con los compromisos firmados en el Acuerdo Nacional para el Campo con el objeto de proteger los intereses de productores nacionales, así como hacer una revisión detallada de las políticas públicas de apoyo y fomento aplicadas a nivel nacional comparando con lo realizado por Canadá y Estados Unidos.''
Como se desprende del resolutivo descrito el punto de acuerdo en estudio propone que el Pleno de esta soberanía se pronuncie por medio de una resolución consensuada al seno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para salvaguardar los intereses de los productores agropecuarios nacionales, frente a los de los EE. UU. y Canadá; toda vez que en abril de 2003 el estado mexicano firmó el Acuerdo Nacional para el Campo, que:
De lo aquí descrito se desprende que la propuesta realizada por los Diputados Nancy Cárdenas Sánchez y Sergio Miguel Cedillo Fernández cumple con los elementos esenciales ya delineados por lo que a la naturaleza jurídica del Punto de Acuerdo se refiere, toda vez que:
Continuando en este orden de ideas, en su segundo resolutivo la propuesta de punto de acuerdo señala que:
Como se desprende del segundo resolutivo transcrito, el punto de acuerdo en estudio propone que el Pleno de esta soberanía impulse ante la máxima instancia legislativa de la nación la generación de un amplio y democrático debate público sobre los ejes centrales de la actividad legislativa en si misma, a saber:
Cuarto . Con motivo de la propuesta con punto de acuerdo en comento, la directora general adjunta de concertación de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno federal, en oficio 112.1-290 del 11 de mayo de 2007, insertó en el Diario de los Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, número 3, correspondiente al 23 de mayo de los corrientes:
La lectura de este documento denota la intención de la Administración Pública federal de no realizar mayor consulta acerca de los puntos solicitados en la propuesta de punto de acuerdo, de los diputados Cárdenas Sánchez y Sergio Miguel Cedillo Fernández, que la ya realizada a las instancias de los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Desarrollo Rural de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Resuelve
Primero . Es de aprobarse el punto de acuerdo remitido a esta Comisión de Desarrollo Rural, por los diputados Nancy Cárdenas Sánchez y Sergio Miguel Cedillo Fernández, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, se pronuncie:
Uno. A favor de que el gobierno federal, así como el Congreso de la Unión lleven a cabo las gestiones pertinentes dentro del marco de sus respectivas competencias para cumplir con los compromisos firmados en el Acuerdo Nacional para el Campo, con el objeto de proteger los intereses de lo productores rurales nacionales y, particularmente, de los del suelo de conservación del Distrito Federal, así como hacer una revisión detallada de las políticas públicas de apoyo y fomento aplicadas a nivel nacional comparando con lo realizado por Canadá y Estados Unidos.
Dos. Para invitar a que el Congreso de la Unión, en su carácter de máximo órgano del poder legislativo nacional, instrumente un debate público con todos los sectores económicos, sociales y políticos del país, con el objeto de informar y explicar detalladamente a la sociedad mexicana los beneficios y perjuicios que enfrenta el agro mexicano, a unos meses de entrar en vigor el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como los resultados económicos, sociales, ambientales, laborales, de derechos humanos y de seguridad nacional que ha generado dicho tratado para nuestro país y, muy especialmente, su impacto sobre el suelo de conservación del Distrito Federal.
Segundo . Que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal IV Legislatura publique en al menos dos diarios de circulación nacional los dos puntos contenidos en el primer resolutivo que antecede.
Tercero . Que se faculte a la Comisión de Desarrollo Rural para que emprenda, a partir del día de su aprobación, las acciones pertinentes para promover el sentido de esta proposición con punto de acuerdo, para defender los intereses de los productores agropecuarios, particularmente del suelo de conservación del Distrito Federal frente a la entrada en vigor del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir del próximo 1 de enero de 2008.
Notas: 1) http://www.jornada.unam.mx/2007/08/20/indexphp?section=eco- no-mia amp; article=018n1eco2) Con información y datos tomados de: Arroyo Picard, Alberto ``El México de Fax y el TLCAN. La dura realidad del pueblo mexicano contrasta con el optimismo de su presidente'' en: htlp://www rmalc .org. mx/documentos/fox_tlcan.htm; así como INEGI Encuestas Nacionales de Empleo 1993-2003. 1993, cuadro 72: 1995 cuadro 167; 1996-2002 cuadro 3.73; 1er trimestre 2003 Indicadores estratégicos de empleo y desempleo INEGI: Encuestas Industriales Mensuales tomadas de BIE-INEGI y www.inegi.gob.mx; Banco de México. Balanza de Pagos. Tomado de BIE-INEGI: Calculo sobre la base del PIB tomado de INEGI Sistema de Cuentas Nacionales y tasa media de crecimiento de población entre Censos Generales de Población y Vivienda.; Calculo sobre la base del PIB tomado de INEGI Sistema de Cuentas Nacionales. Banco de México, Balanza de Pagos tomado de www bm.gob mx.3) ANPC: Acuerdo Nacional Para el Campo. Nota de la comisión.4) El Ejecutivo federal con base en las facultades que le otorgan la Constitución y las leyes respectivas, iniciará de inmediato consultas oficiales con los gobiernos de EEUU y Canadá con el objeto de revisar lo establecido en el TLCAN para maíz blanco y frijol, y convenir con las contrapartes el sustituirlo por un mecanismo permanente de administración de las importaciones o cualquier otro equivalente que resguarde los legítimos intereses de los productores nacionales y, la soberanía y segundad alimentarias.5) TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nota de la comisión.6) Asimismo el Ejecutivo federal realizará un análisis de los impactos de la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2002 de los EE.UU. y, en su caso, aplicará todos los instrumentos jurídicos vigentes que permitan la defensa de la producción nacional contra prácticas desleales. Dicha evaluación se realizará con la participación de las organizaciones campesinas y de productores las cadenas productivas invitando al honorable Congreso de la Unión, los gobiernos locales, las universidades y centros de investigación, y deberá concluir a más tardar el 31 de diciembre del presente año.»El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Remítase a la Comisión del, para su conocimiento.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva del honorable Congreso de la Unión.--- Presente
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en octubre de 2007, únicamente dio destino, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley Aduanera vigente, a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro, animales vivos, y aquella ubicada en los supuestos establecidos en el artículo referido; bienes que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de conformidad con la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, las autoridades aduaneras del SAT reportaron que en el mes citado dieron destino, de los cuales se anexa relación para su referencia.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
CANAL DEL CONGRESO
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para su atención, me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió comunicación del senador Carlos Sotelo García, presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por la que solicita hacer de su conocimiento la celebración de la novena sesión de dicha comisión, en la que se eligió la mesa directiva que conducirá los trabajos del Canal del Congreso del 15 de noviembre de 2007 al 15 de noviembre de 2008.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Senador Santiago Creel Miranda, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.--- Presente.
Por este conducto le solicitamos atentamente hacer del conocimiento del honorable Pleno de la Cámara de Diputados, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 13 inciso a) del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General, el pasado jueves se celebró la IX sesión de la Comisión Bicamaral y se eligió a la nueva mesa directiva que conducirá los trabajos del Canal del Congreso por el periodo que abarca del 15 de noviembre de 2007 hasta el 15 de noviembre de 2008, para quedar como sigue:
Lo anterior conforme al acuerdo CB/LX/001, mismo que se anexa al presente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado.
LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos por el que se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.
En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos por el que se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos.
En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos por el que se desecha la minuta proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre.
En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y los siguientes diputados:
Por el Grupo Parlamentario de Alternativa, la diputada Elsa Conde Rodríguez; por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la diputada Mónica Arriola; por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada María Mercedes Maciel Ortiz ; por el Grupo Parlamentario de Convergencia, la diputada María del Carmen Salvatori Bronca ; por el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, la diputada Verónica Velasco Rodríguez ; por el Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Aracely Escalante Jasso ; por el Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Irene Aragón Castillo .
Tiene, entonces, esperando el registro de los demás grupos parlamentarios, el uso de la palabra, la diputada Elsa Conde Rodríguez, hasta por cinco minutos.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente.Nuestro reto para el siglo XXI: ciudades seguras para las mujeres. Como integrantes de Alternativa, reconocemos el invaluable trabajo que desde el feminismo han realizado cientos de grupos de mujeres en nuestro país para hacer visible la violencia que se ejerce contra las mujeres, por el simple hecho de serlo.
También reconocemos el avance que hemos tenido en la promoción de políticas públicas para erradicar la discriminación y violencia como algo natural en la vida de las mujeres. Pero la violencia sigue ahí, a pesar de los pesares.
Miles de mujeres duermen con el enemigo cada noche. Conviven en sus casas, en sus trabajos, en la escuela, en los espacios públicos con diversos tipos de violencia, y las preguntas que nos hacemos son: ¿cómo avanzar un trecho más? ¿Cómo avanzar no sólo en el ámbito legislativo y presupuestal como lo hicimos en este 2007, sino también con políticas públicas que sean efectivas para erradicar la violencia de género de nuestra vida cotidiana?
Sabemos que la violencia contra las mujeres tiene diversas facetas y que la violencia a la que más se exponen las mujeres y las niñas, es la violencia que se vive dentro de los hogares.
En este sentido los datos son reveladores. Más de 80 por ciento de la violencia que se logra documentar ocurre dentro de las cuatro paredes del hogar. Sin embargo, también es cierto que la violencia forma parte de un círculo vicioso donde la pobreza, como una carencia real y simbólica, es un factor que nos obliga a mirar más allá de nuestra condición y situación de género.
Fundamentalmente por la prensa y los medios masivos de comunicación, tenemos conocimiento de que Chimalhuacán se ha convertido en otro de los focos rojos en relación con la violencia hacia las mujeres.
Durante el 2006 se registraron 13 asesinatos de mujeres en este municipio. Y si bien este dato puede ser menor al que se registra en otros municipios del estado de México, Chimalhuacán se ha convertido en un lugar emblemático porque los asesinatos de mujeres se han equiparado con los que ocurren en Ciudad Juárez.
¿Qué condiciones comparten Chimalhuacán y Ciudad Juárez? ¿Por qué estos municipios pueden favorecer el asesinato de mujeres y la impunidad? Por lo menos encontramos dos características que es importante considerar:
La primera que comparten estas ciudades es que son ciudades de migrantes. Familias completas o personas expulsadas por la pobreza de las zonas más marginales de este país.
En Ciudad Juárez, la industria de la maquila le ha dado trabajo a miles y miles de mujeres, pero ha dejado a un porcentaje importante de varones sin opciones de desarrollo, y a niñas y a niños sin escuela. En Chimalhuacán se encuentra una fuerza de trabajo importante de migrantes para el área metropolitana.
La segunda característica que comparten ambas ciudades, es que su población creció y creció sin ninguna planeación urbana y sin servicios urbanos. El promedio de cuadras que caminaba una de las primeras chicas asesinadas en 2006 en Chimalhuacán para tomar el autobús era de 13 cuadras diariamente. Recorrido que hacía a las seis de la mañana, hasta que su agresor decidió violarla y terminar con su vida.
El promedio de una chica que trabaja en la maquila en Ciudad Juárez y que proviene de una de las colonias más pobres y periféricas para tomar el autobús e ir a trabajar es aproximadamente de dos kilómetros diariamente.
En estos recorridos que las mujeres tienen que realizar, en ambos municipios, se encuentran cada día con terrenos baldíos y con zonas que son tierra de nadie, como el puente del bordo de Xochiaca, en Chimalhuacán, y donde es común encontrar no sólo cadáveres de mujeres sino también de varones que han sido víctimas del narcotráfico.
Con el ejemplo de Ciudad Juárez y de Chimalhuacán, lo que quiero es observar cómo estas condiciones de vida urbana favorecen la presencia de violencia contra las mujeres y la impunidad. No quiero decir que cambiando el entorno urbano cambiará la cultura machista y misógina que todavía impera en nuestro país, pero son condiciones que podemos transformar y podemos transformar ya. Y una manera de transformarlas es construyendo ciudades y municipios seguros para las mujeres.
El concepto de ciudades seguras no es nuevo, existen ya ciudades en el mundo que han disminuido la violencia hacia las mujeres implantando este tipo de programas, como es el caso de Quebec y Montreal, en Canadá, y de Bristol, Manchester y Londres, en Inglaterra; sin embargo, es una iniciativa poco conocida y de incipiente difusión en el resto del mundo.
Desde esta tribuna, el hoy proponemos al Ejecutivo que haga suya la iniciativa de las ciudades seguras y municipios seguros para eliminar la violencia hacia las mujeres en nuestro país. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Elsa Conde Rodríguez. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mónica Arriola, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros, compañeras legisladores, a nivel nacional un 43.2 por ciento de las mujeres sufrieron violencia por parte de su pareja a lo largo de la última relación, a nivel nacional la violencia emocional se sitúa en 37.5 por ciento.A nivel nacional la violencia económica se sitúa en 23.4, la violencia física se sitúa en 19.2, la violencia sexual se sitúa en 9 por ciento, la violencia comunitaria sin incidentes se sitúa en 60.3 por ciento.
A nivel nacional la violencia comunitaria con incidencia se sitúa en 39.7 por ciento. La violencia familiar a la mujer, sin considerar al esposo o pareja, sin incidentes, se sitúa en 84.1 por ciento. La violencia familiar a la mujer, sin considerar al esposo o pareja, con incidentes, se sitúa en 15.9 por ciento.
La violencia patrimonial en 94.2 por ciento. La violencia en el ámbito escolar se sitúa en 15.6 por ciento y en el ámbito laboral se sitúa en 29.9 por ciento.
En términos generales, 67 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sufrido violencia en cualquiera de los siguientes contextos: comunitaria, familiar, patrimonial, escolar, laboral y de pareja.
Esto, señores, es aterrador y es parte de la realidad mexicana. Año con año damos cuenta de la situación de violencia que viven las mujeres mexicanas. Una vez más estamos aquí conmemorando el Día Internacional de la no Violencia contra las Mujeres y la única constante sigue siendo, paradójicamente, la violencia que ha tocado nuestros límites, está a la vuelta de la esquina como siempre lo ha estado, y tristemente espera a cualquier mujer.
En México, cada 14 segundos una mujer es maltratada en algún lugar, y cientos de estos malos tratos terminan en asesinatos, terminan en funerales. Sólo 8 por ciento de las mujeres mexicanas están libres de intimidación en los espacios públicos, lo que quiere decir que todas, de alguna u otra forma, hemos sufrido algún tipo de acoso en las calles.
Se trata de mujeres como nosotras, que son madres, hermanas, amigas o abuelas, y que diariamente luchamos por salir adelante y que nos vemos amenazadas por una sociedad donde ser mujer sigue siendo un riesgo.
Para que exista un cambio real debemos de asumir que la violencia está directamente relacionada con la falta de educación y oportunidades. Vivimos en un país en el que la discriminación, exclusión social hacia la mujer, forma parte de nuestro acontecer diario. Realidad que nos lleva a replantearnos cotidianamente el papel que juega la educación dentro de nuestra sociedad.
Por esto insistimos, una vez más, en que para Nueva Alianza el combate a la violencia es posible mediante una educación que transforme la manera de pensar y de actuar de hombres y mujeres. Entendamos de una vez que sólo con educación podemos transformar la cultura de la violencia, de la imposición y de la discriminación.
¿Hasta cuándo vamos a permitir que más mujeres formen parte de las estadísticas de discriminación, violencia y asesinatos? ¿Cuántas más tendrán que convivir por miedo, pena o desinformación con una pareja violenta? ¿Cuántas niñas ingresarán a las redes de explotación sexual y prostitución infantil?
Dejemos de soñar con una sociedad sin violencia; dejemos ya de discutir y demostremos con actos y hechos el compromiso que todos y todas nosotras tenemos no sólo con las mujeres, sino también con las niñas, con los niños, con los adolescentes, adultos mayores, discapacitados y con todas las personas que enfrentan la violencia diariamente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Mónica Arriola.
La Cámara de Diputados da la más cordial bienvenida a los integrantes de diversas escuelas que participaron en el V Parlamento de las Niñas y los Niños de México en 2007.
Asimismo, damos la bienvenida a los estudiantes de la Universidad de León, plantel Celaya, Guanajuato; y a nuestros amigos, adultos mayores del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.
REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 402 diputadas y diputados. Quienes hasta no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene el uso de la palabra la diputada María Mercedez Maciel Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un acto de reconocimiento por parte de la sociedad de este grave problema. Y hacemos votos porque en los próximos años se logre eliminar este día. Que no exista la violencia contra las mujeres, contra los niños.Los obstáculos para lograr la igualdad de género y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Humano del Milenio propuestos en el seno de la ONU pasan por desterrar la violencia contra las mujeres y las niñas, que sin duda representan un severo problema social, psicológico y de salud pública. Lo anterior significa un enorme avance para fortalecer el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Sin embargo, es preciso señalar que esta violencia tiene su origen histórico-estructural en la base misma de la naturaleza de las sociedades clasistas y de los Estados defensores de los intereses de unos cuantos; porque el predominio de un sector social sobre otro que reviste la forma de clase, etnia, género o grupos dominantes sólo puede ejercerse mediante el esquema de la represión y la violencia.
Somos una sociedad violenta por naturaleza y eso nadie lo puede negar, porque es un hecho que se ha dado en todo el curso de las sociedades de clase a lo largo de la historia de la humanidad, donde las mujeres han sido también el flanco de ataque aunque no el único, pero sí el más persistente y cotidiano. La violencia es una acción que proviene de los Estados y se reproduce como cultura general al interior de las familias y de la sociedad.
Por esa razón, la lucha de las mujeres en todo el mundo y en nuestra nación, es una lucha justa que ha pasado no sólo por la inconformidad y la protesta, sino también por el reconocimiento de derechos y la protección social de parte de los Estados. Por esa razón se ha buscado elevar a rango de leyes estos derechos, los cuales están hoy asentados en los marcos normativos que regulan la vida institucional de nuestro país.
Sin embargo, a pesar de los grandes avances de regulación en materia de protección a las mujeres, los muestreos estadísticos señalan que las niñas y las mujeres en nuestro país continúan siendo objeto de una violencia con mayor saña por parte de los hombres que transgreden sus derechos.
En este mismo nivel se encuentra la violencia sexual contra ellas. Estudios efectuados muestran que la impunidad por esos actos, sean del fuero común o del federal, es sumamente grave y preocupante, dado que el 100 por ciento del abuso hacia las mujeres solamente 2 por ciento es debidamente perseguido y castigado; mientras que 98 por ciento corresponde a casos que son negativos en materia de procuración y administración de la justicia.
No debemos soslayar el hecho de que la primera parte de la impunidad está representada por la corrupción imperante en nuestro medio. La dominación que ha ejercido el sistema en la vida de las mujeres y niñas ha sido determinante para mantener un estado de cosas en el que las mujeres y niñas quedan desprotegidas y vulnerables a esos ataques.
Tal es el caso, como ejemplo reciente, el que corresponde a la forma en que fue tratado el caso de la periodista Lydia Cacho por parte de autoridades del gobierno de Puebla; desde el titular, Mario Plutarco Marín Torres, hasta agentes judiciales, pasando por la procuradora de Justicia de ese estado.
En todo el proceso relativo a este caso, de acuerdo con la información disponible en los medios, muestra que los derechos de la periodista fueron conculcados, trastocados por la vía de la corrupción y la impunidad, así como las leyes aplicables en la materia.
La Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que el gobernador citado y funcionarios de Quintana Roo participaron en un concierto de autoridades para violar los derechos humanos de la periodista. Más aún, debe mencionarse que la violencia hacia las mujeres y niñas no distingue limitantes en cuanto a edad, condición social, religión o raza, lo que hace que el problema sea mucho más serio de lo que aparentemente se considera.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, en nuestro país más de 30 millones de mexicanas, es decir, 30 por ciento de la población total de México y 60 por ciento de las mujeres han padecido alguna forma de violencia, y 80 por ciento de los asesinatos de mujeres ha ocurrido en sus hogares.
Por tanto, las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo ven con beneplácito la promulgación de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas. Nuestro grupo parlamentario se pronuncia de manera enérgica por conmemorar una fecha como la hoy en comento, para que de forma integral se fortalezcan y ejecuten las acciones legales correspondientes que inhiban y sancionen severamente la violación de las niñas y de las mujeres. Es cuanto. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada María Mercedes Maciel Ortiz. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario de Convergencia, hasta por cinco minutos.
La diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Gracias, Presidente; con su permiso. En cuanto a la violencia de género, pese a los avances, es evidente que hablamos de una realidad devastadora que persiste prácticamente en todo el orbe.Como sabemos, fue en 1999 que las Naciones Unidas declararon oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En esta declaración va implícito un reconocimiento a que la denuncia, el análisis e investigación, la educación y la incidencia en política pública y en la legislación son tareas imprescindibles para la generación de cambios políticos, culturales y legales, sin los cuales es imposible avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Por ello, cada año al llegar este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la no Violencia, y en todo el mundo mujeres y también hombres rendimos homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas en República Dominicana por el régimen del dictador Trujillo, como imagen de las miles de mujeres que han muerto a causa de la violencia de género y también de quienes hemos sobrevivido a ella en cualquiera de sus formas.
En México tenemos, lamentablemente, muchas mártires; con enorme vergüenza debemos reconocer como sociedad que son miles ya las mujeres que la última década han muerto en todo el país a causa de la forma más extrema de género: el feminicidio.
Más de 200 mujeres en Ciudad Juárez y el doble de esta cifra en el Estado de México, y no lo olvidemos, Ernestina Ascencio del Rosario, cuyo crimen sigue aún impune.
La conmemoración de este día está pensada justamente como una oportunidad para hacer un balance y dialogar de manera incluyente ambos géneros, haciéndonos cargo de que la violencia contra las mujeres es un flagelo de la sociedad contra ella misma y no una problemática sola del género que es víctima, como muchos parecen creer.
Cada 25 de noviembre mujeres en todo el mundo, en toda clase de foros y espacios, decimos, en voz alta, que no perseverar en el trabajo de erradicar la violencia nos hace cómplices, nos denigra y pone en riesgo a todas y todos.
En México, en los últimos años hemos tenido avances importantes que reconocemos con enorme gratitud y admiración hacia el esfuerzo de tantas mujeres que han dedicado su vida desde la academia, la sociedad civil organizada, y también desde la política, a la lucha contra la violencia de género.
Entre esos avances se hallan, sin duda, la entrada en vigor en los últimos cinco años de una Ley Federal contra la Discriminación y dos nuevas leyes que mandatan coordinación a nivel de los tres órdenes de gobierno: La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.
Que estas leyes cumplan su cometido en lograr equidad y erradicar la violencia, constituye uno de los desafíos más grandes e imperiosos de nuestro país, puesto que una sociedad que permite y tolera la violencia contra las mujeres no será nunca realmente desarrollada ni justa, ni pacífica y mucho menos democrática.
No podemos concluir este balance sin reconocer que en muchas entidades aún persisten disposiciones legales que, a la luz de la nueva Ley General de Acceso a una Vida libre de Violencia, son claramente ineficaces en términos de procurar justicia y lo peor, gravemente violatorias de los derechos humanos de las mujeres.
Por ello, desde esta tribuna, saludamos a los Congresos estatales que han actualizado su legislación en la materia y al mismo tiempo quiero realizar un respetuoso exhorto a mis colegas legisladores de los estados, que tienen rezago a este respecto, para que, de conformidad con lo que establece el artículo octavo transitorio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, armonicen su legislación local y no se prive a ninguna mujer en la república del gran avance que representa la nueva ley.
Asimismo, no podemos obviar que se debe proceder penalmente con mayor firmeza contra los agresores, porque la impunidad es una agresión más, a la vez que una incitación a mayor violencia.
Urge también contar con más refugios donde poner a salvo a las mujeres cuya vida corre peligro a causa de la violencia, trabajo interdisciplinario para apoyar a cada sobreviviente con políticas de capacitación y empleo, con política de vivienda y, en suma, con un sistema preparado para ofrecer una nueva oportunidad de vida a las sobrevivientes.
Cuando esta problemática ha alcanzado, en términos oficiales, tal nivel de reconocimiento, es momento de exigir que se traduzca en un sistema de procuración de justicia que garantice verdaderamente a las mujeres que el Estado mexicano se hace responsable de proteger el derecho humano que todas tenemos, a no ser agredidas en ninguna forma y conservar nuestra integridad y por supuesto, nuestra vida. Muchísimas gracias por su atención.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada María del Carmen Salvatori Bronca. Tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Verónica Velasco Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, siendo mujer no podría dejar de recordar aquel mensaje que emitiera el ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en la ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el año 2003. Al recordarlo, confirmo mi convicción de que la violencia con base en el género es la más vergonzosa violación a los derechos humanos.Cada año se da muerte a un número extraordinario de bebés por el simple hecho de ser niños. Millones de mujeres acaban mutiladas, apaleadas o quemadas vivas, despojadas de sus derechos ante la ley o compradas y vendidas como esclavas ---ya sean domésticas o sexuales---, en un comercio de mujeres que nadie admite, pese a ser tan evidente en todos los rincones del mundo.
El aumento de estas violaciones de los derechos humanos de las mujeres se debe, en parte, a que la mayoría de los abusos no salen a la luz. En muchos países la violencia doméstica representa la mayoría de los ataques violentos que sufren las mujeres, incluso, cuando tal violencia está prohibida por la ley.
A casi 50 años de institucionalizado el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación de las mexicanas continúa marcada por la discriminación y la violación a sus derechos fundamentales. Para no ir más lejos, recordemos los asesinatos de Juárez y las redes de pornografía infantil que aún no han podido ser resueltos.
De acuerdo con datos del Instituto de las Mujeres, en nuestro país, una de cada cuatro sufre violencia doméstica; una de cada cuatro ha sido violada o sufrido intento de violación; una de cada cuatro es acosada sexualmente en el trabajo.
Parece mentira que en pleno siglo XXI persista la exclusión, la explotación y la violencia hacia las mujeres, lo que sigue considerándose como algo normal, y peor aún, con frecuencia resulta invisible hasta para las propias mujeres maltratadas.
Los Estados tienen la obligación de proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia, exigir responsabilidad de los autores, hacer justicia y proporcionar recursos a las víctimas.
El incumplimiento de sus obligaciones es totalmente inaceptable. Cuando el Estado no exige responsabilidad a los autores de actos de violencia y la sociedad consiente esa violencia de forma explícita o tácita, la impunidad no sólo lleva a que se cometan más abusos, sino que también hace pensar que la violencia del hombre contra la mujer es aceptable, es normal y, en los peores casos, es merecida.
El resultado es que se niega la justicia a las víctimas o supervivientes y se refuerza la desigualdad de género prevaleciente. La eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los desafíos más graves e imperiosos de nuestros tiempos.
Todos tenemos la responsabilidad de actuar ante la violencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de apoyar y mantener un entorno político y social en el que no se tolera la violencia contra las mujeres y contra las niñas. En el que los amigos, los familiares, los vecinos, los hombres y las mujeres intervengan para impedir que los autores de estos casos queden impunes.
La violencia contra la mujer, compleja y diversa, sus manifestaciones física, sexual, emocional y psicológica, pasaron del plano privado al dominio público, en gran medida por el activismo de las organizaciones y movimientos de mujeres, dando paso este año al decreto de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, promovida por la Comisión de Equidad y Género, que establece la transversalidad de las condiciones jurídicas para brindar seguridad a todas aquellas mujeres de este país, y es obligatoria para los tres niveles de gobierno.
Esta ley, en apego a la Constitución, a los tratados internacionales ratificados por México, prevé la coordinación, la colaboración en la concertación con los sectores de la administración pública federal, estatal y municipal, con los Poderes Judicial y Legislativo, federal y local, así como la cooperación con órganos autónomos, instituciones académicas, centros de investigación, organismos de la sociedad civil nacional e internacional, sector privado y otros actores de la sociedad, asumiendo todos el compromiso de un pacto social que sume esfuerzos para lograr la transformación en el ámbito público y privado.
La igualdad de derechos para todos es la garantía que se supone tenemos todos los seres humanos, sin que importe quiénes seamos o el papel que desempeñemos en la sociedad. Pese a ello, diariamente en muchos lugares del mundo estos derechos se siguen negando a todas las mujeres.
Les agradezco mucho su atención.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Verónica Velasco Rodríguez. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Aracely Escalante Jasso, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
La diputada Aracely Escalante Jasso: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en nombre de mi Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalhago uso de esta tribuna para reflexionar sobre la conmemoración del 25 de noviembre, fecha que nos recuerda la historia de las hermanas Mirabal, asesinadas precisamente un 25 de noviembre de 1960.Mujeres que se opusieron fervientemente contra el dictador Trujillo, fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 1999, a solicitud de la República Dominicana,como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y contó para su aprobación con el apoyo de más de 60 gobiernos y su objetivo es que los gobiernos y la comunidad internacional lleven a cabo, de manera conjunta, acciones concretas para acabar con la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones.
El pasado 25 de noviembre en México, al igual que en muchos otros países, fue un día de acción, se llevaron a cabo diversas actividades en distintas ciudades del país, que tuvieron como protagonistas a las mujeres reclamando su derecho a la justicia, por un no a la impunidad, y por el fortalecimiento de las instituciones de mujeres que atienden la erradicación de la violencia.
El reclamo se centró también, en pedir que las políticas públicas atiendan como corresponde, según lo establece la legislación, a las mujeres víctimas; pero, sobre todo, para que se haga una efectiva prevención que yo creo que eso es algo muy importante, independientemente de la violencia, hay que saber prevenir, por eso la importancia de que se remarque tanto la palabra prevención.
No obstante lo anterior, a pesar de las estadísticas, aún el costo humano de la violencia de género es significativo, los números son contundentes, en pleno siglo XXI aún persiste la exclusión, la explotación y la violencia hacia las mujeres, sobre todo en las comunidades más apartadas de nuestro país, lo que sigue considerándose como algo normal.
El miedo y la vergüenza siguen impidiendo que muchas mujeres denuncien su situación y por ello, los datos recogidos son a menudo insuficientes e inconsistentes. Sin embargo, en las dos últimas décadas se han alcanzado logros significativos para sacar el tema a la luz pública e incluirlos en la agenda de la política internacional y nacional.
México ratificó como un hecho histórico, el 14 de diciembre de 2001, en el Senado de la República, el Protocolo Facultativo para la Eliminación de todas Formas de Discriminación en contra de las Mujeres, su siglas son la CEDAW, que es más conocida.
Actualmente, los temas de violencia contra las mujeres ocupan los primeros lugares a nivel nacional. Ello se aprecia en una amplia gama de esfuerzos innovadores, como son la prestación de servicios, el cabildeo y la redacción de proyectos de ley.
La concientización del problema a nivel legal, la educación y formación en la creación de redes regionales, nacionales e internacionales, que trabajan para consolidar una cultura que termine de una vez por todas contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
Gracias a estos esfuerzos, hoy más de 45 países, entre ellos México, tienen ya una legislación específica sobre violencia contra la mujer y un creciente número de países ha instituido planes nacionales de acción para acabar con este fenómeno que afecta no sólo a las mujeres, sino a la familia y a la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, la falta de los recursos adecuados para aplicar estas políticas siguen impidiendo su progreso. El reto más importante sigue siendo, pasar de la conciencia de que se trata de una violación de los derechos humanos, de un delito, a hacer de la violencia de género algo inaceptable para la sociedad y contrario a sus normas.
Por ello es necesario seguir trabajando conjuntamente los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, la familia, los legisladores y sobre todo los organismos internacionales. Es necesario enfrentar este reto de forma contundente y aportar la voluntad política, el compromiso y el valor para erradicar esta laceración de la vida humana.
Estas palabras son un llamado de atención sobre este problema que contradice la formación de una sociedad justa e igualitaria. Son también un homenaje a las mujeres del mundo y de México que han sido víctimas de la violencia familiar. Basta ya, cero tolerancia, a la violencia contra las mujeres. Por su atención, muchas gracias.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputada Aracely Escalante Jasso. Tiene el uso de la palabra la diputada Irene Aragón Castillo, del PRD.
Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Me voy a permitir mencionarlos a todos, antes de que comience la diputada, porque los tenemos parados, a nuestros niños y a nuestros invitados jóvenes, porque las sillas de arriban están mojadas.
Les damos la más cordial bienvenida a la escuela primaria Jerónimo Mariano Usera y Alarcón, a la Universidad Contemporánea de Querétaro y a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sean ustedes bienvenidos, y les ofrecemos una disculpa por las incomodidades. Gracias.
Perdón, diputada, adelante.
La diputada Irene Aragón Castillo: Con permiso, diputada Presidenta. El pasado domingo se dieron cita cientos de mujeres de todo el país en diversas plazas de las ciudades para denunciar la violencia que hoy en día siguen padeciendo. Más allá de las declaraciones de nuestros gobiernos y de las buenas intenciones de las instituciones encargadas de proteger los derechos de las mujeres y de las niñas.Las páginas de los diarios y noticieros dan cuenta, a través de la nota roja, del número de mujeres y niñas que a diario son abusadas sexualmente, golpeadas y/o asesinadas por el sólo hecho de eso, de ser mujeres.
En una sociedad como la nuestra, en la que la lucha contra todo tipo de discriminación no sólo está consignada en nuestra Carta Magna, sino que ha dado lugar a grandes reformas jurídicas tendientes a garantizar los derechos de todas y todos. Causa una gran preocupación que, estadísticamente hablando, figuremos entre los países identificados por su alto índice de violencia hacia las mujeres.
Por ejemplo, la reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 revela que la violencia contra las mujeres, perpetradas por la pareja alcanzó 43 por ciento a nivel nacional, con porcentajes que van del 54 por ciento en el Estado de México, a 33 por ciento en el estado de Coahuila.
Así pues, la encuesta 2006 nos revela que 67 por ciento de las mujeres mexicanas de 15 años y más declaró al menos una situación de violencia, ya sea en el ámbito comunitario escolar o laboral o en el espacio familiar y de pareja.
Esto que los y las estudiosas en la materia han dado en llamar violencia en género es consecuencia directa de la forma en que se manifiestan las relaciones de poder. Históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Relaciones que han propiciado la dominación del hombre sobre la mujer. Su discriminación y la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo.
Para que esta violencia ---la de género--- sea posible tiene que darse como condición la existencia de un desequilibrio de poder, basada en la consideración de un sexo superior al de otro. De ese modo se entiende la violencia de género como aquella que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, y que por ese sólo hecho se le es socialmente tolerada.
Aún hoy, con los cambios políticos sucedidos en nuestro país, las mujeres continuamos luchando por erradicar la cultura de la violencia hacia nosotras y desde distintos espacios enfrentamos esta tarea.
Servidoras públicas, legisladoras, profesionistas, amas de casa, sexoservidoras, etcétera, todas tenemos un mismo fin, realizar acciones para investigar, entender, sensibilizar, prevenir, modificar las situaciones de violencia vividas por las mujeres y que por lo general reproducen en sus hijas e hijos, generando el fenómeno conocido como la ``violencia en cascada''.
Es necesario generar un proceso reeducativo y consciente con las mujeres y los hombres; crear una nueva relación familiar, cultural y social para esas niñas y niños que son las nuevas generaciones responsables de terminar con los ciclos de violencia, y de esta forma construir una sociedad diferente, con mejor calidad de vida y convivencia social para todos y para todas.
Sabemos que el trabajo es arduo. Modificar las conductas sociales abarca un buen número de generaciones, pero esperamos que este nuevo siglo por fin, el siglo en el que tanto mujeres y hombres construyamos una sociedad en la que ser mujer y ser hombre sea una forma de designar personas más libres, solidarias, responsables y justas, y que en conjunto construirán la nueva historia de nuestro país.
El grado extremo de esta problemática vivida en nuestro país está claramente reflejada en los feminicidios, resultado de más de una década de violencia de género en un espacio físico amenazante, ausente de respeto para los derechos humanos de las mujeres, con impunidad, complicidad, falta de voluntad política e ingobernabilidad.
Los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez no han sido resueltos. Las condiciones sociales y políticas que dieron origen a la Comisión para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, para Juárez siguen vigentes, por lo que no puede minimizarse ni despreciarse su riesgo a desaparecer.
Es preocupante que esto no sea de interés del gobierno federal, sobre todo por su intención de traspasar la comisión a Inmujeres, quien ---como se sabe--- está limitado jurídicamente para actuar sobre el particular.
Cuando se habla también de delitos sexuales, el grado de impunidad es alto. En ello encontramos diversas causas entre las que destacan la falta de profesionalismo en los métodos de investigación y la doble victimización de la agredida, los cuales son aspectos que provocan la desconfianza de la víctima en las instituciones encargadas de impartir justicia y, por tanto, la disminución en el índice de las denuncias.
Así entonces, en el territorio nacional la violencia que viven las mujeres, ya sea de pareja, comunitaria, laboral, familiar o escolar, alcanza en 10 entidades federativas niveles por encima del promedio nacional. En orden descendente en primer lugar lo ocupa Jalisco, con 78 por ciento, le sigue el Estado de México, el Distrito Federal, Colima, Aguascalientes, Durango, Puebla, Morelos, Sonora y Chihuahua.
Es urgente priorizar la discusión sobre la reforma de la impartición de justicia que contemple incorporar la adición de género, pues no basta que haya leyes, también es necesario contar con personal sensible y con una ética que las elabore, defienda y aplique. Sólo de esta forma garantizaremos el funcionamiento de las políticas públicas dirigidas a la erradicación de esta problemática.
Por otra parte, no quiero dejar de mencionar ---antes de concluir--- la responsabilidad tan importante que hoy recae en instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar el acceso de las mujeres, y a nuestra infancia, a la justicia y a una vida libre de violencia.
Sin duda alguna, el caso que hoy discuten los magistrados marcará, ya sea una tendencia hacia la democracia mediante el respeto y la protección de nuestros derechos humanos, o hacia la impunidad y a la ilegalidad mediante la protección de hombres con poder e influencia que pervierten la función del servicio. Es todo, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Irene Aragón Castillo.
Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones de un grupo de integrantes de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, encabezado por su presidente, el diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco , y los vicepresidentes Ramón Contreras y Ambrosio Bartilotti. Les damos la más cordial bienvenida y les deseamos éxito durante su estancia en nuestro país. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene el uso de la palabra la diputada Alma Hilda Medina Macías , del Grupo Parlamentario Acción Nacional.
La diputada Alma Hilda Medina Macías: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Alma Hilda Medina Macías: En toda la historia de la humanidad la violencia contra las mujeres ha estado inmersa y por mucho tiempo en silencio. Desde costumbres y ritos, por mencionar algunos, como en África, que se acostumbraba la castración femenina para evitar el placer sexual. O en los países musulmanes la lapidación por motivos de infidelidad cuando la mujer era casada; y cuando se era viuda o soltera y se sospechaba que podía mantener relaciones sexuales con algún hombre, también tenía esta muerte.Pero qué decir en nuestro México, en donde la mujer aunque ya se va a casar, se intercambia por ella algún tipo de ganado o cosas peores, como el llamado ``ejercicio de la sábana blanca''.
La violencia, según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, es cualquier acción u omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Esto es un problema de Estado de salud, social, cultural y en donde todos, como ciudadanos y ciudadanas que formamos parte de esta sociedad, somos corresponsables de este mal que afecta a más de la mitad de la población, hombres y mujeres, niñas y niños, ya sea como entes violentos o como seres violentados.
La violencia puede ser ejercida física, emocional, sexual, patrimonial y según sus ámbitos de concurrencia que puede ser el familiar, laboral y docente en la comunidad institucional, así como la violencia feminicida.
Para los mexicanos y las mexicanas por la no violencia hacia las mujeres, debe ser parte integral de nuestro compromiso con la plena vigencia de los derechos humanos y de igualdad.
Algunos estudios en México marcan en el ámbito laboral que 3 de cada 10 mujeres han sufrido un incidente violento, ya sea desde el acoso, discriminación, hostigamiento y hasta el abuso sexual. Y qué decir de las mujeres de más de 15 años en los ámbitos comunitarios escolar o en el espacio familiar y de pareja, que asciende a 67 por ciento a nivel nacional.
Podremos numerar tantas y tantas estadísticas que nos lastiman y que nos han dejado marcadas para buscar mejores condiciones de vida. Pero hoy en día, la mujer cuenta con una herramienta muy importante como lo es la Ley de Acceso a una Vida libre de Violencia, en donde se contempla la creación de un sistema nacional para prevenir y atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que coordina esfuerzos, instrumentos, políticas y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que está en vigor a partir del 2 de febrero de este año.
El Instituto Nacional de las Mujeres, las instancias estatales y las instancias municipales son instituciones que favorecen acciones a favor de la mujer transversalizando en los ámbitos de la administración pública la perspectiva de género.
En el Presupuesto de 2008 las legisladoras y los legisladores de esta Cámara de Diputados, ocupados en solucionar este mal, aprobamos un presupuesto de más de 7 mil millones de pesos para impulsar y fortalecer programas y acciones a favor de las mujeres, como lo es el Promusac, las instancias de cuidado y todo lo que va enfocado en el ámbito de salud. Falta mucho por hacer, pero la prevención debe ser el mejor aliado para todas y todos: gobierno y ciudadanía.
Urge la educación a hombres y mujeres en un plano de igualdad de derechos. El machismo es un lastre que lapida la dignidad de las mujeres. Necesitamos redoblar esfuerzos y trabajos para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad.
Por lo anterior dicho por una servidora, los invito a que juntos, sociedad y gobierno, construyamos un país libre de violencia. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada.
CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día son las iniciativas. Vamos a iniciar con la iniciativa de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federaly del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la ponente. Ésta, en lugar de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, que aparece en la agenda que ustedes tienen.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta. El pensador alemán Arthur Schopenhauer escribió alguna vez que en el mundo hay ya demasiados males reales como para que todavía nos permitamos aumentarlos con otros imaginarios que, además, terminan por originar a su vez otros males verdaderos. Esto es lo único que logra la superstición necia y malvada.Esta reflexión escribe fielmente lo que ocurre con la planta de la cannabis en nuestra sociedad. Y la presente iniciativa de ley tiene la intención de lograr que, mediante una mejor comprensión de sus características, riesgos y posibilidades, perfeccionemos nuestras normas jurídicas en beneficio de la salud pública y privada de la ciudadanía mexicana.
El papel de esta planta en la historia humana se remonta a cerca de 8 mil años y forma parte integral de nuestra cultura desde que fue introducida por los españoles en la época de la colonia.
Su utilidad como materia prima para propósitos industriales, médicos, rituales y lúdicos se encuentran plenamente documentados y forman parte importante todavía de la tradición popular.
Buscamos despenalizar un debate largamente aplazado en nuestra sociedad y apelamos a un examen crítico, científico y desprovisto de perjuicios morales sobre una planta que, sin ser inocua, jamás ha representado un problema serio de salud pública, ya que nadie, nunca, ha sufrido un grave daño a su salud por el hecho de consumirla ocasional o habitualmente y ni siquiera por abusar de ella. Una cualidad de la que carecen muchas otras substancias, incluso legales y reguladas, como el alcohol o el tabaco.
En resumen, reconocemos que eventualmente el uso o abuso del consumo de marihuana puede representar en problema de salud pública, pero lo que más daña a nuestra sociedad es la política de prohibición absoluta.
Atendiendo a esta realidad, hacemos un llamado al Legislativo, al Ejecutivo y a nuestra sociedad a asumir la tarea de reducir el daño como una responsabilidad compartida.
Buscamos también hacer énfasis en la necesidad de un compromiso claro e inequívoco del Ejecutivo para respetar los derechos civiles de la ciudadanía, así como para garantizar su libre elección en asuntos que competen exclusivamente a su vida privada; siempre y cuando sus decisiones no afecten a terceras personas ni pongan en riesgo la seguridad o la salud pública del conjunto social.
Para los consumidores, proponemos sustituir las sanciones privativas de la libertad actualmente vigentes por otras informativas y educativas, que permitan proteger de modo efectivo su salud y que su libertad y seguridad personal no queden expuestas a nuestro deficiente sistema penitenciario.
Nuestra propuesta contribuye también a que el combate al crimen organizado se focalice en los que lucran con el negocio. Pero así como reconocemos ampliamente el esfuerzo valiente y decidido de todas las corporaciones dedicadas a combatir el narcotráfico, es igualmente importante señalar que no podemos, como sociedad, pensar que sólo en ella reside la responsabilidad de solucionar el problema del consumo de sustancias. Hacemos énfasis también en que la iniciativa considera y observa las obligaciones adquiridas por México en los distintos tratados internacionales firmados y ratificados por nuestras autoridades.
Proponemos, en resumen, tres modificaciones fundamentales a la regulación vigente. Primero, corregir la definición de las sustancias penalmente reguladas, contenidas en nuestro Código Penal Federal actual, cuyo artículo 193 establece dos definiciones distintas de las sustancias prohibidas penalmente.
Proponemos, por tanto, una definición mucho más precisa que remita a la Ley General de Salud y que permita que la lista de sustancias controladas sea fácilmente identificable. La Constitución, en su artículo 18, ordena que los sistemas penales federales y estatales orienten su función en relación con el trabajo y la educación. Sin embargo, nuestro Código Penal Federal no contempla una sola pena educativa o informativa. Pero si en algún caso resulta pertinente la orientación educativa es precisamente en el caso de los delitos contra la salud, cuando se trata de consumidores.
En consecuencia, se reforma también el artículo 24 y los relacionados del Código Penal Federal, para incorporar las penas educativas a nuestro sistema penal. Proponemos así distinguir claramente al consumidor del narcomenudista y reorientamos las penas hacia los consumidores cuando sus actos no afecten a terceros, ya que actualmente son privativas de la libertad para ambos.
Los consumidores, definidos por la cantidad de cannabis que, se presumirá, son para consumo penal, serán sujetos de penas informativas y educativas para proteger su salud. En ese caso, proponemos que la cantidad no sea mayor a dos gramos y que se regule el cultivo para consumo personal, de hasta tres plantas de cannabis en los hogares.
En Alternativa Socialdemócrata tenemos la convicción de que sólo cuando nos ocupemos responsable e integralmente de la salud pública y privada de toda la ciudadanía mexicana en materia de consumo de sustancias potencialmente peligrosas para la salud, lograremos una sociedad más sana, más libre, más educada, más informada y más respetuosa de nuestros derechos.
Señora Presidenta, en virtud del tiempo, solicito que la iniciativa se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates. Y también le solicito en nombre de los integrantes del Grupo Cáñamo, aquí presentes, que nos permita entregarle el original de esta iniciativa, impresa en papel de cáñamo. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma los artículos 24, 67, 193, 195 Bis, 197, 198, y el apéndice del Código Penal Federal; así como el título del Capítulo V del Título Tercero del Libro Primero del mismo ordenamiento, se adiciona el Capítulo XII del Título Segundo del Libro Primero Código Penal Federal y se reforman los artículos 524, 525 y 526 así como el título del Título Decimosegundo y su Capítulo III del Código Federal de Procedimientos Penales, bajo la siguiente:
Exposición de MotivosUno de los retos más importantes que tiene hoy el Estado mexicano es, sin lugar a dudas, la manera en la que debe enfrentar el tema de las drogas. Hasta ahora, las políticas públicas sobre drogas se han enfocado en el combate al narcotráfico y a las organizaciones criminales que lo llevan a cabo, pues los delincuentes que se aprovechan de la existencia de una demanda social de drogas y que buscan aumentarla enganchando a niños y jóvenes al consumo representan un desafío mayúsculo para la autoridad. Sin embargo, el costo ingente de esta estrategia, sobre todo cuando se le contrasta con los resultados obtenidos hace necesario que, sin cejar en el combate al crimen organizado, se abra un debate público sobre la estrategia general del Estado respecto a todo lo relacionado con el consumo de drogas, las adicciones, los consumidores, los narcodependientes y, en general, las políticas de educación, salud y prevención que deben formar parte de una visión mucho más amplia del fenómeno de las drogas que la simplemente policial.
La estrategia adoptada hasta ahora por el Estado mexicano respecto a las drogas está dominada por el principio prohibicionista que los Estados Unidos han impulsado en el mundo desde, al menos, principios de la década de los años sesenta del siglo pasado. México es signatario de las convenciones internacionales sobre el tema. las cuales obligan a nuestro país a seguir una serie de lineamientos de ilegalización de un número significativo de sustancias consideradas como dañinas para la salud. Se trata de una forma de enfrentar la cuestión de las drogas como un asunto esencialmente penal, perseguido policialmente, y sólo en menor medida como un problema de salud pública y de convivencia social que puede ser enfrentado de mejor manera a través de otro tipo de políticas, de tipo educativo, informativo, preventivo, de rehabilitación y reinserción.
Hace falta, también, un mayor conocimiento social sobre el tema de las drogas, para dejar de enfrentarlo a partir de prejuicios que impiden la existencia de una conciencia bien informada sobre los distintos tipos de drogas y su impacto sobre la salud pública y la convivencia social. Ese conocimiento debe incluir a las drogas hoy legales, sobre todo el tabaco y el alcohol, pues una estrategia general sobre las consecuencias sociales del consumo de drogas no puede quedar sesgada por la existencia de fuertes intereses comerciales que benefician al mercado de ciertas sustancias.
El debate público debe hacer un balance serio de los resultados obtenidos hasta ahora con la estrategia prohibicionista. Los hechos son contundentes. Por más esfuerzos que emprenden los Estados contra el comercio ilegal de sustancias, el hecho es que existen mercados clandestinos crecientes y la oferta no ha disminuido ni los precios de las sustancias ilegales han bajado. Millones de dólares se invierten cada año en una guerra que da magros resultados en todo el mundo. Bien haría la comunidad internacional en comenzar a debatir un cambio de estrategia para enfrentar este asunto.
Las debilidades de la estrategia prohibicionista se han mostrado una y otra vez. En los propios Estados Unidos está el antecedente de la prohibición del alcohol entre 1920 y 1933. Entonces, a la sombra de la prohibición, creció un mercado clandestino que en buena medida subsiste hoy gracias a la acumulación originaria que lograron las organizaciones especializadas en el comercio ilegal. El fracaso de una política pública adoptada más por razones morales que por una auténtica preocupación por los problemas de salud que acarrea el consumo del alcohol, llevó a que ésta fuera abandonada. Sin embargo, la herencia de aquella estrategia se encuentra hoy en la manera en la que se pretende enfrentar el consumo de drogas en nuestros días.
Desde la perspectiva económica, la delincuencia organizada puede mantener su resistencia a la acción del Estado precisamente porque controla un mercado con demanda millonaria. No ha resultado eficaz la pretensión de destruir el mercado de las drogas atacando a la oferta, puesto que la cantidad de dinero que se mueve es tal que los delincuentes siempre contarán con suficientes recursos para reorganizar sus fuerzas ahí donde les sean desarticuladas. Es evidente que el Estado tiene que entrar, por un lado, a modificar la demanda de drogas, mientras que por el otro bien haría en comenzar a discutir la manera de arrancarles de las manos el negocio a los criminales, para dejarlos sin los recursos que hoy les permiten reproducirse. Yeso se lograría con un cambio radical de política que llevara al Estado a tomar en sus manos la regulación de un mercado que hoy se rige por las armas, el dinero, la corrupción y la muerte.
Una política laica frente a las drogas debe partir, desde el punto de vista de Alternativa Socialdemócrata, no de prejuicios de carácter moral, sino de estudios científicos bien fundamentados. Es evidente que hay serios problemas de salud pública y convivencia social asociados al consumo de drogas, legales e ilegales, pero también es verdad que no todas las drogas tienen efectos iguales. Las políticas públicas actuales diferencian sólo entre drogas legales e ilegales. Frente a las primeras se han adoptado, con mayor o menor convicción, medidas que pretenden propiciar un consumo informado y responsable. El caso del tabaco es de especial relevancia. Las muertes asociadas al consumo de tabaco son demasiadas. De ahí que se deba legislar para desincentivar el consumo, evitar la publicidad y alejar a los niños. y jóvenes de la posibilidad de engancharse en una adicción en extremo nociva. Empero, a nadie en su sano juicio se le ocurriría hoy prohibir completamente el tabaco. Ese es un ejemplo de tratamiento adecuado, singularizado, de una droga específica. La legalidad del tabaco no implica una actitud pasiva del Estado frente a su consumo. Por el contrario, el mercado legal del tabaco tiende a estar cada vez más regulado y sometido a restricciones, de manera que el consumo sea responsabilidad exclusiva de adultos bien informados que toman sus propias decisiones.
El caso del tabaco ilustra bien la que debería ser una política laica frente al consumo de sustancias potencialmente dañinas para la salud: informar y crear reglas que disminuyan los efectos sociales de ese consumo, pero con respeto irrestricto a la libertad de las personas adultas, siempre y cuando su conducta no afecte a terceros. Los espacios libres de humo o la prohibición de fumar en oficinas o escuelas tiene sentido como protección a los derechos de terceros. Sería, en cambio, una tontería criminalizar a los fumadores por su adicción.
Sin embargo, frente a las drogas declaradas ilegales tanto los tratados internacionales como las políticas específicas de la mayoría de los Estados tienden a convertir en criminales de igual manera a los traficantes y a los consumidores. En el caso de México, la falta de distinciones claras entre los que comercian ilegalmente con sustancias prohibidas y los consumidores, sean o no adictos, ha llevado a abusos, a corrupción, a extorsión y, también, a que los narcomenudistas se excusen como consumidores ante las imprecisiones y ambigüedades de nuestro marco jurídico en la materia.
De ahí la necesidad de comenzar a legislar de manera más creativa e informada sobre los temas relativos a las drogas. El reto es modernizar la legislación mexicana sobre el tema sin afectar los compromisos internacionales de México y sin violar los tratados internacionales de los que somos signatarios y que, por tanto, son ley suprema en nuestro país. Esto sin demérito de la necesaria promoción de una discusión mundial sobre la necesidad de modificar el enfoque hoy vigente en el orden internacional respecto a los narcóticos y los estupefacientes.
La iniciativa que aquí se presenta tiene varios objetivos. Por una parte, quiere ser la primera de una serie de modificaciones legales que mejoren la capacidad del Estado para regular la demanda de drogas. Se trata de una iniciativa que parte de la necesidad de diferenciar con mayor claridad desde la perspectiva jurídica, entre las distintas drogas existentes hoy en el mercado. No todas las sustancias ilegales tienen los mismos efectos sociales y el Estado se debe hacer cargo, sobre la base de estudios científicos bien documentados, de esas diferencias.
De ahí que esta iniciativa se refiera específicamente al consumo de la cannabis, cáñamo de la india, o más comúnmente, la mariguana. Tanto diverso estudios científicos como las experiencias de tolerancia implementadas en diversos países, dejan claro que los efectos sociales y de salud del consumo de mariguana no son equivalentes a los de otras drogas conocidas como duras. La mariguana, además, tiene un arraigo social en México de cinco siglos y forma parte de tradiciones culturales y recreativas que no son peores que las vinculadas al consumo del alcohol. Sin embargo, en la medida en la que se le considera de la misma manera que a otras drogas, su comercio beneficia a los mismos delincuentes que trafican con otras sustancias.
De ahí que sea pertinente comenzar a diferenciar específicamente a la cannabis de otras drogas ilícitas. Un marco jurídico más preciso puede contribuir a que disminuyan las ganancias que obtienen los narcotraficantes del comercio de la mariguana y puede permitir que el Estado pueda focalizar sus esfuerzos al combate de otras sustancias de mayor peligro social.
Pero el objetivo más relevante de la presente iniciativa es establecer con claridad la distinción entre consumidores y traficantes, de manera que en la medida que el consumo individual de mariguana tenga efectos en todo caso únicamente sobre la salud individual y no atente contra la salud pública, las sanciones a las que en virtud de los tratados internacionales deben de ser acreedores los consumidores no sean de tal magnitud que en lugar de contribuir a proteger el bien tutelado -la salud personal- generen mayores males, pues las penas privativas de la libertad, por ejemplo, evidentemente no sirven para mejorar la salud de aquellos a las que se aplican.
En el camino de esclarecer de mejor manera la figura del consumidor, es necesario también diferenciar a éste del adicto o dependiente. En el caso de la cannabis, existe suficiente respaldo científico para establecer un grado muy bajo de capacidad adictiva de la sustancia activa, el THC, por lo que no todos los consumidores habituales deben ser considerados como adictos y forzosamente sometidos a tratamientos de rehabilitación. Las sanciones propuestas en esta iniciativa parten del principio de que las personas bien informadas pueden ser responsables de la manera en la que consumen mariguana. Además, una virtud de la presente iniciativa es que rescata la figura constitucional de las penas educativas, hasta ahora ausente en la legislación ordinaria.
En el camino para establecer una distinción más clara entre la cannabis y otras drogas, esta iniciativa pretende tipificar, I en cumplimiento con los tratados internacionales, el consumo de mariguana con sanciones más adecuadas que protejan los derechos civiles de los consumidores, eviten las extorsiones y los abusos, los alejen de los mercados ilegales al considerar la posibilidad del cultivo para uso personal y al mismo tiempo diferencien claramente la posesión para el consumo de la posesión para la venta, al establecer cantidades precisas consideradas como las aceptables para el consumo personal.
1. Introducción
``En el mundo hay ya demasiados males reales como para que todavía nos permitamos aumentarlos con otros imaginarios que, además, terminan por originar, a su vez, otros males verdaderos: esto es lo único que logra la superstición necia y malvada''.
Arthur Schopenhauer.
A nadie escapa que uno de los principales retos que enfrenta nuestro país, en materia de seguridad y salud públicas, es el de la presencia de todo tipo de drogas, legales e ilegales en nuestra sociedad.
Éste es hoy, para México, un fenómeno que afecta a todas las clases sociales, niveles socioeconómicos o culturales, condiciones urbanas o rurales, y que representa un riesgo real para la salud de la población.
Hasta el momento, sin embargo, hemos sido testigos de la notoria insuficiencia de las políticas de Estado para contener y controlar este fenómeno; la amplísima oferta de drogas en las calles es reconocida por las propias autoridades, al igual que lo es su incapacidad para contenerla; sus consumidores, potenciales, ocasionales, habituales o farmacodependientes carecen en su inmensa mayoría de información fidedigna y científica que les ayude a tomar decisiones responsables, y la prohibición expresa del consumo, establecida en la Ley General de Salud, no basta para disuadirlos ni para contener la demanda que mueve al mercado.
Desde la perspectiva de Alternativa Socialdemócrata, la política contra las drogas en nuestro país descansa sobre una visión simplista y maniquea, que privilegia el combate al tráfico ilícito de sustancias, y desestima una visión integral de atención a la prevención, la información, la educación y la protección a la salud de las personas.
Actualmente, los recursos destinados a combatir el consumo de drogas representan aproximadamente el 5 por ciento del presupuesto que se destina a combatir el narcotráfico; la Norma Oficial Mexicana para tratar adicciones entre la población es letra muerta en los servicios de salud; carecemos de una estrategia educativa estructurada y multidisciplinaria para informar y prevenir a los jóvenes en materia de drogas, y el organismo institucional encargado de atender este fenómeno --Conadic--, que destina 746 millones de pesos a la prevención, control y tratamiento de adicciones, resulta por completo insuficiente para modificar las crecientes tendencias de consumo de drogas legales e ilegales en México. 1
Confundir los medios con los fines es un error común de nuestro tiempo, pero especialmente grave cuando se trata de enfrentar el fenómeno de las drogas.
En el caso de las sustancias ilegales en lo general, y en el de la planta de la cannabis en lo particular, la anterior premisa resulta especialmente oportuna: en aras de alcanzar una utopía moral, materializada en ``una sociedad libre de drogas'', somos capaces de inflingirnos un daño mayor del que realmente representa el uso de ciertas sustancias entre nosotros.
La confusión y la desinformación inducidas por este precepto moral, así como la ignorancia generalizada que priva entre nuestra sociedad sobre la cannabis , hace aún más difícil cambiar una percepción sumamente prejuiciosa, por una basada en hechos comprobables e información científica que, de cualquier modo, resulta mucho más útil para proteger la salud de las personas y el mismo tejido social.
El tema las drogas suele polarizar opiniones. Conviene entonces, para los efectos de esta exposición de motivos, partir de aquello en lo que la inmensa mayoría de personas --en México y en muchos otros lugares del mundo-- está medianamente de acuerdo; a saber, que todas las drogas, lícitas e ilícitas, son potencialmente peligrosas para quienes las consumen y también para quienes los rodean; que resulta preocupante el aumento exponencial de sus consumidores, pero especialmente de los menores de edad, quienes adicionalmente comienzan a consumir cada vez más jóvenes; y finalmente, que existe una extendida preocupación por el aumento cualitativo y cuantitativo de la violencia, la corrupción, la degradación social y la erosión de las instituciones democráticas por el tráfico de sustancias ilegales.
Pero el problema comienza una vez superada esta zona de consenso, ya que de inmediato nos encontramos con los más diversos enfoques sobre cómo enfrentar al fenómeno desde el nivel personal, familiar, comunitario, institucional, nacional o internacional.
El hecho, de cualquier forma, es que la presencia de las drogas en nuestras sociedades no ha hecho más que registrar un crecimiento constante, 2 y en algunos casos exponencial, durante las últimas tres décadas, por lo que resulta no sólo pertinente, sino necesario, hacer un examen crítico de la forma en que, como sociedad y autoridades, hemos intentado enfrentar el fenómeno.
Las cifras de un consumo creciente, reiteradas por las más diversas fuentes oficiales, nacionales o internacionales, hace absolutamente necesario, abrir un debate serio, plural y desprejuiciado que nos ayude a corregir aquello que no funciona, y a fortalecer lo que ha probado ser la mejor vía para lidiar social, política, económica y moralmente con este fenómeno.
Es menester reconocer que el fenómeno de las drogas tiene causas multifactoriales, y en consecuencia debe ser abordado desde una perspectiva más amplia e integral, de modo tal que las políticas para combatir el crimen organizado y las dedicadas a desincentivar el consumo sean complementarias y potencien la efectividad de cada una.
En Alternativa Socialdemócrata estamos convencidos que el consumo de sustancias con riesgo potencial a la salud debe ser abordado por el Estado desde una perspectiva científica, médica, educativa, informativa y preventiva; pero sobre todo, alejada de consideraciones morales que en nada contribuyen a comprender el fenómeno del consumo de drogas en las sociedades contemporáneas.
La presente iniciativa representa, en consecuencia, un esfuerzo por replantear la relación que, como sociedad, tenemos con la planta de la cannabis , en la modalidad de su consumo personal como sustancia psicoactiva.
2. La planta de la cannabis
Cáñamo es el nombre en español de la planta clasificada en 1753 por Charles Linneo como Cannabis sativa . Existen tres variedades de Cannabis sativa: C. S. Indica, C. S. Sativa y C. S. Ruderalis, que se distinguen entre sí por su forma de crecimiento, por las características de sus semillas y por la diferencia existente en las estructuras de sus fibras.
El cáñamo es un arbusto de ciclo anual que puede llegar a crecer de 1.20 a seis metros de altura, de acuerdo con el clima en el que se siembre, la variedad a la que pertenezca y la finalidad que se persiga con su cultivo. Es una planta dioica, es decir, el sexo masculino y el femenino se encuentran en diferentes individuos. Sus hojas tienen de 3 a 11 foliolos --siempre en número non-- en forma lanceada y bordes dentados, el mayor de ellos es el central y disminuyen en tamaño los laterales. Crece en prácticamente todos los climas del mundo, con excepción de los polares.
Usos y aplicaciones
Los usos conocidos de la planta de la cannabis se pueden dividir en tres grandes grupos: industriales, médicos, rituales y lúdicos.
Usos industriales
En relación a su potencial industrial se debe mencionar que de la planta, llamada cáñamo en este caso, se obtienen más de 25 mil productos de toda clase y para los más distintos propósitos.
Del cáñamo se obtiene papel de gran calidad y su rendimiento es superior en cuatro veces al que producen los árboles, lo que implica una gran alternativa de desarrollo económico sustentable.
De la planta se obtienen también textiles de excelente calidad, cordajes y todo tipo de fibras para la construcción, así como alimento humano y de animales, aceites para uso industrial y médico, entre muchísimas aplicaciones más.
Usos médicos
En medicina, el cáñamo se ha empleado principalmente en la rama de la terapéutica, es decir, en el tratamiento de distintas afecciones. Cuenta con una gran variedad de aplicaciones en la medicina tradicional de diversas culturas, incluida la mexicana.
La parte de la planta empleada para este fin son las inflorescencias femeninas, en donde se aloja en mayor medida una de las sustancias responsable de sus efectos psicoactivos: el delta 9 transtetrahidrocannabinol (THC), que se encuentra en el barniz o resina que cubre la planta para protegerla de los calores excesivos.
El THC se encuentra, por tanto, en mayor medida en las plantas femeninas y, aunque está presente en el espécimen, se concentra en las flores, ya que su existencia permite la maduración plena de los frutos al convertirse en una capa bajo la cual circula la savia hasta los óvulos fecundados, lo que permite que obtengan los elementos necesarios para su desarrollo.
Las aplicaciones terapéuticas recopiladas por el doctor T.H. Mikuriya, citado por el también médico, Lester Grinspoon:
Según afirma el doctor Gady Zabicky, médico especialista en manejo de adicciones, por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, fundador del Programa de Investigaciones Relacionadas con Sustancias de ese mismo instituto y actual consejero médico para Conasida en materia de drogas intravenosas y VIH, ``no hay reportada en toda la literatura médica existente un solo caso de letalidad directamente inducida por cannabinoides. Nunca. En ningún lugar del mundo, lo que no se puede decir de casi ningún otro medicamento alopático (antibióticos, vitamínicos, antigripales, etcétera, incluida la aspirina)''.
En términos de la historia de la cannabis en la práctica médica:
Asimismo, se utiliza como antihipertensivo ocular en el glaucoma de ángulo cerrado, uno de los usos más encontrados en la literatura; y como analgésico y antipirético, que constituye otro de sus usos históricos.
La cannabis se utiliza también como medicamento para trastornos neurológicos, y se encuentra calificado como útil para la esclerosis múltiple, la amiotrofía lateral esclerosante, la epilepsia, el síndrome de Guilles de la Tourette y muchas otras patologías neurológicas y afines a este sistema.
Adicionalmente las más famosas y anecdóticas propiedades de la cannabis son las antieméticas y orexigénicas, que se aprovechan en muchas partes del primer mundo y cuyos beneficios son bastante evidentes incluso para los observadores no-expertos, ya que es útil para evitar el vómito irrefrenable y la sensación de nauseas, así como para elevar el apetito y evitar así el wasting syndrome. 4
Finalmente, afirma Zabicky, otra propiedad médica de importancia de la cannabis es su valor como elemento de reducción de daño en manejos antiadictivos.
Usos rituales
En las más distintas culturas, entre las que se encuentra la mexicana, la cannabis ha sido una planta venerada y aprovechada tanto por sus propiedades terapéuticas y su amplísima utilidad industrial, como por sus cualidades psicoactivas.
La presencia de la cannabis entre nuestra cultura es amplia. Ha sido y es utilizada en los ritos sagrados de numerosas comunidades indígenas y forma parte del folclor y la cultura nacional, lo que incluye desde las expresiones más populares, hasta importantes creadores mexicanos de reconocido prestigio nacional e internacional.
La cannabis es, de esta forma, una presencia constante de la cultura mexicana, como se verá en el apartado especial que esta exposición de motivos dedica a este tema.
Usos lúdicos
El uso lúdico o recreativo de la cannabis representa actualmente, tanto en México como en el resto del mundo, el más extendido y conocido de todos sus usos.
Con independencia de sus implicaciones en relación a la salud de sus consumidores, que como ya se explicó, representan un riesgo mucho menor al de otras drogas legales 6 ilegales presentes actualmente en nuestra sociedad, para esta iniciativa es especialmente importante la relación jurídica que guarda la planta con esta clase de sus consumidores.
Así, podemos afirmar que los ordenamientos legales con que actualmente cuenta el país colocan al consumidor en una situación jurídica ambigua y riesgosa para sus derechos civiles, al tiempo que las sanciones previstas para desincentivar su consumo son ineficaces para tal propósito y para garantizar su derecho a la salud. Como se explicará más adelante, dichas sanciones no diferencian entre dos bienes jurídicamente protegidos por la legislación actual: a saber, la salud pública y la salud personal de los consumidores, con lo que la eficacia del Estado para enfrentar ambos ámbitos también se ve seriamente debilitada.
Breve historia del cáñamo
El cáñamo, como también se conoce a la cannabis , es una planta originaria de Asia Central, de donde al paso de los siglos se difundió en todas direcciones. Los vestigios más antiguos del uso del cáñamo datan de aproximadamente el año 8000 a. C.
Se esparció desde su zona de origen, principalmente por tres rutas: hacia el este de China, hacia el sur de la India y el sureste de Asia y hacia el oeste asiático, desde donde se difundió hacia África, Europa y, finalmente, América.
Los antiguos egipcios construyeron sus primeras embarcaciones con este material:
Durante el reinado de Enrique VIII en Inglaterra (1509-1547) se promulgó una ley que señalaba que todo propietario de tierras debía dedicar una parte al cultivo de cáñamo o lino con el fin de contar con la fibra suficiente para fabricar los aparejos navieros. En la Inglaterra de esa época, al igual que en el resto de Europa, el cáñamo permeaba todos los aspectos de la vida cotidiana. William Bolena, pariente de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, se expresaba así de la planta:
Podemos decir, sin temor a exagerar, que, hasta el siglo XIX, el cáñamo fue tan importante como lo es el petróleo en nuestros días.
El cáñamo en la época contemporánea
Tal vez la marihuana es el caso más patente de las contradicciones que supone esta tendencia general prohibicionista, ya que nunca, nadie, ha muerto por consumo ocasional, crónico o sobredosis de marihuana, en toda la historia de la humanidad.
El primer estudio serio sobre el cannabis fue realizado por la Indian Hemp Drug Commission en Inglaterra, en 1894. El estudio concluye que el uso moderado es casi siempre ``regla'' y ``no produce prácticamente ningún efecto nocivo''. Sin embargo, en 1925 se agregan, a las tres drogas sometidas a control internacional hasta entonces --opio, cocaína y morfina-- la heroína y la marihuana, a instancias de un Egipto controlado por los británicos, y en donde los movimientos de independencia promovían el uso de productos nacionales sobre los extranjeros.
En los EEUU la prohibición data de 1937, y a partir de 1961 se generalizó en el resto del mundo 9 . Al igual que el opio y la cocaína, asociada a chinos y negros respectivamente, la marihuana fue asociada con los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, cuya discriminación se intensificó en gran medida con la depresión económica de los años treinta.
Harry J. Anslinger, el primer zar antidrogas de Estados Unidos, realizó durante toda esa década una intensa campaña contra la marihuana, a la que acusó de alentar en los mexicanos actitudes violentas y criminales. Anslinger rechazó u obvió todo argumento médico y científico, y en cambio manipuló la estadística legal y criminal para asociar a la planta con el crimen. Durante los años sesenta, en cambio, el mismo Anslinger, ante las protestas hippies contra la guerra de Vietnam, acusó a la cannabis de ser ``enfermizamente pacificante''.
A la abierta campaña de Anslinger se sumó la competencia entre el papel fabricado a base de árboles y el hecho con cáñamo. William Randolph Hearst, cuyos negocios en la prensa amarillista se nutrían del papel de la madera, negocio en el que también tenía una importante participación, apoyó con todo su poder mediático y económico la criminalización de la marihuana y de todos los usos industriales del cáñamo.
En 1937 se aprobó, de forma absolutamente irregular, la Marihuana Tax Act, cuyas imposiciones fiscales hicieron imposible que esta industria pudiera continuar compitiendo en el mercado norteamericano. Esta maniobra hizo que se desestimara por completo el Informe Laguardia, un extenso estudio hecho en Nueva York sobre el asunto, y cuya conclusión era que la publicidad sobre sus efectos catastróficos carecía de fundamento. 10
Adicionalmente, a la Asociación Médica Norteamericana no se le avisó más que cuando era inminente su aprobación, no se le permitió tener un papel importante en el debate y se desestimaron todos sus argumentos. A partir de este punto, los Estados Unidos comenzaron a presionar al resto del mundo para que observara las mismas directrices en contra de la cannabis .
A pesar de ello, en Nueva York en 1938 el alcalde de la ciudad, Fiorello Laguardia, solicitó uno de los más amplios estudios para determinar la peligrosidad del cáñamo como psicoactivo, en el que participó un equipo compuesto por científicos que evaluaron los aspectos médico, psicológico y sociológico del consumo de marihuana. El llamado Informe Laguardia sirvió para evaluar la incidencia de cáñamo en esa ciudad y fue publicado en 1944 con el título de ``El problema de la marihuana en Nueva York'' (The Marihuana Problem in the City of New York).
Después de entrevistar a usuarios asiduos que estaban o habían estado en la cárcel y de examinar 14 954 sentencias, se dedujo que:
La conclusión a la que llega el Informe Laguardia es que: ``la publicidad sobre los efectos catastróficos de la marihuana carece de fundamento en la ciudad de Nueva York''. 11
En 1972, el presidente Richard Nixon nombró una comisión de trece connotados juristas, psiquiatras, sociólogos y senadores que elaboraron el Reporte Oficial de la Comisión Nacional sobre Mariguana y Abuso de Drogas (Official Report of the National Commission on Marihuana and Drug Abuse), cuyas investigaciones arrojaron el resultado de que
A diferencia del gobierno holandés, que aceptó las conclusiones de los informes Hulsmann y Baan, de 1971 y 1972 respectivamente (que consideraron a la marihuana como un ``riesgo aceptable'' o como una ``droga blanda'') los gobiernos de EU, Inglaterra y Canadá, ignoraron los resultados.
Pese a que los Países Bajos signaron la Convención Única sobre narcóticos en 1964, y pese a que las leyes holandesas establecen que el cáñamo es ilegal, en 1976 se adoptó en esa nación una política menos restrictiva, puesto que se dejó de exigir el cumplimiento de las sanciones relacionadas con la posesión o comercio de pequeñas cantidades (en un principio eran 30 gramos, pero en 1995 se redujo a 5 gramos). Se permitió a algunos propietarios de cafés la venta de marihuana y resina de cáñamo (hashish) en pequeña escala. El enfoque de esta política tiene un trasfondo pragmático, pues pretende separar al cáñamo del resto de las drogas psicoactivas ilegales, potencialmente más peligrosas, con lo que se tiene la expectativa de ``reducir el daño''.13
Alrededor de 1976, Estados Unidos comienza a sobresalir como uno de los principales productores mundiales de marihuana. En tanto, el entonces candidato a presidente de ese país, James Carter, se define por una política tolerante hacia el consumo, al grado de que su esposa llegó a afirmar públicamente que sus tres hijos mayores fumaban marihuana. 14
En 1982, once estados de la Unión Americana producían cáñamo de uso psicoactivo en cantidades industriales, la producción en ese entonces se estimaba en dos a seis millones de kilos anuales. Para 1988 el valor total de esa cosecha se estimó en 33 mil millones de dólares, cantidad muy por encima del valor de toda la cosecha cerealera reunida, entre otras cosas, debido a que de toda esta producción sólo se gravó alrededor de 16 por ciento. 15
El cáñamo en México
El cáñamo estuvo presente en los viajes de exploración y llegó a América en el siglo XVI, donde se introdujo como fuente de fibra en Chile, en 1545, y en Perú nueve años después. Los colonizadores ingleses también comprendieron su importancia, pues fue introducido en Canadá en 1606 y en Virginia en el año 1611.
Fue durante la Conquista cuando el cáñamo llegó a México, traído por Pedro Cuadrado, uno de los conquistadores que integraban la expedición de Pánfilo de Narváez. De acuerdo con sus propias palabras, Cuadrado fue quien comenzó el cultivo de esta planta en estos territorios (grafía original):
Pedro Quadrado, dize en efecto, ques natural de la villa de Alcalá del rrío, tierra de Sevilla, e hijo legítimo de Joan Colín y de Isabel Quadrada, su muger; y que ha que pasó a esta Nueva Spaña quinze años, y fué con el Marqués a la ysla de California, donde estovo con sus armas y cauallos hasta los postreros; y benydo a esta ciudad, dió a Terrazas yndustria cómo senbrase y enuiase cáñamo, y él fué el primero que lo hizo; y touo tienda, por lo qual, al presente ay lo que ay en la tierra; y an benydo otros del dicho officio, el qual, husándolo él, se le murieron quatro sclauos que tenya, por lo quallo dexó; y á año y medio que se casó con vna hija de vn conquistador de Guatimala, y tiene su casa poblada, con muger, famylia y mucha costa, y padesce necesidad por no tener hazienda ny granjería; y que tiene dos hijas naturales, la vna de honze años y la otra de diez. 16
El historiador Silvio Zavala afirma que el propio Hernán Cortés recomendó la siembra y cultivo del cáñamo: ``las proposiciones que hace fray Juan de Zumárraga con respecto a la agricultura coinciden fundamentalmente con las de Hernán Cortés. (...) Dice que a los indios, para vivir bien, les ha faltado principalmente, antes de la llegada de los españoles: lana fina, cáñamo, lino, plantas y cuatropeas, mayormente asnal.'' 17
Al parecer, Zumárraga era entusiasta de la cannabis: de acuerdo con Fray Juan de Torquemada, Zumárraga, aproximadamente en 1531, ``puso diligencia en plantar frutas de Castilla, cáñamo y Lino'' 18, como una de las medidas encaminadas a lograr una economía próspera que permitiera, a los españoles que vinieran a radicar en estas tierras, adaptarse felizmente.
Joaquín García Icazbalceta también registra, subrayando la visión económica del religioso, esa intención de importar de la península el cultivo de la Cannabis sativa:
Quería también que viniera semilla de lino y cáñamo en gran cantidad, con personas que supieran cultivarlos, beneficiarios y tejerlos, especialmente en las costas del mar del sur, donde eran tan necesarios para los navíos que allí solían armarse. Con esa rica granjería, los indios pagarían más fácilmente el tributo, al paso que a los españoles valdría más lo que recibiesen. 19
La primera de las leyes directamente relacionadas con el cáñamo se expidió en Ponferrada, España el 13 de junio de 1545; en ella se manda a todos los virreyes que se apliquen al cultivo de lino y cáñamo y que fomenten el cultivo entre los indígenas. Esta ley se encuentra en el ``Libro IIII, Título Diez y Ocho, del Comercio, Mantenimientos, y Frutos de las Indias'', de la recopilación:
Un siglo después, en las instrucciones que dejó a su sucesor el virrey Juan de Palafox, quien gobernó durante un corto periodo en 1642, se encuentra una clara referencia al cultivo de cáñamo en la Nueva España. En estas instrucciones, el también obispo de Puebla menciona que se debía continuar con la siembra de cáñamo iniciada por él en la región de Atlixco. 21
El cáñamo y la ley
La inquisición fue la primera instancia en México que sancionó el uso no industrial del cáñamo. La prohibición se centró en ciertas plantas, entre ellas el peyote, el ololiuqui y los llamados pipilzinzintles o pipilzinzintlis, o ``niños venerables''. Este último es el nombre que emplearon los indígenas para designar al cáñamo --y a otras plantas-- en los rituales en los que se ingería por sus efectos psicoactivos.
Esta prohibición se expresa en una orden expedida por el arzobispo Lorenzana: ``...la prohibición de las plantas fue reiterada por edicto de fe el 11 de febrero de 1769, que señalaba como delitos, entre otros, el ejecutar curaciones supersticiosas, valiéndose de medios en lo natural inconducentes para la sanidad o abusando de los pipiltzintzintles , peyote..., o de otras hierbas...'' 22 Es probable que quienes emitían esas disposiciones ni siquiera supieran qué planta prohibían.
A principios del año de 1777 comenzó una de las campañas económicas de mayor envergadura en la historia de la Nueva España: se buscó implantar el cultivo del cáñamo con toda la fuerza de la Corona. Como parte de los proyectos económicos de los Borbones, se decidió dar seguimiento a aquella ley de 1545: se emitieron una serie de reales órdenes al virrey de la Nueva España para que se diera a la tarea de sembrar lino y cáñamo.
Entre las diversas medidas adoptadas, se enviaron expertos en la siembra y proceso de ambas especies con la finalidad de que dieran a conocer la técnica adecuada de cultivo y obtención de fibra.
La Corona manifestó tanto interés en esta empresa que llegó a enviar un grupo de labradores españoles para que difundieran las técnicas de cultivo, incluso modificó su línea política al otorgar un permiso para que se instalara en el virreinato una Real Fábrica de Lonas y Lonetas. 23
Con la idea de facilitar todavía más estos cultivos, también se ordenó el reparto de tierras ociosas fueran privadas o propiedad de la Corona --conocidas como realengas-- entre los indígenas, lo cual se estipuló en los artículos 61-62 de la Real Ordenanza de Intendentes.
Al parecer es el único momento en todo el tiempo que duró el dominio español en el que una disposición real amenazara a los propietarios de tierras, que ``podían ser confiscadas y repartidas entre los indios por causa de utilidad pública''. 24
Las prácticas con cáñamo durante la Colonia
Para el siglo XVII el cáñamo se sembraba con cierta regularidad en distintas partes de la Nueva España, como lo muestran las cuentas que rinde el alcalde mayor de Atlixco en respuesta a la orden girada a todos los alcaldes mayores para que busquen semilla de cáñamo por toda Nueva España (grafía original):
En debido cumplimiento a la superior orden de su Excia. del presente mes sobre que tomase a los Naturales y Labradores de esta Jurisdicción la instrucción necesaria acerca de conocer las causas o fundamentos que los haya retraido de fomentar, promover y aumentar la siembra y beneficio del Cáñamo, que otras veces se ha cultivado en ella. He practicado las correspondientes diligencias para su averiguación y en su consequencia me dicen que es cierto, que desde el Siglo pasado una Familia nombrada de los Hernández, originaria de esta villa consiguió licencia de ese Superior Gobierno para sembrar y beneficiar la semilla. Y que en efecto sembraron algunos pedacillos de tierra, o tarpanas en las orillas de un Arroyo que pasa inmediato, en las cuales se daba el Cáñamo muy abundante, y frondoso y de él hacían cordeles para Lámparas, Tirantes para coches, cinchas y otros encargos de los mismos cordeles que les pedían hasta de esa Ciudad. Haviendo fallecido el último de La Familia, que fue Dn. Juan Joseph Hernández abrá tiempo de 16 años, feneció también la siembra y beneficio, sin que se hubiere extendido la sédula para aquel Privilegio Exclusivo que tenia, a excepción de algunas matas que conservan los Yndios en algunos Pueblos de esta Jurisdicción, que siembran en los Solarcitos de sus casas diciendo que les sirve para remedio. 25
Esta notificación es muy importante porque nos muestra cómo los indígenas encontraron rápidamente las propiedades medicinales de la Cannabis y las adaptaron a su vida cotidiana.
El cáñamo conviviría de manera más o menos tranquila durante casi dos siglos hasta que en el mencionado edicto de 1769 se prohibieron las prácticas idolátricas en las que se empleaban los llamados pipilzinizintli .
Si bien no se menciona como cáñamo en ese edicto, es Juan Antonio Alzate quien comprobó que las semillas conocidas por los indígenas como pipilzinzintli (prohibidos expresamente en el edicto) eran de Cannabis sativa L.
Alzate, un científico de su época, buscó identificar el origen de tales semillas, como lo expresa en sus propias palabras:
Conseguí una pequeña cantidad de dichos pipilzinzintlis, la que se componía de una mezcla de semillas y yerbas secas; a la primera vista luego reconocí no eran otra cosa que las hojas y semillas del cáñamo; advertencia que tuve al punto, por haber visto antes en un jardín la planta del cáñamo. No obstante ésta que para mí era una demostración, en primera ocasión y para quedar del todo convencido, sembré aquellas semillas con toda la precaución posible y logré unas plantas de cáñamo, lo mismo que el de Europa, las que los indios reconociendo por pipilzinzintlis, fue necesario arrancar las plantas luego que comenzaron a madurarse las semillas por cuanto procuraban pillar toda la que podían. 26
De la Independencia a la Revolución
El uso del cáñamo que sobrevivió a la Independencia no fue el textil, sino el ritual y el medicinal.
La curandería y las prácticas con plantas dejaron de ser perseguidas por motivos religiosos, sin embargo, en su lugar, ``la práctica médica que se produce en esta conciencia contemporánea asumirá esa persecución, aunque durante todo el siglo XIX y los inicios del XX, no fundamenta la necesidad del castigo y sólo se concretan a condenar las creencias o ritualidades de su práctica, exhibiendo su falsedad''. 27
Las primeras reglamentaciones en el ámbito de salud que comenzaron a finales de la década de los 30 y principios de los 40 del siglo XIX, fueron el antecedente del Código Penal de 1871, conocido como el Código de Martínez de Castro, en el que por primera vez se sancionan los delitos contra la salud.
Para este momento la planta ostentaba ya el nombre que la haría famosa todo el mundo y que se asocia inevitablemente a este uso marihuana.
Origen de la palabra marihuana
Vale la pena hacer un pequeño paréntesis para hablar del origen de la denominación más conocida de esta planta.
De acuerdo con el doctor Ignacio Guzmán, el término ``marihuana'' podría provenir de una etimología náhuatl, concretamente de la palabra ``marihuana'', compuesta por mallin , que quiere decir ``prisionero'', hua que significa ``propiedad'', y la terminación ana: ``coger'', ``agarrar'', ``asir''. El doctor Guzmán supone que los indígenas, al identificar a la planta con el nombre de malihuana , quisieron expresar que la planta se apodera del individuo. 28
Por otra parte, para el Doctor Leopoldo Salazar Viniegra la etimología de esta palabra podría haberse originado de la unión de las palabras ``María'' y ``Juana'', ``posiblemente porque alguna mujer de nombre María la había empezado a propagar entre los soldados, que como sabemos se les llama vulgarmente ``Juanes''. 29
Lo cierto es que el término se extendió y se aplicó a quienes consumían la planta de manera recreativa, a quienes se designó con el mote de ``mariguanos''.
Principios del siglo XX
``Es indudable que durante el movimiento armado de 1910-1920, la marihuana formó parte de los ambientes cotidianos. Cientos de referencias hemerográficas, lo mismo que memorias, novelas, anécdotas y hasta documentos internos de los cuarteles y partes militares pueden testimoniarlo.'' 30
Un control más férreo del consumo de enervantes comienza en 1908, cuando por iniciativa del Ejecutivo se reforma la fracción XXI de la Constitución de 1857, con lo que ``el Congreso de la Unión está facultado para dictar leyes sobre ciudadanía, naturalización, emigración e inmigración y salubridad general de la República'', 31 esto implicó la supremacía del poder federal para legislar en materia de salubridad, una prerrogativa que correspondía a cada uno de los estados.
De esta manera se construyó paulatinamente un elaborado discurso que apelaba a la medicina, a la salud pública y a las leyes para perseguir tanto el consumo como la venta y producción de ``enervantes'' y que sustituyó las antiguas actitudes aisladas por lo regular invocaban a la moralidad (la lucha contra el vicio), lo que constituyó un intento más férreo de erradicar a los ``morfinómanos'' y ``mariguanos'':
...es importante establecer la manera como la marihuana ingresó dentro de la lista de sustancias prohibidas, ni siquiera controladas, cuando sólo unos pocos años antes el estamento médico la consideraba una planta medicinal, como lo demuestra su inclusión el lista de sustancias medicinales del reglamento de farmacias y boticas que estuvo en vigor desde 1892 hasta 1920 cuando se prohibió. 32
Una de las razones esgrimidas para tomar este tipo de medidas contra el consumo de sustancias era la percepción institucionalizada de que degeneran ``la raza''. Este es un concepto proveniente de finales del siglo XIX que encierra una serie de nociones que abarcan desde la salud pública como vigilante y ``fortificadora de la raza'' hasta elementos de carácter clasista, al identificar a los estratos bajos de la sociedad como los más susceptibles de caer en la degeneración.'' 33
3. Los consumidores
El daño potencial a la salud que conlleva el consumo de cannabis debe ser evaluado desde una perspectiva científica y no desde una postura moral. Por ello, debe mencionarse nuevamente que, de todas las drogas conocidas, legales o ilegales, la cannabis es, entre todas las conocidas, la droga que presenta los menores costos orgánicos y no produce dependencia física. Como ya se ha dicho con anterioridad, no existe un solo dato registrado, en toda la historia de la humanidad, de persona alguna que haya muerto o tenido daño grave a su salud por consumir cannabis , ni siquiera por sobredosis ni por uso crónico.
Es necesario, por lo tanto, considerar con seriedad y responsabilidad nuevas estrategias para contener un fenómeno cuyo presencia comienza apercibirse notoriamente en todas los estratos de nuestra sociedad.
Llevando esta lógica a nuestro futuro inmediato, podemos concluir que aun cuando la demanda de drogas a nivel mundial observara un decremento sustancial en los próximos años --si bien no hay ninguna estadística que apunte hacia esa dirección--, nuestros niveles de consumo seguirán aumentando, y en consecuencia el tráfico ilegal no se detendrá por sí mismo.
Es menester reconocer que el fenómeno de las drogas tiene causas multifactoriales, y en consecuencia debe ser abordado desde una perspectiva amplia, multidisciplinaria e integral, de modo tal que las políticas para combatir el crimen organizado y las dedicadas a desincentivar su consumo sean complementarias y potencien la efectividad de cada una.
Reformar la política de drogas en el país requiere, en primer lugar, de un análisis realista, crítico y desprovisto de consideraciones morales. Hoy domina una concepción cargada de prejuicios morales que se traducen en políticas orientadas a la represión y el tratamiento, mismas que no han propiciado una cultura de prevención, de responsabilidad y de información entre la población, especialmente entre la más vulnerable: la de los más jóvenes.
Desde la perspectiva de Alternativa Socialdemócrata, el problema de las drogas ilegales en nuestra sociedad se agrava sustancialmente cuando criminalizamos a sus consumidores sin hacerlos también destinatarios de políticas efectivas de educación, prevención y salud.
Siguiendo la lógica de la criminalización, tendríamos que reconocer la ineficiencia de la norma legal en México, ya que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Adicciones de 2002, más del 5 por ciento de la población había probado al menos una vez en su vida una droga ilegal, con lo que tendría que haber sido sancionada penalmente.
Según datos de la Encuesta sobre Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en la Enseñanza Media y Media Superior en la Ciudad de México, de 2003, por ejemplo, se reconoce que para ese año el 10.3 por ciento de los estudiantes de esos niveles habían consumido alguna droga ilegal en al menos una ocasión.
Todas las cifras disponibles con que contamos apuntan en una sola dirección: combatir frontalmente el narcotráfico no es suficiente para contener el avance de las drogas en nuestra sociedad, y mientras no hagamos nada para revertir esta situación, poco podemos esperar de una mejora cualitativa y cuantitativa en términos de su consumo y de la violencia que genera su tráfico ilícito. 34
Hacia una mejor regulación
Hablar de una nueva política hacia las drogas no significa, en ningún momento, claudicar ante el crimen organizado que lucra con este negocio. Alternativa Socialdemócrata desea hacer énfasis en este punto, ya que resulta de suma importancia que se la política contra las drogas diferencie de manera clara entra los ámbitos: por un lado, es necesario proteger los derechos civiles de los consumidores, así como su derecho a la información; y por la otra hacer más efectivo el combate contra los canales ilegales de distribución.
La presente iniciativa apunta, por lo tanto a tratar de hacer más eficiente al Estado en la tarea de combatir al crimen organizado en torno a las drogas ilegales, delimitando con precisión quién puede ser sujeto de la acción punitiva del Estado, y quién de una política integral de regulación e información.
Para ello, la reforma propone una línea clara que distinga entre el delincuente que comercia y lucra con el mercado negro de marihuana; y el consumidor, cuya circunstancia particular debe ser atendida de modo tal que si se le sanciona, la pena debe garantizar, en primer lugar, que se protege efectivamente a su salud.
El consumidor se encuentra en una ambigüedad jurídica que le impide, por un lado, ejercer su derecho legítimo a tomar decisiones que sólo competen a la esfera de su vida privada siempre y cuando ésta no afecte a terceros; y al mismo tiempo permite que pequeños traficantes se escapen a la acción de la ley argumentando su propio consumo.
En efecto, hoy en día contamos con un régimen que establece que el sistema penal debe eximir de responsabilidad a quién, estando en posesión de una sustancia prohibida reúna los siguientes requisitos: a)que no sea farmacodependiente, b) que posea una cantidad tal ``que pueda presumirse'' la posee para su propio consumo. El problema central de esta disposición es su indeterminación y, en consecuencia, el margen de arbitrariedad que autoriza. ¿Quién determina que puede presumirse que la posesión tiene como fin el consumo personal? ¿Con base en qué criterios?
Al no establecerse con certeza cuáles son las cantidades o condiciones que permiten eximir de responsabilidad, se deja al arbitrio de la autoridad el determinarlo. En los hechos, esta excluyente de responsabilidad, como única disposición que contempla el caso del consumo, redunda en dos consecuencias negativas y contraproducentes. Por una parte, se deja al inculpado a merced del criterio de la autoridad, en un estado de indeterminación que no le permite saber de antemano si su conducta es meritoria de responsabilidad o no. El consumidor queda expuesto a la arbitrariedad por parte de la autoridad, y -- es preciso decirlo -- lo expone a la extorsión. En otras palabras: somete a incertidumbre a quien la autoridad debiera proteger: al consumidor cuya salud se expone al consumir substancias potencialmente dañinas sin la debida información, se le agrega el riesgo que implica depender del arbitrio de la autoridad al enfrentar una acusación penal. No debemos olvidar que, hoy en día, lo que está en riesgo para el consumidor es ni más ni menos que su libertad personal, con lo que ello implica en nuestro sistema penitenciario.
Pero eso no es todo. La excluyente de responsabilidad en referencia, al no establecer límites claros para su aplicación, sirve como una puerta de escape que protege a quienes más se debiera perseguir: al traficante o narcomenudista. Es sabido que uno de los problemas centrales del combate a la distribución de narcóticos es la frecuencia con la que los narcomenudistas se benefician de esta excluyente de responsabilidad al presentarse como consumidores.
El régimen que actualmente pretende la protección del consumidor --``víctima'' principal de los delitos contra la salud-- lo expone aún mayores prejuicios, a la vez que protege al narcomenudista, perpetrador necesario para la realización de los delitos contra la salud. En pocas palabras, estas disposiciones no ayudan a mejorar la seguridad pública, ya que diluyen aún más el esfuerzo policiaco y, en cambio, sujetan a incertidumbre a quienes corren el riesgo de sufrir intromisiones inaceptables y violatorias de sus garantías individuales.
Establecer una distinción clara entre el proveedor y el consumidor es una necesidad urgente en materia de seguridad pública y de seguridad jurídica del consumidor. Con ella, el esfuerzo del Estado para atender el fenómeno de las drogas se dirigiría a mejorar el combate policiaco al crimen organizado, quien es el verdadero enemigo público; mientras que los servicios de educación y salud podrían contar con una perspectiva de atención encaminada a mantener bajo control al consumo de drogas entre la población, de modo tal que se respeten de forma irrestricta sus derechos fundamentales y se garanticen sus derechos a la información y a la salud.
Es necesario, por último reconocer, en esta materia, el esfuerzo que las distintas dependencias policíacas y militares llevan a cabo contra el tráfico ilegal de sustancias, así como la urgencia de transmitir a la sociedad la necesidad de enfrentar el problema desde todos los frentes, de modo tal que no se culpe a estas corporaciones las deficiencias evidentes de la política actual.
El caso holandés
Es pertinente mencionar, también, algunas experiencias en otras naciones, que lidian con el fenómeno de una manera distinta a la nuestra, pero de igual manera cumpliendo con los tratados internacionales en la materia. En este contexto, el caso de Holanda es muy significativo.
Como se sabe, Holanda practica ante la cannabis una política regulatoria que evita criminalizar a los consumidores y que supervisa el mercado de la misma, lo que le permite recaudar impuestos formales para destinarlos a la mejor red asistencial del mundo para consumidores, mismo que proporciona asesoramiento y atención para el 90 por ciento de ellos.
El resultado de esta política ha sido la de contener el avance de las llamadas drogas duras, de modo tal que Holanda es el país de Europa con menos adictos a ellas (13 por cada mil habitantes, frente a una media europea de 26) y la de mantener los niveles de consumo de cannabis notablemente estables e inferiores a la de sus vecinos europeos. Por ejemplo, la proporción de consumidores holandeses entre 13 y 25 años es inferior en 5 puntos a la alemana, mientras que sus consumidores habituales representan menos del 2 por ciento de la población, cifra muy inferior al promedio europeo. Adicionalmente, el 75 por ciento de la población adulta no la ha probado nunca, y ello a pesar de la existencia de un mercado legal y regulado para su compraventa. 35
Al respecto, Erik Fromberg, director del Instituto Holandés para Alcohol y otras Drogas durante la década de los noventa, afirmó en una ocasión:
``La política seguida en Holanda es simplemente un aspecto de nuestra cultura, caracterizada por la libertad individual, una perspectiva no moralista que se complementa con la separación entre Iglesia y Estado, el respeto por las minorías y mucho pragmatismo''. 36
Régimen legal en México
La orientación actual del derecho pretende proteger al individuo de sí mismo, y para hacerlo, fusiona al delincuente y a la víctima en el mismo sujeto, ya que según convenga, decide discrecionalmente cuál de estas facetas tiene más importancia según sea el caso particular que se trate.
De este modo, el régimen jurídico que pretende regular a las drogas ilegales en México ha probado sus limitaciones en más de un sentido:
Prevención, educación, información
Es necesario reconocer las insuficiencias y deficiencias de las acciones de gobierno, y de las disposiciones legales para detener el fenómeno del consumo de drogas en México. Durante las últimas décadas, los índices de consumo se han disparado en todas direcciones:
Cualquier modificación legal en materia de drogas requiere de construir una verdadera política de prevención, información y educación que permita a los potenciales consumidores, y a los que ya lo son, contar con un apoyo desde el Estado que respete sus derechos y los ayude a tomar las mejores decisiones frente a este fenómeno.
De este modo, es imprescindible transmitir a la sociedad que el fenómeno de las drogas no puede ser reducido a un problema de seguridad pública ni de efectividad policíaca o militar. Nadie puede pedir, de forma realista, que las corporaciones policíacas impidan con éxito que las personas consuman drogas. La sociedad y los ciudadanos deben hacerse responsables de sus propias decisiones cuando son adultos, mientras que, desde el Estado debemos extremar las medidas preventivas e informativas entre todos, en particular a los menores de edad.
Alternativa se pronuncia en contra de conculcar derechos y garantías individuales con el pretexto del combate al narcotráfico.
Tratados internacionales
La presente iniciativa cumple cabalmente con todas las obligaciones internacionales de los tratados firmados por México, que constituyen ley suprema de la Unión. La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Sicotrópicas establece, en su artículo 3 apartado 2 establece lo siguiente:
2. A reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente, la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971.
Existe actualmente un debate acerca de los alcances de este apartado, específicamente sobre si obliga a los Estados a tipificar el consumo como una infracción penal necesariamente, o bien si la Convención permite hacerlo como infracción administrativa. 37 Con independencia de la evolución que tenga el debate que hoy en día se desarrolla, la iniciativa que aquí se presenta propone mantener la posesión y transporte para fines de consumo como una infracción penal. En la coyuntura geopolítica actual y tomando en consideración que la iniciativa que aquí se plantea representa un primer paso en lo que constituye una reorientación sustantiva de las políticas públicas en materia de prevención, reglamentación y persecución de usos indebidos parece acertado transitar un camino incremental en los cambios de regulación de la cannabis . Por ello, se plantea una reforma que, dentro del debate actual acerca de los alcances de la obligación arriba citada, no deja lugar a dudas sobre si México cumple o no sus obligaciones internacionales. Se parte del supuesto --no concedido-- de que el apartado arriba citado terminará por interpretarse en el sentido más restrictivo posible. En consecuencia, se mantiene el carácter penal de la infracción consistente en poseer o transportar narcóticos para el consumo personal.
Sin embargo, conviene recalcar que no es únicamente ni preferentemente mediante el endurecimiento de las sanciones asociadas al consumo y la posesión de drogas ilícitas como debemos enfrentar el fenómeno del consumo de sustancias potencialmente peligrosas para la salud en las sociedades contemporáneas. Antes bien, la experiencia demuestra que las políticas más exitosas hasta ahora instrumentadas tienden a diferenciar entre la actividad criminal que significan las actividades comerciales e ilícitas con tales sustancias, y la esfera de sus consumidores.
En consecuencia, la iniciativa propone penas para el consumo que contribuyan, en la práctica, a dotar de información fidedigna a los consumidores que hayan sido sorprendidos consumiéndola, así como multas para los reincidentes.
4. Fundamento constitucional
El establecimiento de sanciones distintas para los casos de consumo de cannabis sativa, índica y americana, marihuana o marihuana, resina de cannabis (haschish) o los isómeros regulados del tetrahidrocannabinol obedece a una adecuada interpretación de los delitos tipificados a la luz de las disposiciones constitucionales aplicables.
El artículo 4o. constitucional establece que ``toda persona tiene derecho a la protección de la salud''. Del texto se desprende que el derecho fundamental consagrado en este precepto implica una obligación positiva a cargo del Estado, el cual queda obligado a proteger activamente la salud de las personas.
Una de las modalidades de protección de la salud que despliega el Estado es el establecimiento de delitos contra la salud. En estos delitos, se ha entendido que el bien jurídico tutelado es doble: por una parte se procura proteger la salud personal de los individuos expuestos al uso indebido de narcóticos; por la otra, se procura proteger a la salud pública, al inhibir la extensión del consumo indebido de narcóticos. En consecuencia, las sanciones deben adecuarse a la finalidad que persiguen: será distinta una sanción que procura proteger a individuo de una sanción que procura proteger al público en general. Una sanción destinada a proteger al individuo puede no ser adecuada para proteger al público en general y viceversa. Una sanción no es válida si no es adecuada para la protección del bien jurídico tutelado, ya que ``fuente de validez de la sanción es la protección de los bienes jurídicos. 38 Por ello, en aquellos casos en que sea posible distinguir con nitidez que sólo uno de los bienes jurídicamente tutelados está siendo afectado, es importante acotar la sanción de tal forma que proteja dicho bien, sin necesidad de acomodar la protección del otro bien al que no se esta protegiendo.
La tutela penal del bien jurídico debe responder a la problemática concreta que procura enfrentar, no a consideraciones abstractas, ideológicas o morales. Para ello, resulta fundamental adoptar una perspectiva que considere a las personas que concretamente se verán involucradas en la lesión del bien jurídico y a los conflictos concretos en los que se ven inmersos.
Los bienes jurídicos, por tanto, en cuanto objeto de protección penal son relaciones sociales concretas. La vida, la libertad, la salud, sin perjuicio de ser valores naturales, en cuanto bienes jurídicos son protegidos frente a conductas humanas. El comportamiento personal del hombre en sociedad no debe lesionar bienes jurídicos; más aún, debe abstenerse de realizar conductas que signifiquen siquiera un peligro para los bienes jurídicos. Por eso, son relaciones sociales concretas, esto es, relaciones entre personas, las que adquieren significación de bien jurídico en cuanto son confirmadas por la norma.
Esta conceptualización de los bienes jurídicos como relaciones sociales concretas implica identificar la posición de las personas dentro de la relación social. Esta identificación permite comprobar si la penalización de la conducta significa discriminación de personas, el favorecimiento de situaciones de desigualdad, la protección de determinada concepción del mundo y su imposición mediante la conminación penal, la protección de algún fundamentalismo de alguna clase. 39
A la luz de las consideraciones anteriores, es que se distingue, para el caso del delito tipificado en el artículo 195 Bis aquellos casos en los que exclusivamente se afecta el bien jurídico tutelado consistente en la salud individual de la persona que posee para su propio consumo, sin qué llegue a afectarse la salud pública al no actualizarse las consecuencias que llevaría a la promoción o propaganda del narcótico. Esto es, el caso en el que, sin que se difunda o promocione el uso de narcóticos a terceras personas, los consumidores posean o transporten los narcóticos precisados, resulta inútil y contraproducente establecer penas privativas de la libertad en aras de proteger la salud pública, pues ésta no es afectada ni puesta en riesgo. En estos casos, en que la salud pública no es afectada ni puesta en riesgo, se justificaría la pena privativa de la libertad sí y solo sí dicha pena condujera a la protección del bien jurídico consistente en la salud del propio consumidor, lo cual no es el caso.
Ahora bien, como es sabido, nuestro sistema penitenciario, con las limitaciones presupuesta les y la saturación que sufre, cuenta con una multiplicidad de problemas endémicos. Entre ellos se encuentra extendido, como es del dominio público, el uso y abuso de narcóticos. Por ello, lejos de proteger la salud de los consumidores, las penas privativas de la libertad exponen el bien jurídicamente tutelado a un riesgo mayor.
En los casos en que el bien jurídicamente tutelado sea exclusivamente la salud del consumidor, la pena que más protege es la pena que mejor le informa acerca de los riesgos a su salud que implica el consumo. En el caso de los farmacodependientes, la pena entonces deberá ser el tratamiento. Para quienes no padezcan de dependencia, sino que únicamente pongan en riesgo su salud mediante el consumo repetido o el hábito de consumo (por oposición al consumo por una sola vez), entonces el tratamiento no será adecuado, por no existir un padecimiento que tratar. En esos casos se estimó oportuno establecer como penas la obligada información y educación acerca de las consecuencias de diverso tipo que el consumo de un narcótico conlleva.
Al respecto, vale la pena precisar que se agregó, dentro de la lista de penas y medidas de seguridad consagradas por nuestro Código Penal Federal, las de educación e información para el caso en comento. Llama la atención, que existiendo texto constitucional explícito --en el artículo 18 constitucional, párrafo segundo-- que establece un mandato de que el sistema penal deberá organizarse sobre la base del trabajo ``y la educación'', nuestro ordenamiento penal no recogiera hasta la fecha la educación dentro de la referida lista. En efecto, el párrafo segundo del artículo 18 constitucional establece:
Los gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente.
En síntesis, podemos afirmar, para el caso en que, por tratarse de consumidores de narcóticos que posean o transporten sin otro fin o asociación que el de usarlos para su consumo personal que:
Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente
DecretoPrimero. Se reforman los artículos 24, 67, 193, 195 Bis, 197, 198, y el Apéndice del Código Penal Federal, así como el título del Capítulo V del Título Tercero del Libro Primero del mismo ordenamiento, para quedar como sigue:
Artículo 24. Las penas y medidas de seguridad son:
1 . (...)
(...)
3 . Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan la necesidad de consumir narcóticos.
(... )
19. Educación o información de quienes tengan el hábito de consumir narcóticos.
Y las demás que fijen las leyes''
Capítulo V Tratamiento de Inimputables y de Quienes Tienen la Necesidad de Consumir Narcóticos, en Internamiento o en LibertadArtículo 67. (...)
(...)
En caso de que el sentenciado tenga la necesidad de consumir narcóticos, el juez ordenará también el tratamiento que proceda, por parte de la autoridad sanitaria competente o de otro servicio médico bajo la supervisión de aquella, independientemente de la ejecución de la pena impuesta por el delito cometido.
Artículo 193. (derogado) Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los narcóticos, entendiéndose por estos los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II y III y 248 de la Ley General de Salud.
El juzgador, al individua/izar la pena o la medida de seguridad...
Artículo 195 Bis. (...)
Tratándose de Cannabis sativa, índica y americana, marihuana, resina de cannabis (haschich) o los isómeros regulados del tetrahidrocannabinol, cuando las cantidades no excedan de las establecidas en la primer fila de la tabla 1 del apéndice 1 a este ordenamiento, y siempre que no se actualice la difusión o promoción del consumo entre terceras personas, se presumirá que la posesión o transporte del narcótico es para consumo personal y en consecuencia se aplicarán las penas establecidas en la primera fila. En caso de actualizarse difusión o promoción del consumo entre terceras personas, con independencia de que se actualice el tipo penal establecido en la fracción IV del artículo 194, se impondrán las penas establecidas en la segunda fila de la tabla 1 del apéndice 1 a este ordenamiento por la posesión o transporte de los narcóticos en referencia.
Artículo 197 . (...)
(...)
Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al que induzca a otro para que consuma cualquiera de los narcóticos señalados en el artículo 193, en contravención de las disposiciones aplicables.
Artículo 198. (...)
(...) (...)(...)
A quien cultive plantas de Cannabis sativa, índica y americana o marihuana para su propio consumo y dentro de su residencia se le impondrán las penas establecidas en el apéndice 1 de este ordenamiento para los poseedores de marihuana hasta por 3 gramos. Para los efectos de éste párrafo se presumirá que son para consumo propio el cultivo de hasta 3 plantas hembra de Cannabis sativa.
Tabla 2 (...)
Tabla 3 (...)
Tabla 4 (...)
Segundo. Se adiciona el Capítulo XII del Título Segundo del Libro Primero Código Penal Federal para que dar como sigue:
Capítulo XII Educación e Información de Quienes Tienen el Hábito de Consumir NarcóticosArtículo 50 Ter. La información consiste en la presentación por parte de la autoridad sanitaria, en una sesión y con apoyo en los documentos que se estimen pertinentes, los datos empíricos derivados del conocimiento científico que informen al reo acerca de los efectos, procesos biológicos, sociales, emocionales y perceptivos asociados con el consumo de narcóticos en general y del narcótico que habitualmente consuma el reo en particular.
Artículo 50 Quater. La educación consiste en presentar, en cuantas sesiones y en los documentos de apoyo que la autoridad sanitaria determine oportuno, los datos empíricos derivados del conocimiento científico que informen al reo acerca de los efectos, procesos biológicos, sociales, emocionales y perceptivos asociados con el consumo de narcóticos en general y del narcótico que habitualmente consuma en particular, estimulando en todo momento la reflexión, ponderación y participación activa del reo en las sesiones a fin de llevarlo explorar las consecuencias personales y sociales de su hábito.
Tercero. Se reforman los artículos 524, 525 y 526, así como las denominaciones del Título Decimosegundo y de su Capítulo III del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:
Título Décimosegundo Procedimiento Relativo a los Enfermos Mentales, a los Menores y a los que Tienen el Hábito o la Necesidad de Consumir Narcóticos(...)
Capítulo III De los que Tienen el Hábito o la Necesidad de Consumir Narcóticos(...)
Artículo 524. Si la averiguación se refiere a la adquisición y posesión de narcóticos, el Ministerio Público, de acuerdo con la autoridad sanitaria a que se refiere el artículo anterior, precisará acuciosamente si esa posesión tiene por finalidad exclusiva el uso personal que de ellos haga el indiciado. En este caso, y siempre que el dictamen hecho por la autoridad sanitaria indique que el inculpado tiene el hábito o la necesidad de consumir ese narcótico y la cantidad sea la necesaria para su propio consumo, no hará consignación a los tribunales; en caso contrario, ejercitará acción penal.
Artículo 525. Si se hubiere hecho la consignación y dentro de las setenta y dos horas que señala el artículo 19 constitucional, se formula o se rectifica el dictamen en el sentido de que el inculpado tiene hábito o necesidad de consumir ese narcótico y la cantidad sea la necesaria para su propio consumo, el Ministerio Público se desistirá de la acción penal sin necesidad de consulta al Procurador y pedirá al tribunal que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad sanitaria federal para su tratamiento, por el tiempo necesario para su curación, o bien para su información o educación, según sea el caso.
Artículo 526. Si el inculpado está habituado o tiene la necesidad de consumir narcóticos y además de adquirir, poseer o cultivar los necesarios para su consumo, comete cualquier delito contra la salud, se le consignará, sin perjuicio de que intervenga la autoridad sanitaria para su tratamiento, información o educación.
Notas: 1 En marcha, Estrategia Nacional para Prevención y Tratamiento de Adicciones. Conadic. Comunicado de prensa Lunes 3 de septiembre de 2007. 2 Ibídem. 3 Grinspoon, Lester. Reconsideración de la marihuana. Extemporáneos, México, 1973, p. 351. 4 Williamson EM, Evans FJ. Drugs . 2000 Dec.; 60 (6): 1303-14. Cannabinoids in clinical practice. Centre for Pharmacognosy, The School of Pharmacy, University of London, England.Cannabis. Ben Amar M. J Ethnopharmacol . 2006 Apr 21;105(1-2):1-25. Epub 2006 Mar 15. Cannabinoids in medicine: A review of their therapeutic potential. Substance Abuse Program, Faculties of Continuing Education and Graduate Studies, University of Montreal, Montreal, Que. Canada. Croxford JL. CNS Drugs. 2003;17(3):179-202. Therapeutic potential of cannabinoids in CNS disease. Department of Microbiology-Immunology, Northwestern University Medical School, Chicago, USA. 5 Secretaría de Educación Pública. La historia de la navegación. Colección Sepa..., Año 1, número 41, SEP, 1982, p.6. 6 Schultes, Richard Evans-Hofmann, Albert. Plantas de los dioses , 2a ed., México, FCE, 2000, p. 95. 7 Brau, Jean Louis. Historia de las drogas. Bruguera, Barcelona, 1972, p. 12. 8 Ruogley, Richard. Enciclopedia de las substancias psicoactivas. Paidós, Barcelona, 1999, p 92. 9 Robinson, Rowan. El gran libro del cannabis. Lasser Press. México 1999. Pp 144-159 10 Escohotado, Antonio. Historia general de las drogas. Espasa, Madrid, 2002, p 976. 11 Escohotado, Antonio. La cuestión del cáñamo, 2ª ed. Anagrama, Barcelona, 1998, p. 45. 12 Ibid. 13 Iversen, Leslie L. Marihuana, conocimiento científico actual. Ariel, Barcelona, 2001, p. 316. 14 Escohotado... Historia general..., p 976 15 Ibid . p. 983, 1305. 16 De Icaza, Francisco Asís. Conquistadores y pobladores de Nueva España. Diccionario autobiográfico sacado de los textos originales, T. II, Madrid, 1923. Inscripción número 781. En la Introducción de esta obra, el autor, Francisco de Icaza, menciona lo siguiente: Don Antonio de Mendoza [a la sazón virrey de la Nueva España] aplazó la ejecución de las Nuevas Leyes [promulgadas por Carlos V], y a ese aplazamiento, y a la promesa de nuevas mercedes o socorros, obedece en principio la formación de los registros de conquistadores, fuente principal de este libro. [página XXVI] (El Virrey Don Antonio de Mendoza gobernó de 1535 a 1550). 17 Zavala, Silvio. El servicio personal de los indios en la Nueva España. T. l. El Colegio de México-El Colegio Nacional, México, 1984, p. 60. 18 Torquemada, F. Juan de. Monarquía Indiana, T. III. Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México, p. 307. 19 García Icazbalceta, Joaquín. Don fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de México. T. I. (edición de Rafael Aguayo Spencer y Antonio Castro Leal). Porrúa, México, 1947, pp. 318-319. 20 Recopilación de leyes de los reynos de las Indias (Madrid, 1791), T. II, Consejo de la Hispanidad, Madrid, 1943, p. 67. 21 Navarro de Anda, Ramiro (comp.) Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, T. II. Porrúa, México, 1996, pp. 423-424. 22 Tenorio, Op. cit . p. 138. Ver: Anexo: Documentos expedidos durante la Colonia. 23 Florescano, Enrique - Gil Sánchez, Isabel. ``Las reformas borbónicas y el crecimiento económico 1750-1808'', en Cosío Villegas, Daniel (coord.). Historia general de México, T. I. 38 ed. Colmex-Harla, México, 1981, p, 518. 24 Ibídem. 25 Informe de Juan Francisco del Valle al Virrey Bucareli, Atlixco, 30 de mayo de 1777. Cuaderno número 7 sobre lino y cáñamo. AGN, gpo. doc. Industria y Comercio, Vol. 12, fojas 87-88. 26 Alzate, José Antonio. ``Memoria sobre el uso que hacen los indios de los pipiltzintzintlis'' [1772], en Moreno, Roberto (comp). José Antonio dé Alzate. Memorias y ensayos. UNAM, México, 1985, p. 56. 27 Tenorio Tagle, Fernando. El control social de las drogas en México . Inacipe, México, 1991, p. 148. 28 Guzmán, Ignacio. Intoxicación por marihuana. Tesis. Medicina, Cirugía y Obstetricia. Universidad Nacional de México, 1926, p. 12. 29 Segura Millán, Jorge. Marihuana, 2ª ed. (1ª ed. 1939). Costa Amic, México, 1972, p. 13. 30 I Pérez Montfort, Ricardo, ``La yerba 'Juanita''', en Pérez Montfort, Ricardo. Hábitos, normas y escándalo. Prensa, criminalidad y drogas durante el portiriato tardío. Plaza y Valdés, México, 1997, p. 193. 31 Gutiérrez Ramos Axayácatl. La prohibición de las drogas en México. La construcción del discurso jurídico 1917-1931. Tesis. Maestría en Historia Contemporánea. Instituto Mora, México, 1984, h. 23. 32 Gutiérrez Ramos, op. cit. h. 54. 33 Ibídem, h. 76. 34 En marcha... Op. cit. 35 Ibídem. 36 Citado por Escohotado, Antonio. Op. cit. 37 Ballota, Daniel y Crusellas, Lorena, ``Actitudes internacionales sobre la cannabis y sus aplicaciones en la Unión Europea'', en Arana, Xavier y Markez, Iñaki (coord) Cannabis: salud, legislación y políticas de intervención, Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, 2006. 38 Bustos Ramírez, Juan J. y Hormazábal Malarée, Hernán, Lecciones de derecho penal. Parte general . Editorial Trotta, Madrid, 2006, p. 68. 39 Bustos Ramírez, Juan J. y Hormazábal Malarée, Hernán, Lecciones de derecho penal. Parte general . Editorial Trotta, Madrid, 2006, p. 72.La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. Le dan sonido por favor a la curul del diputado Suárez del Real.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Presidenta, si me permite, a través de su conducto, solicitarle a la proponente si puedo adherirme a la iniciativa que se ha presentado, cuyo valor me parece que es sustantivo y fundamental para las acciones que ahí se han propuesto.La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada Elsa, ¿acepta usted la propuesta?
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (desde la curul) Acepto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: La acepta, diputado.Túrnese la iniciativa a la Comisión de Justicia.
LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Ector Ramírez Barba, iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del PANHonorable Asamblea:
Los suscritos, diputados federales Ector Jaime Ramírez Barba , Adriana Vieyra Olivares , José Antonio Muñoz Serrano , Margarita Arenas Guzmán , Efraín Arizmendi Uribe y Martín Malagón Ríos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II, del artículo 18 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl Instituto Nacional de Psiquiatría se creó por decreto presidencial el 26 de diciembre de 1979 con el nombre de Instituto Mexicano de Psiquiatría. Fundado por el doctor Ramón de la Fuente Muñiz con la idea de crear una institución dedicada a la atención e investigación de los problemas de salud mental en México, dotado de la infraestructura necesaria para realizar investigación científica en el campo de la psiquiatría y la salud mental; formar al personal capaz de llevarla a cabo; adiestrar a profesionales y técnicos; hacer un estudio integral de los enfermos psiquiátricos, y fungir como asesor de otros organismos públicos y privados en el ámbito de su competencia. A partir del 7 de septiembre de 1988, un nuevo decreto definió con mayor precisión su papel, amplió sus funciones y redefinió sus órganos de gobierno y administración.
El Instituto Nacional de Psiquiatría forma parte de los 12 Institutos Nacionales de Salud 1 y conforme la Ley de los Institutos Nacionales de Salud: ``es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupado en el Sector Salud, que tiene como objeto principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional.'' 2
Según lo que establece la propia Ley de los Institutos Nacionales de Salud 3 , las principales funciones de un instituto son:
La administración del instituto es conformado por una Junta de Gobierno y por un director general, según lo establece la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 4
La Junta de Gobierno será presidida por el secretario de Salud, en su carácter de Coordinador del Sector, de la cual forman parte el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, cuatro vocales, miembros distinguidos de la comunidad médica del país que tienen además experiencia administrativa, los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un comisario de la Secretaría de la Función Pública, un representante del sector educativo, el director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud, un secretario y un prosecretario; todo esto de acuerdo con la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 5
El director general será designado por la Junta de Gobierno, de una terna que deberá presentar el presidente de la junta. El nombramiento procederá siempre y cuando la persona reúna los siguientes requisitos 6:
En el caso del titular del Instituto Nacional de Salud Pública podrá ser una persona de reconocidos méritos académicos en las disciplinas médicas y de salud pública y que haya publicado trabajos de investigación en salud pública;
III. Tener amplia experiencia en las áreas médica y académica, así como una trayectoria reconocida en la medicina, y
IV. No encontrarse en alguno de los impedimentos que señala el artículo 19, fracciones II a V de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Sin embargo lo establecido los distintos ordenamientos administrativos que se relacionan con los institutos nacionales como entidades paraestatales, otorgan una lista más completa de dichos requisitos:
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 17 Bis. ...
Ley Federal de las Entidades Federativas
Artículo 21. El director general será designado por el presidente de la república, o a indicación de éste a través del coordinador de Sector por el órgano de gobierno, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos:
Por todo lo anterior resulta evidente que la persona que ocupe el cargo de director de un Instituto Nacional de Salud, no sólo debe cumplir con los requisitos que impone la Ley Federal de Entidades Paraestatales, sino que además debe ser médico cirujano, con alguna de las especialidades del instituto de que se trate; y tener amplia experiencia en las áreas médica, académica y administrativa, así como una trayectoria reconocida en la medicina.
Como sabemos la psiquiatría es la rama de la medicina que se especializa en la prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales. Su objetivo es el alivio del sufrimiento mental asociado con los trastornos de la salud mental; constituyendo sin duda una de las especialidades más complejas de la medicina.
La enfermedad mental es una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desenvolvimiento considerado como normal con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Esta alteración se manifiesta en trastornos del razonamiento, del comportamiento, de la facultad de reconocer la realidad y de adaptarse a las condiciones de la vida.
La investigación y publicación de trabajos de investigación en neurociencias, resulta una actividad fundamental para el desarrollo académico de quienes se dedican a la especialidad de la psiquiatría, que con el avance de la tecnología aplicada a la medicina puede conseguir logros impensables hasta hace pocos años.
Resulta indispensable que, quien dirige los trabajos de la institución más importante en el campo de la psiquiatría en el país, tenga los mayores conocimientos y capacidad académica y de investigación en su ramo.
La vanguardia en la investigación psiquiátrica pertenece a quienes se encuentran continuamente en las revistas especializadas, con documentos y estudios que fomentan el conocimiento de la compleja y fascinante mente humana y de sus patologías contribuyendo así a atenderlas y prevenirlas de una forma más efectiva.
Derivado de lo anterior resulta, por lo menos paradójico que, dentro de la organización interna del Instituto Nacional de Psiquiatría exista una subdirección de investigaciones en neurociencias; sin que exista la obligación legal de que el director de dicho instituto tenga publicaciones al respecto.
Así también resulta incomprensible que los requisitos que establece la Ley de los Institutos Nacionales no concuerden con los establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública y en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, ordenamientos de un campo más amplio de operación, de igual nivel jerárquico pero con mayor certeza jurídica.
Es por este motivo y para contribuir a una mayor profesionalización de quienes dirigen los institutos nacionales de Salud que son el semillero de la investigación medico-científica del país que ponemos a consideración de esta honorable asamblea el presente proyecto de
Decreto que reforma la fracción II y adiciona una fracción III, del artículo 18 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud
Artículo Único. Se reforma la fracción II y se adiciona una fracción III, recorriendo las demás fracciones del artículo 18 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 18. ...
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas 1) Artículo 5 de la LINS 2) Artículo 2 fracción II de la LINS 3) Artículos 6 de la LINS. 4) Artículos 14 de la LINS, 17 Bis de la LOAPF, 17 de la LFEP, 17 del RLFEP. 5) Artículo 15 de la LINS 6) Artículo 18 de la LINSLa Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Salud.
Se pospone la iniciativa presentada por el diputado Gerardo Octavio Vargas Landero, del Grupo Parlamentario del PRI. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 93 de... No está, vamos a posponer su presentación.
LEY GENERAL DE EDUCACION
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la tribuna al diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
El diputado Manuel Portilla Diéguez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la educación es el motor de cualquier país para el desarrollo económico y social. Por tanto, tomando como sustento el artículo 3o. de nuestra Carta Magna, la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Desgraciadamente los resultados de la educación en nuestro país reflejan la falta de calidad en la enseñanza y el deficiente combate al rezago educativo en el grueso de la población.
Prueba de esto fueron los resultados de las evaluaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en donde los alumnos mexicanos se posicionaron en los últimos lugares, llegando a la conclusión que se necesita una medida urgente para mejorar el sistema nacional de educación.
Asimismo, en agosto del presente año, el titular del Poder Ejecutivo federal dio a conocer los resultados de la prueba Enlace, implantada por la Secretaría de Educación Pública, en donde se revela que el mayor avance en las escuelas se ha visto en las escuelas particulares de tercero de secundaria; mientras que entre las escuelas públicas, particularmente en las telesecundarias que se ubican en las zonas marginadas y de pobreza, el nivel de insuficiencia creció en un 4.5 por ciento.
Este dato es alarmante debido a que la educación impartida por el Estado está muy por debajo de la media, dejando en claro que la brecha entre colegios particulares y públicos se ha acrecentado.
Aunado a los problemas sociales que perjudican el rendimiento escolar se encuentra la deficiente canalización del gasto educativo, debido a que mucho del presupuesto se malgasta en gasto corriente y por tanto, no se ve reflejado en la calidad de la educación.
Sin embargo, no estamos manifestando que los recursos destinados a educación sean suficientes, pero sí deben llegar a cumplir ese objetivo final, que es el de la mejora del sistema nacional de la educación.
Como legisladores debemos estar conscientes que el presupuesto destinado a educación no se tiene que vislumbrar como un gasto, sino como una inversión que se verá reflejado en la calidad de vida de la población al momento de obtener una mejora del ingreso por el pago de un trabajo calificado, ya sea técnico o profesional.
Asociado a lo anterior expuesto, la evaluación educativa no se debe de quedar solamente en los alumnos, sino también en el personal que imparte los conocimientos, debido a que se tiene que identificar en todos los sentidos las fallas en el sistema de aprendizaje con la intención de poner una mayor énfasis en lo que está provocando el estancamiento de la educación en el país.
Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se suma al mandato por parte del titular del Ejecutivo federal para que se establezca el sistema mexicano de evaluación educación, en donde se identifique el desempeño de estudiantes, maestros, directores, jefes de zona y autoridades, no con la intención publicitara de evidenciar el desempeño del profesorado, sino con la finalidad de mejorar la calidad de la educación impartida y así poder capacitar al magisterio en métodos de enseña más efectivos.
Por tanto, con métodos de evaluación que podrá ser mejorado con éxito el sistema nacional educativo, debido a que los resultados que obtengan los maestros en sus exámenes serán públicos, con la finalidad de que la sociedad y los padres de familia estén informados de la calidad de educación que están recibiendo los niños y jóvenes en cada institución educativa, de cada entidad federativa del país.
Sin embargo, el sistema de evaluación no se debe instaurar sólo como una acción sexenal, sino que se debe establecer en la ley que la Secretaría de Educación Pública instrumente un sistema evaluativo que permita identificar los problemas en la educación de nuestro país, para así poder garantizar la calidad educativa impartida por los maestros.
Diputada Presidenta, le pido que se inserte íntegra la iniciativa al Diario de los Debates. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Manuel Portilla Diéguez, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 3, fracción VIII; 71, fracción II; 72; 73 fracciones XXV y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56, 60 y 64, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a las comisiones que correspondan, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto en base a la siguiente
Exposición de MotivosLa educación es el motor de cualquier país para el desarrollo económico y social. Por tanto, tomando como sustento el artículo 3 de nuestra carta magna, la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Desgraciadamente los resultados de la educación en nuestro país reflejan la falta de calidad en la enseñanza y el deficiente combate al rezago educativo en el grueso de la población; prueba de esto fueron los resultados de las evaluaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en donde los alumnos mexicanos se posicionaron en los últimos lugares, llegando a la conclusión de que se necesita una medida urgente para mejorar el sistema nacional de educación.
El deficiente desempeño por parte de los estudiantes en los sistemas de evaluación en México también queda evidenciado en los resultados de los exámenes de admisión para ingresar a la educación media superior y superior, debido a que ni siquiera se alcanzan los estándares mínimos requeridos.
Este terrible problema abarca varios factores, como la disparidad de la calidad de la educación que se imparte en regiones con población mayoritariamente indígena con respecto al de las urbes. También es primordial mencionar que muchos alumnos tienen que trabajar desde temprana edad para poder llevar sustento a sus hogares, lo que provoca que se descuiden los estudios y, en muchos casos, que se deserte de las escuelas a temprana edad. Asimismo, el fenómeno migratorio por parte de la cabeza de familia ha sido otro factor que perturba el rendimiento académico de los jóvenes, ya que la carencia de recursos económicos para necesidades básicas y útiles escolares deriva en bajos resultados en las evaluaciones, provocando el desaliento del alumno.
Aunado a los problemas sociales que perjudican el rendimiento escolar, se encuentra la deficiente canalización del gasto educativo debido a que mucho del presupuesto se malgasta en gasto corriente, y por tanto no se ve reflejado en la calidad de la educación. No estamos diciendo que los recursos destinados a educación sean suficientes, pero sí que deben llegar a cumplir su objetivo final que es la mejora del sistema nacional de educación.
Como legisladores debemos estar conscientes de que el presupuesto destinado a educación no se tiene que vislumbrar como un gasto sino como una inversión, que se verá reflejada en la calidad de vida de la población al momento de obtener una mejora del ingreso por el pago de un trabajo calificado, ya sea técnico o profesional.
Asociado a lo anteriormente expuesto, la evaluación educativa no se debe quedar solamente en los alumnos, sino también en el personal que imparte los conocimientos, debido a que se tiene que identificar en todos los sentidos las fallas en el sistema de aprendizaje, con la intención de poner un mayor énfasis en lo que está provocando el estancamiento de la educación en el país.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se suma al mandato por parte del titular del Ejecutivo federal para que se establezca el Sistema Mexicano de Evaluación Educativa en donde se identifique el desempeño de estudiantes, maestros, directores, jefes de zona y autoridades; no con la intención publicitaria de evidenciar el desempeño del profesorado, sino con la finalidad de mejorar la calidad de la educación impartida, y así poder capacitar al magisterio en métodos de enseñanza más efectivos.
Por tanto, con métodos de evaluación podrá ser mejorado con éxito el sistema nacional educativo, contando con el aval de la sociedad que esté consciente de los resultados que obtengan los maestros, que son los encargados de la educación del país.
Sin embargo, el sistema de evaluación no se debe establecer sólo como una acción sexenal, sino que se debe establecer en la ley para así poder garantizar la continuidad de un sistema que identifique los problemas en la educación del país.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, respetuosamente sometemos a su consideración el siguiente:
DecretoMediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación.
Único. Se reforma la fracción XVI, del artículo 12; la fracción IV, del artículo 13, y el artículo 20, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:
Artículo 13. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:
Artículo 20. Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el sistema nacional de formación, actualización, capacitación, evaluación y superación profesional para maestros que tendrá las finalidades siguientes:
TransitoriosPrimero. La Secretaría de Educación Pública contará con 180 días, a partir de la fecha de publicación del presente decreto, para elaborar un programa nacional de evaluación al que hace alusión la fracción VI, del artículo 12. Asimismo contará con el mismo plazo para publicar los lineamientos para la evaluación de maestros.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Manuel Portilla Diéguez. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Esta Cámara les da la más cordial bienvenida a nuestros visitantes, y les ofrece disculpas por el estado en que los tenemos, parados, al Colegio Intercanadiense del estado de Puebla y a los invitados especiales del distrito electoral de Matehuala, San Luis Potosí. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar con nosotros.
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de ConvergenciaCon fundamento en la facultad tutelada en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en mi carácter de diputada federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, someto a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en su Capítulo I, ``Disposiciones Generales'', artículos 6, fracción II, y 7, fracción XVI; en su Capítulo III,'' Del Nombramiento y Facultades de la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres'', artículo 15, fracciones I y II, y en su Capítulo IV, ``Del Nombramiento y Facultades de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres'', artículo 19, fracción I, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosNuestro país ha tenido notables logros en esta década en materia de equidad de género, prueba de ello es la ratificación de varios instrumentos internacionales, la promulgación de dos leyes generales y la creación, entre otros, del Instituto Nacional de las Mujeres.
Como antecedente de ello, encontramos que en 1974 se plasma en el artículo cuarto de la Constitución Política, el principio de Igualdad entre hombres y mujeres, ello, en reconocimiento al amplio movimiento social de mujeres mexicanas que había venido desarrollando campañas de denuncia y cabildeo en favor de la equidad.
De la anterior reforma constitucional se han establecido una serie de normas para combatir la desigualdad, la discriminación y la violencia en contra de las mujeres.
En 2001 se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, como un organismo público autónomo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, cuyo mandato fue desde su inicio, establecer un mecanismo con recursos y autoridad suficiente, para asegurar el logro de la igualdad de oportunidades y de trato digno hacia las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo nacional.
Por ello desde el Instituto Nacional de las Mujeres se promueve la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, así como el pleno reconocimiento de todos sus derechos buscando con ello dar cumplimiento al compromiso de México con instrumentos internacionales como:
En el artículo 1o. la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres se plantea que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la República, y tomando en cuenta que las leyes deben ser generales, obligatorias, permanentes, abstractas e impersonales, tenemos que la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en el Capítulo III, relativo al nombramiento y facultades de la presidencia del instituto, en su artículo 15 fracciones I y II de la ley, se hace referencia a los vocablos ciudadana o ciudadano, mexicana o mexicano, condenada o condenado e inhabilitada o inhabilitado, estableciendo con ello que la ley prevé que el Instituto Nacional de las Mujeres, pudiera ser indistintamente, presidido por una mujer o un varón.
Esta aparente equidad que propone la ley, en realidad genera un renglón de discrecionalidad, cuya ambigüedad eventualmente podría ser utilizada por un gobernante desinteresado en continuar el avance en materia de equidad de género y ello iría en desmedro de las importantes conquistas alcanzadas, así como del propio principio de irreversibilidad y progresividad de los derechos de las mujeres, como derechos humanos.
Por otra parte, de acuerdo a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, promulgada en agosto del 2006, a quien ejerza la titularidad del Instituto Nacional de las Mujeres le corresponde dirigir el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, organismo que coordina a nivel nacional la política para la equidad, esto es, todos los esfuerzos que el gobierno y sus dependencias realicen en todos los niveles, para cumplir con el principio de equidad que persigue esta ley.
De lo anterior se desprende que el género del servidor publico titular del Instituto Nacional de las Mujeres, no es un asunto menor y que mientras persista en nuestro país una situación de discriminación y menoscabo hacia las mujeres, se requiere de una política de Estado seria y fundada en un interés real, y nadie mejor para representar ese interés que una mujer, previsión que se hallaba establecida en el origen de la ley, en esta Cámara de Diputados y que se modifico posteriormente.
Adicionalmente en su Capítulo IV, ``Del Nombramiento y Facultades de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres'', artículo 19, fracción I, también se hace uso del género masculino y femenino al usar los vocablos ciudadana o ciudadano y mexicana o mexicano. Y caemos en el mismo supuesto que el artículo 15 anteriormente mencionado.
Ahora bien, otro aspecto sumamente importante en esta ley es la concurrencia, es decir, la participación de los tres niveles u órdenes de gobierno en la coordinación: el federal, el estatal, el municipal y el del Distrito Federal.
Como es sabido, cuando en términos de ley se habla de entidades federativas, se incluye todo lo que compone la federación esto es, los 31 estados, el Distrito Federal y los municipios, por lo tanto, en el supuesto de plantear que algo compete a las entidades federativas, no es necesario hacer referencia al Distrito Federal, porque el término ya lo incluye.
Dado lo anterior, cuando se planeta en un ordenamiento legal la concurrencia de los tres órdenes de gobierno: federación, estados y municipios; es menester hacer mención para efectos de coordinación y concurrencia, del Distrito Federal.
No hacer esta referencia, ni mencionar explícitamente que compete a las entidades federativas equivale a exceptuarlo de toda obligación, derechos y efectos de una ley.
De tal modo que en el Capítulo I, ``Disposiciones Generales'', en sus artículos 6, fraccione II, párrafo segundo, y 7, fracción XVI, se excluye al Distrito Federal, dejándolo sin la ejecución de política de coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones, concertación social indispensable para su implementación permanente entre las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado en relación con las mujeres.
En materia de equidad de género, nuestras leyes deben ser precisas y contundentes, no podemos permitirnos caer en ambigüedades que pudieran llevar a una mala interpretación de la ley que lastime aquello por lo que tantas y tantos han luchado durante décadas: la Equidad entre hombres y mujeres.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de
DecretoÚnico. Se reforma y adiciona la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en su Capítulo I, ``Disposiciones Generales'', artículos 6, fracción II, y 7, fracción XVI; en su Capítulo III, ``Del Nombramiento y Facultades de la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres'', artículo 15, fracciones I y II, y Capítulo IV, ``Del Nombramiento y Facultades de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres'', artículo 19, fracción I, conforme a lo siguiente:
Artículo 6. ...
Artículo 7. ...
Artículo 15. ...
I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. No haber sido condenada por delito intencional alguno, o inhabilitado por la Contraloría de la Federación;
... ...
Artículo 19. ...
I Ser ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.
LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la tribuna al diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civily de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Édgar Mauricio Duck Núñez: Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Édgar Mauricio Duck Núñez: Diputadas y diputados, el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, actualmente es un instrumento financiero creado en 1996 con la finalidad de contar con una fuente permanente de recursos, para solventar las acciones del estado en las atenciones de desastres naturales.Este instrumento del Fondo de Desastres Naturales es y ha sido vulnerable a la corrupción, ya que se ha denunciado que autoridades de toda índole han desviado o almacenado por tiempo excesivo, que trasciende al término de la emergencia, los insumos que reciben a fin de utilizarlos posteriormente para otros fines, privando a la población afectada del beneficio de su utilización en su momento respectivo.
De acuerdo con dichas reglas y una vez emitida la declaratoria, los recursos autorizados son ejercidos por la federación y por las entidades federativas, a través de los propios fideicomisos o bien por medio de las dependencias y entidades locales y federales, que correspondan de acuerdo con la naturaleza del gasto.
En el caso de los recursos ejercidos directamente por la federación, ya sean provenientes de la afectación del fondo revolvente, del fideicomiso Fonden federal, o directamente del programa Fonden a través del Ramo General 23, existe ya un mecanismos de fiscalización bien establecido, a través del cual se garantiza la transparencia en la rendición de cuentas en su ejercicio.
Sin embargo, los recursos que ejercen las entidades federativas y los municipios, una vez que son entregados por el fideicomiso estatal a las dependencias a las que corresponda su ejercicio, no están sujetos a reglas claras que garanticen una adecuada fiscalización para evitar que sean desviados a fines ajenos, a la situación de desastre o que incurran en prácticas de corrupción.
Respecto a la fiscalización, la ley federal en la materia dispone que, para el caso de los recursos federales ejercidos por autoridades locales, fideicomisos y particulares, se llevará a cabo el control a través de convenios, de coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación y los Congresos locales.
Sin embargo, los convenios suscritos se limitan a la fiscalización de los recursos del Ramo 33 y del FAFEF, ignorando por completo los relativos al Fonden, por lo que las previsiones establecidas en las reglas de operación son letra muerta.
Incluso, el documento titulado Evaluación del Fondo de Desastres Naturales, en el ejercicio 2005, elaborado por El Colegio de México (Colmex), a petición de la Secretaría de Gobernación, señala que los estados y municipios recurren a los recursos del Fonden como un medio de reposición de fondos exigibles a la federación y para financiar acciones a fin de subsanar fallas de planeación y operación gubernamental.
En razón de lo anterior, me sumo a la iniciativa ya presentada en el Senado, y presento a consideración la presente iniciativa para definir el control y la fiscalización de los apoyos que brinda el Fondo de Desastres Naturales, con objeto de cubrir precisamente esas lagunas y garantizar que la ayuda canalizada a través del Fonden y sus instrumentos, lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan, de manera incondicional y en el momento preciso.
De esta manera, a su vez, propongo en primera instancia reformar los artículos 13 y 31 de la Ley General de Protección Civil, para establecer que los convenios que se firmen entre las autoridades locales y federales, contengan las disposiciones relacionadas con el control y fiscalización de los recursos materiales y financieros del Fondo de Desastres Naturales.
En la misma ley proponemos la adición de un artículo 37 Bis, que reitera las disposiciones contenidas en otras leyes aquí mencionadas con relación a que los apoyos federales que canaliza al Fonden, a los niveles locales, a través de sus diversos instrumentos, no pierdan el carácter federal para efectos de control y fiscalización, sujetándose a las leyes aplicables en esta materia.
En el mismo artículo 37 Bis establecemos que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, así como los órganos competentes de las autoridades locales, diseñen e implementen esquemas que garanticen la transparencia, control y eficiencia de los recursos del Fonden y que estos esquemas formen parte de las reglas de operación y de los convenios correspondientes.
Asimismo, señalamos que los funcionarios de cualquier nivel que incurran en desvío de los recursos materiales o financiero del Fonden, serán sancionados conforme al título cuarto de la Constitución federal y sus leyes reglamentarias, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Finalmente ---ya para concluir---, proponemos reformar el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, referido al gasto federal en las entidades federativas para que el Fondo de Desastres Naturales forme parte intrínseca en la suscripción de convenios, para que se fiscalicen sus recursos en todas sus etapas, de acuerdo, como lo enmarca la Ley de Fiscalización Superior de la Federación respecto a los recursos federales, así como la Ley de Protección Civil.
La naturaleza de los recursos del Fonden, cuyo fin es estrictamente humanitario al ser aplicado para la restitución de la infraestructura y el patrimonio de la población afectada, exige que su ejercicio esté respaldado por prácticas estrictas de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, trascendiendo en este ámbito las acciones meramente cuantitativas para enfatizar en las de carácter cualitativo.
Ruego a usted, señora Presidenta, que sea inscrito el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Protección Civil, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN
Édgar Mauricio Duck Núñez, diputado federal la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración la presente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosCon fecha 13 de febrero de 2007, el senador por el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Juan Bueno Torio, presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Senadores propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera.
En coincidencia, concordancia y arreglo con el fondo de dicha iniciativa, hago propia ésta, con aportaciones que enriquecen y que deben ser tratadas por la Cámara de Diputados, al tenor de lo siguiente:
El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es un instrumento financiero creado en 1996, con la finalidad de contar con una fuente permanente de recursos para solventar las acciones del Estado en la atención de desastres naturales.
Antes de su creación, la respuesta del Estado se circunscribía a la reorientación del gasto de otros rubros, sin una política consistente que permitiera reaccionar de manera adecuada ante la ocurrencia de desastres, y sujeto a la disponibilidad de recursos en otras partidas de gasto de naturaleza contingente.
El Fonden se compone de un fondo revolvente para la etapa de emergencia, y del Programa Fonden, el Fideicomiso Fonden Federal y los fideicomisos estatales, que operan durante la etapa de desastre. Todos ellos reciben recursos por la vía presupuestal, tanto a través del Ramo General 04, correspondiente a la Secretaría de Gobernación, como a través del Ramo General 23, ``Provisiones Salariales y Económicas''.
En la etapa de emergencia (previa a un desastre), una vez hecha la declaratoria correspondiente, la federación canaliza a las entidades federativas o a los municipios afectados insumos adquiridos a través del fondo revolvente, a fin de mitigar los efectos de la contingencia y minimizar las condiciones de vulnerabilidad de la población. Estos insumos incluyen cobertores, despensas, medicamentos, impermeables, guantes, botas y láminas de cartón, entre otros.
Este instrumento del Fondo de Desastres Naturales es vulnerable a la corrupción, ya que se ha denunciado que autoridades locales almacenan por tiempo excesivo, que trasciende el término de la emergencia, los insumos que recibe, a fin de utilizarlos posteriormente para otros fines, privando a la población afectada del beneficio de utilización en su momento.
Por otro lado, en la etapa de desastre y cuando proceden acciones de coparticipación federal, estatal y municipal en términos de las reglas de operación del fondo, los fideicomisos estatales reciben recursos federales a través del Fideicomiso Fonden Federal o del Ramo General 23.
De acuerdo con dichas reglas y una vez emitida la declaratoria, los recursos autorizados son ejercidos por la federación y por las entidades federativas a través de los propios fideicomisos, o bien por medio de las dependencias y entidades locales y federales que correspondan, de acuerdo con la naturaleza del gasto.
En el caso de los recursos ejercidos directamente por la federación, ya sean provenientes de la afectación del fondo revolvente, del Fideicomiso Fonden Federal o directamente del Programa Fonden a través del Ramo General 23, existe un mecanismo de fiscalización bien establecido, a través del cual se garantizan la transparencia y rendición de cuentas en su ejercicio.
Sin embargo, los recursos que ejercen las entidades federativas y los municipios, una vez que son entregados por el fideicomiso estatal a las dependencias a que corresponde su ejercicio, no están sujetos a reglas claras que garanticen una adecuada fiscalización para evitar que sean desviados a fines ajenos a la situación de desastre, o que incurran en prácticas de corrupción.
Por la naturaleza del Fonden y sus instrumentos, cuyo fin es atender a la población en desgracia, que sufre, que ha perdido sus pocas pertenencias, sus hogares y a sus familiares, lucrar o buscar provecho político de la ayuda que el Estado brinda de manera desinteresada es un acto deleznable que debemos evitar por todos los medios, estableciendo medidas efectivas de control y fiscalización de ellos.
En los casos de responsabilidad, son aplicables las disposiciones del Título Cuarto de la Constitución federal y sus leyes reglamentarias a los funcionarios locales cuando ejerzan recursos federales, como es el caso de los recursos del Fonden.
Asimismo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establecen que cuando se involucren recursos federales en los gobiernos estatales y en los municipales, así como toda clase de fideicomisos, éstos estarán sujetos a las disposiciones de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización contenidas en dichas leyes.
Respecto a la fiscalización, la ley federal en la materia dispone que para el caso de los recursos federales ejercidos por autoridades locales, fideicomisos y particulares, se llevará a cabo el control a través de convenios de coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación y los congresos locales. Sin embargo, los convenios suscritos se limitan a la fiscalización de los recursos del Ramo 33 y del FAFEF, ignorando por completo los relativos al Fonden, por lo que las previsiones establecidas en las reglas de operación son letra muerta.
Incluso, el documento Evaluación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en el ejercicio 2005, elaborado por El Colegio de México (Colmex), a petición de la Secretaría de Gobernación, señala que los estados y los municipios recurren a los recursos del Fonden como un medio de reposición de fondos exigibles a la federación, y para financiar acciones con el fin de subsanar fallas de planeación y operación gubernamental.
En razón de lo anterior, me sumo y presento a su consideración la presente iniciativa, para definir el control y la fiscalización de los apoyos que brinda el Fondo de Desastres Naturales, con objeto de cubrir precisamente esas lagunas, y garantizar que la ayuda canalizada a través del Fonden y sus instrumentos llegue a quien verdaderamente la necesita, de manera incondicional y en el momento preciso.
De esta manera, propongo en primera instancia reformar los artículos 13 y 31 de la Ley General de Protección Civil, para establecer que los convenios que se firmen entre autoridades locales y federales contengan disposiciones relacionadas con el control y la fiscalización de los recursos materiales y financieros del Fondo de Desastres Naturales.
En la misma ley proponemos la adición de un artículo 37 Bis, que reitera las disposiciones contenidas en otras leyes aquí mencionadas, con relación a que los apoyos federales que canaliza el Fonden a los niveles locales a través de sus diversos instrumentos no pierden su carácter federal para efectos de control y fiscalización, sujetándose a las leyes aplicables en esas materias.
En el mismo artículo 37 Bis establecemos que la Segob, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, así como con los órganos competentes de la autoridades locales, diseñen e implanten esquemas que garanticen la transparencia, el control y la eficiencia de los recursos del Fonden, y que estos esquemas formen parte de las reglas de operación y de los convenios correspondientes.
Asimismo, señalamos que los funcionarios de cualquier nivel que incurran en desvío de los recursos materiales o financieros del Fonden serán sancionados conforme al Título Cuarto de la Constitución federal y sus leyes reglamentarias, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además de otras responsabilidades civiles o penales que procedan.
Finalmente, proponemos reformar el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, referido al gasto federal en las entidades federativas, para que el Fondo de Desastres Naturales forme parte intrínseca en la suscripción de convenios, para que se fiscalicen sus recursos en todas sus etapas, de acuerdo con lo que enmarca la Ley de Fiscalización Superior de la Federación respecto a los recursos federales, así como la Ley de Protección Civil.
La naturaleza de los recursos del Fonden, cuyo fin es estrictamente humanitario, por ser aplicados para la restitución de la infraestructura y el patrimonio de la población afectada, exige que su ejercicio esté respaldado por prácticas estrictas de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, trascendiendo en este ámbito las acciones meramente cuantitativas, para enfatizar en las de carácter cualitativo.
La evaluación del Fonden hecha por el Colmex afirma que la estructura de la Dirección General del Fonden, adscrita a la Secretaría de Gobernación, es insuficiente para coordinar la amplia gama de responsabilidad y tareas que le corresponden, a fin de lograr una operación óptima, transparente y oportuna del Fonden.
Por ello, esta iniciativa puede constituirse como un elemento importante, al reforzar las acciones de seguimiento y control de los recursos del Fonden, cuyo ejercicio final corresponde en proporción importante a las autoridades locales, de manera que podamos detectar a tiempo fallas en su diseño y, en consecuencia, éstas puedan ser subsanadas de inmediato.
Así, con base en lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Artículo Primero. Se reforma el párrafo segundo del artículo 13 y se adiciona un párrafo tercero al artículo 31, así como un nuevo artículo 37 Bis, a la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 13. ...
Los convenios de coordinación incluirán en su contenido las acciones y las aportaciones financieras que corresponderá realizar a la federación, las entidades federativas y los municipios para la prevención y atención de desastres, así como los mecanismos de control y fiscalización de los recursos financieros y materiales para garantizar la transparencia, oportunidad y correcta aplicación de éstos, en beneficio de la población afectada .
Artículo 31. ...
...
En dichos convenios deberán incluirse los instrumentos de control y fiscalización de los recursos materiales y humanos para la prevención y atención de emergencias y desastres, con arreglo a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, respecto de los recursos federales.
Artículo 37 Bis. Los recursos materiales y financieros de origen federal del Fondo de Desastres Naturales que en términos de esta ley se transfieran a las entidades federativas o a los municipios por cualquier medio, para la atención de emergencias y desastres de acuerdo con la declaratoria correspondiente emitida por la Secretaría, no perderán su carácter federal para efectos de su control y fiscalización, por lo que estas acciones se llevarán a cabo, en todas sus etapas, conforme a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y a las disposiciones aplicables contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Federal y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
La Secretaría se coordinará con la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, así como con los órganos correspondientes de las autoridades locales, para el diseño de mecanismos de control, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización en todas sus etapas de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, sin perjuicio de las facultades propias de cada autoridad. Dichos esquemas deberán incluirse en los convenios de coordinación a que se refieren los artículos 13 y 31 de esta ley, y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en adición de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales.
Los servidores públicos federales, estatales o municipales que almacenen por tiempo excesivo, desvíen o utilicen en beneficio propio o de terceros, para fines proselitistas, o para cualquier otro fin o propósito distinto de lo establecido en la declaratoria de emergencia o desastre correspondiente, los insumos de la reserva estratégica del fondo revolvente asignados a estados y municipios, así como los recursos federales del Fondo de Desastres Naturales que ejerzan las autoridades locales a través de los fideicomisos estatales, serán sujetos a las sanciones administrativas, políticas, civiles y penales que establezcan las leyes aplicables.
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XIII al artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 82. ...
...
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los convenios vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente decreto seguirán aplicándose en lo que no se contrapongan con éste y, en su caso, serán modificados o adicionados con los contenidos correspondientes con arreglo a lo establecido en este decreto.
Tercero. La Secretaría se coordinará con la Auditoría Superior de la Federación y con la Secretaría de la Función Pública para diseñar con la mayor brevedad un convenio marco para los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 37 Bis que se adiciona a la Ley General de Protección Civil.
Dicho convenio marco se propondrá a las autoridades locales de cada entidad federativa considerando las particularidades, condiciones y estructura administrativa de cada una de ellas por separado, y deberá diferenciar las acciones que correspondan a cada autoridad de acuerdo con el marco jurídico aplicable.
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Quiere hacerle alguna referencia al diputado?
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Sí.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le dan sonido a la curul, por favor, de la diputada Mónica.
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidenta. Por su conducto, para preguntarle al diputado si acepta que me pueda yo sumar a su iniciativa.El diputado Édgar Mauricio Duck Núñez: Con mucho gusto, y bienvenida.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la tribuna al diputado Moisés Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow: Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante.
El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow:«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El suscrito diputado federal Moisés Félix Dagdug Lützow , con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a objeto de que los municipios de Balancán y Tenosique del estado de Tabasco, adquieran la condición de región fronteriza para efectos fiscales.
Exposición de MotivosEl artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que los contribuyentes residentes en la región fronteriza aplicarán una tasa del 10%, y no la tasa general del 15%, a los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto al valor agregado, siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en esa región.
La aplicación de la tasa del 10% en el artículo antes aludido se ha justificado bajo el hecho de que las condiciones geográficas existentes en la región fronteriza hacen que los consumidores nacionales se vean motivados a realizar la adquisición de bienes y servicios en las ciudades fronterizas limítrofes de los Estados Unidos de América, con el consiguiente impacto desfavorable en la economía de dicha región.
Sin embargo; dicho precepto no considera a los mexicanos que habitan la región fronteriza colindante con la República de Guatemala que igualmente enfrentan problemas de competitividad impositiva. Tabasco comparte con la República de Guatemala una franja fronteriza de 118 kilómetros, cuyos límites abarcan los municipios de Balancán y Tenosique, mismas jurisdicciones que han venido padeciendo los efectos de esta dispar competencia impositiva, particularmente en los impuestos al consumo, motivo por el cual, resulta impostergable atender la existencia de dicha circunstancia.
Es importante señalar, que los municipios antes citados cuentan con una economía poco desarrollada basada en actividades económicas correspondientes fundamentalmente al sector primario. No crecen, no hay generación de fuentes de trabajo y su población es expulsada a los centros urbanos de Tabasco, del Distrito Federal y los Estados Unidos de Norteamérica; por ello, es urgente promover su desarrollo económico.
Particularmente, la presente iniciativa tiene el espiritu de plantear la necesidad de contar con tasas impositivas competitivas frente a los países vecinos, en virtud de que por ejemplo en Estados Unidos los gravámenes al consumo observan impuestos del 6 al 8%, por eso, la necesidad de que nuestros connacionales que habitan en las regiones fronterizas contiguas con dicho país o bien, cuyos principales negocios se realizan con el mismo, como el caso del estado de Quintana Roo, gocen de una tasa preferencial reducida en el impuesto al valor agregado. En el caso de los estados del sureste mexicano, este asunto solo se circunscribe a la franja de 20 kilómetros en torno de la frontera con los países de Centroamérica.
En ese sentido; es urgente modificar el actual sistema fiscal en esta zona del país, cuando es incuestionable que las situación y oportunidades de desarrollo no son homogeneas para todas las regiones del país.
Es con esos razonamientos que se propone se aplique el tratamiento fiscal en materia del impuesto al valor agregado de la región fronteriza del norte del país y la del estado de Quintana Roo, a los municipios de Balancán y Tenosique con la finalidad de promover su economía y proyectar su situación competitiva en un entorno globalizado.
Por los razonamientos anteriormente expuestos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto parrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
``Artículo 2. El Impuesto se calculara ...
...
...
Para los efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, de Balancán y Tenosique, Tabasco, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.''
TransitorioÚnico. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Moisés Dagdug Lützow.
El diputado Jorge Rubén Nordhausen González (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: El diputado Jorge Nordhausen está pidiendo la palabra. ¿Con qué objeto, diputado? Sonido a la curul del diputado Nordhausen.
El diputado Jorge Rubén Nordhausen González (desde la curul): Sí, Presidente, para preguntarle al diputado Moisés Dagdug si tuviera algún inconveniente en que me sumara a su iniciativa.El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Acepta con gusto, diputado Nordhausen.Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se concede el uso de la palabra a la diputada María Mercedes Colín Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo decimoctavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La diputada María Mercedes Colín Guadarrama: Con su permiso, señor Presidente.«Iniciativa que reforma el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn el imperio romano, las personas formaban mutuales, que consistían en crear un fondo para cubrir los gastos de entierro del socio que falleciera. Podemos ver cómo desde esa época el individuo y la colectividad han tenido la necesidad de tomar previsiones ante distintas contingencias, ya que siempre se han visto expuestos a una serie de todo tipo de riesgos, desde su nacimiento hasta la muerte, que la mayor parte de las veces no es posible solventar personalmente.
En la Edad Media surgieron asociaciones conocidas como ``cofradías'' y ``gremios'' que, junto con la Iglesia, ayudaban a las personas que estaban en desgracia y a los pobres. De ahí se originaron las instituciones de ahorro popular. Sin embargo, tales instituciones no eran suficientes y no daban respuesta plena a las crecientes demandas que se producían como consecuencia del surgimiento de una nueva clase social, la trabajadora.
La Revolución Industrial y el auge del capitalismo produjeron cambios sociales que generaron la necesidad de establecer mecanismos destinados a evitar el estallido social, ante el creciente desamparo y la indigencia.
A lo largo del siglo XIX, como fruto de la lucha del movimiento obrero, apareció una nueva política estatal, que ahora llamamos ``política social'', encargada de la preservación y la elevación del bienestar social, a fin de evitar las injustas consecuencias sociales de la Revolución Industrial, acentuada hoy con la rapidez del cambio tecnológico, que modifica profundamente las formas de trabajo, desplaza trabajadores y cambia las condiciones laborales, aunados al crecimiento de la expectativa de vida.
En México, los antecedentes acerca de la legislación moderna sobre aseguramiento de los trabajadores y de sus familiares se encuentran en dos disposiciones: en primer término, la Ley de Accidentes de Trabajo del estado de México, de 1904; y en segundo, la Ley sobre Accidentes de Trabajo del estado de Nuevo León, de 1906.
Con esos precedentes, además del pacto social construido con la fuerza obrera organizada, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 estableció en el artículo 123 que la seguridad social debe organizarse conforme a bases mínimas, las cuales consisten en cubrir los accidentes y las enfermedades profesionales y no profesionales, la maternidad, la jubilación, la invalidez, la vejez y la muerte.
El sistema de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado tiene su origen en la reforma constitucional de 1959 del artículo 123, con la incorporación del apartado B. La Ley del ISSSTE norma el funcionamiento del instituto encargado de ofrecer los diferentes seguros de salud; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; invalidez y vida; y de riesgos de trabajo.
De conformidad con el criterio constitucional, la pensión es considerada la prestación social otorgada por el Estado mediante la asignación de una cantidad de dinero mensual o anual a un trabajador o a su familia, como remuneración otorgada en reciprocidad al derecho adquirido en el trabajo prestado en el servicio público, constituyendo un acuerdo solidario para que el esfuerzo brindado a la sociedad, éste lo retribuya protegiendo al trabajador en su vejez y hasta su muerte.
La ley vigente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado define la pensión o jubilación como una renta o retiro programado. Dicha renta es el beneficio periódico que recibe el trabajador durante su retiro o sus familiares derechohabientes por virtud del contrato de seguro de pensión que se celebre con la aseguradora de su preferencia; y el retiro programado es la modalidad de obtener una pensión fraccionando el monto total de los recursos de la cuenta individual, para lo cual se toma en cuenta la esperanza de vida de los pensionados, así como los rendimientos previsibles de los saldos.
En 2006, los datos regístrales señalaban que el ISSSTE cuenta con 2.4 millones de trabajadores cotizantes activos y 585 mil jubilados y pensionados.
En el caso de los trabajadores jubilados y pensionados, su situación presenta serios problemas económicos, ya que las cantidades que reciben son insuficientes para sus gastos básicos. Además, el incremento que se aplica a las pensiones es relativamente bajo con relación a los aumentos de los precios de alimentos, medicinas, tarifas eléctricas y gas, entre otras erogaciones, lo que influye en el hecho de que su poder adquisitivo se deteriora día con día y coloca a muchos en una verdadera condición de marginalidad y hasta indigencia.
Los jubilados necesitan todo nuestro apoyo, ya que fueron trabajadores al servicio del Estado y durante su labor dedicaron sus esfuerzos a la realización de las funciones públicas. Es necesario retribuirles con una cantidad que pueda satisfacer sus necesidades y que recuperen el sentido de dignidad en su vida cotidiana.
En comparación con otros países, la calidad de vida de los jubilados catalanes, suizos, de la costa oeste de Estados Unidos y noruegos, según un estudio de la Fundació Viure i Conviure de Caixa Catalunya, el estado de su salud, sus recursos económicos y sus relaciones sociales son buenos o muy buenos. Incluso, ellos mismos se consideran estables en todos los aspectos de la vida.
Sin embargo, en nuestro país la mayoría de los jubilados se encuentran insatisfechos económicamente, y afectados social, emocional y psicológicamente, pues lo que se les otorga en la mayoría de las ocasiones no les alcanza ni para los productos básicos de alimentación. El grueso de los pensionados y jubilados reciben menos de 2 mil pesos mensuales y muchos de ellos tienen que vivir solos, lo que hace muy precaria su existencia.
Por ello es necesario realizar reformas que permitan que los pensionados y jubilados reciban una cantidad similar a los salarios que perciben los trabajadores en activo, en su misma categoría o similar, porque tienen los mismos gastos e incluso mayores, ya que necesitan más cuidados por ser personas de edad avanzada, como es el caso de los padecimientos crónico-degenerativos.
También nos parece necesario que se incremente la pensión de acuerdo con los convenios y las negociaciones que formulan los contratos colectivos, aplicándoles la misma proporción de beneficios tanto a sus pensiones como a las prestaciones que reciben.
En tal virtud, esta iniciativa propone que a los pensionados y jubilados en el régimen previo a la ley vigente se garantice un ingreso igual al que recibe un trabajador activo en la misma categoría de puestos y, en segundo lugar, que también reciban los beneficios de las negociaciones contractuales.
Aunque con estas acciones legislativas es menester reconocer que no elevarán totalmente sus condiciones de vida, nos parece que sí se acercarán a niveles de mayor dignidad y justicia.
Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Artículo Único. Se reforma el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:
Décimo Octavo. Los jubilados, pensionados o sus familiares derechohabientes que, a la entrada en vigor de esta ley, gocen de los beneficios que les otorga la ley que se abroga continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones señalados en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento.
La cuantía de las pensiones y jubilaciones no será menor que el monto salarial que recibe un trabajador en activo cuyo puesto corresponda a la misma categoría o similar.
La actualización de salarios y prestaciones consideradas en los contratos colectivos de trabajo también será aplicable a los trabajadores pensionados y jubilados.
Articulo TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada María Mercedes Colín Guadarrama.Túrnese su iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Cámara de Diputados saluda a los servidores públicos y representantes de diferentes municipios y comunidades del estado de Oaxaca, de San Antonio Putlán, Cacahuatepec, Jamiltepec, Amiltepec, Tejocotes, San Juan Mixtepec, Cosoltepec y Huajuapan de León, del estado de Oaxaca. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al diputado Carlos Torres Torres, iniciativa suscrita por él mismo y por el diputado Carlos Alberto Navarro Sugich, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Carlos Alberto Torres Torres: Durante la madrugada de este día el abogado Alberto Capella Ibarra, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, sufrió un grave atentado en su domicilio particular por parte del crimen organizado. Afortunadamente para él, para su familia y para quienes queremos vivir en paz y con tranquilidad en el estado, los criminales no lograron su perverso objetivo.Gracias a ciudadanos como Alberto Capella, la sociedad bajacaliforniana se mantiene firme en la convicción de que es posible recuperar la paz y la tranquilidad. La lucha que él encabeza contra la violencia y la impunidad es una muestra a los valores que distinguen a la inmensa mayoría de los bajacalifornianos.
Por ello, los diputados federales de Baja California condenamos de la manera más enérgica este atentado, que lo que busca es arrebatarnos la esperanza y condenarnos a vivir con temor e incertidumbre. Esperamos que la acción coordinada de las autoridades de los diferentes niveles permita encontrar lo más pronto posible a los autores de esta infame agresión.
Con su venia, diputado Presidente. La experiencia histórica nos permite reconocer que la solidez de un régimen democrático depende en gran medida de la confianza que los ciudadanos depositan en los actores políticos.
A esta legislatura le corresponde tomar medidas urgentes para revertir el malestar y el distanciamiento que hay de parte de los ciudadanos mexicanos hacia algunas instituciones fundamentales como son los partidos políticos. En esa dirección va encaminado el presente proyecto de reforma que hoy someto a su consideración.
Actualmente el alto costo de nuestra democracia tiene que ver con la organización, planeación y realización de procesos electorales, y con las prerrogativas de los partidos políticos, especialmente con el gasto en diseño, producción y distribución de propaganda.
Ciertamente existe una queja generalizada respecto a la cantidad de recursos que se destinan a esas actividades, pero también hay mucha inconformidad con respecto a la colocación de la propaganda en los espacios públicos y al manejo que se le da a esos materiales cuando las campañas concluyen.
Concretamente, en el caso de la propaganda que se distribuye masivamente impresa en materiales plásticos o en papel, el grado de afectación a los ciudadanos es mayor. Cuando los partidos políticos despliegan de manera desordenada su propaganda en sitios públicos contaminan visualmente y agraden el entorno. Y es que la propaganda electoral impresa se coloca sobre cualquier superficie disponible, incluyendo áreas verdes, rocas, postes, señalizaciones viales, pasos a desnivel y monumentos históricos que son convertidos en escaparates de partidos y candidatos.
Este tipo de acciones son percibidas por muchos ciudadanos como una imposición de los partidos políticos que hacen un despliegue y propaganda. Son este tipo de acciones las que irritan a los ciudadanos y los alejan de la vida pública.
Pero además del dispendio de recursos y del abuso con respecto al espacio público, hay otro elemento polémico en lo que tiene que ver con la propaganda electoral. Cuando se utilizan materiales que no son reciclables se generan verdaderas montañas de basura que resultan inmanejables, especialmente en municipios que no tienen ni el presupuesto ni las instalaciones adecuadas para procesar sus desechos.
Con el paso del tiempo, la mayor parte de esta basura política presenta un maltrato evidente y contribuye a dar una imagen de descuido y suciedad de los espacios públicos.
Desde un aspecto sociocultural es claro el desconocimiento de leyes y reglamentos estatales y municipales para colocar la propaganda electoral por parte de los partidos políticos; además, existe una carente educación cívica de los ciudadanos y los partidos al limpiar, barrer y recoger residuos sólidos colocados en espacios colectivos y equipamiento urbano.
Por todo ello es necesario legislar para que la publicidad electoral se realice mediante medios de comunicación que no generen contaminación visual del ambiente. Y, por ello, en la presente iniciativa, el diputado Carlos Navarro y un servidor, hacemos un llamado para comprometernos a conservar el medio ambiente en lo referente a la contaminación generada con la propaganda electoral al restringir su colocación en infraestructura urbana, establecer que la propaganda que se utilice en otros espacios deberá ser reciclable, fácil de retirar y biodegradable.
De esta manera podremos cerrar la distancia que hoy existe entre ciudadanos y partidos políticos y, por tanto, fortaleceremos nuestra democracia. Por lo que pido a esta Presidencia que se inserte íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por los diputados Carlos Alberto Torres Torres y Carlos Alberto Navarro Sugich , del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, diputados federales Carlos Alberto Torres Torres y Carlos Alberto Navarro Sugich , integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 y 71, fracción II de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral 3 del artículo 185, deroga los incisos a) y c), y adiciona los numerales 3, 4 y del artículo 189, así como reforma el inciso g), y adiciona el inciso h) del artículo 269, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguiente
Exposición de MotivosEs de todos conocido los excesos de presupuesto en que se cae en tiempos electorales. Los partidos políticos canalizan enormes cantidades de recursos económicos de la población en campañas electorales destinados principalmente a la propaganda electoral.
Los altos costos de nuestra democracia son destinados principalmente a gastos y prerrogativas de los partidos políticos, gastos en organización, planeación y realización de procesos electorales, pero, sobre todo, a pago de publicidad y propaganda en medios de comunicación.
Ello ha hecho que el grado de confianza de los ciudadanos en los partidos políticos, y aún en las instituciones electorales, sea muy bajo, y esto hace que el índice de abstencionismo crezca aunado a las malas campañas electorales que no brindan seguridad ni confianza a los electores.
Por otro lado, está a la vista de todos que dicha propaganda genera una gran contaminación visual y daños a elementos naturales. El uso de gran cantidad de papel y plásticos genera residuos sólidos que ocasionan, en primer lugar, pérdida de recursos naturales para su producción y, en segundo lugar, daños al entorno por la falta de reciclaje y rehúso de esos materiales.
Y es que la propaganda electoral impresa se coloca sobre cualquier superficie disponible incluyendo áreas verdes, árboles, rocas, postes, señalizaciones viales, pasos a desnivel y monumentos históricos que son convertidos en escaparates de partidos y candidatos, algunos con estudios de mercado, y otras, sin ningún análisis definido.
A un lado queda el que las campañas electorales tienen como objetivo primordial mostrar y presentar ante el electorado sus candidatos registrados y su plataforma electoral para ganar adeptos, y que éstas se pueden manifestar y realizar a través de los medios de comunicación sin generar la enorme cantidad de basura, contaminación visual y acústica y sin emplear enormes cantidades de recursos naturales. Asimismo, estos grandes recursos económicos bien podrían emplearse en elevar el nivel de calidad de vida de la población, en fondos ambientales para la recuperación de ecosistemas, en educación cívica y ambiental, evitando con ello además la generación de enormes cantidades de basura.
Aunque la legislación establece los criterios de aplicación para la colocación y retiro de la propaganda de los partidos políticos en campaña, podemos afirmar que muy pocas veces se le ha dado el debido cumplimiento, ya que todos los ciudadanos hemos podido observar que meses después de los comicios, podemos seguir viendo propaganda electoral en muchos puntos de la ciudad.
La mayor parte de dicha ``basura política'', con el paso del tiempo presenta un maltrato evidente, causado por las lluvias, el sol y otras inclemencias del tiempo, lo que deja un aspecto sucio a nuestros espacios públicos.
Lo más triste de todo, es que en cada proceso electoral que se presenta, la cantidad de basura electoral se incrementa. Según datos del Gobierno del Distrito Federal, en la campaña federal de 2006 tuvo un incremento del 22 por ciento respecto a la del año 2000, y su retiro tuvo un costo de 11 millones de pesos.
Es necesario recordar que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25, párrafo 1, incisos a) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos, dentro de su declaración de principios, tienen la obligación de observar la Constitución, en la que se establece el derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Además, de conformidad con artículo 182, inciso 4 del COFIPE, tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. Y hoy día, mucha de la propaganda que se coloca en la vía pública no expone en ningún sentido estos programas o plataformas.
También se debe ser consecuente con otras disposiciones federales como la Ley General del Equilibrio Ecológico se prevé la regulación de la contaminación visual y acústica y la regulación en la generación y disposición final de residuos sólidos.
Desde un aspecto sociocultural, es claro el desconocimiento de leyes y reglamentos estatales y municipales para colocar la propaganda electoral por parte de los partidos políticos, provocando contaminación visual y generando toneladas de residuos sólidos que afectan directamente la calidad de vida de todos los ciudadanos. Por lo que se debe prohibir que la propaganda electoral se coloque y fije sobre espacios e infraestructura público-urbana, como monumentos históricos y arquitectónicos, alumbrado público, señalización vial, pasos peatonales, semáforos, elementos naturales y accidentes geográficos los cuales son propiedad de la población y por tanto no deben ser utilizados con fines políticos.
Además, existe una carente educación cívica de los ciudadanos y de los partidos políticos a limpiar, barrer y recoger residuos sólidos colocados en espacios colectivos y equipamiento urbano. Aún al terminar las campañas políticas, la basura llena nuestras ciudades y sólo la autoridad municipal está facultada para retirar y transportar esos materiales no siendo obligación directa de ella.
Desde un aspecto ambiental, el constante uso de áreas verdes, su vegetación y de elementos naturales para la colocación de propaganda electoral de partidos políticos antes y durante procesos de elección, ocasionan deterioro y destrucción de ellos afectando directamente al medio ambiente y a la calidad de vida de la población.
Por todo ello, es necesario legislar para que la publicidad electoral se realice mediante medios de comunicación que no generen contaminación visual y acústica al ambiente, y, en su caso, se ajusten a las disposiciones legales en materia de prevención de la contaminación del ruido. Evitando así, que en cada elección se gaste una enorme cantidad de recursos económicos en elaboración de propaganda política que después se convierta en desperdicios que bien pudieran rehusarse y reciclarse evitando mayor daño a nuestro medio ambiente.
Es necesario restringir el monto de recursos económicos destinados a las campañas políticas y promover que éstos sean utilizados en programas que permitan elevar el nivel de vida de la población.
Por ello, la presente iniciativa hace un llamado a los partidos políticos, para comprometerse a conservar el ambiente en lo referente a la contaminación generada con la propaganda electoral, al restringir su colocación en infraestructura urbana, establecer que la propaganda que se utilice en otros espacios deberá ser reciclable, fácil de retirar y biodegradable; y que, cuando como excepción, se coloque para eventos públicos en dichos espacios, deberá ser retirada, a más tardar, dentro de las 24 horas siguientes al evento.
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo primero. Se adiciona el numeral 3 del artículo 185, se derogan los incisos a) y c), y se adicionan los numerales 3, 4 y del artículo 189, así como se reforma el inciso g) y se adiciona el inciso h) del artículo 269, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue
Artículo 185
1...2...
3. La propaganda será de material reciclable, fácil de retirar, biodegradable y que no modifique el paisaje, ni perjudique los elementos que conforman el entorno natural.
Artículo 189
1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:
2. Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad de los ayuntamientos, gobiernos locales y del Distrito Federal, que pudiesen ser susceptibles de ser utilizados para la colocación y fijación de la propaganda electoral.
3. Podrán colocar propaganda transitoriamente durante actos de campaña, en los elementos del equipamiento urbano inmediatos al lugar donde se realicen, dando aviso a la junta local y distrital que corresponda, siempre y cuando no se dañe el equipamiento. Dicha propaganda podrá ser colocada 24 horas del evento y deberá ser retirada dentro de las 24 horas después del mismo.
4. La propaganda electoral utilizada durante las campañas electorales deberá ser retirada por los partidos políticos en un término no mayor a 30 días posteriores al día de la jornada electoral; en caso de no hacerlo el Instituto solicitará el retiro de las mismas a las autoridades municipales o delegacionales, en el caso del Distrito Federal. Dichas autoridades entregarán al Consejo general un informe que contenga la cantidad total de propaganda electoral generada por el partido infractor y el costo de su retiro, mismo que será cubierto por el Instituto una vez descontado de las prerrogativas del partido político infractor.
5. El Instituto ordenará el retiro de toda la propaganda electoral que se coloque en contravención de lo dispuesto en este artículo. Los partidos políticos y las coaliciones estarán obligados a retirarla en un plazo que no rebasará las 48 horas; en caso de no hacerlo, el Instituto solicitará el retiro de las mismas a las autoridades municipales o delegacionales, en el caso del Distrito Federal. Para el reembolso de los gastos erogados por dichas autoridades, se procederá en los términos del numeral anterior.
Artículo 269
1...
2. Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser impuestas cuando:
....
TransitoriosArtículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Carlos Alberto Torres Torres. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Gobernación.
La siguiente iniciativa se pospone. La iba a presentar el diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del PRD.
CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscritas por la ponente y por el diputado Édgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Perdón. Sube el diputado Francisco Rueda Gómez para hacer la presentación de esta propuesta.
El diputado Francisco Rueda Gómez: Con su venia, señora Presidenta.La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Francisco Rueda Gómez: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vengo a nombre propio y de los diputados Esmeralda Cárdenas Sánchez y Édgar Armando Olvera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a poner a su consideración la presente iniciativa, de la que por la brevedad del tiempo sólo haré una presentación general, por lo que pido a la Presidenta que se inserte íntegra en el Diario de los Debates la propuesta que venimos a presentar.
Iniciativa que pretende que se reformen y se adicionen diversas disposiciones del Cofipe, a fin de regular los actos de procesos internos, de selección de candidatos por parte de los partidos políticos y de las llamadas ``precampañas''.
Como se sabe, los actos previos de las campañas ocasionan diversos problemas, donde los más importantes consisten en que las facultades de supervisión de los organismos electorales, en cuanto a aspectos financieros y propagandísticos, sólo existen con relación a los partidos y a las asociaciones políticas, por lo que las finanzas y la propaganda de aspirantes y precandidatos están fuera de ese control. Esta situación plantea problemas que se deben resolver regulando las llamadas ``precampañas''.
En ese sentido coincidimos con el maestro Woldenberg en que la legislación electoral señala qué recursos son legales y cuáles no durante las campañas. Pero lo que sucede ahora en materia de dinero, todo lo que hagan los ciudadanos por fuera de los partidos antes de esa etapa, nadie lo puede fiscalizar. Ésa es la enorme laguna y en eso es en lo que este Congreso tendrá que legislar.
En ese sentido, los legisladores de Acción Nacional venimos a presentar esta iniciativa que busca, precisamente, de desarrollar en la ley electoral los postulados de la reciente reforma constitucional que establecieron en materia de procesos de selección interna de los partidos políticos y de las precampañas que de ellos deriven.
La reforma hoy planteada propone adicionar al título segundo del Cofipe lo relativo a los actos preparatorios de la elección, un capítulo para que quede como primero, denominado ``De los procesos de selección interna y de las precampañas''. Por considerar que éstos son actos previos tanto al registro de candidatos como a las campañas electorales.
La iniciativa también pretende establecer que los partidos políticos con registro ante el Instituto pueden realizar las precampañas dentro de sus procesos internos orientados a la selección de sus candidatos.
También dispone que corresponde a los partidos políticos autorizar a sus militantes o a sus simpatizantes la realización de actividades proselitistas en busca de su nominación a un puesto de elección popular.
Además, se proponen los plazos en los cuales deberán realizarse los procesos de selección interna, los plazos para el inicio y para la conclusión de esos procesos de selección, de tal manera que permitan, dentro de los mismos, que se puedan desarrollar las denominadas precampañas.
Se dispone también presentar informes al Consejo General. Se propone también que el partido político, en su momento, informe sobre la procedencia de los registros de sus precandidatos, así como del origen de sus recursos. Se dispone también que los procesos de selección interna deberán sujetarse a la normatividad de los partidos políticos.
Además, se habla y se propone, para la difusión de sus procesos de selección interna: los partidos políticos podrán hacer uso del tiempo en la radio, en la televisión que conforme a este código les corresponda.
Por último se proponen en esta iniciativa las prohibiciones a los precandidatos, como son recibir cualquiera de las aportaciones prohibidas también para los partidos políticos, realizar actos de precampaña electoral antes que el partido político emita el dictamen de registro correspondiente a los precandidatos, así como contratar, en todo tiempo, propaganda o cualquier forma de promoción personal, en televisión y en radio. Así como participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargo de elección popular en diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición, entre otras prohibiciones más.
Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por los diputados Esmeralda Cárdenas Sánchez , Francisco Rueda Gómez y Édgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, Esmeralda Cárdenas Sánchez , Francisco Rueda Gómez y Edgar Armando Olvera Higuera diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con el fin de regular los actos de procesos internos de selección de candidatos por parte de los partidos políticos y las llamadas precampañas, conforme a la siguiente:
Exposición de MotivosComo sabemos, el régimen jurídico electoral es de suma importancia: porque permite la adecuada organización política de las sociedades modernas, constituye una garantía para el querer democrático de los pueblos, es el principio legitimador del poder político, y concede la posibilidad de que los miembros del cuerpo electoral participen en su ejercicio y orientación.
El papel de las disposiciones electorales en el mundo moderno es de tal envergadura, que las Naciones Unidas han reconocido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada en el año de 1948, la importancia de los procesos electorales y de sus componentes -como son el sufragio universal, igual, directo y secreto-, como los medios más adecuados para hacer posible la práctica de la democracia.
Consecuentemente, reiteramos nuestro compromiso de fortalecer y vigorizar nuestras instituciones, para no cancelar el camino democrático que la nación mexicana ha venido recorriendo en la búsqueda de su consolidación.
Efectivamente enlazado con el desarrollo de la democracia están las normas electorales, de ahí que una preocupación relevante durante muchos años fue la construcción de reglas precisas para celebrar elecciones cada vez más limpias y competitivas, que propiciaran un régimen auténticamente plural, donde el juego electoral fuera transparente entre los partidos políticos.
No se puede negar que los procesos electorales eran presa fácil de la manipulación e incertidumbre, que los llamados fraudes electorales eran característica esencial de los comicios, y que los órganos responsables de la organización de las elecciones adolecieron durante décadas de imparcialidad y profesionalismo; incluso, la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral se puso en manos del propio gobierno federal, gobierno que como ya hemos dicho, respondía a la diarquía Ejecutivo-Partido hegemónico, lo que obviamente daba como resultado una actuación, la mayor de las veces, con los dados cargados a favor del partido oficial, situación de la que ya se ha escrito mucho. Luego entonces, el responsable de las elecciones se convertía en juez y parte; una parte obviamente con interés en el litigio electoral. En efecto, durante un largo tiempo, los órganos electorales fueron monopolio exclusivo del partido en el poder, lo que provocó a su vez, un desdén para el sufragio, el menor o casi nulo respeto por el voto, y que la práctica política fuera el que los votos nunca se contaran o se contaran principalmente para un solo partido: el partido en el gobierno.
En efecto, de los años 1946 a 1994, quedaba a cargo del gobierno federal la preparación, el desarrollo y la vigilancia del proceso electoral; situación que con la evolución de nuestro sistema electoral fue cambiando.
Es así que nuestra democracia electoral ha sido el producto de una evolución histórica. Fue así que en 1963 se dio un paso significativo al crearse los llamados ``diputados de partido'', con el propósito de ampliar la integración de la representación política.
En dicho año se reformó el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para modificar la estructura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, estableciendo, según nosotros, una especie sui generis de sistema mixto, al mantenerse la figura del diputado de mayoría pero complementándolo con lo que se conoce con el nombre de ``diputado de partido'', que para nosotros no es otra cosa que una modalidad o especie del sistema de representación proporcional o bien, de representación proporcional difusa.
Dicho sistema consistía precisamente en que el partido político que obtuviera el 2.5 de la votación total en el país durante la elección respectiva, tenía derecho a 5 diputados de partido en la Cámara de Diputados, mas uno adicional por cada 0.5% más de los votos emitidos, hasta 20 como máximo, pero determinándose que en el caso de obtener la mayoría en 20 o más distritos electorales, no tendrían derecho a que le fueran reconocidos diputados de partido.
Pero las reformas de ese año establecieron también, prerrogativas a favor de los partidos bajo tres modalidades: extensiones fiscales; franquicias postales y telegráficas; y, acceso a la radio y a la televisión en tiempos de campaña, las cuales pueden considerarse una especie de financiamiento ``indirecto''.
En 1972 se reformó el artículo 54, y se determinó reducir el porcentaje del 2.5% al 1.5% del total de votos que se establecía como requisito para que los partidos minoritarios pudieran tener mayores facilidades de obtener diputaciones de partido; asimismo, se amplió a 25 el número de diputados de partido. Estas propuestas se inspiraron en la necesidad de que los partidos minoritarios tuvieran más acceso a la Cámara de Diputados. 1
Podemos afirmar, que la adopción de la representación proporcional en 1963, según la fórmula de ``diputados de partido'', inauguró una serie de cambios en el sistema electoral, y tales cambios, en lo que puede llamarse ``estructura de oportunidades políticas'' y ``régimen de competencia electoral'' la cual obviamente con posterioridad fue aumentando 2
Después por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de diciembre de 1977, se elevó a rango constitucional a los partidos políticos señaló que éstos contarían ``en forma equitativa, durante los procesos electorales, con un mínimo de elementos para sus actividades encaminadas a la obtención del sufragio popular''.
También establecía el acceso permanente de los partidos a la radio y a la televisión. Sin embargo, ni en la Constitución ni en la ley secundaria se desglosaba el contenido de ese ``mínimo de elemento'', y tampoco se detallaba la forma de distribuir los tiempos de radio y televisión.
La reforma de este mismo año también introdujo en un sistema electoral mixto con dominante mayoritario al disponer que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión quedaría integrada por 300 diputados por el principio de mayoría relativa y 100 diputados por el principio de representación proporcional.
Fue así que ``el objetivo de crear a los diputados de representación proporcional fue vigorizar a los partidos minoritarios para que la Cámara de Diputados se enriqueciera con una visión plural; sin embargo, siguió considerándose al sistema de representación proporcional como complementario del mayoritario, y como un ámbito de participación exclusiva de los partidos minoritarios, una especie de ghetto del que estaba excluido el partido mayoritario. Por otra parte, se estableció el requisito de obtener 1.5% de la votación emitida en cada una de las circunscripciones para poder tener derecho a cargos de elección por representación proporcional, se hizo con el objetivo de evitar que en la Cámara de Diputados se diera una proliferación inconveniente de partidos que no representaran corrientes políticas de trascendencia a nivel nacional.'' 3
Con fecha 15 de diciembre de 1986, se dio otra reforma al artículo 54 constitucional por la que se amplió el número de integrantes de la Cámara de Diputados de 400 a 500, para lo cual, se conservó el número de 300 diputados electos según el principio de mayoría relativa y se aumentó el número de representación nacional en 100 integrantes más para quedar en 200 por dicho principio.
Como se puede observar, con la reforma de 1986 se mantuvo y fortaleció lo que como ya se mencionó con anterioridad ha llamado Nacif la ``estructura de oportunidades políticas'' y el ``régimen de competencia electoral'', al ampliarse el número de diputados de representación proporcional.
Pero también se estableció la llamada ``cláusula de gobernabilidad'' y el sistema llamado ``constitutivo de mayoría'', ya que se eliminó, por un lado, la prohibición de que un partido político no participara en la distribución de escaños de representación proporcional cuando tuviera más de 60 constancias de mayoría y por otra parte, se determinó un mecanismo que permitía que un partido obtuviera mayoría absoluta en la conformación de la Cámara aún cuando no hubiere obtenido el 51% de la votación nacional efectiva, y/o que su número de constancias de mayoría no alcanzara la mitad más uno de los integrantes de dicha Cámara.
Con el anterior método, se dio paso a un mecanismo que provocó una gran sobrerrepresentación del partido mayoritario, pues por un lado, ya había sido sobrerrepresentado por el sistema de mayoría relativa y luego, por el de representación proporcional.
Por otro lado, fue el Código Federal Electoral de 1987, el primero en incorporar el financiamiento público a los partidos, otorgándolo sobre la base de un costo mínimo de campaña, en porcentajes crecientes durante los años previos al del proceso electoral y por supuesto, en el de los comicios. El financiamiento público contribuyó de manera fundamental para fortalecer a los partidos de oposición en ese entonces.
En 1990, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales distribuye el financiamiento público por diferentes tipos de actividad: a) la electoral; b) las generales como entidades de interés público; c) por subrogación del estado de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de sus partidos políticos; y, d) por actividades específicas como entidades de interés público.
En 1993, se reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer límites a los gastos de campaña, regular el financiamiento privado y establecer la obligación de los partidos de presentar informes de ingresos y gastos, tanto anuales como de campaña.
En 1993 se introdujeron reformas en materia de financiamiento, pero durante la campaña presidencial de 1994, estudiosos y analistas concluían igualmente que no eran suficientes, pues persistía la falta de condiciones justas para la competencia. Incluso, el IFE en su informe sobre las elecciones de 1994 destacó en su momento, que en la elección referente a diputados federales un solo partido había gastado el 81.2% del total del dinero invertido en las campañas.
Tan fue cierto la inequidad en dicho proceso electoral, que el propio candidato presidencial del PRI, que resulto ganador en la contienda por la magistratura presidencial, declaró abiertamente que los comicios de 1994 habían sido limpios pero inequitativos.
En ese sentido, es que se dio nacimiento a la reforma del 22 de agosto de 1996, cuyo marco constitucional fue el resultado de un acuerdo unánime entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas. Dicha reforma recogió varias de las conclusiones del seminario del Castillo de Chapultepec, al cual convocaron algunos consejeros ciudadanos y diversos analistas y del que derivó el documento ``Sesenta puntos para la reforma político-electoral'', se imprimió, entre otras cosas, una nueva conformación a la autoridad electoral y se mejoró la justicia electoral.
Destacan, como figuras relevantes del diseño institucional electoral de la reforma de 1996 las siguientes:
Un Instituto Federal Electoral como órgano constitucional autónomo, ciudadanizado e independiente del poder Ejecutivo responsable de organizar las elecciones.
Se busca la constitución de un Instituto Federal Electoral despartidizado, sujeto a principios constitucionales, tales como la equidad, la certeza, la legalidad, el profesionalismo, y otros más.
Un Instituto Federal Electoral responsable de la fiscalización a los partidos políticos, particularmente del uso y destino del financiamiento que reciben.
Si bien ya existía el Instituto Federal Electoral (IFE) desde 1990, con la reforma de 1996 se modificó al Instituto y se conformó como un órgano constitucional autónomo, dotado de plena autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, y se dispuso que el órgano es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño.
Sin duda, la nueva estructura del IFE fue uno de los aspectos más relevantes de la reforma, ya que se le quitó al gobierno federal (Ejecutivo) la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, pues en la reforma de 1994, existían cuatro representantes del poder Legislativo y uno del Ejecutivo, los cuales tenían derecho a voz y voto; pero con la reforma de 1996, los consejeros del poder Legislativo sólo tendrían derecho a voz pero no a voto, y respecto a los representantes del Ejecutivo, estos fueron eliminados.
Asimismo, cabe acotar que ya no sería más el Ejecutivo federal, a través del secretario de Gobernación, el que presidiría al Consejo General del Instituto, órgano clave de organización y vigilancia, representante del Ejecutivo que además contó hasta la elección de 1991 con voto de calidad, atributo que se le suprimió en 1994. 4
En general, con esta reforma lo que se instituyó fue lo que se ha denominado como la ``ciudanización'' del IFE.
Es así que derivado de la reforma de 1996, y de conformidad con el artículo 41 constitucional vigente, se desprenden entre otros postulados los siguientes:
Un padrón electoral confiable y credencial de elector con fotografía, a fin de garantizar la certeza del voto.
La vigilancia del proceso electoral por parte de los partidos políticos, mediante su participación en los órganos electorales, tanto en el Consejo General, los Consejos Locales y los Consejos Distritales del IFE, y en las instancias electorales responsables de levantar el padrón electoral. Adicionalmente los partidos políticos tienen la posibilidad de contar con representantes en cada una de las Mesas Directivas de casilla que son las receptoras de la votación.
La eliminación del perverso Colegio Electoral, que era juez y parte en la calificación de las elecciones, ya que la realizaban los propios legisladores supuestamente ganadores.
Un Tribunal Electoral incorporado al Poder Judicial de la Federación, como órgano calificador de la elección imparcial y jurisdiccional.
Se dotó al Tribunal Electoral de la facultad para conocer y resolver sobre la certeza y legalidad de los procesos electorales locales que ha dado lugar a la nulidad de elecciones para gobernador en Tabasco y Colima, mediante la causal abstracta.
Se creo una Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, que dio nacimiento a mecanismos de defensa del voto, como son el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales, y el Juicio de Revisión Constitucional en la materia. 5
Se dio un gran avance en la consolidación de un servicio de carrera de los funcionarios electorales. La reforma electoral permitió que se diera también un capítulo más claro y preciso en el Código Penal relativo a los delitos electorales, que originó a su vez la existencia de una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Asimismo, la reforma de 1996 sujeto el financiamiento privado a una serie de condiciones, a fin de evitar procedencias indebidas o inequidad en la contienda. Se estableció como tope por concepto de financiamiento privado, el que ningún partido político recibiera un monto superior al 10% del total del financiamiento público otorgado a los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes, en el año que corresponda. Asimismo se prohibieron las aportaciones anónimas con excepción de las obtenidas en mítines o colectas.
En materia de fiscalización se otorgó a la comisión de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y las agrupaciones del Consejo General del IFE, la facultad de ordenar la práctica de auditorias a las finanzas de los partidos o agrupaciones e incluso, el de ordenar visitas de verificación para corroborar la veracidad de los informes presentados.
Ahora bien, debido a la evolución de las reglas electorales que se han descrito, hoy podemos decir que las instituciones electorales de México, si bien perfectibles, son en general confiables y han demostrado su solidez. No obstante un sistema electoral no se agota sólo en el perfeccionamiento de las instituciones que organizan y califican las elecciones, sino también en la adecuada actuación de los partidos políticos, como actores relevantes de los procesos electorales.
Por ello nos hemos pronunciado desde hace tiempo a favor de seguir avanzando en una reforma electoral que genere mecanismos de financiamiento racionalizados, así como rendición de cuentas y fiscalización plenas e integrales al financiamiento público otorgado a los partidos políticos.
Además una reforma que establezca competencias electorales cortas, equitativas y baratas. Por eso hicimos y seguimos haciendo propuestas legislativas para que los partidos asuman a cabalidad su función como entidades de interés público.
Por ello aportamos propuestas y aprobamos la reciente reforma constitucional en materia electoral ya que con ella se sentaron las bases para que las reglas del juego electoral caminen en el sentido de competencias políticas más equitativas, más transparentes, sujetas a una más y mejor fiscalización, así como abaratar los procesos electorales, mediante la reducción del financiamiento público tanto para gastos ordinarios de los partidos políticos, pero fundamentalmente del gasto para campañas electorales; asimismo dicha reforma busca que los partidos políticos y sus candidatos tengan una mayor independencia en su acción con respecto a los medios masivos de comunicación como son la televisión y la radio, eliminando la mercantilización de las campañas y precampañas en su uso, garantizando su acceso solo a través de los tiempos que corresponden al Estado, lo que obviamente se debe traducir en mejorar el contenido de las campañas e ir disminuyendo la spotización.
Ahora bien, insistimos que dentro de la democracia, no puede ignorarse la realidad de los partidos políticos y su influencia en la vida política de la sociedad, que los partidos políticos son consubstanciales a cualquier sistema de gobierno.
Los partidos políticos son como dice Jean Charlot: omnipresentes, toda vez que ``apenas se puede citar un Estado en el que no haya al menos un partido político''.
Es evidente la conexión que los partidos políticos tienen con la democracia, la naturaleza política del hombre y la representación política. Luego entonces, como lo expusiera Jesús Orozco Henríquez sin la existencia de partidos no puede haber democracia auténtica o, lo que es igual, democracia pluralista. Sin unos partidos estables, es decir, socialmente arraigados y con el grado suficiente de cohesión o disciplina interna, no cabe que la democracia sea una forma de organización política eficaz, ni mucho menos, perdurable''. 6
O bien como lo señaló Kelsen, más allá de afirmar que la democracia es fundamentalmente procedimental, que también ``la democracia moderna descansa sobre los partidos políticos, cuya significación crece con el fortalecimiento progresivo del principio democrático'' o que la democracia ``necesaria e inevitablemente requiere de un Estado de partidos''.
Asimismo, resulta oportuna la reflexión de Ricardo Haro en cuanto a que dentro de las premisas cardinales esta la esencialidad de los partidos políticos como células del sistema democrático. O lo expuesto por James Bryce de que ``los partidos son inevitables; nadie ha demostrado cómo podría funcionar un gobierno representativo sin ellos''.
Bajo esta óptica, podemos afirmar que los partidos son actores quizás irremplazables del escenario político. En este sentido, nuestra Constitución Política establece que los partidos Políticos tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Asimismo nuestro marco constitucional ha otorgado a los partidos políticos la naturaleza jurídica de entidades de ``interés público''.
Por ello resulta indispensable que dentro de nuestra democracia se consolide, un sistema de partidos fuerte y representativo, conformado por organizaciones responsables, transparentes y sujetas a rendición de cuentas.
Actualmente una de las funciones más importante de los partidos políticos resulta ser los procesos de selección interna de candidatos que posteriormente los gobernados deberán legitimar o no como titulares del cargo.
En ese sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que ``Los actos de precampaña se caracterizan porque solamente se tratan de actividades llevadas a cabo para la selección interna de candidatos o de la difusión de las personas que fueron electas como candidatos, sin que tengan como objeto la difusión de la plataforma electoral de un partido político, ni la obtención del voto de los electores para la integración de los distintos órganos de representación popular el día de la jornada electoral ya que estos últimos actos serían objeto de las campañas electorales.'' 7
En opinión de el maestro Diego Valadés, los actos previos a las campañas ocasionan varios problemas, donde los más importantes consisten en que las facultades de supervisión de los organismos electorales en cuanto a aspectos financieros y propagandísticos sólo existen con relación a los partidos y a las asociaciones políticas, por lo que las finanzas y la propaganda de las personas que eventualmente sean ungidas candidatos por los partidos, están fuera de ese control. Esta situación plantea problemas que se pretende resolver regulando las llamadas precampañas.
También señala que, el problema de las llamadas precampañas se debe encaminar a las fuentes de financiamiento de los aspirantes a la presidencia (y por extensión a los restantes cargos electorales) dentro y fuera de los partidos. Las lagunas legales no pueden ser aprovechadas en perjuicio de una democracia endeble, de una sociedad pobre y de un país vulnerable. Pero, por otro lado, tampoco se pueden establecer mecanismos que limiten la libertad social en aras de la seguridad nacional'' 8
En este mismo sentido José Woldenberg ha señalado que ``la legislación electoral señala qué recursos son legales y cuáles no son durante las campañas. Pero lo que sucede ahora, en materia de dinero, todo lo que hagan ciudadanos por fuera de los partidos, antes de esas etapas, nadie los puede fiscalizar. Esa es la enorme laguna y eso es lo que el Congreso tendría que legislar.'' 9
Luis Felipe Bravo Mena, opinaba que se debía reformar la legislación electoral de manera urgente, sobre todo lo relativo a las precampañas, para dar certeza jurídica a ciudadanos, partidos y candidatos. La reforma acabaría con los ``vacíos'' en la ley, e impediría que luego haya resoluciones judiciales inatacables basadas en situaciones no reglamentadas. 10
En opinión del maestro Eduardo Huchim May, consejero del IEDF regular las precampañas no contraviene la Constitución ya que:''Al revisar la jurisprudencia y las tesis relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos encontramos varias cosas interesantes, entre ellas éstas que les menciono. Las garantías individuales no son absolutas, sino relativas; al ejercerse en materia electoral deben supeditarse a la normatividad en la materia. Los partidos políticos pueden hacer todo lo que no está prohibido, pero no en todos los casos. Los actos de propaganda que no sean de campaña o están dentro de los procesos internos de los partidos, pueden ser considerados actos anticipados de campaña y por tanto ser sancionados los partidos por eso. Los actos anticipados de campaña están prohibidos implícitamente. Los partidos pueden ser responsables de la conducta de sus militantes y aún de terceras personas vinculadas con ellos.'' 11
Otra opinión respecto a la viabilidad de regular a las precampañas la presenta el doctor Manuel Barquín Álvarez, al señalar que en el caso de Baja California Sur, los candidatos que tuvieron que enfrentarse por primera vez a la regulación de ante-precampañas, consideraron que era violatoria de sus garantías individuales, en particular las de libre manifestación de las ideas y de asociación política. Este asunto se llevó a la Corte por acción de inconstitucionalidad y fue resuelta muy afortunadamente por la Suprema Corte, diciendo en términos generales que no violaba los derechos constitucionales de libertad de expresión y de asociación esta limitación, porque quien utiliza a ellos para participar en un proceso en el que puede ser electo como representante popular, en realidad se está voluntariamente --es la palabra que utiliza-- sometiendo a las restricciones del artículo 41 de la Constitución.
Así mismo, considera, en relación con la regulación de las precampañas en Chiapas que en este Estado se abordan muy afortunadamente ya que el objeto de prohibir las actividades de proselitismo y de campaña fuera del periodo de campañas y precampañas, se prohíbe en función de la inequidad que produce.
Es claro que si un candidato formal o bueno que sea, lleva haciendo campaña un año antes o dos, de que inicien los registros, pues le lleva ya ganada a los otros candidatos en su posicionamiento de su imagen, se refiera o no en concreto a que esté haciendo una campaña. 12
Por su parte José Luis Hernández expreso, por su lado, que las precampañas es un fenómeno que ha obstaculizado el tiempo político ya que los partidos desperdician dinero, recursos humanos, materiales y capital político para posicionarse con antelación ante adversarios ciertos e hipotéticos, de ahí que tenga que legislarse un tiempo prudente para las campañas y desincentivar la ansiedad política. 13
Lo cierto es que el tema de precampañas es un tema que en nuestro país, algunos estados ya comenzaron a contemplar dentro de sus legislaciones disposiciones tendientes a regular las precampañas. Su nivel de regulación es variable y en algunas de ellas, se regulan más aspectos que otras en cuanto a las precampañas logrando un control más efectivo de las mismas. Entre las legislaciones locales que ya contempla regulación sobre precampañas están Baja California, Coahuila. Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Guerrero, Durango, entre otros.
En este contexto, podemos afirmar que las normas relativas a la regulación de los procesos de selección interna y las precampañas que estás comprenden, ha sido prácticamente un tema poco o casi nada regulado por nuestro derecho electoral, provocando un sin número de vacíos a este respecto, y con ello grandes retos a los aplicadores de las normas electorales, lo que a su vez exige de los legisladores el compromiso para reformar el marco jurídico respectivo y crear las condiciones jurídicas que aseguren los postulados de equidad, transparencia, certeza, objetividad, profesionalismo y otros más, no solo desde las campañas sino desde los actos anticipados a éstas, es decir, desde las llamadas precampañas.
En efecto, el perfeccionamiento de las reglas electorales en materia de campañas ha sido con el fin de alcanzar los postulados anteriores, mediante el establecimiento de reglas como duración de campañas, preeminencia del financiamiento público sobre el privado, tope máximo al financiamiento privado, limites a las aportaciones de simpatizantes, obligaciones de rendir informes sobre los gastos de campaña, facultad de la autoridad de fiscalizar dichos informes, facultad de la autoridad electoral para hacer requerimientos de informes detallados para la fiscalización, prohibición de determinados entes para hacer aportaciones a los partidos políticos, el establecimiento de sanciones administrativas electorales a quien viole estas disposiciones, entre otras.
Luego entonces, no se puede permitir que todas y cada una de esas reglas del juego electoral se vea rebasado por el camino de los procesos de selección interno y sus precampañas, afectando los principios democráticos de equidad, certeza, legalidad y objetividad, en perjuicio de nuestro régimen democrático.
Efectivamente, por ejemplo estos procesos son una forma para violar el tope de gastos de campaña y la igualdad de oportunidades, ya que los partidos políticos que recurren a estos procesos internos pueden adquirir una ventaja real sobre aquellos que no los llevan a cabo.
Precisamente por ello, la reciente reforma a la Constitución Política aprobada por esta Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y también ya por la mayoría de las Legislaturas de los estados, consciente el Constituyente de la necesidad de que dichos actos de precampaña no afecten la credibilidad de nuestra democracia, es que se propuso establecer las bases para la regulación de los procesos internos y las precampañas, tales como duración de las precampañas, topes de gastos de las precampañas, limites de financiamiento, fiscalización de los recursos utilizados, sanciones al incumplimiento de las disposiciones señaladas, entre otras disposiciones.
Lo anterior, insistimos con el fin de que los criterios de transparencia, certeza, legalidad, independencia y equidad que se busca en las campañas electorales, no se vean violentados a priori a través de las llamadas precampañas, más aún cuando éstas no sean confundidas con actos anticipados de campaña.
En este sentido, los legisladores de Acción Nacional venimos a presentar esta iniciativa que busca precisamente desarrollar en la ley electoral los postulados que la recién reforma constitucional estableció en materia de procesos de selección interna de los partidos políticos y las precampañas que de ellos deriven. La reforma planteada propone, entre otros aspectos, lo siguiente:
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones al Código Federal de Instituciones Electorales.
Único. Se adiciona un Capítulo Primero al Título Segundo denominado ``de los procesos de selección interno y de las precampañas'', y los actuales Capítulos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, pasan a ser los Capítulos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, respectivamente; se adiciona un artículo 175 y el actual artículo 175, 175 A, 175 B, 175 C y 176, pasan a ser los artículos 176, 176 A, 176 B, 176 C y 176 D , respectivamente, para quedar como siguen:
Título Segundo De los actos preparatorios de la elección Capítulo Primero De los procesos de selección interno y de las precampañasArtículo 175
1. Los partidos políticos con registro ante el Instituto, podrán realizar precampañas dentro de sus procesos internos orientados a seleccionar a sus candidatos para cargos de elección popular.
2. Corresponde a los partidos políticos autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas en busca de su nominación a un puesto de elección popular, de manera previa al evento de postulación o designación de candidatos, conforme a las disposiciones de este Código, de sus estatutos, y demás normatividad interna.
3. La regulación y desarrollo de los procesos internos y precampañas se sujetará a las siguientes Bases:
4. Los ciudadanos que por sí, o a través de partidos políticos o terceros, realicen actividades propagandísticas y publicitarias, con el objeto de promover su imagen personal, de manera pública y con el inequívoco propósito de obtener la postulación a un cargo de elección popular, se ajustarán a los plazos y disposiciones establecidos en este Código. El incumplimiento de esta norma dará motivo a que el Instituto, a través de sus órganos competentes y en la oportunidad correspondiente, les niegue el registro como candidato.
Artículo 176.
1. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.
2. Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.
4. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo partido político, el Secretario del Consejo General, una vez detectada esta situación, requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo General, en un término de 48 horas, qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás.
Artículo 176 A
1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del setenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género.
Artículo 176 B
1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto. Lo anterior sin perjuicio de los mayores avances que en esta materia señale la normatividad interna y los procedimientos de cada partido político.
Artículo 176 C
1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 175-A y 175-B, el Consejo General del Instituto Federal Electoral le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo le hará una amonestación pública.
2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidatos, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General del Instituto Federal Electoral le requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes.
3. Quedan exceptuadas de lo señalado en los numerales 1 y 2 del presente artículo las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección mediante voto directo.
Artículo 176 D
1. Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido político postulante deberá presentar y obtener el registro de la plataforma Electoral que sus candidatos sostendrán a lo largo de las campañas políticas.
2. La plataforma electoral deberá presentarse para su registro ante el Consejo General, dentro de los quince primeros días del mes de enero del año de la elección. Del registro se expedirá constancia.
Artículo 177. ...
Artículo 178. ...
Artículo 179. ...
Artículo 180. ...
Artículo 181. ...
Capítulo Tercero De las Campañas Electorales Capítulo Cuarto De los procedimientos para la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla Capítulo Quinto Del registro de representantes Capítulo Sexto De la documentación y el material electoral TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Cfr. Barquín Álvarez, Manuel y Serna de la Garza, José María, Comentario al Artículo 54 Constitucional, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada y Concordada, Ed. Porrúa/UNAM, Tomo III, 15ª edición, México, 2000, pp. 32-33.
2 Nacif Hernández, Benito, La Rotación de los Cargos Legislativos y Evolución del Sistema de Partido en México, en Elizondo Mayer-Serra, Carlos y Nacif Hernández, Benito, Op. cit., pp. 103-104.
3 Cfr. Barquín Alvarez, Manuel y Serna de la Garza, José María, Comentario al Artículo 54 Constitucional, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada y Concordada, Ed. Porrúa/UNAM, Tomo III, 15ª edición, México, 2000,, p. 34.
4 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Héctor, Op. cit., p. 609.
5 Cfr. Guzmán Tamayo, Federico, Ensayo ``El Fortalecimiento del Poder Legislativo en el Estado Mexicano'', México, 2003, pp. 284 a 297.
6 Cfr. Orozco Henríquez, José de Jesús, ``La democracia Interna de los Partidos Políticos en Iberoamérica y su Garantía Jurisdiccional'', Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2004, pp. 8 a 9.
7 SUP-JRC-130-2001. TEPJF.
8 Valadés, Diego. ``Problemas jurídicos de las precampañas y las candidaturas independientes''. En: Cienfuegos, Salgado y López Olvera David (Coordinadores). Estudios en homenaje a Don Jorge Fernández Ruíz. Derecho constitucional y político. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México, DF. pp. 456-457.
9 César Sepúlveda, ``Plantean fiscalizar a presidenciables'', Reforma, 25 de febrero de 2004.
10 Alejandro Torres, ``La sanción, excesiva e injusta'', El Universal, 21 de mayo de 2004.
11 Versión estenográfica de la participación del Mtro. Eduardo Huchim May, Consejero Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, durante la mesa de discusión ``Los desafíos de la regulación de las precampañas electorales en méxico'', convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica de Tuxtla Gutiérrez, martes, 18 de octubre de 2005.
12 Dr. Manuel Barquín Álvarez. Ibidem.
13 Hernández José Luis en ``La Agenda Electoral'', Instituto de Investigaciones legislativas. México 2004. p. 57.
Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Gobernación.
ARTICULOS 26 Y 73 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna al diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su permiso, señor Presidente. La planeación en México es un tema de la mayor relevancia para proyectar el futuro de la economía nacional. El apartado A del artículo 26 constitucional refiere a la letra lo siguiente:El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. También señala que en el sistema de planeación democrática el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señala la ley.
Este artículo que le da sustento a la planificación de nuestro país ha tenido dos reformas desde la promulgación, en 1917, de nuestra Carta Magna. De acuerdo con diversos autores podemos distinguir dos modelos económicos en el tiempo con diferencias sustanciales en cuanto al manejo de la economía mexicana se refiere. El primero de ellos denominado ``nacionalismo revolucionario'', que abarca desde 1940 hasta 1982; el segundo, conocido como ``neoliberalismo económico'', que va de 1982 y se extiende hasta hoy en día.
Dentro del primer modelo económico encontramos un periodo característico por su crecimiento económico sostenido y estabilidad de precios, que se le ha llamado ``desarrollo estabilizador''. Contempla los sexenios que van desde 1952 hasta 1970.
Por el contrario, el modelo del neoliberalismo económico tuvo un crecimiento magro del producto interno bruto, de apenas 2.2 por ciento anual. El PIB por habitante prácticamente no creció al registrar un aumento anual de sólo 0.02 por ciento, la inversión por habitante cayó en menos 1.35 por ciento.
Durante toda la etapa del llamado ``neoliberalismo económico'', la planificación económica nacional ha estado sujeta bajo los designios de un solo poder, el Ejecutivo federal. Sin embargo, la planificación debe ser una tarea consensuada de todos los actores que participan y contribuyen en la vida nacional.
Más aún, si la planificación es democrática, ésta debería de estar respaldada por su máximo órgano de representación, que es la Cámara de Diputados y la de Senadores. Lo que ahora proponemos es que el Congreso de la Unión tenga amplias facultades para participar en la elaboración, análisis, discusión, modificación y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.
Por ello, legisladoras y legisladores, es necesario dar mayor impulso al Congreso de la Unión en relación con el Plan Nacional de Desarrollo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito solicitarle, señor Presidente, que se inscriba el texto íntegro en el Diario de los Debates de esta honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de planeación del desarrollo nacional. Es cuanto, señor Presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa planeación en México es un tema de la mayor relevancia para proyectar el futuro de la economía nacional. El apartado A del artículo 26 constitucional refiere a la letra lo siguiente:
Este artículo que le da sustento a la planificación de nuestro país, ha tenido dos reformas desde la promulgación en 1917 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una y la sustancial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983 y la segunda, de reciente modificación, el 7 de abril de 2006.
En el decreto publicado en febrero de 1983, no es casual que se modifiquen, además del artículo 26, los artículos 25, 27 y 28 constitucionales que tienen que ver con la conducción y los buenos deseos de que la economía mexicana transite por un estado de bienestar colectivo y duradero.
Sin embargo, también estas modificaciones se dieron al inicio de un periodo de políticas públicas en materia económica que han marcado a nuestra nación por su bajo crecimiento económico y por su déficit en materia de generación de empleos.
De acuerdo con diversos autores, podemos distinguir dos modelos económicos en el tiempo con diferencias sustanciales en cuanto al manejo de le economía mexicana se refiere. El primero de ellos denominado nacionalismo revolucionario que abarca desde 1940 y hasta 1982. El segundo, conocido como neoliberalismo económico, va de 1982 y se extiende hasta hoy en día.
Dentro del primer modelo económico encontramos un periodo característico por su crecimiento económico sostenido y estabilidad de precios que se le ha llamado desarrollo estabilizador . Contempla los sexenios que van desde 1952 y hasta 1970, v. gr. la tasa media de crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) fue de 6.56%; el PIB por habitante creció año con año en 3.74% y la inversión fija bruta por habitante lo hizo en poco más de 6%. 1
Por el contrario, el modelo del neoliberalismo económico, tuvo un crecimiento magro del PIB de apenas 2.2% anual; el PIB por habitante prácticamente no creció al registrar un ``aumento'' anual de 0.02% y la inversión por habitante cayó en -1.35%. 2
Un dato adicional, el crecimiento económico medio del modelo revolucionario comparativamente con el neoliberalismo es de 3 a 1 y en todo esto, la intervención del Estado fue fundamental y también la planificación. Si el análisis lo extendemos al desarrollo estabilizador versus neoliberalismo económico, el crecimiento económico medio se va a 3.5 a 1.
Durante toda la etapa del llamado neoliberalismo económico, la planificación económica nacional ha estado sujeta bajo los designios de un solo poder: el Ejecutivo federal.
Sin embargo, la planificación debe de ser una tarea consensuada de todos los actores que participan y contribuyen en la vida nacional. Más aún, si la planificación es democrática, esta debería de estar respaldada por su máximo órgano de representación que es la Cámara de Diputados y la de Senadores.
Lo que ahora proponemos es que el Congreso de la Unión, tenga amplias facultades para participar en la elaboración, análisis, discusión, modificación y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Al mismo tiempo, se trata de que el PND dé certidumbre económica, política y social a nuestro país a través de un documento que sea rector y estratégico de un plan de corto, mediano y largo plazos y que la sociedad a través del Congreso de la Unión, pueda opinar, modificar, aprobar y vigilar nuestra planificación estratégica para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
En este sentido, la democratización del proceso de planeación implica descentralizar las facultades de participación efectiva al poder legislativo y el sector social.
Es por ello legisladoras y legisladoras que es necesario darle un mayor impulso al Congreso de la Unión en relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Es necesaria una mayor profundización de la democracia económica y en esto es procedente legislar y actuar de inmediato y de cara al siglo XXI.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:
DecretoArtículo Primero. Se modifica el párrafo segundo, tercero y cuarto del inciso A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:
Artículo 26. ...
A. ...
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo que será aprobado por el Congreso de la Unión al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
La ley facultará al Ejecutivo y al Congreso de la Unión para que establezcan los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinarán los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión coordinen mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzcan y concierten con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale el artículo 73 constitucional y la ley.
B. (...)
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas: 1 Véase Cámara de Diputados (2005) ``Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación'', en Gaceta Parlamentaria, jueves 24 de noviembre de 2005, No. 2291. Cámara de Diputados, México. 2 Ibíd.El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Sánchez Camacho.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Créditoy 69 del Código Fiscal de la Federación.
La diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados. Le solicito, Presidente, que se inserte íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates.El financiamiento a los partidos políticos se justifica en la necesidad de que por parte de éstos y los candidatos se cuente con los medios necesarios para poder cumplir en igualdad de condiciones por la victoria electoral, y además para poder mantener la estructura y organización de estos partidos en los periodos de inactividad electoral.
Derivado de la evolución histórica de nuestra democracia electoral y del sistema de partidos en México, resultó evidente que la política se transformara en una actividad cada vez más costosa, sobre todo por el incremento de los gastos de las campañas electorales, cuyos costos se dispararían por el uso de medios electrónicos de comunicación y organización y la contratación de asesores extranjeros de marketing político.
Es así que el incremento al financiamiento de los partidos políticos en los últimos años provocó que uno de los problemas más preocupantes en el estado de partidos fuera precisamente la regulación sobre el origen y el uso de los recursos que dichos partidos políticos reciben, por ello la legislación ha establecido mecanismos para obligar a la transparencia, al reparto equitativo del financiamiento público y al financiamiento de instancias de control y fiscalización de los recursos.
Sin embargo, en la mayoría de los casos la legislación ha resultado insuficiente, principalmente porque la demanda de transparencia sobre el origen, monto y destino de los recursos no tiene la correspondencia debida en los órganos de control y supervisión.
El motivo de fiscalizar los gastos de los partidos políticos tiene que ver, en primer término, con transparentar la competencia política. Se trata nada más y nada menos que de dar certeza a la sociedad de que los procedimientos que utilizan los partidos políticos para obtener el voto se apegue a la ley.
Pero en segundo término, fiscalizar a los partidos políticos también tiene que ver con la responsabilidad de mostrar a la sociedad que los recursos públicos que se otorgan a los partidos son utilizados en su propio beneficio y no para cualquier otro fin.
Por las razones anteriores, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos se han convertido en una tarea permanente en las sociedades democráticas, sea cual fuere el mecanismo de fiscalización que se utilice.
En este contexto, también hay que tomar en cuenta que a pesar de la preeminencia del financiamiento público sobre el financiamiento privado en nuestra legislación, lo cierto es que dichos recursos privados han sido y siguen siendo también fuente principal de cobertura de los gastos electorales. Incluso lo delicado es que es en este ámbito precisamente donde son más posibles y frecuentes los casos de corrupción y es aquí donde es más difícil introducir mecanismos eficientes de control y fiscalización.
En este sentido, en este año 2007 se dio una reforma constitucional en materia electoral que busca el mejoramiento de la calidad democrática y el diseño en el marco jurídico electoral, anclado en principios éticos, transparentes, equitativos, de rendición de cuentas y de racionalización de los recursos públicos que permiten la consolidación de una democracia eficaz pero con costos bajos para nuestros representados.
Se trata de una forma que sienta las bases para arribar a una legislación electoral que permita, entre otros aspectos, la reducción del financiamiento público a los partidos y agrupaciones políticas; una mejor y debida fiscalización por parte de la autoridad electoral; la obligación de las autoridades e instituciones financieras y de las personas en general, para dar información y documentación a las autoridades electorales para una debida y adecuada fiscalización; la imposición de sanciones que contravengan las normas para la debida fiscalización.
Se plantea que para el órgano técnico de fiscalización del IFE no proceda la limitación de los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Esta propuesta busca dar mayores herramientas al IFE para dar cabal cumplimiento a la función de fiscalización respecto a los ingresos y egresos de los partidos políticos y particularmente de que se aseguren los principios de certeza, imparcialidad, equidad y legalidad que rigen los procesos electorales.
Lo anterior resulta totalmente adecuado, más aún cuando el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que la autoridad electoral responsable de fiscalizar el origen y destino de los recursos de los partidos políticos no les es aplicable dicha reserva, ya que la misma debe ser considerada como una autoridad fiscal, más si en consecuencia dicho obstáculo puede ser un freno a la debida función fiscalizadora de la autoridad electoral, a la que constitucionalmente está facultada y obligada a realizar.
En consecuencia, y congruente con la reforma constitucional, vengo a presentar una propuesta de reforma para que en las leyes de la materia quede establecida la posibilidad de que el órgano técnico de fiscalización del IFE pueda solicitar información sin que sea obstáculo el secreto bancario fiduciario y fiscal, por lo que se propone el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona al artículo 69 el párrafo sexto, del Código Fiscal de la Federación, y se reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo primero. Se adiciona al artículo 69 el párrafo sexto, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 69. ...
La reserva de información a que se refiere este artículo no resulta aplicable para los casos en que la información sea solicitada por el Instituto Federal Electoral a través del Servicio de Administración Tributaria, mediante escrito debidamente fundado y motivado, en ejercicio de sus atribuciones legales en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones nacionales.
Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
Artículo 117. Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para poder disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando los pidiere la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado, las autoridades hacendarias federales para fines fiscales, así como la fiscalización a particulares, a petición del órgano técnico de fiscalización del Instituto Federal Electoral para fines de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, respectivamente.
Dichas solicitudes deberán hacerse por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La que suscribe, diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez . Es cuanto, diputada Presidenta.
«Iniciativa que reforma los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y 69 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez , del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Esmeralda Cárdenas Sánchez , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, y se adiciona al artículo 69 un párrafo sexto del Código Fiscal de la Federación, con el fin de actualizar dicha ley a la previsión constitucional para que el secreto bancario, fiscal y fiduciario no sean un obstáculo para las funciones que realice el órgano técnico de fiscalización del IFE respecto a la vigilancia del origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos, conforme a la siguiente:
Exposición de MotivosNuestra Constitución Política establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con programas, principios e ideas que postulan, y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Asimismo nuestro marco constitucional ha otorgado a los partidos políticos la naturaleza jurídica de entidades de ``interés público''.
En este sentido resulta oportuna la reflexión de Jesús Orozco Henríquez en cuanto a que ``sin la existencia de partidos no puede haber democracia auténtica o, lo que es igual, democracia pluralista. Sin unos partidos estables, es decir, socialmente arraigados y con el grado suficiente de cohesión o disciplina interna, no cabe la democracia como una forma de organización política eficaz, ni mucho menos, perdurable''.
O bien como lo señalo Kelsen, más allá de afirmar que la democracia es fundamentalmente procedimental, que también ``la democracia moderna descansa sobre los partidos políticos, cuya significación crece con el fortalecimiento progresivo del principio democrático'' o que la democracia ``necesaria e inevitablemente requiere de un Estado de partidos''.
Por lo tanto, dentro de la democracia no puede ignorarse la realidad de los partidos políticos y su influencia en la vida política de la sociedad, ya que son consubstanciales a cualquier sistema de gobierno. Son, como dice Jean Charlot, omnipresentes, toda vez que ``apenas se puede citar un Estado en el que no haya al menos un partido político''.
Asimismo, resulta pertinente la reflexión de Ricardo Haro en cuanto a que dentro de las premisas cardinales está la esencialidad de los partidos políticos como células del sistema democrático. O lo expuesto por James Bryce ``los partidos son inevitables; nadie ha demostrado cómo podría funcionar un gobierno representativo sin ellos''.
Precisamente de estas importantes funciones que se atribuyen a los partidos políticos, nace la necesidad de su financiamiento. Es así que el financiamiento de los partidos políticos se justifica en la necesidad de que por parte de estos y los candidatos, se cuente con los medios necesarios para poder competir, en igualdad de condiciones, por la victoria electoral y, además, para poder mantener la estructura y organización de estos partidos en los periodos de inactividad electoral.
En efecto, para su funcionamiento, los partidos requieren de financiamiento. Necesitan fondos para sus actividades ordinarias y para la realización de las campañas políticas.
Anteriormente, hasta donde se sabe en la época del sufragio censitario, cuando los partidos se hallaban escasamente articulados y no tenían actividades permanentes, no necesitaban de grandes recursos para operar. Generalmente era el propio candidato o grupo de notables quienes lo apoyaban y corrían con los gastos de la campaña.
Con la aparición de los partidos de masas a finales del siglo XIX y de los partidos contemporáneos, los gastos ordinarios y para campañas crecieron enormemente, haciendo imposible que los candidatos como regla exclusiva hicieran las erogaciones de su propio bolsillo.
En este sentido, los partidos modernos no sólo recurren para su propaganda a métodos tradicionales, sino que también hacen uso de los medios masivos de comunicación, cuyas tarifas suelen ser muy elevadas.
Además tienen gastos ordinarios derivados de sus funciones: capacitar cuadros, penetrar en la sociedad, divulgar sus documentos básicos, apoyar a sus representantes en el Poder Legislativo o en el gobierno, etc., todo lo cual demanda recursos económicos.
Los fondos de los partidos provienen generalmente de dos vías: financiamiento privado y financiamiento público. El privado deriva de los recursos de los particulares, militantes o simpatizantes, y reviste varias formas: cuotas de los afiliados, donativos, préstamos y créditos, y administración de empresas propias, principalmente de carácter editorial.
El financiamiento público puede ser directo, como las subvenciones que el Estado otorga a los partidos, generalmente en proporción a su cuota electoral; e indirecto, como la cesión de tiempo en los medios públicos de comunicación, la exención de impuestos y las franquicias telegráficas y postales.
En el caso de México, fue el Código Federal Electoral de 1987 el primero en incorporar el financiamiento público a los partidos, otorgándolo sobre la base de un costo mínimo de campaña, en porcentajes crecientes durante los años previos al del proceso electoral y por supuesto, en el de los comicios. El financiamiento público contribuyó de manera fundamental a fortalecer a los partidos de oposición en ese entonces.
En 1990, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales distribuye el financiamiento público por diferentes tipos de actividad:
En 1993 se reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer límites a los gastos de campaña, regular el financiamiento privado, y establecer la obligación de los partidos de presentar informes de ingresos y gastos, tanto anuales como de campaña.
Por su parte, la reforma electoral de 1996 buscó que el financiamiento público se convirtiera en la principal fuente de ingresos de los partidos políticos nacionales. Con respecto a la reforma constitucional y legal de este año, en cuanto a financiamiento a partidos políticos nacionales, tuvo las siguientes características:
Se fijan a nivel constitucional las modalidades del financiamiento. Se especifica que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado.
Se redefinen los rubros de financiamiento público: para el sostenimiento de las actividades ordinarias; para gastos de campaña, mismos que serán entregados de una bolsa total, 70 por ciento proporcional a su fuerza electoral y 30 por ciento de un modo igualitario; y por actividades específicas.
Se determina que ningún partido puede recibir aportaciones anuales privadas en dinero por una cantidad mayor a 10 por ciento del financiamiento público por actividades ordinarias. Que las aportaciones que realice una persona física tendrán un límite anual equivalente a 0.05 por ciento de ese monto total. Se suprime la posibilidad de aportaciones anónimas.
Se reducen plazos de entrega y se mejoran los instrumentos para la revisión y la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. Se permiten auditorias.
Se transfiere al consejo general la facultad de determinar los límites a los gastos de campaña que un partido político puede realizar. Se reducen drásticamente esos límites para propiciar mayor equidad en la contienda.
Se incrementa el espacio en radio y televisión para los partidos, y se distribuye de un modo más equitativo; 30 por ciento de forma igualitaria y 70 por ciento proporcional.
Se determinó que el financiamiento privado jamás podrá ser mayor al financiamiento público. Esta medida es un tope a la cantidad de recursos de origen no público que un partido político nacional se pueda allegar. De igual forma, con esta previsión se fortalece el principio de equidad en la contienda, ya que es un freno que busca equilibrar las capacidades financieras de los partidos políticos y de los candidatos.
Se definen las tres principales fuentes de financiamiento público, denominadas financiamiento para ``actividades ordinarias permanentes'', ``actividades de campañas'' y ``actividades específicas'', señala las características generales de las aportaciones económicas o en especie destinadas a la actividad político electoral.
Se incorpora a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas para revisar los informes de ingresos y egresos partidarios. A esta comisión se le otorga la atribución de elaborar lineamientos y bases técnicas para la presentación de los informes de los partidos políticos nacionales, y el control de sus recursos, etc.
Con esta reforma se terminó de configurar, al otorgar en definitiva la facultad al Consejo General del Instituto Federal Electoral, los ``topes de gastos de campaña'', de los partidos políticos para las diversas campañas, ya sea para diputado, senador o presidente de la república.
De acuerdo con esta reforma quedaron precisadas las modalidades de financiamiento: a) financiamiento público; b) por la militancia; c) de simpatizantes; d) auto financiamiento; e) por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
Ahora bien, derivado de la evolución histórica de nuestra democracia electoral y del sistema de partidos políticos en México, resultó evidente que la política se transformará en una actividad cada vez más costosa, sobre todo por el incremento de los gastos de las campañas electorales, cuyos costos se dispararían por el uso de medios electrónicos de comunicación y organización, y la contratación de asesores extranjeros de marketing político.
Por otra parte, la dinámica y naturaleza del sistema democrático demandan que los partidos políticos cumplan con funciones permanentes y no sólo electorales, lo cual genera un aumento en su necesidad de recursos.
Es así que el incremento al financiamiento de los partidos políticos en los últimos años provocó que uno de los problemas más preocupantes en el Estado de partidos fuera precisamente la regulación sobre el origen y el uso de los recursos que dichos partidos políticos reciben.
Por ello, como ya se ha señalado, la legislación ha establecido mecanismos para obligar a la transparencia, al reparto equitativo del financiamiento público y al funcionamiento de instancias de control y fiscalización de los recursos.
Sin embargo, en la mayoría de los casos la legislación ha resultado insuficiente, principalmente porque la demanda de transparencia sobre el origen, monto y destino de los recursos no tiene la correspondencia debida en los órganos de control y supervisión.
Por paradójico que parezca, fiscalizar y transparentar los recursos de los partidos ha sido una demanda política constante de todos los partidos, en virtud de que la fiscalización traería como consecuencia dar certeza a la ciudadanía de que la competencia electoral sea equitativa y que ningún partido participe con ventajas adicionales que le permitían ganar.
El motivo de fiscalizar los gastos de los partidos políticos tiene que ver, en primer término, con transparentar la competencia política. Se trata nada más y nada menos de dar certeza a la sociedad de que los procedimientos que utilizan los partidos políticos para obtener el voto se apegan a la ley.
Pero en segundo término, fiscalizar a los partidos políticos también tiene que ver con la responsabilidad de mostrar a la sociedad que los recursos públicos que se otorgan a los partidos son utilizados en su propio beneficio y no para cualquier otro fin.
Por las razones anteriores, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos se ha convertido en una tarea permanente en las sociedades democráticas, sea cual fuere el mecanismo de fiscalización que se utilice.
Por más democrática que sea una sociedad, el riesgo de no fiscalizar a los partidos significa abrir una gran cantidad de puertas a mecanismos que distorsionan el sentido mismo de una elección. Cada vez es más evidente que los recursos económicos de los partidos, en especial los que se utilizan para organizar las campañas electorales, tiene mucho que ver con los resultados y, en consecuencia, con quién gobernará un país.
La experiencia acumulada muestra claramente que fiscalizar a los partidos tiene mucho que ver también con el necesario proceso de fortalecer a las organizaciones y al sistema de partidos mismo.
En este contexto, también hay que tomar en cuenta que a pesar de la preeminencia del financiamiento público sobre el financiamiento privado en nuestra legislación, lo cierto es que dichos recursos privados han sido, y siguen siendo, fuente principal de cobertura de los gastos electorales. Resulta delicado que es precisamente en este ámbito donde son más posibles y frecuentes los casos de corrupción, y es aquí donde es más difícil introducir mecanismos eficientes de control y fiscalización.
A pesar de los avances con la reforma de 1996, en materia de transparencia en el financiamiento que reciben los partidos políticos, lo cierto es que resultaba indispensable instituir instrumentos jurídicos adecuados de financiamiento de partidos políticos, así como mecanismos eficientes y eficaces de control y fiscalización.
En este sentido, en este año 2007 se dio una reforma constitucional en materia electoral, que busca el mejoramiento de la calidad democrática, y el diseño de un marco jurídico electoral anclado a principios éticos, trasparentes, equitativos, de rendición de cuentas, y de racionalización de los recursos públicos, que permitan la consolidación de una democracia eficaz, pero con costos bajos para nuestros representantes.
Se trata de una reforma que sienta las bases para arribar a una legislación electoral que permita, entre otros aspectos:
La reducción del financiamiento público a los partidos y agrupaciones políticas.
La reducción del tiempo de campañas electorales.
Una mejor y debida fiscalización por parte de la autoridad electoral del financiamiento de los partidos políticos, mediante el perfeccionamiento de sus facultades de control y vigilancia.
La obligación de autoridades, instituciones financieras y de las personas en general, para dar información y documentación a las autoridades electorales para una debida y adecuada fiscalización.
La imposición de sanciones que contravengan las normas para la debida fiscalización.
Se disminuye el financiamiento privado a favor de los partidos, al establecerse que el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes no podrá exceder, al año para cada partido, al 10 por ciento del tope de gastos para la última campaña presidencial, y no como hoy sucede de la totalidad de los gastos de campaña. Se busca igualmente que la democracia no se subordine a intereses económicos, o la posible introducción de dinero ilegal o ilícito, además permitirá fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del financiamiento privado al ser más reducido.
Creación de órgano técnico del Consejo General del IFE, con autonomía de gestión, responsable de la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales. El titular de dicho órgano técnico será nombrado con las dos terceras partes del propio consejo a propuesta del consejero presidente.
Se plantea que para el órgano técnico de fiscalización del IFE no procede la limitación de los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Esta propuesta, junto con la anterior, busca dar mayores herramientas al IFE para dar cabal cumplimiento a la función de fiscalización respecto a los ingresos y egresos de los partidos políticos, y particularmente de que se asegure los principios de certeza, imparcialidad, equidad y legalidad de los procesos electorales.
La regulación de precampañas o de los procesos internos para la elección de candidatos por parte de los partidos políticos, mediante normas para su duración y fiscalización.
La obligación de reintegrar al Estado los bienes adquiridos con financiamiento publico, cuando un partido político pierda el registro.
Se estableció que el derecho de los partidos para acceder a tiempos de radio y televisión, debe ejercerse exclusivamente a través de los tiempos oficiales con que cuente el Estado a su favor, prohibiendo, en consecuencia, de manera tajante la contratación de tiempos de televisión y de radio dentro o fuera de campaña por parte de los partidos políticos, por sí o terceras personas.
Lo anterior, con el fin de racionar el gasto de los partidos, contar con reglas más equitativas en la compleja y difícil, pero esencial y necesaria, transparencia de la relación, dinero y política, control del dinero en la política y transparencia a la relación partidos políticos, campañas electorales y medios de comunicación. Además de que dicho esquema se estima permitiría liberalizar a los actores políticos frente a los medios de comunicación, mejorar el contenido de la propaganda y sin duda facilitará la fiscalización por la autoridad electoral, ya que la ausencia del uso comercial a dichos medios hace que la actividad fiscalizadora se puede centrar en otros rubros del gasto partidista.
Asimismo, la reforma planteó establecer las bases constitucionales para que en las legislaciones locales se de una homologación de normas electorales en cuanto a topes de financiamiento, duración de campañas, fiscalización, sanciones, regulación de precampañas, entre otras. La idea es perfeccionar la legislación electoral federal, pero también la de los estados y la del Distrito Federal, a fin de lograr la integralidad en materia electoral.
Como se puede apreciar, la reciente reforma constitucional, próxima a declararse aprobada por la mayoría de las legislaturas estatales, y posteriormente ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, tuvo entre sus puntos esenciales dar respuesta a la problemática que sobre financiamiento de los partidos políticos se ha venido dando, a fin de que por un lado se disminuya el exceso del financiar con el erario publico a los partidos políticos, disminuyan también los excesos del ingreso de recursos privados en las campañas electorales comprometiendo la representatividad política, y que podamos contar con mejores instrumentos y mecanismos para una más adecuada y completa fiscalización sobre el origen y aplicación del financiamiento que reciben los partidos políticos.
Destaca de la reforma constitucional que para una mejor y debida fiscalización por parte de la autoridad electoral al financiamiento de los partidos políticos, el perfeccionamiento de sus facultades de control y vigilancia, entre las que se determinó que para el órgano técnico de fiscalización del IFE no procede la limitación de los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Lo cual, obviamente, resulta totalmente adecuado, más aún cuando el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que a la autoridad electoral responsable de fiscalizar el origen y destino de los recursos de los partidos políticos no le es aplicable dichas reservas, ya que la misma debe ser considerada como una autoridad fiscal más, y en consecuencia dicho obstáculo puede ser un freno a la debida función fiscalizadora de la autoridad electoral a la que constitucionalmente esta facultada y obligada a realizar.
En este sentido, el perfeccionamiento de nuestro marco jurídico para una debida fiscalización es pertinente, y como bien afirma Jesús Alberto Navarro Olvera ``la fiscalización tiene diversas finalidades, como evitar que dinero proveniente de fuentes de financiamiento públicas o privadas no contempladas en la ley violente el principio de equidad en la contienda, al incorporar recursos sin control a los procesos electorales. La fiscalización sirve de igual forma, para vigilar que los partidos políticos y sus candidatos no rebasen los topes de gastos de campaña, hecho que rompería con el principio de equidad en la contienda. Que el ejercicio de la fiscalización partidaria, es un elemento que contribuye a la equidad en la contienda política y legitima en buena parte los procesos electorales. La actuación del Instituto Federal Electoral, es la actividad del Estado mexicano que nos ofrece a los ciudadanos la certidumbre de que los recursos destinados a la contienda política, sean legítimos, en cuanto a su origen, monto y aplicación.'' 1
Asimismo, como lo señala el mismo autor ``es importante enfatizar que la fiscalización a los partidos políticos contribuye decididamente a fortalecer el principio de equidad, ya que la existencia de un órgano central electoral con la atribución de tener una facultad coercitiva sobre los partidos políticos, desalienta la comisión de faltas, por temor a su consecuente sanción; por lo tanto contribuye a hacer más equitativa la competencia. La fiscalización es la base donde puede descansar la nueva cultura de la rendición de cuentas de lo público, con el superior fin de reivindicar la administración de los recursos partidarios y hacer más noble la actividad política en su parte más dinámica que es la renovación de los diversos cargos de elección popular''.
Finalmente, como lo señala también Navarro Olvera, si la democracia mexicana es onerosa, los esquemas de fiscalización deben ser afinados para evitar que dinero proveniente de fuentes ilegítimas trastoquen la conformación de la representación política nacional. También es necesario clarificar el origen de todas las aportaciones para evitar que los procesos electorales se contaminen. En este sentido, es importante abrir el espectro de los aportantes económicos a las campañas políticas.
En consecuencia, y congruente con la reforma constitucional, vengo a presentar esta propuesta de reforma para que en las leyes de la materia quede establecida la posibilidad de que el órgano técnico de fiscalización del IFE pueda solicitar información, sin que sea obstáculo el secreto bancario, fiduciario y fiscal, por lo que se propone el siguiente
Proyecto de decreto por el que se adiciona al artículo 69 un párrafo sexto del Código Fiscal de la Federación, y se reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito
Primero. Se adiciona un párrafo sexto al artículo 69, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 69. ...
...
...
...
...
La reserva de información a que se refiere este artículo, no resulta aplicable para los casos en que la información sea solicitada por el Instituto Federal Electoral a través del Servicio de Administración Tributaria, mediante escrito debidamente fundado y motivado, en ejercicio de sus atribuciones legales en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales.
Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
Artículo 117. Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando las pidiere la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio, en el que el titular sea parte o acusado, las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales, así como de fiscalización a particulares a petición del órgano técnico de fiscalización del Instituto Federal Electoral, para fines de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, respectivamente. Dichas solicitudes deberán hacerse por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
...
...
TransitoriosÚnico . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1) Navarro Olvera, Jesús Alberto, ``Control y vigilancia del origen, monto y uso de los recursos partidarios''; Ed. Porrúa, México, 2005, pp. 72-73.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Gracias, diputada Esmeralda.
SEGURIDAD A DIPUTADOS
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Voy a mencionar algo que quizá va a ser delicado mencionarlo en este micrófono, pero tengo que hacerlo por lo delicado que está resultando en este momento. Hay algunos individuos haciendo llamadas para extorsionar a algunos compañeros diputados, argumentando que tienen secuestradas a sus familias. Por lo cual, compañeros, les solicito, les pido que tomen las previsiones necesarias.
Nosotros ya hemos hecho lo conducente con la autoridad correspondiente. Sin embargo, ya han sido dañados hoy cuatro o cinco diputados con esta situación. Por lo cual quiero mencionárselos, porque seguramente seguirán hablándoles a algunos otros diputados, toda vez que estas personas, se presume, están aquí con nosotros, toda vez que dan las señas de la ropa de los compañeros a los que están llamándoles.
Eso se lo estamos diciendo porque hay compañeros que están teniendo problemas graves por esta situación, y para que ustedes tengan esta información por este medio. Me apena, pero tengo que hacerlo así, porque está resultando fuera de control este asunto. Muchas gracias, compañeros.
Vamos a pasar al capítulo de dictámenes de primera lectura. Compañeros diputados, también queremos hacer aquí una petición a los que estamos en este recinto, que agotemos dictámenes de primera lectura y agotemos esta sesión; toda vez que las condiciones no han sido las idóneas hoy por toda la situación del olor y las circunstancias en las que hemos estado pasando esta sesión.
Si ustedes aceptan, pasaríamos a dictámenes de primera lectura y continuaríamos con los dictámenes inmediatamente el jueves a primera hora. Con ese punto comenzaría-mos nuestra sesión ordinaria.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes de primera lectura. En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura de los dictámenes. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Javier Guerrero García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Dictamen
Antecedentes
Con fecha 16 de octubre de 2007, el diputado Javier Guerrero García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. En esa misma fecha la mesa directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.
Descripción de la iniciativa
La iniciativa en análisis contiene las propuestas siguientes:
1. Actualización de la base del impuesto para vehículos usados.
En la exposición de motivos de la iniciativa en dictamen se menciona que el 1 de diciembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ``Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos'', que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2005.
Se menciona que, entre otras reformas contenidas en el mencionado decreto, se modificó la periodicidad de la actualización de las tarifas contenidas en la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Sin embargo, al modificar dicha periodicidad, se eliminó la disposición que actualizaba la propia base del impuesto para los vehículos usados.
Lo anterior trajo como consecuencia que al momento de calcular el impuesto aplicable a los vehículos usados, se les aplique la depreciación que les corresponde dependiendo del año modelo, pero se pierde la actualización del valor de dichos bienes, generando con ello una disminución considerable en la base del impuesto y por consiguiente una disminución en los ingresos que por concepto del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos reciben las entidades federativas, situación similar ocurre en relación con el impuesto de los automóviles destinados al transporte, eléctricos, aeronaves y motocicletas, usados, ya que se suprimió también el mecanismo para actualizar dicho impuesto.
Ahora bien, tomando en consideración que la reforma antes aludida no pretendió reducir los ingresos que recibieran las entidades federativas por concepto del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, se propone reformar la ley de la materia, para corregir la situación descrita.
2. Tarifa aplicable a las motocicletas nuevas.
Por otra parte, en la iniciativa que se dictamina se propone incrementar los límites de la tarifa aplicable a las motocicletas nuevas, a efecto de que un grupo mayor de estos vehículos vea disminuida su carga impositiva. En este sentido, se propone que en el primer rango de la tarifa queden comprendidas las motocicletas cuyo valor total sea de hasta 200 mil pesos.
Consideraciones de la comisión
Después de estudiar el contenido de la iniciativa y de analizar las propuestas, contenidas en la misma, esta comisión hace las siguientes consideraciones:
1. Actualización de la base del impuesto para vehículos usados.
En relación con la propuesta para modificar diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, con el objeto de restablecer las normas para actualizar la base del impuesto para los vehículos usados, la que dictamina considera conveniente no aprobar esta medida, tomando en cuenta que en el presente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, se aprobó la abrogación de la ley mencionada a partir del 1 de enero de 2012.
Por ello, esta comisión dictaminadora considera necesario no aprobar las modificaciones a los artículos 15-B, 15-C y 15-D de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, propuestas en el proyecto de decreto contenido en la iniciativa que se dictamina.
2. Tarifa aplicable a las motocicletas nuevas.
Esta dictaminadora procede a dictaminar favorablemente la iniciativa que se analiza, en relación con la propuesta para incrementar los límites de los valores de la tarifa aplicable a las motocicletas nuevas, para que de esta forma, en el primer rango de la tarifa estén comprendidas las motocicletas cuyo valor total sea de hasta 200 mil pesos.
Se coincide en que la medida facilitará la adquisición de este tipo de vehículos para actividades comerciales, de distribución, de seguridad, entre otras, ya que permitirá que un grupo mayor de dichos vehículos vea disminuida su carga impositiva.
Por lo expuesto, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público pone a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
Artículo único. Se Reforma la tarifa del artículo 14, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue:
Artículo 14.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2008.
Segundo. Los montos de las cantidades establecidas en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se encuentran actualizadas al mes de diciembre de 2007.
Es de primera lectura.
LEY DE AGUAS NACIONALES
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma la fracción LIX del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción LIX del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales.
Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
La comisión dictaminadora procedió al estudio de la iniciativa objeto del presente dictamen, tomando en cuenta los motivos expuestos por el iniciador.
Contenido de la iniciativa
El diputado iniciador señala que el sector agropecuario es uno de los principales motores del desarrollo económico de México, y que es necesario promover su capitalización mediante la aplicación correcta del marco normativo que lo rige.
Señala también la necesidad de generar una legislación precisa y clara que respalde y asegure los derechos conferidos al sector agropecuario, cuya correcta aplicación induzca el crecimiento de éste.
Reconoce la importancia del agua como elemento fundamental para el crecimiento del sector y que, como establece la Constitución, las aguas nacionales son propiedad originaria de la nación, cuyo dominio es inalienable e imprescriptible, y su explotación uso o aprovechamiento por particulares podrá realizarse sólo mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.
Refiere el acierto del Congreso de la Unión, por la congruencia existente entre las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y las de la Ley Federal de Derechos, al establecer la definición de ``uso pecuario, y la exención del pago de derechos a los usuarios de agua destinada a usos agropecuarios, respectivamente.
Afirma que el marco legal en materia de aguas nacionales responde a las condiciones reales del sector pecuario, pero que la interpretación y aplicación de la Ley de Aguas Nacionales, por la autoridad, ha sido incorrecta, en perjuicio del crecimiento y desarrollo económico de los productores pecuarios específicamente.
Estima indispensable reforzar el marco normativo para evitar interpretaciones equívocas que perjudican al sector pecuario, y para que éste acceda al desarrollo exigido por las condiciones de competencia imperantes en los mercados interno e internacional, deteniendo el deterioro y abatiendo los rezagos existentes en el sector.
Expone que el propósito de la iniciativa es aclarar la definición de ``uso pecuario'', prevista en la fracción LIX del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, vigente, según la cual, para efectos de la Ley, se entiende por uso pecuario ``la aplicación de aguas nacionales para la cría y engorda de ganado, aves de corral y otros animales, y su preparación para la primera enajenación siempre que no comprendan la transformación industrial; no incluye el riego de pastizales''.
El iniciador señala que la definición supracitada enuncia las diferentes etapas del animal en el proceso de la producción pecuaria; es decir, la cría, la engorda y el sacrificio, correspondiente este último a la preparación del animal para su primera enajenación, pues es la actividad de rastro la única manera de preparación para tal objeto.
Finalmente, el iniciador propone reformar la fracción LIX del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, para que diga:
Una vez analizados los motivos expuesto por el iniciador, los integrantes de esta comisión dictaminadora expresamos las siguientes
Consideraciones
Esta dictaminadora coincide con el iniciador en reconocer en el sector agropecuario uno de los motores principales del desarrollo económico de México, y que el agua es elemento fundamental para el impulso del desarrollo de dicho sector.
Coincidimos también, en el reconocimiento de la necesidad de generar las reformas legales que se requieran para darle congruencia a las disposiciones jurídicas de los diversos ordenamientos legales.
De la revisión del contenido de las fracciones LVIII y LIX del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, en relación con el artículo 2o., fracciones XXI y XXIII, del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, concluimos que:
Tanto la fracción LIX del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, como la fracción XXIII del artículo 2 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales definen el ``uso pecuario'', como la utilización o aplicación de aguas nacionales para la cría de ganado, aves de corral y otros animales, y su preparación para la primera enajenación, siempre que no comprendan la transformación industrial (la definición legal se completa con la expresión ``no incluye el riego de pastizales'').
Por su parte, las fracciones LVIII del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, y XXI del artículo 2 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, definen el ``uso industrial'' como la aplicación o utilización de aguas nacionales en fábricas o empresas que realicen la extracción, conservación o transformación de materias primas o minerales, el acabado de productos o elaboración de satisfactores, así como el agua que se utiliza en parques industriales, calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, las salmueras que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua aún en estado de vapor, que sea usada para la generación de energía eléctrica o para cualquier otro uso o aprovechamiento de transformación.
Del análisis de las disposiciones citadas se desprende que la actividad de rastro está ubicada dentro del proceso de producción pecuaria, en su etapa de preparación de los animales para su primera enajenación, en virtud de que en el proceso de sacrificio, no existe industrialización alguna, pues en esencia no existe transformación substancial en la materia prima, sino sólo se lleva a cabo una actividad tendiente a separar los elementos que la componen, manteniendo sus características naturales para su venta primaria para el consumo.
Con base en lo anterior, esta dictaminadora estima procedente reformar la fracción LIX del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, para establecer que, por ``preparación para la primera enajenación'' (de animales) se entiende el proceso de rastro que requiere agua fría y caliente, con el propósito de evitar interpretaciones equívocas del precepto, generar certeza en su aplicación y observancia, y fortalecer la eficacia de la ley.
Por lo anterior expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
Dictamen
Con proyecto de decreto que reforma la fracción LIX del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales
Único. Se reforma la fracción LIX del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Ley de Aguas Nacionales
Artículo 3. ...
...
Transitorio
Único . El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es de primera lectura.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Continúe la Secretaría con el orden del día de la próxima sesión, por favor.
ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Segundo Año.--- LX Legislatura.
Orden del día
Jueves 29 de noviembre de 2007.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
Con el que remite informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, correspondiente al periodo enero-septiembre de 2007.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Israel Cervantes Salinas, Chilnta Eleni Vlachopoúlou Corona, Olaya Delgado Antillón, Jaime César García Hernández, José María Rico Murrieta y José Jonathan Reyes Saucedo, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus consulados en Ciudad Juárez Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; y en Tijuana, Baja California; así mismo informa que el ciudadano Jaime Pérez Rincón, deja de prestar servicios a gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)
Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 14:08 horas): Gracias, diputada Secretaria. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 29 de noviembre, a las 11:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto desde las 9: 30 horas.
--------------- O ---------------
RESUMEN DE TRABAJOS
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)
ASISTENCIA
SECRETARÍA GENERAL
| GRUPO PARLAMENTARIO |
ASISTENCIA | ASISTENCIA POR CÉDULA |
ASISTENCIA COMISIÓN OFICIAL |
PERMISO MESA DIRECTIVA |
INASISTENCIA JUSTIFICADA |
INASISTENCIAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT | 176 | 7 | 7 | 4 | 0 | 13 | 207 |
| PRD | 107 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 127 |
| PRI | 77 | 1 | 4 | 18 | 0 | 6 | 106 |
| PVEM | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| CONV | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| PT | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| NA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| ALT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 402 | 21 | 19 | 26 | 0 | 32 | 32 |
Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA
| PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | |
|---|---|
| 1 Acosta Dávila Constantino | CÉDULA |
| 2 Aguilar López José Alejandro | ASISTENCIA |
| 3 Alcalde Virgen Moisés | ASISTENCIA |
| 4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges | CÉDULA |
| 5 Álvarez Bernal María Elena | ASISTENCIA |
| 6 Amezola Fonceca Gerardo | ASISTENCIA |
| 7 Aranda Orozco Gerardo | INASISTENCIA |
| 8 Arellano Arellano Joel | ASISTENCIA |
| 9 Arenas Guzmán Margarita | ASISTENCIA |
| 10Arizméndi Uribe Efraín | ASISTENCIA |
| 11 Armendáriz García Pedro | ASISTENCIA |
| 12 Arredondo Ibarra Salvador | ASISTENCIA |
| 13 Arredondo Velázquez Jesús | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 14 Ávila Mayo Obdulio | ASISTENCIA |
| 15 Barradas Miravete Gregorio | ASISTENCIA |
| 16 Barrios Rodríguez Juan Enrique | ASISTENCIA |
| 17 Bello Pérez Alfonso Othón | INASISTENCIA |
| 18 Berber Martínez Antonio | ASISTENCIA |
| 19 Bermúdez Viramontes Andrés | ASISTENCIA |
| 20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier | ASISTENCIA |
| 21 Borboa Becerra Omar Antonio | ASISTENCIA |
| 22 Borrego Estrada Felipe | ASISTENCIA |
| 23 Bracho González Carlos Augusto | ASISTENCIA |
| 24 Buganza Salmerón Gerardo | OFICIAL COMISIÓN |
| 25 Campos Galván María Eugenia | ASISTENCIA |
| 26 Carbajal Méndez Liliana | ASISTENCIA |
| 27 Carbajal Tejada Rogelio | ASISTENCIA |
| 28 Cárdenas Sánchez Esmeralda | CÉDULA |
| 29 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto | ASISTENCIA |
| 30 Castaño Contreras Cristián | ASISTENCIA |
| 31Castro De la Rosa Osiel | ASISTENCIA |
| 32 Castro Muñoz Juan de Dios | ASISTENCIA |
| 33Castro Romero Ma. Sofía Del Perpetuo | ASISTENCIA |
| 34 Ceja Romero Ramón | ASISTENCIA |
| 35 Chávez García Daniel | ASISTENCIA |
| 36 Collado Lara Beatriz | INASISTENCIA |
| 37 Contreras Coeto José Luis | ASISTENCIA |
| 38 Corral Aguilar María Mercedes | ASISTENCIA |
| 39 Cuen Garibi Marcela | ASISTENCIA |
| 40 Curiel Preciado Leobardo | ASISTENCIA |
| 41 Dávila Fernández Adriana | ASISTENCIA |
| 42 Dávila García Francisco | ASISTENCIA |
| 43 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio | ASISTENCIA |
| 44 De León Tello Jesús | ASISTENCIA |
| 45 Degante Romero Silvia Emilia | ASISTENCIA |
| 46Del Toro del Villar Tomás | INASISTENCIA |
| 47 Del Valle Toca Antonio | ASISTENCIA |
| 48 Delgado Oscoy Alejandro Enrique | ASISTENCIA |
| 49 Deschamps Falcón Ángel Rafael | ASISTENCIA |
| 50 Díaz García José Antonio | INASISTENCIA |
| 51 Díaz Garibay Felipe | ASISTENCIA |
| 52 Díaz Gordillo Martha Cecilia | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 53 Díaz Mena Joaquín Jesús | ASISTENCIA |
| 54 Díaz de León Torres Leticia | ASISTENCIA |
| 55 Domínguez Servién Francisco | ASISTENCIA |
| 56 Duck Núñez Edgar Mauricio | ASISTENCIA |
| 57 Enríquez Flores Armando | ASISTENCIA |
| 58 Enríquez Martínez Luis Rodolfo | ASISTENCIA |
| 59 Escaroz Soler Gerardo Antonio | ASISTENCIA |
| 60 Escobar Jardinez Adolfo | CÉDULA |
| 61 Espinosa Piña José Luis | OFICIAL COMISIÓN |
| 62 Félix Holguín Armando Jesús | OFICIAL COMISIÓN |
| 63 Felton González Carlos Eduardo | ASISTENCIA |
| 64 Fernández Cabrera Adrián | ASISTENCIA |
| 65Fernández Ugarte Ma. del Carmen | ASISTENCIA |
| 66 Figueroa Ortega David | ASISTENCIA |
| 67 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro | ASISTENCIA |
| 68 Flores Grande Arturo | INASISTENCIA |
| 69 Flores Morfín Jesús Vicente | ASISTENCIA |
| 70 Fraile García Francisco Antonio | ASISTENCIA |
| 71 Franco Cazarez Ricardo | ASISTENCIA |
| 72 Fuentes Ortíz José Guillermo | ASISTENCIA |
| 73 García González Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 74 García Müller Martha Margarita | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 75 García Reyes Ángel Humberto | ASISTENCIA |
| 76 García Reyes Beatriz Eugenia | ASISTENCIA |
| 77 García Vivián Raúl | ASISTENCIA |
| 78 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes | ASISTENCIA |
| 79 Gómez Leyva Silvio | ASISTENCIA |
| 80 González Betancourt Jorge Justiniano | ASISTENCIA |
| 81 González Martínez María Gabriela | INASISTENCIA |
| 82 González Morán Martín Oscar | ASISTENCIA |
| 83 González Roaro Benjamín Ernesto | ASISTENCIA |
| 84 González Ruiz Felipe | ASISTENCIA |
| 85González Sánchez Ma. Dolores | ASISTENCIA |
| 86Gudiño Ortíz Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 87 Guerrero Torres José Gildardo | ASISTENCIA |
| 88 Gutiérrez Lagunes María Victoria | INASISTENCIA |
| 89 Hernández Núñez Elia | ASISTENCIA |
| 90 Hurtado Pérez Nelly Asunción | ASISTENCIA |
| 91 Iragorri Durán Enrique | ASISTENCIA |
| 92Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles | ASISTENCIA |
| 93 Jiménez Ramos María Esther | ASISTENCIA |
| 94 Joaquín Coldwell Addy Cecilia | ASISTENCIA |
| 95 Lagunes Viveros Violeta del Pilar | ASISTENCIA |
| 96 Landero Gutiérrez Alejandro | ASISTENCIA |
| 97 Landeros González Ramón | ASISTENCIA |
| 98 Lara Compeán David | ASISTENCIA |
| 99 Larios Córdova Héctor | ASISTENCIA |
| 100 Laviada Hernández Iñigo Antonio | OFICIAL COMISIÓN |
| 101 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio | ASISTENCIA |
| 102 Leura González Agustín | ASISTENCIA |
| 103 Lezama Aradillas René | INASISTENCIA |
| 104 Limas Frescas María Soledad | ASISTENCIA |
| 105 Lizaola de la Torre Alonso Manuel | INASISTENCIA |
| 106 López Cisneros José Martín | ASISTENCIA |
| 107 López Reyna Omeheira | ASISTENCIA |
| 108 López Silva Rubí Laura | ASISTENCIA |
| 109 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel | ASISTENCIA |
| 110 Lujano Nicolás Christian Martín | ASISTENCIA |
| 111 Maawad Robert Luis Xavier | ASISTENCIA |
| 112 Macías Zambrano Gustavo | ASISTENCIA |
| 113 Madrazo Limón Carlos | ASISTENCIA |
| 114Magallón Arceo Leonardo Melesio de J. | ASISTENCIA |
| 115 Malagón Ríos Martín | ASISTENCIA |
| 116 Maldonado González David | ASISTENCIA |
| 117Manuell-Gómez Angulo Dolores De María | ASISTENCIA |
| 118 Martínez Díaz María de Jesús | ASISTENCIA |
| 119 Martínez Valero Dora Alicia | ASISTENCIA |
| 120 Medellín Varela Antonio | ASISTENCIA |
| 121 Medina Macias Alma Hilda | CÉDULA |
| 122 Medina Rodríguez Delber | ASISTENCIA |
| 123 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia | ASISTENCIA |
| 124 Mejía García Luis Alonso | ASISTENCIA |
| 125 Méndez Meneses Apolonio | ASISTENCIA |
| 126 Mendoza Morales Lucía Susana | ASISTENCIA |
| 127 Minjares Jiménez José Manuel | ASISTENCIA |
| 128 Mohamar Dainitin Oscar Miguel | ASISTENCIA |
| 129 Mollinedo Hernández Agustín | ASISTENCIA |
| 130 Monraz Ibarra Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 131 Montes Sánchez Fabián Fernando | ASISTENCIA |
| 132Mora Cuevas Marisol | ASISTENCIA |
| 133 Morales Ramos José Nicolás | ASISTENCIA |
| 134 Morelos Borja María Esperanza | ASISTENCIA |
| 135 Moreno Álvarez Mario Eduardo | ASISTENCIA |
| 136 Morgan Franco Rocío del Carmen | ASISTENCIA |
| 137 Muñoz Serrano José Antonio | ASISTENCIA |
| 138 Murillo Flores Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 139 Murillo Torres José Luis | ASISTENCIA |
| 140 Navarro Sugich Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 141 Nordhausen González Jorge Rubén | ASISTENCIA |
| 142Noriega Blanco Vigil María Nieves | ASISTENCIA |
| 143 Ochoa López Nabor | ASISTENCIA |
| 144 Olvera Higuera Edgar Armando | INASISTENCIA |
| 145 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto | ASISTENCIA |
| 146Ortega Martínez Ma. del Pilar | ASISTENCIA |
| 147Ortíz Hernández Eduardo | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 148 Oviedo Oviedo Ernesto | ASISTENCIA |
| 149 Padilla Orozco Raúl Alejandro | ASISTENCIA |
| 150 Palafox Núñez José Inés | ASISTENCIA |
| 151 Paredes Rodríguez Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 152 Parra Jiménez Dolores María del Carmen | ASISTENCIA |
| 153 Parra Noriega Luis Gustavo | ASISTENCIA |
| 154 Pérez Cuéllar Cruz | ASISTENCIA |
| 155 Perroni Merino Gloria María | ASISTENCIA |
| 156 Peyrot Solís Marco Antonio | ASISTENCIA |
| 157 Plascencia Alonso Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 158 Priego Tapia Gerardo | ASISTENCIA |
| 159 Pulido Pecero Pedro | ASISTENCIA |
| 160 Quintero Bello Jorge | ASISTENCIA |
| 161 Ramírez Barba Ector Jaime | ASISTENCIA |
| 162 Ramírez Pech Edgar Martín | ASISTENCIA |
| 163 Ramírez Villarreal Gustavo | ASISTENCIA |
| 164 Ramos Covarrubias Héctor Manuel | ASISTENCIA |
| 165 Reyes López Carlos Armando | ASISTENCIA |
| 166 Rincón Vargas Mirna Cecilia | ASISTENCIA |
| 167 Rivera Rivera José Guadalupe | ASISTENCIA |
| 168 Rivero Rivero Rolando | ASISTENCIA |
| 169 Rodríguez Ahumada Luis Fernando | ASISTENCIA |
| 170 Rodríguez Jiménez Ricardo | ASISTENCIA |
| 171 Rodríguez Prats Juan José | CÉDULA |
| 172 Rodríguez Uresti Enrique | ASISTENCIA |
| 173 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana | ASISTENCIA |
| 174 Rojas Hernández Laura Angélica | OFICIAL COMISIÓN |
| 175 Román Isidoro Demetrio | ASISTENCIA |
| 176 Romo Jiménez Martha Angélica | ASISTENCIA |
| 177 Rubio Chávez José Ignacio Alberto | ASISTENCIA |
| 178 Rueda Gómez Francisco | ASISTENCIA |
| 179 Ruiz Velasco de Lira Ernesto | ASISTENCIA |
| 180 Salas Contreras Marcos | ASISTENCIA |
| 181 Salazar Madera Mario Alberto | CÉDULA |
| 182 Salum del Palacio Jorge Alejandro | ASISTENCIA |
| 183 Sánchez Domínguez Alejandro | ASISTENCIA |
| 184 Sánchez Gil Carlos René | ASISTENCIA |
| 185 Sánchez Juárez Claudia | ASISTENCIA |
| 186 Sánchez Trujillo José Víctor | OFICIAL COMISIÓN |
| 187Sandoval Munguia Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 188 Serrato Castell Luis Gerardo | INASISTENCIA |
| 189Shej Guzmán Sara | ASISTENCIA |
| 190 Solano Muñoz José de Jesús | ASISTENCIA |
| 191 Stefanonni Mazzocco Martín | ASISTENCIA |
| 192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette | ASISTENCIA |
| 193 Torres Gómez Artemio | ASISTENCIA |
| 194 Torres Herrera Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 195 Torres Torres Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 196 Valenzuela García María Gloria Guadalupe | ASISTENCIA |
| 197 Valladolid Rodríguez Antonio | ASISTENCIA |
| 198 Vasconcelos Rueda Antonio | ASISTENCIA |
| 199 Vázquez Martínez Alberto | ASISTENCIA |
| 200 Vega Corona Antonio | ASISTENCIA |
| 201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo | ASISTENCIA |
| 202 Verástegui Ostos César Augusto | ASISTENCIA |
| 203 Verdín Saldaña Jaime | ASISTENCIA |
| 204 Victoria Alva Juan | OFICIAL COMISIÓN |
| 205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca | ASISTENCIA |
| 206 Villanueva Arjona Juan Manuel | INASISTENCIA |
| 207 Zambrano Elizondo Javier Martín | ASISTENCIA |
| Asistencias: 176 | |
| Asistencias por cédula: 7 | |
| Asistencias comisión oficial: 7 | |
| Permiso Mesa Directiva: 4 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 13 | |
| Total diputados: 207 | |
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | |
|---|---|
| 1Aguirre Alcaide Victor | ASISTENCIA |
| 2 Alavez Ruiz Aleida | ASISTENCIA |
| 3 Almazán González José Antonio | ASISTENCIA |
| 4 Almonte Borja Ramón | ASISTENCIA |
| 5 Alonso Flores Lourdes | ASISTENCIA |
| 6Wilfrido Alonso Razo Humberto | INASISTENCIA |
| 7 Altamirano Toledo Carlos | ASISTENCIA |
| 8 Alva Olvera Maribel Luisa | ASISTENCIA |
| 9 Álvarez Ramón Silbestre | ASISTENCIA |
| 10 Amaro Corona Alberto | ASISTENCIA |
| 11 Aragón Castillo Irene | ASISTENCIA |
| 12 Arellano Pulido Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 13Arreola Calderón Juan Dario | ASISTENCIA |
| 14 Barreiro Pérez Armando | ASISTENCIA |
| 15 Batres Guadarrama Valentina Valia | ASISTENCIA |
| 16 Bautista Bravo Alliet Mariana | ASISTENCIA |
| 17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh | CÉDULA |
| 18 Brito González Modesto | ASISTENCIA |
| 19 Calzada Vázquez Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 20 Campos Aburto Amador | ASISTENCIA |
| 21 Cárdenas Hernández Raymundo | ASISTENCIA |
| 22 Cervantes Rodríguez Aurora | ASISTENCIA |
| 23 Chávez García Higinio | ASISTENCIA |
| 24Condado Escamilla Cuitlahuac | ASISTENCIA |
| 25 Contreras Julián Maricela | ASISTENCIA |
| 26 Cruz Santiago Claudia Lilia | ASISTENCIA |
| 27 Cuevas Córdova Othón | ASISTENCIA |
| 28 Dagdug Lützow Moisés Félix | ASISTENCIA |
| 29 De la Rosa García Juan Hugo | ASISTENCIA |
| 30 De los Santos Molina Joaquín Conrado | ASISTENCIA |
| 31 Dehesa Mora Daniel | ASISTENCIA |
| 32 Del Toro Mario Enrique | ASISTENCIA |
| 33 Díaz Contreras Adriana | ASISTENCIA |
| 34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz | ASISTENCIA |
| 35 Espejel Lazcano Jaime | ASISTENCIA |
| 36 Fernández Balboa Mónica | ASISTENCIA |
| 37 Flores Maldonado César | ASISTENCIA |
| 38 Flores Salazar Guadalupe Socorro | INASISTENCIA |
| 39 Franco Melgarejo Rafael | ASISTENCIA |
| 40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo | INASISTENCIA |
| 41 García Rodríguez Víctor Hugo | ASISTENCIA |
| 42 Garzón Contreras Neftalí | ASISTENCIA |
| 43 González Garza Javier | ASISTENCIA |
| 44 Guerra Ochoa Juan Nicasio | ASISTENCIA |
| 45 Gutiérrez Calzadilla José Luis | ASISTENCIA |
| 46 Hernández Gaytán Daisy Selene | ASISTENCIA |
| 47 Hernández Hernández Sergio | ASISTENCIA |
| 48 Hernández Manzanares Javier | ASISTENCIA |
| 49 Hernández Silva Benjamín | OFICIAL COMISIÓN |
| 50Nohelia Ibarra Franquez Sonia | CÉDULA |
| 51 Jacques y Medina José | ASISTENCIA |
| 52 Jiménez Valenzuela María Eugenia | ASISTENCIA |
| 53 Landero López Pedro | ASISTENCIA |
| 54Lemarroy Martínez Juan Darío | ASISTENCIA |
| 55 Leyva Piñón Ana Yurixi | ASISTENCIA |
| 56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 57 López Barriga Erick | ASISTENCIA |
| 58 López Becerra Santiago | ASISTENCIA |
| 59 López Rojas Alberto | ASISTENCIA |
| 60 López Torres Ma. Soledad | ASISTENCIA |
| 61 Lozano Lozano Andrés | ASISTENCIA |
| 62 Luna Munguía Alma Lilia | ASISTENCIA |
| 63 Márquez Madrid Camerino Eleazar | ASISTENCIA |
| 64 Márquez Tinoco Francisco | ASISTENCIA |
| 65 Martínez Hernández Alejandro | ASISTENCIA |
| 66 Martínez Martínez Carlos Roberto | ASISTENCIA |
| 67 Martínez Martínez Francisco | ASISTENCIA |
| 68 Martínez Padilla Hugo Eduardo | ASISTENCIA |
| 69 Martínez Vargas Octavio | ASISTENCIA |
| 70 Matías Alonso Marcos | ASISTENCIA |
| 71 Matus Toledo Holly | ASISTENCIA |
| 72 Mayans Canabal Fernando Enrique | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 73 Mendoza Arellano David | ASISTENCIA |
| 74 Mendoza Flores Roberto | ASISTENCIA |
| 75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio | OFICIAL COMISIÓN |
| 76 Mendoza Mendoza Irineo | ASISTENCIA |
| 77 Monreal Ávila Susana | INASISTENCIA |
| 78 Montalvo Rojas Victorio Rubén | ASISTENCIA |
| 79 Morales Sánchez Efraín | ASISTENCIA |
| 80 Morales Vázquez Carlos Orsoe | ASISTENCIA |
| 81Narcía Álvarez Héctor | ASISTENCIA |
| 82 Navarro López Carlos Ernesto | OFICIAL COMISIÓN |
| 83 Navarro Quintero Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 84 Ojeda Hernández Concepción | ASISTENCIA |
| 85 Oliva Fragoso Silvia | ASISTENCIA |
| 86 Orcí Martínez Juan Adolfo | ASISTENCIA |
| 87 Ortega Martínez Antonio | CÉDULA |
| 88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia | ASISTENCIA |
| 89Pacheco LLanes Ramón Félix | ASISTENCIA |
| 90 Pedraza Chávez Isidro | ASISTENCIA |
| 91 Pedrozo Castillo Adrián | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 92 Peña Sánchez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 93 Pérez Cruz Raciel | ASISTENCIA |
| 94 Pulido Santiago Celso David | ASISTENCIA |
| 95 Ramos Becerril Rafael Plácido | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 96 Ramos Castellanos Martín | ASISTENCIA |
| 97 Rasgado Corsi Gloria | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 98 Ríos Gamboa Raúl | ASISTENCIA |
| 99 Romero Gutiérrez Odilón | ASISTENCIA |
| 100Ruíz Sánchez Salvador | ASISTENCIA |
| 101 Saavedra Coronel José Antonio | ASISTENCIA |
| 102 San Martín Hernández Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 103 Sánchez Barrios Carlos | ASISTENCIA |
| 104 Sánchez Cabrales Rafael Elías | ASISTENCIA |
| 105 Sánchez Camacho Alejandro | ASISTENCIA |
| 106 Sánchez Camacho David | ASISTENCIA |
| 107Sánchez Jiménez V. Luis | INASISTENCIA |
| 108 Sánchez Ramos Francisco | ASISTENCIA |
| 109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc | OFICIAL COMISIÓN |
| 110 Santos Arreola Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 111 Solares Chávez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 112 Soriano Sánchez Rosa Elva | CÉDULA |
| 113 Soto Ramos Faustino | ASISTENCIA |
| 114 Soto Sánchez Antonio | ASISTENCIA |
| 115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso | ASISTENCIA |
| 116 Torres Baltazar María Elena | ASISTENCIA |
| 117 Torres García Daniel | ASISTENCIA |
| 118 Trejo Pérez Pablo | ASISTENCIA |
| 119 Ulloa Pérez Emilio | ASISTENCIA |
| 120 Vallejo Estevez Mario | ASISTENCIA |
| 121 Varela López Víctor Gabriel | CÉDULA |
| 122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio | ASISTENCIA |
| 123 Villanueva Albarrán Gerardo | CÉDULA |
| 124 Villicaña García Rafael | ASISTENCIA |
| 125 Zavaleta Salgado Ruth | ASISTENCIA |
| 126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto | OFICIAL COMISIÓN |
| 127 Zepeda Hernández Martín | ASISTENCIA |
| Asistencias: 107 | |
| Asistencias por cédula: 6 | |
| Asistencias comisión oficial: 5 | |
| Permiso Mesa Directiva: 4 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 5 | |
| Total diputados: 127 | |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
|---|---|
| 1 Abramo Masso Yerico | ASISTENCIA |
| 2 Aguilar Diego | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 3 Aguilar Solís Samuel | OFICIAL COMISIÓN |
| 4 Aispuro Torres José Rosas | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 5 Alcántara Núñez Jesús Sergio | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 6 Aldana Prieto Luis Ricardo | ASISTENCIA |
| 7 Amador Gaxiola Daniel | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 8 Amador Leal Narcizo Alberto | ASISTENCIA |
| 9 Ayala Almeida Joel | ASISTENCIA |
| 10 Badillo Martínez Roberto | ASISTENCIA |
| 11Barajas Del Toro Salvador | ASISTENCIA |
| 12 Barajas López Ramón | OFICIAL COMISIÓN |
| 13 Barba Hernández Alfredo | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 14 Beltrán Montes Israel | ASISTENCIA |
| 15 Benítez Ojeda Luis Enrique | CÉDULA |
| 16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio | ASISTENCIA |
| 17 Biebrich Torres Carlos Armando | ASISTENCIA |
| 18 Blanco Pajón José Luis | ASISTENCIA |
| 19 Caballero Camargo Gustavo Fernando | ASISTENCIA |
| 20 Camacho Quiroz César Octavio | ASISTENCIA |
| 21 Canavati Tafich Jesús Ricardo | INASISTENCIA |
| 22 Carballo Bustamante Andrés | ASISTENCIA |
| 23Cárdenas Del Avellano Enrique | ASISTENCIA |
| 24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | ASISTENCIA |
| 25 Cervantes Andrade Raúl | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 26 Chaurand Arzate Carlos | ASISTENCIA |
| 27 Colín Guadarrama María Mercedes | ASISTENCIA |
| 28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías | ASISTENCIA |
| 29De la Garza Treviño Jorge Luis | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 30 Díaz Athié Antonio de Jesús | ASISTENCIA |
| 31 Díaz Solorzano Elmar Darinel | ASISTENCIA |
| 32 Domínguez Domínguez Nemesio | ASISTENCIA |
| 33 Duarte Jáquez César Horacio | ASISTENCIA |
| 34 Escajeda Jiménez José Rubén | ASISTENCIA |
| 35 Escalante Jasso Aracely | ASISTENCIA |
| 36 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías | ASISTENCIA |
| 37 Estefan Chidiac Charbel Jorge | ASISTENCIA |
| 38 Flores Sandoval Patricio | ASISTENCIA |
| 39 Gamboa Patrón Emilio | ASISTENCIA |
| 40 Garza Garza Horacio Emigdio | ASISTENCIA |
| 41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 42 Gloria Requena Tomás | ASISTENCIA |
| 43 Gómez Lugo Elda | ASISTENCIA |
| 44 González Calderón Martha Hilda | INASISTENCIA |
| 45 González García Sergio | ASISTENCIA |
| 46 González Salum Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 47 González Zarur Mariano | ASISTENCIA |
| 48 Guerrero García Javier | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 49 Guerrero Juárez Joel | ASISTENCIA |
| 50 Herrera Ale Juana Leticia | ASISTENCIA |
| 51 Herrera Coyac Wenceslao | ASISTENCIA |
| 52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando | ASISTENCIA |
| 53 Lagunes Gallina Gerardo | INASISTENCIA |
| 54 Lescieur Talavera Jorge Mario | ASISTENCIA |
| 55López Balbuena Guillermina | ASISTENCIA |
| 56Madrid Tovilla Arely | ASISTENCIA |
| 57 Martínez Rocha Arturo | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 58 Martínez Rodríguez Lorena | ASISTENCIA |
| 59 Méndez Lanz Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso | ASISTENCIA |
| 61 Merodio Reza Lilia Guadalupe | ASISTENCIA |
| 62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl | ASISTENCIA |
| 63 Montalvo Gómez Pedro | ASISTENCIA |
| 64 Morales García Elizabeth | ASISTENCIA |
| 65 Mota Hernández Adolfo | ASISTENCIA |
| 66 Muñoz Serna Rogelio | ASISTENCIA |
| 67 Murat José | INASISTENCIA |
| 68 Ochoa González Arnoldo | ASISTENCIA |
| 69 Ojeda Camacho Gilberto | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 70 Olivares Monterrubio Alejandro | OFICIAL COMISIÓN |
| 71 Olivares Ventura Héctor Hugo | ASISTENCIA |
| 72 Ordaz Jiménez Ismael | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 73 Orihuela Bárcenas José Ascención | ASISTENCIA |
| 74 Orihuela Trejo José Amado | ASISTENCIA |
| 75Ortiz Del Carpio Víctor | ASISTENCIA |
| 76 Ortiz Proal Mauricio | ASISTENCIA |
| 77 Padilla Gutiérrez Héctor | OFICIAL COMISIÓN |
| 78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz | ASISTENCIA |
| 79 Palma César Víctor Samuel | ASISTENCIA |
| 80 Parás González Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 81 Patrón Montalvo Jesús Manuel | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 83 Pérez Valdés Daniel | ASISTENCIA |
| 84 Pinete Vargas María del Carmen | ASISTENCIA |
| 85 Quiñones Canales Lourdes | INASISTENCIA |
| 86 Ramírez Martínez José Edmundo | ASISTENCIA |
| 87 Ramírez Stabros Jesús | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 88 Reyna García José Jesús | ASISTENCIA |
| 89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo | ASISTENCIA |
| 90 Rivera Bedoya Juan Francisco | ASISTENCIA |
| 91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda | ASISTENCIA |
| 92 Rojas Gutiérrez Carlos | ASISTENCIA |
| 93Ruíz Chávez Sara Latife | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 94 Salas López Ramón | ASISTENCIA |
| 95 Sánchez Hernández Eduardo | ASISTENCIA |
| 96 Sandoval Paredes Sergio | ASISTENCIA |
| 97 Serrano Escobar Enrique | ASISTENCIA |
| 98 Sosa Castelán Gerardo | ASISTENCIA |
| 99 Toledo Luis Jorge | ASISTENCIA |
| 100Valencia De los Santos Víctor Leopoldo | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 101 Vargas Landeros Gerardo Octavio | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 102Vega Ortíz María Oralia | ASISTENCIA |
| 103 Velasco Pérez Juan Carlos | INASISTENCIA |
| 104 Villa Villa Isael | ASISTENCIA |
| 105 Villanueva Abraján Patricia | ASISTENCIA |
| 106 Zatarain González Carlos Ernesto | ASISTENCIA |
| Asistencias: 77 | |
| Asistencias por cédula: 1 | |
| Asistencias comisión oficial: 4 | |
| Permiso Mesa Directiva: 18 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 6 | |
| Total diputados: 106 | |
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | |
|---|---|
| 1 Arévalo González José Antonio | CÉDULA |
| 2 Chozas y Chozas Olga Patricia | OFICIAL COMISIÓN |
| 3 Cobo Terrazas Diego | OFICIAL COMISIÓN |
| 4 Elizondo Garrido Francisco | CÉDULA |
| 5 Estrada González Faustino Javier | INASISTENCIA |
| 6García Noriega Ma. Guadalupe Josefina | ASISTENCIA |
| 7 González Martínez Jorge Emilio | INASISTENCIA |
| 8 Lavara Mejía Gloria | ASISTENCIA |
| 9 López Adame Antonio Xavier | CÉDULA |
| 10 López Ramírez Sergio Augusto | ASISTENCIA |
| 11 Notholt Guerrero Alan | INASISTENCIA |
| 12 Portilla Dieguez Manuel Salvador | ASISTENCIA |
| 13 Puente Salas Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 14 Ramírez Cerda Ana María | INASISTENCIA |
| 15Salgado Amador Manuel Salvador | ASISTENCIA |
| 16 Sesma Suárez Jesús | ASISTENCIA |
| 17 Velasco Rodríguez Verónica | ASISTENCIA |
| Asistencias: 8 | |
| Asistencias por cédula: 3 | |
| Asistencias comisión oficial: 2 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 4 | |
| Total diputados: 17 | |
| CONVERGENCIA | |
|---|---|
| 1 Abad De Jesús Juan | ASISTENCIA |
| 2 Aguilera Rico José Luis | ASISTENCIA |
| 3 Cárdenas Márquez Elías | CÉDULA |
| 4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús | ASISTENCIA |
| 5 Chanona Burguete Alejandro | ASISTENCIA |
| 6 Del Río Virgen José Manuel | ASISTENCIA |
| 7 Esteva Salinas Alberto | ASISTENCIA |
| 8 Godoy Cárdenas Jorge | ASISTENCIA |
| 9 López Lena Cruz Humberto | INASISTENCIA |
| 10 Salvatori Bronca María del Carmen | CÉDULA |
| 11 Samperio Montaño Juan Ignacio | ASISTENCIA |
| 12 Sansores San Román Layda Elena | ASISTENCIA |
| 13 Tagle Martínez Martha Angélica | ASISTENCIA |
| 14 Uscanga Cruz Robinson | ASISTENCIA |
| 15 Valdés Chávez Ramón | ASISTENCIA |
| 16 Varela Lagunas Tomás José Luis | ASISTENCIA |
| 17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc | ASISTENCIA |
| Asistencias: 14 | |
| Asistencias por cédula: 2 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 1 | |
| Total diputados: 17 | |
| PARTIDO DEL TRABAJO | |
|---|---|
| 1 Aguilar Jiménez Rubén | ASISTENCIA |
| 2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo | ASISTENCIA |
| 3 Cantú Garza Ricardo | ASISTENCIA |
| 4 Cervantes Rivera Jaime | INASISTENCIA |
| 5 Garay Ulloa Silvano | ASISTENCIA |
| 6 Herrera Solís Anuario Luis | INASISTENCIA |
| 7Maciel Ortiz Ma. Mercedes | ASISTENCIA |
| 8 Peregrino García Abundio | ASISTENCIA |
| 9 Romero Guzmán Rosa Elia | ASISTENCIA |
| 10 Solís Parga Rodolfo | CÉDULA |
| 11 Vela González Joaquín Humberto | ASISTENCIA |
| Asistencias: 8 | |
| Asistencias por cédula: 1 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 2 | |
| Total diputados: 11 | |
| NUEVA ALIANZA | |
|---|---|
| 1 Arriola G. Mónica T. | ASISTENCIA |
| 2 Cárdenas Fonseca Manuel | ASISTENCIA |
| 3 Castillo Nájera Ariel | INASISTENCIA |
| 4 Dávila Esquivel Humberto | ASISTENCIA |
| 5 Gómez Pasillas Jacinto | ASISTENCIA |
| 6 Jiménez Godínez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 7 Luna Becerril Blanca | ASISTENCIA |
| 8 Luna Rodríguez Silvia | ASISTENCIA |
| 9 Piñeyro Arias Irma | ASISTENCIA |
| Asistencias: 8 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 1 | |
| Total diputados: 9 | |
| ALTERNATIVA | |
|---|---|
| 1 Arvizu Rivas Aida Marina | CÉDULA |
| 2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe | ASISTENCIA |
| 3 García Méndez Armando | ASISTENCIA |
| 4 Hernández Valadés Delio | ASISTENCIA |
| 5 Pedro Cortés Santiago Gustavo | OFICIAL COMISIÓN |
| Asistencias: 3 | |
| Asistencias por cédula: 1 | |
| Asistencias comisión oficial: 1 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 0 | |
| Total diputados: 5 | |
| DIPUTADOS SIN PARTIDO | |
|---|---|
| 1 Castellanos Hernández Félix | ASISTENCIA |
| Asistencias: 1 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 0 | |
| Total diputados: 1 | |
SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS
| PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Aranda Orozco Gerardo | ||
| 2 Bello Pérez Alfonso Othón | ||
| 3 Collado Lara Beatriz | ||
| 4 Del Toro del Villar Tomás | ||
| 5 Díaz García José Antonio | ||
| 6 Flores Grande Arturo | ||
| 7 González Martínez María Gabriela | ||
| 8 Gutiérrez Lagunes María Victoria | ||
| 9 Lezama Aradillas René | ||
| 10 Lizaola de la Torre Alonso Manuel | ||
| 11 Olvera Higuera Edgar Armando | ||
| 12 Serrato Castell Luis Gerardo | ||
| 13 Villanueva Arjona Juan Manuel | ||
| Faltas por grupo: 13 | ||
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Wilfrido Alonso Razo Humberto | ||
| 2 Flores Salazar Guadalupe Socorro | ||
| 3 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo | ||
| 4 Monreal Ávila Susana | ||
| 5 Sánchez Jiménez V. Luis | ||
| Faltas por grupo: 5 | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Canavati Tafich Jesús Ricardo | ||
| 2 González Calderón Martha Hilda | ||
| 3 Lagunes Gallina Gerardo | ||
| 4 Murat José | ||
| 5 Quiñones Canales Lourdes | ||
| 6 Velasco Pérez Juan Carlos | ||
| Faltas por grupo: 6 | ||
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Estrada González Faustino Javier | ||
| 2 González Martínez Jorge Emilio | ||
| 3 Notholt Guerrero Alan | ||
| 4 Ramírez Cerda Ana María | ||
| Faltas por grupo: 4 | ||
| CONVERGENCIA | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 López Lena Cruz Humberto | ||
| Faltas por grupo: 1 | ||
| PARTIDO DEL TRABAJO | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Cervantes Rivera Jaime | ||
| 2 Herrera Solís Anuario Luis | ||
| Faltas por grupo: 2 | ||
| NUEVA ALIANZA | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Castillo Nájera Ariel | ||
| Faltas por grupo: 1 | ||