Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LX Legislatura
Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Director del
Diario de los Debates
Jesús Norberto Reyes Ayala
Año II
México, DF, martes 4 de marzo de 2008
Sesión No. 11

SUMARIO


ESTADO DE SONORA

Oficio del gobierno del estado de Sonora, con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relacionado con el conflicto laboral entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y la empresa minera Mexicana de Cananea, SA de CV, en el municipio de Cananea, Sonora. Se remite al promovente para su conocimiento.

COMISIONES LEGISLATIVAS

Oficio de la Junta de Coordinación Política, con el que comunica cambios en la integración de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; de Desarrollo Social; de Defensa Nacional, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Aprobado.

SISTEMA BANRURAL

Oficio de la Junta de Coordinación Política, con el que comunica los nombres de los integrantes del Grupo de Trabajo plural encargado de investigar el fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural. De enterado, comuníquese.

COMISIONES LEGISLATIVAS

Oficio de la Junta de Coordinación Política, con el que comunica cambios en la integración de la Comisión Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos. De enterado.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información relativa a la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2008. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

SECRETARIA DE GOBERNACION

Oficio de la de la Secretaría de Gobernación, con el que remite informe semestral sobre la situación que guardan el Sistema de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2007. Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

SECRETARIA DE GOBERNACION

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el tercer informe general de actividades del Consejo de Seguridad Nacional 2007. Se turna a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al acceso e integración laboral de las personas con discapacidad en el sector público. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su conocimiento.

MANGLARES

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo al estado que guardan los manglares en México. Se remite al promovente para su conocimiento.

TARIFAS ELECTRICAS

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo las tarifas eléctricas. Se remite al promovente para su conocimiento.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo a la revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se remite al promovente para su conocimiento.

ESTADOS DE TABASCO Y CHIAPAS

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo a los donativos recaudados para mitigar los daños ocasionados en Tabasco y Chiapas. Se remite al promovente para su conocimiento.

MATRICULA CONSULAR

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo al reconocimiento de la matrícula consular como documento oficial de identificación en las instituciones de crédito. Se remite al promovente para su conocimiento.

ESTADO DE VERACRUZ

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo a la modificación del uso de suelo que afecta los humedales de la laguna Vergara-Tarimoya. Se remite al promovente para su conocimiento.

ESTADO DE VERACRUZ

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo a la modificación del uso de suelo que afecta los humedales de la laguna Vergara-Tarimoya. Se remite al promovente para su conocimiento.

SONDA DE CAMPECHE

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo al derrame de petróleo en Río Blanco, Veracruz, así como al daño a los ecosistemas en la Sonda de Campeche. Se remite al promovente para su conocimiento.

LEY ADUANERA

Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61, fracción IX, de la Ley Aduanera, presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

CODIGO PENAL FEDERAL

Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 253, 253 Ter y 387 del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.

LEY AGRARIA

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.

LEY GENERAL DE SALUD - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 139, 142, 144 y 419 de la Ley General de Salud y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada en la sesión del 29 de septiembre de 2004.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 7 y 8 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada en la sesión del 17 de abril de 2007.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 12, 15, 17, 27, 28, 29, 31 y 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada en la sesión del 11 de abril de 2007.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se dese-cha la iniciativa que reforma el artículo 7 Bis-1 de la Ley de la Propiedad Industrial, presentada en la sesión del 4 de diciembre de 2007.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se dese-cha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el De-sarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentada en la sesión del 20 de marzo de 2007.

CODIGO DE COMERCIO - LEY DE CAMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES

Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se dese-cha iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 19 del Código de Comercio y reforma el artículo 29 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, presentada en la sesión del 12 de noviembre de 2007.

Se aprueban los anteriores seis dictámenes. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que reforma el artículo 29 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es aprobado, pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A discusión interviene el diputado Humberto Dávila Esquivel.

Se considera suficientemente discutido y es aprobado. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

CONDECORACIONES

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional ``Doctor José Matías Delgado'', en Grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el Gobierno de la República de El Salvador.

Desde su curul la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, solicita moción de procedimiento.

Fundamenta el dictamen el diputado Diodoro Humberto Carrasco Altamirano.

A discusión interviene la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama.

Desde sus respectivas curules hacen comentarios de procedimiento los diputados:

Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.

Cuauhtémoc Sandoval Ramírez.

Raymundo Cárdenas Hernández.

Valentina Valia Batres Guadarrama.

María del Pilar Ortega Martínez.

Javier González Garza.

María del Pilar Ortega Martínez.

Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.

Juan José Rodríguez Prats.

Gerardo Villanueva Albarrán.

Alfredo Adolfo Ríos Camarena.

Pablo Leopoldo Arreola Ortega.

Valentina Valia Batres Guadarrama, quien presenta moción suspensiva que se de-secha.

Interviene a discusión el diputado Francisco Javier Santos Arreola.

Se considera el asunto suficientemente discutido y es aprobado. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La Presidenta solicita a la Asamblea que se le permita retirar de la versión estenográfica las expresiones coloquiales referidas a las condecoraciones que otorgan los gobiernos extranjeros a ciudadanos mexicanos. Se acepta.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que dos ciudadanas puedan prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Guadalajara, Jalisco, respectivamente. Se aprueba; pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

ESTADO DE SONORA

Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007 para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Turismo federal para que de manera conjunta implante una estrategia para otorgar apoyos y convertir en un lugar turístico La Ciénega del Golfo de Santa Clara, en el municipio de San Luis Río Colorado del estado de Sonora.

ESTADO DE MORELOS

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada en la sesión del 11 de abril de 2007 por el que se exhorta a las autoridades competentes de Morelos a adoptar las medidas necesarias para frenar la ola de violencia contra mujeres y niñas.

A discusión participan los diputados:

Maricela Contreras Julián, quien propone adición que se acepta.

Juan Francisco Rivera Bedoya.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007, que solicita al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública federal, que establezca las condiciones necesarias para la entrega puntual de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; y fiscalice su correcta aplicación, conforme a los convenios celebrados con las entidades federativas.

DISTRITO FEDERAL

Dictamen de la Comisión de Distrito Federal, con punto de acuerdo en relación con la proposición presentada en las sesiones del 12 de octubre de 2006 y del 17 de enero pasado, relativo a los programas para atender los problemas de marginalidad y pobreza que padecen los habitantes de la zona de Cabeza de Juárez, en Iztapalapa.

A discusión intervienen el diputado David Mendoza Arellano, quien propone modificaciones.

CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL

Dictamen de la Comisión de Distrito Federal, con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 13 de septiembre de 2005 para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a revisar y analizar la posibilidad de reformar las disposiciones referentes a la compraventa de vivienda establecidas en los artículos 2317 y 2320 del Código Civil del Distrito Federal.

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL

Dictamen de la Comisión de Distrito Federal, con punto de acuerdo en relación con la proposición presentada en la sesión del 13 de septiembre de 2005 para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que derogue los artículos 925 y 925 -- A del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, para eliminar el concepto de adopción simple.

TRANSPORTE

Dictamen de la Comisión de Distrito Federal, con punto de acuerdo referente a la proposición presentada en la sesión del 2 de febrero de 2005 para exhortar a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal valorar la conveniencia de suscribir un convenio de participación y coordinación de acciones en materia de transporte.

DISTRITO FEDERAL

Dictamen de la Comisión de Distrito Federal, con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 28 de febrero de 2005 relativo a las zonas de barrancas en las delegaciones Cuajimalpa y Alvaro Obregón.

ESTADOS DE TABASCO Y CHIAPAS

Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con punto de acuerdo respecto a la proposición presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007, relativo a la labor que realizan las Fuerzas Armadas de México, en los estados de Tabasco y Chiapas.

DISTRITO FEDERAL

El diputado David Mendoza Arellano, retira la proposición presentada.

Se aprueban los anteriores 9 dictámenes, con la modificación aceptada. Comuníquense.

LEY DE VIVIENDA

Se recibe del diputado Sergio Augusto López Ramírez, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 81 y 83 de la Ley de Vivienda, para fomentar la utilización de insumos básicos para la construcción de vivienda y cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables a dichos materiales. Se turna a la Comisión de Vivienda.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que las comisiones especiales tengan acceso a la información gubernamental que soliciten, incluida la que está clasificada como reservada. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

El diputado Rubén Escajeda Jiménez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, sobre los derechos de los ciudadanos en la detención arbitraria o las revisiones que efectúen los cuerpos policiacos. Se turna a la Comisión de Gobernación.

LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 2 y 7 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para establecer los mecanismos que garanticen la adecuada prestación de servicios de información, orientación, atención y tratamiento psicológico para las personas con discapacidad, sus familias y/o quienes se encarguen de su cuidado o atención. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La diputada Elda Gómez Lugo presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en relación con programas sociales. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - LEY DEL BANCO DE MEXICO

El diputado Jericó Abramo Masso presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Banco de México, sobre micro y pequeñas empresas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DE SALUD - LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, sobre la clonación y manipulación del genoma humano. Se turna a la Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El diputado Ector Jaime Ramírez Barba presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de nutrición en tiendas y cooperativas escolares. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud.

ORDEN DEL DIA

Comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que solicita que se modifique el orden del día para incorporar el siguiente acuerdo. Aprobada.

ESTADOS DE TABASCO Y CHIAPAS

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar lo dispuesto en el artículo 61 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 en las comunidades que resultaron severamente afectadas por las lluvias de los estados de Tabasco y Chiapas. Aprobado, comuníquese.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

Se recibió de la diputada Ana María Ramírez Cerda iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el párrafo segundo de la fracción IX del artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de que el Consejo de Administración del Infonavit en ningún caso pueda ceder o descontar su cartera vencida a personas físicas o morales especializadas en la adquisición de deuda. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.

MUJERES Y POLITICA

Se recibe de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a esta soberanía a formular un llamado enérgico a los actores políticos del país para que se dirijan con respeto hacia las mujeres que participan en la política. Se turna a la Comisión de Equidad y Género.

ESTADO DE QUINTANA ROO

Se recibe del diputado Cruz Pérez Cuéllar, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales en las labores de rescate y del eventual traslado, desguace o disposición final del transbordador El Arcángel, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE CAMPECHE

Se recibe de la diputada María Guadalupe García Noriega, proposición con punto de acuerdo relativo a la pesquería del pulpo en el municipio de Champotón, Campeche. Se turna a la Comisión de Pesca.

ESTADO DE MEXICO

Se recibe del diputado Armando García Méndez, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, y a Ferrocarriles Nacionales de México a dar en donación el inmueble en que se haya la antigua estación de ferrocarril de Otumba, México, a Amigos de Ferrocarril en Otumba, Asociación Civil, en el estado de México. Se turna a la Comisión de la Función Pública.

TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES

Se recibe del diputado Diego Cobo Terrazas, proposición con punto de acuerdo relativo a la utilización de bolsas de plástico en las tiendas de autoservicio y departamentales. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE NUEVO LEON

Se recibe de la diputada Martha Margarita García Müller, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador de Nuevo León a realizar mediante la Semarnat y la Secretaría de Salud estudios sobre el impacto que generan en la población y el ambiente las empresas pedreras; y a efectuar las acciones necesarias para contener y revertir los daños provocados por ellas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE PUEBLA

Se recibe del diputado Antonio Vasconcelos Rueda, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur a incluir el estado de Puebla en el programa En el Corazón de México. Se turna a la Comisión de Turismo.

ESTADO DE OAXACA

Se recibe del diputado Alberto Esteva Salinas, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno y al Congreso de Oaxaca a intervenir para solucionar el conflicto poselectoral en el municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Oaxaca. Se turna a la Comisión de Gobernación.

DISTRITO FEDERAL

Se recibe del diputado Jesús Sesma Suárez, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a revisar los criterios que sustentaron el incremento del impuesto predial y a establecer un mecanismo para que los ciudadanos puedan confrontar la revalorización de sus predios; y a informar a esta soberanía sobre el resultado de sus gestiones. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

ESTADO DE JALISCO

Desde su curul la diputada Maricela Contreras Julián realiza comentarios respecto a la proposición con punto de acuerdo de industrias en el municipio de Ocotlán, Jalisco.

EJERCITO MEXICANO

Se recibe del diputado Alejandro Landero Gutiérrez, proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados felicita al Ejército Mexicano por su patriótica lucha contra el narcotráfico, rinde un homenaje a los soldados caídos y expresa su solidaridad con las familias de éstos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.

CARMEN ARISTEGUI FLORES

Se recibe del diputado Alberto Esteva Salinas, proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión que considere la posibilidad de abrir un espacio e incorporar en las funciones propias de ésta a la periodista Carmen Aristegui Flores. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Se recibe de la diputada Gloria Lavara Mejía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conanp a promover trabajos técnicos justificativos que permitan decretar el área natural protegida, con categoría de área de protección de flora y fauna, Punta Colonet, en el municipio de Ensenada, Baja California. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ACUERDO MIGRATORIO

Se recibe del diputado Edmundo Ramírez Martínez, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar la firma de un acuerdo migratorio y garantizar los derechos laborales en territorio estadounidense. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

ESTADO DE OAXACA

Se recibe del diputado Jorge Toledo Luis, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a atender los municipios de la zona del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, afectados por el sismo del 12 de febrero de 2008. Se turna a la Comisión de Gobernación.

MUJERES INDIGENAS

Se recibe de la diputada Irma Piñeyro Arias, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados con población étnica regida por el sistema de usos y costumbres a promover reformas en los derechos constitucionales de las mujeres indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

CAZA DE BALLENAS

Se recibe del diputado Manuel Salvador Salgado Amador, proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía condena la caza de ballenas con fines de investigación adoptada por el gobierno de Japón. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

DISTRITO FEDERAL

Se recibe del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal, así como a la delegación Cuauhtémoc a restablecer y consolidar los procedimientos de enlace interinstitucional relacionados con la revitalización y conservación del centro histórico de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Cultura, con opinión de la Comisión del Distrito Federal.

ZONAS ARIDAS Y SEMIARIDAS

Se recibe del diputado Ramón Salas López, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Zonas Aridas y Semiáridas. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTES

Se recibe del diputado Alberto Amador Leal, proposición con punto de acuerdo relativo a la realización de un foro sobre la situación y perspectivas de la industria automotriz y de autopartes. Se turna a la Comisión de Economía.

CONACULTA

Se recibe del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Se turna a la Comisión de Cultura.

DISTRITO FEDERAL

Se recibe del diputado Antonio Xavier López Adame, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a suspender las obras o actividades que pongan en riesgo la preservación del bosque de Tlalpan. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE VERACRUZ

Se recibe de la diputada María Guadalupe García Noriega, proposición con punto de acuerdo relativo a la Zona de Humedales en la Carretera Veracruz-Xalapa, en el estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Se recibe de la diputada Rosario Ortíz Magallón, proposición con punto de acuerdo relativo a la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

ESTADO DE CHIAPAS

Se recibe del diputado Víctor Ortiz del Carpio, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a corregir por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la información y considerar como zonas indígenas las comunidades de Chavajeval, Las Delicias y Alvaro Obregón, en el estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR

Se recibe de la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar las auditorías necesarias para la operación de los programas en beneficio de los productores de caña de azúcar. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

ESTADO DE JALISCO

Se recibe de la diputada Maricela Contreras Julián, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social intervenga en el conflicto de Industrias Textiles Ocotlán, en el estado de Jalisco. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El diputado Ramón Félix Pacheco Llanes presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 41 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, respecto a la prórroga en materia de amortización. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.

LETRAS DE ORO

El diputado Gilberto Ojeda Camacho presenta iniciativa con proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre del General Salvador Alvarado. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

ORDEN DEL DIA

Comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que solicita se modifique el orden del día para incorporar el siguiente acuerdo. Aprobada.

PEMEX

El diputado Javier González Garza, presenta acuerdo de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, para que se integre una comisión que investigue la legalidad de los contratos otorgados a terceros por Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, a la Comisión Federal de Electricidad, y a Luz y Fuerza del Centro. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

ORDEN DEL DIA

De la próxima sesión.

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el artículo 2, numeral 2, inciso c, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, se publican las votaciones:

Del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (en lo general y en lo particular).

Del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en lo general y en lo particular).


Presidencia de la diputada
Ruth Zavaleta Salgado


ASISTENCIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 255 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 11:38 horas): Se abre la sesión.



ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 4 de marzo de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del gobierno del estado de Sonora.

De la Junta de Coordinación Política.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite información relativa sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente a enero de 2008.

Oficios de la Secretaria de Gobernación

Con el que remite el informe semestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2007.

Con el que remite el tercer informe general de actividades del Consejo de Seguridad Nacional 2007.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Ocho, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que reforma el artículo 61, fracción IX, de la Ley Aduanera, presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Minuta

Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 253 y 387 del Código Penal Federal. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Sergio Augusto López Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 21, 94 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a cargo del diputado Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales de Procedimiento Administrativo, y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, y Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados María Gabriela González Martínez , Ector Jaime Ramírez Barba y Francisco Javier Gudiño Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 41 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Ramón Félix Pacheco Llanes , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Crédito, y del Banco de México, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 153 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el párrafo segundo de la fracción IX del artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 16 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Buganza Salmerón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, suscrita por los diputados Esmeralda Cárdenas Sánchez y Édgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada María Sofía Castro Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por los diputados Andrés Lozano Lozano y Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 156 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 57 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Salvador Salgado Amador , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Juan Manuel San Martín Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Impuesto a la Enajenación de Pilas y Baterías, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Procedimiento Administrativo, Orgánica de la Administración Pública Federal, y de Planeación, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Instituto Nacional de Trasplantes; y reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de los Institutos Nacionales de Salud, y General de Salud, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el que se aprueba el diverso que adiciona los artículos 3o., párrafo primero, fracciones III, V y VI; y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Carlos Madrazo Limón y Ector Jaime Ramírez Barba , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, suscrita por los diputados José Antonio Arévalo González y Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción V del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de las Leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de Planeación, a cargo del diputado José Guillermo Fuentes Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el primer párrafo del artículo 44 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, a cargo del diputado David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social, suscrita por los diputados Daniel Dehesa Mora y Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción V del Apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Aprovechamiento de Aceites Usados Automotrices, y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 5 y 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Mercedes Maciel Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 13 y 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Anuario Luis Herrera Solís , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Eduardo Ortiz Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre del general Salvador Alvarado, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 94, 97, 100, 101 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional ``Doctor José Matías Delgado'', en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el gobierno de la República de El Salvador.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Tania Lerma Montoya y Brenda Ellerbrock Aguirre puedan prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; y Guadalajara, Jalisco.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal instruya a la Secretaría de Turismo federal que de manera conjunta implante una estrategia para otorgar apoyos y convertir en lugar turístico la Ciénega del Golfo de Santa Clara.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo para exhortar a los gobernadores de los estados y al jefe del Gobierno del Distrito Federal revise, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones para prevenir, investigar, combatir y sancionar los delitos cometidos contra mujeres y niñas.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se solicita al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública federal, establezca las condiciones necesarias para la entrega puntual de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y fiscalice su correcta aplicación, conforme a los convenios celebrados con las entidades federativas.

De la Comisión del, con punto de acuerdo relativo a los programas para atender los problemas de marginalidad y pobreza que padecen los habitantes de la zona de Cabeza de Juárez, en Iztapalapa.

De la Comisión del, con punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal revise y analice la posibilidad de reformar las disposiciones referentes a la compraventa de viviendas estipuladas en el Código Civil del Distrito Federal.

De la Comisión del, con punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal analice el contenido de los artículos 925 y 925-A del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.

De la Comisión del, con puntos de acuerdo para exhortar a los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal valoren la conveniencia de suscribir un convenio de participación y coordinación de acciones en materia de transporte.

De la Comisión del, con puntos de acuerdo relativos a las zonas de barrancas en las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

De la Comisión de Defensa Nacional, con puntos de acuerdo relativos a la labor que realizan las Fuerzas Armadas de México en Tabasco y Chiapas.

Dictámenes negativos de iniciativas

De las Comisiones Unidas de Salud, y de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 139, 142, 144 y 419 de la Ley General de Salud, y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 7 y 8 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 7 Bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 19 del Código de Comercio y reforma el 29 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía realice un llamado enérgico a los actores políticos de nuestro país a dirigirse con respeto a las mujeres que participan en la política, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat verifique el cumplimiento de las disposiciones ambientales en las labores de rescate, así como del eventual traslado, desguace o disposición final del transbordador El Arcángel, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la pesquería del pulpo en Champotón, Campeche, a cargo de la diputada María Guadalupe García Noriega , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, y a Ferrocarriles Nacionales de México a otorgar en donación el inmueble en que se ubica la antigua estación de ferrocarril de Otumba, México a la asociación civil Amigos de Ferrocarril en Otumba, a cargo del diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la utilización de bolsas de plástico en las tiendas de autoservicio y departamentales, suscrita por los diputados Diego Cobo Terrazas y Francisco Elizondo Garrido , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador de Nuevo León para que a través de la Semarnat y de la Secretaría de Salud realicen estudios sobre el impacto que generan a la población y al ambiente las empresas pedreras, y realicen las acciones necesarias para contener y revertir los daños provocados por las mismas, a cargo de la diputada Martha Margarita García Müller , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur incluya el estado de Puebla en el programa En el Corazón de México, a cargo del diputado Antonio Vasconcelos Rueda , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y al Congreso de Oaxaca a intervenir para dar solución al conflicto poselectoral en Santa Cruz Zenzontepec, Oaxaca, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF revise los criterios que sustentaron el incremento tarifario del impuesto predial y establezca un mecanismo para que cualquier ciudadano pueda confrontar la revaloración de su predio e informe a esta soberanía del resultado de sus gestiones, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados, LX Legislatura, felicita al Ejército Mexicano por su patriótica lucha contra el narcotráfico, rinde un homenaje a los soldados caídos y expresa su solidaridad con sus familias, suscrita por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez , Adrián Fernández Cabrera y Héctor Larios Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CIRT considere la posibilidad de abrir un espacio e incorporar en las funciones propias de la misma a la periodista Carmen Aristegui Flores, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el se exhorta a la Conapred promueva los trabajos técnicos justificativos que permitan lograr el decreto para la creación del área natural protegida, con categoría de área de protección de flora y fauna, Punta Colonet, en Ensenada, Baja California, suscrita por los diputados Gloria Lavara Mejía y Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que impulse la firma de un acuerdo migratorio, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la SHCP atiendan a los municipios afectados por el sismo del 12 de febrero de 2008 en el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de los estados con población étnica regida por el sistema de usos y costumbres promuevan reformas en sus leyes electorales que garanticen a la mujer indígena sus derechos constitucionales, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena la caza de ballenas con fines de investigación, adoptada por el gobierno de Japón, suscrita por los diputados Manuel Salvador Salgado Amador y Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal, así como a la delegación Cuauhtémoc, restablezcan y consoliden los mecanismos de enlace interinstitucional con relación a los procesos de revitalización y conservación del centro histórico del Distrito Federal, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de zonas áridas y semiáridas, a cargo del diputado Ramón Salas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la realización de un foro sobre la situación y perspectivas de la industria automotriz y autopartes, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular del Conaculta, suscrita por los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , y Beatriz Pagés Llergo Rebollar , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal suspenda todas las obras o actividades que pongan en riesgo la preservación del bosque de Tlalpan, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la zona de humedales en la carretera Veracruz-Xalapa, en Veracruz, a cargo de la diputada María Guadalupe García Noriega , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal rinda un informe detallado respecto a los abortos practicados legalmente en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal remueva al titular de la Sagarpa, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SRE y a la Sedesol implanten un programa de apoyo a la población adulta mayor que vive en Estados Unidos de América, suscrita por los diputados Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el Ejecutivo federal para que a través de la SHCP presente a esta soberanía un estudio sobre el impacto que tendría en nuestro país una posible recesión económica en Estados Unidos de América, y las medidas que con el Banco de México se instaurarían para remediar los efectos adversos, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal establezca un plan nacional de contingencia económica, donde incluya un paquete de reformas económicas y fiscales, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR investigue los delitos de pederastia y pornografía infantil, relativa al expediente 2/2006, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al proceso electoral en Hidalgo, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la libertad de expresión y el derecho a la información de comunicadores y demás ciudadanos mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité de Administración de esta soberanía para que en el ámbito de sus competencias vigile las condiciones laborales que las empresas concesionarias de este recinto brindan a sus trabajadores, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la LVI Legislatura del estado de México, así como al gobierno de dicha entidad, investiguen respecto a la invasión y proliferación de construcciones en diversas poblaciones comunales o ejidales del estado de México, declaradas área natural protegida con la categoría de parque estatal, denominado Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT garantice el servicio de calidad en los aeropuertos del país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Semarnat cancelen el proyecto de muelle para cruceros en la bahía de Zihuatanejo, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que, en coordinación con las autoridades competentes, elabore y publique una norma oficial para regular el control de la proliferación de la maleza acuática en lagos y embalses, a cargo del diputado Gustavo Macías Zambrano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud expida una norma oficial mexicana que establezca los lineamientos para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales, suscrita por los diputados Jorge Quintero Bello , Omar Antonio Borboa Becerra y Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas derivadas de la visita de 2002, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud refuerce los programas nacionales contra la farmacodependencia y revise los criterios empleados para la distribución y venta de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita por los diputados Jorge Quintero Bello , Omar Antonio Borboa Becerra y Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP, a la SRE y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal informen sobre el cumplimiento de los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad respecto del nombramiento del C. Juan Camilo Mouriño Terrazo titular de la Segob, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP investigue a la CFE por la violación del convenio de colaboración para el subsidio de tarifas eléctricas en Mexicali, Baja California, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua realice las acciones conducentes para equilibrar el acuífero principal de la comarca lagunera en Coahuila y Durango, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a Pemex den prioridad al inicio de la reconfiguración y ampliación de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, suscrita por los diputados Carlos Altamirano Toledo e Irma Piñeyro Arias , de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y de Nueva Alianza, respectivamente. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Semarnat, a la Profepa, al gobierno de Coahuila y al municipio de Torreón reubiquen a las familias que viven en las colonias aledañas a la compañía Met-Mex Peñoles, ya que se consideran inhabitables por ser zonas de alto riesgo, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a Pemex Petroquímica informen periódicamente a los gobiernos municipales y a la opinión pública de los avances de los programas de reconfiguración de las refinerías del país, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la SE, a la Secretaría de Salud y a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía para que se expida una norma oficial mexicana que regule la disposición final de pilas y baterías, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE suscriba un convenio que compense las afectaciones que generan las líneas de alta y media tensión en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, suscrita por los diputados Carlos Altamirano Toledo e Irma Piñeyro Arias , de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y de Nueva Alianza, respectivamente. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP para que en la ceremonia cívica del 24 de febrero, que rinde honores a la Bandera, se lea en las escuelas de educación básica la Arenga a la Bandera, del maestro Andrés Henestrosa, a cargo de la diputada María Nieves Noriega Blanco Vigil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal pague de forma inmediata al Sistema de Aguas de la Ciudad de México la totalidad de sus adeudos por concepto de suministro de agua potable, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF aplique a los contribuyentes del impuesto predial un esquema gradual de actualización del valor catastral, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a la SEP y al INAH emprendan las acciones necesarias para detener la demolición de los edificios y monumentos del centro histórico de la Ciudad de México que forman parte de su patrimonio cultural, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Hidalgo realice diversas acciones relativas al control y vigilancia de la contribución por el uso de suelo en diversos municipios de dicha entidad, a cargo del diputado Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Magallón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat y a las autoridades ambientales de los estados establezcan políticas públicas coordinadas en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa instaure un programa especial de apoyo a los productores de amaranto, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat establezca sistemas de depósito-reembolso para envases de PET, a fin de disminuir la generación de este tipo de materiales contaminantes, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la STPS intervenga en el conflicto de Industrias Ocotlán, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federativas lleven a cabo las medidas necesarias para destinar un lugar separado al de los hombres para las mujeres que se encuentren en prisión preventiva o compurgando una sanción, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSP, de las entidades federativas y de los centros penitenciarios del país revisen la normatividad en materia de readaptación social, a fin de que propongan las reformas que permitan restringir las llamadas telefónicas que se realizan desde dichos centros, y se implante un sistema de bloqueo de éstas, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las entidades federativas, de los centros penitenciarios del país y del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal lleven a cabo revisiones minuciosas y periódicas en los centros federales de readaptación social, a fin de controlar el ingreso de artículos y sustancias prohibidos, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal implante mecanismos de control que eviten que funcionarios suyos realicen actividades proselitistas y desvíen con fines electorales recursos materiales y humanos, a cargo del diputado David Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa implante las acciones conducentes a detener el uso de artes de pesca no selectivas en el polígono del área de refugio para la protección de la vaquita, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las Comisiones de Justicia, de Seguridad Pública, y de Derechos Humanos, así como a los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, realicen una defensa integral y pública de las modificaciones que requiere el sistema de seguridad pública y de procuración de justicia, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal establezca como sede del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas el edificio que albergó al Instituto Lingüístico de Verano, a cargo del diputado Wenceslao Herrera Coyac , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal cumpla los acuerdos aprobados por el Congreso de la Unión y la Mesa Directiva de esta soberanía, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las actividades del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa, a iniciar una campaña de difusión en los medios para dar a conocer exhaustivamente la figura de prestador de servicios profesionales entre los agentes económicos que intervienen en el desarrollo de programas dirigidos al sector rural, a cargo del diputado Gregorio Barradas Miravete , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal aplique lo dispuesto en el artículo 61 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 en las comunidades de los municipios de Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacán, Huimanguillo y Centro, Tabasco, que resultaron severamente afectadas por las lluvias, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Nacional de Normalización elabore y expida una NOM en materia de consumo en exceso de botanas y refrescos, a cargo del diputado Tomás Gloria Requena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal informe sobre la situación de los solicitantes de asilo en Canadá y sobre las condiciones de protección y procuración de justicia que se les otorgan, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAE realice las acciones conducentes para comercializar bienes a los municipios, como apoyo a la gestión de los gobiernos locales, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para integrar una mesa de trabajo tendente a resolver los problemas limítrofes y agrarios entre Chiapas y Oaxaca, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades respeten los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT para que a través de Capufe condone de peaje en la caseta del Puente de Nautla a los habitantes de la cabecera, las congregaciones y los ejidos pertenecientes al municipio de Nautla, Veracruz, así como también se actualice el padrón de beneficiarios, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal establezca una mesa de análisis para la renegociación del TLCAN, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Gobierno de la Consar presente ante la Comisión de Seguridad Social de esta soberanía la documentación donde conste la autorización de comisiones sobre saldo que aplican las Afore, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT para que a través del subsecretario de Infraestructura revise el contrato que dicha dependencia suscribió con Codiocsa de Xalapa, SA de CV, respecto a la conservación periódica de la carretera Atzalan-Tlapacoyan, Veracruz, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Servicio Postal Mexicano informe a esta soberanía sobre las medidas de prevención y de las querellas presentadas por robo de correspondencia, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la SSP y a la Administración General de Aduanas informen a esta soberanía sobre los programas implantados para evitar el tráfico de armas desde Estados Unidos de América, a cargo del diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal implante un programa de profesionalización de las policías federales y sustitución de efectivos militares en labores de combate del narcotráfico, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecuti-vo federal para que a través de la Sagarpa expida el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos, a cargo del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados y a los titulares de la administración pública federal realicen un ahorro monetario del PEF 2008 a fin de que dichos recursos sean trasladados a las Fuerzas Armadas Mexicanas para la adquisición de equipo y mantenimiento del servicio que prestan, a cargo del diputado Jorge Justiniano González Betancourt , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH para que, en coordinación con el gobierno del estado de Puebla, implante los medidas necesarias para la protección, conservación y difusión de la zona arqueológica de Tepexi el Viejo, municipio de Tepexi de Rodríguez, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que a través de la Conagua realice estudios de factibilidad de transferencia de agua hacia la comarca lagunera de Durango y Coahuila, a cargo del diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Conagua realice los estudios necesarios para determinar la posibilidad de construir una serie de represas en los lechos de los ríos Valles, Tampaón y Santa María del Río, en San Luis Potosí, a cargo del diputado David Lara Compeán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que en la Rotonda de las Personas Ilustres se erija un cenotafio en honor de don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, a cargo del diputado Jorge Rubén Nordhausen González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob para que, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y del Instituto Nacional de Migración, forme un nuevo Grupo Beta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo de la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que difundan y promuevan el Día de la Familia, a cargo de la diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF entregue un informe exhaustivo sobre la aplicación de los recursos transferidos por la SHCP en 2006 al Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio, a cargo del diputado David Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, respete y evite actos discriminatorios contra los habitantes de la entidad, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a la PGJ del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus competencias, creen fiscalías especializadas en materia de robo de energía eléctrica y combustibles, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la STPS, y de la PGR se hagan las indagatorias que correspondan a fin de esclarecer los hechos acaecidos el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, concesionada a Industrial Minera México, del Grupo México, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal instaure el 9 de febrero como el Día Nacional del Cirujano Dentista, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión de Nacional Bancaria y de Valores para que presente un informe pormenorizado respecto de las irregularidades en diversas casas de bolsa y casas de cambio, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal impulse medidas normativas y programas públicos que permitan el crecimiento y desarrollo de las zonas urbanas de manera planeada bajo el principio de desarrollo sustentable, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS para que a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos considere Coahuila en los salarios mínimos regidos en el área geográfica A, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SCT y de la SHCP destinen recursos del Fondo Nacional de Infraestructura para la rehabilitación de la Carretera Internacional 15, tramo Don-Nogales, en Sonora, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zataráin González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, a la CFE, a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y al gobierno federal a revisar y reestructurar las tarifas eléctricas aplicadas en la región centro de Coahuila, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la problemática que se presenta en la Universidad Pedagógica Nacional, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en coordinación con Capufe exente del pago de las carreteras de cuota a los vehículos que transporten mercancía a comunidades y regiones consideradas zonas de emergencia, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la SEP y a la STPS realicen acciones en atención a las personas zurdas, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se convoca al Ejecutivo federal a entablar el diálogo prometido con el Congreso de la Unión, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Puebla reforme la Ley del Órgano de Fiscalización Superior de ese estado, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la distribución de las participaciones federales a los municipios de Jalisco, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal implante programas de fomento a la industria vitivinícola nacional y elabore un estudio de viabilidad para la exención del impuesto especial sobre producción y servicios a la enajenación de productos vitivinícolas nacionales, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR emita una circular a los agentes del MP federal para que se respete plenamente la garantía del indiciado, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y al jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos rindan un informe sobre las acciones llevadas a cabo en la barranca La Diferencia, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la primera etapa de construcción del tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que por medio de la SHCP y a través del INEGI corrija la información y considere zonas indígenas las comunidades de Chavajeval, Las Delicias y Álvaro Obregón, Chiapas, a cargo del diputado Víctor Ortiz del Carpio , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno establezcan una mesa de diálogo para dar solución a la huelga de los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, en Sonora, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF y al delegado de Xochimilco rindan un informe sobre los avances y acciones que ha realizado la comisión interdependencial para la conservación del patrimonio natural y cultural del área de Xochimilco, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se cite a comparecer al director general de Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se declara el Palacio Legislativo de San Lázaro como lugar totalmente libre de humo de tabaco, a cargo de la diputada Oralia Vega Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SCT demande a Ferrocarril Mexicano, SA de CV, la construcción de un libramiento que no permita el paso de sus unidades de transporte de carga por Tepic, Nayarit, a cargo del diputado Jaime Cervantes Rivera , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE para que, a través de la Comisión para la Cooperación Ambiental, realice un informe del impacto ambiental que resultará del revestimiento del canal Todo Americano, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia por el respeto irrestricto a la autonomía del Distrito Federal, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para citar a comparecer al secretario de Salud a efecto de que explique las medidas adoptadas por el gobierno federal en el caso de la alerta epidemiológica por sarampión, suscrita por los diputados César Duarte Jáquez, Israel Beltrán Montes y Lilia Merodio Reza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatal y municipal de Puebla de Zaragoza realicen las acciones necesarias para subsanar la problemática del suministro de agua, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal realice las revisiones necesarias a la operación de los programas en beneficio de los productores de caña de azúcar, a cargo de la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, y al gobierno y al Congreso de Nuevo León a atender la solicitud presentada por el municipio de Santa Catarina respecto a la expropiación del Cañón de Ballesteros, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Puebla realice reformas a la legislación local considerando las necesidades sociales actuales, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal otorgue un apoyo extraordinario a los jubilados y pensionados del IMSS e ISSSTE, a cargo del diputado Juan de Dios Castro Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública considere Valladolid, Yucatán, en el Programa del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, a cargo del diputado Joaquín Díaz Mena , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS tome las medidas necesarias para poner fin a los actos de discriminación llevados a cabo contra las médicas residentes de la especialidad maxilofacial en el Centro Médico Nacional La Raza, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF informe a esta soberanía respecto al daño ecológico por las obras del Metrobús, así como las acciones y programas de reforestación que se implanten en la Ciudad de México, suscrita por los diputados Carlos Rojas Gutiérrez y Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato respete la libertad de expresión de los medios de comunicación, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a la Embajada de México en Estados Unidos de América y a los Consulados de México en Texas y Arizona revisen e investiguen la aplicación del programa Tolerancia Cero, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta soberanía se sume, con una sesión solemne el 29 de abril de 2008, a los actos conmemorativos del centenario del natalicio del maestro Rafael Preciado Hernández, a cargo del diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel integren el área telefónica de servicio local 160 en la 58, a cargo del diputado Juan Darío Arreola Calderón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal instruya a la SHCP y a la Secretaría de Salud remitan con la mayor brevedad los recursos federales considerados para resolver el problema de los trabajadores precarios del sector salud, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Conagua investiguen los elevados índices de contaminación con arsénico en el agua potable de los Altos de Jalisco, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que Guerrero sea integrado plenamente a los trabajos y proyectos para la celebración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, a cargo del diputado Modesto Brito González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa entregue los recursos pendientes del Programa de Competitividad de la Citricultura para 2007, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de Citricultura. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Congreso de la Unión que evalúe las acciones emprendidas para el cumplimiento del Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se establezca una agenda permanente de trabajo con el IFE, a través de un grupo interdisciplinario, para dar paso a las iniciativas legislativas que fortalezcan la participación y el voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Conade, a cargo del diputado Javier Hernández Manzanares , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador de Michoacán de Ocampo implanten medidas para la prevención, localización, combate y extinción de los incendios forestales que se están suscitando en ese estado, a cargo del diputado Rafael Villicaña García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la ASF realice una auditoría integral y especial al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Excitativa

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, a solicitud del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»



ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiocho de febrero de dos mil ocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las 11 horas con 29 minutos del jueves 28 de febrero de 2008, con la asistencia de 324 diputadas y diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica con motivo del 179 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez, el 2 de marzo del año en curso. Se designa comisión de representación de la Cámara de Diputados.

El gobierno de Tamaulipas, remite acuerdo mediante el cual se crea la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana. De enterado. Comuníquese.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

La Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por los que la Cámara de Diputados:

• Exhorta a la Secretaría de Gobernación, a emitir la declaración de desastre natural correspondiente para liberar recursos y agilizar la ayuda necesaria para la atención de los daños causados por el sismo del 12 de febrero en Oaxaca.

Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras

• Exhorta al Ejecutivo federal por conducto de las autoridades competentes, a que retire la propaganda con motivo de la detención de Alfredo Beltrán Leyva, para evitar se afecte la imagen del municipio de Culiacán y del estado de Sinaloa.
• Exhorta al Ejecutivo federal a decretar el primero de marzo, como Día Nacional de la Educación Intercultural Bilingüe para todos los mexicanos.
• Modifica los lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
• Hace suyo el documento Políticas del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, signado por el Consejo Editorial.
• Modifican los lineamientos relacionados con la asignación de boletos de avión y viáticos a las diputadas y diputados en sus viajes de trabajo y los concernientes al pago de transporte terrestre y aéreo al personal de servicio, ambos aplicables en territorio nacional.

En sendas votaciones económicas, la asamblea los aprueba. Comuníquense.

A las 12 horas con un minuto, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 417 diputadas y diputados.

Se les otorga el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Armando Barreiro Pérez , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.
• Elda Gómez Lugo , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con la opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.
• Silvia Oliva Fragoso , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Ramón Barajas López , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. Se adhieren, con el consentimiento del promovente, los diputados: Aída Marina Arvizu Rivas y Santiago Gustavo Pedro Cortes, ambos de Alternativa.
• Sara Latife Ruiz Chávez , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 2o. y 16 de la Ley de Planeación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

• David Figueroa Ortega , del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Juan Nicasio Guerra Ochoa , suscrita por el diputado Andrés Lozano Lozano , ambos del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Carlos Alberto García González , del Partido Acción Nacional, suscrita por integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Población Fronteras y Asuntos Migratorios, de Economía y de Justicia.
• Joel Guerrero Juárez , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Sergio Augusto López Ramírez , del Partido Verde Ecologista de México, que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, expide la Ley General de la Calidad del Aire y la Protección a la Atmósfera y adiciona un artículo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Susana Monreal Ávila , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Francisco Javier Murillo Flores , del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo 31 Bis a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
• Jesús Ramírez Stabros , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes.
• Obdulio Ávila Mayo , del Partido Acción Nacional, que reforma el párrafo VI del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se turna a la Comisión de la Función Pública.

Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras

El Presidente informa a la asamblea la recepción del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso constitucional necesario para que el ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional ``Doctor José Matías Delgado'', en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el gobierno de la República de El Salvador. En votación económica, se acepta su inclusión en el orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura de los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones de:

a) Seguridad Pública, que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

b) Relaciones Exteriores, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional los días 4, 5, 6 y 7 de marzo de 2008, a fin de realizar visitas oficiales a las Repúblicas de El Salvador y de Panamá, así como participar en la XX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, que tendrá lugar en Santo Domingo, República Dominicana.

c) Gobernación, que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos:

• Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional ``Doctor José Matías Delgado'', en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el gobierno de la República de El Salvador. Desde su curul, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática, solicita información en relación a este asunto y la Presidencia hace la aclaración.
• Tania Lerma Montoya y Brenda Ellerbrock Aguirre, puedan prestar servicios en los Consulados de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Guadalajara, Jalisco.

Quedan de Primera Lectura.

Desde su curul, el diputado Gerardo Buganza Salmerón , del Partido Acción Nacional, solicita la dispensa de la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Relaciones Exteriores que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional los días 4, 5, 6 y 7 de marzo de 2008, a fin de realizar visitas oficiales a las Repúblicas de El Salvador y de Panamá, así como participar en la XX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, que tendrá lugar en Santo Domingo, República Dominicana. Desde su curul, la diputada Batres Guadarrama, solicita información en relación a las consideraciones del dictamen. Se le concede el uso de la tribuna para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión al diputado Gerardo Buganza Salmerón , del Partido Acción Nacional. Se les otorga el uso de la tribuna para presentar la posición de su respectivo grupo parlamentario a los diputados: Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Partido de la Revolución Democrática; Samuel Aguilar Solís , del Partido Revolucionario Institucional y Alejandro Chanona Burguete , de Convergencia. En votación económica, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 260 votos en pro, dos en contra y 84 abstenciones. Pasa al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales.

La Secretaría da lectura a una solicitud de la Comisión de Gobernación para que se dispensen trámites al dictamen con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional ``Doctor José Matías Delgado'', en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el gobierno de la República de El Salvador. Desde sus respectivas curules, realizan comentarios de procedimiento los diputados: Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita regresar el dictamen a la comisión; Juan José Rodríguez Prats , del Partido Acción Nacional; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , del Partido de la Revolución Democrática, todos en dos ocasiones; y Francisco Javier Santos Arreola , del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita el retiro de su firma del dictamen. La Presidencia solicita la lectura del acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, relativo al retiro de firmas de los dictámenes que remiten las comisiones para su inclusión en el orden del día e instruye a la Secretaría preguntar a la asamblea, mediante votación económica, si es de retirarse el dictamen, al haber duda en el resultado, se abre el sistema electrónico de votación. Desde su curul, el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , del Partido de la Revolución Democrática, reitera la petición de retirar el dictamen. La Presidencia solicita se dé lectura al artículo 162 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de las condiciones generadas en el salón de sesiones, se levanta la sesión a las 14 horas con 57 minutos.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada el acta. Continúe la Secretaría, por favor.



ESTADO DE SONORA

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado de Sonora.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión.--- Presente.

En atención a su oficio número D.G.P.L 60-II-2-1276, de fecha 23 de enero de 2008, en el que comunica a este Ejecutivo estatal los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión relacionados con el conflicto laboral entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y la empresa minera Mexicana de Cananea, SA de CV, en el municipio de Cananea, Sonora, y que en lo que compete a esta instancia refieren que

Cuarto. La del Congreso de la Unión exhorta, con estricto respeto a su jurisdicción y competencia de las entidades federativas, al gobernador constitucional del estado de Sonora a respetar y garantizar las manifestaciones que en ejercicio de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos realicen los trabajadores de la empresa minera Mexicana de Cananea, SA de CV.

Quinto. La del Congreso de la Unión exhorta a las partes involucradas en este conflicto, incluyendo autoridades federales y estatales, a redoblar sus esfuerzos a fin de encontrar, por la vía del diálogo, una solución a este conflicto, en un marco de respeto a los derechos y garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con relación al cuarto punto de acuerdo, es premisa indiscutible del gobierno del estado de Sonora el cumplimiento absoluto de los preceptos constitucionales, incluyendo los referidos al ejercicio de las garantías individuales; además, es convicción personal del Ejecutivo estatal el respeto irrestricto a la manifestación pública de los distintos grupos que conforman la sociedad sonorense, y de manera destacada, el sector obrero.

En ese sentido, desde el inicio del conflicto laboral en el municipio de Cananea, Sonora, los trabajadores mineros se han manifestado con absoluta libertad, no sólo en esa localidad, sino también en otras ciudades de la entidad, incluyendo la capital, Hermosillo, sin que autoridad alguna haya limitado esas manifestaciones.

En el caso específico del pasado 11 de enero, cuando el gobierno del estado prestó auxilio a las fuerzas federales en la ciudad de Cananea para garantizar la seguridad de los trabajadores que regresaron a laborar, obedeció a una solicitud de la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, atendiendo una resolución de la Junta Especial Número Diez, Secretaría Auxiliar de Huelgas, que en su parte conducente, a la letra dice:

...Gírense oficios a: ciudadano ingeniero Eduardo Bours Castelo, gobernador constitucional del estado de Sonora... con el propósito de que sean estas autoridades las que garanticen la seguridad de que el retorno a las labores se realice con pleno respeto a los derechos humanos y laborales, debiendo la autoridad exhortada ejercer el auxilio de la fuerza pública y que ésta sea disuasiva y persuasiva...

Dicha solicitud se realizó mediante el oficio número SAH-023/2008, de fecha 8 de enero de 2008, firmado por el licenciado Miguel Ángel Gutiérrez Cantú, recibido en la jefatura del Ejecutivo estatal el 10 de enero de 2008, documento cuya copia se anexa.

En cuanto al quinto punto de acuerdo, es menester informar a esa soberanía que el gobierno del estado de Sonora, en el marco legal correspondiente y sin ser ámbito de su estricta competencia, ha mantenido incólume la posición de amable componedor para generar las condiciones que propicien el diálogo entre la empresa y el sindicato, inclusive mucho antes del emplazamiento de huelga.

En ese tenor, se informa del antecedente del año 2006, cuando un paro por más de cuarenta días en ese centro minero, se solucionó por la decidida intervención del Ejecutivo estatal para impulsar el diálogo entre las partes.

La comunicación del gobierno del estado con la empresa y con la dirigencia de la sección 65 del sindicato minero se ha mantenido abierta para que, con la voluntad de las partes y la intervención de la autoridad federal, se alcance la normalidad laboral que le dé certidumbre a esa importante fuente de empleo y tranquilidad a la comunidad de Cananea, Sonora.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Hermosillo, Sonora, a 8 de febrero de 2008.--- Ingeniero Roberto Rubial Astiazarán (rúbrica), secretario de Gobierno.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Ingeniero Eduardo Bours Castelo, gobernador Constitucional del estado de Sonora.--- Presente.

La Junta Especial Número Diez, Secretaría Auxiliar de Huelgas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con fecha 4 de enero de 2008, dictó una resolución que en su parte conducente, a la letra dice:

...Gírense oficios a: ciudadano ingeniero Eduardo Bours Castelo, gobernador constitucional del estado de Sonora... con el propósito de que sean estas autoridades las que garanticen la seguridad de que el retorno a las labores se realice con pleno respeto a los derechos humanos y laborales, debiendo la autoridad exhortada ejercer el auxilio de la fuerza pública y que ésta sea disuasiva y persuasiva...

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 8 de enero de 2008.--- Licenciado Miguel Ángel Gutiérrez Cantú (rúbrica), presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase al promovente, para su conocimiento.



COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón , coordinador de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Horacio Emigdio Garza Garza cause baja como secretario e integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.• Que el diputado Miguel Ángel González Salum cause alta como secretario en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.• Que el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac cause baja como integrante en la Comisión de Seguridad Social.• Que la diputada Guillermina López Balbuena cause baja como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.• Que el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.• Que la diputada Guillermina López Balbuena cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Social• Que el diputado Carlos Ernesto Zataráin González cause baja como integrante en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.• Que el diputado Carlos Ernesto Zataráin González cause alta como integrante en la Comisión de Defensa Nacional.• Que el diputado Jorge Luis de la Garza Treviño cause alta como integrante en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 28 de febrero de 2008.--- Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada. Continúe la Secretaría, por favor.



SISTEMA BANRURAL

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de conformidad con el acuerdo de esta Junta de Coordinación Política por el que se integra un grupo de trabajo plural encargado de investigar el fideicomiso del fondo de pensiones del Sistema Banrural y de intervenir ante las autoridades competentes para que se respeten los derechos laborales de los jubilados y pensionados del Banrural y por instrucciones del diputado Héctor Larios Córdova , Presidente de este órgano de gobierno, le comunico los nombres de los legisladores que integrarán dicho grupo:

Diputado Grupo Parlamentario
Carlos René Sánchez Gil PAN
Ramón Félix Pacheco Llanes PRD
Samuel Aguilar Solís PRI
José Antonio Arévalo González PVEM
Alberto Esteva Salinas Convergencia
Abundio Peregrino García PT
Miguel Ángel Jiménez Godínez Nueva Alianza
Santiago Gustavo Pedro Cortés Alternativa

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.
Palacio Legislativo, México, DF, a 28 de febrero de 2008.--- Ingeniero Alfredo Rivadeneira Hernández (rúbrica), secretario ejecutivo.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : De enterada. Comuníquese.



COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , viceoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado David Sánchez Camacho sustituya al diputado Víctor Aguirre Alcaide como integrante en la Comisión Especial sobre la no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 22 de febrero de 2008.--- Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Presidente.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : De enterada.



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a enero de 2008.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con enero de 2007.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para enero de 2008. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública a enero del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 29 de febrero de 2008.--- Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica), secretario.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.



SECRETARIA DE GOBERNACION

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número D00/100/ 017/2008, Moisés Schwartz Rosenthal, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, envía el informe semestral sobre la situación que guardan los Sistema de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2007.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y original del citado informe, en forma impresa y medio magnético.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 28 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

De conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente le solicito sea usted el conducto para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como el artículo 175 de su reglamento.

Por lo anterior, anexo al presente, me permito acompañar en original y copia el informe semestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2007, así como un ejemplar en disco compacto, el cual fue aprobado el 28 de febrero del presente año por la Junta de Gobierno de esta comisión en su septuagésima sesión ordinaria y que, de no existir inconveniente, deberá entregarse al honorable Congreso de la Unión a la mayor brevedad posible.

Sin más por el momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
México, DF, a 28 de febrero de 2008.--- Moisés J. Schwartz Rosenthal, Presidente.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.



SECRETARIA DE GOBERNACION

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número CSN/ST/017/08, Sigrid Arzt Colunga, secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional, envía el informe a que se refiere el artículo 58 de la Ley de Seguridad Nacional.

Por lo anterior, y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del documento al que me he referido y de su anexo, para que por su amable conducto, se sirvan hacerlo del conocimiento de los integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, del Poder Legislativo federal.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 29 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.



PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1347, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Mercedez Maciel Ortiz , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número CONAPRED/DGAELPP/091/2008, suscrito por José López Villegas, director general adjunto de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al acceso e integración laboral de las personas con discapacidad en el sector público.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 27 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por acuerdo del ciudadano Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, acuso recibo de su oficio SEL/300/729/08, de fecha 15 de los corrientes, por el cual hace de su conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, relacionados con los exhortos al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas con objeto de que se realicen las acciones necesarias para promover el acceso e integración laboral en el sector público a personas con discapacidad en un 2 por ciento de su plantilla de personal, considerando sus habilidades y preparación para el empleo, así como para que se promueva una cultura de no discriminación laboral en el sector público por motivos de discapacidad, especialmente en lo relacionado con las condiciones de selección, contratación, continuidad en el empleo, promoción profesional y condiciones de trabajo seguras.

Al respecto, me permito informar que este Consejo, en seguimiento a las atribuciones que le confiere la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ha atendido el tema de los derechos de las personas con discapacidad, sea en el sector público o privado, en cuatro vertientes fundamentales:

1a. La celebración durante los meses de marzo a mayo de 2007, del panel y talleres de trabajo Derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Análisis de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y adecuación de la legislación mexicana, con los objetivos de dar a conocer la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de aportar elementos que conduzcan a armonizar la legislación mexicana conforme al contenido de aquélla.
2.3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, presentada por el diputado Jorge Quintero Bello del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión del 17 de abril de 2007, con el propósito de establecer acciones que fomenten el derecho al trabajo y la capacitación de las personas con discapacidad en un ambiente de respeto, integración e igualdad.
2.4. Proyecto de dictamen elaborado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, sobre la iniciativa a que se refiere el apartado inmediato anterior.
2.5. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 149, 194 y 197 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por la diputada Mónica Tzasna Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el 26 de abril de 2007, con el fin de que las personas con discapacidad física puedan solicitar su inscripción al Registro Federal de Electores vía escrita, sin acudir a las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, así como establecer que las autoridades electorales ubiquen casillas especiales y accesibles para que aquéllas emitan su voto.
2.6. Proyecto de dictamen promovido por las Comisiones Unidas de Gobernación, de Atención a Grupos Vulnerables, y de Estudios Legislativos, Primera, del honorable Senado de la República, respecto de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, presentada por el senador Guillermo Tamborrel Suárez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión del 12 de diciembre de 2006, con la finalidad de adoptar medidas que permitan a las personas con discapacidad visual ejercer su derecho de acceso a la información pública gubernamental en igualdad de condiciones con las demás personas, a través de procedimientos sencillos y expeditos, y en formatos accesibles como el Sistema de Escritura Braille o cualquier otro que les facilite su conocimiento.
2.7. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 29 de la Ley de Asistencia Social, presentada por la diputada Martha Margarita García Müller , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 27 de octubre de 2007, con la pretensión de establecer como facultad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la elaboración y actualización de un Registro Nacional de Personas con Discapacidad.
2.8. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 4 y 15 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, presentada por la senadora Noemí Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la sesión del 6 de noviembre de 2007, cuyo objeto es adicionar la definición de ``discriminación contra las personas con discapacidad''; reformar la de ``persona con discapacidad''; especificar que a las personas con discapacidad no se les podrán distinguir, excluir o restringir sus derechos reconocidos por ningún motivo; y, establecer la adopción de medidas que eliminen progresivamente los obstáculos arquitectónicos que impiden el acceso y uso de las instalaciones a las personas con discapacidad.
2.9. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 1, y un párrafo tercero al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión del 29 de octubre de 2007, con el propósito de prohibir la discriminación motivada por la diversidad de lenguas y la condición de embarazo, así como reconocer a las personas con discapacidad el derecho a beneficiarse de los programas gubernamentales que garanticen su autonomía, integración social y profesional, desplazamiento y accesibilidad.
2.10. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 7, 56, 133 y 391 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la diputada Silvia Emilia Degante Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión del 14 de noviembre de 2007, con la finalidad de promover la incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral regular, y establecer la causal de ``discapacidad'' como elemento o motivo de discriminación, prohibiendo en base a ella diferencias en las condiciones de trabajo.
2.11. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 25 y 56, de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la diputada María Eugenia Nieves Campos Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión del 29 de noviembre de 2007, cuyo objeto es adecuar los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, de acuerdo con el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, estableciendo a las personas empleadoras la prohibición de discriminar por motivos de discapacidad, así como incorporar en el escrito en que consten las condiciones de trabajo, la referencia a si la persona tiene algún tipo de discapacidad.
2.12. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, presentada por el senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en nombre propio y de otros senadores de diversos grupos parlamentarios, en la sesión del 4 de diciembre de 2007, cuyo objetivo es homologar el contenido de la Ley General de las Personas con Discapacidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Todo lo anterior permite visualizar la trascendencia e impacto de la Convención en el derecho mexicano, más aún con el depósito del instrumento de ratificación del Estado Mexicano ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, efectuado el pasado 17 de diciembre del año 2007.

2.13. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, presentada por el diputado Francisco Antonio Fraile García , a nombre propio y de la diputada Silvia Emilia Degante Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión del 20 de noviembre de 2007, la cual fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

El objetivo de la iniciativa es reformar la Ley General de las Personas con Discapacidad, a efecto de asegurar su participación e inclusión en todos los ámbitos de la sociedad, así como asignar presupuestos que permitan poner en marcha políticas, programas y acciones en la materia.

El presente proyecto de reforma a la Ley General de las Personas con Discapacidad, auspiciado por organizaciones de la sociedad civil encaminadas a la defensa y protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, da cabida a una serie de modificaciones respecto de las cuales se puede argumentar que atendiendo a algunos de sus contenidos, existe el propósito de armonizar la legislación nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que de entrada determina su pertinencia en términos generales.

3a. Por Acuerdo COCOA 02/009/07 se procedió al análisis de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y su Estatuto Orgánico con el propósito de que la Junta de Gobierno se pronunciara sobre la conveniencia de proponer modificaciones a esa ley, a fin de que el organismo cuente con más elementos jurídicos para el mejor desempeño de sus atribuciones.

Con motivo del ejercicio de las vivencias acumuladas por las diversas áreas del consejo, de la elaboración del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2006, su evaluación en términos de impacto, los foros nacionales e internacionales, las opiniones jurídicas emitidas a iniciativas de leyes federales, consultas desahogadas a personas físicas, organizaciones de la sociedad civil de diversas entidades de la federación, Congresos de los estados, asesorías, o recepción de opiniones,' sugerencias y propuestas múltiples de académicos, organizaciones de grupos vulnerables, expertos, revisión de conceptos de los estudiosos, publicaciones y aportaciones, se ha construyó el material de trabajo básico para conformar un anteproyecto de iniciativa de una nueva Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el cual se entregó a la Junta de Gobierno en la cuarta sesión ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2007, solicitando a sus integrantes nos hicieran llegar sus críticas, comentarios, propuestas o sugerencias.

El personal de las diversas áreas del consejo siguió trabajando al respecto, al punto de haber enriquecido el documento inicial con otro de más amplios contenidos, entre los que se pretende sean aprobados para la nueva ley, los siguientes principios jurídicos, en el entendido de que en tales dispositivos quedan comprendidas genéricamente las personas con discapacidad, y por aparte, en rubro especial como colectivo:

Sección Cuarta De las excepciones

Artículo 8. No se considerarán hechos, acciones, omisiones o prácticas discriminatorias ilícitas, las siguientes:

I. Las acciones legislativas y políticas públicas positivas o compensatorias que establezcan tratos diferenciados, con el objeto de garantizar la igualdad real de trato y de oportunidades;
II. Las distinciones basadas en calificaciones, habilidades, o conocimientos especializados exigidos para de-sempeñar una actividad determinada, siempre y cuando sean idóneos para la misma;
...

Título Segundo Medidas para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Capítulo I De las Prohibiciones

Artículo 12. Se prohíbe incurrir en los hechos, acciones, omisiones o prácticas discriminatorias a que se refieren los artículos 5 y 6 de esta ley.

Se considerará, entre otros, que los hechos, acciones, omisiones o prácticas niegan, excluyen, distinguen, menoscaban, impiden o restringen derechos fundamentales, cuando tengan por objeto o produzcan el efecto de:

I. Impedir el acceso a la educación pública o privada, y a becas e incentivos para la permanencia en los centros educativos;
II. Establecer contenidos educativos, métodos o instrumentos pedagógicos en los que se asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan representaciones, imágenes, situaciones o condiciones de subordinación;
III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo;
IV. Establecer o convenir diferencias en la remuneración, prestaciones y condiciones laborales para trabajos iguales;
V. Limitar o negar el acceso a los programas de capacitación, adiestramiento y formación profesional para el trabajo;
VI. Ocultar, limitar o negar la información relativa a los derechos reproductivos; o impedir el ejercicio del derecho a decidir el número y espaciamiento de las hijas e hijos;
VII. Negar, limitar o condicionar los servicios de salud y la accesibilidad a los establecimientos que los prestan y a los bienes que se requieran para brindarlos, así como para ejercer el derecho a obtener información suficiente relativa a su estado de salud, y a participar en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico;
VIII. Restringir o impedir la participación, en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole;
IX. Negar, limitar o condicionar los derechos de participación, política, al sufragio activo o pasivo, a la elegibilidad y acceso a todos los cargos públicos, así como a la participación en el diseño, elaboración, desarrollo y ejecución de políticas públicas y programas de gobierno;
X. Impedir el libre ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición de bienes;
XI. Impedir, negar, evadir o restringir la procuración e impartición de justicia;
XII. Impedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y vencidos, a la defensa o asistencia; ya la asistencia de intérpretes o traductores en todo procedimiento de averiguación previa, jurisdiccional o administrativo;
XIII. Aplicar o permitir usos o costumbres que atenten contra el derecho a la no discriminación, la dignidad e integridad humana;
XIV. Obstaculizar, restringir o impedir la libre elección de pareja, trátese de cónyuge, conviviente, concubina o concubinario;
XV. Ofender o ridiculizar a las titulares o promover la violencia en su contra a través de mensajes o imágenes en cualquier medio de comunicación;
XVI. Limitar o impedir el ejercicio de las libertades de expresión de ideas, conciencia o creencia religiosa;
XVII. Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad o internadas en instituciones de salud o asistencia;
XVIII. Restringir el acceso a la información;
XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo saludable;
XX. Negar, obstaculizar, restringir o impedir, bajo cualquier forma, el acceso a la seguridad social y sus beneficios;
XXI. Negar, obstaculizar, restringir o impedir, bajo cualquier forma, la celebración del contrato de seguro sobre las personas, o de seguros médicos;
XXII. Limitar el derecho a los alimentos, la vivienda, el recreo y los servicios de atención médica adecuados;
XXIII. Negar, obstaculizar o impedir, bajo cualquier forma, el acceso a los servicios públicos o de institución privada que preste u ofrezca servicios al público;
XXIV. Limitar, obstaculizar o negar el libre desplazamiento de cualquier persona;
XXV. Explotar o dar un trato abusivo o degradante;
XXVI. Restringir, obstaculizar o impedir la participación en actividades académicas, deportivas, recreativas o culturales;
XXVII. Restringir, obstaculizar o impedir el uso de lenguas, idiomas, usos, costumbres y cultura en actividades públicas o privadas;
XXVIII. Limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para el aprovechamiento, administración o usufructo de bienes nacionales o recursos naturales, una vez satisfechos los requisitos establecidos en la legislación aplicable;
XXIX. Incitar a la exclusión, persecución, odio, violencia, rechazo, burla, difamación, ofensa o injuria; y
XXX. Promover o incurrir en el maltrato físico o psicológico por discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o asumir públicamente la preferencia sexual, identidad de género, la expresión de rol de identidad de género, o por cualquier otro motivo.

Medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportundiades

Sección Primera Disposiciones Generales

Artículo 13. Por medidas positivas y compensatorias se entiende todo acto legislativo, reglamentario y de política pública de preferencia, racionalmente justificable, a favor de las titulares, consideradas individual o colectivamente, que tiene por objeto reparar el daño histórico ocasionado por el fenómeno discriminatorio, modificar prácticas discriminatorias, lograr la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en la salud, la educación, el trabajo y la justicia; así como alcanzar la representación y la participación equilibrada en los ámbitos social, económico, político y cultural.

Artículo 14. Las medidas positivas y compensatorias serán, entre otras, las siguientes:

I. Acción positiva: es el trato formalmente desigual que se otorga a minorías, grupos, colectivos, comunidades, pueblos y análogos, con el objeto de lograr la igualdad real de trato y de oportunidades entre los grupos sociales:
a) Acción positiva moderada: es la medida de igualación cuyo objeto es remover los obstáculos que impiden a las titulares acceder a procesos de selección social, en condiciones de igualdad con el resto de las personas; y,
b) Medidas de discriminación inversa: son las cuotas que se reserven a las titulares con la finalidad de que alcancen bienes sociales escasos.
II. Medidas de igualación positiva: son los tratos formalmente desiguales que benefician a personas consideradas individualmente, por su pertenencia o identidad con un grupo, minoría, colectivo, comunidad, pueblo u otro análogo.

Artículo 15. La modificación de prácticas discriminatorias tiene por objeto remover los obstáculos institucionales, directos e indirectos, que impiden a las titulares acceder al ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales, en condiciones de igualdad.

Artículo 16. Para lograr la representación y participación equilibrada se establecerán y fortalecerán los sistemas de cuotas racionalmente justificables que permitan el acceso directo y cuantificable a la educación, el trabajo y a candidaturas de representación popular.

Asimismo, se realizarán los ajustes razonables y se proporcionarán las ayudas técnicas necesarias para garantizar a las titulares el ejercicio de sus derechos político-electorales, entre otros, a votar en las elecciones, tener acceso a cargos de elección popular y participar en los procedimientos electorales.

Artículo 17. Las medidas diseñadas para reparar el daño histórico serán de acceso directo y cuantificable a bienes nacionales, y servicios públicos, sean éstos usados, aprovechados o explotados por instituciones o empresas públicas o privadas.

Artículo 18. Para la ejecución de las medidas positivas y compensatorias se llevará a cabo lo siguiente:

I. Sensibilización y capacitación en materia de no discriminación, equidad de género e igualdad de oportunidades dirigida a todas las personas servidoras públicas y autoridades, así como a particulares que intervengan en cualquier etapa de su instrumentación;
II. Información sobre los mecanismos legales de exigencia y efectividad del derecho fundamental a la no discriminación en lenguaje accesible a las titulares, incluyendo lenguas nacionales, lenguas de señas, sistema de escritura braille y otras formas de comunicación no verbal;
III. Campañas educativas y de sensibilización en los medios de comunicación masiva sobre el derecho a la no discriminación en la educación, salud, trabajo, accesibilidad, justicia, vivienda y participación política y social, el respeto a la dignidad, así como de condena a la violencia dirigida a las titulares; y
IV. Difusión del contenido de esta ley en lenguaje accesible a las titulares, incluyendo lenguas nacionales, lenguas de señas, sistema de escritura Braille y otras formas de comunicación no verbal.

Artículo 19. Las medidas adoptarán, entre otras, las siguientes modalidades:

I. De preferencia en el acceso a todos los niveles escolares del sistema educativo nacional dentro de criterios y procedimientos de selección, evaluación y acreditación de cada nivel educativo, a fin de fortalecer la educación mixta; intercultural y bilingüe, beneficiando la integración escolar y el intercambio generacional;
II. De modificación de contenidos, métodos e instrumentos pedagógicos en los programas educativos, para asegurar que se asignen papeles y difundan representaciones, imágenes, situaciones y condiciones de igualdad, libres de estereotipos, prejuicios o estigmas, y en base al respeto a la dignidad y el conocimiento de los derechos fundamentales;
III. De alfabetización a través de la educación inicial, especial, para personas adultas, la enseñanza abierta en todos los niveles; así como mediante programas de base comunitaria que beneficien el intercambio cultural, generacional y el conocimiento de las nuevas tecnologías;
IV. De capacitación, formación y actualización del personal docente de las escuelas públicas y privadas en todos los niveles, en materia de integración educativa, no discriminación e igualdad de oportunidades, entre otras;
V. De acceso a los centros de trabajo, mediante la modificación de prácticas, reglamentos y políticas relacionadas con la contratación permanencia y ascenso en el empleo en los que se garantice la igualdad de oportunidades:
VI. De creación de programas de trabajo flexibles dirigidos a personas que por sus características o condiciones particulares requieran, entre otros, destinar tiempo a la atención de la salud, responsabilidades familiares o estudios, fomentando en todo momento el aprovechamiento de la experiencia, conocimientos prácticos o especializados, así como su incorporación al trabajo regular;
VII. De capacitación para el empleo considerando la experiencia, habilidades y especialidad de las personas su inserción o reinserción a la vida laboral así como los recursos necesarios para su independencia, manutención del hogar y permanencia en la comunidad:
VIII. De atención gratuita en los servicios públicos de salud, especialmente en consultas, exámenes médicos, cirugías, así como educación para la prevención y tratamientos de rehabilitación física y psicológica, incluyendo a víctimas del delito y a personas privadas de su libertad. Las instituciones de carácter privado, mediante acuerdos con las autoridades de salud, reducirán sus costos.
IX. De atención y acceso preferente a cualquier servicio público o privado prestado al público en general, a toda titular que por sus características o condiciones se justifique;
X. De capacitación y sensibilización a intérpretes, personas traductoras, defensoras, y personal de seguridad pública en lenguas nacionales, lenguas de señas, sistema de escritura Braille y otras formas de comunicación no verbal, así como en el conocimiento de la diversidad cultural, con el fin de garantizar el acceso, la atención y la igualdad de trato en los servicios públicos, la procuración e impartición de justicia;
XI. De información accesible a las titulares, relacionada con el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, así como el acceso a servicios públicos;
XII. De adaptación de los edificios públicos y privados que presten servicios al público general, así como de todos los medios de transporte aéreos, terrestres o marítimos, públicos y privados, a la accesibilidad, el libre desplazamiento y la señalización;
XIII. De acceso a nuevas tecnologías, tecnologías de apoyo, conocimientos científicos, el intercambio cultural y generacional; y,
XIV. De inversión en infraestructura en las zonas de escasos recursos, marginadas, rurales o indígenas.

Sección Segunda Del Diagnóstico de Discriminación y sus Objetivos

Artículo 20. El diagnóstico de discriminación tiene por objeto identificar la problemática particular de cada minoría, grupo, colectivo, comunidad, pueblo o análogo, sujetas a los beneficios de las medidas positivas y compensatorias con la finalidad de determinar las bases y modalidades de reparación del daño, modificación de prácticas, preferencia en el acceso a servicios públicos y bienes sociales.

Artículo 21. Las medidas se diseñarán, ejecutarán y verificarán conforme a los principios contenidos en el Título I de esta ley, y al diagnóstico de discriminación.

Artículo 22. Para determinar su contenido, se consultará a las dependencias y entidades de los poderes públicos competentes, así como a las titulares y a las organizaciones, entidades e instituciones que las representan.

Artículo 23. Las titulares, sus familias y comunidades, así como las organizaciones, entidades e instituciones que representan sus intereses, participarán activamente en el diseño, planeación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas, y en general, en todas las decisiones que puedan afectar el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, de acuerdo con las modalidades que establezca el reglamento de esta ley.

Para efecto de lo anterior, se considerarán modalidades de participación, entre otras, el foro público, la deliberación, el cabildeo, la revisión y la denuncia pública.

Artículo 24. Las medidas mantendrán su vigencia hasta en tanto se logre el objetivo para el que fueron diseñadas.

Artículo 25. Para el diseño de medidas positivas compensatorias se considerarán las circunstancias sociales, educativas, económicas, de salud, de trabajo, culturales y políticas que tienen por objeto o producen el efecto de negar, excluir, distinguir, menoscabar, impedir o restringir los derechos fundamentales de mujeres, niñas y niños, adolescente, jóvenes, personas adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, homosexuales, lesbianas, personas con discapacidad , migrantes, desplazadas internas, refugiadas, de escasos recursos, en situación de calle o pobreza, con VIH o sida, así como de minorías, grupos, colectivos, comunidades, pueblos y análogos, entre otros.

Artículo 26. El monitoreo del fenómeno discriminatorio se instrumentará con base en los criterios y lineamientos que diseñe el Consejo, en consulta con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Consejo Nacional de Población, y demás dependencias o entidades públicas competentes.

A efecto de lo anterior, todas las entidades y dependencias de los poderes públicos generarán datos desglosados por sexo y edad, y que reflejen, entre otros, la condición social, educativa, económica, de salud, de trabajo, cultural y Política que posibiliten al consejo el estudio e investigación del fenómeno discriminatorio.

Artículo 27. El diagnóstico de discriminación, el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así corno las medidas positivas y compensatorias que correspondan a cada sujeto obligado, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 28. Los sujetos obligados divulgarán las medidas positivas y compensatorias de manera accesible a quienes se dirigen, dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de su publicación.

Artículo 29. Toda titular podrá exigir el cumplimiento de las medidas positivas y compensatorias.

Sección Tercera De los Sujetos Obligados

Artículo 30. Las autoridades, dependencias y entidades de los poderes públicos federales, en el ámbito de su competencia, diseñarán, ejecutarán y verificarán las medidas positivas y compensatorias establecidas en esta ley, otras leyes y en el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Los órganos públicos y las entidades federales, estatales y municipales actuarán coordinadamente para la adopción de las medidas positivas y compensatorias derivadas de los tratados internacionales de los que México sea parte, y las previstas en esta u otras leyes.

Artículo 31. Las instituciones o empresas públicas y privadas que usen, aprovechen o exploten bienes nacionales adoptarán medidas positivas y compensatorias.

Artículo 32. Todas las personas físicas y morales, organizaciones constituidas formalmente o no, garantizarán el acceso a los derechos y libertades fundamentales, para lo cual modificarán sus prácticas, reglamentos y políticas internas en lo relativo a sus relaciones prestacionales, entre otros, el derecho a la salud, la educación, el trabajo, accesibilidad y acceso a la justicia, de conformidad con el objeto de la presente ley.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán adoptar las medidas positivas y compensatorias que para esos efectos publique el consejo, en los que se establecerán los beneficios que al efecto autorice la persona titular del Ejecutivo federal mediante reglas de carácter general.

Artículo 33. Las entidades y dependencias de la administración pública federal que otorguen concesiones o permisos, o celebren contratos, cualquiera que sea su denominación, preferirán a las empresas que adopten medidas positivas y compensatorias.

Artículo 34. Todas las personas que ejerzan presupuesto público destinarán los recursos necesarios, conforme lo establezca la normatividad que al efecto se emita, para adecuar sus edificios, instalaciones, servicios y áreas de atención al público a las regulaciones técnicas de acceso al entorno físico, la información, las comunicaciones, la radiodifusión y las telecomunicaciones, tanto en zonas urbanas, rurales e indígenas.''

Artículo 38. Las personas con discapacidad tienen derecho, de manera enunciativa no limitativa, a las siguientes medidas positivas y compensatorias:

I. De acceso al entorno físico, espacios e inmuebles públicos y privados que presten servicios al público, así como a medios de transporte público y privado, para lo cual las obligadas realizarán las adecuaciones físicas y de señalización que cumplan con los criterios de diseño universal;
II. A que se lleven a cabo los ajustes razonables y se proporcionen las ayudas técnicas en los ámbitos educativo, laboral, de salud y de justicia, así como en su vivienda y áreas comunes, de acuerdo a criterios de accesibilidad al entorno físico, transporte, información, la radiodifusión y las telecomunicaciones, en zonas urbanas, rurales e indígenas;
III. A programas de educación que favorezcan la integración, permanencia y participación en las actividades educativas regulares en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional. El presupuesto que se asigne no podrá ser inferior al cinco por ciento del presupuesto total de educación;
IV. A la disponibilidad de ayudas técnicas necesarias para cada discapacidad en todos los niveles de educación obligatoria, normal, tecnológica, universitaria, carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización;
V. De sistemas de transporte público de base comunitaria en los que se prevean tanto ayudas técnicas como la asistencia humana o animal, para facilitar el acceso y disfrute de los servicios públicos y bienes sociales;
VI. A recibir regularmente el tratamiento y medicamentos necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y calidad de vida, en todas las unidades del Sistema Nacional de Salud;
VII. De capacitación para el empleo y generación de oportunidades, mediante el aprovechamiento de su especialización habilidades y experiencia, que permita un ingreso digno, decoroso y suficiente para la manutención del propio hogar y la permanencia en la comunidad, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo vigente.
VIII. A programas de apoyos, estímulos y compensaciones por su desempeño en la educación, la cultura, las artes y el deporte;
IX. De beneficios y descuentos especiales para el acceso a centros turísticos, de entretenimiento, recreación, cultura y deporte; así como a los servicios de transporte aéreo, terrestre y marítimo; de agua potable, energía eléctrica, gas, telefonía básica de larga distancia y celular, entre otros.
X. De accesibilidad las vías Generales de comunicación y bienes afectos, así como a los espacios e inmuebles construidos con fondos públicos, mediante las adecuaciones físicas y de señalización para su acceso, libre tránsito y uso.
Los concesionarios o permisionarios del servicio de televisión subtitularán sus programas o contarán con interpretes para personas con discapacidad auditiva.
Para asegurar su autonomía e independencia, el Estado asignará recursos para la capacitación especializada, la investigación y el desarrollo tecnológico en instituciones de educación superior dirigidos a la creación de aparatos prototipo y ortopédico, de nuevas tecnologías de información y comunicación, y de sistemas para mejorar el desempeño de sus actividades; así como para el diseño, desarrollo y producción de bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño universal.
Asimismo, los gastos que realicen las personas físicas y morales para eliminar barreras de acceso, sean arquitectónicas, de instalaciones exteriores e interiores, en escuelas, viviendas, instalaciones médicas, y lugares de trabajo; las prestaciones de rehabilitación, terapia, integración social, cultural y deporte; así como los recursos, destinados a la adquisición de ayudas técnicas serán deducibles de impuestos, de acuerdo a lo establecido en la legislación fiscal.
También, se estimulará la actividad de las empresas, sociedades y asociaciones civiles cuyo objeto y actividades beneficien directa o indirectamente a las personas con discapacidad, de conformidad con la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
...

Sección Segunda De las Atribuciones

Artículo 44. Son atribuciones del consejo:

I. Diseñar estrategias instrumentos programas políticas proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación;
II. Elaborar y proponer el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como evaluar y verificar su cumplimiento;
III. Formular observaciones, sugerencias y directrices a quien omita el cumplimiento o desvíe la ejecución del programa a que se refiere la fracción anterior, sin perjuicio del ejercicio de las acciones que esta ley confiere a las titulares u organizaciones de la sociedad civil;
IV. Verificar que tanto en la Administración Pública Federal como en las instituciones y organismos privados, se adopten medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación, así como expedir, en su caso, el reconocimiento a que se refiere el artículo 116 de esta ley;
V. Efectuar, promover fomentar y difundir estudios e investigaciones en relación al fenómeno discriminatorio;
VI. Efectuar de manera permanente el estudio de las leyes y ordenamientos administrativos federales a fin de detectar disposiciones discriminatorias y, en su caso, proponer a la instancia competente lleve a cabo la adecuación legislativa que corresponda;
VII. Emitir opiniones jurídicas a las iniciativas de leyes relacionadas directa o indirectamente con el derecho fundamental a la no discriminación;
VIII. Emitir opiniones jurídicas previas a la emisión de los actos a que se refiere el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo:
IX. Emitir opiniones jurídicas a las iniciativas de las leyes locales para prevenir y eliminar la discriminación y desahogar las consultas relacionadas con la materia que formulen los gobiernos de los estados de la federación, sus dependencias, entidades, municipios, organismos, instituciones, o personas físicas o morales particulares, minorías, grupos, colectivos, organizaciones de la sociedad civil u otras análogas;
X. Divulgar las obligaciones asumidas por el Estado mexicano en los instrumentos internacionales en la materia, así como promover la difusión y tratamiento institucional del derecho a la no discriminación en el ámbito internacional;
XI. Promover el cumplimiento por la administración pública federal de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior. Para este propósito podrá formular observaciones o recomendaciones generales o particulares:
XII. Elaborar, difundir y promover que en los medios de comunicación se incorporen, contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias;
XIII. Promover la presentación de denuncias, quejas y reclamaciones;
XIV. Conocer el proceso previsto en esta ley;
XV. Aplicar las sanciones y medidas administrativas establecidas en esta ley;
XVI. Tutelar los derechos de las titulares mediante asesoría y orientación, sin perjuicio del seguimiento del proceso a que se hace mención en la fracción XIV de este artículo;
XVII. Solicitar información pertinente a las dependencias, entidades, instituciones públicas o particulares para verificar el cumplimiento de este ordenamiento y de las disposiciones en materia de de no discriminación contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que México forme parte, o en cualquier otra ley.
XVIII. Promover y establecer relaciones de coordinación con entidades y dependencias de los poderes públicos federales, estatales y municipales, con el propósito de que en sus programas prevean medidas positivas y compensatorias;
XIX. Promover la suscripción de convenios, celebración de acuerdos, de bases de coordinación o concertación con dependencias y entidades de los poderes públicos federales, estatales, municipales, internacionales, o privadas, sean éstas nacionales o internacionales;
XX. Asistir a las reuniones internacionales en materia de prevención y eliminación de la discriminación, además de establecer relaciones con los organismos multilaterales relacionados con los derechos humanos y con los organismos similares al Consejo en otros países;
XXI. Participar en el diseño del Servicio de Carrera Pública Federal, basado en el mérito y la igualdad de oportunidades:
XXII. Promover y sugerir a las instituciones de educación pública y privadas el diseño de contenidos educativos y procesos de formación en materia de no discriminación;
XXIII. Alentar a las personas concesionarias de medios de comunicación privilegien la difusión de contenidos contra la discriminación; y
XXIV. Las demás establecidas en esta ley, en su reglamento, su estatuto orgánico y otras disposiciones aplicables.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo contará con las unidades administrativas que establezca el reglamento, en donde se fijará su competencia.

4ª. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en 2006 se construyó el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 26 de junio, con vigencia al 30 de noviembre del mismo año, en el que se fijó como objetivo general en materia de trabajo garantizar el derecho fundamental al trabajo sobre la base del derecho constitucional a la no discriminación, a fin de que se permita la igualdad real de oportunidades en el acceso a las relaciones laborales, al desempeño laboral respetuoso de la integridad de las personas, y a la certidumbre laboral para los trabajadores, dando seguimiento a los programas elaborados por el sector laboral de la administración pública federal para prevenir la discriminación y promover la equiparación de oportunidades de las personas o grupos vulnerados, entre los que destaca las personas con discapacidad, con el propósito de hacer posible su acceso pleno a los derechos laborales, y garantizarles un entorno social de aceptación y valoración positiva de sus diferencias, comprendiendo tanto al sector público o al privado.

Al cumplimiento de ese objeto se diseñó la línea estratégica 6, que dice: ``Establecer políticas públicas para prevenir la discriminación y a favor de la igualdad de oportunidades y derechos para las personas con discapacidad, con el propósito de hacer posible su acceso a los derechos laborales, así como a garantizar un entorno social de aceptación y valoración positivas de sus diferencias''.

Luego entonces, en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Conapred coparticipa en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, tocante al cual este consejo, en agosto de 2007, formuló sus Líneas de Acción para que sean incorporadas a dicho Programa, debido a que entre los objetivos del Plan Nacional se encuentra reducir, de manera significativa, las brechas sociales, económicas y culturales en la sociedad mexicana, encaminado a lograr el trato a los mexicanos con equidad y justicia, sin discriminación y en todas las esferas de su vida.

Derivado del tercer párrafo del artículo 1 constitucional, de la ley que nos rige, de los instrumentos internacionales de los que México forma parte, y del Plan Nacional, el Conapred está elaborando para 2008 su Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el cual contempla entre sus objetivos fortalecer la transversalidad del derecho a la no discriminación en los programas, sistemas, criterios, lineamientos, normas oficiales mexicanas y demás, de la administración pública federal, como herramienta garante del derecho a la igualdad real de trato y de oportunidades, con trascendencia hacia la sociedad civil toda.

Como se desprende de las actividades realizadas o en proyecto, todas guardan íntima conexión con el punto de acuerdo que nos ocupa y el congruente ejercicio de las atribuciones de este consejo, tal y como se encuentra inserto en el material de trabajo para construir la iniciativa de la nueva Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, tanto en las disposiciones generales como en las atribuciones específicas del consejo, como órgano del Estado mexicano encargado de tutelar el derecho fundamental a la no discriminación.

En virtud de lo expuesto, estimamos pertinente el exhorto a que se refiere el oficio al que damos respuesta.

Para cualquier aclaración o duda, me encuentro a sus respetables órdenes.

Atentamente
México, DF, a 25 de febrero de 2008.--- José López Villegas (rúbrica), director general adjunto.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.



MANGLARES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L 60-II-2-1278 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Manuel Portilla Diéguez, Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SE/018/08 suscrito por la maestra Ana Luisa Guzmán, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al estado que guardan los manglares en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 19 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Estimado licenciado Cardona:

Me refiero al oficio número SEL.300/509/08 del 24 de enero por el cual se hace del conocimiento del ingeniero Juan Elvira Quesada, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Unión el miércoles 23 de enero de 2008.

Con respecto a la solicitud realizada en el primer numeral del punto de acuerdo, me permito informarle que debido a la apremiante necesidad de contar con información actualizada, confiable y respaldada técnica y académicamente en relación con los manglares del país, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) dio inicio a un programa especial de manglares a mediados de 2006.

Los productos y resultados del programa son los siguientes:

1. Inventario nacional de manglares. Con imágenes de satélite mayoritariamente correspondiente al año 2005-2006 (85 por ciento), se generó la cartografía de los manglares a nivel nacional, a una escala 1 :50 000. Esta información se encuentra en la fase final de validación en campo y estará disponible para su uso y consulta a finales de febrero del año en curso.
2. Folleto manglares de México. Los principales aspectos del proceso que se siguió para la elaboración del inventario nacional de manglares, así como los primeros resultados incluyendo las nuevas estimaciones de la superficie ocupada por este ecosistema, se encuentran en la reciente publicación Manglares de México, de la cual anexo un ejemplar. La publicación también está disponible en el sitio web de la Conabio (www.conabio.gob. mx).
3. Identificación de sitios de manglar de relevancia biológica y de rehabilitación ecológica. Como resultado de un taller en el que participó la comunidad científica, gubernamental y no gubernamental, se identificaron 55 sitios de relevancia biológica y áreas con necesidades inmediatas de rehabilitación ecológica. La información se encuentra en proceso de revisión por los especialistas y estará disponible aproximadamente en abril de 2008.
4. Directorio de expertos. Se cuenta con un directorio de expertos conformado por cerca de 90 especialistas. Muchos de ellos han estado involucrados en distintas actividades que han formado parte del programa de manglares, ya sea como participantes en los talleres brindando asesoría o facilitando información de campo. Este Directorio es el punto de partida para la conformación de una red de monitoreo a nivel nacional, en la que se pretende que participe la mayor parte de los especialistas en este ecosistema.
5. Apoyo a proyectos. Como una forma de apoyar la conformación de una red de monitoreo, en junio de 2007, la Conabio lanzó la primera convocatoria dirigida a las dependencias gubernamentales, asociaciones civiles, universidades y centros de investigación, para que presentaran programas de monitoreo de manglares en México. Se continuará en esta línea con la idea de apoyar un mayor número de proyectos de monitoreo de manglares.
6. Sitio web. La información más relevante referente al proceso de generación del inventario de manglares, así como los primeros resultados, además de una variada información referente a este ecosistema, se encuentra en sitio web de Conabio:
http:www.Conabio.gob.mx/conocimiento/manglares/doctos/manglares.html Con este instrumento se pretende hacer disponible la información que se vaya generando a los distintos usuarios de manera ágil y eficiente.

Sin otro particular, estoy a su disposición para cualquier información adicional que pudiera requerir.

Atentamente
México, DF, a 15 de febrero de 2008.--- Maestra Ana Luisa Guzmán (rúbrica), Secretaria Ejecutiva.»

«MANGLARES DE MÉXICO

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

Enero de 2008

ÍNDICE

I. Biodiversidad e importancia ecológica de los manglares

I.1 México país megadiverso I.2 México y sus manglares I.3 Presiones y amenazas a los manglares I.4 Importancia ecológica de los manglares

II. Estudio de los manglares en México

II.1 Instituciones académicas y organismos que participan en el estudio de los manglares II.2 Manglares en la agenda gubernamental y en proyectos de desarrollo

III. Inventario Nacional de Manglares

III.1 Importancia de contar con datos comprobables y actualizados III.2 Regionalización para el estudio de los manglares III.3 Métodos III.4 Resultados III.5 Priorización III.6 Créditos y agradecimientos

IV. Acciones a futuro para la conservación, restauraci ón y preservación de los manglares

IV.1 Evaluación de los cambios en la cobertura de los manglares de México en los últimos 30 años IV.2 Monitoreo a largo plazo de los manglares IV.3 Red Mexicana de Monitoreo de los Manglares IV.4 Estrategia Nacional para la Atención de Humedales Costeros en particular los Ecosistemas de Manglar

Conclusiones

Bibliografía

ANEXO 1 Participantes en talleres relacionados con el Inventario Nacional de Manglares

ANEXO 2 Sitios prioritarios para la conservación de los manglares de México

ANEXO 3 Instituciones participantes en la elaboración del Inventario Nacional de Manglares y su validación

I. BIODIVERSIDAD E IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE LOS MANGLARES

I.1 México país megadiverso

México es un país privilegiado por su biodiversidad y se le ubica en el cuarto lugar entre los países megadiversos; junto con Brasil, Colombia e Indonesia ocupa los primeros lugares en todas las listas de diversidad biológica que se han elaborado en el mundo.

El concepto de megadiversidad sólo se aplica a un número muy pequeño de países: aquellos que contienen un porcentaje extraordinario de la biodiversidad del planeta. De todos los países en el mundo, sólo 111 se encuentran situados, parcial o totalmente, en los trópicos; aproximadamente una docena de estos países cuentan con una gran parte --entre 60 y 70%-- de la diversidad biológica del planeta y de ellos, México es uno de los más importantes (Mittermeier y Goettsch de Mittermeier, 1992).

Las características de México como país megadiverso derivan de la ubicación geográfica y de la distribución orográfica del territorio nacional, que se extiende dentro de dos de las regiones biogeográficas reconocidas en el mundo, la neártica y la neotropical, las cuales se entrelazan en el sur de México, abriéndose una importante zona para la biodiversidad del planeta.

I.2 México y sus manglares

Los humedales constituyen uno de los ecosistemas existentes dentro del territorio nacional y entre ellos los manglares, que son humedales costeros, ocupan un lugar privilegiado por la riqueza natural que encierran y los servicios ambientales que prestan; su importante papel ecológico ha sido reconocido internacionalmente.

Los manglares son formaciones vegetales en las que predominan distintas especies conocidas como mangle, un árbol o arbusto con ramas descendentes que llegan al suelo y arraigan en él, y tienen la particularidad de ser plantas resistentes a la salinidad del agua.

Los manglares se desarrollan en las planicies costeras de los trópicos húmedos cerca de las desembocaduras de ríos y arroyos o alrededor de esteros y lagunas costeras. Estos ecosistemas sirven de transición entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas marinos. Existe una marcada conectividad entre los manglares, los pastos marinos y los arrecifes de coral.

En el mundo se conocen 54 especies de mangle, distribuidas en 20 géneros y pertenecientes a 16 familias (Tomlinson, 1986). En América, los géneros más representativos son Rhizophora, con raíces arqueadas que sirven de soporte, Avicennia y Laguncularia, ambas con raíces respiratorias (neumatóforos) que brotan del suelo. A los manglares se les reconoce como uno de los ecosistemas más ricos del planeta por su productividad; tienen una gran importancia económica y ambiental por el uso que las comunidades rurales les han dado y por los servicios ambientales que brindan.

En México predominan cuatro especies de mangle: Rhizophora mangle (mangle rojo), Laguncularia racemosa (mangle blanco), Avicennia germinans (mangle negro, madre de sal) y Conocarpus erectus (mangle botoncillo). Es común encontrarlas asociadas, en un proceso sucesorio dependiendo del nivel de las mareas que las inundan o los bañan, pero estableciendo dominancia de una especie o de una asociación predominante de dos o tres especies dependiendo del lugar en donde se hayan asentado.

I.3 Presiones y amenazas a los manglares

Las actividades humanas, que difieren de país a país, constituyen la principal amenaza para los manglares. Entre ellas están las relacionadas con el desarrollo urbano, industrial y turístico, así como el desarrollo agrícola, ganadero y acuícola, que compiten por el suelo en donde se asientan los manglares. Así mismo, los manglares han recibido presiones por efecto de la contaminación: desechos sólidos urbanos, contaminantes industriales, pesticidas y fertilizantes agrícolas, derrames de petróleo, etc., así como modificaciones a las condiciones hidrológicas. Distintos estudios a nivel internacional señalan que recuperar un manglar que ha sido severamente dañado puede tomar muchos años cuando ello es posible; en muchas ocasiones la pérdida es total e irreversible.

La pérdida de los manglares influye significativamente en todas las especies que los utilizan para su desarrollo biológico. En particular, se estima que los manglares son determinantes para el desarrollo de distintas especies de peces que se capturan comercialmente.

De acuerdo con una estimación de la FAO, en 1980 los manglares abarcaban una superficie cercana a los 19.8 millones de hectáreas de las zonas costeras del mundo, con Indonesia, Brasil, Nigeria y Australia como los países con mayor superficie de manglar. Algunas estimaciones señalan que a principios del año 2000 la superficie global de manglar se había reducido a poco menos de 15 millones de hectáreas. Si esta estimación es correcta y la comparamos con las cifras oficiales de FAO, en los últimos 20 años se habría perdido entonces cerca del 25% de la superficie. Con las presiones existentes y si la tendencia continúa, estaríamos destruyendo uno de los ecosistemas representativos de la biodiversidad del planeta.

I.4 Importancia ecológica de los manglares

Muchos manglares se desarrollan alrededor de las lagunas costeras, esteros y desembocadura de ríos y arroyos. En estas áreas, a nivel mundial, se llevan a cabo importantes actividades pesqueras artesanales que aportan alimento y desarrollo económico a comunidades asentadas en la costa. Asimismo, parte de la actividad pesquera de las zonas costeras existe en virtud de que distintas especies que se aprovechan comercialmente tuvieron al manglar como zona de crianza y crecimiento desde las primeras fases de su ciclo de vida: entre las raíces de los manglares se protegen y alimentan larvas, postlarvas y alevines de peces y crustáceos. Algunos moluscos, como el ostión de mangle, utilizan las raíces de los manglares para fijarse y desarrollarse hasta alcanzar una talla apta para su consumo.

Los ecosistemas de manglar son altamente productivos y generan una gran cantidad de nutrientes, los cuales son exportados por las mareas a las aguas marinas de la franja litoral más cercana a la costa, donde son aprovechados por pastos marinos y una variedad de peces que tienen importancia comercial. De acuerdo con la FAO cerca del 80% de la captura mundial de peces marinos se realiza en la franja costera. Además, muchas poblaciones de aves acuáticas utilizan los manglares como zonas de reposo o reproducción.

La pesquería del camarón, una de las más importantes de México, existe gracias a la gran cantidad de lagunas costeras que albergan importantes humedales, como áreas de manglar y marismas, en donde se refugian las postlarvas de camarón y se desarrollan durante varios meses hasta alcanzar sus fases juveniles, momento en el cual migran al mar para completar su ciclo de vida.

Por otra parte, la existencia de los manglares permite amortiguar los impactos que el acarreo de tierra por las corrientes de agua de ríos y arroyos tiene sobre los arrecifes de coral. Junto con las descargas de aguas continentales se trasladan también diversos tipos de contaminantes generados por la actividad humana que son recibidos en las zonas de manglar. Los manglares sirven de filtro biológico y retienen o procesan algunos contaminantes: procesan nutrientes en exceso, degradan materia orgánica y almacenan algunos residuos utilizados en la agricultura. El exceso de estos contaminantes generados por el hombre también acabará destruyendo a los manglares.

El manglar, como recurso forestal, se ha aprovechado alrededor del mundo por las comunidades rurales asentadas alrededor de estos ecosistemas para producir leña y carbón, como material de construcción en viviendas rurales y en la fabricación de cercos para la delimitación de los terrenos o el confinamiento de animales para el consumo doméstico, en la industria de la construcción como puntales para las cimbras, en la fabricación de artes de pesca como los tapos, en la elaboración de espigas y puntales para la locomoción de pequeñas embarcaciones en zonas someras de las lagunas costeras y los esteros, etc.

Asimismo, alrededor de los manglares se desarrollan actividades cinegéticas y una creciente industria asociada al ecoturismo: el avistamiento de aves migratorias, su paisaje y la variedad de vida silvestre que albergan, generan corrientes de turistas que son atraídos por la riqueza natural de estos singulares ecosistemas.

Los manglares juegan un importante papel como barrera natural de protección que contiene la erosión de vientos y mareas. En aquellos sitios en donde el ecosistema de manglar se ha mantenido sano, el impacto de ciclones ha sido menor al de aquellos sitios en donde se destruyeron o no existen estas barreras naturales. Organismos internacionales como la FAO, el PNUMA y el PNUD reconocen que en aquellos sitios en donde el manglar mantenía su estructura y función, el daño provocado por el tsunami que irrumpió en diciembre de 2005 en costas del Océano Índico, fue significativamente menor.

Los manglares también prestan servicios ambientales diversos. En condiciones naturales filtran el agua y permiten el abastecimiento de mantos freáticos. Son ecosistemas que capturan gases de efecto invernadero y actúan como sumideros de bióxido de carbono. Contribuyen al mantenimiento de la línea de costa y al sostenimiento de las arenas sobre las playas.

Se debe reconocer entonces que los manglares son ecosistemas que aportan importantes servicios ambientales a la diversidad biológica del planeta. Las actividades productivas que desarrolla el hombre tienen que ser compatibles con la protección y conservación de los manglares, y deben establecerse estrategias que permitan que estos ecosistemas mantengan su estructura y función, para brindar los servicios ambientales que prestan y que son insustituibles.

II. ESTUDIO DE LOS MANGLARES EN MÉXICO

II.1 Instituciones académicas y organismos que participan en el estudio de los manglares

Los manglares han sido materia de estudio por especialistas en ecosistemas costeros dentro del país. Biólogos, ecólogos, oceanólogos, ingenieros pesqueros y ambientales han estudiado los manglares de México por más de 30 años, a los que se han sumado antropólogos, sociólogos y economistas, entre otros, que han estudiado desde distintos enfoques la relación de las comunidades rurales, incluidas las indígenas, con los manglares, identificando usos tradicionales y tareas de conservación.

La mayoría de estos especialistas pertenecen a instituciones de investigación en México y en ellas realizan proyectos de largo plazo que le han dado continuidad al estudio y conocimiento de los ecosistemas costeros que albergan manglares en los litorales del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe; se han llevado a cabo numerosos estudios de caso y documentado experiencias específicas de conservación y restauración para distintos tipos de manglares. Además, distintos grupos académicos han interactuado con las comunidades rurales asentadas alrededor de los ecosistemas de manglar aprendiendo junto con ellas a proteger y conservar a los manglares y a potenciar el uso sustentable para su bienestar.

En un esfuerzo institucional conjunto del INE y la Conabio se integró un directorio nacional de especialistas en manglar quedando registrados hasta enero de 2008, 92 personas de 56 instituciones en 22 estados de la República. Dichas personas reportan 65 sitios de estudio en 14 estados.

Por su parte, distintas organizaciones no gubernamentales han desarrollado programas de conservación de manglares en el país. A esta tarea se han sumado, entre otras, World Wildlife Fund (WWF), Pronatura, The Nature Conservancy (TNC), Conservation International, Comunidad y Biodiversidad (COBI), Grupo Manglar, Marea Azul, International Fund for Animal Welfare (IFAW), Defenders of Wildlife, etc., las cuales han aportado recursos económicos y esfuerzos institucionales para patrocinar proyectos específicos de conservación de manglares en distintas regiones del país. En este esfuerzo no ha faltado el interés por conocer cómo se relaciona el hombre con la naturaleza y cómo las comunidades rurales se organizan para conservar y aprovechar sustentablemente los manglares.

Con todo ello se ha generado un amplio conocimiento sobre los manglares de México. La principal limitante al respecto es que dicho conocimiento se encuentra disperso, no se ha sistematizado ni puesto a disposición de los especialistas y del público en general.

II.2 Manglares en la agenda gubernamental y en proyectos de desarrollo

El tema de manglares ha estado presente en la agenda del gobierno federal desde hace por lo menos 30 años. Distintas secretarías de estado han patrocinado estudios de manglares para fortalecer sus políticas públicas; Sagarpa, Semarnat y Semar destacan en dicha tarea. El INE, la Conanap, la Conabio y la Conafor alientan el estudio y la conservación de los manglares en el marco de sus tareas institucionales.

Los gobiernos de los estados también empiezan a participar en los temas de conservación de manglares. En los últimos cinco años se han desarrollado con éxito programas de restauración de manglares patrocinados por los gobiernos de los estados de Sinaloa y Yucatán.

Para conservar un ecosistema es necesario conocerlo. Los manglares han sido estudiados y se siguen estudiando, pero el conocimiento adquirido no se utiliza suficientemente cuando se diseñan los proyectos de desarrollo, ya que quienes los formulan y realizan no utilizan cabalmente la información disponible y en ocasiones prefieren perder manglares a desarrollar proyectos compatibles con el equilibrio ecológico y llevar a cabo acciones que respeten la estructura y función de este ecosistema.

La percepción pública de que estamos perdiendo de manera acelerada estos ecosistemas y no estamos siendo capaces de conservarlos se reafirma con ejemplos tales como una carretera mal trazada, un desarrollo inmobiliario, un puerto, una granja de camarón, o la instalación de torres de alta tensión que se han desarrollado en superficies ocupadas por manglar, fragmentando o destruyendo el ecosistema.

También han hecho falta datos para valorar el estado de conservación de los manglares y conocer sus tendencias de cambio. No se tiene certeza respecto a la superficie que ocupan en México, cómo se distribuyen en cada entidad federativa con litoral, cómo están cambiando, cuál ha sido su tasa de pérdida a lo largo de los años y cuáles son sus principales amenazas.

III INVENTARIO NACIONAL DE MANGLARES

III.1 Importancia de contar con datos comprobables y actualizados

Los datos que se han publicado para valorar la superficie que ocupan los manglares en México tienen discrepancias en virtud de diferencias metodológicas que no permiten comparar las distintas cifras. Estas diferencias impiden conocer la superficie que ocupa el manglar dentro del territorio nacional. Tampoco hay un conocimiento claro de cuáles han sido los factores que han influido en los cambios ocurridos en los manglares a lo largo del tiempo.

En la tabla 1 se reproducen las cifras que se han reportado como referencia para cuantificar la superficie de manglares en México a partir de distintos estudios y fuentes. Como ahí se ve, hay una amplia discrepancia entre las distintas estimaciones ya que los valores van de las 440 mil hectáreas, estimación de FAO para el año 2000, hasta cerca del millón y medio de hectáreas estimadas por Snedaker en 1991. Las diferencias se deben básicamente a la variedad de métodos y escalas de análisis utilizadas en cada estudio. Asimismo las variaciones registradas no corresponden a la biología del recurso; de un año a otro se ha llegado a registrar un crecimiento de cerca de 300 mil hectáreas en su cobertura, y de un año a otro se han registrado pérdidas masivas sin tener registro de algún evento de destrucción que lo explique.

Esta falta de concordancia entre las estimaciones de la extensión de los manglares hace evidente la necesidad de tener una estimación reciente --con un nivel de exactitud asociado y un método claramente documentado-- de la distribución, extensión y cambios de los manglares de México.

Por lo anterior, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Conabio, se propuso la tarea de desarrollar, junto con otras instituciones, un programa de monitoreo sistematizado a largo plazo a través de indicadores ambientales para determinar las condiciones de la vegetación y los principales agentes de transformación de los manglares de México. Se pretende que este programa sea una herramienta que permita a las autoridades e instituciones correspondientes identificar oportunamente sitios de conservación, manejo o rehabilitación de este hábitat y definir con ello las acciones necesarias para su aprovechamiento y protección.

Como un primer paso indispensable para el programa se estableció el objetivo de evaluar la extensión y distribución actual de los manglares e impulsar el establecimiento de una Red de Monitoreo de los Manglares de México. Lo anterior se llevó a cabo de mayo de 2006 a enero de 2008 y en este documento se presenta una síntesis de los principales resultados obtenidos en esa primera etapa del programa, y se dan a conocer los siguientes pasos del mismo.

Para los propósitos de esta evaluación de la extensión y distribución actual de los manglares, utilizaremos el término Inventario nacional de manglares para la determinación de la extensión que ocupan en el territorio del país y su ubicación en las entidades federativas. No se pretende que sea un inventario biológico que implicaría conocer también la composición por especie, la estructura y distribución del manglar así como sus características como ecosistema. Asimismo, debe precisarse que los datos que aporta este trabajo no corresponden a un momento específico, sino en su gran mayoría (83%) a un intervalo de aproximadamente dos años, de 2005 a 2006.

Disponer de un dato actualizado de la superficie que ocupan los manglares de México, con la mejor evidencia científica disponible y datos validados en campo, permitirá estimar la superficie que abarcaban estos ecosistemas en el pasado y conocer con cierta precisión la tasa de pérdida o ganancia de manglar para cada entidad federativa con litoral. Este propósito constituye la segunda etapa del programa de Conabio.

III.2 Regionalización para el estudio de los manglares

Para fines de estudio los especialistas en manglar de México han dividido en 5 regiones las zonas en donde se distribuyen los manglares en las franjas costeras: 1) Pacífico Norte, 2) Pacífico Centro, 3) Pacífico Sur, 4) Golfo de México y 5) Península de Yucatán (figura1). El tipo de manglar dominante, así como la estructura y función del ecosistema, difiere en cada una de esas regiones. Ello responde al tipo de cuenca hidrológica al que está asociado, la extensión de la planicie costera, la temperatura, la precipitación, la topografía y el tipo de suelo, entre otros factores. La Conabio utilizó esta regionalización para realizar el presente trabajo.

III.3 Métodos

El reto de conocer la extensión y distribución de los manglares de México se asumió de manera interinstitucional. El trabajo coordinado de la Conabio, el INE, la Conafor, la Conanp, el INEGI, la Semar y la invaluable colaboración de expertos en manglar pertenecientes a distintas instituciones académicas del país permitieron avanzar con éxito en este propósito nacional.

El Inventario Nacional de Manglares que se ha desarrollado dentro de este programa corresponde a una vista de la distribución geográfica de los manglares en el intervalo comprendido entre el 24 de diciembre de 2003 y el 27 de marzo de 2007, periodo al que corresponden las imágenes de satélite utilizadas; cabe mencionar que el 83% de los datos son del 2005 al 2006. Paulatinamente este inventario se irá enriqueciendo con información más particular relacionada con el tipo de manglar (arbóreo o arbustivo), especies que lo conforman, características del sitio, etc.

Para elaborar el Inventario Nacional de Manglares se realizó un análisis digital de imágenes de satélite, que fueron las más actualizadas disponibles que eran útiles para el propósito. Se utilizaron para ello imágenes mayoritariamente SPOT provenientes de la Estación de Recepción México de la Constelación SPOT (ERMEXS) administradas por la Secretaría de Marina-Armada de México, Sagarpa e INEGI, correspondientes principalmente a los años 2005 y 2006 complementadas con imágenes del mismo satélite del 2003, 2004 y del 2007 y algunas del satélite Landsat de las mismas fechas. Para fines de interpretación se usaron, entre otros insumos, los datos de la carta de vegetación y uso del suelo del INEGI y de bases de datos proporcionadas por distintas instituciones.

Cada imagen SPOT cubre aproximadamente 60 x 60 km de la superficie terrestre, el área mínima de observación es de 10 metros, registrando información en la porción visible e infrarroja del espectro electromagnético.

El método utilizado incluyó tres etapas para el tratamiento de las imágenes disponibles: a) Selección de imágenes, b) Pre procesamiento, c) Procesamiento.

Se recibieron 950 imágenes SPOT. Se llevó a cabo un proceso minucioso de selección para identificar aquellas que fueran útiles para el reconocimiento y la evaluación de las zonas de manglar. Se eliminaron todas las imágenes que presentaban nubosidad, errores en la banda 4, atípica respuesta espectral por alto contenido de humedad. Se dispuso así de un mosaico de 133 imágenes SPOT y 5 imágenes Landsat útiles para el propósito. Las imágenes de satélite seleccionadas permitieron cubrir la totalidad de las áreas en donde se tenían reportes previos de superficie de manglar en ambos litorales.

Durante la etapa de pre procesamiento se llevó a cabo la georreferenciación de las imágenes y se hicieron las correcciones radiométricas necesarias. En la etapa de procesamiento se realizó un proceso de segmentación y clasificación de imágenes, acompañado de un proceso de validación de resultados.

III.4 Resultados

El principal resultado de este proceso fue la obtención de una cartografía del ecosistemas de manglar a nivel nacional a una escala 1:50 000, además de cartografía a escala regional y una evaluación de la superficie del país cubierta por este ecosistema (figura 2).

La superficie de manglar estimada para México fue de 655 667 hectáreas, a una escala cartográfica de 1:50 000.

En la tabla 2 se muestra la superficie ocupada por los manglares en cada una de las entidades federativas con litoral, de acuerdo a la regionalización elaborada por los especialistas para su estudio.

Los ecosistemas de manglar están presentes en los 17 estados de la República con litoral. El estado de Campeche es el que posee la mayor superficie de manglar del país (29.9%), seguido por Yucatán, Sinaloa y Nayarit (12.2, 10.8 y 10.2%, respectivamente). Los estados con menor cobertura fueron Colima, Tamaulipas y Baja California. Los valores obtenidos están por debajo de los datos proporcionados en las Series I, II y III de INEGI, que reportan cifras de entre 900 000 y poco más de un millón de hectáreas. Estas diferencias se deben, entre otras razones, a que en cada ejercicio se utilizaron distintos insumos, distintos métodos y escalas cartográficas diferentes. Por ejemplo, para la Serie I se utilizó la interpretación de fotografías aéreas y se realizó la verificación de campo, mientras que en el realizado por Conabio se utilizan imágenes de satélite (tabla 3).

Para evaluar el resultado de la clasificación se realizó trabajo de campo para obtener registros de la posición de las áreas con cobertura de manglar y comprobar la veracidad de la interpretación de las imágenes. El trabajo de campo que realizó la Conabio con ayuda de diferentes instituciones incluyó a Marismas Nacionales en Nayarit, Alvarado en Veracruz, costa de Jalisco, Parque Nacional Lagunas de Chacahua en Oaxaca, Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an en Quintana Roo, Laguna Madre en Tamaulipas, Laguna de Mecoacan en Tabasco y Celestún y Progreso en Yucatán. En agosto de 2007 se contaba con 1 041 registros de campo para todo el país, obtenidos con la participación de instituciones regionales de gobierno y de investigación.

Con esta información se evaluó la exactitud del mapa con una matriz de error obtenida para la República Mexicana. Se utilizó el coeficiente de exactitud global que indica un valor mayor a 0.8 que se considera como satisfactorio para el proceso de clasificación. Sin embargo, algunas regiones en el país presentaron valores de exactitud no satisfactorios, como fue el caso de los estados de Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas, con valores cercanos a 0.4.

Debido a estos resultados y a la importancia de tener una precisión satisfactoria para todas las regiones con manglares, se acordó con diferentes instituciones, realizar una nueva validación en los sitios para los que no se tenían registros de campo. La Secretaría de Marina (Semar) fue la institución líder, proporcionando infraestructura y personal para la obtención de esos nuevos registros. Además otras instituciones académicas proporcionaron registros adicionales resultado de sus propias investigaciones. Hasta enero de 2008 se cuenta con 1 300 nuevos puntos de verificación proporcionados por distintas instituciones, con lo que se dispone actualmente con registros de campo de 2 341 sitios (figura 3) que han permitido validar la mayor parte de la extensión de manglares detectada con el análisis de las imágenes de satélite. Se espera que para el primer trimestre de 2008 se tenga ya la validación completa de la cartografía con una exactitud satisfactoria para todas las regiones, incluyendo aquellas entidades federativas donde se presentaron deficiencias en dicha exactitud. De esta manera se harán los ajustes correspondientes y se dispondrá del dato más preciso de la superficie de cobertura de manglar en el territorio nacional con altos niveles de exactitud.

Un resultado relevante derivado de la elaboración del inventario es que del total de la superficie de manglar existente, el 43% es superficie que se encuentra decretada como Área Natural Protegida (ANP). Ello significa que 280 573 hectáreas de manglar se encuentran reguladas bajo el régimen de protección especial que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) prevé para las ANP. De acuerdo a la legislación vigente, la superficie de manglar dentro de estas áreas está sujeta a los Programas de Conservación y Manejo que guían las actividades de sus recursos naturales.

Por otro lado, con el inventario también se determinó que 30 sitios cubiertos de manglar están inscritos en la convención internacional Ramsar para la protección de los humedales del mundo. Dicha superficie asciende a 420 244 hectáreas que representa el 64% de la superficie total de cobertura de manglar en México. De acuerdo a ello, se tiene la obligación de desarrollar programas de conservación en dichas áreas incluidas como sitios Ramsar en la Lista de Humedales de Importancia Internacional.

III.5 Priorización

Para la elaboración y la validación de resultados del Inventario Nacional de Manglares, la Conabio realizó dos talleres con especialistas en manglar. El primero se llevó a cabo el 16 de junio de 2006 y el segundo el 3 y 4 de septiembre de 2007.

En el primer taller se informó sobre las actividades del programa de manglares de la Conabio y se impulsó el intercambio de información existente de las diferentes instituciones en México que están trabajando en este tema. Además se plantearon las estrategias a seguir para la conformación de la Red de Monitoreo de Manglares de México (RMMM) y se definieron las necesidades y requisitos de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para los manglares de México.

En el segundo taller se trabajó en la validación de la cartografía de los manglares de México escala 1:50 000 y se lograron establecer los lineamientos para la validación en campo de la misma. Además, se identificaron 55 áreas de manglar prioritarias por su relevancia biológica y con necesidades inmediatas de rehabilitación ecológica. Finalmente se desarrollaron las líneas a seguir en la conformación de la RMMM.

En el anexo 1 está la lista de los especialistas que participaron en los talleres y en el anexo 2 se incluye la lista de los sitios prioritarios de conservación de manglares identificados por los expertos durante el segundo taller.

III.6 Créditos y agradecimientos

En el diseño y elaboración del programa de monitoreo sistematizado a largo plazo a través de indicadores ambientales para determinar las condiciones de la vegetación y los principales agentes de transformación de los manglares de México, y su primera etapa que tuvo como principales resultados los descritos en la sección III.3 del presente documento, participaron y continúan haciéndolo numerosos especialistas, diversas instituciones y personal de varias dependencias gubernamentales, incluida la propia Conabio. Sin su ayuda y generosa colaboración este trabajo no hubiera podido realizarse. Aunque difícilmente podemos citar a todos los que han contribuido a este trabajo, a continuación hacemos mención de aquellos que tuvieron una participación más destacada, y de antemano ofrecemos una disculpa si hubiera alguna omisión al respecto.

Además de los especialistas que participaron en los talleres, y que se citan en el Anexo 1, también se recibió la valiosa contribución de las instituciones que se relacionan en el Anexo 3.

Las responsables y coordinadoras de esta etapa del programa de monitoreo sistematizado a largo plazo de los manglares de México, por parte de la Conabio, son la M. en C. Joanna Acosta Velázquez y la M. en C. Ma. Teresa Rodríguez Zúñiga, con quienes colaboraron la Pas. Geóg. Margarita Ascención Merino, el Dr. Sergio Cerdeira Estrada, la Geog. María Isabel Cruz López, el Dr. Rainer Ressl, el Geóg. Rodrigo Ricardo García Campos, el Mat. Javier J. Colín López, el Biól. Daniel Ocaña Nava y el Ing. Raúl Jiménez Rosenberg, de la Dirección de Geomática y la Dirección General de Bioinformática de la Comisión.

De manera especial agradecemos al Dr. Jorge López Portillo del Inecol, A.C. y al Dr. Juan Ignacio Valdez Hernández del Colegio de Posgraduados su valiosa colaboración como asesores del proyecto. También al Dr. Arturo Ruiz Luna del CIAD-Mazatlán, Dr. Cristian Tovilla de Ecosur- Tapachula, M. en C. Humberto Hernández de la UJAT, Biól. León Gómez del Inecol por sus valiosas contribuciones. Así mismo agradecemos al Biól. Francisco Takaki, Biól. Sandra Mora Corro, Biól. Carlos Zermeño Benítez del INEGI-Aguascalientes, y al Ing. Rigoberto Palafox Rivas y al Mtro. Alberto Sandoval Uribe de la Conafor por su disponibilidad y por el intercambio de experiencia e información a lo largo del proyecto. Al M. en C. Pedro Ramírez García y a la Pas. Biól. Alma Delia Vázquez Lule del IB-UNAM, al M. en C. Gabriel Gutiérrez Granados del Instituto de Ecología-UNAM, al Ing. Víctor Vega Sánchez del INEGI Culiacán, al personal de la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an, al personal del Parque Nacional Lagunas de Chacahua, al M. en C. Francisco de Asís Silva Bátiz y su grupo de trabajo de la U. de G. y a la Cooperativa Pesquera Cruz de Loreto en Guadalajara, al Dr. Jorge Herrera, Dr. Jorge Eúan y Dra. Ma. de los Ángeles Liceaga del Cinvestav-Mérida, a la Dra. Silvia Casas de la UAT, a la Biól. Gloria Tavera Alonso Directora del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna Madre y Delta del Río Bravo, por su apoyo, intercambio de experiencia e información y participación en el trabajo de campo.

IV. ACCIONES A FUTURO PARA LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS MANGLARES

El inventario de manglares de México permite conocer a escala 1:50 000 dónde en el territorio del país existía este ecosistema y la extensión que ocupaba entre 2005 y 2007, intervalo aproximado como se indica en la sección III.3, y sirve también como línea base o punto de partida para otras acciones.

IV.1 Evaluación de los cambios en la cobertura de los manglares de México en los últimos 30 años

Usando el mismo método que se empleó en la elaboración del inventario, que probó ser una evaluación robusta, la Conabio realizará una reconstrucción histórica de la cobertura de manglar para cada entidad federativa que se tenía hace alrededor de 30 años. A partir de imágenes de satélite de los archivos históricos de 1975 a 1978, y aplicando el citado método, se podrá conocer la superficie de manglar que disponía México en aquel entonces.

Adicionalmente, se identificarán los principales factores que a lo largo del tiempo han afectado la cobertura de manglar. Se investigará cuáles son las principales presiones que han tenido los manglares, los factores que han favorecido su conservación y las actividades cuyo desarrollo han resultado en una pérdida de la superficie de manglar, y se analizarán.

Los resultados que se obtengan no serán un ejercicio meramente académico; tendrán aplicaciones prácticas concretas. Entre otras cosas, se podrán comparar las distintas alternativas de desarrollo e identificar aquellas acciones que han favorecido el desarrollo sustentable de las comunidades rurales asentadas cerca de las áreas de manglar.

A partir de lo anterior, se pueden diseñar políticas y prácticas que a la par de ser congruentes con el desarrollo humano y comunitario, tracen líneas estratégicas de conservación y restauración de los manglares de manera clara y contundente. Se contribuirá a fortalecer aquellas actividades que, respetando la estructura y función del ecosistema, permiten desarrollar actividades productivas que favorecen el bienestar de las comunidades, de modo que se aprovechen de manera óptima los servicios ambientales que brindan los manglares.

IV.2 Monitoreo a largo plazo de los manglares

Desde luego, no es suficiente conocer la situación de los manglares de México en la actualidad y en el pasado. Es importante establecer un programa para monitorear en adelante y a largo plazo qué ocurre con estos ecosistemas; esto contribuirá a conservarlos. El inventario llevado a cabo servirá de línea base para este monitoreo.

En junio de 2007, la Conabio a través de su Programa de Restauración y Compensación Ambiental, convocó a las dependencias gubernamentales, asociaciones civiles, universidades y centros de investigación, para que presentaran propuestas de monitoreo de manglares en México. Los proyectos recibidos se sujetaron a un proceso de evaluación externa mediante el cual se seleccionaron los mejores para otorgarles financiamiento. Los cuatro proyectos que serán apoyados se enlistan en la tabla 4 y con ellos se inicia un programa de monitoreo de manglares de México a largo plazo. Este programa continuará incorporando nuevos proyectos que respondan a las próximas convocatorias que se emitan con ese propósito.

Los trabajos encaminados a la caracterización de los manglares, el inventario y el monitoreo en sitios específicos, serán actividades prioritarias que ampliarán el conocimiento que se disponga en entidades federativas en las que se han identificado necesidades urgentes de conservación y esquemas regionales de manejo como es el caso del Golfo de México.

Se han iniciado los trabajos de identificación de sitios prioritarios de conservación y sitios viables de restauración de cobertura de manglar. Proyectos encaminados a estos trabajos así como el desarrollo de técnicas de restauración y manejo estarán dentro de las líneas de investigación que a futuro deban desarrollarse (anexo 1).

IV.3 Red Mexicana de Monitoreo de los Manglares

Como parte del programa de manglares se ha impulsado la conformación de una Red de Monitoreo de los Manglares de México (RMMM) para que se constituya en una herramienta importante en la toma de decisiones de las autoridades e instituciones correspondientes en lo que respecta a la conservación, manejo y restauración ecológica de los manglares del país. En este sentido ya se cuenta con un Directorio de expertos, que se encuentra disponible en la página web de la Conabio (www.conabio.gob.mx/institucion/redes/doctos/directorio.html), que a enero de 2008, estaba integrado por 92 personas de 56 instituciones en 22 estados de la República y al que se pretende incorporar al mayor número de especialistas del país.

El INE, la Conafor, la Conanp y la Conabio están participando de manera coordinada para fortalecer el desarrollo de dicha red, vinculando sus trabajos institucionales que versan sobre los manglares con la participación y asesoría de dichos expertos. De esta manera se ha estado generando una sinergia institucional en la que el sector académico está participando de manera decidida en los procesos de toma de decisiones de las autoridades. Todo ello está repercutiendo favorablemente en las políticas gubernamentales orientadas a la conservación de los manglares.

La Semarnat tiene definida una clara política de conservación para los humedales de México que permita conservar y ampliar la superficie de manglar garantizando que los procesos físicos, químicos y biológicos del ecosistema se mantengan y sigan brindando los servicios ambientales que prestan. La Estrategia Nacional para el Cambio Climático valora la contribución que los manglares realizan como sumidero de gases efecto invernadero.

Las políticas públicas se verán fortalecidas si los procesos de toma de decisiones toman en cuenta y se alimentan por el conocimiento científico generado por los grupos académicos establecidos en el país. La comunidad de expertos en manglar es una comunidad que ha demostrado su calidad académica, ha sabido transmitir la importancia de los manglares para la preservación de la biodiversidad del país y ha interactuado con las autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno para que los proyectos gubernamentales y privados respeten el equilibrio ecológico y no impliquen la destrucción de los manglares de México.

La Semarnat, a través de la RMMM, tendrá un fuerte apoyo académico para que, en el ejercicio de sus atribuciones legales, pueda resolver con el mejor conocimiento científico disponible las solicitudes de proyectos de desarrollo formulados por entidades públicas y/o privadas que están sujetas a las disposiciones ambientales previstas en la legislación.

La RMMM es un proyecto en marcha que en poco tiempo quedará consolidado y será la instancia de intercambio de conocimientos, experiencias y metodologías de los estudiosos de los manglares en México. Se busca que dicha red quede integrada como grupo a la Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo (RedMex-LTER).

IV.4 Estrategia Nacional para la Atención de Humedales Costeros en particular los Ecosistemas de Manglar

Además de lo realizado bajo la coordinación de la Conabio para obtener el Inventario Nacional de Manglares, conocer su estado hace 30 años e iniciar su monitoreo a largo plazo, hay otros esfuerzos que se realizan por parte de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y el sector gubernamental. Entre éstos cabe mencionar que la Semarnat en el marco del Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 ha formulado la Estrategia Nacional para la Atención de Humedales Costeros en particular los Ecosistemas de Manglar.

CONCLUSIONES

En la primera etapa del proyecto se obtuvieron resultados confiables sobre la distribución y extensión actual de los manglares de México, por lo que la cifra reportada de 655 667 hectáreas es la cifra más aproximada de los manglares en el país; los datos que se presentan tienen un desfase de hasta varios años de acuerdo con la fecha de la toma de las imágenes, como se explica en la sección III.3. Asimismo se hizo una priorización preliminar de los manglares del país.

Como ya se mencionó, las cifras oficiales en los últimos años reportan un área de alrededor de las 900 000 hectáreas, lo que representaría una diferencia de más de 240 000 hectáreas, con relación al área obtenida por la Conabio, si las cifras fueran comparables. Sin embargo, esta comparación no es posible hacerla debido a que los métodos y escalas usados en los diferentes trabajos con los que se obtuvieron dichas cifras son distintos.

En la segunda etapa del proyecto que inicia en 2008 se pretende estimar la tasa de cambio e identificar los principales agentes de transformación de los manglares del país en un periodo aproximado de 17 años (±13 años), con lo cual se podrán proporcionar cifras de deforestación usando datos de hasta 30 años atrás.

Con relación a las últimas evaluaciones de manglar llevadas a cabo en México, es importante señalar que los mecanismos de clasificación de las coberturas, evaluación y verificación han quedado claramente definidos y acordados a nivel interinstitucional (INE, INEGI, Semarnat, Conafor, Conabio), definiéndose los términos de referencia para la elaboración del Inventario Nacional Forestal así como de futuros inventarios, lo que da certeza y confiabilidad a los resultados, pero sobre todo permite que se realicen comparaciones temporales que facilitarán la determinación de tendencias, la evaluación de tasas de deforestación más precisas y la posibilidad efectiva de planeación y manejo de los recursos forestales.

Los logros que se han tenido en la primera etapa del proyecto son importantes, y van desde la estimación de la distribución de los manglares a nivel nacional a una escala 1:50 000, el conocimiento general de la relación de la estructura de los manglares con las características espectrales de las imágenes de satélite, la definición de métodos para distinguir los manglares a partir de imágenes SPOT, hasta la organización de un un directorio en línea de expertos de México en el tema, la conformación de un biblioteca digital también en línea y la organización y acuerdos (métodos, definiciones, etc.) que se han logrado con los expertos de las diferentes instituciones (academia, gobierno y ONG), que incluye el impulso a la creación de la Red Mexicana de Monitoreo de Manglares.

Finalmente, cabe mencionar que el monitoreo de los manglares de México llevará al mejor entendimiento de los procesos que regulan, mantienen o eliminan a este ecosistema, ya que por su condición de ambientes costeros y ecosistemas terminales de las cuencas hidrográficas, dependen en buena medida de factores externos de gran escala; este monitoreo será un auxiliar en la evaluación de los diferentes enfoques de manejo existentes y sus impactos sobre el ecosistema.

BIBLIOGRAFÍA

Acosta-Velázquez J., M.T. Rodríguez-Zuñiga, S. Cerdeira-Estrada, I. Cruz; R. Ressl y M. Ascensión. 2007. Los manglares de México: estado actual y establecimiento de un programa de monitoreo a largo plazo: 1a. etapa, Informe del Proyecto DQ056, Conabio, 69 p., México.

Mittermeier, R.A. y C. Goettsch de Mittermeier. 1992. La Importancia de la Diversidad Biológica de México. En: J. Sarukhán y R. Dirzo (comps.).México ante los Retos de la Biodiversidad. National Commission for Biodiversity of Mexico (Conabio). 63-73.

Ruiz-Luna A., J. Acosta-Velázquez y C.A.Berlanga Robles (en prensa). On the reliability of the data of the extent of mangroves: A case study in Mexico. Ocean and Coastal Management.

Tomlinson, P.B. 1986. The Botany of Mangroves. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a los promoventes, para su conocimiento.



TARIFAS ELECTRICAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.60-II-6-1791 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Laura Angélica Rojas Hernández , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 349-A-VI- 051 suscrito por Pedro Luna Tovar, director general adjunto de Precios y Tarifas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las tarifas eléctricas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 20 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago referencia al oficio número SEL/300/406/08, de fecha 17 de enero de 2008, enviado por esa subsecretaría al doctor Agustín Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, por el que se comunica el punto de acuerdo aprobado por la del Congreso de la Unión, en el que se exhorta al Ejecutivo federal a emprender de manera urgente el análisis y revisión integral de las tarifas eléctricas de todas las regiones y entidades del país. Al respecto le comento lo siguiente.

El parámetro para determinar las características principales de las tarifas (estructura y nivel), es el costo de suministrar el servicio; y la aplicación de las tarifas responde a criterios generales, como son el nivel de tensión, la demanda contratada y el patrón de consumo de cada usuario, estacionalidad, horario del día y regionalización, entre otros. De esta forma, existen tarifas que se aplican a un grupo determinado de usuarios, ya sea por el uso o por la tensión de suministro de la energía eléctrica.

Las tarifas se ajustan mensualmente para compensar parcialmente las variaciones en los costos de generación, transmisión y distribución y evitar que se rezaguen aún más respecto a su costo de suministro. Las tarifas domésticas, agrícolas y de servicios tienen ajustes mensuales ya establecidos. En las domésticas corresponde un ajuste mensual de 0.327 por ciento; para las agrícolas de estimulo, 9CU y 9-N, se contemplan cargos fijos (40 y 20 centavos por kilowatts hora, respectivamente); y para las de servicios un ajuste mensual de 0.483 por ciento. Por otra parte, la tarifa de doméstica alto consumo (DAC), las comerciales e Industriales se ajustan con base en la fórmula de ajuste automático (FAA) que contempla las variaciones en los precios de los combustibles y los cambios en el Índice de precios al productor (IPP) de diversas ramas de la economía. Estos ajustes se hacen de manera que tiendan a cubrir las necesidades financieras de los organismos y las de ampliación del servicio público. En particular, la fórmula de ajuste automático se ha empleado desde 1992.

No obstante lo anterior, las tarifas eléctricas son altamente deficitarias. En particular, al sector doméstico (con excepción de la DAC) y agrícola se le aplican tarifas preferenciales que no cubren sus costos de generación, transmisión y distribución, distorsionando la señal de precios.

Asimismo, las tarifas domésticas consideran de manera implícita las características socioeconómicas de la población al direccionar y concentrar el beneficio en los usuarios de bajos consumos, asociados a bajos ingresos. De igual forma, el diseño tarifario vigente contempla un beneficio adicional a las localidades con clima cálido, al aplicar cargos tarifarios más bajos y rangos de consumo más amplios que los de las zonas templadas de nuestro país. Cabe señalar que el diseño actual de las tarifas domésticas pretende lograr que los usuarios de menor consumo reciban un precio medio por kilowatts hora, menor; por esta razón los cargos tarifarios son crecientes. Para el año 2007, el subsidio implícito otorgado vía tarifas domésticas se estima fue de aproximadamente 67 mil millones de pesos y se aplica al 98 por ciento de los usuarios.

Por otro lado, en atención a las demandas populares y en cumplimiento a los compromisos con las familias de menores recursos, el 23 de enero del 2007, el presidente de la república, anunció la puesta en marcha del programa Oportunidades Energético. Éste consiste en otorgar un apoyo adicional de 50 pesos mensuales a cada una de las cinco millones de familias beneficiarias del programa Oportunidades. Con este apoyo, se pretende contribuir al gasto destinado al consumo de energía por parte de dichas familias (electricidad y gas, principalmente) y su costo anual es de 3 mil millones de pesos. Asimismo, en septiembre de 2007, en apoyo a la población se suspendió el desliz que ajusta las tarifas eléctricas para consumo doméstico durante los meses de octubre a diciembre de dicho año

En virtud de que el gobierno federal ya otorga un subsidio implícito a través de las tarifas eléctricas y otro explicito a través del programa Oportunidades, no es posible otorgar un apoyo adicional. En su caso y considerando que la reforma fiscal, aprobada por el honorable Congreso de la Unión, prevé que las entidades federativas y ayuntamientos recibirán este año mayores recursos, cualquier subsidio adicional al consumo de energía eléctrica debe ser otorgado de manera explícita por los gobiernos estatales o locales a través de sus presupuestos de egresos, para evitar distorsionar aún más el costo del servicio eléctrico y evitar comprometer la situación financiera de los organismos suministradores, así como cumplir con los criterios generales de aplicación de las tarifas eléctricas y focalizar el subsidio en la población objetivo, principalmente de bajos ingresos. Por tal motivo no es posible aumentar los subsidios, pero es factible realizar un estudio donde se realice una asignación más eficiente de éstos.

Por otra parte, le comento que el artículo decimocuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, señala que ``la Secretaría de Energía, durante el primer semestre del ejercicio, deberá realizar un estudio que analice la congruencia de la estructura de la tarifa actual con los costos de generación, transmisión y distribución, así como de las condiciones climáticas prevalecientes en las distintas zonas del país. En caso de que este estudio concluya que no existe congruencia entre los elementos citados, se podrán ajustar las tarifas en lo conducente''. En virtud de que el análisis involucra la revisión de las tarifas eléctricas, especialmente en la parte de la asignación de los subsidios para el sector doméstico, esta dependencia participará en la elaboración de dicho estudio.

Le envio un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 18 de febrero de 2008.--- Pedro Luna Tovar (rúbrica), Director General Adjunto.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a los promoventes, para su conocimiento.



TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 60-II-5-1436, signado por la diputada Ruth Zavaleta Salgado y el senador Rogelio Rueda Sánchez, Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112.1.2.- 031, suscrito por el licenciado Luis A. Velázquez Mezta, director de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 21 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a su oficio número SEL/300/506/08, del 24 de enero de 2008, a través del cual nos comunica el punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, mediante el cual Comisión Permanente exhorta de manera urgente al gobierno federal para que, en el ámbito de su competencia, impulse todas las acciones que en el marco del Capítulo VIII, ``Medidas de Emergencia'', del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se prevean para proteger el campo mexicano. Segundo. La Comisión Permanente exhorta para que analice la conveniencia de una revisión al Capítulo Agropecuario de referencia en el sentido de poder activar algún recurso establecido en el mismo, en beneficio de dicho sector, manteniendo los espacios de diálogo.

Al respecto, anexo fotocopia del oficio número 300.02.049 del 12 de febrero de 2008, elaborado por la Dirección General Adjunta de Desarrollo Agrícola de la Subsecretaria de Agricultura, para los fines que estime procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 19 de febrero de 2008.--- Licenciado Luis A. Velázquez Mezta (rúbrica), Director de Enlace con el Congreso.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Luis Vázquez Mezta, Director de Enlace con el Congreso.--- Dirección General Adjunta de Estudios Interinstitucionales.--- Coordinación General de Política Sectorial.--- Presente.

Por instrucciones del ingeniero Francisco López Tostado, subsecretario de Agricultura, se da cuenta de la recepción de su oficio número 112.2.-088, fechado el 7 del actual, con el que se sirvió enviar copia del similar SEU300/506/08 del 24 de enero pasado, firmado por el licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, dirigido al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el que se comunica el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 23 de enero anterior, relativo al exhorto de manera urgente al gobierno federal para que se impulsen todas las acciones del Capítulo VIII, ``Medidas de Emergencia'', del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se prevea para proteger al campo mexicano; y segundo, se exhorta al gobierno federal para que analice la conveniencia de una revisión al Capítulo Agropecuario de referencia en el sentido de poder activar algún recurso establecido en éste, en beneficio de dicho sector, manteniendo los espacios de diálogo, se hacen los siguientes comentarios.

Esta Subsecretaría de Agricultura toma nota de la exhortación al gobierno federal por parte de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a que se hace referencia.

Del contenido del exhorto que se comenta, no se deriva la solicitud de alguna opinión técnica para efectos de aquellos, en ese sentido, salvo la mejor opinión de la Coordinación General Jurídica, consideramos que es la más indicada para emitir una opinión técnica.

Por otra parte, existen una serie de acciones que se están llevando a cabo por diversas instancias, como es el caso de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respecto al punto de acuerdo aprobado por el Pleno, en cuanto a la constitución de una subcomisión espacial de seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo y el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En términos del TLCAN, es necesario que las partes del tratado coincidan en alguna propuesta de modificación, ya que con uno de los integrantes que no acepte, no es posible conseguir la modificación que se pudiera proponer.

Asimismo sugerimos que se haga la misma consulta a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, que cuenta con un área orientada al seguimiento de los términos del TLCAN.

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos y fines consiguientes.

Atentamente
México, DF, a 12 de febrero de 2008.--- Ingeniero Luciano Vidal García (rúbrica), Director General Adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Joaquín Montaño Yamuni, Coordinación General de Política Sectorial.--- Presente.

En relación con el oficio número 112.2.089, de fecha 7 de febrero de 2008, con el cual se anexa el punto de acuerdo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en el que se exhorta el Ejecutivo federal para que impulse acciones en el marco del Capítulo VIII del TLCAN, ``Medidas de Emergencia'', y se analice la conveniencia de una revisión del Capítulo Agropecuario, me permito comentarle lo siguiente.

El Capítulo VIII del TLCAN, titulado ``Medidas de Emergencia'', trata lo relativo a dos tipos de situaciones de emergencia: 1) las derivadas del proceso de desgravación del TLCAN, es decir las bilaterales, y 2) las derivadas del proceso de reforma en el marco del GATT-OMC, es decir las globales.

El artículo 801 del TLCAN, Medida bilaterales, establece la posibilidad de incrementar los aranceles durante el periodo de transición (es decir hasta 2007), si como resultado de la reducción o eliminación de un arancel, se incrementan las importaciones y se demuestra daño o amenaza de daño a la industria nacional. A pesar de lo anterior, el párrafo 3 del mismo artículo abre la opción de que este tipo de medidas se puedan establecer con posterioridad al periodo de desgravación; no obstante, se debe contar con el consentimiento de la parte afectada.´

Por otra parte, el párrafo 4 del artículo 801 establece que tiene que haber una compensación mutuamente acordada; en caso contrario, la parte afectada podrá tomar medidas comerciales con efecto equivalente (incrementar aranceles).

Lo anterior significa que para la aplicación de una salvaguardia bilateral, con posterioridad al periodo de transición, se debe contar con el consentimiento de Estados Unidos, que tendría derecho de solicitar una compensación o, en su defecto, restringir exportaciones de productos de interés de México (por ejemplo, aguacate o tomate, por mencionar algunos).

En lo referente a la revisión del Capítulo Agropecuario, el artículo 2202 del tratado establece esta posibilidad, de hecho este artículo se ha invocado en años previos para modificar las reglas de origen que regían el comercio de bienes industriales. Las modificaciones al acuerdo comercial siempre han ido en el sentido de fortalecer los lazos comerciales, nunca para dar marcha atrás.

Como se ha señalado en distintas ocasiones, el TLCAN representa un delicado balance de derechos y obligaciones para los países firmantes, de tal manera que modificar cualquiera de sus partes pone en entredicho los beneficios derivados de concesiones en el resto del tratado.

Al respecto, es importante mencionar que México tiene un superávit comercial con Estados Unidos superior a los 60 mil millones de dólares, derivado principalmente de exportaciones de manufacturas, donde una gran cantidad de mexicanos han encontrado un empleo digno y en la mayoría de los casos mejor remunerado.

Distintos estudios han coincidido en el hecho de que los problemas del campo son estructurales, y no originados necesariamente por el TLCAN.

Los problemas del campo son añejos, con una gran cantidad de aristas que en la mayoría de los casos tienen que ver con la falta de oportunidades en materia de educación, salud, acceso a la tierra, capital, vivienda y empleos bien remunerados.

Un estudio del Banco Mundial señala que dar marcha atrás a lo dispuesto en el TLCAN para maíz, representaría un revés a la economía de la población en general, disminuyendo el nivel de bienestar en alrededor de 1 por ciento. Asimismo, se señala que el 20 por ciento de la población más pobre sería la más afectada, ya que mientras que el 15 por ciento de su ingreso lo derivan de actividades agropecuarias el 30 por ciento de su gasto lo destinan a alimentos.

Lo anterior tiene su explicación en el hecho de que, de acuerdo con cifras del padrón de beneficiarios del Procampo, el 85 por ciento de los productores de maíz tienen predios con superficie inferior a 5 hectáreas, lo que implica que la mayor parte de su producción es de autoconsumo; más aún, el 56 por ciento de los productores tiene superficies menores a 2 hectáreas.

La mayoría de estos productores resultan ``en el agregado'' consumidores, lo que implica que compran más maíz del que venden, por lo que el acceso al maíz en mejores condiciones de precios les representa beneficios en términos de su ingreso.

El estudio referido del Banco Mundial también señala que si México decidiera restringir sus importaciones de maíz en 5 millones de toneladas, los precios de este producto se dispararían a la alza en alrededor de 65 por ciento, con un impacto en el nivel de precios de la tortilla y de otros productos como los cárnicos y el huevo.

Otra consecuencia de restringir las importaciones de maíz, es la de condenar prácticamente a la desaparición al actividad pecuaria, la cual absorbe el 70 por ciento de las importaciones de maíz, insumo que resulta clave para poder competir con las importaciones de productos cárnicos de Estados Unidos. Lo anterior resulta paradójico, ya que al cerrar las importaciones de maíz estaríamos fomentando la importación de productos cárnicos de mayor valor, es decir, estaríamos exportando el empleo que genera este sector en México al exterior.

La renegociación no sólo pone en entre dicho el abasto de insumos a nuestro país, sino que amenaza nuestras exportaciones agroalimentarias al mercado de Estados Unidos, ya que México no puede realizar dichos cambios de manera unilateral, sino que se requiere el consenso de las partes firmantes (Estados Unidos y Canadá), las cuales, en caso de acceder a la petición de México, seguramente solicitarían en contrapartida la exclusión del acuerdo de productos del campo o de otros sectores en donde nuestro país es altamente competitivo.

A pesar de que los beneficios que el TLCAN ha traído a nuestro país han sido mayores a los costos, la renegociación del TLCAN es algo que el gobierno federal no sólo ha analizado, sino que también ha propuesto a los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, los cuales han mostrado su negativa a dicha iniciativa. Sin embargo, existe un serio compromiso por parte de los tres gobiernos para fortalecer este instrumento a fin de generar mejores oportunidades para México.

Para el presente año, el gobierno federal destinará 204 mil millones de pesos al medio rural, de los cuales 80 mil se darán en su vertiente de competitividad y el resto se destinarán a apoyos para el fortalecimiento de la infraestructura, salud y medio ambiente, entre otros.

El Presidente Felipe Calderón ha reafirmado su compromiso de fortalecer el Programa de Apoyos Directos al Campo, así como el Subprograma de Ingreso Objetivo, los cuales constituyen los pilares fundamentales para el aseguramiento del ingreso de los productores; pero también se han fortalecido otros programas como Alianza Contigo, a fin de elevar los niveles de capitalización y productividad del campo. El ejercicio de los recursos administrados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se llevará a cabo a través de nuevas reglas de operación más sencillas, ágiles y transparentes que buscarán enfocar la aplicación de los programas hacia los pequeños productores.

Sin más por el momento, y en espera de que la información le sea de utilidad, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 15 de febrero de 2008.--- Ana Graciela Aguilar Antuñano (rúbrica), Directora en Jefe.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a los promoventes, para su conocimiento.



ESTADOS DE TABASCO Y CHIAPAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1084, signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Manuel Portilla Diéguez, Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, original del similar número DEP-0325/08, suscrito por Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como los anexos que en él se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los donativos recaudados para mitigar los daños ocasionados en Tabasco y Chiapas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 21 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradecemos de antemano su valiosa intervención para hacer llegar la respuesta adjunta a la diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Lo anterior, en respuesta al punto de acuerdo, aprobado en la sesión del 9 de enero, relativo a los montos recabados en donativos para mitigar los daños ocasionados en Tabasco y Chiapas:

Primero. Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus competencias, a enviar a esta soberanía un informe detallado de los montos recabados en donativos aportados para mitigar los daños ocasionados en Tabasco y Chiapas, así como de su destino, en un plazo no mayor de 15 días naturales.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a enviar a esta soberanía un informe detallado de los montos recabados por las instituciones bancarias destinados a mitigar los daños ocasionados en Tabasco y Chiapas, de su destino y del monto de los intereses generados, en un plazo no mayor de 15 días.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 20 de febrero de 2008.--- Betina C. Chávez Soriano (rúbrica), Directora General de Coordinación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo, aprobado en sesión celebrada el 9 de enero del año en curso, en el que señala:

Primero. Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus competencias, a enviar a esta soberanía un informe detallado de los montos recabados en donativos aportados para mitigar los daños ocasionados en Tabasco y Chiapas, así como de su destino, en un plazo no mayor de 15 días naturales.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a enviar a esta soberanía un informe detallado de los montos recabados por las instituciones bancarias destinados a mitigar los daños ocasionados en Tabasco y Chiapas, de su destino y del monto de los intereses generados, en un plazo no mayor de 15 días.

Al respecto, me permito informarle lo relativo a la ayuda internacional recibida en efectivo:

Tabasco

Donaciones captadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores

• El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, instruyó en noviembre pasado a las representaciones de México en el exterior a proceder con la apertura de cuentas bancarias para facilitar la captación de donaciones.
• Los donativos recibidos en estas cuentas provienen de personas mexicanas y extranjeras, y asociaciones y comunidades de mexicanos radicados en el extranjero, así como de organizaciones radicadas en el extranjero, y no de gobiernos extranjeros en particular.
• En total se abrieron 69 cuentas. Al 24 de enero pasado, los donativos depositados en éstas ascendían a 6 millones 762 mil 619 pesos y 78 centavos (tipo de cambio proporcionado por la Tesorería de la Federación, Tesofe: 10.8934 pesos por dólar).
• A su vez, los gobiernos de Corea y de Japón decidieron canalizar sus donativos a través de las cuentas que la cancillería abrió en México para este propósito. Éstos sumaron 2 millones 174 mil y 2 millones 667 mil 743 pesos (tipo de cambio proporcionado por la Tesofe: 10.8374 pesos por dólar), respectivamente.
• Por el servicio exterior mexicano se recibieron 479 mil 828 pesos, provenientes de recursos descontados por nómina.
• Todas esas donaciones ha sido enteradas a la Tesofe.

Donaciones de entidades gubernamentales y organizaciones internacionales ya canalizadas

• Por otra parte, esta secretaría ha sido notificada de donativos en efectivo otorgados por entidades gubernamentales y organizaciones internacionales. Al 24 de enero, estos recursos sumaban 6 millones 52 mil 683 dólares, los cuales fueron administrados por los propios donantes para la adquisición de suministros, víveres y medicamentos, entre otros, y entregados directamente a la población afectada en Tabasco. De la misma forma, las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas utilizaron sus recursos para instaurar programas sociales, en apoyo de los damnificados durante la etapa de emergencia (anexo I).

Donaciones de entidades gubernamentales y organizaciones internacionales en proceso

• La cancillería también ha sido informada por entidades gubernamentales, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil sobre donativos en proceso de ser canalizados y provenientes de fuentes similares a las anteriores. Estos donativos en proceso de canalización ascienden a 5 millones 131 mil 683 dólares. De concretarse, dichas aportaciones serán igualmente administradas por los propios donantes, para apoyar a la población en Tabasco en la labor de reconstrucción (anexo II).

Chiapas

• Con relación a las donaciones destinadas a Chiapas, el gobierno de Japón aportó 164 mil dólares, que serán entregados próximamente, una vez que se haya determinado el mecanismo por seguir. Esa suma forma parte de un donativo total de 410 mil dólares, del cual Japón decidió destinar 60 por ciento a Tabasco y 40 por ciento a Chiapas.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta estima y consideración.

Atentamente
México, DF, a 20 de febrero de 2008.--- Betina C. Chávez Soriano (rúbrica), Directora General de Coordinación Política.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a los promoventes, para su conocimiento.



MATRICULA CONSULAR

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1120 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Manuel Portilla Diéguez, Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100/008/2008 suscrito por el doctor Guillermo Babatz Torres, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al reconocimiento de la matrícula consular como documento oficial de identificación en las instituciones de crédito.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 27 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago referencia al oficio número SEL /300/503/08, por medio del cual la subsecretaría a su digno cargo, hizo de nuestro conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en su sesión del 23 de enero de 2008, en el que se expresa lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, exija a la banca privada y a las entidades financieras de la república, el reconocimiento de la matrícula consular como documento oficial de identificación, en cumplimiento de la ley.
...

Al respecto, le comento que en la resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2006), se considera al certificado de matrícula consular como un documento válido de identificación personal, en el marco de la obligación que tienen las instituciones de crédito para elaborar y observar una política de identificación del cliente y de los usuarios de los servicios financieros.

Asimismo, le comento que se le ha solicitado al licenciado Enrique Castillo Sánchez Mejorada, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), se sirva llevar a cabo las acciones necesarias, con objeto de hacer del conocimiento de los miembros de la ABM esta situación, y así estar en posibilidad de atender debidamente la preocupación expresada por el Congreso de la Unión.

Sin otro particular por el momento, estoy a sus órdenes en caso de cualquier comentario o duda sobre el particular, y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
México DF, a 19 de febrero de 2008.--- Doctor Guillermo Babatz Torres (rúbrica), Presidente Comisión Nacional Bancaria y de Valores.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a los promoventes, para su conocimiento.



ESTADO DE VERACRUZ

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-2-1278 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Manuel Portilla Diéguez, Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/095/08 suscrito por la licenciada Claudia Ruiz Massieu Salinas, coordinadora de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la modificación del uso de suelo que afecta los humedales de la laguna Vergara-Tarimoya.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 25 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la República.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con el gusto de saludarle y en respuesta al oficio SEL/300/510/08, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta a la Semarnat y a la PGR, informen sobre la presunta comisión de delitos relacionados con la decisión del cabildo del ayuntamiento de Veracruz, de modificar el uso de suelo que afecta los humedales de la laguna Vergara-Tarimoya, me permito informarle al respecto, que una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos y bases de datos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, no se encontró antecedente alguno de la presunta comisión de delitos relacionados con los hechos antes mencionados.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México DF, a 18 de febrero de 2008.--- Licenciada Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), coordinadora.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a los promoventes, para su conocimiento.



ESTADO DE VERACRUZ

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L: 60-II-2-1278 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Manuel Portilla Diéguez, Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número PFPA/SRN/0029/2008 suscrito por el ingeniero Alfonso Isaac Ramos Rocha, subprocurador de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la modificación del uso del suelo que afecta los humedales de la laguna Vergara-Tarimoya, en el estado de Veracruz.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 19 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al oficio número SEL/300/509/08 de fecha 24 de enero del 2008, enviado por esa subsecretaría al ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para comunicar el punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 23 de enero del presente año, por el Pleno del honorable Congreso de la Unión con referencia al numeral tercero, donde se exhorta a la Semarnat y a la Procuraduría General de la República para que informe, sobre la presunta comisión de delitos, con relación a la decisión del cabildo del ayuntamiento de Veracruz de modificar el uso de suelo que afecta los humedales de la laguna Vergara-Tarimoya.

En este sentido, informo a usted que el día 22 de febrero del 2007, la Delegación de esta procuraduría en el estado de Veracruz realizó una visita de inspección al heróico ayuntamiento de Veracruz, con motivo del proyecto denominado ``Interconexión de la laguna Tarimoya a la laguna Lagartos'' detectando que no contaba con autorización en materia de impacto ambiental.

Durante la diligencia quedó asentado que se encontró obras de introducción de tubería de PVC de diversos diámetros y largos para los trabajos de interconexión entre las lagunas (Tarimoya y Lagartos), así como la construcción de canales a cielo abierto en los márgenes de la laguna Tarimoya, el Carmen y Criaderos, destacando que algunas tuberías ya estaban instaladas desde hace 15 años.

En virtud de lo anterior, se instauró el procedimiento administrativo correspondiente, mismo que actualmente se encuentra en proceso de sustanciación y se actuará conforme a derecho corresponda de acuerdo a la legislación ambiental.

Por otra parte, le comunico que dicho expediente administrativo se encuentra clasificado como reservado según lo establecido en el artículo 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia.

Reciba usted un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 15 de febrero de 2008.--- Ingeniero Alfonso Isaac Ramos Rocha (rúbrica), subprocurador.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a los promoventes, para su conocimiento.



SONDA DE CAMPECHE

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-I-1258, signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Manuel Portilla Diéguez, Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número PFPA / SII / DGIFC / 196.3 / 0054-08, suscrito por el ingeniero Gustavo Mario González González, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al derrame de petróleo en Río Blanco, Veracruz, así como al daño a los ecosistemas en la sonda de Campeche.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 26 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al oficio número SEL/300/501/08, de fecha 24 de enero de 2008, recibido en la Subprocuraduría de Inspección industrial el 8 de febrero del mismo año, por el que el licenciado Armando Salinas Torre, entonces subsecretario de Enlace Legislativo, tuvo a bien informar al ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario del ramo, que mediante el oficio número D.G.P.L. 60-II-I-1258, dirigido al licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación, los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Manuel Portilla Diéguez, Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respectivamente, le informaron sobre el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 23 de enero de 2008, que a la letra dice: ``Primero. La Comisión Permanente solicita a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que rindan un informe a las Cámaras del Congreso de la Unión sobre las acciones emprendidas para reparar las afectaciones por derrame de petróleo en Río Blanco, Veracruz. Asimismo, que Pemex analice su situación operativa y financiera, que derive en medidas eficaces que permitan mejor infraestructura, seguridad en las instalaciones y vigilancia de los ductos petroleros. Segundo. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura y a Petróleos Mexicanos que rindan un informe a las Cámaras del Congreso de la Unión acerca de todas las acciones tomadas para limitar el daño a los ecosistemas marinos y costeros, así como el impacto a dichos ecosistemas y actividades pesqueras en la sonda de Campeche. Asimismo, exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que a través del consejo consultivo de la zona Laguna de Términos, Campeche, retome las actividades para una buena conducción ambiental''.

Sobre el particular, por instrucciones superiores, acuso recibo del oficio a que se ha hecho referencia, y hago de su conocimiento, en el ámbito de nuestra competencia, lo siguiente:

Por lo que hace al punto de acuerdo primero, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a través de su delegación en Veracruz, en relación con el derrame de petróleo originado en el oleoducto de 24''-30'' de diámetro, de Nuevo Teapa-Venta de Carpio, en Río Blanco, el 15 de enero del año en curso, realizó una visita de inspección en el área del derrame, iniciándose con ello el procedimiento administrativo correspondiente, el cual actualmente se encuentra sustanciándose para que, en el momento procedimental oportuno, se emita la resolución administrativa, se ordenen las medidas técnicas correctivas correspondientes y, en su caso, se sancione conforme a derecho a quien resulte responsable.

Por lo que se refiere al punto de acuerdo segundo, relativo a todas las acciones tomadas para limitar el daño a los ecosistemas marinos y costeros, así como el impacto en dichos ecosistemas y actividades pesqueras en la sonda de Campeche, me permito informarle lo siguiente:

Durante el 18 y 19 de diciembre de 2007, un día después que se nos notificó por Pemex que el derrame y los incendios habían sido controlados, personal adscrito a la Subprocuraduría de Inspección Industrial y a la delegación de la Profepa en Tabasco se constituyó en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, en Paraíso, Tabasco, a fin de verificar las causas e impactos ambientales provocados por el referido accidente, en el pozo petrolero Kab 121; verificar si la paraestatal contaba con autorización en materia de impacto ambiental y si cumplía las condiciones establecidas en ella; verificar si contaba con estudio de riesgo ambiental y si cumplía las condiciones, medidas de prevención y mitigación establecidas en dicho estudio y resolutivos correspondientes, emitidos por la Semarnat.

Debido a que las condiciones climáticas en alta mar no fueron favorables, dicho personal no realizó el recorrido físico en el sitio donde se halla el pozo Kab 121. No obstante, se verificó el cumplimiento de términos, condiciones, recomendaciones y observaciones contendidos en las autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental, además de la documentación relativa a las causas y a los efectos al ambiente provocados por tal accidente, iniciando con ello un procedimiento administrativo sancionatorio, cuyo expediente administrativo consta de aproximadamente 700 fojas. Cabe señalar que el procedimiento se está sustanciando.

Asimismo, del 7 al 8 de febrero de 2008, personal de la subprocuraduría a mi cargo y de la delegación de la Profepa en Tabasco fue nuevamente comisionado para practicar la visita de inspección que, por la razón expuesta, no fue posible realizar en las instalaciones de la plataforma Kab 101 (pozo petrolero Kab 121), con objeto de verificar el estado en que se encuentra, así como conocer las causas y los efectos del accidente ocurrido el 23 de octubre de 2007, y verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales en materia de emisiones a la atmósfera y manejo de residuos peligrosos, iniciándose con ello otro procedimiento administrativo sancionatorio, cuyo expediente está en proceso de integración.

Sin embargo, cabe señalar que toda vez que las instalaciones de dicha plataforma petrolera están aseguradas por la Procuraduría General de la República, el agente del Ministerio Público de la Federación en Ciudad del Carmen, Campeche, informó a esta autoridad ambiental que en esa fecha resultaba imposible la realización de la visita de inspección, por lo cual el 7 y 8 de febrero de 2008 el personal de inspección ambiental comisionado procedió a realizar únicamente la revisión documental de las materias mencionadas (atmósfera y residuos peligrosos).

No omito mencionar que, con motivo del accidente, personal de la Profepa y de Pemex realizó al menos 10 sobrevuelos y más de 20 recorridos, detectándose listones y grumos de hidrocarburo cerca de las costas de Tabasco y en la península de Atasta, Campeche, por lo cual se iniciaron dos procedimientos administrativos, radicados en la delegación de la Profepa en Campeche, contra la paraestatal, para cerciorarse de la adecuada disposición de dicho residuo, así como por la presunta contaminación causada a suelo natural.

Los procedimientos administrativos instaurados por esta procuraduría sólo podrán considerarse como información pública en los términos y con las condiciones determinados por el Instituto Federal de Acceso a la Información, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente
México, DF, a 2 de febrero de 2008.--- Ingeniero Gustavo Mario González González (rúbrica), subprocurador de Inspección Industrial.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a los promoventes, para su conocimiento.



LEY ADUANERA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61, fracción IX, de la Ley Aduanera.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente
México, DF, a 28 de febrero de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61, fracción IX, de la Ley Aduanera.

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, senadora por el estado de Tlaxcala a la LX Legislatura del honoroable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, y 56, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En México, la Ley Aduanera regula la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así como lo referente a los medios en que éstas se transportan o conducen, y, en general, el despacho aduanero y los hechos o actos que se deriven de estas actividades.

Particularmente, el artículo 61 prevé los casos de excepción para mercancías que ingresen al territorio nacional y que estarán exentas del pago de impuestos al exterior, entre las que se encuentran los metales, aleaciones, monedas derivadas de facultades constitucionales de emisión de monedas y billetes, vehículos destinados a servicios internacionales al mantenimiento de aeronaves de empresas nacionales de aviación que presten servicios internacionales, equipajes de pasajeros en viajes internacionales, menajes de casa pertenecientes a inmigrantes y a nacionales repatriados o deportados que hayan usado durante su residencia en el extranjero, las donadas para ser destinadas a fines culturales, enseñanza, investigación, salud pública o servicio social, etcétera.

Este beneficio, establecido en el artículo 61, fracción IX, de la Ley Aduanera, es exclusivo para organismos públicos tales como secretarías de estado, gobiernos de los estados, municipios y organismos desconcentrados de cada uno de los niveles de gobierno, además de personas morales no contribuyentes con autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta (donatarias autorizadas). Sin embargo, para que éstos puedan importarse libres de impuesto será necesario que la donación forme parte de su patrimonio, a excepción de los donativos con a fines de salud pública, que el donante sea extranjero y que cuenten con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además de que a la solicitud se deberá anexar razón o denominación social del solicitante, el fin al cual estará destinada la mercancía, las actividades a las que se dedica la interesada, copia certificada del poder del representante legal o, en su caso, si se tratara de un organismo público, copia simple de su nombramiento y del Diario Oficial de la Federación o gaceta estatal donde se establezcan sus facultades, original de una carta emitida por el donante extranjero que especifique que se trata de un donativo a favor del solicitante y descripción detallada de las mercancías donadas que incluya marca, modelo y serie, de ser el caso.

Cabe mencionar que este artículo fue reformado el 30 de diciembre de 1996, como parte de la iniciativa que presentó el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, donde se elimina que la donante de las mercancías de procedencia extranjera sea una institución no lucrativa o entidad pública extranjera quedando únicamente que el requisito de que sea extranjero, lo cual facilitaría el trámite de donaciones. En la iniciativa también se preveía la posibilidad de donar a organismos públicos o personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, maquinaria y equipo obsoleto que tenga una antigüedad mínima de tres años, contados a partir de la fecha en que se realizó la importación temporal, así como los desperdicios.

A pesar de los avances este tipo de donaciones no es tan común, ya que es necesario que el donante sea extranjero, pese a que su finalidad fue simplificar el trámite, aún existen complicaciones para obtenerlas. Es común que al final de año, muchos connacionales provenientes en su mayoría de la Unión Americana llegan de visita a nuestro país a sus comunidades, con la finalidad de reunirse con sus familiares y obsequiarlos, trayendo consigo diferentes tipos de mercancías como equipos de cómputo, electrónicos, electrodomésticos, etcétera.

Es un hecho que actualmente nuestros paisanos migrantes se han convertido en una parte fundamental de nuestra economía, prueba de ello es que de acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Hacienda en los Criterios Generales de Política Económica para 2008, las remesas familiares enviadas a México preponderantemente desde los Estados Unidos, se han convertido en la fuente de divisas más importante junto con las exportaciones petroleras y la inversión extranjera directa, pues tan sólo durante el 2006, el monto de remesas ascendió a 23 mil millones de dólares y durante enero-julio de 2007 se incrementaron a un ritmo anual de 1.6 por ciento.

También podemos ver la participación de este sector a través del Programa 3X1 para Migrantes, operado por la Secretaría de Desarrollo Social, en el que se otorgan apoyos consistes en aportación de recursos de la Sedesol, de las entidades federativas, de los municipios y de los migrantes, para la realización de proyectos que favorezcan el desarrollo de las comunidades y contribuyan a elevar la calidad de vida de su población, a través de obras de infraestructura social básica, agrícola y de comunicaciones, acciones u obras de tipo deportivo, cultural y recreativo, vivienda, mejoramiento urbano, proyectos productivos o de impulso a la actividad económica comunitaria. De acuerdo con datos publicados por la Sedesol, durante el 2007 se realizaron mil 346 obras y proyectos sociales en 470 municipios y 909 localidades con altos índices de atraso y marginación, cuando la meta anual fue de 930 proyectos, es decir, 147 por ciento más del pronóstico original.

En este contexto, la finalidad de este iniciativa es incorporar expresamente en el texto del artículo 61 de la Ley Aduanera que las donaciones puedan ser realizadas por nuestros paisanos migrantes, ya que el texto vigente es ambiguo, hace referencia en términos generales a una persona extranjera, sin especificar si, por ejemplo, uno de nuestros paisanos migrantes puede hacer este tipo de donaciones. Cabe mencionar que en la práctica si lo pueden hacer siempre y cuando puedan acreditar su estancia en aquél país, sin embargo, para efectos del artículo 61 no es claro. Con ello se buscará una mayor participación e interacción con sus comunidades de origen, donde se daría el caso por ejemplo realizar donaciones de equipos de cómputo a las escuelas con mayores rezagos.

Actualmente lo que es decomisado por las aduanas en buena medida es administrado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, quien cuenta con una serie de facultades y lineamientos burocráticos en la designación de bienes con el carácter de donaciones a municipios y entidades federativas. La liberación de este tipo de donaciones lo tiene que analizar y resolver el Comité de Donaciones, que se encuentra conformado por el subsecretario de Egresos quien lo preside, y dos vocales integrados por un representante de la Secretaría de Hacienda y el titular del área de operación del SAE, y a su vez la Junta de Gobierno expedirá los lineamientos para la donación de bienes, por lo que la práctica resulta en un trámite perentorio para a las entidades federativas la posibilidad de recibir este tipo de donaciones por parte de la Secretaría de Hacienda.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 61, fracción IX, inciso b), de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Artículo 61. No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de las siguientes mercancías:

I. a IX. ...
a) ...
b). Que el donante sea extranjero o emigrante.
c) a la d) ...
X. a XVII. ...
Atentamente
Senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 253 y 387, y se adiciona un artículo 253-Ter del Código Penal Federal.

Atentamente
México, DF, a 28 de febrero de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 253 y 387, y se adiciona un artículo 252-Ter del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforma el penúltimo párrafo del artículo 253, ahora antepenúltimo, por la adición de un párrafo final al mismo artículo; se reforma la fracción III y se adiciona una fracción IV al artículo 253, recorriéndose las actuales fracciones IV y V para quedar como V y VI, respectivamente; se adicionan un artículo 253-Ter y se adiciona una fracción XXII al artículo 387, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 253. ...

I. a II. ...
III. Suministrar o entregar dolosamente, de manera reiterada, mercancías o productos en cantidades menores a las convenidas;
IV. Reincidir en el suministro doloso, para su venta al consumidor, de gasolina, diesel o gas carburante, en cualquiera de sus modalidades, en cantidad menor a la que informe la bomba de servicio o el instrumento que corresponda para el suministro, cuando dicha cantidad supere el margen de tolerancia que marque la norma emitida por autoridad competente y la medición se haga al momento de la transacción;
V. Alterar o reducir por cualquier medio las propiedades que las mercancías o productos debieran tener; y
VI. Revender a un organismo público, a precios mínimos de garantía o a los autorizados por la Secretaría de Comercio, productos agropecuarios, marítimos, fluviales y lacustres adquiridos a un precio menor. Se aplicará la misma sanción al empleado o funcionario del organismo público que los compre a sabiendas de esa situación, o propicie que el productor se vea obligado a vender a precios más bajos a terceras personas.

En cualquiera de los casos señalados en las fracciones anteriores, el juez podrá ordenar, además, la suspensión hasta por un año o la disolución de la empresa de la que el delincuente sea miembro o representante, si concurren las circunstancias mencionadas en el artículo 11 de este código.

En los casos de los incisos a), f) y h), de la fracción I y de la V de este artículo, la autoridad que tenga conocimiento de los hechos procederá de inmediato a depositar los artículos de consumo necesario o generalizado, las materias primas para elaborarlos o las materias primas esenciales para la actividad industrial nacional. El depósito se efectuará en un almacén general de depósito que sea organización nacional auxiliar de crédito, y los bienes serán genéricamente designados en los términos del artículo 281 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; cuando se trate de bienes cuya especial naturaleza no permita el depósito genérico, se constituirá el específico, señalando asimismo, el plazo y condiciones en que habrá de procederse a su venta o destrucción conforme a lo que se establece en artículo 282 de la misma ley. El certificado de depósito que se expida tendrá el carácter de no negociable y será remitido al Ministerio Público o, en su caso, al juez que conozca del proceso, para los efectos que procedan.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las medidas y sanciones administrativas que establezcan las leyes correspondientes.

A quienes incurran en el delito previsto en la fracción IV, independientemente de la sanción penal que corresponda, le será cancelada o revocada la franquicia, concesión, autorización o relación contractual por cuyo mérito realice el suministro del energético al consumidor.

Artículo 252-Ter. Se equiparará al tipo penal contra el consumo y la riqueza nacionales, la alteración de los instrumentos de medición para entregar o suministrar gas natural o licuado de petróleo, gasolinas o diesel en cualquiera de sus modalidades, en cantidades inferiores y fuera de los límites permitidos por las normas oficiales mexicanas aplicables.

Al que realice algunas de las conductas antes descritas se le sancionará con prisión de uno a cinco años y con doscientos a mil días de multa.

Artículo 387.

I a XXI. ...
XXII. A quien dolosamente suministre para la venta al consumidor, administre el suministro o detente franquicia o concesión, gasolina, diesel o gas carburante, en cualquiera de sus modalidades, en cantidad menor a la que registre la bomba de servicio o el instrumento que corresponda para el suministro, cuando dicha cantidad supere el margen de tolerancia que marque la norma emitida por autoridad competente.
...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, México, DF, a 28 de febrero de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Secretaria.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 28 de febrero de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Justicia.



LEY AGRARIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dictamen.

En virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en los dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, realizó el estudio y análisis de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

En sesión realizada por esta Cámara, el 1 de diciembre de 2005, el entonces diputado Javier Galván Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.

El 17 de abril de 2007, en sesión realizada por esta Cámara, el diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.

Ambas iniciativas fueron turnadas por la Mesa Directiva a esta Comisión de Reforma Agraria los días 1 de diciembre de 2005 y 17 de abril de 2007, respectivamente.

Las dos iniciativas correspondían a la misma materia jurídica, el artículo 80 de la Ley Agraria, y por economía procesal parlamentaria, se dictaminaron en conjunto, conservando la unidad del método, de análisis y de dictamen de cada una de ellas, respetando su fecha de presentación, garantizando el análisis en la exposición de motivos y las consideraciones jurídicas de cada caso.

En reunión ordinaria, realizada el 10 de octubre de 2007, el pleno de la Comisión de Reforma Agraria aprobó el dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto que reforman el artículo 80 de la Ley Agraria.

El 31 de octubre de 2007, mediante oficio CRA/722/07, se envío el dictamen a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El 20 de noviembre de 2007 el dictamen de la iniciativa fue aprobado en lo general y en lo particular por el Pleno de la Cámara de Diputados, con la propuesta de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al anexar un párrafo al inciso b), que establece: ``si no se hiciere la notificación, la venta será anulada''.

El expediente de la minuta con proyecto de decreto fue enviado por la Mesa Directiva al Senado de la República.

El 13 de diciembre de 2007 la Cámara de Senadores devolvió, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.

El 1 de febrero de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó a esta Comisión de Reforma Agraria para su estudio y dictamen.

El 6 de febrero de 2008 el pleno de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados analizó y aprobó la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.

II. Análisis de la minuta

La minuta con proyecto de decreto propone ``ampliar el derecho del tanto en la venta de derechos parcelarios, a los ascendientes del enajenante, la concubina o concubinario, o hijos de estos, o a quien le asista el derecho a que se refiere el artículo 80 de la Ley Agraria''.

Pretende otorgar a la concubina o concubinario certidumbre legal, puesto que en la actualidad esta figura está presente en distintas comunidades del campo sin que se reconozcan sus derechos.

Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión consideran realizar las siguientes modificaciones a la minuta con proyecto de decreto:

• Eliminar la frase ``Si no se hiciere la notificación, la venta será anulada...'', en virtud, de que resulta redundante, ya que se encuentra contenida en los requisitos de validez.
• Con el propósito de fortalecer el proyecto de decreto, cambiar el último párrafo del inciso b), que a la letra establece ``...y ratificada ante fedatario público'', por ``...e inscrita en el Registro Agrario Nacional''.
• Realizar el cambio de redacción en el último párrafo del inciso c), que a la letra establece: ``Para que la enajenación surta efectos contra terceros, se deberá dar aviso al Registro Agrario Nacional, el que deberá, de ser procedente, realizar la inscripción correspondiente y expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios y cancelar los anteriores'', por el de ``Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores''.

III. Considerandos

1. Esta Comisión de Reforma Agraria acepta la observación realizadas por la colegisladora, en el sentido de que no es necesario agregar un párrafo que diga ``Si no se hiciere la notificación, la venta será anulada...'', en virtud de que resulta redundante, puesto que al establecer el propio artículo 80 de la Ley Agraria, que la manifestación por escrito y la notificación son requisitos de validez, evidentemente al carecer de alguno de ellos o de ambos, el acto jurídico puede ser anulado.
2. Asimismo, esta comisión acepta la observación de la Cámara de Senadores, en el sentido de sustituir en la parte final del inciso b) del mismo artículo 80 la frase ``...y ratificada ante fedatario público'', por la frase ``...e inscrita en el Registro Agrario Nacional''.
En atención al sentido social del orden jurídico agrario y por considerar lo costoso que resulta a los sujetos del derecho agrario ratificar los actos ante fedatario público, es posible que en lugar de exigir que el documento sea ratificado ante fedatario público, este se inscriba en el Registro Agrario Nacional con la sola firma de dos testigos, con lo cual se genera certidumbre jurídica que es lo que se busca en este tipo de actos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Reforma Agraria, somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Ley Agraria

Artículo Único. Se reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;
b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional.
c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2008.
La Comisión de Reforma Agraria, diputados: Ramón Ceja Romero (rúbrica), presidente; Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Aguirre Alcaide , Ramón Salas López (rúbrica), secretarios; Gerardo Aranda Orozco (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete , Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Marta Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Ricardo Franco Cazarez (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), José Ignacio Rubio Chávez (rúbrica), Juan Victoria Alva , Pedro Landero López , Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez , Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez , Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio , Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), José Luis Blanco Pajón , Tomás Gloria Requena , Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Félix Castellanos Hernández .»

Es de primera lectura.



LEY GENERAL DE SALUD - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se da lectura únicamente a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se autoriza. Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 139, 142, 144 y 419 de la Ley General de Salud, y adiciona el 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Honorable Asamblea

A las Comisiones Unidas de Salud, y de Gobernación de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona los artículos 139, 142, 144 y 419 de la Ley General de Salud y se adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para otorgar mayor seguridad a los trabajadores de la salud.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89,93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Salud, y de Gobernación de la LX Legislatura someten a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de Antecedentes se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las comisiones.

II. En el capítulo correspondiente a Contenido de la iniciativa se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de Consideraciones, las comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. Antecedentes

En la sesión celebrada el 29 de septiembre de 2004, la diputada María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona los artículos 139, 142, 144 y 419 de la Ley General de Salud, para otorgar mayor seguridad a los trabajadores de la salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud, y de Gobernación, para su estudio y posterior dictamen.

Con fecha 30 de julio de 2007, los integrantes de la Comisión de Salud aprobaron el dictamen en sentido negativo.

Con fecha 20 de noviembre de 2007, los integrantes de la Comisión de Gobernación, aprobaron el dictamen en sentido negativo.

II. Contenido de la iniciativa

En su exposición de motivos, la diputada manifiesta su preocupación por los riesgos que enfrentan los trabajadores del sector salud público y privado en el desempeño de su labor.

Menciona que, debido a la intervención en procesos relacionados con el cuidado de los pacientes, los trabajadores de la salud están expuestos a radiaciones, sangre o fluidos corporales por lo que se encuentran en un grave riesgo de contagio.

Señala que nuestro sistema de salud no tiene ningún tipo de garantía jurídica en caso de contagio, y que carecen de la ayuda para minimizar los daños.

También hace referencia a un estudio sobre los riesgos de contagio a los que se encuentran expuestos los trabajadores de la salud, que fue publicado por el Conasida, en el cual se señala que 93 por ciento de los encuestados había sufrido más de cinco pinchazos en actividades asistenciales.

Afirma que con frecuencia nos olvidamos que en la medicina no sólo colaboran médicos, sino también enfermeras y otros profesionales quienes carecen de un ambiente seguro de trabajo.

Debido a la falta de cifras en este rubro la diputada propone que la Secretaría de Salud realice un censo nacional sobre accidentes de los trabajadores del sector salud relacionados con la manipulación de instrumentos punzocortantes y por exposición a radiaciones.

En su iniciativa pretende establecer como una obligación de las autoridades vigilar la capacitación del personal, exigiendo a los trabajadores su asistencia a la misma, con el fin de minimizar los riesgos de trabajo.

Señala que en el artículo 129 de la Ley General de Salud no se establece ninguna obligación de proporcionar a los trabajadores el equipo necesario para garantizar su protección por la exposición a las fuentes de radiación.

Asegura que mediante la reforma propuesta, se prevé que quienes lleguen a sufrir un accidente, donde exista la posibilidad de infección, puedan obtener tratamiento oportuno y que en las que se confirme la infección se establezca el tratamiento más adecuado.

Menciona que la Comisión Interinstitucional de Enfermería, que es un órgano asesor de la Secretaría de Salud, considera necesaria la creación de una Dirección General de Enfermeras dentro de la secretaría, la cual se constituirá como un órgano con voz y voto en las decisiones que afectan a este gremio.

III. Consideraciones

A. Como lo dice la diputada en su exposición de motivos, el artículo 129 de la Ley General de Salud establece que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo, no sólo establecer los criterios para el uso y manejo de substancias, maquinaria, equipos y aparatos con objeto de reducir los riesgos a la salud del personal ocupacionalmente expuesto, poniendo particular énfasis en el manejo de substancias radiactivas y fuentes de radiación, sino que en su fracción III, señala que la secretaría tiene la obligación de ejercer junto con los gobiernos de las entidades federativas, el control sanitario sobre los establecimientos en los que se desarrollen actividades ocupacionales, para el cumplimiento de los requisitos que en cada caso deban reunir, de conformidad con lo que establezcan los reglamentos respectivos.

B. De la redacción de la fracción III, puede inferirse que la propia secretaría, como promotora de estas acciones tiene la obligación de llevarlas a cabo.

C. La misma ley va más lejos al estipular, en su artículo 142, la obligación de los profesionales de la salud para tomar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger la salud individual y colectiva.

D. En este orden de ideas, la ley, en su artículo 130, establece que promoverá desarrollará y difundirá investigación multidisciplinaria que permita prevenir y controlar las enfermedades y accidentes ocupacionales, y estudios para adecuar los instrumentos y equipos de trabajo a las características del hombre, en coordinación con otros órdenes de gobierno.

E. Por otra parte, las facultades y obligaciones de la secretaría se encuentran estipuladas en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en sus fracciones VI y VII establecen que corresponde a la secretaría:

VI. Planear, normar, coordinar y evaluar el sistema nacional de salud y proveer a la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho sistema nacional de salud y determinará las políticas y acciones de inducción y concertación correspondientes.

VII. Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al sistema nacional de salud.

F. En cumplimiento con las normas anteriormente citadas, la Secretaría de Salud cuenta con un gran número de normas y reglamentos tendientes a proteger no sólo la salud de la población, sino del personal que presta sus servicios en instituciones de salud, tanto públicas como privadas; entre estos ordenamientos se encuentran, los siguientes:

• Reglamento de Capacitación;
• Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo;
• Manual para Prevenir y Disminuir Riesgos de Trabajo e Indicar el Otorgamiento de Derechos Adicionales;
• Reglamento para Evaluar y Estimular al Personal de la Secretaría de Salud por su Productividad en el Trabajo; y
• Reglamento de Vestuario y Equipo.

G . Entendemos y compartimos el sentir de la diputada y su preocupación por hacer más seguro el ambiente de trabajo en que se desempeñan cada día médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares y en general todo el personal de una institución de salud; sin embargo, todas estas disposiciones son de índole particular; quedando relegado el carácter general de la ley.

H. En otro orden de ideas, la iniciativa no contempla el enorme gasto que originaría la creación de un organismo interno como el que pretende crear en su propuesta de adición de una fracción XXIV al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como el segundo transitorio de la referida iniciativa. La Secretaría de Salud no cuenta con los recursos financieros suficientes para solventar la creación de un organismo que requeriría una enorme cantidad de recursos materiales y humanos para su funcionamiento.

I. Del mismo modo, la iniciativa, al adicionar una fracción V al artículo 139 de la Ley General de Salud, resulta inaplicable debido, una vez más, a la falta de recursos financieros de la secretaría, por lo que sería muy complejo poder asegurar que los trabajadores de las instituciones contarán con todos los instrumentos a que se refiere la reforma. Aunque deseable, en la realidad, la reforma carece de elementos materiales para su implementación.

J. Asimismo, la iniciativa plantea la obligación de la secretaría para realizar un censo nacional sobre accidentes de los trabajadores del sector salud, lo cual resultaría sumamente complejo debido a las carencias financieras de la secretaría.

K. Entendemos y compartimos el interés de la diputada; sin embargo, consideramos financieramente inviable la aplicación de las reformas propuestas en la iniciativa; además de que consideramos que la materia de la protección a los trabajadores de la salud se encuentra suficientemente reglamentada por la propia secretaría; de modo que no creemos necesario relegar la característica general, fundamental de la Ley de Salud vigente.

Por lo anterior, los integrantes de las Comisiones Unidas de Salud, y de Gobernación, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 139, 142, 144 y 419 de la Ley General de Salud y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada por la diputada María Cristina Díaz Salazar, el 29 de septiembre de 2004.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal a los veinte días de noviembre de dos mil siete.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Octavio Camacho Quiroz , Ricardo Cantú Garza , Ariel Castillo Nájera , Jesús de León Tello , María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo .
La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora , Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal , Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha inscrito ningún orador, y se reserva para su votación en conjunto.



LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 7 y 8 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados, perteneciente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa que reforma los artículos 7 y 8, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el 17 de abril del 2007, por el diputado Jesús de León Tello , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta comisión elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2, fracción III, y numeral 3; los artículos 44, 45, numeral 1, 4, 6, incisos d) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 93 y 94, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a la consideración de esta honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 17 de abril del 2007, el diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa que reforma los artículos 7 y 8 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo. Con fecha 17 abril del 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen, a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de esta comisión hacemos de su conocimiento el siguiente

Contenido de la iniciativa

1) El objetivo de la iniciativa del diputado Jesús de León Tello es reformar el segundo párrafo del artículo 7, y el tercer párrafo del artículo 8, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en los siguientes términos:
Texto vigente
Artículo 7. ...
El gobierno federal promoverá la adopción de un Programa Nacional para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el que se involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social, para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley, y garantice el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes.
Texto propuesto
Artículo 7. ...
El gobierno federal promoverá la adopción de un Programa Nacional para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el que se involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social, para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley, y garantice el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes, preferentemente de aquellos que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad social deberán establecerse acciones compensatorias.
Texto vigente
Artículo 8. ... ...
Las instituciones gubernamentales encargadas de cumplir la obligación establecida en el párrafo anterior, deberán poner en marcha programas cuya permanencia quede asegurada hasta que se logre la incorporación a la que se hace referencia.
Texto propuesto
Artículo 8. ... ...
Las instituciones gubernamentales encargadas de cumplir la obligación establecida en el párrafo anterior, deberán poner en marcha programas cuya permanencia quede asegurada hasta que se logre la incorporación a la que se hace referencia, los cuales podrán ser financiados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.
2) El legislador manifiesta que ``es un tema prioritario para la nación el diseñar normas que tiendan a garantizar en forma efectiva los derechos de la niñez mexicana. La desnutrición, el acceso a la educación; la violencia en sus hogares, en la escuela y en la calle; la explotación sexual y laboral, la inexistencia de una familia adecuada son, entre otras cosas, problemas actuales que implican la vulneración grave de los derechos de la niñez y adolescencia en México''.
3) Señala que ``la presente iniciativa pretende avanzar en el tema mediante una reforma que discuta un marco jurídico prevalente y prioritario para la niñez que se encuentra en estas condiciones de marginación, de exclusión social y de grave violencia.''

La propuesta intenta ``reafirmar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo y que están privados de sus derechos''.

Consideraciones

Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen:

I. La intención del legislador al reformar los artículos 7 y 8 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es loable y coincidimos plenamente en garantizar los derechos de los infantes, sobre todo los que se encuentren en estado de vulnerabilidad, sin embargo, por lo que respecta a la reforma al último párrafo del artículo 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ya se encuentra prevista en el artículo 8 de la misma legislación, que establece:

Artículo 8. ...

La federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán lo necesario para adoptar las medidas de protección especial que requieran quienes vivan carentes o privados de sus derechos, para terminar con esa situación y, una vez logrado, insertarlos en los servicios y los programas regulares dispuestos para quienes no vivan con tales deficiencias.
...
Como se desprende del artículo anterior, la ley establece la aplicación de ``medidas de protección especial que requieran quienes vivan carentes o privados de sus derechos'', que están dirigidas al mismo grupo vulnerable que se pretende proteger, por lo que la iniciativa analizada no incluye una forma de regulación distinta o la existencia de derechos distintos a los ya establecidos, por lo que queda sin materia.
Además, tanto la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social prevén la atención a los menores en estado de desprotección o vulnerabilidad:
Ley General de Salud
Artículo 170. Los menores en estado de desprotección social tienen derecho a recibir los servicios asistenciales que necesiten en cualquier establecimiento público al que sean remitidos para su atención, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes.
Artículo 171. Los integrantes del sistema nacional de salud deberán dar atención preferente e inmediata a menores y ancianos sometidos a cualquier forma de maltrato que ponga en peligro su salud física y mental. Asimismo, darán esa atención a quienes hayan sido sujetos pasivos de la comisión de delitos que atenten contra la integridad física o mental o el normal desarrollo psicosomático de los individuos.
En estos casos, las instituciones de salud podrán tomar las medidas inmediatas que sean necesarias para la protección de la salud de los menores y ancianos, sin perjuicio de dar intervención a las autoridades competentes
Ley de Asistencia Social
Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.
Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social preferentemente:
I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:
a) Desnutrición;
b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas;
c) Maltrato o abuso;
d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus derechos;
e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación;
f) Vivir en la calle;
g) Ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual;
h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental;
i) Infractores y víctimas del delito;
j) Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza;
k) Ser migrantes y repatriados; y
l) Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa.
Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
II. Por lo que hace a la reforma del tercer párrafo del artículo 8 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, señalando que las acciones compensatorias se llevarán a cabo con el Fondo de Aportaciones Múltiples, se considera que si bien el objeto señalado para dicho fondo en la Ley de Coordinación Fiscal es congruente con las finalidades perseguidas en la reforma que nos ocupa, la colocación de la reforma es incorrecta, puesto que no le compete a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes direccionar recursos de un fondo previsto en un ordenamiento distinto, sino que en todo caso debería ser la Ley de Coordinación Fiscal la que incluyera los objetivos perseguidos.
Además el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal contempla que el destino de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples será empleado para el apoyo a la población en desamparo, protegiendo con esto no sólo a niñas, niños y adolescentes, sino a todos los grupos vulnerables:
Artículo 40. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los estados de la federación y el Distrito Federal se destinarán exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social, a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables concluyen que la propuesta del legislador ya se encuentra contemplada en las leyes vigentes, por lo que se emite el siguiente

Resolutivo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 7 y 8 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el 17 de abril del 2007.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en la sala de juntas de la comisión, a 20 de febrero del año 2008.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso, Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel , Martha Angélica Tagle Martínez , Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha inscrito ningún orador, y se reserva para su votación al final.



LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos

Honorable Asamblea

La Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente proyecto de dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

El 11 de abril de 2007 el diputado Jorge Emilio González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a la LX Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 12, 15, 17, 27, 28, 29, 31, y 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la referida iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social de este órgano legislativo para efectos de su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Consideraciones

La iniciativa presentada por el diputado Jorge Emilio González Martínez centra su propuesta en la problemática actual que representan las especies exóticas o introducidas, fenómeno considerado ya como una de las mayores amenazas que sufre la diversidad biológica que puede causar graves daños a los ecosistemas terrestres y acuáticos, y provocar desequilibrio ecológicos entre las poblaciones silvestre, cambios en la composición de especies y en la estructura trófica, desplazamiento de especies nativas, pérdida de biodiversidad, reducción de la diversidad genética y transmisión de una gran variedad de enfermedades como plagas agrícolas y forestales.

Asimismo, señala que las disposiciones previstas tanto en la Ley General de Vida Silvestre como las de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente resultan ineficientes para la atención de este problema en virtud de que la política urbanística esté impactando negativamente en el combate del problema al no regular la introducción de especies exóticas en la fundación, conservación y mejoramiento de los centros de población.

De igual forma, el diputado proponente señala que resulta básico tomar las medidas programáticas y legislativas que permitan contar con una visión integral y una serie de disposiciones correlacionadas que permitan dar solución a la problemática que las especies están generando, sobre los ecosistemas y sobre cada uno de los recursos naturales por la falta de una política sustentable en materia de asentamientos humanos.

Del estudio realizado a la iniciativa del diputado Jorge Emilio González Martínez , se desprenden varias inconsistencias que hacen inviable su aprobación: es redundante, su redacción es compleja al grado que la hacen incomprensible y difícil de interpretar; como lo demuestra el párrafo que se propone agregar al artículo 19:

Queda prohibido en los planes y programas de desarrollo urbano la introducción de especies exóticas en el establecimiento de centros de población que prohibida la introducción de especies exóticas que puedan causar alteraciones a los ecosistemas o desequilibrio ecológico.

El mal planteamiento con el que se ha formulado la iniciativa nos llevaría a cometer el grave error de pensar que existen dos clases de especies exóticas; las que causan alteración a los ecosistemas o desequilibrio ecológico y las que no lo hacen, además este concepto se repite literalmente en varios artículos de la propuesta. ``Queda prohibido la introducción de especies exóticas que puedan causar alteraciones a los ecosistemas o desequilibrio ecológico en la...''

La propuesta carece de una técnica legislativa adecuada que haga comprensible el sentido de las reformas, se presentan casos en los que la iniciativa omite algunos párrafos de los artículos que pretende reformar, ejemplos: al artículo 12 se le ha omitido el segundo párrafo, y de acuerdo a la propuesta este ya no existe, pareciera que el tercero, con la reforma de adición que se le hace, pasa a ser el segundo; situación similar sucede para el artículo 19, que por cierto, en el cabezal de la iniciativa aparece como artículo 17, además de esto, se cambian palabras sin justificar el propósito de ello; luego entonces el contenido actual también se desvirtúa. (segundo renglón del párrafo tercero se cambia ``propicien'' por ``proporcionen'').

Al referirse el diputado iniciante, de manera exclusiva, a las especies exóticas como motivo de legislación, deja fuera a otro tipo de especies, no nada más animal sino de otras clasificaciones.

Por otro lado, el objeto y materia de la iniciativa presentada debe estar más enfocada a la revisión de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y, a la Ley General de Vida Silvestre de las que el mismo iniciante, en la exposición de motivos, reconoce expresamente que éstas han sido ineficientes en la solución del problema de la introducción de especies exóticas en la fundación, conservación y mejoramiento de los centros de población; dispersando la norma o duplicándola en varias leyes no soluciona la problemática real.

El objeto de la Ley General de Asentamientos Humanos se encuentra determinado en el artículo 1o.:

I. Establecer la concurrencia de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de los asientos humanos en el territorio nacional;
II. Fijar las normas básicas para planear y regular el reordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
III. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regule la propiedad en los centros de población, y
IV. Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos.

Precisamente, en la fracción II de este artículo ha quedado establecido expresamente el principio de la conservación de los centros de población, el cual lleva implícito la acción tendente a mantener el equilibrio ecológico, que en otros términos, y de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, (artículo 3o.) es ``la relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos'', luego entonces, en la ley ya se encuentra contemplada la idea que se ha servido formular el diputado Jorge Emilio González Martínez . Además de la Ley General de Asentamientos Humanos, este principio también se encuentra determinado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en donde se instituyen los criterios para el logro de los objetivos de la política ambiental, específicamente en la fracción V del artículo 23: ``Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica en torno a los asentamientos humanos''.

Por las consideraciones ya mencionadas, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social coinciden en no aprobar esta iniciativa que presentó el 11 de abril de 2007 el diputado Jorge Emilio González Martínez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 39 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, que presentó el 11 de abril de 2007 el diputado Jorge Emilio González Martínez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de diciembre de 2007.
La Comisión de Desarrollo Social, diputados: Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López Silva (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), secretarios; Claudia Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Raúl García Vivián (rúbrica), Martín Óscar González Morán (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Guillermina López Balbuena (rúbrica), Marcos Matías Alonso (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Mario Heriberto Orozco Ruiz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica), Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho , Jorge Toledo Luis (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez .»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha inscrito ningún orador, por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.



LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 7 Bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura fue turnada, para su estudio y dictamen, iniciativa que reforma el artículo 7 Bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial.

La Comisión de Economía de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa descrita, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Que el 4 de diciembre de 2007, los Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura dieron cuenta al Pleno de la iniciativa que presentó el diputado Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

Tercero. Mediante el oficio número CE/1107/07, de fecha 5 de diciembre de 2007, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta iniciativa.

Cuarto. El legislador propone lo siguiente:

• Que el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sea nombrado por el titular del Ejecutivo federal, pero con la ratificación del Senado de la República, con la finalidad de que ese instituto cuente con normas de información transparente y de rendición de cuentas.
• Que el nombramiento del director general del IMPI sea por un periodo máximo de cinco años, pudiéndose reelegir por un periodo de cinco años más.

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Segunda. Que la Ley de la Propiedad Industrial es de orden público y de observancia general en toda la república, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales de que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo federal, por conducto del IMPI.

Tercera. Que la Ley de la Propiedad Industrial tiene como objeto, según se establece en el artículo 2o., promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos en los sectores productivos, así como proteger la propiedad industrial mediante la regulación y el otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen; y regulación de secretos industriales.

Cuarta. Que el IMPI es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como función ser la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial.

Quinta. Que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales regula la organización, el funcionamiento y el control de los organismos descentralizados de la administración pública federal, de acuerdo con el Capítulo Segundo, ``De los Organismos Descentralizados'', Sección Primera, ``Constitución, Organización y Funcionamiento''.

Sexta. Que el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) advierte que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en tres Poderes de la Unión, que son Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Séptima. Que la división de poderes también implica un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente, o a sus garantías. Dicho de otra manera, pretende evitar la concentración de atribuciones en un poder de manera que avasalle y someta indebidamente a los otros dos, en perjuicio de la integridad del orden constitucional.

Octava. Que el artículo 89, fracción II, de la CPEUM, dispone que es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo federal el libre nombramiento respecto a los servidores públicos que desempeñan sus funciones en el ámbito de la administración pública.

Novena. Que el artículo 90 de la CPEUM dispone que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que la misma definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo federal en su operación y que las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo federal, o entre éstas y las secretarías de Estado y los departamentos administrativos.

Décima. Que el artículo 76, fracción II, de la CPEUM dispone, con relación a la intervención del Senado de la República respecto a los nombramientos de servidores públicos del Poder Ejecutivo, ratificar nombramientos del procurador general de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, y coroneles y demás jefes superiores de las Fuerzas Armadas.

Undécima. Que el viernes 13 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el voto concurrente de tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmando que no hay justificación para considerar que el Senado de la República pueda intervenir en el nombramiento de servidores públicos de la administración pública federal, relacionado con la acción de inconstitucionalidad 33/2006, promovida por el procurador general de la República contra las Cámaras del Congreso de la Unión y del Ejecutivo federal.

Duodécima. Que los integrantes de la Comisión de Economía, que dictamina, reconocen y concluyen que involucrar al Senado de la República y, en su caso, a la del Congreso de la Unión generaría conflictos con los preceptos constitucionales que expresamente establecen los nombramientos de funcionarios de la administración pública federal, toda vez que el artículo 90 del pacto federal no establece tal atribución, ni se encuentra expresamente considerada en algún otro imperativo constitucional; y observando la naturaleza del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como órgano administrativo, no es posible sustentar la referida intervención.

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 7 Bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial, presentada por el diputado Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2008.
La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal , Antonio Berber Martínez , Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica en abstención), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira , Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo .»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha inscrito ningún orador. Se reserva para su votación en conjunto.



LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura fue turnada, para su estudio y dictamen, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Esta comisión de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa descrita, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 20 de marzo de 2007, los Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura dieron cuenta al Pleno de la iniciativa, que presentó el diputado Antonio Berber Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el ejercicio de la facultad que le concede la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

Tercero. Que mediante el oficio número CE/0354/07, de fecha 22 de marzo de 2007, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta iniciativa.

Cuarto. El legislador propone lo siguiente:

• Reformar el artículo 2 de la ley, para incorporar el término ``sectores'', por ser más genérico e involucrar el sector privado, social y del conocimiento.
• Adicionar una fracción IX al artículo 14 de la ley, para que la Secretaría de Economía impulse la creación de un entorno favorable para el fomento y desarrollo de las actividades de modernización, innovación y fortalecimiento tecnológico de las Mipyme.
• Reformar el artículo 18 de la ley, para aumentar de 31 a 33 miembros los integrantes del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, incorporando al titular de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y al de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior.

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Segunda. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ley Pyme) tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) apoyando su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad; asimismo, incrementar su participación en los mercados, en un marco de encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional.

Tercera. Que el artículo 2 de la Ley Pyme permite que la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia, pueda convenir con particulares para concertar las acciones necesarias para la coordinación en materia de apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa, incluyendo así al sector privado, social y del conocimiento, y el artículo 3 de la Ley Pyme establece que por sectores deberá entenderse que se refiere a los sectores privado, social y del conocimiento.

Cuarta. Que la fracción II del artículo 4 de la Ley Pyme establece como uno de los objetivos de ese ordenamiento promover un entorno favorable para que las Mipyme sean competitivas en los mercados nacionales e internacionales.

Quinta. Que el artículo 17 de la Ley Pyme dispone que el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Consejo Pyme) promueve, analiza y da seguimiento a los esquemas, a los programas, a los instrumentos y a las acciones que deben desarrollarse en apoyo de las Mipyme.

Sexta. Que el Consejo Pyme está formado por 31 integrantes y será presidido por el secretario de Economía; asimismo, participan en él los titulares de dependencias y de entidades de la administración pública federal y de los gobiernos de los estados, como los secretarios de Desarrollo Económico, y del sector empresarial.

Séptima. Que la fracción XXI del artículo 18 de la Ley Pyme faculta a la Secretaría de Economía para designar tres miembros de los sectores que incidan en el cumplimiento de los objetivos de esa ley.

Octava. Que uno de los objetos del Consejo Pyme es estimular la integración y eficiencia de las cadenas productivas, con la participación de los sectores, con una visión de corto, mediano y largo plazos.

Novena. Que en cada entidad federativa y en el Distrito Federal se podrá formar un consejo estatal para la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, que estudiará y propondrá en los ámbitos regional, estatal y municipal, medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las Mipyme a través del análisis de las propuestas surgidas del sector público y de los sectores.

Décima. Que los integrantes de la Comisión de Economía, que dictaminan, reconocen y concluyen que la propuesta en análisis no hace ninguna aportación sustancial al marco jurídico, en virtud de que los objetivos que se pretenden alcanzar con la iniciativa ya se encuentran considerados en la ley vigente, al tratar de incluir elementos que no se encuentran excluidos y al pretender modificar el término particulares por sectores, pues sería sustituir un término de grandes alcances por uno más limitado y restringido en términos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Por lo expuesto, la Comisión de Economía presenta el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa, presentada por el diputado Antonio Berber Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 20 de marzo de 2007.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2008.
La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal , Antonio Berber Martínez , Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo .»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha inscrito ningún orador. Se reserva para su votación en conjunto.



CODIGO DE COMERCIO - LEY DE CAMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 19 del Código de Comercio y reforma el artículo 29 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 del Código de Comercio y 29 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII, y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 12 de noviembre de 2007, los secretarios de ésta dieron cuenta al Pleno de la iniciativa presentada por el diputado Martín Malagón Ríos en nombre propio y de diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio del derecho conferido por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Presidenta de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``túrnese a la Comisión de Economía''.

Tercero. Mediante oficio CE/1009/07, de fecha 13 de noviembre de 2007, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta iniciativa.

Cuarto. El legislador propone lo siguiente:

• Adicionar un segundo párrafo al artículo 19 del Código de Comercio y reformar el artículo 29 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones con la finalidad de ampliar el ámbito de competencia del Registro Público de Comercio para facultarlo a inscribir y registrar empresas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano.

Quinto. Esta comisión dictaminadora, recibió diversas aportaciones y comentarios de los sectores involucrados, de servidores públicos, académicos, organismos empresariales, los cuales fueron tomados en cuenta para el presente dictamen.

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Segunda. Que el Código de Comercio define y regula los actos de comercio, a quiénes se consideran comerciantes y cuáles son las prerrogativas y obligaciones de éstos; asimismo, lo concerniente al Registro Público de Comercio (RPC).

Tercera. Que los instrumentos estadísticos de contabilidad nacional usados antes de establecer el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), para contener datos e información de las empresas en el país resultaron insuficientes e ineficaces por la falta de sistematización y metodología específica y enfocada.

Cuarta. Que en 1996 la Subsecretaría de Promoción de la Industria y el Comercio Exterior, hoy Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresas, implantó el sistema de información empresarial y lo denominó SIEM, con objetivos como constituir la base común de información para los programas de promoción de la Secretaría de Economía, servir de vínculo con sistemas externos de información, captar, integrar y suministrar información congruente y veraz, la oportuna difusión e intercambio de la información. El artículo 30 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones (LCEyC) fundamenta al SIEM, que se ha conformado como una verdadera fuente de información y de referencia para identificar campos de oportunidad comercial y de negocios en general, además de coadyuvar para promover la actividad económica y permitir la generación de estudios estadísticos.

Quinta. Que la operación del RPC está a cargo de la Secretaría de Economía y las autoridades responsables del Registro Público de la Propiedad en las entidades federativas y el Distrito Federal, de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y conforme a los convenios de coordinación; también la Secretaría de Economía es la encargada de emitir los lineamientos necesarios para la adecuada operación del RPC, y el artículo 20 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía faculta a la Dirección General de Normatividad Mercantil para regular la prestación del servicio a nivel federal.

Sexta. Que el Código de Comercio señala qué actos deberán inscribirse en el RPC atendiendo a la naturaleza mercantil de éstos y su función principal es dar publicidad a los actos jurídicos mercantiles que prescinden de tal requisito para surtir efectos ante terceros, otorgando la certeza jurídica y seguridad en las transacciones comerciales.

Esta operación de registro es realizada mediante un sistema especializado denominado Sistema Integral de Gestión Registral, y se encuentra estandarizado internacionalmente por lo que hace a seguridad informática.

Séptima. Que el procedimiento de inscripción en el RPC se prevé en el Código de Comercio, en el reglamento y los lineamientos de operación de éste, por lo que hace a los derechos que se pagan por concepto de registro de un acto mercantil, estos son regulados mediante la legislación de naturaleza fiscal aplicable en cada entidad federativa.

Octava. Que el artículo 19 del Código de Comercio señala que la inscripción ó matricula en el Registro Mercantil será voluntaria para los individuos que se dediquen al comercio y obligatoria para todas las sociedades mercantiles, el artículo 20 establece que el RPC operará con un programa informático y una base de datos central interconectada con las de las oficinas de las entidades federativas; que mediante este programa se realiza la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registral. Así entonces, lo anterior conforma de alguna manera cuáles son las actividades, funciones y capacidades del RPC, no siendo del todo congruente con las que por ley son tareas y objetivos indispensables del SIEM.

Novena. Que según datos del SIEM, actualizados a enero de 2008, este sistema tiene un registro de más de 650 mil unidades económicas, 1 correspondientes a los sectores industrial, comercial y de servicios, brindando información a detalle por entidad federativa, actividad, ubicación geográfica, tipo, tamaño y sector de la empresa, lo que deja ver la eficaz operación de este sistema.

Décima Primera . Que los artículos 29 y 30, de la LCEyC señalan los propósitos del SIEM, su obligatoriedad de inscripción y registro para las empresas y lo referente al pago por dicho registro, que servirá para la mejoría y desarrollo tecnológico de éste. La fracción II del artículo 33 en el mismo ordenamiento señala que la captura de información para el SIEM está a cargo de las cámaras y lo harán de acuerdo a las reglas de operación que para tal efecto emita la Secretaría de Economía.

Las reglas de operación del SIEM publicadas el 5 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, señalan que las confederaciones son las autorizadas por la Secretaría de Economía, en congruencia con la LCEyC, para coordinar la operación del SIEM, y que las Cámaras de Comercio o Industria las autorizadas para operarlo.

Décima Segunda . Que una característica que distingue la función y operación del SIEM de la del RPC es su propósito de captar e integrar la información, llegando de esa forma a procesarla dándole un valor agregado que permita que sea suministrada de manera oportuna y dinámica que permita su actualización efectiva, lo que por ley es obligatorio y, por otro lado, permitiendo aplicarse como instrumento que permita la promoción y vinculación del sector empresarial, lo que no sería aplicado de igual manera en el RPC toda vez que la naturaleza del mismo es diferente, teniendo como principal función la inscripción y registro de manera que la información sea pública dándole el carácter de ser oponible a terceros y brinde certeza jurídica y no siendo actualizable sino en los casos que la ley lo señale.

Décima Tercera . Que los diputados que integran la Comisión de Economía que dictamina reconocen la necesidad que el espíritu del legislador enfoca a incrementar el número de empresas que se registren al SIEM dándole mayor efectividad y certeza a los datos que contiene, pero consideran que eso no se logrará ampliando las funciones del RPC, ya que en el caso de personas físicas como se mencionó es potestativo su registro y en otros casos se incurra en duplicidad de funciones en el caso de que se den de alta comerciantes o sociedades vía el RPC y las cámaras lleguen directamente como las faculta la ley a corroborar o solicitar la información que corresponda para el registro, inscripción o en su caso actualización del SIEM.

Por otra parte, las necesidades del SIEM, como se señala en sus reglas de operación vigentes, exige la especialización del personal operativo, para poder procesar la información recabada optimizándola y proveyéndola de un valor agregado que el RPC no lo podría proporcionar por la naturaleza de sus funciones y propósito, por eso la importancia de un sistema camaral sólido, unificado y normativamente claro que permita la homologación de fines y objetivos con la Secretaría de Economía y en general con cualquier institución relacionada.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía presenta el siguiente

Acuerdo

Primero . Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 19 del Código de Comercio y reforma el artículo 29 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, presentada por el diputado Martín Malagón Ríos a nombre propio y de diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo . Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Nota:
1 http;//www.siem.gob.mx/siem2008/ http://www.economia.gob.mx
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de febrero de 2008.
La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidente; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal , Antonio Berber Martínez , Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Dora Alicia Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Oribuela Trejo (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo .»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha inscrito ningún orador. Se reserva para su votación en conjunto.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.



REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 321 diputadas y diputados.

Quienes no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.



LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados perteneciente a la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el diputado Felipe González Ruiz , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta comisión elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2, fracción III y numeral 3; en los artículos 44, 45, numerales 1, 4 y 6, incisos d) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a consideración de esta honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 25 de octubre de 2007 el diputado Felipe González Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turnó la iniciativa, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Contenido de la iniciativa

1) El diputado propone en la iniciativa reformar el artículo 29 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para redefinir el concepto ``persona con discapacidad'', estableciendo que será toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

Texto vigente
Artículo 29. Para efectos de esta ley, se considera persona con discapacidad a quien padezca una alteración funcional física, intelectual o sensorial, que le impida realizar una actividad propia de su edad y medio social, y que implique desventajas para su integración familiar, social, educacional o laboral.
Texto propuesto por el diputado
Artículo 29. Para efectos de esta ley, se considera persona con discapacidad a toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

2) Refiere el diputado que las manifestaciones clínicas y la amplia individualidad de los casos de discapacidad determina su integración social lo que requiere de la participación de los profesionales de la salud y de los programas de educación especial, así como de la sociedad.

3) El diputado describe que es necesario diseñar materiales en diferentes formato para difundir la existencia de factores como las barreras arquitectónicas, que pueden limitar la integración social y divulgar además todo lo que la niña, el niño o adolescente con discapacidad es capaz de realizar; y paralelamente tratar de contribuir a facilitar condiciones que permitan su desarrollo en el campo de la expresión artística y deportiva.

4) El diputado proponente hace referencia a que la experiencia científica demuestra que la educación artística y el deporte, en la niñez con algún tipo de discapacidad, tienen un impacto directo sobre el desarrollo de habilidades, incrementa su autoestima, condiciona patrones adecuados de conducta y comportamiento social, y repercute de forma positiva en el ajuste psicológico de las niñas y los niños y su familia.

5) El diputado refiere que la Convención sobre los Derechos del Niño señala que todas las niñas y los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad, a la protección contra cualquier intento de privarles de su identidad, a disfrutar de la libertad de expresión, disfrutar de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, de la libertad de asociación, a una vida privada plena, a la protección contra la tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como a la protección contra la detención ilegal y la privación injustificada de la libertad.

Consideraciones

Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen:

I. Posterior a que México ratifico el 27 de septiembre de 2007, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es necesario armonizar las leyes que atienden lo referente a las personas con discapacidad.
II. Los países que firmaron a la convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación (artículo 4).
III. Los artículos 10 y 6 de la convención establecen que los países deben garantizar que las personas con discapacidad disfruten del derecho inherente a la vida en un pie de igualdad con otras personas, asegurar la igualdad de derechos y el adelanto de las mujeres y las niñas con discapacidad, y proteger a los niños con discapacidad.
IV. El artículo 7 de la convención establece, en lo referente a niños y niñas con discapacidad, que los países firmantes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.
V. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño.
VI. Los países garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.
VII. El artículo 5 de la convención se refiere a promover la igualdad y eliminar la discriminación, adoptando todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.
VIII. Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 12, señala que los niños tienen derecho a participar en los procesos de toma de decisiones que pueden afectar sus vidas e influir en las decisiones que se toman en su nombre, ya sea en el ámbito de la familia, la escuela o la comunidad. El derecho a la participación y, por lo tanto, el de la libertad de expresión, tiene tal importancia que fue considerado por el Comité de los Derechos del Niño como uno de los principios rectores de la convención.
IX. Es imprescindible homologar nuestras normas en esta materia con la finalidad de que en las leyes mexicanas se tenga la misma definición de ``persona con discapacidad'', que actualmente es diferente a la que se encuentra en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
X. Como antecedente es importante mencionar que en México el término ``capacidades diferentes'' apareció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, a raíz de la reforma constitucional en materia indígena publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, posteriormente el 5 de noviembre de 2004, la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados dictaminó la iniciativa con proyecto de decreto que reformó el párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de sustituir el término ``capacidades diferentes'' por el término ``discapacidad'', publicándose esta reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006.
XI. Actualmente la Ley General de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2, fracción XI, define como persona con discapacidad a la que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
XII. En el Capítulo Noveno, denominado ``Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad'', de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el artículo 29 define la discapacidad a quien padezca una alteración funcional física, intelectual o sensorial, que le impida realizar una actividad propia de su edad y medio social, y que implique desventajas para su integración familiar, social, educacional o laboral.
XIII. Por lo expuesto en las dos fracciones anteriores y atendiendo lo referente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es importante que nuestra legislación establezca una sola definición de persona con discapacidad. Por lo que se propone que se establezca la definición plasmada en la propia convención, en su artículo 1, para dar cumplimiento a lo pactado en dicho instrumento internacional.
Texto vigente
Artículo 29. Para efectos de esta ley, se considera persona con discapacidad a quien padezca una alteración funcional física, intelectual o sensorial, que le impida realizar una actividad propia de su edad y medio social, y que implique desventajas para su integración familiar, social, educacional o laboral.
Texto propuesto por la comisión
Artículo 29. Para efectos de esta ley, se considera persona con discapacidad a toda aquella persona que tenga deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables concluyen que la propuesta presentada por el legislador es loable, por lo que se emite el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes .

Único. Se reforma el artículo 29 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue:

Artículo 29. Para efectos de esta ley, se considera persona con discapacidad a toda aquella que tenga deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de juntas de la comisión, a los 20 días del mes de febrero del año 2008.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel , Marta Angélica Tagle Martínez, Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No está anotado ningún orador para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. Tampoco se ha registrado orador alguno para fijar posición de los grupos parlamentarios, por lo que se considera suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta algún diputado por votar? Está abierto todavía el sistema de votación.

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 361 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Ya se cerró la votación. Si gustan, para que tomemos en cuenta su votación, pasar aquí y que la levanten en el acta; pero ya no lo podemos contar en la versión estenográfica.

Aprobado en lo general y en lo particular, por 361 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Se informa a la asamblea que esta Presidencia recibió solicitud de los grupos parlamentarios para posponer la discusión y la votación de los siguientes dictámenes: de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica; de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se pospone la discusión de los tres dictámenes mencionados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se pospone la discusión de los dictámenes. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo ---de los tres dictámenes mencionados por la Presidencia, señores--- Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se pospone la discusión.



LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y fracción XXII del 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos e) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 65, 87, 88 y 93, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada en fecha 9 de octubre de 2007, el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva acordó se turnara dicha iniciativa a la Comisión de Seguridad Pública.
3. En sesión plenaria celebrada en fecha 13 de diciembre de 2007, se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura el proyecto de dictamen, siendo aprobado por 17 votos a favor.

Contenido

1. En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , se sostiene que en los últimos años ha sido notable el incremento de las conductas delictivas en nuestro país por diversos factores, entre los que se ubican las situación económica del país y los limitados resultados de las autoridades competentes en materia de seguridad pública.
2. Asimismo, el diputado proponente afirma que la crisis de inseguridad que afecta al país ha provocado el cuestionamiento sobre la eficacia de las instituciones creadas, como el establecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 1995; la creación de Secretaría de Seguridad Pública Federal, en el año 2000 y la Policía Federal Preventiva, en 1999.
3. Si bien el sistema e instituciones antes citadas se establecieron con el objeto de mejorar las condiciones de seguridad pública, se estima necesario reformarlas y adecuarlas a las situaciones actuales de nuestro país, de manera que puedan responder con mayor eficiencia a las dinámicas delictivas vigentes, pues mantener las instituciones bajo los mismos esquemas y estructuras significaría ir en contra de sus propios objetivos.
4. Por otra parte, el Diputado proponente expone que adecuar el marco jurídico que rige la seguridad pública en nuestro país, permitirá que las autoridades competentes en la materia enfrenten las nuevas dinámicas y modalidades delictivas.
5. Un problema que ha venido creciendo y requiere atención inmediata es la inseguridad en las escuelas, colegios, centros educativos y sus entornos. Se debe tomar en cuenta que la escuela y familia ejercen una influencia determinante en el desarrollo de los adolescentes y jóvenes.
6. De acuerdo con el diputado proponente, en la Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública 2005, la población mayor de 18 años que asiste a la escuela se ubica en la cuarta posición entre los lugares más inseguros, por lo que estima necesario promover medidas que permitan mejorar las condiciones de seguridad en los planteles educativos y fomentar los valores que permitan a los niños, adolescentes y jóvenes llevar una vida libre de violencia y adicciones.
7. A raíz de la creciente inseguridad en el ámbito escolar, el titular del Ejecutivo federal implantó el Programa Escuela Segura, con la participación de las Secretarías de Educación Pública y de Desarrollo Social. Este programa tiene como eje la seguridad escolar, encaminada a crear ambientes seguros que fortalezcan el desarrollo integral de los alumnos y contempla fortalecer las acciones de vigilancia en los planteles de educación primaria y secundaria, con policías de proximidad y ayuda psicológica y médica para estudiantes consumidores de algún tipo de droga.
8. En este sentido, el Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012, contempla acciones en el sistema educativo y rescate de espacios públicos, como medidas preventivas contra las adicciones. Asimismo, plantea reforzar la seguridad en las escuelas con la participación de profesores, padres de familia y comunidad en general.
9. Al respecto, señala el diputado proponente que tanto los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, como el Programa Escuela Segura, representan medidas adecuadas para lograr una mayor seguridad en las zonas escolares sin embargo, como en todo problema relacionado con la inseguridad, la coordinación institucional así como entre los distintos órdenes de gobierno resulta fundamental.
10. Asimismo, el diputado proponente señala que la falta de información confiable sobre estadísticas delictivas, representa un obstáculo para que las autoridades competentes diseñen y ejecuten estrategias efectivas en el combate a la inseguridad.
En el tema de información estadística, un reclamo constante de la sociedad ha sido que la información que emiten las autoridades competentes en materia de seguridad pública de los tres ámbitos de gobierno es, generalmente, incompleta y parcial.
11. En razón de lo anterior, propone reformas y adiciones a los artículos 9, 10, 12 y 50 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de implantar programas y acciones para garantizar la seguridad en las escuelas y su entorno, promover la participación de las autoridades educativas y asociaciones de padres de familia en los Consejos de Coordinación para la Seguridad Pública e incorporar al Secretario de Educación Pública dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Finalmente, propone establecer como una actividad de los Consejos de Coordinación para la Seguridad Pública, en el artículo 50 de la ley citada, la evaluación y conocimiento de la información estadística oficial en materia de seguridad pública.

Consideraciones

A. En lo general

1. Que la fracción XXIII, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la facultad de la Cámara de Diputados para expedir leyes que establezcan la coordinación de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de seguridad pública.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I. a XXII. ...
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de seguridad pública; así como para la organización y funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal;
XXIV. a XXX. ...
2. Que los párrafos sexto y séptimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen a la seguridad pública como una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, y disponen la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como una instancia de coordinación entre los mismos.
3. Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4. Que la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de julio de 1993, regula la educación que imparten el Estado --federación, entidades federativas y municipios--, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.
5. Que el artículo 7o. de la ley citada enuncia los fines que tendrá la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. Con relación a la iniciativa presentada por el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , cabe citar lo dispuesto en la fracción VI, del artículo 7o. citado, en la cual se establece la relación de la educación con el valor de la justicia y la observancia de la ley, aspectos relacionados con la seguridad pública.
Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I. a V. ...
VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos:
VII. a XIII. ...

B) De la iniciativa

1. Que con el objeto de mejorar las condiciones de seguridad en la mayoría de las entidades federativas del país, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, contiene un apartado denominado prevención del delito, en el que se consideran las acciones de prevención como parte sustancial del combate a la inseguridad.
2. Esta comisión dictaminadora reconoce, que no obstante los esfuerzos de las autoridades e instituciones competentes en materia de seguridad pública, los avances logrados en el combate a la delincuencia han sido limitados y las condiciones en materia de seguridad pública no son las que la sociedad demanda y merece.
3. Que la seguridad escolar es un asunto tan importante que amerita ser objeto de coordinación de los tres ámbitos de gobierno, es por ello que esta comisión dictaminadora empata con lo propuesto por el diputado iniciante, en relación a otorgar facultades expresas y específicas en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4. Esta comisión dictaminadora considera pertinente que se le otorguen facultades a los tres órdenes de gobierno para que implanten programas y acciones para garantizar la seguridad en el entorno escolar, entendiendo por entorno al ambiente, lo que nos rodea. Dichos programas y acciones deberán adecuarse a las necesidades de cada caso particular y será facultad de las autoridades determinar sus características.
5. Esta comisión estima importante dar sustento legal a las acciones de investigación y prevención del delito en las escuelas y su entorno, para que esta vertiente de atención no éste limitada al período comprendido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
6. Con el objeto de lograr mejores resultados en el combate a la delincuencia, esta comisión considera adecuado, tomando en cuenta diversos estudios especializados, fortalecer las políticas en materia de seguridad pública con la implementación de programas y acciones en lugares a partir de los cuales se puede impactar de manera positiva a diversos sectores de la sociedad, como las escuelas y su entorno, como lo plantea el diputado proponente.
7. De acuerdo con cifras publicadas en el sitio oficial de la Secretaría de Educación Pública, En 2006, 1.7 millones de maestros brindaron servicios de educación a 32.3 millones de niños y jóvenes en 238 mil escuelas. Esta cifra equivale al 31 por ciento de la población total del país. A partir de estos datos, podemos identificar al número de beneficiarios directos con la implantación de medidas de prevención del delito en los centros educativos y su entorno.
8. En la práctica histórico-social, la formación de nuevas generaciones (de acuerdo con las aspiraciones de la sociedad y acorde con las necesidades sociales), se produce principalmente en el proceso educativo, el cual es de naturaleza social, pues solo en la sociedad y cómo resultado de las relaciones sociales el hombre transforma la naturaleza y se transforma a sí mismo.
9. Prevenir la delincuencia, implica adoptar medidas eficaces sobre sus causas y no solamente atender sus consecuencias, entre otras medidas, esta comisión considera viable, como lo propone el autor de la Iniciativa, fortalecer las medidas de prevención del delito en los centros educativos y su entorno.
10. Esta comisión dictaminadora, estima viable fortalecer el combate a la inseguridad en espacios vulnerables, pero también estratégicos, como las escuelas y su entorno, por la alta matricula estudiantil atendida en el sistema educativo nacional y por la posibilidad de generar cambios sociales desde estos espacios, como se propone en la iniciativa presentada por el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros .
11. En cuanto a la adición de una fracción VII al artículo 9o., esta comisión no considera viable la incorporación específica de dichos programas, tomando en cuenta la actual ejecución del Programa Escuela Segura, además de que el derecho a la seguridad pública debe tener un carácter general, en beneficio de la sociedad nacional.
12. Respecto a la propuesta de adición de una fracción IX, al artículo 10, con el objeto de contemplar como materia de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios la seguridad pública en las escuelas, esta comisión considera de mayor alcance el incorporar el fortalecimiento de medidas de investigación y prevención del delito en las escuelas, instituciones educativas y su entorno. Estas vertientes de atención son acordes con diversos estudios en la materia, así como con los lineamientos contenidos en materia de seguridad pública en el Plan Nacional de Desarrollo.
De acuerdo con estudios sobre el tema de inseguridad, este problema debe abordarse desde cuatro vertientes interrelacionadas, a saber: la prevención del delito, la investigación y persecución de los criminales, políticas penitenciarias y de readaptación social, y administración de justicia. En el caso de la iniciativa que se analiza, se consideran de aplicación inmediata en este caso las acciones relacionadas con la investigación y prevención del delito.
Asimismo, la adición de la fracción X, requiere de reformar las fracciones VIII y IX, en cuanto al uso de los signos de puntuación y el traslado del texto de la actual fracción IX a una nueva fracción X.
A partir de lo anterior, la redacción de la fracción IX del artículo 10, quedaría en los siguientes términos:
Artículo 10. La coordinación comprenderá las materias siguientes:
I. a VII. ...
VIII. Relaciones con la comunidad y fomento de la cultura de la prevención de infracciones y delitos;
IX. Fortalecimiento de las medidas de investigación y prevención del delito en las escuelas y su entorno; y
X. Las relacionadas con las anteriores, que sean necesarias para incrementar la eficacia de las medidas y acciones tendientes a alcanzar los fines de la seguridad pública.
13. En cuanto a la adición de una fracción VII al artículo 12, para incorporar al Secretario de Educación al Consejo Nacional de Seguridad Pública, esta comisión lo considera innecesario, toda vez que la integración de dependencias de la administración pública federal al Consejo Nacional de Seguridad Pública corresponde a la organización del gabinete de seguridad, integrándose como parte del mismo al secretario de Comunicaciones y Transportes, que por el ámbito de atribuciones de la misma, se ha considerado puede contribuir de manera importante en el combate a la delincuencia.
La participación de dichas dependencias es congruente con las atribuciones específicas otorgadas al Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el artículo 15 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, se toma en cuenta que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, considera diversas formas de participación de otras dependencias, incluso de instituciones académicas, de investigación o agrupaciones del sector social y privado relacionadas con la seguridad pública, a través de las conferencias o comisiones, conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la citada ley.
Esta comisión dictaminadora toma en cuenta que la misión de la Secretaría de Educación Pública no mantiene vinculación con las funciones en materia de Seguridad Pública y que, en el caso de la iniciativa que nos ocupa, se trata de mejorar las condiciones de seguridad pública en las escuelas y su entorno, a través de acciones que estarán a cargo de las dependencias competentes en materia de seguridad pública de la federación, de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios, en coordinación con las autoridades educativas correspondientes.
Además de lo anterior, se considera que la educación en nuestro país requiere de la mayor atención para lograr la formación que requieren los educandos, por lo que no se considera conveniente involucrar de manera directa a la Secretaría de Educación Pública, a través de su Titular, en acciones de coordinación en materia de seguridad pública, lo cual no será limitante para que las partes integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública implementen acciones específicas para mejorar la seguridad en las escuelas y su entorno.
14. Respecto a la adición de una fracción VII al artículo 50, para establecer la evaluación, conocimiento y opinión de la información estadística oficial en materia de seguridad pública, como actividades de los Consejos de Seguridad Pública.
Esta comisión dictaminadora considera innecesaria la incorporación relativa a la estadística oficial en materia de seguridad pública en la fracción primera del artículo 50, toda vez que la información estadística nacional es pública y que para poder opinar fundadamente sobre esta materia se requieren instrumentos, técnicas y especialistas, con los cuales no necesariamente cuentan los Consejos de Coordinación, además, cabe mencionar que la misma ley, contempla en su Capitulo IV, Sección Tercera, lo referente a las estadísticas de seguridad pública.
15. Finalmente, respecto a la adición de un último párrafo al artículo 50, con el objeto de establecer la participación de las autoridades educativas y las asociaciones de padres en los Consejos de Coordinación para la Seguridad Pública, esta comisión dictaminadora la considera innecesaria toda vez que la naturaleza de los consejos citados, permite la participación voluntaria de los miembros de la comunidad interesados en las actividades de seguridad pública.

Por lo anteriormente expuesto y, después de estudiar detenidamente el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de ésta honorable asamblea el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo Único. Se reforma la fracción IX y se adiciona una fracción X al artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 10. La coordinación comprenderá las materias siguientes:

I. a VII. ...
VIII. Relaciones con la comunidad y fomento de la cultura de prevención de infracciones y delitos;
IX. Fortalecimiento de las medidas de investigación y prevención del delito en las escuelas y su entorno, y
X. Las relacionadas con las anteriores, que sean necesarias para incrementar la eficacia de las medidas y acciones tendientes a alcanzar los fines de la seguridad pública.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de diciembre de dos mil siete.
Por la Comisión de Seguridad Pública, diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (rúbrica), Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Miguel Ángel Arellano Pulido , Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete , Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Jorge Justiniano González Betancourt , Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Carlos Madrazo Limón , Camerino Eleazar Márquez Madrid , Efraín Morales Sánchez , José Luis Murillo Torres (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso , Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco , Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No habiendo ningún diputado inscrito por la comisión para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : No habiéndose registrado para fijar posición ningún diputado de los grupos parlamentarios, se le da el uso de la palabra al diputado Humberto Dávila Esquivel, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para fundamentar a favor del dictamen.

El diputado Humberto Dávila Esquivel : Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Adelante, diputado.

El diputado Humberto Dávila Esquivel : Compañeras diputadas y compañeros diputados, el tema de la seguridad pública está en el centro del debate de nuestra sociedad, y se ha convertido en los últimos años en una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía, que necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el gobierno.

En Nueva Alianza buscamos un país en paz, un México en armonía, en desarrollo. Queremos que el padre o la madre de familia lleguen a su domicilio con tranquilidad. Queremos que la gente asista a los parques, centros de diversión, sin pensar en delincuencia, robo, violencia, secuestro. Que las niñas mexicanas y los niños mexicanos que asistan a las escuelas no se conviertan en víctimas de los sujetos que sin escrúpulo alguno les venden estupefacientes o drogas.

Sabemos que la problemática en torno a la inseguridad, la delincuencia y la violencia no puede resolverse en forma inmediata. Sin embargo, nos debemos acercar, a través de acciones coherentes y articuladas, a garantizar la paz pública, a través de la prevención y represión de los delitos y de las faltas contra el orden público.

En Nueva Alianza proponemos la promoción de una cultura de la prevención del delito como política de Estado. La prevención es la parte más importante del sistema de seguridad, porque implica, por un lado, atacar las causas que generan la comisión de delitos y las conductas antisociales.

Y, por otro, sirve para formular políticas y realizar programas de acciones para fomentar en la sociedad valores cívicos. Como el dictamen que está puesto a deliberación ante esta soberanía, y que votaremos a favor del proyecto.

Consideramos que las acciones por realizar son el reforzamiento de la seguridad en las escuelas a través de la implantación de medidas que, efectivamente, combatan este flagelo social. La lucha contra el narcomenudeo es la constante que debe fortalecernos, porque el problema de la inseguridad pública no corresponde sólo a una persona. Padres y madres de familia, maestros y maestras, medios de comunicación, legisladoras y legisladores, todos debemos sembrar en la niñez, en la juventud, en mujeres y hombres, la conciencia del respeto a las leyes y a nuestras instituciones. Debemos construir un pacto, y la participación de todos es imprescindible.

Hoy, hay una ciudadanía más fuerte, más participativa, más crítica, más preparada y politizada, que exige seguridad pública, y a la que ya no se le puede mentir con cifras y discursos.

Estamos convencidos que, en el combate a la delincuencia, los únicos perdedores deben ser los delincuentes. Por ello hacemos un llamado a las autoridades y a los funcionarios públicos responsables de las áreas de seguridad para redoblar esfuerzos contra el crimen organizado.

Los diputados y las diputadas de Nueva Alianza asumimos un compromiso serio y responsable para con la sociedad. Por ello estamos cumpliendo a cabalidad con los reclamos de la ciudadanía, siendo la seguridad pública uno de los asuntos que mayor atención requieren, correspondiendo con ello con el mandato que el pueblo nos ha asignado.

Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Humberto Dávila Esquivel . No habiéndose inscrito ningún orador más, consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Suficientemente discutido.

Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? Todavía está abierto el sistema.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Esta Presidencia informa que se encuentran con nosotros invitados especiales del municipio de Ecatepec,Estado de México; invitados de Tlalnepantla,Estado de México; invitados de San Pedro Barrientos, Tlalnepantla,Estado de México. Sean bienvenidos todos, y gracias por acompañarnos en esta sesión.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora Presidenta, se emitieron 385 votos en pro, 1 abstención, 0 en contra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado en lo general y en lo particular, por 385 votos, el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



CONDECORACIONES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo federal, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional Doctor José Matías Delgado, en grado Gran Cruz, Placa de Oro, que le confiere el gobierno de la República de El Salvador.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional ``Doctor José Matías Delgado'', en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el gobierno de la República de El Salvador.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional ``Doctor José Matías Delgado'', en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el gobierno de la República de El Salvador.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 27 de febrero de 2008.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica en contra), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Ariel Castillo Nájera , Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez , Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García , Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Le dan sonido a la curul de la diputada Valentina Batres, por favor.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputada Presidenta, este tema fue motivo de una discusión, y quisiera solicitar su intervención para que le pregunte... o para que nos aclare el presidente de la Comisión de Gobernación, por qué no nos ha convocado a sesionar para discutir este dictamen al seno de la Comisión de Gobernación, toda vez que tengo en mi mano que todos los diputados pertenecientes al PRD, al PT y a Convergencia no damos cuenta de ningún llamado a comisión para discutir y dictaminar este dictamen que hoy se está poniendo a discusión del pleno.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Si me permite hacer la declaratoria, compañera.

En consecuencia, está a discusión, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto. La compañera diputada Valentina Batres ha hecho una solicitud para que el presidente de la comisión pudiera pasar a dar una explicación sobre lo que ya ella está pidiendo. Si pudiera, diputado Diódoro Carrasco, hacernos favor de pasar.

El diputado Diódoro Humberto Carrasco Altamirano : Con todo gusto, señora Presidenta.

En la sesión pasada ---del jueves--- no tuvimos oportunidad de someter a votación si el proyecto de dictamen se regresaba a comisiones, desafortunadamente. Pero quisiera, con su permiso, señora Presidenta, explicar el procedimiento que hemos seguido en la Comisión de Gobernación, en las distintas reuniones donde tratamos temas que tienen que ver con permisos constitucionales, tanto para trabajar en embajadas y consulados como para recibir condecoraciones.

En la primera sesión plenaria de la Comisión de Gobernación, que se celebró el 7 de noviembre de 2006, se tocó este tema en particular. Se abordó el tema de los permisos constitucionales y se acordó que ---en virtud de que son trámites protocolarios--- la propia secretaría de la comisión, con la Dirección de Servicios Parlamentarios revisara, verificara el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para conceder el permiso o los permisos correspondientes, que es el procedimiento que se ha venido siguiendo a lo largo de los trabajos de esta Comisión de Gobernación, y entiendo que era así en el pasado. Por lo menos en este caso, con motivo del acuerdo del 7 de noviembre, así lo convinimos.

La Dirección de Servicios Parlamentarios revisa con la secretaría técnica el trámite y pasa a firma de los integrantes de la comisión los dictámenes correspondientes, que suscribimos muchas veces aquí en el pleno, en virtud de que son algunos trámites que llegan con cierto retraso, que no son todos los casos.

Adicionalmente ---y esto fue lo que acordamos, diputada Batres, compañeras diputadas y compañeros diputados---, los dictámenes con proyecto de decreto que conceden permisos a ciudadanos mexicanos y que se presentan a consideración de esta Comisión de Gobernación, como sabemos, son de carácter particular y relativos a determinados tiempos, lugares o personas; son decretos de carácter administrativo.

Quisiera comentar en este caso particular ---en el caso de la solicitud de permiso para que el presidente de la república acepte esta condecoración---, simplemente quisiera enfatizar que no nos toca a nosotros destacar la valoración correspondiente; ésa la hace el país que concede la condecoración. Tema que también reiteramos en esa sesión del 7 de noviembre, precisamente por comentarios de nuestra compañera diputada Valentina Batres.

Déjenme citar textualmente, porque vale mucho la pena destacarlo. Cuando consulté, en mi carácter de presidente de la comisión, a los miembros de la comisión si había algún inconveniente en seguir con este procedimiento al que acabo de hacer referencia, nuestra compañera, la diputada Batres, como todos los miembros de la comisión, manifestó que no había ningún inconveniente, y subrayó que quizás en el caso de las condecoraciones sugería ella que el dictamen viniera acompañado de una carta de comentario donde se motivara la conmemoración correspondiente.

Ese tema no se aprobó, en virtud del comentario que acabo de hacer. Es decir, que corresponde al Congreso que otorga esta condecoración valorar y argumentar al respecto, no a la Comisión de Gobernación.

Con base en este acuerdo, con base en este procedimiento y en este acuerdo, en esta legislatura, a través de la Comisión de Gobernación, se han tramitado 85 permisos constitucionales ---todos han sido aprobados---, de los cuales 31 han sido condecoraciones y 54 permisos para prestación de servicios en embajadas o consulados.

Así, le otorgamos al presidente Felipe Calderón permiso para poder aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito de Chile, en grado de Collar, que fue conferida por el gobierno de la República de Chile, con motivo de la visita de la señora presidenta del 19 al 21 de marzo de 2007, con el mismo procedimiento.

Mediante este mismo procedimiento, el 31 de octubre de 2007 fueron otorgados dos permisos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, para usar condecoraciones otorgadas por el gobierno peruano. Tanto la Medalla de Honor, en grado de Gran Cruz, que otorga el Congreso, como la condecoración de la Orden del Sol de Perú.

De la misma manera se tramitó esta solicitud de permiso al licenciado Felipe Calderón para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional Doctor José Matías Delgado, en grado de Gran Cruz, Placa de Oro, que le confiere el gobierno de la República de El Salvador.

Ése es el procedimiento, compañeras diputadas y compañeros diputados, ésos son los argumentos y las razones por las cuales la Comisión de Gobernación no citó a una reunión específica. Hay un acuerdo previo para poder realizar los trámites de manera económica, como lo acabo de referir.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Diódoro Carrasco.

He tomado en cuenta su petición, diputada. Ahorita voy a dar el trámite para que usted tome la palabra. No se registró ningún orador para fijar posición de su grupo parlamentario; sin embargo, la diputada Valentina Batres se ha registrado para hablar en contra del dictamen. Tiene el uso de la palabra, por favor.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama : Buenas tardes, compañeros diputados. Me extraña, diputado Carrasco, siendo economista, que herede las mañas de los abogados chicaneros, y le voy a decir por qué.

No nos espantemos, compañeros, pero no es acuerdo mío que ninguna condecoración no pase por dictamen de la Comisión de Gobernación. Es imposición suya, diputado. Y le voy a decir un hecho también: aquí discutimos una condecoración otorgada por el gobierno de España a Cabeza de Vaca. Y le he insistido a usted directamente, en su calidad de presidente, que no es lo mismo otorgar el permiso a un ciudadano mexicano para trabajar en el extranjero, que el otorgamiento de una condecoración a algún funcionario del gobierno mexicano.

Ahora usted nos dice que es un trámite administrativo lo que dice el artículo 37, inciso C), fracción III, de la Constitución. Le voy a dar lectura, y dice así: La ciudadanía mexicana se pierde ---fracción III--- por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente.

Ahora resulta que el vicio de ustedes y la imposición en los trámites es un asunto que hay que aceptar porque ustedes lo dicen. Nuestra Constitución ---porque está, incluso este articulado viene desde la Constitución de 1857--- prevé esta cláusula para proteger al sistema mexicano; impide que en una discusión en el pleno del Congreso se pase por alto alguna condecoración, permiso o título con que un gobierno extranjero premie a un funcionario mexicano por servicios particulares.

Y lo quiero comentar. Yo todavía no sé cuál es la exposición de motivos que sustenta una condecoración que le otorga el gobierno salvadoreño. Esto es lo que nos entregó aquí la Cámara de Diputados, y lo único que resuelve es el acuerdo de otorgar permiso para portar una condecoración. No exponen los motivos ni qué naturaleza tiene dicha condecoración, y mucho menos dice qué méritos observó el gobierno de El Salvador a Felipe Calderón.

Entonces nosotros hacemos una deducción política, porque aquí ya lo que menos cuenta en este procedimiento es el interno, que marca la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados y su reglamento para sustanciar los dictámenes. Eso ya no les importa a los del PAN, porque hoy tienen mayoría. Porque así hacen las cosas, no por razonamiento, sino por imposición.

Hace unos días discutíamos la ley de justicia y yo les preguntaba cuándo se volvieron tan fascistas. No quieren razonar nada. No quieren discutir nada. Y todo lo quieren llevar por el peso de la imposición, como es este permiso.

¿Quién sabe por qué? Si tienen mayoría en la Comisión de Gobernación. Ah, pero hay que hacer las cosas con el peso de la fuerza, no con el peso de la razón. Tal vez porque en la Comisión de Gobernación los únicos méritos que podría observar el gobierno salvadoreño, gobierno de derecha, es la eficiencia de Felipe Calderón para aplicar las líneas económicas del Fondo Monetario Internacional; o por su eficaz labor en el Congreso para aprobar el adelgazamiento de la seguridad social de los mexicanos; o tres, el gasolinazo; o cuatro, militarizar el país, reprimir los movimientos sociales.

¿Qué habrá observado el gobierno de El Salvador? Porque como aquí no dice qué observó, entonces, ¿a qué se hace acreedor? ¿Qué meritos observa? Pues seguramente como él simpatiza con la línea derechista que marca el Fondo Monetario Internacional, no los mexicanos de su país...

Por eso, compañeros, yo los invito a que aprobemos la moción suspensiva. Y a todos, compañeros, diputados del PRD, de Convergencia, del PT, del Panal, de Alternativa, del Ecologista, y les invito a votar por la moción suspensiva, porque si no, estaremos aprobando en la vía de los hechos una reforma a la Ley Orgánica, a nuestro Reglamento, y mañana van a querer pasarnos la reforma energética de la misma manera: no sesionando en comisión, sino recolectando firmas burdamente para imponernos, sin previa discusión, los dictámenes de ley. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Compañera, yo necesito que me precise algo, porque en ningún momento usted presentó moción suspensiva. No estamos discutiendo moción suspensiva. Entonces no se va a someter a votación la moción suspensiva porque no está presentada en esta Mesa Directiva por escrito y tampoco se podría llevar a votación.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama : La presenté desde la sesión pasada, la suspensión por escrito, a mano; está oficialmente mi acuse de la moción suspensiva.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Permítanme, compañeros, porque ella argumenta que sí la presentó por escrito desde la sesión pasada. Permítanme, por favor.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí, diputado Tonatiuh. Me permiten, por favor le dan sonido a la curul del diputado Tonatiuh.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. La diputada Batres la presentó en la sesión pasada, que fue cancelada por quien conducía la Presidencia. Sí fue presentada la moción suspensiva.

Y solamente para comentar que es muy claro. Los acuerdos adoptados para la emisión de dictámenes: que debe publicarse en la Gaceta Parlamentaria la convocatoria con 24 horas de antelación cuando hay periodo ordinario y con 48 horas de antelación cuando estamos en periodo de receso.

Segundo, que todo dictamen debe ser votado en sesión de comisión porque debe haber quórum. El diputado Carrasco ha reconocido aquí que no cumplen sus dictámenes el requisito de que haya quórum en las sesiones para que puedan ser votados.

En virtud de lo anterior, este dictamen no procede votarlo porque no ha cumplido reglamentariamente con que haya habido sesión de la comisión, haya habido quórum en la misma, es decir, más de 15 diputados presentes, y que se haya llevado a efecto la votación.

Lo de las firmas no procede, porque la firma sólo es manifestación del sentido del voto, y si la sesión no se llevó a cabo ni se votó tampoco, la firma en este caso es superflua.

Por lo anterior yo creo, diputada Presidenta, que la Mesa Directiva, yo respetuosamente solicitaría, con el propósito de que no sentáramos el precedente de que aquí no se está discutiendo el fondo... se está discutiendo que ningún dictamen pueda llegar a este pleno sin haberse cumplido las formalidades que permitan dar albazos legislativos o actitudes que puedan enrarecer el ambiente o violentar el proceso legislativo.

Por estar violentado el proceso legislativo, no haberse registrado quórum en la sesión ni haberse citado a sesión de esa comisión, no prevalece un acuerdo específico o especial para ningún dictamen por separado.

Todas las comisiones nos tenemos que atener a este protocolo legal de carácter parlamentario y, por lo mismo, yo solicitaría que valorara la presidencia y la mesa directiva de esta comisión el retiro de este dictamen hasta que se compruebe que cumple las formalidades, dado que el presidente de la comisión lo ha reconocido aquí.

Ahora, no es válido el argumento...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Compañero, usted está argumentando ya en contra. Por favor concluya ya su argumentación, por favor.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : Es una moción de orden, diputada Presidenta. La cual tengo derecho a hacer reglamentariamente. No estoy inscrito y sí tengo derecho a hacer una moción de orden y de procedimiento.

Concluyo esta moción. El diputado ha argumentado aquí, el presidente, que otros dictámenes ya se votaron así. Haber cometido una ilegalidad 100 veces no es argumento para cometerla de nuevo. Si este dictamen ---el que estamos discutiendo--- no tuvo reunión reglamentaria, debe regresar a comisiones. Mi moción es de procedimiento, vuelvo a repetirlo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Yo acepto la moción que hace el compañero diputado Tonatiuh Bravo, por lo que vamos a someter a votación una moción suspensiva.

Yo no tengo facultades para regresar el dictamen, puesto que estamos hablando de un vicio de procedimiento. En este momento el procedimiento que estamos discutiendo precisamente es lo que tiene que ver con la discusión del dictamen. No podríamos nosotros juzgar si estuvo bien o mal presentado. Nosotros tenemos el dictamen con todas las firmas y tenemos que procesarlo conforme a las normas que nos rigen en esta Cámara de Diputados.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí, compañera diputada, vamos a someter a votación.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Nada más solicito la palabra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Si pasa, por favor a su curul y desde su curul nos puedan hacer las observaciones.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí, diputado Cuauhtémoc Sandoval, por favor.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): A confesión de parte, relevo de pruebas, diputada Presidenta. No podemos aceptar darle un trámite que tiene un vicio de origen.

Mire usted, en la Comisión de Relaciones Exteriores el miércoles pasado para dictaminar la solicitud del permiso de Calderón nos reunimos dos veces: una en la mañana, que no hubo quórum, y en la tarde que sí hubo quórum. No es posible aceptar que el diputado Diódoro Carrasco, nada más por sus pistolas no haya querido convocar a esta sesión; entonces tiene un vicio de origen que usted no puede avalar.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Le agradezco, compañero, por eso está el pleno para subsanar ese tipo de cuestiones que se están presentando precisamente en el pleno.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí, diputado Raymundo Cárdenas. Le dan sonido a la curul del diputado Cárdenas, por favor.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde la curul): Gracias, Presidenta. Le recuerdo solamente que el artículo 20 de nuestra Ley Orgánica señala, en el punto dos, que la Mesa Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

e) Cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos cumplan las normas que regulan su formulación y presentación.

Está claro que ustedes examinaron el documento, las firmas; pero ya hay hechos que supervinieron. Y uno es que el presidente de la comisión, en este pleno, frente al país, ya admitió que no se cumplió la formalidad.

Así que yo le pido a la Mesa Directiva que asuma esa confesión de parte y regrese el dictamen a la comisión. Sí tiene facultad la Mesa Directiva para ello. El pueblo de México que ve estas sesiones acaba de ser testigo, igual que todos nosotros, de que se aceptó que no se cumplió la formalidad.

Yo le pido a la Mesa Directiva que asuma su función. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Les agradezco mucho los comentarios, compañeros diputados.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Por favor, le dan sonido a la diputada Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputada Presidenta, tengo no solamente la confesión del diputado Diódoro Carrasco, de que no convocó a sesión, tengo un documento que acredita, por parte de nuestros compañeros legisladores, de tres partidos, miembros de la Comisión de Gobernación, que acredita que efectivamente que nunca se sesionó.

Tengo el dictamen que distribuyó la secretaría técnica de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde no viene motivado y fundamentado el dictamen, que también es prueba de ello.

Y tengo una versión estenográfica del 20 de noviembre, donde el diputado del PAN, con ayuda del diputado Rodríguez Prats, solicitó al Presidente en turno de la Mesa Directiva que se bajara un dictamen de comisión, perdón, un dictamen ya considerado, ya de primera lectura, que era el dictamen de la Ley General de Aguas.

Solicitó que, aunque cumplía la formalidad de 16 firmas, se bajara de la discusión, toda vez que no había cumplido el requisito de celebrarse sesión y discutir ese dictamen al seno de la comisión correspondiente.

Yo lo que le solicito, diputada Presidenta, es que los diputados pertenecientes a esta LX Legislatura, independientemente del partido al que pertenezcamos, seamos considerados y tratados de la misma manera, y que tenga el mismo peso una solicitud, cualquiera que sea su referente partidista.

Si ya lo aceptó la Mesa Directiva en una sesión pasada del 20 de noviembre, a petición de un diputado panista, le pido que esta Mesa Directiva no deje precedente de discriminación por pertenecer a un grupo político que es mayoría en esta Cámara, pero que es perteneciente de esta LX Legislatura y que merece se tratado de igual manera. Si no, lo quedará en el precedente de estos plenos, es que tendrán trato distinguido o tienen trato distinguido los pertenecientes a Acción Nacional y trato discriminativo la oposición en esta Cámara de Diputados.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada Batres. Le damos el uso de la palabra a la diputa Pilar Ortega, de Acción Nacional, por favor.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Gracias, Presidenta. Simplemente para manifestar que Acción Nacional manifiesta que de ninguna manera se está violando en este momento el procedimiento. Quiero recordarles a los señores diputados que hace un momento lo señalaron, que el artículo 88 del Reglamento Interior que rige este Congreso señala: que para que haya dictamen de Comisión, deberá éste presentarse firmado por la mayoría de los individuos que la componen. Y el dictamen que se sometió a consideración de la Mesa Directiva, está presentado en tiempo y forma y reúne las características y formalidades que señala la normatividad aplicable.

Además, no hay que confundir ley con decreto. Adicionalmente a esto y suponiendo, sin conceder, que hubiese en algún momento habido alguna violación al procedimiento, ya la Presidenta lo señaló claramente, estas posibles violaciones son colmadas con la votación en el pleno. Inclusive, hay dos tesis de jurisprudencia que así lo señalan, la tesis 117/2004 y la tesis 94 de 2001. Por lo que, primero, señalo, no hay violación al procedimiento y aún cuando lo hubiera, la convalidación en el pleno es suficiente para purgar estos vicios.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado. Quiero hacer algunas precisiones antes de continuar con el trámite. Le quiero decir al compañero Raymundo Cárdenas, que sabe perfectamente bien que estamos en discusión del dictamen, no estamos en la recepción, que ya se publicó y que estamos en la discusión.

Y a la compañera Batres, también le quiero decir que aquí no hay preferencias para ningún diputado y lo hemos demostrado en muchas ocasiones. El compañero que pidió, de Acción Nacional, en su momento, que se bajara el dictamen respecto a aguas, y lo tengo muy presente, subió aquí toda la comisión integrada por todos los compañeros de las diferentes fracciones a pedir que efectivamente se concluyera el trámite tal y como lo había pedido el compañero de Acción Nacional. Era un acuerdo de todos los compañeros que estaban en esa comisión, no fue a petición exclusiva de un compañero o compañera de alguna fracción parlamentaria.

Entonces, lo único que intenta la Mesa es no dar una preferencia por fuera de la norma o por fuera del Reglamento. Entonces, por lo que les pido a los compañeros, que retiren sus dichos de que esta Mesa se la pasa haciendo conjeturas a partir de quién los está proponiendo.

Compañeros, tratamos de hacer nuestro trabajo de manera profesional y equilibrada. Nosotros le estamos diciendo: en este momento está a discusión el dictamen y por lo que vamos a someter a que el pleno pueda subsanar los vicios de procedimiento que ha planteado la compañera.

Por último, les recuerdo que todas las condecoraciones se han votado de esa manera. Las han presentado en el momento y se han votado en el momento. Yo, compañeros, no quiero que se quede el antecedente como si la Presidencia o la Mesa Directiva estuviera haciendo una excepción en este momento, ante el pueblo de México, lo quiero aclarar, porque no es así.

Vamos a votar la moción suspensiva, compañeros.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí, por favor, le dan sonido a la curul del compañero Javier, por favor.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Creo que no estamos discutiendo condecoraciones, pero el asunto concreto; el asunto que yo planteo es que si tenemos algo que va en contra de nuestra reglamentación, el pleno no lo puede subsanar. Porque no podemos votar en cada ocasión nuestros reglamentos internos. Ése es el problema fundamental.

Lo que ha venido pasando en esta Cámara, es que de pronto el pleno, efectivamente, vota cosas que no vienen de comisiones de dictamen. Nos pasó con la ley de justicia, que no venía de la comisión de dictamen y cometimos, efectivamente, un error que le llamé de otra manera en la Junta de Coordinación Política.

Lo único que quiero decir es que es el momento en que todas las comisiones se sujeten a un asunto de legalidad y que en esa legalidad está la discusión de cada uno de los puntos que se va a dictaminar. Ésa es mi posición, muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, compañero Javier González. Efectivamente, estamos discutiendo condecoraciones, pero así las mencionaron en esta tribuna y así las han reconocido ustedes cuando se discuten las condecoraciones. Discúlpenme que así lo haya planteado en esta alta tribuna.

Le dan el uso de la palabra a la compañera Pilar Ortega, por favor.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Presidenta, simplemente para solicitar que se ponga ya a votación la moción suspensiva, porque en este momento ya el dictamen está a discusión y solamente a través de una moción suspensiva se podría interrumpir el procedimiento. Entonces yo creo que ya no tiene caso seguir alargando esto y que se ponga a votación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : A ver, diputado Tonatiuh Bravo. Le dan sonido por favor a su curul.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. Solamente para, con todo respeto, decirle a la diputada que acaba de hacer uso de la palabra, que en este caso no hay dictamen, y no hay dictamen porque no se ha cumplido reglamentariamente el procedimiento para que éste exista. Voy a leer, Presidenta y Mesa Directiva, el acuerdo parlamentario relativo a la organización y reuniones de las comisiones y los comités de la Cámara de Diputados, que complementa el artículo que leyó la diputada hace un momento, del Reglamento.

Aquí es muy claro, dice en el artículo 4o., de las reuniones, que el presidente de cada comisión o comité está obligado a convocar a reunión con anticipación de al menos 24 horas durante los periodos de sesiones, o 48 horas durante los recesos. También dice muy claro que debe haber quórum, es decir mayoría de los diputados presentes, miembros e integrantes de la comisión para que se pueda someter a votación y dictamen.

Tercera formalidad que no se cumplió. Dice, en el artículo 5o., que al convocarse a cada reunión de comisión debe haber proyecto de orden del día, fecha, hora, lugar preciso de su realización dentro del Palacio Legislativo y relación pormenorizada de los asuntos que deberán ser votados por la comisión o comité.

El presidente ha reconocido que no hubo sesión de la comisión, por tanto, lo que procede no es votar la moción suspensiva, sino retirar el dictamen y que la comisión pueda subsanar el procedimiento.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Diputado Tonatiuh, le recuerdo que la pasada sesión este pleno autorizó la primera lectura del dictamen. Ya hay dictamen discutiéndose, ésa es la diferencia que tenemos.

Diputado Suárez del Real. Le dan sonido, por favor, a su curul.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Gracias, Presidenta.

En este mismo contexto yo quisiera exhortar a todos los integrantes de esta legislatura a referirnos a las condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros con respeto, con base en el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos.

No denigremos el nombramiento de condecoraciones extranjeras. Éste es el término correcto que la Constitución contempla, y reitero lo que han expresado mis compañeros. Aquí estamos tratando un asunto de procedimiento, y me parece muy grave que la legislatura esté a punto de abonar en este momento a un procedimiento fast track que lastima también a la decisión de pueblos extranjeros de presentar condecoraciones a mexicanos. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Compañeros, aquí en la Mesa Directiva dentro de las condecoraciones, el procedimiento comprende varios asuntos... ya ustedes lo conocen, realmente por favor no mal interpretemos las cosas en público. Diputado, ya lo escuché, ahorita le voy a dar la palabra. Le damos la palabra al diputado Juan José Rodríguez Prats, por favor.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidenta. Yo quisiera solamente exhortar a la reflexión al Partido de la Revolución Democrática. En primer lugar creo que mi compañera Pilar Ortega dio lectura con toda claridad a la jurisprudencia que señala que cualquier error del procedimiento quedará a consideración del pleno. Esto me parece que está totalmente superado.

Estamos pidiendo la palabra desde nuestra curul para argumentar; en todo caso, yo solicitaría, de acuerdo con el reglamento que tanto escrúpulo estamos demostrando el día de hoy para observarlo, que se someta al pleno la moción suspensiva, que es precisamente lo que me pareció percibir que solicitaba la diputada Batres.

Pero en el fondo del asunto cuando se habla aquí de denigrar, cuando se habla aquí de lesionar la imagen del Congreso, yo quisiera que los diputados del PRD mediten si en realidad no lo que estaríamos lesionando es la imagen hacia el exterior del gobierno de México.

Esta medalla, el gobierno de San Salvador la concede a todos los presidentes que por primera vez arriban en una visita oficial. Sería verdaderamente lamentable si ellos quisieran posponer esta discusión; que hoy en la noche tuviera que alterarse toda una tradición, toda una costumbre, porque se le está negando al presidente aceptar una protocolaria, una parte del ritual de una medalla.

Y si ello les interesa tanto ---como lo sustentó el diputado Cuauhtémoc Sandoval, acercarnos a los países centroamericanos---, si esto no sería una gran ofensa, una gran lástima, una gran herida que se abriría simplemente porque se está negando un acuerdo asumido por la Comisión de Gobernación, de que en este caso los trámites sean automáticos y se recaben las firmas en el pleno, como afirmaron inclusive miembros del mismo Partido de la Revolución Democrática.

Por tanto, señora Presidenta, le solicito que sométase al pleno si procede la moción suspensiva.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Señora Presidenta, solicito la palabra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Villanueva.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): El acuerdo al que se refiere el diputado Rodríguez Prats no existe; no existe para el caso de las condecoraciones que otorgue un gobierno extranjero.

Se está mintiendo ante la confesión que en esta tribuna ha hecho el diputado presidente de la comisión, quien admite ---yo diría que admite con demasiado cinismo--- que no existió convocatoria; que no existió sesión de la comisión. Luego entonces, esa terrible herida a la que hace referencia el diputado que antes tomó la palabra, estaría además marcada por la ilegalidad. No podemos nosotros aquí admitir que este trámite quede con esa ausencia de procedimiento.

Lo que estamos pidiendo, diputada Presidenta, lo que le rogamos con absoluto respeto, es que se reponga el procedimiento y que sesione la comisión. Nada más. El presidente de dicha comisión ya admitió que está violando y que no procedió adecuadamente. Por tanto, no podemos continuar con este tema. Se tiene que reponer el procedimiento y regresar a la comisión.

Y por último, le recuerdo, diputada Presidenta, que existe el antecedente. El diputado Luis Sánchez, en uso de esa misma posición como Presidente de la Mesa Directiva en ausencia de usted, dio trámite y devolvió a una comisión cuando no se sesionó en la comisión, recientemente en noviembre del año pasado. Muchas gracias, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): Señora Presidenta, solicito la palabra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Ríos Camarena.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): Yo quisiera dejar muy claro, porque la discusión se está confundiendo y puede confundir a la opinión pública, que no se está discutiendo si se le da la condecoración ---y la aceptamos--- al presidente Calderón. Yo votaría a favor. Lo que se está discutiendo es el procedimiento.

No enredemos las cosas y metamos la política internacional, que mi partido ha defendido la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de los conflictos. No confundamos. Estamos discutiendo.

Estamos discutiendo un tema de trámite parlamentario y ése es el tema, no es la condecoración. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Arreola, por favor.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Si nos ponen a revisar a las compañeras diputadas y los compañeros diputados los procedimientos que debemos acatar en todo nuestro proceso parlamentario, nos van a reprobar. No está bien lo que está haciendo la gente de Acción Nacional. El fondo del asunto es el procedimiento; que se reponga. Es evidente lo que ya nos dijo el presidente de la Comisión de Gobernación. Qué nos cuesta reponer el procedimiento. Después que ahí se discuta si se le da o no la condecoración, pero ésa ya es otra situación y eso lo va a determinar la comisión en pleno.

Yo le pediría, señora Presidenta, que no se violen más nuestros procedimientos parlamentarios, que se regrese a comisión, que se discuta ahí y después nos lo traigan al pleno.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí, compañeros. Precisamente por no violar los procedimientos queremos mandar este dictamen a votación del pleno, si se sigue discutiendo o no. Porque no puede la Mesa Directiva, por determinación propia, mandar a la comisión otra vez a que se discuta el tema.

Diputada Valentina Batres, por favor.

La diputada Valentina Batres Guadarrama (desde la curul): Diputada Presidenta. Por su conducto, quisiera solicitarle al presidente de la Comisión de Gobernación, el diputado Diódoro Carrasco, que si es de tanta importancia esta condecoración y de tanto respeto la decisión del gobierno de El Salvador para otorgarle la condecoración a Felipe Calderón, que repare el procedimiento.

Que repare el procedimiento, que fundamenten, como lo está haciendo ahorita el diputado Rodríguez Prats, la naturaleza de la condecoración. No nos lo debe platicar el diputado Rodríguez Prats, debe estar fundamentado en el dictamen, cosa que no aparece.

No somos adivinos ni tenemos por qué suponer. Estamos en cumplimiento de la Constitución, del artículo 37, fracción III, inciso c). Por esa razón quisiera solicitarle, compañero Diódoro Carrasco... porque de seguir insistiendo en este procedimiento que obvia el cumplimiento de la Ley Orgánica del Congreso, lastimará las relaciones y creará la desconfianza entre nosotros, los diputados, para los dictámenes por aprobarse en el seno.

Le exhorto, a su responsabilidad, a que retire el dictamen, nos convoque a sesión y, como indica la Ley Orgánica, discutamos en el seno de la Comisión de Gobernación. Mañana está agendada una sesión de la Comisión de Gobernación.

Desde el día 26 la Cámara de Diputados recibió, por parte del Senado, este dictamen. Ha habido tiempo para hacer las cosas bien, como marca la ley. Es solamente que el PAN, que Acción Nacional, que el diputado Diódoro Carrasco actúen con responsabilidad y no nos responsabilicen de la omisión de sus hechos.

Está a discusión que este dictamen lo retire el diputado Diódoro Carrasco.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Compañeros, vamos a someter a votación la moción suspensiva. No es una determinación personal de la Presidencia. Este asunto lo discutimos con la Mesa Directiva por la mañana. Ya preveíamos la discusión que iban a darse sobre este tema, y se discutió en la Mesa Directiva y se determinó que, así como lo hemos hecho, lo íbamos a concluir. No es una determinación personal. Vamos a concluir con la votación, por favor.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta o se desecha la moción suspensiva presentada por la diputada Valentina Batres.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : En votación económica, se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén porque se acepte sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén porque se deseche sírvanse manifestarlo.

Mayoría porque se deseche diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Dese-chada la moción suspensiva. No se ha registrado ningún orador para discutir en lo general o en lo particular el artículo único del proyecto del decreto. Por lo tanto...

El diputado Francisco Javier Santos Arreola (desde la curul): Pido la palabra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : ¿Para hablar a favor o en contra? Por favor, tiene usted la tribuna, compañero Francisco Santos.

El diputado Francisco Javier Santos Arreola : Gracias, Presidenta.

Lamento mucho, Presidenta, que así quiera llevar las sesiones. Sé que es muy difícil estar ahí y que no está al contentillo de nosotros. Pero debe tener prudencia y serenidad. Es difícil ese lugar, no tengo duda. Pero debe permitir que nos desahoguemos, al final de cuentas sí van a salir las cosas. Si lo quiere ver de esa forma debe tener la paciencia para llevar este tipo de reuniones.

Compañeras y compañeros, quiero lamentar ---y lo digo abiertamente---que se lleve de esta manera algo que no tendría por qué ser así. No tendría por qué ser así porque un procedimiento que pudiera haber sido normal como otros que se han hecho.

Le faltó a nuestro compañero Diódoro un poquito de habilidad, de mesura, y pudo haberlo hecho. Lamento que lo haya querido hacer de esta forma. No es como debió haber salido el dictamen. Personalmente el jueves yo firmé el dictamen sin conocer de qué se trataba, creyendo en la buena fe. Aunque se rían compañeros, aunque se rían.

Lamento decirles, compañeros, que la forma como están haciendo las cosas es algo que no tendría que ser aquí en el Congreso; que podíamos haber sacado este dictamen como debía haber sido.

Y la legalidad, le diría a nuestro compañero y amigo Rodríguez Prats, Acción Nacional siempre la buscó. Y es en este momento cuando debieran demostrarlo, cuando están en el poder, y no debieran hacer lo que criticaron, no hacerlo ustedes.

Pero hoy quieren hacer exactamente lo propio. Eso es lo que no se vale. Eso es lo que no deberían de hacer avasallar con una mayoría. No es la forma. Con la razón sí, no con la fuerza. Y parece que solamente así a griterías, a escándalos, a imposiciones, se quiere hacer pasar un dictamen que saben ustedes que no era la forma de hacerlo.

Yo el jueves le dije al propio Diódoro que hiciera la sesión, y que iba a pasar sin ningún problema. Pero no lo quisieron hacer porque no hubo voluntad. ¿Qué iba a pasar? Simplemente se iban a respetar las leyes que nosotros tenemos en el Congreso.

Estas leyes no están a voluntad de nadie, de ninguno de los coordinadores, ni de la Presidenta. Se tendrían que respetar y aquí solamente se respetan cuando les conviene, y cuando no... aquí me he subido a tribuna y ustedes me han aplaudido porque he dicho las cosas que siento, y hoy que difiero de ustedes me abuchean.

Muchas gracias, porque lo siento más bonito, porque sé que es de corazón.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No habiendo ningún orador inscrito para continuar este debate, consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta algún diputado por emitir su voto? Está abierto todavía el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 285 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado en lo general y en lo particular, por 285 votos, el proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo federal, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional Doctor José Matías Delgado, en grado de Gran Cruz, Placa de Oro, que le confiere el gobierno de la República de El Salvador. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Compañeros, antes de continuar la sesión, quiero hacer una petición a este pleno para poder retirar todas las expresiones que he hecho en esta tribuna sobre la palabra condecoraciones, al igual que los mismos compañeros que han pasado a expresarlo de esta manera, para evitarnos un mal entendido con alguno de los gobiernos que están dando las condecoraciones.

Por favor, pediría a la Secretaría que pueda someterla a votación simple, si es de aprobarse que se retiren esas expresiones de la versión estenográfica, para poder continuar con la sesión.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba que se retiren de la versión estenográfica de la sesión, las expresiones hechas por la diputada. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Agradezco a todos, compañeros. Gracias.



PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen relativo a las solicitudes de permiso para ciudadanos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se le dispensa la lectura. En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión el proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

En oficios fechados los días 7 y 12 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Tania Lerma Montoya y Brenda Ellerbrock Aguirre, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en los Consulados de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Guadalajara, Jalisco.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el viernes 22 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.
b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en los Consulados de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Guadalajara, Jalisco, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Tania Lerma Montoya, para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Brenda Ellerbrock Aguirre, para prestar servicios como auxiliar en la sección consular, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. --México DF, a 22 de febrero de 2008.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se reservó artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para la votación.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Se emitieron... De viva voz:

La diputada Leticia Díaz de León Torres (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (desde la curul): A favor.

El diputado Efraín Arizmendi Uribe (desde la curul): Arizmendi Uribe, a favor.

El diputado Alan Notholt Guerrero (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Se emitieron 353 votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado el proyecto de decreto por 353 votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



ESTADO DE SONORA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza a que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se autorizan. Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Dictamen de la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Turismo federal con objeto de que implante una estrategia conjunta para otorgar apoyos y convertir en lugar turístico la Ciénega del Golfo de Santa Clara

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que implante una estrategia para otorgar apoyos y de ésta manera convertir en un lugar turístico el sitio denominado La Ciénega del Golfo de Santa Clara, situado en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, el cual se realiza bajo lo siguiente:

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 13 de diciembre del 2007, el diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar una estrategia para otorgar apoyos y de ésta manera convertir en un lugar turístico el sitio denominado La Ciénega del Golfo de Santa Clara, situado en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
Segundo. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el oficio número DGPL 60-II-2-1184, acordó que se turnará la propuesta citada a la Comisión de Turismo, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

a. El proponente hace mención, que el 10 junio de 1993 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el cual una superficie de 934 mil 756 hectáreas, localizadas en las aguas del Golfo de California, en los municipios de Mexicali, Baja California, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora, fue convertida reserva de la biosfera del alto Golfo de California y delta del río Colorado.
b. El diputado proponente, expone que dentro de dicha área existe una laguna llamada La Ciénega del Golfo de Santa Clara, situada en el ejido Luis Encinas Jonson, y que representa una atractiva opción para quienes les gusta el contacto directo con la naturaleza, además de que a dicho lugar, lo visitan más de tres mil personas anualmente.
c. El diputado proponente, considera que es necesario implementar una estrategia para que La Ciénega de Santa Clara, tenga una mejor proyección turística en la región de Sonora, Arizona y California en los estados de América, y por ende, la visita de más personas a la laguna, obteniendo así, una derrama económica importante en beneficio de los habitantes del ejido Luis Encinas Jonson y por consecuencia mejores oportunidades de vida para ellos y sus familias.

Consideraciones

Primera. La que dictamina considera que la actividad turística se ha convertido en un medio para el apuntalamiento de la actividad económica mexicana, para la distribución primaria del ingreso y la generación de empleo, así como, para fomentar en el ámbito regional la convergencia de actividades industriales, comerciales, financieras y las de servicios directos que demanda el turismo.

Segunda. La comisión que dictamina se encuentra convencida de que es necesario planear en forma estratégica al sector turístico del país, para estar en condiciones de orientar su desarrollo futuro, aprovechando los recursos existentes, vocaciones, ventajas competitivas y oportunidades a escala local, nacional y global.

Tercera. La dictaminadora tras un amplio estudio, encontró que efectivamente, tal y como lo menciona el proponente, La Ciénega del Golfo de Santa Clara, es un destino naturalmente turístico, además de ser el principal humedal del desierto de Sonara, el cual cuenta con uno de los ecosistemas costeros más ricos de México, concentrando unas 225 especies de aves y una gran cantidad de fauna y flora única en el país, hecho que ha logrado un mediano posicionamiento en el mercado turístico.

Cuarta. Es así que los principales visitantes de este lugar provienen de Arizona, de California (Estado Unidos de América) y de Baja California (México), quienes lo visitan para conocer el lugar, ver las aves, o hacer pesca deportiva, se ven motivados a realizar un desplazamiento por la diversidad turística de este centro, generando así, beneficios económicos a la región.

Quinta. A pesar de que La Ciénega cuenta con un gran apoyo de la comunidad, este mismo apoyo no se ha recibido por parte del estado, toda vez de que en la actualidad el turismo alternativo (tipo que se realiza es este lugar), constituye un importante componente de la oferta turística de nuestro país. Existiendo sin duda, grandes oportunidades de crecimiento en este sentido. México posee un rico patrimonio natural y una gran diversidad de escenarios que permiten diseñar programas consecuentes con las motivaciones y componentes del turismo alternativo.

Sexta. Es así que esta dictaminadora, tras un amplio estudio de la proposición y de las características del lugar en comento, y con fundamento en la Ley Federal de Turismo, en su artículo 2o., fracción II, donde se menciona que, como objeto de este ordenamiento y con la aplicación e interpretación de la Secretaría de Turismo, se buscará elevar el nivel de vida económico, social y cultural de los habitantes en las entidades federativas y municipios con afluencia turística; se considera totalmente viable el exhorto hecho por el proponente.

En mérito de lo antes expuesto, la comisión de turismo se permite someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, en el ámbito de colaboración entre los poderes, para que instruya al titular de la Secretaría de Turismo federal, de manera conjunta con el gobierno del estado de Sonora, a fin de que se implante una estrategia para otorgar apoyos y, de esta manera, convertir en un lugar turístico el sitio denominado La Ciénega del Golfo de Santa Clara, ubicada en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Segundo. Se solicita al titular de la dependencia antes mencionada que se sirva a informar a esta soberanía dentro de 30 días naturales de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a lo adoptado en el plazo anterior.

La Comisión de Turismo, diputados: Octavio Martínez Vargas (rúbrica), presidente; Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez , Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica), José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Armando García Méndez , secretarios; Sara Shej Guzmán (rúbrica), Armando Enríquez Flores , Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Addy Cecilia Joaquín Coldwell , Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias , Adriana Rodríguez Vizcarra Velásquez, Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo , Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Juan Adolfo Orcí Martínez , Joel Guerrero Juárez (rúbrica), Eduardo Elías Espinoza Abuxapqui (rúbrica), José Ascensión Orihuela Bárcenas, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Juana Leticia Herrera Ale , Olga Patricia Chozas y Chozas .»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo.

¿Le dan sonido a la curul de la diputada Claudia Cruz, por favor?

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Nos acaban de entregar, en cada una de las curules de los diputados y las diputadas, el estudio sobre la constitucionalidad del dictamen de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me parece muy importante que cada uno de nuestros diputados se lo lleve para el estudio...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Diputada, le agradezco el anuncio. Ya lo tiene cada diputado en su curul. Discúlpeme, pero no es el punto que estamos discutiendo.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): Sí, nada más es importante anunciar que ya está el dictamen.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada. Por favor, continúe la Secretaría, disculpe la interrupción.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : Está usted.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Continúe la Secretaría, por favor.



ESTADO DE MORELOS

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a los gobernadores de los estados y al jefe del Gobierno del Distrito Federal a revisar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones para prevenir, investigar, combatir y sancionar los delitos cometidos contra mujeres y niñas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnada, para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes del estado de Morelos a adoptar las medidas necesarias para frenar la violencia en contra de las mujeres y niñas.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción III, y numeral 3, 45, en su numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 11 de abril de 2007, el diputado Faustino Javier Estrada González , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes del estado de Morelos, a adoptar las medidas necesarias para frenar la violencia en contra de las mujeres y niñas.
2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Seguridad Pública.
3. Con fecha 13 de diciembre de 2007, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, se reunieron para analizar y discutir el presente dictamen, siendo aprobado por 17 votos a favor.

Contenido

1. De acuerdo con el diputado proponente, es alarmante la cantidad de homicidios y desapariciones de mujeres y niñas en diversas entidades del país, así como la violencia extrema aplicada. Señala que la impunidad en muchos de los casos ha puesto de manifiesto la responsabilidad de las autoridades del estado ante el fenómeno delictivo.
2. Sostiene el diputado proponente que el homicidio de mujeres y niñas representa una violencia de género que expresa discriminación, abuso y opresión en contra de las mismas.
3. De acuerdo con el diputado proponente, entre el año 2000 y el 2005 se cometieron aproximadamente 200 homicidios de mujeres; pero las cifras consideradas oficiales sólo reconocen 143. Señala que la tasa de homicidios en la entidad es de 3.25 por cada cien mil mujeres, por lo que Morelos es uno de los cinco estados en los que ocurre el 55 por ciento de los homicidios de mujeres.
4. Morelos forma parte de una franja territorial en la que el número de homicidios en contra de mujeres ha crecido de manera alarmante.
5. Ante esta situación de violencia de género en el año 2005 se creó la fiscalía especializada para atender delitos contra las mujeres. No obstante esto, durante el mes de enero del año 2007 se han cometido 6 homicidios de mujeres.
6. De acuerdo con el diputado proponente, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado no han dado los resultados esperados. En este sentido, el proponente afirma que el índice de impunidad relacionado con homicidios de mujeres es alto.
7. En razón de lo anterior, señala el diputado proponente, es urgente que las autoridades estatales instrumenten y articulen políticas públicas con perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Consideraciones

A). En lo general

1. Que a partir de la adición de los párrafos sexto y séptimo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, se establece la seguridad pública como una función a cargo de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, y se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como una instancia de coordinación en la materia.
2. Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
3. Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, así como los principios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Que dicha ley, establece la obligación a la federación, de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, para expedir las normas legales y tomar las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres ratificados por el Gobierno de México.
Cabe citar al respecto lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la citada ley:
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana.
Artículo 2. La federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por el Estado mexicano.
4. Que la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 30 de julio de 2003, recupera los principios y las bases de coordinación contenidas en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
5. Que el gobierno de nuestro país ha firmado diversos instrumentos internacionales especializados en la atención de la mujer, tales como; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de la Niñez; adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y el 20 de noviembre de 1989, respectivamente; así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Organización de Estados Americanos el 9 de junio de 1994.

B) En cuanto a la proposición con punto de acuerdo

1. Que el Diputado Faustino Javier Estrada González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propuso la aprobación de los puntos de acuerdo siguientes:
Primero. Se exhorta, con pleno respeto al principio de distribución de competencias consagrado en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Procurador General de Justicia del estado de Morelos, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a la presidenta del DIF-Morelos y, en general, a todas las autoridades competentes del estado a que adopten las medidas necesarias para frenar la ola de violencia en contra de las mujeres y niñas.
Segundo. Se exhorta, con pleno respeto al principio de distribución de competencias consagrado en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al procurador general de Justicia del Estado de Morelos para que ordene que en la averiguación previa iniciada por el probable secuestro y homicidio de Gabriela Hoyos y Pérez se realicen las investigaciones que sean necesarias para esclarecer los hechos, en términos de la legislación aplicable y se vigile que no se cometan actos de corrupción que fomenten la impunidad.
2. Esta comisión dictaminadora comparte el interés del diputado proponente de fortalecer las acciones de las autoridades competentes en el estado de Morelos para prevenir la comisión de delitos en la entidad en contra de las mujeres y niñas.
3. Que de manera reciente se han aprobado leyes específicas encaminadas a ampliar el marco jurídico de protección hacia las mujeres y niñas, tales como la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
4. Que de acuerdo con el doctor Jorge Corsi, la violencia de género adopta formas muy variadas, tanto en el ámbito de lo público como en los contextos privados. Ejemplos de ella son, entre otras, todas las formas de discriminación hacia la mujer en distintos niveles (político, institucional, laboral), el acoso sexual, la violación, el tráfico de mujeres para prostitución, la utilización del cuerpo femenino como objeto de consumo, la segregación basada en ideas religiosas y, por supuesto, todas las formas de maltrato físico, psicológico, social, sexual que sufren las mujeres en cualquier contexto, y que ocasionan una escala de daños que pueden culminar en la muerte. 1
5. Que no obstante los esfuerzos de las autoridades competentes en materia de seguridad pública, la comisión de delitos en contra de mujeres y niñas se ha incrementado en algunas entidades federativas, como el estado de Morelos.
6. Que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en todo el mundo una de cada cinco mujeres se ha visto forzada a practicar el sexo contra su voluntad en algún momento de su vida. Independientemente de la región geográfica, se estima que entre 40 y 60 por ciento de los casos de abuso sexual es cometido contra mujeres menores de 16 años.
7. Que en reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, celebrada en fecha 13 de diciembre de 2007, se desechó el contenido de los puntos de acuerdo en los términos originalmente propuestos. Sin embargo, se reconoce la problemática que existe en diversas entidades de la república respecto a delitos cometidos en contra de mujeres y niñas y, por tanto, la necesidad de aprobar un punto de acuerdo relativo a la prevención y sanción de delitos cometidos en contra de mujeres y niñas, con exhorto a los gobernadores de los estados y al jefe de Gobierno del Distrito Federal.
8. Que de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, llevada a cabo durante el año 2003 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer; 46.6 por ciento de las mujeres mexicanas sufre algún tipo de violencia --emocional, física, sexual o económica.
9. Asimismo, esta comisión dictaminadora toma en cuenta dos de las recomendaciones realizadas por la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, Yakin Ertük, contenidas en el informe sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias en México, presentado en el año 2006.
El gobierno de México ha dado pasos importantes para evitar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer con la diligencia debida, pero en vista de los insoportablemente elevados niveles de violencia contra la mujer que siguen observándose en México, el Gobierno Federal deberá poner más empeño para cumplir sus obligaciones internacionales.
La sensibilidad de la policía y la justicia a la violencia de género sigue siendo insuficiente en términos generales, y debe mejorar.
10. Por los razonamientos expresados, esta comisión dictaminadora considera viable aprobar un punto de acuerdo para exhortar a los gobernadores de los estados y al jefe de Gobierno del Distrito Federal a revisar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones para prevenir y sancionar los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, aprueban los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de los estados y al jefe de Gobierno del Distrito Federal a revisar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones para prevenir, investigar, combatir y sancionar los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a las autoridades antes señaladas que informen a ésta de las acciones realizadas en el marco de los anteriores puntos de acuerdo, dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir de la notificación de los presentes.

Nota:
1 Corsi, Jorge. La violencia hacia las mujeres como un problema social. Estudio publicado por la fundación Mujeres, página 1.
Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 13 días del mes de diciembre de dos mil siete.
La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (rúbrica), Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Miguel Ángel Arellano Pulido , Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete , Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Jorge Justiniano González Betancourt , Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Carlos Madrazo Limón , Camerino Eleazar Márquez Madrid , Efraín Morales Sánchez , José Luis Murillo Torres (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso , Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco , Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).».

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. Se han inscrito en este punto la diputada Maricela Contreras Juliány el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, por lo cual tiene el uso de la palabra la diputada Maricela Contreras Julián.

La diputada Maricela Contreras Julián : Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputada.

La diputada Maricela Contreras Julián : El 6 de diciembre de 1989, en Montreal hubo una masacre donde murieron 14 mujeres. Fueron brutalmente asesinadas, y se llamó, en esa fecha, ``el delito de ser mujeres''.

Este doloroso suceso fue descrito por la prensa canadiense como ``la noche del genocidio''. Y por los mismos reportes periodísticos que se conocieron en una nota que dejó el autor de la masacre. Él decía: ``las feministas siempre han tenido el talento de irritarme. Ellas quieren retener las ventajas de ser mujeres.''

A 18 años de este reprobable suceso, la pandemia de la violencia de género se reproduce en esquemas similares en todo el mundo, lo que constituye una violación a los derechos humanos. Esta manifestación se da a través de legislaciones que son anacrónicas y que han quedado anquilosadas con los avances que en materia internacional y a nivel nacional, en nuestro país se han tenido en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

De ahí, la importancia del dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Seguridad Pública, ya que una tarea prioritaria del Estado democrático es procurar el respeto de los derechos y libertades fundamentales, acción que debe traducirse como una visión de impulsar reformas jurídicas y aplicar políticas públicas tendientes a prevenir y sancionar la violencia de género en todas sus modalidades.

Aunque coincidimos con los planteamientos del dictamen, sostenemos que el exhorto que haga esta Cámara de Diputados no sólo debe ir dirigido a los Poderes Ejecutivos locales, sino que debe involucrarse también a los Congresos locales, porque cada entidad federativa tiene su legislación local y debe también considerar las acciones para prevenir, investigar, combatir y sancionar los delitos cometidos contra las mujeres en diferentes ordenamientos.

Lo anterior, ya que en la mayoría de las legislaciones locales no se consideran delitos aquellos que debieran ser contemplados, por ejemplo, de acuerdo con los tipos de violencia que se establecen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. Por citar algunos ejemplos, de acuerdo con los datos con los que se cuentan: la violencia feminicida, a pesar de ser la más severa y extrema, por el hecho de causar la muerte a una mujer.

En algunos códigos penales hay aberraciones como las del homicidio por razones de honor, donde ---de manera irónica--- se rebaja la sanción a la persona que asesina a una mujer, que asesina a su cónyuge o concubina en un acto carnal o próximo a su consumación.

Esta situación hace posible que se sigan manteniendo en la impunidad estas conductas delictivas y se vuelvan inexistentes ante el sistema de procuración de justicia, que oculta la realidad de la violencia que es ejercida contra las mujeres y fomenta que estos hechos continúen dándose.

De ahí que en las acciones, objeto del presente dictamen, debe actuar de manera decidida el Poder Legislativo, pues se requiere de una revisión a todos los ordenamientos legales a efecto de lograr una armonización en la tipificación de los delitos que se cometen contra las mujeres y se avance en el reconocimiento de sus derechos.

Por ello hago la siguiente propuesta para que el resolutivo quede como sigue:

La Cámara de Diputados exhorta a los gobernadores de los estados, al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, revisen sus legislaciones y las acciones para prevenir, investigar, combatir y sancionar los delitos cometidos contra mujeres y niñas.

Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada Maricela Contreras Julián.

Antes de someter a votación lo que la diputada ha pedido, queremos destacar la presencia en este salón de sesiones de la excelentísima señora Cecile Hillyer, embajadora de Nueva Zelandia en nuestro país, quien asiste a la instalación del Grupo de Amistad México-Nueva Zelandia de la Cámara de Diputados. Le damos la más cordial bienvenida, y hacemos votos porque se fortalezcan los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países.

También le damos la más cordial bienvenida a los empresarios de Tamazula, Jalisco, productores del campo que se encuentran aquí con nosotros.

Para aclarar al pleno vamos a dar lectura a la propuesta que hizo la diputada Maricela Contreras Julián , por favor.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : La adición propuesta por la diputada Maricela Contreras Julián .

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los gobernadores de los estados, al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, revisen su legislaciones y las acciones para prevenir, investigar, combatir y sancionar los delitos cometidos contra mujeres y niñas.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la adición propuesta por la diputada Maricela Contreras Julián.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : Por instrucciones de la Presidenta, en votación económica se consulte a la asamblea si se admite a discusión la adición propuesta por la diputada Maricela Contreras Julián . Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se aprueba la adición que ha propuesto la diputada Maricela Contreras Julián .

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya : Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya : En primer lugar, quiero expresar que me da mucho gusto la propuesta de la compañera Maricela. Creo que es una magnífica propuesta y complementa muy bien el trabajo que ha estado realizando la Comisión de Seguridad.

Hoy se presentó una iniciativa de nuestro compañero Gerardo Vargas, del PRI, de Sinaloa, a quien le hubiera gustado estar aquí para poder posicionarse. Lamentablemente está enfermo. Desde aquí le enviamos un caluroso saludo a Sinaloa, y desde luego reitero que su propuesta está vinculada con la protección de los niños y las niñas en las escuelas.

Es una buena propuesta, como es también ésta a que me voy a referir, de Faustino Javier Estrada, del Partido Verde Ecologista, que habla, precisamente, de la violencia de género, a la que están sujetas muchas de las mujeres en todos los órdenes del universo.

Sabemos que existe una discriminación de diversos niveles, que van desde el acoso sexual hasta la violencia psicológica y muchos otros maltratos que lastiman y que lesionan a todas las mujeres del mundo.

En este contexto son violentadas mujeres, niñas, en todas las entidades federativas y lamentablemente esta incidencia se ha estado repitiendo en forma constante. De acuerdo con algunos estudios de la Organización Mundial de la Salud se habla de que, cuando menos una de cada cinco mujeres a lo largo de su vida ha sido obligada a practicar sexo en contra de su voluntad.

Y lo más lamentable es que de estos casos, 40 o 60 por ciento son menores de 16 años. Es urgente, por tanto, que las autoridades de todos los niveles instrumentemos programas para proteger a la mujer.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, llevada a cabo recientemente por el Instituto Nacional de Estadística para el Desarrollo de las Mujeres, 46 por ciento de las mujeres mexicanas sufren algún tipo de violencia emocional, física, sexual o económica.

Hoy que estamos en vísperas de festejar el Día Internacional de la Mujer, es momento propicio para votar positivamente este acuerdo y rendir así, un justo homenaje a la mujer y a través de ello recordar a nuestras madres, a las madres mexicanas que siempre han sido esforzadas y tiernas con sus hijos, a la mujer obrera, quien además de laborar intensas horas en las jornadas, todavía tiene fuerzas para atender y sostener a sus hijos. Ellas también de alguna manera son víctimas de la violencia e incluso de sus empleadores.

Qué decir de las madres campesinas, que con el sudor de su frente también hacen producir los frutos de la tierra y a la tierra misma que también es madre, ya que nos brinda los frutos de nuestra existencia.

Es, finalmente, propicio y oportuno expresar nuestro respeto a las mujeres que hoy trabajan a lo largo y ancho de la república por el desarrollo y progreso de nuestro país, y entre todas ellas dignificamos a todas nuestras compañeras diputadas que entregan su vida y su esfuerzo por el desarrollo del país.

Ruego a ustedes que aprueben este acuerdo, que será un acuerdo de dignificación a la mujer mexicana y a la mujer de todo el mundo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Juan Francisco Rivera Bedoya.

Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Jirí Havlik, embajador de la República Checa en nuestro país, quien asiste a la instalación del Grupo de Amistad México-República Checa de la Cámara de Diputados. Le damos la más cordial bienvenida y hacemos votos porque se fortalezcan los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países. Bienvenido, embajador.

Agotada la lista de oradores en este tema, se considera suficientemente discutido y lo vamos a reservar para su votación al final, con las modificaciones que se aprobaron por el pleno, propuestas por la diputada Maricela Contreras Julián .

Continúe la Secretaría, por favor.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se solicita al titular del Ejecutivo federal que, mediante la Secretaría de Seguridad Pública federal, establezca las condiciones necesarias a fin de garantizar la entrega puntual de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y fiscalice su correcta aplicación, conforme a los convenios celebrados con las entidades federativas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnada, para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través del secretario de Seguridad Pública federal, a reforzar y mantener indefinidamente los programas, operativos y acciones conjuntas en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado que se llevan a cabo en el estado de Baja California.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción III, y numeral 3, 45 en su numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el día 13 de diciembre de 2007, el diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través del secretario de Seguridad Pública federal, a reforzar y mantener indefinidamente los programas, operativos y acciones conjuntas en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado, que se llevan a cabo en el estado de Baja California.
2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Seguridad Pública.
3. Con fecha 14 de febrero de 2008 los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura se reunieron para analizar y discutir el presente dictamen, siendo aprobado por 17 votos a favor.

Contenido

1. Que de acuerdo el diputado proponente, el titular del Ejecutivo federal instruyó la implantación de acciones y operativos conjuntos para el combate al crimen organizado. Asimismo, con objeto de avanzar en el combate a la inseguridad, el titular del Ejecutivo federal ha propuesto el incremento del presupuesto destinado a seguridad pública en los presupuestos de egresos.
2. Que no obstante la implantación de las acciones y operativos conjuntos para el combate al crimen organizado, así como la asignación de mayores recursos destinados a la seguridad pública, el ambiente de inseguridad que se vive en el país, y en particular en el estado de Baja California, no ha disminuido, siendo necesario redoblar esfuerzos en el combate al crimen organizado.
3. En Baja California la delincuencia organizada ha logrado ampliar sus actividades, lo que representa un grave peligro para la ciudadanía, alterando la tranquilidad y la paz públicas. De acuerdo con el diputado proponente, los programas y acciones implantados por el titular del Ejecutivo federal, en coordinación con las autoridades estatales y municipales en el estado de Baja California, han resultado insuficientes.
4. La disputa entre bandas de narcotraficantes en el estado de Baja California provocan el temor de sus habitantes, de ser víctimas de los grupos delictivos que operan en esta entidad.
5. Como muestra de las condiciones de inseguridad que se observan en el estado, el diputado proponte se refiere a lo ocurrido el 14 de noviembre del año pasado, cuando un comando armado robó el cuerpo de una persona que se encontraba en el servicio médico forense, en la ciudad de Ensenada, lo que derivó en un enfrentamiento con policías municipales, falleciendo dos empleados del servicio médico forense y dos policías municipales.
6. Ante la actuación de los grupos delictivos, los elementos de la policía municipal de Ensenada demandan un mayor apoyo por parte de las autoridades federales.
7. De acuerdo con el diputado proponente es urgente avanzar en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, así como fiscalizar y transparentar la correcta entrega de recursos fiscales correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a fin de fortalecer a las policías municipales.
8. Los habitantes del estado de Baja California merecen seguridad, por lo que, sostiene el diputado proponente, se requiere la presencia permanente de la Policía Federal Preventiva y las Fuerzas armadas para combatir el crimen organizado.
9. En razón de lo anterior, señala el diputado proponente, resulta necesario reforzar los programas de seguridad en el estado de Baja California. Asimismo, plantea solicitar al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, incluir el de Ensenada dentro de los 100 municipios con alto índice delictivo, a fin de que sea beneficiado con parte de los 3 mil 589 millones de pesos que serán distribuidos entre los referidos municipios.

Consideraciones

A) En lo general

1. Que a partir de la adición de los párrafos sexto y séptimo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, se establece la seguridad pública como una función a cargo de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, y se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como una instancia de coordinación en la materia.
2. Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
3. Que el artículo 9o. de la Ley citada señala las actividades de coordinación de las autoridades competentes de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en los siguientes términos:
Artículo 9o. Las autoridades competentes de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán para:
I. Integrar el Sistema Nacional de Seguridad Pública;
II. Determinar las políticas de seguridad pública, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;
III. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y para la formación de sus integrantes;
IV. Establecer, supervisar, utilizar y mantener actualizados todos los instrumentos de información del sistema nacional;
V. Formular propuestas para el Programa Nacional de Seguridad Pública, así como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo; y
VI. Tomar medidas y realizar acciones y operativos conjuntos.
4. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, tiene por objeto establecer las bases de organización de la administración pública, centralizada y paraestatal.
5. Que el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece entre los asuntos de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Federal los relativos al desarrollo de instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos, así como el establecimiento de un sistema destinado al procesamiento de información para la prevención de delitos, en los siguientes términos:
Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos;
II. a XXVII. ...

B) En cuanto a la proposición con punto de acuerdo

1. Esta comisión dictaminadora comparte el interés del diputado proponente de fortalecer las acciones coordinadas de los gobiernos federal, estatal y municipal para el combate a la delincuencia organizada.
2. Esta comisión tiene presente que a partir de diciembre de 2006 se inició la implantación de los operativos conjuntos de seguridad en Michoacán, Guerrero, Tijuana, Baja California, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua.
3. Que los operativos conjuntos de seguridad han permitido al Estado mexicano comenzar a retomar el control territorial e iniciar la destrucción de nodos de generación de impunidad creadas por organizaciones delictivas.
4. Que no obstante los avances, el combate a la delincuencia organizada se encuentra en una etapa difícil, ante la reacción por parte de las organizaciones delictivas, la reorganización de grupos y luchas internas que han provocado enfrentamientos en diversas entidades de la república, entre éstas el estado de Baja California.
5. Por otra parte, esta comisión dictaminadora, tiene presente que una de las materias de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, contenida en la fracción IV del artículo 10, es la relativa a las propuestas de aplicación de recursos de seguridad pública, incluido el financiamiento conjunto.
6. Que en lo relativo a la elegibilidad de municipios para la asignación de recursos para el subsidio para la seguridad pública municipal, en fecha 15 de enero del presente año, la Secretaría de Seguridad Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 01/2008, por el que se establecen las bases de elegibilidad de municipios para la asignación de recursos del subsidio para la seguridad pública municipal.
7. Que conforme a la aplicación de la fórmula antes citada, los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, la Paz y los Cabos, correspondientes al estado de Baja California, son elegibles para recibir el subsidio para la seguridad pública del país, para lo cual deberán sujetarse a lo dispuesto en las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública y al convenio de adhesión que al efecto se publiquen.
8. En cuanto al fortalecimiento de los programas y operativos conjuntos que se realizan en el estado de Baja California, esta comisión dictaminadora tiene presente que en sesión celebrada en fecha 25 de octubre del 2007, esta comisión aprobó punto de acuerdo presentado por el diputado Ricardo Franco Cazarez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que tiene como objetivo evaluar las acciones y resultados de la estrategia conjunta denominada Operación Tijuana y, en su caso, ampliarla y reforzarla. Este punto de acuerdo fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 8 de noviembre de 2007.
El punto de acuerdo señala:
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de los titulares de las Secretarías de Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública federal, de la Procuraduría General de la República, así como al gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California, a evaluar las acciones y resultados de la estrategia conjunta denominada Operación Tijuana y, en su caso, ampliar y reforzar la misma.
9. Que en fecha 17 de diciembre del 2007 la Procuraduría General de la República remitió respuesta formal al punto de acuerdo citado en el numeral anterior, anexando un informe de los resultados alcanzados por el Operativo Conjunto Tijuana.
10. Asimismo, esta comisión tiene conocimiento del envío de aproximadamente 500 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, de la Procuraduría General de la República, así como 500 efectivos de las Fuerzas Armadas al estado de Baja California, para reforzar la lucha contra el crimen organizado.
11. Por otra parte, el procurador general de la República anunció el fortalecimiento de las estrategias, por lo que esta comisión dictaminadora considera conveniente dar oportunidad a las dependencias involucradas a que implanten las acciones necesarias para el fortalecimiento de los operativos conjuntos.
12. En razón de lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que el punto de acuerdo relativo al refuerzo de los operativos conjuntos que se llevan a cabo por la Policía Federal Preventiva y las Fuerzas Armadas, en coordinación con las corporaciones policiales estatales y municipales, ha quedado sin materia. No obstante, dados los actos de violencia que siguen presentándose en el estado de Baja California, esta comisión dará seguimiento puntual al cumplimiento del punto de acuerdo aprobado.
13. En cuanto a la solicitud para beneficiar al municipio de Ensenada con los recursos del subsidio para la seguridad pública municipal, también ha quedado sin materia, toda vez que a partir de los resultados de elegibilidad, citados en el considerando sexto, ya se contempla dicho municipio. Asimismo, se tiene presente que los criterios para la asignación de recursos se definen a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
14. En cuanto a la solicitud para vigilar y fiscalizar la entrega puntual de los recursos que se asignen a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados y el Distrito Federal, esta comisión dictaminadora la considera viable. No obstante lo anterior, en cuanto a la aplicación de dichos recursos, considera conveniente expresar que los mismos se destinen al fortalecimiento de las funciones en materia de seguridad pública, conforme a los convenios de coordinación celebrados con las entidades federativas y las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y al convenio de adhesión que al efecto se publiquen.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, aprueba los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que establezca las condiciones necesarias para la entrega puntual de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y, en su momento, fiscalice su correcta aplicación conforme a los convenios de coordinación celebrados con las entidades federativas y los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública acordados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su XXII sesión, celebrada el 9 de enero de 2008.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, que informe a ésta de las acciones realizadas en el marco del anterior punto de acuerdo, dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir de su notificación.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 14 de días del mes de febrero de dos mil siete.
La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (rúbrica), Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Miguel Ángel Arellano Pulido , Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete , Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Jorge Justiniano González Betancourt , Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Carlos Madrazo Limón , Camerino Eleazar Márquez Madrid , Efraín Morales Sánchez , José Luis Murillo Torres (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso , Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco , Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

Continúe la Secretaría, por favor.



DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Dictamen de la Comisión del, con punto de acuerdo relativo a los programas para atender los problemas de marginalidad y pobreza que padecen los habitantes de la zona de Cabeza de Juárez, en Iztapalapa

Honorable Asamblea

Con fundamento en los artículos 39, párrafo 1, 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del sometemos a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesiones celebradas el 12 de octubre de 2006 y el 17 de enero de 2007, el diputado David Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados las siguientes proposiciones con punto de acuerdo: 1. Por el que se exhorta, con profundo respeto de la división de poderes, al Gobierno del Distrito Federal a que de acuerdo con sus facultades diseñe un programa especial con recursos suficientes para atender los problemas de marginalidad y atraso en el que se encuentran las familias que viven en la zona de Cabeza de Juárez, en Iztapalapa, Distrito Federal; y 2. Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a destinar recursos a un programa de emergencia para el combate de la pobreza extrema que padecen los habitantes de la zona de Cabeza de Juárez, en Iztapalapa.
2. En las fechas mencionadas, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados instruyó para que se turnasen ambas proposiciones a la Comisión de Distrito Federal, para su análisis y elaboración de los dictámenes correspondientes.
3. Las proposiciones con punto de acuerdo objeto del presente dictamen comparten y se sustentan en los siguientes argumentos:
a) Que no obstante el esfuerzo del Gobierno del Distrito Federal por combatir la pobreza, hay en la Ciudad de México, y particularmente en la zona de Cabeza de Juárez, delegación Iztapalapa, comunidades que albergan a miles de familias en condiciones de pobreza extrema.
b) Que el hacinamiento, la precariedad de las viviendas y la falta de oportunidades han situado a estas familias en una condición de miseria que lesiona su dignidad y limita sus posibilidades de desarrollo.
c) Que los habitantes de esta zona de la Ciudad de México carecen de la satisfacción de las necesidades más básicas, como el acceso a servicios de salud y educación, padecen de desintegración familiar, baja esperanza de vida y muy alto deterioro social, que se agudiza frente a los graves problemas de inseguridad.
d) Que esta necesidad surge de un compromiso asumido por el Gobierno del Distrito Federal, que en 2001 firmó un convenio a través del cual se obligaba a otorgar créditos para la sustitución y el mejoramiento de vivienda, concluir los trámites de regularización de tenencia de la tierra y dotar a la zona de los servicios urbanos más indispensables.
e) Que dado que las familias que habitan en la zona de Cabeza de Juárez se encuentran en un estado de emergencia, cuya atención no puede postergarse, es necesario implantar en ella un programa de emergencia para el combate de la pobreza extrema.
f) Que dicho programa deberá propiciar el desarrollo integral de los habitantes de la zona, brindarles oportunidades de desarrollo, elevar su esperanza de vida, contar con recursos suficientes, establecer metas y plazos de cumplimiento, y aplicarse de manera inmediata, pero con una perspectiva de largo plazo.
4. El artículo 42, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal señala:
Artículo 42. La Asamblea Legislativa tiene facultades para
(...)
II. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto.

II. Consideraciones

Primera. Esta comisión considera como tema sumamente relevante la atención de la marginación y la pobreza en el Distrito Federal, particularmente en delegaciones con amplios niveles de depauperación, como sucede en Iztapalapa. Asimismo, coincide en que todos los mexicanos, y especialmente los que menos tienen, deberían contar con condiciones de vida y de desarrollo idóneas.

Segunda. Esta comisión desconoce los criterios, las zonas atendidas y los montos aplicados para el combate de la pobreza en el Distrito Federal, por lo que no tiene antecedentes para determinar, de conformidad con los índices de marginalidad, las prioridades de aplicación del Presupuesto en la entidad.

Tercera. El Gobierno del Distrito Federal, al que el diputado proponente solicita que se exhorte, no es competente en materia de aprobación presupuestal. De acuerdo con la fracción II del artículo 42, Sección I, del Estatuto de Gobierno de la entidad, se trata de una atribución conferida exclusivamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Con base en los antecedentes y las consideraciones señalados, los integrantes de la Comisión del nos permitimos poner a consideración de esta asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Comuníquense a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las proposiciones con punto de acuerdo 1. Por el que se exhorta, con profundo respeto de la división de poderes, al Gobierno del Distrito Federal a que, de acuerdo con sus facultades, diseñe un programa especial con recursos suficientes para atender los problemas de marginalidad y atraso en que se encuentran las familias que viven en la zona de Cabeza de Juárez, en Iztapalapa, Distrito Federal; y 2. Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a destinar recursos a un programa de emergencia para el combate de la pobreza extrema que padecen los habitantes de la zona de Cabeza de Juárez, en Iztapalapa, presentadas por el diputado David Mendoza Arellano , para que, en el marco de sus atribuciones, determine lo conducente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.--- Suscriben el dictamen los integrantes de la Comisión del de la LX Legislatura, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La Comisión del, diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , Claudia Lilia Cruz Santiago , Christian Martín Lujano Nicolás , Victorio Rubén Montalvo Rojas , Valentina Valia Batres Guadarrama , María Gabriela González Martínez , Alejandro Sánchez Domínguez , Armando Barreiro Pérez , Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez, Guadalupe Socorro Flores Salazar , Dora Alicia Martínez Valero , María Elena Torres Baltazar , Raúl Cervantes Andrade , Eduardo Sánchez Hernández , Obdulio Ávila Mayo , Gerardo Villanueva Albarrán , Édgar Olvera Higuera (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado ningún orador se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : De la Comisión del, para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que revise y...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Permítame, diputada. Discúlpeme, no había escuchado, diputado. ¿Quiere usted pasar a participar en este punto? Pase a participar, diputado.

Va a pasar a participar el diputado David Mendoza para el punto de acuerdo de la Comisión del, relativo a los programas para atender los problemas de marginalidad y pobreza que padecen los habitantes de la zona de Cabeza de Juárez, en Iztapalapa. Aunque ya habíamos dado el trámite va a hacer uso de la palabra el diputado.

El diputado David Mendoza Arellano : Muchas gracias, Presidenta.

Compañeras y compañeros, solamente me gustaría, respecto de este punto de acuerdo, señalar que aun cuando compartimos el espíritu en que ha resuelto la Comisión del, nos gustaría que hubiera una modificación, porque hay compañeros que asumen que no se debería exhortar al jefe del Gobierno, y consideramos nosotros que un gobernante que es producto de un proceso democrático debe comportarse como tal, y como tal no debemos tener trato de virreyes para ningún jefe del Gobierno o gobernador de ningún estado.

Por ello, me gustaría proponer que en el acuerdo pongamos, en primer lugar, el exhorto al jefe del Gobierno. Lo estamos exhortando a que cree un programa especial, es su facultad. Y, en segundo lugar, pongamos el comunicado a la Asamblea Legislativa, que con justa razón lo está planteando la comisión, es quien aprueba el presupuesto.

Nos parece de vital importancia, toda vez que es un punto de acuerdo que va a permitir que cientos de familias puedan por fin resolver problemas que tienen que ver con pobreza extrema, con marginación y que, incluso, habían sido reconocidos ya por el propio gobierno y firmados en el año 2001 una serie de convenios y de compromisos que evidentemente no se cumplieron y que por ese motivo el de la voz propuso desde octubre del año pasado que se llevara a cabo esta proposición de exhorto al jefe del Gobierno.

Por ello les pido que puedan, en principio, modificarse los términos del dictamen y se ponga, en primer lugar, sin cambiar la redacción, el exhorto al jefe del Gobierno y en segundo lugar, el acuerdo en el que se comunica a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de esta proposición, para que entonces los habitantes de Iztapalapa puedan tener certeza de que esta vez, efectivamente, el Gobierno tendrá elementos para poder cumplir una deuda histórica que tiene con sus habitantes.

Es lo que tengo que señalar, diputada Presidenta. Y le solicito respetuosamente someter a consideración mi petición.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Vamos a pasar a presentar el siguiente punto de acuerdo y el diputado va a presentarnos por escrito la modificación que ha hecho de manera oral en esta tribuna. Vamos a darle oportunidad de que nos la presente por escrito para poderla someter a votación. Continúe la Secretaría con el siguiente punto, por favor.



CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Dictamen de la Comisión del, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar la posibilidad de reformar las disposiciones del Código Civil del Distrito Federal referentes a la compraventa de viviendas

Honorable Asamblea

Con fundamento en los artículos 39, párrafo 1, 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del sometemos a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 13 de septiembre de 2005, el diputado Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar los artículos 2317 y 2320 del Código Civil de su competencia, a efecto de facilitar la adquisición de una vivienda digna a un mayor número de habitantes.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados instruyó para que se turnase a la Comisión del de la LIX Legislatura, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
3. Al término de la LIX Legislatura, la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen quedó sin ser resuelta, incorporándose en consecuencia a los pendientes legislativos entregados a esta comisión en la LX Legislatura.
4. La proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen se sustenta en los siguientes argumentos:
a) Que el 25 de mayo de 2000, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se derogaron, reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, entre las que se encuentran la modificación de los últimos tres párrafos del artículo 2317, relativa a sustituir el nombre de ``Departamento del Distrito Federal'' por el de ``Gobierno del Distrito Federal''.
b) Que la modificación señalada no actualizó el texto relativo al monto establecido como tope máximo del valor de bienes inmuebles que al enajenarse pudiesen escriturarse en condiciones preferenciales, cumpliendo una función social en los grupos más desprotegidos, por lo que quedó intacto:
Artículo 2317. Las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor de avalúo no exceda del equivalente a trescientas sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la operación y la constitución o transmisión de derechos reales estimados hasta la misma cantidad o que garanticen un crédito no mayor de dicha suma, podrán otorgarse en documento privado firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante notario, juez competente o Registro Público de la Propiedad.Los contratos por los que el Gobierno del Distrito Federal enajene terrenos o casas para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, hasta por el valor máximo a que se refiere el párrafo anterior, podrán otorgarse en documento privado, sin los requisitos de testigos o de ratificación de firmas.En los programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Gobierno del Distrito Federal sobre inmuebles de propiedad particular cuyo valor no rebase el que señala el primer párrafo de este artículo, los contratos que se celebren entre las partes podrán otorgarse en las mismas condiciones a que se refiere el párrafo anterior.Los contratos a que se refiere el párrafo segundo, así como los que se otorguen con motivo de los programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Gobierno del Distrito Federal sobre inmuebles de propiedad particular, podrán también otorgarse en el protocolo abierto especial a cargo de los notarios del Distrito Federal, quienes en esos casos reducirán en cincuenta por ciento las cuotas que correspondan conforme al arancel respectivo.
c) Que el espíritu de la reforma mencionada en los incisos a) y b) anteriores fue considerar el derecho de propiedad como un medio para cumplir una auténtica función social, lo cual propició la simplificación de las formalidades en el proceso de enajenación, facilitando a la población de menores recursos la adquisición de una vivienda digna. Sin embargo, como se menciona en la propia proposición con punto de acuerdo, la cantidad establecida como base de aplicación no fue actualizada de conformidad con el costo presente de las viviendas.
d) Que hay necesidad de ajustar el tope máximo del valor de bienes inmuebles a la realidad económica del país, dado que en la actualidad ``no existe propiedad alguna cuyo valor sea de 17 mil 82 pesos, que es la cantidad que representa 365 veces el salario mínimo general vigente diario en el Distrito Federal''.

II. Consideraciones

Primera. La comisión coincide con el diputado proponente en que resulta necesario que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal revise el artículo 2317 del Código Civil para el Distrito Federal a fin de actualizar la cantidad de 365 veces del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal como valor de una propiedad cuya compraventa deba contar con ventajas para facilitar la adquisición de una vivienda digna a personas de escasos recursos. Dicha cantidad debe ajustarse debido a que, en efecto, resulta prácticamente imposible encontrar bienes inmuebles que cuesten 18 mil 458.05 pesos, a los que actualmente corresponderían 365 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.

Segunda. La comisión considera que la propuesta de cambiar la cantidad señalada en el punto anterior por la de 15 salarios mínimos anuales vigentes que realiza el autor de la proposición motivo del presente dictamen, correspondiente a 276 mil 870.75 pesos, es un monto adecuado con el costo de una vivienda de interés social que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal podría tomar en consideración.

Tercera. De igual manera sucede con el artículo 2317 del Código Civil del Distrito Federal, que alude a la figura de ``protocolo abierto especial'' para los casos de enajenación de bienes inmuebles llevada a cabo por el Gobierno del Distrito Federal, tratándose de constitución de patrimonio familiar y de personas de escasos recursos económicos, figura que estaba prevista en la Ley de Notariado para el Distrito Federal de 1980, la cual fue abrogada en marzo de 2000, sin que el nuevo ordenamiento en la materia previese una figura sustitutiva, lo que da origen a que se genere una notoria inconsistencia que resulta necesario resolver.

Cuarta. La comisión coincide en que si se revisa el monto señalado en el artículo 2317, debe revisarse también el contenido en el artículo 2320, que señala:

Artículo 2320. Si el valor de avalúo del inmueble excede de trescientos sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la operación, su venta se hará en escritura pública, salvo lo dispuesto en el artículo 2317.

Con base en los antecedentes y las consideraciones señalados, los legisladores integrantes de la Comisión del nos permitimos poner a consideración de esta asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar y, en su caso, analizar la posibilidad de reformar las disposiciones referentes a la compraventa de vivienda establecidas en el Código Civil del Distrito Federal, con el propósito de aumentar el tope máximo del valor de las viviendas establecido en los artículos 2317 y 2320 a una cantidad actualizada y acorde con el valor vigente que presentan hoy día las viviendas de interés social, con objeto de garantizar que las enajenaciones sobre este tipo de inmuebles puedan otorgarse en documento privado, así como los contratos en que el Gobierno del Distrito Federal enajene terrenos o casas para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos y en los casos de programas de regularización de la tenencia de la tierra, previéndose en todo momento la inscripción de los referidos actos ante el Registro Público de la Propiedad, con la finalidad de abaratar los gastos tendentes a otorgar seguridad jurídica respecto de la propiedad inmobiliaria de interés social en el Distrito Federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.--- Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Comisión de Distrito Federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
La Comisión del, diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , Claudia Lilia Cruz Santiago , Christian Martín Lujano Nicolás , Victorio Rubén Montalvo Rojas , Valentina Valia Batres Guadarrama , María Gabriela González Martínez , Alejandro Sánchez Domínguez , Armando Barreiro Pérez , Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez, Guadalupe Socorro Flores Salazar , Dora Alicia Martínez Valero , María Elena Torres Baltazar , Raúl Cervantes Andrade , Eduardo Sánchez Hernández , Obdulio Ávila Mayo , Gerardo Villanueva Albarrán , Édgar Olvera Higuera (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha registrado ningún orador, por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final. Continúe la Secretaría, por favor.



CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Dictamen de la Comisión del, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar el contenido de los artículos 925 y 925-A del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 párrafo 1, 40 numeral 3 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Distrito Federal, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 13 de septiembre de 2005, el diputado Ramón Galindo Noriega del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se aboque a de derogar los artículos 925 y 925-A del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, con el objeto de eliminar el concepto de adopción simple.
2. En misma fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados instruyó se turnase a la Comisión de Distrito Federal de la LIX Legislatura, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
3. Al término de la LIX Legislatura, la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen quedó sin ser resuelta, incorporándose en consecuencia a los pendientes legislativos entregados a esta comisión en la LX Legislatura.
4. La proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen se sustenta en los siguientes argumentos:
a) Que con fecha 1 de junio del año 2000, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal llevó a cabo una amplia reforma del entonces Código Civil para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, misma que dio lugar al Código Civil del Distrito Federal. En dicha reforma se derogó la sección segunda del capítulo V referente a la adopción, que comprendía los artículos 402 al 410.
b) Que los artículos 925 y 925-A del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal remiten a los artículos 404 y 407 del Código Civil del Distrito Federal que fueron derogados en el año 2000.
c) Que no se objeta el motivo ni los términos de la reforma llevada a cabo en junio de 2000, por el contrario, se avala la derogación de la figura de adopción simple, en razón de otorgar efectos plenos a toda adopción.

II. Consideraciones

Primera. La proposición con punto de acuerdo en comento refiere la necesidad de adecuar el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de conformidad con las reformas hechas al vigente Código Civil del Distrito Federal.

Segunda. Dicha reforma no sólo resulta procedente, sino necesaria en razón de que existe una notoria inconsistencia y vacío en la relación vinculatoria entre ambos ordenamientos, por lo que esta comisión dictaminadora coincide plenamente con el objeto y materia de la proposición con punto de acuerdo a que refiere el presente dictamen.

Con base en los antecedentes y consideraciones señaladas, las y los legisladores integrantes de la Comisión del nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Esta honorable Cámara de Diputados realiza un atento y respetuoso exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en uso de sus atribuciones, analice el contenido de los artículos 925 y 925-A del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y, en su caso, proceda a su derogación, con el objeto de eliminar el concepto de adopción simple, tomando en consideración que esta figura desapareció del Código Civil para el Distrito Federal en el año 2000.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 14 días del mes de febrero del año 2008..--- Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Comisión de Distrito Federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
La Comisión del, diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , Claudia Lilia Cruz Santiago , Christian Martín Lujano Nicolás , Victorio Montalvo Rojas , Valentina Valia Batres Guadarrama , Gabriela González Martínez , Alejandro Sánchez Domínguez , Armando Barreiro Pérez , Lourdes Quiñones Canales , Rosaura Denegre Vaught Ramírez, Guadalupe Flores Salazar , Dora Alicia Martínez Valero , Raúl Cervantes Andrade , Eduardo Sánchez Hernández , Obdulio Ávila Mayo , Gerardo Villanueva Albarrán , María Elena Torres Baltasar, Édgar Olvera Higuera (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.



TRANSPORTE

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Dictamen de la Comisión del, con puntos de acuerdo para exhortar a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal a valorar la pertinencia de suscribir un convenio de participación y coordinación de acciones en materia de transporte

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 párrafo 1, 40 numeral 3 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Distrito Federal y Desarrollo Metropolitano, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 2 de febrero de 2005, el diputado Pablo Bedolla López del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal a valorar la conveniencia de suscribir un convenio de participación y coordinación de acciones en materia de transporte.
2. En misma fecha, y con la finalidad de llevar a cabo el análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la Presidencia de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: ``Túrnese a las Comisiones Unidas de Distrito Federal y de Desarrollo Metropolitano'', tal cual consta en el oficio de turno número: D.G.P.L.59-II-4-2034, enviado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al diputado José Agustín Ortiz Pinchetti, presidente de la Comisión de Distrito Federal de la LIX Legislatura.
3. Al término de la LIX Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen quedó sin ser resuelta, incorporándose en consecuencia a los pendientes legislativos entregados a esta Comisión en la LX Legislatura.
4. La proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen se sustenta en los siguientes argumentos:
a) Que un número muy importante de pobladores de la zona norte del estado de México se transportan por medio del Metrobús a diferentes puntos de la Ciudad de México convergiendo para ello en la terminal Indios Verdes, en donde también hacen uso del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
b) Que la necesidad de transporte masivo barato, rápido y eficiente se ha incrementado de manera importante en los últimos años y ante esa imperiosa necesidad el gobierno de la Ciudad de México, creó por decreto de fecha 9 de marzo de 2005, el sistema de trasporte denominado Metrobús, mismo que representa un transporte moderno, limpio, eficiente y de vanguardia mundial.
c) Que grandes núcleos de población ubicados en la zona metropolitana de la Ciudad de México, como Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec, requieren de la movilización de un número cada vez mayor de usuarios a diferentes puntos de la Ciudad de México.
d) Que con base en lo ya mencionado y ampliando en sólo cinco kilómetros el actual circuito del Metrobús, se podría apoyar la movilización de miles de usuarios de estos municipios, estableciéndose dos nuevas estaciones en Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla de Baz, respectivamente.
e) Que derivado de los grandes beneficios que traería consigo ampliar la cobertura del Metrobús el diputado proponente considera la conveniencia de exhortar a los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México, para que suscriban un convenio de participación y coordinación de acciones en materia de transporte masivo, a fin de ampliar el Sistema Metrobús del Distrito Federal al estado de México estableciendo dos nuevas estaciones en los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec.
Con fecha 7 de febrero de 2007, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos emitió el acuerdo que establece los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación que a la letra dice:
``a) Que el Presidente de la Mesa Directiva, que también integra con ese carácter la Conferencia, modifique todos los turnos de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura a efecto de que todas aquéllas que hayan sido objeto de turno plural o de comisiones unidas, se restrinja el turno a la comisión mencionada en primer lugar, a efecto de simplificar el proceso de análisis, discusión y aprobación de los dictámenes que correspondan.''

II. Consideraciones

Primera. Con base en lo determinado por el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos antes citado, la Comisión de Distrito Federal se constituyó como única comisión dictaminadora del presente asunto legislativo por ser la primera a la que le fue turnado.

Segunda. La Comisión del considera que es de analizarse la posibilidad de que el circuito del Metrobús sea ampliado a los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec, ya que además de beneficiar a los usuarios que se trasladan a la terminal Indios Verdes de Metrobús y Metro desde el estado de México, podría contribuir a descongestionar la zona de paraderos de combis y microbuses de estas terminales, mejorando la vialidad, la seguridad y disminuyendo la contaminación en la zona.

Tercera. En razón a lo mencionado, la Comisión de Distrito Federal estima procedente que los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México consideren analizar la propuesta de ampliación del recorrido del Metrobús presentada a través de esta proposición con punto de acuerdo.

Con base en los antecedentes y consideraciones señaladas, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Distrito Federal nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se solicita atentamente a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal, analizar la posibilidad de ampliar la cobertura del Metrobús a los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec en el estado de México.

Segundo. Comuníquese a la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad para los efectos conducentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 14 de febrero de 2008..--- Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Comisión de Distrito Federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:
La Comisión del, diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , Claudia Lilia Cruz Santiago , Christian Martín Lujano Nicolás , Victorio Montalvo Rojas , Valentina Valia Batres Guadarrama , Gabriela González Martínez , Alejandro Sánchez Domínguez , Armando Barreiro Pérez , Lourdes Quiñones Canales , Rosaura Denegre Vaught Ramírez, Guadalupe Flores Salazar , Dora Alicia Martínez Valero , Raúl Cervantes Andrade , Eduardo Sánchez Hernández , Obdulio Ávila Mayo , Gerardo Villanueva Albarrán , María Elena Torres Baltasar, Édgar Olvera Higuera (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha registrado ningún orador, por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.



DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Dictamen de la Comisión del, con puntos de acuerdo relativos a las zonas de barrancas en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón

Honorable Asamblea

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Distrito Federal, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 28 de febrero de 2005, el diputado Víctor Suárez Carrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal y a la delegación Álvaro Obregón, mantengan el uso de suelo como área verde en la barranca de Tarango y suspendan cualquier autorización de cambio de uso de suelo con fines inmobiliarios. Asimismo, el 25 de enero de 2006, el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas necesarias para detener en forma inmediata las invasiones a las barrancas de las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Finalmente, el 22 de noviembre de 2007 la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo relativo a las barrancas localizadas en el Distrito Federal.
2. En las mismas fechas mencionadas, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados instruyó para que se turnasen a la Comisión de Distrito Federal de la LIX y LX Legislaturas, las proposiciones con punto de acuerdo en comento para su análisis y elaboración de los dictámenes correspondientes.
3. Las dos proposiciones con punto de acuerdo turnadas en la LIX Legislatura, al quedar sin ser resueltas al término de ésta, se incorporaron a los pendientes legislativos entregados a esta Comisión en la LX Legislatura.
4. La proposición con punto de acuerdo relativa a solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal y a la delegación Álvaro Obregón, mantener el uso de suelo como área verde en la barranca de Tarango y suspender cualquier autorización de cambio de uso de suelo con fines inmobiliarios, se sustenta en los siguientes argumentos:
a) Que la barranca de Tarango representa, conjuntamente con el resto de las barrancas de la delegación Álvaro Obregón, una zona de gran relevancia ambiental por constituir un sistema de control y manejo de escurrimientos pluviales y aguas fluviales, que posibilitan una importante fuente de recargas del acuífero para la cuenca del valle de México.
b) Que desde tiempos prehispánicos, estas zonas han sido fuente de arenas y gravas de origen volcánico, útiles para la construcción, mismos que al paso del tiempo han sido agotados, propiciando la destrucción de la zona, principalmente por la deforestación y excavación de minas.
c) Que la ocupación de las barrancas por asentamientos humanos, en su mayoría irregulares, han acelerado su destrucción y han agravado la condición de zona de muy alto riesgo para los asentamientos humanos.
d) Que bajo el contexto mencionado en los incisos anteriores, resulta preocupante que se pudiese autorizar algún proyecto inmobiliario como el mencionado en la proposición objeto de este dictamen, relativo a la construcción de 4 mil viviendas a cargo de la empresa Grupo Lomas, lo cual a decir de habitantes de las colonias Las Águilas, Bosques de Tarango, San Bartolo Ameyalco, Lomas Axomiatla y Villa Verdún, implicaría un grave problema ambiental y urbano para la zona.
e) Que por las razones expuestas, el diputado Suárez Carrera propone se solicite a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal y a la delegación Álvaro Obregón, mantener el uso de suelo de área verde en la barranca de Tarango, por el alto riesgo ambiental y urbano que implicaría no hacerlo. Asimismo, solicita a las autoridades delegacionales en Álvaro Obregón presentar a los vecinos de las colonias mencionadas en el inciso anterior, el programa delegacional recientemente elaborado así como el proyecto de la empresa Grupo Lomas junto con los permisos correspondientes, todo ello para que se consulte plenamente cualquier autorización de cambio de uso de suelo.
5. La proposición con punto de acuerdo relativa a exhortar al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas necesarias para detener en forma inmediata las invasiones a las barrancas de las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón, se sustenta en los siguientes argumentos:
a) Que el suelo de conservación del Distrito Federal ha sido gravemente afectado por la ocupación de asentamientos humanos regulares e irregulares.
b) Que en el Distrito Federal, en 2005, se regularizaron 252 hectáreas en suelo de conservación y que siguen ocupadas más de 2 mil 494.
c) Que tolerar esta situación genera un grave desequilibrio ambiental para la Ciudad de México y hace cómplice al Gobierno del Distrito Federal de estas afectaciones.
d) Que el daño ecológico causado a las barrancas y ríos de las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa pone en evidencia lo mencionado en los incisos anteriores.
e) Que basta con recorrer el área para comprobar a simple vista que las zonas de conservación constituidas por las barrancas en las delegaciones mencionadas en el inciso anterior, están afectadas por basura, aguas negras y asentamientos irregulares.
f) Que en el caso de la delegación Cuajimalpa sobresale lo sucedido en la barranca de El Ocote, en la cual la empresa Grupo Inmobiliario Promotor México arrasó diversos tipos de árboles y cactáceas; también, en la barranca La Providencia se construyó el conjunto habitacional residencial conocido como El Servilletero, que ha afectado gravemente a la zona; por último, en la barranca La Diferencia, se continúa construyendo irregularmente y sin respetar el uso de suelo determinado como área verde, vendiendo lotes en el centro de la barranca a un costo de entre 20 mil y 50 mil pesos, según información de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
g) Que los hechos comentados en los incisos anteriores, entre otros, propiciaron que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitiera una recomendación, para la cual solicitó información a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, misma que nunca se cumplimentó.
h) Que derivado de los hechos descritos se presupone la violación de la Ley de Desarrollo Urbano, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Construcciones y la Ley Ambiental, todos del Distrito Federal.
Asimismo, se presupone la incursión en responsabilidades por parte de las autoridades delegacionales de Cuajimalpa, dada la omisión y complacencia mostrada ante los hechos aquí descritos.
i) Que las barrancas situadas en la delegación Álvaro Obregón se encuentran en similar situación que lo descrito sobre la delegación Cuajimalpa. Por ejemplo, en la barranca La Morena, se descargan miles de metros cúbicos de tepetate para rellenar y poder construir vivienda y sobre el margen derecho del río Tacubaya se ha consolidado un enorme asentamiento irregular que descarga sus aguas negras directamente hacia ese afluente.
j) Que por todo lo mencionado, se debe exhortar al Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia detenga las invasiones a las barrancas en las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón, así como a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y a los jefes delegacionales de ambas demarcaciones territoriales para actuar de inmediato y coordinadamente para recuperar las zonas invadidas.
6. La proposición con punto de acuerdo relativa a las barrancas localizadas en el Distrito Federal, se sustenta en los siguientes argumentos:
a) Que aunque en los últimos años se han llevado a cabo acciones para impedir la ocupación de suelo en la periferia del Distrito Federal, éstas no han sido suficientes para impedir la ocupación en suelos no aptos para la localización de asentamientos humanos, tales como las barrancas, entre otros.
b) Que las barrancas son vitales para la conservación del equilibrio ecológico de la Ciudad de México por los diversos servicios ambientales que proporcionan, como la regulación del clima, la captación de agua pluvial y el amortiguamiento de la contaminación al ambiente.
c) Que actualmente las barrancas en la Ciudad de México están siendo afectadas por depósitos de basura, descargas de aguas residuales, y proliferación de asentamientos irregulares, entre otros.
d) Que aunque hay una diversidad de ordenamientos jurídicos que regulan diversos aspectos relativos a la problemática vivida en las barrancas, estos no son suficientes para normar acciones integrales que vinculen los aspectos urbanos, ambientales, sociales y económicos.
e) Que en el Distrito Federal existen 99 sistemas de barrancas en 15 microcuencas, las cuales están relacionadas entre sí y cualquier afectación sufrida en alguna de ellas afectará al sistema completo, con las consecuencias ambientales que ello implica;
f) Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal realizó, en 1998, un estudio de caracterización y diagnóstico de asentamientos humanos ubicados en las barrancas del Distrito Federal, en el cual se determinó que en 74 de ellas existían asentamientos irregulares o actividades antropógenas que repercutían directamente sobre el funcionamiento del ecosistema de la región, poniendo en peligro a la población misma allí asentada.
g) Que, considerando las razones antes expresadas, existe un vacío de autoridad para sancionar las actividades irregulares llevadas a cabo en las barrancas, así como para restaurar o compensar los daños que se ocasionan a las mismas.
h) Que, considerando la importancia ambiental, social y cultural de las barrancas, es necesario que las autoridades del Distrito Federal lleven a cabo un programa de rescate de las mismas que garantice su conservación y aprovechamiento sustentable.
i) Que, por lo expuesto en los incisos anteriores, se debe exhortar al jefe del Gobierno del Distrito Federal a cumplir con las recomendaciones hechas al respecto por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y, para que realice un estudio para precisar las características biológicas, ecológicas, sociales y económicas de las barrancas, así como una zonificación específica para usos y restricciones.

II. Consideraciones

Primera. Esta comisión considera como un tema de crucial importancia la preservación de las zonas con valor ambiental, especialmente todas aquellas catalogadas en el programa general, programas delegacionales y programas parciales de desarrollo urbano en el Distrito Federal.

Segunda. Los integrantes de esta comisión comparten las preocupaciones expresadas por los diputados proponentes en el sentido de mantener un respeto irrestricto a la zonificación y usos de suelo establecidos por los planes y programas de desarrollo urbano del Distrito Federal.

Tercera. Asimismo, esta comisión comparte la preocupación por la aplicación plena de lo establecido en la Ley de Desa-rrollo Urbano, el Reglamento de Construcciones, la Ley Ambiental y cualquier otro ordenamiento aplicable en el Distrito Federal que regule tanto la ocupación como el aprovechamiento del territorio en la entidad, determine los mecanismos a través de los cuales se deberán conservar, mitigar y remediar áreas dañadas por acciones antropógenas y establezca los lineamientos para llevar a cabo posibles modificaciones a las zonificaciones y usos de suelo determinados por los planes, programas y demás normatividad aplicable.

Cuarta. No obstante dichas coincidencias y la gravedad de los hechos narrados por los autores de las proposiciones materia del presente dictamen, no se menciona en éstas el sustento documental, ni las fuentes específicas, es decir, si los datos mencionados se obtuvieron de denuncia, investigación, resolución, informe, auditoría, inspección, verificación o peritaje, entre otros, en los que se apoyan las solicitudes de exhorto al Gobierno del Distrito Federal planteadas, lo cual se vuelve especialmente trascendente tratándose de hechos presumiblemente ilícitos.

Quinta. Por ello, con el fin de obtener información fehaciente sobre las preocupaciones de los diputados proponentes y siendo consecuentes con nuestra amplia convicción por contribuir a conservar la estabilidad ambiental y urbana en el Distrito Federal, y en particular en las zonas más vulnerables de las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón, esta comisión determina que es indispensable reunir los elementos que le permitan discernir la intervención que amerite la situación existente en la zona de barrancas de Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

Con base en los antecedentes y consideraciones señaladas, los legisladores integrantes de la Comisión del nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se solicita atentamente a los jefes delegacionales de Cuajimalpa y Álvaro Obregón, proporcionen a esta comisión la información siguiente:

a) Relación de licencias de uso de suelo y construcción otorgadas en las zonas de barrancas, en las últimas dos administraciones.
b) Diagnóstico y situación jurídica de las construcciones de particulares y de los asentamientos humanos ubicados en las áreas catalogadas como áreas verdes de valor ambiental, bosques, barrancas y zonas verdes y suelo de conservación en cualquiera de sus modalidades.
c) Acciones realizadas para impedir la ocupación irregular de la zona de barrancas, recuperar el área ilícitamente ocupada y mitigar de los efectos nocivos generados.

Segundo. Se solicita atentamente al procurador ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal proporcione a esta comisión la información siguiente:

a) La relación de denuncias de ocupación irregular en las zonas de barrancas en el Distrito Federal, particularmente en las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón en las últimas dos administraciones.
b) Las recomendaciones emitidas a cualquier autoridad del Gobierno del Distrito Federal en las dos últimas administraciones respecto de actos u omisiones derivadas de las denuncias señaladas en el inciso anterior.

Tercero. Se solicita atentamente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal proporcione a esta comisión las recomendaciones realizadas a cualquier autoridad de esta entidad, relacionadas con denuncias presentadas por violaciones al uso de suelo y ocupación irregular en las zonas de barrancas en las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón en las últimas dos administraciones y las recomendaciones que de éstas se hubieran derivado.

Cuarto. Se solicita atentamente al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal que informe a esta comisión:

a) Si existe algún programa de recuperación, mitigación y remediación de barrancas;
b) Si existe algún estudio para precisar las características biológicas, ecológicas, sociales y económicas de las barrancas, y
c) Si existe alguna zonificación específica que determine usos y restricciones, que prohíban la invasión de barrancas y protejan su entorno ecológico.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.--- Suscriben este dictamen los integrantes de la Comisión de Distrito Federal, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
La Comisión del, diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , Claudia Lilia Cruz Santiago , Christian Martín Lujano Nicolás , Victorio Rubén Montalvo Rojas , Valentina Valia Batres Guadarrama , María Elena Torres Baltazar , María Gabriela González Martínez , Guadalupe Socorro Flores Salazar , Alejandro Sánchez Domínguez , Armando Barreiro Pérez , Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez, Dora Alicia Martínez Valero , Raúl Cervantes Andrade , Eduardo Sánchez Hernández , Obdulio Ávila Mayo , Gerardo Villanueva Albarrán , Édgar Olvera Higuera (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha inscrito ningún orador. Se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.



ESTADOS DE TABASCO Y CHIAPAS

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con puntos de acuerdo relativos a la labor que realizan las Fuerzas Armadas Mexicanas en Tabasco y Chiapas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos 1, 2 fracción VII y 3 del artículo 39; párrafo 6 incisos e), f) y párrafo 7 del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 65, 66, 87, 88, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a consideración de esta soberanía el presente proyecto de dictamen bajo los siguientes

Antecedentes

En sesión celebrada el 13 de diciembre de 2007 por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el diputado Emilio Gamboa Patrón presentó --y suscrita por el diputado Juan Manuel Parás González , ambos del Grupo Parlamentario del PRI-- proposición con punto de acuerdo relativo a la labor que realizan las Fuerzas Armadas de México en los estados de Tabasco y Chiapas.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional''.

Valoración del punto de acuerdo

En su exposición de motivos, el texto del punto de acuerdo establece:

• Que en las circunstancias mas adversas y difíciles para la república, los ciudadanos hemos encontrado, en las Fuerzas Armadas, el respaldo leal y absoluto a las instituciones.
• Que el Ejército y la Armada de México han desempeñado con gallardía sus delicadas atribuciones y responsabilidades que les confiere la Constitución.
• Que la opinión pública expresa reiteradamente su confianza en una de las instituciones de mayor prestigio a nivel nacional, las Fuerzas Armadas.
• Que gran parte de los mexicanos ve en el Ejército y la Armada de México, a las instituciones que salvaguardan la tranquilidad, la seguridad pública y la paz social que México exige.

Consideraciones

En las Fuerzas Armadas son una institución constitucional de carácter permanente, en la que se deposita la seguridad y libertad de los pueblos, y cuando estas desempeñan correctamente su función, contribuyen al establecimiento de la paz y el desarrollo de las naciones.

Las Fuerzas Armadas se constituyen como un mecanismo de defensa de la soberanía e integridad territorial, lo cual es una tarea de gran trascendencia, de orgullo para quienes forman parte de estas, y jamás un asunto menor.

Es un hecho que los desastres naturales se van sucediendo con mayor frecuencia y gravedad alrededor de todo el mundo, y México no es la excepción a este fenómeno. Ante ello, el papel de las Fuerzas Armadas tiene como fin, el prestar la ayuda necesaria a quien lo necesite, y evitar con ello la desgracia humana. Así, las Fuerzas Armadas al momento de actuar no diferencian credos, género o preferencia política; la institución en una acción neutral, por el contexto que nos ocupa, vela por los mexicanos, por México.

Ante un desastre natural, la solidaridad de la raza humana es fundamental, ya que la capacidad destructiva del primero es, en la mayoría de las ocasiones, impredecible. Lo prioritario es entonces, mantener el orden, la seguridad, y la protección de la dignidad y las vidas humanas.

Una de las funciones más importantes de las Fuerzas Armadas es avalar el respeto a las garantías constitucionales de los habitantes de un país, por consiguiente, la ayuda humanitaria implica respetar el derecho a la vida, que es el más básico de los derechos humanos. Por lo que las Fuerzas Armadas estarán para auxiliar al pueblo de México, en donde sean necesarias, independientemente del lugar o de la hora que se les requiera.

Por consiguiente, las acciones de las Fuerzas Armadas no surgen, únicamente del convencimiento de que tal ayuda es obligatoria, sólo porque así lo establece una norma jurídica, sino porque, tanto damnificados (el pueblo) como benefactores (Ejército, Fuerza Aérea y Marina) son por igual miembros de la raza humana.

Sin duda, las Fuerzas Armadas del país son conscientes que la ayuda humanitaria debe ser inmediata, sostenida y así corresponder a necesidades reales de las poblaciones afectadas, para así, favorecer y no obstruir la reconstrucción de las mismas.

Un desastre natural altera el ritmo normal de vida de sus habitantes, por lo que las Fuerzas Armadas fijan su atención en el hecho concreto, sin que se dé lugar a distinciones por la fecha u hora en que ha ocurrido la desgracia ó el sitio geográfico afectado, la discriminación no es aceptable ante la catástrofe y la tragedia humana.

Para las Fuerzas Armadas, la ayuda humanitaria por causa de desastres naturales tiene un sentido netamente social y moral que es aceptado y compartido ampliamente a través del tiempo y entre las distintas naciones, por lo que tal ayuda jamás debe ser suministrada o denegada, en función de objetivos políticos. La asistencia humanitaria en casos de desastre debe tener como objetivo único y último de tal acción, el salvar vidas con rapidez, eficacia y sin discriminación alguna.

Los desastres naturales, como los ocurridos en Tabasco y Chiapas dejan a su paso muerte, angustia y desesperación, y solo asegurando cubrir las necesidades prioritarias de las víctimas de los mismos, es como puede darse lugar a la supervivencia de las mismas, y es precisamente a esto a lo que las Fuerzas Armadas se abocan ante tales escenarios.

Los miembros de las Fuerzas Armadas sacrifican su propia integridad física al realizar sus distintas misiones, con el único fin de servir a sus conciudadanos, y responder al llamado de auxilio de la población civil en casos de desastre de manera inmediata, no sólo por obligación, sino por convicción.

Las desgracias unen más a las personas, esto es un hecho que los tres niveles de gobierno deben tener presente ante un desastre natural, ya que toda acción que politice la desgracia humana, siempre será un acto procaz.

El cumplimiento del deber es en la mayoría de los casos: áspero, sinuoso e implica sacrificios, por otro lado, la disciplina militar se basa en la obediencia, el honor, la justicia y la moral, y ambos: el deber y la disciplina, subordinados al respeto a la dignidad humana y la observancia de las leyes y reglamentos, son los dos pilares donde se asienta el quehacer diario de las Fuerzas Armadas.

De igual manera, para las Fuerzas Armadas, velar por la defensa de los derechos humanos es un asunto de suma importancia, por ser estas garantes de la seguridad nacional y la integridad territorial.

No olvidemos que las Fuerzas Armadas están formadas por la raíz misma de la nación, estas, no hay duda, son el pueblo; por lo que la institución ha respondido con creces en los grandes momentos que han definido el rumbo nacional.

Los miembros de las Fuerzas Armadas han demostrado y seguirán demostrando una verdadera vocación castrense, reafirmando día a día su lealtad a la patria, lealtad atemporal, a pesar de las dificultades y riesgos que conlleva su profesión.

El alto espíritu de entrega, la permanente vocación de servicio y la probada capacidad de sacrifico de las Fuerzas Armadas, merecen el más pleno agradecimiento de la sociedad a la que sirven.

Si bien el nuevo contexto nacional requiere de adecuaciones a las leyes, a consecuencia de las nuevas circunstancias sociales, económicas y políticas que imperan en el país, estamos ciertos que las Fuerzas Armadas estarán siempre para fortalecer el estado de derecho en México.

Las Fuerzas Armadas desempeñan el papel que las condiciones del momento demanden de ellas, aun en actividades cuyas funciones normalmente sean desempeñadas por civiles. La distinción entre la acción humanitaria, de seguridad pública o militar, por parte de la institución, la determina la autoridad civil, y se actúa en consecuencia. Por consiguiente, las Fuerzas Armadas continuaran realizando las acciones que sean necesarias, ya que su función de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así se lo demanda.

Las Fuerzas Armadas evalúan su capacidad de asumir funciones y tareas civiles, mediante un enfoque integrado de la gestión de conflictos, con el fin de fortalecer al Estado.

Así entonces, las Fuerzas Armadas continuarán trabajando en un estrecho e imprescindible contacto con las autoridades civiles, por medio de un enfoque integrado intergubernamental que abarque los tres órdenes de gobierno, ya que los asuntos de Estado implican necesariamente corresponsabilidades. Las Fuerzas Armadas no sólo comprenden, son conscientes y respetan las nociones de complementariedad y de distinción que enmarcan su actuar institucional, sino que se adaptan para hacer frente a los desafíos que el Estado les demande.

Debemos ser conscientes de que si bien, hoy día en el país, las Fuerzas Armadas asumen tareas normalmente realizadas por las autoridades civiles, ello obedece a lo dispuesto en el marco jurídico castrense, y no a una decisión unilateral.

Consideramos que no se deben aminorar los empeños por enaltecer el honor de las Fuerzas Armadas, y fortalecerlas como dependencias federales, ya que el prestigio que tienen ante la sociedad, de servir a ésta sin limitaciones en los momentos más desafortunados debe prevalecer. Ayer fueron desafortunadamente los estados de Tabasco y Chiapas quienes requirieron de la ayuda de las Fuerzas Armadas, pero téngase la seguridad de que el día de mañana quien lo requiera, cuenta con las Fuerzas Armadas.

Por todo lo anteriormente expresado, la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, tiene a bien extender el más elevado reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas de México, por el cumplimiento eficaz de sus responsabilidades constitucionales, y por la salvaguarda de la paz y la tranquilidad de la república.

Con base en lo anteriormente expuesto en las consideraciones del presente proyecto de dictamen, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, se permite establecer el siguiente

Acuerdo

Primero. Es de aprobarse la propuesta con punto de acuerdo por el que se extiende el más elevado reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas de México, por el cumplimiento eficaz de sus responsabilidades constitucionales y por la salvaguarda de la paz y la tranquilidad de la República, así como por el auxilio prestado a la población civil que ha sido afectada por fenómenos naturales en los últimos meses, y recientemente en Tabasco y Chiapas.

Segundo. Se exhorta a los tres órdenes de gobierno de las 31 entidades de la federación y del Distrito Federal a extender en el ámbito de su competencia el más elevado reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas de México, por el cumplimiento eficaz de sus responsabilidades constitucionales y por la salvaguarda de la paz y la tranquilidad de la república.

Túrnese al archivo como un asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero del 2008.
La Comisión de Defensa Nacional, diputados: Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), presidente; Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Marco Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía , Roberto Badillo Martínez (rúbrica), secretarios; Gerardo Aranda Orozco (rúbrica), Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros , Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís , Javier González Garza , César Flores Maldonado , Celso David Pulido Santiago , Raúl Ríos Gamboa (rúbrica), David Sánchez Camacho , José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica), Luis Enrique Benítez Ojeda , Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza , Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

Diputado David Mendoza, ¿tiene preparada ya la modificación? No la podemos someter a votación si no nos la presenta por escrito.



DISTRITO FEDERAL

El diputado David Mendoza Arellano (desde la curul): Señora Presidenta, la retiro.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : La retira. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo con la modificación aprobada por esta asamblea al punto de acuerdo de dictamen de la Comisión de Seguridad Públicapara exhortar a los gobernadores de los estados y al jefe del Gobierno delDistrito Federala que revisen, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones para prevenir, investigar, combatir y sancionar los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas, que presentó la diputada Maricela Contreras.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo de los dictámenes a que se dieron lectura, con la modificación presentada por la diputada Maricela Contreras y que fue aprobada en votación económica por esta asamblea. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, Mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.



LEY DE VIVIENDA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Esta Presidencia recibió del diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Sergio Augusto López Ramírez , del Grupo Parlamentario del PVEM

Sergio Augusto López Ramírez , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4; 71, fracción II; 72; 73, fracciones XXIX-D y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

La escasez de agua potable es un problema cada vez mayor en México; por mencionar algunos datos, el 94% de los ríos y lagos están contaminados, 102 acuíferos están sobreexplotados, 11 millones de habitantes carecen de agua potable y 15 por ciento de la población no tiene servicios de saneamiento 1 .

Esta problemática tiene mayor impacto en las zonas rurales, pero su origen principal está en las ciudades, donde ocurren las mayores fugas, desperdicio y uso irresponsable del agua. Las fugas en la red de suministro y tuberías domiciliarias son un problema complejo de abordar; su control depende de los gobiernos locales y de los propietarios de viviendas.

Por otro lado, el uso desmedido de agua en las viviendas es un problema más sencillo de controlar, ya que las fuentes de desperdicio están bien localizadas: se calcula que del total de agua que se utiliza en las viviendas urbanas, el 40 por ciento es para los inodoros, 30 por ciento para regaderas, 20 por ciento para lavadoras de ropa y hasta 10 por ciento para fregaderos y lavabos 2 . En todos ellos se pueden implementar dispositivos ahorradores de agua, como llaves, regaderas y tanques de inodoro cuyo mecanismo controla mejor el flujo y evita el desperdicio.

El uso de estos dispositivos en las viviendas urbanas ya existentes puede impulsarse mediante campañas informativas y puede lograr un impacto positivo en el ahorro de agua; sin embargo, el mejor momento para colocarlos es durante su construcción. El uso generalizado de dispositivos ahorradores de agua en todas las nuevas construcciones generaría un gran ahorro de agua en las zonas urbanas y ayudaría a mitigar la actual escasez del líquido.

Con el objetivo de facilitar la identificación de dispositivos ahorradores de agua, la Comisión Nacional del Agua ha establecido desde 1995 varias Normas Oficiales Mexicanas, señaladas a continuación:

Norma Oficial Mexicana NOM-002-CNA-1995. Toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable. Especificaciones y métodos de prueba.
Establece las especificaciones y métodos de prueba que debe cumplir la toma domiciliaria para el abastecimiento de agua potable, con el fin de preservar el recurso hidráulico, sin alterar sus propiedades fisicoquímicas. Es de observancia obligatoria para los responsables de la fabricación y prueba de los elementos que integran la toma domiciliaria, de origen nacional y extranjero que se comercialicen dentro del territorio nacional, así como del proyecto e instalación de dichos elementos.
Norma Oficial Mexicana NOM-005-CNA-1996. Fluxómetros. Especificaciones y métodos de prueba.
Establece las especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir los fluxómetros para tazas de inodoros y mingitorios con el fin de asegurar el ahorro de agua en su uso y funcionamiento hidráulico. Es aplicable a fluxómetros de diferentes materiales de manufactura nacional y extranjera que se comercialicen dentro del territorio nacional. Corresponde a los fabricantes y proveedores de los mismos el cumplimiento de la presente Norma.
Norma Oficial Mexicana NOM-008-CNA-1998. Regaderas empleadas en el aseo corporal. Especificaciones y métodos de prueba
Establece las especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir las regaderas empleadas en el aseo corporal, con el fin de asegurar el ahorro de agua. Es aplicable a todos los tipos de regaderas existentes en el mercado de fabricación nacional e importación. Esta norma no considera el comportamiento de la regadera eléctrica, en relación con el calentamiento del agua.
Norma Oficial Mexicana NOM-009-CNA-2001. Inodoros para uso sanitario. Especificaciones y métodos de prueba.
Establece las especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir los inodoros, con el fin de asegurar el ahorro de agua en su uso y funcionamiento hidráulico. Es aplicable a los inodoros de fabricación nacional y a los de importación. Se excluyen las tapas, asientos y partes que no intervengan en su funcionamiento hidráulico, así como las letrinas, sanitarios para vehículos, sanitarios entrenadores y sanitarios que no usen agua. Corresponde a los fabricantes e importadores de los mismos el cumplimiento de la presente Norma.
Norma Oficial Mexicana NOM-010-CNA-2000. Válvula de admisión y válvula de descarga para tanque de inodoro. Especificaciones y métodos de prueba.
Establece las especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir las válvulas de admisión, las válvulas de descarga y elementos de operación y/o sello que se instalan en los tanques de inodoros, con el fin de asegurar el consumo eficiente del agua. Es aplicable a las válvulas de admisión y válvulas de descarga que se instalan en los tanques de los inodoros, de fabricación nacional y de importación que se comercialicen en territorio nacional.
Uno de los países que cuenta con legislación avanzada en materia de ahorro de agua es Estados Unidos, que en 2005 promulgó el Acta de Política Energética 3, conteniendo la Ley Nacional de Eficiencia en los Productos de Fontanería, cuyo objetivo principal es lograr ahorros considerables de agua, estables y previsibles en el tiempo, a partir de la instalación de dispositivos ahorradores en todas las obras de nueva planta y en las que sean objeto de reforma.

En México, la Ley de Vivienda contiene actualmente tres artículos que hacen referencia a las NOM y medidas para el uso eficiente de agua, aplicables en la construcción de nuevas viviendas:

Artículo 19. Corresponde a la Comisión Nacional de Vivienda:

I a XIV. ...
XV. Promover, en coordinación con las demás autoridades competentes, que la vivienda cumpla con las normas oficiales mexicanas correspondientes, de conformidad a la ley de la materia;
XVI a XXIV. ...

Artículo 81. El Gobierno Federal fomentará la utilización de insumos básicos para la construcción de vivienda, que cumplan con las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas.

Artículo 83. La Comisión promoverá el uso de materiales y productos que contribuyan a evitar efluentes y emisiones que deterioren el medio ambiente, así como aquellos que propicien ahorro de energía, uso eficiente de agua, un ambiente más confortable y saludable dentro de la vivienda de acuerdo con las características climáticas de la región.

Otra carencia detectada en la actual Ley de Vivienda, es que no se señala las instituciones responsables de vigilar el efectivo cumplimiento de las NOM aplicables en la construcción de vivienda, lo cual contribuye a que las compañías constructoras omitan su cumplimiento.

Con respecto a esta labor de vigilancia, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, señala que las delegaciones son responsables de vigilar que las viviendas cumplan lo establecido en su manifestación de construcción:

Artículo 244. Una vez registrada la manifestación de construcción o expedida la licencia de construcción especial, la Delegación y en su caso la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ejercerá las funciones de vigilancia y verificación que correspondan, de conformidad con lo previsto en la Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal y el Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que es facultad de Semarnat, la vigilancia del cumplimiento de las NOM referentes a recursos naturales:

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a IV. ...
V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes;

El objetivo principal de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) es el fomento, la coordinación, la promoción y la instrumentación de la política y el programa nacional de vivienda del gobierno federal de conformidad con la Ley de Vivienda, Ley General de Asentamientos Humanos y demás disposiciones aplicables 4 . Por lo tanto, la Conavi no está explícitamente obligada a participar en la vigilancia del cumplimiento de las NOM aplicables a la vivienda; sin embargo, la Conavi también tiene como objetivo ``busca garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias mexicanas y contribuir al desarrollo social y económico del país''; por lo tanto, debe ser partícipe en lo posible, de procurar el cumplimiento de las NOM, para impulsar un desarrollo adecuado y sustentable de las viviendas mexicanas.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista considera que las disposiciones de la Ley de Vivienda, anteriormente revisadas, no son suficientes para mitigar el desperdicio de agua en zonas urbanas; es decir, no es suficiente con promover el uso de dispositivos ahorradores de agua, sino que es necesario impulsar una vigilancia más estricta a nivel nacional, con la participación activa de la Conavi. Asimismo, es necesario aplicar esta disposición a todas las construcciones nuevas o en reforma, para lograr un ahorro significativo de agua en todo el país.

En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía sometemos a la consideración de este honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.

Artículo Único. Se reforma la Ley de Vivienda en sus artículos 19, fracción XV; 81 y 83, para quedar como sigue:

Artículo 19. Corresponde a la Comisión Nacional de Vivienda:

I a XIV. ...
XV. Promover y participar en la verificación , en coordinación con las demás autoridades estatales y municipales competentes, que la vivienda cumpla con las normas oficiales mexicanas correspondientes, de conformidad a la ley de la materia;
XVI a XXIV. ...

Artículo 81. El gobierno federal fomentará la utilización de insumos básicos para la construcción de vivienda, que cumplan con las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas. Las autoridades estatales y municipales verificarán que los insumos utilizados cumplan con dichas normas.

Artículo 83. La Comisión promoverá y participará en la verificación, en coordinación con las autoridades estatales y municipales competentes, que todas las viviendas nuevas o en proceso de reforma, cumplan con el uso de materiales y productos que contribuyan a evitar efluentes y emisiones que deterioren el medio ambiente, así como aquellos que propicien ahorro de energía, uso eficiente de agua, un ambiente más confortable y saludable dentro de la vivienda de acuerdo con las características climáticas de la región y con las normas oficiales mexicanas aplicables a dichos materiales.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.

Notas: 1 LEÓN, Fabrizio (editor). Agua, emergencia en puerta. La Jornada, edición especial. 2006. 2 ARREGUÍN-CORTÉS, Felipe. Normas Oficiales Mexicanas en materia de equipos domésticos de consumo de agua. 1º Seminario Nacional de Uso Eficiente de Energía y Agua en Organismos Operadores de Agua y Saneamiento. Boca del Río, Veracruz, 2003. www.watergymex.org/contenidos/pdf/CNA%20Presentaci%F3n%20NOM.pdf 3 Energy Policy Act of 2005. USA. www.doi.gov/iepa/EnergyPolicyActof2005.pdf 4 Página web de la Comisión Nacional de Vivienda www. conavi.gob.mx
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil ocho.--- Diputado Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Vivienda.



LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 42 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos : Con su permiso, señora Presidenta.

«Iniciativa que adiciona el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 2 al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos prevé la constitución de comisiones especiales en la Cámara de Diputados.

Este tipo de comisiones especiales por las tareas que desempeñan la mayoría de estas de investigación, requieren la participación de órganos gubernamentales para hacerse llegar de esta información, sin embargo en diversas ocasiones estas autoridades niegan la información por encontrarse catalogada como reservada o confidencial, con lo que imposibilita la función de estos órganos legislativos.

Es por esto que se propone mediante esta iniciativa que las comisiones especiales tengan acceso a la información gubernamental que soliciten incluida la que está clasificada como reservada, y para mayor claridad se transcriben los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental.

``Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda:

I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;
II. Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado Mexicano;
III. Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;
IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o
V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.

Artículo 14. También se considerará como información reservada:

I. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial;
II. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal;
III. Las averiguaciones previas;
IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado;
V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva, o
VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.

Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información a que se refieren las fracciones III y IV de este Artículo, dicha información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga.

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad...''

Así pues con esta reforma se podrá tener acceso a información protegida por el secreto bancario, fiduciario, fiscal, procesal, de seguridad nacional y otras que muchas veces es necesaria para cumplir con el mandato del pleno de la Cámara de Diputados.

Del mismo modo se establece en la reforma planteada que aquellos diputados y personal que tenga acceso a este tipo de información deberá guardar la misma reserva con la que esta clasificada, y en caso de que esto no suceda se deberá sujetar a las sanciones que establecidas por la ley de la materia.

En suma, como ya quedó claramente explicado, consideramos que es importante que las comisiones especiales cuenten con la información adecuada para el cumplimiento del objetivo para el cual fueron creadas, y estamos seguros que es con esta reforma como se podrá hacer llegar la información que necesitan estos órganos legislativos, por lo que, me permito someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un numeral 2 al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se adiciona un numeral 2 al artículo 42 de la Ley Orgánica Del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 42. ...

1. ...
2. Tratándose de los asuntos de estas comisiones las autoridades estarán obligadas a proporcionar la información que esta les solicite, tratándose de información reservada los miembros de la comisión y el personal adscrito a estas deberán guardar la misma reserva, conforme a las disposiciones aplicables.''
Transitorios

Único. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente del de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de marzo de 2008.--- Diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Valencia de los Santos.Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. No se encuentra en el salón de sesiones. Se concede el uso de la tribuna al diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Esta Presidencia saluda a los universitarios de la Escuela de Negocios de la Universidad Contemporánea de Querétaro, Cudec, y al Centro de Capacitación Alas de América, que se encuentran con nosotros. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.



LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Vamos a continuar con el siguiente. Se concede el uso de la tribuna al diputado Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez : Con su permiso, señora Presidenta.

La libertad que cada ciudadano posee por su condición de persona, no sólo implica el compromiso del respeto hacia los demás ciudadanos, donde se inscriben los límites de su actuar, para no violentar los derechos ajenos, sino que también forja la convergencia de las libertades personales que enaltecen la dignidad del ser humano.

En este contexto, la función de la ley estará precisamente en evidenciar y defender el derecho a la libertad individual. Ahora bien, en nuestro país nadie puede ser privado de su libertad sin una orden escrita y fundada, emanada de la autoridad judicial competente, salvo caso de flagrancia o de un delito con inmediata comunicación al juez.

Asimismo, toda persona debe ser informada del motivo de su detención en el acto. Así como también de los derechos que le asisten, prohibiéndose las declaraciones de detenidos ante la autoridad policial y por ningún motivo puede ser privada de comunicarse inmediatamente con quien considere conveniente.

Lamentablemente, en nuestro país las autoridades encargadas de la procuración y administración de la justicia, en la mayoría de los casos, transgreden ese derecho de libertad provocando detenciones fuera de los casos constitucional y legalmente permitidos.

Dichas detenciones arbitrarias violan no solamente el artículo 16 constitucional por cuanto que se ubican fuera de cualquier supuesto normativo para privar de la libertad a una persona, sino que también el artículo 11 de la propia Carta Magna que prevé la libertad de tránsito.

Las detenciones arbitrarias constituyen una práctica común de los agentes de la policía ministerial y de los elementos que integran los diversos cuerpos policíacos.

Cabe señala que el tema a discusión no es la detención arbitraria o las revisiones que efectúen los cuerpos policíacos, sino la vulneración de los derechos de los ciudadanos que se consuma se da la detención sin fundamento legal.

Como ejemplo, tenemos los datos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde una de cada 10 detenciones realizadas por las autoridades es arbitraria. Asimismo, de las personas detenidas, 71 por ciento no tuvo asistencia de abogado mientras estuvo privado de su libertad ante el Ministerio Público. Del 30 por ciento que sí tuvo su asistencia de abogado, la gran mayoría (70 por ciento) no pudo hablar con él a solas.

Ante el juez que conoció de la acusación en su contra, el 60 por ciento de los detenidos no fueron informados de que tenían derecho a no declarar y, por último, el 80 por ciento de los detenidos nunca habló con el juez que lo condenó.

Asimismo, muchas de las veces hemos sido testigos cómo la detención preventiva es absolutamente denigrante por las condiciones miserables en que la misma se cumple. Nuestras cárceles no rehabilitan y quien no tiene alguna influencia económica o política, está expuesto a padecer lo imposible en los centros de reclusión por los abusos que las autoridades carcelarias y los reclusos poderosos imponen.

Sobra decir que muchos de los procesos por los cuales los inculpados han estado detenidos preventivamente, terminan con sentencias absolutorias.

Y es aquí donde debemos preguntarnos, compañeros legisladores, ¿qué sucede entonces con el tiempo que esas personas permanecieron privadas de la libertad? Al final del día la autoridad que violó los principios fundamentales como la libertad y la presunción de inocencia, no cuenta el daño físico y moral que ocasionaron a la persona y a su familia con sus actuaciones.

Por lo anterior se somete a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que marca, entre otras cosas, que a través de esta iniciativa pretendemos establecer la responsabilidad de las autoridades judiciales cuando el inculpado fuera exonerado, porque no cometió delito alguno, porque el hecho no existió o porque la conducta no se constituía en hecho punible.

Proyecto de decreto. Primero. Se adiciona un artículo 12 Bis a la ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 12 Bis. El Estado indemnizará económicamente, siempre y cuando exista una resolución judicial absolutoria en la que se demuestre la presunción de inocencia a la persona que haya sido víctima de una detención indebida y que en consecuencia de esta acción se haya privado de su libertad durante un proceso judicial mayor a seis meses.

Lo anterior, independientemente de las responsabilidades penales, administrativas o civiles, a que se hiciera acreedora la autoridad responsable.

Segundo. Se reforma la fracción III y se adiciona la fracción IV al artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, diciendo así:

IV. En caso de detención indebida...

En los términos del artículo 12 Bis...

a) En caso de indemnización por detención indebida, el Estado cubrirá el equivalente a 25 mil salarios mínimos por cada reclamante afectado.

b) Además de la indemnización prevista por el inciso anterior, el reclamante tendrá derecho a que se le reinstale en un trabajo equivalente al que tenía; o bien, a uno de acuerdo con su profesión, oficio o habilidad. Asimismo, la autoridad correspondiente hará manifestación pública en el o los medios de comunicación que así lo consideren, sobre la resolución que demuestre la inocencia del inculpado.

Señora Presidenta, solicito que el contenido de esta iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates.

Por su atención, compañeros, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 12 Bis y se adiciona una fracción IV al artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Exposición de Motivos

La libertad que cada ciudadano posee por su condición de persona, no sólo implica el compromiso del respeto hacia los demás ciudadanos, donde se inscribe los límites de su actuar para no violentar los derechos ajenos, sino que también, forja la convergencia de las libertades personales que enaltecen la dignidad de la ser humano. Y en este contexto la función de la ley estará precisamente en evidenciar y defender el derecho a la libertad individual.

Ahora bien, en el país nadie puede ser privado de su libertad sin una orden escrita y fundada emanada de autoridad judicial competente, salvo caso de flagrancia o de un delito con inmediata comunicación al juez. Asimismo, toda persona debe ser informada del motivo de su detención en el acto, así como también de los derechos que le asisten, prohibiéndose las declaraciones de detenidos ante la autoridad policial y por ningún motivo puede ser privado de comunicarse inmediatamente con quien considere conveniente.

Lamentablemente en el país las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, en la mayoría de los casos, transgreden ese derecho de libertad provocando detenciones fuera de los casos constitucional y legalmente permitidos.

Dichas detenciones arbitrarias violan no solamente el artículo 16 constitucional por cuanto que se ubican fuera de cualquier supuesto normativo para privar de la libertad a una persona, sino también el artículo 11 de la propia carta magna que prevé la libertad de tránsito.

Las detenciones arbitrarias constituyen una práctica común de los agentes de la policía ministerial y de los elementos que integran los diversos cuerpos policíacos.

Cabe señalar que el tema a discusión no es la detención arbitraria o las revisiones que efectúen los cuerpos policíacos, sino la vulneración de los derechos de los ciudadanos que se consuma cuando se da la detención sin fundamento legal.

Como ejemplo tenemos los datos de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde se expone que una de cada 10 detenciones realizadas por las autoridades es arbitraria. Asimismo, de las personas detenidas, el 71 por ciento no tuvo asistencia de abogado mientras estuvo privado de su libertad ante el Ministerio Público; del 30 por ciento que sí tuvo asistencia de abogado, la gran mayoría (70 por ciento) no pudo hablar con él a solas. Ante el juez que conoció de la acusación en su contra, el 60 por ciento de los detenidos no fueron informados de que tenían derecho a no declarar y, por último, el 80 por ciento de los detenidos nunca habló con el juez que lo condenó.

Ahora bien en este mismo contexto del principio de libertad podemos encontrar que los derechos de los ciudadanos están amenazados no sólo por las detenciones, sino también por las penas arbitrarias, la presunción de inocencia no sólo es una garantía de libertad y de verdad, sino también una garantía de seguridad, de esa seguridad específica ofrecida por el estado de derecho y que se expresa en la confianza de los ciudadanos en la justicia, y de la defensa que se ofrece a éstos frente al arbitrio punitivo.

La presunción de inocencia la podemos encontrar de manera implícita en los artículos 14, párrafo segundo, 16 párrafo primero, 19 párrafo primero, 21 párrafo primero, y 102 apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desprendiéndose, por una parte, el principio del proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existan suficientes elementos incriminatorios, y seguido de un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento.

La realidad de los hechos es porque el Estado inclina la balanza hacia la culpabilidad del inculpado y le priva de su libertad, con la simple excusa de que podría sustraerse de la acción de la justicia, dejando en duda el principio de que una persona es inocente hasta tanto se compruebe su culpabilidad.

Coincido que el Estado y las autoridades en la materia penal deben velar por el interés general de la población y por la debida aplicación de la justicia. Sin embargo, la realidad nos indica que en la actualidad son muchos los que inocentemente purgan penas, a veces muy largas, bajo el pretexto que la detención preventiva es una medida precautoria en lo que se resuelve el proceso penal, que de acuerdo con la legislación no es ninguna sanción.

Asimismo, muchas de las veces hemos sido testigos como la detención preventiva es absolutamente denigrante por las condiciones miserables en que la misma se cumple. Las cárceles no rehabilitan y quien no tiene alguna influencia económica o política, está expuesto a padecer lo imposible en el centro de reclusión por los abusos que las autoridades carcelarias y los reclusos poderosos imponen.

Sobra decir que muchos de los procesos por los cuales los inculpados han estado detenidos preventivamente, terminan con sentencias absolutorias.

Es aquí donde debemos preguntarnos compañeros legisladores ¿Qué sucede entonces con el tiempo que esas personas permanecieron privadas de la libertad? Al final del día la autoridad que violó los principios fundamentales como la libertad y la presunción de inocencia, no cuenta el daño físico y moral que ocasionaron a la persona y a su familia con sus actuaciones.

Actualmente la impartición de justicia no puede seguir siendo aplicada, ni vista como un mecanismo para aumentar esas miles de historias injustas que, por el padecimiento que albergan sus víctimas, no pueden resarcirse con indemnizaciones materiales.

La intención de esta iniciativa no es ir en forma radical en contra de la detención preventiva si existe delito o circunstancias específicas que desde luego ameriten la aplicación de esta medida de aseguramiento. Lo que en realidad buscamos es que esta medida no siga siendo la regla general de las autoridades que aplican indiscriminadamente la justicia.

Es por ello que a través de esta iniciativa pretendemos establecer la responsabilidad del Estado y de las autoridades judiciales cuando el inculpado fuere exonerado porque no cometió delito, porque el hecho no existió, o porque la conducta no constituía hecho punible, otorgándole una indemnización económica y la reintegración a la sociedad. Asimismo, castigar las actuaciones del juez o magistrado aplicando un método de puntaje en contra de sus méritos para seguir haciendo carrera judicial.

El Estado debe de reconocer su incapacidad para lograr que los ciudadanos acudan al llamado de las autoridades cuando sea necesario; asimismo debe fortalecer los instrumentos con que cuentan sus agentes para rastrear a quienes deben comparecer a un proceso penal, mantenerlos dentro del país y poderlos aprehender una vez se dicte la sentencia que así lo ordene. Lo demás es atentar contra la libertad, uno de los derechos más importantes del ser humano, por el simple hecho de simplificarle la tarea a los órganos del Estado.

Por lo anterior se somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se adiciona un artículo 12 Bis a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 12 Bis. El Estado indemnizará económicamente, siempre y cuando exista una resolución judicial absolutoria en la que se demuestre la presunción de inocencia a la persona que haya sido víctima de una detención indebida, y que por consecuencia de esta acción, se haya privado de su libertad durante un proceso judicial mayor a seis meses. Lo anterior, independientemente de las responsabilidades penales, administrativas o civiles a que se hiciera acreedora la autoridad responsable.

Segundo. Se reforma la fracción III y se adiciona una fracción IV al artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 14. - Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la siguiente forma:

I. ...
II. ...
III. En el caso de muerte, el cálculo de la indemnización se hará de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil Federal en su artículo 1915, y
IV. En caso de detención indebida, en los términos del artículo 12 Bis
a) En caso de indemnización por detención indebida, el Estado cubrirá el equivalente a 25 mil salarios mínimos, por cada reclamante afectado,
b) Además de la indemnización prevista en el inciso anterior, el reclamante tendrá derecho a que se le reinstale en un trabajo equivalente al que tenía, o bien, uno de acuerdo a su profesión, oficio o habilidad. Asimismo, la autoridad correspondiente hará manifestación pública en el o los medios de comunicación que así lo considere, sobre la resolución que demuestre la inocencia del inculpado.
Transitorios

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La reglamentación y normatividad en la materia, deberá adecuarse en un plazo no mayor de 30 días, una vez publicado el presente decreto.

Diputado José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Rubén Escajeda Jiménez. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Gobernación.

Se concede el uso de la tribuna a la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma... ¿Se encuentra la diputada Elda?



LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Vamos a dar el uso de la palabra al diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

El diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo : Con su permiso, compañera diputada Presidenta.

Compañeros diputados, en México uno de los temas que han sido olvidados dentro de la agenda nacional es, sin duda, el tema de las personas discapacitadas, sus derechos y sus obligaciones. Por tanto, es momento de empezar a darle entrada a temas tan sensibles en la agenda nacional, como son los grupos vulnerables, apoyándose de las instituciones gubernamentales rectoras y en los rubros correspondientes.

El ser una persona discapacitada impide a la misma la realización de varias actividades en su forma original, por ello, los mexicanos debemos tomar conciencia acerca de la importancia que tiene apoyar a estas personas, ya que la misma sociedad es quien no valora el potencial que pueden llegar a aportar a la misma.

Cabe mencionar que no es suficiente apoyarlos con programas patrocinados por la iniciativa privada, sino es obligación de los hacedores de política legislar a favor de ellos para lograr la inclusión de las personas con capacidades diferentes dentro de la sociedad mexicana. La mayor parte de estas personas padecen desigualdad, despojo y marginación; son discriminadas; sufren pobreza e ignorancia, además de la falta de cultura existente hacia ese segmento de la población por parte del resto de la sociedad.

Todo lo anterior exige como imperativo la decisión política de los gobiernos nacionales para combatir a fondo esta situación, hasta solucionar las impostergables necesidades de este vasto sector de la población.

En tal virtud, someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., párrafo undécimo; 6o., párrafos primero, segundo y tercero; y 7o., párrafos segundo, tercero y noveno de la Ley General de las Personas con Discapacidad

Único. Se reforman los artículos 2o., párrafo undécimo; 6o., párrafos primero, segundo y tercero; y 7o., párrafos segundo, tercero y noveno de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

XI. Personas con discapacidad. Toda aquella persona que en virtud de alguna deficiencia permanente o temporal, física, mental, cognitiva, intelectual o sensorial pueda ver impedida su participación plena y efectiva en la sociedad, con igualdad de condiciones al ejercer una o más actividades de la vida diaria.

Artículo 6o. Son facultades del Ejecutivo federal en materia de esta ley, las siguientes:

I. Establecer políticas públicas conforme a las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos, en materia de personas con discapacidad, para llevar a cabo las acciones necesarias que den cumplimiento a los programas internacionales.

II. Fomentar que las dependencias y organismos de los diferentes órganos de gobierno trabajen en el desarrollo de políticas públicas que permitan la integración social, económica laboral y educativa de las personas con discapacidad en el marco de la política de Estado.

III. Establecer en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación las partidas correspondientes para la aplicación y ejecución de los programas federales dirigidos a las personas con discapacidad.

Artículo 7. Las personas con discapacidad tienen derecho a servicios públicos para la atención de su salud y rehabilitación integral. Para estos efectos, las autoridades competentes del sector salud, en su respectivo ámbito de competencia, realizarán las siguientes acciones:

I. ...

II. La creación de centros responsables de vigilar y hacer que se ejecuten los programas señalados en la fracción anterior, la cual se extenderá a las regiones rurales y comunidades indígenas.

III. Elaborar programas de educación para la salud de las personas con discapacidad, para que tengan un conocimiento integral con respecto a su discapacidad.

IX. Establecer los mecanismos para garantizar la adecuada prestación de servicios de información, orientación, atención y tratamiento psicológico, para las personas con discapacidad, sus familias y/o quienes se encarguen de su cuidado o atención.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señora Presidenta, en virtud del tiempo, pido a la Presidencia que inserte íntegro el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias, compañeros diputados.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , diputado federal por el VIII distrito del estado de Chiapas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con apoyo en lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63, del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., párrafo XI, el 6o., párrafo I, II y III, y el 7o., párrafo II, III y IX, de la Ley General de las Personas con Discapacidad, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 4 de diciembre de 2000, fue creado el acuerdo en el que se da a conocer la creación de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para las Personas con Discapacidad, (ORPISPCD), publicado en el Diario Oficial de la Federación durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada.

Dicha oficina fue creada bajo el propósito que se emitió en el acuerdo para la constitución del Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad, publicado el 13 de febrero de 2001, integrado por los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, de Salud y del Trabajo y Previsión Social, así como del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y del titular de la propia Oficina de Representación 1 .

El Consejo Nacional Consultivo constituye la instancia máxima para impulsar, orientar y vigilar que los programas sectoriales e institucionales, a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, encaucen sus esfuerzos y actividades hacia la atención y resolución de los problemas y necesidades de las personas con discapacidad, en el marco de sus respectivas atribuciones y en coordinación con la Oficina de Representación de la Presidencia de la República.

En México, uno de los temas que han sido olvidados dentro de la agenda nacional es sin duda el tema de las personas discapacitadas, sus derechos y obligaciones. Por tanto, es momento de empezar a darle entrada a temas tan sensibles en la agenda nacional como lo son los grupos vulnerables. Y sobre todo, apoyándose de las instituciones gubernamentales rectoras en los rubros correspondientes.

Exposición de Motivos

Es importante mencionar y dejar en claro lo que significa la palabra discapacitado, es ``cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la deficiencia, o como una respuesta del propio individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo'' 2 . Por otra parte, la INEGI lo define como ``aquella que presenta una limitación física o mental, de manera permanente o por más de seis meses, que le impide desarrollar sus actividades en forma que se considera normal para un ser humano'' 3.

Como podemos observar, el ser una persona discapacitada impide a la persona, de una u otra forma, la realización de varias actividades en su forma original; sin embargo, cabe aclarar que existen varios tipos de discapacidades que a continuación se mencionan.

Clasificación4
• Motriz. Se refieren a la pérdida o limitación de una persona para moverse, caminar, mantener algunas posturas de todo el cuerpo o de una parte del mismo.
• Visual. Incluye la pérdida total de la vista, así como la dificultad para ver con uno o ambos ojos.
• Mental. Abarca las limitaciones para el aprendizaje de nuevas habilidades, alteración de la conciencia y capacidad de las personas para conducirse o comportarse en las actividades de la vida diaria, así como en su relación con otras personas.
• Auditiva. Corresponde a la pérdida o limitación de la capacidad para escuchar.
• De lenguaje. Limitaciones y problemas para hablar o transmitir un significado entendible.

Con base en lo anterior, es importante mencionar que la ONU estima que más de 500 millones de personas en el mundo tienen algún impedimento físico, mental o sensorial, y alrededor del 80 por ciento de estas personas viven en los países en desarrollo 5 .

Es por ello que los mexicanos debemos de tomar conciencia acerca de la importancia que tiene apoyar al máximo a estas personas, ya que no solamente las personas con discapacidad sufren, si no que es la misma sociedad quien no valora el potencial exponencial que estas personas pueden llegar a aportar a la misma. Y que no solamente con programas patrocinados por las grandes empresas es suficiente para ayudarlos, sino que se necesita más sensibilidad política para poder legislar a favor de ellos, ya que ello haría un México mejor.

Habitualmente es muy común ver cómo a las personas con algún tipo de discapacidad se les niega la posibilidad de realizar un sinnúmero de actividades ordinarias en la vida de un ser humano, como lo son la educación, la diversión, entre otras. Y por si fuera poco, existe una pobre legislación acerca de las vías de comunicación que existen para su transportación, ya que en severas ocasiones, debida a la falta de acceso especializados para discapacitados, se ven restringidos a la entrada de edificios y transporte en general.

En México, según el censo del INEGI en el año 2000, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 1 millón 795 mil, lo que representa 1.8 por ciento de la población total. Al mismo tiempo, menciona que de cada cien personas discapacitadas, 32 la tiene porque sufrieron alguna enfermedad, 23 están afectados por edad avanzada, 19 lo adquirieron por herencia, durante el embarazo o a la hora de nacer, 18 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente, y 8 debido a otras causas.

Así como también, en el año 2000 se registraron en México un millón 795 mil personas con discapacidad, 1.8 por ciento de la población total. La proporción de hombres con discapacidad (52.6 por ciento) es mayor que la de mujeres (47.4 por ciento) 6 .

A continuación se presenta una tabla explicativa de la situación de cada una de las discapacidades en México, según el INEGI.

Tabla descriptiva de la situación de las diferentes discapacidades en México según el INEGI

• Discapacidad motriz

Los resultados del censo del 2000 indican que hay ocho personas con discapacidad motriz por cada mil habitantes en el país; es decir, poco más de 814 mil personas. De ellas, 76.2 por ciento vive en localidades urbanas y 23.8 por ciento en rurales. Cabe señalar que la mitad de la población con discapacidad motriz (50.4 por ciento) es mayor de 60 años, lo que permite suponer que ésta se encuentra asociada al proceso de envejecimiento; por otro lado, 38.5 por ciento se concentra en la población en edad de trabajar y 10.1 por ciento es menor de 15 años. En general, la principal causa que provoca esta discapacidad se relaciona con enfermedades (37.4 por ciento).

• Discapacidad visual

En el país existen cinco personas con discapacidad visual por cada mil habitantes, esto es alrededor de 467 mil personas, 50.6 por ciento son mujeres. Esta discapacidad se concentra en la población adulta y anciana; las personas menores de 30 años concentran 17.2 por ciento; de 30 a 59 años 33 por ciento y los mayores de 60 años, 48.8 por ciento. Es decir que a medida que aumenta la edad, lo hace la proporción de personas con este tipo de discapacidad. Entre las causas que la originan, 33.7 por ciento de los afectados declara la edad avanzada como la principal.

• Discapacidad mental

La proporción de personas con discapacidad mental en el país es de tres por cada mil habitantes; es decir, alrededor de 290 mil personas, 55.8 por ciento son hombres. Cabe mencionar que una cuarta parte de la población con discapacidad mental reside en el medio rural. Por otra parte, la población con discapacidad mental es en su mayoría joven, 60.6 por ciento tiene menos de 30 años de edad, el grupo de 10 a 14 años concentra 12.9 por ciento. Asimismo, más de la mitad de las discapacidades mentales (53.7 por ciento) tiene su origen en el proceso del nacimiento.

• Discapacidad auditiva

A nivel nacional existen tres personas con discapacidad auditiva por cada mil habitantes en México; esto es, 281 mil personas, 55.3 por ciento son varones. Cabe señalar que 31.2 por ciento vive en zonas rurales. En otro orden, más de la mitad de las personas con discapacidad auditiva (55.5 por ciento) son mayores de 60 años. Entre las diversas causas por las que se puede adquirir este tipo de discapacidad, 38.2 por ciento de la población afectada declara la edad avanzada.

• Discapacidad del lenguaje

En el país existen nueve personas con discapacidad del lenguaje por cada 10 mil habitantes, que significan poco más de 87 mil personas, 53.2 por ciento son hombres. El 39.2 por ciento reside en áreas rurales. Más de la mitad de la población con este tipo de discapacidad (58.1 por ciento) es menor de 30 años, 28.6 por ciento tiene entre 30 y 59 y 12.2 por ciento es mayor de 60. Respecto a las causas de esta discapacidad, 63.2 por ciento de quien la padece la atribuye a problemas ocurridos en el proceso del nacimiento.

México, a pesar de haber presentado durante los últimos años transformaciones económicas, políticas y sociales que lo han encaminado a alcanzar resultados importantes en estos rubros, requiere también de un mayor avance para combatir la pobreza y alcanzar mayores niveles de desarrollo social, atendiendo prioritariamente a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad como las personas con algún tipo de discapacidad.

Según la Organización de las Naciones Unidas existen en el mundo cerca de 600 millones de personas con alguna discapacidad, de las cuales alrededor de 10 millones viven en nuestro país.

La desigualdad, el despojo y la marginación son padecimientos de este rubro de personas en cualquier parte del mundo, además de la pobreza e ignorancia que muchas de ellas sufren.

Todo lo anterior se debe a la falta de cultura hacia este segmento de la población por parte de los miembros que constituyen una sociedad. Por ello, se vuelve imperante la decisión y acción política de los gobiernos nacionales, para hacer frente a la situación actual de las personas discapacitadas y buscar soluciones eficaces y eficientes ante las necesidades de este considerable sector de la población.

Es importante destacar que para llevar a cabo lo anterior, el gobierno federal debe establecer políticas públicas para alinear sus programas de integración y rehabilitación de personas discapacitadas, a aquellos tratados internacionales en materia de derechos humanos para este sector de la población; y así garantizar la integración social, económica, laboral y educativa para este grupo de personas.

Un elemento indispensable para lograr que la política encaminada a la integración y desarrollo de las personas discapacitadas llegue a todos y cada uno de los mexicanos que forman parte de este segmento, es a través de la creación de centros encargados de vigilar y ejecutar los programas estipulados para la mejora de calidad de vida y bienestar de los discapacitados.

Dichos centros de rehabilitación, atención e información para las personas con algún tipo de discapacidad deberán ofrecer servicios públicos de calidad en materia de salud y rehabilitación, además de ser extensivos a comunidades rurales y grupos indígenas de la sociedad mexicana. Así como también, dichos centros podrán contar con programas para la orientación y tratamiento psicológico de las personas con discapacidad y sus familias, para así poder asegurar un tratamiento integral y exitoso que permita a las personas con capacidades diferentes a afrontar mayores retos y ser parte importante de nuestra sociedad.

En tal virtud, someto a la consideración del Pleno la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los articulos 2o., párrafo XI, el 6o. párrafo I, II y III, y el 7o., párrafo II, III y IX, de la Ley General de las Personas con Discapacidad

Único. Se reforman los articulos 2o., párrafo XI, el 6o., párrafo I, II y III, y el 7o. párrafo II, III y IX, de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I...X.
XI. Persona con Discapacidad. Toda aquella persona que en virtud de alguna deficiencia, permanente o temporal, física, mental, cognitiva, intelectual o sensorial pueda ver impedida su participación plena y efectiva en la sociedad con igualdad de condiciones, al ejercer una o más actividades de la vida diaria.

Artículo 6. Son facultades del Ejecutivo federal en materia de esta ley, las siguientes:

I. Establecer políticas públicas conforme a las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos, en materia de personas con discapacidad, para llevar a cabo las acciones necesarias que den cumplimiento a los programas internacionales.
II. Fomentar que las dependencias y organismos de los diferentes órganos de gobierno trabajen en el desarrollo de políticas públicas que permitan la integración social, económica laboral y educativa de las personas con discapacidad en el marco de la política de Estado.
III. Establecer en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación las partidas correspondientes para la aplicación y ejecución de los programas federales, dirigidos a las personas con discapacidad.
IV...XIV.

Artículo 7. Las personas con discapacidad tienen derecho a servicios públicos para la atención de su salud y rehabilitación integral. Para estos efectos, las autoridades competentes del sector salud, en su respectivo ámbito de competencia, realizarán las siguientes acciones:

I...
II. La creación de centros responsables de vigilar y hacer que se ejecuten los programas señalados en la fracción anterior, la cual se extenderá a las regiones rurales y comunidades indígenas.
III. Elaborar programas de educación para la salud de las personas con discapacidad, para que tengan un conocimiento integral con respecto a su discapacidad.
IV...VIII.
IX. Establecer los mecanismos para garantizar la adecuada prestación de servicios de información, orientación, atención y tratamiento psicológico, para las personas con discapacidad, sus familias y/o quienes se encarguen de su cuidado o atención.
Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1. Presidencia de la República, México. 2. Organización Mundial de la Salud, OMS. 3. INEGI 2000. 4. INEGI 2000. 5. CINU, 2000. 6. INEGI 2000.
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 19 de febrero de 2008.--- Diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo. Insértese íntegro el texto en Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.



LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna a la diputada Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

La diputada Elda Gómez Lugo : Con su permiso y muchísimas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputada.

La diputada Elda Gómez Lugo : Compañeras diputadas y compañeros diputados, por razones de tiempo solicito atentamente a la Presidencia de esta Cámara que el texto íntegro se inserte en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates, permitiéndome leer una síntesis.

Para atender el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es imprescindible que el municipio, piedra angular y principio de la democracia mexicana, goce del ejercicio real de los derechos, recursos y capacidades que permitan fortalecer su papel de servicio al desarrollo de las personas, las familias y las comunidades como el nivel de gobierno más cercano a la sociedad.

Durante un largo trayecto, desde 1917 hasta 1999, se institucionaliza el control sobre el municipio, fundamentalmente por la determinación del mantenerlo como una simple estructura administrativa y no como un poder.

Es hasta la reforma de hace ocho años, después de casi dos siglos, en que se deja sentado en la Carta Magna que el municipio es un orden de gobierno y no un mero auxiliar administrativo de la federación.

Como en los siglos XIX, XX y lo que llevamos del XXI, los gobiernos municipales aún formalmente responsables de la administración de las ciudades, con atribuciones disminuidas y en un proceso de adaptación a su nuevo papel de administradores de una sociedad urbana, de completas relaciones sociales y complejas, ven aún lejos el papel protagónico que tuvieron en la sociedad corporativa que los vio nacer.

Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo diagnosticó que en México prevalece la brecha de inequidad en las poblaciones y comunidades indígenas, que exceden en el ámbito laboral. Este fenómeno se refleja en los mayores índices de pobreza que se registran en el ámbito rural cuya incidencia fue de 61.8 por ciento pobreza de patrimonio y superior al 47 por ciento del promedio nacional.

La experiencia de nuestro país, en los últimos 20 años, en materia de programa sociales es muy amplia. Se cuenta con la experiencia de diversos programas que de haberse contabilizado su inversión en promocionarlos, con toda seguridad que esos recursos habrían aportado significativamente más a la lucha contra la pobreza en México.

El Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad) en su momento marcó una nueva política gubernamental e invirtió una gran derrama de recursos a demandas sociales. La finalidad consistía en que el Estado atendiera el desarrollo social invitando a los grupos sociales a organizarse para definir metas, contenidos y recursos a ejercerse.

El Progresa fue calificado como un modelo ejemplar en el combate a la pobreza extrema, incluso que podría ser utilizado como modelo por las instituciones financieras internacionales para sus diversos programas en las regiones pobres del mundo.

A pesar de ello, hoy en día más de la mitad de la población continúa viviendo en una pobreza cruel, inhumana e injusta, y se puede observar que el programa del actual gobierno federal será un completo fracaso si se continúa aplicando con intereses político-electorales, y principalmente si no se complementa con otras medidas que tienen que ver con la forma de organización administrativa básica de la nación y que es el municipio.

Nuestra iniciativa propone que las políticas que nutren a Oportunidades se transformen en un verdadero instrumento descentralizado totalmente, de combate a la pobreza. Que los actuales programas, como Oportunidades, Energético, Programas de Empleo Temporal, Fonart, Programa 3 por 1 para Migrantes, Programa de Estancias Infantiles, Programa de Abasto Social de Leche Liconsa, Programa de Abasto Rural de Diconsa, Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Programa de Coinversión Social, Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres, Programa de Hábitat, Programa de Rescate de Espacios Públicos, Tu Casa, y Vivienda Rural no se constituyan en dádivas o instrumentos electorales que sólo prolongan la pobreza en el país, a partir del centralismo.

No basta entregar apoyos asistenciales, y sin el ánimo de contravenir absolutamente nada, la propuesta va en el sentido de transferir atribuciones a los municipios, que les dé la oportunidad de plantear su problemática, las formas de solución y que con toda claridad propongan presupuestos, no sólo para gasto corriente, sino para atender programas concretos que atiendan la pobreza que se vive en casi la totalidad de ellos y, sobre todo, que se constituyan en localidades de desarrollo.

Tal objetivo puede lograrse tanto con la voluntad política de todos, como con la asistencia técnica, económica y fiscal para que el nuevo orden municipal provenga de abajo hacia arriba. Es decir, desde la sociedad hacia las instituciones, como ordena la verdadera democracia.

En mérito de lo antes expuesto, esta iniciativa propone, entre varios puntos, las siguientes reformas a la Ley General de Desarrollo Social:

Artículo 17. Los municipios serán los únicos ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social y productivo, de acuerdo con las reglas de operación que se acuerden con el Ejecutivo federal, por conducto de los gobiernos de las entidades federativas, quienes, a su vez, recabarán las propuestas de sus respectivos ayuntamientos, excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal.

Artículo 24. Los recursos presupuestales asignados a los programas de desarrollo social serán ejercidos exclusivamente por los gobiernos estatales y municipales, salvo en los casos específicos que las leyes señalen y que se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En todos los casos, podrán ser complementados con recursos concurrentes entre los tres niveles de gobierno, así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado.

Artículo 26. El gobierno federal elaborará y publicará en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación y ejecución de los programas de desarrollo social, mismas que serán acordadas con las entidades federativas y en los municipios, así como la metodología y normatividad para su ejercicio.

Dichos recursos serán enterados a las entidades federativas, en proporción a las asignaciones que les correspondan, a partir de la primera quincena del mes de enero. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución de los dichos recursos a sus municipios a más tardar en la segunda quincena del mes de enero. Para estos efectos, el Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe el Congreso establecerá la calendarización para su entrega a las entidades federativas y a los municipios.

Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficiencia de los programas de desarrollo social, los municipios, con auxilio de los gobiernos de las entidades federativas y del gobierno federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán los padrones de beneficiarios que correspondan.

Asimismo, se reforman en el mismo sentido los artículos 37, 38, 42, 43 y 45 de la misma ley, previendo en los transitorios que la Federación, las entidades federativas, los municipios deberán adecuar sus disposiciones reglamentarias para hacer efectiva esta reforma en un plazo de 120 días, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención, muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa que contiene Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, de conformidad a la siguiente:

Exposición de Motivos

Para atender el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es imprescindible que el municipio, piedra angular y principio de la democracia mexicana, goce del ejercicio real de los derechos, recursos y capacidades que permitan fortalecer su papel de servicio al desarrollo de las personas, las familias y las comunidades, como el nivel de gobierno más cercano a la sociedad.

En nuestro tiempo, el municipio del Estado moderno tiene el reconocimiento del principio de su autonomía política, pero ante la realidad de su ejercicio, esta se resume solo en su expresión legal. El artículo 115 de la Constitución de 1917 define algunas características electivas y administrativas relacionadas con la autonomía de los ayuntamientos, pero siempre desde el principio de la articulación y el control central. El Congreso Constituyente estableció la libertad municipal jurídicamente, pero no especificó con precisión las características y atribuciones para su ejercicio.

Durante un largo trayecto, desde 1917 hasta 1999, se institucionaliza el control sobre el municipio, fundamentalmente por la determinación de mantenerlo como una simple estructura administrativa y no como un poder. Es hasta la reforma de hace 8 años, después de casi dos siglos, en que se deja sentado en la carta magna que el municipio es un orden de gobierno y no un mero auxiliar administrativo de la federación.

Desde esta breve reseña, podemos entender porque el municipio ha llegado al siglo XXI debilitado en sus diversos frentes. Después de las amplias atribuciones y del poder que tuvo hacia el fin de la colonia, paulatinamente fue expropiado de ellas. Sus limitadas atribuciones quedaron constreñidas a cinco áreas: preparar los procesos electorales, cobrar los impuestos que ordenara la legislatura local, gestionar la policía, administrar los establecimientos de instrucción primaria y vigilar el funcionamiento de servicios públicos y bienes comunes donde los hubiera. Además, cada una de esas funciones las ha ejercido bajo la supervisión de autoridades intermedias, que son una constante en todas las entidades federativas, en todas las áreas, programas y tipo de recursos.

La herencia histórica del federalismo evidencia la eficacia de un centralismo presidencialista en donde el municipio siempre ha perdido atribuciones y poderes, mientras que el Estado nacional asumió y mantiene aún una gran fuerza política, administrativa y económica.

En el federalismo mexicano prevalece un rígido y hermético principio de paridad de los estados. La definición de competencias no introduce un tratamiento distinto en ese campo, en función del territorio, la población, los recursos y el nivel de desarrollo. En general, se reproduce formalmente la estructura y el sistema de competencias determinado a nivel federal en todos los estados, sin consideración de la amplia diversidad y asimetría entre ellos, mucho menos reconociendo la heterogeneidad de todos los municipios del país.

Coincidimos plenamente con el maestro Jorge Carpizo, cuando señala que la naturaleza del sistema federal mexicano lleva a afirmar el peso del centralismo económico y político en detrimento de la autonomía local. Por lo tanto, es difícil señalar que existe un sistema federal de acuerdo a la concepción teórica clásica, impregnada de la corriente del derecho constitucional y administrativo, ya que su materialización es concentrada en el orden superior de gobierno.

Como en los siglos XIX y XX, en el siglo XXI los gobiernos municipales, aun formalmente responsables de la administración de las ciudades, con atribuciones disminuidas y en un proceso de adaptación a su nuevo papel de administradores de una sociedad urbana de complejas relaciones sociales, ven aún lejos el papel protagónico que tuvieron en la sociedad corporativa que los vio nacer.

Sin embargo, el desarrollo económico y la extensa agenda de marginación, pobreza y conflicto social, están planteando la necesidad de su resurgimiento.

La sociedad espera que las conquistas democráticas y el replanteamiento del federalismo se traduzcan en desarrollo económico y en bienestar social. Si nuestra democracia no genera las oportunidades para que el pueblo viva en condiciones dignas, la inconformidad y el descontento social serán consecuencia de las malas políticas y de la falta de sensibilidad de quienes encabezan el destino de las instituciones nacionales.

La Secretaría de Desarrollo Social cataloga las condiciones innegables de desigualdad que viven más de la mitad de mexicanos con distintos denominadores para los pobres, desde la pobreza extrema, la pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio, hasta la pobreza ignorada.

La atención a la pobreza debe ser globalizada incorporando programas y subsidios de alimentos, servicios de salud, vivienda, educación, servicios públicos e integración social, entre otros. El marco jurídico que de sustento a esta noble y monumental tarea, desde la Constitución federal hasta la Ley General de Desarrollo Social, deben tener como prioridad el desarrollo del municipio principalmente en dos vertientes: a) transfiriendo atribuciones a los municipios en programas que combatan la pobreza y, b) en programas municipales que contribuyan al desarrollo económico del municipio creando riqueza para el bienestar humano y material de sus pobladores.

Las últimas cifras oficiales precisan que de una población total de alrededor de 105 millones de habitantes, 50 por ciento vive en pobreza y 15 por ciento se ubica en el umbral de pobreza extrema, es decir, que viven con un dólar o menos al día.

Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo diagnosticó que en México prevalece la brecha de inequidad en las poblaciones y comunidades indígenas, que exceden el ámbito laboral. Este fenómeno se refleja en los mayores índices de pobreza que se registran en el ámbito rural, cuya incidencia fue del 61.8 por ciento (pobreza por patrimonio), superior al 47 por ciento del promedio nacional.

México ocupa el undécimo lugar entre los países con la peor distribución del ingreso entre las naciones del orbe. Un 10 por ciento de las familias que habitan en territorio nacional reciben el 36 por ciento de la riqueza del país, mientras que más de la mitad de la población viven en la pobreza. Por ello es de los países que tienen uno de los mayores niveles de desigualdad, así como una desproporción entre los niveles de vida de la población entre si y entre las regiones. De acuerdo con la evaluación de las Metas del Milenio, la ONU señala la gravedad de que un municipio como San Pedro Garza García tenga niveles similares a los de Europa, conviva con municipios en Chiapas o Oaxaca semejantes en condiciones a las del sur de África.

La experiencia del país en los últimos veinte años en materia de programas sociales es muy amplia. Se cuenta con la experiencia de diversos programas que de haberse contabilizado su inversión en promocionarlos, con toda seguridad que esos recursos habrían aportado significativamente más a la lucha contra la pobreza en México.

El Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad), en su momento marcó una nueva política gubernamental e invirtió una gran derrama de recursos a demandas sociales. La finalidad consistía en que el Estado atendiera el desarrollo social invitando a los grupos sociales a organizarse para definir metas, contenidos y recursos a ejercerse.

El Progresa (Programa de Educación, Salud y Alimentación), fue calificado como un modelo ejemplar en el combate a la pobreza extrema, incluso que podría ser utilizado como modelo por las instituciones financieras internacionales para sus diversos programas en las regiones pobres del mundo.

El actual programa que el gobierno federal utiliza para vincularse con los sectores pobres del país es Oportunidades, que consiste como lo ha definido la Secretaría de Desarrollo Social, en un programa que coordina incentivos para la educación, la salud y la nutrición. Promueve el desarrollo de capacidades de las familias en extrema pobreza, a través de una Coordinación Nacional del Programa, como órgano desconcentrado de la mencionada secretaría y su presupuesto está asignado a tres secretarías: Sedesol, SEP y Ssa, con la operatividad participativa de la SHCP y del IMSS.

A pesar de ello, actualmente más de la mitad de la población continua viviendo en una pobreza cruel, inhumana e injusta, y se puede observar que el programa del actual gobierno federal será un completo fracaso si se continúa aplicando con intereses político-electorales, y principalmente si no se complementa con otras medidas que tienen que ver con la forma de organización administrativa básica de la nación y que es el municipio.

Todos los legisladores, sin distinción de partidos, hemos escuchado la queja reiterada de los gobiernos locales en el sentido de que la distribución de los recursos financieros del programa Oportunidades se decide centralmente, sin tomar en cuenta a las comunidades y a las autoridades locales, tal y como se decidía la obra pública en los años sesenta cuando la ubicación de las escuelas se definía también desde la Ciudad de México, motivo por el cual hubo reclamos reiterados de los gobiernos de los estados para que operara la concurrencia constitucional en la materia, y por lo cual se crearon los convenios de desarrollo social para descentralizar funciones a los ordenes locales.

Asimismo, los programas sociales se encuentran frecuentemente cuestionados en su transparencia, profesionalismo e imparcialidad, por la evidencia de su utilización para inducir el voto de la ciudadanía a favor de los candidatos del partido en el gobierno, a cambio de recibir beneficios y derechos que la Constitución reconoce sin distingos ni intermediaciones políticas.

Nuestra iniciativa propone que las políticas que nutren a Oportunidades se transformen en un verdadero instrumento descentralizado totalmente, de combate a la pobreza y que los actuales programas como: Oportunidades Energético; Programas de Empleo Temporal Fonart; Programa 3 por 1 Para Migrantes; Programa de Estancias Infantiles; Programa Abasto Social de Leche Liconsa; Programa de Abasto Rural de Diconsa; Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; Programa de Coinversión Social; Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres; Programa Hábitat; Programa de Rescate de Espacios Públicos; Programas Tu Casa y Vivienda Rural, no se constituyan en dadivas e instrumentos electorales que sólo prolongan la pobreza en el país, a partir del centralismo.

No basta con entregar apoyos asistenciales, y sin el ánimo de contravenir absolutamente nada, la propuesta va en el sentido de transferir atribuciones a los municipios, que les dé la oportunidad de plantear su problemática, las formas de solución y que con toda claridad propongan presupuestos, no sólo para gasto corriente, sino para atender programas concretos que atiendan la pobreza que se vive en casi la totalidad de ellos y sobre todo que se constituyan en localidades de desarrollo; objetivo que puede lograrse, tanto con la voluntad política de todos, como con la asistencia técnica, económica y fiscal para que el nuevo orden municipal provenga de abajo hacia arriba. Es decir, desde la sociedad hacia las instituciones, como ordena la verdadera democracia.

En conclusión, el contenido de la propuesta de reforma tiene como pretensión sensibilizar a las fuerzas políticas comprometidas con un México con igualdad de posibilidades jurídicas, sociales y principalmente económicas para sus habitantes. Todo ello, a partir de que el municipio sea el centro de la política social, de acuerdo con su naturaleza social y comunitaria.

En mérito de lo antes expuesto, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la aprobación de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 17, 24, 26, 27, 32, 33, 37, 38, 42, 43 y 45 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforman los artículos 17, 24, 26, 27, 32, 33, 37, 38, 42, 43 y 45 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 17. Los municipios serán los únicos ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social y productivo, de acuerdo con las reglas de operación que se acuerden con el Ejecutivo federal, por conducto de los gobiernos de las entidades federativas, quienes, a su vez, recabarán las propuestas de sus respectivos ayuntamientos , excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal.

Artículo 24. Los recursos presupuestales asignados a los programas de desarrollo social serán ejercidos exclusivamente por los gobiernos estatales y municipales, salvo en los casos específicos que las leyes señalen y que se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En todos los casos, podrán ser complementados con recursos concurrentes entre los tres niveles de gobierno, así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado.

Artículo 26. El gobierno federal elaborará y publicará en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación y ejecución de los programas de desarrollo social, mismas que serán acordadas con las entidades federativas y los municipios, así como la metodología y normatividad para su ejercicio. Dichos recursos serán enterados a las entidades federativas, en proporción a las asignaciones que les correspondan, a partir de la primera quincena del mes de enero. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución de los dichos recursos a sus municipios a más tardar en la segunda quincena de enero. Para estos efectos, el Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe el Congreso establecerá la calendarización para su entrega a las entidades federativas y a los municipios.

Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, los municipios, con auxilio de los gobiernos de las entidades federativas y del gobierno federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán los padrones de beneficiarios que correspondan.

Artículo 37. Los estudios de del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberán hacerse con una periodicidad mínima de un año para cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal cada dos años, para lo cual deberán hacerse las previsiones presupuestarias correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática pueda llevar a cabo los censos, conteos y encuestas correspondientes.

Artículo 38. El sistema nacional es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración y concertación de los gobiernos federal, los de las entidades federativas y los municipales, así como de los sectores social y privado, que tiene por objeto:

I. a II. ...
III. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas de desarrollo productivo, con la iniciativa y las inversiones de las entidades federativas y de los municipios con los objetivos, estrategias y prioridades que cada municipio o región necesiten con apoyo de la política nacional de desarrollo social.
IV. a VI. ...

Artículo 42. Los municipios formularán, aprobarán y aplicarán sus propios programas de desarrollo social y productivo, considerando su entorno geográfico y las condiciones naturales propias de su demarcación. Los mismos serán la base para la integración de las políticas estatales y federales en la materia.

Artículo 43. Corresponde al gobierno federal, por conducto de la secretaría las siguientes atribuciones:

I. Proyectar, coordinar y cooperar con la planeación del desarrollo social y productivo a nivel nacional, estatal y municipal, conforme a las realidades, necesidades y proyectos de las entidades federativas y los municipios, de acuerdo con la Constitución y demás leyes aplicables.
II. a III. ...
IV. Diseñar, conjuntamente con los gobiernos estatales y municipales, la definición de las zonas de atención prioritaria. Los programas y apoyos para su ejecución se asignarán directamente a las autoridades estatales y municipales que se encuentren en ellas, atendiendo a sus competencias específicas;
V. a XI. ...

Artículo 45. Corresponde a los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:

I. a VI. ...
IV. Evaluar el impacto social de los programas ejecutados, en función de las condiciones socioeconómicas resultantes de las poblaciones a las que se dirigieron.
V. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social.
VI. Las demás que le señala la ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.
Transitorios

Artículo Primero. La federación, las entidades federativas y los municipios deberán adecuar sus disposiciones reglamentarias para hacer efectiva esta reforma en un plazo de 120 días, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Cumplido el plazo anterior, corresponderá a la Secretaría de Desarrollo Social, con la participación de las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, convenir la metodología y procedimientos para el traslado a las entidades federativas y municipios, de acuerdo con los programas en curso, de los recursos humanos, materiales y financieros en materia de desarrollo social, mismo periodo que no deberá exceder de un año calendario.

Artículo Tercero. Túrnese el presente proyecto de decreto al honorable Senado de la República para la continuidad de su trámite legislativo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2008.--- Diputada Elda Gómez Lugo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada Elda Gómez Lugo.Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida al diputado Herminio Cuevas, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Oaxaca, y diputados que lo acompañan. Sean ustedes bienvenidos a ésta su casa.



LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - LEY DEL BANCO DE MEXICO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, y de la Ley del Banco de México.

El diputado Jericó Abramo Masso : Con su permiso, Presidenta.

Amigas legisladoras y amigos legisladores, me da mucho gusto estar aquí en esta tribuna para presentar esta iniciativa de ley que reforma los artículos 4o., 10, fracción II, inciso a), y adiciona uno nuevo, artículo 47 Bis, y un párrafo al artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como adiciona un último párrafo al artículo 26 de la Ley del Banco de México.

Esta iniciativa, amigas legisladoras y amigos legisladores, lo que busca es que la banca en México ---que quiero decirles que en la actualidad tiene 2 billones 260 mil 941 millones 370 mil pesos de activos---, en nuestro país tenemos una banca que no está generando crédito, una banca que solamente está dando crédito al consumo.

Tenemos un gran nicho de mercado de tarjetas de crédito que se reparten como estampillas a personas que ni siquiera las solicitan, y tenemos un gran nicho de mercado de pequeños y medianos empresarios, micro, pequeños y medianos que hoy solicitan créditos para poder salir adelante y llegan a las largas filas de burocracia bancaria y no hay la oportunidad de que puedan acceder a un crédito digno.

Hoy hay miles y miles de empresas, según los registros de la Secretaría de Economía, que solicitan un crédito y tan sólo 12 por ciento de ellos pueden acceder a un crédito Pyme bajo el Programa Nacional de Pymes. Casi 88 por ciento que está precalificado y preaprobado se queda fuera porque son un nicho de tan sólo 3 mil 500 millones de pesos que autorizamos en esta Cámara.

Para poder dar certidumbre al sistema bancario nacional y al sistema económico nacional, y que podamos mantener 71.5 por ciento de los empleos en México, que son generados por estas micro, pequeñas y medianas empresas, tenemos que generar políticas que les den la oportunidad a éstas de tener desarrollo.

¿Cómo? Obligando bajo la reforma de estos artículos, a la banca nacional, a los banqueros de México, a que presten 7 por ciento de sus activos ---repito, 7 por ciento de sus activos--- y que el Banco de México supervise la aplicación de los mismos a micro, pequeñas y medianas empresas.

Esto ayudaría, dado que los activos de la banca en México, según los datos de la Asociación de Banqueros, a diciembre de 2007, fue de 2 billones 260 mil millones de pesos. Imaginemos que 7 por ciento son más o menos 145 mil, 150 mil millones de pesos; comparados con los 3 mil 500 que autorizamos en la Cámara.

Si logramos impulsar esta iniciativa, si realmente la mandamos a comisión y realmente podemos impulsar los diputado que estamos aquí y los integrantes de esta comisión, para que se pueda votar de forma seria y responsable, haciendo los análisis que se requieren hacer, podemos hacer que se preste en el corto y mediano plazos hasta 150 millones de pesos, lo que garantizaría el desarrollo del país, nos ayudarían a no sufrir tanto la recesión que nos va a pegar por nuestro vecino país del norte; nos apoyaría a que aquellas empresas micro y pequeñas que generan desde un empleo hasta 150 empleos, puedan crecer y mantener bien sus finanzas interiores.

Hoy vas a la banca, y son muy buenos para soltarte crédito al consumo, y son muy buenos para soltar crédito automotriz. Y si quieres pedir un crédito para negocio te cobran la TIE más 12 o hasta 14 puntos después de hacerte un largo, largo historial bancario.

¿Qué proponemos? Que la Banca te reciba eficientemente, que haya un nicho de mercado donde el Banco de México pueda supervisar que se entreguen los recursos de forma transparente; que pueda estar siendo medido por la Condusef; que el área de transparencia pueda estar midiendo que los bancos cumplan y que estemos midiendo por la Secretaría de Economía realmente que hay un desarrollo equilibrado en el país.

Esto lo hacen países como Chile, donde tienen casi 61 por ciento de su PIB a créditos; o Corea, que destina 94 por ciento a PIB. En México solamente 13 por ciento del PIB se destina a crédito al desarrollo. Si no motivamos el crédito al desarrollo vamos a tener que seguir dependiendo del petróleo. Motivemos el mercado interno para poder sacar adelante a nuestro país.

Hay millones de negocios allá afuera que nos piden la oportunidad de salir adelante. Nosotros, como diputados, como diputadas, tenemos la oportunidad de sacar adelante esta necesidad votando esto rápidamente en comisiones y no dejándola en la hielera.

Yo les agradecería que pudiéramos hacerlo todos de forma seria y responsable. Mandaré una copia de esta iniciativa a cada una y a cada una de mis compañeras legisladoras y de mis compañeros legisladores, para que podamos revisarla y que ustedes puedan hacerle sus comentarios y con mucho gusto los recibiremos. Yo les agradezco.

Nada más quiero citar la intervención del secretario Carstens, ya para terminar, donde en su reunión con los banqueros dijo que hay algunos... que enfrentan productos financieros rígidos, poco accesibles y de alto costo.

Un ejemplo claro de este sector de las Pyme, históricamente este sector ha carecido de acceso a los productos y servicios que se ajusten a sus necesidades financieras, lo cual ha constituido una limitante a los niveles de inversión que realizan dichas empresas. Superar este problema de su inversión permitiría que las Pyme asuman plenamente su papel como motores de crecimiento del sector real de la economía.

Lo anterior plantea la búsqueda de esquemas que fomenten la oportunidad de productos y servicios financieros para todos los segmentes de la población. Es decir, se trata de promover un sistema bancario con más jugadores e incentivar a que los participantes actuales amplíen su oferta de productos y servicios a precios más competitivos.

A mí me gustaría ver que en México tuviéramos bancos que cobraran a micro y pequeños negocios la TIE, más dos o tres o hasta siete puntos. Eso ayudaría a que las micros no fueran con agiotistas que les cobran el 10 por ciento mensual, que es el 120 por anual y ahí dejan su patrimonio, cuando los bancos tienen por primera vez en la historia recursos como nunca y podemos hacer que hoy se los presten a los mexicanos. Muchas gracias, compañeros diputados.

Gracias, Presidenta. Con su permiso.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Crédito, y del Banco de México, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta a esta soberanía la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Instituciones de Crédito, y adiciona un último párrafo al artículo 26 de la Ley del Banco de México, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

Fue hasta 1864 cuando se instaló el primer Banco en México, la sucursal del Bank of London, México and South América, en la Ciudad de México, un banco inglés; y fue en 1875 que en Chihuahua surgió el Banco de Santa Eulalia, y un poco de tiempo después en Hidalgo, se estableció el Banco de Hidalgo. Si comparamos los tiempos en que las instituciones bancarias se desarrollaron, en nuestro país tenemos un sistema bancario muy joven, lo que propone la oportunidad de establecer condiciones que aprovechen a las instituciones bancarias para que apoyen al desarrollo del país.

La definición de banco, de acuerdo con las leyes y normas establecidas, es una institución captadora de depósitos monetarios del público que serán, a su vez, prestados a clientes. Es decir, la función bancaria es, básicamente, intermediación entre el depositante y el acreditante, y cuya ganancia es otorgar una tasa de interés al depositante por su dinero menor a la que cobra al acreditante; y entre éstas, el cobro de servicios de banca y crédito. Por lo que queda claro que los países con una banca fuerte, estable, eficiente y madura, son los países con mayor nivel de desarrollo. En nuestro país, sin embargo, la historia muestra que la banca dista mucho de ser una muestra de estabilidad y eficiencia.

De acuerdo con el estudio de Leonardo Torre Cepeda, de la Universidad de Nuevo León, la modernidad bancaria en México comenzó en 1925 con la creación del Banco de México, en la cual se establece la distinción de los diferentes tipos de instituciones bancarias: comerciales, instituciones financieras auxiliares, y de desarrollo. Dentro del entonces marco legal, los bancos estuvieron bajo requerimientos legales de reservas, cajones de crédito y tasas activas y pasivas, determinadas por las autoridades del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los años de 1970 en adelante se observaron cambios importantes en su marco de operaciones. En 1970 se establece el reconocimiento legal para que un grupo bancario se integrara a través de varias instituciones de crédito con diferente tipo de especialización. En 1974, la ley permitió la fusión en una sola institución de crédito de varios tipos bancos, culminando este proceso en 1978 con el ascenso legal de la banca múltiple.

Entre los años 1978 y 1982 la banca de depósitos disminuyó de 50 a 10, mientras que la múltiple se elevó de 22 a 34 instituciones. ``La creación de la banca múltiple represento un gran avance en la liberación de la intermediación crediticia, a la vez que permitió a las instituciones mejores niveles de captación y lograr economías de escala'' (Ortiz 1994).

La banca hizo posible una adecuada diversificación de riesgos crediticios, homogenizó el régimen de encaje legal y de otras disposiciones con carácter reglamentario, facilito la oferta de nuevos productos financieros y incentivo la fusión de algunos bancos.

A raíz de la nacionalización de la banca, el gobierno dejó en un segundo término el financiamiento al sector privado, orientándose hacia el financiamiento del sector público con necesidades de gasto, pero limitadas fuentes de ingreso.

En 1982, el 72 por ciento del crédito total de la banca comercial estuvo destinado al financiamiento del sector público. En la segunda mitad de la década de 1980, el país sufre de tasas de inflación elevadas y el estancamiento económico, obligando a las autoridades a replantear su estrategia económica, ajustando su gasto, buscan elevar sus ingresos y establecen que sean las fuerzas del mercado las que dirijan la designación de los recursos. En 1988 se liberan las tasas activas y pasivas y desaparecen los cajones selectivos de crédito y, en 1989, desaparece el encaje legal.

Las reformas legales de 1990 dieron lugar a la creación de grupos financieros, permitiendo la integración, bajo una misma razón social, a bancos, casas de bolsa, aseguradoras, factoraje y arrendamiento y otras instituciones no bancarias. A la par de la privatización, el gobierno federal realizó un ajuste a sus finanzas públicas, pasando del déficit presupuestal de diez por ciento del PIB registrado en 1988, a un superávit cercano al 2 por ciento del PIB en 1992, Lo que permitió la liberación de recursos susceptibles de ser prestados al sector privado.

La iniciativa que dio autonomía al Banco de México fue aprobada en junio de 1993, publicándose el decreto el 20 de agosto de 1993. Las acciones realizadas por el gobierno federal para mejorar las finazas públicas, un banco central autónomo, mayores entradas de capital, propiciaron una expansión de créditos al sector privado de 1991 a 1994. Sin embargo, en lugar de lograr mayor fortaleza bancaria, la expansión crediticia fue acompañada por la vulnerabilidad del sector, que se reflejo en el aumento de la cartera vencida.

En diciembre de 1993, la cartera vencida, como porcentaje de la cartera total, alcanzó el 7 por ciento, y las provisiones, como porcentaje de la cartera vencida, llegaba a 40 por ciento.

Esta vulnerabilidad de la banca se atribuyó a una diversidad de factores, entre ellos el seguro implícito de cobertura total de los fondos de ahorradores, que invitó a los bancos a asumir posiciones de riesgo.

En ese contexto, la incertidumbre sobre la capacidad del gobierno federal para cumplir con los Tesobonos, y los problemas de algunos bancos para fondear y recuperar sus créditos en dólares, complicaron la renovación de líneas de crédito y la colocación de certificados de depósito denominados en moneda extranjera. La mayoría de los préstamos bancarios que se otorgaron hasta diciembre de 1994 fueron concedidos a tasa de interés variable, vinculada a una tasa líder, Cetes a 28 días.

En el Congreso, en 1998, se aprobó un amplio paquete de reformas al sistema financiero, entre las cuales destacaba la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que estableció el levantamiento gradual de la cobertura total implícita sobre los depósitos de los ahorradores (limitándola desde 2005 a 400 mil Udi por persona por institución bancaria); además se estableció la creación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario en junio de 1999. En diciembre del mismo año se aprobaron reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, con las que se removieron todas las restricciones a la participación de mercado de los inversionistas extranjeros.

En 2000 también se reformaron un conjunto de leyes encaminadas a la protección de los acreedores, que se completaron en 2003. También en el 2000 se derogó la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, y en su lugar se creó la Ley de Concursos Mercantiles, orientada a elevar la protección de los acreedores y acelerar el proceso legal de quiebras.

Entre 2001 y 2003 se introdujeron leyes y cambios adicionales para la modernización del sistema bancario, destacando la Ley para las Instituciones de Crédito y la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, canalizando una mayor proporción del ahorro nacional a través de las sistema financiero, estimulando el ahorro a largo plazo, fortaleciendo la supervisión y regulación de los bancos, así como la transparencia, competitividad y el desarrollo de nuevos productos y servicios.

Estos cambios se realizaron con la idea de fortalecer el ahorro interno, la modernización del sistema financiero en su conjunto, y para la recuperación y reactivación del crédito de la banca comercial. Sin embargo, el sistema bancario nacional no ha contribuido al desarrollo de las fuerzas productivas y el crecimiento de la economía nacional, como se esperaba.

Situación de la micro y pequeña empresa

Alan Carrasco Dávila (La micro y pequeña empresa mexicana, Observatorio de la Economía Latinoamericana, número 45, junio de 2005), sostiene que la empresa mexicana, en la actualidad, está compuesta en su mayor parte por la micro y la pequeña empresa, que conforman más del 95 por ciento del total de la industria; esto demuestra la importancia que reviste este tipo de empresas, que conforman una parte fundamental en los procesos de recuperación y de reordenamiento de la economía nacional y en el cambio estructural del aparato productivo que el país requiere.

La importancia de las micro y pequeñas empresas radica en la cantidad de establecimientos de este tipo que existen en México, pero no sólo adquieren importancia en el ámbito nacional, sino también en el internacional.

Existen institutos alrededor del mundo que enseñan, financian y promueven a micro y pequeñas empresas. Este tipo de entidades han proporcionado una de las mejores alternativas para la independencia económica, representan una gran oportunidad, a través de la cual los grupos en desventaja económica han podido iniciar y consolidarse por méritos propios.

En México las micro y pequeñas empresas comparten los siguientes rasgos: operan con escalas bajas de producción, utilizan tecnologías adaptadas, son de propiedad familiar y su financiamiento procede de fuentes propias.

En México sólo una tercera parte de la población económicamente activa tiene capacidad para contratar un crédito en el sistema financiero nacional y esta restricción es mayor para el financiamiento de la inversión empresarial. Es significativo que al finalizar el 2000, apenas 30 por ciento de las empresas mexicanas lograron contratar un préstamo bancario.

Entre los factores que más dificultan obtener el crédito bancario destacan las elevadas tasas de interés, en particular las garantías de crédito son barreras infranqueables debido a que los micro y los pequeños empresarios no disponen de inmuebles o propiedades para otorgar como garantía real.

En estas condiciones es comprensible el surgimiento de las instituciones de micro financiamiento en México dedicadas a financiar proyectos productivos de las micro y pequeñas empresas con bajos niveles de capitalización y un acceso muy limitado a los mercados financieros cuyas características han estimulado la aparición de mecanismos novedosos de financiamiento y mercados informales de crédito, en estos espacios participa una amplia gama de intermediarios como las cajas populares, las sociedades de ahorro y préstamo, las uniones de crédito, los bancos populares y otras instituciones micro financieras.

La banca comercial ha mostrado últimamente un interés de este sector empresarial; sin embargo, mantienen una prevención muy grande por otorgar créditos a sectores populares de la población que son considerados de alto riesgo.

En el estudio elaborado por Albert Berry, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2002), en su análisis sobre las condiciones de la micro y pequeña empresa en México, establece que ``la definición de micro empresa es de hasta 30 empleados en la industria, cinco en comercio y veinte en servicios''.

Los estratos de hasta 10 personas ocupadas concentraron 94.9 por ciento de las unidades económicas, 38.3 por ciento del personal ocupado total y generaron únicamente 11.6 por ciento de la producción bruta total. En particular, en el estrato de hasta dos personas ocupadas se ubicaron más de dos tercios de las unidades económicas (70.5 por ciento), una de cada 5 personas ocupadas y aportó 4.8 por ciento a la producción bruta total. Por el contrario, las empresas ubicadas en los estratos con más de 100 personas ocupadas, generaron 70.7 por ciento de la producción bruta total con 39.3 por ciento de la fuerza laboral y con menos del 1 por ciento de las unidades económicas nacionales.

Según el Censo Económico 2004 del INEGI, las micro, pequeñas y medianas empresas representaban más de tres millones de establecimientos, contribuyeron con el 40 por ciento de la inversión y el producto interno bruto nacionales, y generaron el 64 por ciento de los empleos.

Los establecimientos manufactureros micro (ocupan hasta 10 personas) representaron 90.9 por ciento de las industrias manufactureras nacional; el empleo representó 18.2 por ciento y las remuneraciones 3.9 por ciento del total del sector manufacturero.

Las microempresas de la rama panaderías y tortillerías es la que generó el mayor número de empleos, 30.9 por ciento del total, y aportó 28.6 por ciento de valor agregado censal bruto. Le siguen en importancia las de estructuras metálicas y herrerías, las cuales aportaron 13.4 por ciento de los micro negocios y emplearon 10.7 por ciento del total de trabajadores manufactureros.

Las diez ramas de actividad más importantes por el número de personas ocupadas representaron 80.1 por ciento de las unidades económicas, 77.5 por ciento de personal ocupado total, 66.6 por ciento de las remuneraciones, 68.6 por ciento de valor agregado censal bruto y 63.5 por ciento de activos fijos.

Cabe mencionar que la rama de impresión e industrias conexas tuvo una destacada participación en las remuneraciones, valor agregado y activos fijos de las micro empresas, ya que sus cifras representaron 7.6, 6.4 y 6.8 por ciento, respectivamente en esas variables.

A su vez, el Banco de México, en su reporte financiero 2006, informó que una de las tendencias que se han observado es la disminución de la importancia de la banca en el financiamiento a las empresas, siendo la colocación de valores o el acceso a fuentes externas de financiamiento, lo que ha generado entre otras cosas que la banca haya aumentado el crédito a los hogares; sin embargo, estas empresas fueron las grandes, ya que según el mismo reporte, el crédito a las pequeñas y medianas empresas, tuvieron un crecimiento del 27 por ciento en 2005 al 40 por ciento en 2006, sin embargo han sido con una tasa de interés mayor a las demás empresas, de una tasa de interés activa del 8 por ciento en 2005 a 11 por ciento en 2006, mientras que las grandes empresas disminuyeron su participación en el crédito bancario de un crecimiento del 21 por ciento en 2005 a un crecimiento del 10 por ciento en 2006, y la tasa de interés activa fue de 7 por ciento en 2005 al 8 por ciento en 2006; mientras que la tasa de interés bancario a 28 días fue del 5 por ciento en 2005 al 6 por ciento en 2006.

De acuerdo con la Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio que recaba el Banco de México, en el cuarto trimestre de 2006 los principales motivos señalados por las micro y pequeñas empresas que no obtuvieron crédito bancario fueron las altas tasas de interés y el rechazo de sus solicitudes por parte de la banca.

Conclusión

De acuerdo con lo anterior descrito, se puede observar que las micro y pequeñas empresas son factor fundamental en la generación de fuentes de trabajo, y del producto interno bruto nacional. Sin embargo este tipo de empresas enfrenta grandes obstáculos para el acceso a fuentes de financiamiento en la banca múltiple, a pesar del aumento de programas de crédito para las Pymes, lo que genera un círculo vicioso al no poder éstas acceder a su vez a nuevas tecnologías y generar nuevas relaciones con el exterior. La propia Secretaría de Economía ha reconocido el gran obstáculo que enfrenta este tipo de empresas para obtener fuentes de financiamiento.

Por lo anterior, esta iniciativa propone orientar parte de los recursos que obtiene la banca múltiple a través de los depósitos que recibe y un porcentaje de los intereses generados en la colocación de inversión en bonos de gobierno y otros instrumentos de mercado, razonando esto último a que estas instituciones otorgan un interés más bajo a sus cuentahabientes que el que reciben en las inversiones de mercado, siendo los recursos invertidos los que capta de los depósitos.

El 15 por ciento para el acceso a fuentes de financiamiento de las micro y pequeñas empresas que no participan de los créditos ofertados por la banca múltiple, garantizarían un mejor desarrollo de este tipo de empresas, que son fundamentales para el desarrollo económico del país, a través de mejorar su tecnología, sus relaciones comerciales, la profesionalización de sus trabajadores y su participación en los ingresos y salarios de la mayoría de la población.

Por lo anterior escrito, propongo a esta soberanía la siguiente iniciativa, con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Banco de México.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 4 y 10, fracción II, inciso a), y se adiciona un párrafo al artículo 65 y un artículo 47 Bis, todos de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 4o. El Estado ejercerá la rectoría del sistema bancario mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades financieras a apoyar y promover el desarrollo de todas las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, facilitando el acceso a las operaciones activas y fomentando el ahorro en todos los ciudadanos , sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios.

...

Artículo 10. Las solicitudes de autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple deberán acompañarse de lo siguiente:

I. ...
II. Plan general de funcionamiento de la sociedad que comprenda por lo menos:
a) Los programas de captación de recursos y de otorgamiento de créditos en los que se definan las políticas de diversificación de operaciones pasivas y activas, que garanticen el desarrollo de todas las fuerzas productivas del país, y el crecimiento de la economía nacional, así como los segmentos del mercado que preferentemente atenderán;
b) a d)...;
III. a IV. ....
...

Artículo 47 bis.- Con respecto a las operaciones a que se refieren las fracciones II, y VI del artículo 46, del presente ordenamiento, las instituciones de banca múltiple deberán facilitar el acceso a la micro y pequeña empresa, designado, para esto, el siete por ciento de los activos, que tengan dichas Instituciones.

Artículo 65. ...

...

Las instituciones de banca múltiple, deberán asignar el monto establecido en el artículo 47 bis, del presente ordenamiento, a las operaciones activas para la micro y pequeña empresa, que no puedan acceder a los programas de financiamiento y créditos ofrecidos, de acuerdo a las disposiciones que para tal efecto establezca el Banco de México.

....

Artículo Segundo. Se adiciona un último párrafo al artículo 26 de la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:

Artículo 26. ...

...

El Banco de México deberá garantizar, a través de las disposiciones necesarias, que las instituciones de crédito asignen, al menos, el siete por ciento de sus activos a las operaciones activas con la micro o pequeña empresa, que no puedan acceder a los financiamiento y créditos ofertados por estas instituciones, asegurando, para estas operaciones, la aplicación de la tasa de interés bancaria mas baja.

Artículo Transitorio Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputado Jericó Abramo Masso (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Jericó Abramo Masso.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los jóvenes de la escuela secundaria ESTIC 0070, de Zumpango, Estado de México. Sean bienvenidos.



LEY GENERAL DE SALUD - LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, y de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda : Con su permiso, Presidenta.

Con fundamento en la Constitución Política de México y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, y de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.

El objeto de la presente iniciativa es establecer un conjunto de disposiciones que normen aspectos sustantivos sobre la clonación y la manipulación del genoma humano. Específicamente se tipifica como delito la clonación humana para fines reproductivos; se regula la experimentación con células madre de embriones humanos y el origen de éstos para dicho propósito y, se establece la autoridad expresa de la Secretaría de Salud en materia de investigación en clonación y células troncales. Del mismo modo, se tipifica como delito la modificación del genoma humano para transmisión a descendencia, exceptuando los casos que busquen prevenir la transmisión de enfermedades hereditarias o de cualquier otra afectación a la salud físico-mental de la descendencia.

La combinación de todo o parte del genoma humano con otras especies, se precisa dentro de la prohibición de comercializar tejidos o células que también estarán fuera del comercio de los componentes de éstos, incluidos los que contienen información genética cuya infracción será sancionable con multa y se sanciona la discriminación de una persona con base en su información genética.

Es relevante indicar que hay desarrollos de investigación sobre células madre tomadas de adultos, médula ósea y piel principalmente, así como del cordón umbilical de recién nacidos, que no implican por tanto clonación ni destrucción de embriones.

Hay antecedentes, declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas, protocolos... y en diferentes países experiencias, como en Estados Unidos, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, en Canadá, en Alemania, en Francia, en España... y en nuestro país no hay disposiciones federales que prohíban la clonación humana con fines reproductivos.

Lo que se propone con esta iniciativa, que estoy solamente resumiendo, es adicionar a la Ley General de Salud una disposición que tipifique como delito la clonación humana para fines reproductivos, por el que se sancionaría tanto a quien la realice directamente como a quien la apoye con medios humanos y materiales.

Alrededor del mundo se cuentan por cientos los casos de investigación y experimentación médico-científica para la regeneración y generación de tejidos y órganos, a partir de células madre originadas por clonación, que han ayudado al desarrollo de tratamientos de enfermedades y lesiones. Por ejemplo, células nerviosas para combatir el mal de Alzheimer o parálisis, tejido del corazón o de arterias, para combatir afecciones cardiacas, piel en caso de quemaduras graves, regeneración de un hígado dañado, etcétera.

En agosto de 2005 el ISSSTE reportó haber empleado células madre provenientes de médula ósea para regenerar tejido cardiaco afectado por infarto, así como para desarrollar venas artificiales, a fin de dar irrigación perdida por venas colapsadas en pacientes con diabetes.

La clonación para fines terapéuticos minimiza la posibilidad de rechazo del tejido u órgano trasplantado, ya que las células tienen una información genética cuasi idéntica a la del receptor.

Hay ciertamente consideraciones éticas ineludibles. Torpe y vano sería el intento de eludirlas o pretender ahogarlas en una exposición estrictamente científica. Por el contrario, las cuestiones éticas deben traerse a un primer plano, sin cortapisas ni sombras.

En este sentido es claro que la clonación humana para fines terapéuticos implica la creación artificial de vida humana, que será destruida en el proceso de obtener células troncales para el desarrollo de tratamientos contra padecimientos o enfermedades. Éste es un hecho incontrovertible que no se debe encubrir con sofismas.

Acerca de la regulación de investigación y uso de células troncales humanes, se propone inicialmente distinguir entre la investigación básica y la aplicada al tratamiento de problemas de salud.

Por lo que hace a la investigación y uso de células troncales para tratamiento de enfermedades, sí se plantea que sea autorizada por la Secretaría de Salud en virtud de implicar el control sanitario sobre procesos, materiales, insumos y servicios aplicados a la salud de un individuo.

Hay consenso científico sobre los altos riesgos de modificar el código genético de la especie humana y transmitir dicha modificación a la descendencia. Esto se recoge tipificando como delito tal conducta y señalándole la pena más alta que prevé la Ley General de Salud.

La ley ya prohíbe la comercialización de órganos, tejidos y células. En esa virtud, la iniciativa plantea la necesidad de precisar que esta prohibición abarca cualquier componente de aquellos que contengan información genética, en donde se tendría que el genoma humano de los individuos, en todo o en parte, quedaría fuera del comercio.

La Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa estatuye que cualquier forma de discriminación contra una persona basada en su herencia genética está prohibida. Esta disposición es relevante ante posibles casos de denegación de oportunidades de empleo, prestación de servicios o adquisición de bienes que puede sufrir un individuo con base en un uso indebido de su información genética, de la que pudiera resultar alguna propensión a enfermedades o padecimientos.

En este orden de ideas, la iniciativa plantea adicionar la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, a fin de incluir entre las conductas discriminatorias las antes citadas, así como la consistente en solicitar o usar la información genética de un individuo para propósito diverso de la atención a su salud.

En conclusión, la intención de la presente iniciativa consiste en normar de manera eficaz todos los aspectos relacionados con la clonación terapéutica, la investigación con células troncales, así como con el genoma humano. Todos éstos, temas de suma importancia y actualidad para la ciencia, y que actualmente no cuentan con un marco jurídico que garantice su uso adecuado y evite la discriminación de las personas.

Pido, por tanto, que se inserte de manera íntegra el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates y se turne para su análisis y, en su caso, dictamen a la comisión correspondiente. Hagámoslo por la investigación, el futuro y la salud del pueblo de México, como ya sucede en otros países del mundo. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, y Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del PRI

Luis Enrique Benítez Ojeda , diputado federal de la Legislatura LX del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con arreglo en la siguiente:

Exposición de Motivos I

El objeto de la presente iniciativa es establecer un conjunto de disposiciones que normen aspectos sustantivos sobre la clonación y manipulación del genoma humano. Específicamente se tipifica como delito la clonación humana para fines reproductivos; se regula la clonación humana, limitándola a fines terapéuticos; se regula la experimentación con células madre de embriones humanos y el origen de éstos para dicho propósito; y se establece la autoridad expresa de la Secretaría de Salud en materia de investigación en clonación y células troncales.

Del mismo modo, se tipifica como delito la modificación del genoma humano para transmisión a descendencia, exceptuando los casos que busquen prevenir la transmisión de enfermedades hereditarias o de cualquier otra afectación a la salud física o mental de la descendencia; la combinación de todo o parte del genoma humano con otras especies; se precisa dentro de la prohibición de comercializar tejidos o células, que también estarán fuera del comercio los componentes de éstos, incluidos los que contienen información genética, cuya infracción será sancionable con multa, y se sanciona la discriminación de una persona con base en su información genética.

Como conceptos básicos de esta iniciativa se encuentra el de clonar que, en general, significa aislar y reproducir, por intervención humana, un gen o trozo de ADN. En el contexto que nos interesa es importante distinguir la clonación reproductiva de la no reproductiva que consiste en obtener uno o varios individuos, nacidos a partir de una célula somática (no reproductiva) o de un núcleo de otro individuo, de modo que los individuos clonados son idénticos o casi idénticos al original.

Mientras que en los animales superiores la forma de reproducción natural es la sexual, por la que dos células germinales o gametos (óvulo y espermatozoide) se unen, formando un zigoto (o huevo), que se desarrolla hasta dar el individuo adulto; en la clonación reproductiva más conocida el método consiste en obtener un óvulo no fertilizado, eliminarle el núcleo (donde está la información genética) sustituirlo por un núcleo de célula del animal adulto, e implantarlo en el útero de otro animal para llevar el embarazo.

La clonación no-reproductiva o terapéutica tiene el mismo proceso básico, pero difiere la finalidad. En este caso, una vez desnucleado el óvulo o zigoto, y sustituido por un núcleo de adulto, no se implanta en útero para su desarrollo posterior, sino que se cultiva in vitro hasta la etapa de desarrollo que correspondería a la previa a su implantación en el útero (aproximadamente una semana después de la fecundación). En este momento se interrumpe el desarrollo del embrión para obtener de él las llamadas células ``madre'', también conocidas como ``troncales''. El embrión es destruido en este proceso.

Las células madre son susceptibles de ser cultivadas por tiempo indefinido, sin avanzar a su diferenciación, por lo que se dice que son ``inmortales''. Las células madre dan lugar, mediante su diferenciación natural durante el embarazo, a todos los órganos y tejidos del cuerpo humano. Por esto se les llama ``pluripotentes''. En un ambiente de cultivo artificial, mediante los estímulos químicos apropiados, puede tener lugar ese proceso de diferenciación.

Por otra parte, es importante mencionar que también hay experimentación con células madre no-resultantes de clonación. En su mayoría se realiza sobre embriones resultantes de fertilización artificial infructuosa, o de abortos, es decir, no se trata de embriones producto de clonación. Estos estudios han impulsado la comprensión científica extensa de las células madre.

Asimismo, es relevante indicar que hay desarrollos de investigación sobre células madre tomadas de adultos (médula ósea y piel, principalmente), así como del cordón umbilical de recién nacidos, que no implican, por tanto, clonación, ni destrucción de embriones.

II

El 8 de marzo de 2005, la Asamblea General de la ONU aprobó (por 84 votos a favor, 34 en contra y 37 abstenciones) la adopción de una Declaración acerca de la Clonación Humana, por la cual se hace un llamado a los Estados miembros para prohibir todas las formas de clonación humana, en tanto sean incompatibles con la dignidad humana y la protección de la vida humana. México votó a favor de la propuesta. La declaración tuvo lugar tras infructuosos esfuerzos de lograr la aprobación de una Convención, que hubiera tenido fuerza vinculante. La declaración no tiene tal obligatoriedad.

En 1997 se adoptó la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos, de carácter no vinculante, que en su artículo 11 prohíbe ``prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, tales como la clonación reproductiva de seres humanos''.

La Convención del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y Biomedicina (1997) prohibió en su artículo 13 la modificación genética hereditaria (transmisible a descendientes) y admite la modificación del genoma humano sólo para fines preventivos, de diagnóstico o terapéuticos. Su artículo 18 prohíbe la creación de embriones por clonación, al hacer ilegal la creación de embriones solamente para propósitos de investigación. La ratificación de la convención tiene lugar cuando los países establecen la legislación nacional que le desarrolla. No todos los estados han procedido a ello.

En 1998 se abrió a firmas un protocolo adicional a la Convención, relativo a la Prohibición de Clonar Seres Humanos, la que prohíbe ``cualquier intervención que busque crear un ser humano genéticamente idéntico a otro ser humano, sea vivo o muerto''. Además, su artículo 11 dispone que ``Cualquier forma de discriminación contra una persona basada en su herencia genética esta prohibida.'' En su artículo 12 establece que los exámenes genéticos predictivos sólo podrán llevarse a cabo para propósitos de salud o investigación científica. Igualmente, en su artículo 14 dice que no podrán usarse técnicas para elegir el sexo de un infante futuro, excepto cuando se trate de evitar una enfermedad hereditaria grave asociada a un sexo.

III

En Estados Unidos de América, no existen leyes federales que prohíban la clonación humana; tampoco hay sistemas federales de licenciamiento para la investigación u operaciones comerciales relacionadas con embriones humanos y material genético. El Congreso ha fracasado en intentos recientes para hacerlo, mayormente por la injerencia de los ``lobbies'' de la industria biotecnológica (pro-clonación terapéutica) y antiaborto (pro-prohibición absoluta). Tanto la Oficina de Alimentos y Medicamentos (FDA) como los Institutos Nacionales de Salud tienen autoridad para aprobar proyectos de investigación que involucren embriones y material genético, pero sólo en cuestiones técnicas y sin consideraciones éticas. Por su parte las legislaciones estatales sí tocan el tema con diversos enfoques.

Por otra parte, en el Reino Unido de la Gran Bretaña se prohíbe la clonación reproductiva. Tiene establecida la Autoridad en Fertilización y Embriología Humana (HFEA) desde 1991, cuyas funciones principales son autorizar y monitorear los tratamientos clínicos sobre fertilización in vitro, inseminación de donantes, almacenamiento de óvulos, esperma o embriones, así como la autorización y monitoreo de cualquier investigación sobre embriones humanos. De acuerdo a un reporte de prensa ( 9 de febrero de 2005) la HFEA autorizó al creador de la oveja ``Dolly'' la clonación de embriones humanos para investigar la curación de afecciones relacionadas con neuronas motrices, clones que serían formados a partir de células de pacientes.

En cuanto a Canadá, la Ley sobre Reproducción Humana Asistida regula un amplio conjunto de temas. Esta ley prohíbe la clonación reproductiva y la no reproductiva, pero permite la investigación sobre células madre de embriones creados y no utilizados en procedimientos de fertilización artificial. La autoridad en la materia es la Agencia de Reproducción Humana Asistida.

Respecto al uso de embriones, en Alemania existe la ``Embryonenschutzgesetz'' (Ley de Protección del Embrión), que entró en vigor en enero de 1991. Esta ley solamente permite el diagnóstico o el análisis de un embrión para su propio beneficio y con el objetivo de implantarlo individualmente en el útero de la madre con vistas a quedar embarazada. Así, el uso de embriones en la investigación médica es ilegal en Alemania.

En Francia, la Ley sobre Bioética de julio de 1994 prohíbe totalmente la experimentación basada en embriones humanos. Sin embargo, existe una excepción a esta regla: se permite la investigación si ésta es útil para el embrión y no lo daña, y si los progenitores dan su consentimiento.

En España existen normas jurídicas directamente aplicables (leyes 35/1988, de 22 de noviembre, de técnicas de reproducción asistida y 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos, y el Convenio de derechos humanos y biomedicina, del Consejo de Europa, así como importantes sentencias del Tribunal Constitucional.

Esta normativa autoriza a investigar con embriones no viables, con lo cual el problema principal se centra en el concepto de viabilidad. La discusión estriba en si los embriones sobrantes, que han pasado el plazo legal de utilización y que han sido apartados de cualquier proyecto parental deben ser considerados no viables, puesto que sus posibilidades de desarrollarse en un tanque de nitrógeno líquido son nulas. La Comisión Nacional de Reproducción Asistida y el Observatorio de Bioética y Derecho y diversos grupos científicos se han pronunciado a favor de esta opción.

IV

En nuestro país no hay disposiciones federales que prohíban la clonación humana con fines reproductivos. En este sentido, tampoco está tipificada como delito a nivel federal. La Secretaría de Salud es autoridad en materia de planificación familiar e investigación para la salud, incluyendo aspectos reproductivos, al tenor de la Ley General de Salud, pero esta competencia es difusa en materia de clonación. Dicha ley requiere la previa autorización de la Ssa para la extracción, análisis, conservación (bancos), preparación y suministro de células reproductivas. Está prohibida la comercialización de células (incluye las reproductivas) y tejidos (incluye los embrionarios), sancionable con multa.

Un ejemplo reciente del interés que hay en el país por el desarrollo de investigaciones relacionadas con el genoma humano es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, organismo público descentralizado de la administración pública federal, que tiene como objetivo principal la regulación, promoción, fomento y práctica de la investigación y aplicación médica del conocimiento sobre el genoma humano para mejorar la salud de los mexicanos, y que entre sus atribuciones tiene la realización de estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo tecnológico y básicas en las áreas de su especialidad, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud.

El decreto de creación de este instituto fue aprobado por la Cámara de Senadores el 27 de abril del año 2004, después de un intenso y enriquecedor debate no sólo entre los legisladores, sino también entre miembros destacados de la comunidad médica y científica, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio del mismo año.

V

En cuanto a la prohibición de la clonación reproductiva, se atiende a la Declaración aprobada por la Organización de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 2005, que indica en su párrafo b):

``Los Estados miembros son llamados a prohibir todas las formas de clonación humana, en tanto sean incompatibles con la dignidad humana y la protección de la vida humana.''

Si bien es cierto que la disposición no es obligatoria para el Estado mexicano, también lo es que la propuesta atiende, además, las proclamas del sector científico. Por ejemplo, en septiembre de 2003, la Academia Mexicana de Ciencias se sumó al pronunciamiento de 59 academias nacionales y 4 multinacionales, que estableció: ``Las academias nacionales de ciencias de todas partes del mundo se unen para apoyar la prohibición mundial de la clonación reproductiva de seres humanos ...''

De la misma manera, en los Estados Unidos de América, un panel conjunto del Comité de Ciencia, Ingeniería y Políticas Públicas de las Academias Nacionales, así como de la Junta sobre Ciencias de la Vida, emitió un reporte en el año 2002 donde recomienda la prohibición absoluta de la clonación humana para fines reproductivos, basado en hallazgos científicos y médicos que demuestran su alta peligrosidad en especies animales en las que se ha realizado (consistente en la elevada tasa de abortos, de mortalidad de la cría y de la madre, de anormalidades y enfermedades, entre otras).

En este sentido, se propone adicionar a la Ley General de Salud una disposición que tipifique como delito la clonación humana para fines reproductivos, por el que se sancionaría tanto a quien la realice directamente como a quien la apoye con medios humanos o materiales.

VI

En lo relativo a la regulación de la clonación no reproductiva para fines terapéuticos, la declaración no vinculante de la ONU llama a ``prohibir todas las formas de clonación humana, en tanto sean incompatibles con la dignidad humana y la protección de la vida humana''. El caso de la clonación no reproductiva para fines terapéuticos cumple perfectamente con el sentido de esta apelación, por cuanto no atenta contra la dignidad humana y la protección de la vida, sino que busca, precisamente, preservar la vida humana y mejorar su condición.

Alrededor del mundo se cuentan por cientos los casos de investigación y experimentación médico-científica para la regeneración y generación de tejidos y órganos a partir de células madre originadas por clonación, que han ayudado al desarrollo de tratamientos de enfermedades y lesiones, por ejemplo:

• Células nerviosas, para combatir el mal de Alzhaimer o parálisis.
• Tejido del corazón o de arterias, para combatir afecciones cardíacas.
• Piel, en caso de quemaduras graves.
• Regeneración de un hígado dañado, entre otras.

La investigación médica es, en general, incipiente y presenta distintos grados de avance, según la complejidad de la regeneración. En agosto de 2005, el ISSSTE reportó haber empleado células madre provenientes de médula ósea para regenerar tejido cardíaco afectado por infarto, así como para desarrollar venas artificiales, a fin de dar irrigación perdida por venas colapsadas en pacientes con diabetes.

La clonación para fines terapéuticos minimiza la posibilidad de rechazo del tejido u órgano trasplantado, ya que las células tienen una información genética cuasi-idéntica a la del receptor. Al respecto, debe explicarse que el sistema natural de defensa del organismo humano combate los elementos que detecta como extraños. Esto produce el fracaso de muchos trasplantes o el desarrollo de padecimientos como el cáncer. Al evitarse el rechazo, debido a la identidad genética de lo trasplantado, este riesgo se minimiza.

El sector científico se ha pronunciado por apoyar la clonación humana para fines terapéuticos. Así, por ejemplo, en el llamado de 59 academias nacionales y 4 multinacionales del 2003, a que se ha hecho referencia antes, además de apoyar la prohibición de la clonación humana reproductiva, ``... al mismo tiempo hacen un llamado para excluir de esta prohibición la clonación para la obtención de células troncales embrionarias con fines terapéuticos y de investigación.''

Asimismo, el reporte citado de las Academias Científicas de los EUA expuso: ``... las consideraciones científicas y médicas que justifican una prohibición de la clonación humana reproductiva en este momento, no son aplicables al transplante de núcleos para producir células madre (clonación no reproductiva). Por su considerable potencial para el desarrollo de nuevas terapias médicas para enfermedades que amenazan la vida y para el avance del conocimiento, el panel apoya la conclusión de un reciente reporte de las academias nacionales que recomienda que sea permitida la investigación biomédica que usa el transplante de núcleos para producir células madre. Se alienta un amplio diálogo nacional en esta materia, sobre aspectos sociales, religiosos y éticos.''

Hay ciertamente consideraciones éticas ineludibles. Torpe y vano sería el intento de eludirlas o pretender ahogarlas en un exposición estrictamente científica. Por el contrario, las cuestiones éticas deben traerse a un primer plano, sin cortapisas ni sombras. En este sentido, es claro que la clonación humana para fines terapéuticos implica la creación artificial de vida humana que será destruida en el proceso de obtener células troncales para el desarrollo de tratamientos contra padecimientos o enfermedades. Este es un hecho incontrovertible que no se debe encubrir con sofismas.

También es cierto que el estado actual del conocimiento científico hace ineludible seguir dicho proceso para poder obtener los medios que permitan beneficiar a aquellos seres humanos cuyo potencial de vida se ve disminuido por la enfermedad.

Ante este panorama, se apoya la clonación humana para fines terapéuticos, porque el deber de un Estado Social y, en última instancia, de la civilización, es favorecer una vida digna para sus habitantes, donde el desarrollo humano no se mide solamente por la longevidad, sino por la calidad de vida, de una vida libre sí de carencias elementales, pero también libre de enfermedad, de dolor, de muerte prematura, de males prevenibles y remediables.

También es menester decir que la clonación humana para fines terapéuticos es el camino necesario a seguir para lograr la mejor comprensión de procesos biológicos que impulsen el avance científico a un estadio donde la vida humana incipiente no sea más un medio para la conservación de una vida humana plena.

VII

Acerca de la regulación de investigación y uso de células troncales humanas, se propone, inicialmente, distinguir entre la investigación básica y la aplicada al tratamiento de problemas de salud. Para la primera, solamente se pide sea notificada a la Secretaría de Salud, sin que tenga que ser autorizada por ésta. Ello evitará innecesarias trabas al desarrollo de la investigación, pero permitirá a la autoridad estar al tanto de los trabajos realizados.

Por lo que hace a la investigación y uso de células troncales para tratamiento de enfermedades, sí se plantea que sea autorizada por la Secretaría de Salud, en virtud de implicar el control sanitario sobre procesos, materiales, insumos y servicios aplicados a la salud de un individuo.

En este sentido, se exige contar con la autorización del paciente y, habida cuenta de que el material genético puede provenir de un tercero, también se requiere que ese tercero manifieste su consentimiento. Para los casos de menores de edad, incapaces o mayores de edad que no estén en aptitud de manifestar su voluntad, se plantea que podrá externarse a través de un representante legal o, a falta de éste, del familiar más próximo. En esto se sigue el ejemplo que la Ley General de Salud da en su artículo 103 para los casos de tratamientos novedosos.

Asimismo, se consideró indispensable regular el origen de las células troncales empleadas en la investigación o tratamiento. En el proyecto se propone, por una parte, que las resultantes de clonación humana cumplan con los requisitos exigidos por la ley, y que en la iniciativa se establecen en los artículos 103-1 y 103-2.

Además, se requiere que en los demás casos las células troncales solamente puedan obtenerse de embriones resultantes de procesos infructuosos de fertilización asistida o de abortos espontáneos o realizados con base en una causa legal. De esta forma, se excluye la posibilidad de que puedan crearse embriones humanos para el solo propósito de la investigación.

Igualmente, se establece que para el uso de embriones de los que se obtengan células troncales, deberá contarse con el consentimiento de quienes hayan solicitado la fertilización asistida o de la mujer que haya sufrido un aborto espontáneo o a la que se le haya practicado uno con base en causa legal. En caso de que sea menor de edad se requerirá la autorización de su representante legal.

En caso de que quienes hayan solicitado la fertilización asistida no puedan otorgar su autorización, ya sea porque se desconozca su paradero o bien por falta de respuesta después de dos consultas hechas por escrito, bastará con que dicha situación se haga constar en acta circunstanciada para que proceda la autorización.

VIII

Hay consenso científico sobre los altos riesgos de modificar el código genético de la especie humana y transmitir dicha modificación a la descendencia. Esto se recoge, tipificando como delito tal conducta y señalándole la pena más alta que prevé la Ley General de Salud.

Por tanto, se hace excepción respecto de las modificaciones transmisibles a descendencia que tengan como propósito evitar enfermedades hereditarias o cualquier otra afectación a la salud física o mental de la descendencia. En este caso se deberá contar con la autorización de la Secretaría de Salud.

IX

En esta iniciativa se prevé la prohibición de combinar el genoma humano con el de otras especies biológicas, pues es un tipo de investigación que la ciencia ha rechazado unánimemente. En la iniciativa se plantea mediante la tipificación de esta conducta como un delito, sancionable con la pena más alta prevista en la Ley General de Salud.

X

La Ley General de Salud ya prohíbe la comercialización de órganos, tejidos y células. En esa virtud, la iniciativa plantea la necesidad de precisar que esta prohibición abarca cualquier componente de aquéllos que contenga información genética, de donde se tendría que el genoma humano de los individuos, en todo o en parte, quedaría fuera del comercio.

Concomitantemente, se establece que siempre será gratuito el otorgamiento u obtención de células o información genética de éstas para la investigación o tratamientos derivados de la clonación humana, de células troncales o sobre la modificación del genoma humano.

XI

Como se ha indicado, la Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa estatuye que: ``Cualquier forma de discriminación contra una persona basada en su herencia genética esta prohibida.'' Esta disposición es relevante ante posibles casos de denegación de oportunidades de empleo, prestación de servicios (como seguros de salud o gastos médicos) o adquisición de bienes, que puede sufrir un individuo con base en un uso indebido de su información genética, de la que pudiera resultar alguna propensión a enfermedades o padecimientos.

En este orden de ideas, la iniciativa plantea adicionar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de incluir entre las conductas discriminatorias las antes citadas, así como la consistente en solicitar o usar la información genética de un individuo para propósito diverso de la atención a su salud.

XII

Por lo que hace a las reformas a la Ley General de Salud, los artículos que se propone reformar esta iniciativa son: 327, 421 y 462; asimismo, se propone adicionar los siguientes: 103-1, 103-2, 103-3, 103-4, 103-5, 103-6 y 103-7 Se modifica la estructura del Título Quinto, denominado ``Investigación para la Salud'', cuyo actual Capítulo Único pasa a ser Capítulo Primero, con el nombre de ``Disposiciones Generales''.

Se adiciona también un Capítulo Segundo que se denominará ``Investigación en clonación humana terapéutica, células troncales humanas y modificación del genoma humano''. Este capítulo establece la facultad de la Secretaría de Salud de autorizar la investigación en clonación humana, solamente para fines terapéuticos. Asimismo, define lo que se entenderá por clonación humana, estableciendo que es el transplante de núcleos somáticos a óvulos enucleados. Se establecen de esta manera, los supuestos en que procederá la autorización de la Secretaría de Salud, así como los requisitos para que se pueda otorgar. Al final del mismo, también se define el genoma humano como la información genética contenida en las células humanas.

Por otro lado, se refiere a la investigación en células troncales humanas conducente al tratamiento de una persona enferma, estableciendo los requisitos para su autorización por la Secretaría de Salud, cuando ésta se requiera. Este nuevo capítulo aborda también los lineamientos que deberán observarse en relación con el origen de las células troncales de embriones.

En cuanto a la investigación para modificar el genoma humano o la modificación misma, su autorización por la Secretaría de Salud sólo podrá darse cuando tenga como propósito prevenir la transmisión de enfermedades hereditarias o cualquier otra afectación a la salud física o mental de la descendencia.

La reforma al artículo 327 prohíbe el comercio de órganos, tejidos y células, o de cualquier parte de éstos, incluidos los componentes que contienen información genética.

Los artículos 421 y 462 establecen sanciones por la violación a diversas disposiciones de la misma ley, así como para aquellos que lleven a cabo una clonación humana para fines de reproducción; que modifiquen el genoma humano y lo transmitan a un descendiente, excepto en los casos en que se trate de prevenir enfermedades hereditarias u otras afectaciones a la salud física o mental; que combine en cualquier proporción el genoma humano con el de otras especies biológicas; o que apoye directa o indirectamente con recursos humanos o materiales conductas prohibidas por la propia ley.

XIII

En cuanto a las reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la reforma al artículo 4o. incluye dentro de la definición de discriminación, la distinción, exclusión o restricción que, basada en la información genética individual, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Asimismo, en el artículo 9o. se consideran como conductas discriminatorias, solicitar o usar la información genética de una persona para propósito distinto de la atención a su salud; y negar a una persona el acceso a un empleo, servicio o adquisición de bien, en razón de su información genética.

XIV

En conclusión. La intención de la presente iniciativa consiste en normar de manera eficaz todos los aspectos relacionados con la clonación terapéutica, la investigación con células troncales, así como con el genoma humano, todos éstos, temas de suma importancia y actualidad para la ciencia y que actualmente no cuentan con un marco jurídico que garantice su uso adecuado y evite la discriminación de las personas.

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación:

Artículo Primero. Se reforman los artículos 327, 421 y 462; se adicionan los artículos 103-1, 103-2, 103-3, 103-4, 103-5, 103-6 y 103-7, se modifica la estructura del Título Quinto ``Investigación para la Salud'', cuyo actual Capítulo Único pasa a ser Capítulo Primero ``Disposiciones Generales'' y se adiciona un Capítulo Segundo ``Investigación en clonación humana terapéutica, células troncales humanas y modificación del genoma humano'', todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Título Quinto Investigación para la Salud Capítulo Primero Disposiciones Generales

...

Capítulo Segundo Investigación en clonación humana terapéutica, células troncales humanas y modificación del genoma humano

Artículo 103-1. La Secretaría de Salud podrá autorizar la investigación en clonación humana, únicamente para fines terapéuticos.

Para efectos de esta Ley se entiende por clonación humana el transplante de núcleos somáticos a óvulos enucleados.

Artículo 103-2.- La Secretaría de Salud podrá dar la autorización a que se refiere el artículo 103-1, cuando se cumplan los supuestos previstos en uno o ambos de los siguientes apartados:

A. Se trate de investigación médica que contribuya a solucionar problemas de salud que se consideren prioritarios para la población, a juicio de la Secretaría de Salud.

B. Corresponda al tratamiento de una persona enferma, y esté dirigido a salvar su vida, restablecer su salud o disminuir su sufrimiento, y se satisfagan los siguientes requisitos:

I. Deberá contarse con el consentimiento por escrito del paciente, cuando éste sea mayor de edad;
II. Deberá contarse con la autorización de la persona o personas mayores de edad, cuyas células o información genética sean empleadas en la clonación.

En caso de que cualquiera de las personas indicadas en las fracciones anteriores sea menor de edad, incapaz, o siendo mayor de edad no esté en posibilidad de manifestar su consentimiento, bastará el expresado por su representante legal o, a falta de éste, del familiar más cercano en vínculo.

Artículo 103-3. La investigación en células troncales humanas distinta de la indicada en el artículo 103-4 de la ley no requerirá autorización de la Secretaría de Salud, pero deberá notificarse a ésta con antelación a su inicio y de manera periódica hasta su conclusión.

Artículo 103-4. La investigación en células troncales humanas conducentes al tratamiento de una persona enferma, así como el tratamiento, podrán ser autorizados por la Secretaría de Salud, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I. Deberá contarse con el consentimiento por escrito del paciente, cuando éste sea mayor de edad;
II. Deberá contarse con la autorización de la persona o personas mayores de edad, cuyas células o información genética sean empleadas en la generación de células troncales;

En caso de que cualquiera de las personas indicadas en las fracciones I y II anteriores sea menor de edad, incapaz, o siendo mayor de edad no esté en posibilidad de manifestar su consentimiento, bastará el expresado por su representante legal o, a falta de éste, del familiar más cercano en vínculo.

Artículo 103-5. En relación con el origen de las células troncales de embriones deberá observarse:

I. Las provenientes de clonación humana deberán obtenerse de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103-1 y 103-2;
II. Cuando no provengan de clonación humana, solamente podrán emplearse las de embriones resultantes de procesos infructuosos de fertilización humana asistida o de abortos espontáneos o realizados con base en una causal legal. En estos casos, se deberá contar con la autorización escrita de:
a) La persona o personas que hayan solicitado la fertilización asistida, o
b) De la mujer a que haya sufrido un aborto espontáneo o a la que se le haya practicado el aborto fundado en causa legal. En caso de que sea menor de edad, se requerirá la autorización de su representante legal.

En caso de que la persona o personas que hayan solicitado la fertilización asistida no puedan otorgar su autorización, por desconocerse su paradero o bien por falta de respuesta de su parte, previa notificación que se les haga por escrito, dicha situación se hará constar en un acta circunstanciada para que proceda la autorización.

Artículo 103-6. La Secretaría de Salud podrá autorizar la investigación tendente a modificar el genoma humano, o la realización de tal modificación, únicamente cuando tengan como propósito prevenir la transmisión de enfermedades hereditarias o cualquier otra afectación a la salud física o mental de la descendencia.

Artículo 103-7. En los casos previstos en el presente capítulo deberán observarse las disposiciones del Capítulo inmediato anterior, las demás aplicables de la ley y las normas que dicte la Secretaría de Salud.

Artículo 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células, o de cualquier parte de éstos, incluidos los componentes que contienen información genética. La donación de éstos con fines de trasplantes, se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.

El otorgamiento u obtención de células o información genética de éstas para los procesos de investigación en clonación terapéutica, en células troncales o de modificación del genoma humano, así como para los tratamientos derivados de éstos, únicamente podrá hacerse a título gratuito.

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de cuatro mil hasta diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 100, 101, 103-1, 103-2, 103-3, 103-4, 103-5, 103-6, 122, 125, 126, 146, 193, 205, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 235, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 254, 255, 256, 264, 266, 276, 277, 277 bis, 281, 289, 293, 298, 306, 308 bis, 309, 309 bis, 317, 325, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 348, primer párrafo, 365, 367, 375, 400 y 411 de esta ley.

Artículo 462. Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate:

I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos;
II. Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos incluyendo la sangre, cadáveres, fetos o restos de seres humanos;
III. Al que trasplante un órgano o tejido sin atender las preferencias y el orden establecido en las listas de espera a que se refiere el artículo 336 de esta ley;
IV. Al que lleve a cabo una clonación humana para fines de reproducción;
V. Al que habiendo modificado el genoma humano en cualquier medida, realice algún acto tendente a que dicho genoma modificado se transmita a un descendiente, independientemente de si se realiza o no la concepción o de si llega a nacer o no el producto, excepto en los casos en que se trate de prevenir enfermedades hereditarias u otras afectaciones a la salud física o mental y se cuente con la autorización previa de la Secretaría de Salud;
VI. Al que combine en cualquier proporción el genoma humano con el de otras especies biológicas, y
VII. Al que apoye directa o indirectamente con recursos humanos o materiales a quien realice cualquiera de las conductas previstas en las fracciones IV, V y VI de este artículo.

En el caso de la fracción III, se aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

Para los efectos de la fracción IV se entiende por clonación humana el transplante de núcleos somáticos a óvulos enucleados.

Para los efectos de las fracciones V y VI, se entiende por genoma humano la información genética contenida en las células humanas.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 4o., en su primer párrafo, y se adicionan las fracciones XXVIII-1 y XXVIII-2 al artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, información genética individual, o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

...

Artículo 9o. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:

I. a XXVIII. ...
XXVIII-1. Solicitar o usar la información genética de una persona para propósito distinto de la atención a su salud;
XXVIII-2. Negar a una persona el acceso a un empleo, servicio o adquisición de bien, en razón de su información genética, y
XXIX. ...
Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días naturales siguientes a los de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero del 2008.--- Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Luis Enrique Benítez Ojeda.Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables.



LEY GENERAL DE EDUCACION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Ector Jaime Ramírez Barba, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por el ponente, por la diputada María Gabriela González Martínezy el diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Ector Jaime Ramírez Barba : Muchas gracias, señora Presidenta. Con su venia.

Honorable asamblea, para nadie es un secreto que la obesidad constituye un problema de salud pública que se incrementa con una velocidad alarmante. Es un problema de salud multifactorial y, como tal, debe ser combatida. Los estudios internacionales sobre políticas públicas en educación para la salud afirman que la colaboración entre múltiples factores es necesaria para el eficaz desarrollo de intervenciones de educación para la salud.

Sin embargo, en algunos casos la cooperación entre autoridades educativas y sanitarias se realiza de manera incompleta por la falta de claridad entre facultades, atribuciones y ámbitos de competencia.

El caso que llama poderosamente la atención es el de la alimentación en las escuelas ante la epidemia de obesidad infantil que afecta cada vez más a nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Las escuelas juegan un papel clave en el mejoramiento de la salud de las niñas y los niños y, por ende, en los futuros adultos. Generalmente los niños y adolescentes asisten cinco días a la semana durante todo el año escolar a los planteles escolares, sean públicos o privados.

El sistema educativo mexicano tiene una amplia cobertura pues tiene colegios en comunidades de todas las entidades federativas, de toda clase social, económica y étnica. Además de los conocimientos de orden académico, los estudiantes también aprenden pautas sociales y culturales que determinan el estilo de vida y la salud.

Dentro de las escuelas se ofrecen alimentos en las llamadas ``cooperativas'', que expenden un gran número de productos, muchos de ellos con un elevado contenido energético que no corresponde ni a la edad, ni a la talla, ni a la actividad física de los alumnos.

Del mismo modo existe poca disponibilidad de frutas y verduras, así como en muchas de ellas incluso hay ausencia de agua potable para su consumo. Un dato alarmante nos señala que la ingesta durante el horario escolar puede llegar a la mitad del requerimiento mínimo diario de 800 a mil 300 calorías.

Hoy los escolares en México, compañeros diputados, tienen más oportunidades de comer que para hacer ejercicio, por lo que su actividad física es limitada dentro y fuera de la escuela. La publicidad dirigida a los niños es otro asunto que nos ocupa en la presente iniciativa por las razones siguientes: los productos alimentarios dirigidos a niños han aumentado de manera constante, de 52 productos que había en 1994 a casi 500 en 2004.

De 80 al 97 por ciento de los productos alimenticios dirigidos a los niños son de calidad nutricional baja. Además, en promedio, un niño recibe casi 40 mil impactos de anuncios por año, 72 de los cuales son para promover cereales y dulces.

Los niños y las niñas con obesidad, diabetes e hipertensión entran en un círculo de enfermedad perpetua, por lo que indudablemente se verán excluidos de las oportunidades que tienen los niños sanos, ya que la salud, la educación y la alimentación tienen un reflejo en todos los aspectos de la vida.

La Ley General de Educación establece, en la fracción VIII de su artículo 75, que se considerarán infracciones de quien preste el servicio educativo, realizar o permitir que se realice publicidad dentro del plantel escolar, que fomente el consumo, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de alimentos.

La redacción de la ley vigente es, por decir lo menos, inadecuada para combatir el problema de la obesidad infantil. La actividad de las llamadas ``cooperativas escolares'' no está regulada por ninguna disposición a excepción de lo que señala la Ley de Educación, citada con antelación.

El 16 de abril de 1982 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de Cooperativas Escolares; sin embargo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública informó que este reglamento ha dejado de tener aplicación, y que en la práctica dichas cooperativas se regulan por disposiciones administrativas.

Como es evidente, la Ley General de Sociedades Cooperativas no hace mención a las cooperativas escolares, por lo que en ausencia de un ordenamiento jurídico que rija su actividad, resulta indispensable que la Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Salud establezcan las directrices para el correcto funcionamiento de las llamadas ``cooperativas escolares''.

Por estos motivos que se señalan en el texto de la iniciativa y que solicito, señora Presidenta, que se inserte en su totalidad en el Diario de los Debates, sometemos a su consideración el presente proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 75 de la Ley General de Educación

Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 75 de la Ley General de Educación

Para quedar como sigue:

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos...

VIII. Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo.

La publicidad y comercialización de alimentos y bebidas quedará sujeta a las disposiciones de la Ley General de Salud.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Combatir la obesidad infantil es una obligación de todos nosotros. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados María Gabriela González Martínez , Ector Jaime Ramírez Barba y Francisco Javier Gudiño Ortiz , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, María Gabriela González Martínez , Ector Jaime Ramírez Barba , y Francisco Javier Gudiño Ortiz , Diputados Federales de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, 73 fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa por la que se reforma y adiciona la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación permite que los individuos y las sociedades se beneficien de ella. Para las personas, el beneficio potencial reside en la mejor calidad de vida a la que pueden acceder y las sociedades mejoran por los dividendos económicos sostenidos de una población instruida, que a la vez satisface la demanda de empleo. Naturalmente, los países se ven beneficiados por el crecimiento económico y el desarrollo de los valores compartidos entre la sociedad, lo cual permite construir el capital social que enfatiza la cohesión social.

Por supuesto que para que la educación rinda los frutos esperados deben prevalecer ciertas condiciones que permitan su florecimiento. Entre los principales elementos que deben observarse está la salud, y la alimentación; de hecho uno de los principales programes de desarrollo social se sustenta en proveer de estas tres esferas a los más desprotegidos para que con ello puedan romper el círculo vicioso de la pobreza, e insertarse en una dinámica virtuosa que los impulse al desarrollo personal y colectivo.

Uno de los objetivos de este conocido programa, es romper con las condiciones que generan la pobreza, de tal suerte que se generen las oportunidades del desarrollo.

Así pues, se comprende que si las personas no gozan de cabal salud, o si no tienen una alimentación sana y nutritiva, o si no reciben una educación que los instruya, capacite, estimule e incremente sus conocimientos y habilidades, no serán capaces de insertarse exitosamente en su vida laboral, con lo cual repercutirá en su calidad de vida.

De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo aborda el tema sanitario y educativo en el eje de política social denominado ``igualdad de oportunidades''. Esta estrategia establece que sólo asegurando la igualdad de oportunidades en salud, educación, alimentación, vivienda y servicios básicos, las personas podrán participar activamente en esta economía dinámica y aprovechar los beneficios que ésta les ofrece. 1

En ese sentido, la colaboración entre múltiples actores es necesaria para el eficaz desarrollo de políticas públicas de educación para la salud, sin embargo en algunos casos la cooperación entre autoridades educativas y sanitarias se realiza de manera incompleta por la falta de claridad entre facultades, atribuciones y ámbitos de competencia. El caso que llama poderosamente la atención es el de la alimentación en las escuelas ante la epidemia de obesidad infantil que afecta cada vez a más a niños, niñas y adolescentes mexicanos.

Las escuelas juegan un papel clave en el mejoramiento de la salud de los niños y niñas y, por ende, en los futuros adultos. Generalmente, niños y adolescentes asisten cinco días a la semana durante todo el año escolar a los planteles escolares, y además de los conocimientos de orden académico, los estudiantes también aprenden pautas sociales y culturales que determinan el estilo de vida y la salud. 2

Bajo esta óptica, y en un universo de más de 25 millones de estudiantes en educación básica en el país, resulta conveniente contar con una norma que permita e instrumente los mecanismos idóneos para mejorar la nutrición de los educandos y sobre todo de proveer de espacios donde se brinde alimentación y actividades complementarias.

Los estudiantes necesitan estar en buenas condiciones físicas y mentales para tener un mejor rendimiento escolar; la falta de alimentos en cantidad y calidad suficiente, los problemas de salud y un entorno físico inadecuado, hacen que la atención y la capacidad de aprendizaje disminuyan, produciendo como consecuencia bajo rendimiento escolar y deserción.

El sector educación ofrece la enorme oportunidad para formar hábitos y conductas saludables en los educandos y en sus comunidades; aunado a ello el niño es un agente de cambio que con los conocimientos y habilidades necesarias puede influir en el autocuidado de su salud, la de su familia y la de su comunidad. 3

En toda América Latina se han desarrollado programas de salud escolar. El problema es que han sido programas con un enfoque vertical tanto en contenidos como en metodologías.

La desnutrición en los estudiantes tiene como resultado niveles de actividad reducidos, interacciones sociales reducidas, disminución de curiosidad, y disminución en el funcionamiento cognitivo. Por otro lado, el sobre peso y la obesidad constituyen problemas de salud pública por su frecuencia en la población.

Las prevalencias de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años y en adolescentes en México ascienden a 26 por ciento (4.1 millones de escolares) y 31 por ciento (5.7 millones de adolescentes), respectivamente. 4

Muchos estudios se concentran en las relaciones entre el desayuno y el aprendizaje en niños de edad escolar; otros investigadores identificaron la importancia de la nutrición en edades más tempranas. Los niños de edad escolar que desayunan salen mejor en exámenes de aptitudes que aquellos niños que no desayunan

El entorno escolar tiene hoy en día una importancia decisiva en la salud y la educación de los pequeños. Actualmente, el 42 por ciento de los alumnos de primaria, y en menor porcentaje los de preescolar y secundaria, ingieren la mayor parte de sus alimentos en la escuela. Los nutricionistas destacan la importancia de este servicio, porque la edad escolar es una etapa decisiva para fomentar la adquisición de conocimientos y hábitos alimenticios que perdurarán en la vida adulta.

Ante ello, las Comisiones de Salud de ambas Cámaras en la LX Legislatura, han estudiado a fondo el problema y como parte de esta revisión se convocó a expertos sanitaristas en materia de nutrición, sobrepeso y obesidad, así como a la industria alimentaria; y entre las principales conclusiones de este ejercicio se encuentran las siguientes:

• La transición epidemiológica y nutricional ha provocado un rápido incremento de enfermedades crónicas no transmisibles y obesidad, provocando que el problema adopte una magnitud epidémica.
• El problema del sobrepeso y obesidad infantil es multifactorial (factores genéticos, sociales, culturales, educativos, económicos, agrarios, comerciales, publicitarios, de consumo) y ubicuo pues se suscita en diversos entornos en los que es posible intervenir (hogar, trabajo, escuela).
• La probabilidad de que un niño obeso lo siga siendo en edad adulta es de 50 por ciento, y si es adolescente, aumenta hasta 70 por ciento.
• El sobrepeso y obesidad infantil es una enfermedad y factor de riesgo para enfermedades crónicas, principales causas de morbilidad y mortalidad.
• La obesidad infantil y del adolescente deteriora la calidad de vida de los menores; cuando la obesidad es severa ésta se equipara incluso a la de pacientes con cáncer.
• La publicidad es un factor clave del problema pues fomenta conductas de consumo que al arraigarse en la cotidianeidad del menor, fomentan patrones alimentarios y de consumo de riesgo.
• El menor consume gran parte del aporte calórico diario en la escuela, donde la legislación educativa, ha creado un estado excepcional para la publicidad y comercio de alimentos.
• En las llamadas ``cooperativas escolares'' y al exterior de los planteles escolares, se ofrecen a los estudiantes, alimentos de elevada densidad calórica (antojos mexicanos, dulces, refrescos y comida instantánea);
• La alimentación en este entorno escolar se caracteriza por alta disponibilidad de alimentos densamente energéticos y bebidas azucaradas; poca disponibilidad de frutas y verduras; ausencia de agua potable; la ingesta durante el horario escolar puede llegar a la mitad del requerimiento diario (800 a mil 300 kilocalorías); los escolares en México tienen más oportunidades para comer que para hacer ejercicio por lo que su actividad física es limitada, dentro y fuera de la escuela.
• En cuanto a la publicidad y oferta de alimentos los productos alimentarios dirigidos a los niños han aumentado de manera considerable de 52 productos en 1994 a casi 500 en 2004); y de 80 a 97 por ciento de los productos alimenticios dirigidos a niños son de calidad nutricional baja.

Los niños y niñas con obesidad, diabetes e hipertensión, entran en un círculo de enfermedad perpetua y apuntalan la probabilidad de muerte a corto y mediano plazo, por lo que indiscutiblemente no gozan de la misma igualdad de oportunidades que las personas sanas.

Si bien es cierto que la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo, así como las leyes de la oferta y la demanda, protegen las actividades de comercio en el entorno escolar, la magnitud del problema obliga a adoptar medidas de regulación y colaboración que permitan armonizar el derecho a la protección de la salud con el derecho que establece el artículo 5o. constitucional.

Por otro lado, además de las conclusiones derivadas de los foros, el análisis y revisión de la Ley General de Educación, reguladora de la prestación del servicio educativo y de la Ley General de Salud, moderadora de la materia sanitaria, nos lanza una paradoja que ubicamos en el artículo 75 de la primera.

Ley General de Educación

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

VIII. Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de alimentos;
IX. Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos;
La contradicción es evidente por las siguientes dos razones:
La nutrición y alimentación son materia de salubridad general, y su normativa está contenida en los siguientes artículos de la Ley General de Salud (LGS), misma que dedica un capítulo completo a tan relevante tema sanitario. Dicho de otro modo, la nutrición y alimentación, como objeto de regulación corresponden al ámbito sanitario, y en el caso el entorno físico obesigénico es la escuela. A continuación los artículos de la LGS, que confirman el anterior aserto:
Ley General de Salud Título Primero Disposiciones Generales

Artículo 3

En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

XIII. La educación para la salud;
XIV. La orientación y vigilancia en materia de nutrición;
XV. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre;
XVIII. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;
XXVII. El control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios a que se refiere esta ley;
XXX. Las demás materias que establezca esta ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional.
Título Tercero Prestación de los Servicios de Salud

Artículo 27

Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición, y
X. La asistencia social a los grupos más vulnerables.
Título Cuarto Recursos Humanos para los Servicios de la Salud

Artículo 79

Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Título Séptimo Promoción de la Salud

Artículo 111

La promoción de la salud comprende:

II. Nutrición;
III. Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud;
V. Fomento sanitario

Artículo 112

La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;
II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgos de la automedicación, prevención de la farmacodependencia, salud ocupacional, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez y detección oportuna de enfermedades.
Capítulo III Nutrición

Artículo 114.- Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del gobierno federal.

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado.

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición;
II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.
III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud;
IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.
V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población;
VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo;
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
VIII. Proporcionar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.
Título Décimo Segundo Control Sanitario de Productos y Servicios y de su Importación y Exportación

Artículo 199 Bis. Las instituciones que tengan por objeto recibir la donación de alimentos y el suministro o distribución de los mismos con la finalidad de satisfacer las necesidades de nutrición y alimentación de los sectores más desprotegidos del país, quedan sujetas a control sanitario y, además de cumplir con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables, deberán:

...

Artículo 215. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Alimento: Cualquier substancia o producto, sólido o semisólido, natural o transformado, que proporcione al organismo elementos para su nutrición;

Los promoventes consideramos que el entorno escolar debe ser el escenario en el que prestadores de servicios educativos sean corresponsables de la nutrición de los estudiantes, pues son ellos quienes colaboran en la construcción de los conocimientos, conductas y actitudes alimenticias de los estudiantes.

De lo anterior se desprende que es necesario establecer ciertas normas encaminadas a mejorar la nutrición de los educandos, así como incorporar dentro de las facultades de las autoridades educativas, que en la medida de lo posible provean de comedores o desayunadores escolares.

A manera de síntesis, esta iniciativa propone la inclusión que como fin tendría la educación, de fomentar una cultura de nutrición a favor del desarrollo cognitivo y físico de los estudiantes del país.

Ello en razón de que una alimentación sana y balanceada coadyuva al robustecimiento del alumno y le permitirá hacerse de los nutrimentos necesarios no sólo para su crecimiento físico sino para tener la energía necesaria para el desgaste intelectual y académico.

La iniciativa también considera necesario que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud fijen los lineamientos para la instalación de tiendas o cooperativas escolares. Lo anterior toda vez que es necesario que existan reglas claras y congruentes respecto a la instalación, operación y disolución de las tiendas y cooperativas escolares, así como la relativa a la venta de alimentos en los establecimientos que se ubican dentro de las escuelas.

De conformidad con lo anterior la SEP no solamente será la encargada de instrumentar una cultura sobre la importancia de una nutrición integral sino que también marcará los requerimientos mínimos necesarios para hacer que los espacios alimenticios sean higiénicos, dignos, decorosos y funcionales.

Así la instalación, operación y disolución de las tiendas y cooperativas escolares estará bajo los lineamientos de las autoridades educativas y sanitarias en un marco de coordinación.

La salvedad que el artículo 75 de la Ley General de Educación hace respecto a los alimentos se juzga inadecuada e incompatible a los esfuerzos que despliega la familia, el sistema educativo y sanitario para fomentar buenas conductas alimenticias y prevenir o combatir la obesidad del menor. De este modo, las actividades publicitarias y comerciales de alimentos y bebidas en los centros escolares serán normadas bajo el enfoque de salud pública.

Finalmente y como parte de una cultura de participación y corresponsabilidad entre gobierno y gobernados, la presente iniciativa contempla la participación de los consejos de participación social, toda vez que éstos colaborarán en la vigilancia y supervisión de la normatividad que la Secretaría establezca para la instalación, operación y disolución de las tiendas y cooperativas escolares que se encuentren en los establecimientos escolares del sistema educativo nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, que sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la presente

Iniciativa

Artículo Único. Se reforma la fracción XI del artículo 14, el artículo 59, la fracción II del artículo 67 y la fracción VIII del artículo 75; se adiciona la fracción X al artículo 7 y se recorren las fracciones subsiguientes para quedar como XI, XII, XIII y XIV; se adiciona una fracción XII al artículo 12 y se recorren las fracciones subsiguientes para quedar como XIII y XIV; se adiciona una fracción V al artículo 13 y se recorren las fracciones subsiguientes para quedar como VI, VII y VIII; se adiciona una fracción XII al artículo 14 y se recorre la fracción siguiente para quedar como XIII; se adiciona una fracción III al artículo 57 y se recorren las fracciones subsiguientes para quedar como IV, V y VI; y se adiciona un artículo 72 bis; todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

I. al IX. ...
X. Fomentar la educación en materia de nutrición, enfatizando la importancia de que esta sea completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y las ventajas que tiene de practicarla como un estilo de vida que coadyuva el pleno desarrollo del individuo;
XI. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios;
XII. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad;
XIII. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general;
XIV.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo.

Artículo 12. ...

I. a XI. ...
XII. Establecer, en coordinación con la Secretaría de Salud, la normatividad para la instalación, operación y disolución de las tiendas y cooperativas escolares así como la relativa a la venta de alimentos y bebidas no alcohólicas en los establecimientos escolares;
XIII. Fomentar, en coordinación con las demás autoridades competentes del Ejecutivo Federal, las relaciones de orden cultural con otros países, e intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, artística, cultural, de educación física y deporte, y
XIV. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, así como las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 13. ...

I. a IV. ...
V. Observar la normatividad que la autoridad educativa federal y la Secretaría de Salud establezcan para la instalación, operación y disolución de las tiendas y cooperativas escolares, así como la relativa a la venta de alimentos y bebidas no alcohólicas en los establecimientos escolares;
VI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida;
VII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, y
VIII. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 14. ...

I. a X. ...
XI. Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares;
XII. Procurar la construcción y equipamiento de comedores o desayunadores escolares en los establecimientos escolares del sistema educativo nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de esta ley; y
XIII. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

...

Artículo 57. ...

I. al II. ...
III. Cumplir con la normatividad que la autoridad educativa federal y la Secretaría de Salud establezcan para la instalación, operación y disolución de tiendas y cooperativas escolares, así como la relativa a la venta de alimentos y bebidas no alcohólicas en los establecimientos escolares;
IV. Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado;
V. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55, y
VI. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen.

Artículo 59. ...

En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; cumplir con la normatividad que establezca la autoridad educativa federal y la Secretaría de Salud para la instalación, operación y disolución de las tiendas y cooperativas escolares, así como la relativa a la venta de alimentos y bebidas no alcohólicas en los establecimientos escolares, y facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 67. ...

I. ...
II. Colaborar para una adecuada integración de la comunidad escolar; en la operación, mejora y vigilancia de la normatividad de las tiendas, cooperativas, comedores o desayunadores escolares, así como en el mejoramiento de los planteles;
III. a V. ...

...

...

Artículo 72 Bis. Los consejos de participación social a los que se refiere esta sección colaborarán en la vigilancia y supervisión de la normatividad que la autoridad educativa federal y la Secretaría de Salud establezcan para la instalación, operación y disolución de las tiendas y cooperativas escolares que se encuentren en los establecimientos escolares del sistema educativo nacional.

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a VII. ...
VIII. Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo;
IX. a XII. ...
Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Articulo Segundo. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, deberán elaborar un nuevo reglamento para la instalación, operación y disolución de las tiendas y cooperativas escolares, en el que incorpore la participación del Consejo Nacional de Participación Social y de los consejos de participación social estatales, municipales y escolares, en un plazo no mayor de 180 días naturales a partir de la publicación del presente decreto.

Notas: 1 Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo, 2007, sistema Internet de la Presidencia, México, DF. 2 Franks AL, Kelder SH, Dino GA, Horn KA, Gortmaker SL, Wiecha JL, Simoes EJ. School-based programs: lessons learned from CATCH, Planet Health, and Not-On-Tobacco. Prev Chronic Dis [serial online] 2007 April [date cited], available from: http://www.cdc.gov/pcd/issues/2007/apr/06_0105.htm 3 Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá. Licenciada Verónika Molina. Nutrición en escuelas saludables. 4 Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Ávila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México, Instituto Nacional de Salud Pública, 2006.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2008.--- Diputados: María Gabriela González Martínez , Ector Jaime Ramírez Barba , Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud, por favor.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta, por favor.



ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo transitorio único de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en su artículo 20 del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, les solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la incorporación y el trámite correspondiente, en el primer turno posible, del siguiente asunto:

• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que aplique de manera inmediata lo dispuesto en el artículo 61 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, en las comunidades que resultaron severamente afectadas por las lluvias en Tabasco y Chiapas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2008.--- Diputado Héctor Larios Córdova , Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas , (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : En votación económica, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada. Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición.



ESTADOS DE TABASCO Y CHIAPAS

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar de inmediato lo dispuesto en el artículo 61 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 en las comunidades que resultaron severamente afectadas por las lluvias en Tabasco y Chiapas

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, a cargo de los diputados Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia, por lo que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar de inmediato lo dispuesto en el artículo 61 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, en las comunidades que resultaron severamente afectadas por las lluvias de Tabasco y Chiapas.

Diputado Héctor Larios Córdova Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado. Comuníquese.



LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propuesta para modificar el párrafo segundo de la fracción IX del artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Iniciativa que reforma el párrafo segundo de la fracción IX del artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del PVEM

Ana María Ramírez Cerda , integrante de la LX legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafo quinto, 71, fracción II, 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa mediante la cual se reforma el artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el fin de que el Consejo de Administración del Infonavit en ningún caso pueda ceder o descontar su cartera vencida a personas físicas o morales especializadas en la adquisición de deuda, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La vivienda es uno de los bienes más importantes para el ser humano, ya que en ella tienen lugar aspectos de gran relevancia como el proceso de socialización, desarrollo y desenvolvimiento individual, además de ser un espacio de seguridad y privacidad. 1

Es tal su importancia que diversos instrumentos internacionales, entre otros el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (párrafo I del artículo 11), lo han reconocido como un derecho humano. En este instrumento los Estados parte ``reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso, alimentación, vestido y vivienda adecuados''.

Incluso en nuestra Carta Magna el artículo 123, en su fracción XII, establece el derecho de los trabajadores a obtener créditos baratos y suficientes para la adquisición de vivienda.

Es por ello, que los mexicanos contamos con un organismo de servicio social que se denomina Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y que tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener precisamente crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas.

De tal suerte que desde 1972 el Infonavit ha otorgado más de tres millos de créditos para vivienda y en esas casas vive la décima parte de los mexicanos, según información disponible.

En este orden de ideas debemos reconocer que en México existen miles de personas que no disfrutan de su derecho humano a una vivienda o en el peor de los casos, si lo ejercían, han sido despojados de la vivienda mediante actos de autoridad que contravienen garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es el caso que en sesión ordinaria celebrada el 26 de octubre de 2005, el Consejo de Administración del Infonavit resolvió lo siguiente:

Conforme a lo dispuesto por el artículo dieciséis, fracción novena, de la Ley del Infonavit, se autoriza a la administración a proceder a la venta de cartera vencida reservada al cien por ciento, hasta por cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y un créditos, mediante subasta pública, así como la contratación de los proveedores necesarios para realizar dicha venta, cumpliendo estrictamente con la normatividad aplicable que al respecto haya emitido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Derivado de la resolución anterior se procedió a la venta de cartera a Recuperadora de Deuda Hipotecaria, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y a la empresa Scrap, respectivamente los días 12 de enero de 2006 y 15 de junio del mismo año.

La resolución del consejo de administración del Infonavit tuvo diversas implicaciones en detrimento de la clase más desprotegida, la clase trabajadora.

Lo anterior, debido a que los trabajadores cuyos créditos fueron cedidos han sido objeto de múltiples anomalías y abusos por parte, de los cesionarios de la deuda.

En razón de que les han aplicado una política de terror que consiste en exigir a los acreditados el reconocimiento de su adeudo por una cantidad diferente al monto original y se les otorgan plazos mínimos para pagar y firmar un nuevo contrato, con la amenaza de privarlos de sus viviendas sin haber sido vencidos en juicio, violentando a todas luces lo dispuesto en el artículo 14 constitucional.

En consecuencia, la resolución del consejo de administración que autoriza la venta de cartera vencida trae consigo diversas implicaciones, entre otras, las siguientes:

La resolución resulta, a todas luces, cuestionable, en consideración al principio de legalidad, conforme al cual la autoridad sólo puede realizar aquello que le está expresamente permitido.

Una de las principales razones de la alta morosidad de los deudores lo constituye el desempleo, en virtud de que la tasa de desocupación sigue siendo muy alta, alcanzando el 3.26 por ciento a nivel nacional y el 4.53 por ciento entre la población urbana.

Contravención del principio de legalidad

Se ha mencionado que la ``posibilidad de vender la cartera no se encuentra expresamente prevista en la ley, pues deriva de la calidad civil que el Instituto tiene como acreedor y titular de la garantía hipotecaria'' y, finalmente, se fundamenta en la resolución sobre el particular adoptada por el consejo de administración del propio instituto.

Lo anterior, resulta cuestionable si tomamos en cuenta que en la Ley del Infonavit no existe fundamento expreso para que el consejo de administración, ni ningún otro órgano del instituto autoricen la venta de cartera vencida.

Desempleo

No podemos soslayar que con la realización de la venta de cartera vencida se transgredió la garantía social consagrada en el artículo 123, apartado A, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al derecho de los trabajadores a obtener créditos baratos y suficientes para la adquisición de vivienda.

Lo anterior, debido a que al realizar la cesión de créditos y derechos derivados de los mismos, no se tomó en cuenta que se trataba de vivienda habitada por la clases trabajadora y que desafortunadamente ha sido gravemente afectada por el desempleo.

Asimismo, la inmensa mayoría de los trabajadores reconocen el adeudo que tienen con el Instituto y están en la mejor disposición de cubrirlo, pero con base en amortizaciones justas para seguir cubriendo y preservando su patrimonio familiar.

Derivado de las implicaciones que trajo consigo la venta de cartera vencida, el consejo de administración aprobó dos medidas, una para que, a partir del mes de julio y hasta diciembre de 2007, se atendieran todos los casos que así lo desearan, a fin de que pudieran comparar las propuestas de las empresas recuperadoras de cartera, y las que el Infonavit pudiera ofrecerles, con objeto de que tomaran la decisión que mejor conviniera a sus intereses y circunstancias y, otra, respecto a la cartera vencida con alto deterioro.

Esta resolución permitió comprobar que quienes conocieron la resolución y solicitaron su reestructuración con el Infonavit, obtuvieron de éste propuestas menos ventajosas que las presentadas por las empresas que adquirieron sus créditos.

Ello permite cuestionarse que el Infonavit no está cumpliendo con los objetivos fundamentales de la cobranza social: por un lado, el de responsabilidad de custodiar y proteger el patrimonio común de los trabajadores y, por el otro, el de la solidaridad social con aquellos trabajadores que atraviesan por una circunstancia desfavorable.

Por lo anterior, resulta ineludible reformar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de establecer expresamente que el consejo de administración en ningún caso podrá ceder o descontar su cartera vencida a personas físicas o morales especializadas en la adquisición de deuda.

La reforma propuesta resulta necesaria a efecto de que el Infonavit actúe con respeto irrestricto al principio de legalidad, ya que aún cuando el consejo de administración ha tomado la decisión de no autorizar nuevamente la venta de cartera vencida, el patrimonio de los trabajadores está en juego.

Finalmente es urgente que el Poder Legislativo contribuya a que el Infonavit retome sus principios básicos de justicia social, a fin de consolidarse como una hipotecaria social, que responda a las verdaderas necesidades sociales y, en consecuencia, realmente tenga la capacidad para satisfacer en mayor medida el reclamo de un vivienda digna para los mexicanos.

Por lo expuesto, en términos de lo previsto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Articulo Único. Se reforma el párrafo segundo de la fracción IX del artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

I. a VIII. ...
IX. ...
A propuesta del Director General, aprobar los castigos y quebrantos derivados de los créditos, las políticas de riesgos, así como las de adquisición de bienes y prestación de servicios, y cualquiera otra que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Instituto; pero en ningún caso podrán ceder o descontar su cartera vencida a personas físicas o morales especializadas en la adquisición de deuda.
X. a XXII. ...
Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota: 1 La vivienda en México. Construyendo análisis y propuestas, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006.
Dado en la sede del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil ocho.--- Diputada Ana María Ramírez Cerda (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.



MUJERES Y POLITICA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a esta soberanía a que realice un llamado enérgico a los actores políticos de nuestro país para dirigirse con respeto a las mujeres que participan en la política.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía a formular un llamado enérgico a los actores políticos del país para que se dirijan con respeto hacia las mujeres que participan en la política, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Laura Angélica Rojas Hernández , a nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea punto de acuerdo por el que se solicita a la honorable Cámara de Diputados a realizar un exhorto a los diversos actores políticos a dirigirse con respeto a la mujeres que participan en política, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Permítanme iniciar esta participación recordando las palabras de un destacado panista, don Abel Vicencio Tovar, quien afirmó en 1980 que ``ningún partido político moderno puede permitirse discriminaciones por el sexo de sus militantes. Quienes sostengan que la mujer sólo puede desempeñar cierto tipo de tareas y estar confinada a ciertas áreas, está mutilando la pluralidad de la sociedad y privando a su organización de la riqueza que aporta su eficiente actividad y el punto de vista femenino que la enriquece y complementa''.

Lo anterior cobra relevancia en momentos en los cuales las mujeres volvemos a sufrir los embates de quien sin ningún criterio denuestan nuestro trabajo y participación en los diversos ámbitos de la vida nacional, pero particularmente en el terreno político.

Pareciera que se olvida, que ha sido con la participación activa y corresponsable de las mujeres, como miembros de esta sociedad, que nuestro país ha enfrentado los retos de su desarrollo y transformación. Las mujeres nunca hemos estado ajenas a los grandes problemas nacionales, siempre hemos estado presentes aportando lo que nos corresponde para lograr una sociedad más justa y democrática.

Lo hemos hecho venciendo serios obstáculos, después de décadas de lucha avanzamos en la construcción de una sociedad más equitativa donde la mujer tenga el reconocimiento y los espacios de participación para su pleno desenvolvimiento. Sin embargo, aún existen quienes no pueden vencer los paradigmas de género en sí mismos y no logran comprender que en el terreno político, hombres y mujeres somos iguales, no solo en el discurso sino en el trato cotidiano.

Diversas expresiones nos permiten constatar que todavía hoy, los estereotipos de género permanecen en la psique de algunos colegas.

Basta recordar las desafortunadas expresiones que hiciera el gobernador Moreira a la ex secretaria de Desarrollo Social.

El liderazgo de las mujeres se ha ganado con capacidad, conocimiento y experiencia, no somos producto de nuestra gracia o sexualidad, aportamos lo mejor de nosotras para jugar un papel destacado en el campo de la política y lo estamos logrando.

Por ello, no podemos permitir, que a ninguna mujer, bajo ninguna circunstancia, se le falte al respeto de manera directa o velada. Máxime, cuando ésta representa un poder del Estado mexicano.

Para nadie es desconocido que nuestra presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Ruth Zavaleta, ha sido objeto de expresiones poco respetuosas no sólo a su persona, sino a su investidura. Lamentablemente no es la primera vez que se falta al respeto y descalifica verbalmente a las legisladoras y mujeres que participan en la política. En este tipo de ataque se recurre al doble sentido y a un lenguaje sexista y denigrante que no se usa entre hombres y que tienen visos muy claros de discriminación y violencia contra la mujer.

Hoy se recrudece la campaña de denostación a través de Internet, donde circulan por blogs ligados a ``cierto político'' expresiones e imágenes que denigran la imagen y el trabajo legislativo al ridiculizar a nuestra Presidenta. Ante estas expresiones debemos manifestar nuestro total repudio y realizar un llamado para que quienes han difundido dichas imágenes, suspendan inmediatamente su campaña.

Porque cuando ofenden a una, nos ofenden a todas.

En esta tribuna nos hemos manifestado contra toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo o cualquier otro tipo, las hemos rechazado e incluso demandamos que en su caso sean sancionadas. No podemos permanecer impasibles mientras las mujeres de este país continúan siendo objeto de discriminación y violencia; de descalificaciones y denostaciones que atentan contra la dignidad de su persona.

Honremos nuestra convicción de que sólo en una sociedad incluyente y equitativa, mujeres y hombres, podremos construir un destino común con dignidad y respeto.

Por lo anterior los invitamos a aprobar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a realizar un llamado enérgico a los actores políticos en nuestro país, a conducirse en sus actos y declaraciones con pleno respeto a las mujeres que participan en política.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el cinco de febrero de 2008.--- Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.



ESTADO DE QUINTANA ROO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a que verifique el cumplimiento de las disposiciones ambientales en las labores de rescate, así como del eventual traslado, desguace o disposición final del transbordador El Arcángel.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales en las labores de rescate y del eventual traslado, desguace o disposición final del transbordador El Arcángel, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 13 de octubre de 2007 se difundió por la prensa nacional la noticia de que el trasbordador El Arcángel, después de romper amarras en el muelle de Puerto Morelos, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, había encallado en un banco de arena.

Este hecho no fue más que la culminación de una serie de irregularidades y problemas en un intento de poner en operación una embarcación chatarra con más de treinta años de antigüedad. En seguida trascribo algunos hitos de esa historia negra y que son del dominio público:

• Marzo 22 de 2007. Los ejecutivos de la naviera San Miguel, SA de CV, anuncian que la dirección de Marina Mercante de la Coordinación General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio anuencia al transbordador El Arcángel para que preste servicio de transporte de carga en Cozumel, esto pese a que el barco tiene 31 años de haber sido construido.

• Abril 13 de 2007. Ángel González Rull, director general de Puertos y otros altos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estuvieron presentes en las maniobras de prueba de atraque del buque. Uno de los motores falló y el atraque se dificultó en condiciones meteorológicas favorables.
• Abril 15 de 2007. El Arcángel estuvo a punto de encallar en dos ocasiones ese domingo, en el punto de atraque numero tres contra las rocas; y en la posición de atraque cuatro, donde las corrientes lo arrastraron hasta el balneario Playa Casitas, donde cientos de bañistas miraban atónitos la escena.
• Mayo 8 de 2007. A las 5 de la mañana El Arcángel dio su viaje inaugural de Cozumel a Calica, luego de más de un año del anuncio de la creación de la naviera San Miguel la embarcación por fin entró en operaciones.
• Junio 8 de 2007. Por más de una hora el trasbordador de carga El Arcángel intentó atracar en el muelle de carga de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo sin éxito. Los pasajeros entrevistados al descender afirmaron que el retraso se debió a una falla en los motores. Una fuente al interior del sector Naval Militar filtró información de que el barco en menos de un mes que tiene operando, ha derramado aceite en el mar durante las travesías entre Calica y Cozumel.
• Agosto 5 de 2007. El Arcángel preparaba su salida en el turno de las 19 horas y al momento de encender las máquinas sonó una alarma proveniente del motor estribor lo que propicio que los pasajeros y sus vehículos descendieran del navío. Ese mismo mes la Capitanía de Puerto de Cozumel emite una recomendación por escrito a la naviera.
• Agosto 10 de 2007. Los ejecutivos de la empresa dan a conocer que enviarán el barco a reparar a Cuba.
• Octubre 13 de 2007. Después de romper amarras el transbordador encalla en un banco de arena.

Desde esa fecha hasta el día de hoy el transbordador sigue encallado y, por la actitud de empresarios y autoridades, todo parece indicar que la solución y el riesgo que representa para la vida marina y para el turismo van para largo.

Cabe mencionar que la embarcación no hace honor a su nombre, toda vez que al parecer contiene en sus motores y tanques, tanto aceite como combustibles que, en una operación de rescate mal llevada a cabo (y vaya que las han tenido), puede afectar la vida marina y las actividades productivas en una zona con un intenso desarrollo turístico como lo es Cancún.

Por otra parte es necesario que la autoridad responsable (Semarnat y la Profepa) verifique las condiciones de seguridad en su eventual traslado, desguace o disposición final, toda vez que se tiene información de la posible utilización de asbesto, material prohibido y peligroso, en su construcción.

Por lo expuesto anteriormente, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que dé seguimiento puntual a las labores de rescate, así como el eventual traslado, desguace o disposición final del transbordador El Arcángel, verificando el cabal cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la materia para evitar daños a los recursos naturales o a los ecosistemas, e informe de las medidas tomadas a esta honorable Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2007.--- Diputado Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



ESTADO DE CAMPECHE

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió de la diputada María Guadalupe García Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo relativo a la pesquería del pulpo en el municipio de Champotón, Campeche.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la pesquería del pulpo en Champotón, Campeche, a cargo de la diputada María Guadalupe García Noriega , del Grupo Parlamentario del PVEM

María Guadalupe García Noriega , diputada integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pulpo rojo, Octopus maya , es uno de los recursos pesqueros más importantes de la península de Yucatán: 98 por ciento de la pesquería de pulpo nacional proviene de esta zona. Un estudio reciente de la Sagarpa indica que la mayor concentración de la especie se halla en la línea costera entre Champotón y la ciudad de Campeche. 1

Para conservar las poblaciones de pulpo, la cuota de captura no debe exceder de 13 mil toneladas durante toda la temporada; sin embargo, la producción estimada para 2007 fue de solamente 10 mil 200 toneladas debido a la creciente escasez del recurso. 2

En Campeche, desde 1949 la captura de pulpo se realiza sólo con embarcaciones de la flota costera o artesanal; a pesar de esto, el Comité Estatal de Inspección y Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas advirtió sobre el riesgo de colapso en la reproducción del pulpo rojo, debido al uso de artes de pesca ilegales en toda la costa, desde Champotón hasta Isla Arena, que realizan algunos pescadores ribereños. 3

Las artes de pesca ilegales a que se hace referencia son tubos de PVC cortados y unidos con cordel, así como botellas de plástico y llantas, que son arrojados al mar para que los pulpos los utilicen como nido. Posteriormente, los recipientes son retirados mediante buceo, interrumpiendo el ciclo de reproducción del pulpo.

Uno de los principales municipios de Campeche es Champotón, cuyo litoral es de aproximadamente 124 kilómetros, equivalentes a 24 por ciento del total con que cuenta la entidad. Es destacado por su actividad pesquera de una importante variedad de especies marinas, como el pámpano, el charal, la sierra, el cazón, el cangrejo, la jaiba, el tiburón, la raya y el pulpo. Cuenta además con la mayor flota ribereña para la captura de una especie en particular, el pulpo, cuyo impacto es significativo para el desarrollo socioeconómico del municipio, pues miles de familias dependen de ella.

Recientemente, el Frente Común de Pescadores de la Bahía de Champotón, AC, hizo un llamado a los pescadores de la región para preservar el pulpo rojo y denunciar a quienes utilicen artes de pesca ilegales. La misma organización detectó la necesidad de exhortar a las autoridades a mantener vigilancia continua durante la veda y castigar rigurosamente a los infractores.

Es necesario entender que en la pesca se utilizan diversos sistemas de captura, de artes y equipos de pesca, todo ello asociado al desarrollo de materiales pesqueros, la transferencia de tecnología y la experiencia de los sectores productivos. Luego entonces, hay pescadores que seleccionan y usan artes que no siempre responden a las necesidades de las pesquerías ni a las especificaciones de construcción y características establecidas en la ley y las diferentes normas oficiales mexicanas, pues con la intención de obtener mayores capturas utilizan algunos métodos o técnicas que si bien permiten obtener capturas mayores y ahorrar esfuerzo de búsqueda o tiempo, provocan deterioro de recursos pesqueros de especies asociadas o de su ambiente, poniendo en riesgo su aprovechamiento sustentable.

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables dispone sobre el particular, en el artículo 132, fracción XVII, que serán infracciones de lo establecido en la presente ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven utilizar o transportar instrumentos, artes o métodos de pesca prohibidos o no permitidos por la secretaría.

El artículo 8, fracción XXIX, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables señala que corresponde a la Sagarpa, a través de la Conapesca, ``determinar las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan por incumplimiento o violación de los ordenamientos''.

La misma ley señala en el artículo 14, fracción VIII, que a los municipios corresponde ``participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con las autoridades competentes, en la inspección y vigilancia en su jurisdicción''.

En refuerzo de lo anterior, hay dos normas oficiales mexicanas relacionadas con la pesca: la NOM-008-PESC-1993, que establece la talla mínima de captura en 110 mm de longitud de manto y la cuota de captura por especie, y especifica los tipos de artes de pesca autorizados; y la NOM-009-PESC-1993, que fija el periodo de veda, del 16 de diciembre al 31 de julio, y tiene como objetivo proteger el principal periodo de reproducción del Octopus maya .

En este marco legal y en su estricto cumplimiento, es posible evitar el colapso de la pesquería del pulpo, pero urge la intervención de las autoridades para garantizar una adecuada vigilancia y sanción de los infractores.

Por ello se presenta este punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades que, en estricto cumplimiento legal, realicen la inspección y vigilancia necesarias y, en su caso, la aplicación de las sanciones correspondientes para evitar el uso de prácticas ilegales de pesca en detrimento de todos los pescadores ribereños y de la sustentabilidad del litoral del municipio de Champotón.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía somete a consideración del honorable Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Sagarpa, por medio de la Conapesca, y a la presidencia municipal de Champotón, Campeche, a realizar jornadas de inspección y vigilancia en los términos que marcan la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, las disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas relativas a la pesca; y en caso de detectar el uso de prácticas ilegales de pesca, aplicar las sanciones correspondientes con el objetivo de garantizar la protección del pulpo rojo, Octopus maya, y evitar el colapso de la especie.

Notas: 1 Instituto Nacional de Pesca, Sagarpa. Evaluación de la población de pulpo (Octopus maya) en la península de Yucatán durante la temporada de veda 2002 www.inp.sagarpa.gob.mx/Dictamenes/pulpoDic.PDF 2 Notimex. Estiman en 10 200 toneladas captura de pulpo en Campeche y Yucatán este año, 21 de julio de 2007, www.agricultura.com.mx/ cgi-bin/modules.php?name=News & file=article & sid=5499 3 Frente Común de Pescadores de la Bahía de Champotón, AC. El pulpo, recurso marino en riesgo, 16 de noviembre de 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 14 de febrero de 2007.--- Diputada María Guadalupe García Noriega (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Pesca.



ESTADO DE MEXICO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Armando García Méndez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y aFerrocarriles Nacionales de México, para otorgar en donación el inmueble en que se ubica la antigua estación de ferrocarril de Otumba,Estado de México, a la asociación civil Amigos del Ferrocarril en Otumba, AC.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, y a Ferrocarriles Nacionales de México a dar en donación el inmueble en que se halla la antigua estación de ferrocarril de Otumba, México, a Amigos de Ferrocarril en Otumba, Asociación Civil, a cargo del diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa

El suscrito, diputado federal Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en su carácter de liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México y a este último, para que realicen las diligencias legales y administrativas necesarias para otorgar en donación el bien inmueble en el que se ubica la antigua estación del ferrocarril de Otumba, estado de México, en favor de la asociación civil Amigos del Ferrocarril en Otumba, constituida por ex trabajadores jubilados, pensionados y sucesores en línea directa de ferrocarrileros, con base en las siguientes

Consideraciones

La identidad de los pueblos se integra por sus manifestaciones, lenguas, usos y costumbres, artesanías y tradiciones que forman parte de su acervo policultural. Asimismo, la cultura de nuestros pueblos se manifiesta de diversas formas. Una de ellas se encuentra en edificaciones y mobiliario arqueológico, arquitectónico, industrial e histórico.

En este contexto, el patrimonio ferrocarrilero constituye un valuarte en la historia de México y sobre todo porque influyó decisivamente en el proceso de industrialización, la intercomunicación y ampliación de los mercados regionales; cambió por completo el paisaje de los pueblos y se incorporó como actor económico y cultural de la dinámica nacional.

Ante la modernización de los sistemas de transporte y comunicación así como la falta de inversión, el gobierno le apostó a liquidar el sistema ferrocarrilero afectando a los trabajadores y muchas economías locales que dependían del paso del ferrocarril. Es así como se dejó al mejor postor a través de la venta y/o concesión la utilización de una red de transporte que hoy por hoy beneficia a unos cuantos y ha dejado en la miseria a muchos.

Derivado de la mencionada acción de gobierno muchas de las estaciones de ferrocarril que no fueron concesionadas por no interesar a los inversionistas están siendo objeto de bandalismo y destrucción, sin que medien autoridades de los tres niveles de gobierno que se preocupen o atiendan esta realidad del patrimonio nacional.

La suerte de algunas estaciones, afortunadamente, no es la misma, ya que organizaciones sociales como Amigos del Ferrocarril en todo el país han visualizado la infraestructura ferrocarrilera como un elemento enriquecedor de la oferta turística nacional y sobre todo como parte integral del patrimonio histórico y cultural de México, asimismo han posicionado a la infraestructura ferroviaria como elemento de identidad y simbolismo en algunas ciudades y comunidades del país.

Ante la oportunidad que representa poner en valor la historia y tradición de la estación del ferrocarril de Otumba, estado de México, ex trabajadores, jubilados, pensionados y sucesores en línea directa constituidos en la asociación Amigos del Ferrocarril en Otumba, AC, se encuentran en pleno derecho para reclamar la donación de la estación con fundamento en el decreto presidencial del 4 de junio de 2001, por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, que en su artículo segundo, párrafo 4, expresa textualmente:

4) Llevará a cabo la regularización y tramitará la desincorporación de los activos remanentes, inclusive las casas-habitación que han estado en posesión legítima de jubilados y pensionados de la empresa o sus sucesores para que, en su caso, se realice la donación correspondiente a entidades federativas, municipios, pensionados y jubilados, instituciones públicas o privadas y asociaciones que no persigan fines de lucro , con el fin de que sean utilizados para beneficio social, incluida la de asentamientos humanos con la intervención de las autoridades competentes, o bien, se proceda a su reversión al gobierno federal, o a su enajenación, sujetándose a lo previsto en la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General de Asentamientos Humanos.

La línea ferroviaria de Otumba cruza el valle de Teotihuacan (línea S) y constituye un fuerte potencial para detonar la actividad económica a partir de su vocación turística, por contar con la infraestructura ferroviaria y la presencia de ex haciendas pulqueras que bien pueden ser integradas a un circuito cultural y recreativo único en el valle de México.

Actualmente los municipios que integran el valle de Teotihuacan están impulsando su desarrollo a partir del turismo, situación que compromete a autoridades y ciudadanos en conservar, rescatar y poner en valor los recursos naturales, culturales e históricos, con el propósito de diversificar la oferta turística de la cual dependerá el crecimiento y desarrollo de por lo menos seis municipios.

Ante el interés por rescatar la riqueza histórica y arquitectónica del patrimonio ferrocarrilero que dio vida al valle teotihuacano, la asociación Amigos del Ferrocarril de Otumba, AC, desde hace cuatro años se ha dado a la tarea de resguardar y rescatar la estación del ferrocarril de Otumba, en la que actualmente bajo supervisión del Instituto para la Conservación del Patrimonio Ferrocarrilero y el respaldo de organizaciones civiles de la región, se realizan exposiciones y eventos culturales que impulsan el rescate del acervo cultural y artístico de la región.

Derivado de la demanda social de organizaciones civiles y pobladores del valle de Teotihuacan, estado de México, que trabajan por el desarrollo y consolidación de productos turísticos que otorguen identidad al corredor turístico Nopaltepec-Acolman, me permito someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a los titulares del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en su carácter de liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México y a este último, para que realicen las diligencias legales y administrativas necesarias para otorgar en donación el bien inmueble en que se ubica la antigua estación del ferrocarril de Otumba, en favor de la asociación civil Amigos del Ferrocarril en Otumba, integrada por ex trabajadores jubilados, pensionados y sucesores en línea directa de ferrocarrileros.

Segundo: Comuníquese el presente punto de acuerdo al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en su carácter de liquidador de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, para su resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.--- Diputado Armando García Méndez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Función Pública.



TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió también de los diputados Diego Cobo Terrazasy Francisco Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, punto de acuerdo relativo a la utilización de bolas de plástico en las tiendas de autoservicio y departamentales.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la utilización de bolsas de plástico en las tiendas de autoservicio y departamentales, suscrita por los diputados Diego Cobo Terrazas y Francisco Elizondo Garrido , del Grupo Parlamentario del PVEM

Los diputados Diego Cobo Terrazas y Francisco Elizondo Garrido , integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad millones de productos son vendidos anualmente en las tiendas departamentales y de servicios, y son entregados al comprador en bolsas de plástico, las cuales en muchos de los casos son destinadas a ser desechadas como basura.

Las bolsas de plástico que comúnmente utilizamos en los centros comerciales, se fabricaron con base en combustibles fósiles, los cuales pueden tardar hasta cuatrocientos años en degradarse y además, al descomponerse desprenden sustancias tóxicas al ambiente y a la salud humana.

El consumo de bolsas plásticas en las tiendas departamentales, origina un problema ambiental grave, derivado de la mala gestión de los residuos que se genera, en particular el de las bolsas de polietileno. Adicionalmente hay que tomar en cuenta que el origen de las bolsas conlleva un fuerte impacto ambiental sobre todo, por las actividades relacionadas con la industria petroquímica.

Algunas tiendas de autoservicio, ya han iniciado mecanismos de sustitución de bolsas por más amigables con el ambiente, ya siendo de materiales biodegradables o solicitando a los consumidores que acudan con bolsas que pueden reutilizar.

Estas bolsas de plástico, pueden generar severos daños a la fauna marina, siendo una de las causas de mortalidad de quelonios y algunos mamíferos marinos que las tragan y mueren por problemas derivados de obstrucciones intestinales.

Asimismo, el uso y destino de las bolsas de plástico constituye una de las principales fuentes de residuos sólidos urbanos vertidos en ríos y cuerpos de agua.

Muchas de estas bolsas de plástico al ser dispuestas en tiraderos a cielo abierto, son quemadas, liberándose sustancias tóxicas como las dioxinas y furanos.

Por lo anterior, tomando en cuenta que en el mercado existen, un sin número de opciones distintas para empacar los productos que los consumidores transportan, es que se propone invitar a la Asociación Nacional de de Tiendas de Autoservicio y Departamentales a coadyuvar con la política de las 3 R (Reduce, Reutiliza, Recicla) y en particular con la reducción en la generación de este residuo.

Cabe mencionar que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, es una organización de servicio que siempre ha promovido el desarrollo del comercio y es líder en la promoción de medidas de responsabilidad social empresarial en el país.

Siendo que actualmente se conforma por poco más de 91 cadenas de autoservicio, departamentales y especializadas, y por tanto que representa la estructura más accesible para realizar compras de la ciudadanía, su participación es fundamental en la solución de este problema.

Es oportuno mencionar que esta Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, siempre ha colaborado en forma constante con organismos cúpula como Canaco, CCE, Coparmex y Concamin, entre otros, para hacer más eficiente el intercambio de ideas para transformar a México en un país, con un comercio más eficiente y justo.

Es por ello que hemos considerado que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, como la asociación más representativa de la promoción de la responsabilidad social de las empresas, podrá ser la mejor portavoz para promover la cultura de respeto al ambiente mediante el uso de bolsas biodegradables o bien la oportunidad de utilizar bolsas de materiales que permitan ser reutilizadas, y acabar de raíz con el problema.

Los legisladores del Partido Verde Ecologista de México consideramos de urgente y obvia resolución, el siguiente acuerdo para hacer un llamado a las tiendas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales para iniciar medidas tendientes a sustituir el uso de bolsas de plástico y refrendar su compromiso con el cuidado del ambiente.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se recomienda respetuosamente a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, a implantar medidas y acciones tendientes a disminuir y erradicar el uso de bolsas plásticas en sus tiendas afiliadas, a fin de reducir la generación de residuos y su impacto ambiental.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los catorce días del mes de febrero de dos mil siete.--- Diputados: Diego Cobo Terrazas y Francisco Elizondo Garrido (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales.



ESTADO DE NUEVO LEON

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió de la diputada Martha García Müller, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador del estado de Nuevo León para que, a través de la Semarnat y de la Secretaría de Salud, realicen estudios del impacto que generan a la población y al medio ambiente las empresas pedreras y realicen las acciones necesarias para contener y revertir los daños provocados por las mismas.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador de Nuevo León a realizar --mediante la Semarnat y la Secretaría de Salud-- estudios sobre el impacto que generan a la población y al ambiente las empresas pedreras, y a efectuar acciones para contener y revertir los daños provocados por ellas, a cargo de la diputada Martha Margarita García Müller , del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Martha Margarita García Müller , presenta ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Salud a realizar los estudios para determinar el impacto ambiental y de salud de las pedreras en Nuevo León. Se exhorta asimismo al gobernador de Nuevo León a que en coordinación con las autoridades competentes lleve a cabo las acciones necesarias para contener los daños provocados por las pedreras, basada en las siguientes:

Consideraciones

La exposición a contaminantes atmosféricos, en especial a las partículas suspendidas, es motivo de preocupación constante. Existen diversos estudios que muestran una asociación entre la exposición de la población y el aumento en indicadores de morbilidad y mortalidad, además de los efectos citotóxicos y genotóxicos que generan. Adicionalmente, los mismos estudios señalan que parece no existir un umbral para la respuesta ante la exposición a dichos contaminantes. Lo anterior implica que se desconoce la concentración mínima por debajo de la cual no se detecten impactos a la salud.

De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología, las partículas suspendidas son contaminantes constituidos por material líquido y sólido de muy diversa composición y tamaño, que se encuentran en el aire. El origen de las partículas suspendidas son diversos procesos tanto naturales como antropogénicos y sus efectos en la salud están relacionados directamente con las características físicas y químicas de las partículas suspendidas, entre ellas, la concentración, el tamaño, la composición, entre otras.

De manera especial, deben monitorearse aquellas partículas conocidas como fracción inhalable, que son las que miden menos de 10 µm (micrómetros) también llamadas PM10. Esto es importante ya que estas partículas al ser inhaladas se depositan dentro del árbol respiratorio en diferentes sitios, como fosas nasales, laringe, tráquea, bronquios, bronquíolos y sacos alveolares del pulmón y, pueden llegar a ocasionar graves daños a la salud de la gente expuesta a ellas.

Es decir, las partículas de polvo menores a 10 µm (micrómetros) pueden ser las causantes de graves daños a la salud de los residentes, dado que afectan partes sensibles de las vías respiratorias, como son los alvéolos, que constituyen el punto anatómico donde se realiza la función de intercambio gaseoso (la respiración), alterando los mecanismos defensivos del organismo, actuando como un factor de predisposición para las enfermedades respiratorias y facilitando el ingreso de microorganismos como bacterias o virus, que son la causa necesaria o indispensable para producir las llamadas ``infecciones respiratorias agudas'', que pueden ser tanto altas como bajas, según el segmento del organismo perturbado.

De igual forma, estas partículas pueden contener o transportar metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos u otros elementos nocivos, los cuales pueden provocar daños en la salud en el largo plazo debido a exposición crónica de la población.

El área metropolitana de Monterrey (AMM), integrada por los municipios de Apodaca, Cadereyta, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina, presenta problemas de contaminación ambiental como resultado de las emisiones de vehículos, domésticas y principalmente industriales, que se traducen, entre otros contaminantes, en partículas suspendidas. Dentro del rubro industrial, son grandes contribuyentes a la contaminación atmosférica las empresas pedreras.

Desde el inició de las operaciones de monitoreo del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, se han reportado violaciones a la norma anual de PM10 de 50 µg/m3. NOM 025-SSA-1993) en el AMM. Se han alcanzado valores promedio que superan en más del 60 por ciento esta norma e inclusive en Santa Catarina en más de un 100 por ciento. La siguiente tabla muestra las concentraciones promedio reportadas del año 2000 al 2005. Se observa que en general en toda el AMM se excede la norma anual de partículas. Diversos estudios muestran que la exposición crónica a PM10 causa una disminución en la capacidad respiratoria de los niños y a lo largo de varios años problemas serios en salud que se reflejan en la edad avanzada. El costo social puede llegar a ser muy alto por atención médica de no tomar medidas correctivas en toda el AMM.

Concentraciones promedio anual de PM10 en el AMM, microgramos /m3

De acuerdo con el reporte del estado de la calidad del aire del área metropolitana de Monterrey de diciembre de 2007, los contaminantes que tuvieron excedencias a la norma oficial mexicana fueron las partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros.

Asimismo, durante diciembre del 2007, el contaminante que reportó mayores valores en cuanto a puntos IMECA se refiere, fueron las partículas menores a 10 micrómetros, con 191 puntos IMECA. Recuérdese que valores mayores a 175 puntos IMECA se considera como precontingencia ambiental, por lo cual se tuvo que delcarar la precontingencia en los municipios de Santa Catarina, San Pedro Garza García y García, Nuevo León.

De manera específica, el problema se presenta con mayor fuerza en el municipio de Santa Catarina donde existen altos índices de contaminación producto de estas empresas, en donde de diciembre de 2006 a enero de 2007, la concentración de partículas menores a 10 micras sobrepasaron el límite máximo permisible durante varias horas del día, provocando que la calidad del aire en este lapso de tiempo se catalogara entre mala y muy mala. La problemática para la población ha llegado a niveles tan graves que inclusive ya se ha solicitado la reubicación de cinco empresas de este ramo.

Diversos estudios muestran que el 36.7 por ciento de los vecinos de la zona donde se ubican las pedreras padecen de rinofaringitis alérgica, mientras que el 17.7 por ciento sufren de conjuntivitis. También se han presentado casos de enfermedades de la piel, cardiovasculares y de las vías respiratorias, como asma pulmonar crónica y en los casos más graves, cáncer.

Específicamente un estudio realizado por el Hospital Universitario en el municipio, revela que la contaminación producida por los trabajos de las empresas pedreras, es la causante de enfermedades respiratorias y algunos problemas de la piel en los habitantes del municipio. Dicho estudio se realizó en las colonias cercanas a la zona donde laboral seis de estas empresas, en el cerro de las Mitras, en el territorio de Santa Catarina, en donde las quejas de la ciudadanía hacia este tipo de industria es constante.

De hecho, en el municipio de Santa Catarina la mortalidad por enfermedades infecciosas respiratorias se ubica en los rangos de 6.2 a 29.4 habitantes por cada 100 mil habitantes y, en comparación con el resto del estado, la proporción de personas que mueren por enfermedades respiratorias agudas es el más alto.

Cabe señalar que, estas empresas ya han cumplido su ciclo, hoy en día están rodeadas de viviendas y la ciudadanía esta sufriendo los problemas de salud.

También han producido deterioros en las viviendas, comercio y aun a los procesos de producción de algunas fabricas de la zona, provocando el freno al desarrollo económico del municipio.

También el decreto dio el mandato de reservar tierras, mas de 2 mil hectáreas planas, como zona de amortiguamiento, limitando por esa razón el uso de suelo, afectando el crecimiento del municipio, que es propio para vivienda y comercio o industria no contaminante y esto provoca que los empresarios busquen otros lugares para establecerse y poner en marcha sus inversiones.

Por otro lado, es digno de mencionarse que en 1984 el entonces gobernador Alfonso Martínez Domínguez emitió un decreto por el que se reubicaron las pedreras que estaban ubicadas en los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García. Éstas fueron trasladadas al municipio de García, Nuevo León. en el cerro San Miguel, lo que ha contribuyo a disminuir la contaminación en esos municipios. Sin embargo, las pedreras que afectan a Santa Catarina, cuando el viento cambia de dirección también contaminan fuertemente a los municipios de San Pedro y Monterrey, siendo el municipio de Santa Catarina el que muestra mayores afectaciones.

El Programa de Administración de la Calidad del Aire en Monterrey 1997-2000, se planteó como objetivo el proteger la salud de los habitantes del área metropolitana de Monterrey mediante acciones específicas para prevenir y controlar la contaminación del aire tanto por agentes químicos como físicos. De acuerdo al reporte de avances de dicho programa de mayo del 2005, una de las medidas llevadas a cabo fue el establecer convenios con las pedreras para controlar y reducir las emisiones de partículas. Si bien ha habido voluntad de atender la problemática, las acciones no han resultado del todo contundentes ni se han concluido, por lo que la situación prevalece.

Considerando lo anterior, sabemos que es posible tomar medidas responsables para la ejecución de los procesos productivos de empresas como éstas. Tal es el ejemplo del Programa de gestión de la calidad del aire de Ciudad Juárez 1998-2002, en el cual se planearon diversas acciones entre las que se cuentan la reglamentación, por parte de las autoridades estatales y municipales, de actividades de extracción de piedra a través de censos para conocer el número de empresas dedicadas a esta actividad y los volúmenes de extracción anuales, con el objetivo de calcular las emisiones generadas y establecer controles sobre dichas prácticas.

En mi calidad de representante popular del estado de Nuevo León tengo peticiones de muchos ciudadanos que solicitan se reubique a las pedreras por la gran cantidad de polvos, contaminación y problemas de salud que les provoca. Como diputada de este distrito es mi compromiso --y mi obligación moral-- el levantar la voz y hacer un llamado a las autoridades federales y estatales para que en el ámbito de sus respectivas competencias evalúen la situación del municipio de Santa Catarina con seriedad y formalidad, con el objetivo de encontrar soluciones que pongan fin a los riesgos a los que está expuesta la población de la región.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Secretaría de Salud se realicen los estudios pertinentes para determinar el impacto ambiental y de salud que provocan las empresas pedreras asentadas en Nuevo León, y en particular en el municipio de Santa Catarina.

Segundo. Se exhorta al gobernador de Nuevo León a que, en coordinación con las autoridades competentes, lleve a cabo un diagnóstico o las acciones necesarias para contener y revertir los daños a la población y al medio ambiente, generados por las pedreras en el estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 4 de marzo de 2008.--- Diputada Martha Margarita García Müller (rúbrica), Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



ESTADO DE PUEBLA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Antonio Vasconcelos Rueda, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur que incluya al estado de Puebla en el programa En el Corazón de México.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a incluir el estado de Puebla en el programa En el Corazón de México, a cargo del diputado Antonio Vasconcelos Rueda , del Grupo Parlamentario del PAN

Antonio Vasconcelos Rueda , diputado federal en la LX legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a que incluya al estado de Puebla en el programa En el Corazón de México, en razón de los siguientes:

Considerandos

Primero. Puebla es uno de los 31 estados de México. Su capital es la heroica Puebla de Zaragoza. Colinda al este con el estado de Veracruz; al poniente con el estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos y al sur con los estados de Oaxaca y Guerrero. Puebla no tiene salida al mar y presenta un relieve sumamente accidentado. Su superficie es de 34 mil 251 kilómetros cuadrados, en la cual viven más de cinco millones de personas, que convierten a este estado en el quinto más poblado del país. Asimismo, en la región de la Sierra Norte de Puebla (que forma parte de la Sierra Madre Oriental) es donde se concentra la mayor población de hablantes nativos de náhuatl a nivel nacional.

Segundo. El estado de Puebla ha sido de gran importancia en la historia de México. Dentro de él se han hallado los restos más antiguos del cultivo de maíz en la región de Tehuacán; fue el escenario de ciudades prehispánicas tan importantes como Cantona y Cholula. Durante la época colonial la ciudad de Puebla llego a ser la segunda ciudad en importancia de la Nueva España, gracias a su ubicación estratégica entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. A fines del siglo XIX, el estado fue uno de los primeros en industrializarse, gracias a la introducción de telares mecánicos que favorecen el desarrollo de las actividades textiles; a pesar de todo ello, en fechas más recientes Puebla es uno de los estados más pobres del país. Municipios de las regiones mixteca, sierra norte y de la Sierra Negra se han convertido en expulsores netos de población, cuyos destinos principales son la Ciudad de México y desde hace dos décadas los Estados Unidos de América.

Tercero. Puebla es famosa por su arte culinario, la cerámica de talavera, las artesanías de ónix y la industria textil. Un dato importante y destacable es que en algunas áreas rurales del valle de Puebla, todavía se habla náhuatl, el idioma indígena de la región. En 1987 la ciudad de Puebla fue nombrada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Cuarto. El programa En el Corazón de México se constituye como uno de los proyectos de desarrollo turístico regional más ambicioso, al buscar la consolidación de destinos y productos que garanticen niveles de calidad y excelencia que satisfaga las motivaciones y expectativas de los turistas actuales. Conformado por los estados del Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala.

Quinto. La potencialidad del estado de Puebla permite la identificación de diversos tipos y formas de turismo que responden a diferentes grupos de demanda y múltiples motivaciones de viaje, cumpliendo con las especificaciones señaladas por el programa de la Secretaría de Turismo En el Corazón de México, formando además parte de los estados que se encuentran en el centro del país, con lo que beneficiaria la inclusión de este estado a dicho programa y viceversa.

Sexto. Al incluir al estado de Puebla en este programa, se vería beneficiada la economía de la entidad, creando fuentes de empleo y mayores recursos para la administración pública, además de que se evitarían que los pobladores emigren a otros estados del país, otorgándoles empleos iguales o superiores a la media nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Turismo para que incluya al estado de Puebla en el programa En el Corazón de México.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 19 días del mes de febrero del 2008.--- Diputado Antonio Vasconcelos Rueda (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Turismo.



ESTADO DE OAXACA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y al Congreso local intervengan para dar solución al conflicto postelectoral del municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Oaxaca.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y al Congreso de Oaxaca a intervenir para solucionar el conflicto poselectoral en Santa Cruz Zenzontepec, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado Alberto Esteva Salinas , integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Oaxaca y al Congreso local, para que intervengan, según sus atribuciones, en dar solución al conflicto postelectoral en el municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Oaxaca.

Consideraciones

En el municipio de Santa Cruz Zenzontepec, distrito de Sola de Vega, en la sierra sur del estado de Oaxaca, se está viviendo un conflicto postelectoral en el cual, otra vez, el gobierno del estado permite la impunidad por parte de los simpatizantes del partido en el poder.

El pasado 9 de febrero, fueron desalojados del palacio municipal integrantes del cabildo, quienes fueron lesionados gravemente y muerto dos de ellos por arma de fuego.

Enfrentamiento que dejó 12 heridos, 10 desaparecidos y 2 muertos por la disputa de la presidencia municipal e intereses políticos; el grupo que fue desalojado y atacados violentamente es al que pertenece el actual presidente electo y reconocido por el Instituto Estatal Electoral del estado de Oaxaca, Antonio Merino Mejía, acusando directamente al grupo encabezado por el actual diputado local de la LX Legislatura del Congreso local, Eraclio Juárez Martínez y la planilla perdedora, de provocar el conflicto postelectoral, todo esto por no aceptar la decisión tomada por el pueblo, el cual elige sus autoridades por el sistema de usos y costumbres.

Los hechos se suscitaron con tal violencia que como ejemplo mencionamos que el regidor de mercados fue prácticamente apresado y golpeado por el grupo inconforme, además le fue colocada una soga en el cuello con la intención de ser colgado en frente del palacio municipal de Santa Cruz Zenzontepec, siendo rescatado por los vecino de la comunidad, quienes intervinieron e impidieron se llevara a cabo tal atrocidad.

Lo anterior demuestra la impunidad que se vive en el estado de Oaxaca, ya que como lo mencionamos inicialmente, el grupo que provocó la violencia es encabezado por el diputado local Eraclio Juárez, quien antes de ser diputado fue presidente de ese municipio y que dejó a la comunidad con grandes carencias por haber tenido una gestión en que se hizo de los recursos públicos que eran para el desarrollo y progreso de la comunidad, y que es por el temor de que le sea investigado por desvío de recursos, el hecho de que no permita, a través de sus incondicionales, que la autoridad actual pueda desempeñar sus labores correctamente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta soberanía el siguiente exhorto con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. Que el gobierno del estado investigue los hechos sucedidos en el municipio de Santa Cruz Zenzontepec conforme a derecho, y no permita intromisiones de personajes del partido en el poder del estado, para brindar impunidad a los agresores y asesinos de integrantes del cabildo municipal actual.

Segundo. Que el Congreso del estado, de acuerdo a sus atribuciones, inicie el proceso de desafuero en contra del diputado local Eraclio Juárez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, por existir una averiguación previa en su contra por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, lesiones y robo en su contra, y de sus seguidores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 febrero de 2008. --- Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Gobernación.



DISTRITO FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno delDistrito Federala que revise los criterios que sustentaron el incremento tarifario del impuesto predial y establezca un mecanismo para que cualquier ciudadano pueda confrontar la revalorización de su predio, e informe a esta soberanía el resultado de sus gestiones.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a revisar los criterios que sustentaron el incremento del impuesto predial y a establecer un mecanismo para que los ciudadanos puedan confrontar la revalorización de sus predios; y a informar a esta soberanía sobre el resultado de sus gestiones, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del PVEM

Jesús Sesma Suárez , diputado integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el país, lo que más preocupa a los legisladores es abatir las condiciones que provocan el rezago social y velar por que todo ciudadano tenga el derecho, ante cualquier acto de autoridad, de promover algún medio de defensa.

Derivado de la situación de incertidumbre que viven los ciudadanos que residen en el Distrito Federal, ante el desconocimiento de los elementos que fueron tomados en cuenta para ajustar el impuesto predial y la falta de facilidades para el pago del mismo; se han presentado miles de inconformidades ante el pago de este impuesto.

Por ello, la ciudadanía ha demandado el apoyo de este órgano de gobierno, a fin de hacer un llamado a las autoridades para esclarecer si hay cabida a cobros indebidos de esta contribución o bien, si se trata de errores en la aplicación del Código Financiero.

Asimismo, ha quedado de manifiesto en el llamado de los contribuyentes, la solicitud de revisar el procedimiento por el cual se actualizaron las tarifas del predial, en virtud de que señalan aumentos del 200 y 300 por ciento, 1 respecto de lo que venían pagando en años anteriores.

Esta desconfianza se acentúa, entre otras razones, porque se presume que se contrató a una empresa con intereses particulares para realizar los ajustes de este impuesto 2 y porque es evidente que hay un acuerdo previo, entre los desarrolladores inmobiliarios y el Gobierno del Distrito Federal. 3

A este respecto, el ciudadano Mario Delgado Carrillo, secretario de Finanzas del Distrito Federal, ha reconocido la existencia de algunos casos de aumento hasta de 700 por ciento en el impuesto predial, pero lo ha adjudicado a la actualización en el valor del predio, metraje o tipo de construcción, debido a que había un mal registro en el catastro o bien, que es la tarifa que corresponde conforme al tipo de servicio que reciben.

Otra de las razones que explican tales aumentos, es que algunas zonas de la ciudad presentaban rezagos importantes en la relación entre valor catastral y valor comercial, lo cual generaba problemas al comprar una propiedad, pues al escriturar el primero quedaba muy por debajo del segundo.

He querido mencionar estos argumentos, para que los legisladores, estén concientes de las razones por las que se está considerando que esta contribución no se aplica de manera proporcional y equitativa y se propongan soluciones para que los capitalinos puedan solventar este impuesto.

Asimismo, quiero aprovechar la pertinencia de comentarles que los especialistas en la materia 4 han señalado que el Gobierno del Distrito Federal, no dará marcha atrás a la reforma que hizo posible el aumento del impuesto predial, es decir, la reforma del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal, que dispuso la modificación de 25 a 16 en los rangos de las tarifas.

Además, en este año el impuesto predial no será el único en sufrir incrementos en la política tributaria de la Ciudad de México, ya que el gobierno local busca hacerse de recursos propios, mediante incrementos en el cobro de agua y tenencia, mermando así considerablemente el poder adquisitivo de los capitalinos.

De ahí la importancia de no enfrentar a la ciudadanía con una política fiscal injusta, excesiva e injustificada, por lo que consideramos oportuno hacer un llamado al ciudadano Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de Gobierno del Distrito Federal a fin de que de manera consistente presente alternativas a los contribuyentes de este impuesto.

Porque como están las cosas, la carencia de argumentos de la Secretaría de Finanzas local para explicar cual tabla de revalorización catastral se aplicó y si se cumplió o no con el programa de reevalúo del catastro dejan con grandes dudas, cualquier análisis sobre el ajuste de las tarifas del predial que se presente.

Cierto es que, el Partido Verde Ecologista en todo momento reconoce el derecho de los gobiernos, ha hacerse de recursos públicos, para realizar sus gestiones, sin embargo, considera prioritario mejorar la eficiencia del gobierno en la función recaudadora del impuesto, a través del combate a la evasión y no, en cambio, a través de un incremento sesgado, derivado de la revaloración de sólo algunos inmuebles del catastro.

Por lo anterior, es necesario que se demuestre que fueron revalorados en su totalidad los inmuebles del Distrito Federal y la validez de los criterios que empleo el gobierno de la ciudad para el avalúo; para que el gobernado este convencido que de que paga un impuesto proporcional y equitativo, como lo exige la Constitución.

Partiendo de esta realidad, es necesario que pensemos a fondo que no se puede hablar de que con el cobro del impuesto predial no se está violentando el estado de derecho de miles de ciudadanos, cuando ya se ha reconocido que ha habido errores en su aplicación y, más aún, cuando la autoridad local no ha tenido la intención de generar certidumbre en el destino de los ingresos que recabe por estos conceptos.

Por nuestra parte, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México consideramos necesario hacer un llamado al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que propicie una revisión a los criterios que sustentaron el incremento tarifario del impuesto predial y establezca un mecanismo para que cualquier ciudadano pueda confrontar la revalorización de su predio e informe a esta soberanía el resultado de sus gestiones.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a efecto de que propicie una revisión a los criterios que sustentaron el incremento tarifario del impuesto predial y establezca un mecanismo para que cualquier ciudadano pueda confrontar la revalorización de su predio e informe a esta soberanía el resultado de sus gestiones.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que amplíe y modernice la base de contribuyentes del predial para obtener mayores recursos públicos.

Notas: 1) Alrededor de mil 200 contribuyentes de un padrón de un millón 700 mil han presentado ya una queja. Comunicación Social de la Asamblea Legislativa del DF. 2) El Financiero en línea, ``Argumenta el incremento de plusvalía en diversas zonas'', Se ha eliminado 30 por ciento la evasión en el pago del impuesto, 28 de enero 2007, México. 3) Fuente: InfoSel Financiero, 28 de enero de 2008, México (ALDF), ``Evalúa PAN controversia versus alza en predial''. 4) ``El impuesto predial en la Ciudad de México tuvo un incremento de hasta en un 70 por ciento al eliminarse las opciones de pago que se tenían anteriormente...''; Deloitte entrevista: ``DF sube más de 4 por ciento'' por: Impuestum.com 28 de enero de 2008.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil ocho.--- Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión del.

¿Con qué objeto, diputada? ¿Le dan sonido a la curul de la diputada Maricela Contreras, por favor?



ESTADO DE JALISCO

La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Diputada Presidenta, para solicitar que un punto que había presentado para que fuera de urgente u obvia resolución, que versa sobre un llamado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que intervenga en el conflicto de la Industria Ocotlán, en La Barca, Jalisco, pudiera ser enviado a comisión; toda vez que estamos teniendo muchos problemas para llegar, siquiera, a la presentación de los puntos de acuerdo en estas sesiones.

Adicionalmente, diría que sería importante que pudiéramos revisar de qué manera pudiéramos hacer para la presentación, porque pierden vigencia en lo que están formados en el pleno y luego en lo que llegan a comisión y pueden tener turno ya.

Entonces, solicito por favor que este punto, que presenté a principios de febrero, pudiera ser enviado directamente a la comisión a la que solicito y pudiera atenderse. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada. Ahorita lo turnamos.



EJERCITO MEXICANO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió punto de acuerdo por el que la LX Legislatura de la Cámara de Diputados felicita al Ejército Mexicano por su patriótica lucha contra el narcotráfico, y rinde un homenaje a los soldados caídos, y expresa su solidaridad con sus familias, suscrito por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez, Adrián Fernández Cabreray Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados felicita al Ejército Mexicano por su patriótica lucha contra el narcotráfico, rinde un homenaje a los soldados caídos y expresa su solidaridad a las familias de éstos, suscrita por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez , Adrián Fernández Cabrera y Héctor Larios Córdova , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos diputados federales Alejandro Landero Gutiérrez , Adrián Fernández Cabrera y Héctor Larios Córdova con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea, la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que esta LX Legislatura felicita al Ejército Mexicano por su decidida y patriótica lucha contra el narcotráfico y rinde un sincero homenaje a los soldados caídos y expresa su solidaridad con sus familias, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es obligación del Estado garantizar la seguridad nacional y mantener la paz, uno de los derechos humanos mas importantes que deben estar protegidos por este es el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad personal. De todos es conocido el daño que representa el narcotráfico como actividad del crimen organizado que corrompe autoridades, destruye familias y mata lentamente a la juventud.

Las niñas y los niños mexicanos merecen tener un futuro sano, libre del cáncer de la droga y de la violencia que a ésta acompaña. Todos sabemos la situación que ha imperado en el país en los últimos años, y en la necesidad de recobrar los espacios públicos para todas las familias mexicanas y el estado de derecho para salvaguardar la seguridad nacional.

Es de vital importancia que esta lucha por la vida y la libertad sea combatida de manera frontal y con todo el peso del Estado. Esta debe realizarse en las diversas instancias militares y civiles, pues hemos visto que los cuerpos policíacos por si solos, han sido incapaces de enfrentar esta lucha debido entre otras causas a la falta de equipo, a la filtración del narcotráfico y a la falta de estrategias comunes.

Es fundamental que la sociedad civil, se sume a esta lucha a través de la lucha contra la corrupción, la denuncia y la prevención del consumo de droga y la integración familiar.

Es función del Ejército conservar la soberanía nacional y la seguridad interior, así como coordinar estas tareas con los gobiernos federales, estatales o municipales como está contemplado en el artículo primero y segundo de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que a la letra dicen:

Artículo 1o. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes:
I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;
II. Garantizar la seguridad interior;
III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;
IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y
V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
Artículo 2o. Las misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército y la Fuerza Aérea, por si o en forma conjunta con la Armada o con otras dependencias de los gobiernos federal, estatales o municipales, todo, conforme lo ordene o lo apruebe el presidente de la república, en ejercicio de sus facultades constitucionales.

Precisamente, para evitar la vulnerabilidad del Estado mexicano y dar garantías de derechos humanos como la libertad y la seguridad, fue necesaria la participación del Ejército Mexicano, demostrando así una vez más su lealtad al servicio de la nación en momentos en los que México corría el peligro de perder el rumbo y la paz, frente a grupos organizados del narcotráfico.

La erradicación de cultivos de enervantes y el aseguramiento de drogas, armas y narcotraficantes se ha ido incrementando. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ha dado importantes avances, gracias a la acción heroica del Ejército Mexicano, poco a poco se han ido recuperando importantes espacios que mantenían secuestrados las bandas del crimen organizado.

Estamos conscientes de que esta batalla no puede estar ajena a la defensa de los derechos humanos, por lo que ha sido una constante preocupación del gobierno mexicano, hacerlos respetar en todo momento. Por ello México ha ratificado distintos compromisos en esta materia con la ONU y la OEA. Manteniendo las puertas abiertas a los mecanismos de observación internacional en derechos humanos, dando como resultado un total de 11 visitas de la ONU y 7 de mecanismos interamericanos, tan solo entre los años 2001 a 2007.

No podríamos pasar por alto la visita de la alta comisionada para los derechos humanos a principios de este mes, la cual se pronunció en el sentido de que:

La primera obligación del Estado es proteger y defender la vida y la seguridad física. En una situación de serios desafíos a la autoridad del Estado de parte de organizaciones fuertemente armadas y de severas deficiencias en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, incluyendo una corrupción extendida.

En México los organismos internacionales y las organizaciones serias de derechos humanos saben que tienen plena libertad para emitir recomendaciones y realizar trabajos de observación para garantizar la defensa de los derechos de las personas.

El Congreso es también en todo momento, vigilante de que las acciones que emprende el Ejército para esta lucha, para que éstas estén, en todo momento, apegadas a la ley y al respeto de los derechos humanos.

El Presupuesto de Egresos que ésta soberanía aprobó para este 2008, permitirá seguramente fortalecer el trabajo que las Fuerzas Armadas vienen desempeñando con gran valentía y patriotismo.

Creemos firmemente que pronto se recuperará la organización y la capacidad de combate de las instituciones civiles contra el crimen organizado y que la participación en esta lucha del Ejército Mexicano, irá disminuyendo paulatinamente.

La tarea no ha sido fácil y ha cobrado numerosas victimas, tan solo en 2007 y hasta la primera semana de febrero de este año han fallecido 34 elementos de las Fuerzas Armadas del país, que impulsados por ese espíritu de generosidad, lealtad, valentía y patriotismo, sacrificaron su vida defendiendo no sólo la soberanía nacional frente a la amenaza del narcotráfico sino también entregando su vida por los niños y jóvenes mexicanos que merecen vivir en un país mejor.

Esta honorable Cámara de Diputados hace un reconocimiento a todos esos soldados caídos en servicio, que luchando por su patria dejaron la vida, pero también el testimonio y el ejemplo de que bien vale la pena vivir luchando por un país y un futuro mejor para todos. Desde aquí nuestra solidaridad con las familias de estos héroes mexicanos, nuestro reconocimiento y agradecimiento por su patriótica y heroica lucha.

Por las razones expuestas, se solicita poner a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LX Legislatura felicita al Ejército Mexicano por su decidida y patriótica lucha contra el narcotráfico y rinde un sincero homenaje a los soldados caídos y expresa su solidaridad con sus familias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 19 de febrero de 2008.--- Diputados: Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Héctor Larios Córdova y Adrián Fernández Cabrera (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.



CARMEN ARISTEGUI FLORES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión que considere la posibilidad de abrir un espacio e incorporar en las funciones propias de la misma a la periodista Carmen Aristegui Flores por su trayectoria y objetividad en el desempeño de sus labores.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CIRT que considere la posibilidad de abrir un espacio e incorporar en las funciones propias de ésta a la periodista Carmen Aristegui Flores, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado federal, Alberto Esteva Salinas , integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura, de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Durante la última década, las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales en México habían abierto la posibilidad para que se diera la transformación de nuestro país. Todo indicaba que, por fin, estaríamos caminando hacia el fortalecimiento de nuestra Constitución, de nuestras instituciones, y, por ende, hacia la consolidación del Estado mexicano.

Sin embargo, tal pareciera que la construcción del nuevo modelo beneficia sólo a unos cuantos y, lo peor de todo, es que cuando éstos se sienten agraviados o amenazados, son privilegiados sin importar si atropellan derechos de grupos o de personas.

Hoy venimos a denunciar la violación al derecho a la libre manifestación de ideas, al de la comunicación, al derecho de decir la verdad, pese a quien le pese y duela a quien le duela. Nos referimos al caso particular de Carmen Aristegui Flores

La salida de W Radio de Carmen Aristegui es una prueba contundente de que en México ubicamos los derechos derivados de la capitalización realizada sobre un bien público, por encima del derecho a la libertad de expresión.

Condujo el programa Hoy por Hoy hasta el 4 de enero del 2008, cuando anunció la salida del aire del programa, aduciendo diferencias contractuales y cambios en la dirección editorial que la empresa pretendía llevar a cabo. En la emisión de despedida, Aristegui afirmó haber recibido la noticia de su salida sorpresivamente.

Fue desechada cuando más alto marcaban los registros en rating y en audiencia, por lo que cualquier argumento expresado por W Radio para justificar la no renovación del contrato de la conductora y periodista es inválido.

Carmen Aristegui salió porque representa un ejemplo a la libertad de expresión crítica y objetiva. Sus señalamientos dieron oportunidad a miles de mexicanos de crearse una consciencia más dura y exigente respecto la actuación de autoridades y personajes públicos de México.

Además, ha dado la oportunidad a ciudadanos de todo tipo, de manifestar sus ideas sobre temas ``censurados'' en medios de comunicación alineados con el poder. Entre los cuales la propia Aristegui enumera: ``Las elecciones presidenciales de 2006, el debate de la Ley de Radio y Televisión, la reforma electoral, los procesos judiciales contra el cardenal Norberto Rivera en Estados Unidos, los casos Zongolica, Lydia Cacho y el conflicto social de Oaxaca''.

Ha sido en diversas oportunidades objeto de ataques, como cuando el sistema de televisión pagada (SKY), propiedad de Televisa, sacó del aire el noticiero de Aristegui aduciendo ``motivos técnicos'', cuando en realidad fue en represalia por haber entrevistado al ex candidato presidencial López Obrador y denunciar los atropellos que se estaban dando con motivo de las elecciones presidenciales.

De acuerdo con el diario nacional La Jornada, ``a lo largo de 2007 se empezaron a conocer las presiones de los consorcios Televisa y Prisa por limitar los márgenes de crítica de la periodista [...] lo que se dice que definió el despido no es otra cosa que la intervención de uno de los dos cuñados incómodos del jefe del Ejecutivo, que por cierto, desde este sexenio trabaja para la española Prisa''.

Carmen Aristegui fue crítica e imparcial al denunciar los atropellos realizados por Ulises Ruiz en Oaxaca durante el conflicto en esa entidad, pero como quedo demostrado, en Televisa no son admitidas las expresiones sistemáticas de independencia profesional.

Esa política se radicalizó en los últimos dos años, cuando se exigió a los conductores de radio y televisión, una conducta ``militante a favor de quienes presuntamente podrían dañarlos'', como López Obrador.

Para televisa y buena parte de los concesionarios, la gota que derramo el vaso fue la actitud crítica de Aristegui ante la reforma constitucional en materia electoral.

Durante el 2007, su programa Hoy por Hoy fue punto de referencia informativo, ejemplo de lo anterior es el caso Zongolica, donde Carmen Aristegui ha realizado un extenso seguimiento al caso de Ernestina Ascensio Rosario, quien presuntamente falleció a causa de una violación tumultuaria perpetrada por elementos del Ejército Mexicano y donde el presidente Felipe Calderón había adelantado que esta indígena había muerto por un malestar gastrointestinal.

Otro caso lo es el de la famosa Ley Televisa, donde Carmen Aristegui ha sido una de las principales críticas a esta controvertida ley que inhibe la competencia y perpetua el poder del duopolio conformado por Grupo Televisa y por TV Azteca.

En el caso Lydia Cacho, a través de su programa, se transmitieron por primera vez noticias que dieron la vuelta al país y al mundo, como el escándalo de las llamadas telefónicas entre el gobernador priista de Puebla, Mario Marín, y el empresario textilero, Kamel Nacif. En ellas se evidenció la colusión entre ambos para privar de su libertad a la periodista Lydia Cacho por la denuncia que hiciera de una red de pederastas en su libro ``Los demonios del edén''.

Los intereses de la alta jerarquía eclesiástica también se confrontaron en su programa Hoy por Hoy, al ventilarse las denuncias contra el sacerdote Nicolás Aguilar, acusado de pederastia y protegido por el cardenal Norberto Rivera

A lo largo de su carrera, Aristegui ha sido merecedora de varios reconocimientos, como el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Crónica en radio (2001); el reconocimiento del Centro Mexicano para la Filantropía (2002); el premio de Imagen Pública como mejor comunicadora a nivel nacional (2003); el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Mesa de Análisis (Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC 2004); el primer trofeo a la mujer Mont Blanc (2004); dos premios del Club de Periodistas (2002 y 2004); el Premio Nacional de Periodismo por Trascendencia Informativa por Medios Electrónicos (Club de Periodistas de México AC, 2006); la medalla Omecihauatl, por parte del Instituto de las Mujeres-DF (2006); y el último de ellos, el Premio Ondas Iberoamericano de Radio, por su programa Hoy por Hoy (2006).

Por otra parte, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) representa los intereses generales de los radiodifusores mexicanos, siendo un órgano de consulta del Estado en todos los aspectos relacionados con la radiodifusión, con el apoyo de sus comités y comisiones de trabajo, y de sus delegaciones en todo el país.

Asimismo, a través de la difusión de campañas de contenido social y de programas informativos, los radiodifusores mexicanos participan activamente para fortalecer la integración social y cultural de todos los habitantes de nuestro país.

La CIRT está en comunicación permanente con numerosas organizaciones e instituciones nacionales y extranjeras, las cuales proporcionan información sobre lo que hacen en sus respectivos ámbitos de acción, y se mantiene actualizada con respecto a las tecnologías de transmisión y almacenamiento de información.

En consecuencia con esto, por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión considere la posibilidad de abrir un espacio e incorporar en las funciones propias de la misma, a la periodista Carmen Aristegui Flores por su trayectoria y objetividad en el desempeño de sus labores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero 2008. --- Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conapred a que promueva los trabajos técnicos justificativos que permitan lograr el decreto para la creación del área natural protegida ---con categoría de área de protección de flora y fauna--- Punta Colonet, en el municipio de Ensenada, Baja California, suscrita por los diputados Gloria Lavara Mejíay Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conapred a promover trabajos técnicos justificativos que permitan decretar el área natural protegida, con categoría de área de protección de flora y fauna, Punta Colonet, en Ensenada, Baja California, suscrita por los diputados Gloria Lavara Mejía y Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del PVEM

Gloria Lavara Mejía y Diego Cobo Terrazas , diputados a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicitan se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Punta Colonet se localiza en la zona costera del noroeste de Baja California, cuenta con una superficie de 2 mil 941.5 kilómetros cuadrados y tiene una población de 2 mil 346 habitantes. Es una de las 23 delegaciones que conforman el municipio de Ensenada y se localiza a 250 kilómetros al sur de Tijuana. Punta Colonet forma parte de la costa sur de la ecoregión denominada ``Provincia florística de California'', que va desde Oregon, en los Estados Unidos de América, hasta el noroeste de El Rosario, Baja California. Asimismo, ha sido catalogada como uno de los 18 hotspots del mundo; es decir, se trata una región importante en cuanto a su biodiversidad y porque presentan un grado de amenaza significativo.

Punta Colonet tiene un canal de navegación natural de 17 metros de profundidad y un farallón de 4.5 kilómetros. Las principales actividades económicas de la zona son pesca, agricultura, ganadería, turismo y minería. Sobre esta última destacan sus yacimientos de titanio, estimados en más de 2 millones de toneladas y considerados como de los más grandes del continente americano.

Por lo que se refiere a sus características geológicas, los investigadores han destacado el conjunto de mesas localizado al suroeste del poblado de Punta Colonet y que se denomina ``Mesa de Colonet''. Ésta incluye a las mesas de San Antonio y El Rodeo, que forman parte de una serie de mesas que se extienden a lo largo de 16 kilómetros desde San Antonio del Mar hasta Cabo Colonet.

La vegetación de la Mesa de Colonet se conforma por cactáceas y otras suculentas, chaparral costero, comunidades estables de duna costera y en particular por matorral rosetófilo costero que es característico del tipo del clima templado seco, que en nuestro país sólo se encuentra en Baja California. Actualmente se han identificado 175 especies de plantas, muchas de las cuales son endémicas. Entre las especies de flora silvestre que se han registrado en la Mesa de Colonet destacan: Eryngium aristulatum var. parishii, Orcuttia californica, Navarretia fossalis, Myosurus minimus var. apus, Hemizonia perennis (endémica), Acanthomintha ilicifolia, dudleya attenuata spp. Attenuata, Dudleya ingens, Eriogonum fastigiatum (endémica), Hazardia berberidis (endémica), Ribes tortuosum (endémica).

En Punta Colonet se encuentran aproximadamente entre 50 y 100 humedales costeros (bocanas y marismas) que se inundan durante el invierno y la primavera, mientras que en verano y otoño permanecen secos. Su extensión va desde los tres metros hasta 1.4 kilómetros de diámetro. Muchas de las bocanas y marismas de Punta Colonet mantienen a un importante número de especies clasificadas bajo alguna categoría de riesgo por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.

Entre las aves de la Mesa de Colonet se encuentran: Buteo jamaicensis, Falco saparverius, Falco peregrinus, Phalacrocorax sp., Polioptila californica, Trogloditas sp., Tyto alba.

Por lo que se refiere a los artrópodos de la Mesa de Colonet, algunos de los que se tienen registrados son: Angelothrombium sp., Argiope argentata, Branchinecta sandiegoensis, Euphydrias sp., Papilo eurymedon, Percis coenia, Streptocephalus sp., Vanesa cardui.

Entre los reptiles que se han registrado en la zona en comento se encuentran: Anniella pulcra, Bufo microscaphus, Crotalus viridis, Coluber constrictor, Eumeces skiltonianus, Hyla regila, Pitophis melanoleucus annectens, Uta stansburiana .

Los mamíferos marinos y terrestres de la Mesa de Colonet que se han registrado en la región son, entre otros, los siguientes: Canis latrans, Dipodomys agilis, Eschrichtius glaucus, Lepus californicus, Neotoma lepida intermedia, Peromyscus eremicus, Sylvilagus auduboni, Tursiups gillii, Zalophus californianus.

Entre los atractivos naturales del municipio de Ensenada, cercanos a Punta Colonet están las áreas naturales protegidas con carácter de reservas de la biosfera: Isla Guadalupe y Golfo de California y delta del Río Colorado; las áreas naturales protegidas con carácter de parques nacionales: Sierra de San Pedro Mártir y Constitución 1857; y también están las áreas naturales protegidas con carácter de áreas de protección de flora y fauna: Valle de los Cirios e islas del Golfo de California.

Las áreas localizadas en los extremos oeste y sur de Punta Colonet todavía se consideran prístinas. Sin embargo, a pesar de esta riqueza biológica, el sitio enfrenta serias amenazas a su conservación.

La mayor parte de la Mesa de Colonet ha sido perturbada por la conversión del suelo para uso agrícola y de pastoreo, la urbanización y los desarrollos turísticos desordenados y portuarios. Sobre esta última preocupa la intención de desarrollar un megaproyecto portuario multimodal en la zona que, de llevarse a cabo, pondrá en grave riesgo a un sinnúmero de especies de flora y fauna silvestre, muchas de las cuales se sabe son endémicas y aún están siendo estudiadas por científicos nacionales y extranjeros.

Se estima que el megaproyecto portuario multimodal en Punta Colonet será el primero en México y el cuarto en el océano Pacífico por la importancia en cuanto a carga manejada y a derrama económica estimada. El proyecto demandará una inversión total de 9 mil 200 millones de dólares y ocupará un área de 5 mil hectáreas de superficie. Este puerto multimodal se construirá con el objetivo de agilizar las actividades de los puertos de Los Ángeles, San Pedro y Long Beach, ubicados en California, Estados Unidos de América, toda vez que éstos presentan problemas de congestión naval, contaminación, seguridad, problemas logísticos (imposibilidad de expansión), entre otros. Por lo que su justificación favorece preferentemente al país vecino y no al nuestro.

El pretendido puerto multimodal en Punta Colonet contará con:

• Un puerto de cabotaje y altura,
• Una terminal que manejará un millón de contenedores durante el primer año de operación, con posibilidad de expansión hasta 6 millones de contenedores en cinco años,
• Un aeropuerto internacional de carga,
• Una planta generadora de energía eléctrica con capacidad instalada de 600 megavatios,
• Dos plantas regasificadoras de gas natural,
• Un complejo hotelero, comercial e industrial,
• Un tramo de 300 kilómetros de vía de ferrocarril, y
• Una planta desalinizadora.

Antes de continuar, considero necesario hacer un paréntesis para enfatizar que los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México no nos oponemos al desarrollo nacional, a lo que nos oponemos es a que reiteradamente el tema ambiental, que es una situación de interés público y de prioridad nacional, sea relegado por intereses económicos particulares.

Cabe recordar que entre los problemas ambientales que generan los puertos están el de la contaminación del aire por la acumulación de material particulado menor a 10 micrómetros (PM 10) porque los barcos permanecen encendidos mientras esperan descargar. A eso hay que sumar las emisiones de los transportes terrestres (camiones y ferrocarril) que mueven la carga a su destino final. Otro de los problemas ambientales es el de las descargas de agua residual y lastre de los buques al Pacífico. Ello sin tomar en consideración el enorme impacto ambiental que el desarrollo del proyecto tendría a lo largo de sus diferentes etapas.

La situación en Punta Colonet se ha tornado conflictiva pues dos poderosos grupos se disputan la concesión para desarrollar diferentes actividades en esa zona. Uno de estos grupos es Puerto Colonet Infraestructura SA de CV, que está asociado con la compañía naviera Hutchinson Port Holding de capital chino, una de las más importantes en el mundo y que opera las terminales portuarias de Veracruz, Acapulco, Progreso, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Ensenada. El otro grupo está asociado con Stevedoring Services of America división México (SSA), que es la empresa que tiene el control de los principales puertos en Estados Unidos.

En agosto de 2005, el Grupo Minero Lobos, filial del Grupo Minero Baja California y asociada con Stevedoring Services of America obtuvo el título de concesión minera número 225262 para explotar por seis años titanio, acero y magnetita en un área de 29 mil 999.6 hectáreas en Punta Colonet. Además, la minera dio a conocer su intención de iniciar un estudio de factibilidad para construir un puerto en una superficie de 2 mil 400 hectáreas del área concesionada, para lo cual se asoció con SSA a través de BC Port Enterprise SA de CV. Sin embargo, el 7 de agosto de 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó el decreto mediante el cual se declara a Punta Colonet como puerto de navegación de altura y cabotaje, motivo por el cual, el 27 de agosto de 2006, el Grupo Minero Lobos interpuso un amparo contra dicho decreto por considerar que las poligonales del mismo invaden el terreno que el grupo ya tenía concesionado.

Posteriormente, el 11 de noviembre de 2006, BC Port Enterprise SA de CV, subsidiaria de Grupo Minero Lobo, presentó la manifestación de impacto ambiental para el proyecto Terminal de Minerales, Usos Múltiples y Contenedores Punta Colonet, Baja California, al cual se le asignó el número de bitácora 09/MP-0210/11/06 02BC2006V0014. El día 16 de marzo de 2007 se publicó el resolutivo de la manifestación de impacto ambiental en comento en el que resuelve: ``con fundamento en el artículo 35, fracción III, inciso a), de la LGEEPA y 45, fracción III, del REIA NEGAR la autorización solicitada en materia de impacto ambiental del proyecto presentado por el promovente, por contravenir con lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables...'' 1

Actualmente están en proceso de elaboración las bases de licitación para el megaproyecto portuario multimodal que se espera sean publicadas a finales del año 2007. Mientras eso sucede, el Grupo Minero Lobos continúa las negociaciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que le sea permitida la construcción de un puerto en el terreno concesionado.

Tomando en consideración la singularidad biológica en Punta Colonet, resulta indispensable protegerla sobre todo si se toma en cuenta que los estudios concluidos más recientes de que se tiene conocimiento datan de la década de los años sesenta. Estos estudios no corresponden a la situación actual, toda vez que, a lo largo de más de cuatro décadas la zona se ha transformado por las presiones de cambio de uso de suelo y la expansión de asentamientos humanos. Más aún, equipos de biólogos, botánicos y naturalistas llevan a cabo investigación de campo que comprende el mapeo de la zona, la identificación de especies de flora y fauna marina y terrestre, entre otras. Aunado a ello está el trabajo de investigación que estudiantes nacionales y extranjeros llevan a cabo con objeto de acreditar sus estudios de doctorado, mismo que contribuye al esfuerzo para conocer y entender los procesos y las interacciones ecológicas en Punta Colonet.

A la luz de lo anterior se considera indispensable que Punta Colonet sea decretada área natural protegida. Recuérdese que la figura de las áreas naturales protegidas se estableció a nivel legal con objeto de preservar la rica y variada diversidad biológica del país. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente éstas son: ``Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservados y restaurados...''.

Al respecto se considera que la categoría idónea sería la de área de protección de flora y fauna, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 de la ley en comento: ``Se constituirán de conformidad con las disposiciones de esta ley, de las Leyes Federal de Caza, de Pesca y de las demás leyes aplicables, en los lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres.

En dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia.

Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que resulte posible según los estudios que se realicen, el que deberá sujetarse a las normas oficiales mexicanas y usos del suelo que al efecto se establezcan en la propia declaratoria.''

Por lo expuesto, los legisladores que suscriben, diputados a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para que, en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, y de su reglamento, promueva los trabajos técnicos justificativos que permitan lograr en el corto plazo el decreto para la creación del área natural protegida con categoría de área de protección de flora y fauna Punta Colonet, misma que comprenderá la porción terrestre de los ejidos 27 de Enero, López Rayón y Eréndira, en el municipio de Ensenada, Baja California, así como la franja que va desde la línea de la costa hacia la isobata de 50 metros de profundidad frente a la costa de estos ejidos.

Nota: 1. http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/Pages/consultatutramite.aspx. Página consultada el 25 de junio de 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 19 de febrero de 2008.--- Diputados: Gloria Lavara Mejía , Diego Cobo Terrazas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



ACUERDO MIGRATORIO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que impulse la firma de un acuerdo migratorio.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar la firma de un acuerdo migratorio, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La movilidad internacional de la mano de obra se ha incrementado debido a la dinámica de la globalización, al tiempo que se han acelerado los niveles de explotación y desregulación. La falta de protección jurídica para los trabajadores migrantes resulta ser muy atractivo como un instrumento para mantener la competitividad, cuando se ven obligados a trabajar en situaciones en que no son aplicadas las condiciones de trabajo mínimas indispensables consagradas en las legislaciones e instrumentos internacionales. Los migrantes en situación irregular son particularmente vulnerables debido a que los temores de aprehensión y deportación los desalientan a sindicarse y los exponen a condiciones de trabajo peligrosas.

Abandonar su propio país para trabajar en el extranjero o comenzar una nueva vida en otra parte constituye una empresa que está sembrada de dificultades, por lo que si bien la migración a otro país puede incrementar las oportunidades y contribuir al mejoramiento de los niveles de vida, no cabe duda que puede suponer también obstáculos y penurias, en donde los trabajadores migrantes encaran a menudo la discriminación, ya sea en forma colectiva o individual, siendo a su vez, objeto de hostilidad y explotación.

De acuerdo con datos oficiales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las cifras de la migración internacional se duplicaron entre 1975 y 2000, pasando de 75 millones a 150 millones de personas que viven fuera de sus lugares de origen (incluyendo los migrantes laborales, sus dependientes, refugiados e inmigrantes permanentes).

Hoy en día, debido a la complejidad de nuestra sociedad y a los constantes problemas de búsqueda de oportunidades y conflictos regionales, el fenómeno de la migración ha crecido hasta convertirse en una situación global. Como cualquier hecho humano, la migración implica amenazas y oportunidades para las sociedades y los países, tanto para los que emiten como para los que reciben.

Entre las oportunidades para los países que reciben inmigrantes, está el incrementar su capital humano y la posibilidad de enriquecer su cultura. Por su parte, los países de origen pueden recibir remesas o disminuir la presión social en sus comunidades.

La causa principal de la migración se encuentra en las estrategias económicas de las familias, en donde la decisión de emigrar no es individual, sino que se adopta en el seno de una familia que decide enviar a uno o varios de sus miembros a países desarrollados, mientras que otros permanecen en el país en desarrollo asumiendo otras responsabilidades familiares.

En la actualidad, la magnitud de los problemas vinculados con la migración, ha llevado a que ésta, sea cada vez más un tema de preocupación para muchos gobiernos. En el caso particular de México, es claro que el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados viendo cómo las autoridades estadounidenses violan continuamente los derechos humanos y laborales de los migrantes mexicanos.

Si bien el problema de la migración hacia Estados Unidos se ha incrementado considerablemente en los últimos años, no podemos olvidar que este aumento ha traído consigo un problema aún más severo, el alto número de connacionales que pierden la vida al tratar de cruzar la frontera.

Toda vez que no existen cifras oficiales, se estima que durante los últimos 10 años más de 3 mil personas han perdido la vida en su intento de llegar a Estados Unidos. De acuerdo con otras fuentes, más de 5 mil personas han perecido durante los últimos 13 años. Es decir, al año cerca de 300 personas pierden la vida en el intento.

La percepción negativa que tiene el gobierno estadounidense en relación a la migración, ha generado el maltrato de los trabajadores migrantes, lo que en algunos casos culmina en no reconocer sus derechos humanos.

La xenofobia creciente en el país vecino ha exacerbado la hostilidad contra los trabajadores migrantes mexicanos e intensificado las dificultades que enfrentan día con día; asimismo, el incremento sostenido de la magnitud de los incidentes que entrañan violaciones de los derechos laborales de los trabajadores migrantes en cuanto a sus condiciones justas de trabajo sigue siendo causa de preocupación a la luz de las normas establecidas en los instrumentos legales nacionales e internacionales destinados a proteger sus derechos.

Por lo anterior, si se quiere promover el respeto de las normas legales y derechos de los trabajadores migrantes, es necesario que el gobierno mexicano haga hincapié sobre la necesidad de generar un acuerdo migratorio, en el cual se garanticen y reconozcan los derechos de los trabajadores migrantes.

En este sentido y de acuerdo con un estudio realizado por las Naciones Unidas, a nivel mundial, los migrantes internacionales alcanzaron los 191 millones en 2005. Esto significa que cerca del 3 por ciento de la población mundial ha cambiado de país; cerca de la mitad de los migrantes alrededor del mundo son mujeres, superando en número a los migrantes masculinos:

Asimismo, de acuerdo a cifras oficiales, más de 10 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, si consideramos a sus hijos, que por derecho pueden reclamar la ciudadanía mexicana, esta cifra podría elevarse a cerca de 25 millones de personas, es decir, 1 de cada cuatro mexicanos vive fuera del país.

La importancia de los mexicanos radicados en el extranjero se ve reflejada en la cantidad de remesas enviadas a nuestro país, que de acuerdo al Banco de México, en 2006 ascendieron a 23 mil 742 millones de dólares, mientras que para el 2007 el dinero enviado desde Estados Unidos a nuestro país tuvo un incremento del 1.25 por ciento.

Sin embargo, los migrantes se encuentran con un gran problema en la búsqueda del tan anhelado sueño americano, el de los denominados ``polleros'', ya que éstos, aprovechándose de su necesidad, les cobran entre 5 mil y 10 mil dólares por pasar la frontera, con el alto riesgo de que en el intento los dejen a su suerte.

Por otra parte, de acuerdo con un reporte publicado por la Secretaría de Gobernación, los 6.8 millones de migrantes mexicanos que forman parte del sector laboral estadounidense se encuentran dentro de la categoría de ``pobres'', ya que están considerados como la comunidad migrante peor pagada en dicho país, por ejemplo un migrante salvadoreño percibe un promedio anual de 25 mil dólares, mientras que un migrante mexicano gana 23 mil dólares en el mismo lapso, lo cual resulta realmente indignante.

Si bien los problemas a los que se enfrentan los migrantes mexicanos no podrán ser solucionados fácilmente, nos dan algunas pautas para buscar una solución integral que permita disminuir paulatinamente los abusos y violaciones a sus derechos humanos.

De esta manera, resulta evidente que mientras tengamos una brecha tan grande en el tema del desarrollo con Estados Unidos, difícilmente se podrá detener el flujo migratorio, toda vez que se genera una situación de demanda de trabajo y de falta de oportunidades en el lugar de residencia.

En tal virtud, es necesario lograr un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos de América, en donde se busque primordialmente, garantizar que las autoridades de dicho país brinden condiciones que, por el simple hecho de ser personas, merecen nuestros migrantes mexicanos, logrando con esto respetar su dignidad y estatuto de ser humano, evitando así, que estos sigan siendo víctimas de abusos.

Con base en lo anterior, es necesario tener en cuenta que todos los trabajadores migrantes son seres humanos que poseen derechos y libertades fundamentales inalienables, los cuales han sido reconocidos universalmente en instrumentos de derecho internacional como la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, por lo que el desafío principal a que se enfrenta el Estado mexicano es el de tomar las medidas necesarias para promover el respeto efectivo de estos derechos, así como los derechos laborales de los trabajadores migrantes, por lo que es necesario que desde el Ejecutivo se promuevan medidas concretas para conseguirlo.

Recientemente, en territorio estadounidense nuestros connacionales han sido objeto de planes antiinmigrantes por la cercanía de las elecciones presidenciales de dicho país, asimismo hemos visto como los gobiernos federal, estatales y municipales han endurecido las leyes para desalentar la contratación de mano de obra migrante, aumentando a su vez las redadas y deportaciones, imponiendo también, restricciones para la expedición de licencias de conducir y acceder a servicios públicos lo cual claramente viola sus derechos y pone en riesgo su estabilidad económica y la de sus familias.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado someto ante esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que impulse la firma de un acuerdo migratorio, en el cual se garantice el respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos y, en el caso de los trabajadores migrantes, el pleno ejercicio y respeto de sus derechos laborales en territorio estadounidense.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de febrero de 2008. --- Diputado José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.



ESTADO DE OAXACA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernacióny a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que atiendan a los municipios afectados por el sismo del pasado 12 de febrero de 2008en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la SHCP a atender los municipios de la zona del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, afectados por el sismo del 12 de febrero de 2008, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del PRI

Jorge Toledo Luis , diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La sismicidad en el Pacífico sur de México está dominada principalmente por la subducción de las placas oceánicas de Rivera y Cocos bajo la placa continental de Norteamérica, a lo largo de la trinchera mesoamericana. Es ahí donde se encuentra ubicado el istmo de Tehuantepec, que ha dejado constancia de ser una zona altamente sísmica.

El pasado 12 de febrero, de nueva cuenta los municipios del istmo de Tehuantepec, adolecieron un sismo de 6. 6 grados en la escala de Richter cuyo epicentro fue la población de Unión Hidalgo, en el estado de Oaxaca.

Diversas municipios del estado de Oaxaca resultaron dañadas, escuelas, palacios municipales, casas habitación, iglesias, así como distintos edificios que albergan a gran numero de la población.

No podemos hacer caso omiso a un sismo de esta magnitud, que en cualquier momento puede poner en riesgo la vida de la población.

Ante esto, es menester brindar el apoyo incondicional a los pobladores y a los afectados del sismo del 12 de febrero;

Asimismo, es preciso recordar que Oaxaca es un estado que ha sido lastimado a lo largo de su historia, y al letargo de rezago y marginación se suman los desastres naturales, además de que el nivel socioeconómico de los habitantes es en la gran mayoría deplorable, por lo cual las edificaciones que han construido carecen de una estructura capaz de soportar sismos mayores de 6 grados Richter.

Atender oportunamente los desastres corresponde al Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Gobernación, por lo cual es urgente que ésta publique en el Diario Oficial de la Federación la el listado de municipios afectados por el sismo del pasado 12 de febrero en el istmo de Tehuantepec.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre a favor de los municipios que resultaron afectados por el sismo del 12 de febrero del 2008 de 6.6 grados Richter y que pertenecen a la zona del istmo de Tehuantepec.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico a que, una vez emitida la declaratoria de desastres por parte de la Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación, libere en un plazo no mayor de 5 días naturales los recursos necesarios y así atender oportunamente a los municipios afectados por el sismo del pasado 12 de febrero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2008.--- Diputado Jorge Toledo Luis (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Gobernación.



MUJERES INDIGENAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados con población étnica regida por el sistema de usos y costumbres a que promuevan reformas en sus leyes electorales que garanticen a la mujer indígena sus derechos constitucionales.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de los estados con población étnica regida por el sistema de usos y costumbres a promover reformas de las leyes electorales respectivas que garanticen los derechos constitucionales de las indígenas, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, diputada federal Irma Piñeyro Arias , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los estados de la federación, con población étnica regida por el sistema de usos y costumbres, a promover reformas en sus leyes electorales que garanticen a la mujer indígena sus derechos dispuestos en los artículos 2o., 4o. y 35 constitucionales.

Consideraciones

La población indígena en México asciende a 13 millones de personas; representan el 12 por ciento de todos los mexicanos y se identifica entre estos grupos a 62 pueblos indígenas. La mayoría se concentra en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, considerados los estados más pobres y con los índices de desarrollo humano y social más bajos de toda la república.

Vivimos en un país con una población multicultural, multiétnica y multilingüística, que mantiene sistemas normativos basados en tradiciones ancestrales transmitidas oralmente por generaciones. En estas comunidades y municipios indígenas existe la tradición de que en ese espacio interno la elección de autoridades es un privilegio de los hombres, que lo justifican en el marco de los usos y costumbres.

Podemos afirmar que la cultura de discriminación de género no es privativa de los pueblos y comunidades indígenas, ya que esta práctica se observa en todos los sectores sociales.

La vida de las mujeres, en estas comunidades y municipios indígenas, transita en la rutina de cultivar la tierra, de intentar asegurar la subsistencia de sus familias con su trabajo diario, ir al campo a buscar leña, moler maíz, hacer las tortillas, lavar la ropa, cuidar a los hijos, limpiar la casa. Y no obstante que desempeñan un papel vital en los procesos sociales, no logran ocupar espacios en la vida política de sus comunidades.

Es necesario impulsar la participación activa de las mujeres; que no se les limite al ámbito doméstico, sino que se les integre como actores importantes en la toma de decisiones de su comunidad; como lo consagra nuestra Carta Magna en sus artículos 2o., 4o. y 35 constitucionales. Pese a las garantías específicas, una cuarta parte de los pueblos indígenas no permite el voto a las mujeres a quienes se les excluye.

Es importante subrayar que la práctica de este sistema no debe vulnerar los derechos humanos de la mujer y contravenir la norma constitucional.

La participación política de las mujeres indígenas es un derecho tutelado, no sólo en la Constitución Política Mexicana, en leyes secundarias vigentes, como la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, sino también en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

El mundo no se ha construido sólo por los hombres, la aportación de las mujeres ha sido fundamental, decisiva. A lo largo de los años su presencia fue invisible, poco valorada, a pesar de su lucha por defender los recursos naturales, el territorio, los conocimientos tradicionales, su cultura.

Sin embargo, con toda esta participación ``invisible'' no se les permite votar y ser votadas en las elecciones que se realizan en comunidades regidas por los usos y costumbres. En estos pueblos a la mujer le está vetado participar en las asambleas municipales, postularse a un cargo público, por considerar que por su condición femenina, no es ``ciudadano'' del pueblo, un ejemplo claro de esta aberración ocurrió en las pasadas elecciones locales de Oaxaca, en el municipio de Santa María Quiegolani, Yautepec, donde Eufrosina Cruz Mendoza, fue imposibilitada por el derecho consuetudinario para acceder a un cargo de elección popular.

No se trata de abolir la práctica de los usos y costumbres, al contrario, estamos de acuerdo en su permanencia y fortalecimiento, porque esta forma de gobierno es el eje rector de la organización social de los pueblos y comunidades indígenas, consignados en el artículo 2o. de nuestra Constitución Política. Bajo este principio, la mujer indígena reclama también el derecho a gobernar, a tomar decisiones, a desempeñar un papel distinto al que los usos y costumbres le ha asignado.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los Congresos de los estados de la federación, con población étnica regida por el sistema de usos y costumbres, a promover reformas en sus leyes electorales que garanticen a la mujer indígena sus derechos dispuestos en los artículos 2o., 4o. y 35 constitucionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2008.--- Diputados: Irma Piñeyro Arias (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez (rúbrica), Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Mónica Arriola Gordillo (rúbrica), Javier González Garza (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Salvatori Bronca (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Alberto Esteva Salinas (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas Acuña , (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas.



CAZA DE BALLENAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió punto de acuerdo por el que esta soberanía condena la caza de ballenas con fines de investigación adoptada por el gobierno de Japón, suscrita por los diputados Manuel Salvador Salgado Amadory Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena la caza de ballenas con fines de investigación adoptada por el gobierno de Japón, suscrita por los diputados Manuel Salvador Salgado Amador y Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del PVEM

Manuel Salvador Salgado Amador y Jesús Sesma Suárez , diputados integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La caza de ballenas fue una actividad desarrollada desde tiempos inmemorables por el hombre en todos los mares del mundo, siendo este mamífero marino la base fundamental para muchas culturas, como aporte de alimentos, grasas, huesos para herramientas, etcétera. Desde mediados a finales del siglo XIX, con la mejora de las técnicas de navegación y pesca, proliferaron los barcos balleneros que comenzaron con la explotación masiva de las ballenas con fines industriales, pero es a partir de comienzos del siglo XX cuando comienza la caza abusiva e indiscriminada de estos animales; la construcción de las primeras estaciones balleneras y la botadura de grandes factorías balleneras flotantes incrementó la captura de todo tipo de especies de cetáceos, motivos de extinción de la ballena azul 1 .

Uno de los principales motivos de que diversas especies de cetáceos se encuentren en categoría de peligro de extinción, es la caza desmedida con fines comerciales que existía hasta 1950. Se estima que había una población de unos 200 mil ejemplares. La grasa de la ballena se usaba en la fabricación de margarinas, jabón y glicerinas, entre otros usos.

La ballena azul producía tanto aceite como dos ballenas de aleta o dos y media ballenas jorobadas. Fue por eso que este cetáceo fue una presa de gran importancia para la industria ballenera. Se cree que su población total era de unos 8 mil ejemplares. Por ser objeto de una caza intensa para obtener su aceite y partes de la mandíbula útiles a la industria o lámina-metal.

También la sobreexplotación, es decir, es mayor el número de las ballenas capturadas que las que nacen, ha ocasionado la pérdida de estos ejemplares.

En 1946, mediante la Convención Internacional para Regular la Caza de Ballenas, se creó la Comisión Ballenera Internacional (CBI). La organización tiene por objeto establecer los mecanismos que garanticen una adecuada conservación de las poblaciones de cetáceos, así como propiciar el desarrollo ordenado de la industria ballenera.

Las principales funciones de la CBI consisten en hacer posible la protección total de ciertas especies como la ballena azul (balaenoptera musculus ) y la yubarta o ballena jorobada (megaptera novae ngliae ), designar grandes zonas de protección o santuarios para las ballenas, limitar la cantidad y el tamaño de las ballenas que pueden ser cazadas, fijar las temporadas de apertura y cierre de las campañas de caza, delimitar los territorios de caza, y prohibir la captura de hembras acompañadas de ballenatos y de estos mismos.

Para lograr sus objetivos, la CBI ha instrumentado diferentes acciones, entre las que destacan la creación de un Comité de Conservación, el establecimiento de santuarios y el decreto de la moratoria a la caza comercial. Esta última se decretó en 1982 y entró en vigor en 1986, y fue elaborada ante el peligro de extinción, declarado muy tempranamente de ciertas especies.

La moratoria prohíbe la caza de cetáceos con fines comerciales. Sin embargo, considera diferentes tipos de caza, como la caza comercial bajo objeción, caza aborigen y la caza con fines científicos.

La caza con fines científicos, ha traído consigo una crisis en la misión de la conservación, debido a que en el artículo 8 de la moratoria, se establece prácticamente que cada país puede decidir cuántas ballenas matar en nombre de la ciencia, por lo cual, esta matanza, aunque parece legal, no ha dado frutos científicos por parte de Japón, que dé mayor conocimiento de los cetáceos que están siendo cazados.

Desde 1986 se cazaron más de 10 mil ballenas de todas las especies, principalmente por Japón, en el Pacífico norte y el Atlántico. Para el 2007 se tenía anunciada la caza de 220 ballenas enanas, 50 ballenas de Bryde, 100 rorcuales de Rudolf y 10 cachalotes, estos en el pacífico norte, más la caza de 850 ballenas enanas, 10 rorcuales comunes y 50 yubartas en el Antártico.

Es importante mencionar que la Comisión Ballenera Internacional, hasta mayo de 2007, estaba compuesta por 77 países, entre ellos México, reuniéndose anualmente en uno de los Estados parte. Las dediciones de la CBI son redactadas por comités (científicos y de conservación), subcomités (caza aborigen e infracciones) y talleres, posteriormente son adoptadas en sesión plenaria por consenso por mayoría simple. Para poder modificar la convención y su anexo, se requiere una mayoría de tres cuartos.

Dentro de las actividades de México en la comisión es el voto a favor de la creación del santuario ballenero en el Atlántico sur, misma que fue rechazada al no alcanzar los quórums requeridos, en el marco de la 59 reunión de la Comisión Ballenera Internacional.

En el 2005, en el marco de la 55 sesión de la CBI, se voto por la denominada Iniciativa Berlín, presentada por México y apoyada por 26 países, encaminada a aumentar la capacidad de la propia CBI en materia de protección de los cetáceos y no a la gestión de recursos pesqueros. Esta aprobación se deriva de la situación actual, la cual se refleja en los propios informes de la CBI, donde se cita que ``en la actualidad no es únicamente la caza de la ballena el mayor problema al que se enfrentan las distintas especies; otras nuevas amenazas como la contaminación marina, el cambio climático, el agujero de la capa de ozono, la contaminación acústica, las colisiones con embarcaciones, la pesca intensiva de otras especies, la captura accidental en redes, etcétera, están deteriorando muy seriamente algunas especies y poblaciones, llegando en algunos casos al borde de la extinción 2.

Asimismo, México cuenta con un santuario ballenero denominado El Vizcaíno, en Baja California Sur, el cual es el mayor refugio nacional para estos mamíferos marinos. En la cual se permite, como atractivo turístico, la observación de los cetáceos.

En contradicción a estas acciones, es importante destacar que a partir de noviembre de 2007 la flota ballenera japonesa partió del oeste del país con dirección al Pacífico sur, donde cazarán 50 ballenas jorobadas, dando inicio a su vigesimoprimera expedición ballenera a cargo del Instituto de Investigación de Cetáceos, que comenzó sus campañas de estudio de estos animales en 1987.

De acuerdo a este país, se realizan estudios sobre la edad de los cetáceos y una recopilación de datos sobre su modo de vida y el contenido de sus estómagos. Es importante mencionar que este país dará caza a ejemplares de ballena jorobada por primera vez desde 1963, fecha en la que esta especie quedo protegida.

Sin embargo, Japón no ha entregado resultados de los estudios realizados en esta especie, sin embargo, la carne de los ejemplares cazados es vendida en el mercado japonés.

Es importante mencionar que otra especie que se encuentra en peligro de extinción por las mismas causas que las ballenas son las diferentes especies de tortugas marinas. En los últimos años, el hombre ha diezmado drásticamente la capacidad de estas especies para mantener su viabilidad, por lo que la mayoría de sus poblaciones se encuentran en declinación, frecuentemente a niveles críticos.

Desafortunadamente, México fue uno de los principales países que desencadenó el estatus de peligro de extinción de esta especies, debido a que nuestro país es el de mayor número de tortugas marinas en el mundo, ya que cuenta en sus aguas marinas con siete de las ocho especie existentes a nivel mundial de tortugas marinas.

La pesca excesiva, el comercio ilícito, el saqueo de nidadas, la captura y sacrificio de hembras anidadoras, la modificación y degradación del hábitat, y la captura incidental de juveniles y adultos, fueron los principales motivos que llevaron a estas especies al nivel de existencia en el que se encuentran.

Desafortunadamente, la captura desmedida de estos ejemplares en nuestro país ha llegado a rebasar los niveles óptimos de explotación, agotándose varias de las colonias más importantes de estas especies. Hasta que se determinó que las siete especies de tortugas marinas estaban catalogadas como en peligro de extinción.

La captura y caza ilegal eran ocasionadas a las diferentes fuentes económicas, debido a que la piel se comenzó a utilizar como sustito de la piel de cocodrilo, el caparazón y la carne se procesaban industrialmente y se recolectaban grandes cantidades de huevo para su venta, tanto nacional como internacional, por su sabor y la creencia de ser afrodisíacos.

No fue hasta 1990, que en México se decretó la veda total y permanente de estos ejemplares, así como de sus productos y derivados en aguas de jurisdicción nacional.

A partir de este decreto, se llevaron a cabo diversas acciones que han permitido, si no la recuperación de las especies, sí el control de las mismas. Sin embargo, se sigue trabajando para lograr la recuperación de las 7 especies, como el establecimiento de campamentos tortugueros, la vigilancia y recolección de nidos para la liberación de crías de las diferentes especies, entre otros.

No ha sido una tarea fácil en nuestro país debido a que muchos ciudadanos siguen interesados en el consumo de huevos de tortugas. Sin embargo, se siguen llevando acciones como la inspección y vigilancia, creando como delito ambiental la extracción de huevos de tortuga y el aprovechamiento ilegal de estos ejemplares.

México, considerado como un país en subdesarrollo desde los años sesenta, ha podido trabajar para la conservación de nuestro medio ambiente y las diferentes especies que ponemos en peligro de extinción diariamente, trayendo consigo la conservación y la posibilidad de recuperación de las mismas. Dejando atrás las creencias ideológicas y sociales que traía consigo las diferentes especies de flora y fauna.

Es importante mencionar que la recuperación y conservación de las diferentes especies de cetáceos y quelonios marinos, entre otros, no pueden ser un compromiso de un solo país, ni de un solo grupo de personas interesadas, el éxito se logra si se cuenta con la participación de todos los sectores sociales, evitando el contrabando y preservando los hábitat de cada una de las especies para su alimentación, reproducción y desarrollo.

Es importante que todos los sectores sociales de cada uno de los países debemos respeto a cada una de las especies como seres vivos que forman parte del ecosistema, del cual el hombre es un eslabón más y responsable de mantener el equilibrio de este delicado entorno.

En atención a lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía somete a consideración de este honorable Pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados condena la caza de ballenas con fines de investigación adoptada por el gobierno de Japón, por considerar que este hecho atenta contra los esfuerzos de conservación de este mamífero que han llevado a cabo los diferentes gobiernos, incluyendo el mexicano.

Segundo. Se exhorta al gobierno japonés para que reconsidere la matanza de ballenas con fines de investigación, por los mínimos datos científicos que han aportado a la conservación, mantenimiento y recuperación de las poblaciones de estas especies.

Notas: 1. http://www.medio-ambiente.info/modules.oho ?oo=modload~name=News amp; file=article amp; sid=369 2. http://www.medio-ambiente.info/modules. h ?o =modload amp; ame=News amp; file=article amp; sid=369
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 28 de febrero de 2008.--- Diputados: Manuel Salvador Salgado Amador , Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Junta de Coordinación Política.



DISTRITO FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal y delDistrito Federal, así como a la delegación Cuauhtémoc, a que restablezcan y consoliden los mecanismos de enlace interinstitucional con relación a los procesos de revitalización y conservación del Centro Histórico delDistrito Federal.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal, así como a la delegación Cuauhtémoc, a restablecer y consolidar los procedimientos de enlace interinstitucional relacionados con la revitalización y conservación del centro histórico de la Ciudad de México, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , secretario de la Comisión de Cultura e integrante de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha manifestado su interés por restablecer e impulsar la coordinación de los tres órdenes de gobierno y el cumplimiento de las leyes, de orden federal y local del Distrito Federal, como vías imprescindibles para la preservación de nuestro patrimonio de interés nacional y local.

Es ya del conocimiento público la demolición de hasta 11 inmuebles que se encontraban en la zona de monumentos del centro histórico; entre éstos, uno emblemático: el edificio de la calle Regina 97, conocido como ``Casa de los Camilos''.

Es menester que se efectúe una investigación para deslindar responsabilidades de las autoridades que presuntamente por omisión o por deliberación ocasionaron la destrucción de los inmuebles.

Sin embargo, simultáneamente urge una acción de fondo para evitar que esto vuelva a ocurrir. Por eso haré un recuento sucinto de las peculiaridades de la zona, en cuanto a la coordinación interinstitucional de los distintos órdenes de gobierno que allí conviven.

Para 1997, el centro histórico de la Ciudad de México reunía la casi totalidad de los principales problemas y desafíos de nuestra ciudad: deterioro habitacional, desempleo y subempleo, marginalidad y exclusión social, inseguridad y violencia, congestión vial y contaminación, entre otros. La degradación de los espacios públicos; el deterioro de los inmuebles por su antigüedad y la falta de programas de preservación, tanto federales como locales; la drástica disminución de la oferta de vivienda en renta; y la sustitución de las viviendas por comercios, bodegas y oficinas, así como los sismos de 1985, generaron un agudo proceso de despoblamiento.

Entre 1970 y 1995, el centro histórico perdió 40 por ciento de su población (118 mil 609 habitantes). Súmese que la competencia por el control del espacio urbano --entre los edificios antiguos y deteriorados-- y la posibilidad de multiplicar el uso rentable mediante la construcción de edificios con gran densidad de uso del suelo, tiende a resolverse en detrimento de los primeros. Ocurre lo mismo en cuanto a la competencia entre el uso habitacional y los usos del suelo más rentables, en particular el comercio. En este proceso actúa también la falta de congruencia y vinculación entre el marco normativo para la conservación del patrimonio y el de la planeación urbana y de la construcción.

El centro histórico padecía desde hace varias décadas la intervención desarticulada de más de 20 instituciones locales y federales de gobierno. La falta de congruencia y unidad de acción gubernamental dificultaba la gestión de los más elementales aspectos de orden urbano y convivencia social.

Hablamos de una zona que se encuentra protegida por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos, que establece la competencia de los Institutos Nacionales de Antropología e Historia (INAH), y de Bellas Artes (INBA) para normar las acciones tendentes a su preservación.

Sin embargo, la coordinación en materia de planeación y gestión entre estos organismos federales y el gobierno de la Ciudad de México es muy problemática y depende en gran medida de la existencia de una voluntad de colaboración entre ambos niveles de gobierno.

Ante esta situación urge retomar la coordinación que permita unificar la gestión pública y agilizar el diseño y aprobación de los proyectos de ``rescate''. Ya desde 1980 la Ciudad de México fue declarada por decreto presidencial zona de monumentos históricos, creándose al mismo tiempo el Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, a fin de ``coordinar las acciones requeridas para su recuperación, protección y conservación''. Diez años después se creó el Patronato del Centro Histórico, fideicomitente de un organismo privado, el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México; y en diciembre de 1987 esta zona fue inscrita por la UNESCO en la lista del patrimonio mundial.

A mediados de 2001, estas instituciones fueron reformadas. El patronato dejó de ser fideicomitente del Fideicomiso del Centro Histórico y se extinguió el Consejo del Centro Histórico. El 14 de agosto del mismo año se creó el Consejo Consultivo del Centro Histórico y se firmó un convenio de colaboración para llevar a cabo un nuevo Programa para el Rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México entre los Gobiernos del Distrito Federal, y federal. Asimismo, se creó un comité ejecutivo del consejo consultivo, integrado por miembros de los gobiernos federal, y del Distrito Federal, así como de la sociedad civil.

Por esa razón he insistido en el exhorto a las autoridades federales y a las capitalinas a reforzar la mesa de coordinación permanente de trabajo sobre el centro histórico, convencido de que con este mecanismo se inhibirán acciones como la que ahora lamentamos.

El patrimonio cultural es amenazado o destruido tanto por la incuria como por los conflictos sociales y los políticos. No podemos en ningún sentido banalizar sus efectos y perjuicios. Venimos a refrendar nuestra posición de sujeción a la legislación vigente, a los programas y acciones de protección del patrimonio cultural y a favor del fortalecimiento de las instituciones culturales.

Por esto los conmino a refrendar nuestra valoración y respeto por el patrimonio cultural, mediante el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las instancias de protección del patrimonio cultural de los gobiernos federal, del Distrito Federal y delegacionales a restablecer y consolidar los mecanismos de enlace interinstitucional relacionados con los procesos de revitalización y conservación del centro histórico de la Ciudad de México, con el objetivo de hacer valer la preservación del patrimonio cultural.

Segundo. Se exhorta a las mismas instancias de gobierno a presentar de manera coordinada el plan o programa integral del centro histórico de la Ciudad de México, concordando las disposiciones aplicables y los demás instrumentos normativos o de política tanto urbana, social y cultural como el programa parcial del centro histórico en vigor.

Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Cultura, con opinión de la Comisión del.



ZONAS ARIDAS Y SEMIARIDAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Ramón Salas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de zonas áridas y semiáridas.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de zonas áridas y semiáridas, a cargo del diputado Ramón Salas López , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal Ramón Salas López integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes.

Consideraciones

La cuarta parte de nuestro planeta está formada por tierras áridas, en las que habita una sexta parte de la población mundial. Extensas zonas secas se ven amenazadas por la desertificación, un fenómeno que se define como el deterioro de los terrenos de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, ocasionado por diversos factores, entre los que figuran, las variaciones climáticas y la explotación abusiva de los recursos naturales por parte del ser humano.

De acuerdo con expertos e información de las Naciones Unidas, la desertificación afecta a unos mil 200 millones de personas y está presente en mil 900 millones de hectáreas de todo el mundo.

Si bien existen importantes estudios para fomentar la productividad de estas regiones, es necesario afrontar una serie de nuevos desafíos como la variación climática, las repercusiones en el ciclo del dióxido de carbono, en el ciclo natural del agua, la problemática de la preservación de los bienes y servicios de los distintos ecosistemas, la utilización de madera como combustible, entre muchos otros.

Durante décadas, los responsables de las políticas nacionales e internacionales han sido informados del riesgo y de la irreversible degradación del planeta; es decir la pérdida de su capacidad en el largo plazo para proveer de bienes y servicios a las poblaciones humanas. Esta degradación de los ecosistemas podría incrementar las condiciones de pobreza y amenazas sobre las poblaciones que dependen de los recursos naturales.

Es justamente esta población de todo el mundo la que se encuentra entre las más pobres, sobreviviendo, gran parte de ellos con ingresos equivalentes a menos de 1 dólar por día, padeciendo enormes limitaciones para su alimentación y sobrevivencia.

Los proyectos como la Evaluación de la Degradación de la Tierra en las Zonas Áridas o la Convención de las Naciones Unidas para el Combate de la Desertificación se han centrado en el daño producido en los ecosistemas áridos por las actividades humanas. El apoyo para estos programas puede incrementarse significativamente si se pone más atención en las distintas capacidades productivas e incorporan objetivos de la optimización de los usos de los recursos de las zonas áridas.

En México el área del semidesierto comprende una extensión de cerca de 155,000 kilómetros cuadrados, abarcando principalmente los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas e Hidalgo. En dicha área coexisten ciudades industriales, zonas mineras, áreas agrícolas de alta productividad a nivel nacional, así como localidades que registran alto nivel de pobreza y marginación.

De todas las regiones del país, el semidesierto es de las zonas que aportan el mayor número de migrantes, que a pesar las acciones emprendidas por parte del Gobierno Federal, ha ido en aumento, y los esfuerzos que se hacen para arraigar a las familias del semidesierto no son las indicadas.

La Comisión Nacional de las Zonas Áridas, organismo descentralizado del gobierno federal, funcionó como ``instancia técnica especializada en la planeación, regulación, dirección y diseño de las políticas y programas orientadas a frenar la desertificación mediante el uso, manejo y conservación del suelo, el agua y la cubierta vegetal en tierras frágiles, con un enfoque preventivo y productivo'' pero hoy en día ha disminuido sus actividades y prácticamente ha desaparecido.

Para el Ejecutivo federal esta dependencia ha dejado de ser útil y los programas que actualmente se aplican no cumplen con las necesidades de los habitantes de estas zonas. Para la clase campesina de las zonas áridas y semiáridas de México solamente existen dos alternativas: 1) continuar con los métodos tradicionales de trabajo que hasta ahora los han mantenido en la marginalidad, lo cual los hace emigrar a los sórdidos y dramáticos cinturones de miseria de las grandes ciudades; o 2) aventurarse a cruzar como ilegales al vecino país del norte.

Estoy convencido de que se puede cambiar la realidad y condición crítica en que viven millones de mexicanos habitantes de estas regiones, que suelen ser los más pobres de entre los pobres por las condiciones naturales y la nula atención del gobierno y de la sociedad.

La supervivencia de los habitantes se ha basado en la explotación de recursos silvestres como el ixtle de lechuguilla y palma, el cortadillo, el aguamiel de maguey, el nopal para consumo humano y forrajero, el vino de sotol, entre otros.

Debido a la sobreexplotación de los recursos se debe de tener un control de manera sustentable, así como promover la capacitación de los productores. Es de suma importancia que se impulse la investigación de nichos de mercado, donde quiera que estos se encuentren, para que la producción que tengamos sea la que la sociedad demanda.

El gobierno federal, respondiendo a las demandas de los pobladores de estas regiones tiene que emprender programas para hacer accesible los servicios de salud y educación; los programas de vivienda rural; los programas de agua limpia, además de impulsar el financiamiento de sus proyectos de producción, transformación y comercialización de los productos explotables de estas zonas.

En las zonas semidesérticas de México existe un alto potencial económico con productos de poca competencia mundial, cuyo uso es estratégico en algunos procesos industriales, beneficiando a los habitantes del desierto, por lo que se requeriría del asesoramiento para aprovechar las oportunidades que se establecen en el Capítulo Agrícola del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Así mismo encontramos enormes oportunidades para el desarrollo de importantes proyectos turísticos y el aprovechamiento sustentable de los suelos.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de Zonas Áridas y Semiáridas de la Cámara de Diputados como instrumento para impulsar las iniciativas que atiendan las demandas de servicios de salud y educación; de acceso a programas de vivienda y de empleo; así como para la transferencia de tecnología y la inversión en infraestructura que permitan a estas zonas del país alcanzar su desarrollo sustentable.

Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Social, Agricultura y Ganadería; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Recursos Hidráulicos, Salud, Educación y Vivienda para que establezcan los mecanismos de información y coordinación pertinentes con esta Comisión Especial.

Tercero. Se haga del conocimiento de las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía, de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, de instituciones de educación y de salud y de los gobiernos estatales y municipales de los trabajos de esta comisión especial, para evaluar, exhortar o apoyar acciones e inversiones que puedan aplicar para el rescate, preservación, desarrollo y aprovechamiento de las Zonas Áridas y Semiáridas del país.