a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del Apartado A de esta base;

b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional; y

c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, se realizará de acuerdo a los criterios señalados en el Apartado A de esta base y lo que determine la legislación aplicable.

IV. a VI. ...

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación...

a. ...

b. Garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar;

c. ...

A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados parte tomarán medidas adecuadas para:

a. ...

b. Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales;

c. ...

d. Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudicales para ella.

V. Las mujeres durante el embarazo ...; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.''

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que jurídicamente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

I. a IV. ...

V. Pago de pensiones alimenticias a favor del cónyuge , hijos, ascendientes y nietos, decretado por la autoridad competente;

VI. y VII. ...

• Fomentar la competencia entre los proveedores del Estado;

• Transparentar los procesos de contratación del gobierno federal;

• Promover la modernización de la gestión pública;

• Impulsar la reducción de los costos de transacción y de contratación;

• Fomentar la eficiencia de las adquisiciones del sector público; y

• Alcanzar los objetivos de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1. Agregar solamente una fracción VIII al artículo 2, en la que se establezca la definición de ofertas subsecuentes de descuentos, con esta inclusión resultaría necesario reformar las fracciones VI y VII por técnica legislativa para poder incluir la fracción VIII; de manera que se plantea la siguiente redacción:

No es conveniente incluir las definiciones propuestas por el iniciante como fracciones VIII y IX de este artículo (``subasta electrónica'' y ``subastador''), en virtud de que, por un lado, el concepto de ``subasta'' no se encuentra contemplado en el texto de esta ley, sino que sólo se reconoce el concepto de ``licitación''. Además la definición realizada al concepto de subasta electrónica confunde un procedimiento electrónico de contratación, con la modalidad de ``ofertas subsecuentes de descuentos'' y, por otra parte, en términos de la propia Ley de Adquisiciones, la facultad y responsabilidad de realizar procedimientos de contratación corresponde de manera exclusiva a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

2. Cambiar la redacción de la reforma propuesta por el iniciante al segundo párrafo del artículo 16, para establecer que se podrá contratar en el extranjero cuando los bienes o servicios hubieren de ser utilizados o prestados en el país, sólo cuando se acredite que ni su procedimiento ni los contratos se pueden realizar dentro del territorio nacional, y para tal efecto debe cumplirse con los principios contenidos en los artículos 14 y 28 fracciones II y III y último párrafo; para lo que se propone la siguiente redacción:

La anterior propuesta, deriva de considerar, que el artículo 16 vigente se refiere a bienes y servicios cuyos contratos fueron celebrados en el extranjero, los cuales se ubican en dos supuestos distintos: el primer párrafo relativo a aquéllos que se utilizarán o prestarán en el extranjero y, el segundo, a los que se utilizarán o prestarán en territorio mexicano.

En este sentido, atento a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 vigente, a los contratos concertados y ejecutados en territorio extranjero, respecto de bienes y servicios que serán utilizados o prestados en el extranjero, les resultaría aplicable la legislación del lugar en que sean celebrados, es decir, la relación jurídica entre el proveedor y la convocante se regirá por la legislación del territorio extranjero en que se formalice el contrato.

Por cuanto corresponde al segundo párrafo, relativo a bienes o servicios contratados en el extranjero, que serán utilizados o prestados en territorio nacional, cuya contratación no fue posible realizar mediante licitación pública en el país, previa acreditación y justificación del área contratante de que no resulta factible obtener los bienes o servicios mediante licitación pública, sería posible celebrar contratos al amparo de la legislación extranjera del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones.

Conforme a lo expuesto, no obstante considerar que la administración pública federal, excepcionalmente, podría contratar en el extranjero cuando existan y se acrediten las circunstancias que impiden realizar el procedimiento en territorio nacional, es pertinente señalar que en los dos supuestos previstos, la actuación de los servidores públicos mexicanos que intervengan en el procedimiento de contratación, como ejecutores del gasto, sí estarían sujetos a las disposiciones que resulten procedentes de la Ley de Adquisiciones, toda vez que dichos ejecutores se encuentran obligados a dar cumplimiento de los trámites o requerimientos de carácter presupuestario, de comprobación, de transparencia, del gasto y demás normatividad nacional que resulta aplicable a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Por lo anterior, aún cuando el contrato que en su caso se celebre en el extranjero y se elabore conforme a las leyes del lugar de su formalización, resultaría que la procedencia de adjudicar el contrato en una determinada persona extranjera, debe sujetarse a los principios establecidos en la legislación mexicana, a fin de transparentar la operación y acreditar que se garantizan las mejores condiciones para el Estado mexicano.

De ello, resultaría que en las contrataciones realizadas en el extranjero, conforme a la legislación extranjera, es necesario el previo dictamen de excepción previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, si la operación que se pretende realizar supera los montos de actuación establecidos en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, toda vez que tales disposiciones son de observancia obligatoria para los servidores públicos que pretendan formalizar contratos en los supuestos mencionados.

3. Cambiar la reforma propuesta al artículo 26, y en lugar de agregar una segunda fracción que se refiera a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, a los que deben ajustarse los procedimientos de contratación; se plantea agregar un párrafo sexto a dicho artículo, pero en el que se establezca la posibilidad de que las licitaciones se llevan a cabo a través de los medios remotos de comunicación. Y dicha adición se realizaría con la siguiente redacción:

4. Se considera que deben realizarse adiciones al artículo 28, con la finalidad de fomentar y fortalecer la participación de micro, pequeñas y medianas empresas y para prever de manera expresa la posibilidad de llevar a cabo licitaciones con ofertas subsecuentes de descuentos, y de este modo dotar de mayor claridad al proyecto de decreto; para tal efecto se propone agregar un tercer párrafo a la fracción I y adicionar un último párrafo a dicho artículo, con la siguiente redacción:

5. Se considera pertinente que en lugar de reformar las fracciones III, V y XII del artículo 29 como lo propone el iniciante, sólo se reforme la fracción V para establecer que en las convocatorias se haga la indicación respectiva, en caso de utilizarse algún mecanismo de oferta subsecuente de descuento, con lo que la redacción propuesta sería la siguiente:

6. Se propone que se reforme el párrafo segundo de la fracción II y la fracción III del artículo 33, con la siguiente redacción:

La modificación aquí propuesta, se realiza en virtud de que en el texto presentado por el iniciante se privilegia el uso de los medios remotos de comunicación electrónica, posibilidad que ya prevé el texto vigente de la Ley de Adquisiciones. Y, en la iniciativa, se establece que se entregue por dicho medio copia del acta respectiva, lo que no resulta del todo conveniente, ya que éstas deben ser firmadas por los asistentes y entregárseles copia, y para efectos de su notificación, se deben poner al finalizar los actos, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en un lugar visible al que tenga acceso público en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, siendo éste un procedimiento estricto y riguroso para notificar a los licitantes tomando en consideración los efectos jurídicos de no realizar las referidas notificaciones en apego a la ley.

7. La modificación que plantea el iniciante respecto a reformar los párrafos primero y segundo; y agregar un párrafo, que pasaría a ser segundo, al artículo 34 en el sentido de que los sobres de los licitantes que participen a través de los medios electrónicos sean generados mediante tecnologías que resguarden su confidencialidad, se considera procedente, por lo que la redacción de dicha modificación sería la siguiente:

8. Se prevé que se agregue un segundo párrafo al artículo 35, en los siguientes términos:

Esta propuesta se realiza considerando que el propósito de la iniciativa es incorporar a la Ley de Adquisiciones la posibilidad de que se lleven a cabo procedimientos de contratación que permitan, cuando así lo considere conveniente la dependencia o entidad convocante y lo determine en la convocatoria y las bases de contratación, la posibilidad de que los licitantes puedan presentar ofertas económicas subsecuentes, que mejoren el precio de su proposición inicial.

9. Se considera oportuno reformar el sexto párrafo del artículo 42 en lo siguientes términos:

Con ello se lograría un mayor desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, al tener un mayor grado de participación en las licitaciones que realicen las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal.

10. Por último, se plantea agregar un artículo segundo transitorio, con la finalidad de otorgar un plazo al Ejecutivo federal, para que pueda generar las condiciones necesarias para implementar estos procedimientos. Y la redacción de los artículos transitorios sería la siguiente:

I. a V. ...

VI. Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios;

VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas, y

VIII. Ofertas subsecuentes de descuentos: modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los licitantes, al presentar sus propuestas, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su proposición técnica. En esta modalidad, el contrato se adjudicará al licitante que haya ofertado el precio más bajo en los términos de lo establecido en el artículo 36 Bis.

I. a III. ...

...

...

...

...

Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, en los términos que se establezcan en el reglamento de esta ley.

I. ...

...

Con el propósito de fomentar el desarrollo y participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, en igualdad de circunstancias, en las licitaciones públicas nacionales a que se refiere esta fracción, las dependencias y entidades deberán adjudicar los contratos a estas empresas, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de esta ley.

II. a III. ...

V. La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas y, en su caso, si se utilizará algún mecanismo de ofertas subsecuentes de descuentos;

VI. a XII. ...

I. ...

II. ...

No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado en este artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación, y la información respectiva se ponga a disposición de los licitantes que, en su caso, participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, y

III. En el caso de las bases de licitación, o las modificaciones de éstas, se dé la misma difusión que se haya dado a la documentación original, o bien, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, se ponga a disposición o se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación, y la información respectiva se ponga a disposición de los licitantes que, en su caso, participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

...

...

...

I. a IV. ...

Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, en el acta referida en la fracción III de este artículo, se señalará la fecha, hora y lugar en la que se dará inicio a la presentación de ofertas subsecuentes de descuentos.

a) Que la sexualidad es componente central de la personalidad humana; un lenguaje que permite la comunicación afectiva, que involucra aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, éticos y aún económicos, y por lo mismo no puede entenderse independientemente de los principios y valores que caracterizan y dan perfil a la cultura de cada sociedad; que su ejercicio puede ser fuente de expresión de los más profundos y nobles sentimientos (como engendrar un hijo voluntaria y responsablemente y por tanto deseado y esperado), pero también de graves trastornos en la vida personal y social. Que ejercida en un contexto de afecto, información, responsabilidad, madurez, estabilidad, voluntad, libertad y dignidad, puede generar una apertura a la vida y una expresión de afecto, con amor y respeto como aspectos intrínsecamente humanos.

b) El criterio de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que una sexualidad sana implica: a) aptitud para disfrutar la actividad sexual y reproductiva y controlarla de acuerdo a una ética personal y social; b) ausencia de temores, sentimientos de vergüenza y culpabilidad, de creencias infundadas y de otros factores psicológicos que inhiban la reacción sexual o perturben las relaciones sexuales;. c) ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y deficiencias que entorpezcan la actividad sexual y reproductiva.

c) Que la sexualidad humana es posible de aprender, perfeccionar, manejar, y orientar a desarrollar conductas, como expresión de actitudes y valores, basadas en una determinación personal informada, inteligente, libre, voluntaria, y en el respeto por los demás.

d) Que el diálogo abierto permite conocer, reconocer y aceptar la sexualidad en un sentido amplio (desde el punto de vista físico, psíquico, social y afectivo), aceptar al otro y adquirir posteriormente la noción del ``nosotros'' en tanto pareja; que favorece la posibilidad de su ejercicio de una forma que la responsabilidad, la dignidad y el respeto se constituyan en autocontroles, y que respalda la capacidad y el derecho de los individuos de decidir sus propias opciones y eliminar la tendencia a decidir por los demás. Para ello es necesario poner a disposición de toda persona, desde temprana edad, herramientas informativas (contenidos que apunten a una información veraz, medida y oportuna) y formativas (autoestima, afectividad, principios, valores) que favorezcan la aceptación de la sexualidad y la capacidad de ejercerla de tal manera que sea expresión de complementariedad y comunicación con el otro, en términos de igualdad.

e) Que aún con los avances que se reconoce se han tenido en la materia, son más acciones que en general resultan más parches que estrategias de largo plazo con clara finalidad formativa y preventiva frente a problemas puntuales y alarmantes, mientras niños y adolescentes están cada día mas expuestos a motivaciones, factores y riesgos de muy diversas naturalezas, entre los que se pueden destacar, junto con los señalados en la iniciativa:

f) Que cada vez más y a más temprana edad, niños y niñas cuentan con información errónea y tergiversada sobre temas sexuales, capaces de distorsionar sus ideas en esta materia, el desarrollo de su personalidad. Destacan las comisiones, como causas de esta desinformación, por un lado, que en esta materia normalmente se ha buscado privilegiar la educación sexual del silencio o la cultura sexual que esquiva los problemas e inquietudes de niños y adolescentes que, al no contar con la acción formadora de la familia o la escuela, quedan expuestos a múltiples riesgos.

g) Que los padres y la familia, primeros responsables del proceso educativo de niños y jóvenes en materia de sexualidad, generalmente no cuentan con elementos para asumir el rol que les corresponde, ya sea por experiencia propia, por inhibiciones y dificultades para abordar la temática, debidas al círculo de analfabetismo y carencia de información confiable y fácilmente manejable que en general impera en la materia.

h) Que la educación básica tradicional, por su parte, se ha caracterizado por la ausencia de educación sexual en sus planes y programas, y cuando se le incluye se aborda con una perspectiva biologicista, genitalista y de salud reproductiva. En términos generales de forma asistemática, fragmentaria y, muchas veces, riesgosamente voluntarista, por parte de personas sin la formación e información necesarias, que pueden provocar más daños que beneficios.

I. a XI. ...

XII. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general;

XIII. Fomentar los valores y principios del cooperativismo, y

XIV. Proporcionar, en todos los niveles y grados de educación básica, a las niñas, niños y adolescentes, una educación en sexualidad y afectividad integral, objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa, que desarrolle su autoestima y el respeto a su cuerpo y a la sexualidad responsable.

I. a IV. ...

V. Igualdad de oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad una integración, convivencia y participación, con las mismas oportunidades y posibilidades que el resto de la población.

VI. a XIV. ...

a) La equidad;

b) La justicia social;

c) La igualdad, incluida la igualdad de oportunidades;

d) El respeto por la diferencia;

e) El respeto a la dignidad y a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas con discapacidad;

f) La integración a través de la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

g) El reconocimiento y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

h) La accesibilidad, y

i) La no discriminación.

I. ...

II. Promover acciones que fomenten la igualdad de las personas con discapacidad;

III. a XVIII. ...

I. Los señalados en el artículo 168 de la Ley General de Salud:

II. a XIV...

I. a IX. .........

X. Equidad de género, la protección de la familia, el impulso a los programas de la mujer, los jóvenes, la protección de los grupos vulnerables, en especial niños, personas con discapacidad, personas con enfermedades terminales y de la tercera edad en las comunidades rurales;

XI. a XVIII.........

I. a III. ....

IV. Para la atención de grupos vulnerables vinculados al sector agropecuario, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros y personas con discapacidad, con o sin tierra, se formularán e instrumentarán programas enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, mediante actividades económicas conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica a cargo de las dependencias competentes, así como con programas de empleo temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias campesinas.

V. y VI. ...

I. a VII. ...

VIII. Apoyar acciones que favorezcan el acceso a las personas con discapacidad a las bibliotecas y a las técnicas de audición de texto;

IX. a XI. ...

I. a XII. ...

XIII. 100 por ciento para adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con discapacidad a que se refiere el artículo 222 de esta Ley, el acceso y uso de las instalaciones del contribuyente.

I. a III. ...

IV. Servicios culturales, consistentes en:

I. y II. ...

III. De atención a jubilados, pensionados y personas con discapacidad;

IV. y V. ...

I. a III. ....

IV. Los hijos con discapacidad o incapacitados para trabajar en forma temporal o total y permanente, y

V. ...

I. a III. ....

...

...

Estarán exentos del pago de los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, los menores de 6 años y las personas con discapacidad.

...

I. a III. ...

...

...

...

Estarán exentos del pago de los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, los menores de 6 años y las personas con discapacidad.

...

...

...

...

I. a VII. ...

VIII. La celebración de convenios entre autoridades y propietarios o la expropiación de sus predios por causa de utilidad pública;

IX. La construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos para garantizar la seguridad, libre tránsito y accesibilidad requeridas por las personas con discapacidad, estableciendo los procedimientos de consulta a las personas con discapacidad sobre las características técnicas de los proyectos, y

X. ...

I. a IV. ...

...

...

La presente ley y para los efectos de este artículo, se reconoce al deporte en todas sus modalidades y categorías, incluyendo al desarrollado por el sector estudiantil, al deporte para personas con discapacidad y al deporte para personas adultas mayores en plenitud.

I. a IV. ...

Se considerarán integrantes del núcleo familiar a los hijos y adoptados menores de dieciocho años; a los menores de dicha edad que formen parte del hogar y tengan parentesco de consanguinidad con las personas señaladas en las fracciones I a III que anteceden; y a los ascendientes directos en línea recta de éstos, mayores de sesenta y cuatro años, que habiten en la misma vivienda y dependan económicamente de ellos, además de los hijos que tengan hasta veinticinco años, solteros, que prueben ser estudiantes, o bien, personas con discapacidad dependientes.

...

...

``f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 a 51 de esta convención...''

1. La presente iniciativa es el resultado del compromiso asumido por esta LX Legislatura con el pueblo de México, para la concreción del proceso de la reforma del Estado mexicano, en los términos de la Ley para la Reforma del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de abril de 2007.

2. En el marco de los trabajos para la Reforma del Estado, la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del H. Congreso de la Unión llevó a cabo un profundo análisis de la problemática educativa del país.

3. Los suscritos diputados y senadores reconocemos el esfuerzo de los diversos actores de la sociedad representados en el Congreso de la Unión, para alcanzar los acuerdos necesarios que posibiliten avanzar en las reformas estructurales del Estado mexicano.

4. La reforma que hoy se pone a consideración de esta Asamblea, condensa las diversas opiniones de los especialistas, académicos, expertos y ciudadanos en general, recogidas en los distintos foros y reuniones de trabajo que para tal efecto se llevaron a cabo al seno de la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos.

5. En particular, debemos destacar el Foro de Consulta Pública para la Reforma del Estado sobre Garantías Sociales realizado los días 2 y 3 de julio de 2007, en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en donde se recibieron 1,030 propuestas; las cuales contribuyeron a dirigir y encauzar las discusiones en términos de derechos educativos que se materializan en esta iniciativa.

6. Asimismo, se destaca la organización y celebración, por parte de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Primer Foro Parlamentario de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología en México, celebrado en la Ciudad de Colima, Colima, los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2006.

a. La consolidación de la función educativa del Estado, establecida por el artículo 3o. constitucional, que garantiza una educación popular, democrática y nacionalista.

b. La institucionalización de la educación, que ha dado por resultado un sistema educativo orgánico, sujeto a normas, en el que se busca consolidar la participación coordinada de la federación y las entidades federativas y al que se dedica una proporción considerable de recursos públicos.

c. El avance persistente hacia la suficiencia educacional para hacer efectivas la calidad, equidad, pertinencia y la justicia social.

d. La profesionalización del magisterio, que hoy constituye uno de los gremios más numerosas del país con más de 1 millón 600 mil docentes en todos los niveles educativos.

Asimismo, en cuanto a las tendencias respecto a las tasas de egreso en educación media superior, nuestro país muestra rezagos en el comparativo internacional. Mientras que en la República de Corea la tasa de egresados es de casi 95 por ciento de la cohorte correspondiente, en Chile de 73 por ciento y el promedio de la OCDE es de 82 por ciento, en México la tasa de egresados es de sólo 40 por ciento.

Con las cifras antes mencionadas, es muy complicado que nuestro país consolide y perfeccione su democracia, ya que ésta requiere de ciudadanos informados, participativos con valores sociales y capacidad de análisis, atributos que se consolidan en la educación media superior.

Fuente: OCDE (2007).

Por lo expuesto, los promoventes consideramos que se debe elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior, y así lograr una cobertura creciente y sistemática tanto en este nivel como en la educación superior. Lo anterior, para que tenga los efectos esperados en el desarrollo social y económico, se debe desarrollar de manera gradual, con calidad y pertinencia.

Así también, el presente decreto contribuye a la reforma integral del sistema de educación media superior, ya que extiende las facultades de la autoridad educativa federal en la determinación de los planes y programas de estudios de este nivel. Lo anterior, sólo con la excepción de la educación media superior impartida por las instituciones de educación superior a las que la Constitución otorga autonomía.

VI. Cobertura y calidad en educación superior

La educación superior es un bien público. Ello, dado que el acceso a la misma responde a un interés apreciado por la sociedad, y porque los resultados de las funciones que realizan las IES generan un bienestar para todos los sectores sociales y un efecto multiplicador en la economía (BID, 2006).

Sin embargo, en nuestro país existen retos impostergables para la educación superior. La cobertura en este nivel es muy baja, incluso si la comparamos con países con similares niveles de desarrollo que México. La tasa de cobertura sólo alcanza 25.2 por ciento, incluyendo la modalidad no escolarizada (SEP, 2006). Además, de acuerdo a datos de la OCDE (2006) alrededor de 50 por ciento de los alumnos en la universidad no se gradúan. Cabe señalar, que la UNESCO recomienda una cobertura de entre 40 y 50 por ciento en este nivel para desarrollar niveles de competitividad internacional.

Como se puede observar en la gráfica, países como Chile, la República de Corea y Grecia, tienen tasas de cobertura y egreso en el nivel superior de más de 70 por ciento. En este sentido, el rezago de nuestro país es notable.

Cuando se habla de cobertura, calidad y pertinencia en educación superior, no podemos disociarlo del financiamiento en este nivel educativo. Así, dada la falta de una política de Estado --que defina una planeación de largo plazo--, el financiamiento ha sido insuficiente. Incluso, como se observa en la siguiente Gráfica, la tendencia ha sido decreciente y fue sólo hasta el año 2007 cuando, por negociaciones en la Cámara de Diputados, se logró revertir esa tendencia y se concretaron aumentos importantes. Aun con estos esfuerzos, falta un trecho importante para llegar al 1 por ciento del PIB, tal y como lo mandata la Ley General de Educación.

Gráfica 6. Financiamiento en educación superior

Fuente: PEF, 2000-2007.

Un problema adicional en el nivel superior es la pertinencia, ya que existe un decremento en el número de estudiantes admitidos en programas de ciencias exactas, que pasó de 2.5 a 2.4 por ciento de la matricula del 2002 al 2005 (Romo et al, 2005), y una demanda creciente hacia programas de estudio en ciencias sociales y administrativas, que abarcaron un 47 por ciento de la matricula en 2005. Asimismo, como lo muestra la siguiente Gráfica, la tercera parte de la población ocupada que realizó estudios profesionales, se formó en contaduría y finanzas, administración o derecho.

Fuente: Observatorio Laboral de la STPS, con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2006.

En suma, no hay duda que una mejora en el nivel de competitividad económica dependerá de lograr que un mayor número de mexicanos tengan acceso y concluyan estudios, de una adecuada calidad y pertinencia, de nivel superior y que el sistema prepare a una masa crítica de estudiantes en disciplinas que generan riqueza e innovación (BID, 2006).

Por lo anterior, se considera indispensable elevar a rango constitucional que el Estado --federación, estados, Distrito Federal y municipios-- atienda de manera creciente la educación superior, para que gradualmente se logren tasas de cobertura que permitan a México ser más competitivo a nivel internacional.

Por otro lado, un tema de vital importancia para el desarrollo de la educación superior en México, es el reciente fenómeno del incremento (de casi 400 por ciento en los últimos 10 años) de las escuelas privadas, la mayoría de baja calidad y a menudo representantes del gran fraude educativo de los últimos años (Didriksson, 2007). Este fenómeno profundiza la competencia de los profesionales en algunas profesiones saturadas, rebaja la capacidad de producir conocimientos y genera distorsiones evidentes en la calidad del servicio educativo que se desea.

En este contexto, los promoventes consideramos que como parte indispensable de una política de Estado en educación, se debe elevar a rango constitucional el precepto de que las instituciones particulares deberán acreditar criterios de calidad y pertinencia. Asimismo, se debe crear una ley secundaria específica para el otorgamiento del Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para escuelas particulares. Lo anterior, para homogeneizar las normas y criterios para el otorgamiento del mismo a nivel nacional.

VII. Educación preescolar

El 12 de noviembre del 2002, con la publicación del decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció la obligatoriedad de la educación preescolar. Este hecho significó el reconocimiento de la importancia que la educación temprana tiene para el desarrollo de las niñas y los niños de México.

Al respecto, la investigación empírica ha demostrado que los primeros años de vida constituyen un periodo de intenso aprendizaje y desarrollo, que tiene como base la propia constitución biológica y genética, pero en el cual desempeñan un papel clave las experiencias sociales, es decir, la interacción con otras persona, sean adultos o niños (SEP, 2004).

Sin embargo --de acuerdo con estudios recientes--, ¹⁰ para que la intervención pedagógica en los primeros años de vida tenga efectos positivos de corto y largo plazo en el desarrollo de los niños, es indispensable que sea realizada por profesionales que trabajen de manera intensiva, continua, con grupos pequeños y que involucren a las familias (en particular a la madre); en contraste, una intervención pedagógica temprana que carezca de tales características tiene escaso o nulo efecto positivo en el desarrollo posterior de los niños.

En nuestro país, la intervención educativa de los 0 a los 5 años de edad es realizada --según lo establecen los artículos 40 y 65 de la Ley General de Educación-- por los servicios de educación inicial (0 a 4 años) y de preescolar (3 a 5 años). De esta manera, los niños de tres años de edad son considerados población objetivo en ambos niveles, lo cual --más allá del evidente traslape jurídico-- crea confusión entre los usuarios de estos servicios y los responsables directos de su operación.

El carácter obligatorio de la educación preescolar para niños de tres --o en algunos casos de dos años con ocho meses- no tiene precedente en el comparativo internacional, pues si bien se tiene clara la importancia de la intervención pedagógica temprana en el desarrollo educativo de los niños, también se reconoce que la vía escolarizada, formal y obligatoria no es la única --ni necesariamente la mejor- para atender a esta población.

La mayoría de los países miembros de la OCDE han establecido dos años de enseñanza preescolar gratuita a partir de los 4 años de edad, pero sin el carácter obligatorio, ¹¹ lo cual significa que haber cursado el nivel no constituye un requisito para que los pequeños ingresen a los grados y niveles subsecuentes (UNESCO, 2006.

El Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), instancia de la Secretaría de Educación Pública que agrupa a las autoridades educativas de las entidades federativas y del gobierno federal, elaboró un análisis de la cobertura actual y la estimada para los próximos años del servicio de preescolar. A continuación se presentan los principales datos:

El rezago temprano hace referencia a que, en los casos en que las limitaciones de la oferta y/o las condiciones de vida de las familias impidan el ingreso de los niños de 3 años al preescolar, la entrada en vigor de la reforma de 2002 afectaría la garantía de ingreso al segundo y tercer grados de preescolar y --aún más grave- el ingreso y tránsito a la educación primaria y los niveles subsecuentes.

En el documento elaborado por el CONAEDU, mismo que fue entregado al Poder Legislativo en sesión de Comisiones Unidas de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y en Conferencia con la Comisión de Educación del Senado de la República, con fecha 26 de septiembre de 2007, las autoridades educativas plantean dos propuestas concretas al Congreso de la Unión:

En congruencia con los argumentos anteriores, es necesario derogar el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se elevó a rango constitucional la obligatoriedad de la educación preescolar de tres grados, en el año 2002. Lo anterior, dado que dicho artículo establece los plazos para la entrada en vigor de la obligatoriedad de la misma y, en el caso del 3º y 2º años, los plazos ya fueron rebasados y cumplimentados. Así, al derogar dicho artículo transitorio, el primer año de educación preescolar no entrará en vigor en el ciclo escolar 2008-2009, y la educación para los educandos de tres años de edad se atenderá en la modalidad de educación inicial.

La educación inicial -para los educandos de tres años- se ampliará gradualmente y tendrá carácter voluntario. De esta forma, en educación preescolar los esfuerzos del Estado se podrán enfocar en atender, con calidad y pertinencia, dos años obligatorios para todos los niños de 4 y 5 años.

Cabe destacar, que la educación inicial que se imparte en nuestro país es ofrecida por diversas instancias, tales como las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del DIF, de Organizaciones no Gubernamentales, entre otras. Por tanto, el Estado atendería la demanda complementaria de manera gradual y creciente, para que todas las familias que soliciten el servicio para sus hijos de tres años de edad tengan acceso al mismo.

VIII. Evaluación y Calidad en la Educación

En por lo menos los 10 últimos años, la calidad educativa se ha convertido en uno de los elementos más importantes de la agenda de los gobiernos a nivel internacional. Sin embargo, en la práctica poco se ha entrado al terreno de definir, en términos concretos, lo que la calidad educativa implica en el quehacer cotidiano de los actores principales del sistema educativo (los alumnos, profesores, directivos y padres de familia). Es decir, existe consenso en el sector educativo de que la calidad es fundamental para que la educación impacte el desarrollo económico, sin embargo, tal parece que no nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a qué es lo que nuestros niños y jóvenes debieran saber y cómo debieran aprenderlo.

Así, una educación de calidad es aquella que ofrece a los estudiantes ``oportunidades reiteradas, demandantes y progresivas de ejercer competencias'' como ``la comprensión plena de lo que se lee y su utilización en las operaciones del razonamiento, la aplicación de las matemáticas para representar problemas y para explorar sus soluciones posibles, la inferencia y la argumentación a partir de conceptos y datos fundamentales de las ciencias.'' Las competencias exigen ciertos conocimientos, ``ya sean conceptuales, factuales y procedimentales, puesto que las competencias no se ejercen en un vacío de conocimiento''. (Fuentes, 2005) ¹³

En este sentido, México muestra rezagos importantes en cuanto a la calidad de su educación. Nuestros estudiantes de secundaría han fracasado sistemáticamente en las pruebas comparativas internacionales, que precisamente miden lo que nuestro sistema educativo no está desarrollando: estudiantes con la capacidad de resolver problemas complejos y analizar críticamente la información.

Es del dominio público que las evaluaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a través de su Programa Internacional de Evaluación Estudiantil (PISA-2006), muestran que casi 40 por ciento de estudiantes mexicanos de secundaria están por debajo del nivel mínimo de desempeño matemático, definido como Nivel 1. Esto quiere decir que cuatro de cada diez estudiantes no cuenta con la habilidad mínima de razonamiento lógico, ni con las destrezas necesarias para enfrentar los requerimientos analíticos elementales que presenta la vida cotidiana.

Pero esto no es todo, de acuerdo con estas mismas evaluaciones cerca del 70 por ciento de los jóvenes de secundaria no alcanza siquiera el Nivel 2 de desempeño matemático. Es decir, la gran mayoría de nuestros estudiantes no tienen la capacidad necesaria para realizar inferencias matemáticas elementales, no son capaces de identificar los elementos básicos de un problema, y no tienen la habilidad para interpretar argumentos.

Estos resultados son alarmantes, ya que nos indican que nuestro sistema educativo, por lo menos a nivel básico, está lejos de cumplir sus propósitos y metas más elementales. Si bien es cierto que la comparación con países en pleno desarrollo no es del todo justa, lo que la prueba PISA realmente mide es la capacidad que los jóvenes tienen para enfrentarse a las dinámicas del mundo actual, por tanto, el reto de la calidad es centrarse en las competencias básicas de los alumnos.

En el marco de la calidad de la educación, la evaluación adquiere una importancia cada vez mayor en los sistemas educativos, como elemento fundamental de todo esfuerzo de mejora. Esta tendencia se aprecia en la creciente presencia de proyectos nacionales e internacionales de evaluación, como los que lleva a cabo la SEP con ENLACE, el INEE con EXCALE, la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo con T IMSS y el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (Examen PISA) de la OCDE.

En este sentido, es preciso decir que dado que entramos tarde a la cultura de la evaluación, hay que apretar el paso y consolidar esta cultura en nuestro sistema educativo. Dicha evaluación debe ser comprehensiva, por tanto, se debe evaluar tanto a los alumnos, los docentes, los directivos y a la estructura burocrática de las autoridades educativas.

Por lo expuesto, los promoventes consideramos que para la mejora educativa sistemática es estratégico el elevar a rango constitucional preceptos sobre calidad y evaluación educativa; que sirvan como guías para el desarrollo de las políticas públicas en este tema y como fundamento para los ajustes necesarios en la legislación reglamentaria.

IX. Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Nacional

El avance tecnológico es reconocido por los teóricos del desarrollo social y económico, como una condición necesaria para que una sociedad obtenga niveles de desarrollo sostenido. Entendidos estos, como la reducción de los índices de pobreza y las mejoras en la calidad de vida y oportunidades de las personas.

Las naciones que aspiran al rápido desarrollo colocan la inversión en ciencia y tecnología como uno de sus principales objetivos de política pública. En el contexto internacional, el promedio de asignación de recursos al ramo en los países de la OCDE es del 2.6% del PIB. Asimismo, países desarrollados -y en vías de acelerado desarrollo- han definido metas concretas para impulsar la ciencia y la tecnología. Lo anterior, se refleja en la siguiente tabla.

Tabla 4. Metas presupuestales en ciencia y tecnología

Fuente: Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación en un mundo cambiante: OGDE (2006).

En contraste, la tendencia en los presupuestos asignados a ciencia y tecnología en México se ha caracterizado por la falta de consistencia y por su reducida proporción a la magnitud del Producto Interno Bruto (PIB). En 2008, se estima que tan sólo se destinará el 0.36% del PIB, menos de una sexta parte que el objetivo promedio de la OCDE mencionada y aún lejos de 1% que está plasmado en la Ley de Ciencia y Tecnología y en la Ley General de Educación.

Gráfica 8. Inversión en ciencia y tecnología en México

El rezago que enfrenta nuestro país en desarrollo científico y tecnológico es notorio en el número de patentes registradas, ya que en 2005 de las más de 8 mil aprobaciones de en territorio nacional, sólo 131 fueron para mexicanos. Lo anterior, tiene su explicación en dos factores que están estrechamente ligados con la calidad y pertinencia de la educación superior.

Por un lado, la concentración de profesiones y por otro la geográfica. Sobre la concentración de profesiones, los datos de la Secretaría del Trabajo muestran que para 2006, por cada 4 mexicanos que ingresaron a estudiar Contaduría o Administración sólo uno lo hizo en Ingeniería Civil o Electrónica.

Respecto a la concentración geográfica, el Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología del CONACYT (2006), señala que el Sistema Nacional de Investigación tiene el 44% de sus integrantes en la Ciudad de México, y es en el Distrito Federal donde las instituciones que pueden ofrecer posgrados de calidad. Según el mismo informe, en México existían 4 mil 500 programas de posgrado, de los cuales, hasta 2007, sólo 649 --que representa el 14.4%- cuentan con el reconocimiento de pertenecer al Padrón Nacional de Posgrado (PNP).

De la misma manera, el nivel de escolaridad representa un obstáculo en el desarrollo tecnológico. Según datos de la Academia Mexicana de Ciencias, en su estudio titulado ``Por un nuevo paradigma de política pública para el conocimiento y la innovación en México, 2006 '', mientras que Brasil formó 7 mil 729 doctores en 2003, Corea 7 mil 623 y España 6 mil 436, México sólo formó mil 443.

Lo anterior, revela la necesidad de elevar a rango constitucional que el Estado promueva, impulse y financie la ciencia, tecnología e innovación para contribuir al desarrollo nacional y regional del país. Asimismo, es indispensable enfatizar que la educación debe estar vinculada al desarrollo científico y tecnológico.

X. Gratuidad en la educación

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo tercero, establece que la educación que imparta el Estado es gratuita. El carácter gratuito de la educación constituye una de las características más preciadas de nuestra sociedad; las escuelas públicas y los libros de texto forman parte de los bienes de nuestra Nación. Sin duda, los avances en cuanto a desarrollo social de la época posrevolucionaria han tenido un fuerte impulso en este principio.

Para el Estado, la gratuidad de la educación implica la obligación de cubrir los costos de la educación pública, mediante la redistribución equitativa de los recursos que la propia sociedad genera. En concordancia con lo anterior, los promoventes consideramos que no debe existir condicionamiento de los servicios de educación a la aportación de recursos por parte de los padres de familia. Ello, dado que el hecho de que una familia no tenga posibilidades de contribuir con la escuela, no debe implicar para sus hijos la cancelación del derecho de recibir una educación de calidad.

En este contexto, se reconoce que en nuestro país -y a nivel internacional- el apoyo voluntario, ya sea con aportaciones monetarias, de tiempo en actividades del centro educativo o en especie, es una de las formas más tradicionales de participación de los padres en la educación de sus hijos y en la mejora de los centros educativos. Asimismo, se ha demostrado que la participación de los padres de familia y el establecimiento de vínculos con el centro educativo, es uno de los factores que contribuyen a lograr mejores resultados educativos (Blanco et al ., 2006). ¹⁴

En este sentido, se hace necesario elevar a rango constitucional la obligación de los responsables del manejo de las aportaciones voluntarias, de transparentar su uso y aplicación en la mejora del centro educativo, y a rendir cuentas a la sociedad y las familias que deseen aportar.

Adicionalmente, se propone elevar a rango constitucional el deber del Estado para fomentar condiciones de igualdad y equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo; ello, para que la falta de recursos de las familias menos favorecidas, no ponga en riesgo la continuidad de los educandos en el mismo. Lo anterior, implica becas de transporte, alimentación, apoyos pedagógicos, entre otras intervenciones de política pública.

XI. Laicidad en la educación

Acorde con la libertad de creencias garantizada en el artículo 24 de la Constitución -el cual señala que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley-, se pugna por una educación laica sustentada en el resultado del conocimiento científico y la lucha contra la intolerancia y los fanatismos.

En consecuencia, se considera conveniente complementar y fortalecer el alcance del precepto del texto original sobre la laicidad de la educación. Para tal efecto, se explicita en el texto constitucional que los planes y programas de estudio y las actividades académicas en los planteles públicos y particulares se mantendrán ajenos a cualquier doctrina religiosa.

De esta forma, el Estado seguirá siendo el responsable de los contenidos de los planes y programas de estudio en los planteles educativos públicos y particulares; estos últimos, a través del otorgamiento de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios.

XII. Reconocimiento de derechos de nueva generación

La nueva realidad social, política y económica nos conduce necesariamente a replantearnos los principios y valores que rigen nuestra convivencia como seres humanos. La integración de los pueblos a través de las nuevas tecnologías y difusión de los medios de comunicación, así como los fenómenos de multiculturalismo provocado por los flujos migratorios, nos deben invitar a reflexionar sobre una nueva generación de derechos humanos.

El constituyente mexicano ha ido incorporando al texto constitucional diversos derechos, tales como la autodeterminación de los pueblos indígenas y de identidad nacional y cultural, consagrados en el artículo 2º, así como el derecho al cuidado del medio ambiente, garantizado en el artículo 4º.

En este sentido, se precisa reconocer esta nueva realidad social para materializar en nuestro texto constitucional, derechos que tienen que ver directamente con la solución de los problemas actuales. Bajo esa lógica, se propone precisar que la educación, además de fomentar armónicamente todas las facultades del ser humano, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia, la justicia, deberá fomentar la paz, de tal forma que se articule con lo establecido en el artículo 4º constitucional, y con los tratados y convenciones internaciones suscritos por el Estado mexicano.

En lo que respecta a los criterios que orientan la educación, se incorpora el precepto de aprovechamiento sustentable de nuestros recursos y el cuidado del medio ambiente. Además, a efecto de impulsar la acción afirmativa al momento de definir los planes y programas educativos, se estima oportuno precisar en este apartado que el criterio que orientará a la educación, además de luchar contra la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos y perjuicios, luchará contra la discriminación.

Asimismo, se incorpora el tema del mejoramiento político al criterio democrático de la educación. Al respecto, se considera que para reforzar y perfeccionar el régimen democrático de nuestro país, es indispensable fomentar la cultura política como espacio natural para dirimir nuestras diferencias. Ello, dado que estamos convencidos que es a partir del conocimiento de los valores, creencias, convicciones y conductas democráticas, que se puede construir y garantizar la solidez y permanencia de un sistema político democrático.

Por otra parte, como reivindicación a los derechos de los pueblos indígenas, en particular en el reconocimiento de la composición pluricultural de la Nación mexicana determinado en el artículo 2 constitucional, y con la finalidad de armonizar estos derechos con los criterios que orientan a la educación en nuestro país, se incluye el respeto por la diversidad cultural y el carácter bilingüe de la educación preescolar y primaria que se imparta a los miembros de los pueblos indígenas será bilingüe.

Por lo anteriormente expuesto, los Diputados y Senadores firmantes, ponemos a consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3º y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y deroga el artículo quinto transitorio del decreto por el que se aprueba el diverso que adiciona el artículo tercero en su párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31 en su fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 12 de noviembre de 2002, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, se adiciona una fracción VI, y se recorre la numeración, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado ---F ederación, estados, Distrito Federal y municipios---, impartirá educación, desde la preescolar hasta la media superior .

La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación será el eje fundamental del desarrollo nacional. El Estado ---Federación, estados, Distrito Federal y municipios--- garantizará el desarrollo de una política de Estado para tales fines.

La educación fomentará armónicamente todas las facultades del ser humano y, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia, la justicia y la paz.

La Ley determinará los lineamientos y criterios generales para garantizar que dicha educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

Artículo Tercero. Se deroga el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se aprueba el Diverso que adiciona el artículo tercero en su párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31 en su fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Transitorios

Artículos Primero al Cuarto. ...

Artículo Quinto. Se deroga.

Artículos Sexto al Octavo. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar el acceso a la educación media superior a todos los estudiantes en edad de cursarla, se realizará de manera gradual y creciente, en diversas modalidades y con calidad y pertinencia.

Tercero. Para garantizar la política de Estado en educación, la autoridad educativa federal convocará -en un plazo de seis meses a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto- a las diversas instituciones y sectores involucrados en la educación, así como a las autoridades educativas de los distintos órdenes de gobierno.

La política de Estado tendrá como objeto convertir a la educación en el eje del desarrollo nacional, con metas de largo plazo y estará orientada hacia la mejora de la calidad, equidad y pertinencia del Sistema Educativo Mexicano.

Cuarto. La educación destinada a los educandos de tres años de edad se atenderá en la modalidad de educación inicial. El Estado --Federación, entidades federativas y municipios- establecerá los mecanismos para dar cumplimiento a la atención educativa, con calidad, a las familias que soliciten este servicio educativo.

Quinto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Sexto. Al entrar en vigor el presente Decreto, deberán impulsarse las reformas y adiciones a la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Notas: 1 Historia de la Educación Pública en México (Solana et al. 2004, Coord.). Secretaría de Educación Pública.2 INEGI (2007). Información Estadística .3 Ibídem.4 Panorama Educativo -OCDE (2006).5 Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos (2007). Elaboración con datos del Informe anual de la SEP 2006. Metodología de González-Romero V. M., Navarro Rodríguez M., Cabral Araiza, J. y López Ramírez E. O. (2005), Reflexiones sobre la educación superior mexicana, en Tecnologías para Internacionalizar el Aprendizaje, Universidad de Guadalajara.6 Ibídem.7 Consejo de Especialistas para la Educación, 20068 Consejo de Especialistas para la Educación (2006). Los retos de México en el futuro de la educación.9 Sexto informe. Secretaria de Educación Pública, 2006.10 Destaca el trabajo de Slavin (1994), quien después de analizar 11 programas de intervención temprana desarrollados en los Estados Unidos, concluye que el modelo más efectivo se basa en intervenciones intensas centradas en el niño y/o en los padres, mientras que aquellos con intervenciones limitadas con los niños y con los padres tienen efectos mínimos a corto y largo plazo en el desarrollo cognitivo de los niños (Preventing Early School Failure: Research, Policy, and Practice , Boston: Allyn and Bacon)11 UNESCO. Bases sólidas. Atención y Educación de la Primera Infancia. Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2007. París, Francia, 2006. 12 SEP-CONAEDU, 2007. Las Implicaciones de la Obligatoriedad de la Educación Básica en México: Diagnóstico y Propuestas. 13 Fuentes Molinar, Olac (2005). ``Los resultados de las pruebas PISA y sus implicaciones pedagógicas'', en Cero en Conducta , número 52, año 20, diciembre. México.14 Efectos del impulso a la participación de los padres de familia en la escuela (CONAFE, 2006).

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese la iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos. Continúe la Secretaría con la siguiente comunicación de la Junta de Coordinación Política.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo de la Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de la sesión de las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le informamos que la Junta de Coordinación Política ha acordado solicitar sea incluido en el orden del día de la sesión de hoy en el primer turno el siguiente asunto:

• Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, suscrita por los diputados Carlos Armando Biebrich Torres y José Rosas Aispuro Torres del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo de los diputados Carlos Armando Biebrich Torres y José Rosas Aispuro Torres , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional, presentamos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tenor de lo siguiente:

Antecedentes

El 13 de noviembre de 2007 se promulgaron las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral. Se modificaron los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adicionó el Art. 134 y se derogó el tercer párrafo del artículo 97.

El 14 de enero de 2008, como consecuencia directa de las reformas constitucionales electorales, se promulgó el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, (Cofipe) mismo que se encuentra en vigor.

El Sistema Electoral Mexicano ha iniciado una nueva etapa de su desarrollo; las reformas ya aprobadas constituyen el mayor avance alcanzado desde la reforma de 1996 y su importancia es comparable a la que tuvo en su momento la reforma pionera promovida por Jesús Reyes Heroles en 1977.

Objetivos generales de la presente iniciativa

Por mandato de la reforma constitucional, al H. Congreso de la Unión le fue fijado un plazo para realizar la adecuación a las leyes secundarias en materia electoral. Ese mandato fue cumplido en tiempo y forma respecto del principal ordenamiento que regula, en el ámbito federal, las instituciones y procedimientos electorales. Sin embargo, la complejidad y extensión de la reforma constitucional y al Cofipe hicieron imposible cumplir en el mismo plazo con la obligación de adecuar las leyes secundarias. Hubiese sido contraproducente sacrificar la seriedad y calidad de las demás reformas en aras de cumplir plazos que siendo un mandato, su postergación no provoca contratiempo ni daño alguno al normal funcionamiento de las propias instituciones electorales.

El Congreso ha privilegiado, asumiendo el costo de la crítica, la calidad de sus trabajos y la construcción de acuerdos entre los grupos parlamentarios que lo integran.

Ahora, respecto al sistema de justicia electoral, es momento de que el H. Congreso de la Unión proceda a realizar las adecuaciones conducentes en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), en lo relativo a la estructura orgánica y competencias de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) a fin de armonizarla con las normas constitucionales en la materia, con las disposiciones contenidas en el Cofipe y con las adecuaciones propuestas en la primera de las leyes antes mencionadas.

Si bien las modificaciones a la LOPJF y a la LGSMIME tiene como primer objetivo reglamentar las disposiciones del artículo 99 constitucional, también es oportuno que se incluyan ciertas adecuaciones que, sin derivar en forma directa de la reforma constitucional, permitan dar armonía y coherencia a la legislación electoral federal en su conjunto, además de resultar necesarias sobre la base de la experiencia acumulada por las instituciones electorales y los partidos políticos a lo largo de más de una década.

La columna vertebral que articula y explica la presente iniciativa es la necesaria adecuación de las leyes materia de la misma al hecho de que nuestra Constitución dispone, con motivo de la reforma del año pasado, la permanencia de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las que desde la creación de ese órgano, en 1991, habían tenido el carácter de temporales, con funcionamiento y atribuciones solamente durante los procesos electorales federales.

Por los motivos que se explicaron en los dictámenes relativos a la reforma constitucional en la materia, el Órgano Reformador de la Constitución ha considerado necesario que todas las salas del TEPJF funcionen y ejerzan atribuciones de manera permanente, lo que supone, a partir de las nuevas bases competenciales establecidas en el artículo 99 de la Carta Magna, realizar una inédita distribución de competencias entre la Sala Superior y las cinco salas regionales.

El punto de partida para la presente iniciativa, además de las bases constitucionales, ha sido la experiencia acumulada a lo largo de los más de diez años de existencia del TEPJF. En tal sentido es que se propone conservar en las salas regionales las facultades que las normas vigentes ya les otorgaban durante los procesos electorales federales, y ampliarlas con nuevas atribuciones relativas a los procesos electorales locales.

En línea con lo anterior, se proponen también adecuaciones en la estructura orgánica del TEPJF en su conjunto y respecto del tipo de salas, fortaleciendo a la Sala Superior como instancia máxima tanto en los aspectos sustantivos del quehacer jurisdiccional como en lo relativo a la vida administrativa interna. Con ese mismo propósito, esta Iniciativa propone modificar algunas reglas de operación y relaciones entre las instancias administrativas y de control interno del TEPJF que habiendo sido justificadas en el momento de su creación, hace más de una década, hoy resultan no solo innecesarias, sino que su permanencia sería contraria a los objetivos básicos de la reforma electoral. Es por ello que se presentan varias e importantes adecuaciones a las atribuciones de la Comisión de Administración, para perfeccionarlas o transferirlas a la Sala Superior o a las salas regionales, bajo el control y decisión última de la primera.

A su vez, las reformas propuestas al Sistema de Medios de Impugnación tienen como puntos de referencia las nuevas disposiciones constitucionales que hacen explícita la posibilidad de que la Sala Superior declare la nulidad de toda la elección presidencial, colmando así el vacío existente desde 1996; el límite que la Constitución impone al TEPJF tratándose de las nulidades, obligando al estricto apego a las causales expresamente establecidas en la Ley de la materia, cerrando la posibilidad, de la que abusó en el pasado, de crear, por la vía de la jurisprudencia, causales no establecidas por el Poder Legislativo Federal. Ha sido decisión del llamado Constituyente Permanente, dejar establecida en la Constitución la norma por la cual el TEPJF solamente podrá declarar la nulidad de una elección por las causas expresamente señalas en la ley, es decir en la Ley materia de la presente Iniciativa, la del Sistema General de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Toda autoridad, con mayor razón aquellas a las que se encomienda la elevada responsabilidad de decir el derecho e impartir la justicia, deben hacerlo aplicando las normas escrita en las leyes y a través de su interpretación racional, sistemática y funcional, respetando los principios constitucionales a ese respecto; más no deben traspasar el lindero que separa las competencias entre los poderes constituyentes y los poderes constituidos, a riesgo de provocar males mayores a los que, así sea de buena fe y con recto criterio, se pretende subsanar.

En la misma reforma constitucional se han establecido para el TEPJF nuevos criterios y normas para atender los asuntos internos de los partidos políticos, que hasta antes de esa reforma habían sido competencia del TEPJF a través no de la norma escrita, sino de su interpretación jurisprudencial. En armonía con el mandato constitucional, se propone la adecuación a diversos artículos de la LGSMIME, para armonizarlos con tal mandato, el cual establece que antes de entrar a conocer de esos asuntos, el Tribunal deberá verificar que los quejosos hayan agotado las instancias internas del partido de que se trate. La intención no es, de manera alguna, otorgar a los partidos políticos patentes para la arbitrariedad en contra de sus afiliados, sino reestablecer y respetar la calidad de organizaciones de ciudadanos que nuestra Constitución establece en su artículo 41 al definir a los partidos políticos, respetando su capacidad de autorganizarse y regularse conforme a los principios democráticos que inspiran el entramado de nuestro sistema electoral y de partidos.

En la misma dirección y semejantes propósitos, la propuesta desarrolla la capacidad confirmada del TEPJF para declarar la no aplicación de leyes en materia electoral contrarias a la Constitución. Este es uno de los aspectos de mayor trascendencia de la reforma en curso al dejar atrás la polémica sobre tal facultad constitucional, otorgada desde 1996 a nuestro máximo órgano jurisdiccional en la materia. Para tal efecto, se proponen adecuaciones a diversos artículos de la LGSMIME a fin de normar el ejercicio de tal facultad, y la obligada información que debe enviarse a la SCJN.

En otra materia destacable, la propuesta de reforma establece las hipótesis, requisitos y procedimientos para que las salas del TEPJF acuerden y realicen nuevos escrutinios y cómputos de la votación recibida en las casillas electorales; lo anterior en armonía con las normas incorporadas en el artículo295 y demás correlativos del Cofipe. Estamos seguros que estas nuevas disposiciones habrán de contribuir a solucionar problemas que en las experiencias más recientes han sido motivo de agrias polémicas y fuente de dudas --justificadas o no-- sobre la legalidad y legitimidad de los resultados electorales.

En lo que hace a las causales de nulidad referidas a casillas, la experiencia de más de dos décadas nos señala que las normas hoy vigentes han sido eficaces y dotan a la autoridad jurisdiccional del soporte suficiente para el adecuado ejercicio de la que es, sin duda, su facultad sustantiva más importante. Salvo por lo que hace a las adecuaciones estrictamente indispensables para obtener armonía entre la Constituciones y las leyes en materia electoral, la propuesta que se presenta al respecto en esta Iniciativa confirma las causas de nulidad vigentes y las condiciones o requisitos que deben cumplirse para su aplicación, en especial el criterio de ``determinancia'', derivado del principio universal que el voto ciudadano, en tanto expresión individualizada de la soberanía del pueblo, es el valor número uno a tutelar por todo sistema de justicia electoral que se inspire en valores democráticos.

En materia de nulidad el cambio más significativo que se propone en esta iniciativa es la incorporación expresa de las causales de nulidad de toda la elección presidencial, para lo cual se mantiene congruencia con lo ya vigente respecto de la nulidad de las elecciones para diputados federales y senadores, estableciendo solamente un criterio cuantitativo ligeramente superior, lo que se justifica plenamente por la importancia y significado que para la vida de la República tiene la elección presidencial.

Para corregir lo que todo indica fue una omisión de la reforma legal de 1996, el criterio cuantitativo para la nulidad de las elecciones de diputados federales y senadores se homologa al referirlo, para ambos casos, al 20 por ciento de las casillas en la circunscripción territorial respectiva.

Finalmente, en lo que hace a esta parte de la presente exposición de motivos, los autores de esta iniciativa hemos también considerado los acuerdos a que en esta materia se arribó por los distintos grupos parlamentarios en el seno de la Comisión Ejecutiva para la Construcción y Negociación de Acuerdos para la Reforma del Estado, mismos que se han buscado reflejar en la presente Iniciativa con la necesarias adecuaciones para su transformación en normas legales.

Consideramos, y queremos dejarlo planteado, que la propuesta de establecer como causa de nulidad de cualquier elección la violación al tope de gastos de campaña no es pertinente en tanto no se cuente con los medios de comprobación contable y documental y con el tiempo indispensable para determinar, sin lugar a duda alguna, que esa violación existió y además resultó determinante para el resultado de la elección impugnada. Sin tales condiciones, establecer esa causal de nulidad solamente provocaría un alud de impugnaciones motivadas por motivos políticos o publicitarios que terminarían por dañar de manera grave al sistema de justicia electoral en su conjunto.

Estamos convencidos de la necesidad de que el IFE haga uso a cabalidad de las nuevas facultades que la Constitución y el Cofipe le han conferido en materia de la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos, que las medidas de control y prevención son la vía para evitar abusos y violaciones a la ley.

El perfeccionamiento de nuestro sistema electoral ha sido producto de avances sucesivos y pactados por las principales expresiones políticas del país. Así deseamos que siga siendo para bien de México y beneficio de los ciudadanos.

Contenido particular de las reformas propuestas

En lo siguiente, se describen los cambios propuestos en la presente iniciativa:

I. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF):

Las reformas, adiciones y derogaciones que se proponen respecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación obedecen principalmente a la necesaria adecuación que tal ordenamiento requiere a la luz de la decisión adoptada por el Órgano Reformador de la Constitución en el sentido de establecer la permanencia de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), medida de la que se desprende la necesidad de proceder a una nueva distribución de competencias a fin de dar sentido y materia a la descentralización de la justicia electoral, que es el propósito que animó la reforma constitucional en esta materia.

Artículo 185.

A propósito de las funciones de la Sala Superior del TEPJF y sus salas regionales, se agrega: ``... en forma permanente '', dado que la reforma constitucional prescribe en el segundo párrafo del Artículo 99, que el Tribunal funcionará en forma permanente , con una Sala Superior y salas regionales.

Artículo 186.

En concordancia con la reforma constitucional, se adiciona un párrafo, en armonía con el artículo 99, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución, en el que se dispone que tanto las salas regionales como la Sala Superior sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causas expresamente establecidas en la ley.

Artículo 187.

Se adiciona un párrafo que establece la duración de nueve años para el mandato de los magistrados de la Sala Superior; se establece también que su designación será escalonada; ello en correspondencia con el texto del artículo 99 constitucional. Por otra parte, se propone, para preservar el orden en los plazos para el escalonamiento de los magistrados electorales, que las vacantes que sea necesario cubrir comprendan únicamente el periodo del magistrado faltante.

En el mismo artículo se propone reformar el párrafo cuarto para contemplar dos hipótesis plausibles: que así como la Sala Superior esta facultada para declarar la validez de la elección y al Presidente Electo, la misma Sala pueda declarar también, en su caso, la nulidad de la misma elección. Se colma así el vacío que la norma presenta desde su promulgación en el año 1996.

Artículo 189.

En concordancia con la permanencia de las salas regionales del TEPJF, establecida en la reforma constitucional, se modifica lo conducente respecto de la competencia de la Sala Superior para resolver, en forma definitiva e inatacable, los recursos de su competencia; por lo que se reforman en su fracción I los incisos siguientes, a saber:

Respecto de la fracción II del mismo artículo 189 , se propone establecer que la Sala Superior será competente para conocer de la determinación y/o aplicación de sanciones ``impuestas por los órganos centrales del Instituto'' a los ciudadanos, partidos políticos, organizaciones o agrupaciones políticas de ciudadanos, observadores u otras personas físicas o morales, públicas o privadas.

Se adiciona una nueva fracción III para reglamentar la facultad otorgada a la Sala Superior len materia de la ``no aplicación, en casos concretos, de leyes electorales que sean contrarias a la Constitución''. Tal adición deriva de las modificaciones al artículo 99, párrafo cinco, de la Constitución, en el que se establece la facultad de las salas del TEPJF para ``resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral''

Por necesidad de armonía del texto legal, la vigente fracción III del artículo 189 pasa a ser la XVIII.

Se adicionan también al artículo 189 otras fracciones para establecer nuevas facultades de la Sala Superior, necesarias en razón de la permanencia de las salas regionales y considerando la experiencia en la actividad jurisdiccional en materia electoral y las normas y prácticas equivalentes en el Poder Judicial, de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 189-Bis.

En correspondencia con las nuevas facultades propuestas por el presente proyecto y lo establecido por la reforma constitucional electoral, se adiciona este artículo para regular la facultad de atracción de la Sala Superior bajo los siguientes supuestos:

Se establece que la determinación que emita la Sala Superior respecto de ejercer o no la facultad de atracción será inatacable

Artículo 190.

Se propone establecer que el Magistrado Presidente de la Sala Superior no pueda ser reelecto. Lo anterior deriva de un criterio lógico y de congruencia con el espíritu que animó la renovación escalonada de los magistrados electorales: dado que el mandato de esos servidores públicos quedó fijado en nueve años, y que el periodo para el cual los mismos eligen a su presidente es de cuatro años, permitir la reelección del mismo conlleva en automático la prolongación de su permanencia en tan elevado cargo por ocho de los nueve años del mandato, lo que cancela la renovación deseable en todo órgano colegiado.

Asimismo, en congruencia con la propuesta antes comentada, y para evitar problemas de discrecionalidad o falsos debates sobre la interpretación de la norma, se establece que en el caso de renuncia al cargo de presidente de la Sala Superior, se elegirá a uno nuevo por un periodo de cuatro años o hasta la conclusión del encargo de quien resulte electo.

Artículo 191.

En concordancia a lo dispuesto en la reforma constitucional, respecto de la no aplicación de leyes en materia electoral contrarias a la Constitución por parte de las salas del TEPJF, se propone una nueva fracción para establecer como facultad/obligación del Magistrado Presidente, la de enviar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los informes relativos a tales sentencias. La hasta ahora vigente fracción XII se deroga de manera implícita por ser una disposición que contemplaba hipótesis asociadas en la materia a la calidad temporal de las salas regionales.

Artículo 192.

En concordancia con la reforma constitucional y la permanencia de las salas regionales, se establece que los magistrados electorales que integren dichas salas durarán en su encargo nueve años improrrogables y que su elección será escalonada. En caso de vacante, el nuevo magistrado cubrirá el período del ausente. Dado lo anterior el texto se modifica al propósito de elecciones extraordinarias.

Artículo 194.

En razón del número de magistrados que integran las salas regionales, se determina que las ausencias de los mismos, cuando no excedan de treinta días, serán cubiertas ``según acuerde el presidente de la misma...'' y cuando las ausencias sean superiores a ese término serán acordadas por la Sala Superior.

Se establece igualmente que la notificación de las ausencias definitivas de los magistrados de salas regionales se hará a la Sala Superior, la que notificará a la SCJN para que proceda en los términos legales. En todo caso, las ausencias serán suplidas por el Secretario General o por el secretario de mayor antigüedad en la sala de que se trate.

Artículo 195.

En su fracción I, en correlato con la fracción I, inciso c) del artículo 189 del proyecto, se determina que los recursos de apelación contra actos y resoluciones de la autoridad electoral federal serán resueltos por las salas regionales correspondientes, con excepción de aquellos realizados por los ``órganos centrales''.

En la fracción II, al propósito de la permanencia de las salas regionales, se modifica la vigente redacción, haciendo la declaración expresa de su competencia en los juicios de inconformidad en las elecciones de diputados y senadores ``por el principio de mayoría relativa''.

En la fracción III se determina la competencia de las salas regionales para conocer los juicios de revisión constitucional electoral de ``diputados locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como de ayuntamientos y de los titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.'' Igualmente se establece, con base en la reforma constitucional en materia electoral (Fracción V del Art. 90) que dichas impugnaciones sólo procederán cuando se hayan agotado todos los medios y recursos de defensa establecidos en las leyes para que se pueda revocar o anular el acto impugnado y la violación reclamada resulte determinante para el desarrollo del proceso o el resultado final de las elecciones y la reparación solicitada sea materialmente posible dentro de los plazos legales y antes de la instalación de los órganos o toma de posesión de los funcionarios.

En la fracción IV, en complemento con lo determinado por el inciso f) de la fracción I del artículo 189, se determina para las salas regionales la facultad de conocer y resolver en definitiva los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por violaciones al derecho de votar; de ser votado en las elecciones de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, diputados locales y ayuntamientos y titulares de órganos políticos-administrativos, servidores públicos municipales diversos a los que integran los ayuntamientos y por la violación de derechos por actos de los partidos políticos en la elecciones internas para diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, diputados locales, ayuntamientos y titulares de órganos político-administrativos en el DF y dirigentes locales de dichos institutos. Todo lo anterior siempre y cuando los quejosos hayan agotado previamente los medios de defensa interna de los partidos.

En la fracción V, en concordancia con la reforma constitucional, se establece la facultad de las salas regionales de resolver la no aplicación, en casos concretos, de leyes electorales contrarias a la Constitución.

En la fracción VI se determina la competencia de las salas regionales para conocer y resolver los asuntos relativos a los partidos y agrupaciones o asociaciones políticas locales, lo que es acorde a la nueva distribución de competencias que propugna la reforma electoral.

Las vigentes fracciones IV a VIII pasan a ocupar los numerales romanos VII a XI.

En la fracción XII, en complemento con lo dispuesto en el inciso h) fracción I del artículo 189, se determina que la solución de las diferencias laborales entre el IFE y los servidores públicos en sus órganos desconcentrados será competencia de las salas regionales.

En la fracción XIII, se establece como facultad de las salas regionales, una equivalente a la de la Sala Superior que es la de: ``conceder licencias a los magistrados electorales que la integran''.

En la fracción XIV, por razones de armonía y congruencia, se propone establecer como facultades implícitas de las salas regionales del TEPJF ``las que les delegue la Sala Superior, y las demás que le señalen las leyes.''

En un último párrafo del artículo 195 en comento, se establece que las facultades de las salas regionales se sujetarán a los acuerdos establecidos por la Sala Superior, pero se precisa que dichos acuerdos ``en ningún caso podrán hacerlas nugatorias de manera permanente'' . Y además que, ``en ningún caso los acuerdos que en uso de su facultad de atracción emita la Sala Superior establecerán jurisprudencia''. Tales disposiciones tienen por objetivo preservar la distribución constitucional y legal de competencias entre las salas del propio TEPJF, evitando que a través de acuerdos o emisión de jurisprudencia se haga nugatoria.

Artículo 196.

En concordancia con las disposiciones equivalentes para la Sala Superior, se dispone que los magistrados de cada sala regional elegirán de entre ellos a su presidente; el que durará en su cargo tres años, pudiendo ser reelecto por una sola vez; se establece también que las ausencias del presidente que no excedan de un mes serán suplidas por el magistrado de mayor antigüedad o edad; en el caso de ausencias superiores al mes, pero menores a seis meses, la sala designará a un presidente interino; siendo mayores a seis meses, se nombrará a un presidente sustituto para ocupar el cargo hasta el final del periodo.

Artículo 197.

En la fracción IX, referida a las facultades y obligaciones del magistrado presidente de cada sala regional, se reforma la referida a informar a la Comisión de Administración del TEPJF de las ausencias definitivas de los magistrados, secretarios generales, y personal jurídico y administrativo, para establecer que dicha información será comunicada al Magistrado Presidente del Tribunal, lo que es congruente con el espíritu de esta Iniciativa, que es el de fortalecer a los órganos propios del TEPJF, suprimiendo en consecuencia algunas facultades que en su origen fueron otorgadas al mencionado Comité de Administración.

En la fracción XII del mismo artículo, dentro de las atribuciones del magistrado presidente de sala regional, se establece que éste pueda solicitar al presidente del Tribunal la investigación, y en su caso aplicación de sanciones, por conductas presuntamente ilegales tanto de los magistrados electorales como de los secretarios generales y demás personal jurídico y administrativo; cancelando la facultad casi discrecional que en sus orígenes se otorgó en esta materia a la Comisión de Administración del propio TEPJF.

En la fracción XIV, dentro de las atribuciones del magistrado presidente de sala regional, se establece la de vigilar el cumplimiento del reglamento interno del Tribunal, así como la vigilancia de los ``acuerdos generales que dicte la Sala Superior.''

Se propone en esta iniciativa adicionar una fracción XV (y se recorre la numeración de las siguientes fracciones) que establece dentro de las obligaciones del magistrado presidente de sala regional, la de enviar a la Sala Superior los informes relativos a la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución.

Artículo 198.

En el párrafo primero se añade la frase: ``previa convocatoria pública a los interesados'', recogiendo la práctica ya establecida por la SCJN.

En el inciso a), respecto de la designación de nuevos magistrados, se dispone que la sesión del pleno de la SCJN para decidir la integración de las propuestas será pública; se precisa que las ternas deben ser sometidas, en todo caso, al Senado, en virtud de la reforma constitucional que suprimió la posibilidad de que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión resolviera en esta materia.

En el inciso b) del artículo en comento, respecto de la designación de nuevos magistrados, en concordancia con el inciso a), se dispone que el Presidente de la SCJN hará llegar al Senado (y ya no a la Comisión Permanente) las propuestas de candidatos al cargo de magistrado electoral.

En el inciso d), respecto de la designación de nuevos magistrados, en concordancia con los incisos a) y b) anteriores, se dispone que será la Cámara de Senadores la que elegirá a los magistrados electorales, suprimiéndose la hipótesis que facultaba a la Comisión Permanente a realizar esa designación.

En el inciso e) se añade, para la hipótesis de que ninguno de los candidatos propuestos en la terna original alcance la votación requerida en el Senado de la República, que la nueva terna no podrá incluir a quienes fueron propuestos y no admitidos, lo que resulta de toda congruencia con el respeto a la decisión soberana de los legisladores.

Artículo 201.

Se añade una nueva fracción XI (y se recorre la numeración). La propuesta establece la atribución del Secretario General de Acuerdos de llevar el registro de las sentencias relativas a la no aplicación de leyes y el auxilio al Presidente del Tribunal para hacerlas del conocimiento de la SCJN.; ello en relación con modificaciones a las facultades del Magistrado Presidente de Sala Superior y magistrados presidentes de salas regionales en los casos de no aplicación de leyes contrarias a la Constitución.

Artículo 203

Se propone la plena competencia de las salas regionales para el nombramiento de su secretario general de acuerdos. En la legislación vigente se requería de la previa aprobación de la Comisión de Administración, lo que resulta improcedente a la luz de las nuevas atribuciones y permanencia de dichas salas.

Artículo 204

Se añade una fracción XI (se recorre la numeración). Se establece la facultad a los secretarios generales de acuerdos de salas regionales (equivalente a la incluida en el artículo 201) para llevar el registro de las sentencias relativas a la no aplicación de leyes en materia electoral y de prestar auxilio al presidente de la sala respectiva para hacerlas del conocimiento de la Sala Superior.

Artículo 205

Respecto de la integración de la Comisión de Administración del Tribunal se propone que el magistrado de la Sala Superior, que en unión del Presidente de la misma integra dicha Comisión, sea designado cada año, permitiendo así que dicha responsabilidad sea ejercida alternadamente por los seis magistrados electorales.

Artículo 209

Se deroga la fracción II (se recorre la numeración) que preveía las fechas de instalación de las salas regionales.

En la fracción VI (antes VII) se hace una precisión pertinente respecto de las facultades de la Comisión de Administración que en coherencia con el proyecto, concederá licencias únicamente ``al personal administrativo adscrito al Tribunal.''

En la fracción VII (antes VIII) se precisa que la Comisión conocerá de las renuncias en lugar de ``acordar sobre las renuncias''; ya que, de acuerdo con el proyecto, los acuerdos son facultad de las salas.

En la fracción VIII (antes IX) se mejora el procedimiento sancionatorio y se establece como facultad de la Comisión ``instruir los procedimientos administrativos que correspondan por infracciones o por las faltas graves en las que incurran los magistrados de las salas regionales y proponer, en su caso, las sanciones respectivas a la Sala Superior''.

En la fracción X (antes XI) se mejora el procedimiento sancionatorio y se precisa que la facultad de la Comisión de Administración será proponer a la Sala Superior ``previa investigación'' la suspensión de los magistrados de las salas regionales.

En la fracción XI (antes XII) se mejora el procedimiento y se especifica como facultad de la Comisión ``Resolver, por causa fundada y motivada'' las sanciones del personal jurídico y administrativo de las salas regionales.

Artículo 212

En la fracción II se modifica el requisito para ser magistrado de la Sala Superior estableciéndose el de ``Acreditar conocimientos en derecho electoral'' en lugar de ``preferentemente, tener conocimientos en materia electoral''. Esta modificación atiende a que a lo largo de la existencia del Tribunal se ha generado la suficiente experiencia y especialistas en la materia electoral, lo que permite elevar tal requisito.

En las demás fracciones de este artículo la reforma busca homologar los requisitos establecidos en el Código de la materia para los consejeros electorales del Consejo General del IFE con los exigibles para los magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF, tal y como ha sido la práctica desde la creación de ambas instituciones.

Artículo 213

Se modifican los requisitos para ser magistrado de sala regional, en los mismos términos y con similar criterio por el que se propone la adecuación para los de magistrado de la Sala Superior.

Artículo 215

Se modifican los requisitos para ser subsecretario general de acuerdos y secretarios generales de acuerdos de salas regionales en los mismos términos y con similar criterio por el que se propone la adecuación para los de magistrado de la Sala Superior.

Artículo 219

Se establecen salvedades respecto a los procedimientos y competencias para determinar responsabilidades de los miembros del Tribunal, en concordancia con las facultades acotadas para la Comisión de Administración y las facultades ampliadas de la Sala Superior.

Artículo 223

En el párrafo primero se homologa el periodo vacacional de todas las salas del TEPJF.

Artículo 227

En el inciso a) en el caso de las renuncias de magistrados electorales, en concordancia con lo dispuesto por el texto del artículo 99 constitucional, la comunicación de las mismas se hará al Senado y ya no a la Comisión Permanente.

En el inciso b) se establecen las hipótesis para los casos de ausencias definitivas de magistrados electorales y el procedimiento para el nombramiento de nuevo magistrado, en correlación a lo dispuesto por el artículo 198 del presente proyecto.

El inciso c) es derogado (recorriéndose la nomenclatura) ya que sus hipótesis quedan contempladas en el inciso b) del mismo artículo.

En el inciso c) --antes d)-- se propone que las licencias a los magistrados electorales sean concedidas en todos lo casos por la Sala Superior. Se añade que las licencias serán cubiertas por el Secretario General de Acuerdos o por el Secretario de Estudio y Cuenta que determine la SCJN, a propuesta del Presidente de la Sala Superior.

Se añade un nuevo inciso d) que determina que ninguna licencia podrá exceder de seis meses; que no podrá haber licencias simultáneas a más de dos magistrados, ni otorgarse por más de un mes en proceso electoral. Lo anterior a fin de asegurar en todo tiempo la debida integración de la Sala Superior.

Artículo 227 Bis

Se añade este nuevo artículo que establece las reglas para los casos de renuncias, ausencias y licencias de los magistrados de las salas regionales.

Las renuncias sólo procederán por causas graves, comunicándosele al Presidente de la Sala Superior y éste, a su vez, a la SCJN, que igualmente lo hará al Senado, quien resolverá en definitiva.

Las ausencias temporales serán cubiertas por el Secretario General de Acuerdos o por el Secretario de Estudio y Cuenta que determine el Presidente de la sala regional informándose de ello a la Sala Superior.

En caso de ausencias definitivas la sala regional lo comunicará a la Sala Superior para que ésta lo informe a la SCJN para los efectos previsto en el artículo 198 de esta ley.

Las licencias a magistrados de salas regionales menores a un mes serán autorizadas por la propia sala, las que sean mayores serán autorizadas por la Sala Superior. No podrán otorgarse licencias por más de seis meses. Dentro de los procesos electorales no se concederán licencias y en todo tiempo no se podrán otorgar habrá licencias simultáneas. Todo lo anterior a fin de asegurar la debida integración y funcionamiento de las salas regionales.

Artículo 236

Solamente se modifica la remisión constitucional por ser ahora el párrafo sexto, en lugar del quinto, del artículo 99. El artículo se refiere a la contradicción de tesis entre las salas del TEPJF.

Artículo 238

En concordancia con el proyecto y la reforma constitucional se establece que la protesta de ley de los magistrados electorales se hará ante el Senado.

II. De la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME)

Las reformas, adiciones y derogaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral consisten en:

Artículo 4

Se contempla la existencia de acuerdos generales de la Sala Superior como vía para determinar la forma y términos para la resolución de los recursos materia de la competencia del TEPJF.

Se añade un párrafo 2 para establecer como supletorio de la Ley materia de esta Iniciativa al Código Federal de Procedimientos Civiles, tal y como ha venido siendo práctica en la experiencia del propio TEPJF.

Artículo 6

Se añade un párrafo 4 que establece la facultad de las salas del TEPJF de resolver sobre la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución; sus efectos al caso concreto y la obligación de dar cuenta con sus sentencias a la SCJN. Esta propuesta obedece al nuevo texto del párrafo quinto del artículo 99 constitucional.

Artículo 9

En concordancia con el párrafo 4 del artículo 6, antes comentado, se adiciona un inciso e), que versa sobre la solicitud de no aplicación de leyes en la materia electoral contrarias a la Constitución.

Se añade un nuevo párrafo 2 (y se recorre la numeración) para establecer la posibilidad de que las autoridades electorales acuerden con los partidos y agrupaciones políticas, el ``uso de medios de notificación con firma electrónica'', lo que redundará en simplificación y ahorro de recursos para todas las partes.

Se precisa que a partir del presente artículo 9, en el mismo y otros correlativos de la Ley materia de esta Iniciativa se incluye la referencia expresa a ``los órganos partidistas'' como responsables por ciertos actos o resoluciones impugnables, tal y como ha quedado establecido por la jurisprudencia del propio TEPJF, conformada por la reforma constitucional en la materia.

Artículo 10

Se modifica el inciso d) del párrafo 1 para establecer la improcedencia de los medios de impugnación cuando no se hayan agotado previamente las instancias internas de solución de conflictos de los partidos políticos; estableciendo la salvedad que cuando tales instancias no estén debidamente integrados e instalados con anterioridad a los hechos litigiosos, o cuando dichos órganos cometan violaciones graves al procedimiento, el quejoso podrá acudir de manera directa ante el TEPJF.

Se añade un nuevo inciso f) al párrafo 1 que incluye una nueva causal de improcedencia cuando el medio de impugnación pretenda combatir una norma que haya sido declarada válida por la SCJN. Esta reforma obedece a la necesidad de asegurar unidad de criterios jurisprudenciales, pues resultaría incongruente que se admitiere conocer de solicitudes de no aplicación de una norma legal que ha sido reconocida como válida por el Tribunal Constitucional.

Se añade un nuevo inciso g) al párrafo 1 para establecer como causal de improcedencia que se pretenda impugnar las resoluciones de las salas del Tribunal cuando las mismas sean de su exclusiva competencia.

Artículo 11

Se modifica el inciso b) del párrafo 1 señalando al órgano partidista como responsable.

Se añade un párrafo 3 que determina la no procedencia del sobreseimiento, en los casos de impugnación de comicios, cuando no exista consentimiento expreso del candidato o cuando el mismo desistimiento implique la posible afectación de intereses difusos o de grupo. Estas modificaciones obedecen a que en diversa jurisprudencia del TEPJF se contemplan tales causas para no admitir solicitudes de desistimiento, por lo que esta propuesta solamente le da ahora expresión calara en el texto de la norma.

Artículo 12

Se reforma el inciso b) del párrafo 1 para adecuar la remisión en él contenida, que debe ser al párrafo 1 del artículo 80.

Artículo 24

Se dispone que la sala competente pueda ordenar la publicación de los asuntos a tratar en sesión pública en un plazo menor a la regla general de las 24 horas, a fin de posibilitar que las salas puedan atender asuntos de urgente resolución sin incurrir en violación de los plazos.

Artículo 26

Se modifica el párrafo 3, en forma correlativa con el párrafo 2 del artículo 9, por lo que respecta a posibilidad de notificaciones por medio electrónico.

Capítulo XIII, se reforma su denominación para quedar como sigue: ``Del Cumplimiento y ejecución de las resoluciones de las salas del Tribunal, de las Medidas de Apremio y de las Correcciones Disciplinarias'', reflejando así los nuevos contenidos de dicho Capítulo.

Artículo 32

Se modifica el inciso c) del párrafo 1 referido a la multa como medio de apremio que el Tribunal puede aplicar. Se establece que la multa podrá ser de entre cincuenta a cinco mil veces el salario mínimo. La modificación se propone atendiendo la jurisprudencia que ha establecido el propio Tribunal respecto de las multas, su rango y cuantía.

Artículo 32 Bis

Se propone adicionar este nuevo artículo para establecer el procedimiento y sanciones respecto del incumplimiento de las sentencias:

Se establece que los interesados podrán interponer ante la sala correspondiente el incidente por incumplimiento, deficiencia o exceso de cumplimiento de la sentencia. De igual forma se regulan los sujetos, tiempos y procedimientos para el desahogo de tales recursos y se dota de manera expresa al TEPJF de medios de apremio y capacidad de sanción para hacer cumplir sus sentencias.

Artículo 44

En concordancia con el nuevo carácter permanente de las salas regionales, se modifica el párrafo 1 agregándosele los incisos a) y b) para en ellos contemplar la nueva distribución de competencias entre dichas salas y la Sala Superior.

Por el mismo sentido y razón se deroga el párrafo 2 del artículo en comento.

Artículo 47

Se reforma el párrafo 2 para establecer el plazo que tienen las salas para resolver la admisión del recurso de apelación. Se añade que en casos de urgencia la resolución deberá dictarse con la oportunidad necesaria para hacer posible la reparación de la violación.

Artículo 50

Se propone adicionar dos fracciones al inciso a) del párrafo 1 del artículo en comento, para establecer entre sus hipótesis que en los juicios de inconformidad relativos a los resultados de elección de Presidente de la República podrán impugnarse los resultados de las actas de cómputo distrital por nulidad de votación recibida en una o varias casillas, o la nulidad de toda la elección.

Artículo 52

Se modifica el párrafo 4 para precisar que las nulidades de los resultados de casillas especiales, tratándose de las de diputados y senadores, afectarán ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional) y no solamente el resultado por representación proporcional, lo que es a todas luces injustificado e incongruente.

Se adiciona el párrafo 5 para establecer que el recurso por el que se impugne toda la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos deberá presentarse ante el Consejo General del IFE.

Artículo 54

En complemento con la adición propuesta en el artículo 52 ante comentado, se establece que el recurso de inconformidad que prenda la nulidad de toda la elección presidencial deberá ser presentado por el representante del partido político o coalición registrado ante el Consejo General del IFE. Lo anterior a fin de dotar de plena certidumbre jurídica la admisión y desahogo de un recurso de tal importancia.

Artículo 55

Se adiciona el párrafo 2 para establecer el plazo de presentación del recurso de de inconformidad cuando se pretenda la nulidad de toda la elección presidencial.

Artículo 56

Se propone reformar el inciso g) para contemplar la eventualidad de corrección del cómputo nacional.

Se adiciona un inciso h) para guardar concordancia con la hipótesis de nulidad de toda la elección presidencia.

Artículo 57

Se introduce la hipótesis relativa a los efectos de la acumulación de sentencias para el caso de la elección presidencial.

Artículo 62

Se agrega una fracción IV al inciso a) para establecer entre los presupuestos para la interposición del recurso de reconsideración el caso de que una sala regional haya resuelto la ``no aplicación de una ley electoral''.

Artículo 71

En concordancia con la hipótesis de nulidad de la elección presidencial, se modifican los párrafos 1 y 2, añadiendo la referencia explícita a tal elección.

Artículo 74 BIS

Se adiciona este nuevo artículo para regular el procedimiento para el incidente de ``nuevo escrutinio y cómputo'', que será procedente cuando no haya sido desahogado en la sesión de cómputo correspondiente, o las leyes electorales locales no prevean las hipótesis para tales efectos, o previéndolas, las autoridades se hayan negado al recuento. Esta propuesta desarrolla, en la esfera de competencias del TEPJF, las hipótesis contenidas sobre el mismo asunto en el Código de la materia.

Las salas del TEPJF podrán establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas con otros datos o elementos sin necesidad del recuento. No procederá el recuento en el caso de casillas en las que se hubiere realizado el mismo en la sesión de cómputo respectiva.

Artículo 76

Respecto de la causal cuantitativa para la nulidad de una elección de diputado por el principio de mayoría relativa, se precisa que, según sea el caso, la misma se actualizará siempre que los errores o inconsistencias aducidas no se hayan corregido durante el recuento de votos.

En el inciso b) de párrafo 1, se propone una corrección de estilo al texto vigente.

Artículo 77

Respecto de las causales cuantitativas de nulidad en las elecciones de senadores (acreditación o instalación) se modifican los incisos a) y b) del párrafo 1 para homologarlas con las establecidas para la elección de diputados, considerando entonces como unidad de medida la casilla electoral. En el párrafo b) en concordancia con lo dispuesto en el artículo 76 del proyecto se propone similar corrección de estilo en el texto vigente.

Artículo 77 BIS

Se adiciona un este nuevo artículo para establecer en la Ley las causales de nulidad de la elección presidencial, las que se homologan a las establecidas en el artículo 75, la diferencia de que en este caso se propone establecer como criterio cuantitativo un 25 por ciento de las casillas instaladas en el territorio nacional. Se establece como causa de nulidad de la elección presidencial que el candidato ganador resulte inelegible.

Artículo 78

Se propone incluir en este artículo la aplicación de la llamada ``causal genérica de nulidad'' a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos'', conservándose en lo demás el texto vigente.

Se propone adicionar en el mismo artículo un párrafo 2 para reproducir que las sentencias de nulidad que emitan las salas del TEPJF deberán estar fundadas en las causas expresamente establecidas en la Ley materia de la presente Iniciativa.

Artículo 80

Se proponen adecuaciones a fin de considerar la permanencia de las salas regionales; en consecuencia, tratándose del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se modifica el inciso d) del párrafo 1 dividiéndolo en dos párrafos a fin de distinguir con claridad las hipótesis reguladas.

Se propone adicionar un inciso g) al párrafo 1 para considerar una nueva hipótesis en que la que el ciudadano puede recurrir ante el Tribunal en juicio para la protección de sus derechos político-electorales, consistente en que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violen sus derechos, lo que operaría igualmente para los precandidatos y candidatos, aún sin estar afiliados al partido de que se trate.

Se adiciona un párrafo 3, en complemento al inciso g) del párrafo 1 del mismo artículo, a fin de reiterar la norma constitucional que dispone el necesario agotamiento de las instancias partidistas, en los casos que versen sobre los asuntos internos de los partidos políticos, con las mismas salvedades necesarias para salvaguardar los derechos del ciudadano.

Artículo 83

Se propone la adecuación de competencias de las salas regionales y la Superior en concordancia con la permanencia de las primeras.

Se reforma el inciso a) del párrafo 1 y sus tres fracciones, añadiéndose una cuarta, en lo que toca a las competencias exclusivas, en única instancia, de la Sala Superior; la que conocerá de las controversias en:

Las elecciones de Presidente, gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal y las de de diputados federales y senadores por el principio de representación proporcional.

En el caso de violaciones los derecho político electorales de los afiliados y los precandidatos y candidatos, dirigentes de órganos nacionales de partidos políticos, así como conflictos intrapartidarios que no correspondan a las salas regionales.

Cuando en los procesos internos de selección de candidatos a Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal no exista norma en la ley electoral local, o habiéndola no se haya reparado la violación.

En el inciso b) del párrafo 1 se establece la competencia territorial, en única instancia, de las correspondientes salas regionales para resolver las controversias sobre:

Los Juicios para la Protección de Derechos de los ciudadanos, promovidos por violaciones al derecho de voto activo;

La violación al derecho de voto pasivo en las elecciones de servidores públicos municipales diversos de los electos para integrar el ayuntamiento;

Las violaciones a los derechos político-electorales de los ciudadanos por actos o resoluciones de los partidos políticos en las elecciones de candidatos a diputados federales y senadores de mayoría relativa; diputados locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ayuntamientos y delegaciones en el Distrito Federal, así como de los dirigentes de partidos políticos locales.

Artículo 87

Por lo que respecta a las competencias en el juicio de revisión constitucional electoral, se divide el vigente párrafo 1 en dos incisos; ello en concordancia con la distribución de competencias entre las salas regionales y la Sala Superior; ésta última conocerá de juicios que versen sobre actos o resoluciones relativos a las elecciones de gobernadores y de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, resueltos previamente por las salas regionales, mientras que éstas conocerán, en única instancia, de las controversias por actos o resoluciones relativos a las elecciones de autoridades municipales, diputados locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como de los titulares de los órganos político-administrativos en dicha entidad federativa.

Artículo 91

De igual forma de propone una adecuación para atender la nueva distribución de competencias entre las salas del TEPJF.

Artículo 93

Por lo que toca a los efectos de las sentencias, se modifica el inciso a) del párrafo 2 que versa sobre las notificaciones para establecer que las mismas podrán comunicadas al actor, cuando haya señalado domicilio, en la ciudad donde tenga su sede la sala regional respectiva.

Artículo 94

Se modifica el párrafo 1 para efectos de las competencias entre las salas regionales y la superior en materia de los conflictos laborales entre el IFE y sus servidores. La sala superior conocerá de los conflictos entre el IFE y sus servidores en órganos centrales; mientras que las salas regionales, en el ámbito territorial que les corresponda, respecto de los planteados por motivo de los órganos desconcentrados del referido instituto.

Artículos 102, 104, 105, 106 y 108

Se proponen adecuaciones necesarias en congruencia a la distribución de competencia entre las salas del TEPJF.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforman los artículos 185, 191, 194, 198, 203, 205, 209, 212, 213, 215, 219, 223, 236 y 238; se adicionan los artículos 186, 187, 189, 189 Bis, 190, 192, 195, 196, 197, 201, 204, 227 y 227 Bis; y se derogan el inciso d) de la fracción I del artículo 189 (se recorre la nomenclatura); la fracción II del artículo 209 (recorriéndose la numeración); la fracción III del artículo 212 (recorriéndose la numeración); la fracción VI del artículo 213 (recorriéndose la numeración); la fracción V del artículo 215 (recorriéndose la numeración) y el inciso c) del artículo 227 (recorriéndose los incisos), para quedar como sigue:

Artículo 185. El Tribunal Electoral funcionará en forma permanente con una Sala Superior y con cinco salas regionales; sus sesiones de resolución jurisdiccional serán públicas.

Artículo 187. La Sala Superior se integrará por siete magistrados electorales y tendrá su sede en el Distrito Federal. Bastará la presencia de cinco magistrados para que pueda sesionar válidamente y sus resoluciones se tomarán por unanimidad, mayoría calificada en los casos expresamente señalados en las leyes o mayoría simple de sus integrantes.

Los magistrados durarán en su encargo nueve años improrrogables; su elección será escalonada.

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo magistrado quién durará en su cargo por el tiempo restante al del nombramiento original.

Para hacer la declaración de validez y de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes.

...

...

Artículo 189. ...

Artículo 189 Bis. La facultad de atracción de la Sala Superior a que se refiere la fracción XVI del artículo anterior, podrá ejercerse, por causa fundada y motivada, en los siguientes casos:

En el supuesto previsto en el inciso a), cuando la Sala Superior ejerza de oficio la facultad de atracción, se lo comunicará por escrito a la correspondiente sala regional, la cual, dentro del plazo máximo de setenta y dos horas, remitirá los autos originales a aquella, notificando a las partes dicha remisión.

En el caso del inciso b), aquellos que sean partes en el procedimiento del medio de impugnación competencia de las Salas Regionales deberán solicitar la atracción, ya sea al presentar el medio impugnativo; cuando comparezcan como terceros interesados, o bien cuando rindan el informe circunstanciado, señalando las razones que sustenten la solicitud. La sala regional competente, bajo su más estricta responsabilidad, notificará de inmediato la solicitud a la Sala Superior, la cual resolverá en un plazo máximo de setenta y dos horas.

En el supuesto contenido en el inciso c), una vez que el medio de impugnación sea recibido en la sala regional competente para conocer del asunto, ésta contará con setenta y dos horas para solicitar a la Sala Superior la atracción del mismo, mediante el acuerdo correspondiente, en el que se precisen las causas que ameritan esa solicitud. La Sala Superior resolverá lo conducente dentro de las setenta y dos horas siguientes a la recepción de la solicitud.

La determinación que emita la Sala Superior respecto de ejercer o no la facultad de atracción será inatacable.

Artículo 190. Los magistrados de la Sala Superior elegirán de entre ellos a su presidente, quien lo será también del Tribunal, por un periodo de cuatro años, no pudiendo ser reelecto.

En caso de renuncia la Sala Superior procederá a elegir a un nuevo presidente, quien lo será por un periodo de cuatro años o, llegado el caso, hasta la conclusión de su encargo.

...

Artículo 191. El presidente del Tribunal Electoral tendrá las atribuciones siguientes:

Artículo 192. El Tribunal Electoral contará con cinco Salas Regionales que se integrarán por tres magistrados electorales y su sede será la ciudad designada como cabecera de cada una de las circunscripciones plurinominales en que se divida el país, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley de la materia.

Los magistrados de las Salas Regionales durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores. La elección de los magistrados será escalonada.

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original.

En los casos de elecciones extraordinarias la sala regional con competencia territorial en donde hayan de celebrarse resolverá las impugnaciones que pudieren surgir durante las mismas.

Artículo 194. La ausencia temporal de un magistrado de sala regional que no exceda de treinta días, será cubierta por el secretario general, o, en su caso, por el secretario con mayor antigüedad de la Sala respectiva, según acuerde el presidente de la misma. Cuando la ausencia exceda el plazo anterior será cubierta en los mismos términos, previa aprobación de la Sala Superior.

Si la ausencia de un magistrado es definitiva, el presidente de la respectiva Sala lo notificará de inmediato a la Sala Superior, la que procederá a dar aviso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que se haga la propuesta a la Cámara de Senadores para que se elija al magistrado que corresponda. En este caso, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el secretario general o por el secretario con mayor antigüedad de la propia Sala.

Artículo 195. ...

Las facultades antes establecidas se sujetarán a los acuerdos generales que emita la Sala Superior, los que en ningún caso podrán hacerlas nugatorias de manera permanente. Los acuerdos específicos que en uso de su facultad de delegación emita la Sala Superior no establecerán jurisprudencia.

Artículo 196. Los Magistrados de cada sala regional elegirán de entre ellos a su presidente, quien durará en su cargo tres años pudiendo ser reelecto por una sola vez.

Las ausencias del presidente serán suplidas, si no exceden de un mes, por el magistrado de la misma sala regional que tuviere mayor antigüedad o, en su caso, el de mayor edad. Si la ausencia excediere dicho plazo pero fuere menor a seis meses, la Sala correspondiente designará a un presidente interino, y si fuere mayor a ese término, se nombrará a un presidente sustituto para que ocupe el cargo hasta el final del periodo. Lo dispuesto en este párrafo se observará sin perjuicio de lo establecido en el artículo 194 de esta Ley.

Artículo 197. ...

Artículo 198. Las ausencias definitivas de los magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, serán cubiertas, previa convocatoria pública a los interesados, de conformidad con las reglas y procedimiento siguientes:

Artículo 201. ...

Artículo203. Para el ejercicio de sus funciones cada una de las Salas Regionales nombrará a un secretario general de acuerdos.

Artículo 204. ...

Artículo 205. ...

La Comisión de Administración del Tribunal Electoral se integrará por el presidente de dicho Tribunal, quien la presidirá; un magistrado electoral de la Sala Superior, designado cada año por insaculación, así como tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. Los comisionados serán: el magistrado de circuito de mayor antigüedad como tal y el consejero designado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión con mayor antigüedad en el Consejo, así como el consejero designado por el Presidente de la República. La Comisión tendrá carácter permanente y sesionará en las oficinas que a tal efecto se destinen en la sede del Tribunal Electoral.

...

Artículo 209. ...

Artículo 212. ...

Artículo 213. Los magistrados electorales de las Salas Regionales, además de satisfacer los requisitos establecidos por el artículo 106 de esta Ley, deberán reunir los siguientes:

Artículo 215. ...

Artículo 219. Las responsabilidades de todos los miembros del Tribunal Electoral se regirán por el Título Octavo y las disposiciones especiales del presente Título de esta ley. Para estos efectos, salvo disposición en contrario, las facultades señaladas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las del Consejo de la Judicatura Federal se entenderán atribuidas a la Sala Superior y a la Comisión de Administración, respectivamente, y las del presidente de la Suprema Corte al presidente del Tribunal Electoral.

...

Artículo 223. Los servidores públicos y empleados de las salas disfrutarán de dos períodos de vacaciones al año, de acuerdo con las necesidades del servicio.

...

Artículo 227. ...

Artículo 227 Bis. Las renuncias, ausencias y licencias de los magistrados de las salas regionales serán tramitadas, cubiertas y otorgadas, de conformidad con las reglas siguientes:

Artículo 236. De conformidad con lo previsto por el párrafo sexto del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 10 de esta ley, cuando en forma directa o al resolver en contradicción de criterios una Sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de un acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de la propia Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los ministros, de las Salas o las partes, podrán denunciar la contradicción para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en un plazo no mayor a diez días, decida en definitiva cual es la tesis que debe prevalecer.

Artículo 238. Los magistrados electorales rendirán la protesta constitucional ante la Cámara de Senadores; los Comisionados de la Comisión de Administración que sean miembros del Consejo de la Judicatura Federal, lo harán precisamente ante este órgano.

...

...

...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las salas regionales deberán iniciar su funcionamiento el día de la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Tercero. A más tardar treinta días después de la publicación del presente decreto, la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá presentar a la Sala Superior la propuesta para la reasignación de plazas presupuestales, así como del mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, archivos y demás bienes adscritos a la Sala Superior, que serán transferidos a las Salas Regionales, así como para la creación de nuevas plazas y ampliación, en su caso, de los recursos presupuestarios indispensables para el funcionamiento de aquellas.

Las transferencias de recursos se harán, en su caso, incluyendo al personal, los recursos presupuestarios autorizados, el mobiliario, vehículos, instrumentos, equipo de cómputo, archivos y demás bienes que resulten necesarios para el adecuado desempeño de las salas regionales.

El personal de la Sala Superior que con motivo del presente decreto sea adscrito a las salas regionales conservará sus derechos laborales y recibirá los apoyos necesarios para su cambio de domicilio cuando deba trasladarse fuera del Distrito Federal.

Para los efectos del presente artículo, el Comité de Administración considerará las cargas de trabajo derivadas de los juicios resueltos por la Sala Superior durante los años 2003 a 2007, a efecto de estimar los recursos humanos y materiales que hubiesen sido necesarios para el adecuado funcionamiento de las Salas Regionales en la hipótesis de que las facultades que se les otorgan conforme al presente Decreto hubieren estado en vigor en dichos años.

Realizado lo anterior, previo acuerdo de la Sala Superior, su presidente enviará a la Suprema Corte de Justicia la solicitud para que se requiera al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a las normas legales aplicables, la ampliación o transferencias presupuestales que resulten necesarias a los fines del presente decreto.

Artículo Cuarto. Para efectos del escalonamiento en la elección de los magistrados de la Sala Superior establecido en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente:

Artículo Quinto. Para efectos del escalonamiento en la elección de los magistrados de las salas regionales establecido en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente:

Artículo Segundo. De la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se reforma la denominación del Capítulo XIII y los artículos 12, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 32, 47, 57, 71, 76, 77, 78, 84, 90, 91, 93, 102, 104, 105, 106, 107 y 108; se adicionan los artículos 4, 6, 9, 10, 11, 32-Bis, 44, 50, 52, 54, 55, 56, 62, 74-Bis, 77-Bis, 80, 83, 87 y 94, y se deroga el párrafo 2 del artículo 44, para quedar como sigue

Artículo 4.

1. Corresponde a los órganos del Instituto Federal Electoral conocer y resolver el recurso de revisión y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los demás medios de impugnación previstos en el artículo anterior, en la forma y términos establecidos por esta ley y por los acuerdos generales que en aplicación de la misma dicte la Sala Superior.

2. Para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a falta de disposición expresa, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 6.

1. a 3. ...

4. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior del Tribunal Electoral informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 9.

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:

2. Para el caso previsto en el inciso b), del párrafo que antecede, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal podrán establecer el uso de medios de notificación con firma electrónica y confirmación de recepción.

3. Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso f) del párrafo anterior.

4. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad u órgano partidista correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.

Artículo 10.

1. ...

Artículo 11.

1 ...

2. ...

3. No procederá el sobreseimiento cuando:

Artículo 12.

1. ...

2. a 4. ...

Artículo 17.

1. La autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba un medio de impugnación, en contra de un acto emitido o resolución dictada por ella, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, deberá:

4. ...

Artículo 18.

1 Dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el inciso b) del párrafo 1 del artículo anterior, la autoridad o el órgano del partido responsable del acto o resolución impugnado deberá remitir al órgano competente del instituto o a la sala del Tribunal Electoral, lo siguiente:

2. El informe circunstanciado que debe rendir la autoridad u órgano partidista responsable, por lo menos deberá contener:

Artículo 19.

1. ...

2. y 3. ...

Artículo 20.

1. Si la autoridad u órgano partidista responsable incumple con la obligación prevista en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 17, u omite enviar cualquiera de los documentos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 18, ambos de esta ley, se requerirá de inmediato su cumplimiento o remisión fijando un plazo de veinticuatro horas para tal efecto, bajo apercibimiento que de no cumplir o no enviar oportunamente los documentos respectivos, se estará a lo siguiente:

Artículo 24.

1. El presidente de la sala competente ordenará que se publique en los estrados respectivos, por lo menos con veinticuatro horas de antelación, la lista de los asuntos que serán ventilados en cada sesión, o en un plazo menor cuando se trate de asuntos de urgente resolución.

2. y 3. ...

Artículo 25.

1. ...

Artículo 26.

1. y 2. ...

3. Las notificaciones se podrán hacer personalmente, por estrados, por oficio, por correo certificado o por telegrama, según se requiera para la eficacia del acto, resolución o sentencia a notificar, salvo disposición expresa de esta ley; también podrán hacerse por medio electrónico, conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 9 de este ordenamiento.

Capítulo XIII

Del Cumplimiento y Ejecución de las Resoluciones de las Salas del Tribunal, de las Medidas de Apremio y de las Correcciones Disciplinarias

Artículo 32.

1. ...

Artículo 32-Bis.

1. Cuando sea necesario que algún órgano de partido político o autoridad lleve a cabo alguna actividad para lograr el cumplimiento de una sentencia, éstos estarán obligados a desarrollarla aunque no tengan expresamente el carácter de responsable en el juicio respectivo

2. En relación con el cumplimiento de las sentencias, los interesados podrán promover, ante la Sala correspondiente, el incidente por incumplimiento, defecto o exceso en el cumplimiento. En el primer caso, podrá hacerlo valer el actor, en el plazo de treinta días si aún subsiste la materia de la sentencia y es viable legalmente su ejecución, y en los demás, las partes del medio de impugnación, dentro de los tres días, contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución correspondiente o se hubiese notificado, de conformidad con esta ley o la que resulte aplicable.

3. Una vez recibida la demanda incidental, el presidente de la sala ordenará integrar el expediente respectivo y turnará los autos al magistrado ponente de la resolución cuyo incumplimiento se impugna, para efectos de la sustanciación y elaboración del proyecto respectivo.

4. El magistrado requerirá al órgano partidista o autoridad vinculados al cumplimiento, la rendición de un informe dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del requerimiento.

5. Agotada la instrucción, el magistrado propondrá a la Sala el proyecto de sentencia, la que podrá dictarse incluso si no se rindió el informe dentro del plazo concedido, tomando como base las constancias que obren en autos y las que oficiosamente hubiera obtenido.

6. Cuando el incidente por defecto o exceso en el cumplimiento resulte fundado, la resolución deberá precisar los actos a realizar por el órgano partidista o autoridad para acatar debidamente la sentencia y otorgará un plazo razonable para hacerlo.

7. Cuando el incidente de incumplimiento resulte fundado, la Sala otorgará al órgano partidista o autoridad contumaz un plazo razonable para que cumpla con la sentencia, y establecerá las medidas que considere más adecuadas para lograrlo, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se le aplicará alguno de los medios de apremio a que se refiere el artículo 32 de esta ley.

8. En caso de no lograr el cumplimiento de la sentencia, la sala podrá adoptar las medidas que estime necesarias hasta lograrlo.

9. Cuando se advierta que no obstante los requerimientos, el órgano partidista reitera su actitud contumaz en relación con el cumplimiento de la resolución o sentencia, ya sea por asumir una actitud pasiva o porque los actos realizados evaden el cumplimiento, la Sala Superior podrá determinar la separación del cargo del dirigente o dirigentes del órgano responsable.

10. En casos de contumacia, por parte de servidores públicos de cualquiera de los tres órdenes de gobierno o del Instituto Federal Electoral, la Sala Superior dará vista al superior jerárquico y, si no lo hay o éste tampoco dicta las medidas pertinentes, se remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que actúe en términos de lo dispuesto por el artículo 105, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Cuando el supuesto anterior se actualice en algún medio de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, éstas lo remitirán a la Sala Superior a fin de que resuelva lo conducente.

11. En caso de incumplimiento a algún acuerdo de requerimiento formulado por el magistrado encargado de la instrucción, éste presentará al pleno de la sala un proyecto de resolución a fin de lograr su cumplimiento, y ésta resolverá lo que proceda.

Artículo 44.

1. Son competentes para resolver el recurso de apelación:

2. Se deroga.

Artículo 47.

1. ...

2. Los recursos de apelación serán resueltos por la Sala competente del Tribunal Electoral dentro de los seis días siguientes a aquel en que se admitan. En casos urgentes, la resolución debe dictarse con la oportunidad necesaria para hacer posible, en su caso, la reparación de la violación alegada.

Artículo 50.

1. Son actos impugnables a través del juicio de inconformidad, en los términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la presente ley, los siguientes:

Artículo 52.

1. a 3. ...

4. En los supuestos señalados en los dos párrafos anteriores, si se impugna la votación recibida en casillas especiales, su anulación afectará las elecciones de mayoría relativa y de representación proporcional correspondientes.

5. Cuando se impugne por nulidad toda la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el respectivo juicio de inconformidad deberá presentarse ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, acompañado de las pruebas correspondientes.

Artículo 54.

1. ...

2. Cuando se impugne la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por nulidad de toda la elección, el respectivo juicio de inconformidad deberá presentarse por el representante del partido político o coalición registrado ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Artículo 55.

1. ...

2. Cuando se impugne la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por nulidad de toda la elección, el respectivo juicio de inconformidad deberá presentarse a más tardar dentro de los cuatro días posteriores a la presentación del informe a que se refiere el artículo 310 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 56.

1. ...

Artículo 57.

1. ...

2. Cuando en la sección de ejecución, por efecto de la acumulación de las sentencias de los distintos juicios, se actualicen los supuestos de nulidad de elección de diputado, senador o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos previstos en esta ley, la sala competente del Tribunal Electoral decretará lo conducente, aun cuando no se haya solicitado en ninguno de los juicios resueltos individualmente.

Artículo 62.

1. ...

Artículo 71.

1. Las nulidades establecidas en este Título podrán afectar la votación emitida en una o varias casillas y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada; o la elección en un distrito electoral uninominal para la fórmula de diputados de mayoría relativa; o la elección en una entidad federativa para la fórmula de senadores por el principio de mayoría relativa o la asignación de primera minoría; o la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Para la impugnación de la elección de diputados o senadores por el principio de representación proporcional, se estará a lo dispuesto por los párrafos 2 y 3 del artículo 52 de esta ley.

2. Los efectos de las nulidades decretadas por el Tribunal Electoral respecto de la votación emitida en una o varias casillas o de una elección en un distrito electoral uninominal o en una entidad federativa, o bien, en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se contraen exclusivamente a la votación o elección para la que expresamente se haya hecho valer el juicio de inconformidad, tomando en cuenta lo dispuesto en la parte final del párrafo anterior.

Artículo 74-Bis.

1. El incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en las elecciones federales o locales, de que conozcan las Salas del Tribunal Electoral solamente procederá cuando:

2. Las Salas deberán establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos que obren en el expediente o puedan ser requeridos por las propias Salas, sin necesidad de recontar los votos.

3. No procederá el incidente en el caso de casillas en las que se hubiere realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de cómputo respectiva.

Artículo 76.

1. ...

Artículo 77.

1. ...

Artículo 77-Bis.

1. Son causales de nulidad de una elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos cualquiera de las siguientes:

Artículo 78

1. Las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados, o senadores, o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, o en el territorio nacional, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.

2. De conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 99 de la Constitución, las salas del Tribunal solo podrán declarar la nulidad de una elección por causales que estén expresamente establecidas en la presente ley

Artículo 80.

1. ...

2. ...

3. En los casos previstos en el inciso g) del párrafo 1 de este artículo, el quejoso deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en las normas internas del partido de que se trate, salvo que los órganos partidistas competentes no estuvieren integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso..

Artículo 83.

1.

Artículo 84.

1. ...

2. ...

Artículo 87.

1. Son competentes para resolver el juicio de revisión constitucional electoral:

Artículo 90.

1. La autoridad electoral que reciba el escrito por el que se promueva el juicio lo remitirá de inmediato a la sala competente del Tribunal Electoral, junto con sus anexos, el expediente completo en que se haya dictado el acto o resolución impugnado y el informe circunstanciado que, en lo conducente, deberá reunir los requisitos previstos por el párrafo 2 del artículo 18, y bajo su más estricta responsabilidad y sin dilación alguna, dará cumplimiento a las obligaciones señaladas en el párrafo 1 del artículo 17, ambos del presente ordenamiento.

Artículo 91.

1. Dentro del plazo a que se refiere el inciso b) del párrafo 1 del artículo 17 de esta Ley, el o los terceros interesados podrán formular por escrito los alegatos que consideren pertinentes, mismos que deberán ser enviados a la mayor brevedad posible a la sala competente del Tribunal Electoral. En todo caso, la autoridad electoral responsable dará cuenta a dicha Sala, por la vía más expedita, de la conclusión del término respectivo, informando sobre la comparecencia de terceros interesados.

2. ...

Artículo 93.

1. ...

2. ...

Artículo 94.

1. Son competentes para resolver el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral:

2. ...

Artículo 102.

1. La sala competente del Tribunal Electoral en la audiencia a que se refiere el artículo anterior, determinará la admisión de las pruebas que estime pertinentes, ordenando el desahogo de las que lo requieran, desechando aquellas que resulten notoriamente incongruentes o contrarias al derecho o a la moral o que no tengan relación con la litis.

Artículo 104 .

1. El magistrado electoral podrá ordenar el desahogo de pruebas por exhorto, que dirigirá a la autoridad del lugar correspondiente para que en auxilio de las labores de la sala competente del Tribunal Electoral se sirva diligenciarlo.

Artículo 105.

2. Para la sustanciación y resolución de los juicios previstos en el presente Libro que se promuevan durante los procesos electorales ordinarios y, en su caso, en los procesos de elecciones extraordinarias, el Presidente de la Sala competente del Tribunal Electoral podrá adoptar las medidas que estime pertinentes, a fin de que, en su caso, se atienda prioritariamente la sustanciación y resolución de los medios de impugnación previstos en los Libros Segundo, Tercero y Cuarto de esta ley.

Artículo 106.

1. La Sala competente del Tribunal Electoral resolverá en forma definitiva e inatacable, dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 101 de esta ley. En su caso, la Sala respectiva podrá sesionar en privado si la índole del conflicto planteado así lo amerita.

2. ...

Artículo 107.

1. Una vez notificada la sentencia, las partes dentro del término de tres días podrán solicitar a la Sala competente del Tribunal Electoral la aclaración de la misma, para precisar o corregir algún punto. La sala respectiva dentro de un plazo igual resolverá, pero por ningún motivo podrá modificar el sentido de la misma.

Artículo 108.

1. Los efectos de la sentencia de la sala competente del Tribunal Electoral podrán ser en el sentido de confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnados. En el supuesto de que la sentencia ordene dejar sin efectos la destitución del servidor del Instituto Federal Electoral, este último podrá negarse a reinstalarlo, pagando la indemnización equivalente a tres meses de salario más doce días por cada año trabajado, por concepto de prima de antigüedad.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo relativo a las facultades y atribuciones de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que entrarán en vigor sesenta días después.

Artículo Segundo. Los casos radicados en la Sala Superior antes de la entrada en vigor de este Decreto serán sustanciados y resueltos por la misma conforme a las normas vigentes al momento de su interposición.

Artículo Tercero. En tanto quedan instaladas y en funcionamiento las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los casos que a éstas competerían conforme a lo establecido por el presente Decreto que se presenten dentro del plazo señalado en el artículo primero transitorio anterior, serán substanciados y resueltos por la Sala Superior.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En consecuencia,túrnese la iniciativa a la Comisión de Gobernación.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se autoriza.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2849, que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el entonces diputado Guillermo Velasco Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso e), y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión celebrada el 21 de julio de 2004, el otrora diputado Guillermo Velasco Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 29, 32, 33, 34, 35, 36 y 37; y adicionan dos artículos, el 31 y el 38, y un transitorio undécimo.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la referida iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente;

3. En la sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2004, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, turnándose a la Cámara de Senadores para los efectos dispuestos en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En sesión celebrada el 1 de febrero de 2005 por el Pleno del Senado de la República, la Mesa Directiva de esa soberanía recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, siendo turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5. En sesión ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2007, la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, remitiéndolo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para los efectos constitucionales correspondientes.

6. En sesión celebrada el 27 de noviembre de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta del oficio con el que se devuelve, de conformidad con lo establecido en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente número 2849, que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, siendo turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El dictamen de la iniciativa original, ahora minuta, proponía reformar los artículos 29, 31, 32 y 34; y adicionar las fracciones VIII y XXIII del artículo 3, así como los artículos 32 Bis y 36 Bis y el artículo undécimo transitorio de la Ley General de Vida Silvestre, con el objetivo de incluir las definiciones de confinamiento e inanición, así como aplicar dichos conceptos dentro diversos artículos del ordenamiento jurídico, para lo cual, se propusieron las siguientes redacciones:

Ahora bien, la iniciativa original plantea, en primer término la adición de dos definiciones técnicas dentro del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, el de confinamiento y el de inanición, a efecto de ser incluidas dentro del articulado de la ley de la materia, y no crear incertidumbre en el gobernado sobre las mismas. Los artículos donde se pretende incluir dichos términos (29, 31, 32, 34 de la Ley General de Vida Silvestre) hacen referencia a la aplicación o cuidado que el hombre deberá tener a fin de evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que las especies de la vida silvestre puedan sufrir durante el aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento, comercialización y sacrificio.

Es evidente el buen espíritu del diputado promovente, ya que la reforma planteada originalmente, tiene como finalidad la protección de la fauna silvestre, prohibiendo que sean ubicados en espacios muy pequeños que no permitan su movilidad (confinamiento), así como evitar su agotamiento por falta de alimento o líquidos (inanición).

En este sentido, las pretendidas reformas van encaminadas al tema relativo al bienestar animal, mismo que se encuentra regulado en la Ley Federal de Sanidad Animal, como bien se señala en su artículo 1o., que a letra dice:

Asimismo dentro de la ley, encontramos diversos artículos que regulan los conceptos básicos referentes al trato digno de los animales, los cuales señalan:

De lo trascrito en párrafos anteriores se desprende que le Ley Federal de Sanidad Animal, incluye las disposiciones básicas para procurar el bienestar animal, sin embargo, dicha ley regula la problemática de manera muy superficial y vaga, ya que la finalidad principal de la misma es evitar afectaciones a la salud humana derivadas del trato a los animales, regulando por consiguiente de manera prioritaria lo relativo a los animales domésticos, de producción, para investigación científica y la fauna silvestre pero que se encuentren en cautiverio.

En este sentido, las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Sanidad Animal, incluso las señaladas en la Ley General de Vida Silvestre relativas al bienestar animal, resultan insuficientes para erradicar el problema actual en nuestro país, derivado de la falta de conciencia por parte de la sociedad, respecto al trato digno y de respeto que debe darse a los animales, por ello es necesario que una ley especifica regule dicha problemática. Al respecto debe señalarse que el pasado día dos de febrero del año 2007, los diputados Diego Cobo Terrazas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Víctor Manuel Torres Herrera del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa que expide la Ley General de Bienestar Animal, que fue turnada a esta comisión ordinaria para su análisis y estudio, y que ha sido dictaminada en sentido positivo, encontrándose actualmente sujeta a discusión.

Ahora bien, en lo concerniente a la adición de un artículo 36 Bis, el cual prohibiría que en los espectáculos públicos se utilicen ejemplares de fauna silvestre sin documentos que amparen su legal procedencia, se debe señalar que en la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Bienestar Animal se contempla un capitulado tendiente a regular dicho tema, al efecto se transcribe un extracto:

Capítulo V De las Prácticas Específicas de Manejo Aplicables a los Animales para Entretenimiento

Sección I De los Animales para Espectáculos

En relación a la inclusión de un artículo undécimo transitorio, a efecto de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emita normas oficiales mexicanas para la regulación sustentable de ejemplares de fauna silvestre destinados a la exhibición y a espectáculos públicos, debe señalarse que resulta innecesaria, ya que en la Ley General de Vida Silvestre se regula el aprovechamiento sustentable de los ejemplares de la fauna silvestre, a efecto de lograr su conservación. Aunado a que en las disposiciones establecidas en la Ley General de Bienestar Animal se faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que expidan Normas Oficiales Mexicanas en las materias previstas en la propia Ley, todas ellas relativas al bienestar y cuidado de los animales.

Como se mencionó anteriormente, esta comisión ordinaria coincide plenamente con las inquietudes del diputado promovente; sin embargo, consideramos que dichas propuestas se encuentran colmadas dentro de la iniciativa que expide la Ley General de Bienestar Animal, la cual va encaminada a delimitar las competencias relativas al trato digno de los animales (silvestres y domésticos), en los tres órdenes de gobierno, asimismo establece una serie de disposiciones relativas regular la problemática principal a la cual están sujetos los animales, como lo son los problemas relacionados con el alojamiento y mantenimiento; el transporte y movilización; la matanza, la comercialización y, en general, aquellos relacionados con el manejo que se hace de los animales. Por lo que ve a esta Ley, abarca el tema de manera universal, ya que su objetivo principal es precisamente regular la conducta del gobernado a fin de que los animales, tanto silvestres como domésticos obtengan un trato digno y respetuoso. Por lo cual y a efecto de no entorpecer el proceso parlamentario de dicha Iniciativa, esta minuta se desecha, debido a que los objetivos de la misma, ya se encuentran regulados por la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Bienestar Animal.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Único. De conformidad con lo establecido por la colegisladora, se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, turnada a esta comisión el 27 de noviembre de 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados, a 11 de marzo de 2008.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2240, que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por los entonces diputados Jacqueline Argüelles Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72, 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión plenaria celebrada el 14 de diciembre de 2004, la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados recibió una iniciativa que reforma los artículos 38 y 38 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual fue presentada por la entonces diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, turnándose en esa misma fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la honorable Cámara de Diputados bajo el expediente número 2498, para la elaboración del dictamen correspondiente.

2. En la sesión plenaria celebrada el 12 de abril de 2005, la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados recibió una iniciativa que reforma y adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que fue presentada por el entonces diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, turnándose en esa misma fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la honorable Cámara de Diputados bajo el expediente número 3101, para la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Considerando los alcances y contenido de las citadas iniciativas, la comisión dictaminadora resolvió integrarlas en un sólo dictamen, mismo que fue aprobado por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados en la sesión celebrada el 5 de abril de 2006 y remitido al Senado de la República para los efectos constitucionales correspondientes.

4. En la sesión celebrada el 6 de abril de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, turnándola a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

5. En la sesión del Pleno de la Cámara de Senadores llevada a cabo el día 26 de abril de 2007 se aprobó en votación económica el siguiente dictamen:

6. En la sesión celebrada el 3 de septiembre de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores fechado el 26 de abril con el que remite para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional, el expediente completo de la minuta proyecto de decreto en comento, mismo que fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo el expediente número 2240 para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la minuta

La minuta que se dictamina desecha la reforma a los artículos 38 Bis 1 y 38 Bis 2, y la adición de un artículo 38 Bis 3 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Consideraciones

La creación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el año de 1992 tuvo por objeto dar cumplimiento cabal a la legislación en materia ambiental a través de dos instrumentos de política ambiental: la auditoría ambiental y la verificación industrial. La auditoría ambiental fue incorporada a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como uno de los instrumentos de la política ambiental.

De acuerdo a lo que dispone el artículo 38 Bis de la ley en comento: ``Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria, a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objetivo de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente.¹

La secretaría desarrollará un programa dirigido a fomentar la realización de auditorías ambientales, y podrá supervisar su ejecución. Para tal efecto:

Esta comisión dictaminadora se permite recordar que de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 2 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de auditoría ambiental y es definida como el ``examen exhaustivo de los equipos y procesos de una empresa, así como de la contaminación y riesgo que la misma genera, que tiene por objeto evaluar el cumplimiento de sus políticas ambientales y requerimientos normativos, con el fin de determinar las medidas preventivas y correctivas necesarias para la protección del ambiente y las acciones que permitan que dicha instalación opere en pleno cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, así como conforme a normas extranjeras e internacionales y buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables.

Después de analizar el contenido del expediente de la minuta en comento, esta comisión dictaminadora concuerda ampliamente con la colegisladora en cuanto a que desvirtúa la naturaleza del instrumento jurídico en vigor. Esto porque, como menciona, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la auditoría ambiental es un instrumento de carácter voluntario.

El texto del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de auditoría ambiental hace referencia al carácter voluntario del instrumento de política ambiental que nos ocupa. Sólo por referir un ejemplo el artículo 3o. de dicho reglamento a la letra reza: ``Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria realizar auditorías ambientales respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros extranjeros e internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objetivo de definir medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el ambiente.''²

Este mecanismo regulatorio optativo complementa a las normas obligatorias y persigue estimular ciertas conductas en lugar de ordenarlas. De lo anterior se desprende que la intervención de la autoridad consiste únicamente en el fomento y supervisión del mismo. Esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora en que el carácter voluntario del instrumento de política ambiental en comento no es exclusivo de México, toda vez que las legislaciones de países como Bolivia, España, Estados Unidos o Perú, así lo consideran.

Esta comisión dictaminadora opina que el imponer la obligatoriedad al instrumento en comento fomentará una ``sobrerregulación'' pues exigirá el cumplimiento obligatorio de parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería, aún cuando no se encuentran previstos en la legislación nacional, lo cual creará inseguridad jurídica y dejará en estado de indefensión a los destinatarios de la norma.

Esta comisión ordinaria coincide ampliamente con la colegisladora en que la propuesta de reforma elimina la razón de ser de los certificados de industria limpia que entrega la Profepa a las industrias que cumplen de manera integral los compromisos que se derivan de la realización de las auditorías ambientales, toda vez que, al convertirse en un instrumento de política ambiental obligatorio para las entidades paraestatales, órganos desconcentrados y demás entidades autónomas de la administración pública federal, desaparecería el estímulo para llevarlas a cabo.

La comisión que dictamina también coincide con la colegisladora en que la reforma propuesta transgrede principios jurídicos fundamentales toda vez que vulnera el principio de igualdad jurídica de las personas, mismo que es respetado en diversas disposiciones de la ley en comento. Por ejemplo, en el artículo 28 de la ley en comento que precisa claramente el tipo de obras o actividades que están sujetas al procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental, se aprecia claramente que el legislador consideró la obra o actividad en sí misma y no al sujeto que la realiza, tal como se pretende en la minuta proyecto de decreto que se dictamina.

La pretendida reforma también contraviene lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 de la ley en comento que a la letra dice: ``Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales''. A la luz de lo anterior resulta evidente que la finalidad de los instrumentos de política ambiental, entre los que se encuentra la auditoría ambiental, no es la de establecer distinciones respecto a los sujetos que realizan obras que pueden tener impactos significativos en el entorno.

Esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora en que lo propuesto resulta innecesario toda vez que desvirtúa la naturaleza de las auditorías ambientales, transgrede principios jurídicos fundamentales además de que la Profepa cuenta con facultades de inspección y vigilancia para cumplir con los objetivos que se proponen.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, turnada a esta comisión el 3 de septiembre de 2007.

Notas: 1. Las negrillas son de la comisión dictaminadora.2. Las negrillas son de la comisión dictaminadora.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma la fracción X del artículo 257 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 257 de la Ley General de Salud.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, numerales 1 y 3, 43 44, 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55; 56; 60; 87; 88; 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

Con fecha 19 de abril de 2005, el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa por la que se reforma la fracción X del artículo 257 de la Ley General de Salud, la cual fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

Una vez aprobado el dictamen por el Pleno de la Cámara de Diputados, con fecha 8 de diciembre de 2005, se turnó al Senado de la República, cuya Mesa Directiva remitió la Minuta correspondiente a sus Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social, y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen.

Las Comisiones Unidas del Senado, el 11 de diciembre de 2007, presentaron ante el Pleno de ese órgano legislativo, el dictamen por el que se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 257 de la Ley General de Salud. Mismo que, con dispensa de segunda lectura, fue aprobado por 104 votos. En esa misma fecha se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales correspondientes.

Con fecha 1 de febrero de 2008, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Salud la minuta de referencia para su estudio, por lo que llegado el momento esta comisión presenta el siguiente dictamen.

II. Contenido

Las Comisiones Unidas del Senado, refieren la propuesta original que el diputado José Ángel Córdova Villanueva, expuso:

La citada iniciativa, propone el siguiente concepto de farmacia:

En el dictamen de las Comisiones Unidas del Senado, se refieren los artículos 194 Bis, el 224 y el propio 257 de la Ley General de Salud, en los cuales actualmente de manera muy precisa, clara y apropiada contempla las pretendidas innovaciones o reformas que el diputado José Ángel Córdova Villalobos sugiere en su reforma; pues señalan correctamente que los conceptos de especialidades farmacéuticas, genéricos intercambiables y auxiliares para la salud, en la legislación vigente y referida están contemplados dentro del concepto de insumos para la salud.

Por ello, consideraran necesario desechar la minuta con proyecto de decreto, que había sido aprobada por la honorable Cámara de Diputados.

III. Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora, considera que la propuesta original del diputado José Ángel Córdova Villalobos, con buena intención, sustancialmente pretendía destacar el reconocimiento de los medicamentos genéricos intercambiables. No obstante, los integrantes de esta comisión dictaminadora, estiman que aunque ciertamente, fundamental e importante su referencia, esta propuesta de reforma no es la más indicada y tampoco en la fracción de la ley donde pudiera generar y cumplir su loable y necesario propósito.

Segunda. Por ello, sin duda, es necesario coincidir con la colegisladora en cuanto a la claridad y precisión de conceptos y definiciones que la actual legislación señala a través de sus artículos 194 Bis, 224 y 257; agregando esta comisión el 221, todos de la Ley General de Salud, mismos que a la letra señalan:

Tercera. Como se aprecia, estos artículos y sus conceptos de manera precisa, así como mucho más amplia, contemplan ya las definiciones que la propuesta en discusión sugiere. No obstante, insistimos la intención de destacar la prescripción, existencia y uso de los medicamentos genéricos intercambiables, no es posible en los términos y en las fracciones legales planteados, rescatable.

Por lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que el resolutivo de rechazo de la colegisladora es valido, por tanto, se agrega y refrenda dicha determinación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y para efecto de lo dispuesto por el artículo 72, inciso D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud de la LX Legislatura, pone a consideración de la asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta proyecto de decreto por el que se reforma a la fracción X del artículo 257 de la Ley General de Salud, turnada a esta comisión el 1 de febrero de 2008. Archívese el expediente como asunto concluido.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2249, que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por los otrora diputados Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán y Adrián Chávez Ruiz, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 2 fracción XXIV, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión celebrada el 20 de octubre de 2005, los otrora diputados Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán y Adrián Chávez Ruiz, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, respectivamente, presentaron ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, en la LIX Legislatura, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En esa misma fecha, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión bajo el expediente número 4132, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente;

2. En la sesión celebrada el 27 de abril de 2006 por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se aprobó por trescientos sesenta y un votos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, turnándose a la Cámara de Senadores para los efectos dispuestos en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

3. En la sesión del Pleno llevada a cabo el 7 de septiembre de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, turnándola a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

4. En la sesión del Pleno de la Cámara de Senadores celebrada el 26 de abril de 2007 se aprobó en votación económica el siguiente dictamen:

Artículo Único. En virtud de que su contenido resulta incompatible con el texto vigente del precepto legal que pretende reformar, y que su espíritu ya se encuentra previsto, se desecha la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

6. En sesión celebrada el 3 de septiembre de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores fechado el 26 de abril con el que remite, para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional, el expediente completo de la minuta proyecto de decreto en comento que fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo el expediente número 2249 para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la minuta

La minuta proyecto de decreto que se dictamina tiene por objeto desechar la reforma al inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Consideraciones

De conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la biodiversidad es definida como ``la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas''; esta diversidad reviste singular importancia debido a que nos proporciona una amplia gama de bienes y servicios ambientales, tales como la conservación del suelo, la recarga y mantenimiento de los recursos hídricos, la regulación del clima, la formación de diversos tipos de hábitat para las especies silvestres, la preservación del balance ecológico, entre otros. Este hecho no sólo debe enorgullecernos sino también concientizarnos de la gran responsabilidad que tenemos no sólo a nivel nacional sino mundial, en cuanto a su protección y conservación.

Con objeto de evitar la pérdida de biodiversidad, la legislación ambiental vigente contempla la figura de las áreas naturales protegidas y establece diferentes tipos y características. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las áreas naturales protegidas son ``las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservados y restaurados...''.

Esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora en que el régimen legal previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), para las áreas naturales protegidas (ANP) de competencia federal, incluye la posibilidad de ordenar sus superficies en función del grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno --de su uso actual y potencial--, de conformidad con los objetivos para los cuales fueron creadas. La zonificación de las ANP se materializa mediante el establecimiento de zonas núcleo y zonas de amortiguamiento, las cuales, a su vez, pueden ser subzonificadas con el fin de ordenar detalladamente las actividades que se pueden realizar en ellas.

El actual inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley en comento establece que las subzonas de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas son ``aquellas superficies con usos agrícolas y pecuarios actuales.

En dichas subzonas se podrán realizar actividades agrícolas y pecuarias de baja intensidad que se lleven a cabo en predios que cuenten con aptitud para este fin, y en aquellos en que dichas actividades se realicen de manera cotidiana, y actividades de agroforestería y silvopastoriles, siempre y cuando sean compatibles con las acciones de conservación del área y que contribuyan al control de la erosión y evitar la degradación de los suelos''.

En opinión de los otrora diputados promoventes, resultaba necesario reformar el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la ley en comento pues ``de acuerdo a la clasificación que la propia LGEEPA hace sobre áreas naturales protegidas, existen áreas en donde el aprovechamiento de los recursos es permitido, al igual que las actividades que en las comunidades se desarrollan. Tal es el caso que el artículo 47 Bis de la misma establece las actividades que son permitidas en las zonas y subzonas de las ANP. Sin embargo, en la fracción segunda inciso d) sobre las zonas de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas se ha excluido, entre los temas de aprovechamiento, a la actividad pesquera [...] Si bien hablamos de un aprovechamiento de los ecosistemas, debemos también entonces considerar a los ecosistemas acuáticos y marinos, por tanto se deberían enlistar también la pesca y la acuacultura''. ¹

Al respecto, esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora en que la reforma propuesta contraviene la esencia del texto vigente del citado precepto, toda vez que su naturaleza se refiere única y exclusivamente a las actividades agropecuarias llevadas a cabo en predios , por virtud de las cuales es posible causar erosión y degradación de los suelos . En ese sentido, se infiere que el desarrollo de la pesca y la acuacultura son incompatibles con el uso agropecuario del suelo.

Asimismo, coincide con la opinión de la colegisladora en que el inciso c) de la fracción II del artículo 47 Bis de la ley en comento relativo al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, ya contempla la posibilidad de llevar a cabo aprovechamiento pesquero o acuícola en las ANP. Dicho inciso a la letra dispone:

c) De aprovechamiento sustentable de los recursos naturales: Aquellas superficies en las que los recursos naturales pueden ser aprovechados y que, por motivos de uso y conservación de sus ecosistemas a largo plazo, es necesario que todas las actividades productivas se efectúen bajo esquemas de aprovechamiento sustentable.

En dichas subzonas se permitirán exclusivamente el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales renovables, siempre que estas acciones generen beneficios, preferentemente para los pobladores locales, la investigación científica, la educación ambiental y el desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto ambiental.

Asimismo, el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre podrá llevarse a cabo siempre y cuando se garantice su reproducción controlada o se mantengan o se incrementen las poblaciones de las especies aprovechadas y el hábitat del que dependen, y se sustenten en los planes correspondientes autorizados por la secretaría, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. ²

Esta comisión dictaminadora se ha permitido resaltar la frase ``siempre que estas acciones generen beneficios preferentemente para los pobladores locales'' del inciso citado, porque precisamente uno de los argumentos para promover la reforma en comento fue el de la prohibición a las comunidades locales para llevar a cabo sus actividades productivas tradicionales. Sin embargo, como se ha mencionado, la legislación vigente ya subsana esa falta que caracterizó el establecimiento de las ANP en décadas pasadas.

Más aún, la comisión dictaminadora se permite destacar que el desarrollo de actividades de aprovechamiento pesquero y acuícola se permiten dentro de las ANP. Como ejemplo se menciona el caso de la pesquería de langosta espinosa, Acanthacaris tenuimana , y caracol rosado, Strombus gigas , en la reserva de la biosfera Banco Chinchorro, en Quintana Roo. Dado que la actividad se lleva a cabo en una ANP, fue necesario que los pescadores de las tres sociedades cooperativas pesqueras Andrés Quintana Roo, Banco Chinchorro y Langosteros del Caribe reglamentaran la actividad de acuerdo a prácticas sustentables. De hecho, a la fecha está en proceso el registro de marca colectiva para la pesca de la langosta, en colaboración con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. ³

Otro ejemplo exitoso de aprovechamiento pesquero en áreas naturales protegidas es el de la pesquería de almeja mano de león, Lyropecten subnudosus , en la laguna Ojo de Liebre, que forma parte de la reserva de la biosfera El Vizcaíno, en Baja California Sur. Esta pesquería opera desde hace 17 años y al igual que en el caso anterior el manejo sustentable del recurso es resultado del trabajo conjunto de las organizaciones sociales y privadas de la laguna Ojo de Liebre, las autoridades de la reserva de la biosfera El Vizcaíno y los tres órdenes de gobierno. La pesquería no sólo es exitosa en términos comerciales sino también ambientales, toda vez que ha recuperado las poblaciones de este molusco pectínido. ⁴

Esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora en que la reforma presentada resulta incompatible con el texto vigente del precepto legal que pretende reformar y que su espíritu ya se encuentra previsto por la ley.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción II del Artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, enviada por la colegisladora y turnada a esta comisión el 3 de septiembre de 2007.

Notas: 1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 47 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente . Cámara de Diputados, LIX Legislatura, 20 de octubre de 2005, índice E, foja 115, libro XII.2. Las negrillas son de la comisión dictaminadora.3. Ver. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2007. Un Nuevo Ciclo de Vida. Logros 2007. México , página 20.4. Idem, página 12.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2846, que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el diputado Maximino Fernández Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 inciso E), 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XXIV y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión celebrada el 25 de octubre de 2005, el entonces diputado Maximino Fernández Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la referida iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente;

3. En la sesión celebrada el 26 de abril de 2006, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó por trescientos cincuenta votos a favor la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, turnándose a la Cámara de Senadores para los efectos dispuestos en el inciso A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En sesión celebrada el día 27 de abril de 2006 por el Pleno del Senado de la República, la Mesa Directiva de esa soberanía recibió la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, siendo turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5. En sesión ordinaria celebrada el 7 de noviembre de 2007, la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, remitiéndolo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para los efectos constitucionales correspondientes.

6. En sesión celebrada el 29 de noviembre de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta del oficio con el que se devuelve de conformidad con lo establecido en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente número 2846 que contiene la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, siendo turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

La minuta que se dictamina, obra sobre una pretendida reforma al texto del artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en la cual se propone modificar el párrafo segundo del referido artículo a fin de establecer expresamente una causa de nulidad sobre aquellos actos jurídicos en los cuales, al realizarse la transmisión de la propiedad o posesión de un inmueble contaminado por materiales o residuos peligrosos, las personas que las transfieran, omitan informar a la otra parte contratante tal hecho, para dichos efectos se propuso la siguiente redacción:

Al respecto y pese a que en primera instancia la iniciativa en estudio había sido aprobada por la LIX Legislatura de ésta Cámara de Diputados, la colegisladora del Senado resolvió dicha minuta en sentido negativo, desechando por completo su contenido al concluir en su dictamen que ``en virtud de su contenido dicha reforma no es materia de la ley que se propone reformar, y que sus alcances ya están colmados por la legislación civil, ...'' , devolviéndola a esta representación popular para los efectos dispuestos en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es indudable que la naturaleza de la norma jurídica que se pretende reformar es por demás proteccionista, al establecer que quienes transfieran la propiedad o posesión de los inmuebles que hubieran sido contaminados por materiales o residuos peligrosos, deben informar dicha condición al adquiriente. En primera instancia es evidente que los actos mediante los cuales se puede transferir la posesión o propiedad de un inmueble, forman parte del derecho privado y se regulan propiamente por la legislación civil sin limitarse sólo a ella. Dichos actos jurídicos corresponden a los contratos, los cuales se encuentran definidos por el artículo 1793 del Código Civil Federal, como los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos; para el caso en concreto que se estudia, la palabra transferencia al igual que en otros casos transmisión o traslación, se usan indistintamente para aludir a la enajenación de bienes materiales a título oneroso o gratuito, como ocurre en el contrato de compraventa, donación, permuta entre otros.

Dichos actos jurídicos, se encuentran supeditados por la norma a cumplir con ciertos requisitos que determinan su existencia y validez para poder surtir efectos de derecho pleno entre las partes contratantes, transmitiendo derechos y obligaciones, dentro de éstos elementos de validez podemos destacar la plena capacidad de las partes para contratar, que el fin o motivo sea lícito y que el consentimiento se haya manifestado en la forma establecida por la ley y sin vicios.

En este sentido, tal y como lo manifiesta la colegisladora, la hipótesis propuesta en la minuta objeto del presente dictamen, coincide plenamente con las disposiciones en materia contractual y de nulidad de los actos jurídicos, ya previstos por la legislación civil; sin embargo, los integrantes de la comisión legislativa dictaminadora discernimos en que por tal motivo, resulte innecesario incorporar dicha reforma a una ley especial como lo es la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos, ya que dichos contratos obran sobre inmuebles, los cuales se encuentran regulados por diversas disposiciones jurídicas que organizan su propiedad, desmembramientos y posesión, sin encontrarse limitados a lo establecido por el Código Civil. Si bien es cierto que se debe respetar la naturaleza general de los contratos contenida dentro de este ordenamiento, también debemos reconocer que contamos con normas administrativas relativas a éstos, cuando versan sobre la propiedad y aprovechamiento de cierto tipo de inmuebles que por sus características particulares requieren de protección y ordenamiento. En estos casos, los ordenamientos legales, no sólo toman en consideración el interés particular de la persona que es titular o adquiriente del derecho, sino también protegen el interés de terceros y de la colectividad, para lograr así la realización de la justicia distributiva.

Vale la pena señalar que el régimen jurídico de la propiedad en México, se encuentra organizado en función del interés público, ya que el párrafo tercero del artículo 27 constitucional dispone que:

El Código Civil Federal, por su parte en el artículo 830 determina que ``el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes'', sin acotarlas exclusivamente a la legislación civil.

Como ejemplo, de lo anterior podríamos citar que el artículo 834 del Código Civil Federal, determina una serie de modalidades para los propietarios de bienes que por sus características sean de gran valor cultural, para cuyo caso y con el objeto de que no sean alterados o modificados, su dueño no tiene un libre derecho de enajenación, ni puede gravarlos libremente, ya que para ello requiere de la autorización del presidente de la república, quien la otorga por medio de una de sus secretarías de Estado. Así, se puede dilucidar que la propiedad y su transmisión están sometidas a ciertos deberes de conservación de valores culturales o de interés general que el orden jurídico protege.

Sin embargo, también algunas leyes administrativas exigen el otorgamiento de autorizaciones previas o de la inscripción del acto en ciertos registros, esto con la finalidad de legitimar o para controlar el uso de tales bienes; al caso podríamos citar a la industria del transporte aéreo, terrestre, fluvial o marítimo, de acuerdo con la Ley General de Vías de Comunicación e incluso la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos materia del presente estudio y que en su artículo 74 claramente establece:

De lo anterior, claramente se puede establecer que la reforma que es puesta a nuestra consideración únicamente trata de incorporar como una causal de nulidad, la omisión en el cumplimiento de lo establecido por el multicitado Artículo 71 de la LGPGIR, además debemos reconocer que la pretendida reforma, no únicamente busca dar certidumbre jurídica al hacerle saber, al adquiriente de un predio contaminado con residuos o materiales peligrosos, las obligaciones que contrae con la suscripción de un contrato de transmisión del inmueble, sino que también determina una condicionante a cargo del propietario para disponer de el, que surte efectos en el ámbito administrativo y el civil, con el objeto de proteger un interés particular y a su vez uno general, el de preservar el equilibrio ecológico.

En cuanto al segundo de los razonamientos contenidos dentro de la minuta en estudio, la colegisladora señala que: como ya se mencionó, el párrafo segundo del artículo 71 de la LGPGIR, establece que:

Empleando una interpretación contrario sensu de la disposición citada, se entiende que la omisión por parte de quienes transfieran la propiedad o posesión de inmuebles contaminados por materiales o residuos peligrosos, de no informar al adquiriente dicha condición, serán sancionadas de conformidad con los dispuesto en la fracción XXIV del artículo 106 de la misma LGPGIR, la cual establece:

En este sentido esta comisión discierne con la colegisladora, en razón de que la reforma planteada no busca facultar a la secretaría para establecer una consecuencia jurídica a la omisión que se analiza, sino determinar expresamente que el incumplimiento a lo establecido por el texto del artículo 71, es una causal de nulidad en función de la celebración del contrato que trasfiere la posesión o propiedad del predio.

Así también, el propio reglamento de la LGPGIR en el último párrafo del artículo 127 determina que la autorización de la Secretaría no impide la ejecución de actos de comercio o de derecho civil, únicamente tiene como efecto definir a quién corresponde realizar las acciones de remediación del sitio transferido''. Sin embargo y atendiendo a la certidumbre jurídica que se debe dar al adquiriente de predios contaminados, este mismo reglamento dentro de su artículo 126 menciona que:

Por lo cual, la reforma planteada únicamente vendría a reforzar el texto vigente del artículo 71 de la LGPGIR, considerando una limitación para la transmisión de los predios contaminados y estableciendo dentro de la misma una consecuencia jurídica en caso de omisión, lo cual es congruente con las facultades conferidas por el ya citado artículo 830 del Código Civil Federal, el cual dentro de las disposiciones generales de la propiedad determina que:

Sin embargo y pese a esto, también se reconoce que la inquietud que impulsó al legislador a proponer esta reforma, se encuentra perfectamente cubierta por la legislación vigente, ya que aquellas personas que hayan adquirido un predio sin saber que éste se encuentra contaminado tienen la facultad legal de demandar la nulidad relativa del contrato mediante el cual adquirieron el inmueble, aludiendo vicios en el consentimiento de conformidad con lo establecido por el articulado del Capítulo Primero, Libro Primero, Primera Parte del Libro Cuarto del Código Civil Federal vigente.

Por todo lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71 fracción II, 72 inciso D), 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en lo dispuesto por los Artículos 71 inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Artículos 39 numerales 1 y 2 fracciones XII, XIV, XXIV, XXXIX y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se somete a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, turnada a esta comisión el 27 de noviembre de 2007.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2850, que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el entonces diputado Luis Antonio González Roldán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72, inciso e), 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión celebrada el 3 de noviembre de 2005, el entonces diputado Luis Antonio González Roldán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la referida iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente;

3. En la sesión celebrada el día 9 de marzo de 2006, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó por trescientos veintisiete votos a favor la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, turnándolo a la Cámara de Senadores para los efectos dispuestos en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En sesión celebrada el día 14 de marzo de 2006 por el Pleno del Senado de la República, la Mesa Directiva de esa soberanía recibió la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, siendo turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5. En sesión ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2007, la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, remitiéndolo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para los efectos constitucionales correspondientes.

6. En sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta del oficio con el que se devuelve de conformidad con lo establecido en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente número 2850, que contiene la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, siendo turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La minuta en estudio versa sobre el desecho de la propuesta de adición de un tercer párrafo al artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, con el objetivo de incluir en el referido artículo la prohibición expresa de la exportación de especies de flora y fauna silvestres enlistadas en alguna categoría de riesgo, con la excepción de aquellas que provengan de la tercera generación de criaderos y centros de cultivo controlados.

La minuta original, enviada por la Cámara de Diputados al Senado proponía la siguiente adición:

En relación, y aún cuando los diputados integrantes de LIX Legislatura aprobaron esta propuesta, la Cámara revisora desechó totalmente el proyecto de reforma, devolviéndolo a esta Cámara de origen para los efectos dispuestos en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, cabe mencionar que, aún cuando el espíritu de la reforma original propuesta a la Ley General de Vida Silvestre es bueno, sus pretensiones ya se encuentran colmadas dentro de la propia ley.

Abocándonos al estudio de la presente minuta, en primer término se debe establecer que el traslado de ejemplares de la vida silvestre se encuentra regulado dentro de la Ley General de Vida Silvestre, la cual al respecto establece en su artículo 52:

De igual forma, el reglamento de esta ley establece en su artículo 57 lo siguiente:

Ahora bien, cualquier persona que pretenda trasladar a un ejemplar de la vida silvestre deberá acreditar la legal procedencia del mismo, ya sea mediante la marca que muestre que ha sido objeto de un aprovechamiento sustentable y la tasa de aprovechamiento autorizada, o bien, mediante la nota de remisión o factura correspondiente, misma que deberá contener el número de oficio de la autorización de aprovechamiento; los datos del predio en donde se realizó; la especie o género a la que pertenecen los ejemplares, sus partes o derivados; la tasa autorizada y el nombre de su titular, así como la proporción que de dicha tasa comprenda la marca o contenga el empaque o embalaje.

Una vez comprobada la legal procedencia de la especie de vida silvestre, ésta puede ser trasladada dentro o fuera del territorio nacional; sin embargo, si se pretende trasladar fuera del país será necesario contar con una autorización de exportación, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley General de Vida Silvestre, que a letra señala:

Cabe establecer que el objetivo de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es regular el comercio internacional (importación, exportación, reexportación o introducción procedente del mar) de ejemplares de flora y fauna silvestres amenazados, entre los países firmantes, estableciendo una serie de lineamientos y requisitos que se deben cumplir, mediante certificados o licencias que se otorguen para el efecto, a fin de lograr que las transacciones pretendidas con dichos ejemplares, no sean perjudiciales para la sobrevivencia de la especie.

Nuestro país es parte de la convención desde el año 1991. El convenio fue aprobado por la honorable Cámara de Senadores el 18 de junio 1991 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio del mismo año. Para mayor eficacia de la CITES en México, en el año 1998 se creó el Comité de Seguimiento de la CITES, que se encuentra integrado por los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Dirección General de Vida Silvestre). Esta se encarga de otorgar los certificados para la importación, exportación o reexportación de ejemplares amenazados de la vida silvestre. También forma parte del comité la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es la autoridad científica que representa a nuestro país en la CITES, la cual tiene como función principal procurar la supervivencia de una determinada especie sujeta al comercio internacional utilizando la mejor evidencia científica posible; y, por último, por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Dirección General de Inspección), que es la autoridad encargada de verificar que se cumplan con las disposiciones de la CITES en nuestro país.

Ahora bien, las especies amparadas y reguladas por la CITES están incluidas en tres apéndices, según el grado de protección que necesiten:

Es importante señalar que casi todas las especies incluidas en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2001. Protección Ambiental - Especies nativas de México de flora y fauna silvestres - Categoría de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - Lista de especies en riesgo, se encuentran enlistadas en los apéndices de la CITES, aunque cabe mencionar que no siempre en el mismo estatus de protección.

Ahora bien, las especies que no se encuentren reguladas por los apéndices del CITES se regularán de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del reglamento de la ley, que establece:

Además, es necesario precisar que el aprovechamiento extractivo de las especies silvestres que se pretenden regular con la reforma original (en categoría de riesgo), se encuentran condicionados por la propia Ley General de Vida Silvestre, en su artículo 85, señalando:

Por lo tanto, la autoridad no podrá autorizar el aprovechamiento extractivo de las especies contenidas en las categorías de riesgo si no es en los supuestos señalados en el artículo anterior, derivado de ello, y de aprobarse la reforma propuesta no se podrá trasladar a los ejemplares de la vida silvestre sujetos a alguna categoría de protección fuera del país, e incluyendo aquellos con fines de restauración, repoblamiento y reintroducción.

Aunado a que, de aplicarse la pretendida reforma se estaría prohibiendo la exportación de ejemplares de la vida silvestre para efectos de proyectos científicos, que inclusive puedan contribuir al aumento en las tasas de crecimiento de la especie silvestre, además, la aplicación causaría un impacto directo sobre aquellos promoventes que realizan un aprovechamiento extractivo de las especies sujetas a protección especial, y que cumplen con todas las condicionantes establecidas por la ley y su reglamento, fomentando incluso con ello el tráfico ilegal de las especies.

Por todo lo antes señalado, esta comisión ordinaria está de acuerdo con el dictamen elaborado por la colegisladora por el que no es de aprobarse la pretendida reforma al artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, en virtud de que la exportación de los ejemplares de la vida silvestre ya se encuentra correctamente regulada en la propia ley y en su reglamento, aunado a que la prohibición que entraña la propuesta original significaría un impacto contrario a los fines perseguidos por esa misma norma.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Único. De conformidad con la colegisladora se desecha la minuta con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, turnada a esta comisión el 27 de noviembre de 2007.

Nota: 1 http://www.cites.org/esp/disc/how.shtml. Consultada al 23 de enero de 2008.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2745, que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), presentada por el entonces diputado Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso e), y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 7 de marzo de 2006, el entonces diputado Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la LGVS.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la referida iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión celebrada el 27 de abril de 2006, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó por 356 votos a favor la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la LGVS, que se turnó a la Cámara de Senadores, para efectos de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En sesión celebrada el 7 de septiembre 2006 por el Pleno del Senado de la República, la Mesa Directiva de esa soberanía recibió la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la LGVS, que fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5. En sesión ordinaria celebrada el 8 de noviembre de 2007, la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la LGVS, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, remitiéndolo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos constitucionales correspondientes.

6. En sesión celebrada el 12 de noviembre de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta del oficio con que se devuelve de conformidad con lo establecido en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el expediente número 2745, que contiene la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la LGVS, que fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La minuta que se dictamina versa sobre una pretendida reforma del texto del artículo 88 de la LGVS, en la cual se propone reformar el primer párrafo, y adicionar un segundo, a fin de establecer expresamente la prohibición de otorgar autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de especies nativas del medio silvestre cuyo fin sea la reproducción para la domesticación o venta en cautiverio, para lo cual en la iniciativa original se propuso la siguiente redacción:

El concepto de sustentabilidad ambiental se ha utilizado desde hace varias décadas para hacer referencia al equilibrio que debe existir entre el desarrollo de las sociedades y la naturaleza; esto es, hacer uso de los recursos naturales de manera integral y racional, con la finalidad de vivir en un ambiente sano.

El espíritu de la LGVS es precisamente regular la conducta del gobernado, a fin de que se logre un aprovechamiento sustentable de los distintos ejemplares de la vida silvestre, así como de su hábitat, en el territorio nacional.

La ley de la materia, en diversos capítulos regula la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ejemplares de la vida silvestre. Por lo que respecta al contenido de la pretendida reforma, la LGVS define el aprovechamiento extractivo, en el artículo 3o., fracción I, como ``la utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres, mediante la colecta, captura o caza''.

Una vez establecido el concepto, en el Título VII, ``Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre'', en el Capítulo I se hace referencia al aprovechamiento extractivo, que es el mecanismo mediante el cual se regula la utilización de ejemplares de la vida silvestre, según una serie de criterios y condiciones establecidos en la propia Ley. En este orden de ideas, el promovente deberá obtener una autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales donde se establezcan la tasa de aprovechamiento y su temporalidad. Asimismo, deberá cumplir los siguientes requisitos, señalados en el artículo 84 de la ley de la materia:

Al solicitar la autorización para llevar a cabo el aprovechamiento extractivo sobre especies silvestres que se distribuyen de manera natural en el territorio nacional, los interesados deberán demostrar

La autorización para el aprovechamiento de ejemplares incluirá el aprovechamiento de sus partes y derivados, de conformidad con lo establecido en el reglamento y en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto se expidan.

Dicho aprovechamiento extractivo se podrá realizar mediante las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre las cuales, de conformidad con el artículo 39 de la ley de la materia, tendrán como objetivo general la conservación de hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres. De igual forma, podrán tener objetivos específicos de restauración, protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, recreación, educación ambiental y aprovechamiento sustentable.

Mediante el aprovechamiento extractivo, como figura jurídica, se garantiza la sustentabilidad de las especies de flora y fauna silvestres en el país. Al respecto, la ley señala que los fines del aprovechamiento extractivo podrán ser de reproducción, restauración, recuperación, repoblación, reintroducción, traslocación, económicos o de educación ambiental.

En este sentido, la iniciativa original pretende prohibir el otorgamiento de autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de ejemplares nativos de la vida silvestre cuyo destino final sea la domesticación o la reproducción para venta en cautiverio.

Ahora bien, al hablar de ``especies nativas'' (de conformidad con la propia ley, las que se encuentran en su ámbito de distribución natural), se abarca la generalidad de los ejemplares silvestres en el territorio nacional, incluso --como se mencionó-- aquellas de las cuales la ley permite el aprovechamiento sustentable, mediante figuras señaladas en el cuerpo del presente dictamen, y con las condiciones que la propia ley establece.

Si bien es cierto que el ideal de todo conservacionista es que ninguna especie de fauna y flora silvestres en ningún caso sea aprovechado, esta posición es demasiado radical y no se ajusta a la realidad, ya que la relación que ha existido desde épocas milenarias entre el hombre y la naturaleza se sustenta en el aprovechamiento que el primero hace de los recursos naturales, lo que impide establecer prohibiciones de facto y permanentes de estos recursos, como pretende la propuesta en estudio.

Aunado a ello, es importante considerar en todo momento, y particularmente en las prohibiciones de los aprovechamientos de vida silvestre, como las vedas, los principios de gradualidad y temporalidad en su aplicación, considerando siempre los ciclos de vida de las especies afectadas, lo que garantiza su aplicabilidad, así como el fin de conservar las especies para las futuras generaciones. Ahora, por lo que respecta a la prohibición para otorgar autorización de aprovechamiento extractivo con fines de ``domesticación'', se debe señalar que la ley no prevé dicho término, por lo cual sería complejo establecer dicha prohibición, creando confusión en el gobernado.

De lo señalado se puede dilucidar que la iniciativa original no puede ser aplicada, en virtud de que desvirtúa el espíritu de sustentabilidad de la vida silvestre que pretende la propia ley.

Por lo expuesto, y para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Único. De conformidad con lo establecido por la colegisladora, se desecha la minuta con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre, turnada a esta comisión el 12 de noviembre de 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados, a 11 de marzo de 2008.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnado, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2556, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XXIV, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 16 de octubre de 2007, el diputado Gerardo Priego Tapia , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Vida Silvestre.

Segundo. En esa misma fecha, el expediente número 2556 que contiene la iniciativa en comento fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Como señala el diputado promovente, México es un país megadiverso. ``La contigüidad de dos masas oceánicas; la ubicación en la confluencia de dos grandes regiones biogeográficas, la neártica y la tropical, así como la variedad y complejidad de su topografía y su historia geológica y evolutiva, confieren al territorio mexicano una extraordinaria diversidad biológica y de ecosistemas''.¹

Una de las características de la megadiversidad es el elevado número de especies de flora y fauna silvestre, particularmente las endémicas. De acuerdo con el estudio La Diversidad Biológica de México: Estudio de País elaborado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), en el país se encuentran aproximadamente 74 mil 878 especies conocidas. ``México se encuentra en los primeros lugares de las listas de riqueza de especies. Ocupa el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas.''² Ello explica por qué algunos autores han estimado que en México se encuentra aproximadamente el 10 por ciento de la biodiversidad mundial.³

Tal como se indica en el estudio referido en el párrafo anterior, el uso y aprovechamiento de la diversidad biológica constituye un eje fundamental para el desarrollo de países como México. Los principales aprovechamientos de la vida silvestre se encuentran en las actividades productivas agrícola, ganadera, forestal y pesquera. Otras formas de aprovechamiento de la vida silvestre, particularmente de la fauna, son: los distintos tipos de cacería, uso en ceremonias religiosas, gastronomía, como ornato, en la industria peletera, como artesanía. Al respecto esta comisión dictaminadora considera importante recordar que, de conformidad con la fracción XLV del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre, la vida silvestre es definida como ``los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales.''

El diputado promovente menciona que dada la biodiversidad del país y los diferentes aprovechamientos que se hacen de la vida silvestre: ``es necesario buscar que en la sociedad mexicana se promueva y arraigue una mejora de nuestra calidad de vida. Es decir, lograr que se reconozcan y valoren aquellos bienes y servicios de la biodiversidad que forman parte de la vida diaria de los mexicanos, para integrarlos de manera explícita a la economía del país, De igual forma debemos promover que una mayor parte de los componentes de nuestra diversidad nativa se integren de forma sustentable a la actividad económica.''

Asimismo menciona que la Ley General de Vida Silvestre no contempla la identificación de especies que están siendo explotadas comercialmente o que de acuerdo a sus características tienen potencial de explotación comercial y añade que: ``Es prioritario para promover el uso sustentable de nuestra diversidad que tengamos identificadas las especies que tienen este potencial de explotación comercial, esto por varios motivos. Al tener identificados los nichos de potencialidad de desarrollo se pueden planificar políticas públicas más eficientes y enfocadas a la realidad de la población, permite identificar nichos poco explotados o aquellos sobre explotados, además, y esto es fundamental para la conservación, nos permite identificar aquellas especies que pueden verse afectadas si su explotación no se da de manera sustentable.'' Para ello propone un conjunto de reformas y adiciones a la Ley General de Vida Silvestre que a continuación se analizan.

I. Análisis general

El conjunto de reformas y adiciones propuestas a la Ley General de Vida Silvestre se considera innecesario toda vez que la inquietud del promovente queda subsanada a través de la figura de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, definidas por la fracción XLIV del artículo 3o. de la ley como: ``Los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.''

Al respecto esta comisión ordinaria considera pertinente recordar que desde 1996 la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca reconoció la necesidad de revertir la percepción errónea de que la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre son excluyentes. Por ello se publicó el Programa de Conservación de Vida Silvestre y diversificación Productiva del Sector Rural 1997-2000, que tuvo como objetivo: ``Conservar la biodiversidad de México y generar oportunidades de diversificación socioeconómica para el sector rural.''⁴ Así surgen las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre.

El artículo 39 de la Ley General de la Vida Silvestre dispone que los propietarios o legítimos poseedores de los predios o instalaciones en los que se lleven a cabo actividades de aprovechamiento deben solicitar el registro de esos predios o instalaciones como unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (las Uma). Asimismo, el artículo 40 de la ley en comento dispone que para llevar a cabo el registro es necesario que el responsable técnico elabore un plan de manejo que deberá contener:

El conjunto de Uma integran el sistema de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (Suma). El Sistema tiene por objeto, entre otros: ``el desarrollo de actividades productivas alternativas para las comunidades rurales y el combate al tráfico y apropiación ilegal de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre, [así como] el apoyo para la realización de actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en el territorio nacional, mediante la vinculación e intercambio de información entre las distintas unidades, así como la simplificación de la gestión ante las autoridades competentes con base en el expediente de riesgo y operación de cada unidad.''⁵

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha reconocido en diversas ocasiones que la figura de las Uma brinda la oportunidad para aprovechar la vida silvestre sustentable y legalmente además de constituirse como una opción de producción compatible con la conservación.⁶ De hecho, al 30 de septiembre del año 2007 se habían incorporado al Suma 7 mil 861 Uma que cubren una superficie de 27.98 millones de hectáreas, lo que representa el 14.24 por ciento del territorio nacional.

Aunado a las Uma, la Ley General de Vida Silvestre permite el aprovechamiento extractivo de la vida silvestre. Este tipo de aprovechamiento responde ampliamente a la inquietud planteada por el promovente toda vez que incluye el aprovechamiento de partes y derivados de la vida silvestre y, se refiere a actividades de colecta, captura, o caza con fines de reproducción, restauración, recuperación, repoblación, reintroducción, traslocación, económicos o educación ambiental.

Para poder realizar este tipo de aprovechamiento es necesario contar con una autorización previa por parte de la Secretaría, que contenga la tasa de aprovechamiento y temporalidad.⁷ Asimismo, La solicitud de la autorización de aprovechamiento sobre especies que se distribuyen de manera natural en el territorio nacional debe demostrar:

II. Análisis particular

La adición de una fracción XIX al artículo 3o. con objeto de introducir la definición de ``Especies y poblaciones con potencial para la explotación sustentable'' se considera inviable. La definición propuesta es la siguiente: ``Aquellas determinadas por la Secretaría como prioritarias para la Conservación por su alto potencial de explotación sustentable, ya sea por sus características o por el valor comercial de sus ejemplares, partes y derivados.''

Al respecto, esta comisión dictaminadora se permite señalar que la Ley General de Vida Silvestre no reconoce la figura de ``explotación sustentable'' sino la de ``aprovechamiento'', pudiendo ser éste de dos tipos: extractivo y no extractivo. El primero, de conformidad con la fracción I del artículo 3o. de la ley en comento se refiere a: ``La utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres, mediante colecta, captura o caza.'' El segundo, de conformidad con la fracción II del mismo artículo se refiere a: ``Las actividades directamente relacionadas con la vida silvestre en su hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares, partes o derivados, y que, de no ser adecuadamente reguladas, pueden causar impactos significativos sobre eventos biológicos, poblaciones o hábitat de las especies silvestres.''

Como se observa, la definición propuesta contraviene lo dispuesto en esas fracciones en tanto que el término ``explotación sustentable'' alude al aprovechamiento con fines exclusivamente comerciales dejando de lado el aspecto de conservación, elemento central de la política nacional en materia de vida silvestre. Asimismo destaca que sólo aquellas especies o poblaciones con alto potencial pueden ser consideradas, lo que despierta inquietudes como: ¿Quién define qué es alto potencial? ¿Qué características son las que deben tomarse en cuenta para definir ese alto valor?, éstas no son resueltas en la serie de reformas y adiciones que se proponen a la ley en comento.

Por otra parte, la definición asume que dentro de las especies prioritarias para la conservación pueden incluirse las especies y poblaciones con potencial para la explotación sustentable. Esta inquietud ya se encuentra contemplada por la ley en el inciso d) del artículo 61 que señala que para que una población o especie sea considerada como prioritaria para la conservación debe tener un alto grado de interés social, cultural, científico o económico. No está de más mencionar que de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 3o. de la ley, las especies y poblaciones prioritarias para la conservación son definidas como: ``Aquellas determinadas por la Secretaría de acuerdo con los criterios establecidos en la presente ley, para canalizar y optimizar esfuerzos de conservación y recuperación.'' Como se observa, una vez mas esta definición no contempla el aspecto de explotación con fines comerciales, sino que enfatiza la conservación y recuperación.

La reforma al artículo 5o. propone poner especial énfasis en la conservación y aprovechamiento de las especies y poblaciones con potencial para la explotación sustentable, en lo referente a los estímulos que las autoridades competentes deberán prever, a fin de que éstos permitan orientar los procesos de aprovechamiento de la vida silvestre y su hábitat hacia actividades productivas más rentables con el objeto de que éstas generen mayores recursos para la conservación de bienes y servicios ambientales y para la generación de empleo.

Esta reforma se considera improcedente por que discrimina la aplicación de una disposición que tal como está redactada ya responde a la inquietud del promovente. De igual forma, el artículo 46 de la ley en comento faculta a la secretaría para que en coordinación con otras autoridades competentes diseñe, desarrolle y aplique los instrumentos económicos que prevé la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como incentivo para incorporar predios al Suma, así como estímulos a los titulares de las Uma.

La reforma a la fracción III del artículo 9o. de la ley, mediante la cual se faculta a la federación a determinar las especies y poblaciones con potencial para la explotación sustentable también es improcedente. De aprobarse se generaría un enorme costo a la secretaría, que de por si no cuenta ni con el personal, ni con los recursos económicos para determinar las especies que podrían ser incluidas en esta categoría, pues es evidente que a esta determinación le antecede un estudio que implica un costo. En todo caso, a quien corresponde identificar las especies y poblaciones objeto de las adiciones y reformas que se dictaminan es a los propietarios o legítimos poseedores de los predios o instalaciones en los que se realicen actividades de aprovechamiento, toda vez que son ellos los más aptos para identificar las especies que quieren aprovechar bajo las modalidades que prevé la ley.

La reforma al artículo 16 también es inviable. Si bien se entiende la inquietud del promovente por facultar al Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre para emitir opinión o recomendaciones sobre las especies objeto de las reformas y adiciones que se dictaminan, se considera que aunque no sea el Comité Técnico, ello queda contemplado en el segundo párrafo del artículo 16 que a la letra dice: ``La secretaría podrá constituir otros órganos técnicos consultivos relacionados con la vida silvestre y su hábitat, con el objeto de que la apoyen tanto en la formulación como en la aplicación de las medidas que sean necesarias para su conservación y aprovechamiento sustentable.''⁹

La adición al artículo 39 resulta ociosa toda vez que, como ya se mencionó, en las Uma se puede llevar a cabo el aprovechamiento de especies y poblaciones siempre que se cumpla con una serie de requisitos y otras disposiciones de la ley y su reglamento.

La adición al artículo 46 relativo al Suma es innecesaria toda vez que cualquier especie que sea aprovechada en una Uma, que por ende pertenece al Suma, debe cumplir con la presentación de informes periódicos a la secretaría, en los que se informará: ``sobre las incidencias y contingencias, logros con base en los indicadores de éxito y, en el caso de aprovechamiento, datos socioeconómicos que se utilizarán únicamente para efectos estadísticos.''<sup>10</sup> De igual forma el artículo 43 de la ley dispone que: ``El personal debidamente acreditado de la secretaría realizará, contando con mandamiento escrito expedido fundada y motivadamente por ésta, visitas de supervisión técnica a las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre de forma aleatoria, o cuando se detecte alguna inconsistencia en el plan de manejo, estudios de poblaciones, muestreos, inventarios o informes presentados. La supervisión técnica no implicará actividades de inspección y tendrá por objeto constatar que la infraestructura y las actividades que se desarrollan corresponden con las descritas en el plan de manejo y de conformidad con las autorizaciones respectivas, para estar en posibilidades de asistir técnicamente a los responsables en la adecuada operación de dichas unidades.''¹¹

La reforma al artículo 49 es inviable por que generaría un enorme costo a la secretaría, que se reitera, no cuenta ni con el personal, ni con los recursos económicos para determinar las especies que podrían ser incluidas en esta categoría, pues se asume que a esta determinación le antecede un estudio que implica un costo. Este argumento también es aplicable a la adición del artículo 61 Bis que faculta a la secretaría para que, previa opinión del Consejo Técnico Consultivo elabore las listas de especies con potencial para la explotación sustentable. Si bien hasta cierto punto, la reforma es complementaria a aquella del artículo 16, ésta no es integral pues los supuestos mínimos que establece para incluir en la lista a las especies o poblaciones con potencial para la explotación sustentable se limitan al único supuesto de utilización comercial, dejando de lado información relevante como por ejemplo: el estudio de población, datos sobre el impacto que el aprovechamiento de determinada población o especie tendrá en el ecosistema.

Además, en el caso del primer supuesto, basta con que las poblaciones o especies hayan sido objeto de comercialización intensiva de manera legal por lo menos en los últimos cinco años dentro de alguna Uma para que se incluyan en la lista, olvidando que el hecho de que una especie que se aproveche en una Uma en el sureste o cuente con una autorización de aprovechamiento en un área determinada del territorio nacional, no implica que esa misma especie pueda ser susceptible de aprovechamiento en otra región del país. También pasa por alto que existen casos en los que el aprovechamiento en Uma, o bien, mediante autorizaciones para aprovechamiento extractivo no han sido exitosos e incluso se han convertido en cortina de humo para favorecer actividades ilegales.

En el caso del tercer supuesto. ``que su aprovechamiento comercial se de para fines de subsistencia de una determinada comunidad o localidad'', se confunde la figura del aprovechamiento con fines de subsistencia con el de explotación comercial, lo que sin duda contribuirá a exacerbar el problema que ya se presenta de determinar hasta qué punto las cantidades de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre son proporcionales a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas de localidades que llevan a cabo este tipo de aprovechamiento. Es pertinente mencionar que esta comisión dictaminadora ha tenido conocimiento del tráfico ilegal de especies de vida silvestre, con el pretexto de ser aprovechadas con fines de subsistencia.

La adición al artículo 83 es innecesaria pues, como ya se ha mencionado, el artículo 84 establece claramente que los interesados en solicitar la autorización para el aprovechamiento extractivo de vida silvestre deben demostrar el cumplimiento de una serie de requisitos claramente establecidos que son mucho más importantes que la mera referencia a que la especie o el ejemplar objeto de aprovechamiento se encuentre en una lista, sobre todo porque la iniciativa de reformas y adiciones que se dictamina, como ya se dijo, olvidó incluir elementos trascendentales en los supuestos para la inclusión en la lista de especies y poblaciones competencial para la explotación sustentable.

Finalmente la adición al artículo 92 relativo al aprovechamiento con fines de subsistencia, al igual que en el caso de la reforma al artículo 49 confunde la figura del aprovechamiento con fines de subsistencia con el de explotación comercial, lo que sin duda contribuirá a exacerbar el problema que ya se presenta de determinar hasta qué punto las cantidades de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre son proporcionales a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas de localidades que llevan a cabo este tipo de aprovechamiento.

Por las razones señaladas en los párrafos anteriores, los integrantes de la comisión legislativa que suscribe, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Dictamen

Artículo Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 16 de octubre de 2007.

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 65, 87, 88, 93, 94 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Dictamina la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión, presentada por la Dip. Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en los siguientes:

Antecedentes

Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa plantea que deben reformarse y adicionarse los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

2. La iniciativa tiene por objeto establecer dentro de las trasmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, la difusión de temas de salud, de orientación social para el uso de determinados servicios, de igualdad y no discriminación y de prevención del delito, además de los que, por su interés público, autorice el Consejo Nacional de Radio y Televisión, y este mismo determinará el caso en que sea necesario que la Secretaría de Gobernación presente solicitud con base en la autorización a efectos de transmitir informaciones de trascendencia para la nación. Establecer dentro de los integrantes del Consejo Nacional de Radio y Televisión, un representante de la Cámara de Diputados, uno de la Cámara de Senadores y dos seleccionados por su aportación a la investigación o la divulgación científica en la materia, mismos que propondrá el presidente del consejo y ratificará el Pleno.

3. En este orden de ideas, la iniciativa propone que los artículos antes indicados sean reformados en los siguientes términos:

Una vez establecidos los antecedentes y analizada la iniciativa que nos ocupa, se llega a las siguientes:

Consideraciones

Primera. El derecho a presentar la iniciativa que se dictamina, encuentra su fundamento en la fracción II, del artículo 71 constitucional, ya que en dicho precepto se establece que: ``El derecho de iniciar leyes o decretos compete: A los diputados y senadores al Congreso de la Unión...''

Segunda. En lo relativo a la reforma del artículo 59 propuesta es necesario resaltar que con las nuevas disposiciones constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, específicamente las contenidas en el numeral 3 del artículo 41 de la Carta Magna, se ha dado una redistribución de los tiempos de Estado, a los que precisamente se refiere el citado artículo, contemplado en la iniciativa. Esto es, los cambios propuestos en la iniciativa han sido rebasados por la reforma constitucional, así como por la publicación en el Diario Oficial de la Federación del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que han quedado sin materia.

Tercero. Por lo que se refiere a la reforma de los artículos 62 y 90 que propone la iniciativa, es necesario mencionar que la atribución de determinar la información que es de trascendencia para la nación, debe ser vista como una responsabilidad del Estado, no como una prerrogativa, que debe ejercerse a través de la autoridad que reúne las características idóneas, preservando las condiciones de gobernabilidad democrática y garantizando el derecho a la información, en pro del interés publico. Por lo que resulta pertinente aclarar que los encadenamientos no constituyen una prerrogativa en materia de comunicación social de la que goza exclusivamente el Poder Ejecutivo, sino una obligación por parte del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Gobernación, de hacer del conocimiento de la población informaciones de trascendencia nacional, a través de medios masivos de comunicación, como son la radio y la televisión.

Cuarto. En virtud de lo anterior se considera improcedente la reforma propuesta toda vez que de forma equivocada otorga al Consejo Nacional de Radio y Televisión facultades propias de un ``organismo regulador'', siendo que es dependiente directo de la Secretaría de Gobernación, que únicamente tiene como funciones las de coadyuvar en las actividades propias que en materia de radio y televisión tiene la Secretaría de Gobernación, y que además no cuenta con una comisión permanente sino que sesiona a convocatoria, dada la naturaleza de los encadenamientos sería imposible obtener ``autorización'' de manera oportuna.

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión, presentada por la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente en sesión ordinaria del 24 de enero de 2007.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona una fracción IV al artículo 6 y reforma el 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados perteneciente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 6 y reforma el artículo 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada el 16 de octubre de 2007, por el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1 y 2, fracción III, y numeral 3; los artículos 44, 45, numeral 1, 4, 6, incisos d) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y lo somete a la consideración de esta honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha 16 de octubre de 2007, el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 6 y reforma el artículo 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Segundo. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de esta comisión hacemos de su conocimiento el siguiente

Contenido de la iniciativa

Consideraciones

Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen:

I. Se coincide con la preocupación del legislador en el sentido de que las personas adultas mayores requieren una atención adecuada que les proporcione calidad de vida.

II. Respecto de la adición de la fracción IV al artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, pretender obligar al Estado, en un solo párrafo denominado ``Financiamiento'', a crear un fondo que aporte al sustento y mejora continua de instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores y para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y garantizar las condiciones de calidad de vida; y además, establecer porcentajes de aportación federal, estatal y municipal a dicho fondo, sin convenio de por medio, es impreciso y carece de técnica legislativa y jurídica.

Además, apenas el 19 de febrero de 2008 se aprobó por la Cámara de Diputados la fracción XXX del artículo 28 para crear un registro único de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención para las personas adultas mayores; por lo que no existe registro que informe de dichas instituciones.

III. Al señalar ``cualquier centro de atención a las personas adultas mayores'', no se específica requerimientos, ni características y calidad de estos, por lo que implica a cualquier centro destinado a las personas adultas mayores; aunque no necesariamente se traduzca el financiamiento en un beneficio directo e inmediato para las personas adultas mayores atendidas en el centro, sino los beneficiados específicamente podrían ser los dueños, inversionistas o personas morales que los tengan a su cargo, dado que la iniciativa incluye ``a todas aquellas instituciones públicas y privadas'', sin discriminar entre las que persiguen fines de lucro y las que son de carácter meramente asistencial, imponiendo como único requisito que se encuentren afiliadas al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

IV. Por otra parte, la propuesta no es constitucional, ya que el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la autonomía financiera de los municipios, al otorgarles la facultad de administrar libremente su hacienda:

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables emiten el siguiente

Resolutivo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 6 y reforma el artículo 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada el 16 de octubre del 2007.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona los artículos 125 y 126 y deroga el 124 Bis de la Ley de Aguas Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados fue turnada, para estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 125 y 126, y deroga el 124 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Esta comisión dictaminadora procedió al análisis de la iniciativa objeto de este dictamen, atendiendo el siguiente

Contenido de la iniciativa

En la exposición de motivos de la iniciativa, el iniciador refiere los graves desequilibrios ambientales, sociales y económicos producidos por el acelerado proceso de modernización e industrialización que rompen con la armonía entre el hombre y la naturaleza.

Señala que nunca ha sido cuestionable el derecho que tienen las sociedades de crecer y desarrollarse económicamente. Sin embargo, el desarrollo debe darse con base en la armonía y equilibrio entre entorno y sociedad, y que la sustentabilidad de los recursos debe ser un factor intergeneracional, sin el cual no se podrá tener una continuidad de la especie.

Señala la existencia de proyectos cuyo desarrollo tiene impactos ambientales y repercusiones sociales debido a la utilización de recursos sin considerar las necesidades de la comunidad, proyectos cuya actividad tiene un efecto en los recursos naturales que compromete la existencia de éstos para las generaciones presentes y las futuras; por ejemplo, la contaminación de ríos o lagos por industrias.

Infiere que no considerar la participación social en la toma de decisiones sobre una actividad es razón suficiente para que proyectos que pueden ser calificados de ambientalmente viables, al llevarse a cabo fracasen por no tomar en cuenta desde un principio los impactos socioeconómicos y culturales.

Refiere que el convenio sobre la diversidad biológica establece la necesidad de la conservación in situ como prioridad, y especifica el imperativo de que los gobiernos rescaten, valoren y promuevan los conocimientos, las prácticas y las innovaciones que utilizan los pueblos indígenas del mundo para la conservación de la biodiversidad.

En síntesis, para que una actividad u obra no se interrumpan, detengan o cancelen es necesario asegurarse desde el inicio de que es una obra u actividad que cumple los parámetros marcados por el desarrollo sustentable; es decir, que el uso de los recursos naturales que se utilicen en la obra o actividad considere las necesidades que tienen otras personas respecto a ellos, que la existencia de los recursos no va a estar comprometida para las generaciones futuras, y que dichos recursos se encuentran debidamente integrados en una forma sostenible en los planes de desarrollo de la comunidad. Para asegurarse de que existen esos elementos en la obra o actividad por desarrollar, es necesario dar cabida a la participación social, la cual reflejará los impactos sociales, culturales y económicos que es necesario integrar en un estudio de impacto del proyecto por realizar. Los impactos sociales reflejarán los intereses de la comunidad, y por la mediación y negociación se obtendrá una concentración de los mismos que deberán estar reflejados en las decisiones que se tomen.

En nuestra legislación, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) considera esta participación social en el artículo 157:

El gobierno federal deberá promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales.

Aún más, intenta asegurar mecanismos de protección sobre las comunidades que se vean afectadas por actividades o proyectos. En el artículo 180 señala:

Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta ley, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y las normas oficiales mexicanas derivadas de ella, las personas físicas y morales de las comunidades afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestres, la salud publica o la calidad de vida. Para tal efecto, deberán interponer el recurso administrativo de revisión a que se refiere este capítulo.

El diputado iniciador considera necesario incluir en la Ley de Aguas Nacionales una disposición homóloga a la establecida en el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en cuanto al derecho de las personas físicas y las morales de las comunidades afectadas por obras o actividades que contravengan las disposiciones de la ley, para impugnar los actos administrativos a través de la interposición del recurso de revisión.

Para ello, plantea el siguiente proyecto de

Una vez analizada la iniciativa objeto del presente dictamen, los integrantes de esta comisión dictaminadora expresamos las siguientes

Consideraciones de la Comisión de Recursos Hidráulicos

Estimamos loable la preocupación del iniciador por adicionar un artículo 125 a la Ley de Aguas Nacionales, con el propósito de asegurar un mecanismo de protección a las comunidades afectadas por obras o actividades que contravengan las disposiciones de la ley, sus reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de ella; en todo caso las personas físicas o morales de las comunidades afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos que dieron origen a tales obras o actividades que generan un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestres, la salud pública o la calidad de vida, mediante la interposición del recurso administrativo de revisión.

El propósito del iniciador es establecer en la Ley de Aguas Nacionales una disposición homóloga a la prevista en el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Sin embargo, estimamos pertinente observar la relación existente entre los artículos 180 y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ya que dichos artículos prevén:

El reglamento de la presente ley determinará las obras o actividades a que se refiere este artículo que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y las condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, y que por tanto no deban sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en este ordenamiento.

Para los efectos a que se refiere la fracción XIII del presente artículo, la Secretaría notificará a los interesados su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquéllos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a diez días. Una vez recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor de treinta días, les comunicará si procede o no la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado sin que la Secretaría emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental.

El artículo 180 se refiere a actos o actividades generadas por actos administrativos de autoridades de los tres órdenes de gobierno, en ejercicio de atribuciones que las diversas leyes ambientales, federales o locales, que los rigen les confieren.

Por otra parte, el artículo 28 señala las obras o actividades públicas o privadas en cuya realización deben observarse las condiciones establecidas por la Semarnat a través del procedimiento de evaluación del impacto ambiental, y está referido a obras y actividades que pueden causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas.

En estricta congruencia con lo dispuesto en el artículo 28 de la LGEEPA, la Conagua y sus organismos de cuenca, en los ámbitos territoriales de sus respectivas competencias, ejercen las atribuciones que les confiere la Ley de Aguas Nacionales, entre las que destacamos la de programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales, así como la de expedir los títulos de concesión, asignación o permisos de descarga.

Para el caso de la construcción, operación, conservación y mantenimiento de las obras hidráulicas federales, la Semarnat, previa evaluación de impacto ambiental, establece las condiciones a que se sujetarán dichas obras.

En cuanto a las obras hidráulicas por realizar por los particulares, es conveniente observar lo dispuesto en los artículos 21, 21 Bis y 23 de la Ley de Aguas Nacionales, las cuales en lo conducente establecen:

En el correspondiente título de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales se autorizará además el proyecto de las obras necesarias que pudieran afectar el régimen hidráulico o hidrológico de los cauces o vasos de propiedad nacional o de las zonas federales correspondientes, y también, de haberse solicitado, la explotación, uso o aprovechamiento de dichos cauces, vasos o zonas, siempre que en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, si fuere el caso, se cumpla la manifestación del impacto ambiental. Análogamente, para el caso de títulos de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo, en adición se autorizará el proyecto de las obras necesarias para el alumbramiento de las aguas del subsuelo y para su explotación, uso o aprovechamiento, con el correspondiente cumplimiento de los demás ordenamientos jurídicos aplicables.

En ningún caso podrá el titular de una concesión o asignación disponer del agua en volúmenes mayores que los autorizados por la autoridad del agua. Para incrementar o modificar de manera permanente la extracción de agua en volumen, caudal o uso específico, invariablemente se deberá tramitar la expedición del título de concesión o asignación respectivo.

Es evidente la relación de las disposiciones transcritas de los tres artículos antes citados con las disposiciones del artículo 28 de la LGEEPA, y de la cual se desprende que las obras hidráulicas emanadas de un acto administrativo, de la Conagua o de sus organismos de cuenca, se encuentran avaladas por la Semarnat, como autoridad ambiental, pues tanto en la autorización y construcción de obras como en la expedición de concesiones, asignaciones y permisos de descarga se respetan las condiciones a que dicha secretaría sujeta las obras hidráulicas y actividades autorizadas.

Adicionalmente, si bien la autoridad del agua tiene atribuciones para autorizar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, destinándolas a los diversos usos establecido en la LAN, para las diversas actividades económicas y sociales que la requieren, no cuenta con atribuciones para autorizar las actividades económicas y sociales que realizan los usuarios del agua.

De las consideraciones anteriores se desprende:

Por ello, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos improcedente el proyecto de decreto que adiciona los artículos 125 y 126, y deroga el 124 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos pone a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 125 y 126, y deroga el 124 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado Maximino Alejandro Fernández Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 2 de febrero de 2006.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados fue turnada, para estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 18 de septiembre de 2007, el diputado Martín Stefanonni Mazzocco presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite, y turnó el asunto, para análisis y dictamen, a la Comisión de Recursos Hidráulicos, con opinión de la Comisión Especial de la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos.

Esta comisión dictaminadora procedió al análisis de la iniciativa objeto de este dictamen, atendiendo el siguiente

Contenido de la iniciativa

Expone el iniciador que el conocimiento del balance entre la oferta y la demanda del agua conduce a ser conscientes sobre la escasez del vital líquido, lo que hace necesario analizar la realidad nacional en cuanto a su uso y aprovechamiento.

Destaca la importancia del agua en el medio rural, como insumo fundamental para el desarrollo de las actividades relacionadas con el campo, por lo cual considera que se debe fortalecer el marco legal que vincule estratégicamente el aprovechamiento del recurso hídrico con las actividades económicas y sociales para contribuir al desarrollo de la nación.

Por ello, refiere lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales: ``De conformidad con el carácter público del recurso hídrico, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por personas físicas o morales se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo federal, a través de la Comisión, por medio de los organismos de cuenca, o directamente por ésta cuando así le competa''.

Con base en lo anterior, expone el iniciador, se obtienen los títulos de concesión o asignación cuya vigencia, de acuerdo con el artículo 24 de la misma ley, no es menor de 5 años ni mayor de 30, y que los asignatarios o concesionarios deben solicitar la prórroga de sus títulos antes que concluya el periodo de vigencia.

Señala los problemas que representa la burocracia gubernamental para el trámite de obtención de dichos títulos y de las prórrogas correspondientes.

Refiere que el artículo 24 establece que la falta de presentación de la solicitud de prórroga dentro del plazo legal para el efecto se considera renuncia al derecho de solicitarla, lo que deriva en la pérdida de concesiones o asignaciones y, en consecuencia, al impedimento de los usuarios para seguir utilizando el recurso hídrico en el ejercicio de sus actividades.

Menciona que el problema del aprovechamiento de aguas nacionales por la pérdida de concesiones o asignaciones o, incluso, por la explotación clandestina del recurso fue atendido por el Ejecutivo federal mediante diversos decretos, a través de los cuales se otorgaron facilidades administrativas a los usuarios que explotaban irregularmente aguas nacionales.

Por lo anterior, el iniciador estima necesario reformar la ley para flexibilizar el proceso a que se enfrentan los concesionarios o asignatarios, en el sentido de minimizar los costos de la gestión y reducir la incertidumbre jurídica ante la posibilidad de perder sus derechos de agua, así como para disminuir la corrupción que generan estos escenarios.

De ahí su propuesta de que la autoridad del agua esté obligada a notificar las razones que justifican la negación de la prórroga solicitada, brindando certidumbre jurídica a los usuarios que pueden perder el título, al establecer en la ley que la concesión o asignación se ampliará hasta por dos años si, con base en la información que la autoridad hubiese proveído, el promovente se compromete a subsanar las deficiencias por las que se denegó la prórroga solicitada.

Con base en lo expuesto, el iniciador propone el siguiente

Decreto

Una vez analizados los motivos expuestos por el iniciador, los integrantes de esta comisión dictaminadora expresamos las siguientes

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora reconoce la preocupación del iniciador por otorgar mayor certeza jurídica a los usuarios que se ven afectados con la pérdida de sus derechos de agua debido al vencimiento de los títulos de concesión o asignación por no solicitar oportunamente las prórrogas correspondientes, por haberles sido denegada dicha prórroga por la autoridad del agua de manera expresa o cuando opera la negativa ficta.

Sin embargo, los integrantes de esta dictaminadora estimamos improcedente imponer a la autoridad, en caso de que no notifique la resolución negativa sobre una solicitud de prórroga, la obligación de otorgar a petición del promovente la información que sustente dicha negativa, y que se tenga por ampliado el título por prorrogar, hasta por dos años, cuando el promovente se comprometa a resarcir las observaciones justificatorias de dicha resolución, así como que, transcurrido el plazo de dos años, la autoridad verifique el cumplimiento de sus observaciones y determine si concede o no la prórroga.

Esta dictaminadora observa la contradicción entre lo establecido en la parte final del párrafo quinto del artículo 24 de la ley vigente, que establece: ``En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la resolución recaída a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar lo solicitado'', y la propuesta de que cuando la autoridad del agua no hiciera la notificación, deba, a petición del promovente, otorgar la información que sustente la negativa, y se entienda prorrogado el título por dos años cuando el promovente se comprometa a resarcir las observaciones legales y técnicas que la autoridad del agua le notifique y que justifiquen la denegación de la prórroga.

La reforma en los términos propuestos deja sin efecto la negativa ficta, estableciendo la afirmativa ficta, en contravención de las disposiciones que en la materia establece el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que a la letra dice:

Artículo 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo.

En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo.

El párrafo segundo del propio artículo 24 en vigor establece que las concesiones o asignaciones serán objeto de prórroga siempre que sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de la vigencia, al menos seis meses antes del vencimiento.

Así, reconocemos que el usuario promovente no tiene posibilidad alguna de subsanar las razones legales de la autoridad del agua para denegar la prórroga solicitada, en virtud de que las causales para la extinción de un título establecidas en el artículo 29 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales vigente no pueden ser corregidas por el usuario, ya que se trata de

Asimismo, el usuario no puede modificar la existencia de disponibilidad del recurso, con base en la cual se autoriza una concesión.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos pone a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado Martín Stefanonni Mazzocco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 18 de septiembre de 2007.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma la fracción XII del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados fue turnada, para estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Esta comisión dictaminadora procedió al análisis del asunto, atendiendo el siguiente

Contenido de la iniciativa

El iniciador expone que la Comisión Nacional del Agua, órgano administrativo encargado de la gestión del agua, tiene limitaciones jurídicas y estructurales para abordar la problemática del recurso desde una perspectiva integral, debido a su dependencia orgánica y jerárquica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como órgano desconcentrado de dicha dependencia.

Refiere las diferencias entre desconcentración y descentralización, atento a lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en cuanto a que los organismos descentralizados son entidades creadas por ley del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo federal que poseen personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

Considera que la autoridad encargada de la gestión del agua debe contar con autonomía de gestión y en materia presupuestal que le permitan alcanzar los objetivos que suponen la sustentabilidad y la preservación del recurso para la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras.

Por ello propone que se modifique la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional del Agua, para que sea un organismo descentralizado, para que preste los servicios correspondientes a la gestión del agua, con autonomía financiera y de gestión.

Expone que le resulta adecuado que la comisión nacional del agua sea un organismo descentralizado encargado del manejo y aprovechamiento sustentable del agua, contando con autonomía para la toma de decisiones y sin contar con las facultades de inspección y vigilancia, que seguirán en manos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Destaca que las reformas de la Ley de Aguas Nacionales aprobadas en 2003, por ambas Cámaras del Congreso, y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004 evidencian la necesaria descentralización del sector hídrico.

Señala que dichas reformas hacen referencia a un organismo descentralizado. Ejemplifica su señalamiento con lo previsto en el artículo 3, cuya fracción XII hace referencia a la Comisión Nacional del Agua, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto.

Asimismo, refiere que en las citadas reformas se hace referencia a la descentralización de la gestión del agua en diversos artículos, estableciendo la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para favorecer y contribuir a la necesaria descentralización de la gestión de los recursos y, en general, del sector hídrico.

En la consideración de la necesidad de dar congruencia a dichas reformas, el iniciador propone reformar la fracción XII del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, para que diga:

Una vez analizados los motivos expuesto por el iniciador, los integrantes de esta comisión dictaminadora expresamos las siguientes

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora reconoce la coincidencia existente entre el proyecto de decreto planteado por el diputado Diego Cobo Terrazas en la iniciativa que nos ocupa, y la orientación del proyecto de decreto de reformas de la Ley de Aguas Nacionales de abril de 2003.

En efecto, con el proyecto de decreto de reformas de la Ley de Aguas Nacionales de abril de 2003, el Congreso de la Unión estableció las definiciones necesarias para la adecuada interpretación de la ley, transformando la Comisión Nacional del Agua en un organismo público descentralizado, y tornando las instancias regionales de dicha comisión en organismos de cuenca, como órganos desconcentrados de ella, así como reforzando los consejos de cuenca, atribuyéndoles una gama más amplia de tareas, entre otras.

Sin embargo, el Ejecutivo federal devolvió el proyecto con observaciones a la Cámara de Senadores, como Cámara de origen, para su nueva discusión, dentro del plazo constitucional establecido al efecto.

El Ejecutivo planteó la improcedencia de transformar la Comisión Nacional del Agua en un organismo público descentralizado, argumentando que por no pertenecer este tipo de organismos al Poder Ejecutivo federal, se incurriría en actos de inconstitucionalidad al dotar al organismo descentralizado con facultades exclusivas del Poder Ejecutivo.

Al respecto, el Senado realizó el análisis y los estudios sobre las observaciones planteadas por el Ejecutivo federal, y optó por mantener en la ley la Comisión Nacional del Agua como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, considerando que la descentralización del sector agua podía realizarse con saldo positivo, preservando la instauración de las demás disposiciones contenidas en el proyecto de decreto inherentes a la descentralización del sector agua mexicano.

El nuevo proyecto de decreto aprobado por el Senado de la República fue ratificado con la aprobación de la Cámara de Diputados, y publicado por el Ejecutivo federal el 29 de abril de 2004 en el Diario Oficial de la Federación.

No obstante la determinación del Congreso General de avanzar hacia la desconcentración del aparato gubernamental federal y fortalecer las bases de una descentralización gradual de las tareas de gestión del agua, primero a nivel de región y cuenca para luego seguir hacia la descentralización en beneficio de la participación más amplia y corresponsable de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, la Ley de Aguas Nacionales vigente presenta incongruencias que dificultan su correcta aplicación y exacta observancia, en virtud de que sus disposiciones fueron aprobadas originalmente para un esquema administrativo de descentralización y, en consecuencia, no son coincidentes con las funciones propias de un órgano desconcentrado como la Comisión Nacional del Agua.

Esta comisión dictaminadora reconoce que, en efecto, un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios no debe tener atribuciones para otorgar, prorrogar y revocar concesiones e imponer sanciones, cuando estas facultades están atribuidas constitucionalmente al Ejecutivo federal. Diversas tesis jurisprudenciales recientes afirman que la personalidad jurídica y el patrimonio propio de un organismo descentralizado hacen de éste una persona moral que no forma parte del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, es de observarse que el artículo 90 constitucional dispone que la administración pública federal será centralizada y paraestatal, conforme a la ley orgánica que expida el Congreso General, la cual distribuirá los negocios del orden administrativo federal que estarán a cargo de las secretarías de Estado, y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo federal en su operación.

Así, el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal asigna a los organismos descentralizados negocios del orden administrativo con tres objetos específicos:

Esta dictaminadora reconoce que los organismos descentralizados se sitúan en la denominada ``descentralización por servicio'', y son empresas públicas en sentido amplio, lo que explica la necesidad de contar con personalidad jurídica y patrimonio propios, necesarios para instaurar sus relaciones con proveedores, clientes y usuarios.

A diferencia de los organismos descentralizados, las autoridades centrales ejercen la personalidad y el patrimonio del Estado, y tienen a su cargo el ejercicio de facultades normativas, de regulación, y de emisión de actos, como el otorgamiento de licencias, permisos y concesiones, así como sus prórrogas o modificaciones y la aplicación de sanciones por incumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

En reconocimiento de lo anterior, diversos legisladores presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores, en sesión ordinaria de 25 de abril de 2006, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, mediante la cual se adecuan las disposiciones de la ley, eliminando su orientación al esquema de descentralización originalmente planteado, y encaminándolas hacia el correcto funcionamiento del órgano desconcentrado reconocido como autoridad del agua en el nivel nacional, con el propósito de mejorar la administración y gestión integral del recurso hídrico y dar mayor certeza jurídica a los usuarios.

Una vez aprobado el dictamen correspondiente en comisiones, el Senado de la República aprobó el proyecto de decreto contenido en él, en sesión celebrada el 26 de abril de 2006, enviándolo mediante la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados, para revisión.

Una vez turnado el asunto a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, ésta elaboró el dictamen con proyecto de decreto correspondiente, en los términos propuestos por la Cámara de Senadores; sin embargo, dicho dictamen no fue del conocimiento del Pleno camaral, quedando como proyecto a disposición de la LX Legislatura.

Los diputados a la LX Legislatura del Congreso de la Unión integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos aprobamos, con modificaciones, un nuevo dictamen sobre el proyecto de decreto aprobado por el Senado, adecuando las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, los organismos de cuenca y los consejos de cuenca a la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional del Agua como órgano desconcentrado, y la de los organismos de cuenca como unidades administrativas adscritas a la comisión, entre otras.

El proyecto de decreto correspondiente fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 11 de septiembre de 2007, y turnado en la misma fecha al Senado de la República mediante la minuta respectiva, cuyas modificaciones se encuentran en revisión por la Cámara de Senadores.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos pone a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 28 de noviembre de 2006.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que deroga el artículo 124 y adiciona el 125 de la Ley de Aguas Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 124 y adiciona el artículo 125 de la Ley de Aguas Nacionales.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Esta comisión dictaminadora procedió al análisis de la iniciativa, objeto de este dictamen, atendiendo el siguiente

Contenido de la iniciativa

En la exposición de motivos de la iniciativa que nos ocupa, el iniciador señala que el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales es contrario a las hipótesis normativas de los artículos 14, 16, 71 y 72 constitucionales.

Refiere que el artículo 16 constitucional establece que nadie podrá ser molestado sino en virtud de mandamiento de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Que el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales fue derogado por el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo el 1o. de junio de 1995.

Y que posterior a esta fecha, este honorable Congreso de la Unión no ha decretado la adición a la Ley de Aguas Nacionales, del artículo 124; c), y sin embargo, el día 30 de abril de 2004 se reforma el artículo 124, inexistente.

Refiere que la situación particular de este precepto es la siguiente: a partir del 1o. de junio de 1995, fecha de su derogación, el artículo 124 dejó de existir. Lo que antes de esta fecha era un precepto del cuerpo legal atinente, pasó a ser la nada jurídica, dejó de existir en el mundo del derecho. Los principios generales de la lógica natural, que rigen por igual en el campo de la lógica jurídica, establecen que una misma cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo; y también, que prius este esse quam taliter esse (primero es ser, antes que ser de tal o cual manera).

Lo que se traduce por igual que aquello que no existe no puede ser reformado debido a que se estaría actualizando lo contradictorio : que el artículo 124 no existe y que sí existe, al mismo tiempo, toda vez que se está reformando ; sólo se puede reformar lo que ya existe y tiene una determinada forma que admite la reforma. A lo inexistente no se le puede cambiar la forma que no tiene (no se puede reformar). Lo que no existe no puede --lógica y jurídicamente-- ser reformado.

Por ello, considera que el artículo 124, inexistente, no puede ser reformado. Esta es la premisa de base que estimamos incontrovertible. La consecuencia de esta premisa es la que interesa principalmente: ni el honorable Congreso de la Unión ni el ciudadano presidente de la república se ocuparon en ofrecer la motivación del acto consistente en la reforma del artículo 124, en cita. Motivación que era urgente y necesaria, tomando en cuenta que el artículo que se está reformando había sido previamente derogado. Las autoridades legislativa y ejecutiva fueron absolutamente omisas en motivar el por qué determinan y decretan que un artículo inexistente sea reformado. No ofrecen explicación alguna --ni lógica ni jurídica-- que explique el absurdo consistente en cambiar la forma de un artículo que no tiene forma alguna, debido a que no existe. La emisión y la promulgación de la reforma del artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales es un dislate jurídico ya que actualiza los términos del principio de contradicción: el artículo 124 no es y sí es, al mismo tiempo; no es, porque fue derogado, sí es, porque se está reformando.

Por otro lado, señala que el artículo 14 constitucional establece que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales.

Refiere que la reforma de un artículo implica su previa existencia, o la previa recreación en caso de hubiere sido derogado y dado que el artículo 124, derogado el 1o. de junio de 1995, no ha sido formalmente adicionado a la Ley de Aguas Nacionales, su reforma implica una adición tácita, ya que de otra manera, este artículo no admite --ni lógica ni jurídicamente-- reforma alguna.

Según el iniciador, la reforma al artículo 124 constituye una clara contravención a la hipótesis normativa del artículo 14, relacionado con los artículos 71 y 72, todos ellos de la Constitución Federal. La reforma del artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales implica que este precepto fue recreado por un procedimiento legislativo diverso al establecido en los artículos 71 y 72 constitucionales, lo cual evidentemente constituye un flagrante incumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento establecido en la Constitución para la iniciativa, discusión, aprobación y creación de una ley.

En conclusión, el iniciador estima que la emisión y promulgación de la reforma del artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales son manifiestamente contrarias a las hipótesis normativas de las normas constitucionales (artículos 14 y 16), en cuanto al marco de sus contenidos y alcances. Lo que se traduce en que el actual artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales, reformado el 30 de abril de 2004, es inconstitucional.

Con base en los motivos expuestos en la iniciativa, el iniciador propone el siguiente proyecto de

Decreto

Los integrantes de esta comisión dictaminadora, previo al estudio de la iniciativa objeto de este dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones de la Comisión de Recursos Hidráulicos

Los integrantes de esta comisión dictaminadora estimamos:

En efecto, las disposiciones del artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales vigente, establecidas mediante el decreto de reformas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004, señalan la procedencia del recurso administrativo contra actos o resoluciones definitivas de la ``autoridad del agua'' que causen agravio a los particulares, fijando el plazo de 15 días para su interposición, y señalando el objeto del recurso, así como los elementos que debe contener el fallo que sobre el mismo dicte la autoridad revisora.

Asimismo, señalan que, en el caso del recurso interpuesto contra el acto de imposición de multas, se suspenderá la ejecución de estas hasta que se resuelva el recurso, siempre y cuando se garantice su pago en los términos previstos en las disposiciones fiscales.

Es de observarse que estas disposiciones no constituyen de manera alguna actos de autoridad que puedan privar a alguien de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos; o que puedan molestar a alguien en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. De tal manera, las disposiciones del artículo 124 no constituyen en sí mismas violación a las garantías de legalidad y audiencia, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Por otro lado, el proceso legislativo del cual emanó el decreto de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, publicado el 29 de abril de 2004, cumplió estricta y cabalmente con lo dispuesto en los artículos 71 y 72 constitucionales, en virtud de que las iniciativas que dieron lugar al proceso fueron presentadas por senadores al Congreso de la Unión en ejercicio del derecho que les compete, conforme lo dispone el artículo 71, fracción II, de nuestra Carta fundamental.

Asimismo, el proyecto de decreto se discutió y aprobó sucesivamente en ambas Cámaras del Congreso General, en estricta observancia al proceso legislativo establecido en el artículo 72 de la Constitución Federal, incluido el procedimiento legislativo recaído sobre la devolución del proyecto con las observaciones hechas por el Ejecutivo federal, así como la nueva revisión y aprobación por ambas Cámaras del Congreso, con la mayoría calificada que el propio artículo 72 establece.

2. Reconocemos que en técnica parlamentaria, si bien es usual la expresión ``derogación de artículos'', también es usual la expresión ``derogación de disposiciones'', para el mismo objeto.

Independientemente del uso de una u otra expresión en el proyecto de decreto de que se trate, lo que se deroga es el precepto o disposición establecida en un artículo determinado; en consecuencia, el artículo (numeral) subsiste en el ordenamiento jurídico seguido del término ``derogado'', con el cual se establece la disposición derogatoria aprobada por el Congreso sobre el precepto que se establecía en dicho artículo, señalando que la disposición derogada ha dejado de tener vida jurídica, que ya no está vigente y que no es exigible su aplicación u observancia.

De tal manera, el Congreso de la Unión, para generar una nueva disposición que dada su naturaleza temática deba ser ubicada o establecida en el lugar que ocupó una disposición derogada, no tiene impedimento legal o constitucional alguno para reformar la disposición derogatoria de una norma jurídica, sustituyendo el término ``derogado'' con la nueva disposición requerida, y se trata de una reforma, porque si, como estima el iniciador, se tratara de una adición, subsistiría el término ``derogado''.

Así, aun en el supuesto de que el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en vigor, a partir del 1o. de junio de 1995, hubiera derogado el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales, la reforma a este artículo mediante el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Abril de 2004, sería igualmente una reforma válida, pues en el proceso legislativo se observaron las formalidades constitucionales y legales para su creación y entrada en vigor.

Sin embargo, es pertinente interpretar debidamente lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que a la letra dice:

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta ley, en particular los diversos recursos administrativos de las diferentes leyes administrativas en las materias reguladas por este ordenamiento. Los recursos administrativos en trámite a la entrada en vigor de esta ley se resolverán conforme a la ley de la materia.

De lo anterior se desprende que la disposición transcrita deroga los diversos recursos administrativos de las diferentes leyes, en tanto se opongan a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; es decir, deroga los recursos de reconsideración o reclamación, establecidos en las diferentes leyes, por no estar previstos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero no deroga el recurso de revisión de las diversas leyes, cuando sus disposiciones guardan congruencia con las relativas al recurso de revisión establecidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De ahí, la consideración de esta comisión dictaminadora en el sentido de reconocer la constitucionalidad y validez de las disposiciones establecidas en el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales, vigente, pues ilustran jurídicamente a los sujetos de ésta sobre generalidades del recurso de revisión, sin transgresión alguna a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y generando mayor certeza a los gobernados.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos pone a la consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 124 y adiciona el artículo 125 de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 5 de abril de 2005.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido

LEY DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA - LEY FEDERAL DE TURISMO

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de Información Estadística y Geográfica, y Federal de Turismo

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura les fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Información Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de Turismo, a cargo del diputado Raúl Piña Horta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Estas comisiones unidas, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1y 2, fracción XXXIX, y 3 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen bajo los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 14 de febrero de 2006, el diputado Raúl Piña Horta, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Información Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de Turismo.

Segundo. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó que se turnará la propuesta a las Comisiones Unidas de Gobernación y Turismo para su estudio y dictamen correspondiente.

Tercero. El 28 de noviembre de 2007, los integrantes de la Comisión de Turismo aprobaron el presente dictamen en sentido negativo.

Cuarto. El 5 de marzo de 2008, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen, en sentido negativo.

Contenido de la iniciativa

El iniciador menciona que actualmente la legislación federal necesita en su conjunto armonizar dinámicamente las necesidades de información para desarrollar e impulsar la producción, distribución y fomento del turismo en nuestro país.

El diputado proponente expresa que existen necesidades actuales en materia de estadísticas turísticas, ya que no sólo los gobiernos nacionales requieren datos sobre aspectos específicos del turismo, ahora los particulares, los profesionales, así como los investigadores demandan la información sobre una gama muy diversa de temas que engloban al turismo.

El proponente, a su vez, expone que el turismo se entiende como el flujo de personas que demandan bienes y servicios, así también como un proceso de transferencia de riqueza e incremento de ingresos y, por ello, es necesaria la revisión y actualización del marco normativo que regula los aspectos informáticos, estadísticos y geográficos con objeto de que queden debidamente establecidos los mecanismos que garanticen que la información se encuentra debidamente clasificada e identificada.

Es así que con ello, el exponente pretende agilizar el ejercicio de las normas que regulan las actividades de los particulares y evitar la discrecionalidad en los actos y procedimientos administrativos a fin de lograr una adecuación unitaria, transparente, legal, congruente y sistemática, conjuntado en un solo cuerpo de normas diversos procedimientos de la materia administrativa, con la intención de garantizar la actuación de la autoridad al emitir sus resoluciones al proponer la revisión en los aspectos de verificación y recursos en contra de las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Con lo anterior, el diputado proponente pretende que en la Ley Federal de Turismo quede señalado como facultad expresa del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en coordinación con la Secretaría de Turismo y el Banco de México, a llevar a cabo la recopilación, el procesamiento y la difusión de la información turística generada con base en la aplicación de los instrumentos que se proponen.

Asimismo que en la reglamentación que le otorgue el gobierno federal debe existir la composición de una ``cuenta satélite'' que tenga como fin la identificación de la participación real de la actividad turística en la economía nacional, así como vincular a la industria turística con los demás sectores productivos. También dicha cuenta deberá señalar los diferentes niveles de agregación para los indicadores turísticos, describir los flujos monetarios del turismo dentro de las fronteras del país y ampliar la base informática para la toma de decisiones sobre el sector turístico nacional.

Consideraciones

Primero. El autor de la iniciativa propone recopilar, procesar y difundir la información turística generada con base en la aplicación de una ``cuenta satélite'', que tenga como fin la identificación de la participación de la actividad turística en la economía nacional, así como vincular a la industria turística con los demás sectores productivos, y que se faculte al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en coordinación con la Secretaría de Turismo y el Banco de México, para la realización de dicho fin.

Segundo. Las comisiones dictaminadoras, tras el estudio de la iniciativa, consideran que el objetivo de ésta se encuentra ya operando por el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Turismo y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ya que conscientes éstos, de la importancia económica y social que tiene el sector turismo para el país, decidieron conjuntar esfuerzos con la finalidad de avanzar en la integración de un sistema de información macroeconómica que permita dimensionar específicamente la contribución de las actividades turísticas en la economía.

Tercero. Para la realización de este sistema de información, se tomaron en cuenta las recomendaciones internacionales emanadas del tercer borrador de la cuenta satélite del turismo que en 1996 publicó la Organización Mundial del Turismo (OMT). De la misma manera, se consideraron los lineamientos del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993), manual difundido y elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión de Comunidades Europeas (Eurostat).

Cuarto. Los resultados obtenidos sobre las actividades relacionadas con el turismo en esta cuenta permiten medir la importancia que este sector tiene en la economía, tanto a nivel del total del país como en las actividades en las que participa. Esta cuantificación se logra mediante el cálculo de agregados macroeconómicos similares a los que se incluyen en la contabilidad nacional, ampliándose así la base informativa del turismo.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo someten a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Información Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de Turismo, presentada por el diputado Raúl Piña Horta el 14 de febrero de 2006.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo de la honorable Cámara de Diputados, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Estas comisiones unidas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 90, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, basándonos en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 14 de noviembre de 2006, el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 constitucional y los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a fin de ``involucrar directamente a las autoridades locales en la toma de decisiones por parte de la Secretaría de Gobernación, en el otorgamiento de permisos para instalar centros de apuesta en las distintas entidades federativas''.

Segundo. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acordó que dicha iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo para su estudio y dictamen.

Tercero. Con fecha 22 de mayo de 2007, los integrantes de la Comisión de Turismo aprobaron el presente dictamen, en sentido negativo.

Cuarto. Con fecha 5 de marzo de 2007, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen, en sentido negativo.

Contenido de la iniciativa

I. La iniciativa que se dictamina pretende dotar de mayores atribuciones y facultades a las entidades federativas y los municipios, para lo cual pretende demostrar que existe un problema que no ha sido resuelto toda vez que aborda a un fenómeno novedoso en el que los sorteos y las apuestas son de carácter permanente y los que, de no regularse adecuadamente, conllevan la posibilidad de la alteración de la convivencia social, y aun la familiar, en razón de la adicción que el juego puede ocasionar o las actividades colaterales que se pueden manifestar dependiendo de la actividad específica que se desarrolle.

Por ello, el legislador pretende realizar las modificaciones y adiciones a los artículos 2o., 3o., 4o., 5o. párrafos primero y segundo, 7o., 11, 12 fracciones I y II, y 13 fracción I de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

II. La reforma que se propone los artículos anteriormente expuestos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos consisten en adicionar texto a los párrafos de los artículos y de algunas fracciones, dándole facultad a los estados y municipios para que, antes de autorizar y permitir la realización de juegos, sorteos y demás situaciones, primeramente se verifique desde el uso de suelo del lugar, hasta de autorizar y permitir los juegos a que hace referencia dicho artículo, por lo cual el legislador propone la siguiente redacción:

...

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

Consideraciones

Primera. Congruente con el antecedente Segundo, estas comisiones unidas son competentes para conocer el tema, de conformidad con el turno recibido.

Segunda. Para estar en posibilidad de realizar el presente dictamen apegado a la legalidad y de conformidad al marco jurídico vigente, fue necesario remitirnos a la ley en vigor en los artículos que pretenden ser reformados por el legislador proponente, la cual nos arrojó lo siguiente:

Tercera. El artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso a legislar en toda la república sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.

Dicha facultad, como se indica en el texto, es para legislar en toda la república, por lo que el Congreso de la Unión expidió una Ley Federal de Juegos y Sorteos.

La naturaleza federal de las leyes no está inserta en las competencias federal y local, sino que crea el ámbito estricto y exclusivamente federal que sería desarrollado e implantado por autoridades federales sin tener que ser complementadas por la legislación o ejecución de los Estados. ¹

Este purismo federal está precisado a nivel constitucional en la disposición vigente establecida en el artículo 124 constitucional referente a que las facultades que no estén expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados, y atendiendo a la disposición constitucional ya expresada, la materia de juegos y sorteos es una facultad concedida a los funcionarios federales.

De este modo, las propuestas que hace el legislador para incluir a los estados y a los municipios en la materia de juegos y sorteos, no corresponden al sentido y espíritu jurídico que contienen las leyes federales. Dichas propuestas serían adecuadas si la ley que se dictamina no fuese federal, sino más bien general .

Por ley general debe entenderse aquella legislación que disponga los principios generales de una materia, susceptible de ser complementada por legislaciones estatales o que distribuya las competencias entre la federación, estados y municipios sobre una materia determinada. Lo que representa la concurrencia entre los órdenes de gobierno ² .

Por tanto, se concluye que las reformas y adiciones propuestas en la iniciativa materia de este dictamen, son jurídicamente inviables para establecerse en una legislación cuya particularidad es su carácter federal.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo sometemos a la consideración de la asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos presentada por el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , el 14 de noviembre de 2006.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1) González Oropeza, Manuel. Conceptualización Histórica Legislativa.

2) Ibidem.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Radio, Televisión y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 308 y 309 Bis y deroga el 308 Bis de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 60, 65, 87, 88, 93, 94 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía emite dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 308 y 309 Bis, y deroga el 308 Bis de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en los siguientes

Antecedentes

Contenido de la iniciativa

I. a VIII. ...IX. No podrán asociarse a estos productos ideas o imágenes atléticas o deportivas y popularidad, ni mostrar celebridades o figuras públicas, o que éstos participen en su publicidad; X. En el mensaje no podrán manipularse directa o indirectamente los recipientes que contengan los productos;XI. No podrá distribuirse, venderse u obsequiarse, directa o indirectamente, ningún artículo promocional que muestre el nombre o logotipo de bebidas alcohólicas o tabaco, salvo los que sean considerados artículos para fumadores o bebedores. La distribución de muestras de productos de bebidas alcohólicas y tabaco queda restringida a áreas de acceso exclusivo a mayores de 18 años;XII. No podrán distribuirse, venderse u obsequiarse a menores de edad artículos promocionales o muestras de estos productos; yXIII. No deberán utilizar en su producción dibujos animados, personajes virtuales o caricaturas. I. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en revistas dirigidas a niños o adolescentes o las de contenidos educativos, deportivos o de salud, no podrán aparecer en portada, contraportada, tercera y cuarta de forros, de revistas, periódicos o cualquier otra publicación impresa, así como su colocación en lugares, páginas o planas adyacentes a material que resulte atractivo para menores de edad;II. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en radio y televisión. En salas de proyección cinematográfica queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en las proyecciones a que puedan asistir menores de edad. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en Internet a menos y hasta que se disponga de la tecnología para que cada persona que busque acceso al sitio de Internet en el cual dicha publicidad se pretenda trasmitir provea la verificación de que el usuario o receptor es mayor de edad;III. Ninguna publicidad exterior de bebidas alcohólicas y tabaco podrá situarse a menos de 200 metros de cualquier escuela de educación inicial, jardines de niños, educación especial, primarias, secundarias y nivel medio superior, así como de hospitales, parques recreativos y clubes deportivos, educativos o familiares. Asimismo, no se podrá localizar publicidad en anuncios exteriores que excedan en su tamaño total 35 metros cuadrados, sea de manera individual o en combinación intencional con otra publicidad;IV. Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en las farmacias, boticas, hospitales y centros de salud; yV. Queda prohibido patrocinar a través de publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco cualquier evento en el que participe o asistan menores de edad.

Una vez establecidos los antecedentes y analizada la iniciativa que nos ocupa, se llega a las siguientes

Consideraciones

Primera. El derecho a presentar la iniciativa que se dictamina encuentra fundamento en la fracción II del artículo 71 constitucional, ya que dicho precepto establece que ``el derecho de iniciar leyes o decretos compete a los diputados y senadores al Congreso de la Unión...''; por otra parte, la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución federal señala que el Congreso tiene facultad ``para dictar leyes sobre... salubridad general de la república''.

Segunda. La reforma del artículo 308 que se propone en la iniciativa consiste básicamente en anexar a ese artículo el contenido del 308 Bis, que se propone derogar. Al respecto, es necesario aclarar que se propone igualar la regulación de dos productos distintos, con efectos diferentes. En la exposición de motivos de la iniciativa no se encuentran los fundamentos y motivos que expongan claramente los razonamientos para llevar cabo dicha modificación y por los que se tengan que imponer los mismos requisitos a la publicidad de dichos productos.

Tercera. La iniciativa que nos ocupa tiene como propósito fundamental que se adicione en el texto del artículo 309 Bis de la Ley General de Salud ``bebidas alcohólicas'', con lo que se equipara la regulación del alcohol y el tabaco. Al respecto, es preciso señalar que una reforma de tales magnitudes y con tal impacto para las industrias relacionadas con las bebidas alcohólicas debe estar sustentada en un estudio previo y debe efectuarse en forma gradual, en un plazo lógico que permita a los involucrados acatar la ley sin que tal hecho represente un daño grave para la economía de las empresas directamente afectadas, la cadena productiva involucrada con la publicidad de bebidas alcohólicas y las empresas organizadoras de actos públicos que se benefician por el patrocinio de dichas bebidas. Esta modificación tiene aparejadas consecuencias jurídicas y económicas que no son estudiadas, ni mucho menos analizadas en la iniciativa, igual que no otorga un plazo adecuado y gradual para que dichas modificaciones sean acatadas por los obligados, razones por las que esta dictaminadora no encuentra suficientes motivos y fundamentos para aprobar la reforma propuesta.

Por lo expuesto, los integrantes de las comisiones dictaminadoras, de la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 45, numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se deshecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 308 y 309 Bis, y deroga el 308 Bis de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el Pleno de esta soberanía en sesión ordinaria del 5 de noviembre de 2004.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se desechan cuatro iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 39, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículo 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Derechos Humanos le fueron turnadas las siguientes iniciativas:

A. Iniciativa de decreto para reformar y adicionar los artículos 3, 5 y 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del entonces diputado René Meza Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Esta iniciativa, propone 3 modificaciones:

B. Iniciativa que reforma el artículo 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del entonces diputado Jesús Aguilar bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El promovente plantea el modificar la fecha de la presentación del informe de actividades del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esto por la modificación constitucional por la que se decretó que la apertura de sesiones del segundo periodo ordinario será el 1 de febrero y no el 15 de marzo, lo cual desfasó lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con relación a la fecha para la presentación del informe del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH).

C. Iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la entonces diputada Araceli Velázquez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En esta iniciativa, la entonces diputada promovente establece la necesidad de crear una visitaduría general especializada en atención a las violaciones de los derechos humanos en materia ambiental.

D. Iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la entonces diputada Martha Laguette Lardizábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta iniciativa tiene como fin el establecer que al menos una de las visitadurías generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sea coordinada por una persona indígena.

Consideraciones

I. Con relación a la iniciativa enunciada en el inciso a) de rubro antecedentes, específicamente en lo referente a que al considerar, que los hechos de presuntas violaciones a indígenas y a migrantes solo deban ser atendidos por la Comisión Nacional, no se justifica ésta competencia, ya que las comisiones estatales, dentro de sus atribuciones, pueden y deben conocer de éstos hechos cuando se produzcan dentro de su territorio.

El promovente no justifica ésta modificación, si bien entendemos que las personas migrantes o indígenas, en la mayoría de los casos requieren diferente atención por su propia naturaleza, también sabemos que se puede fortalecer a las comisiones estatales de derechos humanos para una adecuada atención y trato a éstos grupos de la población, y en especial fortaleciendo a aquellas comisiones estatales que por su ubicación geográfica conocen más de estos asuntos.

En cuanto al establecimiento de dos visitadurías especiales, no resuelve ni atiende la diversidad de los sectores sociales de la población, corriéndose el riesgo de excluir a la mayoría de ellos. Consideramos que el ombudsman es una figura encargada de vigilar el que se respeten los derechos humanos, y la CNDH se organiza para éste fin, a través de las visitadurías generales (artículo 54 del Reglamento Interno de la CNDH). De las cinco visitadurías generales que la integran una atiende asuntos de indígenas y la otra de migrantes:

Por lo que éstas ya se ocupan de los temas de migración e indígenas, sin que sea necesario anotar en su denominación la connotación de ``especiales''. Algunos de los antecedentes históricos que originaron su creación son los Principios de París de las Naciones Unidas, que han alentado a los Estados miembros a establecer o fortalecer instituciones nacionales de derechos humanos, con las siguientes características:

Hechos con los que ya contamos en nuestro país; además, como ya dijimos, hay otros sectores sujetos a medidas de protección específicas como son las dispuestas a favor de mujeres y niños. Mientras las primeras componen la mitad de la población y los segundos constituyen una proporción muy elevada de ésta, aquellos otros sectores corresponden a grupos muchos más reducidos y vulnerables como los que se proponen en la iniciativa, no obstante lo anterior, ya fue atendido y actualmente funcionan ambas visitadurías, por lo que estimamos como improcedente la modificaciones y adiciones planteadas en ésta iniciativa.

Con relación a la adición de los requisitos para aspirar a dirigir una visitaduría especial, se rompe con el principio de equidad, ya que el ordenamiento vigente, establece las generalidades para ser visitador.

II. Con relación a la iniciativa enunciada en el inciso b) del rubro de antecedentes, estimamos que en el momento en que fue planteada la iniciativa tenía razón de ser, ya que pretendía hacer coincidir el periodo en que esta sesionando la Comisión Permanente con el informe de actividades del Presidente de la CNDH. Por lo que coincidimos con la propuesta de ajustar la fecha para la presentación del informe del presidente da la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que el Congreso de la Unión conozca ampliamente de los trabajos realizados y los asuntos atendidos por la comisión nacional, y de manera particular de las diversas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos y de las recomendaciones emitidas por la CNDH, destacando que ésta en particular procura el respeto de las personas de manera amplia, garantizando bajo cualquier circunstancia el respeto a sus derechos humanos.

Sin embargo, esa modificación al artículo 52 de la ley de la materia ya fue realizada, por lo que actualmente se establece que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comparecerá en el mes de enero ante el Pleno de la del Congreso de la Unión, para informar de lo realizado en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior; por esta circunstancia desechamos dicha iniciativa, toda vez que la naturaleza que le dio origen fue atendida y en consecuencia resuelta.

III. Con relación a la iniciativa enunciada en el inciso c) del rubro de antecedentes, las diputadas y los diputados de esta Comisión de Derechos Humanos nuevamente apreciamos la intención de crear una visitaduría especial, con la salvedad de poder, como ya dijimos, excluir otras áreas o temas que requieran de una atención preferencial, entendemos que se deben diversificar las áreas de atención de las visitadurías generales que están actualmente en función, fortaleciendo y respaldando los trabajos que estas lleven a cabo, observando que sean incluyentes para así dar un atención general e integral.

Es de reconocer la preocupación que se tenga por el medio ambiente y el equilibrio ecológico, de todos es conocido las afectaciones que se han hecho por el abuso y descuido de los seres humanos, abusos en los que unos y otros contribuimos de manara alarmante, también de todos conocido es los riesgos ecológicos a los que estamos expuestos de continuar con éstas mala prácticas, sin mostrar el menor respeto al medio ambiente, por lo que cualquier acción verdadera que se inicie a favor de la conservación de la naturaleza y en consecuencia de la humanidad, merece ser reconocida.

No obstante una visitaduría que se ocupe de ésta materia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos poco podría hacer de manera directa, ya que actualmente de las cinco visitadurías generales y en la totalidad de las comisiones estatales de la materia se pueden formular denuncias a presuntas violaciones de derechos ambientales por algún hecho que ponga en riesgo al medio ambiente; ejemplos de ellos sobrarían. Aunado a lo anterior, el espíritu de la exposición de motivos no es congruente con la propuesta de reforma como tal, ya que el legislador señala que es necesaria la creación de una visitaduría general que se dedique a conocer de violaciones a los derechos ambientales; sin embargo, la propuesta de reforma señala que la comisión se integrará por visitadores generales dejando abierta la facultad a la CNDH de crear cualquier número de visitadores generales a su libre albedrío. Por lo que se dictamina en sentido negativo esta la iniciativa.

IV. En relación con la iniciativa enunciada en el inciso d) del rubro de antecedentes; las diputadas y los diputados de esta comisión apreciamos la intención que tuvo la entonces diputada promovente, al proponer que al menos una de las visitadurías generales, fuera coordinada por una persona indígena, este hecho expresa su preocupación y compromiso por los grupos indígenas, a quienes se les ha marginado y discriminado en múltiples ocasiones, y aun cuando ésta comisión legislativa en materia de derechos humanos no atiende de manera directa a los indígenas, respetamos y valoramos de manera especial su lucha por el reconocimiento de sus derechos, estando seguros de realizar todas las acciones necesarias para que, cuando se requiera la intervención de nuestra comisión, podamos hacerlo por el compromiso claro del respeto a las garantías fundamentales de todos aquellos a quienes representamos.

Esta característica o condición social que se propone, es restrictiva, toda vez que no hay disposición en contrario para que cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puede y tiene el derecho de acceder al cargo, no importando su condición social, económica, o física entre otros aspectos de la persona.

Por tanto, consideramos que el demandar que al menos una de las visitadurías generales sea coordinada por una persona indígena, formula una discriminación inversa, aunado a que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al definir el concepto jurídico de persona, se entiende de manera amplia y no restrictiva, concepto que se refleja en la establecimiento de los requisitos para ser visitador general, los cuales establecen la posibilidad de que cualquiera que los cumpla podrá acceder al cargo, y una violación a los derechos humanos se presentaría si alguno o algunos de los aspirantes a ocupar éste cargo fuera descalificado, o no tomado en cuenta por el simple hecho de ser o pertenecer a un grupo indígena; cuando ese fuera el caso, esta Comisión, por convicción, desde sus facultades haría un enérgico llamado a quien o quienes intentaran realizar tal discriminación, por lo que no consideramos que ésta inclusión sea procedente como dijimos puede ser restrictiva y limitativa.

En conclusión, si bien hasta el momento no ha existido un visitador de origen indígena, no existe impedimento legal ni real para que accedan a dicho cargo, sólo basta que reúnan los requisitos marcados por la ley.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desechan en su totalidad las iniciativas siguientes:

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 6, 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 60, 87, 88 y demás ordenamientos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

El 6 de septiembre de 2007, la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de este cuerpo legislativo turnó la iniciativa señalada a la Comisión de Desarrollo Social, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

El objetivo de la iniciativa de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez es ``establecer de manera explícita en la Ley General de Desarrollo Social la importancia que tiene incluir como política nacional de desarrollo de social la promoción de la igualdad, la equidad de género, la no violencia y no discriminación, así como plantear que los programas encaminados a ella sean considerados prioritarios y de interés público, con el fin de que sean objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero sobre todo para que no sean eliminados ni sufran disminución en sus asignaciones presupuestales a través de los años''.

En la exposición de motivos, la diputada proponente señala: ``Para diversos organismos internacionales, la política social busca frenar o mitigar las consecuencias de los problemas económicos y sociales, superar la pobreza, disminuir la iniquidad y potenciar la cohesión social, procurando con ello alcanzar el goce de los derechos y niveles mínimos de acceso a bienes y servicios en distintos ámbitos: económicos y culturales''.

La diputada Conde Rodríguez subraya en la propuesta: ``La concepción del desarrollo social mexicano se ha construido a través de un mosaico de políticas públicas sociales que pretenden, en lo posible, reparar las desigualdades generadas por las distintas posesiones de bienes primarios, recursos y capacidades que existen en la población''. Para referirse a la situación presente del desarrollo social nacional, cita textualmente el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

Señala asimismo: ``El combate de la pobreza y los esfuerzos para un desarrollo sostenible y equitativo no solamente trastocan esfuerzos productivos y económicos, sino que implican avanzar en la dimensión de la equidad y la justicia social para los grupos específicos, que requieren plasmar su jerarquía en la distribución del gasto público, buscando combinaciones eficientes entre gasto de emergencia, vinculado a la compensación y el alivio de la pobreza extrema, y el gasto destinado a formar capacidades y libertad''.

De igual forma, dice que el Plan de Viena de 1993 subrayó que la pobreza, y en especial la extrema, inhibe y obstaculiza el pleno y efectivo goce de los derechos humanos. El concepto de pobreza se amplió para dejar de entenderse sólo como ``carencia de recursos económicos'' sino como una ``limitación de oportunidades de las personas que impide el desarrollo de sus capacidades y facultad''. La iniquidad económica resulta en México proporcional a la desigualdad en el ejercicio de los derechos. Es la discriminación de diversos grupos uno de los problemas más graves que se mantienen en el país, en violación de derechos humanos.

La promovente menciona que la reducción sostenible de la pobreza se logra mediante el incremento de las oportunidades de desarrollo humano para la población, independientemente de la región en que viven, el género a que pertenecen o el grupo étnico al cual se adscriben.

Considera que en la política de desarrollo social del país se debe hacer explícito en el mosaico de programas para el desarrollo social el de los destinados a promover la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no violencia y la no discriminación.

Considerandos

La Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, es el instrumento jurídico mediante el cual se garantiza a los ciudadanos el pleno ejercicio de los derechos sociales, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social, derechos que día tras día deben hacerse extensivos a una mayor proporción de la población mexicana, dando prioridad a quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad por sus condiciones geográficas, étnicas, económicas, físicas, culturales, religiosas o de credo, entre otras.

Entre los propósitos fundamentales de la Ley General de Desarrollo Social se encuentra hacer frente a los problemas de la desigualdad, pobreza y marginación; fenómenos sociales que laceran considerablemente a la sociedad y principalmente a los más débiles.

La Ley General de Desarrollo Social fue edificada y condensada atendiendo a los principios de libertad; justicia distributiva; solidaridad e integralidad; participación social; sustentabilidad; respeto de la diversidad, sea de género, origen étnico, edad, religión, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra; transparencia; y libre determinación de los pueblos indígenas y sus comunidades.

Entre los objetivos de la política nacional de desarrollo social se encuentra propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social.

El artículo 6o. de la Ley General de Desarrollo Social establece: ``Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos''.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , en la iniciativa de reformas de la Ley General de Desarrollo Social, propone modificar el artículo 6o. en el sentido de agregar como derechos para el desarrollo social, la equidad de género, la igualdad de oportunidades y la no violencia.

En cuanto a la equidad de género que refiere la diputada proponente, el artículo 1o. de la Ley General de Desarrollo Social establece el principio de generalidad, para que todos los mexicanos puedan acceder al desarrollo social:

La equidad de género constituye así uno de los principios rectores de la política social y es el reconocimiento de que tanto mujeres como hombres deben tener igualdad de oportunidades, lo cual implica que, además de tener los mismos derechos, se reconocen las diferencias y se toman en cuenta para que realmente todas las personas puedan ejercer los derechos plenamente.

Respecto a la igualdad de oportunidades, es precisamente este principio un objetivo ``de la política nacional de desarrollo social'', establecido actualmente en la Ley General de Desarrollo Social:

Como se observa, estas propuestas ya se establecen en la ley; hacer una distinción en donde no debe hacerse puede generar problemas de interpretación. Luego entonces, no es procedente hacer una modificación de esta naturaleza.

La violencia, entre otros factores, es también una consecuencia de los bajos niveles de educación y cultura de la sociedad. La falta de trabajo, de salud o de seguridad social afecta gravemente la conducta de los individuos y, en la medida en que estos factores vayan siendo atendidos con una acertada formulación y aplicación de políticas públicas, este fenómeno social decrecerá.

La violencia tiene de igual forma orígenes en otro tipo de situaciones endógenas a las personas, biológicas o psicológicas y que pueden ser, incluso, motivadas o consecuencia de las carencias descritas. Su incorporación al artículo 6o. de la Ley General de Desarrollo Social no corresponde a la naturaleza y al espíritu de éste.

Respecto a la adición de una fracción VI al artículo 14 de la Ley General Desarrollo Social, para ``fomentar medidas a favor de la equidad y la no discriminación'', hay actualmente varios ordenamientos, instrumentos y programas que tienen como finalidad llevar a cabo la acción que la diputada proponente planteó en la iniciativa; es innecesario entonces repetir funciones que se encuentran en otros ordenamientos.

Entre las acciones que el gobierno federal lleva a cabo al respecto figura la política nacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres, cuyo objetivo es establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, político, social y cultural que establece la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres son los instrumentos de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres para la realización de sus objetivos.

Ahora bien, el Instituto Nacional de las Mujeres es el órgano encargado de coordinar el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como la determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas públicas en materia de igualdad. Entre los objetivos del sistema nacional se encuentra precisamente, entre otros, promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de todo tipo de discriminación; coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de género; y promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres.

La aceptación de esta propuesta nos llevaría a generar duplicación de funciones en la materia y a provocar contradicciones legales del marco jurídico vigente.

Adicionar el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, como plantea la iniciativa en comento, con una fracción X, ``los programas dirigidos a promover la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no violencia y la no discriminación'', resulta evidentemente innecesario, toda vez que, como ha quedado explicado, de los programas a que hace referencia la iniciativa actualmente la instauración y ejecución se consideran en otros ordenamientos y son realizados por otras instituciones, ya señalados.

Respecto a la propuesta reforma del artículo 21 de la Ley General de Desarrollo Social, ésta es improcedente, pues esencialmente el contenido del artículo vigente se refiere a la distribución de los fondos de aportaciones federales y de los ramos generales relativos a los programas sociales los cuales, de acuerdo con el artículo 2o. de esta ley, están contenidos por bienes y servicios, que se hace con criterios de equidad y transparencia, y lo que la reforma plantea es adicionar una serie de acciones y principios que obedecen a un orden diferente.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 6, 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada el 6 de septiembre de 2007 por la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desechan tres iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y análisis la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V, del artículo 7o. de la Ley General de Educación, a efecto de estimular en los educandos los mecanismos de participación ciudadana.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39, 44 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

A. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del jueves 8 de marzo de 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa por la que se adiciona la fracción V, del artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia en la LX Legislatura, y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.

B. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo correspondiente y acordó iniciar la discusión de la iniciativa de referencia, incorporando al análisis las siguientes iniciativas, por coincidir con la temática propuesta:

II. Descripción de las iniciativas

Las iniciativas en comento tienen como objeto educar para la democracia. Para tal efecto, se propone incluir en la fracción V, del artículo 7o. de la Ley General de Educación que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares tenga como finalidad estimular los mecanismos de participación ciudadana y el conocimiento de la integración de los poderes, sistemas y órdenes de gobierno.

III. Consideraciones de la comisión

De acuerdo con el ex subsecretario técnico de la Organización de Estados Iberoamericanos Enrique Warleta Fernández ``los sistemas educativos no han tenido, ni tienen, ni deben tener falta de intencionalidad''. Y precisa que no hay por qué escandalizarse de que esto sea así. ``Sin embargo --afirma-- si consideramos el tipo de educación que se da en los regímenes dictatoriales o totalitarios, podríamos poner el grito en el cielo por la manipulación que desde el poder se hace, introduciendo en la conciencia de los ciudadanos y de los futuros ciudadanos ideas y valores que favorecen el completo sometimiento de éstos a los intereses de quienes gobiernan''. ¹

Educar para la democracia no es ni debe ser un asunto menor. Rafael Segovia en su obra publicada en 1975 La politización del niño mexicano, evidenció la falta de criterios democráticos en la enseñanza de los niños, pues las escuelas estaban organizadas para reproducir los valores y actitudes del entonces sistema político: ``El autoritarismo y la ineficacia son actitudes dominantes entre los niños mexicanos escolarizados'', afirma el autor. ²

De acuerdo con Gilberto Guevara Niebla, ``en esa época la educación ciudadana que se ofrecía en la escuela era ayuna de política y, en cambio, se fomentaban los valores como el patriotismo, el respeto por la ley y abnegación en el trabajo, dentro de un formato pedagógico conservador''. ³

El Instituto Federal Electoral, en un documento elaborado por la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana Estrategias de formación de niñas, niños y jóvenes para el ejercicio de su ciudadanía, señala que el sistema educativo fomentó durante mucho tiempo un concepto de ciudadanía que no coincide con lo que en la actualidad se concibe como tal. De acuerdo con el documento ``los libros oficiales de historia y civismo revelan la existencia de una concepción no política de la ciudadanía'', en donde el concepto de ciudadano se identificaba más con características étnicas y culturales relacionadas con los conceptos de ``mexicanidad'' e ``identidad nacional'' o ambas, sin hacer referencia a sus facultades políticas. ⁴

Por último, en el documento se advierte que: ``si queremos ciudadanos con una fuerte cultura cívica que aprecie la legalidad, convoque a la participación, faculte para la defensa de sus derechos, mejore su participación en los procesos electorales, necesariamente tenemos que transitar por caminos educativos para así contar con un piso mínimo compartido de competencias cívicas; el tránsito a la modernidad democrática y de cualquier índole, pasa necesariamente por la escuela, no hacerlo significaría indudablemente el empobrecimiento actual y futuro de la Democracia en nuestro país''. ⁵

Compartimos la opinión de los iniciantes en el sentido de que si queremos reforzar el régimen democrático de nuestro país es indispensable fomentar la participación ciudadana, pues como lo señala el diputado Alberto Esteva Salinas : ``La alternativa para fortalecer nuestro sistema representativo, es el de incrementar el papel de los ciudadanos en los problemas de gobierno y las acciones que se instrumenten para resolverlos...''.

De igual forma, coincidimos con la diputada Beatriz Collado Lara cuando dice que la cultura política es fundamental ``ya que es a partir del conocimiento de los valores, creencias, convicciones y conductas de los ciudadanos en una sociedad, que se puede comprender e incidir en la posibilidad de construir y garantizar la solidez y permanencia de un sistema democrático''.

No obstante, estimamos que el tema de la cultura democrática, incluida la participación ciudadana, la integración de los poderes, sistemas y órdenes de gobierno, así como el de los valores cívicos están previstos en nuestro ordenamiento legal, tanto en nuestra norma fundamental como la ley secundaria.

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que el criterio que orientará a la educación ``Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo''.

De acuerdo con la doctrina constitucional estamos ante una norma de carácter directivo que delimita claramente las pautas por las que deben actuar los poderes públicos del Estado.

El constituyente permanente quiso que se implantara en los planes y programas de estudio la enseñanza de la democracia en el amplio sentido de la palabra, concibiendo a la democracia no sólo como una estructura jurídica y como régimen político, sino también y de manera integral, como un sistema de vida.

De esta forma, la norma constitucional abre la posibilidad para que la autoridad educativa incluya en sus planes y programas de estudio todos aquellos temas que contribuyan al conocimiento y comprensión integral de la democracia.

En relación con este mandato constitucional, la Ley General de Educación dispone en la fracción V del artículo 7o. que ``La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes'':

...

A mayor abundamiento, la Ley General de Educación, en su artículo 8o. reproduce el texto constitucional sobre el criterio democrático de la educación.

Ahora bien, se debe considerar que el artículo 7o. de la Ley General de Educación hace referencia a los fines de la educación y no a los contenidos. La estimulación de mecanismos de participación ciudadana como lo son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, así como el conocimiento de la integración de los poderes, sistemas y órdenes de gobierno no pueden ser consideradas en sí mismas como un fin educativo, sino como uno de los múltiples contenidos de los planes y programas de estudio orientados a que la educación cumpla con sus fines: considerar a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida.

Por otro lado, existe un consenso en la doctrina sobre el amplio concepto de la democracia, el cual tiene su sustento básicamente en la participación del pueblo en la elección de sus gobernantes y en la toma de decisiones, así como en una división de poderes; ⁶ la misma raíz etimológica de la palabra nos refiere al poder del pueblo.

El término democracia, de acuerdo con Giovanni Sartori, desde siempre ha indicado una entidad política, una forma de Estado y de gobierno. Incluso, afirma que Bryce es quien mejor representa a la democracia como ethos , como un modo de vivir y convivir y, en consecuencia como una condición general de la sociedad. ⁷

Para Alain Touraine la democracia no existe sin el mecanismo institucional de la libre elección, a intervalos regulares, de los gobernantes. Y precisa que no hay poder popular que pueda llamarse democrático si no ha sido acordado y renovado por una libre elección, pero, aclara, que tampoco hay democracia si una parte importante de los gobernados no tiene derecho al voto. ⁸

En este sentido, resulta reiterativo incluir, por un lado, el conocimiento de la integración de los poderes, sistemas y órdenes de gobierno cuando la misma Constitución y la Ley General de Educación precisan que se debe entender a la democracia como una estructura jurídica y un régimen político y, por otro lado, puede ser limitativo el establecer ciertas formas específicas de participación ciudadana cuando la misma puede desarrollarse de muy diversas formas.

De igual manera, incluir una fracción al artículo 7o. de la Ley General de Educación para precisar que se fomente y promueva los valores cívicos y una cultura de la democracia resulta innecesario, toda vez que la Constitución precisa que la democracia se debe entender como una forma de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Como responsables de legislar, debemos ser muy cuidadosos en no convertir a la Ley General de Educación en un programa de contenidos, con tal grado de especificidad que vaya en contra de la generalidad y abstracción que caracteriza a las normas jurídicas. Se debe considerar que existe una gran cantidad de temas y materias igualmente importantes, que no pueden ser precisados ni detallados en la ley.

Por otro lado, en una revisión minuciosa de los planes y programas de estudio tanto de primaria como de secundaria, se observa la existencia de un gran contenido cívico y democrático en ellos, por lo que no se coincide con la afirmación de la iniciativa presentada por la LVII Legislatura del honorable Congreso de Jalisco, en el sentido de que dichos contenidos son mínimos o insuficientes.

En este sentido, y con el afán de no ser redundantes, los miembros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos consideramos que no son procedentes las propuestas de las presentes iniciativas, con relación a temas como el fomento a la participación ciudadana, a la cultura cívica y democrática y el conocimiento de los poderes y órdenes de gobierno, están ya contenidos dentro de la Ley General de Educación y en diversos planes y programas de estudio, en razón de que la Constitución misma ya los prevé de manera general.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos pone a consideración de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desechan las siguientes iniciativas:

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Enrique Warleta Fernández. Educación para la paz y la democracia . Financiación de la Educación. En Revista Iberoamericana de Educación.

Número 14. Mayo-Agosto 1997. http://www.rieoei.org/oeivirt/ rie14a06.htm

2 Segovia, Rafael. La politización del niño mexicano . México, El Colegio de México, 1997. p. 130.

3 ``Democracia y educación. Dos notas críticas''. Revista Mexicana de Investigación Educativa, abril-junio, año 11, número 029. Comie, México, 2006, p. 639.

4 Estrategias de formación de niñas, niños y jóvenes para el ejercicio de su ciudadanía . Instituto Federal Electoral; Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana, p. 4.

http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/Estrategia_ninas_ninos_jovenes_ejercicio_ciud.pdf.

5 Ídem. p. 5.

6 Duverger, Maurice. Instituciones Políticas y derecho constitucional . Barcelona, Ariel, 1996, pp. 112 y 113.

7 Sartori, Giovanni. ¿Qué es la democracia? México, Alfaguara, 2003, pp. 23 y 24.

8 ¿Qué es la democracia? México, FCE, 2000, p. 42.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para combatir la obesidad, presentada por el diputado Samuel Aguilar Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 12 de diciembre de 2006, el diputado Samuel Aguilar Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para combatir la obesidad.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

En sesión celebrada con fecha 22 de febrero de 2007, el diputado Samuel Aguilar Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura la solicitud de excitativa a fin de que la Comisión de Salud dictamine la iniciativa objeto del presente dictamen, la cual fue turnada con la misma fecha a esta comisión dictaminadora.

En sesión celebrada con fecha 24 de abril de 2008 se sometió ante el pleno de la honorable cámara de diputados el respectivo dictamen, que a solicitud del promovente y con la anuencia de la asamblea fue devuelto a esta comisión para un análisis más profundo.

II. Contenido

En su exposición de motivos, el diputado promovente manifiesta su preocupación por el incremento de enfermedades no transmisibles debido a la adopción de conductas no saludables, como el sedentarismo, la mala nutrición y el consumo de productos nocivos para la salud, como el alcohol y tabaco.

En relación con lo anterior, señala que datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2005-2006 indican que más de 9 por ciento de los adultos en México son diabéticos y que la mortalidad por esta causa crece a un ritmo anual de 3 por ciento.

Afirma que las claves en el combate de la diabetes son la prevención, el diagnóstico oportuno y el apego al tratamiento. Sin embargo, a pesar de tener bien identificados los factores de riesgo asociados a la diabetes, el padecimiento de esta enfermedad sigue creciendo y las cifras de diagnóstico oportuno no han mejorado.

Asimismo, señala que la obesidad se asocia a varias de las principales causas de muerte en el país, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, y el cáncer de mama, entre otras.

Debido a lo anterior, asevera que, considerando el alto costo que representa para el sistema de salud la atención de los problemas derivados de la obesidad, así como de la diabetes y las enfermedades cardiacas, y del consumo de alcohol, como las lesiones, es urgente intensificar las acciones destinadas a reducir estos factores de riesgo en la población mexicana.

Debido a lo anterior, propone reformar los artículos 3, 17, 215, 218, 301, 307 y 308 Bis de la Ley General de Salud, así como adicionar los artículos 166 Bis 1, 166 Bis 2, 216 Bis, 309 Ter, 312 Bis y 312 Ter del mismo ordenamiento con la finalidad de combatir el incremento de la obesidad.

III. Consideraciones

Comprendiendo la preocupación del promovente por el problema de salud pública en que se hay convertido la obesidad en nuestro país, y las enfermedades a que a su vez da origen, los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora hemos realizado un análisis a fondo de la propuesta.

La iniciativa, a pesar de tener un motivo con el cual coincidimos, contiene muchas deficiencias, que señalaremos a continuación.

En primer término, la propuesta del diputado Samuel Aguilar Solís pretende adicionar una fracción XXXIII Bis al artículo 3o. de la ley, para considerar como materia de salubridad general un programa contra el sobrepeso y la obesidad.

Lo anterior es a todas luces innecesario, ya que el texto de la ley vigente señala, en la fracción XIV del mismo artículo 3o., que se considera materia de salubridad general la orientación y vigilancia en materia de nutrición; del mismo modo se infiere que las demás enfermedades quedan comprendidas en lo establecido en la fracción XVIII del mismo artículo, referente a la prevención y control de enfermedades no transmisibles.

Por lo que se refiere a la adición de una fracción I Bis al artículo 17, en la que se pretende atribuir al Consejo de Salubridad General la facultad de ``dictar medidas contra el sobrepeso y la obesidad, así como prevenir el consumo de productos que no proporcionan al organismo elementos para su nutrición'', se demuestra que por muy buenas intenciones que tenga la iniciativa, carece de elementos científicos para su redacción, ya que incurre en una redacción sumamente vaga y carente de información respecto al problema de la obesidad, debido a que éste es un fenómeno multifactorial que no sólo depende de la cantidad y calidad de los alimentos que se consumen; en la obesidad influyen factores genéticos, fisiológicos, metabólicos, celulares moleculares, sociales e incluso culturales.

La obesidad no sólo depende de los alimentos que se consumen sino de cómo y cuanta energía se gasta, por lo cual consideramos improcedente pretender que el Consejo de Salubridad General se convierta en el responsable de la cantidad y calidad de los alimentos que consume cada mexicano.

Por otra parte, dicha adición va en contra de lo que establece el artículo 115 de la ley vigente, en el que se señala que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad; normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud; normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas; recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo; y otras acciones en materia de nutrición; debido a lo cual consideramos completamente innecesaria la adición propuesta.

En relación con la propuesta de adición de un artículo 166 Bis, en el que se señala la obligatoriedad de la coordinación entre las secretarías de Salud de los estados y el Consejo de Salubridad General, resulta del todo innecesaria, ya que el artículo 114 de la ley vigente, en su párrafo segundo señala que ``la Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales, cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado''. Debido a lo anterior, consideramos improcedente la adición referida.

En lo referente a la adición de un artículo 166 Bis 1, es innecesaria, toda vez que el artículo 115 de la ley vigente establece en la fracción V que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población, por lo que la propuesta resulta redundante y, por tanto, innecesaria.

Respecto a la propuesta de adición de un artículo 166 Bis 2, en el que una vez más se señala la obligatoriedad de la Secretaría de Salud federal para celebrar acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas para coordinar acciones contra el sobrepeso y la obesidad, es evidente --como hemos mencionado-- que la materia está debidamente regulada en el texto vigente de la ley, como establece el artículo 13, en la fracción I del apartado B, que señala que en materia de orientación y vigilancia de la nutrición, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios respectivos, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Por otra parte, los citados artículos 114 y 115 también señalan aspectos y condiciones para la coordinación entre autoridades federales y estatales, por lo cual la propuesta resulta improcedente.

Respecto a la propuesta de adicionar una fracción VI al artículo 215, en la que se incluye una definición de ``alimentos de calidad nutricional inadecuada: son los alimentos que por su consumo no proporcionan al organismo elementos para su nutrición, de conformidad con la relación que para tal efecto establezca y difunda la Secretaría de Salud, garantizando que el consumo de esos productos no provoque sobrepeso u obesidad''.

La definición propuesta en la iniciativa difiere de la definición que establece el artículo 215 en la fracción I:

Derivado de lo anterior, se infiere que no podría considerarse alimento algún producto que no proporcione los elementos mencionados.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que la redacción propuesta incurre en vaguedad y en una evidente falta de técnica legislativa, al señalar que se debe garantizar que el consumo de los productos señalados no provoque sobrepeso u obesidad, lo cual es un absurdo, ya que sabemos que lo que provoca la obesidad no sólo es la calidad sino la cantidad de alimentos que se consumen, aunado a una serie de factores que hemos mencionado con anterioridad. Debido a todo esto consideramos improcedente la propuesta.

Por lo que se refiere a la propuesta de adición de un artículo 216 Bis en el que se reiteran los supuestos señalados en la propuesta de modificación del artículo 215, atribuyendo a la Secretaría de Salud la facultad de decidir que alimentos tienen una ``calidad nutricional inadecuada''. Lo anterior es imposible de realizarse, debido a lo absurdo e incorrecto de la definición que se pretende incorporar a la ley y de la cual ya hemos hablado.

El artículo en comento también pretende incluir en los envases y empaques de los llamados ``alimentos de calidad nutricional inadecuada'' tres leyendas:

La evidencia científica ha demostrado que el consumo inmoderado de cualquier producto, ya sea natural o procesado, puede ser nocivo para la salud; basados en dicho argumento la leyenda se debería incluir en todos los alimentos, acción que resulta, por decir lo menos, absurda.

El texto propuesto se contradice con la propia iniciativa, ya que la misma hace mención en el artículo 215 que la Secretaría de Salud se asegurará de que los productos de ``calidad nutricional inadecuada'' no provoquen sobrepeso u obesidad, lo que quiere decir que si la Secretaría de Salud ya se ha asegurado de ello, la inclusión de la leyenda es innecesaria, dando una vez muestra de las imprecisiones y contradicciones que contiene toda la iniciativa. Por otra parte, y como hemos referido, no existen alimentos que por sí mismos ocasionen sobrepeso u obesidad.

Nuevamente, la propuesta demuestra los errores técnicos a que nos hemos referido con anterioridad y que son evidentes a lo largo de la misma, sobre todo por lo que respecta al concepto de ``alimentos de calidad nutricional inadecuada'' y la equivocada percepción de señalar un alimento en específico como causa directa de la obesidad.

Asimismo, el referido artículo 216 Bis pretende regular características de tamaño y ubicación de las mencionadas leyendas, situación poco pertinente, ya que lo anterior es materia reglamentaria y no propiamente legislativa.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios establece lo siguiente:

En este orden de ideas, el artículo 163 del citado ordenamiento señala que ``las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición deberán incluir la información y las leyendas precautorias que se establezcan en las normas correspondientes''.

Es importante señalar que las disposiciones consideradas en materia de etiquetado en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios están elaboradas de acuerdo con las establecidas internacionalmente.

Respecto a la propuesta de reforma del artículo 218, en la que se pretende establecer leyendas precautorias adicionales a las que ya prevé el texto vigente, eliminando además la facultad de la Secretaría de Salud para llevar a cabo acuerdos encaminados a incorporar otras leyendas, así como las disposiciones para su aplicación, se considera inadecuada por lo expuesto con anterioridad.

En la propuesta se busca adicionar el artículo 308 Bis, mediante el cual se homologan las disposiciones en materia de publicidad de bebidas alcohólicas y las del tabaco. Lo anterior se considera improcedente, toda vez que la propia ley ya establece disposiciones específicas para las bebidas alcohólicas.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que tanto la propuesta de adición del artículo 308 Bis como del 309 Ter carecen de redacción adecuada, en términos de técnica legislativa, lo cual mezclando disposiciones reglamentarias en el texto de la ley.

Referente a la propuesta de adición de un artículo 312 Bis, en el que se pretende imponer requerimientos equiparables a los que se aplican para el tabaco y las bebidas alcohólicas a los llamados ``alimentos de calidad nutricional inadecuada'', la adición es improcedente toda vez que, como lo hemos referido con anterioridad, no existen alimentos que por sí mismos originen obesidad, menos aún los que por su simple consumo representen un riesgo comparable al del tabaco o el alcohol.

Además, el artículo 307 de la ley vigente regula suficientemente la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas; a la letra dice:

Derivado de lo anterior, se infiere que la propuesta es innecesaria, igual que la propuesta de adición de un artículo 312 Ter, que adolece de las mismas deficiencias que hemos referido con antelación.

A pesar de que comprendemos la preocupación del promovente por el incremento de la obesidad en nuestro país, consideramos que no es mediante reformas vagas, imprecisas y contradictorias como se puede combatir un problema multifactorial como es el que nos ocupa, ni tampoco es responsabilizando al Estado de las conductas alimentarias de los particulares la forma en la que podremos detener esta problemática.

Aunado a lo anterior es necesario señalar que, entre las principales causas de las enfermedades no trasmisibles están el mayor consumo de alimentos hipercalóricos (con alto contenido de grasas y azúcares) y la menor actividad física.

La dieta tradicional del pueblo mexicano ha sido incrementada negativamente por otras con una mayor densidad energética, lo que significa más grasa, principalmente de origen animal, y más azúcar añadido en los alimentos, unido a una disminución de la ingesta de carbohidratos complejos y de fibra.

Estos cambios alimentarios se combinan con cambios de conductas que suponen una reducción de la actividad física en el trabajo y durante el tiempo de ocio, incluyendo el hábito de comer como una actividad de ``diversión''

Los factores ambientales o del entorno juegan un papel primordial en el desarrollo de esta epidemia mundial de obesidad, creando el llamado ``ambiente obesogénico'', caracterizado por la abundancia de alimentos y el sedentarismo.

El conocimiento profundo de las causas mencionadas en este dictamen y de sus múltiples y complejas interrelaciones resulta esencial para cambiar los hábitos de la población y modificar los determinantes de la obesidad.

Una combinación de actividad física regular, variedad de alimentos en la dieta e interacción social amplia constituye, probablemente, el abordaje más propicio para hacer frente al problema al que nos enfrentamos, y es con esta visión, que privilegia la información y la educación en materia de nutrición con la que la Comisión de Salud ha decidido afrontar el problema de la obesidad, buscando una propuesta viable y efectiva para combatir esta epidemia que genera una enorme carga al sistema nacional de salud.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que nos otorgan el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud para combatir la obesidad, presentada por el diputado Samuel Aguilar Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 12 de diciembre de 2006.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que adiciona un segundo párrafo al artículo 25 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados fue turnada, para su estudio y posterior dictamen, la minuta que contiene punto de acuerdo con el que se devuelve la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 25 de la Ley General de Salud.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. Antecedentes

El 1 de diciembre de 2005 la diputada María Cristina Díaz Salazar, integrante del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa por la que se adiciona una fracción I al artículo 25 de la Ley General de Salud, siendo turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

En la sesión plenaria de la Cámara de Diputados del 19 de abril del 2006 la Comisión de Salud presentó el dictamen correspondiente, el cual fue aprobado por y turnado a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso a) del artículo 72 Constitucional.

En sesión celebrada con fecha 11 de diciembre de 2007 la honorable Cámara de Senadores aprobó el dictamen que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la minuta en comento y se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos previstos en el artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En sesión celebrada con fecha 1 de febrero de 2008, la Mesa Directiva dio cuenta del oficio por el que la Cámara de Senadores devuelve el expediente completo de la minuta en estudio.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la minuta a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

II. Contenido

La propuesta de la diputada Díaz Salazar pretendía que al artículo 25 de la Ley General de Salud se le añadiera una fracción I para incorporar de manera paulatina la geriatría en los servicios de salud tanto públicos como privados, obedeciendo a la preocupación de una inminente e irreversible tendencia de lo que se ha llamado ``envejecimiento de la población en México'', es decir, el mayor peso porcentual que van teniendo los adultos mayores en la pirámide poblacional.

Pese a que la Comisión de Salud y la LIX Legislatura en su conjunto observaron viable la inclusión, al turnarse al Senado la colegisladora consideró inviable la propuesta, debido a imprecisiones jurídicas como referirse a una ``incorporación paulatina '' de los mencionados servicios; además de que el fondo de la iniciativa ya se encuentra considerado dentro de los artículos 77 Bis 1 y 77 Bis 9.

Asimismo, la colegisladora consideró que, al ser incorporados dichos servicios en las instituciones públicas de salud, se debió incluir en la iniciativa un estudio de impacto o modificaciones presupuestarias, de la cual se adolece, y finalmente expuso, para su desecho, el argumento de que dentro de un apartado de disposiciones comunes se particularizaba una atención en específico, lo que iría contrario sensu a la naturaleza general de la ley que se pretende reformar.

III. Consideraciones

La ley que se pretende reformar es consecuencia de una serie de reformas iniciadas en 1983, que han buscado garantizar el derecho a la protección de la salud, dentro de las cuales se encuentra la adición de tal derecho en el artículo 4o. constitucional.

En su exposición de motivos, el ejecutivo entonces promovente establecía para dicha reforma hacer ``factible que en el mediano plazo todos los mexicanos tengan acceso a servicios institucionales que contribuyan a la protección, restauración y mejoramiento de sus niveles de salud''.

Por ello se estableció la creación de un Sistema Nacional de Salud, que la ley plantea de la siguiente manera:

Sin embargo, dada la experiencia obtenida, la intención original contenida en el citado artículo debió profundizarse, para crear, según el decreto publicado en Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, el sistema de Protección Social en Salud, definido en la ley vigente como:

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Como puede observarse, existen dos preceptos en la misma ley que dan cabida a la iniciativa en estudio, si bien, las reformas recientes no tienen la generalidad del ya establecido Sistema Nacional de Salud, también es cierto que establecen una obligatoriedad por parte del estado para, en este caso, ofrecer la atención geriátrica.

En el Sistema Nacional de Salud, el artículo 23 plantea como servicios de salud las ``acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad''. En tanto, en el sistema de protección social se establece como un mecanismo ``por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad'' de dichos servicios y es ahí donde incluye la geriatría.

De la lectura evolutiva de la ley que se reforma, esta dictaminadora entiende que al haber mayor obligatoriedad en la última reforma planteada, el sentir de la diputada promovente está mejor plasmado; por lo que, concordantes con la minuta del Senado, creemos ya considerado el derecho a la atención geriátrica y, lo que es más, la obligatoriedad de la autoridad para la prestación de dicho servicio.

Derivado de lo expuesto, esta Comisión de Salud considera correcta la percepción de la colegisladora respecto a la minuta en estudio por lo que coincide con el sentido de la minuta devuelta.

Por lo anteriormente expuesto y para efecto de lo dispuesto por el artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud de la LX Legislatura, pone a consideración de la asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta proyecto de decreto, devuelta por el Senado de la República, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 25 de la Ley General de Salud.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 73 Bis de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LIX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados le fue turnado, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 Bis de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido del Verde Ecologista de México, el 16 de marzo de 2006.

Mediante la presente iniciativa, el diputado, al adicionar la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD), propone dar mayores oportunidades a los deportistas nacidos en México para desempeñarse en las ligas deportivas de nuestro país, regulando el número de jugadores extranjeros que pueden participar en el deporte mexicano.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de la iniciativa de referencia, llevando a cabo para tal efecto diversas reuniones de trabajo con los integrantes del pleno de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta bajo las siguientes:

Consideraciones

De la exposición de motivos se aprecia una intención muy loable del legislador y de carácter nacionalista. Sin embrago, esta iniciativa no garantiza que, al darle mayores oportunidades a más mexicanos, el deporte mexicano crecerá en cuanto al nivel de competición, pues lo importante en este sentido creemos que debe ser el plan de trabajo que cada club deportivo, asociaciones civiles o federaciones formulen y que este se cumpla.

No obstante la intención del legislador, la LGCFD tiene por objeto establecer las bases generales de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y su finalidad es la de fomentar, promover e incentivar la práctica del deporte y la cultura física (incluyendo al fútbol, baloncesto y béisbol), así como garantizar la igualdad de los mexicanos en las oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en esta materia se implementen. En este sentido, no debe perderse de vista la naturaleza de la ley que se pretende adicionar, toda vez que se trata de una ley general cuyas características son la generalidad, obligatoriedad e impersonalidad, esto es, sus lineamientos son generales respecto a la materia a regular, así como de los sujetos y órganos encargados de aplicarla. Al respecto la doctrina establece que una ley general distribuye competencias entre la federación, estados y municipios sobre materia determinada, o bien, dispone las bases generales de concurrencia sobre una materia que pueden ser desarrolladas en el ámbito de aplicación de cada entidad y complementadas por las legislaciones estatales.

En consecuencia, se desprende que la adición del artículo 73 Bis de la LGCFD es inadecuada, toda vez que al ver las características de esta ley general, resulta indebido adicionar o establecer en ella disposiciones de un deporte en específico como lo es el futbol, baloncesto, beisbol o cualquier otro deporte, ya que el objetivo y finalidad de esta ley no es la de regular deportes en particular, en virtud de que estos se rigen de acuerdo a normas tanto internacionales como a través de estatutos y reglamentos internos de las asociaciones deportivas nacionales a las que pertenecen. Es decir, la adición de referencia discrepa con las características de generalidad, obligatoriedad e impersonalidad que la LGCFD señala, por lo que en el indebido caso de ser aprobada la adición del artículo 73 Bis, se alteraría el carácter general de la ley, en virtud de que se cambiaría su principal objetivo, así como su finalidad al considerarse deportes específicos.

Es oportuno señalar que aunque el artículo 73 Bis de la LGCFD regula lo relacionado al deporte profesional, lo hace de manera general y no particulariza a deporte alguno. En este sentido, no debe regular las actividades de una asociación civil, como lo es la Federación Mexicana de Futbol, Federación Mexicana de Beisbol o la federación de que se trate, toda vez que este tipo de asociaciones se rigen por estatutos y reglamentos propios, y las sanciones por infracciones a éstos, son aplicadas en el ámbito de la justicia deportiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135, fracción I, de la LGCFD.

Por otro lado, el párrafo primero del artículo 73 Bis, que se pretende adicionar, prevé que en los torneos organizados o auspiciaos por las federaciones y asociaciones deportivas, que cuenten con reconocimiento oficial, los equipos o clubes que participen en la máxima categoría o circuito de liga profesional que se celebren dentro del territorio mexicano, cada equipo deberá alinear a un mínimo de 72 por ciento de los jugadores mexicanos; y en el párrafo segundo, se establece que para el caso de una categoría o circuito inferior, en el desarrollo de todos sus juegos habrá de participar por lo menos el 80 por ciento de jugadores mexicanos, mientras que en el párrafo tercero se prohíbe la participación de jugadores que no sean mexicanos, sin hacer referencia a los mexicanos por naturalización, quienes constitucionalmente tienen la nacionalidad mexicana, con los mismos derechos y prerrogativas de los nacidos en territorio nacional, toda vez que de la sola lectura del artículo 30 constitucional, se desprende que también son mexicanos aquellos que adquieran la nacionalidad por naturalización.

Es importante mencionar que el artículo 52 de la LGCFD reconoce a las asociaciones deportivas nacionales, su actividad propia de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación de las especialidades que corresponden a cada una de sus disciplinas deportivas. Por su parte, el artículo 53 de dicho ordenamiento, reconoce a las asociaciones deportivas mexicanas (federaciones deportivas mexicanas) como la máxima instancia técnica de su disciplina, por lo que no es posible reglamentar en el cuerpo de una ley, las actividades propias de estas asociaciones civiles, toda vez que se rigen por estatutos y reglamentos propios.

Adicionalmente, se considera relevante resaltar que existen legislaciones locales, como lo es la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal que estableció expresamente que el número de jugadores extranjeros, a participar en los espectáculos deportivos, será determinado por el reglamento de cada asociación deportiva.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión de Juventud y Deporte somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 Bis de la Ley General de Cultura Física y Deporte presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido del Verde Ecologista de México, el 16 de marzo de 2006.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que adiciona una fracción XVII al artículo 3, pasando la actual fracción XVII a ser XVIII, recorriéndose las siguientes, de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que adiciona una fracción XVII al artículo 3o., pasando la fracción XVII a ser XVIII, recorriéndose las siguientes de la Ley General de Salud.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 18 de marzo de 2003, la diputada federal Esperanza Santillán Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LVIII Legislatura, presentó el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 3o., recorriéndose las actuales XVII y siguientes, de la Ley General de Salud. Que fue turnado por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

2. Con fecha de 29 de abril de 2004, la Comisión de Salud presentó al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen correspondiente, siendo aprobado por 400 votos a favor y 4 abstenciones.

3. Una vez aprobado el mencionado dictamen, con esa misma fecha, se turnó al Senado de la República, cuya Mesa Directiva determinó el turno de la minuta de referencia a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social, y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondiente.

4. Con fecha 18 de septiembre de 2007, previas las reformas a la Ley Orgánica del Congreso que modificó las comisiones ordinarias del Senado, sólo las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen correspondiente que desechó la minuta con proyecto de decreto. Por ello, con esta misma fecha, la Mesa Directiva de la colegisladora devolvió a esta Cámara, para los efectos constitucionales correspondientes, el expediente completo.

5. Con fecha 25 de septiembre de 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Salud la minuta devuelta y en comento para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. No obstante, por una involuntaria omisión administrativa, la comisión dictaminadora a esta fecha presenta el siguiente dictamen.

II. Contenido de la minuta

Las Comisiones Unidas del Senado coinciden con la diputada proponente en cuanto a la trascendencia y grave problema de salud que representa el cáncer de mama en nuestro país. Y avala y reitera, por tanto, las estadísticas nacionales e internacionales que la diputada esgrime.

No obstante señalan textualmente que:

A pesar de que esta tendencia ascendente que estamos presentando en estas últimas décadas y que se debe a una diversidad de factores, la situación de considerar el cáncer de mama para hacer una modificación a la Ley General de Salud la vemos improcedente ya que la prevención y tratamiento se encuentran previstos en la fracción XVIII del artículo 3o. de la misma ley, que habla de la prevención y control de enfermedades no transmisibles.

Por otra parte, la minuta carece de técnica legislativa en virtud de que el artículo 3o. enumera, como materia de salubridad general, objetivos genéricos y no particulariza sobre alguna enfermedad en especial como es el cáncer de mama. De aceptarse la propuesta tendrían que mencionarse todas las enfermedades que provocan un alto índice de mortalidad como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o el mismo cáncer en sus múltiples facetas, como el cérvico-uterino que es el que presenta la tasa de mortalidad más alta.

Por ello, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos del Senado consideran necesario desechar la minuta con proyecto de decreto que había sido aprobada por la honorable Cámara de Diputados.

III. Consideraciones

Tal como lo reportan los informes para la rendición de cuentas de la Secretaría de Salud en los últimos años:

En este mismo orden de ideas, la secretaría refiere a Baja California Sur con 30.5, a Jalisco con 26.3 y al Distrito Federal con 24.9 defunciones por cada cien mil mujeres de 25 años y más, éstas fueron las entidades con las tasas más elevadas en 2006. En contraste, Chiapas con una tasa de 10 defunciones, Yucatán con 10.5 y Oaxaca con 10.8 muertes, son las entidades con la menor mortalidad por esta causa en el país.

Asimismo señala que el Seguro Social registró la tasa de mortalidad por cáncer de mama más alta, seguido por los servicios médicos de Petróleos Mexicanos con tasas de 23 y 22.3 muertes por cada cien mil mujeres de 25 y más años. Por el contrario, la Secretaría de Salud presentó la tasa más baja con 14.1, mientras que la tasa del ISSSTE presentó 14.6 defunciones por esta causa.

Por todo lo anterior, evidentemente, este padecimiento es de los más relevantes y perturbadores en la salud de los mexicanos y especialmente importante en la transición epidemiológica de nuestra sociedad, que está íntimamente asociada al envejecimiento de la población y al reciente desarrollo de riesgos como consecuencia de estilos de vida poco saludables, dentro de los que destacan la mala nutrición, la falta de actividad física, el tabaquismo, el excesivo consumo de alcohol, el uso de drogas, la falta de seguridad vial y las prácticas sexuales de alto riesgo.

Por ello, para poder enfrentar de manera exitosa esta transición y en especial al cáncer de mama, es necesario, como lo señala el anteproyecto del Programa Nacional de Salud 2007-2012, diseñar estrategias novedosas de promoción de la salud y prevención y control de riesgos y enfermedades. El objetivo central de estas estrategias es generar una cultura de vida saludable que fortalezca los llamados determinantes positivos de las condiciones de salud. Al mismo tiempo es indispensable adaptar los servicios curativos de todos los niveles a las nuevas demandas de atención. Estos servicios deberán tener un alto nivel de calidad, garantizar la seguridad de los pacientes, responder a las expectativas de los usuarios y prestarse con eficiencia.

Para cumplir con estas tareas es necesario movilizar mayores recursos financieros para la salud, de preferencia recursos públicos, modernizar y ampliar la infraestructura sanitaria y capacitar a los recursos humanos para atender las demandas relacionadas con los padecimientos crónico-degenerativos y las lesiones que afectan sobre todo a la población adulta y en edad productiva.

Así pues --como lo refiere la normatividad vigente NOM-041 SSA2-2002, ``Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama''--, es fundamental, en este caso específico y de manera general para todas las enfermedades, la educación para la salud, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite mediante el intercambio y análisis de la información desarrollar habilidades y cambiar actitudes, con el propósito de inducir comportamientos para cuidar la salud, individual, familiar y colectiva.

Asimismo, la participación social y la promoción de la salud que permitan involucrar a la población, a las autoridades locales, a las instituciones públicas y a los sectores social y privados en la planeación de los programas y acciones de salud con el propósito de lograr un mayor impacto y fortalecer el sistema nacional de salud, de igual forma para fortalecer los conocimientos, aptitudes y actitudes de las personas para participar corresponsablemente en el cuidado de la salud y para optar por estilos de vida saludables, facilitando el logro y conservación de un adecuado estado de salud individual, familiar y colectivo, mediante actividades de participación social, comunicación educativa y educación para la salud.

De manera muy especial, lo anterior, para contribuir a la disminución de la morbilidad y de la mortalidad por el cáncer de mama, así como de las actividades de detección temprana para la identificación, diagnóstico, tratamiento y control oportuno del cáncer de mama.

Las actividades de detección del cáncer de mama incluyen tres tipos de intervención específica, que van dirigidos a la población femenina de acuerdo con su grupo de edad y su vulnerabilidad e incluyen autoexploración, examen clínico y mastografía.

Mediante la promoción de la salud, y a través de la consejería de las instituciones del sistema nacional de salud, se debe proporcionar información, orientación y asesoría al usuario o la usuaria y sus familiares, a fin de aclarar las dudas que pudieran tener en cuanto a los siguientes aspectos: anatomía y fisiología de la glándula mamaria; factores de riesgo del cáncer mamario; manifestaciones clínicas; exploración clínica y autoexploración de las mamas; detección, referencia de casos del primero al segundo nivel de atención médica; detección, diagnóstico y referencia de casos del segundo al tercer nivel de atención médica; diagnóstico, tratamiento, control y, en su caso, contrarreferencia del tercero al segundo nivel y de éste al primero; características y riegos del tratamiento; probables secuelas y rehabilitación.

Así pues, esta comisión dictaminadora por ningún motivo soslaya la trascendencia de este terrible padecimiento y por tanto la valiosa propuesta y noble intención de la diputada proponente, pero coincide con la colegisladora en el sentido de que la modificación a la Ley General de Salud (norma jurídica positiva general, abstracta y obligatoria) que propone es improcedente, ya que el artículo 3o., en su actual fracción XVIII, prevé puntualmente la prevención y el control de enfermedades no trasmisibles y accidentes.

Asimismo, la propuesta particular y específica contraviene los objetivos genéricos de la salubridad general, pues no es posible, como propone la reforma, particularizar sobre alguna enfermedad en especial, como es el caso de cáncer de mama; ya que de aceptarse la propuesta se violentaría el principio general de la ley.

Por ello, los integrantes de la comisión dictaminadora esgrimimos en nuestras consideraciones que para ésta y todas las enfermedades que afectan a la comunidad nacional el factor determinante es la cultura de la promoción y prevención de la salud, y que al respecto en la actualidad existe la normatividad suficiente y categórica para, una vez aplicada y cumplida cabalmente, satisfacer este fundamental aspecto que incluye atender al cáncer de mama.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de esta comisión, con fundamento en las atribuciones otorgadas en el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 45, numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 3o., pasando la actual fracción XVII a ser XVIII, recorriéndose las siguientes de la Ley General de Salud, devuelta por el Senado de la República.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se van a votar en conjunto.

Consulte la Secretaría la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Vamos a leer las iniciativas de sólo turno. Si hay alguien que quiera turnar su iniciativa a la comisión de manera directa, con mucho gusto cuando termine de leer éstas podría- mos hacerlo.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió de la diputada María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil , a nombre de los integrantes de la Comisión de Cultura de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 8, fracción II, 9 fracción I, 17, 33, fracción III, 35, 53 y 54, y se adicionan un segundo párrafo al artículo 16, un segundo párrafo al artículo 36, y un segundo y tercer párrafos al artículo 57 de la Ley General de Asentamientos Humanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

A fines del siglo XX y principios del XXI, la protección y preservación del patrimonio cultural mexicano enfrenta nuevos retos. Éstos se presentan especialmente en zonas urbanas y en corredores turísticos en gran expansión.

Es necesario partir de dos premisas básicas:

La expansión inmobiliaria o turística ha pretendido extenderse a zonas arqueológicas, poniendo en serio peligro no solamente los entornos culturales sino la misma protección y preservación de las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Una de las principales causas del problema radica en el hecho de que las leyes de desarrollo urbano y los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás derivados de éstos, que son competencia legislativa de las entidades federativas y de los municipios, no han establecido en su normatividad lo que la propia Ley General de Asentamientos Humanos preceptuó desde su inicio: la protección y preservación del patrimonio cultural.

En efecto desde que fue promulgada, la Ley General de Asentamientos Humanos previno, en varias de sus disposiciones, la protección del patrimonio cultural; así, en su artículo 2o., la ley ordena que por conservación debe entenderse la acción tendiente a mantener el equilibrio ecológico, preservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo sus valores históricos y culturales.

El artículo 3o. de este ordenamiento legal resulta igualmente categórico: el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población, mediante, entre otros, la preservación del patrimonio cultural de los centros de población; e incluso en su artículo 5o. se considera de utilidad pública, la protección del patrimonio cultural de los centros de población.

De vital importancia resulta, por tanto, que las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal, tal y como lo ordena el artículo 8o. de la ley, al formular, aprobar y administrar el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, deben de reconocer las zonas y monumentos culturales sujetos a protección y sus entornos culturales. Con ello se daría cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8o. de la Ley General de Asentamientos Humanos que dispone que, entre otras atribuciones, le corresponde a las entidades federativas y al Gobierno del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, la participación conforme a la legislación federal y local, en la constitución y administración de reservas territoriales, en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como en la protección del patrimonio cultural y del equilibrio ecológico de los centros de población.

Más aún, los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, al formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, deben de la misma manera reconocer las zonas y monumentos culturales sujetos a protección, así como sus entornos culturales.

La ley ordena, en su artículo 33, que respecto a la ejecución de acciones de conservación y mejoramiento de los centros de población, la legislación estatal de desarrollo urbano debe desarrollar las disposiciones que tiendan, entre otros aspectos, a la preservación del patrimonio cultural y de la imagen urbana de los centros de población.

Resulta pues imprescindible que las entidades federativas y los municipios incorporen en su legislación y normativa interna, en el ámbito de su competencia, lo que resulta ya un mandato muy claro de la ley. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos desarrolla las nociones culturales básicas que componen el patrimonio cultural mexicano; de especial relevancia son las declaratorias que se mencionan en sus artículos, en los que, adicionalmente a lo preceptuado por la ley, se prevé la delimitación de las zonas culturalmente protegidas y la determinación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, sujetos a protección. Para reiterar algo evidente: el patrimonio cultural le pertenece al Estado mexicano y constituye uno de los elementos de cohesión más importantes de la nación mexicana.

Las reformas obedecen fundamentalmente a este planteamiento: hacer viable en estos nuevos fenómenos urbanos y turísticos la preservación y protección del patrimonio cultural que pertenece a todos los mexicanos.

Las reformas que se proponen en relación con las de los artículos 8o., fracción II, y 9o., fracción I, tienen como objetivo que, a medida que se vayan formulando, aprobando y administrando los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, se incorporen de igual manera tanto las disposiciones contenidas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas, Arqueológicos, Artísticos e Históricos junto con las actuales declaratorias de zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, como las sucesivas declaratorias que se emitan, en función de nuevos descubrimientos o valoraciones que hagan las dependencias y entidades competentes.

La reforma al enunciado del artículo 16 resulta indispensable, ya que se trata de darle voz a las entidades o dependencias culturales de las entidades federativas en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de desarrollo urbano. No debe soslayarse que, en su legislación interna, cada entidad federativa provee de una legislación cultural que debe estar articulada sustantivamente con el desarrollo urbano.

Una de las reformas de mayor relevancia es el artículo 17, que hace referencia a los efectos plenos que se le confieren a las declaratorias de zonas, sitios y de monumentos arqueológicos y de monumentos artísticos e históricos, en los términos de la legislación de la materia, independientemente de su inscripción en los registros públicos correspondientes. Sin embargo, y en pleno conocimiento de su importancia, concomitantemente se hace obligatorio que las declaratorias sean inscritas en los registros públicos de la propiedad federal, local y agrario para que los terceros adquirentes de buena fe tengan a su disposición la información legal necesaria que les permita actuar con la certidumbre que sus operaciones requieren. Para ello, las entidades federativas, los municipios y el Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones, deberán solicitar la asesoría al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en el ámbito de sus respectivas competencias. Esto, sin discusión, les proveerá del conocimiento indispensable y la información necesaria en la consecución de este propósito.

La reforma que se propone en el artículo 35, in fine, de la ley es de una gran relevancia. La zonificación, de competencia municipal o del Gobierno del Distrito Federal y de sus delegaciones, ha resultado capital en lo referente al desarrollo urbano, como un elemento que le da certeza en su inversión al desarrollador inmobiliario. Por ello, resulta imprescindible que los municipios y el Distrito Federal reconozcan en la zonificación, las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, y sus entornos culturales, sujetos a protección cultural.

En el mismo tenor, debe considerarse que la reforma que se propone al artículo 36 de la Ley General de Asentamientos Humanos tiene por objeto hacer explícito que se sustrae del ámbito material de validez de este precepto, las zonas y monumentos artísticos e históricos, que tienen su propio régimen de legalidad.

La reforma que se plantea en los artículos 53 y 54 de la Ley General de Asentamientos Humanos es determinante, ya que el tráfico ilícito, ya sea de bienes inmuebles o muebles culturales, se realiza mediante actos jurídicos que se celebran entre particulares, en los que la participación notarial, en razón de nuestro sistema legal, es de una gran envergadura. Resulta claro que la reforma va en el mismo sentido de diversas disposiciones de la propia ley, de las que se ha dado cuenta anteriormente. Sin embargo, es necesario puntualizarlo, estas reformas únicamente serán viables si las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal las incorporan a su legislación interna. El régimen de legalidad de la forma de los actos jurídicos y las nulidades, ya sean éstas contractuales o legales, a los que pudieren estar afectos, es propio de la legislación estatal. Para que la reforma que se plantea tenga la efectividad que se propone, la jurisdicción de cada entidad federativa y el Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones deberán de actuar en consecuencia; así lo exige nuestro sistema federal. Es por ello que la corresponsabilidad es fundamental en la preservación y protección de nuestro patrimonio cultural y de su entorno cultural, lo cual sólo podrá obtenerse mediante la participación conjunta de los tres niveles de gobierno.

Finalmente, la adición, in fine , al artículo 57 de la ley conlleva una gran novedad. Uno de los principales problemas en la defensa jurídica de los bienes culturales mexicanos proviene de la enorme dificultad de hacerla valer ante la jurisdicción por una pretendida falta de interés jurídico; en efecto, para poder incoar cualquier acción debe acreditarse tener un interés jurídico. Uno de los principales efectos nocivos de este postulado ha sido el de privar a los agentes culturales de voz en la defensa de sus entornos culturales. Debe prevalecer la premisa de que la preservación y protección del patrimonio cultural le concierne a todos los mexicanos; se debe hacer posible que más allá de la defensa política, de suyo muy importante, pueda estructurarse la defensa jurídica y reconocerles en este orden un interés legítimo.

De prosperar esta reforma, sin duda, se colocaría a nuestro país nuevamente a la vanguardia en la defensa y preservación del patrimonio cultural en el ámbito internacional, y, sin duda, se fortalecería el postulado que sostiene que nuestro patrimonio cultural es uno de los vértices de nuestra identidad nacional.

El mandato cultural que la reforma propone resulta ser por demás explícito; a él deben de ajustarse los diversos agentes de nuestra sociedad, y ante él deberán de responder.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 8, fracción II, 9, fracción I, 17, 33, fracción III, 35, 53 y 54, y se adicionan un segundo párrafo al artículo 16, un segundo párrafo al artículo 36, y un segundo y tercer párrafos al artículo 57, de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 8. ...

Artículo 9. ...

Artículo 16. ...

La legislación estatal de desarrollo urbano determinará la forma y procedimientos para que las dependencias o entidades culturales locales y la autoridad federal, en el ámbito de su competencia en materia de protección y conservación de las zonas, sitios y monumentos arqueológicos y de los monumentos artísticos e históricos, y en los términos de la legislación de la materia y de las declaratorias que ésta prevé, participen en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de desarrollo urbano.

...

Artículo 17. Los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y sus derivados, así como las declaratorias de zonas, sitios y de monumentos arqueológicos y de monumentos artísticos e históricos, en los términos de la legislación de la materia a los que se encuentren sometidos, deberán ser inscritos en los registros público de la propiedad federal, local y agrario, según corresponda, dentro de los siguientes noventa días hábiles, contados a partir de la fecha de su publicación en los órganos de difusión oficial.

Las declaratorias mencionadas en el párrafo anterior surtirán efectos plenos, independientemente de su inscripción en los registros correspondientes. Las entidades federativas, los municipios, el Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones solicitarán asesoría al Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en el ámbito de su competencia, para los efectos de su inscripción.

Artículo 33. Para la ejecución de acciones de conservación y mejoramiento de los centros de población, además de las previsiones señaladas en el artículo anterior, la legislación estatal o municipal, del Gobierno del Distrito Federal, o de sus delegaciones de desarrollo urbano en su respectivo ámbito de competencia, determinaran las disposiciones para:

Artículo 35. A los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones, les corresponderá formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de población ubicados en su territorio.

Las zonificaciones y las constancias que de éstas se expidan harán mención expresa de las zonas, sitios y monumentos arqueológicos, y de los monumentos artísticos e históricos que se encuentren sujetos al régimen previsto en la legislación de la materia o de las declaratorias que ésta prevé.

...

Artículo 36. ...

Quedan exceptuados de lo previsto en el párrafo anterior, los monumentos artísticos e históricos, así como las zonas y sitios arqueológicos, de conformidad con lo que establece la legislación de la materia y las declaratorias que ésta prevé, que deberán atenerse al régimen de legalidad que les es propio.

Artículo 53. No surtirán efecto legal alguno los actos, convenios o contratos, relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho relacionado con el aprovechamiento de áreas y predios que contravengan esta ley, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y las declaratorias que ésta prevé , la legislación estatal en la materia y los planes o programas de desarrollo urbano.

Artículo 54. Los notarios públicos y demás fedatarios públicos, al igual que cualquier otra autoridad administrativa habilitada para ello, sólo podrán autorizar escrituras públicas o privadas, según sea el caso, y expedir testimonios o títulos de propiedad, posesión o de cualquier otro derecho que concierna el aprovechamiento de áreas y predios relativos a actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo anterior, previa comprobación de la existencia de las constancias, autorizaciones, permisos o licencias que las autoridades competentes expidan con relación en la utilización o disposición de áreas o predios, de conformidad con lo previsto en esta ley, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y las declaratorias que ésta prevé , la legislación estatal de desarrollo urbano y otras disposiciones jurídicas aplicables, mismas que deberán ser señaladas o insertadas a la letra en los instrumentos públicos respectivos.

Artículo 57. ...

Los planes o programas de desarrollo urbano que hubieren sido elaborados o aprobados por las entidades federativas, los municipios, el Gobierno del Distrito Federal o sus delegaciones, que violen o transgredan las disposiciones en materia de protección y conservación de las zonas, sitios o monumentos arqueológicos, y de monumentos artísticos e históricos, así como cualquier acto, hecho u omisión que constituya o contenga violaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y de las declaratorias que ésta prevé, podrán ser impugnados o controvertidos por las autoridades federales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en el ámbito de sus respectivas competencias, las entidades o dependencias culturales estatales del Gobierno del Distrito Federal, delegacionales o municipales, así como por las asociaciones civiles cuyo objeto social tenga, entre otros, el fomento o la coadyuvancia en la protección y conservación de las zonas, sitios o monumentos arqueológicos y los monumentos artísticos e históricos, por lo que estarán facultados y plenamente legitimados para el ejercicio de las acciones que procedan ante las autoridades judiciales o administrativas competentes.

Las autoridades judiciales o administrativas competentes que conozcan de las controversias podrán proveer las medidas precautorias procedentes, entre otras, la suspensión de las obras de construcción y demás actividades que pudieran extender el pretendido daño. En las resoluciones definitivas, además de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que en su caso determinen, podrán ordenar la demolición o retiro de las construcciones edificadas en zonas, sitios o monumentos arqueológicos y en monumentos artísticos e históricos, o bien su restauración o reconstrucción.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas, los municipios, el Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones tendrán un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación para adecuar su legislación, reglamentación, y los planes o programas de desarrollo urbano, de centros de población y los que deriven de éstos de acuerdo a lo dispuesto en el mismo .

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Cultura.

ARTICULOS 17 Y 133 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI, que reforma los artículos 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Iniciativa que reforma los artículos 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del PRI

Gerardo Octavio Vargas Landeros , diputado federal por el distrito dos de Ahome, Los Mochis, Sinaloa, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Sin lugar a dudas la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos ha recobrado una vital importancia en los últimos tiempos al ofrecer una protección supranacional de los derechos fundamentales y no solo contar con una justicia domestica que puede ser restrictiva u omisiva.

Existen críticas sobre la ineficacia en la ejecución de las resoluciones de los tribunales supranacionales de protección de los derechos humanos, pues se considera que éstos siempre son violados por la autoridad, y que cuando se recurre a los organismos de protección no obtienen otro resultado, que una simple recomendación con carácter ``no vinculatorio'' emitidas por las comisiones de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales, y que las sentencias y los resolutivos en general de las Cortes y Comisiones de carácter internacional en materia de derechos humanos, no tienen la misma fuerza ejecutoria que los nacionales por tratarse de una jurisdicción subsidiaria o complementaria.

La intención de esta iniciativa de ley, se centra en que México cuenta no sólo con instancias estatales y nacionales para la debida protección de los derechos humanos, sino que forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde a quien le corresponde conocer es a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus resoluciones de ésta última, son de carácter obligatorio y definitivas, pero parcialmente ejecutables y no ejecutorias.

México forma parte de la jurisdicción interamericana de derechos humanos desde el 24 de marzo de 1981 toda vez que ha ratificado la Convención Americana, y reconocido la Competencia Contenciosa tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana el 16 de noviembre de 1998.

El status que guarda México respecto al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, se supone que es de pleno derecho, pues existe una excepción a la aplicación de la Convención Americana, consistente en declaraciones interpretativas y una reserva realizadas al momento de la suscripción de la misma.

México no establece una disposición expresa respecto del reconocimiento de la ejecución de las resoluciones de los organismos internacionales tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales a que se encuentra obligado a cumplir de conformidad con los instrumentos internacionales que tiene ratificados y son vinculantes por razones de reconocimiento de competencia de la actuación de los mismos, así como tampoco una forma procesal específica para llevar a cabo la ejecutabilidad de sus fallos.

El artículo segundo de la convención americana establece la obligación de los estados parte de la Organización de los Estados Americanos de adoptar con arreglo a los procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades de los gobernados tutelados en los instrumentos internacionales, de esta disposición deriva la presente propuesta de ley.

Está comprobado, que no existe norma jurídica que establezca el reconocimiento de la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana, ni de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, así como tampoco existe una forma procesal para llevar a cabo su ejecución en nuestro país, caso contrario a lo que si existe en Perú, por ejemplo, con la Ley que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por los Tribunales Supranacionales. ¹ Lo que si existe, es la ejecución de sentencias en la ley ordinaria mexicana, pero ello se refiere al derecho internacional privado.

La eficacia procesal pues, resulta ser un concepto fundamental en la presente iniciativa de Ley. Por lo que se debe dejar establecida la definición de la misma, pues bien, en el campo del derecho procesal, por eficacia de los actos procesales se entiende, según Eduardo Pallares, ``...la calidad del acto procesal, por la cual se producen íntegramente los efectos de la ley y la voluntad de las partes han querido que produzca... cuando sucede lo contrario, es ineficaz parcial o totalmente''. ²

El espíritu jurídico de la presente iniciativa es, obtener de la autoridad nacional el pleno reconocimiento y restablecimiento de las resoluciones que para tal efecto emita el órgano supranacional ya sea medidas cautelares, recomendaciones o sentencias, con el objetivo de restituir en el goce del derecho fundamental vulnerado, reconocido expresamente en la Constitución y así ordenado por el órgano supranacional que ha conocido de la causa.

El artículo 17 constitucional, es considerado como la base de la administración de justicia, ya que prohíbe la autotutela y fundamenta el principio de la existencia de los tribunales para la administración de justicia.

Dicho precepto, constituye la parte toral y materia de la presente propuesta de reforma, pues como podremos darnos cuenta, en el párrafo tercero del citado precepto se hace alusión a la garantía de los gobernados de la plena ejecución de las resoluciones emitidas por los tribunales nacionales, de esta forma mi proyecto consiste en adicionar la ejecutabilidad de las resoluciones de los organismos internacionales en que México haya reconocido su competencia, pues se tiene la obligación de actuar en el ámbito interno respecto de su normatividad para dar plena vigencia a lo pactado en el ámbito internacional, y que exista plena eficacia en la ejecución de las resoluciones de los organismos supranacionales de derechos humanos.

Por ello, se propone reformar el artículo 17 de nuestra Carta Magna, con la finalidad de que se reconozca de manera expresa el carácter ejecutivo de las resoluciones en comento, y se establezca la forma procesal que han de seguir para que las mismas sean ejecutables conforme a los procedimientos nacionales que para la ejecución de sentencias se establecen en el orden interno.

Está claro que de nada serviría que se suscriban, ratifiquen, promuevan y difunda la cultura de los derechos humanos, si comenzando por su pleno cumplimiento no contamos con una norma que haga efectivos en nuestro país las decisiones que en un momento dado, sean tomadas por los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales competentes para ello, pues como consecuencia se hablaría de normas nugatorias.

La eficacia del derecho es la demanda de la sociedad, y más aún cuando después de que los actores de una contienda, tienen un desgaste físico, económico y emocional, logrando la actuación de los órganos encargados de administrar justicia, se encuentran con la falta de normatividad que haga aplicable y más que ello ejecutable una sentencia. Es entonces cuando se habla de la ineficacia del derecho.

Como he mencionado con anterioridad, desafortunadamente no existe normatividad procesal que nos ayude a ejecutar de manera plena las resoluciones de los órganos supranacionales en que nuestro país está vinculado de acuerdo con una de las principales cláusulas del derecho de gentes que es, pacta sunt servanda ( los pactos deben cumplirse), como obligación de todo Estado parte de un tratado o convención internaciones de cumplir de buena fe con las obligaciones contraídas.

Ahora bien, mucho menos existe una disposición jurídica en la Constitución federal que haga reconocible la ejecución de las sentencias de dicho órgano internacional, por lo que debe comenzarse por su reconocimiento en nuestra Carta Magna, para que de esta manera, surja la creación en lo subsecuente de alguna forma específica que permita la eficacia procesal de su ejecución.

En tal sentido, las recomendaciones hechas por la ONU a México, incluyen cambios a la Constitución para incorporar los derechos humanos como eje fundamental de la misma; la promulgación de leyes reglamentarias para garantizar todos los derechos incluidos en la Carta Magna, ³ en este caso sería ideal la creación de un Código Procesal ad-hoc para la ejecución de las resoluciones de los organismos supranacionales similar al que existe en Perú, pero no sin antes otorgarle el reconocimiento en la Constitución federal.

Nuestra iniciativa de reforma tiene su antecedente en lo establecido en el artículo primero de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que estipula:

La presente ley es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de orden público e interés general; tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado...4

Respecto de la responsabilidad indemnizatoria en el ámbito interamericano el artículo segundo de la mencionada ley estipula:

Por tanto, nos damos cuenta que México en este aspecto ha establecido normas especificas para cumplir con las indemnizaciones o las reparaciones económicas impuestas por los órganos interamericanos de derechos humanos, por lo que lo mismo debería de hacer para reparar las situaciones de derecho y de fondo de los asuntos que se tramiten ante estas instancias, y no sólo establecer las reparaciones pecuniarias, sin embargo, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado tuvo vigencia hasta el 16 de abril de 2007, lo que de nueva cuenta queda insubsanable y sin la posibilidad de exigir tal reparación en asuntos posteriores. ⁶

En múltiples ocasiones, una norma o una ley son totalmente ineficaces, lo que tendría un efecto muy semejante al de su inexistencia. La eficacia, por su parte es considerada un atributo del derecho o parte esencial de él. Considero que en la medida, en que exista claridad y coherencia en las normas jurídicas, habrá más probabilidades de lograr su eficacia.

Para este efecto, y en el caso específico que nos ocupa, es fundamental la tarea del legislador, ya que la eficacia inicial depende de las previsiones legislativas, por ello propongo esta iniciativa de ley, con la finalidad de que se adicione en la norma fundamental mexicana, el reconocimiento de las ejecuciones de las resoluciones emitidas en el ámbito supranacional por la legislación interna, así como su directa e inmediata aplicación por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad mexicanas.

México es incipiente en realidad, en los casos llevados ante los órganos interamericanos de protección de los derechos humanos. Sólo un caso contencioso se ha tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dos opiniones consultivas y seis medidas provisionales.

El jurista mexicano Sergio García Ramírez afirma: ``...el futuro de la Corte, es muy alentador, pues hace 25 años era imposible afirmar que un Tribunal Internacional, entrara a resolver cuestiones de justicia doméstica. Hoy una de las Cortes Supremas Internacionales más importantes, son: la Corte Suprema de Argentina, la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Constitucional del Perú, las cuales reconocen la importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Perú ha establecido una ley procedimental específica para la ejecución de las resoluciones de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos''. ⁷

En el único caso contencioso de México ante la Corte, de Alfonso Martín del Campo Dodd, sólo se dictó una sanción administrativa en contra de un policía judicial que posteriormente fue desestimada. En octubre de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe en el que recomendó al gobierno de México la liberación inmediata de Martín del Campo. No obstante y debido a la omisión de nuestro país respecto de tal recomendación, la Comisión Interamericana determinó enviar el caso a la Corte Interamericana.

En diciembre de 2002 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió de igual forma una recomendación en la que reconoció los actos de tortura y detención arbitraria de que fuera víctima Martín del Campo, pero la recomendación no fue aceptada por las autoridades capitalinas.

El Gobierno de México en este mismo caso, omitió también realizar la notificación consular a que está obligado realizar, según lo establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, ello, tomando en cuenta que Alfonso es también un ciudadano estadounidense.

Por lo anterior debemos evitar depender de la discrecionalidad de la autoridad para acatar las recomendaciones, medidas cautelares y sentencias que se dicten por los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, en aras de proteger los derechos de los gobernados, pues el Ejecutivo federal en turno ha coincidido en que la vitalidad de la democracia se funda en la plena vigencia de los derechos humanos. ⁸

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta ser insuficiente en la pretensión procesal de la ejecución de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país, así como de las emitidas por los demás órganos supranacionales en que México sea parte, pues como el objetivo principal de esta iniciativa es demostrar dicha ineficacia, el precepto jurídico en comento únicamente reconoce a los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución como la máxima ley del país, sin embargo este artículo, así como ninguna otra disposición jurídica constitucional se expresa el carácter ejecutivo de las resoluciones de los órganos interamericanos en materia de derechos humanos, así como tampoco se establece el procedimiento especifico que ha de seguirse para su ejecutabilidad. Por ello, se propone reformar este artículo con la finalidad de que los tratados y sus efectos aplicados en un caso concreto gocen de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad.

Hablo del ámbito americano por ser la jurisdicción de ese continente la competente en los casos mexicanos, para conocer de casos contenciosos ante la Corte Interamericana y, consultivos en materia de derechos humanos, así como de las recomendaciones y medidas cautelares que pudiera dictar la Comisión Interamericana como órgano cuasi judicial , de igual forma refiero a los ``demás órganos supranacionales'' para permitir la apertura a otras instancias protectoras de derechos humanos como es la ONU entre otros, y las cuales también emiten recomendaciones.

Por lo anterior, el texto del artículo 17 Constitucional que se propone refiere a la ejecución de las resoluciones de los organismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales en que México sea parte. Pues considero debe establecerse una forma específica para acatar tanto las sentencias, como las medidas cautelares y las recomendaciones y no dejar al arbitrio de la autoridad términos y formas que pudieran caer en negociación y disminución de los derechos del gobernado, o en su caso, que por causa de la dilatación en el acatamiento de una medida provisional o cautelar por ejemplo, se consumen actos de violación irreparables para la víctima.

Las omisiones jurídicas existentes en todo sistema jurídico, implican una incertidumbre jurídica en las víctimas y en sus representantes y alientan desafortunadamente el incumplimiento por parte del Estado Mexicano de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, por lo que considero urgente se establezcan mecanismos claros de cumplimiento de las resoluciones internacionales de la materia.

El doctor Sergio García Ramírez, sobre el tópico de la ejecución de los fallos de carácter supranacional por la norma interna de los Estados ha señalado:

Las resoluciones de los tribunales deben ser puntualmente cumplidas, puesto que es una regla del Estado de derecho y de la división de poderes. El principio, necesario para el derecho interno, lo es también para el internacional, pues de lo contrario, el derecho de gentes decaería en un espacio de buenas voluntades, simples anhelos depositados en declaraciones, opiniones y recomendaciones.

El cumplimiento de las resoluciones es todavía una región incierta que va a depender en gran medida de los Estados...pues éstos son en definitiva, los primeros obligados y la mejor garantía de cumplimiento de ese deber jurídico a través de sus legislaciones internas.

Está claro que si las resoluciones no se cumplen, todo el sistema tutelar entra en crisis...9

La presente iniciativa de ley, se sustenta pues, en subsanar la falta de normatividad para el cumplimiento en la ejecución de las resoluciones internacionales (medidas cautelares, recomendaciones y sentencias), pues la única sanción que existe para el caso de su incumplimiento es la señalada en el artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el ámbito interamericano, en donde se establece que la Corte, somete a la consideración de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en cada periodo ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior, y de manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado haya omitido el cumplimiento de sus fallos y lo publicará, dicha medida a nuestro juicio, no restituye en el goce de los derechos a los quejosos.

Por tanto, la eficacia del derecho, tiene que ver con el acatamiento de la norma, que es la fase final para el real cumplimiento de los fines del derecho, que es la justicia. De esta manera Kelsen afirma: ``el derecho resulta eficaz si es aplicado por el órgano, es decir, si éste ejecuta la sanción''.10

En suma, en México, no existe una disposición jurídica concreta ni sustantiva, ni adjetiva que nos indique la forma de ejecutar las resoluciones internacionales en materia de derechos humanos, consagrados tanto en la Constitución Política federal como en los instrumentos protectores de derechos humanos, lo que significa que serian nulas e ineficaces, si en un momento dado su violación llega a solicitar la reparación en el plano nacional.

Finalmente, a pregunta expresa realizada en entrevista realizada al insigne jurisconsulto García Ramírez, sobre ¿Cómo avanzar en el perfeccionamiento de la potestad ejecutiva limitada que posee la Corte Interamericana de Derechos Humanos?, ha respondido:

Ello depende de la voluntad político-jurídica de los Estados. Ha habido avance en los acatamientos de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada vez es más amplio este cumplimiento, incluso hay países que han modificado su Constitución, para acatar las resoluciones de la Corte.11

La coincidencia en este sentido sobre los efectos de las sentencias internacionales en el plano nacional, ha llevado a que los juristas afirmen que si los Derechos Humanos no tienen efectos prácticos concretos y normativos, no existe una justificación para estudiarlos en serio. Fernando Silva García, secretario de estudio y cuenta en la ponencia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Margarita Luna Ramos, sobre la consideración de la eficacia de la legislación nacional respecto de la ejecución de las sentencias internacionales, ha expresado que no lo es, pues debería ser más clara la ley, para que no se prestase a equivocadas interpretaciones u omisiones por parte del juzgador nacional.12

Para el procesalista Camilo Constantino Rivera, la Corte Interamericana ha logrado el cumplimiento de sus resoluciones a través de consideraciones políticas. En México falta una reglamentación eficaz para el debido cumplimiento de sentencias. Las medidas de apremio que existe en la legislación nacional son insuficientes. Sería fundamental que exista una ejecución eficaz de las resoluciones de la Corte, pues se trata de una institución jurídica, no política. Además, el Estado Mexicano debe estar a la vanguardia en materia de competencia extraterritorial, pues la soberanía no es sólo hacia el interior, sino hacia los extranjeros. ¹³

El interés político hacia los derechos humanos es un elemento de suma importancia en este tema. Se ha planteado un dilema inadmisible entre soberanía y justicia internacional, pues se dice que la actuación de ésta constituye una insoportable injerencia en cuestiones soberanas, sin embargo, la suscripción y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la operación de la cláusula facultativa de la que deriva, en la especie, la jurisdicción internacional, lejos de constituir una merma o renuncia a la soberanía, significa un ejercicio de ésta. ¹⁴

La revisión de las relaciones entre el orden jurídico interno y el orden jurídico internacional hace tiempo parecía un sacrilegio o algo inútil, hoy es necesario y urgente. Constituye una de las cuestiones más relevantes a resolver en el derecho constitucional de los Estados y en el jus gentium, todo ello con fines prácticos que se traducen, cotidianamente, en la sumisión de casos ante la Corte y en la ejecución de las resoluciones de ésta, además de la atención a las recomendaciones de la Comisión Interamericana. ¹⁵

Por razones estrictamente prácticas, conviene que los Estados asuman este problema y lo resuelvan en el plano de su derecho doméstico, específicamente en el orden constitucional, como algunos países miembros de la OEA lo han hecho, para que las resoluciones internacionales a propósito de la responsabilidad estatal de este carácter tengan eficacia incuestionable e inmediata. De lo contrario, esas resoluciones serian retórica, y devendría ilusorio el segmento del sistema que las produce. ¹⁶

En conclusión, nuestro país, debe avanzar en el perfeccionamiento de la eficacia procesal en la ejecución de las resoluciones de los organismos internacionales refrendado el compromiso con la sociedad democrática y con la finalidad de hacer factible el estado de derecho y la división de poderes que caracteriza a nuestra nación. Para que esta conclusión opere en el orden interno, que es donde debe adquirir eficacia, es preciso que haya un procedimiento que lo permita. ¹⁷

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo siguiente:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, expedita e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, así como de las emitidas por los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos en que México sea Parte, las cuales seguirán el procedimiento de ejecución que para tal efecto señala la ley para su cumplimiento.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión y directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se contará con un plazo de 12 meses para la elaboración de las normas y medidas necesarias tendentes a la aplicación de lo reformado en los términos de este decreto.

Notas: 1 Denominada Ley que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por Tribunales Supranacionales , en www.justiciaviva. org.pe/peru_cidh/03_normatividad/Nivel_interno/03_Ejecuc.doc 2 Bonifaz Alfonso, Leticia, El problema de la eficacia en el derecho , segunda edición, México, Editorial Porrúa, 1999, p. 3. 3 La ONU y los derechos humanos en México , en www.proceso. com.mx/analisis_int.html?an=56951 ( 7 de febrero de 2008). 4 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en www.diputados.gob.mx/leyesBiblio/ (16 de noviembre 2007) 5 Ídem. 6 Maldonado Sánchez, Isabel, La eficacia procesal en la ejecución de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México , Facultad de Derecho de la UMSNH, tesis de licenciatura, p. 146, en www.plumajuridica.com.mx/documentos/tesis_lic_ims.pdf 7 Ibídem, p. 159. 8 ``Alentada Louise Arbour por la promoción de los derechos humanos en México'', nota periodística en www.milenio.com/index.php/2008/ 02/06/189140 (febrero de 2008). 9 García Ramírez, Sergio, Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, p. 155. 10 Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y el Estado , UNAM, 1979, P. 25. 11 Maldonado Sánchez, Isabel, op. cit ., p. 160. 12 Ibídem, p. 161. 13 Ibídem, p. 168-172. 14 García Ramírez, Sergio, El futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos . Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Biblioteca Jurídica Virtual, Revista Jurídica, boletín de derecho comparado, 2008, p. 6 en http://www.juridicas.unam. mx/publica/rev/boletin/cont/101/inf/inf9.htm 15 Ibídem, p. 8 16 Ídem. 17 Ibídem, p. 9

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma los artículos 1o., 2o., 6o., 7o., 8o. y 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Iniciativa que reforma los artículos 1, 2, 6, 7, 8 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del PRI

Gerardo Octavio Vargas Landeros , diputado federal por el distrito 2 de Ahome, Los Mochis, de Sinaloa, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Durante años la tortura en México ha sido un tema crucial de difícil combate, las reformas legales contra la tortura no han sido suficientes para lograr erradicar esa deshumanizante práctica.

El gobierno ha respondido con medidas aisladas a los sucesivos casos que sobre tortura existen, tratando a cada uno como un hecho ilícito independiente, en lugar de examinar esta práctica como síntoma de un momento crónico, al no abordar la causa principal del problema México ha permitido que persista este fenómeno sin un efectivo control de las autoridades.

En su mayoría, los casos de tortura no son atendidos, investigados, ni estudiados de manera correcta por parte de la autoridad competente para ello, lo que ocasiona la difícil comprobación de dicho ilícito, perjudicando a las víctimas que sufren la tormenta de una tortura.

La tortura practicada por autoridades policíacas e investigadores del Ministerio Público para obtener confesiones, pruebas y pistas para obtener otros testimonios debe ser un problema que se tiene que combatir de manera urgente. México no ha ignorado totalmente el problema. A principios de los años noventa, el Congreso aprobó varias reformas legales contra la tortura que en la práctica no han podido tener efectos positivos.

La Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1991 ha sido creada para sancionar a este ilícito; sin embargo, no establece medidas contundentes y eficaces para erradicar el problema, por lo que en el presente proyecto de decreto se propone reformar varias disposiciones a esta ley especial.

Con base en la difícil tarea de comprobar que una persona ha sido torturada tanto física como psicológicamente por los métodos tan sofisticados que se utilizan para no dejar huella, se propone que la en la ley se establezca la obligación de aplicar en todos los casos de denuncias del delito de tortura en todos los estados de la república sin excepción alguna, las normas establecidas en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, o Protocolo de Estambul, sin perjuicio de emplear otros métodos e instrumentos tanto nacionales como internacionales que favorezcan y sirvan para la comprobación de tal ilícito en juicio.

El Protocolo de Estambul, presentado a la alta comisionada de las Naciones Unidas el 9 de agosto de 1999, es un dictamen médico psicológico considerado como una de las herramientas más eficaces para investigar, detectar y documentar casos de tortura, el cual fue creado en Estambul, Turquía, mediante una reunión de especialistas en la materia, por lo que las directrices que lo conforman están reflejados en la Organización de las Naciones Unidas. El manual es reconocido como un estándar internacional que permite ser veraz en el análisis de la tortura física o psicológica, ofrece parámetros médicos y también orientación para realizar la investigación de probables casos de crueldad ejercida por el Estado.

El instrumento internacional en comento ofrece seguridad jurídica tanto a la víctima como a los servidores públicos, a los primeros, garantizándoles el resultado de las investigaciones y en consecuencia la persecución del delito cometido en su contra por la legislación mexicana, sancionando al infractor y reparándole en su caso el daño causado conforme a lo establecido en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y al segundo, evitando el abuso de denuncias en su contra por la supuesta comisión del ilícito sin que éste se haya realizado. Por tanto, este mecanismo permite demostrar si el servidor público ajustó su actuación conforme a derecho o si ha torturado a persona alguna.

Con la finalidad de prevenir y erradicar los actos de tortura en nuestro país, se han implementado cursos-taller en algunos estados de la república como Campeche, en el penal de Islas Marías, así como en otras entidades, a fin de que el Protocolo de Estambul sea utilizado por la autoridad para comprobar las prácticas de tortura, sin embargo, no en todos las entidades se conoce y utiliza dicho protocolo para investigar y documentar de manea efectiva los casos en que una persona ha sido sometida a este tipo de actuaciones.

La Procuraduría General de la República ha implantado las reglas del Protocolo de Estambul, pero es aplicado para algunos casos únicamente (caso Nahum Acosta, en 2004), sin que se generalice su utilización para todo tipo de denuncias, por lo que para evitar la actuación discrecional de la autoridad se propone que por ley sea de aplicación obligatoria en todos los estados de la república y para todos los casos denunciados.

De igual forma, se propone que la autoridad competente de oficio, de manera inmediata y gratuita, otorgue copia del dictamen derivado de la aplicación del Protocolo de Estambul, así como de certificados médicos, a personas detenidas, que sean examinadas por los médicos legistas.

Con la finalidad de que exista coherencia en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura se pretende la modificación de su artículo primer, para agregar que como objeto de ésta, además de lo que en el texto actual se contempla, también se considere el establecimiento de elementos que comprueben el delito de tortura, y ello se ha de lograr a través de la aplicación del multicitado Protocolo de Estambul, pues no basta con que se diga que se previene y sanciona cuando no existen instrumentos eficaces para comprobarla y en consecuencia castigarla.

Con motivo del combate al crimen organizado se han implantado operativos y diversas medidas urgentes que en múltiples ocasiones violentan la dignidad física y psicológica de las personas que son detenidas o presuntos indiciados, torturándolos para obtener resultado en las investigaciones, pero ello, no debe ser motivo para que la autoridad y los cuerpos policíacos actúen de manera contraria a derecho y al respeto de los derechos humanos de los inculpados y en general de toda persona que sea presunta implicada en un ilícito.

Con base en lo anterior, proponemos mediante el presente proyecto de decreto se agregue en el artículo sexto de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura que no se consideren como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura además de las contempladas en el texto actual, el combate al crimen organizado o cualquier otra circunstancia análoga que ponga en peligro la dignidad física o psicológica de las personas.

El Estado, por su parte, está obligado a investigar todos los alegatos de tortura de manera pronta, efectiva e imparcial, y garantizar el exámen de un médico independiente en todos los casos, evitando con ello que los resultados analizados por los médicos legistas dependientes del Estado, minimicen las lesiones y daños causados.

En el artículo octavo de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, se establece que ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba, sin embargo, existen severas dificultades y falta de mecanismos efectivos para que los agraviados puedan reunir los elementos mínimos para documentar y comprobar que han sido torturados por los métodos tan sofisticados que se utilizan para no dejar huella, por ello y ante la difícil situación en la comprobación de tal ilícito, reitero mi intención de que se aplique el Protocolo de Estambul en todos los casos denunciados por la comisión del delito de tortura, y se tome como elemento fundamental para su comprobación, aquellos casos en los que la detención o traslado de las personas se prolonguen por causas injustificadas.

Motivado de lo anterior, las policías tendrán la carga de la prueba debiendo demostrar el motivo por el cual, no se puso al detenido de manera inmediata a la disposición de la autoridad competente.

Lo que México necesita para superar el problema de la tortura es una reforma integral que impida el uso de confesiones obtenidas bajo coacción en los juicios, tanto en la teoría como en la práctica. Y esto es precisamente a través de una serie de modificaciones que se pretenden en el presente proyecto de decreto en colateral con las reformas al artículo 20 de la Constitución General de la República aprobadas por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados el pasado 26 de febrero del año en curso referentes al sistema judicial en materia penal, pues la más importante de estas disposiciones es la que suprime el valor probatorio a todas las confesiones que no se realicen directamente ante un juez. Este requisito elimina, prácticamente, el principal incentivo para que los policías e investigadores torturen a los detenidos, es decir, la posibilidad de que una confesión forzada se utilice para condenar a la víctima, junto con otra disposición que exige que los jueces estén presentes en todas las audiencias judiciales.

Por ello, proponemos en el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, que no tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida ante autoridad policíaca, ni la rendida ante el Ministerio Público. Tampoco la rendida ante autoridad judicial o desahogada en juicio sin la asistencia del defensor, y, en su caso, del traductor. Lo anterior, de conformidad con los principios generales establecidos en el apartado A, del artículo 20 de la Constitución General de la República.

En conclusión, el dictamen de aplicación del Protocolo de Estambul, ya no puede dejarse a la aplicación discrecional de la autoridad, así como tampoco a la espera de ser solicitado por un detenido que denuncie tortura, puesto que la amenaza impedirá que la víctima lo solicite, por lo que de oficio debe seguirse este ilícito tan denigrante para la sociedad y los propios derechos humanos.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 1, 2, 6, 7, 8 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura

Artículo Primero. Se reforma el artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para quedar como sigue:

Artículo 1 . La presente ley tiene por objeto la prevención, el establecimiento de elementos que comprueben el delito de tortura, así como la sanción de la misma y se aplicará en todo el territorio nacional en materia de fuero federal y en el Distrito Federal en materia de fuero común.

Para efectos de la comprobación del delito de tortura tanto en materia federal como en materia de fuero común en todas las entidades federativas de la república, se atenderá a lo establecido en la fracción V del artículo segundo de la presente ley.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para que dar como sigue:

Artículo 2. Los órganos dependientes del Ejecutivo federal relacionados con la procuración de justicia llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para:

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 6 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para que dar como sigue:

Artículo 6. No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, urgencia en las investigaciones, combate al crimen organizado o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad.

Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para que dar como sigue:

Artículo 7. En el momento en que lo solicite cualquier detenido o reo deberá ser reconocido por perito médico legista; y en caso de falta de éste, por un facultativo de su elección. El Estado está obligado a investigar todos los alegatos de tortura de manera pronta, efectiva e imparcial, y garantizar el exámen de un médico independiente en todos los casos.

El que haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado correspondiente y en caso de apreciar que se han infligido dolores o sufrimientos, de los comprendidos en el primer párrafo del artículo 3o., deberá comunicarlo a la autoridad competente.

La solicitud de reconocimiento médico puede formularla el defensor del detenido o reo, o un tercero.

Artículo Quinto. Se reforma el artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para que dar como sigue:

Artículo 8. Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba.

Cuando exista dificultad para certificar los casos de tortura, debe considerarse como elemento fundamental para su comprobación, aquellos casos en los que la detención o traslado de las personas se prolonguen por causas injustificadas. Las policías tendrán la carga de la prueba debiendo demostrar el motivo por el cual, no se puso al detenido de manera inmediata a la disposición de la autoridad competente.

Artículo Sexto. Se reforma el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para que dar como sigue:

Artículo 9. No tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida ante autoridad policíaca, ni la rendida ante el Ministerio Público. Tampoco la rendida ante autoridad judicial o desahogada en juicio sin la asistencia del defensor, y, en su caso, del traductor. Lo anterior, de conformidad con los principios generales establecidos en el apartado A, del artículo 20 de la Constitución General de la República.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se turna a Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos.

LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, iniciativa que deroga la fracción III Bis del artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Iniciativa que deroga la fracción III Bis del artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

Jorge Godoy Cárdenas , diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar que se turne, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley

Antecedentes

La Ley de Premios Estímulos y Recompensas Civiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre de 1975, y su última reforma, publicada el 30 de junio de 2006, presenta una aclaración referente al Capítulo Segundo, ``Premios y Preseas'', artículo sexto, en su fracción III, relativo a los premios otorgados por ciencias y artes, al cual se le adicionó una fracción III Bis (DOF, 18 de noviembre de1986), que otorgaba premios de demografía.

Posteriormente sufrió una reforma (DOF 7 de marzo de 2003), donde los premios de demografía serían parte del artículo 6, en su fracción IV.

Este último decreto, publicado en el DOF el 7 de marzo de 2003, no instruye que la fracción III Bis sea derogada, tal como lo indica la nota aclaratoria en el texto vigente.

Tal omisión provoca confusión al interpretar la ley vigente, debido a que en el Capítulo VIII sólo interpreta los acuerdos y define las bases para hacerse acreedor a dicho estimulo de un solo premio de demografía.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado, respetuosamente somete a la consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se deroga la fracción III Bis del artículo sexto, Capítulo Segundo, de la Ley de Premios Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Capítulo II Premios y Preseas

Artículo 6. Se establecen los siguientes premios, que se denominarán y tendrán el carácter de nacionales:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del PVEM

Carlos Alberto Puente Salas , diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Los representantes de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Secretaría de Salud, del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, AC, y del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria; se reunieron con el objeto de promover e impulsar la protección de los consumidores en las cuestiones relativas a la obesidad y el consumo, lo anterior con motivo del Día Mundial del Consumidor celebrado el pasado 14 de marzo de 2008. ¹

El tema central, que el consumo y su relación con la obesidad, es especialmente sensible y trascendente porque involucra principalmente a niños y niñas en edad de desarrollo.

En este contexto la obesidad y otros trastornos a la salud caracterizados por ser una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, se asocian a las principales enfermedades no transmisibles, que afectan el crecimiento, la salud y el desarrollo de los menores, especialmente porque generan en ellos hábitos perjudiciales a su salud.

Durante la 60ª Asamblea Mundial de la Salud realizada en 2007, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud llegaron a un acuerdo para que este organismo redactara un conjunto de recomendaciones sobre la comercialización de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a niños y niñas, el cual formará parte de la estrategia mundial contra la prevención y el control de enfermedades no transmisibles.

Este documento propone el enfoque que deben adquirir estas recomendaciones de cara a la creación de un código internacional sobre la comercialización, basado en la experiencia de las organizaciones miembros, de Consumers Internacional ³ y el Grupo de Trabajo Internacional contra la Obesidad.

El Grupo de Trabajo Internacional contra la Obesidad, es una entidad de elaboración de políticas de la Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad, que cuenta con más de 10,000 miembros en más de 50 países y con asociaciones regionales en todo el mundo. Tal propuesta tiene en cuenta los Principios de Sydney que fueron desarrollados con el objetivo de lograr un alto nivel de protección para niños y niñas frente a la promoción publicitaria de alimentos y refrescos. ⁴

La Estrategia Mundial para la Prevención y Control de Enfermedades no transmisibles, reconoce el enorme sufrimiento humano causado por estas enfermedades y la función de liderazgo que la Organización Mundial de la Salud debería desempeñar en la promoción mundial de una acción en contra de ellos, incluyendo la promoción y adopción internacional e intersectorial de políticas, reglamentaciones y otras medidas apropiadas para minimizar el efecto de los principales factores de riesgo.

La estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud reconoce el acelerado aumento de enfermedades no transmisibles a escala mundial, y que las dietas poco saludables y la falta de actividad física son las mayores causas de dichas dolencias entre las que se incluyen enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. El acrecentado consumo de alimentos hipercalóricos y poco nutritivos que son ricos en grasas, azúcares y sal se identifican como un factor de riesgo.

El documento recomienda que el régimen alimentario tanto de poblaciones enteras como de individuos debiera incluir lo siguiente:

Asimismo, la estrategia mundial reconoce que la carga de mortalidad, morbilidad y discapacidad atribuidas a las enfermedades no transmisibles representa actualmente un alto porcentaje y continúa creciendo en los países en vías de desarrollo.

Dentro de este marco, se destaca el papel que desempeñan la comercialización, la publicidad y la responsabilidad compartida del sector público y privado.

El apartado 61 de esta estrategia también recomienda que el sector privado debe: ``Adoptar prácticas de comercialización responsable que apoyen la estrategia, en particular con respecto a la promoción y la comercialización de alimentos con alto contenido en grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres o sal, especialmente las dirigidas a los niños.''

La obesidad infantil se ha convertido en un problema de salud pública en México, en los últimos años el número de casos de obesidad y sobrepeso se ha duplicado entre los niños menores de cinco años, afectando al 9.8 por ciento de este sector de la población.

México ocupa el segundo lugar en el mundo en materia de obesidad infantil, enfermedad que afecta al 9.8 por ciento de este sector de la población. La obesidad se caracteriza por una acumulación de grasa que obedece a diversos factores como los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo.

Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece en su artículo tercero que en todas las medidas concernientes lo primordial que se atenderá será el interés superior del niño.

Además, el artículo 24 de esta declaración menciona que los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y que los Estados partes adoptarán medidas que garanticen la plena aplicación de tal derecho, lo cual incluye combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados, y asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y niños y niñas, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición infantil, y tengan acceso a los mismos.

Bajo este escenario la Organización Mundial de la Salud, en el 2005 calculó que había en todo el mundo al menos 20 millones de menores de 5 años con sobrepeso.

Esta preocupación fue expresamente compartida el año pasado por la Organización Panamericana de la Salud, la cual precisó entre otras cosas, que el sobrepeso y la obesidad están afectando cada vez más a los niños y a los adolescentes y en consecuencia se está incrementando el número de niños diagnosticados con diabetes tipo 2, enfermedad que hasta ahora se había identificado más a edad adulta.

Los organismos internacionales coinciden: el sobrepeso y la obesidad tienen graves consecuencias para la salud, la obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad en la edad adulta.

En ese mismo orden de ideas, al conmemorar en el 2007 el Día Mundial de la Diabetes, la comunidad internacional coincidió en la importancia de las instituciones educativas en el cuidado y formación de hábitos alimenticios en los alumnos, la Organización Panamericana de la Salud, en voz de su director precisó que ``Nuestro mensaje va dirigido a los niños y adolescentes, al igual que a sus padres y maestros, para enfatizar que la diabetes tipo 2 puede ser prevenida manteniendo un estilo de vida y dieta saludables''. ⁵

En relación a lo anterior, según el informe estadístico de la salud en el mundo 2007, avalado por la Organización Panamericana de la Salud, México obtuvo una calificación de 7.6 en la proporción de niños menores de cinco años con sobrepeso en el continente americano ocupa el sexto lugar. (véase tabla uno).

También el informe estadístico de la Organización Panamericana de la Salud, en cita, resalta que México es uno de los países con más gasto en salud y con un alto índice de alumnado en la educación básica. (véase tabla dos).

El análisis de las causas que provocan la obesidad de los niños mexicanos, apunta a la necesidad de establecer mecanismos para extremar precauciones en los alimentos que consumen, así como vigilar la información que llega a los menores en los diferentes medios de comunicación ya que existe una ofensiva constante a los principios de buena salud.

Esta situación es aplicable a los alimentos tanto en casa como en las escuelas, máxime que el artículo 4o. de nuestra Carta Magna establece el derecho a la salud como una garantía que debe el Estado proteger y privilegiar sobre otros intereses.

En la actualidad el sistema normativo vigente reconoce el derecho a la educación y las condiciones en las cuales se debe otorgar este servicio dentro de lo establecido en los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su reglamentación se halla en la Ley General de Educación. ⁶

El artículo 3o. de la Constitución dice a la letra:

La educación que imparta el Estado será laica, gratuita, democrática y deberá contribuir al desarrollo integral del individuo, favorecer el desarrollo de sus facultades y fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía''.

Las cifras más relevantes del sector educativo proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública, como responsable de la planeación y evaluación del Sistema Educativo Nacional, señalan que los infantes mexicanos, pueden consumir alimentos que se proveen en millones de cooperativas escolares, sin que en la actualidad existan responsabilidades previstas en ley para verificar que se expenda en los establecimientos escolares alimentos con alto contenido nutricional.

En el año 2005 a través de las Encuestas de Ingreso Gasto de los Hogares 2002 y 2004 ⁷ que reporta el INEGI, se demostró a través de estudios de mercado que el consumidor mexicano es el segundo más importante del mundo de refrescos, y que cada familia gasta poco más de 5,000 pesos al año en el consumo de este producto ⁸ , por lo que las instituciones públicas concluyeron que estas bebidas se estaban colocando en los productos de primera necesidad de la población.

Asimismo, investigaciones realizadas en el 2005, establecieron que los niveles de consumo por persona y familia de refrescos iban en detrimento de la salud y el bienestar de las mismas, en virtud de que el consumo de este producto desplazaba la ingesta de agua natural y leche, elementos esenciales para el crecimiento nutricional de la infancia en México.

En ese mismo sentido, la información proporcionada por la industria muestra un dinamismo constante en la industria del refresco y aguas carbonatadas, continuada para el año 2006, el cual registró un incremento de 3.1 por ciento y una tendencia creciente que se observa desde el 2005.

La conclusión es clara, dentro del patrón de consumo de bebidas no alcohólicas de los hogares, en el rango de al menos cinco años anteriores el refresco está sustituyendo a los demás satisfactores, por lo que los especialistas afirman que desde finales de 2006 México ocupa el segundo lugar del mundo en cuanto al consumo per cápita de refrescos.

A este respecto, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, A.C., ha indicado que el consumo por habitante de refrescos y bebidas carbonatadas se ha incrementado en más de 2 puntos porcentuales al año a pesar de que el consumo se ve cada día más competido por el ingreso al mercado de nuevas bebidas para los consumidores. (véase tabla 3).

En lo que toca al año 2006, la industria refresquera apunta que el consumo de refrescos y aguas carbonatadas en México en el año 2006 fue de 157.9 litros por habitante y presenta un aumento de 2.1 litros con relación a 2005.

Tomando la misma base poblacional de comparación, en 2006 el consumo per cápita de refrescos y aguas carbonatadas en México creció en 1.3 por ciento con relación al año anterior.

La cifra de consumo anual per cápita así lo ratifica. Representa un consumo diario de 432.6 mililitros por día y la participación muy significativa del gasto en los hogares de menores ingresos en refrescos y aguas carbonatadas, donde suplen los requerimientos de agua potable y alimentos.

En el 2007 el Reporte Financiero Burkenroad actualizó los indicadores de consumo per cápita de refresco, precisó que en el 2006 se produjeron en México 15 mil 347 millones de litros de refrescos y aguas carbonatadas, lo que equivale a beber casi medio litro de refresco al día y en consecuencia este aumento implica que cada mexicano consume 24 litros más de lo que consumían hace tres años.

Al caso que nos ocupa, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, AC, ha reportado los consumos calóricos de los refrescos, a saber:

El consumo excesivo de grasa y azúcar soluble en los refrescos facilita el desarrollo del sobrepeso y la aparición del conocido como síndrome metabólico, es decir, la cada vez mayor dificultad del organismo para procesar la glucosa, la población mexicana es susceptible a padecer este descontrol metabólico. ⁹

El consumo de refrescos como fenómeno deja de manifiesto que para el caso de los menores se refleja con mayor claridad tomando en cuenta que la educación básica cubre el 90.6 por ciento de las escuelas del sistema educativo, alrededor de 214 mil 394 escuelas, y en consecuencia un tanto igual de cooperativas escolares, sitios potencialmente proveedores de alimentos altos en azúcares y ajenos a la salud de los menores.

Para el ciclo escolar 2005-2006, la matrícula total del sistema educativo nacional escolarizado se conforma por 32.3 millones de alumnos, equivalente al 31.0 % de la población total del país. ¹⁰

Asimismo, el 77.3 por ciento de la población escolar se ubica en la educación básica, que comprende la educación preescolar, primaria y secundaria.

Así también, la educación básica corresponde al tipo educativo de mayor población escolar, con 25.0 millones de alumnos, equivalente al 77.4 por ciento del sistema educativo. ¹¹ Es decir, existen 25.0 millones de infantes expuestos al consumo reiterado de bebidas carbonatadas lo que representa un problema de salud pública a corto plazo, la segunda causa de enfermedad en los próximos 10 años será la diabetes.

Cabe mencionar que durante 2006, el volumen de ventas de la industria de refrescos y aguas carbonatadas fue de 16 mil 558 millones de litros, estas cifras indican el arraigo y la importancia que tiene para la población mexicana el refresco que, lejos de ser un bien de consumo suntuario, cubre necesidades básicas para importantes sectores de la población, como el proporcionar agua purificada y ser un complemento alimenticio.

Por lo anterior, con la finalidad de atender la problemática que provoca la obesidad sobre todo en los niños, se propone establecer cambios a la Ley General de Educación en sus artículos 36 y 75 para promover el derecho a la salud y a la educación.

Por lo expuesto, el que suscribe, Carlos Alberto Puente Salas , diputado a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para garantizar lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o., párrafos tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, someten a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona la Ley General de Educación.

Artículo Primero. Se adiciona un tercer párrafo a la fracción XIII al artículo 33, y la fracción XIII al artículo 75 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Ley General de Educación

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, y se dejan sin efecto todas las disposiciones administrativas, reglamentarias, acuerdos, circulares, convenios y todos los actos administrativos que contravengan este decreto.

Notas: 1 La Profeco plantea: ¿Qué estamos haciendo para prevenir y combatir la formación de malos hábitos de consumo? ¿Qué estamos haciendo para modificar los patrones sociales de consumo, causantes del deterioro de la salud y del deterioro ambiental? ¿Cómo estamos enfrentando y combatiendo la tendencia que nos lleva al negro liderazgo mundial en problemas de a salud, destacadamente en el problema de la obesidad?. Katia Bautista S., ``Hoy, Día del Consumidor'', El Sol de Cuautla. 15 de marzo de 2008. 2 Antonio Morales de la Peña, procurador Profeco, Comunicados a medios Profeco Día Mundial del Consumidor 14 de marzo de 2008 ``Obesidad y consumo''. 3 Consumers International (CI) es una asociación mundial de organizaciones de consumidores que cuenta con más de 220 miembros en 115 países de todas las regiones del mundo. 4 http://www.iotf.org/sydneyprinciples 5 PH. Mirta Roses Periago, directora de la Organización Panamericana de la Salud, fuente página web Organización Panamericana de la Salud. 6 Este marco normativo regula la educación que imparten el Estado, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. 7 Lamentablemente la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares de 2005 no nos permite proseguir con este comparativo dado que el nivel de agregación con que se reportan las variables no llega al detalle que tenían las encuestas anteriores. 8 Fuente: Elaborado con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004. INEGI. 9 Subrayó Adolfo Chávez, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán en la entrevista con Ángeles Cruz Martínez, La Jornada , ``Los mexicanos consumen 146 litros de refresco al año, en promedio'' 17 de diciembre de 2006. 10 El alto porcentaje de participación se explica, en parte, por estructura de la pirámide poblacional, donde el 25.4 % tiene de 4 a 15 años de edad. 11 Secretaría de Educación Pública, Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras, ciclo escolar 2005-2006.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Salud.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

Jorge Godoy Cárdenas , diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, en uso de la facultad que confiere los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, numeral 3, 40, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la comisión correspondiente para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral III del artículo 3o. y el párrafo segundo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Exposición de Motivos

Un fideicomiso es un contrato mercantil en virtud del cual una persona que se denominará ``fideicomitente'', entrega bienes o derechos a otra que se denominará ``fiduciaria'', para que ésta los administre y realice con ellos el cumplimiento de finalidades lícitas, determinadas y posibles; una vez que éstos sean cumplidos, destine los bienes, derechos y provechos aportados y los que se hayan generado a favor de otra persona que se denomina fideicomisario, que puede ser el propio fideicomitente.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 3o. que el Poder Ejecutivo se podrá auxiliar de los fideicomisos para llevar a cabo sus actividades.

Lo anterior ha provocado que durante los últimos años, el gobierno federal haya recurrido a la creación de múltiples fideicomisos ya que la existencia del llamado ``secreto fiduciario'' les permite operar de manera discrecional y al margen del control presupuestario que tiene la Cámara de Diputados.

De acuerdo al informe de finanzas públicas al mes de marzo de 2007, el gobierno federal tiene constituidos aproximadamente 685 fideicomisos de diversa naturaleza, que involucran recursos por 190 mil 752 millones de pesos y los cuales ha clasificado de la siguiente manera:

d) Los de apoyos financieros, subsidios y apoyos que involucran recursos por aproximadamente 97 mil millones de pesos, donde se encuentra el de apoyo a ahorradores defraudados en cajas de ahorro, el de modernización aduanera que tiene que ver con ISOSA, uno relativo a financiamientos externos a cargo de Bancomext, o como el de Sedena para adquirir equipo militar o bien el de Transforma México de la Lotenal.

Resulta muy difícil estimar una cifra total relativa a los recursos fiscales involucrados en la totalidad de los fideicomisos que tiene constituidos el gobierno federal ya que al total de recursos de los fideicomisos sin estructura orgánica, habría que añadir el monto de los que poseen estructura, tal es el caso de FARAC (165 mil millones de pesos), ISOSA, por ejemplo, por ello la cifra total podría superar los 200 mil millones de pesos.

En 2008, las finanzas públicas estarán modeladas por la ocurrencia de la reforma fiscal, la trayectoria, de los precios de petróleo y la plataforma de exportación, los efectos fiscales de la nueva Ley del ISSSTE, las políticas sectoriales de gasto que se plasmarán en los diversos programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, así como la disposición de recursos mediante diversos esquemas de financiamiento de infraestructura.*(CEFP)

Cabe destacar que la existencia del llamado ``secreto fiduciario'' es un elemento que ha impedido que se conozcan diversos aspectos que son esenciales para la rendición de cuentas y la transparencia en la fiscalización del buen uso de los recursos públicos que realiza la Cámara de Diputados como consecuencia de las atribuciones que a ésta le otorga la Constitución Política del país.

Por su parte el artículo 47 de la ley en comento señala que los fideicomisos públicos son aquellos que el gobierno federal o alguna de las demás entidades paraestatales constituyen con el propósito de auxiliar al Ejecutivo federal en las atribuciones del Estado para impulsar áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos.

Por ello esta iniciativa busca por un lado que la Cámara de Diputados apruebe anualmente la creación de los fideicomisos que el Poder Ejecutivo pretenda crear durante el ejercicio fiscal correspondiente y que por el otro ejerza plenamente su atribución constitucional de vigilante del buen uso de los recursos públicos, para lo cual la iniciativa que se presenta condiciona la existencia del fideicomiso público a que la Auditoría Superior de la Federación participe dentro de los comités técnicos de cada uno de los fideicomisos públicos que desarrolle u opere el Poder Ejecutivo.

Por todo lo anterior el suscrito, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el numeral III del artículo 3o. y el párrafo segundo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 3. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:

Artículo 47. Los fideicomisos públicos a los que se refiere el artículo 3o., fracción III, de esta ley, son aquellos que el gobierno federal o alguna de las demás entidades paraestatales constituyen, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias de desarrollo, que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos.

En los fideicomisos constituidos por el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fungirá como fideicomitente único de la administración pública y la Auditoría Superior de la Federación participará en los comités técnicos de cada fideicomiso.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se turna a la Comisión de Gobernación.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del PVEM

Carlos Alberto Puente Salas , diputado de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Actualmente uno de los productos más rentables, exitosos y consumidos en el mundo son los refrescos. Estas bebidas hoy en día en México gozan de los márgenes de ganancia más amplios que en otros lados del mundo, por lo que nuestro territorio resulta ser una región muy atractiva para ubicar plantas productoras de estos bienes. ¹

Por su volumen de producción México es considerado el segundo productor de refrescos a nivel mundial, solo después de Estados Unidos. En el pasado año se produjeron en México 15 mil 347 millones de litros de refrescos, producción de la cual se estima que cada mexicano consume cerca de 140 litros de refresco.

Tenemos ante nosotros un consumo de bebidas carbonatadas conocidas como refrescos, que no benefician a la salud y que ganan cada día preferencia entre los consumidores, para poner un ejemplo la productora transnacional de refrescos de cola en el 2006, precisó que en México contaba con 585 mil detallistas y que el consumo per capita de sus refrescos ascendía a 389 porciones de ocho onzas.

La productividad de la industria refresquera representa una parte considerable del PIB en México; para mejor alusión, se estima que las 160 plantas de la industria del refresco en nuestro país, generaron el 0.4 por ciento del producto interno bruto (a pesos corrientes) durante 2005, el cual representó; el 2.6 por ciento del PIB de la gran división Industria Manufacturera y el 8.7 por ciento del PIB de la división Alimentos Bebidas y Tabaco.

El INEGI publicó en 2005, los resultados de la investigación denominada Encuestas de Ingreso y Gasto de los Hogares 2002 y 2004 ² , documento que evidenció un gasto familiar de poco más de 5,000 pesos al año en el consumo de refrescos ³ y por otra parte, que son menores los porcentajes del gasto que destinan los mexicanos a comprar tortilla y frijol, que el gasto destinado a comprar refresco. Los resultados de la encuesta en torno a los productos seleccionados por cada estrato de ingreso, fueron los siguientes:

En ese mismo sentido, el Banco de México ha señalado que la proporción del gasto familiar orientada a refrescos envasados es del 1.45 por ciento, mientras que la tortilla de maíz significa el 1.23 por ciento y el frijol 0.32 por ciento; esto es, la familia mexicana da más importancia a tomarse un refresco que a nutrirse. ⁴

Otra de las principales ventajas para la industria refresquera es que la rentabilidad en el consumo de refrescos se incrementa en la medida que la industria ofrece diversidad de opciones, por ello el refresco ofrece un crecimiento constante y desmesurado si tomamos en cuenta que los aumentos en sus precios al consumidor, están por encima del precio que algunos de sus insumos principales, como el azúcar.

En el gráfico siguiente se observa como en el año 2006 el precio del azúcar al productor sufrió una variación de 2.26 por ciento respecto del precio y costo del producto, en relación al 3.21 por ciento del precio y costo del refresco al consumidor, lo que implica que la industria realizó en un .95 por ciento un aumento al precio del refresco, el cual es más que proporcional al incremento de las materias primas con que se producen.

Precios y costos de refrescos (variación % anual)

En ese mismo sentido, la información proporcionada por la industria muestra un dinamismo constante en la industria del refresco y aguas carbonatadas, continuada para el año de 2006, el cual registró un incremento de 3.1 por ciento, continuando con la tendencia creciente que se observa desde el 2005.

En lo que va del año 2008, no obstante los rumores inflacionarios en nuestro país, se descartó el alza de precios en cervezas y refrescos, en virtud de que los incrementos en sus ventas compensaron los incrementos en sus insumos.

Lo anterior demuestra que no obstante el incremento en las materias primas, la rentabilidad de bebidas refrescantes persiste, incluso de acuerdo a información proporcionada por Banamex, embotelladoras dominantes como Coca Cola FEMSA en el cuarto trimestre del 2007, registraron un aumento del 8.6 por ciento en sus ventas netas. ⁵

A la par de estos crecimientos se ha venido observado un incremento en los factores de riesgo a la salud, causantes de enfermedades no transmisibles, particularmente asociados a la obesidad y sobrepeso en los mexicanos.

Es una realidad que los refrescos no son la mejor bebida para la salud, pero forman parte del hábito alimenticio de los mexicanos. Lo anterior constituye una problemática que no esta aislada, diversos estudios e investigaciones han demostrado que muchos de los problemas de obesidad o de sobrepeso también tienen como causa principal la falta de hábitos alimenticios adecuados y balanceados, es decir, el consumo de productos altos en calorías, grasas y carbohidratos.

De acuerdo con información de las autoridades de salud pública, México se encuentra en una transición epidemiológica, porque se observa un descenso importante de la mortalidad por enfermedades infecciosas, pero ha registrado un aumento en la mortalidad por enfermedades crónico-degenerativas, entre las que se encuentra la obesidad.

La obesidad se presenta tanto en adultos como en niños, en mujeres o varones, y puede desencadenar otras enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, depresión, problemas cardiovasculares y alteraciones del sistema óseo.

Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, actualmente más de 70 millones de mexicanos tiene problemas de sobrepeso u obesidad y más de 4 millones de niños de entre 5 y 11 años, y más de 5 millones de jóvenes y adolescentes, sufren también estos trastornos.

Para darnos una idea del problema, en México aproximadamente 20 por ciento de los niños padecen obesidad, esto es, de cada 100 niños, 20 presentan sobrepeso, cuyo origen ciertamente tiene diversas causas, entre ellas, genéticas, metabólicas, psicológicas, socioculturales, sedentarias, neuroendocrinas y nutrición con altos contenidos calóricos. ⁶

Según expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social esta situación es alarmante debido a la deficiencia en la nutrición y la falta de actividad física que afecta a todas las edades.

Además, de estas afectaciones a la salud, en 1993 se realizó un estudio para revelar las consecuencias en una población de jóvenes de ingerir refrescos, estimando un consumo promedio de 144 litros de refresco por año. Los resultados encontrados revelaron que el consumo imprudente de refrescos con frecuencia causa erosión del esmalte en los dientes, en virtud de que los refrescos son una bebida carbonatada que tienen elevada acidez y por tanto poseen capacidad suficiente para erosionar los tejidos dentales y, por otra parte, la gran cantidad de carbohidratos que contienen les dota de características cariogénicas muy elevadas. ⁷

Abajo se observan los resultados de la muestra en relación a la erosión --disolución química de los tejidos dentales en ausencia de bacterias-- provocada al esmalte dental mediante bebidas ácidas tales como refrescos, jugos y bebidas refrescantes no-alcohólicas. Las cifras dejan ver que el porcentaje de casos con presencia de caries se duplica más de la mitad en las personas que ingieren refrescos que en las que no consumen estas bebidas. (Cfr. Importancia carionígera en personas que no toman refrescos 30.8 por ciento y si toma 69.2 por ciento)

A lo anterior, basta agregar que miles de mexicanos que ganan el salario mínimo están imposibilitados para consumir productos como carne, pollo, leche y frutas, por lo cual optan en sustituir los alimentos con el consumo de productos industrializados altos en grasas y carbohidratos, situación que explica el por qué México ocupa el segundo lugar del mundo en cuanto al consumo per cápita de refrescos.

Podemos ahondar en más problemáticas y afectaciones a la salud que están vinculadas con el consumo de refrescos, sin embargo el espíritu de la presente iniciativa es disuadir a los consumidores para moderar su consumo de productos de bajo valor nutrimental, en particular de los refrescos, en pro de la protección a su salud y de garantizar una mejor calidad de vida en el futuro.

Cabe mencionar que desde el año 2002 en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se había establecido en México una tasa del 20 por ciento a la enajenación e importación de refrescos entre otras bebidas, medida con la cual se afectaba las enajenantes e importadores de los productos mencionados que no cumplían con el requisito de ser endulzados con azúcar de caña.

Posteriormente, ante un panel de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio, incitado a solicitud de los Estados Unidos de América, se solicitó al organismo internacional que a través de un grupo especial, resolviera la compatibilidad de este impuesto con las obligaciones internacionales que México había adoptado con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

La Organización Mundial del Comercio falló el 24 de marzo de 2006, estableciendo la finalidad de las medidas que fueron objeto de impugnación, conforme a las obligaciones de México previstas en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, por lo que planteó al Poder Ejecutivo Federal de nuestro país, derogar la exención entonces prevista en los artículos 8o., fracción I, inciso f) y 13, fracción V, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de forma tal que este impuesto se aplicara por igual a todas las enajenaciones e importaciones de refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, así como de jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, independientemente del edulcorante que se utilice en la elaboración de cualquiera de los productos mencionados, proponiendo una reducción en la tasa aplicable, pasando del 20 por ciento al 5 por ciento.

Se estimó necesario incorporar al gravamen mencionado, la enajenación e importación de aguas carbonatadas.

Esta propuesta del Ejecutivo federal fue sometida a discusión de las Cámaras mencionadas, sin que se haya aprobado en sus términos. A este respecto, mediante dos decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de diciembre del 2006, el Congreso de la Unión aprobó diversas modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, estos son:

En el primero de los mencionados decretos, en el artículo Octavo, los legisladores aprobaron las siguientes modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios:

Se reformaron los siguientes artículos:

Basándose en estas reformas a partir del 1 de enero de 2007 quedaron eliminadas las fracciones XV y XVI del artículo tercero de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, que a la letra decían:

Asimismo, se consideran concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, para preparar refrescos, al producto con o sin azúcares, edulcorantes o saboreadores, naturales, artificiales o sintéticos, adicionados o no, de jugo, pulpa o néctar, de frutas o de verduras y otros aditivos para alimentos.

No se consideran refrescos los jugos y néctares de frutas o de verduras. Para tales efectos, se entiende por jugos o néctares de frutas o de verduras, los que tengan como mínimo 20 por ciento de jugo o pulpa de fruta o de verdura o 2° brix de sólidos provenientes de las misma fruta o verdura. Cuando los jugos o néctares a que se refiere este párrafo, tengan una mezcla de varias frutas o verduras, dicha mezcla deberá tener como mínimo los valores señalados en el mismo por todas las frutas o verduras.

Si bien es cierto que el Ejecutivo federal propuso que se derogara la exención prevista en los artículos 8o., fracción I, inciso f) y 13, fracción V, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a las enajenaciones e importaciones de refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, concentrados, polvos, jarabes, etc., siempre que utilizaran como edulcorante únicamente azúcar de caña, también lo es que los legisladores no sólo derogaron dicha exención, sino el gravamen mismo del 20 por ciento a todos estos productos, lo que derivó prácticamente en que se modificaran otras disposiciones relacionadas con la Ley en comento.

No obstante lo anterior, el consumo de refrescos y los daños a la salud de las personas persisten, y se ha agravado el consumo en el sector más vulnerable de la sociedad, los infantes en etapa de crecimiento.

En virtud de que los institutos locales de salud, los órganos de desarrollo integral de la familia, se tratan de prestar los mejores servicios de salud a la comunidad, sin embargo, nunca son suficientes los recursos que se les asignan y no en todos los casos llega su ayuda a las comunidades aisladas, rancherías y localidades, se propone encauzar los recursos que se obtengan de la recaudación de este impuesto al Fondo General para el Fortalecimiento de Municipios en apoyo a las comunidades para la atención y tratamiento y detección de la diabetes mellitus y problemas de obesidad, con lo cual se atenderá el problema creciente de salud pública de la diabetes y podrán coordinarse los esfuerzos para aprovechar las capacidades de las instituciones rectoras en materia de salud.

Un estudio realizado en el 2001, revela los niveles críticos de muerte causada por diabetes en los municipios de México. (Véase abajo cuadro defunciones)

Fuente: Pedro Félix Alvarez Rivero, el índice relevante de justicia en la desi-gualdad de una distribución cualquiera. Su aplicación en las ciencias de la salud, Salud Pública, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México 2001.

Las conclusiones del estudio fueron las siguientes:

Los otros 7 municipios ocupan los 7 últimos lugares (con tres excepciones) en el registro de casos por enfermedades como puede observarse en la tabla • 8, estos municipios son Jonuta, Tacotalpa, Balancan, Tenosique, E. Zapata, Nacajuca y Jalapa con un total de 394 definiciones que representa el 16.8 por ciento de las muertes registradas, en la tabla 8 en su segunda parte puede analizarse las variaciones registrados en estos municipios si se compara con el municipio del Centro y se tiene en cuenta sus volúmenes de población que en estos casos son menores a los restantes municipios.

La sociedad debe poner a la diabetes en el mismo contexto de alarma que otras enfermedades porque, aunque no se perciba directamente, está causando sufrimiento y muerte a escalas impresionantes. Por esa razón, se torna necesario profundizar en los factores relacionados con los cuidados brindados a los pacientes por parte de la familia y de las instituciones de salud, pues la causa principal de complicaciones cardiovasculares, insuficiencia renal, ceguera y amputaciones, ha sido el poco control de los niveles de azúcar en sangre, sobre todo en personas con diabetes Tipo 2. ⁸

Basta mencionar los siguientes municipios que padecen problemas de salud pública, en la enfermedad diagnosticada como diabetes:

• Durango-Durango en población adulta es del 10.9 por ciento, mientras que la media nacional es de 10.7 por ciento, según informa José Ramón Enríquez Herrera, secretario de Salud. En los menores de edad, se tiene conocimiento de 1.2 casos por cada 100 mil habitantes al año.

• Reynosa-Tamaulipas, en el DIF Reynosa, se detectaron 109 personas de 18 a 65 años con diabetes, se atendió a 219 personas de 18 a 65 años por hipertensión. ⁹

Por las razones ya expuestas y a fin de proteger el derecho a la salud, contemplado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone a través de la imposición de un gravamen a las bebidas carbonatadas promotoras y causantes de problemas asociados al sobrepeso y la obesidad, buscar la prevención de los problemas de salud asociados a su consumo, coadyuvar a las acciones de políticas públicas para informar a la población de los males que está causando el consumo de refresco en la salud y, al mismo tiempo, conscientizar a las familias y a la sociedad sobre los hábitos alimenticios ajenos a los valores nutricionales indispensables para el desarrollo, crecimiento y buen estado de salud.

Por lo expuesto, el que suscribe, Carlos Alberto Puente Salas diputado a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para garantizar lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o., párrafos tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, someten a la consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Artículo Primero. Se adiciona el inciso I) a la fracción l del artículo 2º; el artículo 2o.F y la fracción XVII al artículo 3º., de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para quedar como sigue:

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo 2. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas siguientes:

I) Refrescos . 25 por ciento.

Artículo 2-F. La tasa señalada en el artículo 2o., fracción I, inciso I), de esta ley se aplicará conforme a lo siguiente:

Los ingresos que se recauden se destinarán al Fondo General para el Fortalecimiento de Municipios en apoyo a las comunidades para la atención, tratamiento y detección de la diabetes mellitus y problemas de obesidad.

Los municipios y las demarcaciones territoriales recibirán las cantidades que serán asignadas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

Quedarán exceptuados del pago de esta contribución las bebidas que preponderantemente contengan jugo, pulpa o néctar, de frutas o de verduras, siempre que unidos a los azúcares, grasas o sales del producto representen calidades nutrimentales recomendadas a personas diagnosticadas con obesidad, diabetes o sobrepeso.

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, y se dejan sin efecto todas las disposiciones administrativas, reglamentarias, acuerdos, circulares, convenios y todos los actos administrativos que contravengan este decreto.

Notas: 1 Para ejemplificar lo anterior basta mencionar que Coca Cola FEMSA cuenta con 12 embotelladoras de refresco, cinco de las cuales se ubican en entidades federativas donde escasea el agua, véase Estado de México (Toluca, Cuautitlán, Los Reyes la Paz) Guanajuato (León y Celaya). 2 Lamentablemente la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares de 2005 no nos permite proseguir con este comparativo dado que el nivel de agregación con que se reportan las variables no llega al detalle que tenían las encuestas anteriores. 3 Fuente: Elaborado con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004. INEGI. 4 Boletín N°. 1035 Cámara de Diputados, ``La familia mexicana da más importancia al refresco que a la leche; gastamos 118 mil MDP anuales en gaseosas'' 5 Ramiro Alonso, ``Descartan alza de precios en cervezas y refrescos'', El Universal- Finanzas, 3 de marzo de 2008. 6 La Jornada, ``La bomba de la obesidad en México'' 17 de enero de 2008. 7 Dr. Gerardo Maupomé. Department of Clinical Dental Sciences, Division of Preventive and Community Dentistry, Faculty of Dentistry, University of British Columbia. 2199 Wesbrook Mall. Vancouver, B.C., Canadá V6T IZ3. 8 En el contexto internacional municipios han sido reconocidos por integrar a sus ordenamientos locales las recomendaciones para integrar los acciones contra la diabetes en las políticas públicas, tal es el caso del municipio de Hurlingham, Holanda, el cual a través de una Ordenanza 12961/07 promulgada por el Honorable Concejo Deliberante, de la Resolución en la materia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo cual le hizo acreedor al reconocimiento internacional en materia de políticas de Salud. (Mayor información en la edición 41 del Congreso Europeo de Diabetes). 9 Con datos de Angelina Bueno Gradas 16 de enero del 2008, síntesis informativa; Sin autor, 13 de diciembre de 2007, Síntesis Informativa; Gina Campuzano, 20 de septiembre de 2005, El Siglo de Durango; Ángel A. Guerra, Siembra 'Geño' la semilla del futuro 13 marzo 2008.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley General de Educación.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

Jorge Godoy Cárdenas , diputado la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, en uso de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 numeral 3, 40 numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Educación, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley General de Educación.

Exposición de Motivos

Es de suma importancia conocer el estado que presenta en cada ciclo escolar la administración de libros y materiales gratuitos para educación, a efecto de sensibilizar las necesidades en el ámbito educativo, para en su caso, conservar las asignaciones presupuestales para el caso concreto, o aumentar las mismas de acuerdo a las necesidades de cada autoridad educativa local.

El Grupo Parlamentario de Convergencia considera necesario ajustar la redacción del artículo 19 de la Ley General de Educación, a efecto de que se tenga una adecuada administración de los libros y materiales gratuitos asignados a las autoridades educativas locales, mediante un reporte que refleje en cada ciclo escolar, los porcentajes de distribución correspondientes, de manera equitativa.

Por todo lo anterior, y con fundamento en los artículos 55 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue

Texto vigente

Artículo 19. Será responsabilidad de las autoridades educativas locales realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la secretaría les proporcione.

Texto que se propone

Artículo 19. Será responsabilidad de las autoridades educativas locales realizar una distribución oportuna, equitativa , completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la secretaría les proporcione. Sobre dicha distribución deberá llevarse la administración correspondiente, informando a la secretaría en cada ciclo escolar, sobre los porcentajes distribuidos para cada caso.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

Jorge Godoy Cárdenas , diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne , para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley

Antecedentes

En diversos lineamientos se define la discapacidad como: Una deficiencia física, mental o sensorial, de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, y que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

A menudo, las personas con discapacidad no han tenido un adecuado acceso a la educación y por ende a la formación profesional, los servicios de ayuda que requieren no son suficientes y en su mayoría no están disponibles, que no se ha facilitado su incorporación al empleo y que los edificios y los medios de transporte no son accesibles para ellas.

Generalmente se les excluye de la vida cultural y las relaciones sociales normales.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado, respetuosamente somete a la consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un inciso XI Bis al artículo 2 del Titulo Primero Capitulo Único y se modifican los artículos 13, 15 fracción III y el artículo 16 del Capitulo IV Titulo Segundo de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue

Título Primero Capítulo Único Disposiciones Generales

Articulo 2. ...

Título Segundo De los Derechos y Garantías para las Personas con Discapacidad Capítulo IV De las Facilidades Arquitectónicas, de Desarrollo Urbano y de Vivienda

Artículo 13. Las personas con discapacidad tienen derecho al libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras en espacios públicos y privados.

Las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.

Los edificios públicos y privados que sean construidos a partir del inicio de la vigencia de esta ley, según el uso al que serán destinados, se adecuarán a las normas oficiales que expidan las autoridades competentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a éstos.

Artículo 15. ...

Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público y privado incluirán proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren las necesidades propias de las personas con discapacidad. De la misma manera, los organismos públicos y privados de vivienda otorgarán facilidades a las personas con discapacidad para recibir créditos o subsidios para la adquisición, construcción o remodelación de vivienda.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

Jorge Godoy Cárdenas , diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la comisión correspondiente, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

La pobreza extrema entre los mexicanos de la tercera edad es muy grave pues se les ha relegado de las políticas sociales.

México es uno de los países de América Latina que menos recursos destinan a la protección social de los adultos mayores, históricamente los gobiernos han dejado en el desamparo a las personas de la tercera edad, sobre todo a las más pobres.

Cuando el gobierno del Distrito Federal estableció la pensión para adultos mayores en la capital, muchos criticaron la medida a la que calificaron de ``populista''. Sin embargo, contrario a lo que cree la mayoría de economistas, empresarios y tecnócratas, ``es factible establecer una pensión universal para los adultos mayores que elimine la pobreza en la tercera edad'', ¹ La Cámara de Diputados aprobó para el 2007 un presupuesto de dos mil 200 millones de pesos para el nuevo Programa de Retiro para Población en Oportunidades, mediante el cual se entregará una pensión de 250 pesos mensuales a adultos mayores de 70 años en total indefensión (el dinero sólo alcanzará para poco más de 733 mil personas).

En el país hay más de 3 millones 600 mil personas mayores de 70 años. El nuevo programa atenderá a uno de cada cinco adultos de la tercera edad y a poco más de la tercera parte de los que viven en pobreza extrema patrimonial.

La extrema pobreza entre los adultos mayores en México ``es excepcionalmente alta en relación con América Latina. La pobreza es 70 por ciento superior en ese sector que en el resto de la población, por encima de países pobres como Bolivia, Guatemala, El Salvador o Costa Rica. En Brasil, donde el gobierno aplica una pensión básica de cobertura amplia en el sector rural, la tasa de pobreza en la tercera edad es menor en 25 por ciento a la tasa nacional'', afirma John Scott Andreta. ²

Al hacer una comparación de las políticas sociales en la región, ``México --aun con el nuevo programa de pensiones de Oportunidades-- destina apenas una décima parte de lo que los países de América Latina dedican, en promedio, a programas de pensiones no contributivos dirigidos hacia la población pobre. México destina 0.04 por ciento del producto interno bruto a ello, cuando el promedio regional va de 0.4 por ciento a 1 por ciento del producto interno bruto. El problema es muy serio, en México las personas de la tercera edad han sido particularmente desprotegidas''.

Sin especificar el origen de los recursos que se emplearán, el presidente Felipe Calderón anunció un incremento de 3 mil millones de pesos al presupuesto del programa Oportunidades, como ``apoyo adicional'' para el consumo de energía de 5 millones de familias; en promedio, la ayuda será de 50 pesos mensuales, que serán entregados bimestralmente.

En lo que denominó Oportunidades Energético, el mandatario señaló que este nuevo componente del programa representa 25 por ciento de lo que en promedio gastan hoy las familias beneficiarias de Oportunidades en consumo de energía, y es un 30 por ciento que se adiciona a lo que ahora se recibe de apoyo alimentario.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, para 2007, el programa Oportunidades tiene aprobado un monto de 35 mil millones de pesos.

Es decir, el anuncio de los 3 mil millones adicionales representa poco menos de 10 por ciento de lo acordado originalmente.

Sin embargo, Calderón no especificó de dónde provendrán estos últimos recursos, y solamente dijo haber instruido a los secretarios de Hacienda, y de Desarrollo Social, a disponer de dicho incremento.

Señaló que este nuevo apoyo se dará en la próxima entrega de Oportunidades y será retroactivo al primero de enero de este año. Estos recursos se van a sumar a las transferencias en efectivo que reciben los beneficiarios del programa por concepto de becas educativas y útiles escolares, respaldo a la alimentación familiar y ayuda a adultos mayores.

El coordinador general de Oportunidades, Salvador Escobedo, dijo desconocer el origen de los 3 mil millones de pesos, por lo que pidió formular esa pregunta a Hacienda.

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Desarrollo Social, una familia de Oportunidades eroga 201 pesos mensuales en pago de energía, por lo que el nuevo apoyo que recibirán atenderá 25 por ciento de esta erogación.

Pero si tenemos en cuenta que los adultos mayores no cuentan con más ingresos que una pensión o una ayuda del gobierno para subsistir, pregunto ¿de dónde pagarán los demás servicios? si no les alcanza ni para una canasta básica, aunado al aumento que ha tenido esta canasta en los últimos tiempos.

Considerandos

Es por ello que solicito que se les otorguen --a los adultos mayores-- descuentos en el servicio de luz, para subsanar la extrema pobreza en la que muchos de ellos se encuentran. Ya que los 50 pesos proporcionados por el gobierno federal son insuficientes.

En mérito de lo antes expuesto, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia comprometido, con los grandes proyectos que redunden en verdaderos beneficios a las clases sociales, somete a esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se adiciona un artículo 23 Bis y un inciso I a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Primero. Se adiciona un artículo 23 Bis y un inciso I a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar en los siguientes términos.

1. al 23. ...

Artículo 23 Bis. Corresponde a la Secretaría de Energía, garantizar:

I. El derecho permanente y en todo tiempo de obtener descuentos pertinentes y adecuados del pago del servicio de luz previa acreditación de la edad, mediante identificación oficial, credencial de jubilado o pensionado o credencial que lo acredite como persona adulta mayor, previa acreditación del inmueble, o la calidad que detenten de este en caso de no tener la propiedad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas 1) Afirma John Scott, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y miembro del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 2) En entrevista con Masiosare , John Scott Andreta, investigador del Programa de Presupuesto y Gasto Público del CIDE, aborda el desolador panorama que enfrentan los adultos mayores en México.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Carlos Armando Reyes López, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, iniciativa que reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), por conducto del suscrito, diputado federal Carlos Armando Reyes López , en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La reciente evaluación y simplificación de las reglas de operación con que el Poder Ejecutivo responde a las demandas del sector agropecuario son ejemplo de su compromiso con el campo y con la sociedad en general.

La claridad que hoy se tiene en el acceso a los programas, la confianza en la transparencia para que los recursos lleguen a quien verdaderamente los necesita, y la prioridad del Presupuesto en incrementar la competitividad son acciones que jamás habían sido implantadas por algún gobierno federal.

A partir de lo anterior, serán mucho más enérgicas la rendición de cuentas y la revisión de los recursos otorgados por la federación. Se combate la entrega de apoyos a partir de la preferencia electoral, y no podrán ser beneficiarios de los programas los servidores públicos, familiares o parientes consanguíneos.

En concordancia con lo anterior, nunca antes se había apoyado al campo mexicano como ocurrió en el Presupuesto de este año, con 204 mil millones de pesos, que tendrán una aplicación más efectiva y beneficiaran sustancialmente a más productores.

En conclusión, el PAN ha mostrado firmeza en la reorientación de políticas públicas que garanticen a la gente que vive del campo un respaldo absoluto al realizar sus actividades. Además, ha puesto a su disposición programas de modernización y fortalecimiento de la competitividad, y esquemas de financiamiento para adquirir nuevas tecnologías que contribuyan a la reducción de costos y permitirles ser más competitivos.

El compromiso de este gobierno ha sido atender y resolver de inmediato las necesidades de los productores. El andamiaje que se construye tiene como objetivo resolver en forma integral un problema que mantuvo aletargado el campo mexicano durante muchos años.

Es igualmente necesario que los productores del campo asuman su responsabilidad y contribuyan en la sustentabilidad de los recursos naturales. Su compromiso debe sumarse al esfuerzo del gobierno federal y coadyuvar en la conservación y uso eficiente del agua, en la reforestación de los bosques, en la recarga de los mantos acuíferos, y aprovechar los programas de modernización y tecnificación del riego.

En la medida en que se garantice la corresponsabilidad de todos será posible observar el progreso tecnológico en el campo, se elevarán los volúmenes de producción agrícola en calidad y en cantidad, habrá incrementos sustancialmente en ganancias, y el éxito será coronado en el momento en que fragmentemos el círculo vicioso a que se enfrentaban millones de productores al evaluar si producen o no, dependiendo del costo de los insumos, entre ellos el de la energía eléctrica.

Ahora bien, para alcanzar cosechas satisfactorias es indispensable la conjugación de dos elementos. Por un lado, el uso del agua representa un pasivo ambiental fundamental en el proceso agrícola, dado que más de 70 por ciento del agua extraída se utiliza para el riego. En segundo término, encontramos el uso de la energía eléctrica para el bombeo y riego de cultivos, subrayando que sólo los productores que han tramitado o cuentan con título de concesión para la explotación del agua tienen la posibilidad actualmente de acceder a tarifas preferenciales, desde luego apoyos que representan una ventaja competitiva respecto a los demás.

Esta iniciativa tiene como finalidad establecer una correlación entre los títulos de concesión, las tarifas eléctricas preferenciales para uso agrícola y en la sustentabilidad del uso del agua:

Por una parte, si los productores se acercan a las autoridades para revisar el estado de sus pozos, estarán en la posibilidad de obtener su título de explotación, con lo que podrán beneficiarse del apoyo federal en el subsidio que otorga el gobierno federal en los términos del acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica 9-cu y 9-n, publicado el 21 de diciembre de 2007, en el que se establecen apoyos en materia de tarifas eléctricas para este sector.

Con esta medida frenamos la explotación de pozos clandestinos, que ponen en riesgo la sustentabilidad del agua; incentivamos a los productores a que realicen el trámite correspondiente; favorecemos que las autoridades estén alerta y en permanente monitoreo de las condiciones de los pozos; y, finalmente, garantizamos que más productores se beneficien del subsidio federal.

Ahora bien, la forma en que garantizaremos la corresponsabilidad de los productores en este proceso es mediante la reforma del artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para precisar que el servicio eléctrico en materia agropecuaria sólo se prestará al que posea título de concesión o asignación para la explotación, el uso o el aprovechamiento de aguas nacionales, emitido por la Comisión Nacional del Agua, al solicitar el servicio para el bombeo y rebombeo de agua de riego para uso en los cultivos agrícolas.

En conclusión, lograremos que más productores tengan acceso al subsidio agrícola; ganamos corresponsabilidad de todas las partes en el cuidado del ambiente y gana el campo mexicano al contribuir en el incremento de la competitividad.

Finalmente, y en concordancia con la exposición de motivos y el objetivo que se desea alcanzar, sirva la presente intervención para exhortar al Poder Ejecutivo y a los productores en general a acelerar la regularización de los pozos carentes aún de título de concesión.

En mérito de lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Único. Se reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 25. La Comisión Federal de Electricidad suministrará energía eléctrica al que lo solicite , salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, sin establecer preferencia alguna dentro de cada clasificación tarifaria.

La prestación del servicio para la extracción de agua para riego, bombeo y rebombeo estará sujeta a la tenencia del título de concesión o asignación para la explotación, el uso o el aprovechamiento de las aguas nacionales otorgado por la Comisión Nacional del Agua o, en su caso, la acreditación de los derechos de posesión precaria o sentencias agrarias favorables definitivas.

El reglamento fijará los requisitos que debe cumplir el solicitante del servicio, y señalar los plazos para celebrar el contrato y efectuar la conexión de los servicios por parte de la comisión.

Transitorio

Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se Turna a la Comisión de Energía, con opinión de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del PVEM

Ana María Ramírez Cerda , integrante de la LX legislatura del H. Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable asamblea iniciativa mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, con objeto de que se establezca un seguro de desempleo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

En virtud de que el desempleo implica la reducción de los ingresos que se obtienen por trabajo, estimamos necesario establecer un mecanismo que permita mejorar la situación de los trabajadores por falta temporal de un empleo, debido a que la ausencia de éste, sin duda, ocasiona la imposibilidad de proveer satisfactores para las necesidades básicas de una familia.

La intención es establecer un seguro de desempleo que se cubra con las aportaciones del trabajador y el gobierno, con requisitos bien definidos para tener acceso al mismo.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera que la propuesta que se presenta, se complementa con el Sistema Nacional del Empleo, el cual fue constituido en 1978, a partir de diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo. Particularmente, porque nuestro sistema de seguridad social, de acuerdo con su diseño, no permite que los trabajadores tengan periodos prolongados de desocupación.

Recordemos que ``el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) da origen a seis subprogramas y a los beneficiarios de éstos se les otorgan apoyos económicos o en especie con recursos públicos federales. Dichos subprogramas son los siguientes:

Estos subprogramas atienden la capacitación de los desempleados o les proporciona algún medio que les permita buscar otro empleo. Lo anterior no es óbice para presentar nuestra propuesta; por el contrario, la fortalece, ya que el seguro de desempleo se complementa con dichos subprogramas, tal como lo hacen algunos países europeos, que cuentan con programas asistenciales que complementan el seguro de desempleo que otorgan.

En este orden de ideas, la reforma que proponemos resulta necesaria si tomamos en cuenta el desempleo en nuestro país. Según información disponible, en enero del presente año la tasa de desempleo se ubicó en 4.06 por ciento de la población económicamente activa (PEA), lo que implicó que alrededor de 1 millón 786 mil 628 personas estuvieron desocupadas.

Lo anterior representó un aumento de casi 300 mil personas con relación a diciembre de 2007. Incluso la tasa de desocupación del mes de enero de este año fue superior a la reportada en 2007, que fue de 3.96 por ciento.

Por otra parte, si bien es cierto que la tasa de desempleo en nuestro país disminuyó para febrero de este año, situándose en 3.81 por ciento de la PEA, según la Encuesta Nacional de Empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, también debemos reconocer que la disminución de ``la tasa de desocupación no implica necesariamente un buen desempeño de los mercados laborales ni tampoco una fuente de certidumbre''.¹

De conformidad con lo anterior, con la presente iniciativa proponemos establecer un mecanismo que permita la transferencia en el tiempo de los ingresos del trabajador; es decir, de los ingresos que percibe durante su ocupación a los tiempos de desocupación; es decir, un seguro de desempleo.

Es oportuno precisar que se ha dicho que el seguro de desempleo es incompatible con la indemnización por despido que regula la Ley Federal del Trabajo, sobre este punto debemos considerar, por una parte, que es cuestionable, debido a que se ha dicho que la indemnización incentiva despidos anticipados, fuerza renuncias con el objeto de evitar los gastos asociados y promueve conductas para provocar el despido y, por otra parte, recordemos que muchos trabajadores han engrosado las filas del desempleo por el cierre de empresas que no cuentan con los recursos necesarios para continuar en operación, como sería el caso de la industria del calzado y del vestido.

Asimismo, reconocemos que la Ley del Seguro Social prevé, en su artículo 191, el derecho de los trabajadores a retirar de su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la cantidad que prevé el propio precepto, siempre que dejen de estar sujetos a una relación laboral, acrediten no haber efectuado retiros durante los cinco años inmediatos anteriores al cuadragésimo sexto día natural, contado desde el día en que quedaron desempleados.

Si bien este precepto otorga un derecho al trabajador que ha perdido su empleo, es claro que el ejercicio del mismo se otorga cada cinco años y que será en detrimento de su propio derecho de jubilación, por tal motivo el trabajador deberá elegir conforme a los supuestos que se establezcan, a qué derecho se acoge y no podrá gozar de ambos al mismo tiempo.

La intención de la propuesta que se presenta consiste en reconocer la problemática que enfrentan los desempleados para incorporarse al mercado laboral. Asimismo, con la presente iniciativa no pretendemos inducir el aumento de la tasa y del tiempo que dure la desocupación. Para evitarlo, proponemos que en las disposiciones administrativas correspondientes se establezcan los requisitos previos para acceder al seguro de desempleo, así como monto y duración del mismo.

Asimismo, para poder hacer uso del seguro de desempleo es requisito indispensable que el trabajador se encuentre en situación de desempleo en forma involuntaria, que haya cotizado por lo menos seis meses en los veinticuatro meses previos al desempleo. Asimismo, el pago del seguro de desempleo estará condicionado a la disposición para trabajar del desempleado, por lo que será necesario que se inscriba en los programas gubernamentales locales de búsqueda de empleo, de tal suerte que si rechaza alguna oferta de trabajo, se podrá considerar que su situación ya no es de desempleo involuntario.

El trabajador tendrá derecho a que se le otorgue como máximo el cuarenta por ciento del sueldo que percibía antes de perder el empleo de forma involuntaria.

Sólo podrá acceder a este derecho si después de transcurridos tres meses no ha encontrado trabajo. La intención es evitar la cobertura del seguro por periodos cortos de desempleo, que de alguna manera no generan problemas de ingreso para el trabajador, evitando así la contradicción que se menciona por algunas personas, en el sentido de que este seguro es incompatible con la indemnización por despido injustificado.

Este beneficio sólo podrá otorgarse por un periodo no mayor a ocho meses, cuyo porcentaje irá disminuyendo en el tiempo.

De conformidad con lo expuesto, estimamos que el Programa Nacional de Empleo se complementa con el seguro de desempleo que proponemos, debido a que deberán mantener una estrecha relación para asegurar que el beneficio sea pagado sólo a trabajadores que se han registrado en los programas de servicios de empleo y de capacitación laboral.

Con el propósito de proporcionar seguridad en los ingresos a quienes perdieron el empleo de forma involuntaria, a fin de que los desempleados cuenten con recursos para cubrir sus necesidades básicas, que les permita la búsqueda de trabajo y la reincorporación al mercado laboral presentamos la presente iniciativa.

Por lo expuesto, en términos de lo previsto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, en materia de seguro de desempleo

Artículo Único. Se reforma la denominación del Capítulo VI del Título Segundo, los artículos 152, 159, 167 y 168 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Capítulo VI Del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y Desempleo

Artículo 152. Los riesgos protegidos por este capítulo son el retiro, la cesantía en edad avanzada y la vejez, y el desempleo del asegurado, así como la muerte de los pensionados por este seguro, en los términos y con las modalidades previstas en esta ley.

Artículo 159. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

Artículo 167. Los patrones y el gobierno federal, en la parte que les corresponde, están obligados a enterar al instituto el importe de las cuotas obrero-patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de desempleo . Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Artículo 168. Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los dos meses siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Ejecutivo federal contará con un plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir las disposiciones reglamentarias y administrativas y crear los órganos que se requieran para su aplicación.

Tercero. El seguro de desempleo a que se refiere el presente decreto sólo se podrá otorgar después de tres meses contados a partir del día en que el trabajador perdió el empleo en forma injustificada, y el beneficio sólo podrá otorgarse por un periodo no mayor a ocho meses, cuyo porcentaje deberá disminuir de forma mensual. En todo caso, el trabajador que deje de estar sujeto a una relación laboral de forma involuntaria, no podrá ejercer simultáneamente el derecho al seguro de desempleo con el derecho a que se refiere la fracción II del artículo 191 de la Ley del Seguro Social.

Cuarto. En el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente, se deberán destinar los recursos necesarios para la aplicación del presente decreto.

Quinto. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Nota 1 V. ``El fantasma de la desocupación. La pérdida de trabajo como un evento recurrente en los antecedentes laborales en México, Claudio H. Vargas. Boletín de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica. Volumen 3, número 1, enero-abril de 2007.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se turna a la Comisión de Seguridad Social.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma los artículos 49, 51 y 100 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Iniciativa que reforma los artículos 49, 51 y 100 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado Manuel Cárdenas Fonseca , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 49, 51 y 100 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con objeto de precisar cuestiones relativas a la pesca y acuacultura comercial, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El 26 de abril de 2007, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 24 de julio de 2007.

En su artículo primero establece el interés social y orden público de la misma, cuyo objeto es regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, con ámbito reglamentario del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura.

En atención a lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de la explotación, uso o aprovechamiento de los recursos naturales y, para este caso particular, de los recursos pesqueros y acuícolas por parte de particulares o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal, de conformidad con las reglas y condiciones establecidas por la ley.

No obstante lo anterior, en el artículo 36 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables se reconoce como instrumentos de la política pesquera a los programas de ordenamiento pesquero, los planes de manejo pesquero y las concesiones y permisos.

La ley establece, de manera expresa en su artículo 40, que la pesca y la acuacultura comercial requieren concesión y, alternativamente, en el artículo 41 dispone que estas actividades requerirán de permiso, al igual que las demás modalidades de pesca y acuacultura que contempla la propia ley.

De conformidad con estos preceptos, sólo la pesca y acuacultura comercial quedan sujetas, para su realización, a la obtención de una concesión o de un permiso, disponiéndose además en el artículo 50 que los titulares de concesiones podrán ser sustituidos previa autorización de la secretaría y, contrariamente, en el artículo 51 se establece que los permisos no podrán ser transferidos a terceros, sin que de la misma ley se desprenda causa o razón alguna para esta distinción, tal como se demuestra a continuación:

Los requisitos que deben satisfacerse para la obtención de concesiones y de permisos son similares, ya que, en ambos casos, los solicitantes deben acreditar la legal disposición de los bienes y equipos necesarios para cumplir con el objeto de la solicitud (artículos 48 y 52), teniendo que presentar una solicitud que deberá contener la siguiente información:

3. La duración por la que pretenda sea otorgada la concesión o permiso;

La única diferencia entre los requisitos exigidos para la obtención de concesiones o permisos es que para las concesiones se pide que la solicitud contenga una propuesta de manejo de la pesquería o recurso, en los términos que señale el reglamento.

En los hechos, dicha propuesta de manejo no puede consistir más que en la presentación de información, conteniendo el programa de operación y producción del solicitante como se establecía en la Ley de Pesca abrogada, bien se trate de concesiones o permisos, toda vez que el manejo de la pesquería o recurso no puede ser más que el establecido en instrumentos diversos como son los planes de manejo pesquero cuya elaboración corresponde a la Sagarpa.

En efecto, como lo dispone en artículo 20, fracción XI, los planes de manejo pesquero y de acuacultura constituyen elementos que debe contemplar el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura que, además, deben ser publicados por la autoridad correspondiente.

Otra pretendida diferencia entre las disposiciones aplicables a ambos títulos es la que se establece en el artículo 42, en cuanto a que las concesiones se otorgarán en función de la evaluación de los resultados que arrojen los estudios técnicos y económicos, así como de la cuantía y recuperación de la inversión, sin que en la ley se precise a qué estudios se refieren.

Sobre esa base, el mismo artículo 42 dispone que se otorguen permisos cuando, por la cuantía de la inversión, no se requiera de estudios técnicos y económicos, como si la inversión requerida en embarcaciones, equipos y artes de pesca para determinada pesquería fuera sustancialmente distinta si se realiza al amparo de una concesión o de un permiso.

Además, a todas luces, contrario a derecho, resulta la situación discriminatoria en que se coloca a los nacionales frente a los extranjeros, con el sentido y alcance de las disposiciones contenidas en los artículos 50, 90, 91 y 100 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables respecto de la acuacultura comercial.

De dicha interpretación, y atendiendo de manera expresa al artículo 50, se desprende que mientras que los nacionales que realicen la acuacultura comercial al amparo de un permiso se verían impedidos de transferir los derechos derivados de estos títulos, a los extranjeros sí les es factible hacerlo, ya que al ser titulares de una concesión existe la posibilidad de transferir los derechos derivados de este tipo de títulos.

Todas las consideraciones anteriores nos llevan a la conclusión de que no existe causa o razón técnica o jurídicamente válida para establecer la posibilidad de que los titulares de concesiones puedan ser sustituidos y no así en el caso de permisos, particularmente en lo relativo a la pesca o la acuacultura comercial.

Se exceptúa de lo anterior a los permisos que llegaran a otorgarse para la realización de la pesca o acuacultura por parte de extranjeros, caso en el cual sí podría ser justificable restringir la posibilidad de transferencia de concesiones o permisos, pero sólo de un titular extranjero a otro, en razón de que, en ese caso, tendría que evaluarse que el aspirante, al ser beneficiado con la transferencia de cualquier título, reúna las condiciones de estatus migratorio y demás que dispongan las leyes aplicables.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 49, 51 y 100 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Primero. Se reforma el artículo 49 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Articulo 49. ...

Para la pesca y la acuacultura comercial, el concesionario deberá entregar un informe al Inapesca cada dos años y, con base en el dictamen emitido por el instituto, se podrá prorrogar la concesión.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 51 . ...

...

Podrán ser prorrogados si la evaluación realizada por el Inapesca resulta positiva en cuanto al manejo de la pesquería, acorde con las condiciones que se establezcan en el reglamento de la presente ley y podrán ser transferidos a terceros, previa autorización expresa que otorgue la secretaría, siempre que se cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el reglamento de la presente ley.

En caso de fallecimiento del permisionario, la secretaría dará preferencia para la sustitución a los designados por el derecho sucesorio aplicable al caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 100 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 100. ...

Podrán ser prorrogados en los casos y condiciones que se determinen en el propio reglamento y serán intransferibles. Sólo en el caso de la acuacultura comercial, sus titulares podrán ser sustituidos, previa autorización expresa que otorgue la secretaría, siempre que se cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el reglamento de la presente ley.

Para la acuacultura comercial el titular deberá entregar un informe al Inapesca a la mitad del plazo estipulado en el permiso y, con base en el dictamen emitido por el instituto, se podrá prorrogar el permiso.

Transitorios

Único. Este decreto entrará en vigor dentro de los 90 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se turna a la Comisión de Pesca.

CENTROS DE READAPTACION SOCIAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad pública implemente acciones inmediatas para dignificar la calidad de vida de las personas que se encuentran recluidas en los centros de readaptación social del país.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SSP que implante acciones inmediatas para dignificar la calidad de vida de las personas recluidas en los centros de readaptación social, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del PRI

Gerardo Octavio Vargas Landeros , diputado por el segundo distrito de Ahome, Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

El problema de la inseguridad que se vive en el país ha llevado a las autoridades a la ejecución de diversos programas tendentes a contrarrestar las conductas delictivas en todos sus ámbitos y modalidades. Sin embargo, cuando se toca el tema del sistema penitenciario y la calidad de vida de los internos, escasas son las acciones implantadas y los resultados obtenidos por los responsables de la seguridad pública, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local.

Si bien es cierto que el problema de la calidad de vida de los internos es altamente complejo por que influyen en él múltiples factores de tipo legal, financiero, institucional y psicosocial, también lo es que uno de los principales factores contra el que debemos de luchar es el de la sobrepoblación que existe en los Centros de Readaptación Social, federales y locales.

Este problema no puede seguir quedándose tan sólo en discursos retóricos, que ofrecen promesas que nunca se cumplen, por el contrario las autoridades responsables de la seguridad pública deben generar programas y acciones inmediatas para reorganizar el funcionamiento y la estructura interna de todos los Centros de Readaptación Social.

Datos obtenidos de investigaciones serias muestran que en el ámbito local existen 85 mil 960 sentenciados y 70 mil 906 personas que se encuentran en prisión preventiva. En el ámbito federal existen 33 mil 256 sentenciados y 18 mil 198 personas con prisión preventiva. Ambas, en conjunto, dan la cifra de más de 300 mil personas recluidas que viven en condiciones infrahumanas, claramente violatorias de sus derechos humanos, que a su vez vulneran las diversas convenciones y tratados internacionales signados por México en dicha materia.

En el 2004, los Centros de Readaptación Social ya tenían una sobrepoblación de 43 mil 15 reos que para diciembre de 2007 se incrementaría a la cifra de 55 mil 887.

Las entidades en las que este problema se complica son: Baja California Sur, Baja California, estado de México, Sonora y el Distrito Federal. Este último tiene al reclusorio preventivo varonil más sobrepoblado de América Latina con 10 mil 481 internos.

Es importante entender que la sobrepoblación impide una verdadera readaptación, genera corrupción, violencia, ilegalidad e impide que las personas, tanto internos, familiares y custodios, puedan vivir en condiciones mínimas que garanticen la dignidad de toda persona. Quienes por alguna razón tienen que ir a un reclusorio, sabe que hay que pagar diversas cuotas para estar con los internos, para que no los golpeen o para que puedan por lo menos dormir.

En varios reclusorios los familiares de los reos pagan aproximadamente 100 pesos en la aduana de ingreso, 20 para pasar al lugar donde se encuentra el interno, 50 por las sillas y mesas en las que comen con los reos y una infinidad de tarifas por el ingreso de comida y otros bienes de uso personal.

En el periódico Reforma y en el varios noticieros nacionales se ha venido exponiendo el tema en interesante reportajes que tratan sobre la sobrepoblación penitenciaria encontrando que en celdas extremadamente reducidas habitan de 10 a 50 internos. El derecho a dormir en una cama es conforme a la regla del más fuerte o el más influyente y es común encontrar reos que duermen en el piso, sobre el sanitario o hasta amarrados de los barrotes.

Está comprobado que la saturación en las cárceles trae una gran variedad de problemas en su interior que van desde la insalubridad y los motines, hasta el tráfico de enervantes y las oprobiosas extorsiones telefónicas que aquí --en este recinto-- se han dado a compañeras diputadas.

La solicitud que hacemos a los servidores públicos responsables de garantizar que las cárceles sean verdaderos Centros de Readaptación Social toma en cuenta los diversos estudios hechos por los organismos defensores de derechos humanos, tanto el federal como los locales, y las muy variadas denuncias hechas por la sociedad civil organizada, ambas instancias han exigido una solución verdadera al problema de la sobrepoblación de los reclusorios sin que se haya hecho caso alguno.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos de la mayor importancia que el secretario de Seguridad Pública federal, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y los demás funcionarios que lo conforman, intervengan de forma inmediata y directa para evitar los altos costos económicos, sociales y familiares que produce la sobrepoblación carcelaria en México.

Si no buscamos establecer un sistema penitenciario moderno en el que la pena impuesta por el juzgador sea tal que efectivamente merezca el castigo de la reclusión y, a su vez, un medio eficaz para garantizar su reincorporación a la sociedad o su detención prolongada por el alto grado de peligrosidad, nuestro sistema de seguridad pública y justicia penal continuará siendo anacrónico y disfuncional.

Apelo a la reflexión profunda de esta soberanía, que en anteriores sesiones aprobó la reforma al sistema de justicia penal, instrumento moderno que racionaliza la aplicación de la prisión preventiva y regula de una mejor manera las medidas cautelares. No olvidemos que la readaptación social debe hacerse bajo la base del trabajo, el tratamiento psicológico, la capacitación y la educación de los reos, principios clave que difícilmente se dan en lugares con alto grado de sobrepoblación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al secretario de Seguridad Pública federal que, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, informe al Pleno de esta soberanía sobre las acciones generadas y los resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos que se encuentran recluidos en los Centros de Readaptación Social federales y locales, tomando en cuenta el alto índice de sobrepoblación existente.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

FERROCARRIL CHIHUAHUA-PACIFICO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió de los diputados Israel Beltrán Montesy Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportesque informe sobre la operación del ferrocarril mexicano.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que informe sobre la operación del Ferrocarril Mexicano, suscrita por los diputados Israel Beltrán Montes y Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados federales Israel Beltrán Montes y Gerardo Vargas Landeros, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan una proposición con punto de acuerdo mediante la cual se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, información sobre la operación del Ferrocarril Mexicano, SA de CV, y exhortan para que adopte las medidas legales correspondientes, en el ámbito de su competencia, para que dicha empresa ferroviaria reanude el servicio de paquetería exprés entre Chihuahua y Sinaloa, al tenor de los siguientes

Consideraciones

1. Ferrocarril Mexicano, SA de CV (Ferromex) es una sociedad anónima subsidiaria de Grupo México, constituida mediante escritura pública número 51 mil 293 en 1997, otorga ante la fe del licenciado Miguel Alessio Robles, notario público número 19, de la Ciudad de México, Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el número de folio mercantil 226005 de 1 de julio de 1997 y tiene sus oficinas principales en Bosque de Ciruelo número 99, colonia Bosques de las Lomas, 11700, México, Distrito Federal.

Que en virtud de que en 1996, el gobierno mexicano inició un programa para privatizar el sistema ferroviario nacional, dividiendo Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) en diversos sistemas regionales, para posteriormente vender las sociedades concesionarias de cada sistema resultante, a través de licitaciones públicas.

La anterior división se hizo en función de tres líneas troncales y varias líneas cortas. Una de las líneas troncales correspondió al ferrocarril Pacífico-Norte, que incluía la línea corta Ojinaga-Topolobampo, también conocida como la línea Chihuahua-Pacífico, entre otras.

A mediados de 1997, Grupo México e ICA presentaron una oferta en licitación pública para la adquisición de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la compañía que era concesionaria de la concesión Ojinaga-Topolobampo y la concesión Pacífico-Norte, a través de la compañía tenedora GFM. Esta fue designada ganadora de tal licitación y el 18 de agosto de 1997 adquirió la totalidad de las acciones de la compañía ferroviaria.

Consecuentemente, Ferromex es una sociedad anónima de capital variable, subsidiaria del Grupo México e ICA.

2. Ferromex opera la concesión del servicio público ferroviario del sistema conocido como Chihuahua-Pacífico que va desde la ciudad de Chihuahua a la de Topolobampo, Sinaloa que atraviesa la sierra Tarahumara, constituyendo no sólo un atractivo turístico de primera importancia sino un medio de transporte de pasajeros y carga que constituye la única forma de comunicación para múltiples comunidades y poblados de la serranía en que colindan Chihuahua y Sinaloa.

En octubre de 2005, Ferromex suspendió temporalmente, según lo hizo del conocimiento del público en general, el servicio de paquetería en el recorrido del ferrocarril Chihuahua-Pacífico, informando que dicho servicio se prestaría por medio del tren carguero. Han pasado dos años y cinco meses y aún no se restablece el servicio en el tren económico de pasajeros; lo anterior ha causado serios perjuicios no sólo a los habitantes de las ciudades terminales, es decir, Chihuahua y Topolobampo, sino a las ciudades que toca la ruta como ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua y Ahome, Sinaloa y las numerosas poblaciones y comunidades de la sierra que son comunicadas por dicha ruta ferroviaria.

El tren carguero que actualmente opera el servicio de paquetería es insuficiente, además de que es menos confiable que el tren de pasajeros; el dueño de los envíos no puede viajar en el mismo tren que transporta su mercancía; los robos de mercancías son muy frecuentes en el tren de carga, y las salidas son mucho menos frecuentes en dicho tren de carga.

Se destaca que el servicio de paquetería eficiente y con la frecuencia que puede prestar el transporte económico de pasajeros es básico para las comunidades serranas que se encuentran alejadas de otras vías de comunicación y que dependen de la llegada del tren para abastecerse de artículos básicos de alimentación, herramientas de trabajo, refacciones y otros artículos de primera necesidad.

3. Los ayuntamientos de ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua y de Ahome, Sinaloa, así como las Cámaras de Comercio de ambos municipios, han solicitado de los diputados que suscribimos esta proposición con punto de acuerdo, a efecto de que la Cámara de Diputados solicite de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la información relacionada con la concesión a Ferromex, de la ruta corta que corresponde al conocido ferrocarril Chihuahua-Pacífico.

Al respecto, se cita lo dispuesto por los artículos 42, primer párrafo y 43, párrafos primero y segundo, que literalmente establecen:

Los concesionarios estarán obligados a proporcionar servicio a dichas comunidades en los términos y condiciones que establezca la secretaría, lo que deberá establecerse en el título de concesión respectivo directamente al concesionario.

Consecuentemente, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, y en el título de concesión que incluye la ruta corta Ojinaga-Topolobampo, también conocida como Chihuahua-Pacífico, adoptar las medidas administrativas necesarias y conducentes a efecto de que la empresa concesionaria restablezca el servicio de paquetería en el tren de pasajeros que presta el servicio ferroviario en la ruta antes identificada.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 58, 59, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita del secretario de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, informe a esta soberanía sobre los términos y condiciones de la concesión otorgada para la prestación del servicio ferroviario Ojinaga-Topolobampo, conocida como ``Ferrocarril Chihuahua-Pacífico'', particularmente en cuanto se refiere a la obligación de prestar el servicio de paquetería a las ciudades, poblados y comunidades que toca la ruta correspondiente.

Segundo. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de colaboración entre los poderes a que adopte las medidas administrativas conducentes, en el ámbito de su competencia, para que se restablezca el servicio de paquetería en la ruta identificada como Chihuahua-Pacífico, en el servicio ferroviario de pasajeros, con la frecuencia y eficiencia que corresponde a dicho servicio.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se turna a la Comisión de Transportes.

CREDITOS BANCARIOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Jorge Godoy Cárdenas, del grupo de Convergencia, punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Condusef, implante una campaña de concientización en los usuarios de créditos.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a implantar mediante la SHCP, el Banco de México, la CNBV y la Condusef una campaña de concienciación entre usuarios de créditos, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

Jorge Godoy Cárdenas , diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento parra el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Por el que se exhorta al Banco de México, al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se implante una campaña de desarrollo de la conciencia en los usuarios de créditos bancarios, sobre las implicaciones y riesgos que pueden generarse en un futuro, resultado del sobregiro y poca capacidad de pago de la deuda.

Segundo. Ofrezcan mecanismos para que los deudores, puedan saldar la deuda en plazos y pagos fijos, lo que beneficiaria en una reducción considerable de la cartera vencida.

Antecedentes

La expropiación de la banca de 1982 le costo el gobierno federal tres billones de viejos pesos para adquirir las instituciones de crédito comerciales y privadas, cuya deuda ascendía a 25 mil millones de dólares.

Todo ello en consecuencia por la debilidad para sostener la devaluación del peso, por una baja de las reservas internacionales del Banco de México, y como no se cubría la demanda de dólares surgieron fuertes cancelaciones de créditos de la banca comercial.

En el año de 1990 se crea el Fobaproa, con la idea de poder enfrentar futuras crisis económicas financieras, que generaban poca liquidez bancaria, por incumplimientos de pagos a la banca y grandes retiros monetarios, tenia como propósito elemental, asumir el costo de carteras vencidas y volver rentables estas instancias.

La reprivatización de los bancos en el año de 1991, con el fundamento teórico de reducir los gastos del gobierno e involucrar a la iniciativa privada en el proceso productivo de la nación, trajo resultados poco favorecedores, 18 bancos fueron entregados a personajes capitalistas por la cantidad de 37 mil 800 millones de pesos, además de la operación de venta por mas de 400 empresas paraestatales.

Como se hizo mención con anterioridad el año de 1994, fue un detonante para la economía mexicana, debido a que surge una fuerte crisis para la que el país no estaba preparado para poder soportar.

El excesivo endeudamiento familiar y empresarial, derivado por el exceso de deuda adquirida con los bancos, provoco un estancamiento en el pago de la misma, lo que propicio que el Fobaproa se pusiera en operación a la brevedad con la necesidad que tenia el gobierno federal por capitalizar la banca y evitar la quiebra eminente.

Considerandos

El país sigue sumergido en una situación bastante frágil, muy lejana de superar el desplome de la economía, de aquel periodo de diciembre del 94, mas aun de aquella primera crisis detonada en el año de 1982, amparada bajo el desplome de los precios del petróleo, provocando un incremento de la deuda externa.

La salida de capitales, cuando los principales líderes empresariales, fueran prevenidos por el gobierno federal de la depreciación que sufriría el peso de 15 por ciento, se vio reflejada en la reducción de las reservas mexicanas de 24 mil millones de dólares a un margen promedio de 6 mil millones.

Esto ocasionó una de las peores devaluaciones del peso, de alrededor de un 125 por ciento, que desplomó la Bolsa de Valores, las tasas de interés generaron un alza desestabilizadora, al catalogarse en un margen de más de 150 por ciento, y se tradujo en una inflación mayor al 50 por ciento.

Se presumen los logros ganados en materia a nivel macroeconómico, pero la economía a un nivel micro, sigue perdiendo competitividad, productividad, el desempleo sigue siendo persistente y aunado a esto el crecimiento de la economía informal, además de una mala distribución del ingreso.

La crisis financiera por la que atravesara el país con el llamado ``error de diciembre del 94'' sigue arrastrando altos costos y no se evidencia un cambio positivo, vivimos bajo la tendencia de un modelo neoliberal, que arrastra a seguir con tendencias prevalecientes desde aquel año de incertidumbre y crisis.

La crisis financiera trajo consigo la perdida de más de un millón 800 mil empleos, y en la actualidad el déficit laboral asciende a mas de 400 mil empleos, más los que no se generan año con año, que deberían ser de un millón anual.

El país sigue sumergido en los efectos que aquella crisis provocó, sumado a esto la caída del salario en un margen superior al 25 por ciento.

Otro problema, consecuencia de aquella política económica aplicada en ese momento, fue la que se sufrió en el sistema financiero mexicano, debido a que 14 de los 18 bancos que había en el país quebraron y el gobierno debió absorber sus deudas, que en la actualidad se siguen y seguirán pagando por años.

Es este aspecto el que debe incitarnos y despertar nuestra inquietud, por que como sabemos, el año ha comenzado con una economía vulnerable, como consecuencia de la dependencia del petróleo y la estrecha relación a la economía norteamericana.

Pese a todo ello, los principales representantes del sistema financiero han generado opiniones al respecto.

Por su parte, el analista del Grupo Financiero Santander Serfín, Rafael Camarena, señaló que a 10 años de la crisis la economía ha salido bien parada. Destacando la fortaleza del sistema financiero, que cuenta con altos niveles de capitalización y reservas suficientes sobre riesgos, y sobre todo que, dada la apertura comercial, el país permitió se establecieran grandes grupos bancarios, que según palabras del analista, tienen la firme intención de brindar su apoyo en este rubro.

Respecto a este supuesto, surge un cuestionamiento, ¿En que parte del planeta, un empresario capitalista, forma empresas o instituciones sin afán de lucro?

Por otro parte, Octavio Gutiérrez, analista de Grupo Bancomer BBVA, hizo hincapié en la fortaleza de la economía mexicana, que se basa en ``la continuidad de los fundamentales sólidos'', como lo son la prudencia en el manejo del déficit fiscal y una política monetaria autónoma.

Es natural que los representantes bancarios hagan este tipo de declaraciones, dado que en los últimos años, las ganancias que les ha generado el movimiento de capitales ha sido inmenso, como se detallan en las cifras siguientes, obtenidas de algunos informes del la Asociación de Bancos de México, ABM.

Durante el último año se han colocado 5.6 millones de nuevas tarjetas de crédito y débito, con lo que al cierre de 2005 existían en el sistema 49 millones de tarjetas bancarias, es decir un crecimiento de 13 por ciento.

Congruente con este crecimiento, la banca ha invertido enormes recursos para incrementar la infraestructura que le dé soporte a esa magnitud de usuarios, colocando en el ultimo año 41 mil 563 nuevas terminales punto de venta (TPV) para llegar a un total de 201 mil 852 TPV, lo que representa un crecimiento de 26 por ciento en un año.

Así, durante 2005 la operatividad en tarjetas en los TPV creció un 50 por ciento realizándose más de 360 millones de operaciones, mientras que las operaciones en cajero se redujeron en 14.1 por ciento, es decir se observa el inicio de la migración del uso de la tarjeta y el cajero para disponer de efectivo hacia un uso de la tarjeta como medio de pago en forma directa.

Las carteras de financiamiento a personas físicas tuvieron un crecimiento de casi 50 por ciento llegando a representar el 45 por ciento de la cartera total, 7 por ciento más de lo que representaba a diciembre de 2004.

Destaca el crecimiento importante en tarjeta de crédito, préstamos personales y préstamos hipotecarios con crecimientos superiores al 40 por ciento.

Sumémosle a esto la deuda de casi un billón de pesos que se tiene con los bancos, hoy en día casi en su totalidad extranjeros, y la concentración de ellos en tres principales instituciones.

Mario Di Costanzo, analista financiero, opina que esto nos ha convertido en exportadores netos de divisas, y estamos subsidiando la operación de los bancos internacionales en otros países.

Una publicación de la jornada remite datos duros y convincentes de lo que está ocurriendo con la colocación de créditos ``mientras los bancos que operan en México refuerzan estrategias para colocar préstamos entre los sectores de menor ingreso, la cartera vencida derivada del uso de tarjetas de crédito llegó a 12 mil 131.8 millones de pesos, un incremento anual de 172 por ciento.

Se trata de la cifra más alta desde la crisis financiera de 1994 y 1995, que derivó en el rescate del sistema bancario con recursos públicos. Incluso, la tasa de crecimiento supera en nueve veces la reportada en los años de la crisis bancaria''.

Ahora bien sumemos a ello los ahorradores y todos aquellos usuarios de tarjetas de crédito no siempre contamos con información contundente, acerca de la situación financiera de las instituciones bancarias.

Peor aú es saber que un objetivo a corto plazo de las entidades financieras, es el de instalar terminales punto de venta, TPV, en mercados, tianguis y establecimientos pequeños, esto con el único fin de que se haga más famosa la utilización del dinero plástico.

Entonces en un plazo de un año 34 mil locales operarían dentro de los mercados públicos de la Ciudad de México.

Actualmente, en el país existen más de 52 millones de tarjeta habientes, que se espera que paulatinamente puedan comprar directamente con cualquier plástico en mercados y pequeños comercios.

Es muy común, recibir llamadas telefónicas, donde se ofrecen los servicios de un sin numero de tarjetas.

Teniendo ya a la mano datos que debieran ser confidenciales, estos call center, dominan información, de los futuros prospectos y posibles clientes que pretenden mantener cautivos.

En las instalaciones de grandes y pequeños centros comerciales, es frecuente, ser abordados, por representantes de las principales instancias bancarias, con el propósito de convertirte en un cliente de ellos.

Con gran facilidad te ofrecen una nueva tarjeta bancaria, los requisitos por ellos pedidos, sólo son una identificación, como la del IFE y cualquier otra tarjeta de crédito, esto basta para convertirte en una cifra más, de su ya tan amplia cartera de clientes.

Estos aspectos en su conjunto, provoca una alta concentración de crédito al consumo.

Tomando como base lo anterior, y considerando cual es el mejor paso a seguir, para no caer en problemas financieros como en el pasado, resulta claro que la concentración del crédito al consumo y crédito a la vivienda, son causas importantes que propiciaron la vulnerabilidad del sistema financiero, como consecuencia de que estos rubros responden de manera inmediata y directa a los movimientos del ciclo económico.

Por lo anteriormente expuesto, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, somete a la aprobación de ésta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Por el que se exhorta al Banco de México, al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se implante una campaña de desarrollo de la conciencia en los usuarios de créditos bancarios, sobre las implicaciones y riesgos que pueden generarse en un futuro, resultado del sobregiro y poca capacidad de pago de la deuda.

Segundo. Ofrezcan mecanismos para que los deudores, puedan saldar la deuda en plazos y pagos fijos, lo que beneficiaria en una reducción considerable de la cartera vencida.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE OAXACA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat y al director general de la Comisión Nacional Forestal, a crear una campaña de prevención e información con respecto a los incendios forestales en el estado de Oaxaca.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat y al director general de la Comisión Nacional Forestal a crear una campaña de prevención e información respecto a los incendios forestales en Oaxaca, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado federal José Luis Varela Lagunas , integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), maestro Juan Rafael Elvira Quesada; y al director general de la Comisión Nacional Forestal del gobierno federal, biólogo José Cibrián Tovar, a crear o intensificar una campaña de prevención e información respecto a los incendios forestales en el estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un incendio forestal significa grandes pérdidas naturales y en el entorno productivo de muchas comunidades rurales establecidas en las selvas y en los bosques del país, para las que la riqueza forestal representa el mejor modo de productividad y actividad económica. Los daños ocasionados son muchas veces irreversibles o se requiere gran inversión y muchos años para reforestar las zonas afectadas.

La Semarnat subrayó que la deforestación en México es causados en primer lugar por la tala clandestina, en segundo por los incendios forestales, y finalmente por la falta de vigilancia para dar cumplimiento a la normatividad que protege los bosques y las selvas.

Las causas principales de los incendios forestales en el país son las relacionadas directamente con las actividades humanas:, 99 por ciento de los siniestros es ocasionado por los seres humanos, y el restante 1 por ciento obedece a motivos naturales.

De esas actividades humanas, las agropecuarias aportaron 44 por ciento; les siguieron en orden de importancia las causas intencionales (litigios o rencillas), con 19 por ciento; las fogatas, 12 por ciento; los fumadores, 11 por ciento; y otras causas que suman en conjunto 14 por ciento.1

En lo que va del año, informó la Conafor, han ocurrido 3 mil 884 incendios forestales en 28 entidades del país y el Distrito Federal. ² Dijo que en la materia se han invertido cerca de 20.7 millones de pesos, de los cuales casi 10 millones de pesos se destinaron a la operación, 1 millón 313 mil pesos se canalizaron vía Pro-Árbol y 9 millones 425 mil pesos vía recursos extraordinarios.

La Semarnat calcula que ocurren 133.9 incendios forestales por entidad federativa. Las de mayor superficie afectada son Coahuila, con 14 mil 572 hectáreas; Oaxaca, con 5 mil 302.25; Nuevo León, con 4 mil 805.27; Guerrero, con 4 mil 414.50; y Jalisco, con 4 mil 41.50. ³

De los estados con mayor superficie afectada, Oaxaca se encuentra en segundo lugar, antecedido por Coahuila; y se encuentra entre los 10 primeros lugares de las entidades con mayor número de incendios.

No actuar de manera inmediata en la materia representaría un cuantioso gasto para contener, controlar y extinguir un incendio. El costo es altísimo en lo económico e incuantificable en lo ambiental, y hay ocasiones en que se llega a pérdidas humanas.

Por ello, la prevención integral es la acción adecuada para enfrentar este problema ambiental. Ahí radica la importancia de las acciones de prevención e información a la ciudadanía para que actúe con responsabilidad. Considero necesario modificar la conducta de los ciudadanos en cuanto al ambiente. Es primordial informar de las consecuencias de esas catástrofes y crear una conciencia de prevención.

Por las razones expuestas presento ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, maestro Juan Rafael Elvira Quesada; y al director general de la Comisión Nacional Forestal, biólogo José Cibrián Tovar, a crear o intensificar una campaña de prevención e información respecto a los incendios forestales en el estado de Oaxaca.

Notas 1 http://www.conafor.gob.mx/portal/index 2 http://www.jornada.unam.mx/2008/04/06/ 3 http://www.jornada.unam.mx/2008/04/06/

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ANTONIO GALLARDO OLAYO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR a que ejerza su facultad de atracción para investigación y persecución del asesinato cometido en contra de Antonio Gallardo Olayo, líder cañero, en Veracruz, suscrito por los diputados Elsa de Guadalupe Conde Rodríguezy Celso David Pulido, de los Grupos Parlamentarios de Alternativa y del PRD, respectivamente.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a ejercer su facultad de atracción para la investigación y persecución del asesinato de Antonio Gallardo Olayo, líder cañero en Veracruz, suscrita por los diputados Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez y Celso David Pulido, de los Grupos Parlamentarios de Alternativa, y del PRD, respectivamente

Quienes suscribimos el presente, legisladora Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa y legislador Celso David Pulido, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes

Consideraciones

El 12 de marzo de 2008, Antonio Gallardo Olayo, comisariado ejidal de Venta Parada del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz y Ernesto Reyes Meneses, fueron baleados y muertos cuando viajaban a Córdoba. Los acompañaba una joven secretaria que resultó gravemente herida. El vehículo en que viajaban recibió 40 impactos, de los que 17 se destinaron a acabar con Gallardo Olayo, que manejaba su camioneta. Como productor de caña del ingenio El Potrero, Antonio Gallardo Olayo, asumió a principios del 2007 la dirigencia local de la ULPCA-CNC, de manera interina, sustituyendo a Gumersindo Ruiz Colina, quien terminaba su periodo en septiembre del 2007, lapso en el cual Gallardo estuvo al frente de más de 2 mil productores que conformaban el padrón ``cenecista''.

Durante su gestión interina, Antonio Gallardo Olayo demostró gran habilidad en la conducción de una asociación de cañeros y con ello obtuvo la simpatía mayoritaria de los agricultores, simpatía creciente que motivó la enemistad de rivales políticos en la CNC. El 10 septiembre, la Unión Nacional de la CNC, inició el proceso de expulsión en contra del dirigente interino, al cual acusaban de violar estatutos de la organización y de desvío de recursos por cuotas del IMSS y liquidaciones de la zafra 2006-2007. Un día después Félix Cerda Barrios, secretario de la organización de la UNPCA de la CNC, reiteró que Antonio Gallardo había sido destituido de su cargo.

El 22 septiembre, fecha en la cual se esperaba la convocatoria para elecciones de dirigencia local, alrededor de 2 mil productores acudieron al registro de Gallardo, pero ésta se realizó en otro lugar y sólo Proceso Sánchez quedó registrado. En la asamblea en la que se intentó el registro de Antonio Gallardo Olayo como candidato a ocupar la presidencia formal de la ULPCA-CNC, Lucio Morales Galindo, quien fuera antecesor de Daniel Pérez Valdés en la presidencia de dicha Unión Local, lanzó fuertes acusaciones contra éste último, informando que él le dejó una fuerte suma de dinero en caja y que a su sustitución por Gumersindo Ruiz Colina, no había nada de ese dinero.

El 28 de septiembre de 2007, Antonio Gallardo Olayo presentó ante el Registro Nacional Agropecuario solicitud de inscripción de la Union de Abastecedores y Productores Solidarios, SPR de RL, y por la que se negó dicho registro, a la Unión de Productores Abastecedores y Productores Solidarios, SPR de RL, como Asociación de Abastecedores de Caña de Azúcar del ingenio El Potrero, con mil 803 afiliados.

El 17 de octubre de 2007, Lucio Morales Galindo, el mismo que el 22 de septiembre pasado denunció irregularidades de Daniel Pérez Valdés y amenazó con publicarlas, fue asesinado de 12 balazos por dos sujetos, quienes le cerraron el paso a la altura del puente de San Joaquín, entonces fungía como regidor en Yanga, y asesor de Antonio Gallardo.

EL 31 de octubre de 2007, con numero 110.04.-172/07 la Dirección General del Registro Nacional Agropecuario dictó resolución negando el registro a la Unión de Abastecedores y Productores Solidarios, SPR de RL, de Antonio Gallardo Olayo, por la falta de documentos de desafiliación en las que constara la firma de recibo de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la CNC y porque las renuncias estaban dirigidas a la CNC y no específicamente a la Unión Local. Ante tal resolución la Unión de Antonio Gallardo Olayo, ha realizado trámite de nuevas renuncias y afiliaciones y trámite de recurso de inconformidad pero dicho registro no ha sido otorgado hasta la fecha, situación que generó una enorme tensión social en la zona y la decisión de la Unión de Abastecedores y Productores Solidarios, SPR de RL, de fusionarse con la Coalición de Cañeros del ingenio El Potrero, AC, en tanto no obtuvieran el mencionado registro, ya que de otra forma seguirían obligados a seguir perteneciendo a la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar UNPCA-CNC. Las gestiones ante la Sagarpa están por concluir en el momento en que Antonio Gallardo Olayo es oportunamente asesinado, acto que se suma a una enorme lista de crímenes políticos en Veracruz que presentan el mismo modus operandi y de los que han sido víctimas, sea por amenazas, por desaparición o asesinato, por lo menos trece periodistas y diez dirigentes campesinos o luchadores sociales, de los cuales se hace una somera relación:

2005

2006

2007

2008

Con el caso de los asesinatos de Lucio Morales Galindo, Antonio Gallardo Olayo y el comisariado ejidal de Venta Parada del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, Ernesto Reyes Meneses, esta ola de crímenes políticos llega a un nivel extremo, de ser muertos tres dirigentes sociales de una sola agrupación.

La tensión existe desde que en noviembre la organización independiente decidió romper filas con la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar UNPCA-CNC, que dirige el diputado federal Daniel Pérez Valdés , formando su propia organización, pero como la oficina del registro nacional agropecuario no les dio el reconocimiento, decidieron fusionarse recientemente a la también independiente Coalición de Cañeros del ingenio El Potrero, AC, que dirige Juan Ricardo Morales y quienes recientemente habían obtenido su registro por parte del registro nacional agropecuario. El dirigente disidente Antonio Gallardo Olayo sería asesor del dirigente de la coalición, sumándose ambos grupos para dar una cantidad de 2 mil 240 productores de caña y con ello la organización mayoritaria absoluta en El Potrero y la asociación local de productores de caña de azúcar más grande de América.

La ola de crímenes de esta naturaleza cometidos en el estado de Veracruz obliga a esta representación a intervenir en vista de que no existe libertad humana en un ámbito en el que su ejercicio se castiga con la muerte. Traigo este caso ante esta soberanía, en virtud de que el tema que nos plantea, como legisladores y ciudadanos mexicanos responsables, es de la mayor trascendencia y de vital importancia: la libertad individual de pensamiento y asociación, conquista de la Revolución Mexicana de 1910 y consagrada en los artículos primero, sexto y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incluso la justicia federal ha definido, mediante la elaboración de sendas tesis jurisprudenciales, el concepto de importancia trascendente, como los que trascienden al interés superior de la nación que son aquellos que afectan, en último análisis, al interés mismo de la colectividad y otros que sólo afectan al interés público.

Punto de Acuerdo

Único. Exhortamos a la Procuraduría General de la República para que ejerza su facultad de atracción y competencia en el homicidio de Antonio Gallardo Olayo y otros que hayan sido cometidos en el estado de Veracruz con armas reglamentarias de las Fuerzas Armadas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Justicia.

AGUA PARA RIEGO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Armando Reyes López, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que actualice el reglamento de la Ley de Servicio Público y Energía Eléctrica.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a actualizar el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Carlos Armando Reyes López , diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que actualice el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en lo referente al servicio de energía eléctrica para el campo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Las aguas continentales (ríos, lagunas y aguas subterráneas) están entre los más importantes recursos del planeta, constituyendo no sólo una riqueza en biodiversidad, sino que conforman un recurso esencial para la sustentabilidad de las sociedades humanas.

En la actualidad, el uso y aprovechamiento del agua se encuentra amenazada por el crecimiento poblacional, el desarrollo industrial, la deforestación y la conversión e impulso de ecosistemas para uso agrícola o ganadero. Asimismo, debemos tener presente que a la larga, una parte importante de las fuentes de agua superficial y subterránea dejarán de proveer agua de calidad suficiente para el consumo humano, por lo que el gobierno federal, así como todas las fuerzas políticas que conformamos esta LX legislatura, debemos centrar nuestras propuestas en acciones que permitan hacer un uso más racional y eficiente del agua.

La preocupación del presidente de la república ha sido evidente en este tema, prueba de ello, son las nuevas reglas de operación de los programas de Sagarpa, para acercar al sector agrícola herramientas suficientes para tecnificar al campo y favorecer un uso más racional del agua, ya que este sector emplea más del 70 por ciento del agua extraída para el riego.

Asimismo, destacaré el decreto presidencial del pasado 27 de febrero, por el cual se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales, con la finalidad de regularizarse en el tema de la extracción, explotación y uso del vital líquido. Medida aplicada por parte del Ejecutivo federal, para incentivar a los productores a buscar el acercamiento con las instituciones competentes y favorecerse en forma inmediata de beneficios como los que otorga la Ley de Energía para el Campo.

En este orden de ideas, y bajo el argumento de actualizar nuestros ordenamientos jurídicos para favorecer el trabajo realizado para alcanzar la sustentabilidad del uso del agua, hago referencia a la iniciativa presentada por su servidor en la que propuse reformar el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que la prestación del servicio de energía eléctrica para la extracción del agua para el riego, bombeo y rebombeo esté sujeto a la tenencia del titulo de concesión correspondiente.

Con esta medida, se pretende que los productores del campo asuman su responsabilidad en el tema y en la medida en que los programas del gobierno federal comiencen a dar sus primeros resultados, podremos alcanzar la corresponsabilidad de todas las partes.

En mérito de lo anterior y como complemento a la iniciativa presentada para reformar el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, someto a este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo, para que en el ámbito de sus facultades, se realice la actualización del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con la finalidad de que sea considerada que la prestación del servicio para la extracción de agua para riego, bombeo y rebombeo estará sujeto a la tenencia del titulo de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, otorgado por la Comisión Nacional del Agua o, en su caso, la acreditación de los derechos de posesión precaria o sentencias agrarias favorables definitivas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se turna a la Comisión de Energía, con opinión de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

TERESA BAUTISTA MERINO - FELICITAS MARTINEZ SANCHEZ

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la Repúblicaa que ejerza su facultad de atracción para la investigación y persecución respecto de los homicidios de Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a ejercer su facultad de atracción respecto a la investigación y persecusión de los homicidios de Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La que suscribe, legisladora Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes

Consideraciones

1. Cada vez con mayor frecuencia tenemos conocimiento de que en las zonas serranas de nuestro país, en estados como Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, entre otros, se llevan a cabo actos de represión que en numerosas ocasiones terminan en homicidios. Las comunidades campesinas e indígenas se encuentran especialmente vulnerables ante los embates de líderes, campesinos sindicales, y caciques que se apoderan de zonas completas mediante la represión. Estos hechos, por sí mismos, son inaceptables y deben ser denunciados.

2. Es el caso que el pasado 7 de abril del año en curso, Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez fueron emboscadas y asesinadas en las proximidades de Llano Juárez, Juxtlahuaca, ubicada a unos 70 kilómetros del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. Ambas mujeres eran locutoras de la radiodifusora triqui La Voz que Rompe el Silencio, patrocinada por el ayuntamiento autónomo de San Juan Copala.

3. De acuerdo con declaraciones de los abogados David Peña Rodríguez, secretario de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Omar Esparza Zárate, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) y coordinador de la Red de Radio y Televisión Indígena del Sureste Mexicano, así como el coordinador de La Voz que Rompe el Silencio, Jorge Albino Ortiz, estos homicidios son no sólo un ataque brutal por la labor que realizaban, también es una muestra de la forma en que se está particularizando la violencia contra las mujeres en la región triqui, como resultado del conflicto político.

4. De acuerdo con el coordinador de radio comunitaria a la que pertenecían las comunicadoras, desde el 20 de enero pasado, cuando iniciaron transmisiones, recibieron amenazas de caciques y líderes: ``dijeron que iban a quemar la estación, que la radio estorba, pero no esperábamos que asesinaran a nuestras compañeras''.

5. El trasfondo de este crimen es la represión al derecho de la libertad de expresión llevado al extremo. En los últimos años decenas de periodistas, comunicadores y comunicadoras han desaparecido o han sido asesinados en una evidente represión a la libertad de expresión que garantiza la Constitución Mexicana.

En un acto de respuesta institucional a tales homicidios y desapariciones, el gobierno federal creó la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas, instancia dependiente de la Procuraduría General de la República y es en esta instancia investigadora donde debe iniciarse una investigación minuciosa, responsable y de muy alto nivel que deslinde responsabilidades y castigue tan deplorables delitos.

6. Por otra parte, en los homicidios de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez es menester que, además, intervenga en la investigación correspondiente la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO), debido al tipo de armas empleadas en el ataque, donde otras personas resultaron lesionadas, entre ellas otra mujer y un menor de edad.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica, mediante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas y la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada, para que ejerza su facultad de atracción y competencia en el homicidio de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, acaecido en el municipio de San Juan Copala, Oaxaca.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY FEDERAL DE PRODUCCION, CERTIFICACION Y COMERCIO DE SEMILLAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió la iniciativa de la diputada Beatriz Collado Lara, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo de la diputada Beatriz Collado Lara , del Grupo Parlamentario del PAN

Beatriz Collado Lara , diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 3o., la fracción XII del artículo 5o., la fracción V del artículo 16; y la fracción V del artículo 33, todas ellas de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

En 2006, las transacciones en el mercado mundial de semillas comerciales ascendieron a 30 mil millones de dólares.

La propiedad de las semillas constituye el primer eslabón de la cadena alimentaria. Recientemente en Noruega, en una montaña del Ártico en el archipiélago de Svalbard, en febrero de 2008, se instauró una cámara hermética construida para proteger millones de semillas de cultivos de los cambios climáticos, guerras y desastres naturales. Según palabras del primer ministro noruego: ``La Cámara Mundial de Semillas de Svalbard constituye nuestra póliza de seguro. Es el arca de Noé para asegurar la diversidad biológica a las generaciones futuras''.

En México, según datos de 2007 de la Asociación Mexicana de Semilleros, AC, muchas semillas comercializadas se venden más caras porque su producción es escasa y la mayoría debe importarse de otros países, principalmente de Estados Unidos de América y del continente europeo. De acuerdo con el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), en básicos (maíz, frijol, trigo y arroz) casi toda la semilla se produce en el país; en hortalizas se importa 85 por ciento debido a que éstas son intensiva en capital y por lo tanto requieren de tecnología muy especializada.

Respecto de las semillas de granos básicos, para el caso del maíz, en México el 85 por ciento de los agricultores guarda sus propias semillas para los próximos ciclos, y el 15 por ciento restante adquiere sus semillas de las empresas trasnacionales, a diferencia de los agricultores de otros países que tan sólo una cuarta parte conserva sus semillas para próximos ciclos.

Otro de los factores que repercute en el precio final de las semillas es la inversión en investigación y desarrollo que realizan las empresas para identificar las variedades adecuadas para cada región. Además de los precios elevados de las semillas, la enorme cantidad de hectáreas y la diversidad de cultivos existentes, son factores que influyen en la atracción de inversión al sector semillas en México.

En México, el maíz (Zea mays, Lin ) es y ha sido históricamente la base alimentaria de los habitantes; así como de otros pueblos y culturas mesoamericanas. Se sabe que el maíz fue domesticado hace 6 mil años a partir de su pariente más cercano, el teocintle de Chalco (Zea mays ssp mexicana ) que crece en forma silvestre en México y norte de Centroamérica, convirtiéndose en la dieta principal alrededor de 3 mil 500 años atrás.

La evidencia más antigua del maíz como alimento humano proviene de algunos lugares arqueológicos en México, donde algunas pequeñas mazorcas estimadas en más de 5 mil años de antigüedad fueron encontradas en cuevas de los habitantes primitivos. Las mazorcas de los especímenes de Tehuacán datan de 5 mil 500 años atrás sin mostrar introgresión de características de teocintes, pero con las flores pistiladas debajo y las estaminadas en la punta de la espiga. Después, especímenes de Tehuacán indicaron que cerca de 3 mil años antes hubo un cambio explosivo en la talla de la mazorca. Los especimenes de la cueva de Guila Naquitz, ubicada a alrededor de 5 kilómetros de Mitla, Oaxaca, datan incluso más allá de 6 mil 250 años.

Las mazorcas de la cueva de Guila Naquitz indicaron hibridación de maíz y teocintle por su raquis endurecido. Este hecho, aunado a la proximidad de teocintes silvestre, avala a México como el área geográfica en la que tuvo lugar su domesticación.

Existe un mito huichol que habla sobre la selección antropogénica realizada por esta nación indígena con el maíz:

Actualmente, el maíz ocupa la tercera posición entre los cereales más cultivados, después del europeo trigo (Triticum vulgare ) y el asiático arroz (Oryza sativa ). Por lo anterior, abunda decir la importancia que, durante milenios, ha tenido la siembra y conservación de las semillas de maíz. Al respecto, se han empleado técnicas diversas en particular de almacenamiento y conservación, entre ellas: colocar el maíz entre capas alternadas de hojas de eucalipto o aguacate; o colgarlas en un parapeto encima del fogón a fin que reciban el humo que también les proteja del gorgojo.

En pleno siglo XXI, no obstante los avances de la ciencia, el manejo de las semillas en general, sin exceptuar al maíz, deja mucho que desear en lo concerniente a la aplicación de tecnología probada dentro de la industria de semillas que garantice que las semillas comercializadas cuenten con rótulos de datos que permitan al productor verificar el vigor de éstas (la característica de calidad de las semillas es una condición suficiente de que éstas llegarán a buen término en su proceso de germinación).

Recientemente en Tamaulipas se presentó el caso de una cantidad considerable de semillas de maíz que no germinaron porque se comerciaron cuando estaban caducas. Esta situación evidencia la ausencia de marbetes y etiquetas en las semillas comercializadas que le permitan al productor contar información fiable sobre la calidad del insumo que está adquiriendo.

Por lo que toca al marco normativo en torno a las semillas, el país cuenta con la Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicada el 15 de junio de 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Esta norma aborda temas trascendentes para el manejo de las semillas como los distintos tipos de calidad: física, fisiológica, fitosanitaria y genéticas; calificación; catalogación y categorización; así como las principales etapas de los procesos de producción, certificación y comercialización de semillas.

La ley de referencia define el concepto de semillas en la fracción XVIII, artículo 3o. como: ``La que se obtiene del fruto después de la fecundación de la flor, los frutos o partes de éstos, así como partes de vegetales o vegetales completos que se utilizan para la reproducción y propagación de las diferentes especies vegetales. Para efectos de esta ley, quedan excluidas las semillas de especies y subespecies silvestres y forestales por estar reguladas en la ley de la materia''.

En el mismo orden de ideas, la Ley Federal de Variedades Vegetales de 1996, cuyo objeto es establecer las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, define lo que es una semilla, fracción tercera, artículo 2o., como:

Para efectos de la presente iniciativa, la característica de calidad fisiológica de la semilla, de acuerdo con tecnólogos e investigadores del estudio semillas, alude a tres factores: viabilidad, potencial de germinación y vigor de cada lote de semillas.

En primera instancia, la viabilidad hace referencia al estado particular de cada semilla, indica si está viva, prerrequisito básico para que pueda germinar. No obstante, no todas las semillas vivas tienen la capacidad de germinar, por lo que el potencial de germinación es la siguiente variable de estudio para analizar la calidad.

El porcentaje de poder germinativo se obtiene por pruebas a las que se somete la semilla en condiciones de laboratorio lo más cercano posible a las óptimas para la especie; entre las características valoradas están el nivel de humedad, temperatura, sustrato, luminosidad, entre otras; que obligan a la semilla a germinar de manera rápida y uniforme. Si esto no sucede, se está en presencia de un lote con fallas importantes al respecto.

Puede suceder que, una vez implantada en el campo la semilla no se comporte como en la etapa de control de potencial de germinación, debido a que las condiciones de germinación en el campo suelen alejarse de las óptimas estudiadas en laboratorio. De hecho, las pruebas de potencial de germinación no constituyen una medida a prueba de fuego del potencial de una semilla para la producción de plantas fundamentalmente por tres razones: 1) la ``filosofía'' y metodología del la prueba de germinación; 2) la naturaleza del deterioro de semillas y su relación con la germinabilidad; 3) el desarrollo de un negocio de producción agrícola mecanizado, tecnológicamente avanzado, con gran uso de capital y económicamente complejo.

Básicamente, la filosofía de esta prueba se centra en la optimización y estandarización de las condiciones en las que se realiza a fin de obtener los mejores resultados. Las pruebas se realizan en un medio esencialmente artificial y esterilizado, humedecido en un grado favorable, en germinadores humidificados, ajustados a una temperatura óptima para la especie de semilla probada por un tiempo lo suficientemente largo para permitir que semillas ``débiles'' germinen y desarrollen plántulas normales. Los principios de optimización y maximización de las pruebas de germinación son relativamente moderados por los conceptos de plántulas normales y anormales, apenas las plántulas muy enfermas y deformadas son normalmente excluidas del porcentaje de germinación.

En consecuencia, los valores que aparecen en la etiqueta como potencial de germinación no siempre garantizan el rendimiento, ni siquiera cuando se siembra el mejor maíz de la última temporada.

La incidencia del ambiente de producción siempre evidencia la importancia de la tercera variable que define la calidad: el vigor. Esta variable describe la capacidad de germinación y emergencia de las plántulas cuando las condiciones del ambiente no son las óptimas.

Debido a que el vigor es un atributo solamente de semillas capaces de germinar, las pruebas de vigor son designados para evaluar uno, varios, o la mayoría de los efectos menores del deterioro sobre el potencial de desempeño de las semillas. A su vez, las pruebas de vigor han sido clasificadas de diversas maneras, pruebas directas e indirectas, pruebas bioquímicas y fisiológicas, entre otras.

Cabe señalar que aun cuando esta tercera variable permite contar con una medida de calidad de la semilla prácticamente irrefutable, las pruebas de vigor han sido objeto de controversias por más de cuatro décadas entre los fiscalizadores de semillas sobre todo en cuestiones de tipo legal por parte de los consumidores (productores), ya que cuentan con la prerrogativa de exigir información sobre las características y calidades de las semillas ofrecidas en el mercado.

Bajo este contexto, la información relativa a la comercialización o circulación de semillas se prevé en el artículo 35 de la ley objeto de este análisis a través de la gestión de los requisitos fitosanitarios que determine la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y lo establecido por ley de referencia y su reglamento. Asimismo, el artículo 36 establece que la verificación de la ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, reglas y guías serán objeto de verificación de la secretaría a través del SNICS. De la información anterior se deduce la ausencia de normas reglamentarias que especifiquen los requerimientos de etiquetado para la comercialización de semillas.

En el mismo sentido, incluir dentro de la ley de estudio atributos de calidad de las semillas para su comercialización, constituye una acción que brinda mayor certeza al usuario, al no incurrir en vaguedades en torno la definición; así como otorgar mayor certidumbre en la aplicación de las normas y disposiciones complementarias.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción II, del artículo 3o.; la fracción XII, del artículo 5o.; la fracción V, del artículo 16; y la fracción V, del artículo 33, todas ellas de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas

Primero. Se reforma la fracción II del artículo 3o., para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

Segundo. Se reforma la fracción XII del artículo 5o., para quedar como sigue:

Artículo 5o. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas tendrá las siguientes atribuciones específicas:

Tercero. Se reforma la fracción V del artículo 16, para quedar como sigue:

Artículo 16. La política en materia de semillas tendrá como objetivos:

Cuarto. Se reforma la fracción V del artículo 33, para quedar como sigue:

Artículo 33. Para que cualquier semilla de origen nacional o extranjero, pueda ser comercializada o puesta en circulación, deberá llevar en el envase una etiqueta a la vista que incluya los siguientes datos informativos:

Transitorios

Único. La presente reforma entrará en vigor a los ciento veinte días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Economía. Continúe la Secretaría, por favor.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 22 de abril de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Dictámenes a discusión

Los asuntos no abordados en esta sesión, y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 14:34 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 22 de abril a las 11: 00 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 2 horas 36 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 258 diputados.
• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1
• Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 40
• PAN-9, PRD-2, PRI-10, Convergencia-7, PVEM-4, PT-1 Nueva Alianza-3, Alternativa-4.
• Se recibió:
• 1 comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que solicita a la Mesa Directiva que se lleve a cabo la sesión ordinaria para este día;
• 1 oficio del Poder Judicial de la Federación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio del Poder Ejecutivo del estado de Aguascalientes, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Comisión Nacional del Agua, con el que informa que, de los ingresos excedentes recaudados al término del primer trimestre del ejercicio fiscal 2008, no realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Programa de Asignación de Recursos Derivados del Pago de Derechos de Agua;
• 1 oficio de la Comisión Nacional del Agua, con el que remite Informe por entidad federativa correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2007 de los recursos devueltos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de marzo de 2008 desagregada por tipo de fondo;
• 3 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo relativo a la designación de un recinto alterno dentro de las instalaciones del Senado de la República;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que informa que la Mesa Directiva designó como recinto alterno de la Cámara de Senadoresel auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, situado en Donceles 14, Centro de la Ciudad de México;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite primer resolutivo de la proposición con punto de acuerdo;
• 7 proposiciones con puntos de acuerdo;
• 1 iniciativa del Congreso del estado de Chihuahua;
• 1 iniciativa del Congreso del estado de Colima;
• 1 iniciativa de diputados del PRI;
• 1 iniciativa de diputados todos los grupos parlamentarios;
• 3 iniciativas del PAN;
• 2 iniciativas del PRI;
• 4 iniciativas de Convergencia;
• 4 iniciativas del PVEM;
• 1 iniciativa de Nueva Alianza.
• Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto, que reforma los artículos 59, 110, 166 y 995 de la Ley Federal del Trabajo.
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
• 1 de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 7 y 42 de la Ley General de Educación; y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
• 1 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad;
• 1 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Asistencia Social, de Desarrollo Rural Sustentable, de Fomento para la Lectura y el Libro, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, General de Cultura Física y Deporte y General de Salud;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo federal para aceptar las enmiendas que se especifican del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones
• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se dese-cha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre;
• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se dese-cha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
• 1 de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 257 de la Ley General de Salud;
• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se dese-cha la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se dese-cha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;
• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre;
• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se dese-cha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre;
• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre;
• 1 de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión;
• 1 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 6 y reforma el artículo 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores;
• 1 de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 125 y 126 y deroga el artículo 124 Bis de la Ley de Aguas Nacionales;
• 1 de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales;
• 1 de la Comisión Unidas de Gobernación y de Turismo, con punto de acuerdo por el que se dese-cha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, presentada en la sesión del 28 de noviembre de 2006;
• 1 de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la la iniciativa que deroga el artículo 124 y adiciona el 125 de la Ley de Aguas Nacionales;
• 1 de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo, con punto de acuerdo por el que se de-secha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Información, Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de Turismo;
• 1 de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo, con punto de acuerdo por el que se de-secha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos;
• 1 de las Comisiones Unidas de Salud y de Radio, Televisión y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 308 y 309 Bis y deroga el artículo 308 Bis de la Ley General de Salud;
• 1 de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se desecha lan cuatro iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
• 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social;
• 1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desecha lan tres iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación;
• 1 de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud;
• 1 de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 25 de la Ley General de Salud;
• 1 de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 Bis de la Ley General de Cultura Física y Deporte;
• 1 de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 3, pasando la actual fracción XVII a ser XVIII, recorriéndose las siguientes, de la Ley General de Salud.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Arvizu Rivas, Aída Marina(Alternativa) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 91
• Beltrán Montes, Israel(PRI) Ferrocarril Chihuahua-Pacífico: 365
• Cárdenas del Avellano, Enrique(PRI) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 92
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables: 361
• Cervantes Andrade, Raúl(PRI) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 91
• Collado Lara, Beatriz(PAN) Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas: 377
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Antonio Gallardo Olayo: 372
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Teresa Bautista Merino - Felicitas Martínez Sánchez: 376
• Denegre Vaught Ramírez, Virginia Rosaura (PAN) República de Colombia-República del Ecuador: 187
• Diputados de todos los grupos parlamentarios Artículos 3o. y 31 constitucionales: 188
• Diputados del PRI Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación - Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 206
• Godoy Cárdenas, Jorge(Convergencia) Créditos bancarios: 367
• Godoy Cárdenas, Jorge(Convergencia) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores: 353
• Godoy Cárdenas, Jorge(Convergencia) Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles: 335
• Godoy Cárdenas, Jorge(Convergencia).Godoy Cárdenas, Jorge(Convergencia) Ley General de Educación: 350
• Godoy Cárdenas, Jorge(Convergencia) Ley General de las Personas con Discapacidad: 351
• González Roaro, Benjamín Ernesto(PAN) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 342
• Luna Rodríguez, Silvia(Nueva Alianza) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 101
• Morelos Borja, María Esperanza(PAN) Ley General de Educación - Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 129
• Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves(PAN) Ley General de Educación - Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 127
• Puente Salas, Carlos Alberto(PVEM) Ley General de Asentamientos Humanos: 320
• Puente Salas, Carlos Alberto(PVEM) Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: 344
• Pulido Santiago, Celso David(PRD) Ley General de Educación: 336
• Ramírez Cerda, Ana María(PVEM) Antonio Gallardo Olayo: 372
• Reyes López, Carlos Armando(PAN) Ley del Seguro Social: 357
• Reyes López, Carlos Armando(PAN) Agua para riego: 375
• Ríos Camarena, Alfredo Adolfo(PRI) Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica: 355
• Rojas Hernández, Laura Angélica(PAN) República de Colombia-República del Ecuador: 186
• Sánchez Hernández, Eduardo(PRI) Ley General de Educación - Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 128
• Varela Lagunas, José Luis(Convergencia) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 106
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Estado de Oaxaca: 370
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Artículos 17 y 133 constitucionales: 325
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Centros de Readaptación Social: 364