SUMARIO

ASISTENCIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de los diputados y las diputadas.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 342 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 11:36 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 31 de octubre de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos

Por el que se establecen la reglas sobre el debate, la votación y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008. (Votación)

De la Junta de Coordinación Política

Por el que el Pleno de la Cámara de Diputados solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplíe el término del ejercicio de la facultad de investigación contenida en el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenada por dicho tribunal en el 1/2007, con objeto de que se investiguen los hechos suscitados de mayo de 2006 a octubre de 2007 en el estado de Oaxaca que constituyen graves violaciones de las garantías individuales. (Votación)

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en septiembre de 2007.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Cuatro, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Proyecto de declaratoria

De la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122, se adiciona el artículo 134 y se deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Agenda política

Comentarios con relación a la venta de Aeroméxico a Banamex, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma los artículos 42 y 54 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por los diputados Javier Guerrero García y Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a cargo del diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Esperanza Morelos Borja , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raymundo Cárdenas Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y del Código de Comercio, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 177 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 49, 109 y 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo , María Eugenia Campos Galván y Alejandro Landero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Alberto Vázquez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo octavo transitorio del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, a cargo de la diputada Rocío del Carmen Morgan Franco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Arely Madrid Tovilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1049 del Código de Comercio, a cargo de la diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Juan Carlos Velasco Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Gloria Lavara Mejía y Francisco Elizondo Garrido , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y del Código de Comercio, suscrita por los diputados Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez , Yadhira Yvette Tamayo Herrera y Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna Munguía , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Cinematografía, suscrita por las diputadas Guadalupe García Noriega y Verónica Velasco Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 71, 122 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Leticia Díaz de León Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 419 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, suscrita por los diputados Faustino Javier González Estrada y Manuel Salvador Salgado Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Aguilar Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Leonardo Magallón Arceo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados Lourdes Quiñones Canales , Beatriz Pagés Llergo Rebollar y Samuel Palma César, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 462 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 25 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada María Mercedes Colín Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo transitorio al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, a cargo del diputado Horacio Garza Garza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la orden ``El Sol del Perú'', en grado de Gran Cruz con Brillantes, que le confiere el gobierno de la República de Perú.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Medalla de Honor, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Congreso de la República de Perú.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Karla Negrete Aranda, Andrea Karla Gómez de la Casa Rivera, Ayesha Karina Dávalos Sánchez, Mónica Madera Reveles, María del Rosario Rueda Castro y Mario Priego Álvarez para prestar servicios en las Embajadas de Francia, de Australia y de Estados Unidos de América en México, y en el Consulado de éste en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Liliana Monroy Flores, Araceli Romero Romero, Enrique Vidal Morales, César Acosta Gámez, Martha Paola Sánchez González, Míriam Citlalic Villegas Tenorio, Eduardo Régules Bukantz y Arturo Muradas Ruiz para prestar servicios en la Embajada de Corea y en el Centro de Comercio e Inversión de Corea de esa representación diplomática en México, respectivamente.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a declarar el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia; y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, a fortalecer sus tareas de las campañas nacionales de educación que promuevan el respeto y la tolerancia de la diversidad sexual.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Electoral de Michoacán a redoble esfuerzos, en el ámbito de su competencia, a fin de promover y asegurar una mayor participación de la ciudadanía, especialmente de los pueblos y comunidades indígenas del estado, en las elecciones por celebrarse el 11 de noviembre del presente año.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a convocar mediante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a una amplia consulta con los sectores de la producción, con académicos y con especialistas para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo con relación a la Isla de Sacrificios, Veracruz de Ignacio de la Llave.

De la Comisión de Medio Ambiente, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Semarnat a realizar --en coordinación con los gobiernos de los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca-- trabajos para el rescate de la región mixteca, considerada desastre ecológico por la falta de agua.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar al titular de la Semarnat a cesar al actual director general de Impacto y Riesgo Ambiental.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a decretar como área natural protegida el estero Balandra, en La Paz, Baja California Sur.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a programar y coordinar la inversión de recursos del Proyecto Integral de Saneamiento Ambiental en la Zona del Depósito de Residuos Industriales que ocupa Cromatos de México, en Tultitlán, México.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a no autorizar prórrogas de las concesiones para la extracción de materiales pétreos en Baja California Sur.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Relaciones Exteriores, con opinión de las Comisiones de Desarrollo Rural y Especial para la defensa de los derechos sociales y de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Semarnat, a la SRE y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a instaurar un grupo de trabajo interinstitucional que aplique acciones de protección del desarrollo rural del valle de Mexicali, y de la región del delta del río Colorado y alto golfo de California.

Dictámenes negativos de iniciativas

De las Comisiones Unidas de Gobernación, de Seguridad Pública, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Protección Civil, de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 46 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

De la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que expide la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona las fracciones IV y X al artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que deroga y adiciona el artículo 2, fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 2, fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un artículo 59 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 162 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a la aplicación de los recursos correspondientes al Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, a cargo de la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se consideren recursos para construir el tramo carretero del crucero de la autopista México-Tulancingo-Ciudad Sahagún- Emiliano Zapata, en Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se incluyan recursos para el desarrollo integral del estado de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se asignen recursos para establecer un centro de acopio de salado, fileteado y desmenuzado de pescados y mariscos en Sabancuy, en Ciudad del Carmen, Campeche, a cargo de la diputada Layda Elena Sansores San Román , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se consideren recursos para construir y ampliar el tramo carretero Tizayuca-General Felipe Ángeles, en Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se consideren recursos en el Ramo 33 para construir escuelas, aulas, centros y casas de salud, ampliar la red de agua potable y de drenaje, y establecer un programa de electrificación en las zonas marginadas de Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se consideren recursos para reencarpetar y encarpetar carreteras en Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener otorgue las medidas conducentes a efecto de que Pemex otorgue a los consumidores del estado de Chihuahua un descuento vía subsidio de 40 por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural del 1 de noviembre al 31 de marzo de 2008, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal convoque al Consejo de Protección Civil para tratar el tema de las inundaciones y hundimientos de la carpeta asfáltica en diversas delegaciones del DF, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la investigación de posibles irregularidades e ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones de parte del ex alcalde de Ramos Arizpe senador Ernesto Saro Boardman, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al funcionamiento de las delegaciones federales, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que a través de las dependencias correspondientes cumpla sus promesas de generar empleos, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal remita a la Comisión del de esta soberanía un informe respecto al proyecto preventivo Atlas de Riesgos del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sedesol y del Programa Nacional Oportunidades incorporen a distintas familias de Comalcalco en ese programa, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SHCP, realice estudios para valorar los mecanismos de devolución del IVA a los turistas que visitan nuestro país, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE instaure estrategias que permitan defender y proteger a los connacionales ante las leyes y ordenanzas antiinmigrantes en Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Nicolás Morales Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob considere 2008 como Año de Francisco Primo de Verdad y Ramos, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al de Sinaloa contribuyan al esclarecimiento de los asesinatos de los señores Ricardo Murillo Monge y Óscar Rivera Inzunza, a cargo del diputado Eduardo Ortiz Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal que informe a través de la Semarnat del grado de avance que presentan los estudios para decretar como área natural protegida la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Coahuila a abstenerse de hacer manifestaciones en contra de servidores públicos, a cargo de la diputada Dora Alicia Martínez Valero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a establecer sistemas de depósito-reembolso para envases de polientereftalato, a fin de disminuir la generación de este tipo de materiales, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no poner en riesgo la seguridad sanitaria del país, y mantener vigente el llamado requisito de planta o de establecimiento sanitario, a cargo del diputado Roberto Badillo Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Profeco detengan el alza de precios de la canasta básica y de los servicios cuyo suministro derive de energéticos, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a acondicionar mediante los sistemas de protección civil refugios temporales en las zonas de mayor riesgo por las bajas temperaturas, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía realice ceremonias solemnes del Congreso de la Unión para conmemorar el 15 de septiembre y el 20 de noviembre, a partir de noviembre del año en curso y hasta 2010, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de apoyo de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat establezca políticas públicas coordinadas entre federación y entidades, en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a la Sener, al Cenapred y al gobierno municipal de Tlalnepantla cancelen la apertura de la gasolinera ubicada en San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla de Baz, por ubicarse en el polígono de seguridad de la zona, a cargo del diputado Raciel Pérez Cruz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Estados Unidos de América retome la discusión sobre una reforma migratoria integral, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz destine recursos para la mejora de las carreteras estatales que conducen a la zona arqueológica de El Tajín, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y al titular de la STPS otorguen un aumento de emergencia a los salarios mínimos generales, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Puebla promuevan entre los municipios de Cuautlancingo y Puebla los mecanismos para solucionar el problema relacionado con sus límites y competencia territorial, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal declare el 23 de septiembre como Día Nacional en contra de la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Sener y al gobierno de Coahuila realicen un estudio sobre la situación que podría generar en el ambiente el proyecto industrial Tajo Zacatoza, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las barrancas localizadas en el Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía se pronuncie contra la impunidad y la violencia en México, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal defina la política migratoria por la que habrá de conducirse el gobierno mexicano, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía emita un extrañamiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de Chiapas respecto a la conducta de los magistrados de la Sala B al resolver un juicio de nulidad, a cargo del diputado Abundio Peregrino García , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP, a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía replanteen la fórmula del precio del gas natural en México, a cargo del diputado Gustavo Caballero Camargo, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gremio transportista nacional a ajustarse a la NOM-012-SCT-2-2003, relativa al peso y dimensiones máximas de los vehículos de autotransporte que transitan en la jurisdicción federal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de la SHCP, de la SCT y de Capufe para que destinen un porcentaje de peaje de las autopistas de cuota a los estados y municipios donde se ubican, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con relación al confinamiento de desechos tóxicos en Zimapán, Hidalgo, a cargo del diputado Jaime Cervantes Rivera , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal decrete como zona estratégica económica sustentable la región Cuenca de Burgos, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT publique el Reglamento de Paquetería y Mensajería a que se refiere el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno del Distrito Federal para que través de su Secretaría de Medio Ambiente realice las acciones necesarias para declarar y administrar como área verde el bosque de Nativitas, en Xochimilco, a cargo del diputado Miguel Ángel Solares Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat aplique la normatividad ambiental en diversas instalaciones petroleras y a Pemex a invertir mayores recursos en sus sistemas de operación, seguridad y vigilancia, a cargo del diputado Pedro Landero López , suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, para que a través del SAT realice una revisión de la regla 2.3.5. de las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al relleno sanitario Bordo Poniente, del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal implante acciones públicas respecto a las obras e irregularidades de los aeropuertos concesionados del país, e investigar a los funcionarios y posibles prestanombres involucrados, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SRE informe al Congreso de la Unión sobre el contenido y el avance de los compromisos asumidos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 considere recursos adicionales para la Universidad Juárez del Estado de Durango, a cargo del diputado Gustavo Santiago Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 considere recursos para el fideicomiso de los fondos de los trabajadores migratorios mexicanos, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF y al Consejo de la Judicatura Federal realicen una investigación sobre el uso de recursos humanos y financieros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las desapariciones forzadas, a cargo del diputado Javier Hernández Manzanares , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes a efecto de que tomen las medidas necesarias para garantizar la potabilidad del agua que se distribuye para consumo humano y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales, suscrita por integrantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Justicia, y de Gobernación para que, al cumplirse un año de la demanda de juicio político contra el gobierno del estado de Oaxaca, agilicen sus trabajos y elaboren el dictamen correspondiente, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la necesidad de abatir el rezago educativo y el analfabetismo en México, en ocasión de los actos conmemorativos de la Independencia y la Revolución Mexicana, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI emita las estadísticas necesarias que permitan conocer de manera oficial el número y las características socioeconómicas de la población afrodescendiente, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Puebla verifiquen la integración del padrón de damnificados por el huracán Dean en esa entidad, para la entrega correcta de la ayuda, a cargo del diputado Antonio Vasconcelos Rueda , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por que se exhorta a los tres niveles de gobierno para que los órganos judiciales y administrativos dependientes de éstos omitan en cualquier trámite administrativo o judicial cuestionar a los comparecientes respecto de la religión que profesan, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al pago de energía eléctrica de las escuelas preparatorias federales por cooperación, a cargo del diputado Mario Vallejo Estévez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS vigile que se cumpla lo que la ley ordena y especifica en cuanto a las prohibiciones para la contratación de menores de edad, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la labor que realizan los defensores de los derechos humanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP revise y promueva que el presupuesto para la ejecución del calendario de obra de construcción de espacios educativos como resultado del proceso de programación detallada, microplaneación y sustituciones se realice acorde con el calendario escolar, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF audite los fondos económicos que aplicaron los gobiernos federal y estatal responsables de la reconstrucción en Chiapas a consecuencia del huracán Stan en octubre de 2005, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los DIF estatales utilicen leche fluida en los programas alimenticios, suscrita por los diputados Armando Jesús Félix Holguín y Gerardo Antonio Escaroz Soler , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la cancillería otorguen un nombramiento diplomático a la ciudadana Elvira Arellano, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las universidades e institutos tecnológicos del país evalúen la creación de la carrera de ingeniero en artes gráficas y la incorporen en su oferta educativa, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat publique la norma oficial mexicana de emergencia de avistamiento de tiburón ballena y publique manuales de la observación correcta del tiburón ballena, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que informe sobre el estado que guarda el proyecto reactivación del puerto Frontera Tabasco, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat que realice estudios necesarios que permitan conocer científicamente el estado de conservación del cocodrilo de pantano en vida silvestre, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la SSP y a la Administración General de Aduanas, informen a esta Soberanía de los Programas implementados para evitar el tráfico de armas desde los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Profeco que adopten medidas para detener el incremento de precios de los productos básicos y de consumo popular, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las desapariciones forzadas en México, a cargo del diputado Salvador Ruiz Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud a expedir una norma oficial que obligue a los fabricantes de botanas y refrescos incluir en sus productos una etiqueta con la leyenda ``el consumo en exceso de este producto puede causar obesidad y por consiguiente daños a la salud'', a cargo del diputado Tomás Gloria Requena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a dar solución al conflicto que mantienen los mineros que laboran en la Empresa Mexicana de Cananea, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a Pemex, un informe sobre la factibilidad de reubicar los ductos de gas natural y gasolina que se encuentran cercanos a los centros poblacionales a lo largo del territorio nacional, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de la Reforma Agraria, de Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, así como al gobernador del estado de Chiapas a que cesen los despojos y ataques a comunidades zapatistas de Montes Azules, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar una estrategia para otorgar apoyos y convertir en lugar turístico el sitio denominado ``Ciénega del Golfo de Santa Clara'', en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar las investigaciones necesarias para determinar el paradero del defensor de los derechos humanos Francisco Paredes Ruiz y garantizar su seguridad e integridad personal, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que a través de las instancias correspondientes coordinen y realicen estudios sobre la situación actual de las poblaciones de conejos y liebres que se encuentran en categoría de riesgo, y remitan un informe a esta soberanía, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía declara persona non grata al embajador de Colombia en México, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno del estado de Morelos a realizar la obra de biorremediación del suelo que era ocupado por el tiradero de basura en el municipio de Temixco, y a la Conagua que realice un análisis de los mantos acuíferos que se encuentran a su alrededor, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla a abstenerse de manipular los procesos electorales por celebrase el próximo 11 de noviembre del año en curso en dicha entidad, a cargo del diputado Guillermo Velázquez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a anteponer la Ley General de Protección Civil a las Reglas de Operación del Fonden, para fundamentar sus respuestas, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados y al jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a las comisiones de aguas de sus entidades para la utilización de tuberías de acero de fabricación nacional en las licitaciones referentes a líneas de conducción de agua, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador del estado de Querétaro que cesen los actos de represión a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que implante acciones que garanticen el acceso equitativo y oportuno de los fármacos o medicamentos relacionados con la prevención del virus del papiloma humano, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que cree un grupo de trabajo para investigar al Fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub, de igual forma la desincorporación, extinción y liquidación del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo de la diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne una partida presupuestal en el Ramo 20 al programa Hábitat, para crear una red de centros integrales de prevención y atención de la violencia familiar, a cargo del diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta soberanía a integrar un grupo de trabajo encargado de revisar las actividades del IMPI, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al secretario de gobernación para que actualice las Reglas de Operación del Fonden, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a construir comedores escolares en las escuelas de tiempo completo del sistema educativo nacional, suscrita por los diputados Armando Barreiro Pérez e Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las medidas que pretende imponer el Instituto Nacional de Migración en contra de los trabajadores migrantes que son detenidos, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y al gobernador del estado de Sinaloa a instruir al responsable de Cesavesin de dicha entidad para que no fumiguen camiones de carga con mercancías que no deben serlo, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las autoridades de la SEP para que realicen el trámite respectivo con objeto de reconocer los derechos laborales y otorgamiento de la pensión correspondiente al profesor Othón Salazar Ramírez, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Puebla, abstenerse de intervenir en el proceso electoral que se realiza en dicha entidad federativa, a cargo del diputado Juan Hugo de la Rosa García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno del estado de Guerrero a destinar recursos para garantizar plazas a los egresados de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, municipio de Tixtla de Guerrero, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, con relación al proceso electoral del próximo once de noviembre de 2007 en el estado de Tlaxcala y la necesaria creación de una Comisión Especial que investigue el posible desvío de recursos públicos por parte del Gobierno de dicha entidad y del gobierno federal con fines político-electorales, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo, relativo a la conciliación de la vida laboral y familiar en México, a cargo de la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a dar prioridad, en el destino de los recursos excedentes por concepto de gasolina, a los municipios más rezagados de sus estados, suscrito por los diputados César Duarte Jáquez e Ismael Ordaz Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la SCT y la SE, a implantar políticas públicas urgentes que permitan modernizar y hacer competitiva la industria aeronáutica nacional, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF para que los órganos que conforman dicha institución se abstengan de tomar fotografías e impresiones de huellas dactilares de probables responsables que estén sujetos a investigación por su presunta participación en un hecho ilícito, a cargo del diputado Jesús Arredondo Velázquez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta Soberanía reconoce al ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola, como iniciador de la conmemoración del Día de la Bandera, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Veracruz y de Oaxaca para que, en coordinación con el gobierno federal, desarrollen mecanismos que permitan la existencia de un canal seco en el istmo de Tehuantepec, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a aceptar y cumplimentar la recomendación 17/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofetel a solucionar el problema de cobros indebidos por servicios de números 01900, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a informar a esta Soberanía sobre la situación que guardan los braceros migrantes del estado de Aguascalientes, a cargo de la diputada Alma Hilda Medina Macías , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte a integrar una subcomisión para la vigilancia y seguimiento de la construcción de instalaciones que se utilizarán en los XVI Juegos Panamericanos 2011, suscrito por los diputados Omar Antonio Borboa Becerra , Gustavo Macías Zambrano y Miguel Ángel Monraz Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex y Organismos Subsidiarios a ampliar los donativos y donaciones a estados donde no existe infraestructura petrolera, así como mejorar los esquemas de rendición de cuentas de los mismos, a cargo del diputado Juan Victoria Alva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones ordinarias de esta soberanía a incluir la perspectiva de género en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para fortalecer las finanzas y elevar la competitividad de la Universidad de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se aumenten los recursos al Fonaes, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados y a la ALDF emitan un marco jurídico que regule el establecimiento y funcionamiento de las llamadas ``casas de empeño'', a la SHCP para que controle, supervise y vigile dichos establecimientos, así como al Ejecutivo federal para que publique a la brevedad la NOM-179-SCFI-2006, a cargo del diputado Ricardo Franco Cázares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se destinen recursos al estado de Nuevo León dentro del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, a cargo del diputado Ramón Salas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el se solicita la asignación de los recursos necesarios para la instrumentación de las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para incrementar los recursos destinados al estado de Campeche, a cargo del diputado Víctor Manuel Méndez Lanz , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a acordar la creación de la Agencia del Ministerio Público Federal Especializada para la Atención de Personas con Discapacidad, en dicha Institución, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la preservación del patrimonio arquitectónico y cultural del municipio de Mazapil, estado de Zacatecas, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, al Banco de México, a la CNBV, a la CNSF y a la Condusef a promover la cultura financiera, a cargo del diputado Jaime Verdín Saldaña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las dependencias gubernamentales a promover la paridad de género en la administración pública federal, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se asignen recursos a los municipios de la Sierra Norte del estado de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a elaborar un estudio técnico sobre la metodología con la que se establecen las tarifas eléctricas, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a destinar los recursos necesarios para dar atención y cumplimiento a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a fin de garantizar la seguridad pública de la población del municipio de Coyotepec, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen recursos para instalar sistemas de potabilización y sanitarios secos en las comunidades de extrema pobreza del estado de Nuevo León, a cargo del diputado Ramón Salas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen recursos para el Centro Metropolitano para la Atención Integral de la Seguridad en el estado de Nuevo León, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen mayores recursos a la Universidad de Guadalajara, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sedesol ponga en práctica el Programa de Atención a los Adultos Mayores de Setenta Años y Más, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen recursos para proyectos estratégicos para el desarrollo agropecuario forestal del estado de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se asignen recursos para proyectos estratégicos de inversión para el estado de Durango, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se aumenten recursos destinados al Ramo 33 a diversos municipios del estado de Jalisco, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se consideren recursos para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla y la cuarta zona metropolitana, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se asignen recursos para el saneamiento y desarrollo integral de la Cuenca de Necaxa, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen recursos para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria de primero y segundo nivel en el estado de Nuevo León, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la SEP a atender la problemática que se presenta en la Universidad Autónoma de Sinaloa, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a liberar recursos del Fonden para atender la situación que afrontan los habitantes del estado de Jalisco, por el paso de la tormenta Henriette, a cargo del diputado José Nicolás Morales Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a detener el atropello que están sufriendo ejidatarios de San Lucas Xoloc, municipio de Tecamac, estado de México, a cargo del diputado Ricardo Franco Cázares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se consideren recursos para diversas obras carreteras, así como para infraestructura en diversos municipios del estado de Jalisco, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a ejecutar lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la Declaratoria de Desastre Natural, a diversas comunidades en el estado de Chiapas, por los daños ocasionados por las intensas lluvias y, conforme a las Reglas de Operación del Fonden, se autoricen los recursos necesarios para atender las contingencias originadas, a cargo del diputado Anuario Herrera Solís, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Segob para que a través de los sistemas de protección civil locales impartan cursos de capacitación relativos a desastres naturales en las escuelas localizadas en las zonas más vulnerables, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob para que a través del Instituto Nacional de Migración refuerce e intensifique la supervisión del programa Paisano, suscrito por los diputados Armando Jesús Félix Holguín y David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la agroindustria de la caña de azúcar y al TLCAN, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes otorgue apoyos para la construcción de carriles reductores de velocidad en la carretera internacional que accede a la población de Benjamín Hill, Sonora, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen recursos para el fortalecimiento de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT, y a la SFP a informar sobre la situación jurídica, administrativa, financiera y técnica del proceso de venta de Aeroméxico, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos y al del municipio de Jiutepec a continuar con la construcción y reparación del muro del Texcal en dicha entidad, a cargo del diputado Demetrio Román Isidoro , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conago a revisar la situación del sector pesquero nacional, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conapesca un informe detallado respecto de las regulaciones expedidas para implementar el programa de protección de la vaquita en el área de refugio, a cargo de la diputada Susana Mendoza Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la SEP a destinar los recursos necesarios para la adquisición del predio y la construcción donde opera el jardín de niños Toltecáyotl, ubicado en la delegación Azcapotzalco, Distrito Federal, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen recursos para promover la infraestructura carretera del estado de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo General del IFE a valorar la eficacia y pertinencia de los 28 distritos electorales indígenas y, en su caso, de considerarlo pertinente, llevar a cabo un nuevo ejercicio de distritación para dar una mayor cobertura a la participación política activa indígena, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen recursos para la construcción y equipamiento del centro de investigación y desarrollo en ciencias de la salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a revisar el estado que guarda el contrato de dicha dependencia con la constructora Codiocsa de Xalapa, SA de CV, respecto a la conservación periódica de la carretera Atzalan-Tlapacoyan, en el estado de Veracruz, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS para que a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos implante como tabla única los montos salariales que rigen a la zona ``A'', a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT para que a través de la Dirección General de CAPUFE otorgue la condonación del 100 por ciento al cobro de peaje en la caseta del puente de Nautla a los habitantes de ese municipio, en Veracruz, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen recursos para dar mantenimiento al hospital Doctor José Eleuterio González de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el voto a favor de México contra el bloqueo de Estados Unidos a la República de Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa implante las acciones que lleven a detener el uso de las artes de pesca no selectivas, dentro del polígono del área de refugio para la protección de la vaquita, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala a que se conduzca con imparcialidad, legalidad y transparencia en las próximas elecciones locales, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se considere una partida presupuestal para que el Canal del Congreso adquiera la tecnología requerida para transmitir en señal abierta, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se reduzca la meta de reservas del IMSS, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SRE solicite al gobierno estadounidense que detenga la construcción del muro fronterizo y atienda la resolución del juez federal que dicta el paro en la construcción del muro en Arizona por posibles daños ambientales, a cargo del diputado Javier Bolaños Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que ejerza su facultad de atracción respecto del amparo en revisión 132/2007, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al accidente en la plataforma Usumacinta, en la sonda de Campeche, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se considere la creación del Anexo 6-Bis de ``Erogaciones para atender a la población migrante'', suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, para que a través del SAT y la Agencia General de Aduanas verifiquen los inodoros importados a territorio mexicano y certifiquen que cumplen con la NOM-009-CNA-2001 y a la Conagua para que en coordinación con la SHCP revisen dicha norma oficial, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo a resolver el expediente de juicio político en contra del gobernador del estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se consideren particularidades geográficas, sociales y económicas del estado de Chihuahua, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la SRE a suspender el programa denominado Proyecto Demostrativo de Autotransporte Transfronterizo de Carga entre México y Estados Unidos, para establecer condiciones para una competencia equitativa, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la integración de un grupo de trabajo encargado de investigar la legalidad en la venta de Aeroméxico a Banamex, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen recursos para proyectos estratégicos en el desarrollo de la Ciudad de México, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Silvia Emilia Degante Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz construya una pista de canotaje en la ciudad de Tuxpan, a cargo del diputado Íñigo Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a su Órgano Interno de Control, investigue la actuación del director general de Asuntos Jurídicos de dicha secretaría, relativo al incumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes del estado de Baja California a expedir los reglamentos y ordenamientos legales para la observancia de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al IFE y al Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas a garantizar la seguridad con motivo de las próximas elecciones en esa entidad, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a apoyar a las autoridades sanitarias de Nuevo León en la instauración de programas para reforzar la lucha contra el dengue clásico y el hemorrágico, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al problema de homologación de los sueldos de los maestros en diversos municipios de Sonora, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a atender, a través del Fonden, las zonas afectadas por las lluvias en Tabasco, a cargo del diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al incidente de Pemex en la sonda de Campeche, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a comparecer ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para que informe sobre tecnología, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para dar seguimiento de manera integral al proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Yesca en Nayarit, a cargo del diputado Jaime Cervantes Rivera , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la SHCP informe sobre el destino de enteros de Pemex durante el segundo trimestre de 2007, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SER a reforzar la seguridad e investigar los atentados en el Consulado de México en Nueva York, Estados Unidos de América, a cargo del diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se eliminen las partidas de gastos y gratificaciones a funcionarios de nivel superior de la administración pública federal y a los ex presidentes, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen recursos para construir y rehabilitar los caminos rurales y alimentadores de Sinaloa, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen recursos para prolongar la canalización del arroyo Topo Chico en Apodaca, Nuevo León, suscrito por los diputados José Luis Murillo Torres y Gustavo Ramírez Villarreal , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Sagarpa a informar sobre la situación del sistema arrecifal Lobos-Tuxpan, en Veracruz, y a apoyar la creación del área de protección de flora y fauna, a cargo del diputado Íñigo Antonio Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a otorgar, mientras concluyen las obras, 50 por ciento de descuento en el peaje de la autopista Guadalajara-Tepic y a exentar a los usuarios del tramo Tepic- San Blas, suscrito por los diputados Delber Medina Rodríguez y Adrián Fernández Cabrera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Excitativas

A la Subcomisión de Examen Previo, a solicitud del diputado José Antonio Díaz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, a solicitud de los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Al Senado de la República, a solicitud de las diputadas Maricela Contreras Julián , Guadalupe Socorro Flores Salazar y Martha Tagle Martínez , de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y de Convergencia, respectivamente.

A las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia, a solicitud de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Gerardo Escaroz Soler , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública, a solicitud de diputados de los Grupos Parlamentarios de Alternativa, de Convergencia, Nueva Alianza, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México.

A las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Función Pública, a solicitud del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Gobernación y de Justicia, a solicitud del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Relativa al tema ``De la Independencia a la otra dependencia'', a cargo del diputado Jaime Verdín Saldaña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Relativa al Día Internacional de la Mujer Rural, a cargo de la diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Relativa al 197 aniversario de la Independencia de México, a cargo del diputado Carlos R. Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al 183 aniversario de la anexión voluntaria de Chiapas a México, a cargo de los diputados Martha Cecilia Díaz Gordillo y Martín Ramos Castellanos , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Relativa al 22 aniversario luctuoso de las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 1985, a cargo del diputado José de Jesús Solano Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Relativa al Día Internacional de la Paz, a cargo del diputado Alejandro Landero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Relativa al natalicio de José María Morelos y Pavón, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al Día Mundial de las Mujeres Rurales, a cargo de la diputada Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativa al centenario del fallecimiento de Juan García Corona ``Héroe de Nacozari'', y al Día del Ferrocarrilero, a cargo del diputado Gustavo Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes treinta de octubre de dos mil siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 330 diputadas y diputados, a las 11 horas con 27 minutos del martes 30 de octubre de 2007, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Se reciben sendos oficios de los congresos de los estados de Baja California Sur, Hidalgo, Nuevo León, Baja California, Morelos y Yucatán, por los que informan la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se tienen por recibidos y se instruye su integración en el expediente.

La Mesa Directiva comunica la recepción de cuatro dictámenes en sentido negativo de proposiciones con punto de acuerdo de las comisiones de: Economía, Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Salud. Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social remite su informe correspondiente al segundo trimestre de dos mil siete. Se remite a las comisiones de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

La Junta de Coordinación Política comunica los siguientes cambios:

En votación económica, la asamblea aprueba los cambios.

De enterado.

De enterado.

De enterado.

La Junta de Coordinación Política remite acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el ataque a la sede consular de México en Nueva York y el uso de cualquier forma violenta de expresión que atente contra la vida de las personas o que vulnere la convivencia entre México y Estados Unidos. Para su presentación, se le concede la palabra al diputado Alejandro Chanona Burguete , de Convergencia. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

La Secretaría de Gobernación remite tres contestaciones al mismo número de puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite:

a) Minutas con proyecto de decreto:

b) Dos proposiciones con puntos de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

c) Dos acuerdos relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

d) Minuta con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la medalla de honor, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Congreso de la República de Perú. Se turna a la Comisión de Gobernación.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura de los dictámenes de las comisiones de:

Quedan de primera lectura.

La Secretaría da lectura a una solicitud de la Junta de Coordinación Política, para que en el orden del día se incorpore en el primer turno posible el punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal declare zona de desastre a Tabasco, por los graves daños causados a sus municipios por las intensas lluvias y se les destinen los recursos del Fondo Nacional de Desastres, suscrito por diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática de Tabasco.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En votación económica se autoriza su inclusión. Desde su curul, la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago , del Partido de la Revolución Democrática, realiza comentarios en relación al punto de acuerdo y la Presidencia hace las aclaraciones. En votación económica, la asamblea aprueba el punto de acuerdo.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que expide la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. Se le otorga el uso de la palabra a nombre de la comisión al diputado Héctor Padilla Gutiérrez , del Partido Revolucionario Institucional, quien propone modificaciones al artículo 11, fracción VIII, que en su momento se admiten para su discusión en votación económica. Desde su curul, el diputado Jesús Sesma Suárez , del Partido Verde Ecologista de México, hace comentarios en relación a la posición de su grupo parlamentario respecto al dictamen. Se les otorga la palabra para fijar la posición de su respectivo grupo parlamentario a los diputados: Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , de Alternativa; Jesús Sesma Suárez , del Partido Verde Ecologista de México; Daniel Pérez Valdés , del Partido Revolucionario Institucional y Cuauhtémoc Velasco Oliva , de Convergencia.

La Presidencia da la bienvenida a invitados del distrito 27 del Instituto Federal Electoral.

A las 12 horas con 43 minutos, se registra una asistencia de 443 diputadas y diputados.

Continúan los diputados: Celso David Pulido Santiago , del Partido de la Revolución Democrática y Francisco Domínguez Servién , del Partido Acción Nacional. Intervienen en pro los diputados: César Horacio Duarte Jáquez , del Partido Revolucionario Institucional; Susana Monreal Ávila , del Partido de la Revolución Democrática; Gerardo Antonio Escaroz Soler , del Partido Acción Nacional; Héctor Narcia Álvarez , del Partido de la Revolución Democrática; Armando Jesús Félix Holguín y Agustín Mollinedo Hernández , ambos del Partido Acción Nacional. La Presidenta informa las reservas de los artículos: uno, dos, 25 y 11, fracción VIII. En votación económica, se considera suficientemente discutido con la modificación aceptada. Con un resultado de 354 votos en pro, 37 en contra y 10 abstenciones, se aprueban en lo general y en lo particular los artículos no impugnados con la modificación aceptada por la asamblea. Se les concede el uso de la palabra a los diputados: Carlos Ernesto Navarro López , del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al artículo 1o. y retira su propuesta de modificación; Jesús Sesma Suárez , del Partido Verde Ecologista de México, para hablar sobre los artículos 1o.; 2o. y 25, que propone modificaciones que en votación económica se desechan. Con un resultado de 351 votos en pro; 22 en contra y cinco abstenciones, se aprueban los artículos 1o.; 2o., fracciones II y IX; 25, fracción IV, en los términos del dictamen y 11, fracción octava, con la modificación aceptada. La Presidenta declara aprobado el proyecto de decreto que expide la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de la Función Pública, que reforma el artículo ocho y deroga el inciso a) del artículo cinco de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Se le otorga el uso de la tribuna al diputado José Guillermo Velásquez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión. Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Alberto Amador Leal , del Partido Revolucionario Institucional y René Lezama Aradillas , del Partido Acción Nacional. En votación económica, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido. Con un resultado de 332 votos en pro, cinco en contra y cinco abstenciones, se aprueba el proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. y deroga el inciso a) del artículo 5o. de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La Presidencia da la bienvenida a una delegación de presidentes municipales del estado de México y a diputados del Congreso local.

La asamblea dispensa la lectura en votación económica a los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación que conceden permisos a los ciudadanos:

Con un resultado de 337 en pro; ninguno en contra y 13 abstenciones, se aprueban los proyectos de decreto que conceden permisos a diversos ciudadanos para aceptar y usar condecoraciones que les confieren diversos gobiernos extranjeros y para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas. Pasan al Senado de la República y al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Desde su curul, el diputado Gerardo Buganza Salmeron, del Partido Acción Nacional, solicita la dispensa de la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Relaciones Exteriores, que concede autorización al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional del 6 al 10 de noviembre de 2007, a efecto de que participe en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, por celebrarse en Santiago de Chile, y de que realice visitas oficiales a Panamá, Colombia y Perú. La Presidencia concede tal petición y en votación económica, la asamblea acepta la dispensa de segunda lectura y de la misma manera lo considera suficientemente discutido. Con un resultado de 244 votos en pro; 13 en contra y 69 abstenciones, se aprueba el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

En votación económica, la asamblea autoriza la sola lectura de los dictámenes con puntos de acuerdo de las comisiones de:

a) Gobernación:

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

Holly Matus Toledo , del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En votación económica, la asamblea no lo aprueba y se desecha.

A las 16 horas con 40, se registra una asistencia de 313 diputadas y diputados.

Desde sus respectivas curules intervienen los diputados: María del Pilar Ortega Martínez , del Partido Acción Nacional, quien reitera la posición de su grupo parlamentario en relación con los puntos de acuerdo antes aprobados; Alejandro Enrique Delgado Oscoy , del Partido Acción Nacional; Holly Matus Toledo , del Partido de la Revolución Democrática y Javier Hernández Manzanares , del Partido de la Revolución Democrática, quienes hacen comentarios y aclaraciones en relación con los puntos de acuerdo antes mencionados.

b) Relaciones Exteriores:

En votación económica, la asamblea los aprueba en conjunto. Comuníquense.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

De diversos grupos parlamentarios, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine los recursos necesarios para dotar de infraestructura médica, medicamentos y recursos económicos a la clínica número 71 de Torreón, Coahuila. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se consideren recursos para el mantenimiento, servicios, materiales de trabajo, papelería y equipamiento de las escuelas públicas. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se reciben del Senado de la República, dos puntos de acuerdo en relación con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Presidenta clausura la sesión a las 17 horas con dos minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 31 de octubre de 2007 a las 11 horas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2008

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que establece las reglas sobre el debate, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008

Con fundamento en el artículo 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Acuerdo parlamentario que establece las reglas sobre el debate, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

Considerando

Por lo anterior y en cumplimiento de lo ordenado en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 39 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y vigésimo segundo del acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación de la Cámara de Diputados, del 26 de septiembre de 2006, se expiden las siguientes

Reglas para el debate, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008

Primera. Es objeto único del presente acuerdo determinar la forma y términos en que se discutirá, votará y aprobará, en el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

Segunda. Tanto el dictamen como el voto particular, si lo hubiere, publicados en cualquier momento, se consideran de urgente resolución y tendrán dispensa de trámites en cuanto a sus lecturas.

Tercera. La discusión en lo general se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

Cuarta. La discusión en lo particular se llevara a cabo de la siguiente manera:

Quinta. Se autoriza a la Mesa Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, de conformidad con los artículos 139 y 140 del Reglamento para el Gobierno Interior, realice las adecuaciones de cálculo y los ajustes de cifras y cantidades que resultaren, en plena correspondencia con las mo-dificaciones o adiciones aprobadas por la asamblea.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: En votación económica se pregunta a los diputados y a las diputadas si se aprueba este documento. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la...

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputado. Sí, diputado Javier González Garza.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Muchísimas gracias, compañera Presidenta. Creo que nadie va a tener ninguna dificultad en votarlo, pero apenas se va a repartir el documento. Esperemos un momentito a que se reparta el documento y lo votamos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ya se está votando, compañeros. Vamos a darle la atención al compañero Javier González; sin embargo, recordemos que en la Junta de Coordinación Política... es el mismo documento del año pasado y del antepasado. No se le movió ni un punto ni una coma, y habían acordado que se votaba. Es realmente de trámite para cómo se van a llevar a cabo las discusiones del Presupuesto.

Realmente no le vemos mayor problema. Si hubiera alguna observación de este trámite nos pueden hacer llegar las observaciones, y en todo caso sometemos a votación si hay algún cambio. Es realmente para el mecanismo de trabajo de las Comisiones de Hacienda, y de Presupuesto.

Sí, diputado Javier González Garza .

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Tiene usted razón, compañera. Lo que tengo en este momento es unas cuantas diputadas y unos cuantos diputados que lo quisieran tener, leer. Nada más. No creo que vaya a pasar nada. Quiero decir, se va a aprobar, se va a votar. Pero cómo usted quiera, vaya.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí. No, diputado no es como yo quiera, es que lo leímos. Acabamos de leer el documento aquí en público. Ése es el único detalle. Vamos a dejar que los diputados que no lo han leído, que llegaron tarde aquí a la plenaria, aunque ya tomaron asistencia porque sí hay quórum y ya habíamos instalado, lo puedan leer y vamos a pasar para que en una media hora se pueda terminar la votación.

Diputado Secretario, por favor. Continúe la Secretaría, por favor.

ESTADO DE OAXACA

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «De la Junta de Coordinación Política, por el que el Pleno de la Cámara de Diputados solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplíe el término del ejercicio de la facultad de investigación contenida en el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenada por dicho tribunal en el 1/2007, con objeto de que se investiguen los hechos suscitados de mayo de 2006 a octubre de 2007 en el estado de Oaxaca que constituyen graves violaciones de las garantías individuales

Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de diputados.--- Presente

La Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral 1, incisos a) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Por lo antes expuesto, esta Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación amplíe el término del ejercicio de la facultad de investigación contenida en el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenada por dicho tribunal en el 1/2007, con el objeto de que se investiguen los hechos suscitados desde mayo de 2006 a octubre de 2007 en el estado de Oaxaca, que constituyen graves violaciones a las garantías individuales.

Segundo. Aprobado el presente acuerdo por el Pleno de la Cámara de Diputados, publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, nada más quiero ver si el diputado va a tomar la palabra. Están hablando con él. Ya terminamos de leer el punto, es el momento en que usted nos diga si va a tomar la palabra a este respecto, porque si no, lo vamos a someter a votación.

¿Va a pasar a participar? El diputado Alberto Esteva va a pasar a tomar la palabra sobre este asunto. ¿Alguien más se va a anotar para participar en este punto? Nos pasan a dar su nombre, por favor porque nos hacían el reclamo de que no se podía tomar la palabra en los puntos.

Se ha dado la palabra cuando lo piden, si alguien va a tomar la palabra también sobre este asunto, nos pasan a dar su nombre, por favor.

Hace menos de 48 horas ejecutaron a un servidor público del gobierno federal, del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, en la agencia municipal de Dolores y tan sólo esta semana ha habido secuestros o levantones de empresarios que han propiciado que el día de ayer el gobierno del estado se reuniera con las distintas presidencias de las Cámaras en el estado de Oaxaca, para garantizar que debe atenderse el tema de la inseguridad que priva en el estado de Oaxaca.

Pero esto no sería posible si se hubiera atendido con prontitud la demanda de impartición de justicia. En Oaxaca lo que se vive es un estado de impunidad. Lo vimos en la administración pasada con el asunto del autoatentado, que es la séptima ocasión que aquí se menciona en la tribuna, nunca hubo la aplicación de justicia.

Hoy lo vemos con el tema del movimiento social. Se ha ampliado el tema para solicitar que el plazo de investigación o el lapso de investigación se amplíe hasta octubre de este año. Esto es procedente toda vez que justamente en Oaxaca en este momento la violencia, la inseguridad provocada por los propios servidores públicos que están organizados en una camarilla de delincuentes, esto ha provocado esta incertidumbre en el estado de Oaxaca.

Y por eso celebramos esta posición de la Junta de Coordinación Política y desde luego que apoyamos esta posición para ampliar el plazo de las investigaciones porque solamente así puede llegar la tranquilidad a Oaxaca en el momento que se termine la impunidad, el abuso y el saqueo. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Alberto Esteva Salinas. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD.

Estamos exactamente a un año de que aproximadamente 20 personas fueron asesinadas en Oaxaca y a un año todavía no se lleva a juicio a los culpables. No hay culpables de 20 muertos en Oaxaca.

Al contrario, Ulises Ruiz sigue campante, sigue dizque gobernado al estado de Oaxaca, gastándose el dinero en campañas electorales, gastándose dinero público en fiestas y en demás cosas y el pueblo de Oaxaca vive en la pobreza y en la marginación. Por eso celebramos hoy este punto de acuerdo. En el PRD estamos porque haya justicia para los muertos en Oaxaca, en que haya justicia para las familias que han perdido su patrimonio; negocios y empresas perdieron su patrimonio y nadie hace nada por ellos.

Por esa razón la fracción del PRD apoya y estará al pendiente de estas investigaciones. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Carlos Altamirano Toledo. Continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Antes de someterlo a votación queremos hacer la precisión siguiente: el diputado Emilio Gamboa Patrón no firmó este acuerdo. La diputada Gloria Lavara Mejía y el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , tampoco.

En votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputado que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dip. Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de Comercio Exterior en el mes de septiembre de 2007, únicamente dio destino, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 157 de la Ley Aduanera vigente, a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro, animales vivos y aquella ubicada en los supuestos establecidos en el artículo referido; bienes que no siendo transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de conformidad con la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, las autoridades aduaneras del SAT reportaron que en el mes citado dieron destino de los cuales se anexa relación para su referencia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.

ESTADO DE TLAXCALA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G,P.L. 60-II-3-809 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Jacinto Gómez Pasillas , Presidenta y Secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número DGA-436/07 suscrito por el licenciado Carlos Rodríguez Combeller, director general adjunto de la Comisión Nacional Forestal, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo,

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente

Me refiero a su oficio número SEL/300/3702/07, mediante el cual informa del punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su sesión celebrada el 12 de agosto de los corrientes, relacionado con el exhorto a distintas dependencias del gobierno federal, a fin de que se tomen las medidas necesarias para que el estado de Tlaxcala pueda acceder a los programas, proyectos, planes de desarrollo y asignaciones de recursos, a los que acceden los estados de la región sur-sureste de nuestro país.

Al respecto y en seguimiento a las indicaciones del director general, le informo a usted que particularmente el programa Pro Árbol que opera la Comisión Nacional Forestal a nivel nacional en cada una de las 32 entidades federativas del país, se ejecuta sin ninguna distinción en cada una de las 5 mesoregiones para el desarrollo regional referidas en el documento que respalda el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y reiterarme como siempre.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-2-910, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Esmeralda Cárdenas Sánchez , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 367/2007, suscrito por el licenciado Florencio Salazar Adame, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

En atención a su oficio número SEL/300/3659/07, de fecha 12 de septiembre de 2007, relativo al punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 11 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito informar a usted que el gobierno de México mantiene el compromiso continuo por la promoción del respeto de los derechos humanos de todos los migrantes, en especial los de las personas más vulnerables, como es el caso de los niños migrantes.

Prueba de ello es el hecho de que nuestro país considera tanto mecanismos de atención a los niños migrantes que son repatriados por Estados Unidos como esquemas similares para garantizar la salvaguarda de los niños extranjeros que son repatriados por México a sus países de procedencia.

Anexa al presente documento encontrará la información relacionada con estos rubros.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretaría de Gobernación Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos

Atención a niños, niñas y adolescentes migrantes Septiembre de 2007

Repatriación de menores mexicanos desde Estados Unidos

Estadísticas de eventos de repatriación de menores migrantes mexicanos según sexo y grupos de edad.

Programa Interinstitucional para la Atención de Menores Fronterizos

En el caso de las niñas, los niños y los adolescentes migrantes mexicanos, el Instituto Nacional de Migración mantiene estrecha colaboración con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia (SNDIF) y, a través del Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos (PIAMF), que opera desde 1996, ha logrado consolidar una red de 19 albergues de tránsito a lo largo de la frontera norte, en la que participan los tres niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

El propósito del PIAMF es atender de manera integral la problemática de riesgo que enfrentan los menores en condiciones de vulnerabilidad radicados en las franjas fronterizas del país.

El PIAMF es el resultado de los acuerdos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el SNDIF y la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), con objeto de otorgar a los menores repatriados por autoridades estadounidenses la atención y el respeto de sus derechos humanos, desde el momento de su aseguramiento hasta su integración al núcleo familiar o comunidad de origen.

Como parte de los compromisos asumidos por el INM, se recopila la información sobre el número de repatriados por rango de edad y sexo. Asimismo, las cifras que reporta el INM sobre niñas, niños y adolescentes repatriados en sus estadísticas incluyen a todos los menores que viajan solos o acompañados, de circuito, transfronterizos, menores que rechazan la ayuda y los que son canalizados para su atención a la red de albergues de tránsito.

Arreglos locales para la repatriación de nacionales mexicanos desde Estados Unidos de América

El 27 de junio de 2006 se firmaron los arreglos locales para la repatriación de nacionales mexicanos desde Estados Unidos de América (Chicago y Laredo). En el texto de los arreglos modelo ha quedado establecido que las autoridades estadounidenses deberán repatriar a las personas pertenecientes a grupos vulnerables, en un horario diurno para garantizar su seguridad y antes de una hora determinada que, en cada caso, se fijará por las autoridades locales.

Actualmente, hay seis arreglos de repatriación locales, en los que se establecen los lugares y horarios específicos para realizar las repatriaciones de mujeres solas, embarazadas, adultos mayores y menores de edad:

Además, para 2007 se renovarán los arreglos de repatriación local de Baja California y Sonora, y en 2008 se revisarán y renovarán los arreglos restantes.

Repatriación de menores extranjeros desde México

Estadísticas sobre eventos de repatriación de menores extranjeros según nacionalidad y grupos de edad y sexo

Estadísticas sobre entrega de oficios de salida a menores extranjeros según nacionalidad, grupo de edad y sexo

Instrumentos internacionales firmados para la repatriación de niñas, niños y adolescentes extranjeros

Del mismo modo, y teniendo en mente que la situación vulnerable de los niños, las niñas y los adolescentes que son repatriados a su país de origen no es exclusiva del caso mexicano, la Secretaría de Gobernación ha firmado diversos instrumentos con los países centroamericanos para proteger la repatriación de sus connacionales. Entre estos acuerdos destacan los siguientes:

La repatriación de todas las niñas, los niños y los adolescentes se hace con intervención de las representaciones consulares correspondientes, que son los responsables directos de avalar la nacionalidad de los menores y, en el caso de los que viajan solos, efectuar la entrega a los familiares.

Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados y Mujeres Migrantes

Con la perspectiva de incrementar la atención a esta población vulnerable, la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos instaló el 30 de marzo del presente la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados y Mujeres Migrantes, que tiene como objetivo primordial diseñar acciones concretas para atender la situación. En la mesa participan instituciones de la talla de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, además de varias dependencias públicas, que suman esfuerzos en este sentido. Cabe señalar que el INM está a cargo de la secretaría técnica de la mesa.

La primera sesión de la mesa se realizó el viernes 30 de marzo del año en curso. En dicha sesión, el Unicef y la OIM presentaron un diagnóstico sobre la situación de las niñas, los niños y los adolescentes en las fronteras sur y norte, y se acordó generar reuniones de este tipo bimensualmente.

A partir de su instalación, la mesa se ha reunido en tres ocasiones ordinarias y ha llevado a cabo dos sesiones extraordinarias. Entre los proyectos que se trabajan en la mesa relacionados con los menores migrantes se encuentra la creación de un sistema único de información interinstitucional, una campaña de sensibilización para prevenir la migración y difundir los derechos de los niños migrantes, y el desarrollo de un modelo de atención para los menores migrantes no acompañados que son detectados por el INM.

Convenio de colaboración INM-IDH-Comar

Aunado a lo anterior, y producto de la experiencia exitosa de los albergues de tránsito establecidos en los estados de la frontera norte, el INM firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Desarrollo Humano del Gobierno de Chiapas (IDH) y con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) el pasado 12 de julio para llevar a cabo acciones conjuntas en beneficio de las niñas, los niños y los adolescentes migrantes extranjeros que se encuentran en la zona fronteriza de Chiapas. Los objetivos del convenio incluyen brindar alberque temporal a la niñez migrante extranjera que ingresa en territorio nacional sin compañía de sus familiares. Además, la Comar participará con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos que les confieren las leyes mexicanas y otros ordenamientos internacionales y multilaterales.

El convenio prevé también la ejecución de campañas para prevenir y atender las necesidades de los niños migrantes, la defensa de sus derechos y la atención de la problemática asociada con este fenómeno, como la explotación sexual comercial infantil. Durante su estancia en el IDH, los niños migrantes tendrán acceso a atención médica, psicológica y jurídica.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ESTADO DE TLAXCALA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-809 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Jacinto Gómez Pasillas , Presidenta y Secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 3.-908 suscrito por el ingeniero Óscar de Buen Richkarday, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/3701/07 de fecha 13 de septiembre del presente año, mediante el cual envía el texto del punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a diferentes dependencias del gobierno federal, entre ellas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que se apliquen las medidas necesarias para que Tlaxcala pueda acceder a los mismos programas, proyectos, planes de desarrollo y asignaciones de recursos que los estados de la región sur-sureste.

Al respecto, me permito informar a usted que en materia de infraestructura carretera, SCT ha invertido en los últimos años recursos presupuestales para la modernización de la carretera Los Reyes-Zacatepec, que atraviesa el estado de Tlaxcala, y que lo comunica por el poniente con la zona metropolitana de la Ciudad de México y por el oriente con el Golfo de México y la región sur-sureste. En esta carretera, en 2005 se terminó la modernización del tramo Apizaco-Cuapiaxtla, de 25 kilómetros de longitud, se inició la modernización del tramo Calpulalpan-Apizaco, de 58 kilómetros de longitud, para el que se tiene una asignación de recursos presupuestales en el presente año de 140 millones de pesos. Asimismo, con cargo al presupuesto de 2007, se tiene una asignación de más de 100 millones de pesos para otras obras de infraestructura carretera en el estado, entre las que destaca la modernización del tramo carretero Apizaco-Tlaxco, para mejorar la conexión hacia la autopista México-Tuxpan.

Adicionalmente, con recursos extrapresupuestales se construye el libramiento norte de la Ciudad de México con una longitud total de 222 kilómetros, de los cuales 44 kilómetros se encuentran dentro del estado de Tlaxcala. Esta obra ofrecerá una comunicación directa hacia el centro-occidente y norte del país. Otro proyecto que se encuentra en proceso de construcción con recursos extrapresupuestales es la autopista Amozoc-Perote, de 105 kilómetros de longitud, de los cuales 32 kilómetros se ubican en Tlaxcala. Esta obra dará acceso hacia el Golfo de México pasando por Jalapa y hacia el sur-sureste a través de la autopista Puebla-Veracruz.

Por otro lado, SCT trabaja en la preparación de los elementos necesarios para iniciar la licitación de la construcción del libramiento de Tlaxcala y de la autopista Xoxtla-Tlaxcala, con objeto de mejorar la comunicación en la zona conurbada de la capital del estado con la ciudad de Puebla.

Con estas acciones, el estado de Tlaxcala contará en los próximos años con infraestructura carretera moderna y con la cobertura suficiente para proyectarse como un punto estratégico para el movimiento de personas y mercancías entre la región sursureste y las regiones centro-país, centro-occidente y norte del país, por lo que independientemente al punto de acuerdo sometido a la consideración de la Cámara de Diputados, la secretaría ya tiene en marcha múltiples acciones para mejorar las comunicaciones de y hacia el estado de Tlaxcala.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

PROGRAMA DIPUTADA AMIGA - DIPUTADO AMIGO

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-607, signado por los diputados Jorge Zermeño Infante y Jacinto Gómez Pasillas , Presidente y Secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número SACN/300/340/2007, suscrito por la licenciada Elizabeth Yáñez Robles, subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención al oficio SEL/300/1830/07 de fecha 27 de abril de 2007, mediante el cual remite el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 26 del mismo mes y año en el que se realizan diversos exhortos a esta Secretaría de estado me permito manifestar lo siguiente:

En referencia al punto tercero del acuerdo en comento, el programa Paisano representa el esfuerzo que el Gobierno de la República encabeza y promueve, para garantizar el cumplimiento de los derechos de los mexicanos residentes en el extranjero, que regresan temporalmente a nuestro país. Es preventivo y de orientación, se provee de información suficiente y oportuna a los connacionales, porque si conocen mejor los derechos y obligaciones que fija la ley para su ingreso, tránsito y salida del país, estarán menos expuestos a actos de corrupción o extorsión. Su operación es permanente desde 2001 y participan 20 dependencias y entidades de la administración pública federal.

La Secretaría de la Función Pública coadyuva de manera directa y sustancial con la Coordinación del Programa Paisano, mediante diversas acciones tendientes a brindar el mejor de los servicios a los paisanos y turistas que arriben por los diversos puntos de internación al país, esto a través de las 8 supervisorías regionales, que cuentan con 93 servidores públicos, y se ubican en los siguientes puntos:

A través de dichas oficinas se trabaja de manera conjunta en la facilitación de trámites y servicios en el cruce de los paisanos, tal y como lo es en los centros integrales de servicios en los módulos de importación temporal de vehículos para el otorgamiento del permiso correspondiente, en donde los supervisores regionales, en las temporadas de gran afluencia, durante las 24 horas realizan actividades de coordinación y verificación de autoridades federales, permitiendo reducir los tiempos de atención hasta un promedio de 23 minutos, cuando antes los paisanos tardaban entre 6 y 8 horas en realizarlo.

Asimismo, de manera permanentemente, el personal que se encuentra en las supervisorías regionales es comisionado a los principales puntos de internación, tales como garitas, aeropuertos, puentes internacionales y terminales de autobuses; por lo que en temporadas de gran flujo, la Dirección General de Atención Ciudadana coordina a los Órganos Internos de Control de las diversas dependencias que convergen en estos puntos para que comisionen personal de sus oficinas centrales y auxilien en las labores de atención, servicio y fiscalización.

Ahora bien, respecto al punto cuarto, la Dirección General de Atención Ciudadana, mediante la Coordinación de Supervisorías Regionales, ha implementado acciones para concretar el proyecto de convocatoria de prestadores del servicio social en las supervisorías regionales, éste se ha hecho extensivo a las universidades locales que se encuentran mas próximas a los locales de estas representaciones.

En relación al punto sexto del acuerdo que nos ocupa, le manifiesto que en el ejercicio de 2006 fueron captadas 32 quejas y denuncias en las 8 supervisorías regionales, derivadas del programa Paisano. El detalle de éstas se encuentra en el siguiente cuadro:

De lo anterior, se desprende que la dependencia con mayor número de quejas y denuncias fue el Instituto Nacional de Migración, con 13 expedientes, y la principal actividad denunciada fue la extorsión, con 18 expedientes.

El estado procesal en el que se encuentran los expedientes en los órganos internos de control correspondientes, son los siguientes:

En comparación, en el periodo Paisano 2004, 2005 y 2006, la captación de quejas y denuncias se ha reducido en casi 50 por ciento consecutivamente.

Asimismo, me permito anexar al presente el disco compacto que contiene los resultados del programa Paisano correspondientes al periodo 2006, en el cual se encuentran detalladas las actividades realizadas y los logros de manera anual.

Por lo que respecta al punto quinto, en el cuerpo del presente oficio han sido detalladas que las acciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública son tendientes al auxilio de las diversas dependencias que convergen en los puntos de internación, para hacer eficiente, cordial y amable el paso de los paisanos y su trato con las autoridades federales.

Cabe hacer mención de que mediante acuerdo presidencial del 26 de abril de 2002 se creó con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para la Coordinación Operativa en los Puntos de Internación al Territorio Nacional (CICOPI), la cual es presidida por el Secretario de la Función Publica y se encuentra formada por los titulares de diversas dependencias que convergen en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales.

Mediante esta comisión se realiza la planeación, promoción y evaluación de las políticas y acciones del gobierno federal, encaminadas a la coordinación y mejora integral de los servicios públicos federales que se prestan en los puntos de entrada y salida del país.

A continuación me permito enlistar los principales logros de esta Comisión a nivel central, que debido a la complejidad que conlleva su implementación, por responder a las principales demandas sociales, por focalizarse en horarios pico y temporadas críticas, y por beneficiar transversalmente a un gran número de usuarios (paisanos, turistas, empresas, asociaciones civiles, etcétera) son establecidos como estratégicos y de alto impacto ciudadano:

En resumen, los beneficios son de mayor satisfacción al usuario por la disminución en tiempos de espera, por la facilitación en los trámites y servicios, por mayor transparencia en su prestación, por menores actos de molestia en las revisiones, por mayor comodidad y funcionalidad de las áreas de espera, por mayor información y menores contratiempos, por resolver in situ sus problemas mediante atención directa y gestión ciudadana, así como el aumento en el bienestar por lograr una mayor seguridad, orden, control y agilidad en el tránsito de personas y mercancías.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Los suscritos, senadores de la República de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad social es uno de los derechos primordiales de la sociedad mexicana, pues a través de ella que es posible asegurar, entre otras cosas, una jubilación digna a los mexicanos que se han esforzado trabajando a lo largo de su vida.

En este sentido, los sistemas de pensiones tienen como propósito que los trabajadores obtengan, al momento del retiro, recursos que les permitan alcanzar cierto nivel de consumo, por lo que es fundamental utilizar los medios necesarios para su adecuado cumplimiento, asegurando la viabilidad financiera de nuestro sistema de pensiones.

Sin embargo, es de destacar que el antiguo sistema de pensiones del IMSS no fue capaz de conceder pensiones de cuantías aceptables para mantener un nivel de vida medianamente digno. De hecho, actualmente la cuantía promedio de la pensión por vejez y cesantía alcanza poco menos de 1.5 veces el salario mínimo general del Distrito Federal.

Por ello, para que la seguridad social pudiera conceder pensiones de cuantías mayores en un sistema de contribución definida es necesario, inevitablemente, un incremento en las cuotas y contribuciones a la cuenta individual. Sin embargo, sabemos toda la problemática que circunda los sistemas de pensiones y jubilaciones que ponen en riesgo la estructura financiera de nuestro Estado.

Por esto la seguridad social del sector público no debe ser la única responsable de garantizar una protección económica que permita mantener un nivel de vida digno durante la vejez. Para ello nuestra legislación contempla ciertos esquemas, donde el sector privado establece su propio sistema de pensiones o, en su caso, aportaciones adicionales en beneficio del trabajador.

Actualmente el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone la posibilidad de hacer deducible para las personas morales las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones de personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta misma norma.

De esta manera, las empresas que ofrecen a sus trabajadores un beneficio mayor a través de su propio sistema de pensiones y primas de antigüedad, ven favorecido su resultado contable, pues el espíritu de este artículo es obsequiar un privilegio a aquéllas personas morales que buscan un retiro más provechoso para sus trabajadores.

Sin embargo, la mayoría de las veces los trabajadores no ven en su totalidad este beneficio, ya que si, por alguna causa, los trabajadores dan por terminada su relación laboral con la empresa antes de que se cumpla el plazo determinado para recibir la pensión o jubilación correspondiente, dichos recursos, a pesar de que ya forman parte de una prestación adquirida por cada trabajador, no son recibidos por éstos, a menos de que la empresa en cuestión haya realizado la administración de estos recursos a través del sistema de ahorro para el retiro, es decir, por medio de las cuentas individualizadas de la Afore de cada trabajador.

Así, en la práctica vemos constantemente que las empresas ven favorecidas sus finanzas y los trabajadores se quedan al margen de este beneficio, pues existe una laguna respecto al destino que se dará a los recursos de pensiones y jubilaciones adicionales, de aquéllos trabajadores que dan por terminada su relación laboral antes de cumplir el tiempo reglamentario para recibir su pensión correspondiente por parte de la empresa.

Es por ello que nuestro grupo parlamentario presenta esta iniciativa con la finalidad de reformar los artículos 29 y 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que sean deducibles las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, siempre y cuando se asegure que dichas aportaciones efectivamente serán en beneficio de cada trabajador y se garantice la entrega de estos recursos, aún y cuando los trabajadores den por terminada su relación laboral con la empresa en cualquier momento.

Si bien sabemos que el sistema de pensiones y jubilaciones ha representado un riesgo financiero para el sector público de nuestro país, lo es también dejar de percibir ingresos vía impuestos por la exención de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones que realizan las empresas, además del perjuicio que significa que a la larga no cumplan su cometido, que es el beneficio del trabajador.

Por otra parte, es necesario seguir trabajando en lo que se refiere a los planes privados de pensiones, pues en la actualidad no existe información disponible referente al número de trabajadores afiliados al IMSS que se encuentren protegidos por un plan privado de pensiones, así como del monto de los pasivos actuariales que pudieran derivarse de estos planes.

Finalmente, es necesario reconocer que, a diferencia de otros países, en México no ha existido un desarrollo vigoroso de los planes privados de pensiones, por lo que es usual que los trabajadores esperen que la seguridad social cubra todos sus requerimientos. En este sentido es que continuaremos trabajando con la finalidad de ofrecer a los trabajadores soluciones en el campo de su seguridad social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo Único: Se reforma la fracción VII del artículo 29; se adiciona una fracción VII y se reforma el último párrafo del artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo 29. ...

Artículo 33. ...

VII. Una vez que se hayan deducido los recursos destinados para fondo de pensiones o jubilaciones de personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad, dichos recursos deberán ser depositados en la cuenta individualizada del sistema del ahorro para el retito de cada trabajador, cuando éstos den por terminada su relación laboral por cualquier razón con la empresa.

Lo dispuesto en las fracciones II, III y VII de este artículo no será aplicable si el fondo es manejado por una administradora de fondos para el retiro y los recursos de l mismo son invertidos en una sociedad de inversión especializada de fondos para el retiro.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2008

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Vamos a pasar a la votación que suspendimos hace unos momentos respecto a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Toda vez que ya se había dado lectura al documento, pido a la Secretaría que consulte, en votación económica, si se aprueba la propuesta que se leyó en este pleno.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: En votación económica se pregunta a los diputados y a las diputadas si se aprueba el presente documento. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.

ARTICULOS 6, 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 Y 134 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proyecto de declaratoria. Proceda la Secretaría a dar cuenta de las aprobaciones de los estados respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adiciona el artículo 134; y se deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se recibieron de los Congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adiciona el artículo 134; y se deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Solicito a la Secretaría que realice el cómputo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Señora Presidenta, del cómputo se informa que se recibieron 30 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adiciona el artículo 134; y se deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la recepción de 30 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adiciona el artículo 134; y se deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados, la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria:

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República, y previa a la aprobación de la mayoría de los honorables legislaturas de los estados, declara reformados los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adicionado el artículo 134; y derogado un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Está abierto el sistema electrónico, aún pueden registrar su asistencia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia menciona y saluda a las escuela primaria Las Américas, de Naucalpan,Estado de México, y a la Universidad Privada delEstado de México, plantel Ecatepec, que se encuentran con nosotros. Sean ustedes bienvenidos a este pleno.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 404 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula. Es cuanto, Presidenta.

AEROMEXICO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, Secretaria. El siguiente punto del orden del día es el de comentarios con relación a la venta de Aeroméxico a Banamex.

Se han inscrito para participar en este tema: el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , el diputado Jacinto Gómez Pasilla, el diputado Pablo Arreola Ortega, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , el diputado Carlos Alberto Puente Salas , el diputado Jesús Ramírez Stabros , el diputado Raymundo Cárdenas Hernández y el diputado Tomás del Toro del Villar .

A este efecto tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , del Grupo Parlamentario de Alternativa.

Fue el Consejo Coordinador quién lanzó la consigna que Andrés Manuel era un peligro para México. Le pagaron el favor a José Luis Barraza González, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y el club de ricos y dueño del país...

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputado. Diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, el diputado Rodríguez Prats le quiere hacer una pregunta.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Sí, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Si usted permite que le haga una pregunta el diputado Rodríguez Prats.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Al final de mi intervención, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Al final de la intervención. Gracias. Adelante, diputado.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Le pagaron el favor a José Luis Barraza González, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y el club de ricos y dueños del país, cediéndoles Aeroméxico en menos de la mitad de lo que nos costó rescatarlo.

El gobierno ya nos pegó con el gasolinazo, está preparando la venta del petróleo y de la electricidad y ya nos dio otro golpe con nuestra mayor línea aérea. Para quienes no lo sabemos, con 70 aviones, 300 vuelos diarios, 19.3 del total de vuelos nacionales e internacionales, servicios de carga, centros de capacitación y vuelos de bajo costo, resulta que Aeroméxico es la mayor aerolínea del país, y era nuestra.

Muchos países conocen la importancia estratégica de mantener el control de su espacio aéreo, pero el gobierno, con una ligereza que da mucho qué pensar, entregó el patrimonio del pueblo de México al capital extranjero, pues como todos sabemos, Banamex no es más que una fachada.

Las leyes del IPAB y del Mercado de Valores no pueden estar por encima de la Constitución y ésta impone un deber de cuidado a los gobernantes para no despilfarrar los recursos públicos. ¿Por qué en lugar de vender la compañía por medio de la Bolsa de Valores, no se siguió el procedimiento y se subastó públicamente? ¿Por qué no se licitó mediante el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes? La venta del consorcio Aeroméxico estuvo arreglada para beneficiar al grupo patrocinado por Banamex y al gobierno le urgía concretar la operación.

Pero hay otras preguntas. ¿De dónde obtuvo recursos Banamex, si su matriz tiene serios problemas de cartera vencida en Estados Unidos? ¿Por qué se admitió la oferta de una institución que se benefició del rescate bancario?

De acuerdo con la ley, la operación debió efectuarse mediante el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, ya que el artículo decimotercero transitorio de la Ley del IPAB define que el lapso máximo de venta de los activos en poder del instituto es de cinco años. Este plazo venció en 2004. ¿Por qué vendió el IPAB? Y, ¿por qué así? Nada más falta que el precio de Aeroméxico se esté pagando con dinero de ese rescate.

Los funcionarios del gobierno del cambio se aprendieron bien la fórmula que nos aplicaron cuando se vendió Banamex y nos volvieron a hacer la misma jugada. El 18 de octubre se vendieron 586 millones 198 mil 208 títulos accionarios, lo que significó algo más de mil millones y medio de pesos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿saben cuánto se va a pagar de impuesto por esta operación? Ni un peso. Es nuestro deber, compañeras diputadas y compañeros diputados, servir como verdaderos representantes populares y ser contrapeso al saqueo y al abuso del poder del Ejecutivo.

Defendamos lo nuestro. Que se investigue el fondo de la venta de Aeroméxico. Muchas gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Va a aceptar usted la pregunta del diputado Rodríguez Prats? No acepta la pregunta, diputado Rodríguez Prats.

Tiene el uso de la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La importancia del caso reside en que, como todos sabemos, Aeroméxico es una de las compañías líderes en el mercado de la aviación mexicana, con amplia presencia internacional, por lo que no podía ni debía de ser ofertada a un precio por debajo de su valor real.

Dado lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, como promotores de la libre y sana competencia, en su momento exhortamos a las autoridades competentes a que vigilaran el procedimiento de compra-venta de esta empresa, en especial en lo que respecta a las disposiciones relativas a la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

Cabe resaltar que esta proposición fue asumida por la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara y aprobada por el pleno de la misma.

Hoy, habiéndose concretado el proceso, reconocemos que se hayan respetado las disposiciones preventivas para la creación de monopolios, así como los derechos sindicales de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, y que se haya avanzado en la transparencia del proceso a través de la información pública del mismo, aunque aún no es suficiente.

Sin embargo, reprobamos el precio final de venta. Basta decir ---y sólo para efectos de comparación--- que Gayosso, una empresa funeraria, se vendió en 67.9 millones de dólares más que Aeroméxico, la mayor aerolínea del país, que fue vendida en 249.1 millones de dólares a Banamex y el grupo de compradores privados.

Por ello, a fin de garantizar su competitividad exhortamos a que los nuevos dueños garanticen la cobertura de rutas, procurando su ampliación, y la persistencia de Aeroméxico como una compañía representativa del interés nacional. Las experiencias pasadas, como la venta de Mexicana de Aviación, han demostrado que no basta cubrir el precio de compra sino garantizar que se haga frente a la creciente competencia, las obligaciones laborales y los altos costos de combustibles, más ahora con el reciente incremento al diesel y a las gasolinas, evitando también que los adquirientes busquen posteriormente devoluciones de una parte de lo pagado.

Nueva Alianza exhorta al gobierno federal a que continúe, en el ámbito de sus atribuciones, vigilando el respeto a las condiciones laborales de los trabajadores de dicha aerolínea de las diversas organizaciones que los representan, así como garantizar la plena transparencia en futuras enajenaciones que pudieran darse por parte del gobierno federal. Agradezco su atención.

Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Gómez Pasillas. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La transacción fue realizada por la cantidad de 249 millones de dólares, siendo el grupo ganador el encabezado por el grupo financiero Banamex. Hay muchas dudas respecto del proceso de enajenación de esta empresa.

Es preciso recordar que cuando acudió a comparecer el titular del IPAB señalamos que en el proceso de venta de esta empresa se percibía que pudiera haber conductas constitutivas de tráfico de influencias y además también de corrupción, que nacen desde el momento mismo en que la Comisión Federal de Competencia aprobó la asignación para el Grupo Saba por un importe de 100 millones de pesos.

Dicha cifra a todas luces es notoriamente inferior al valor en libros de todas estas acciones y mucho menor al valor que tiene en el mercado. Las acciones tienen un valor en libros de cuatro pesos por cada una de ellas, dándonos un total de 330 millones de dólares, mientras que el Grupo Saba las iba a comprar a 1.10 pesos por acción, para dar un total de 100 millones de dólares. A simple vista había una diferencia no explicada de 230 millones de dólares.

No hay duda de que el mencionado grupo empresarial iba a obtener una ganga que despertó la codicia y la ambición de otros grupos de inversionistas, entre ellos el liderado por Banamex, que de entrada ofreció 150 millones de dólares, todavía muy por debajo del valor de libros que maneja dicha empresa.

Al final de cuentas, la oferta ganadora no cubrió el valor en los libros de acciones. Esto es, se vendió por debajo de su valor.

Como los mexicanos hemos atestiguado que el IPAB es especialista en malbaratar los activos que administra, como ocurrió con la venta que se dio de las viviendas a los hijos de Martha Sahagún, son comprensibles nuestras dudas de lo que pueda ocurrir en Aeroméxico.

El desempeño del IPAB en la recuperación de activos deja mucho que desear. Existen cifras oficiales que demuestran que del total de activos que administró el IPAB, no se recuperó ni 10 por ciento de su valor. Ello demuestra que desde el inicio de la enajenación de los activos del IPAB, la tendencia es ``la casa siempre pierde'' con cargo al patrimonio de los mexicanos. Muy al contrario de lo que sucede en los casinos.

Es necesario recordar que en esta licitación se detectan conductas sospechosas. ¿Cuáles son las que nosotros detectamos?

Uno. La enajenación se da antes de que entre en vigor la reforma que grava el IETU, la enajenación de acciones. Lo que tratan de evadir es el pago de este impuesto.

Dos. Se vende a un banco cuyos dueños son extranjeros y que, además, fueron parte de las instituciones de crédito saneadas por el IPAB. Por ese simple hecho, las reglas de esta institución prohíben vender activos a quienes han caído en el esquema de insolvencia y de saneamiento.

Tres. Nunca entregó al despacho de Mackey, auditor del Fobaproa, toda la información de autopréstamos, créditos relacionados y créditos sin garantía que sus funcionarios se auto otorgaron. La Ley de Inversión Extranjera establece una participación al capital extranjero hasta de 25 por ciento en el capital de las empresas de esto tipo, y esto no se está cumpliendo y no se está respetando en esta transacción.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está en contra de que los activos de la nación sean privatizados, máxime cuando se trata de un área altamente sensible para la seguridad nacional.

Solicitamos que la Auditoría Superior de la Federación audite el proceso de venta de Aeroméxico. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Arreola. Esta Presidencia, a nombre de las diputadas y los diputados, les da la más cordial bienvenida a los invitados especiales del Consejo Estatal de Ecología de Morelia, Michoacán; y a las alumnas y los alumnos de la Universidad Dorados de Cocoyoc, Oaxtepec, Morelos. Sean bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario Convergencia.

¿Por qué se vendió mediante oferta pública y no mediante subasta o licitación pública? ¿Por qué se vendió a Grupo Banamex, si estaba impedido por haber sido saneado con recursos públicos? ¿Por qué en un precio evidentemente muy por debajo del valor real de la aerolínea? ¿Por qué a José Luis Barraza, autor de la campaña de desprestigio en contra de Andrés Manuel López Obrador? ¿Se trata de un pago de facturas, acaso?

Lo anterior, no obstante que el consorcio Aeroméxico opera una flota de 70 aviones tipo Boeing y realiza cerca de 300 vuelos diarios; cuenta con una subsidiaria, Aerolitoral, y tiene una participación de 50 por ciento en una empresa de servicios terrestres con activos por 10 mil 713 millones de pesos ---unos 980 millones de dólares.

La venta de Aeroméxico en 249 millones de dólares es una transacción que ha despertado obviamente suspicacias ya que después de sucesivas ofertas ---la penúltima oferta se presentó poco antes de que se cerrara el plazo y que la última se hizo llegar una vez fenecido el término, según se dijo, dos minutos después---, se entrega la línea aérea en un proceso poco transparente.

La venta de Aeroméxico refleja la poca pulcritud observada en todo el proceso pues pasó de una devaluación planificada de los activos de Cintra, hasta la venta de Mexicana y Aeroméxico, que en conjunto ---según dijo aquí el subsecretario Decker---, en aquel entonces valían unos 800 millones de dólares, a principios de 2005, y terminaron siendo rematadas en 165 millones, Mexicana, y 249 Aeroméxico; esto es, en aproximadamente la mitad de su valor real.

Ello constituye un quebranto mayúsculo al erario, que confirma la falta de transparencia con que ha operado el IPAB: rematando los bienes rescatados con dinero público por medio del Fobaproa.

En conjunto sólo se ha recuperado 30 por ciento del valor de tales activos y ello no sólo ha representado una cuantiosa pérdida para las finanzas de la nación, sino también una oportunidad para la realización de negocios fáciles para los compradores.

Las sospechosas condiciones de la venta deben ser revisadas a fondo por todas las instancias, incluyendo obviamente el Congreso de la Unión.

Tenemos una clara violación a la Ley del IPAB. Independientemente del monto que ofrecieron por el consorcio Aeroméxico, tanto la familia Saba como el Grupo Banamex estaban impedidos por la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, para adquirir mediante subasta ---o cualquier otra forma--- algún activo proveniente del rescate bancario.

Baste recordar que el 12 de agosto de 1999, el IPAB dio a conocer un Programa de Enajenación de Bienes con el cual se llevarían a cabo todas las operaciones de ventas de activos que realiza ese instituto, estableciendo que no podrán constituirse como oferentes y adquirientes las personas físicas que en su carácter de accionistas de una institución que haya sido sujeta a programas de saneamiento financiero, en términos del artículo séptimo transitorio de la ley, o implementados por el instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la ley, hayan formado parte del grupo de control de dicha institución en términos de la Ley de Instituciones de Crédito.

Como aquí se ha señalado también, hay un posible pago de facturas. Llama la atención que una gente que en su momento fue José Luis Barraza, promotor de una serie de spots de radio y televisión que costaron aproximadamente 130 millones de pesos en contra de López Obrador, haya resultado premiado con esta oferta.

Otro elemento que ha motivado suspicacias es el relativo al anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informando que la venta de las acciones de Aeroméxico a Banamex y 14 empresarios quedó exenta del pago de impuestos. Ésta es la segunda ocasión en que este banco, ahora propiedad de Citigroup, elude tributar por operaciones bursátiles.

Por lo anterior, en Convergencia tenemos claro que la operación de venta de Aeroméxico a Banamex violó el marco legal del IPAB y obviamente es impugnable jurisdiccionalmente.

Representó pérdidas para las finanzas públicas; permitió un trato privilegiado a Banamex frente al universo de los contribuyentes; el costo para el Fobaproa e IPAB por saneamiento de Mexicana y Aeroméxico fue de más de 500 millones de dólares y después de casi ocho años se recuperaron sólo 350 millones de dólares; y favoreció a un grupo como posible pago de facturas por apoyos recibidos en el pasado proceso electoral.

En ese sentido, Convergencia aplaude la intervención de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ante la opacidad y el manejo discrecional de los recursos públicos, y demanda que la Auditoría Superior de la Federación haga lo propio para investigar el manejo poco claro, que desde su constitución se hizo, de los recursos de Cintra; el proceso de venta de Aeroméxico; el posible menoscabo para las finanzas públicas, y en consecuencia, la cancelación de la licitación hasta en tanto no se resuelva sobre la legalidad de la operación de venta.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Velasco Oliva. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Asimismo, debemos reconocer que la aviación comercial nacional padece un problema de estructura, así como un retraso en materia de concesiones y operación de las empresas.

En concreto, México carece de una verdadera política aeronáutica. Ante este panorama desolador debemos agregar la falta de transparencia en el ejercicio de la función pública, concretamente nos referimos al reciente proceso de venta de una empresa estratégica debido a que es la aerolínea mexicana más importante del país y la tercera de Latinoamérica.

Compañeros legisladores, el proceso de venta de Aeroméxico se ha caracterizado por una falta de seriedad y aún cuando se ha manifestado que se dio estricto cumplimiento al procedimiento establecido en las Leyes del Mercado de Valores y de Protección al Ahorro Bancario, quedan ciertas dudas que deberán ser esclarecidas por los titulares de las diversas secretarías involucradas en el proceso de venta.

Sabemos que diversos funcionarios del gobierno federal han manifestado que la venta de Aeroméxico al fideicomiso Banamex no deja lugar a dudas y que fue, incluso, hasta impecable; pero claro, qué podíamos esperar.

Primero les perdonamos el pago de los impuestos en la compraventa del banco, ahora se les dan todas las facilidades para que se queden con la línea aérea más importante de la nación. Estaremos atentos a ver qué otro favorcito se les ofrece a los señores de Banamex.

Sin embargo, quedan ciertas dudas que el pueblo de México demanda despejar, a fin de conocer los verdaderos alcances jurídicos, financieros y administrativos de esta operación.

Compañeros diputados, no estamos en contra de que se creen las mejores condiciones para los usuarios mexicanos del servicio aéreo, ya que el país requiere de aerolíneas que trabajen reconociendo la necesidad de fortalecerse y trabajar en puntos del país que requieren más competencia y competitividad en transporte aéreo.

Lo anterior a fin de establecer un mercado aeronáutico nacional abierto a la competitividad y con tarifas justas para los usuarios.

Por lo tanto, el Partido Verde Ecologista se manifiesta a favor del esclarecimiento y solicita a la Comisión de Vigilancia realice los trabajos para que se dé a conocer de manera detallada el proceso de venta de Aeroméxico, así como la nitidez de la intervención del gobierno federal. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Puente Salas. Tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Ramírez Stabros, del Grupo Parlamentario del PRI.

Por la sospecha ante la creciente polémica que ha generado la venta de Aeroméxico, resulta de la mayor importancia conocer el proceso y los términos en que fue hecha la subasta.

Se cuestionan por esta venta, como lo hemos estado escuchando, una venta que debiese ser clara y tersa en el mandato que tiene el IPAB, se cuestionan incluso hasta las campañas presidenciales. Eso cuesta al país un debate y eso cuesta al país, en sospechas y en suspicacias de proceso, que no son claros.

Una encuesta realizada y expresada en medios nacionales de comunicación el pasado 27 de octubre revela que 63 por ciento de los entrevistados piensa que en la venta de Aeroméxico hubo ``mano negra'' y 48 por ciento cree que la venta fue para pagar los spots en contra de un ex candidato a la presidencia.

Hablar del tema del sector aeronáutico del país, compañeras y compañeros, es sin duda hablar de la crisis estructural del mismo, del abandono y de la pérdida del potencial que nuestro país tiene y que es aprovechado por otros. La venta de Aeroméxico pone al descubierto la poca seriedad y hasta el desprecio que se tiene por la materia aeronáutica en este país, por los trabajadores que trabajan en la industria y por los usuarios.

Estimamos que el proceso que concluyó con la venta de la aerolínea más importante de este país tiene diversas cuestiones de omisión por parte de algunas dependencias del gobierno federal que se mantuvieron al margen del asunto, argumentando falta de atribuciones o falta de facultades, por lo que podrían estar incurriendo en omisiones.

Me refiero a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la de la Función Pública, al Instituto de Protección al Ahorro Bancario y a la propia Comisión Federal de Competencia, por lo que pudiera estar actuando por omisión y en consecuencia incumpliendo el mandato del artículo 109 constitucional que es muy preciso en el sentido de que todas las autoridades deben de actuar en absoluta responsabilidad en los asuntos que le han sido encomendados.

Estamos de acuerdo que en el servicio de transporte aéreo de nuestro país es una concesión que se otorga por el Estado, para ser administrada por particulares. Sin embargo en éste como en otros casos, se presenta una serie de dudas que tendrán que ser aclaradas.

Por esa razón nos ha sorprendido y preocupado el argumento de que se otorgó mandato a Nacional Financiera para que junto con el IPAB, llevar a cabo la enajenación de Aeroméxico. Lo que se vendió la semana pasada compañeros, no fue una tienda departamental, sino una concesión otorgada por el Estado Mexicano en términos de transporte público federal y que ocupa y opera 40 por ciento de la aviación de este país.

Las acciones que se pusieron a la venta no tienen ningún valor ni tendrían ningún valor si no fuera por la concesión que tiene y de que goza, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En otras palabras, es la concesión de Aeroméxico lo que vale y es responsabilidad ineludible de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En este tema va a dar mucho de qué hablar y se trata de subir a la agenda nacional el asunto de la aviación nacional. Dentro de unos días nos van a anunciar también el asunto de la terminal dos y la inauguración pomposa que se va a hacer de la terminal dos del aeropuerto de la ciudad de México.

Terminal que costó 8 mil millones de pesos al erario y esa terminal no resuelve los problemas aeronáuticos del país, como no resuelven los problemas aeronáuticas del país por haber puesto a subasta una empresa como Aeroméxico, sin consultar, sin especificar, sin darle una conducción de transporte público federal, sin darle una conducción de política pública aeronáutica.

Nadie en este recinto, nadie en el gobierno federal pueden garantizar que Aeroméxico va a poseer inversiones. Que Aeroméxico va a respetar las fuentes laborales. Que Aeroméxico va a dar la cara por el país hacia el futuro.

La venta de Aeroméxico, por otro lado, en términos legales como ya lo mencionaron varios partidos aquí con el tema del decimotercero transitorio de la Ley del IPAB, que ya había vencido el fideicomiso más el 109 constitucional en términos de omisiones por parte de funcionarios y dependencias del gobierno, debe ser forzosamente aclarado en esta Cámara de Diputados.

Por ello, mi fracción parlamentaria pide a la Comisión de Vigilancia entre al tema, a través de la Auditoría Superior de la Federación, y genere a partir de esta situación, un proceso de transparencia para el país; pero sobre todo, que esta Cámara de Diputados ingrese al tema de la aeronáutica nacional, del proceso que México debe vivir de transformación de esta industria y que demos al país y a los usuarios, de este país, acceso, y demos al país competitividad, y demos al país posibilidades de crecer y de mantenerse en el contexto nacional con la aviación nacional.

Señores, muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Pablo Trejo Pérez: Con su permiso, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, compañero.

Habría que hacer un recuento. En 1995 las instituciones financieras mexicanas acreedoras de Aeroméxico convirtieron 100 por ciento de su deuda por 90.8 por ciento del capital social; y en 1996 hicieron lo mismo con Mexicana; es decir, la banca pasó de acreedora a accionista mayoritaria de ambas empresas.

Pero lo grave vino después, cuando la banca tuvo que ser rescatada por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, cuya historia es de todos conocida.

El problema ---esta vez--- es la evidente violación a la Ley del IPAB, que entre otras cosas prohibe que una empresa rescatada con fondos públicos ---como lo fue Banamex--- compre a otra, que también fue rescatada, como es el caso de la aerolínea.

Aeroméxico durante los últimos 14 años ha sobrevivido entre fraudes administrativos, deudas bancarias, capitalizaciones, saneamientos públicos. Era de los últimos activos en poder del gobierno federal, cuyo rescate financiero, junto con la aerolínea Mexicana, costó alrededor de 515 millones de dólares y cuya venta asciende a la mitad, considerando, además ---como ya lo señalaron quienes me antecedieron--- que es una concesión del Estado y que representa 40 por ciento del espacio aéreo.

Por otro lado, no es coincidencia que al grupo encabezado por José Luis Barraza González se le adjudicara la compra de Aeroméxico, sobre todo, porque no es la primera vez que este personaje aparece en el acontecer nacional.

Algunos datos. En el discurso se esgrime que el IPAB fue claro en la aplicación de las reglas que establece la Ley del Mercado de Valores y del propio instituto, de los dos contendientes: Banamex versus Saba.

La oferta de la familia Saba llegó dos minutos después del vencimiento del plazo, o sea a las 4:02 de la tarde; por ello se adjudicó la operación al grupo de empresarios que participa en Banamex. Las dos ofertas más altas son la de Grupo Saba y la de Banamex, con un diferencial de algunos centavos.

Cabe señalar que la propuesta ---como ya lo hemos señalado--- simple y sencillamente se retrasó por unos minutos. Pero, ¿cuál es el fondo del asunto? La venta del consorcio de Aeroméxico, como estamos viendo, pues estuvo arreglada. ¿Y arreglada para qué? Para beneficiar fiscalmente al grupo patrocinado por Banamex, al evitar que los pasivos de la empresa, que alcanzan los 400 millones de dólares, fuesen susceptibles del pago al impuesto empresarial tasa única.

En la subasta debió dejarse fuera a Banamex, ya que es un banco beneficiado con el rescate bancario y maneja recursos de sus usuarios, por lo que está impedido legalmente para realizar operaciones que pongan en riesgo dicho capital, pues de incurrir en un quebranto, afectaría a los ahorradores.

Entonces, se debiera interrogar al Banco de México sobre el monto de las reservas que se exigieron a Banamex para garantizar las posibles pérdidas en operaciones riesgosas. Mientras que al IPAB hay que interrogarle sobre las investigaciones que debió llevar a cabo esa instancia, para verificar que las personas que conforman el grupo ganador no hayan sido las mismas que causaron un quebranto multimillonario a bancos rescatados por ese Instituto, y si se investigó la posible participación en la compra de acciones de personas que fungieron como puente con personas inhabilitadas para adquirirlas.

Mientras que a la Secretaría de Hacienda hay que interrogarle sobre la medidas que tomó para evitar que los compradores sean prestanombres de responsables de quebrantos del sistema financiero, entre otras causales.

Todos los accionistas ganadores son beneficiarios de un subsidio federal. Varios funcionarios de la Junta de Gobierno del Banco de México laboraron o mantuvieron negocios con Banamex. Se adquirieron acciones a nombre de terceros y nuevamente, una empresa fue adquirida sin que la cabeza visible del grupo beneficiado cuente con la solvencia técnica, financiera y moral para la adquisición.

Concluyo, diputado Presidente. De nueva cuenta tenemos ante nosotros un ejemplo de cómo se puede torcer la ley a favor de quienes, en su momento, apoyan a un candidato presidencial. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Trejo. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Tomás del Toro del Villar, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Tomás del Toro del Villar: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

La coordinación y participación del Poder Legislativo se atendió a través de las comisiones permanentes y no especiales, para que no se distorsionara el trabajo parlamentario.

Esta Cámara en la LIX Legislatura recibió en múltiples ocasiones la visita de funcionarios del IPAB y trabajadores por la venta del grupo aludido. Por lo tanto, si esta coordinación se dio en términos de un esquema de licitación, en caso de Grupo Mexicana, no debe ser obstáculo el estribillo de presunta accesibilidad pública a la información, cuando se trata de un esquema que se supone a todas luces más transparente.

La venta del consorcio Aeroméxico se trata de la recuperación de recursos públicos, que de lo contrario se verían obligados a pagar los contribuyentes en tiempos en los que el Estado requiere más dinero.

Si bien la información es pública y los medios de comunicación escrita registraron dos meses de intensa cobertura sobre las ofertas públicas de adquisición, el Poder Legislativo cumplió cabalmente sus facultades constitucionales de fiscalización.

En cumplimiento a estas responsabilidades, en todo caso concurrimos las fuerzas políticas representadas en el Congreso, el día 26 de septiembre del presente año, para plantear nuestros cuestionamientos, posicionamientos y señalamientos respecto al proceso de enajenación del activo más importante del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que es el consorcio Aeroméxico.

Los grupos parlamentarios, sin abstracción, planteamos la necesidad de valorar, sí, los pasivos del consorcio, pero sobre todo, los activos y los intangibles, comparando en todo momento el proceso de licitación de 2005 que concluyó el 2006 en el caso de Mexicana de Aviación.

Fuimos imparciales en la valoración de la información. Esta comparecencia de 3 horas se acredita en la versión estenográfica y en los documentos que todos los legisladores que acudimos a esta responsabilidad, contamos, y consta de 21 fojas.

Fuimos exitosos en el terreno de recuperar la mayor cantidad posible en esta venta, ya que de 99 millones de dólares de la oferta inicial, gracias a nuestra intervención y actuaciones, el consorcio fue enajenado por la cantidad de 249.1 millones de dólares.

Es decir, 150 por ciento más del precio inicial, garantizándole al contribuyente tanto el cumplimiento de la ley, como a los trabajadores estabilidad, ya que el comprador estaría lejos de una simple operación financiera de haberla adquirido a un precio menor, contribuyendo al beneficio de las familias de los trabajadores que dependen de esta actividad altamente tecnificada.

En todo caso, los diputados fuimos capaces de dar cauce a un sinnúmero de cuestionamientos y dudas. Hoy estamos convencidos que este proceso garantizó imparcialidad de parte de los legisladores, porque fuimos capaces de abstraernos de la contingencia de posturas mercantiles que pretendían defender legítimas posiciones de lucro.

Si hoy estas actuaciones evidentes resultan insuficientes, debemos reconocer que algunos fuimos entonces incapaces de acreditar las pruebas de las nuevas imputaciones que hoy se señalan. Tampoco se ejerció en tiempo el derecho de retener el proceso.

Estamos en la cultura de que sobre hechos consumados vienen las críticas infundadas como parte de la comentocracia. Rechazamos cualquier pretensión de uso político del cumplimiento de la ley. No podemos ni debemos violar nuestra institucionalidad y de insistir en los supuestos que se han ventilado recientemente, debemos dar cauce a los planteamientos por vía del órgano competente de conformidad con el artículo 79 constitucional.

La entidad de fiscalización superior de la federación cuenta con autonomía técnica de gestión para el ejercicio de sus atribuciones y decidir en su organización interna funcionamiento y resoluciones.

Por lo que respetuosamente propondría que las inquietudes que hoy súbitamente se presentan, sean canalizadas a través de la Comisión de Vigilancia para ser respetuosos de las normas jurídicas que nos hemos dado, y ésta en un plazo perentorio emita la resolución correspondiente.

Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional esta venta es un ejemplo de transparencia y acceso a la información. Y creo que debemos canalizar todos nuestros esfuerzos a la evolución de la industria y propugnar por la actualización y la existencia de una política aeronáutica de Estado con visión de largo plazo. Muchas gracias por su atención. Es cuanto

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado del Toro.

Para la segunda ronda de comentarios, con relación a la venta de Aeroméxico a Banamex, tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del PRI.

El debate de fondo es que se enajenó una concesión de los cielos nacionales, un tema que tiene que ver con soberanía nacional, un tema que tiene que ver con seguridad nacional, un tema que tiene que ver con seguridad laboral de los que trabajan ahí y un tema que tiene que ver con la competitividad del país.

Si hablamos de la recuperación por parte del IPAB, de 249 millones de dólares, habrá que recordar que el IPAB tiene 70 mil millones de dólares en su seno y entonces no es un problema que le resuelva al país la deuda pública, la venta de Aeroméxico. No es un problema de deuda pública. Es un problema de transporte público federal aeronáutico.

Lo que está en el fondo del debate es el abandono que tiene la industria aeronáutica de este país. Es el desprecio a construir en el país una fuente de empleo, una fuente de ingresos, una fuente de poder nacional que muchas de las actuaciones como la que vimos en este caso, entra también la suspicacia de para quién estamos trabajando desde el gobierno federal.

Pareciera entonces que se están promoviendo los intereses extranjeros por encima de los intereses que tiene que tener el país en esta materia. En materia de seguridad, en materia de aeropuertos, en materia de monopolios.

Por cierto que la Comisión Nacional de Competencia es muy estricta en señalar la monopolización que se puede dar si se juntan las dos principales aerolíneas del país, como lo hacen en otros países como Estados Unidos o Francia, empresas que compiten todos los días contra la aviación nacional desde sus Estados, con estructura monopólica, con subsidios, con apoyo por parte del Estado a esas industrias que vienen y compiten todos los días contra México.

Miren compañeros, el asunto de Aeroméxico pone a la vista el abandono en el que estamos en esta materia. Los trabajadores de la industria aeronáutica nacional han sostenido en sus espaldas evidentemente a los usuarios de las aerolíneas. A través de precios caros, de tarifas inalcanzables, los trabajadores, a través del sacrificio de contratos colectivos y cláusulas contractuales, han sostenido a la aviación nacional, ante el desprecio que tiene el Estado por ella.

El debate de fondo es el proceso en la toma de decisiones que se dio con la venta de Aeroméxico en 249 millones de dólares. Una empresa que es la columna vertebral de la aviación nacional, que es la que más ciudades atiende en México, que es la que presenta nuestra única cara de competencia hacia Europa, por ejemplo. Cuáles fueron las decisiones que llevaron a venderla así, sin una conducción, sin una política clara, sin una visión clara sobre el desarrollo aeronáutico que el país debe tener.

No dudo que, igual que en las otras privatizaciones, como la que aquí se mencionó, sean los trabajadores los que acaben pagando lo que a final de cuentas firmaron los empresarios que compraron ahora Aeroméxico.

Si esta Cámara de Diputados no atiende el tema en su concepto amplio, en la política aeronáutica que debe de sostener este país, esta materia de seguridad nacional no tiene futuro en el país.

Hay que meterle la atención, hay que meter una nueva estructura en la administración pública federal y hay que meter a la aviación nacional como una materia prioritaria para el desarrollo del país.

Solamente 5 por ciento ---y con esto concluyo---, 5 por ciento de la población nacional utiliza el avión como medio de transporte, 5 por ciento nada más. Somos los mismos privilegiados de toda la vida los que usamos el avión, cuando en los países contra los que competimos andan en el orden de 60 o 70 por ciento de la población nacional.

Un tema así no puede dejarse suelto. Un tema así no puede dejarse en manos de extranjeros. Es un asunto de seguridad nacional el debate que hoy nos convoca. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Ramírez Stabros. Tiene el uso de la tribuna el diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del PRD.

No es un asunto de un negocio. No se trata de ver cuánto se ganó, cuánto se perdió; se trata del destino de la aeronáutica en este país y de que los intereses del Estado mexicano estén garantizados, sean transparentes, sean claros para todos nosotros.

No sabemos dónde están los estados financieros. Cuando se hizo la venta de Aeroméxico los estados financieros de Cintra estaban disponibles en Internet; los podíamos consultar, teníamos mucha mayor información, cosa que hoy no se tiene y que no se tuvo en el caso de Aeroméxico.

No sabemos bien a bien cuál fue el funcionamiento, cómo se fue desarrollando financieramente esta empresa y no tenemos hoy la certidumbre de que esto se manejó de acuerdo con los intereses del Estado mexicano.

Queremos que quede perfectamente claro para todos los mexicanos cómo se han manejado los destinos de la aeronáutica, cuál es el rumbo que estamos buscando, si este tipo de transacciones que se van haciendo no por manejarlas muy correctamente en los mercados a través de unas subastas, nos van a quedar perfectamente claras si no tenemos la información necesaria de los estados financieros de esta empresa.

Cuando se hace el rescate de esta empresa ---como decía el diputado Ramírez Stabros---, que finalmente representa una porción ínfima de lo que tiene hoy el IPAB, se adquiere a un precio y después el costo final de la recuperación es otro. No sabemos cuál es el costo fiscal que tuvo Aeroméxico. Queremos saberlo, necesitamos transparencia, necesitamos exigirlo.

En segundo lugar, quiero dejar claro algo que no nos puede estar confundiendo: esto no fue un negocio. No fue un negocio para el Estado mexicano. No fue una gran venta, no fue una gran transacción que hubieran hecho. Que en un principio hubieran presentado una postura que estaba muy baja y después la duplicaran y se vendiera en una subasta en los 249 millones de dólares no quiere decir que fue un gran negocio, que fue una gran venta o que hicieron este movimiento de la mejor manera. Creo que tiene que quedar claro.

Tenemos que dejar también de manera muy enfática ---lo preguntábamos en la ocasión anterior en la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes--- cuál es finalmente el criterio que se toma. Cuando estamos hablando de la aeronáutica del país, no puede ser solamente el costo financiero, no podemos estar hablando únicamente de pesos y centavos, sino cuál es el proyecto de mediano y largo plazo que queremos para darle a este país las bases en comunicación para su desarrollo. Me parece que tenemos que dejar muy claro hacia dónde vamos.

Yo les doy un dato que tenía la ocasión anterior de los costos de los aviones, independientemente de que muchos se renten dentro de las empresas. Aeroméxico tiene una flota de 105 aviones aproximadamente. Tan sólo uno de los Boeing que tiene cuesta entre 200 y 225 millones de dólares. Me pregunto, independientemente de cuál sea la operación ---creo que solamente 30 son propiedad de Aeroméxico---, ¿suena lógico para nosotros que se haya vendido una concesión, una línea aérea, el prestigio del Estado mexicano durante mucho tiempo en el costo de lo que cuesta un solo avión? Aclarémoslo.

Insisto, el asunto es de transparencia y de rendición de cuentas. Gracias, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado López Barriga. Tiene el uso de la tribuna el diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

Hoy pareciera que a cada proceso que tiene el gobierno federal con sus instituciones le ponemos duda, lo criticamos, inclusive denostamos los procesos transparentes y públicos que se llevan a cabo.

El proceso de venta de Aeroméxico no es un evento nuevo. Es un proceso que viene desde 2005, donde Cintra decide la venta de estas dos aerolíneas mexicanas y con esto reducir el pago de intereses al IPAB del gobierno federal. Es ahí donde entra la responsabilidad de nosotros los legisladores de observar cuáles son las finanzas del gobierno federal.

Hoy se habla que si es a pago de favores, hoy se habla que es un proceso amañado, pareciera que estamos en el tema de volver al pasado. Ese es el gran tema. Hay quien añora estar en tiempos pasados y no, compañeros y compañeras diputadas, México se está transformando.

México está transformando sus instituciones y consecuentemente sus procesos, con procesos abiertos, con procesos sí que marcan reglas internacionales, sí con procesos que orientan a que los productos del gobierno hoy llegan a un punto donde podamos estar todos conscientes y concretamente en el caso de México, de que las cosas se están haciendo bien.

Hoy basta recordar que hace años la venta de Aeroméxico no se llevó a cabo porque no hubo una posición financiera que fijara la mínima requerida. Hoy la venta de Aeroméxico obedece a reglas claras, así es que ---compañeras diputadas y compañeros diputados--- la transparencia que hoy ofrece el gobierno federal no está a discusión, está a discusión la añoranza de algunos miembros de esta legislatura, a volver a tiempos de antes...

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Permítame, diputado, por favor...

El diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre: No, señor, México ya cambió. México se está transformando. Gracias, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Sonido a la curul del diputado Ramírez Stabros, por favor.

Era la pregunta que quería hacerle, porque quedó como que todo está claro y no es cierto. Precisamente el debate de esta Cámara se dio hoy porque el proceso no está claro, mucho menos el proceso de toma de decisiones en esta materia. Muchas gracias, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Bien diputado, gracias.

Esta Presidencia informa a las diputadas y los diputados, de la presencia del diputado Enrique Barón Crespo, miembro del Parlamento Europeo. Señor diputado, bienvenido a México. Bienvenido a esta Cámara de Diputados.

LEY ORGANICA DE PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El siguiente punto del orden del día es el de iniciativas de diputados. Se concede el uso de la tribuna al diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanosy Organismos Subsidiarios.

La propuesta que hacemos es para llenar el vacío legal que produjo la creación de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 1992, que subdividió a Pemex en cuatro empresas subsidiarias bajo la coordinación de un corporativo, pero no previó la forma de satisfacer la demanda nacional de los productos petrolíferos.

Por esta razón hoy tenemos que importar 28 por ciento de las gasolinas que se consumen en nuestra nación y otros lubricantes que son importados a precios fijados por el mercado internacional y eso hace que dependamos de los vaivenes de la economía internacional y de la salida de divisas, que se convierte en un problema crónico en la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos.

En este contexto es fundamental reactivar la economía y la industria petroquímica y de refinación en México porque cada día es más creciente la importación de productos petroquímicos y el desembolso de divisas que de ello deriva.

El costo total por estas importaciones fue, durante el año 2002, de 3 mil 316 millones de dólares y en el 2006 sumó ya la cantidad de 11 mil 282 millones de dólares.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que es necesario reforzar y profundizar en la producción de petrolíferos, refinados y petroquímicos básicos por parte de las áreas de Pemex enfocadas en este propósito. Actualmente la orientación que se le está dando a Pemex en estas áreas es totalmente contraria a los intereses de la nación porque en lugar de reconfigurar y modernizar nuestras plantas de refinación de petróleo, así como las plantas petroquímicas, lo que se está haciendo es desmantelar a estas plantas y desaparecerlas.

Con estas acciones hemos perdido la oportunidad de obtener mayor valor agregado del gas asociado al petróleo y al petróleo crudo, porque se estima que de cada barril de petróleo crudo vuelto petroquímico se eleva 40 veces su valor.

Con estos datos podemos concluir que hemos regalado nuestra riqueza petrolera al habernos abocado a la exportación de nuestra mezcla de petróleo en lugar de procesar y obtener mayores derivados del crudo y del gas.

Por tanto, es preferible invertir en plantas petroquímicas y en las refinerías porque a largo plazo dicha inversión se recompensa con los altos niveles de rentabilidad que arroja la producción de petroquímicos básicos y secundarios.

Otra conclusión que podemos extraer de estos datos es que hemos regalado el petróleo a los países que se benefician de él, porque terminamos importándolo en sus derivados a precios desorbitantes, porque como se sabe, las plantas petroquímicas reciben el gas asociado al petróleo para obtener diversos derivados que están en función de la capacidad de derivación de los procesos productivos que integran cada planta, de cuya cadena de valor se puede obtener el etano, que es la materia prima para producir el etileno, que es a su vez la materia prima para producir el monómero de cloruro de vinilo, que es a la vez la materia prima para producir el PVC, y así sucesivamente.

Por su parte, las refinerías reciben petróleo crudo para extraer diversos derivados como las gasolinas, el diesel, las turbosinas, el combustóleo, los aceites y lubricantes, entre otros.

Por ejemplo, el etano es una materia prima fundamental de la que se obtienen otros derivados químicos necesarios para otras industrias.

Entonces lo que ha ocurrido es que como nuestra industria petroquímica y de refinación no tiene la infraestructura necesaria para obtener todos los derivados posibles del petróleo crudo y del gas, eso ha hecho que hayamos perdido la oportunidad de aprovechar nuestra riqueza petrolera al máximo y de poder convertir a esta industria en un verdadero baluarte de nuestro desarrollo.

En este sentido estamos proponiendo establecer en la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos la obligación de Pemex de destinar anualmente a la producción de petroquímicos básicos y secundarios, un porcentaje específico de su presupuesto anual para cubrir la demanda nacional de derivados del gas y del petróleo crudo mediante la creación de la infraestructura necesaria para estos propósitos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, sabemos que para hacer que Pemex retome su papel de promotor del desarrollo nacional se requiere cambiar la orientación de la política petrolera de nuestro país y reforzar el papel de la paraestatal como empresa pública, desterrando la inversión privada nacional y extranjera que hoy sangra y la tiene asfixiada financieramente mediante la deuda de los Pidiregas.

Solicito a usted, señor Presidente, que se sirva ordenar que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta honorable asamblea. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a cargo del diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados federales a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuatro a la fracción IV del artículo 3, de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, bajo la siguiente

Como se sabe, el régimen de Carlos Salinas de Gortari promovió en 1992 la creación de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que subdividió a Pemex en cuatro empresas bajo la coordinación de un corporativo.

En la nueva ley, se estableció la creación de Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica.

Con el paso del tiempo quedó claro que la intención de fondo era desarticular la estructura organizativa de Pemex para privatizarla y ponerla al servicio de los grandes grupos económicos del país y del extranjero.

El gobierno federal utilizó el argumento de que resultaba ventajoso para Pemex, desde el punto de vista organizativo, económico y administrativo modificar la estructura vertical y monopólica de esta empresa al dividirla en un grupo de subsidiarias, cada una de ellas con autonomía relativa de gestión, pero bajo la coordinación de un corporativo.

La estrategia de preparar las condiciones para privatizar Pemex no paró con esta iniciativa, porque el gobierno de Salinas de Gortari también modificó el régimen fiscal de la paraestatal, con el propósito de asfixiarla financieramente mediante la aplicación de una serie de impuestos, derechos y aprovechamientos ordinarios y extraordinarios, que han servido de base para sostener las finanzas públicas del país, pero en detrimento de la inversión en nuevos yacimientos y en el mantenimiento de la infraestructura petrolera, así como en la producción de hidrocarburos que requiere la economía.

El gobierno de Ernesto Zedillo continuó con la tarea de destrucción de Pemex como patrimonio de la nación, al abrir a la industria energética al capital privado nacional y extranjero en 1995, mediante los proyectos de impacto diferido en el gasto público, los llamados Pidiregas, para que empresas privadas participen en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos y gas.

Con el paso del tiempo quedó plenamente demostrado que la subdivisión administrativa de Pemex no trajo ningún beneficio a esta empresa.

Tampoco se resolvió la insuficiencia en la producción de petrolíferos refinados, petroquímicos y gas natural, que es una cuestión que Pemex no ha podido resolver desde que se fundó, porque no ha sido capaz de abastecer la demanda de estos productos.

Por esta razón, el 28 por ciento de las gasolinas y diversos lubricantes que se consumen actualmente en México son importados del exterior a precios fijados por el mercado internacional, y eso hace que dependamos de los vaivenes de la economía internacional y la salida de divisas se convierta en un problema crónico en la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos.

Incluso, los empresarios agrupados en la Asociación Nacional de la Industria Química han manifestado su queja de que la industria petroquímica de nuestra nación se ha reducido por carecer de una definición estratégica al no estar enfocada a la producción de lubricantes, gasolinas y petroquímicos en general.

Esta es la razón por la que ha generado una insuficiencia en la producción de derivados petrolíferos y el resultado final ha sido la creciente importación de estos insumos clave de la industria química.

Como el gobierno federal ha dado prioridad a la exploración y producción petrolera, entonces se ha olvidado de la petroquímica básica y secundaria para reducir nuestra dependencia del exterior.

En este contexto, es fundamental reactivar a la industria petroquímica y de refinación en México, porque cada día es más creciente la importación de productos de esa rama y el desembolso de divisas que supone.

Por ejemplo, durante 2002 importamos 9 millones 980 mil 400 toneladas de petroquímicos. Para 2006 el volumen comprado al exterior fue de 10 millones 960 mil 600 toneladas, y si no resolvemos esta insuficiencia productiva, podríamos terminar sujetados de forma total al extranjero, como sucedió con la producción del maíz.

El costo total por estas importaciones fue, durante 2002, de 3 mil 316 millones de dólares, y en 2006 sumó 11 mil 282 millones de dólares.

Por esa razón, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que es necesario reforzar y profundizar la producción de petrolíferos refinados y petroquímicos básicos por parte de las áreas de Pemex dedicadas a este propósito.

Actualmente la orientación que se está dando a Pemex en esas áreas es totalmente contraria a los intereses de la nación, porque en lugar de reconfigurar y modernizar nuestras plantas de refinación de petróleo crudo, así como a las petroquímicas, lo que se está haciendo es desmantelarlas y desaparecer las destinadas a la refinación de petróleo crudo.

Como se sabe, todavía hasta el régimen de López Portillo el gobierno mexicano se interesó en crear la infraestructura petrolera con que cuenta el país. Fue durante ese gobierno cuando se crearon las dos plantas petroquímicas más importantes del país e incluso de América Latina, como son la de Pajaritos y La Cangrejera, situadas en Veracruz.

Cuando llegó el gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid, empezó el abandono a la industria petrolera, pues en lugar de reinvertir parte de las utilidades de esta industria, se usaron para pagar el servicio de nuestra deuda externa e interna.

Con eso perdimos la oportunidad de obtener mayor valor agregado del petróleo crudo y del gas asociado a éste, porque se estima que por cada barril del hidrocarburo vuelto petroquímico se eleva 40 veces su valor, y de una materia prima a un producto terminado se incrementa 400 veces. Con estos datos podemos concluir que hemos regalado nuestra riqueza al habernos dedicado a la exportación de nuestra mezcla en lugar de procesar y obtener mayores derivados del crudo y del gas.

Por lo tanto, se puede concluir que es más barato tener las plantas petroquímicas y las refinerías, aún cuando resulte caro instalarlas; al final es más barato hacerlo, porque a largo plazo se compensa esa inversión con los altos niveles de rentabilidad de la producción de petroquímicos básicos y secundarios.

Otra conclusión que podemos extraer de estos datos es que hemos quemado nuestra riqueza y también la hemos regalado a los países que se nutren de nuestro petróleo, porque al final, terminamos importando sus derivados a precios exorbitantes.

Porque como se sabe, las plantas petroquímicas reciben el gas asociado al petróleo para obtener diversos derivados, que están en función de la capacidad de derivación de los procesos productivos que integren cada planta, de cuya cadena de valor se pueden obtener el etano, que es la materia prima para producir el etileno, que lo es, a su vez, de la producción del monómero de cloruro de vinilo, y éste de la obtención del PVC y así, sucesivamente.

Por su parte, las refinerías reciben petróleo crudo para extraer diversos derivados, como las gasolinas, el diesel, el gas avión, el combustóleo, los aceites y lubricantes, entre otros. Eso implica que, dependiendo de los niveles de cada sección de la torre de la refinería, se extrae un producto; por tanto, mientras más alta es esa torre, los derivados son más amplios.

No hay que olvidar que cuando se inicia la explotación de los campos petroleros el gas siempre aparece asociado con el petróleo y contiene, a su vez, etano, metano, benceno y otros compuestos como azufre y cromo. Por ejemplo, el etano es una materia prima fundamental de la que se obtienen otros derivados químicos necesarios para varias industrias. Asimismo, el metano, que está considerado como el gas de los pantanos, es la base para derivar otra serie de materias primas y lo mismo ocurre con el benceno.

Entonces lo que ha ocurrido es que, como nuestra industria petroquímica y de refinación no tienen la infraestructura necesaria para obtener todos los derivados posibles del petróleo crudo y del gas, eso ha hecho que hayamos perdido la oportunidad de aprovechar nuestra riqueza petrolera, al máximo y de poder convertir esta industria en un verdadero baluarte de nuestro desarrollo.

Lejos de pensar en crear esa infraestructura, el gobierno federal se ha dedicado a desmantelar las instalaciones petroquímicas de la nación. Por ejemplo, hace todavía algunos años teníamos 64 plantas y ahora sólo hay 40, y acaban de cerrar la de Ciudad Camargo, Chihuahua, donde fueron despedidos 700 trabajadores.

Es decir, 24 plantas han dejado de funcionar, porque fueron desmanteladas y sacadas de operación y sus activos vendidos como chatarra, sin importar las pérdidas materiales y productivas que representan para el país.

Eso mismo se pretende hacer con la planta de refinería de Tula, Hidalgo, que entró en operación en 1979 y produce, entre otros derivados gasóleo, gasolinas, ácido cianhídrico con una capacidad de 76 mil toneladas anuales, entre otros, ahora ha quedado fuera de operación y se halla en pleno proceso de desmantelamiento y venta.

Por su parte, el complejo petroquímico Morelos, situado en Congregación de Allende, Coatzacoalcos, Veracruz, se dedica a la producción de acrilonitrilo, que es la base para fabricar un termoplástico duro y resistente al calor, también se halla en el abandono, toda vez que Pemex Petroquímica Básica no está interesada en reconfigurarla y darle el mantenimiento que necesita anualmente, así como solventar los peligros laborales que representa para sus trabajadores a pesar de producir uno de los derivados petroquímicos que se exportan a Estados Unidos y otras partes del mundo, pero que tampoco cubre la demanda nacional de esta materia prima para la industria.

Ni qué decir de nuestras refinerías, de las que ya sólo quedan 6: la de Tula, Hidalgo, que procesa 320 mil barriles diarios de petróleo crudo; la de Minatitlán, Veracruz, que transforma más de 170 mil; la de Salina Cruz, Oaxaca, 330 mil; la de Salamanca, Guanajuato, 245 mil; y la de Cadereyta, Nuevo León, 270 mil barriles.

Todas estas refinerías se encuentran en franco deterioro y con una carencia total de mantenimiento industrial. Sin embargo, a pesar de que no se han reconfigurado con las nuevas tecnologías, todavía se necesita instalar cuando menos otras tres más, para sacarle mayor provecho al gas y al petróleo crudo.

El costo total de estas instalaciones sería en promedio de siete mil millones de dólares por cada una de ellas, lo que representaría un desembolso de aproximadamente 220 mil millones de pesos al tipo de cambio del peso frente al dólar de septiembre de 2007, que deben realizarse en un lapso de tres años. La ventaja de una refinería con este costo es que tendría la capacidad de refinar 350 mil barriles diarios de petróleo crudo y estaría construida y equipada con la mejor tecnología del momento.

Este monto puede recuperarse en menos de un año, porque las ventas anuales serían superiores a los 29 mil millones de dólares, tal como sostiene el Instituto Mexicano de la Competitividad, que afirma que nuestro país tiene potencial de 7 nuevas refinerías, que podrían vender 29 mil 400 millones de dólares al año, pero de manera inmediata requerimos de cuando menos tres de ellas, que procesarían un total de un millón 50 mil barriles diarios de petróleo crudo.

En este sentido, estamos proponiendo establecer en la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos la obligación de Pemex de destinar anualmente a la producción de petroquímicos básicos y secundarios un porcentaje específico de su presupuesto anual para cubrir la demanda nacional de los derivados del gas y del petróleo crudo, mediante la creación de la infraestructura necesaria para esos propósitos, así como para la exploración y producción de hidrocarburos y en actividades de transporte y almacenamiento.

Ahora no sólo necesitamos aumentar las inversiones en Pemex para instalar más plantas de petroquímica básica y secundaria, sino también para restituir total de reservas petroleras que se extraen del subsuelo y producir lo que el país consume y exportar los excedentes obtenidos con nuevos descubrimientos.

Los escasos descubrimientos petroleros que se han realizado en los últimos años por falta de inversión pública han obligado a la paraestatal a diferir hasta el año 2012 la meta de restituir el 100 por ciento de las reservas, toda vez que casi el 70 por ciento de nuestras zonas petroleras a lo largo y ancho del territorio no han sido exploradas, lo cual requiere de cuando menos 11 mil millones de dólares para ir avanzado gradualmente hasta alcanzar la meta de compensar cada barril que se extrae con un nuevo de lo descubierto al final de la presente administración, conforme señalan los funcionarios de Pemex Exploración y Producción.

Sabemos que para que Pemex retome su papel de promotor del desarrollo nacional se requiere cambiar la orientación de la política petrolera de nuestro país y reforzar el papel de la paraestatal como empresa pública, desterrando la inversión privada nacional y extranjera que hoy la sangra y la tiene asfixiada financieramente, mediante la deuda de los Pidiregas.

Asimismo, se requiere que el núcleo neoliberal que gobierna actualmente al país sea desterrado del poder para que Pemex vuelva a retomar su papel de promotor del desarrollo de nuestra industrial nacional. Estamos seguros de que con otra fuerza social en el poder, distinta al neoliberalismo, Pemex volverá a ser totalmente patrimonio de los mexicanos.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo cuarto a la fracción IV del artículo 3, recorriéndose el actual para pasar a ser párrafo quinto, de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se adiciona un párrafo cuatro a la fracción IV del artículo 3, recorriéndose el actual párrafo cuarto, que pasará a ser párrafo quinto, de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, para quedar como

Artículo 3°. ...

Para que Pemex Refinación y Pemex Petroquímica cumplan con las funciones que les asigna esta ley y puedan cubrir las necesidades de la demanda nacional de productos refinados, petrolíferos y de derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y demás que requiera el aparato productivo, deberán recibir aportaciones anuales a su presupuesto para instalar las refinerías y plantas petroquímicas necesarias que les permitan extraer los diversos derivados del petróleo crudo y productos petroquímicos industriales para cubrir la demanda de la industria nacional .

...

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Energía e insértese íntegramente el texto en el Diario de los Debates.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Guerrero García, para presentar iniciativa que reforma los artículos 42 y 54 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por los diputados Javier Guerrero y Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI.

Esta iniciativa impulsada en conjunto por el diputado Cervantes Andrade y el de la voz, está encaminada no a resolver casuísticamente una situación que hace crisis en un momento determinado, sino a proteger legalmente el tránsito de los ciudadanos en los caminos en donde no solo se manifieste la peligrosidad de lo transportado, sino que se evite de tajo transportar material reactivo que ocasione accidentes como el referido.

El accidente mencionado y al que los medios dieron amplia difusión, tuvo un alto costo, en vidas, de gente inocente que no sólo por curiosidad se acercaron al accidente, sino también afectó a los que lo hicieron en un acto de solidaridad para dar ayuda a los accidentados, y a quienes se acercaron en busca de cumplir su labor de informadores.

Precisamente por las consecuencias de este accidente es que decidimos no hacer una propuesta que se centrara en la Ley de Armas y Explosivos, porque en este caso es clara esta ley respecto a lo que implica su transporte. Ahí está muy clara la visión de lo que es controlar el transporte de explosivos.

El enfoque de esta iniciativa se centra en la reforma de la Ley de Residuos, porque se enfoca a la naturaleza del material transportado que muchas veces por no estar mezclado puede no ser catalogado como explosivo. Pero que en un accidente, como sucedió en este caso, la mezcla puede generar una reacción en cadena de trágicas consecuencias.

Nuestra propuesta se concentra en que lo transportado no puede contener materiales que generen cadenas reactivas que lleven a un accidente más allá de los accidentes inevitables en los caminos y otras formas de transportación de mercancías.

Desde nuestro punto de vista el enfoque no debe ser punitivo; debe ser preventivo. El implicar, por ejemplo, que esos transportes de explosivos tengan una mayor vigilancia no evita que los accidentes se den. Un resguardo mayor de este transporte que implique por ejemplo a nuestras Fuerzas Armadas, hace involucrar a esta institución en potenciales accidentes que tendrían además, demérito para su participación y no resolvería la posibilidad de dichos eventos.

Al obligar al Ejército o a la policía resguardar el transporte de material peligroso referido en la Ley de Armas, no se resuelve el manejo de otros materiales que no son propiamente explosivos o armas y que con un mal manejo y la posibilidad de tener reacciones en su mezcla, puedan generar un accidente de graves dimensiones. De igual forma el no actuar preventivamente implicaría operativos muy costosos.

La reforma propuesta coadyuva a una cultura de la prevención, a una cultura del manejo claro de materiales dañinos para la población. Esta iniciativa, además, tiene una aplicación general, que define como espacio a toda la nación.

No requiere de leyes complementarias, ni de mecanismos de coordinación entre diferentes órdenes de gobierno. Ayuda a transparentar toda la materia que se transporte y que sea peligrosa, no sólo en razón de accidentes explosivos sino en accidentes ecológicos que dañan el medio ambiente. Éstas son las razones de nuestra propuesta.

Es cuanto, señor Presidente, y le solicito sea publicada tal cual en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 42 y 54 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por los diputados Javier Guerrero García y Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Javier Guerrero García y Raúl Cervantes Andrade , diputados federales integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confieren las fracciones II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículo 42 y 54 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de conformidad con la siguiente

El tema que se somete a la consideración de este honorable Pleno posee un doble componente: primero, ahondar en el manejo hoy insuficiente de los residuos peligrosos o agentes que puedan poner en riesgo la salud humana; y segundo, establecer la prohibición expresa de que dos o más componentes clasificados como peligrosos según el marco jurídico, las normas oficiales mexicanas vigentes al respecto y demás ordenamientos aplicables no puedan ser transportados en un mismo vehículo o contendedor.

La presente iniciativa tiene como génesis la irreparable tragedia ocurrida el 9 de septiembre del presente año en la carretera 30 Monclova-San Pedro, a la altura de los ejidos Celemania y El Águila, en la que al menos 28 personas murieron y 73 resultaron lesionadas luego de registrarse una explosión, provocada presumiblemente por el choque de un tráiler cargado con 22 toneladas de explosivos con una camioneta en esa ciudad.

Según consta en la edición del pasado domingo 14 de octubre de un diario de circulación nacional, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, ¹ concluyó la investigación y determinó el ``no ejercicio de la acción penal'' (por el delito de homicidio culposo de 28 personas y otros daños) porque el responsable de la tragedia de Celemania, municipio de Nadadores, fue el chofer de la camioneta que impactó al tráiler, quien murió en el accidente. Por tal motivo, la Procuraduría estatal entregó a la General de la República las más de 320 denuncias de los afectados por la explosión del tractocamión.

Lo anterior tiene sustento en que precisamente agentes químicos como el nitrato de amonio son uno de los principales reactivos peligrosos y tóxicos considerados en la Norma Oficial Mexicana 002-SCT/2003, ``lista de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados''.

Desafortunadamente, nuestro país no es el único que ha tenido accidentes relacionados con esta sustancia química. Muestra de ello es que el accidente más grave de que se tenga registro data de 1921, en una explosión en la fábrica de nitrogenados en Oppenau, cerca de Ludwigshafen, Alemania, que dejara 561 muertos.

El 16 de abril de 1947, la descarga de los barcos Gradcamp y Highflyer, lleno de nitrato amónico, en Texas provocó una detonación que devastó gran parte de la ciudad, con 486 muertos, 100 desaparecidos y más de 3 mil heridos.

El 28 de julio del mismo año, el buque Ocean Liberty explotó en Brest, Francia, y provocó 21 muertos y más de 100 heridos.

Se presume que igualmente es responsable de la catástrofe provocada por un tren en Ryongchon, Corea del Norte, el 22 de abril de 2004, con al menos 161 muertos y más de mil 300 heridos.

En cuanto a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que precisamente regula todo lo relativo a la prevención, control y tratamiento de los residuos y sustancias peligrosos, con objeto de preservar el ambiente y la salud e integridad de las personas relacionadas con el manejo de ese tipo de sustancias y materiales, podemos señalar que en la sesión del 28 de abril de 2003 la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al fundamentar el dictamen, señaló:²

El derecho de toda persona a un ambiente adecuado a través de su protección es un tema prioritario para el desarrollo del país, y la inclusión de temas específicos en el marco jurídico existente, resulta indispensable para su tutela.

Por ello, estas comisiones unidas dictaminadoras coinciden plenamente con la colegisladora en la creación de una legislación que regule, además de la disposición final de los residuos, cualquiera que sea su naturaleza, su generación y manejo integral.

Incluso, en el numeral octavo del dictamen en comento se señaló que no obstante que se conservan, para efectos de esta ley, los tres tipos de residuos: sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos, estas comisiones unidas consideraron necesario reasignar ciertas características a cada uno de ellos, tanto para precisar la competencia de los tres órdenes de gobierno respecto a su gestión integral como para facilitarla.

Esta premisa nos permite afirmar que, aunque ya están consideradas específicamente las características de cada uno de los tipos de residuos, nuestra propuesta vendría a fortalecer la prohibición de que en ningún caso y en ninguna circunstancia se deberán mezclar residuos peligrosos catalogados por la ley, que se deriven con otros materiales o residuos que puedan contaminarse o provocar reacciones que pongan en riesgo la salud, el ambiente o los recursos naturales, independientemente de que se encuentren en un mismo o diferente contenedor.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el eje 4, ``Sustentabilidad ambiental'', señala que cada año se generan en México alrededor de 40 millones de toneladas de residuos, de las cuales 35.3 millones corresponden a residuos sólidos urbanos, y se estima que entre 5 y 6 millones de toneladas corresponden a residuos peligrosos.

La problemática asociada con los residuos peligrosos presenta, según el citado documento, dos grandes líneas: por un lado, la que se refiere a la existencia de sitios ya contaminados que requieren una solución; y por otro, la que se orienta a prevenir, reducir o controlar la contaminación proveniente de las fuentes en operación que los generan.³ Consideramos que falta tomar en cuenta otra problemática más, que es la relativa al mejoramiento de la normativa sobre la transportación de éstos. La disposición inadecuada de los residuos peligrosos provoca múltiples afectaciones negativas a los ecosistemas. En 2004 se identificaron en el país 297 sitios contaminados con residuos peligrosos, de los cuales 119 fueron caracterizados y 12 se encuentran en proceso de rehabilitación.⁴

La infraestructura para dar un manejo adecuado a los residuos sólidos urbanos y peligrosos es aún insuficiente. La capacidad instalada en el país debe ser optimizada para contar con sistemas efectivos de manejo que permitan, por ejemplo, el aprovechamiento, la recolección y el reciclaje de los residuos. La gestión integral de éstos constituye una fuente de oportunidades para generar mercados y cadenas productivas formales, las que requerirán criterios de desempeño ambiental para aprovechar los materiales o el contenido energético de los residuos.⁵

Incluso, el mismo plan señala que el problema de los residuos peligrosos en México sigue siendo un pendiente, en el que el avance regulatorio deberá ser acompañado en forma equilibrada con el avance de las acciones necesarias para resolver el problema.

Por lo anterior, se considera prioritario fortalecer el inventario nacional de residuos peligrosos y biológicos infecciosos, y promover su manejo integral desde la perspectiva social, económico-financiera y cultural e institucional, a través de acciones e instrumentos de política regulatoria que promuevan la búsqueda de soluciones integrales, en coordinación con municipios y estados. Esto podría auxiliarnos para desincentivar los usos informales e ilegales que se dan a ciertas corrientes de residuos y que, por no contar con equipo de control adecuado, generan otros impactos ambientales, peligros a la salud y la vida de las personas, como el caso que nos ocupa.

En los últimos años, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la de Comunicaciones y Transportes han hecho un esfuerzo sin precedente para poner al día la normatividad sobre el manejo de los residuos industriales. Muestra de lo anterior son las normas oficiales mexicanas vigentes, como la que establece los requisitos que deben observar en el diseño, la construcción y la operación de celdas de confinamiento controlado para residuos peligrosos, la que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados peligrosos, o la que contiene la lista de las sustancias y los materiales peligrosos más usualmente transportados.

La presente iniciativa busca que transportar ese tipo de carga (ácido sulfúrico, cloro, sosa cáustica o cualquier otra sustancia, material o desecho peligroso) deje de ser visto como una bomba de tiempo ambulante, que de no tener un adecuado manejo y supervisión puede estallar en cualquier momento (como ya está pasando en nuestras carreteras).

Para evitar esos accidentes es importante que no sean transportados (a fin de disminuir costos) dos o más componentes o residuos peligrosos en un mismo vehículo o contenedor que puedan producir una reacción química explosiva, tóxica, corrosiva o cualquier otra que ponga en peligro la salud, la vida y el patrimonio de los mexicanos, así como cuidar de esos accidentes el ambiente.

En la actualidad no hay ninguna disposición o regla de carácter general de las citadas dependencias del Ejecutivo federal que den seguimiento a la hipótesis que en esta iniciativa se plantea; esto es, la prohibición expresa de que dos o más componentes o residuos peligrosos sean transportados en un mismo vehículo o contendedor. De ahí que esta propuesta sea principalmente correctiva y no preventiva.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 40, 42 y 54 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo Único. Se reforman los artículos 42 y 54 de la Ley General para la Prevención y Gestión de Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 42. Los generadores y demás poseedores de residuos peligrosos podrán contratar los servicios de manejo de estos residuos con empresas o gestores autorizados para tales efectos por la secretaría, o bien, transferirlos a industrias para su utilización como insumos en sus procesos, cuando previamente haya sido hecho del conocimiento de esta dependencia, mediante un plan de manejo para dichos insumos, basado en la minimización de sus riesgos, atendiendo en todo momento a la prohibición contenida en el artículo 54 de esta ley .

...

...

Artículo 54. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se deberán mezclar residuos peligrosos catalogados por esta ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones que de este ordenamiento se deriven con otros materiales o residuos que puedan contaminarse o provocar reacciones que pongan en riesgo la salud, el ambiente o los recursos naturales, independientemente de que se encuentren en un mismo o diferente contenedor . La secretaría establecerá los procedimientos por seguir para determinar la incompatibilidad entre un residuo peligroso y otro material o residuo y los términos y condiciones a que deberá sujetarse su manejo.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Guerrero. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Tiene la palabra Esperanza Morelos Borja, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma al artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

La diputada María Esperanza Morelos Borja: Con permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.

Además, se estima que aproximadamente 10 por ciento de la población mundial tiene alguna discapacidad, con variaciones de un país a otro, dependiendo de acontecimientos sociales o naturales, tales como: epidemias, guerras, catástrofes, crecimiento de la población, accidentes, procesos de envejecimiento, etcétera.

En México, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y organizaciones sociales, lamentablemente no tenemos datos confiables acerca de la población con discapacidad; quienes además de esta invisibilidad padecen por falta de solidaridad. Por falta de una cultura en la que las y los mexicanos convivamos, valoremos y respetemos la diversidad, que abandonemos prejuicios y estigmas que nos perjudican como sociedad.

Personas con discapacidad auditiva, visual, física, sensorial y mental, tanto del campo como de la ciudad, no aparecen en las estadísticas nacionales y con frecuencia quedan al margen de todo beneficio de los programas sociales.

No hay suficiente conocimiento sobre aquellos lugares con mayor incidencia de discapacidad y cuál es su origen. Tenemos que impulsar la investigación, realizar estudios sociales y análisis sobre el tema.

¿Cuáles son las causas de las discapacidades? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Su frecuencia? ¿Cómo se previenen? ¿Cómo se atienden? Ciertamente, por medio de los censos se puede llegar a una aproximación sobre los datos de la población de un país.

También es un hecho que un censo de población es un evento que per se tiene lugar cada determinado tiempo y durante este lapso países como el nuestro, con dinamismo en la población, requiere de un mayor esfuerzo para legislar conforme a las necesidades de una sociedad democrática. Una sociedad democrática es aquélla que, entre otros avances, tiene la capacidad de proporcionar a la persona vulnerable las facilidades para que desde su cotidianidad pueda realizar toda actividad, evitándole cualquier obstáculo que impida su pleno desarrollo.

Cuando una persona con discapacidad acude a solicitar algún servicio, ya sea de salud, educación, recreación, transporte, vivienda, laboral, se encuentra con trabas debido a que la mayoría de las instituciones públicas y privadas exigen un certificado de salud que tiene vigencia por un determinado tiempo.

También, embajadas, universidades y otras instituciones del extranjero requieren de este certificado de salud para otorgar sus servicios.

Podría pensarse que solicitar y obtener un certificado de salud resulta un trámite ágil y eficiente, sin embargo, no es así, ya que implica una mayor inversión en tiempo y en esfuerzo, para desplazarse, por parte de las personas con discapacidad, por lo que muchas de ellas no lo pueden hacer, dadas las características propias de su discapacidad.

Por lo expuesto, es necesario e importante que legislemos para facilitar la vida a esta población, que ya tiene bastante con la falta de oportunidades, con los problemas de accesibilidad y con la batalla diaria que tiene que dar para incorporarse al desarrollo.

Es urgente contar con un certificado de reconocimiento y calificación de la discapacidad que sea uniforme en todo el país, que sirva a todas las personas con discapacidad como identificación de condición, que sea similar a la credencial de elector en el sentido de contener los datos de cada persona: nombre, domicilio, sexo, fecha y lugar de nacimiento, y lo más relevante, su tipo y grado de discapacidad. Este certificado avalado por un equipo de especialistas tendría validez en todo el país.

Por lo anterior, propongo la creación en México de un sistema para el registro y valoración de la discapacidad. Este certificado servirá como un documento de identificación de la o las discapacidades de las personas.

Por tanto, será de obligatoriedad portarlo cuando la persona con discapacidad acuda a realizar algún trámite ante cualquier institución. Será válido para toda la vida, susceptible de modificarse de ser necesario.

Con él facilitaremos a las personas con discapacidad el acceso al disfrute de los derechos que nuestra Constitución política obliga a las instituciones mexicanas que les proporcionen: salud, educación, alimentación, vestido, empleo, recreación, cultura, deporte, accesibilidad, etcétera.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o., de la Ley General de las Personas con Discapacidad

Único. Se reforma la Ley General de las Personas con Discapacidad adicionando dos párrafos al artículo 8o., para quedar como sigue:

Artículo 8o. La Secretaría de Salud, en coordinación con el Consejo, emitirá la clasificación nacional de discapacidades. Asimismo, otorgará a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad, con validez nacional y como documento oficial para certificar la discapacidad ante las dependencias e instituciones públicas o privadas que lo requieran.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud tendrá un plazo de 120 días a partir de la publicación del presente decreto para iniciar la expedición del certificado.

Solicito a la Presidencia que el texto completo de la iniciativa se integre en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Esperanza Morelos Borja , del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, María Esperanza Morelos Borja , diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente

En nuestro país, al igual que en el resto del mundo, la población que vive con alguna discapacidad va en aumento. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esto se ha debido, entre otras causas, al crecimiento de la población, accidentes y al proceso de envejecimiento que se observa actualmente.

Informes de la OMS estiman que aproximadamente 10 por ciento de la población mundial padece alguna discapacidad; sin embargo, esto varía de un país a otro, conforme transcurren acontecimientos sociales o naturales que los hayan afectado, tales como epidemias, guerras y catástrofes naturales.

Por esa razón, la población con discapacidad se ha convertido en un grupo de especial atención, principalmente porque se le ha considerado como un fenómeno social que interesa desde diversas perspectivas a los sectores de la administración pública, instituciones privadas y organizaciones no gubernamentales de cada país.

Según los datos del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 80 por ciento de la población que padece una discapacidad vive en países en vías de desarrollo mientras que en las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) las tasas de discapacidades son notablemente más altas entre los grupos con menores logros educacionales. El promedio es de 19 por ciento, en comparación con un 11 por ciento entre los que tienen más educación.

Gracias a la preocupación de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la OMS, el Unicef, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Interamericano de Desarrollo y la UNESCO hemos podido conocer valiosa información sobre el número de personas que padecen de alguna discapacidad y sus porcentajes en todo el mundo, los lugares donde habitan, tipos de padecimiento, nivel educativo, condiciones de salud, vivienda, alimentación, acceso a la cultura y el deporte, estadísticas de empleo y otros derechos humanos elementales, sin los cuales no sería posible la aplicación de políticas públicas para mejorar sus condiciones de vida.

México no se ha quedado al margen de los esfuerzos realizados por los organismos internacionales ya mencionados, y conforme con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, con base en las recomendaciones internacionales, recolectó información sobre el monto de población con discapacidad, a partir del grado y los tipos, es decir, desde las más severas a las leves.

Adicionalmente, en la encuesta del censo se indagó la causa que originó la discapacidad, siendo la más frecuente por enfermedades. En el 2000 se identificaron 1 millón 795 mil personas con discapacidad, las cuales representaron 1.8 por ciento de la población total. Resultando datos importantes por ejemplo que es mayor el porcentaje de hombres con discapacidad (52.6 por ciento) en comparación con el de mujeres (47.3 por ciento), situación que es similar en todas las entidades del país.

Sin duda alguna, los datos que aporta el INEGI son valiosos, sin embargo, debido a la constante transformación del mundo y, en consecuencia, a la evolución de la sociedad mexicana, se observa que las características, situación y necesidades de su población vulnerable, específicamente de las personas con discapacidad, crecen día con día.

Es por ello que México a través de sus instituciones tiene la obligación de responder con eficiencia a las crecientes necesidades de los diferentes sectores de la sociedad, y con mayor razón si se trata de quienes se encuentran en situación adversa ante la vida. Pero sólo es posible coadyuvar en el nivel de vida de la población con discapacidad si se conocen sus necesidades primordiales.

En nuestro país, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y sus instituciones, lamentablemente, no se tienen datos confiables acerca de la población con discapacidad, debido entre otras causas, a la falta de solidaridad y de una cultura en la que los mexicanos aprendamos a convivir, valorar y respetar las diversidades, haciendo a un lado prejuicios y estigmas que sólo nos separan como sociedad.

Paradójicamente, en el México del siglo XXI aún hay quienes, por ignorancia, en la mayoría de los casos, se avergüenzan de sus familiares con discapacidad, escondiéndolos y confinándolos al olvido.

Por esta razón, personas con discapacidad auditiva, visual, física, sensorial y mental tanto del campo como de la ciudad, no aparecen en las estadísticas nacionales y mucho menos en las internacionales, quedando soslayados y al margen de todo beneficio de los programas sociales vigentes.

No se saben con exactitud, sobre todo en el interior de la república, datos esenciales como el tipo de enfermedad, edad, sexo, ocupación, y nivel educativo de la población con discapacidad.

Asimismo, no hay precisión acerca de aquellos lugares con mayor índice de discapacidad y cuál es su origen. Aquí cabe señalar que hace falta impulsar la investigación con el propósito de realizar estudios sociales y análisis sobre este tema, es decir, qué la causa, cuáles son sus consecuencias y cómo se previene.

Se hace mención del resto del país porque, desafortunadamente, sólo es en el Distrito Federal donde hay más información y sensibilización por parte de la sociedad, debido a que es aquí donde se concentran todos los servicios, existiendo una cultura más abierta sobre la problemática de la discapacidad.

Y si en la propia ciudad capital se desconocen datos de esta población, pues con mayor razón quedan marginados quienes viven en el campo; sin servicios suficientes, carentes de centros de rehabilitación y de salud, sin saber siquiera, qué es la educación especial, negándosele toda posibilidad de acceso a la cultura y el deporte. Ignorar sus necesidades significa una falta de compromiso por parte del Estado y de sus instituciones hacia los más desprotegidos para mejorar sus condiciones de vida.

Si bien es cierto que a través de los censos es como se puede llegar a una aproximación de datos sobre la población de un país, también lo es el hecho de que un censo de población es un evento que, per se, tiene lugar cada determinado tiempo. Y durante este lapso, países como el nuestro, donde la población está en constante expansión, requieren de un mayor esfuerzo para legislar conforme a las nuevas necesidades que emanen de una sociedad moderna.

Y una sociedad moderna es aquella que, entre otros avances, tiene la capacidad de proporcionar a la persona vulnerable, las facilidades para que desde la cotidianidad pueda realizar toda actividad, evitándole cualquier obstáculo que le impida desarrollarse con plenitud en todos los ámbitos de su vida.

Quizá una buena parte de la sociedad que no padece tal problemática ignore el hecho de que no todas las discapacidades son visibles ante los demás. No siempre la persona va por las calles con bastón, perro guía, silla de ruedas, muletas y otro tipo de aparatos. Existen enfermedades como la sordera, padecimiento que no identifica de inmediato la discapacidad. Y esta falta de notoriedad, como si no fuera suficiente con lo vivido diariamente, se suma a los obstáculos a vencer.

Incluso hasta en las instituciones públicas y privadas cuando la persona con discapacidad acude para solicitar algún servicio, ya sea de salud, educación, recreación, transporte, vivienda, laboral, etcétera, se encuentra con ciertas trabas debido a que la mayoría de éstas exigen un certificado de salud, que sólo tiene vigencia por determinado tiempo. Así también, las diversas embajadas, universidades y otras instituciones del extranjero requieren del mismo para otorgar sus servicios.

Podría pensarse que solicitar y obtener un documento de este tipo resulta un trámite ágil y eficiente, sin embargo, no es así, debido a que implica una inversión en tiempo y esfuerzo en el desplazamiento que llevan a cabo las personas con discapacidad. Y muchas de ellas no lo pueden hacer por las características propias de su padecimiento.

Derivado de esta problemática, urge facilitar la vida a esta población, que ya tiene bastante con la batalla diaria, con la falta de oportunidades, con los problemas de accesibilidad en las ciudades y, por si fuera poco, lidiar con una sociedad excluyente y discriminadora, por tanto, la meta debe ser siempre pensar en su beneficio; es tarea y compromiso de todos.

Las personas con discapacidad no pueden ni deben ir por la vida convenciendo a la sociedad, autoridades y, sobre todo, a quien está detrás de un escritorio, que tiene una enfermedad crónica o cualquier otro padecimiento; ni debe realizar una serie de trámites que sólo le minan tiempo y esfuerzos. Basta ya de documentos y más documentos sin uniformidad alguna, extemporáneos difíciles de obtener y procesar.

Por los motivos expuestos, es necesario, de manera urgente, contar con un documento uniforme en todo el país, que sirva a las personas con discapacidad como identificación de su padecimiento, que sea similar a la credencial de elector en el sentido que contenga los datos de cada persona, es decir, su nombre, domicilio, sexo, fecha y lugar de nacimiento y, lo más relevante, su tipo y grado de discapacidad. Dicho documento deberá estar avalado por un equipo de especialistas y tendrá validez en todo el país, desde el lugar más recóndito hasta las grandes y modernas ciudades.

Ante este panorama, se pone a consideración la creación en México de un Sistema para el Reconocimiento y Valoración de la Discapacidad, que funcionará de la siguiente manera:

La Secretaría de Salud se encargará de otorgar un certificado de discapacidad, que será expedido por un equipo multidisciplinario de especialistas, que a través del trabajo en equipo valorará y calificarán a cada persona, asignándole una calificación o grado en porcentajes de su discapacidad.

Que los criterios de calificación y grados de porcentajes serán establecidos, como en el resto del mundo, siguiendo las pautas marcadas por la OMS.

Que este certificado servirá como un documento de identificación de la discapacidad, por tanto, será de obligatoriedad portarlo cuando la persona con discapacidad acuda a realizar algún trámite ante cualquier institución, y será válido para toda la vida, esto es, desde el nacimiento y detección de la discapacidad hasta la muerte de la persona.

Lo que se pretende es facilitar a la persona con discapacidad el acceso al disfrute de diversos derechos que las instituciones mexicanas tienen la obligación de brindarle, obedeciendo a nuestra Constitución política; es decir, desde la salud, educación, alimentación, vestido, empleo, recreación, cultura, deporte, etcétera, y será una de sus principales características:

Con el manejo de esta información, nuestro país, sin duda alguna, logrará grandes avances en lo referente a la credibilidad de la sociedad hacia el Estado y sus instituciones, quedando no solamente en el discurso político la pretensión de satisfacer las necesidades de su población con discapacidad sino que ahora en adelante tendrá cifras, estudios y estadísticas precisas de esta población vulnerable, lo que conllevará a una oportuna y rápida atención.

Conviene decir que el Certificado de Reconocimiento y Medición de la Discapacidad se aplica en los países de la Unión Europea, y sería la primera vez que en México se instrumentara una propuesta de esta naturaleza, cuya pretensión, en concordancia con las instituciones ya existentes y dedicadas a trabajar en favor de la discapacidad, sea servir como una herramienta para registrar, actualizar, valorar, calificar y canalizar a toda persona con discapacidad que lo requiera a las instituciones correspondientes, a fin de contribuir lo mejor posible a su integración social y productiva del país.

De esta forma, nuestro país contará, al igual que en el resto de Europa, con datos actualizados y precisos sobre su población con discapacidad, lo que originará, al mismo tiempo, una atención con mayor calidad y eficiencia hacia esta población vulnerable. Representa también un avance para México que en los censos de población, al igual que en Europa, su población con discapacidad ya esté debidamente registrada en un padrón sistematizado y actualizado.

En la Unión Europea, el certificado de discapacidad es un documento oficial, expedido por la Administración Pública, mediante el cuál se acredita la condición (temporal o definitiva) de la minusvalía, siendo el resultado de la valoración multiprofesional (médica, psicológica y social).

Fundamentalmente, el valor actual de este documento estriba en el derecho que otorga a las personas con discapacidad para acceder a los beneficios sociales y económicos específicos relativos a los programas y servicios de salud, educación, empleo, participación en la comunidad, ocio, adaptación y adquisición de vivienda, transporte, prestaciones económicas, apoyos personales y reducciones de impuestos, entre otros.

Sin duda el valor social de este documento ha ido creciendo al amparo de los cambios positivos que se han ido produciendo en materia de política social. También por la evolución que se ha ido experimentando en la valoración de la discapacidad en donde se evalúa a la persona en relación a su medio social y comunitario, es decir las deficiencias y capacidades, así como los programas, servicios y apoyos individuales y colectivos que precisa y de los que dispone. Estos cambios están propiciando que se vaya tratando la diversidad como una cuestión social, englobando a la persona, a la familia y a la sociedad.

Es importante señalar que con el certificado de discapacidad se puede tener acceso a diversos programas europeos, nacionales y de la propia comunidad, así como a las prestaciones y apoyos individuales.

Las personas con deficiencias, discapacidades y minusvalías, términos definidos por la OMS en 1980 (IMSERSO, 1997), al igual que el resto de los colectivos, precisan cubrir las necesidades personales y sociales. Ahora bien, debido a sus deficiencias y discapacidad, es necesario que dispongan de programas específicos y apoyos económicos humanos y técnicos para posibilitar el desarrollo de las capacidades y cubrir las necesidades relativas a la salud, educación, empleo, comunicación, cuidado personal, locomoción, habilidades sociales, participación en la comunidad y ocio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la calificación legal de la discapacidad es un documento oficial que acredita que una persona precisa de más apoyos que el resto de la sociedad. Pero, de ninguna manera, significa que esa persona valga menos en comparación con los demás, sino que se trata del documento administrativo que facilita el acceso a determinados derechos y beneficios reservados a la persona con discapacidad. Por tanto, pese a los prejuicios de orden lingüístico que podamos tener, siempre es beneficioso obtener la calificación legal de minusvalía, que no limita en nada a la persona sino que, al contrario, le proporciona apoyos.

La norma que regula en España el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad es el Real Decreto 1971/1999 del 23 de diciembre. Dicho Real Decreto utiliza formalmente la terminología de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de 1980 de la OMS, aunque conceptualmente no sigue sus criterios.

Es preciso destacar que la OMS ha aprobado el 22 de mayo de 2001, en su quincuagésima cuarta Asamblea Mundial de la Salud, mediante la resolución WHA 54.21, que pudiera ser utilizada internacionalmente, la clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud, conocida como CIF, que es heredera de la de 1980 y tendrá segura repercusión sobre la futura legislación española.

Es importante destacar que la calificación legal de discapacidad es un documento administrativo que nada tiene que ver con la incapacitación civil de una persona, que se produce siempre mediante sentencia judicial dirigida a surtir efectos en el gobierno de la propia persona incapacitada y en la administración de sus bienes.

En el caso de España, el reconocimiento y medición de la discapacidad se encuentra fundamentado en su propia Constitución, específicamente en el artículo 49 y, posteriormente, reglamentado en la Ley de Integración Social para el Minusválido (LISMI), en su título IV, artículo 10 y con vigencia a partir de 1982.

El artículo 49 de la Constitución española establece que ``los poderes públicos ampararán especialmente a las personas con discapacidad para el disfrute de los derechos que el título primero otorga a todos los ciudadanos españoles''.

Con este fin nace, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de las Personas Discapacitadas, el cual vino a significar una primera definición de ese amparo especial hacia estas personas.

De ahí que en España, por ejemplo, a cada ciudadano con discapacidad, el Departamento de Bienestar Social otorga un diagnóstico especializado, acompañado de un porcentaje (grado) de discapacidad), el cual tiene validez y reconocimiento en cualquier provincia de este país.

Cabe decir que la citada valoración es realizada por un equipo multiprofesional cuyo objetivo, en un ámbito sectorial, es dar atención interdisciplinaria a cada persona con discapacidad que lo necesite, con el propósito de integrarlo en su entorno socio comunitario.

El citado equipo multiprofesional tiene, nos dice la ley española, las siguientes funciones:

La LISMI, es la primera ley en España que establece una serie de derechos sociales para las personas con discapacidad. Ésta se configura como una ley marco estableciendo como tal las pautas de actuación en materia de discapacidad. Además, es de obligada referencia al ser pionera en la formulación de una serie de derechos sociales para las personas con discapacidad y porque en base a ella se establecen los criterios para calificar a una persona por su grado de discapacidad.

La LISMI, en su artículo 11, establece que ``las calificaciones y valoraciones de los equipos multiprofesionales responderán a criterios técnicos unificados y tendrán validez ante cualquier organismo público''. Con el fin, de unificar los criterios de valoración y calificación de las discapacidades, se estableció en un primer momento el Real Decreto 1723/1981 de 24 de julio, sobre el reconocimiento, declaración y calificación de las condiciones de subnormal y minusválido.

Así pues el objeto de este real decreto ha sido establecer criterios unificados en el reconocimiento de la condición de minusvalía, para que sea uniforme en todo el territorio español. Con esto se pretendió garantizar ``la igualdad de condiciones para el acceso al ciudadano a los beneficios, derechos económicos y servicios que los organismos públicos otorguen.

La calificación de discapacidad se hace en términos de grados, y el grado de ésta se expresará en porcentajes. La calificación del grado de discapacidad, se lleva a cabo, como ya se ha mencionado, por medio de los equipos de valoración, que son equipos interdisciplinarios, formados, por lo menos, por los siguientes profesionales: médico, psicólogo y trabajador social.

Estos equipos técnicos se dedican ex profeso a recabar de profesionales de otros organismos los informes médicos, psicológicos o sociales pertinentes, para la formulación de sus dictámenes.'' En los informes que emitan estos equipos, deben figurar necesariamente: el diagnóstico, tipo y grado de la discapacidad.

Precisando más sobre el funcionamiento de las normas para la evaluación y establecimiento del grado de discapacidad de una persona, la LISMI basa su calificación en los porcentajes o grados de discapacidad, mismos que siguen el modelo propuesto por la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías de la OMS.

Para definir la deficiencia y la discapacidad que son causantes de la minusvalía, según lo establecido en el artículo 7 de la LISMI, se ha seguido la propuesta de la World Health Organization, 1980, y de la OMS.

Basándose también en la misma definición se establecen tres bloques de colectivos de personas con discapacidad: deficiencia física, deficiencia psíquica y deficiencia sensorial.

La norma establece los porcentajes de discapacidad en una serie de anexos, que se subdividen a su vez en el anexo 1.a (factores médicos), anexo 1.b (factores sociales), anexo 2(necesidad de tercera persona) y anexo 3 (uso de transportes colectivos).

El anexo 1.a establece las pautas para determinar la discapacidad ``originada por deficiencias permanentes de los distintos órganos, aparatos o sistemas''. Para establecer estas pautas han tenido en cuenta la definición de la OMS (WHO, 1980) de discapacidad.

Prima pues la severidad en las limitaciones a la hora de realizar las actividades de la vida diaria (en adelante AVD).

Cuando en los factores de valoración establecidos en el anexo 1.a, se obtiene un porcentaje de minusvalía del 25 por ciento, se agregará la valoración de las circunstancias personales y sociales, que permiten añadir al porcentaje anterior 15 puntos más, logrando con ello el 33 por ciento de discapacidad que se establece para ser beneficiario de los derechos contenidos en la LISMI.

En el anexo 1.b, se establecen estos porcentajes que hacen referencia a las circunstancias personales y sociales que puedan influir de forma negativa agravando la situación de desventaja originada por la discapacidad de la persona.

Anexo 1.A

Se considera aquí como discapacidad: aquella que provenga de deficiencias permanentes; la que resulte como consecuencia de un proceso patológico, ya sea este congénito o adquirido; - las deficiencias permanentes, entendidas estas como las alteraciones orgánicas y funcionales no recuperables.

No se considera como discapacidad: el diagnóstico de una enfermedad, sino la severidad de las consecuencias de dicha enfermedad en el desarrollo de las AVD, cualquiera que esta sea.

Todo lo anterior se mide siempre teniendo en cuenta la severidad o las limitaciones que la deficiencia o enfermedad tengan en la capacidad del sujeto para llevar a cabo con normalidad las AVD

En torno a esto, se establecen cinco grados de Discapacidad:

Grado 1

Discapacidad nula: los síntomas, signos o las secuelas que existen no suponen para el sujeto que las padece ningún impedimento para realizar las Actividades de la Vida Diaria.

Grado 2

Discapacidad leve: los síntomas, signos y secuelas sí limitan un poco el desarrollo normal de las AVD pero no impiden su realización.

Grado 3

Discapacidad moderada: los síntomas, signos y secuelas suponen un impedimento importante para el sujeto a la hora de llevar a cabo las AVD, pero puede realizar- las actividades de autocuidado.

Grado 4

Discapacidad grave: los síntomas, signos y secuelas suponen una limitación muy importante así como la imposibilidad de llevar a cabo las AVD, llegando incluso a afectar las actividades de autocuidado.

Grado 5

Discapacidad muy grave: los síntomas, signos y secuelas imposibilitan al sujeto para la realización de las AVD.

Cada uno de estos grados de discapacidad debe de ser expresado posteriormente en términos de porcentaje. Los porcentajes de discapacidad se corresponden a su vez con los criterios que se establecen en cinco clases:

Para definir lo que se entiende por actividades de la vida diaria, se ha tenido en cuenta la propuesta de la Asociación Médica Americana en 1994.

Según la clasificación de la Asociación Médica Americana, estas actividades de autocuidado, son vestirse, comer, aseo e higiene personal.

Clase I. se recogen las deficiencias de tipo permanente, pero que no producen discapacidad. Se corresponde pues con el grado 1. La clasificación de esta clase es del 0 por 100.

Clase II. Incluye las permanentes que originan una discapacidad leve. Le corresponde un porcentaje que puede variar entre el 1 por 100 y el 24 por 100.

Clase III. Incluyen las deficiencias permanentes que ocasionan una discapacidad moderada. Aquí la oscilación porcentual va desde el 25 por 100 al 49 por 100.

Clase IV. Incluyen las deficiencias permanentes que originan una discapacidad grave. El porcentaje oscila entre el 50 por 100 hasta el 70 por 100.

Clase V. Incluye las deficiencias permanentes que originan una discapacidad muy grave. Aquí, como hemos visto el sujeto afectado no puede realizar por si solo las AVD sino que necesita de la ayuda de otra persona para poder llevarlas a cabo, por lo que aquí se establece un porcentaje del 75 por 100.

La norma diferencia entre discapacidad física y sensorial de la discapacidad psíquica. Esta última se guía por otras pautas diferentes.

En cuanto a las deficiencias físicas, se valoran aquellas deficiencias permanentes que se pueden originar en el: sistema músculo esquelético (sistema nervioso; aparato respiratorio; sistema cardiovascular; sistema hematopoyético, aparato digestivo, aparato genitourinario, sistema endocrino, deficiencias en la piel, y las neoplasias.

También se tratan aquí las alteraciones del lenguaje, el retraso mental y la enfermedad mental son consideradas como deficiencias psíquicas. Se establece como enfermedad mental los trastornos mentales orgánicos, las esquizofrenias y trastornos psicóticos, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad, adaptativos y somatomorfos, disociativos y de personalidad.

Anexo 1.B. Factores sociales

En el Anexo 1.B se hace alusión a los factores sociales que llevan el adjetivo de complementarios. La discapacidad se define como ``una desventaja social en un individuo afectado por una deficiencia''.

Esta parte de la valoración, tan solo puntúa 1.5 puntos y sólo se sumarán cuando en la valoración médica se haya obtenido como mínimo un 25 por 100.

Dentro de este parámetro de factores sociales se tiene en cuenta:

Como puede observarse, se establecen pues una serie de puntos evaluables pero sin explicar específicamente cada situación, lo deja al criterio del profesional encargado de evaluar. En cambio, los factores médicos están claramente definidos y resulta por ello fácil ser objetivo, pero no ocurre lo mismo con los sociales que suelen ser más subjetivos.

Anexo 2

En el anexo 2 de la norma, se establece el baremo para determinar la necesidad de asistencia de tercera persona. Aquí se tienen en cuenta factores tales como si la persona con discapacidad es capaz de desplazarse por si misma, si es capaz de cuidarse, si se comunica o si es capaz de desarrollar otras actividades propias de la casa, si necesita de cuidados especiales y también tienen en cuenta la adaptación de la persona con discapacidad tanto a su situación personal como social.

Anexo 3

En el anexo 3 se encuentra el baremo para determinar la existencia de dificultades para utilizar transportes colectivos.

En conclusión, esta norma es un reflejo de los criterios establecidos en la LISMI, con esta última y con las posteriores promulgaciones de los Reales decretos de valoración, se pretende establecer un criterio unificador, por lo menos a nivel orgánico y para ello se crean los equipos multiprofesionales, dotados de un carácter interdisciplinario.

Estos equipos, como hemos visto, están integrados por distintos profesionales tanto del campo médico como del campo social pero aquí al igual que en la norma analizada anteriormente, priman los criterios médicos sobre los criterios sociales. Es decir, es determinante que previa a la declaración de la condición de discapacidad se realice un diagnóstico médico que posteriormente se completará con un informe social, siempre y cuando se haya obtenido un determinado grado de discapacidad en la parte médica.

Tal y como puede observarse, las deficiencias físicas reciben un mayor tratamiento que las deficiencias psíquicas, tal vez porque los criterios médicos sean más claros en los primeros y no así en los segundos.

Por otro lado no se distingue el origen causante de la discapacidad, no hay diferencia de trato en el caso de que la discapacidad se haya producido por cierto tipo de enfermedades como el sida o sean consecuencia de politoxicomanías, sino que lo que se valora es como limita la enfermedad el desarrollo de las actividades de la vida diaria.

Como se ha podido apreciar, la experiencia española es un buen indicador para constatar la utilidad del certificado de discapacidad. Asimismo, se han destacado los beneficios que conlleva para estas personas. En México, al igual que en España, implantar este sistema de reconocimiento, valoración y calificación de las discapacidades, traerá en consecuencia, la protección automática por parte del Estado, brindándole a la persona con discapacidad los siguientes beneficios:

Que la persona al padecer de alguna discapacidad, cualquiera que sea su origen, el Estado, a través de la Secretaría de Salud, se hará responsable, expidiéndole un certificado de discapacidad mediante el cual le otorgará todos los derechos correspondientes de las instituciones mexicanas.

Que en el aspecto administrativo, dicho certificado servirá como un instrumento que agilizará cualquier trámite que la persona requiera cuando se dirija a las diversas instituciones mexicanas como son las secretarías de salud, de educación pública, de gobernación, desarrollo social, trabajo, hacienda y crédito público, etcétera.

Que con el certificado de discapacidad la persona accederá de inmediato a una serie de beneficios, como son:

Asimismo, este reconocimiento y calificación de la discapacidad, coadyuvará en las siguientes tareas:

Cabe destacar que el equipo multidisciplinario de especialistas basará sus pruebas de calificación, como actualmente se hace en la Unión Europea, en American Medical Association; Clasificación Internacional de las Enfermedades; DMS-IV, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales; Clasificación Internacional de la Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía de la OMS, entre otros.

En nuestra legislación, específicamente en la Ley General de las Personas con Discapacidad, en su artículo 8o., establece que la Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo, será la encargada de emitir la Clasificación Nacional de Discapacidades.

Sin embargo, como puede observarse, en el citado artículo no se hace alusión más acerca de la denominada clasificación de discapacidades. No se establece cómo se llevará dicha clasificación a cabo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Único. Se reforma Ley General de las Personas con Discapacidad adicionando dos párrafos al artículo 8o., para quedar como sigue:

Artículo 8o. La Secretaría de Salud, en coordinación con el consejo, emitirá la clasificación nacional de discapacidades. Asimismo, otorgara a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional, y como documento oficial para certificar la discapacidad ante la dependencia e instituciones públicas o privadas que lo requieran.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud tendrá un plazo de 120 días a partir de la publicación del presente decreto para iniciar la expedición del certificado que se menciona en el artículo 8o. del mismo.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Morelos Borja. Insértese íntegro el texto de la iniciativa ytúrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

ARTICULOS 2, 3, 4, 6, 28, 73 Y 76 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Gracias, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, compañero.

Inicio refiriéndome al hecho grave que se dio ayer en el seno de los trabajos del grupo especial que el Senado de la República creó para estudiar el tema de la reforma a la Ley de Medios, a la normatividad de medios de comunicación.

Los concesionarios fueron a exigir a los senadores que no tomen en cuenta la sentencia de la Corte con relación a la Ley Televisa. No están de acuerdo en que la Corte haya señalado que la ley debe prohibir la concentración de concesiones. No están de acuerdo en que la Corte haya decidido echar abajo parte de la Ley Televisa porque determinaba que el dinero fuera el factor fundamental para la asignación de concesiones.

Yo pienso, compañeras y compañeros, que con la actitud que mostró ayer la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión queda claro que si no dotamos al pueblo de México de una legislación clara en el nivel constitucional, vamos a tener graves problemas con litigios eternos en la Corte y eso, a mi juicio, estamos en condiciones de resolverlo de una vez por todas. Eso intenta nuestra propuesta de reforma constitucional.

En primer lugar he de decir que en nuestra reforma se plantea que el artículo 2o. sea modificado para garantizar que nuestros pueblos indios tengan radiodifusoras, canales de televisión, sin que ninguna autoridad inferior se los pueda negar.

También planteamos algo que a nuestro juicio es fundamental, sostenemos que hoy ser analfabeta es equivalente a no estar conectado en las redes de telecomunicaciones. Hoy un joven, un adulto, cualquier persona que no esté conectada en las redes es como si no supiera leer y escribir, sobre todo en el siglo pasado.

Por esas razones, creemos que en el artículo 3o. debemos establecer claramente que el Estado deberá garantizar esa conectividad, que todos tengamos posibilidades de acceder equitativamente, libremente a los contenidos y tecnologías de la información.

Ya se puede hacer esto, sí. La Comisión Federal de Electricidad tiene montada la segunda red de fibra óptica más grande del país. Después de Teléfonos de México, la CFE tiene una red muy grande que ya la está sometiendo a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que se la renten.

Quiero ser un carrier de carriers, como dicen en la jerga actual, y nosotros decimos, por qué no el Estado mexicano les lleva la televisión, el teléfono y la Internet a las comunidades indígenas, por qué hemos de estar sometidos a los criterios de las empresas privadas y, sobre todo, ahora de las extranjeras.

Hay grupos de diputados que están exigiendo que abramos a la inversión extranjera las telecomunicaciones, como si eso fuera la solución. Nosotros decimos, vamos a llevarles todos estos servicios a través de la red de la Comisión Federal de Electricidad.

También planteamos ---y con esto quiero terminar, Presidente--- que es lo principal, una reforma al artículo 4o. para que se garantice que existirá una red de radiodifusoras y televisoras públicas y comunitarias.

Nosotros creemos que ese ámbito debe garantizarse desde el nivel de la Constitución de la república y el 6o. constitucional debe garantizar la libertad de expresión de todos los mexicanos.

Éste es un aspecto fundamental que la Corte resolvió. El principal peligro para la libertad de expresión de los mexicanos es la concentración de concesiones en pocas manos. Allí está el peligro.

Y el sistema de medios de comunicación de México debe garantizar que todos los mexicanos tengamos acceso a ellos para obtener información y para emitir información. Ésa es la concepción moderna sobre la libertad de expresión, aceptada en los distintos órganos internacionales en los que México participa y a cuyas resoluciones está obligado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece, sin lugar a dudas, que los seres humanos, no sólo los mexicanos, que todos los seres humanos debemos tener derecho a acceder al sistema de medios de comunicación.

Por eso, compañeras y compañeros, proponemos estas reformas a la Constitución, además de una al 28 para que se genere un consejo nacional de telecomunicaciones, como lo tiene Francia, como lo tiene España, autónomo e independiente, para que las concesiones no se otorguen, como se está haciendo ahorita, al mejor postor o a los amigos y compadres.

Por último, la reforma para que este Congreso pueda legislar en materia de comunicaciones. No tenemos hoy expresamente señalada esa facultad. Hagámoslo, compañeras y compañeros, démosle al país el régimen de telecomunicaciones que este país merece. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raymundo Cárdenas Hernández , del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados Claudia Lilia Cruz Santiago , Aleida Alavez Ruíz y Mónica Fernández Balboa , Raymundo Cárdenas Hernández , José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y Ramón Félix Pacheco Llanes , integrantes del Grupo Parlamentario del Parito de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI, del apartado B, del artículo 2; se reforma el segundo párrafo y se adiciona una fracción IV, recorriéndose las fracciones subsecuentes del artículo 3; adiciona un párrafo noveno al artículo 4; se reforma el primer párrafo y adiciona un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes del artículo 6; se reforma el párrafo cuarto y adiciona dos párrafos quinto y sexto recorriéndose los subsecuentes del artículo 28; se reforma la fracción X del artículo 73, y adiciona un párrafo décimo recorriéndose los subsecuentes del artículo 76, todos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

``Sin dignidad humana y sin democracia no se puede realizar el ser humano, por lo que se debe abordar el problema desde la libertad de expresión''.

Ministro Góngora Pimentel

Introducción

A través del siglo XX, la evolución de la legislación de los medios masivos ha respondido a las coyunturas políticas, a la expansión del capital y a los cambios tecnológicos.

En 1960 la Ley Federal de Radio y Televisión, promulgada bajo el régimen de Adolfo López Mateos, tuvo como principal beneficiario a Telesistema Mexicano, cuyos canales 2, 4 y 5 acaparaban el espectro televisivo. Momentos en los que despuntaba una importante fase de desarrollo tecnológico para los medios electrónicos.¹

Durante el periodo de Díaz Ordaz se vivió una etapa de represión, en particular hacia los medios escritos, y para 1969 los concesionarios de los medios electrónicos lograron beneficios a cambio del 12.5 de los tiempos de estado.

El gobierno echeverrista manifestó su interés por reformar la legislación vigente, lo cual el recién surgido consorcio Televisa (creado en 1972 a partir de la fusión de Televisión Independiente de México y Telesistema Mexicano) buscó frenar. Así, la reforma se produjo sólo a nivel reglamentario ² y el proyecto privado siguió su curso.

Para octubre de 1977 el Congreso recibió del Ejecutivo la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ³ donde se planteaba la necesidad de regular la existencia y funciones de los partidos políticos y se les abrían espacios gratuitos en los medios electrónicos, la cual se concretó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE).

Esta reforma es una de las más relevantes para la comunicación social del país, al contemplar la adición al artículo sexto constitucional de la obligación del estado de garantizar el derecho a la información. Y en 1979, en el marco de la reforma política, el régimen de José López Portillo planteó una reglamentación al derecho a la información.

La política del gobierno de Miguel de la Madrid apeló a la rectoría del Estado en las telecomunicaciones, aun cuando ya se enfilaba hacia una profunda modificación. En 1985 se lanzaba al espacio el primer artefacto del Sistema Morelos de Satélites, en medio de la carencia de un proyecto estatal para la incorporación de las nuevas tecnologías , respondiendo a las necesidades de expansión de la empresa Televisa, impulsora de un proyecto para contar con satélites domésticos.

Con el arribo de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República, se ratificó el rumbo neoliberal en el que se había insertado al país, hecho que perfiló la política para la radiodifusión y las telecomunicaciones esbozada por el régimen madridista. Bajo la consigna de la modernización , el gobierno impulsó un proceso de venta de las empresas estatales.

En 1989 se dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para la gestión de Salinas, que consideraba la modernización de las telecomunicaciones como fundamental para apoyar todos los renglones del desarrollo nacional, al mismo tiempo señalaba que el Estado seguiría ejerciendo la rectoría en dicho sector, pero puntualizaba que estimularía su evolución a través de un marco regulador que habría de dar certeza jurídica a los participantes del campo de las telecomunicaciones. ⁴ Asimismo se estableció la necesidad de recurrir a grandes inversiones, incluso privadas, para el impulso a las empresas de servicios de transmisión conmutada de datos, teleinformática, telefonía celular, facsímil y mensajería electrónica, entre otros rubros. Este era el preámbulo de la privatización de Telmex, el monopolio estatal de la telefonía, cuya desincorporación en 1989 sería una de las más relevantes del régimen.

El respaldo de la administración salinista al sector privado en esta materia, se expresó vía la renovación automática de las concesiones de más de 400 emisoras de radio (por entonces, equivalente a cerca de la mitad de las existentes en la industria radiofónica nacional), así como a través del otorgamiento de más concesiones a Televisa.

Mención aparte merece la desincorporación de Imevisión, la televisora estatal, que fue incluida en el llamado ``paquete de los medios estatales'', puesta a subasta y vendida en julio de 1993 por 650 millones de dólares. Con la venta de Imevisión se abandona la política que en materia de medios públicos había tenido el Estado mexicano; con esta medida, el Estado deja de considerar el carácter estratégico de los medios públicos para el desarrollo social y cultural, para permitir negocios de empresarios desde el gobierno; es posible constatar, desde entonces a nuestros días, un desarrollo de mediadas paulatinas que tienden a privilegiar los intereses privados sobre los medios públicos.

El 6 de julio de 1996, durante la celebración del día de la libertad de prensa , el presidente Ernesto Zedillo se pronunció por la autorregulación de los medios, dejando de lado el trabajo que se realizaba en esos momentos en la Cámara de Diputados.

A principios de 2001 el gobierno foxista anunció la reinstalación del Consejo Nacional de Radio y Televisión, creado por la Ley Federal de Radio y Televisión de1960 y que estaba en franca parálisis. Esta representa una primera oportunidad a los concesionarios del sector para hacer sentir su influencia y medir fuerzas.

Las presiones que ejercieron sobre el gobierno los concesionarios surtieron efecto, pues el propósito de reactivar al consejo quedó en mero intento. Lo que pudo ser una primera discrepancia entre el gobierno y los industriales, comenzó a tomar la forma de una renovación del viejo pacto, aunque con redefiniciones en el peso de los dos sectores, aunque inclinando la balanza a favor de los concesionarios.

Otra evidencia de ello fue la pronta puesta en marcha, el 6 de mayo del 2001, de otro consejo: el Consejo de Autorregulación de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), a cuya instalación acudió el propio presidente Vicente Fox.

El 5 de marzo del 2001 se anunció la puesta en marcha de la Mesa de diálogo para la reforma integral de la legislación en medios electrónicos , misma que, según la Secretaría de Gobernación, (a instancia de la cual se había constituido), tendría como fin ``lograr en el ámbito de un absoluto respeto a las libertades, y particularmente a la libertad de expresión, una relación sana, transparente y responsable entre el gobierno, los medios y la sociedad''.

Los trabajos de la mesa de diálogo comenzaron a entrar en una fase de lentitud, inasistencia de algunos representantes (partidos políticos, CIRT) e ineficacia logística y operativa de la Segob.

Los representantes de las organizaciones civiles manifestaron su inconformidad ante ello y demandaron la agilización del proceso, que no obstante había avanzado en la redacción de la propuesta para iniciativa de ley. Poco después se constatarían las razones del decaimiento de los trabajos de la mesa de diálogo: la existencia de una propuesta paralela gobierno-industriales, en elaboración desde meses atrás por la CIRT de manera unilateral, con el apoyo del Ejecutivo y que tenía como meta salir a la luz al corto plazo, sin pasar por el Congreso y en una fecha establecida por los propios empresarios de la radio y la televisión.

El 10 de octubre del 2002, en el marco de la reunión anual de la CIRT, el presidente Vicente Fox anunció sorpresivamente la expedición de un acuerdo presidencial por cuyas disposiciones se disminuía sustantivamente (en un 90 por ciento) el llamado ``tiempo fiscal'', así como la de un nuevo Reglamento para la Ley Federal de Radio y Televisión. Fue de esta manera como se echaron por tierra los trabajos de la mesa, nulificando con ello los consensos y acuerdos que arduamente se habían logrado a lo largo de diecinueve meses, en ese espacio.

El episodio del llamado ``decretazo'' del 10 de octubre del 2002 vino a constituir una segunda y contundente evidencia del ascenso del sector de los industriales de radio y televisión en la cúpula del poder, como también de la subordinación gubernamental en la misma. El viejo acuerdo Estado-concesionarios había sido renovado, con amplias ventajas para las dos partes.

Las organizaciones civiles no dieron por concluida, con el decretazo , su participación en la reforma del marco legal y se dieron a la tarea de formular una propuesta, a partir de los acuerdos y consensos obtenidos en cada uno de los temas. El resultado fue un proyecto de iniciativa para la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, primero en su género en la ya larga trayectoria de discusión sobre el tema. La ``iniciativa ciudadana'' fue presentada el 4 de diciembre de 2002 ante la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados, y el 12 del mismo mes al Pleno del Senado.

Ante la ausencia de la figura de iniciativa ciudadana en la normatividad legislativa, los senadores Javier Corral, del Partido Acción Nacional (PAN) y Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) la presentaron como iniciativa de ley, y 64 senadores de cuatro partidos políticos la suscribieron, haciendo así posible su discusión en el Congreso.

Comenzaba otra larga etapa para la propuesta de reforma integral en materia de medios electrónicos. Durante el 2003 y el 2004 el Senado hizo consultas a especialistas diversos y concedió audiencias sobre el tema, con el fin de perfeccionar la iniciativa. En septiembre del 2004, el documento producto de la revisión de los senadores comenzó a circular en el Congreso.

Para enero del 2005 se incorporaron recomendaciones varias, emitidas por las tres comisiones dictaminadoras y surgieron presiones para detener el proceso, pero éste, aunque con lentitud, siguió adelante. La iniciativa no avanzaría en su dictaminación definitiva, misma que le permitiría pasar a votación en el pleno de la Cámara y contar con la posibilidad de su aprobación. Nuevamente, a espaldas de los trabajos de discusión en el Senado, se preparaba una propuesta de reglamentación distinta.

En noviembre del 2005 la Cámara de Diputados aprobó, en tan sólo siete minutos, una propuesta de Ley de Radio y Televisión que fue elaborada por los despachos de abogados de Televisa y TV Azteca. Esta iniciativa fue enviada al Senado y en un proceso inaudito, el 30 de marzo de 2006, fue aprobada sin un solo cambio a pesar de los evidentes errores que mostraba el texto en su redacción. En ese contexto expresaron también su posición las organizaciones civiles, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, todos ellos pedían el veto al presidente de la república. El debate en la opinión pública y el reclamo fueron intensos; sin embargo las modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril del 2006.

El proceso electoral había dado inicio en 2005 y el peso y poder de las empresas televisoras se hizo evidente en la aprobación fast track de esta ley que le quita al Estado mexicano el control y regulación de un bien público como es el espectro radioeléctrico del país, un espacio que permite el acceso a la prestación de servicios de telecomunicaciones sin retribución al Estado; se trata de una ley que apoya la concentración de los medios electrónicos al renovarse las concesiones en forma automática y propone el otorgamiento de las nuevas a partir de subastas económicas a la alza; es una ley inicua que omite las normas que debieran aplicarse respecto a los medios comunitarios y públicos y los coloca en total desventaja frente a los proveedores privados.

Se preparó una minuta paralela que fue enviada desde el Senado a la Cámara de Diputados, su misión era enmendar los visibles errores de la ley pero dicha minuta quedó en la congeladora hasta la fecha.

El manipulado proceso de aprobación de la ley Televisa y los errores en su redacción dieron origen a la acción de inconstitucionalidad que en mayo del 2006 presentaron 47 senadores ante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La acción de inconstitucionalidad tiene como punto central el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión porque ``contradice la rectoría económica del Estado, favorece el acaparamiento de los medios de telecomunicaciones en pocas manos, en perjuicio del interés público y de la libre ocurrencia''.

La actual Ley de Radio y televisión, llamada ley Televisa, sigue vigente y representa las siguientes afectaciones:

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la resolución sobre la acción de inconstitucionalidad el 7 de junio de 2007, siendo el ministro ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. En sesión privada del 6 de agosto de 2007 se aprobó el engrose por unanimidad de diez votos. La resolución se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el Diario Oficial de la Federación.

El 15 de agosto de 2007, se publicó la opinión del ministro Genaro Góngora Pimentel, quien mediante su voto particular expresó su opinión en el siguiente sentido:

El marco legal que surgió de las reformas del 2006, que afecta la soberanía del Estado en materia de radio, televisión y telecomunicaciones y debilita los derechos fundamentales de los ciudadanos en la materia, conlleva serios perjuicios para el interés nacional, debido a que mantiene las bases estructurales de la concentración de los espacios de la comunicación social y margina a la ciudadanía en el desarrollo de un modelo de comunicación acorde con las condiciones y necesidades del país.

Antecedentes de la acción de inconstitucionalidad

En sesión celebrada el 22 de noviembre de 2005, el diputado Lorenzo Miguel Lucero Palma, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa que promovía: ``reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión''. En esa misma sesión, el Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio, Televisión y Cinematografía del mismo órgano parlamentario.

El 30 de marzo de 2006, la Cámara de Senadores sesionó, y habiendo discutido el dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos que contenía el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, lo aprobaron en lo general y en lo particular, con una votación de 78 votos a favor, 37 votos en contra y una abstención.

Mediante oficio III-2835, de 30 de marzo de 2006, se envió al secretario de Gobernación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, suscrito por la Presidenta y la secretaria de la Cámara de Diputados, así como por el Presidente y la secretaria de la Cámara de Senadores.

Finalmente, el 11 de abril de 2006, previa promulgación por parte del Ejecutivo federal, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ``decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión''.

Contra dicho decreto, el 36 por ciento de los senadores integrantes de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, promovieron una acción de inconstitucionalidad.

El 4 de mayo de 2006 se presentó la acción de inconstitucionalidad 26/2006, promovida por 47 senadores integrantes de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en la que solicitaron la invalidez del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó los puntos resolutivos el 7 de junio de 2007. El ministro ponente fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

En sesión privada del 6 de agosto de 2007 se aprobó el engrose de la sentencia por unanimidad de diez votos de los ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González Salas, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Azuela Güitrón, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia. La resolución se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el Diario Oficial de la Federación.

Acción de inconstitucionalidad

La acción de inconstitucionalidad se presentó en contra de los órganos Legislativo y Ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan:

El honorable Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores.

El Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Son materia de la presente acción de inconstitucionalidad, las normas generales que se precisan, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 11 de abril de 2006: ⁵

Argumentos de los senadores de la LIX Legislatura ⁶

Los senadores que promovieron la acción de inconstitucionalidad señalaron como preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos infringidos el 1, 2, 3, 5, 6, 14, 16, 25, 27, 28, 31, 41, 42, 49, 70, 72, 73, 74, 76, 89, 90, 121, 133 y 134, con base en los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:

Primer concepto de invalidez. Procedimiento⁷

El procedimiento legislativo del cual deriva el decreto de reformas, tanto a la Ley Federal de Telecomunicaciones como a la Ley Federal de Radio y Televisión, es violatorio de los artículos 16, 70 y 72 constitucionales, en relación con los artículos 135, 136, 137 y 140 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo concepto de invalidez. Cofetel⁸

En este apartado, la actora sostiene que el primer párrafo del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al prever la creación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es violatorio de los artículos 16, 49 y 89 de la Constitución federal.

Tercer concepto de invalidez. Comisionados Cofetel⁹

La parte actora, considera que los artículos 9-C y 9-D de la Ley Federal de Telecomunicaciones reformados, son violatorios de los artículos 49, 89, 90 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la garantía de legalidad prevista por el artículo 16 de ese ordenamiento en relación con los artículos 11, 16, 17, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Cuarto concepto de invalidez. Reglamentos y Cofetel¹⁰

Los artículos 4 y 5 transitorios de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 2 transitorio de la Ley Federal de Radio y Televisión, resultan contrarios a los artículos 16, 49 y 89 constitucionales en tanto prevén la derogación tácita de los reglamentos expedidos con anterioridad por el Poder Ejecutivo en los que se haga referencia a las atribuciones que antes le confería a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el artículo 9-A, entendiéndose ahora que deben entenderse otorgadas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones; así como la derogación del reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al establecerse igualmente, que las atribuciones que correspondían a la Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión, serán ejercidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Quinto concepto de invalidez. Designación escalonada de comisionados Cofetel¹¹

Afirma la actora que, el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el cual se prevé la designación escalonada de los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, es violatorio de los artículos 16, 40, 80, 81 y 83 de la Constitución Federal.

Sexto concepto de invalidez. Inelegibilidad consejeros Cofetel¹²

Igualmente, el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al prever la ineligibilidad de los actuales comisionados para integrar la Comisión Federal de Telecomunicaciones, es violatorio de los artículos 1, 5, 13, 49 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Séptimo concepto de invalidez. Igualdad y libre concurrencia¹³

El decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, es violatorio de los artículos 1 y 28 de la Constitución Federal, en tanto contraviene los principios de igualdad y libre concurrencia.

Octavo concepto de invalidez. Principio de igualdad¹⁴

El artículo 9-A, fracción XI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones adicionado en el decreto de reformas es violatorio de los artículos 1, 14, 16, 27 y 28 de la Constitución federal.

En argumentación de la parte actora, dicho artículo resulta inconstitucional en la medida en que otorga facultades a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para registrar las tarifas de telecomunicaciones y para establecer obligaciones específicas a cargo de los concesionarios de las redes públicas de las mismas, relacionadas con dichas tarifas, calidad de servicio e información, bajo criterios sociales y estándares internacionales. Igualmente se autoriza a la comisión para definir cuáles de los concesionarios poseen poder sustancial en el mercado , en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.

Noveno concepto de invalidez. Pago por aprovechamientos¹⁵

La fracción XII, del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, resulta violatoria de lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 90 de la Constitución federal, en relación al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal puesto que dada la regulación de la administración pública centralizada, corresponde originalmente a las secretarías de estado el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, previéndose reglas expresas para la delegación de facultades.

Así, la fracción del artículo impugnada, al otorgar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones la atribución de ``recibir el pago por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, que procedan en materia de telecomunicaciones, conforme a las disposiciones legales aplicables.'', es violatoria del principio de legalidad, pues en términos del artículo 31, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la facultad para cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en ningún caso, puede entenderse que corresponda a un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues ni siquiera ésta tiene semejante atribución que pudiera haberle delegado a la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Décimo concepto de invalidez. Cofetel y asuntos internacionales¹⁶

La fracción XIV, del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, resulta violatoria de los artículos 16 y 89, fracción X, constitucionales, en relación con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al autorizar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para ``...intervenir en asuntos internacionales en el ámbito de su competencia.'', cuando es el caso que la facultad para dirigir la política exterior del Estado mexicano y celebrar tratados internacionales es exclusiva del Ejecutivo federal.

Se establece así, que el precepto impugnado contraviene el principio de legalidad, puesto que otorga facultades que corresponden constitucionalmente al presidente de la república, a un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mismo que tampoco tiene facultades en materia de asuntos internacionales, pues en todo caso, los asuntos de esta naturaleza son competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Undécimo concepto de invalidez. Cofetel y facultades de radio y televisión¹⁷

La fracción XVI, del artículo 9-A, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la medida en que confiere facultades en materia de radio y televisión a la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Constitución federal.

Lo anterior, en tanto que al otorgársele facultades al órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de radio y televisión, que corresponden originariamente a dicha secretaría de estado, se contraviene la fracción I, del artículo 89 constitucional, pues es al Ejecutivo federal, en todo caso, a quien correspondía delegarlas y en ningún caso al Congreso de la Unión, lo que rompe con el principio de jerarquía de mando del presidente y le resta autoridad.

Duodécimo concepto de invalidez. El estado y el espectro radieléctrico¹⁸

El artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, es violatorio de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en tanto al otorgamiento de un título de concesión para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencia (que debe entenderse como una fracción del espectro electromagnético), no supone el dominio, propiedad ni posesión indefinida de ésta.

En términos del artículo 28 constitucional, las leyes deben fijar las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia en la prestación de los servicios públicos y la utilización social de los bienes del dominio público de la nación, no obstante lo cual, el artículo impugnado, al prever que basta la presentación de una solicitud formulada por los concesionarios en materia de radio y televisión, para obtener una autorización para prestar servicios adicionales en materia de telecomunicaciones, está privando al Estado de su potestad soberana para otorgar o negar la concesión en esta última materia (telecomunicaciones).

Es decir, sin que se exija al solicitante que cumpla con los requisitos que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones (artículos 16 ó 24) para obtener la concesión respectiva.

Décimotercero concepto de invalidez. Requisitos para concesiones¹⁹

Los artículos 17-E, 17- F, 17-G, 20 y 21-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, son violatorios de lo dispuesto en los artículos 1, 6, 14, 16, 27 y 28 constitucionales, en relación con el artículo 2 de la propia Ley Federal de Radio y Televisión al establecer los requisitos que deben ser cumplidos por los interesados en obtener el permiso para la prestación del servicio de radiodifusión.

Se violentan así los principios de seguridad jurídica y legalidad, pues los preceptos impugnados contienen normas que generan incertidumbre e inseguridad jurídica al dejar un alto margen de discrecionalidad a la autoridad encargada de otorgar los permisos, quien podrá sostener entrevistas con los interesados en obtener los permisos, para que, de considerarlo necesario, aporten información adicional en relación con la solicitud presentada, sin perjuicio de la demás información que la secretaría considere necesario recabar de otras autoridades o instancias (artículo 20 de la Ley Federal de Radio y Televisión).

Decimocuarto concepto de invalidez. Pueblos indígenas y acceso a medios de comunicación²⁰

Los artículos 2, 3, 7-A, 9, 16, 17, 17-A, 17-B, 17-C, 17-D, 17- E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 19, 20, 21, 21-A, 22, 23, 25, 26, 28, 28-A, 71-A y 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, son violatorios de los artículos 1 y 2 constitucionales porque vulneran los derechos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos en la Constitución para adquirir, operar y administrar medios de comunicación.

Decimoquinto concepto de invalidez. Libertad de expresión²¹

El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, es violatorio del artículo 133 constitucional, por contravenir lo dispuesto por la Constitución federal y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha celebrado.

Se violenta la Convención Americana de Derechos Humanos en lo que se refiere al derecho de libertad de expresión, que supone que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de frecuencias radioeléctricas o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Decimosexto concepto de invalidez. Libre concurrencia²²

El decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, es violatorio del artículo 28 constitucional que consagra el principio de libre concurrencia.

Dicha violación se genera por la concentración de las frecuencias, por lo que se vulnera el principio de competencia económica y libre concurrencia. A partir de 1992 fecha en la cual se aprobó la Ley Federal de Competencia Económica, este ordenamiento, reglamentario del artículo 28 constitucional, constituye el instrumento jurídico mediante el cual se implementa la protección del proceso de competencia y libre concurrencia, a través de la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y cualquier otra restricción al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

Decimoséptimo concepto de invalidez. Términos concesiones²³

El artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión es violatorio de los artículos 1 y 28 de la Constitución federal, en la medida en que, por una parte, establece un término fijo para la concesión de 20 años y, por otra, no prevé requisito alguno para que las concesiones otorgadas sean refrendadas una vez concluido el plazo por el cual fueron expedidas.

Esto es, la Ley Federal de Telecomunicaciones, para renovar el plazo de una concesión de red pública de telecomunicaciones o para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencia, requiere, conforme a sus artículos 19 y 27, que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en la propia concesión, que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del plazo de ésta y que acepte las nuevas condiciones que establezca la autoridad competente.

Decimoctavo concepto de invalidez. Solicitudes y jurisdicción de la comisión federal de competencia²⁴

El artículo 17-E de la Ley Federal de Radio y Televisión es violatorio del artículo 28 constitucional al establecer, en su fracción V, como requisito para participar en las licitaciones públicas para una concesión de radiodifusión, la mera ``solicitud de opinión favorable presentada a la Comisión Federal de Competencia''.

Esto es, el requisito que se exige pretende lograr un control para evitar los monopolios y las prácticas desleales de competencia, pero en realidad este control es aparente, puesto que no se requiere la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia, sino basta acreditar que se solicitó; con lo cual, evidentemente el requisito de la ley constituye una mera simulación del mandato contenido en el artículo 28 constitucional.

Decimonoveno concepto de invalidez. Otra clase de servicios e inversión extranjera²⁵

El decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión es violatorio del artículo 16 constitucional, en la medida en que contraviene lo dispuesto por la Ley de Inversión Extranjera, específicamente sus artículos 6, fracción III, 7, fracción III, inciso X y 8.

Es decir, los servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos a los de televisión por cable, están reservados de manera exclusiva a mexicanos o sociedades mexicanas con exclusión de extranjeros, aunque se autoriza la inversión extranjera neutra.

Vigésimo concepto de invalidez. Pago de contraprestación al estado²⁶

El artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión es violatorio de los artículos 1, 27, 28 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, en términos del artículo 27 constitucional, el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público de la nación y las bandas de frecuencia son una porción de éste. Es así que el uso, aprovechamiento y explotación de éstas mediante una concesión, supone el derecho, para el Estado, de recibir una contraprestación económica en términos de lo dispuesto, a su vez, por el artículo 134 constitucional, que prevé la necesidad de asegurarle al Estado las mejores condiciones para la enajenación, arrendamiento y adquisición de bienes.

Vigésimo primer concepto de invalidez. Propaganda electoral²⁷

El artículo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión es violatorio del artículo 41, fracción II de la Constitución Federal en lo que se refiere a la regulación de la propaganda electoral en medios.

Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación²⁸

Del 23 de mayo al 7 de junio de 2007, el pleno de la SCJN sesionó para analizar la acción de inconstitucionalidad presentada por los senadores de la LIX Legislatura. Después de dos semanas de deliberación, consultas y discusión, la resolución se dio en el siguiente sentido:

Fundamentos generales para la propuesta constitucional en materia de telecomunicaciones y radio y televisión

Preceptos constitucionales

En concordancia con los argumentos de los senadores promoventes, y con los argumentos del ministro Genaro Góngora Pimentel, consideramos que se requiere una reforma integral en materia de medios de comunicación fundamentada en reformas constitucionales y en los tratados internacionales, que promuevan la defensa de los derechos fundamentales.

En este tenor, tomamos como base los preceptos constitucionales citados por la SCJN que establecen los siguientes derechos fundamentales:

El derecho a la información constituye, en realidad, un complemento a la libertad de expresión al ser necesario que las personas se encuentren bien informadas para poder expresarse y opinar correctamente. La Suprema Corte de Justicia al fallar el amparo en revisión 3137/98, en sesión de 2 de diciembre de 1999, analizó los alcances y límites de este derecho.

El dominio que ejerce la nación en el espacio situado sobre el territorio nacional es inalienable e imprescriptible y su explotación, uso o aprovechamiento por los particulares no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal conforme a las reglas y condiciones que establezcan las leyes; que el Estado podrá concesionar, en casos de interés general y sujetándose en todo momento a las leyes respectivas, la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio de la federación, fijando las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes y eviten fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

Votos particulares y concurrentes del ministro Genaro Góngora Pimentel

El 9 de agosto de 2007 se publicó el engrose de la sentencia resolutoria sobre la acción de inconstitucionalidad aprobada el 6 de agosto por el tribunal pleno.

La discusión sobre los medios de comunicación y su legislación atrajo a un sinnúmero de especialistas, académicos, comunicadores, legisladores y organizaciones sociales.

El proceso fue bastante complejo: desde la ausencia de dos de los ministros por conflicto de intereses, la transmisión pública de las sesiones como un acto de transparencia ante la negativa inicial por mantener el debate cerrado. Asimismo, dentro y fuera de la SCJN el tema de la radio, la televisión y las telecomunicaciones, causó polémica tanto en las televisoras como en los actores interesados.

Una característica de este proceso fue la pluralidad de opiniones y la exposición de visiones entre la forma jurídica y el fondo del tema. En este tenor, el ministro Genaro Góngora Pimentel basó sus diferencias de opinión en el marco jurídico internacional y recurrió a los derechos fundamentales como columna vertebral de la materia, en concreto a la libertad de expresión y el derecho a la información.

Derecho de acceso a los medios de comunicación

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala:

Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto a ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas.'' ³²

Para definir el alcance de este derecho fundamental, en el aspecto concreto de la televisión, el punto de partida debe ser la realidad de este medio de comunicación. No podemos dejar de lado su enorme poder persuasivo y su particular capacidad de sugestión. Lo anterior se traduce en que la televisión no puede dejarse al libre juego de las fuerzas del mercado, en virtud de los enormes efectos que produce y de las posibilidades que ofrece, así como del peligro que supone su abuso con el fin de influir de forma parcial en la opinión pública.

El derecho de acceso a los medios de comunicación, en el caso de la televisión constituye, en las condiciones de la moderna comunicación de masas, un complemento y un refuerzo para la libertad en el proceso de formación de la opinión; sirve para garantizar la formación libre y plural de la opinión a través de la televisión.

Este derecho debe ser interpretado bajo estas condiciones y no desde el punto de vista del derecho subjetivo en lo referente a la libertad de expresión de los radiodifusores, ni desde el punto de vista de la protección al desarrollo de actividades económicas lucrativas de las empresas televisivas. La escasez del espectro radioeléctrico implica que sólo un número reducido de ciudadanos tengan acceso a operar canales de radio y televisión, por lo que los poderes públicos no sólo están obligados a no limitar el derecho a crear medios de comunicación, sino a adoptar las medidas necesarias para remover los obstáculos que el libre juego de las fuerzas sociales podrían oponerle, asegurando el fortalecimiento del régimen democrático.

En la medida en que la radio y la televisión, en su modalidad de radiodifusión, utiliza el espectro radioeléctrico, debe vincularse con el artículo 28 constitucional y su uso deberá realizarse en beneficio general, asegurando su utilización social, que en el caso resulta más relevante al estar vinculada con el derecho fundamental de libertad de expresión, el cual exige que exista una pluralidad de medios que contribuyan a la formación de una opinión pública libre; requisito indispensable para el funcionamiento del Estado democrático, para que pueda realizarse uno de los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 25 constitucional: permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Para el magistrado Genaro Góngora Pimentel, a través de los servicios de radio y televisión regidos por la Ley Federal de Telecomunicaciones no sólo es posible prestar servicios de televisión y radio restringidos, sino emisiones gratuitas y abiertas susceptibles de llegar a un público indeterminado y discrecional, teniendo ambas la posibilidad de trascender a la opinión pública en similar medida que la radiodifusión, lo que hace indispensable que tanto los contenidos de la televisión restringida, como de la televisión abierta, a través de redes públicas de telecomunicaciones, estén regulados por la Ley Federal de Radio y Televisión.

Si bien existe un reglamento del servicio de televisión y audio restringidos, que somete los contenidos de la televisión restringida al marco de la ley; dicho reglamento no comprende a la televisión abierta a través de redes públicas de telecomunicaciones, además de que la aplicabilidad de la Ley Federal de Radio y Televisión a los contenidos no puede depender de lo que diga un reglamento, sino que es una exigencia de las libertades de expresión e información.

Libertad de expresión

Para el ministro Góngora Pimentel este asunto es paradigmático desde diversos puntos de vista, tales como la transparencia, la utilización de conocimientos científicos y técnicos, superando concepciones como que para resolver sólo se necesita la Constitución y la ley, así como plantear algunos conceptos claves relacionados con la libertad de expresión.

Para el ministro otra herramienta fundamental es el conocimiento jurídico que nos revela la jurisprudencia internacional. No es posible que al día de hoy la jurisprudencia, tanto de cortes internacionales o regionales como de otros países del mundo libre, nos siga siendo ajena o aparezca apenas como un pequeño atolón en nuestras resoluciones. Además de que algunas jurisdicciones han sido aceptadas por el estado mexicano, como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de que la esencia de los derechos fundamentales es universal.

Un ejemplo de ello es la utilización social de los bienes regulada por el artículo 28, en relación con los valores democráticos y de pluralismo que inspiran a la Constitución.

El tema prioritario a estudiar son los derechos fundamentales involucrados, tales como las libertades de expresión, información y prensa consagradas en los artículos 6 y 7 de la Constitución federal, pues estudiar este asunto en su dimensión económica, a la luz únicamente de los artículos 28 y 134 constitucionales, soslayaría que aquellos derechos poseen un valor superior o predominante en nuestro orden constitucional, en la medida en que son un presupuesto esencial para el buen funcionamiento del sistema democrático.

A propósito de una sentencia de la Corte Constitucional Italiana y de la Ley Gasparri, ambas en relación con la concentración de medios en manos del ex premier italiano, Luigi Ferrajoli, critica la prevalencia que se dio a la libre competencia sobre el pluralismo informativo de la siguiente manera:

Las libertades de expresión, información y prensa consagradas en los artículos 6 y 7 constitucionales incluyen necesariamente la libre utilización de todos los medios de expresión que puedan difundir ideas, especialmente los medios masivos de comunicación, como son la radio y la televisión, por lo que existe un derecho constitucional de acceso equitativo a estos medios.

Tales derechos no se limitan a un deber de abstención del Estado, sino que necesariamente llevan implícitos un deber de promoción, que hoy en día es incluso más relevante, pues las fuerzas económicas están en mayor aptitud de violentarlos que el propio Estado. Así, la garantía del libre ejercicio del derecho a difundir y recibir información exige de los poderes públicos la emisión de las normas necesarias para impedir que otras fuerzas sociales obstruyan su ejercicio.

No podemos ignorar que la televisión es el medio masivo de comunicación que tiene mayor influencia sobre los ciudadanos, y que ocupa por ello una posición especial en el proceso de formación de la opinión pública, pues no se limita a transmitir noticias, opiniones, programas musicales, culturales, lúdicos u otros.

La televisión afecta en términos sustantivos la vida diaria del individuo, lo que implica que quienes tengan acceso al uso del espectro radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión, tendrán la posibilidad de permear el tejido social y de encauzar el derrotero del grupo o comunidad que toman como objeto , afectando y determinando sus patrones y modos de vida.

Esta realidad evidencia la vulnerabilidad de las audiencias frente a los emisores y pone de manifiesto la necesidad de darle mayor peso a los derechos de expresión, información y prensa desde el punto de vista de los receptores; es decir, desde la perspectiva de la dimensión social de este derecho.

Tratándose de medios de comunicación que requieren del uso de un bien público restringido, como es el espectro radioeléctrico, los legisladores están obligados a regularlo de manera tal que garanticen la igualdad de oportunidades para su acceso, y propicien un pluralismo que asegure a la sociedad la permanente apertura de un proceso de comunicación que vivifique la democracia y la cultura.

Un sistema que establece prórrogas como la descrita, que privilegia a quienes actualmente explotan el espectro radioeléctrico, sin permitir el acceso equitativo a los espacios para un nuevo período de adjudicación, necesariamente restringe las oportunidades de quienes no cuentan con una concesión, y desvirtúa la naturaleza de las concesiones de radiodifusión, las cuales no constituyen un derecho de propiedad sino un privilegio temporal concedido a determinadas personas con exclusión de otras.

Es claro que la Constitución no exige que al término de una concesión necesariamente deba desplazarse a su titular, sino que éste compita nuevamente en igualdad de circunstancias con otros interesados. El equilibrio y el pluralismo demandan que haya de todo un poco: no se trata de borrar del mapa a ningún sector de la radiodifusión, porque eso sería pasar de un extremo a otro.

De acuerdo con el ministro Góngora Pimentel, se debe establecer un marco que permita racionalizar y hacer más equitativa la administración del espectro radioeléctrico, de manera que en él tengan cabida la mayor cantidad de voces de las tantas que conforman nuestra nación pluricultural, y que por su medio se pueda satisfacer de la mejor manera posible la mayor cantidad de necesidades sociales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que:

OC-5/85. En el mismo sentido la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala:

En el marco de los artículos 6 y 7 de la Constitución las premisas son las siguientes:

El fundamento no sólo se encuentra en la naturaleza de derecho fundamental y en la posición preferente de la libertad de acceso a los medios de comunicación, sino también en la Opinión Consultiva 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se afirma que las restricciones a la libertad de expresión deben estar orientadas a satisfacer un interés público imperativo, de manera que entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, el legislador debe escoger aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido, sin que sea suficiente que se demuestre que la ley cumple un propósito útil u oportuno.

Para abundar en la argumentación se apela a la interpretación autorizada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que resulta obligatoria para nuestro país, en términos del punto 1 de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1998 y dice:

Para el magistrado Góngora Pimentel debe existir un orden de preceptos a partir de la dignidad humana, que en términos del primer párrafo del artículo 25 constitucional es la finalidad del Estado; es decir, debemos dar prioridad a los argumentos relacionados con derechos fundamentales, sobre todo de aquellos que por el interesado para utilizar la frecuencia para prestar el servicio de radiodifusión, así como el resultado de la licitación a través de subasta pública''.

De acuerdo a los artículos 6 y 7, el ministro Góngora Pimentel considera que el legislador está obligado a regular un sistema de otorgamiento de concesiones que garantice un pluralismo efectivo y de equilibrio en el ámbito de la radiodifusión, pues la realización del derecho fundamental a la información implica que cualquier interferencia en el proceso de formación de la opinión pública, bien sea que provenga del poder político, del poder económico, o de los mismos medios de comunicación, atenta contra las bases y fundamentos del Estado democrático.

La Constitución obliga a los legisladores en un nuevo proyecto de legislación en la materia de telecomunicaciones, a dictar disposiciones que hagan posible que la radio y la televisión reflejen la pluralidad de opiniones existente en la sociedad, así como las que eviten la influencia desproporcionada de un determinado emisor en el mercado audiovisual, la tendencia a la concentración de medios de comunicación, y cualesquiera otras distorsiones que puedan producirse en el ámbito de la radiodifusión.

El pluralismo político consiste en la necesidad de que toda una gama de opiniones y puntos de vista políticos se expresen a través de los medios de comunicación; mientras que el pluralismo cultural consiste en la necesidad de que una variedad de culturas encuentre su expresión en estos medios. La diversidad y la cohesión social pueden verse en riesgo si las culturas y valores de todos los grupos de la sociedad no se reflejan en los medios de comunicación.

El magistrado Góngora Pimentel afirma que el espectro radioeléctrico es un bien escaso y el espectro utilizado para las actividades de radiodifusión lo es más, por lo que al constituir los medios masivos de comunicación es una actividad de interés público, el Congreso y las autoridades administrativas deben vigilarla y protegerla con miras a que haya los máximos elementos posibles de difusión de ideas por esos medios, lo cual redundará en beneficio de los fines que se persiguen garantizando la libertad de expresión. Una vida democrática más plena, y más rica en los terrenos artísticos, filosóficos o de simple esparcimiento, es decir, en aquellos elementos definidores de la opinión pública.

A la luz de lo anterior es indudable que el factor económico como criterio preponderante para el otorgamiento de las concesiones atenta contra las libertades de expresión, información y prensa y, en esencia, contra el valor del pluralismo, puesto que a través de la asignación al mejor postor se asegura el acceso a los medios de comunicación sólo a los grupos más poderosos, que incluso ya tienen posiciones relevantes en el mercado y se excluye la participación de otras personas, con lo que se impide una visión auténticamente pluralista, que responda a la realidad compleja de México y a la composición pluricultural de la nación.

Al establecerse como criterio de asignación de concesiones y no abordar estos factores, se puede conducir no sólo ``al acaparamiento de los medios de comunicación en los grandes grupos del poder económicos'', sino, mucho más grave aún, a que los medios masivos de comunicación dejen de ser recursos comunitarios al servicio de los intereses genuinos de la libertad, para convertirse en instrumentos del dominio de los grandes capitales sobre la sociedad, en su cultura y en el desarrollo de su vida política.

En este aspecto, Luigi Ferrajoli, indica:

La necesidad de que no exista una concentración empresarial en los medios de comunicación, ha sido recogida en diversas declaraciones y documentos de cuerpos internacionales europeos e interamericanos.

El espectro radioeléctrico es un bien escaso y es un vehículo para la concreción de los derechos fundamentales de expresión e información. El legislador no puede optar por un esquema en donde los concesionarios originales maximicen sus ganancias, sino que debe optar por un esquema que permita el acceso efectivo de los diversos grupos sociales a los medios de comunicación, es decir, por un esquema de pluralismo.

Además del negocio original de radiodifusión tendrán hasta el 65 por ciento del espectro para utilizarlo en otros servicios de telecomunicaciones, gracias a los avances tecnológicos, a la decisión del Secretario de Comunicaciones y Transportes y a la actuación del legislador que acorazó el acuerdo y lo llevó a nivel legal, a través del artículo 28 impugnado que parte de la posibilidad de que los concesionarios de radiodifusión utilicen el espectro radioeléctrico sobrante para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones.

Esta decisión es contraria a la Constitución federal. Hasta que punto es válido que en una nación pluricultural con 103 millones de habitantes el legislador decida que es preferible ver televisión con mejor calidad, durante el 20 por ciento del tiempo prohijando los negocios de los concesionarios de radio y televisión para que dispongan hasta de un 65 por ciento del canal que tienen asignado para otros usos, por encima de una asignación pluralista de las bandas de frecuencias que permita la participación de más voces en el diálogo haciendo posible una democracia efectiva.

La Constitución en el artículo 25 consagra la rectoría del Estado, pero no la deja a libre navegación, esta rectoría tiene una brújula que se plasma en sus fines: el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege, porque gira en torno a la persona humana y no existe un bien jurídico superior que los derechos fundamentales que están en la cúspide del ordenamiento jurídico mexicano; los derechos de información y expresión son básicos para la formación de la opinión pública.

Por las características del espectro radioeléctrico, el número de canales utilizables es limitado, dado que aquél es un bien escaso, al constituir los medios masivos de comunicación una actividad de interés público, el Congreso debe vigilarla y proteger el debido cumplimiento de su función social con miras a que haya los máximos elementos posibles de difusión de ideas por esos medios, lo cual debe prevalecer sobre la conveniencia mercantil de los concesionarios.³⁸

En el caso, es evidente que se actualiza una omisión legislativa relativa consistente en la falta de legislación que en forma específica establezca las condiciones necesarias para que los pueblos y comunidades indígenas puedan acceder a los medios de comunicación, concretando el mandato del artículo 2o. de la norma fundamental.

La Constitución es el texto fundamental cuyo contenido establece obligaciones y fija límites a la discrecionalidad de actuación de los poderes. La Constitución es un texto jurídico que establece obligaciones para los poderes, por lo que no puede afirmarse que los derechos sociales son normas programáticas que pueden o no ser desarrolladas por el Legislativo, de manera voluntaria.

Los derechos sociales no son normas programáticas entendidas como conceptos de contenido esencialmente político, pues al encontrarse en la Constitución generan obligaciones efectivas para el Estado.

Facultad del Congreso para crear administraciones independientes³⁹

Existen en el sistema jurídico ciertos órganos aislados del poder político, semejantes a las administraciones independientes que, han eclosionado a nivel internacional. Lo anterior ha sido producto tanto de la democratización de la sociedad, la desconcentración del poder, la desconfianza en la conducción política, la preferencia por decisiones técnicas, e inclusive también de la globalización, pues las obligaciones que el país suscribe conllevan en muchos casos la creación de órganos con determinadas características, que sean ajenos al control político directo.

Para lograr la neutralización política estos órganos comparten todas o algunas de las siguientes medidas:

Siguiendo este esquema, el Congreso debe crear administraciones independientes cuando así lo estime conveniente. Sin embargo, tratándose del órgano técnico regulador de la radiodifusión, más allá de una cuestión de conveniencia, existe una exigencia constitucional y debe tenerse como referencia el marco constitucional e internacional que rige a las libertades de expresión, información y prensa.

Exigencia constitucional de independencia de los órganos reguladores en materia de radiodifusión

Dentro del esquema del derecho a la libertad de expresión, dada la especial posición de la radiodifusión, el derecho de acceso a los medios de comunicación requiere de autonomía por parte del órgano técnico regulador en la materia, a efecto de que este ámbito no sea controlado por ningún grupo político o económico y, por el contrario, se conserve siempre como un bien social, de modo que su inmenso poder sea el instrumento, sustrato y soporte de las libertades públicas, la democracia, el pluralismo y las culturas.

El sentido de dicha autonomía es la de sustraer la dirección y el manejo de la radiodifusión del control de las mayorías políticas y de los grupos económicos dominantes. La libertad de acceso y el pluralismo que deben caracterizar a la radio y la televisión pueden resquebrajarse cuando los medios de comunicación se convierten en canales propagandísticos de la mayoría política o de los grupos económicos dominantes, de modo que la autonomía del órgano regulador en materia de radiodifusión se erige en una garantía funcional e institucional del derecho de acceso a los medios de comunicación, a fin de que aquél no sea un ejecutor de la política discrecional del Estado, sino únicamente de las directrices de la política de radiodifusión adoptadas por el legislador.

La necesidad de que los órganos técnicos reguladores en materia de radio y televisión encargados de dictaminar y decidir sobre el otorgamiento de concesiones estén exentos de interferencia política y comercial, en particular por el gobierno, ha sido recogida en diversas declaraciones y documentos de cuerpos internacionales y tribunales nacionales, tales como:

``El Comité ve con preocupación el régimen de autorización de la prensa y de otros medios de comunicación, así como la exigencia de consignar en un registro los nombres y las señas de los directores de periódico, periodistas e impresores. El comité abriga dudas acerca de la independencia del Consejo Nacional de la Prensa y las Comunicaciones.

En consecuencia: se deben modificar las leyes y los decretos en vigor para eliminar todas las medidas que limiten sin justificación el funcionamiento de los medios de comunicación y pongan en peligro la libertad de expresión. ⁴¹ ''

``El comité expresa la esperanza de que se establezca lo antes posible la Junta Independiente de Radio y Televisión y sugiere la creación de un mecanismo que permita la elaboración de un Código deontológico para la prensa ⁴² .''

``Cualquier mecanismo regulatorio, ya sea para medios electrónicos o impresos, debe ser independiente de todos los partidos políticos y así como en su relación con el Gobierno. ⁴³ ''

``Todos los poderes formales en las áreas de regulación de radiodifusión y telecomunicaciones deben ser ejercidos por autoridades públicas, protegidas contra interferencias, particularmente de naturaleza política o económica, por, entre otras cosas, un proceso de nombramiento de sus miembros que sea abierto, transparente, e implique la participación de la sociedad civil y no sea controlado por ningún partido político.''

``Los Estados miembro tendrían que establecer autoridades de regulación del sector de la radiodifusión. Los reglamentos y procedimientos que regulen su funcionamiento tendrían que establecer con claridad su independencia y protegerla. La ley tiene que definir claramente las obligaciones y las competencias de las autoridades de regulación, así como los medios para su funcionamiento, los procedimientos de nombramiento de sus miembros y las modalidades de su funcionamiento.

Las reglas que rijan estas autoridades, en particular su composición, son un elemento clave de su independencia. Así pues, se tendrían que definir las reglas de manera que protejan las autoridades de toda injerencia externa, especialmente por parte de las fuerzas políticas o de intereses económicos ⁴⁴ .

``Si existe un ente regulador, es importante que tenga i) claridad sobre su jurisdicción y mecanismos de resolución definidos, ii) competencia organizativa adecuada, iii) financiación adecuada, y iv) aislamiento político. La independencia dimana en mayor medida de este último factor que de cualquier definición formal, y se manifiesta en la facultad de disensión del ente regulador.''

El Plan estratégico de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2004-2007. El documento de referencia de la Organización Mundial de Comercio sobre Telecomunicaciones Básicas.

Este plan hace referencia a la independencia del órgano respecto de los participantes en el mercado, cuando señala que: ``El órgano de reglamentación será independiente de todo proveedor de servicios de telecomunicaciones básicas y no responderá ante él. Las decisiones del órgano de reglamentación y los procedimientos aplicados serán imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado.''

Estas declaraciones internacionales han sido retomadas en sus sentencias por varios tribunales nacionales, como los de Alemania, Italia, Colombia, Sri Lanka y Ghana, los cuales han hecho énfasis en la necesidad de que los órganos técnicos rectores de la radiodifusión gocen de autonomía.

``Reconociendo (...) d) que, en muchos Estados miembros de la UIT, se han creado órganos reguladores independientes que se ocupan de cuestiones relativas a la reglamentación tales como la interconexión, la determinación de las tarifas y la elaboración de normas en materia de interconexión;''

El mantenimiento de la separación de las funciones de explotación y reglamentación, y creación de numerosos órganos independientes de reglamentación de las telecomunicaciones;''

La Corte Suprema de Sri Lanka, en el caso Athukorale sostuvo que la ley de radiodifusión era inconstitucional, entre otras cosas, porque las autoridades reguladoras eran insuficientemente independientes, declarando: ``Si bien las autoridades reguladoras son, por los motivos explicados, necesarias, es imperativo que tales autoridades sean independientes. Como hemos visto, las frecuencias electromagnéticas son universalmente consideradas como propiedad pública. En esta área, el gobierno es un fideicomisario para el público: su derecho y deber son proporcionar autoridades reguladoras independientes para salvaguardar los intereses de las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales: No más y no menos. De otra forma las libertades de pensamiento y discurso, incluso el derecho a la información, serían colocados en peligro ⁴⁵ .''

La Corte Suprema de Ghana hizo notar el papel de los reguladores independientes de radio y televisión ``para respirar el aire de independencia en los medios estatales que asegure que estén aislados del control gubernamental''.

En opinión del minsitro Genaro Góngora Pimentel, al haber transmitido a la Cofetel las facultades en materia de radio y televisión, el Congreso de la Unión estaba obligado a asegurar la autonomía del órgano respecto de los poderes políticos y económicos, para lo cual era indispensable que su creación se hubiera realizado fuera de la administración pública centralizada, previendo requisitos de idoneidad en el sistema de integración del órgano, de tal manera que se asegurara la independencia de los comisionados respecto de los órganos del poder político, así como respecto de los entes a los cuales se pretende regular. En la Ley Federal de Telecomunicaciones no se advierte el establecimiento de ningún requisito que garantice la independencia respecto del poder político o el económico.

Para el magistrado Góngora Pimentel la configuración de la Cofetel, como un órgano de la administración pública centralizada, con vínculos indisolubles de jerarquía con el Ejecutivo, atenta gravemente contra el derecho de acceso a los medios de comunicación.

Marco jurídico internacional y precedentes de los tribunales regionales de derechos humanos en materia de libertad de expresión.

El ministro Genaro Góngora Pimentel considera que las libertades de expresión, información y prensa consagradas en los artículos 6o. y 7o. constitucionales, son básicas para que pueda pensarse siquiera en la existencia de un sistema democrático. Estos derechos incluyen necesariamente la libre utilización de todos los medios de expresión, indispensables en la difusión de las ideas, definición que comprende especialmente a los medios masivos de difusión como son la radio y la televisión, pues sería absurdo, en la sociedad contemporánea, que sólo la palabra hablada o escrita estuviera constitucionalmente protegida.

En efecto, las libertades de expresión y prensa se traducen en el derecho de todo individuo de exteriorizar sus ideas por cualquier medio, no sólo verbal o escrito, sino por todo aquel que la ciencia y la tecnología proporcionan.

El derecho a la información contenido en el artículo 6o. incluye el derecho a comunicar y el derecho a recibir libremente información, pues está claro que no existe la comunicación cuando el mensaje no tiene receptor posible. Por tal motivo, el derecho a la libre expresión se vincula con el derecho a la información.

En opinión del ministro Genaro Góngora Pimentel se trata de la afirmación del derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. Si los medios de comunicación son el soporte material necesario para difundir el pensamiento o para comunicar o recibir información, debe concluirse que las libertades de expresión e información conllevan el derecho a constituir los medios de comunicación indispensables para el ejercicio de estas libertades.

Precedentes de Tribunales Internacionales y Nacionales. Pluralismo en medios de comunicación

A) La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la opinión consultiva 5/85, en doctrina obligatoria para México, sostuvo que:

B) La recomendación del 19 de enero de 1999 (99) 1 sobre las medidas para promover el pluralismo en los medios de comunicación del Consejo de Europa en la que se solicitó a los Estados miembros examinar la posibilidad de definir las bases para limitar la influencia que una compañía o un grupo de compañías pueden tener en uno o en mas sectores de los medios de comunicación.

C) La Resolución de 20 de noviembre de 2002 del Parlamento Europeo sobre la concentración de los medios de comunicación, en donde se pide a los Estados miembros que salvaguarden el pluralismo en los medios de comunicación y garanticen la libertad y la diversidad de los mismos

D) La resolución de 22 de abril de 2004 del Parlamento Europeo sobre el peligro que corre en la Unión Europea, y particularmente en Italia, la libertad de expresión y de información, en donde se hace hincapié en la diversidad de métodos existentes para determinar el grado de implantación (horizontal) de un medio de comunicación (cuota de audiencia, cuota de licencias, relación entre beneficios y frecuencias asignadas y relación entre capital de empresa y esfuerzo de radiodifusión), así como el grado de integración vertical y el de integración ``diagonal o transversal'' de los medios de comunicación, para garantizar unos medios de comunicación libres, independientes y pluralistas en todos los Estados miembros.

E) La Declaración de principios sobre la libertad de expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se delinean dos importantes cuestiones:

F) El Informe de 2004, de la Relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que ante las continuas denuncias de prácticas monopólicas y oligopólicas en la región y en virtud de la seria afectación que las mismas conllevan, se recomienda a los Estados miembros las impidan.

La visión de la Corte Interamericana no es considerar al monopolio a partir de la concentración económica, sino en relación con sus graves efectos hacia la libertad de expresión. Son las condiciones de funcionamiento de los medios los que tienen que adaptarse a los requerimientos de esta libertad y no éstos a las leyes del mercado.

G) El tribunal constitucional alemán, en la denominada ``cuarta sentencia sobre la televisión'', sostuvo que la libertad de expresión requiere de medidas en contra de un poder predominante que pueda influir sobre la opinión pública, lo que puede ocurrir con una combinación de influencias entre la propiedad de la radiodifusión y la prensa.

H) La corte constitucional de Italia en la sentencia 420/94, sentó que el derecho a la información implica indefectiblemente el pluralismo de los medios de comunicación, lo cual vincula al legislador a impedir la formación de posiciones dominantes y a favorecer el acceso del máximo número de voces diversas al sistema de radio y televisión.

Asimismo, la corte sostuvo que la libertad de configuración del legislador no es obstáculo para controlar la constitucionalidad de las reglas antimonopolio adoptadas, las que deben evaluarse a la luz del contexto de las condiciones económicas y culturales contingentes, a fin de verificar si la norma se ha movido con eficacia a la realización del pluralismo o si solamente se dio un reconocimiento legal a la situación monopólica preexistente, como sucedió en el caso, pues la legislación legitimó un mercado previamente concentrado acorazando una situación fáctica, al establecer como límite que un solo sujeto poseyera tres de las doce redes de televisión. ⁴⁸

A raíz de la resolución anterior se expidió la ley de 30 de diciembre de 1986, de la que el Consejo constitucional volvió a conocer, Sentencia del Consejo Constitucional Francés del 10 y 11 de octubre de 1984, sobre la ley número 84-937, del 23 de octubre de 1984. Sentencia del Consejo constitucional francés de 18 de septiembre de 1986, Decisión 86-217.

La resolución del Consejos constitucional francés estableció que las nuevas medidas anticoncentración resultaban inadecuadas porque:

Por otra parte, el consenso mayoritario derivado de valores ampliamente compartidos sobre la dignidad humana, es constitutivo el derecho internacional consuetudinario. Entre los diversos instrumentos internacionales relativos a los derechos de los pueblos indios a que atiende esta propuesta de reforma constitucional mencionaremos:

El comité para la eliminación de la discriminación racial. Recomendación general XXIII, relativa a los derechos de los pueblos indígenas, de 1997.

Consideraciones generales de la propuesta de reforma constitucional

La reforma política del Estado, representa la oportunidad de integrar orgánicamente el conjunto de garantías sociales en un nuevo corpus de derechos fundamentales. El compromiso del Estado en el ejercicio pleno de los derechos humanos genera la necesidad de construir y consolidar un orden democrático, fortalecido por una nueva organización institucional fundada en el equilibrio de poderes, en la diversidad de afirmaciones e intereses sociales, pluralidad cultural y libertad de expresión.

Entendemos así que parte de la consolidación democrática, consiste en las condiciones materiales y jurídicas que garanticen el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de las instituciones del Estado. ⁴⁹

La construcción de un Estado social y de derecho democrático tiene como principio el respeto de los derechos humanos y su traducción en derechos fundamentales. ⁵⁰

Resulta necesario, en la tarea del Poder Legislativo establecer tanto las definiciones conceptuales de los derechos humanos, como las condiciones materiales que permitan su ejercicio pleno. En este sentido, resulta primordial que se consideren el cúmulo de tratados, convenciones, actas, declaraciones y demás instrumentos internacionales que protegen y definen el horizonte de los derechos humanos.

Por tal motivo para México ha de considerarse esta transición a un estado social y de derecho democrático como una prioridad, ya que está claro que la comunidad internacional se define cada vez más, como el concierto de Estados democráticos y de derecho.

Es sobre esta vinculación internacional de un Estado democrático --en consolidación como es el caso del Estado mexicano--, que se asumen un conjunto de principios y compromisos, cuya observancia permite conocer el grado de desarrollo y calidad de democracia que prevalece; además de asumir un cierto consenso en torno a los estándares mínimos que deben regir en el ejercicio de los derechos humanos, así como su tratamiento y tutela por parte del Estado.

La comunicación y la información no son una mercancía, son más bien, derechos constitucionales que definen nuestra vida cultural y educativa e impactan en nuestra propia identidad. Esto significa que en las relaciones de intercambio deben constituir una ``excepción cultural'', figura que en los tratados comerciales protege bienes y servicios: que posibilitan la identidad cultural y política de las naciones; que resultan indispensables en afirmación de la vida y existencia espiritual de los individuos; esenciales en el desarrollo de las comunidades, Todo esto queda impedido al adoptar el Estado políticas que privilegian o definen exclusivamente a la comunicación y a la información como mercancías.

La ``excepción cultural'' es una cláusula que se utiliza en la OMC y permite que bienes relacionados con la producción cultural y la propiedad intelectual eviten ser considerados como mercancías en el mercado mundial, y que se subordinen a la letra de los tratados comerciales.

En América Latina sólo Brasil tiene propuestas de protección de su industria cultural. Para nuestro país, aún no está claro que la ``excepción cultural'' incluya a la comunicación y la información.

El intercambio comunicacional con otros países es desventajoso para México y América Latina, condición apenas matizada con el esfuerzo de la sociedad en la construcción de redes alternativas. Según los países hegemónicos la información debe circular como mercancía, no como instrumento para enriquecer la formación y el conocimiento de las personas.

La selección y tratamiento de contenidos, producción y difusión a escala mundial, está en manos de unos pocos mega-grupos de multimedia que simplifican los acontecimientos y los presentan como espectáculos de alto impacto sensorial, sin rigor, descontextualizados, fraccionadamente, sin análisis. Los medios locales reproducen funcionalmente el mismo esquema.

México está desprotegido, aun en el ámbito de tratados comerciales, porque esta materia, al igual que la producción cultural, no ha sido de la preocupación de sus gobiernos. La actual administración considera que los productos de las industrias culturales son de esparcimiento y comercio, en tanto sobre la cuestión comunicacional carece de posición.

Este enfoque requiere de políticas articuladas con el resto de América Latina para fortalecer posiciones al momento de negociar con los países hegemónicos y de revisar los apartados correspondientes del TLCAN y de todos los tratados comerciales presentes y futuros.

La construcción de una comunicación democrática debe tener como objetivo ampliar a todos los habitantes el acceso a la tecnología de la información, cambiar las condiciones para el desarrollo y operación de los medios de comunicación y buscar un mayor equilibrio en los intercambios con los países desarrollados, en particular de los productos vinculados a la cultura y la educación.

La tecnología de la información debe ser una de las herramientas principales para la inclusión social y el desarrollo, en función de lo cual debe conseguirse que todos los ciudadanos tengan acceso a los bienes o medios y a la obtención de capacidades; es decir, extender el conocimiento y la utilización de la tecnología de la información a todas las actividades, en todo el territorio, en los distintos niveles de gobierno y con todos los habitantes.

Una ciudadanía bien informada y crítica requiere de espacios mediáticos diversos, plurales y abiertos, alineados con el interés público no con el éxito en el mercado, sea político o comercial. La diversidad cultural y étnica, son parte indisoluble de nuestra identidad nacional, deben tener expresión plena a través de los distintos medios de comunicación y en el intercambio informativo. Consecuentemente deben ser parte de una política de Estado.

Es necesario rescatar el carácter de interés público de los medios de comunicación, hacerlos accesibles a distintos sectores de la sociedad, diversificar concesiones y permisos, establecer acuerdos sobre el desarrollo de contenidos en función de necesidades culturales y educativas e instrumentar mecanismos de vigilancia y control.

Los medios, en tanto concesiones, deben atender a necesidades de las políticas de Estado, no de gobierno, y estas, a su vez, establecerse desde las necesidades del conjunto de los habitantes. Los medios que son permisionados deben definirse claramente como medios públicos, de Estado, con el marco legal correspondiente y claras políticas de financiamiento. Los medios comunitarios o surgidos de iniciativa social deben tener protección legal y facilidades operativas.

Se requiere apoyar y ampliar las experiencias alternativas, fortalecer el sistema radiofónico indígena, impulsar la radio y televisión comunitarias, recuperar la presencia oficial a través de medios locales, estatales y federales y transformar integralmente la legislación existente desde los planteamientos efectuados por la sociedad.

Otros rezagos normativos urgentes tienen que ver con transparencia publicitaria, derecho de réplica, código de ética periodística, cláusula de conciencia, y secreto profesional. Asimismo, debe legislarse sobre gastos de campañas electorales y precampañas, prohibición de venta de espacios publicitarios a los partidos políticos y creación de un consejo ciudadano de regulación y control.

El derecho a la información y la democratización de la comunicación, es todavía un objetivo a conseguir. En la médula de la cuestión se encuentra una legislación obsoleta y un gobierno que no le interesa un cambio de fondo y está subordinado al poder mediático.

En noviembre de 2004 se anunció la presentación pública, para su discusión, de un anteproyecto de nueva Ley de Radio y Televisión, elaborado por la subcomisión respectiva del Senado de la República, pero en el 2006, el resultado fue una norma legal que no respondió a las necesidades de la sociedad mexicana en este campo.

Los medios electrónicos de comunicación constituyen hoy un serio problema para el desarrollo de la democracia. Su control está sumamente concentrado y vinculado con intereses ligados históricamente a los gobiernos de turno: las cinco redes nacionales de televisión están en manos de dos personas que, en última instancia, son las que deciden qué ven, oyen y piensan más de cien millones de mexicanos.

En la radiofonía la cosa no es tan diferente, ya que la mayor parte de las concesiones se encuentra en manos de diez grandes grupos. Aunque hay mayor apertura y pluralidad, sobre todo en el ámbito estatal y local, su control en el ámbito nacional está muy concentrado.

Como si lo anterior no fuera suficiente, en el año 2002, la administración foxista regresó por decreto a los medios electrónicos, en octubre de 2002, el 12.5 por ciento de tiempo aire de que disponía el Estado. Desde entonces estos medios se han venido constituyendo en un verdadero poder político, distorsionando severamente su función y alterando la relación entre instituciones y sociedad.

Los medios que controla el gobierno no son suficientes y carecen de recursos adecuados para establecer algún equilibrio. Las iniciativas independientes carecen de marco legal y son combatidas por el interés privado. Por su parte, Internet, el más abierto de los medios y el de mayor capacidad revulsiva es, al mismo tiempo, el de acceso más limitado para la mayoría.

Se requiere de una comunicación democrática que extienda el conocimiento y la utilización de la tecnología de la información a todas las actividades, en todo el territorio, en los distintos ámbitos de gobierno y a todos los habitantes; que se desarrolle para que fluya información abierta y veraz a través de espacios mediáticos diversos y plurales, alineados con el interés público y accesibles a todos los mexicanos; que difunda la cultura y la identidad nacionales, impulse la solidaridad de los pueblos, promueva la participación ciudadana y sea un instrumento de la educación y el desarrollo humano y social.

Con las recientes modificaciones a la Ley de Radio y Televisión en 2006, se atentó contra los derechos económicos, sociales y culturales de la sociedad mexicana. En principio se abría una brecha casi insalvable para los medios de comunicación culturales y comunitarios en relación con los medios privados.

Mientras que la ley anterior establecía a la radiodifusión con carácter de interés público; varios de los artículos sustantivos de ley que la Suprema Corte de Justicia de la nación resolvió como inconstitucionales, dejaban de lado esta definición del interés público, con lo que el Estado abandonaba finalmente la función social de los medios de comunicación, fundamento de los medios públicos, culturales, educativos y comunitarios.

Sin duda, entre los múltiples problemas que debe atender el poder legislativo, es la constitucionalidad de una nueva iniciativa de ley, como es el caso de la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, que deben fundarse, como decíamos, en el respeto irrestricto de las garantías constitucionales de pluralidad, autodeterminación y ejercicio pleno de los derechos fundamentales. A estas motivaciones responde nuestra iniciativa de ley.

Proponemos un principio de equidad. No es posible que mientras se exenta a los medios concesionados a pagar al Estado la contraprestación correspondiente por un bien de la nación, con la justificación de que se apoyaría financieramente a tales empresas por los costos de inversión de las nuevas tecnologías, se impida la inversión del Estado en los medios comunitarios y culturales.

El efecto que tendría la exención a los particulares representa una reducción en ingresos para el Estado en varios miles de millones de dólares.

El Estado mexicano asume así compromisos con las empresas privadas y desconoce sus obligaciones constitucionales e internacionales para con los medios públicos, culturales, educativos y comunitarios.

Las legislaciones más avanzadas a nivel internacional reconocen el reto de adaptarse al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, que han transformado la escala de la difusión de ideas y opiniones. Los espacios de radio y televisión deberán ser sin duda los vectores y garantes de la libre circulación de información e ideas en el advenimiento de las tecnologías de la información.

Al ser protagonistas esenciales en el desarrollo de auténticas sociedades del conocimiento, sus responsabilidades especiales les impone el deber de contribuir en la difusión de contenidos de calidad que fomenten en las personas un espíritu de apertura cultural, promoción de derechos humanos y tolerancia entre las naciones.

La definición de sociedad de la información se caracteriza por el uso de herramientas tecnológicas encaminadas a la generación de información y se organizan en una compleja cadena de instrumentos para la propagación de mensajes, como son la televisión y la radio, redes de comunicación e Internet.

Por lo que el concepto de sociedad del conocimiento, asociado a las características de la sociedad de la información, debe acompañarse de la promoción de derechos humanos, eliminación de brechas cognitivas, libertad de información y diversidad cultural y lingüística y, conceptos como equidad de género y seguridad social.

Las sociedades del conocimiento tienen la capacidad para identificar, producir, transformar, difundir y utilizar la información con vista a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano. Estas sociedades se basan en una visión que propicia la autonomía y engloba las nociones de pluralidad integración, solidaridad y participación.

La noción de sociedad del conocimiento promueve más la autonomía que los conceptos de tecnología y capacidad de conexión que a menudo constituyen un elemento central en los debates sobre la sociedad de la información. Las cuestiones relativas a la tecnología y la capacidad de conexión hacen hincapié en las infraestructuras y el gobierno del universo de las redes. Aunque revisten una importancia fundamental evidente, no deberían considerarse como un fin en sí mismas.

La sociedad mundial de la información sólo cobra sentido si propicia el desarrollo de las sociedades del conocimiento y se asigna como finalidad del desarrollo del ser humano basado en los derechos de éste. En este sentido cobra suma importancia introducir reformas constitucionales que permitan acceder a los conocimientos locales, al intercambio universal y equitativo mediante las tecnologías de la información; a la preservación de las lenguas como medios de transmisión, conservación y transformación de los conocimientos de las naciones indias; con la finalidad de promover la incorporación de México a las sociedades del conocimiento.

Es importante señalar que los artículos 6 y 7 constitucionales consagran las libertades de expresión, de información y de prensa, esto implica la libre utilización de todos los medios --que puedan difundir ideas, en lo particular los medios masivos de comunicación, como son la radio y la televisión.

Tratándose de medios de comunicación que requieren del uso de un bien público restringido como es el espectro radioeléctrico, se debe garantizar la igualdad de oportunidades para su acceso y propicie un pluralismo que asegure a la sociedad la permanente apertura de un proceso de comunicación que vivifique la democracia y la cultura.

El equilibrio y el pluralismo demandan que haya un principio distributivo, por lo que debe establecerse un marco que permita racionalizar y hacer más equitativa la administración del espectro, de manera que en él tengan cabida la mayor cantidad de voces de las tantas que conforman a nuestra nación pluricultural, y que por su medio se pueda satisfacer de la mejor manera posible la mayor cantidad de necesidades sociales.

Ejes de la propuesta constitucional

El debate en la SCJN arrojó los siguientes principios rectores para una adecuada legislación en la materia:

Reformular una nueva legislación basada en los artículos 6o. y 7o. constitucionales, ya que consagran el derecho fundamental de acceso a la información. En su dimensión individual se traduce en la obligación del Estado de garantizar el acceso equitativo a medios de comunicación; mientras que en su dimensión social impone un deber de promoción de pluralismo y democracia.

La obligación del Estado es regular un sistema de otorgamiento de concesiones y garantizar el pluralismo y equilibrio en el ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Asimismo, debe responder a la composición pluricultural de la nación.

El derecho de acceso a los medios de comunicación constituye un principio fundamental para la democracia, por lo que es necesario proteger su acceso equitativo.

Al constituir los medios masivos de comunicación una actividad de interés público, los Poderes de la Unión deben vigilarla y protegerla para garantizar la libertad de expresión.

Consideraciones sobre artículos específicos

Artículo 2

En relación a los medios comunitarios y el derecho de las comunidades indígenas para operar y poseer redes de telecomunicaciones, hemos de considerar su importancia estratégica tanto para el desarrollo de los pueblos indígenas como para la consolidación del sistema de medios intergubernamentales e internacionales.

Para el desarrollo de los pueblos indios existen criterios producto de las demandas históricas, dicho conjunto de denuncias y exigencias constituyen un cúmulo de acuerdos y consensos establecidos por las naciones en diversos instrumentos internacionales como son: tratados, convenciones, acuerdos, actas, etcétera.

De esta organización de las demandas, se determinan además los estándares y criterios sobre el cumplimiento o no de los instrumentos internacionales, además de la valoración del estado que guardan el respeto de los derechos humanos de las comunidades indígenas en cada nación.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra contenida gran parte de la labor legislativa de las últimas décadas, fundamentalmente en el artículo 2o. se establece la pluralidad cultural de la nación mexicana, además de que en el apartado A se reconoce la garantía de la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas.

La tarea que debe asumir el poder legislativo en esta fase de la transformación del Estado Mexicano, es buscar la armonización de la legislación con el derecho internacional, así como de una nueva organización de los derechos humanos, y una redefinición de las condiciones materiales que otorga el Estado para el ejercicio de los derechos fundamentales.

La presente iniciativa plantea que en el artículo 2o. constitucional en su apartado B se plasme la obligación de la federación, los estados y municipios en promover y resguardar la vigencia y ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, para su desarrollo en condiciones equitativas, no discriminatorias, así como el orden institucional y las políticas en que se funda esta garantía. Es dentro de este conjunto de definiciones como se establece que el Estado preservará los medios comunitarios indígenas y garantizará los medios fundamentales para su subsistencia y desarrollo, ante los cambios innovaciones tecnológicas, que les pudieran poner en riesgo.

Con relación con el derecho de las comunidades indígenas para operar y poseer redes de telecomunicaciones, hemos de considerar su importancia estratégica tanto para el desarrollo de los pueblos indígenas como para la consolidación del sistema de medios intergubernamentales e internacionales.

Una previsión que asumimos desde el poder legislativo, se refieren al peso que se les confieren a las garantías contenidas en el artículo 2o. constitucional. Es necesario que se cambie el derecho abstracto de las diferentes comunidades, agrupaciones y colectivos que componen la sociedad pluricultural de nuestro país, por las garantías concretas que debe otorgar el Estado para que se establezca un derecho objetivo: para formar, poseer y operar medios comunitarios, colectivos y culturales, esto es, atendiendo las condiciones materiales, así como las previsiones presupuestales consecuentes.

Este principio es armónico con los compromisos que nuestro país adoptó al ratificar tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con diversas convenciones como el Convenio (número 169) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de 1989 y el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 26 de agosto de 1994, el cual establece claramente en la parte VIII, en el artículo 38:

``Los pueblos indígenas tienen derecho a una asistencia financiera y técnica adecuada de los Estados y por conducto de la cooperación internacional para perseguir libremente su desarrollo político, económico, social, cultural y espiritual y para el disfrute de los derechos y libertades reconocidos en la presente Declaración.'' ⁵¹

La presente iniciativa plantea que en el artículo 2o. constitucional en su apartado B, en la fracción VI, se plasme la obligación de la federación, los estados y municipios en promover y resguardar la vigencia y ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, para lograr tal fin. Es necesario el apoyo técnico y financiero, que puede otorgarse de manera complementaria, usando los conductos de cooperación internacional, y de esta manera salvaguardar su desarrollo en condiciones equitativas, no discriminatorias, así como la implementación del orden institucional y de las políticas consecuentes con estas garantías.

Artículo 3

El arribo de las tecnologías de la información en la conformación económica mundial, ha afectado de manera significativa a la base material de las economías internacionales, y Latinoamérica, como mercado de consumo potencial no ha quedado excluida; en particular México. está influido por su relación geopolítica con Estados Unidos, país en el cual se están generando las transformaciones culturales económicas más influyentes a nivel planetario.

Mientras que en los años sesenta y principios de los setenta, los marcos referenciales de las discusiones teóricas y políticas de los actores sociales eran la obtención de los medios de producción, ahora se trata de las finalidades de las producciones culturales como: educación, bienes culturales y medios de comunicación que obedecen a la reestructuración económica, marcada por un proceso de ``flexibilización'' del capitalismo tardío, reflejo del ``agotamiento del modelo de industrialización''. ⁵²

Sin duda, bajo este punto de vista los medios de comunicación se han convertido en el epicentro cultural de nuestras sociedades por su capacidad de asimilación sensorial y de simulación de la realidad y fácil comunicabilidad y menor esfuerzo psicológico.

El patrón de conducta de las sociedades humanas parece establecer que el consumo de los medios de comunicación es la segunda categoría de mayor actividad después del trabajo y sin duda la actividad predominante y de interacción social en casa.

Al respecto, escribía McLuhan que ``vivimos con los medios y para los medios'', ⁵³ aceptando sin conceder una reducción tan arbitraria de la sociedad humana; es importante no desdeñar la forma significante del entorno audiovisual con el que nos relacionamos cotidianamente y que ocupa un espacio-tiempo importante en la organización de códigos culturales de nuestra sociedad, especialmente en generaciones de jóvenes que se encuentran en proceso de construcción de identidad.

Sin duda el tejido simbólico de nuestra realidad social, se encuentra incidido por los medios de comunicación; porque a ellos se han incorporado actividades primarias como comer, prácticas sexuales e interacción familiar, entre otras, además de las funciones de entretenimiento ampliamente reconocidas. Indudablemente los medios y las tecnologías de la información están cumpliendo y supliendo una función ``educadora'' en la sociedad mexicana.

Expresado en otro sentido, los medios de comunicación son un espejo de nuestra sociedad. Así, la información, entretenimiento y educación se mezclan en el leguaje televisivo y sistemas informáticos.

Por esa razón, proponemos la integración de un marco jurídico que genere soluciones en la tensión de los ``saberes'' aprendidos en la escuela y los ``saberes'' adquiridos por los medios de comunicación masiva y que fomenten la inserción de políticas públicas que regulen el impacto tecnológico de los medios de comunicación sobre la educación nacional y que logren terminar con el rezago educativo de nuestro país, introduciéndonos hacia las sociedades del conocimiento a la cual aspiramos los pueblos del mundo.

Artículo 4

En el artículo 2o. constitucional se establece el derecho de las comunidades indígenas de poseer, formar y operar redes de comunicación. Asimismo, se plantea en este artículo que los medios de comunicación son una vía de afirmación de sus lenguas y cultura, pero en el texto constitucional no se encuentra consignado el horizonte de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca).

Se debe plasmar el derecho expreso de las diferentes comunidades, agrupaciones y colectivos que componen la sociedad pluricultural de nuestro país, para formar, poseer y operar medios comunitarios, colectivos y culturales.

Existen diferentes generaciones de derechos humanos: los de primera generación y los de segunda generación; los primeros exigen una auto alimentación y la no injerencia de los poderes públicos, la tutela del Estado se constituye más en una vigilancia administrativa, mientras que los segundos, se establecen como derechos de participación y requieren una política activa de los poderes públicos.

Esta participación activa del Estado tiene como finalidad garantizar el acceso de los servicios y prestaciones de las instituciones públicas y la de crear el marco jurídico desde el cual se garantice el ejercicio de los Desca. Es necesario aclarar que ningún catálogo de derechos es excluyente ni sustitutivo de otro.

El ejercicio y cumplimiento de los Desca no puede desvincularse de los ordenamientos jurídicos nacionales: constitucional y de legislación secundaria; en legislaciones estatales y municipales; ya que su ejercicio pleno debe considerar los ámbitos de acción y salvaguarda del Estado con el fin de prevenir o sancionar las posibles limitaciones o agresiones.

Aún cuando el artículo 133 constitucional establece que ``...todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión.'', esto no obsta para que en la praxis social, difícilmente se ejerzan acciones judiciales que permitan a toda persona disfrutar -o exigir-, el respeto de estos derechos.

En el año 2003, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, elaboró un Diagnóstico sobre la situación de los derechos culturales en México, una de las observaciones más importantes es que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se establecen aspectos fundamentales para el ejercicio y reconocimiento de los derechos culturales:

De hecho, la Constitución no establece el principio general de acceso, participación y disfrute de los bienes y servicios culturales, las intervenciones en materia de cultura son aisladas entre sí y con las otras políticas públicas del Estado Mexicano, además de que no se prevé la participación sobre su usufructo, promoción, comercialización y repartición de beneficios.

Nos encontramos en la gestación de una tercera generación de derechos humanos, los cuales se refieren a la denominada ``comunicación de libertades, por lo que muchos juristas opinan que la definición y precisión de los derechos, es producto del desarrollo del estado democrático en su ampliación del horizonte de las libertades. El catálogo de las libertades nunca será una obra cerrada''.

Por tales motivos, consideramos fundamental que se consigne el derecho de las comunidades, colectivos, organizaciones sociales de diversa índole y a toda persona el acceso a los medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen. Asimismo, el Estado debe garantizar y favorecer las condiciones para el cumplimiento de estos derechos y fomentar el desarrollo de los medios de comunicación públicos, comunitarios y culturales, bajo la figura de medios de Estado.

Artículo 6

La libertad de expresión e información es garantía fundamental, por lo que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. La libertad de expresión no puede estar sujeta a censura.

El ejercicio de la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas en la ley y ser necesarias para

Toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio, sin discriminación alguna. Ese derecho comprende la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la información de todos los individuos sin censura previa o restricción para la difusión de información.

Artículo 28

Las características que los órganos constitucionales autónomos deben tener como condición para ser considerados como tales son establecerse en la Constitución con clara competencia y no estar adscrito orgánicamente a ninguno de los poderes constitucionales.

Para elaborar cualquier modificación constitucional que prevea la incorporación de un órgano constitucional autónomo, se deben considerar los siguientes criterios:

En muchas materias, como en el caso del manejo del dinero, los procesos electorales y los derechos humanos, no es suficiente la división de poderes establecida en la Constitución mexicana. Para atender los aspectos que vinculan y a los que deben responder por igual los tres poderes, es necesario el equilibrio que garantice la libertad de los individuos. Hay funciones de Estado que no pueden depender de alguno de los tres poderes; y éste es el caso de las garantías individuales, entre las que se encuentran claramente la libertad de expresión e información y el derecho a la información.

Los órganos autónomos constitucionales tienen su sustento en Autonomía Universitaria, artículo 3 (VII); Tribunal Agrario, artículo 27 (XIX); Banco de México, artículo 28; Instituto Federal Electoral, artículo 41 (III); Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículo 102 (B).

De acuerdo con el artículo 28 constitucional y los tratados internacionales, cuyo ámbito de competencia es normar el sector a escala internacional, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones como área prioritaria del Estado pretende que el aprovechamiento de un bien público nacional y limitado como el espectro radioeléctrico no privilegie sólo el beneficio económico sino el beneficio social de la población, revocando el monopolio del Ejecutivo y estableciendo un sistema transparente en el otorgamiento de las concesiones.

El Diagnóstico de Derechos Humanos en México, publicado por la ONU en 2003, plantea en su recomendación general número 14 que se debe

En concordancia, se propone un órgano constitucional autónomo, entendido como una entidad establecida en la Constitución y que no se adscribe con precisión a ninguno de los poderes tradicionales del Estado, con carácter técnico, el cual puede ser un óptimo instrumento de control de los intereses y grupos de presión contemporáneos: medios de comunicación, intereses económicos, transnacionales, etcétera.

La autonomía necesaria en este campo no sólo se da por las características que debe cumplir un servicio para garantizar derechos fundamentales sino porque es una obligación del Estado, en sus tres poderes, por lo que ninguno en lo particular podría ejercer de manera plena la fundamental responsabilidad de seguimiento y garantía a los derechos ciudadanos.

Es necesaria una reflexión respecto a la estrategia jurídica y política que nos permita promover la creación de un órgano autónomo que tenga entre sus principales atribuciones la garantía a los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información. La autonomía necesaria en este campo no se da únicamente por las características que debe cumplir un servicio para garantizar derechos fundamentales sino porque es una obligación del Estado, en sus tres poderes, por lo que ninguno en lo particular podría ejercer de manera plena la fundamental responsabilidad de seguimiento y garantía a los derechos ciudadanos.

Se propone la creación del consejo nacional de telecomunicaciones, que es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de su función, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán sus principios rectores. Su integración estará a cargo del Senado de la República, en los términos que señalen esta Constitución y la ley en la materia.

Se constituye como un organismo regulador autónomo que vigila de forma transparente e imparcial el cumplimiento de la Ley de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, realiza labores de arbitraje y asegura que los prestadores del servicio cumplan su función social en estas materias, otorgando certeza jurídica a los titulares de concesiones y permisos.

La propuesta de creación del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, visto como organismo autónomo, surge por la necesidad de enfrentar las omisiones en el cumplimiento de funciones que no deben estar sujetas a la coyuntura política pero que son parte de las atribuciones naturales del Estado.

Artículo 73

Una de las reformas fundamentales en el marco de la reforma integral en materia de telecomunicaciones es la relativa al artículo 73 constitucional, en el que se plantea la facultad expresa del Congreso de la Unión para legislar en esta materia.

El Congreso de la Unión es el órgano del Estado mexicano a que compete legislar en materias de propiedad exclusiva de la nación. La facultad de legislar en materia de telecomunicaciones no se encuentra prevista actualmente de manera expresa, por lo que resulta necesario incluirla en el artículo 73 constitucional.

Esta iniciativa propone otorgar la facultad expresa al Congreso para expedir leyes que tengan por objeto regular el uso, el aprovechamiento y la explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite.

Esta facultad exclusiva del Congreso permitirá la unificación y homologación de criterios en las materias referidas en la fracción propuesta, que sean el referente y marco jurídico obligado para las entidades del Estado, cuando se trate de regular estas materias.

Al ser un área prioritaria del Estado, las comunicaciones deben ser materia exclusiva de regulación por parte del Poder Legislativo federal, en virtud de la importancia de establecer con criterios generales las normas respectivas, obligando a que cualquier política pública relacionada con las materias de telecomunicaciones se sujeten a dicho criterio.

Artículo 76

Se reforma el artículo 76 constitucional para integrar a las facultades exclusivas del Senado de la República la designación de los integrantes del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en los términos que señale la ley en la materia.

Al ser un área prioritaria del Estado, las comunicaciones deben ser materia exclusiva de regulación por parte del Poder Legislativo federal, en virtud de la importancia de establecer con criterios generales las normas respectivas, obligando a que cualquier política pública relacionada con las materias de telecomunicaciones se sujeten a dicho criterio.

Conclusiones

Igual que el agua y el subsuelo, el espacio aéreo es propiedad de la nación, de todos los mexicanos. Asimismo, las telecomunicaciones y las actividades de la radio y la televisión son de servicio público, y deben por tanto atender a las necesidades sociales, promover el desarrollo educativo y cultural, el mejoramiento de la salud y la preservación del ambiente, contribuir a un mayor respeto a la pluralidad y la diversidad social, étnica y de género, de los mexicanos y al desarrollo de una amplia cultura cívica y de integración nacional.

Legislar en la materia y replantear las relaciones entre el Estado, la sociedad y los medios es un compromiso que México tiene pendiente, por el papel que los medios deben tener en la consolidación de la democracia. Este proceso constituye el pilar de la reforma del Estado.

Por lo expuesto, proponemos una reforma constitucional fundada en los siguientes principios:

En materia constitucional se propone reformar los artículos 2o., 3o., 4o., 6o., 28, 73 y 76.

Proyecto de decreto que reforma la fracción VI del apartado B del artículo 2o.; reforma el segundo párrafo y adiciona una fracción IV, recorriéndose las fracciones subsecuentes del artículo 3o.; adiciona un párrafo noveno al artículo 4o.; reforma el primer párrafo y adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes del artículo 6o.; reforma el párrafo cuarto y adiciona dos párrafos quinto y sexto, recorriéndose los subsecuentes del artículo 28; reforma la fracción X del artículo 73; adiciona un párrafo décimo, recorriéndose los subsecuentes del artículo 76, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Se reforman los artículos 2o., 3o., 4o., 6o., 28, 73 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma la fracción VI del apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

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...

...

A. ...

B. ...

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... ...

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo y se adiciona una fracción IV recorriéndose las fracciones subsecuentes del artículo 3o., de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; asimismo, garantizará un acceso equitativo, libre y universal a los contenidos y tecnologías de la información para promover el conocimiento científico y cultural que permita insertar la nación en las sociedades del conocimiento.

Artículo Tercero. Se adiciona un párrafo noveno al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

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...

...

...

...

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El Estado garantizará el derecho de toda persona para adquirir, operar y administrar medios de comunicación de interés social y sin fines de lucro. Asimismo, favorecerá sus condiciones técnicas y materiales en los términos que las leyes de la materia determinen.

Artículo Cuarto. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Toda persona tiene derecho a buscar y difundir información; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades que deben asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, a la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud.

No se puede restringir el derecho de información por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de cualquier índole, otorgamiento de concesiones y permisos de frecuencias radioeléctricas y tecnologías utilizadas en la difusión de información, o por cualquier otra modalidad encaminada a impedir o a coartar la comunicación y circulación de ideas y opiniones; el derecho a la información será garantizado por el Estado.

...

Artículo Quinto. Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan dos párrafos quinto y sexto, recorriéndose los subsecuentes del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 28. ...

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...

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos, radiotelegrafía y; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite, las telecomunicaciones y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

El Estado contará con un organismo público autónomo denominado Consejo Nacional de Telecomunicaciones, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Sus integrantes serán designados por el Senado de la República en los términos que la ley en la materia determine.

El Consejo tendrá a su cargo de manera integral y directa el otorgamiento de concesiones y permisos para la utilización de sistemas de telecomunicaciones, regulación de contenidos y espacios para la difusión de programas y producción de los mismos, además de aquellas obligaciones y facultades que por mandato de la ley le sean designadas.

...

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Artículo Sexto. Se reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

Artículo Séptimo. Se adiciona un párrafo décimo, recorriéndose los subsecuentes del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. ...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.