Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXI Legislatura
Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
Director del
Diario de los Debates
Jesús Norberto Reyes Ayala
Año
México, DF, miércoles 28 de abril de 2010
Sesión No. 31

SUMARIO


DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

Comunicación de la Mesa Directiva respecto de dictámenes negativos con los que se desechan proposiciones de punto de acuerdo de las comisiones siguientes:

Agricultura y Ganadería, por la que se solicita la creación de la Comisión Nacional de Control y Seguimiento de la Comercialización del Café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país

Pesca, por el que se cita a comparecer al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca y al director del Instituto Nacional de la Pesca para que proporcionen una explicación técnica y detallada respecto al embargo camaronero impuesto por Estados Unidos de América

Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para exhortar al Ejecutivo federal a poner en marcha el programa piloto Quédate en México

Seguridad Pública, para que se investiguen las condiciones presupuestales y normativas en que la Secretaría de Seguridad Pública está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías

Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos

DELITOS CONTRA MUJERES

Oficio del procurador general de Justicia del Estado de Sonora con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al fortalecimiento de los centros de orientación, protección y atención a víctimas del delito mediante los cuales se brinda atención especializada a mujeres en crisis y víctimas de actos de violencia. Se remite a la Comisión de Equidad y Género para su conocimiento

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Defensa Nacional

ARTICULOS 52, 53, 54, 55, 56 Y 58 CONSTITUCIONALES

Se recibe del diputado Teófilo Manuel García Corpus iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto incluir la representación de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión y promover su participación política. S Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Se recibe de la diputada Ana Estela Durán Rico iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 222 a la Ley de Impuesto sobre la Renta, a fin de impulsar la contratación de personas de la tercera edad. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Se recibe del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la comisión ordinaria de planeación. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

Se recibe de la diputada Sofía Castro Ríos iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, respecto al autotransporte federal de pasajeros. Se turna a la Comisión de Transportes

ARTICULOS 73, 76, 89, 105, 108, 110, 111, 122 Y 135 CONSTITUCIONALES

Se recibe del diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 73, 76, 89, 105, 108, 110, 111, 122 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el Distrito Federal como entidad federativa tenga mayores atribuciones para que se equiparen a la del resto de los estados de la república. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Se recibe del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social, para fortalecer el carácter de las recomendaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Se turna a la Comisión de Desarrollo Social

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Se recibe de la diputada Olivia Guillén Padilla iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una comisión ordinaria de narcotráfico y consumo de drogas. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

Se recibe del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los municipios tengan a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: limpia, recolección, traslado, tratamiento, además de controlar sus efectos ambientales y a la salud y disposición final de residuos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales

ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL

Se recibe del diputado Jorge Arana Arana iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de petición. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

Se recibe de la diputada Sofía Castro Ríos iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 y 17 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en relación con la conformación de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. Se turna a la Comisión de Equidad y Género

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

Se recibe del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado el 9 de febrero de 2009, respecto al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Se turna a la Comisión de Comunicaciones

LEY GENERAL DE SALUD

Se recibe de la diputada Olivia Guillén Padilla iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención en el periodo de postparto. Se turna a la Comisión de Salud

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Se recibe del diputado Antonio Benítez Lucho iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de exención a pensiones y jubilaciones. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Se recibe del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29, 31, 35 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con créditos a la micro, pequeña y mediana industria. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

Se recibe de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 57, 58 y 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sobre la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

Se recibe del diputado José Alberto González Morales iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a fin de establecer una tarifa preferencial del pago de la energía eléctrica, a planteles e infraestructura del sector público educativo. Se turna a la Comisión de Energía

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Se recibe del diputado Melchor Sánchez de la Fuente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil y de los adultos mayores. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Atención a Grupos Vulnerables

LEY GENERAL DE SALUD

Se recibe de la diputada María Cristina Díaz Salazar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a fin de fomentar la investigación clínica. Se turna a la Comisión de Salud

LEY DE COORDINACION FISCAL

Se recibe del diputado Esteban Albarrán Mendoza iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 47-A de la Ley de Coordinación Fiscal, que crea el Fondo Especial para el Desarrollo Estructural del Sur Sureste, el cual comprende los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

Se recibe de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a fin de regular la expedición de copias certificadas que las partes le soliciten al tribunal correspondiente. Se turna a la Comisión de Justicia

ARTICULO 79 CONSTITUCIONAL

Se recibe del diputado José Francisco Rábago Castillo iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la duración del encargo del auditor superior de la Federación. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales

ARTICULOS 76, 78, 89 Y 96 CONSTITUCIONALES

Se recibe del diputado Omar Fayad Meneses iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 76, 78, 89 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de designación de ministros. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

Se recibe del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de que las entidades federativas estén facultadas para presentar propuestas de programas y proyectos de inversión. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Se recibe del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título Sexto con un Capítulo Unico a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la rendición de cuentas sobre el desempeño legislativo de los integrantes del Congreso de la Unión. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

LEY GENERAL DE POBLACION

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Población, para crear grupos de protección a los migrantes y transmigrantes que se encuentren dentro del territorio nacional. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

Desde su curul, el diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave se adhiere a la iniciativa

Desde su curul, el diputado Jorge Venustiano González Ilescas acepta

LEY DE VIVIENDA

El diputado Rafael Pacchiano Alamán presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, sobre el reúso y reciclaje del agua así como la utilización y reutilización y reciclaje de agua de lluvia en la vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda

Desde su curul, la diputada Lorena Corona Valdés se adhiere a la iniciativa

El diputado Rafael Pacchiano Alamán acepta

ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL - LEY GENERAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORIAS SOCIALES

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que expide la Ley General para la Práctica de Auditorías Sociales, para exigir una rendición de cuentas a las autoridades y funcionarios públicos por parte de la ciudadanía. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

LEY DE COORDINACION FISCAL

El diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, para ampliar los fines del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, a fin de fortalecer los recursos financieros que integran el patrimonio de los cuerpos de bomberos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD - LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

La diputada Kenia López Rabadán presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y 6o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, sobre el acceso de manifestaciones culturales y el desarrollo de habilidades artísticas para los jóvenes y las mujeres. Se turna a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Equidad y Género

Desde su curul, el diputado Baltazar Martínez Montemayor se adhiere a la iniciativa

Desde su curul, la diputada Kenia López Rabadán acepta

LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS - CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Se recibe de la diputada Lizbeth García Coronado iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, para establecer que el juego ilegal sea tipificado como delito grave. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia

CODIGO DE JUSTICIA MILITAR

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 57 y 58 del Código de Justicia Militar, para que los del fuero común o federal dejen de ser considerados como delitos contra la disciplina militar. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El diputado Jaime Sánchez Vélez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en relación con las sanciones para aquellas personas que incumplan cualquiera de las disposiciones en materia de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado. Se turna a la Comisión de Transportes

Desde su curul, el diputado José Manuel Agüero Tovar se adhiere a la iniciativa

Desde su curul, el diputado Jaime Sánchez Vélez acepta

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para proteger de manera prevalente los derechos de la niñez en extrema vulnerabilidad y a la protección de la niñez en la calle. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Desde su curul, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado se adhiere a la iniciativa

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal acepta

LEY GENERAL DE SALUD - LEY DEL SEGURO SOCIAL

El diputado Antonio Benítez Lucho presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley del Seguro Social, unidades médicas de IMSS-Oportunidades que dependen del Instituto Mexicano del Seguro Social y los hospitales y centros de salud que dependen de los servicios estatales de salud se integren en una coordinación programática en salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Seguridad Social

LEY GENERAL DE SALUD

Se recibe del diputado Miguel Martínez Peñaloza iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, para que los alimentos y bebidas que se expendan en las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria posean el valor nutricional que coadyuve a una dieta en contra de la obesidad infantil. Se turna a la Comisión de Salud

ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL

El diputado José Luis Velasco Lino presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el acceso a la ciencia y la tecnología como un derecho. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales

ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Se recibe de la diputada Leticia Quezada Contreras iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto a prohibir que elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina participen en actividades de seguridad pública. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Seguridad Pública

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La diputada Olivia Guillén Padilla presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o., 2o.-A y 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los derechos estatales o municipales por el servicio o suministro de agua potable. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

LEY GENERAL DE TURISMO

El diputado Armando Ríos Piter presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, para establecer las modalidades del turismo alternativo que serían: turismo de aventura, turismo ecológico o ecoturismo, turismo rural y el turismo cultural. Se turna a la Comisión de Turismo

Desde su curul, el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez se adhiere a la iniciativa

El diputado Armando Ríos Piter acepta

ARTICULOS 35, 40 Y 73 CONSTITUCIONALES

El diputado Arturo Santana Alfaro presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 40 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de fortalecer el derecho a la participación ciudadana. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales

Desde su curul, la diputada María Marcela Torres Peimbert se adhiere a la iniciativa

El diputado Arturo Santana Alfaro acepta

ARTICULOS 73, 74, 78 Y 123 CONSTITUCIONALES - LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El diputado Roberto Rebollo Vivero presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 73, 74, 78 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 90, 94 y 570 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salarios generales y profesionales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social

Desde su curul, la diputada Olivia Guillén Padilla se adhiere a la iniciativa

Desde su curul, el diputado Roberto Rebollo Vivero acepta

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL

La diputada Mary Telma Guajardo Villareal presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los derechos laborales de las mujeres trabajadoras. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales

ORDEN DEL DIA

Solicitud de la Junta de Coordinación Política para modificar el orden del día e insertar la siguiente iniciativa. Aprobada

LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La diputada Daniela Nadal Riquelme presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, en relación con la marginación y discriminación para personas con discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Desde su curul, la diputada Caritina Sáenz Vargas se adhiere a la iniciativa

Desde su curul, la diputada Daniela Nadal Riquelme acepta

CAJAS DE AHORRO POPULAR

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a utilizar el tiempo oficial del Estado en los medios para difundir lo relacionado con los riesgos de las cajas de ahorro popular. Aprobado, comuníquese

PRUEBA ENLACE

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que exhorta a las autoridades educativas de los estados para que resalten las calificaciones extraordinarias de la prueba ENLACE. Aprobado, comuníquese

LEY ANTIINMIGRANTE EN ARIZONA

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que manifieste su rechazo a la ley antiinmigrante en Arizona y se conforme un Grupo de Trabajo que dé seguimiento. Aprobado, comuníquese

LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION

Comunicación del presidente de la Comisión de la Función Pública por la que solicita que se retire del orden del día el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 80 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se devuelva a la Comisión. Se aprueba y se devuelve a la Comisión

LEY GENERAL DE EDUCACION

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales

Se le dispensa la segunda lectura y a nombre de la Comisión fundamenta el dictamen el diputado Arturo Zamora Jiménez, quien propone modificaciones, que se aceptan

A discusión, intervienen los diputados:

Víctor Humberto Benítez Treviño

María de Jesús Aguirre Maldonado

Suficientemente discutido, se aprueba en lo general y en lo particular; pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales

MANDOS UNICOS DE POLICIA EN ENTIDADES FEDERATIVAS

Se recibe del diputado Salvador Caro Cabrera proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Seguridad Pública de esta soberanía que consulte a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a lo señalado por la Conferencia Nacional de Gobernadores en relación con el pronunciamiento para crear mandos únicos de policía en las entidades federativas, a efecto de tomar las medidas legislativas pertinentes. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública

ZONA FEDERAL MARITIMO-TERRESTRE

Se recibe del diputado Carlos Manuel Joaquín González proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a verificar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios o, en su caso, permisionarios de la zona federal marítimo-terrestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

DERECHOS HUMANOS DE MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Se recibe de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda proposición con punto de acuerdo relativo a la situación migratoria y a la defensa de los derechos humanos de nuestros compatriotas en Estados Unidos de América. Se turna a la Junta de Coordinación Política

TERESA GONZALEZ CORNELIO - ALBERTA ALCANTARA JUAN

Se recibe del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez proposición con punto de acuerdo por el que se crea un grupo plural de trabajo para dar seguimiento puntual al proceso penal de las indígenas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, a fin de verificar el cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos humanos. Se turna a la Junta de Coordinación Política

SISTEMA NACIONAL DE ESTACIONES METEOROLOGICAS

Se recibe del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua a revisar y, en su caso, complementar el Sistema Nacional de Estaciones Meteorológicas. Se turna a las Comisiones Unidas Agricultura y Ganadería y de Recursos Hidráulicos

ESTADO DE HIDALGO

Se recibe del diputado Héctor Pedraza Olguín proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas a agilizar el proceso de recategorización del área natural protegida Parque Nacional los Mármoles como área de protección de flores y fauna, en Hidalgo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

PRECIO DEL DIESEL Y GASOLINAS

Se recibe del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar el precio del diesel y de las gasolinas en el territorio nacional para evitar la escalada de precios de bienes y de servicios. Se turna a la Comisión de Energía

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Se recibe de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se tomen las medidas pertinentes a efecto de detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses “pirata” dentro del territorio nacional. Se turna a la Comisión de Transportes

DESARROLLO DE LOS NUCLEOS EJIDALES Y COMUNALES

Se recibe del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a elaborar con las instituciones de educación superior vinculadas con el sector rural los planes de desarrollo de los núcleos ejidales y comunales de la república. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria

CARRETERA CAMPECHE-MERIDA

Se recibe del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a programar recursos para la modernización del tramo carretero Campeche-Mérida. Se turna a la Comisión de Turismo

PRODUCTORES ACUICOLAS

Se recibe del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua a implantar acciones que faciliten la obtención de concesiones para los productores acuícolas del país. Se turna a las Comisiones Unidas Agricultura y Ganadería y de Recursos Hidráulicos

MONTO DE PEAJE A MOTOCICLETAS

Se recibe del diputado Jorge Arana Arana proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y del Fondo Nacional de de Infraestructura, en 50 por ciento el peaje correspondiente a las motocicletas. Se turna a la Comisión de Transportes

TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO-BRASIL

Se recibe del diputado Jorge Hernández Hernández proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República a analizar de forma exhaustiva la negociación del tratado de libre comercio México-Brasil para garantizar igualdad de condiciones comerciales. Se turna a la Comisión de Economía

CIRCULACION DE VEHICULOS SINIESTRADOS

Se recibe del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a prohibir, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Gobernación, la circulación por carreteras federales de vehículos siniestrados, con remolques o en malas condiciones mecánicas carentes de concesión. Se turna a la Comisión de Transportes

SEGURO POPULAR

Se recibe del diputado Antonio Benítez Lucho proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular del Sistema Nacional de Protección Social en Salud a fin de que celebre convenios específicos con las entidades federativas sobre el anticipo de recursos para la acreditación de unidades de salud a cuenta de la atención de beneficiarios del Seguro Popular. Se turna a la Comisión de Salud

TRATAMIENTO, REUTILIZACION Y RECOLECCION DE AGUA

Se recibe de la diputada Janet González Tostado proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Nacional del Agua coordine un programa de condonación de adeudos y recargos para usuarios que inviertan en tratamiento, reutilización y recolección de agua. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos

MATERIA EDUCATIVA Y CULTURAL

Se recibe de la diputada Olivia Guillen Padilla proposición con punto de acuerdo para que una comisión especial integrada por las de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura revise las relaciones de México con la comunidad internacional en materia educativa y cultural, con miras a elevar la interacción del país en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Se turna a la Junta de Coordinación Política

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

Se recibe del diputado David Hernández Vallín proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente y a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a iniciar ajustes presupuestarios y administrativos para resarcir el poder adquisitivo del personal técnico operativo de base, de confianza y eventual, y garantizar su profesionalización. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social

CIRCULACION DE TRACTOCAMIONES DOBLEMENTE ARTICULADOS

Se recibe del diputado Arturo Zamora Jiménez proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reformar diversas disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008 con el objeto de que se prohíba la circulación de las unidades de transporte denominadas por la norma anteriormente citada como “tractocamión doblemente articulado”. Se turna a la Comisión de Transportes

SISTEMA NACIONAL DE PROVEEDORES CERTIFICADOS DE MEDICAMENTOS

Se recibe del diputado Antonio Benítez Lucho proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer, mediante la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con la participación del Consejo Nacional de Salud, el sistema nacional de proveedores certificados de medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos, suplementos, sustancias químicas y material de curación. Se turna a la Comisión de Salud

VENTA DEL PADRON ELECTORAL

Se recibe de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar la venta del padrón electoral; y al Consejo General del Instituto Federal Electoral, a tomar medidas para garantizar la seguridad de la información de los ciudadanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación

ESTADO DE CHIHUAHUA

Se recibe del diputado Jaime Flores Castañeda proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la liberación de recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender los efectos de las lluvias suscitadas en Praxedis G. Guerrero, Chihuahua. Se turna a la Comisión de Gobernación

PROGRAMA NACIONAL DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES ALIMENTARIAS

Se recibe de los diputados Cruz López Aguilar y Francisco Alberto Jiménez Merino proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Secretaría de Economía un programa nacional de sustitución de importaciones alimentarias. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Economía

SECTOR TURISMO

Se recibe del diputado Isaías González Cuevas proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reorientar los estímulos fiscales y canalizarlos a empresas nacionales para apoyar el desarrollo de cadenas de proveedores nacionales del sector turismo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

DEVOLUCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MUNICIPIOS

Se recibe del diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del Servicio de Administración Tributaria, a ajustarse de inmediato a lo establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y realizar las devoluciones a que, por ese concepto, tienen derecho los municipios con saldo a favor. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS - LEY INSTITUCIONES DE CREDITO - LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA - LEY DE TRANSPARENCIA Y DE FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CREDITO GARANTIZADO - LEY DEL BANCO DE MEXICO

Se recibe del diputado Jesús Alberto Cano Vélez proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; de Instituciones de Crédito; para Regular las Sociedades de Información Crediticia; de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado; y del Banco de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Se recibe del diputado Amador Monroy Estrada proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal a establecer, en acatamiento del laudo dictado por la autoridad competente, una mesa de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la dependencia. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública

PETROLEOS MEXICANOS

Se recibe del diputado Antonio Benítez Lucho proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a Petróleos Mexicanos para la integración de un grupo multidisciplinario para la evaluación de las acciones que en materia de resarcimiento del entorno ecológico y de investigación ha realizado dicho organismo en materia de impacto y riesgo ambiental con criterio de sustentabilidad, en particular lo concerniente al estado de Veracruz. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SOBREPESO Y OBESIDAD

Se recibe del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez proposición con punto de acuerdo respecto al Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, y Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad. Se turna a la Comisión de Salud

ESTADO DE CAMPECHE

Se recibe del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, así como a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Electricidad a considerar una tarifa especial para los agricultores, en concreto los de Campeche, en virtud del uso excesivo de los sistemas de riego debido a la falta de lluvias. Se turna a la Comisión de Energía

EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL

Se recibe de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas a homologar su legislación con lo establecido a escala federal en materia de explotación sexual infantil. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

ESTADO DE TAMAULIPAS

Se recibe del diputado Patricio Chirinos del Angel proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que concluya el tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Pánuco, en la Huasteca; y se solicita la intervención del titular de la Secretaría de la Función Pública a fin de que supervise el proyecto. Se turna a la Comisión de Transportes

ESTADO DE OAXACA

Se recibe de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la integración de una comisión legislativa de intermediación para el diálogo y la paz en la región triqui de la zona mixteca, en Oaxaca. Se turna a la Junta de Coordinación Política

PARQUE NACIONAL NEVADO DE TOLUCA

El diputado Miguel Angel Terrón Mendoza presenta proposición con punto de acuerdo por el que se crea una subcomisión especial para la conservación del parque nacional Nevado de Toluca. Se turna a la Junta de Coordinación Política

AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA

El diputado Jorge Hernández Hernández presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se establezcan mesas de negociación y verificación de perjuicios para resarcir el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca, en el tramo que atraviesa Ecatepec de Morelos, estado de México. Se turna a la Comisión de Transportes

ESTADO DE JALISCO

Se recibe del diputado Salvador Caro Cabrera proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía reprueba los actos de intimidación realizados el pasado 3 de abril en agravio de los ciudadanos que apoyan el movimiento contra la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos

AGENDA DIGITAL

Se recibe del diputado Rodrigo Pérez Alonso González proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el nuevo modelo de oficialía mayor, en el marco del Programa Nacional de Gasto Público, las áreas de tecnologías de la información conforme a los objetivos de la agenda digital. Se turna a la Comisión de la Función Pública

ESTADO DE GUERRERO

El diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud y al gobierno de Guerrero a construir un hospital general para la atención de la población indígena de la región de La Montaña de esa entidad. Se turna a la Comisión de Salud

Desde su curul, el diputado Armando Ríos Piter se adhiere a la proposición

Desde su curul, el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández acepta

ESTADO DE MICHOACAN

La diputada Jeny de los Reyes Aguilar presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar las desapariciones y el fallecimiento de periodistas en Michoacán. Se turna a la Comisión de Justicia

METALURGIA EXTRACTIVA

El diputado Ramón Jiménez López presenta proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una ampliación presupuestaria de la partida de excedentes petroleros para crear el centro nacional de investigaciones en metalurgia extractiva. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

PRESTAMOS INTERNACIONALES

Se recibe del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación, y de Relaciones Exteriores mejoren sus esquemas de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos obtenidos a través de préstamos internacionales, así como en las actividades de ciudadanos extranjeros en el país. Se turna a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Gobernación

PROGRAMA HOY NO CIRCULA

El diputado Gumercindo Castellanos Flores presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a analizar la posibilidad de exentar del programa hoy no circula a los vehículos con permiso de internación temporal. Se turna a la Comisión del Distrito Federal

Desde su curul, el diputado Juan José Cuevas García se adhiere a la proposición

COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que explique el proceso de recepción, valuación y custodia de bienes, derechos, activos y recursos presupuestarios asignados a Luz y Fuerza del Centro, así como la disposición de activos o partidas con el cambio de su destino y vocación de servicio público. Se turna a la Junta de Coordinación Política

Desde su curul, el diputado Francisco Hernández Juárez se adhiere a la proposición

Desde su curul, el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella acepta

VICTIMAS DE LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO

El diputado Jaime Flores Castañeda presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación para que permitan salvaguardar la integridad, los derechos y bienes de las personas, integrantes de esta sociedad mexicana y actúen de manera igualitaria en la atención y den respuestas concretas y eficientes a las víctimas de la delincuencia y el crimen organizado. Se turna a la Junta de Coordinación Política

Desde su curul, el diputado Alejandro del Mazo Maza se adhiere a la proposición

El diputado Jaime Flores Castañeda acepta

ATENCION A MIGRANTES MEXICANOS DEPORTADOS

El diputado Enrique Torres Delgado presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover, mediante el Instituto Nacional de Migración el fortalecimiento de las políticas de atención integral a migrantes mexicanos deportados a las ciudades fronterizas. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

ADMINISTRACION GENERAL DE ADUANAS

El diputado Enrique Torres Delgado presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modernizar, mediante la Administración General de Aduanas, los dispositivos de control y vigilancia los recintos y corredores fiscales de las garitas, de los puertos y de los aeropuertos para evitar actos de corrupción del personal adscrito a esa dependencia. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Desde su curul, el diputado Baltazar Martínez Montemayor se adhiere a las dos anteriores proposiciones

Desde su curul, el diputado Enrique Torres Delgado acepta

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El diputado Martín García Avilés presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a rendir un informe detallado sobre el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología

MUNICIPIOS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA

Se recibe del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a privilegiar con el programa de rescate de espacios públicos de los municipios con mayor incidencia delictiva. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social

ESTADO DE QUERETARO

Se recibe del diputado Agustín Guerrero Castillo proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía se pronuncia contra el alcalde de San Juan del Río, Querétaro, por atentar contra la libertad de expresión, y pide la intervención del gobernador a efecto de solicitar la renuncia de aquél y el cese inmediato del secretario de Seguridad Pública municipal. Se turna a la Junta de Coordinación Política

RADIOMOVIL DIPSA

La diputada Sofía Castro Ríos presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a implantar medidas de revisión y de control de Radiomóvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto a cobros indebidos y a uso de publicidad engañosa. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Economía

VERIFICACION DE QUORUM

Desde su curul, el diputado Víctor Manuel Castro Cosío solicita la verificación del quórum

ESTADO DE CHIHUAHUA

Se recibe del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez presenta proposición con punto de acuerdo, relativo al clima de inseguridad y violencia en Chihuahua. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública

DERECHO AL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Se recibe del diputado César Francisco Burelo Burelo proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que conmine a las comisiones ordinarias el pronto desahogo de temas coincidentes de las agendas legislativas, en particular a las de Puntos Constitucionales, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre el tema del derecho al agua para consumo humano. Se informó de su recepción y se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajadores Legislativos

PRODUCTOS CHATARRA EN TIENDAS Y COOPERATIVAS DE CENTROS ESCOLARES

La diputada Guadalupe Pérez Domínguez presenta proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Educación Pública, y de Salud que informen sobre las políticas de control en relación con los productos chatarra que se expenden en las tiendas y cooperativas de los centros escolares; así como de sus programas para combatir la obesidad. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud

ESTADO DE GUANAJUATO

La diputada Margarita Gallegos Soto presenta proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe amplio respecto a la distribución en Guanajuato de un libro de texto no autorizado, y a las medidas de vigilancia y sanción con que evitará una nueva violación del espíritu del artículo 3o. constitucional; asimismo, se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía a investigar sobre los recursos usados para imprimir dicha obra. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

VERIFICACION DE QUORUM

La Presidencia de la Mesa Directiva solicita la verificación del quórum

PRECIOS DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

El diputado Rolando Zubia Rivera presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a detener el aumento de los precios de los insumos para la producción agropecuaria e instrumentar programas en apoyo a los productores agropecuarios nacionales. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería

POLICIAS CIBERNETICAS

Se recibe del diputado Agustín Castilla Marroquín proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Policías Cibernéticas a fortalecer su personal e infraestructura, establecer convenios de cooperación e intercambio de información, unificar criterios e implantar procedimientos preventivos de riesgos en el uso de Internet. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

El diputado David Hernández Vallín presenta proposición con punto de acuerdo por el que por el que se requiere la comparecencia del presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ante esta soberanía para explicar el contenido del informe de actividades y resultados de 2009, recién entregado al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión; y se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que practique una auditoría de desempeño a la Junta de Gobierno del instituto. Se turna a la Junta de Coordinación Política

Desde sus curules se adhieren a la proposición los diputados:

Manuel Humberto Cota Jiménez

Laura Itzel Castillo Juárez

VERIFICACION DE QUORUM

La Secretaría informa de la existencia de quórum

INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

Se recibe del diputado Marco Antonio García Ayala proposición con punto de acuerdo, por la que exhorta a la Comisión de Salud de esta soberanía a reunirse con los directores de los institutos nacionales de salud para conocer lo mismo sus programas que su situación administrativa y financiera. Se turna a la Comisión de Salud

SECRETARIO DE SALUD

El diputado Malco Ramírez Martínez presenta proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud para que informe sobre el avance en la obra y el uso del presupuesto asignado a Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) y Biológicos y Reactivos de México (Birmex) en 2009 y lo que va de 2010. Se turna a la Junta de Coordinación Política

TELEFONIA CELULAR TELCEL

La diputada María Antonieta Pérez Reyes presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a iniciar procedimientos administrativos para revisar el contrato de prestación de servicios de la empresa de telefonía celular Telcel y sancionar prácticas abusivas establecidas en sus cláusulas. Se turna a la Comisión de Economía

ORDEN DEL DIA

Solicitud de la Junta de Coordinación Política para modificar el orden del día e insertar el siguiente dictamen. Aprobada

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios. Se dispensa la segunda lectura

Fundamenta el dictamen en nombre de la Comisión la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu

Fijan la posición de sus grupos parlamentarios los diputados:

Norma Leticia Orozco Torres

Samuel Herrera Chávez

Reyes S. Tamez Guerra

Juan Enrique Ibarra Pedroza

María Teresa Rosaura Ochoa Mejía

Enrique Octavio Trejo Azuara

Héctor Pedraza Olguín

Suficientemente discutido en lo general, es aprobado en lo general, y en lo particular los artículos no impugnados

A discusión en lo particular, presenta proposiciones de modificación la diputada Laura Gabriela Cuevas Barron, que se admiten a discusión

Intervienen los diputados:

Diva Hadamira Gastélum Bajo

Emilio Serrano Jiménez

Víctor Manuel Báez Ceja

Se aceptan las modificaciones propuestas

Suficientemente discutido el artículo reservado, es aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto; pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales

CONFLICTOS MINEROS

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación con la atención a los conflictos mineros del país. Aprobado; comuníquese

TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO-BRASIL

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República a escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los sectores industrial, comercial, y de servicios del país y de la Comisión de Economía de la honorable Cámara de Diputados con el propósito de integrarlas en el análisis de la negociación del Tratado de Libre Comercio México-Brasil, para evitar afectaciones al sector productivo del país. Aprobado; comuníquese

CUENTAS BANCARIAS QUE NO HAYAN REPORTADO MOVIMIENTOS

Se recibe de la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a realizar una campaña informativa sobre el destino que se dará al dinero de las cuentas que no hayan reportado movimiento por depósito o retiro durante más de tres años, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

ESTADO DE NAYARIT

Se recibe de la diputada Martha Elena García Gómez proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público que destinen la atención y los recursos económicos conducentes a la construcción de un muro para contener el mar y evitar la desaparición de El Palmar de Cuautla, en Santiago Ixcuintla, Nayarit. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Gobernación

ORDEN DEL DIA

Solicitud de la Junta de Coordinación Política para modificar el orden del día e insertar la siguiente proposición con punto de acuerdo. Aprobada

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El diputado Juan Carlos Natale López presenta proposición con punto de acuerdo por el que solicita al superior jerárquico responsable del control y vigilancia de la Administración de Aduanas del país, pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria, que conmine a su subalterno adscrito a la Jefatura de Aduanas de Tijuana, Baja California, a efecto de que solicite permiso temporal para separarse del cargo una vez concluido el proceso electoral de 2010 en aquel estado del país. Se turna a la Junta de Coordinación Política

ESTADO DE JALISCO

El diputado José Trinidad Padilla López presenta proposición con punto de acuerdo relativo a los niveles de contaminación de la cuenca alta del río Santiago, en Jalisco, así como a las acciones por implantar para contrarrestarlos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

GUARDERIA ABC

Se recibe del diputado José Narro Céspedes proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la separación del cargo al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hasta en tanto concluyan las indagatorias respecto a la muerte de 49 niños en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, y que con los resultados respectivos se actué de inmediato conforme a la ley. Se turna a la Junta de Coordinación Política

DISPOSICIONES LABORALES A BORDO DE BUQUES Y DE PLATAFORMAS

La diputada Karla Verónica González Cruz presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretarías de Trabajo y Previsión Social, y de Comunicaciones y Transportes a implantar acciones coordinadas de inspección para constatar el incumplimiento de las disposiciones laborales a bordo de buques y de plataformas. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social

JOVENES NI-NI

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a llevar a cabo un análisis de la dimensión de la problemática que representa la naciente generación de jóvenes ni-ni (ni estudiar ni trabajar). Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

EDUCACION SUPERIOR

Se recibe del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a vigilar las opciones por ofrecer a los jóvenes que no obtengan lugar en los concursos de selección para ingresar en la educación superior en el ciclo escolar 2010-2011 en la zona metropolitana del valle de México. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

ORDEN DEL DIA

De la próxima sesión

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales (en lo general y en lo particular, con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea).

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (en lo general y en lo particular los artículos no reservados)

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (en lo particular el artículo sexto transitorio, reservado, con la modificación propuesta por la diputada Gabriela Cuevas Barron y aceptada por la asamblea)


Presidencia del diputado  Francisco Javier Ramírez Acuña



ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 281 diputados. Por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(a las 11:37 horas): Se abre la sesión.



ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 28 de abril de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva.

De la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Minuta

Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12 y 17 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado el 9 de febrero de 2009, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que expide la Ley General del Sistema Nacional de Promoción del Uso de la Bicicleta, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Código Penal Federal y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 29, 31, 35 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 57, 58 y 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25 y 47-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Francisco Rábago Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Jorge González Ilescas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley General para la Práctica de Auditorías Sociales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 6o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 57 y 58 del Código de Justicia Militar, a cargo del diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Luis Velasco Lino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los artículos 2 y 12, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1, 2-A y 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35, 40 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Roberto Rebollo Vivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 80 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Seguridad Pública de esta soberanía que consulte a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a lo señalado por la Conferencia Nacional de Gobernadores con relación al pronunciamiento para crear mandos únicos de policía en las entidades federativas, a efecto de tomar las medidas legislativas pertinentes, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a verificar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios o, en su caso, permisionarios de la zona federal marítimo-terrestre, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación migratoria y a la defensa de los derechos humanos de nuestros compatriotas en Estados Unidos, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea un grupo plural de trabajo para dar seguimiento puntual al proceso penal de las indígenas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, a fin de verificar el cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos humanos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa, de la Semarnat y de la Conagua a revisar y, en su caso, complementar el Sistema Nacional de Estaciones Meteorológicas, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conanp a agilizar el proceso de recategorización del área natural protegida del parque nacional Los Mármoles como área de protección de flores y fauna, en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar el precio del diesel y de las gasolinas en el territorio nacional para evitar la escalada de precios de bienes y de servicios, a cargo del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la SCT, tome las medidas pertinentes a efecto de detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses “pirata” dentro del territorio nacional, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a elaborar con las instituciones de educación superior vinculadas al sector rural los planes de desarrollo de los núcleos ejidales y comunales de la república, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la SCT a programar recursos para la modernización del tramo carretero Campeche-Mérida, a cargo del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conagua a implantar acciones que faciliten la obtención de concesiones para los productores acuícolas del país, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir en 50 por ciento mediante la SHCP, la SCT, Capufe y el Fondo Nacional de Infraestructura el peaje correspondiente a las motocicletas, a cargo del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República a analizar de forma exhaustiva la negociación del tratado de libre comercio México-Brasil para garantizar igualdad de condiciones comerciales, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a prohibir mediante la SCT, la SSP, la SHCP y la Segob la circulación por carreteras federales de vehículos siniestrados, con remolques o en malas condiciones mecánicas carentes de concesión, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular del Sistema Nacional de Protección Social en Salud a fin de que celebre convenios específicos con las entidades federativas sobre el anticipo de recursos para la acreditación de unidades de salud a cuenta de la atención de beneficiarios del Seguro Popular, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Conagua coordine un programa de condonación de adeudos y recargos para usuarios que inviertan en tratamiento, reutilización y recolección de agua, a cargo de la diputada Janet González Tostado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se requiere la comparecencia del presidente del Inegi ante esta soberanía para explicar el contenido del informe de actividades y resultados de 2009, recién entregado al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión; y se solicita a la ASF que practique una auditoría de desempeño a la Junta de Gobierno del instituto, a cargo del diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente y a la Junta de Gobierno del Inegi a iniciar ajustes presupuestarios y administrativos para resarcir el poder adquisitivo del personal técnico operativo de base, de confianza y eventual, y garantizar su profesionalización, a cargo del diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a reformar diversas disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer mediante la Secretaría de Salud y la Cofepris, con la participación del Consejo Nacional de Salud, el sistema nacional de proveedores certificados de medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos, suplementos, sustancias químicas y material de curación, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar la venta del padrón electoral; y al Consejo General del IFE, a tomar medidas para garantizar la seguridad de la información de los ciudadanos, a cargo de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la liberación de recursos del Fonden para atender los efectos de las lluvias suscitadas en Praxedis G. Guerrero, Chihuahua, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar mediante la Sagarpa y la Secretaría de Economía un programa nacional de sustitución de importaciones alimentarias, suscrita por los diputados Cruz López Aguilar y Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP a reorientar los estímulos fiscales y canalizarlos a empresas nacionales para apoyar el desarrollo de cadenas de proveedores nacionales del sector turismo, a cargo del diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y del SAT a ajustarse de inmediato a lo establecido en la Ley del IVA y realizar las devoluciones a que por ese concepto tienen derecho los municipios con saldo a favor, a cargo del diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar en el DOF el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; de Instituciones de Crédito; para regular las Sociedades de Información Crediticia; de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado; y del Banco de México, a cargo del diputado Jesús Alberto Cano Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal a establecer en acatamiento del laudo dictado por la autoridad competente una mesa de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la dependencia, a cargo del diputado Amador Monroy Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a Pemex para la integración de un grupo multidisciplinario de evaluación de las acciones que, en materia de resarcimiento del entorno ecológico y de investigación ha realizado dicho organismo en materia de impacto y riesgo ambiental con criterio de sustentabilidad, en particular lo concerniente al estado de Veracruz, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la integración de una comisión legislativa de intermediación para el diálogo y la paz en la región triqui de la zona mixteca, en Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una Subcomisión Especial para la Conservación del Parque Nacional Nevado de Toluca, a cargo del diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la SCT, se formen mesas de negociación y de verificación de perjuicios con la finalidad de que sea resarcido el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca, en el tramo que atraviesa el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reprueba los actos de intimidación realizados el pasado 3 de abril en contra de los ciudadanos que apoyan al movimiento contra la construcción de la presa El Zapotillo, en el estado de Jalisco, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el nuevo modelo de Oficialía Mayor en el marco del Programa Nacional de Gasto Público las áreas de tecnologías de la información acorde con los objetivos de la agenda digital, a cargo del diputado Rodrigo Pérez Alonso González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la Secretaría de Salud y al Gobierno del Estado de Guerrero a construir un hospital general para la atención de la población indígena de la región de La Montaña de esa entidad, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar las desapariciones y el fallecimiento de periodistas en el estado de Michoacán, a cargo de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP una ampliación presupuestaria de la partida de excedentes petroleros a fin de crear el Centro Nacional de Investigaciones en Metalurgia Extractiva, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que la Semarnat, la Segob y la SRE mejoren sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos obtenidos a través de préstamos internacionales, así como de las actividades de ciudadanos extranjeros en nuestro país, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a analizar la posibilidad de exentar del Programa Hoy No Circula a los vehículos con permisos de internación temporal, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que explique el proceso de recepción, valuación y custodia de bienes, derechos, activos y recursos presupuestarios asignados a Luz y Fuerza del Centro, así como la disposición de activos o partidas con el cambio de su destino y vocación de servicio público, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSP y de la Segob, para que en cumplimiento de sus atribuciones y funciones, permitan salvaguardar la integridad, los derechos y bienes de las personas, integrantes de esta sociedad mexicana, asimismo, actúen de manera igualitaria en la atención y den respuestas concretas y eficientes a las víctimas de la delincuencia y el crimen organizado, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través del Instituto Nacional de Migración, promueva el fortalecimiento de las políticas públicas de atención integral a migrantes mexicanos deportados a las ciudades fronterizas, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Administración General de Aduanas, para que los recintos y corredores fiscales de las garitas, puertos y aeropuertos modernicen sus dispositivos de control y vigilancia, con objeto de evitar las acciones de corrupción del personal de esta dependencia, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Conacyt a rendir un informe detallado sobre el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Martín García Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a privilegiar con el programa de rescate de espacios públicos a los municipios con mayor incidencia delictiva del país, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la SCT para que concluya el tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Pánuco, en la zona de la Huasteca, y a solicitar al titular de la SFP su intervención a fin de supervisar este proyecto, a cargo del diputado Patricio Chirinos del Ángel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en contra del presidente municipal de San Juan del Río, estado de Querétaro, por atentar contra la libertad de expresión; y solicita la intervención del gobernador de dicha entidad para pedir la renuncia del edil y la separación inmediata del cargo del secretario de Seguridad Pública Municipal, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a la Cofetel y a la Profeco a implementar medidas de revisión y control a la empresa Dipsa, SA de CV, respecto de cobros indebidos y uso de publicidad engañosa, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al clima de inseguridad y violencia en el estado de Chihuahua, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que conmine a las comisiones ordinarias al pronto desahogo de temas coincidentes de las agendas legislativas, en particular a las de Puntos Constitucionales, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre el tema del derecho al agua para consumo humano, a cargo del diputado César Francisco Burelo Burelo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP y a la Secretaría de Salud que informen a esta soberanía sobre las políticas de control en relación a los productos chatarra que se expenden en las tiendas y cooperativas de los centros escolares y sus programas para combatir la obesidad, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP un informe amplio sobre la distribución de un libro de texto no autorizado en el estado de Guanajuato, y las medidas de vigilancia y sanción que habrá de tomar para evitar una nueva violación al espíritu del artículo 3o. Constitucional; asimismo, se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía a realizar una investigación sobre los recursos que se usaron para imprimir dicho texto, a cargo de la diputada Margarita Gallegos Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Salud de esta soberanía a realizar una reunión de trabajo con los directores de los institutos nacionales de salud, a fin de conocer sus programas, así como su situación administrativa y financiera, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las policías cibernéticas, fortalezcan su personal e infraestructura, establezcan convenios de cooperación e intercambio de información, unifiquen criterios e implementen mecanismos de prevención sobre los riesgos en el uso de Internet, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que a través de una comisión especial integrada por las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura, se haga una revisión de las relaciones de México con la comunidad internacional en materia educativa y cultural, con miras a elevar el nivel de la interacción de México en la UNESCO, a cargo de la diputada Olivia Guillen Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas a homologar su legislación local con lo establecido a nivel federal en materia de explotación sexual infantil, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, así como a la Secretaría de Economía y a la CFE a considerar una tarifa especial a los agricultores, en concreto a los del estado de Campeche, debido al uso excesivo de sus sistemas de riego, originado por la falta de lluvias en dicha entidad, a cargo del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud para que informe sobre el avance en la obra y el uso del presupuesto asignado a Indre y Birmex, en el ejercicio presupuestal de 2009, y lo que va de 2010, suscrita por los diputados Malco Ramírez Martínez y Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a iniciar los procedimientos administrativos conducentes para revisar el contrato de prestación de servicios de la empresa de telefonía celular Telcel, y sancionar las prácticas abusivas que se establecen en la mayoría de sus cláusulas, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la SEP implemente en los programas de estudio de educación básica, la materia sobre Medio Ambiente y Equidad de Género, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a detener el aumento de los precios de los insumos agropecuarios y a instrumentar programas en apoyo a los productores nacionales, a cargo del diputado Rolando Zubia Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP para que, a través de la Dirección General de Aduanas, se autorice y lleve a cabo la reubicación de la garita ubicada en el kilómetro 26 de la carretera Reynosa-San Fernando, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, por considerar que es inoperante en su ubicación actual, a cargo del diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los niveles de contaminación de la cuenca alta del Río Santiago, estado de Jalisco, así como las acciones que se deben implementar para contrarrestarla, a cargo del diputado José Trinidad Padilla López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la separación de su cargo del titular de la SCT, hasta en tanto concluyan las indagatorias respecto a los sucesos donde murieron 49 niños en la Guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y con los resultados de la misma se actué de inmediato conforme a la ley, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS y de la SCT a implementar acciones coordinadas de inspección, a fin de constatar el incumplimiento de las disposiciones laborales a bordo de los buques y plataformas, a cargo de la diputada Karla Verónica González Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a llevar a cabo un análisis de la dimensión de la problemática que representa la naciente generación de jóvenes ni-ni, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV y a la Condusef a realizar una campaña informativa sobre el destino que se dará al dinero de las cuentas que no hayan reportado movimiento por depósito o retiro durante más de tres años, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de Pemex ante esta soberanía con el fin de cumplimentar el artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos e informe del programa de reestructuración de ese organismo, sus alcances, metas y acciones que deriven de su aplicación, a cargo del diputado Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP, de la Ssa y de la PGR a identificar a los niños y a los adolescentes que padezcan maltrato y a sancionar a los responsables, en cumplimiento de las leyes correspondientes, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a vigilar las opciones por ofrecer a los jóvenes que no obtengan lugar en los concursos de selección para ingresar en la educación superior en el ciclo escolar 2010-2011 en la zona metropolitana del valle de México, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear un fideicomiso o un fondo de contingencia a fin de recuperar los ahorros de los defraudados por la caja de ahorro Casur; y exhortar a la CNBV y a la Condusef a intervenir en el asunto, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la Segob, de la Semarnat y de la SHCP que destinen la atención y los recursos económicos conducentes a la construcción de un muro para contener el mar y evitar la desa-parición de El Palmar de Cuautla, en Santiago Ixcuintla, Nayarit, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar y aplicar mediante la Sedesol y la SEP políticas que permitan avanzar en el cumplimiento de los derechos de los niños indígenas y disminuir la brecha del de-sarrollo, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a incluir en el catálogo de enfermedades catastróficas la atención de la insuficiencia renal de quienes no cuentan con seguridad social, a cargo de la diputada Bélgica Nabil Carmona Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sectur que incluya Jalpan de Serra, Querétaro, en el programa Pueblos Mágicos, a cargo del diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar, publicar e implantar el programa de manejo de la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, a cargo del diputado Juan Huerta Montero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).»



ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. En virtud de que ésta se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ésta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el martes 27 de abril de 2010, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 300 diputados, a las 11:39 horas del martes 27 de abril de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura del orden del día y, enseguida, del acta de la sesión anterior, que se aprobó de la misma manera.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo sexagésimo séptimo aniversario luctuoso del doctor Miguel Ramos Arizpe, el 28 de abril. El presidente designó comisión de cortesía que asistirá a dicha ceremonia.

Se dio cuenta con dos oficios de Nuevo León, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Relativo al respeto de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la transparencia en el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo rural; y

• Relativo al bienestar del medio rural.

Se remitieron a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficio del Congreso de Nuevo León con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a los delitos de pornografía infantil. Se remitió a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

Se dio cuenta con dos oficios del gobierno de Puebla con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Relativo a la implantación de un registro de adopción. Se remitió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento; y

• Relativo a la creación de órganos administrativos de apoyo a la juventud y el deporte nacional. Se remitió a la Comisión de Juventud y Deporte, para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficio de la Secretaría de la Reforma Agraria con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo a la solución del conflicto de la organización Movimiento Huasteco Democrático. Se remitió al promovente, para su conocimiento.

Se dio cuenta con proposición de acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al trámite de iniciativas con proyecto de decreto y de las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 29 de abril de 2010. En votación económica se aprobó.

Se dio cuenta con oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de tabaco, presentada por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, del Partido Acción Nacional. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Salud.

Se dio cuenta con cinco oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos

• A la importación de azúcar en 2010. Se remitió a la Comisión de Economía, para su conocimiento;

• Al acuerdo de cooperación ambiental entre México, Canadá y los Estados Unidos de América. Se remitió a las Comisiones de Economía, y de Pesca, para su conocimiento;

• A La Hora del Planeta. Se remitió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento;

• Al programa Apoyos a la Agricultura por Contrato. Se remitió a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento; y

• A la producción, industrial, distribución y calidad de la leche nacional. Se remitió a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Economía, para su conocimiento.

El presidente dio cuenta con pronunciamiento del Congreso de la Unión sobre la promulgación de la legislación antiinmigrante de Arizona Estados Unidos de América. Comuníquese.

Se refirieron a los acontecimientos de violencia e inseguridad suscitados en Michoacán y de Guerrero los diputados Pedro Jiménez León, de Convergencia; Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México; Ilich Augusto Lozano Herrera, del Partido de la Revolución Democrática; Sergio Arturo Torres Santos, del Partido Acción Nacional; Alicia Elizabeth Zamora Villalva, del Partido Revolucionario Institucional; Roberto Pérez de Alva Blanco, de Nueva Alianza; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Báez Ceja, del Partido de la Revolución Democrática; Jeny de los Reyes Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional; y Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática. Desde las respectivas curules realizaron comentarios los diputados Torres Santos; Fernández Noroña y Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. A solicitud del diputado Herón Agustín Escobar García, del Partido del Trabajo, se guardó un minuto de silencio en memoria del ciudadano Reynaldo Hernández García, asesinado en Guerrero.

A las 13:05 horas, por instrucciones de la Presidencia, la secretaría instruyó el cierre del sistema electrónico de asistencia, con un registro de 453 diputados.

En sendas votaciones económicas se dispensaron la primera y segunda lecturas y se pusieron a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de

a) Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Fundamentó el dictamen la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, quien aceptó interpelación de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional. Desde la curul, el diputado Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, presentó proposición de moción suspensiva. El presidente hizo aclaraciones. En votación económica se aprobó la moción suspensiva.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Desde la curul, el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, solicitó que se fundamentara el dictamen. Fundamentó el dictamen el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México. En votación económica se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 364 votos en pro y 1 abstención. Se devolvió al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

• Por el que se reforma el artículo 67 de la Ley General de Vida Silvestre. Fundamentó el dictamen el diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Partido Verde Ecologista de México. En votación económica se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 362 votos en pro y 1 abstención. Pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de cambio climático. El diputado Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México, fundamentó el dictamen y propuso modificación, que en votación económica se aceptó. Desde las curules realizaron comentarios los diputados Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional; y Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. Se reservó el artículo 116 Bis, fracciones IV, VIII y IX. Se aprobaron en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 364 votos en pro y 2 en contra. La diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo, se refirió al artículo 116 Bis, fracciones IV, VIII y IX, reservado, y propuso modificaciones. Desde las curules realizaron comentarios los diputados Carabias Icaza y di Costanzo Armenta. En votación económica se consideró suficientemente discutido el artículo reservado y se aprobó en los términos del dictamen por 344 votos en pro, 9 en contra y 3 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto de referencia. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

b) Justicia, por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción II y se adiciona un párrafo tercero al artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Fundamentó el dictamen la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional, y propuso modificaciones. Realizó comentarios en contra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. En votación económica se aceptaron las modificaciones propuestas. En votación económica se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, con la modificación propuesta por la comisión, por 353 votos en pro, 10 en contra y 1 abstención. Se devolvió al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

c) Marina, por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ascensos de la Armada de México. Fundamentó el dictamen el diputado Alejandro Gertz Manero, del Convergencia. En votación económica se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 358 votos. Pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

d) Seguridad Pública, por el que se reforman los artículos 3o. y 6o. de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Fundamentó el dictamen la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 352 votos en pro y 12 abstenciones. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

A solicitud de la Comisión de Seguridad Publica, se retiraron del orden del día los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo:

• Por el que se exhorta al gobierno de Nayarit y al ayuntamiento de Tepic a emprender acciones conjuntas a fin de abatir los índices delictivos en el estado.

• Por los que se exhorta a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal a realizar una investigación sobre las corporaciones policiacas y a deslindar responsabilidades a los agentes de tránsito que abusan y extorsionan a conductores de vehículos con placas de otros estados que circulan por su jurisdicción.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y al gobierno de Sinaloa a llevar a cabo una investigación e implantar medidas para deslindar responsabilidades a los policías que extorsionan a operadores del autotransporte público de carga en dicho estado.

En votación económica se aprobó que se leyeran sólo los encabezados de los dictámenes con puntos de acuerdo de las Comisiones de

a) Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Por los que se exhorta a diversas autoridades del Ejecutivo federal a llevar a cabo las acciones necesarias para el manejo y conservación del parque nacional El Veladero.

• Por los que se solicita a diversas autoridades del Ejecutivo federal que elaboren un convenio con base en el Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca del Lago de Chapala.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar el proyecto de la empresa Minera Paredones Amarillos, Sociedad Anónima de Capital Variable, con especial atención en el cambio de uso de suelo, y a informar a esta soberanía sobre la resolución que emita.

• Por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a vigilar las obras y actividades del proyecto Rescate de la Laguna de Juluapan y Desarrollo Turístico Habitacional Puerto de Santiago de la Laguna.

• Por los que se exhorta a diversas autoridades del Ejecutivo federal a realizar acciones para evitar la venta del predio Punta Belcher.

• Por los que se exhorta a diversas autoridades a llevar a cabo la vigilancia y el cumplimiento de la resolución SGPA/ DGIRA/ DG/ 3758/ 09, para la protección de los ecosistemas de la zona La Ollita.

• Relativos al proyecto eólico Energía Sierra Juárez.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar el cumplimiento de las metas establecidas para el Programa de Desarrollo Institucional Ambiental.

b) Economía

• Por el que se exhorta al gobierno federal a elaborar programas suficientes de otorgamiento de microcréditos a las pequeñas y a las medianas empresas.

• Por el que se exhorta al secretario de Economía a enviar un informe detallado de la aplicación del Programa de Creación del Empleo en Zonas Marginadas.

En votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se dio cuenta con los dictámenes, en sentido negativo, con puntos de acuerdos por los que se desechan iniciativas con proyectos de decreto de las Comisiones de

a) Presupuesto y Cuenta Pública, relativas al proceso presupuestario presentadas por diputados de diversos grupos parlamentarios en la LVII, LVIII y LIX Legislaturas de la Cámara de Diputados.

b) Ciencia y Tecnología, por el que se reforma la fracción VI del artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología.

c) Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Por el que se reforman los artículos 42 y 54 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

• Por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Por los que se reforman los artículos 5, 7 y 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; y 3 y 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Por el que se expide la Ley de la Zona Federal Marítimo-Terrestre, Playas, Terrenos Ganados al Mar o Cualquier Depósito de Aguas Marinas.

d) Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

• Que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que adiciona los artículos 40 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

e) Agricultura y Ganadería

• Que adiciona la fracción XXI al artículo 4o. y reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Sanidad Animal.

• Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

• Que adiciona un tercer párrafo al artículo 7 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

f) Seguridad Pública

• Que reforma el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• Que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• Que reforma los artículos 20 y 40, y adiciona el 134 Bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

g) De la Función Pública, que reforma el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo. Se instruyó el archivo de los expediente como asuntos concluidos; el último dictamen se devolvió a la Cámara de Senadores, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.

Se dio cuenta con acuerdos de la de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se solicita que se aumente la seguridad en diversos municipios de Chihuahua.

• Por el que se constituye un grupo plural de trabajo para revisar el desarrollo del proyecto de la cédula de identidad ciudadana.

• Por el que se exhorta al secretario de Educación Pública a informar sobre la situación del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades de 2010.

• Se constituye el Comité de Decanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, como instancia de consulta y opinión en materia política y legislativa para atender las solicitudes de la Junta de Coordinación Política y de los órganos legislativos.

• Por el que se solicita que se reinstale la mesa de diálogo de la Cámara de Diputados con el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas.

• Por el que se hace un atento y respetuoso llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que revisen y atiendan el conflicto laboral de los despidos injustificados que se presentaron en dicho instituto.

• Para que esta soberanía realice sesiones solemnes conmemorativas del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana.

En sendas votaciones económicas se aprobaron. Comuníquense.

A las 16:11 horas el presidente declaró un

Receso

A las 18:49 horas se reanudó la sesión.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

Se informó de la recepción de las iniciativas con proyecto de decreto de los diputados

• Óscar Martín Arce Paniagua y Carlos Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Ley Federal de Defensoría Pública. Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• César Daniel González Madruga, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 37 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Nancy González Ulloa, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Nancy González Ulloa, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público.

• Ovidio Cortázar Ramos, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 34 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Se turnó a la Comisión de la Función Pública.

• Cuauhtémoc Salgado Romero, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 400 del Código Penal Federal. Se turnó a la Comisión de Justicia.

• Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de De-sarrollo Social.

• Carlos Samuel Moreno Terán, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Se turnó a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y de Gobernación.

• Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

• Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Héctor Franco López y suscrita por integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 3, 7 Bis y 18 de la Ley de Aguas Nacionales. Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 4 y 11 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro; y 2o. de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura.

• Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Ovidio Cortázar Ramos, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Jaime Arturo Vázquez Aguilar, de Nueva Alianza, que adiciona el artículo 323 Bis a la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

Se dio cuenta con las iniciativas con proyecto de decreto de los diputados

• Alejandro del Mazo Maza, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Reyes Tamez Guerra, de Nueva Alianza, que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Silvio Lagos Galindo, en nombre propio y de José Francisco Rojas Gutiérrez y Luis Videgaray Caso, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar. Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

• Cora Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turnó a la Comisión de Justicia.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

• Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turnó a la Comisión de Justicia.

• José de Jesús Zambrano Grijalva, en nombre propio y de Mary Telma Guajardo Villarreal, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Luis Carlos Campos Villegas, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 82 y 84 de la Ley Agraria. Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria.

• Israel Madrigal Ceja, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Armando Jesús Báez Pinal, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona y modifica diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se turnó a la Comisión de Cultura.

• Armando Jesús Báez Pinal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se turnó a la Comisión de Cultura.

• Gerardo Leyva Hernández, en nombre propio y de Ramón Jiménez Fuentes, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

• Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga el transitorio décimo primero del decreto de fecha 28 de mayo de 2008 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza, que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Rosalina Mazari Espín, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley Federal de la Juventud Mexicana. Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Francisco Javier Orduño Valdez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Samuel Herrera Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo 50 Bis y reforma el 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turnó a la Comisión de Transportes.

Se dio cuenta con las siguientes proposiciones de acuerdo de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se propone cambio de nombre de la Comisión Especial de la Cuenca Cutzamala;

• Relativo a la incorporación de integrantes al fideicomiso Ferronalesjub; y

• Por los que se proponen cambios en la integración de diversas comisiones ordinarias.

En sendas votaciones económicas se aprobaron. Comuníquense.

Se informó de la recepción de las proposiciones con punto de acuerdo de los diputados

• Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar a la Organización de las Naciones Unidas que adopte la Declaración Universal de Bienestar Animal. Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Silvia Esther Pérez Ceballos, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a hacer públicas las recomendaciones de dicha dependencia para desarrollos habitacionales en las 16 delegaciones del Distrito Federal. Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

• Paz Gutiérrez Cortina, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del estado de México y a las autoridades de Tepetlaoxtoc de Hidalgo a revisar toda gestión encaminada a establecer o desarrollar depósitos de basura, rellenos sanitarios o recolectores de residuos sólidos en dicho municipio. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Inocencio Ibarra Piña y Maricela Serrano Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a condonar el pago de adeudos y establecer una tarifa preferencial para los consumidores domésticos de energía eléctrica en la comisaría de Puerto Libertad, en Pitiquito, Sonora; y a modernizar la infraestructura utilizada en la generación de energía eléctrica. Se turnó a la Comisión de Energía.

• Francisco Saracho Navarro, suscrita por integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a firmar los convenios de reasignación de recursos con las entidades federativas, en particular en Coahuila por su situación de alerta, con objeto de que las autoridades locales ejecuten la obra pública presupuestada. Se turnó a la Comisión de Transportes.

• Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar mediante la Comisión Nacional del Agua con el gobierno de Coahuila para que se lleven a cabo los estudios técnicos que permitan mejorar la infraestructura hidráulica en diversos municipios de dicha entidad. Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Economía y del director del Banco de Comercio Exterior para que expliquen ante esta soberanía el estado que guardan los aranceles en México; y se requiere a la Comisión Federal de Competencia que presente un informe en la materia. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a celebrar convenios de coordinación con Mexicali, Baja California, para establecer una relación institucional y productiva, y promover conjuntamente el desarrollo regional a través de donativos en dinero y en especie, como respuesta a los recursos que genera a la nación la central geotermoeléctrica Cerro Prieto. Se turnó a la Comisión de Energía.

• Jaime Arturo Vázquez Aguilar, de Nueva Alianza, y Sergio Mancilla Zayas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al secretario de Educación Pública a instruir al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que disponga la realización de una investigación encaminada a recuperar y restaurar los vestigios encontrados en el sitio arqueológico del cerro de Moctezuma, en Naucalpan de Juárez, México. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Integrantes de la Comisión de Cultura, por el que se solicita la celebración de una sesión solemne al cumplirse 100 años de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Mario Moreno Arcos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las investigaciones y gestiones necesarias a fin de presentar al titular del Ejecutivo federal la propuesta para que se declare área natural protegida la zona de Omiltemi, Guerrero, conocida como “Parque Ecológico Estatal”. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Clara Gómez Caro, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se propone crear un grupo de trabajo especializado que analice y emita propuestas que permitan desarrollar alimentos con alto contenido nutricional y bajo en grasas que sustituyan los que actualmente se expenden en cooperativas de planteles de educación básica. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a considerar proyecto prioritario para el desarrollo integral de la educación superior tecnológica y el alto rendimiento deportivo en el sureste del país la construcción de una pista de tartán en el Instituto Tecnológico Mérida. Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Juventud y Deporte.

• Jorge Humberto López Portillo Basave, del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un proyecto o programa para que en el ejercicio fiscal de 2011 se establezca un proceso de sustitución de vehículos convencionales por híbridos que contribuyan a la disminución de gases contaminantes, reduzcan el consumo de gasolina e impulsen el uso de nuevas tecnologías. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Juan Pablo Jiménez Concha, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a Realizar las acciones necesarias para otorgar la denominación de origen de la preparación típica “chiles en nogada, platillo bicentenario” a Puebla. Se turnó a la Comisión de Economía.

• Joann Novoa Mossberger, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las autoridades educativas federales, estatales y municipales a realizar las acciones correspondientes para que todas las instituciones educativas apliquen las leyes y normas correspondientes en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad. Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• José Alberto González Morales, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a revisar de manera pormenorizada los costos de la energía eléctrica y a reconsiderar las tarifas de los pozos de uso agrícola, de riego y norias de Puebla. Se turnó a la Comisión de Energía.

• José Ignacio Seara Sierra, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar mediante la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía un estudio de viabilidad e impacto financiero, a fin de otorgar un descuento de 25 por ciento durante el ciclo primavera-verano a los usuarios de tarifa eléctrica residencial en Campeche. Se turnó a la Comisión de Energía.

Se dio cuenta con proposiciones con punto de acuerdo de los diputados

• Ignacio Téllez González, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a analizar la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de tratar asuntos de relevancia para el futuro del país, como seguridad nacional, mejoras laborales y competencia económica. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Noé Fernando Garza Flores, en nombre propio y de integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar el precio de las gasolinas, del diesel, del gas natural y del servicio de energía eléctrica durante el presente año fiscal. Se turnó a la Comisión de Energía.

• José Antonio Yglesias Arreola, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de la Comisión Nacional del Agua; de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y del Sistema Nacional de Protección Civil a atender las resoluciones emitidas por esta soberanía y solucionar de inmediato el problema de desazolve de la Boca Barra de Cerro Hermoso. Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos.

• José Manuel Agüero Tovar, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a brindar atención preventiva y curativa a la población no asegurada de diversos municipios de Morelos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud, y de Seguridad Social.

• Héctor Eduardo Velasco Monroy, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a presentar a esta soberanía los criterios y las valoraciones que sirvieron de base a fin de otorgar los permisos para la utilización de maíz genéticamente modificado en el territorio nacional. Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

• Óscar Lara Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la comisión organizadora de la conmemoración del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución a federalizar el fideicomiso asignado y aprobado por esta soberanía para los festejos de 2010. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

La secretaría leyó el orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 21:28 horas y citó para la próxima, que tendrá lugar el miércoles 28 de abril de 2010, a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría en el capítulo de comunicaciones.



DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo, en sentido negativo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Agricultura y Ganadería

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Nacional de Control y Seguimiento de la Comercialización del Café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país.

Pesca

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que cita a comparecer al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca y al titular del Instituto Nacional de Pesca, para dar una explicación técnica detallada en relación al embargo camaronero impuesto por los Estados Unidos de América.

Población Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a poner en marcha el programa piloto Quédate en México.

Seguridad Pública

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para que se investiguen las condiciones presupuestales y normativas en que la Secretaría de Seguridad Pública Federal está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, respecto a la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la creación de la comisión nacional de control y seguimiento de la comercialización del café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para solicitar la creación de la comisión nacional de control y seguimiento de la comercialización del café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país, presentada por el diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Ganadería, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos y argumentos en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. A la Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 2 de marzo de 2010, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Agricultura y Ganadería la proposición con punto de acuerdo para solicitar la creación de la comisión nacional de control y seguimiento de la comercialización del café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país. Presentada por el diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El 2 de marzo de 2010, el diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar la creación de la comisión nacional de control y seguimiento de la comercialización del café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país.

Con base en los antecedentes anteriormente expuestos, los integrantes de esta Comisión, hemos tenido a bien formular las siguientes:

Consideraciones

Que el artículo 27 constitucional señala en su fracción XX que “el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

Que, de acuerdo con el Sistema Producto Café, este grano se produce en doce estados de la República Mexicana, situados en la parte centro-sur del país en los estados de Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. El café es cultivado en tierras privadas, comunales y ejidales, donde predominan ejidatarios con 39 por ciento de la tierra, seguidos por los pequeños propietarios con 35 por ciento, los comuneros con 21 por ciento; los tipos de usufructo, arrendatarios y tenencia indefinida con 4 por ciento.

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece en su artículo uno que: “sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a “promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, en los términos del artículo 4 Constitucional párrafo cuarto; y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los términos del artículo 25 de la Constitución”  de lo que se deduce que su aplicación se enfoca al desarrollo general de todas las actividades propias del sector, incluida la cafeticultura.

Que dentro de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable la cafeticultura se considera una actividad estratégica, fundamental en el desarrollo rural de conformidad con el artículo 179, fracción VII, de la citada ley.

Que el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable estableces en su fracción XXXI que el “Sistema-Producto es el conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización”;

Que el Sistema Producto Café, a través de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, permite un alto nivel de participación, consenso e integración de sus actores, mediante el establecimiento de alianzas estratégicas, asociativas y de colaboración entre productores, organización de productores, comercializadores, industrializadores, torrefactores y proveedores de bienes, servicios e insumos.

Que dentro de la estructura del Sistema Producto Café se encuentra un grupo de trabajo denominado programas y presupuesto, cuya función es estudiar, analizar y realizar propuestas que conforme a la Ley, fomenten la comercialización del producto y doten al de mayores recursos a los programas que lo apoyan.

Que el presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 contempla dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) recursos por $120,000,000 (ciento veinte millones de pesos) enfocados a fomentar la competitividad de la rama de producción del café.

Que aunado a lo anterior en el PEC dentro del los programas estratégicos se contemplan $500,000,000 (quinientos millones de pesos) para el fomento productivo del café.

Que dentro de la misma vertiente de competitividad del PEC ya se contempla un monto de 350,000,000 (trescientos cincuenta millones de pesos), dentro del Fondo para la Administración de Riesgos de Protección Agropecuarios.

Que es claro que el sector cafetalero mexicano ya cuenta, a través del Sistema Producto Café y de la Asociación Mexicana  de la Cadena Productiva Café, con una estructura que de manera institucional fomenta la producción, comercialización y transformación del producto.

Con base en los antecedentes y consideraciones expuestos, los integrantes de esta comisión tenemos a bien poner a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la creación de la comisión nacional de control y seguimiento de la comercialización del café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.

La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados:Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente; Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), José Narro Céspedes, José M. Torres Robledo (rúbrica), secretarios; José Tomás Carrillo Sánchez, Óscar García Barrón (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, José Luis Íñiguez Gámez, Juan de Jesús Pascualli Gómez, Fernando Santamaría Prieto (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez, Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Ramón Jiménez Fuentes, José María Valencia Barajas (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Pesca, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca y al director del Instituto Nacional de la Pesca para que proporcionen una explicación técnica y detallada respecto al embargo camaronero impuesto por Estados Unidos de América

Honorable Asamblea

A la Comisión de Pesca fue turnado para estudio y dictamen el expediente número DGPL 61-II-3-393, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y al director del Instituto Nacional de la Pesca (Inapesca) a fin de que expongan los efectos y las acciones llevadas a cabo ante el embargo camaronero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América, suscrita por el diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el 11 de marzo de 2010.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica; y 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. Con fecha 11 de marzo de 2010, el diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de la Conapesca y del Inapesca para que expongan los efectos y las acciones llevadas a cabo ante el embargo camaronero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América.

2. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en la misma fecha, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo, para análisis y dictamen, a la Comisión de Pesca.

3. Conforme a los elementos de información disponibles y a la propuesta multicitada, la Comisión de Pesca se abocó al estudio y análisis para cumplir el mandato del pleno de la Cámara de Diputados, con base en las siguientes

Consideraciones

El diputado proponente expone que en la reglamentación nacional se hace obligatorio el uso de dispositivos excluidores de tortugas marinas durante las operaciones de pesca de altura del camarón. Del mismo modo, manifiesta que esta normatividad parece no ser verificada por las autoridades mexicanas, pues el gobierno de Estados Unidos impidió la exportación del camarón por considerar que la flota pesquera mexicana no cuenta con medidas de protección de las tortugas marinas. Esta determinación entraría en vigor el 20 de abril del año en curso.

Asimismo, informa que el embargo fue realizado debido a resultados de las visitas que realizaron expertos del Departamento de Estado y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EU, con autoridades mexicanas, para observar el uso adecuado de los dispositivos excluidores de tortugas, durante las cuales se observaron incumplimientos.

Por tal motivo, el diputado propone citar a comparecer ante el pleno a los titulares de la Conapesca y del Inapesca, con el propósito de que expliquen técnica y detalladamente lo siguiente:

a) La actual política nacional pesquera, con las medidas implantadas para la protección ambiental;

b) Los efectos que tendrá la pesca por el embargo camaronero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América; y

c) Las acciones y los compromisos realizados por el gobierno federal por el embargo camaronero.

Por lo anterior, los integrantes de la comisión dictaminadora reconocen la importancia de la proposición manifestada por el diputado Pacchiano Alamán; sin embargo, es necesario precisar que la autoridad encargada de la actividad pesquera en el país, en términos de la fracción XXI del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación. En ese sentido y no obstante que se coincide con el proponente en la trascendencia de las interrogantes que plantea para ser respondidas por los titulares de la Conapesca y del Inapesca, no se debe olvidar que dichos organismos administrativos son dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y, por tanto, el funcionario indicado para acudir ante esta comisión a responder los planteamientos del diputado sería precisamente el titular de la mencionada secretaría.

Por lo anterior, la Comisión de Pesca, previamente a la presentación de la proposición con punto de acuerdo ante el pleno de la Cámara, a través de su mesa directiva envió a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos acuerdo para citar a una reunión con el pleno de las Comisiones de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por incidir el tema en comento en el ámbito de su competencia, tanto al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación como al de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dado que la razón argumentada para que el gobierno de Estados Unidos de América prohibiera la importación del camarón mexicano fue la falta de aplicación de los dispositivos excluidores de tortugas marinas, tema de competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En la proposición en comento, el diputado sugiere la comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, mas esta comisión considera que el diálogo con los referidos funcionarios de la administración pública federal deberá entablarse con las propias Comisiones de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su carácter de órganos que contribuyen al cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Congreso General de la Estados Unidos Mexicanos.

Como consecuencia de lo anterior y sin restar importancia a los argumentos expresados por el proponente, el objeto de dicha proposición ha sido atendido previamente por la Comisión de Pesca, como ha sido expuesto, quedando sin materia el punto de acuerdo sometido para análisis.

Con base en los antecedentes y las consideraciones relacionados, la Comisión de Pesca emite los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca y al director del Instituto Nacional de Pesca para que expongan los efectos y las acciones llevadas a cabo ante el embargo camaronero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América.

Segundo.Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Oficinas de la Comisión de Pesca, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010.

La Comisión de Pesca, diputados: Felipe Cervera Hernández (rúbrica), presidente; Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), César Mancillas Amador (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (rúbrica), secretarios; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Francisco Javier Martín Gil Ortiz (rúbrica), Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica), José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), José Manuel Marroquín Toledo, Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto (rúbrica), José Ignacio Seara Sierra (rúbrica), Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar, Francisco Amadeo Espinosa Ramos.»

«Dictamen de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, sobre la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a poner en marcha el programa piloto Quédate en México

Las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXI Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, inciso 1) y 2), fracción XXVII, 45, fracción 6), incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como con fundamento en los artículos 39 y 41 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, emiten el siguiente dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a poner en marcha el programa piloto “Quédate en México”, bajo los siguientes

Antecedentes

Que en fecha 10 de noviembre de 2009, se presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a poner en marcha el programa piloto “Quédate en México”, suscrita por los Diputados Jesús Ramírez Rangel y Alejandra Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que en esa fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: túrnese a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Contenido de la proposición

Se propone que se realice un exhorto al Poder Ejecutivo para que implante el programa piloto “Quédate en México” el cual fue propuesto por este Congreso en el año de 2008 y que de esta manera se giren instrucciones a ProMéxico, al Fideicomiso de Riesgo compartido (Firco), con el fin de proceder a la ejecución del programa en mención.

Así también se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso, a que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, una partida y se lleve a cabo el programa antes referido.

Consideraciones

Las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública consideran que el objeto que dio origen a la presentación del punto de acuerdo en mención ha quedado rebasado, toda vez que los recursos que se solicita se asignen para la implantación del programa “Quédate en México”, hacen referencia al ejercicio fiscal para 2010.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios aprobó en tiempo y forma el dictamen que contenía las propuestas de incremento y asignaciones presupuestales a los diversos programas o actividades que le correspondían como materia, promoviendo la asignación de un monto de 100 millones de pesos al programa en mención.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base en el “Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que establece el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010”, recibió el 5 de noviembre de 2009 por parte de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios el dictamen antes referido.

En este sentido, es importante señalar que en el procedimiento de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, la honorable Cámara de Diputados no aprobó asignación específica de recursos al programa piloto “Quédate en México”.

Por lo tanto, el proceso establecido para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, ha concluido y por lo tanto hacer un exhorto en los términos establecidos en el punto de acuerdo estaría fuera de contexto.

Asimismo, debemos tener en cuenta que para poder realizar un exhorto a los encargados de la implementación del programa Quédate en México, para que lleven a cabo lo conducente y realicen su aplicación, deberían de haberse destinados recursos a este programa.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios reconoce las bondades del referido programa y en función de ello, es que en su momento emitió dictamen favorable mismo que fue enviado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para efectos de integrar el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios buscará con toda oportunidad y dentro de los procedimientos que se establecen para la discusión del Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal, que se le asignen los recursos para que este programa pueda implementarse y se lleven a cabo las acciones que se requieran para el arraigo de los connacionales a sus lugares de origen.

Asimismo, la honorable Cámara de Diputados el 15 de noviembre de 2009, aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, y en el procedimiento de discusión no aprobó asignación específica de recursos al programa piloto “Quédate en México”, por lo que es imposible que se exhorte al Ejecutivo federal a implantar un programa que no tiene asignación de recursos.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, presentamos al pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero.Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a poner en marcha el programa piloto “Quédate en México” suscrita por los diputados Jesús Ramírez Rangel y Alejandra Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en función de estar fuera de tiempo su discusión y por haberse cubierto los motivos que originaron su presentación en tiempo y forma los motivos que originaron su presentación en la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010.

Segundo. Archívese el asunto como totalmente concluido.

Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2010.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Héctor Agustín Murguía Lardizábal, Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences, José del Pilar Córdova Hernández, Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras, Judith Fabiola Vázquez Saut, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José M. Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica).

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados:Luis Videgaray Caso (rúbrica), presidente; Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Felipe Enríquez Hernández (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Pedro Jiménez León (rúbrica), secretarios; Cruz López Aguilar (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Ángel Riquelme Solís (rúbrica), Óscar Guillermo Levín Coppel (rúbrica), Óscar Javier Lara Aréchiga, Roberto Armando Albores Gleason (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Francisco Javier Orduño Valdez, Guadalupe Vera Hernández (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), Ovidio Cortázar Ramos (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez, Armando Ríos Piter, Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, relativo a la proposición con punto de acuerdo para que se investiguen las condiciones presupuestales y normativas en que la Secretaría de Seguridad Pública está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías

Honorable Asamblea:

A la Comisión Seguridad Publica de la honorable Cámara de Diputados fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo para que se investiguen las condiciones presupuestales y normativas en que la Secretaría de Seguridad Pública federal está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. En sesión de  la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el 4 de noviembre de 2009, el diputado Arturo Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para que se investiguen las condiciones presupuestales y normativas en que la Secretaría de Seguridad Pública federal está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías.

2. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó que se turnara a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El veintiuno de abril del dos mil diez, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido negativopor dieciséis votos a favor y dos en contra.

Contenido de la proposición

1. El que propone expresa que de acuerdo con publicaciones en diferentes medios de comunicación, la Secretaría de Seguridad Pública afirmó que en septiembre pasado se inició la construcción de 12 campamentos penitenciarios de distintos grados de seguridad en la Isla María Madre, del conjunto denominado Islas Marías.

2. Manifiesta que entre las evidencias directas de las obras que se están realizando en la Isla María Madre, según información digital publicada por la transportadora Industrias Marítimas Hernández Kelly, en su sitio de Internet www.imhkel.com/clientes.html, se dio a conocer la cartera de clientes que han solicitado sus servicios de transportación marítima, entre las que destacan la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, que ha solicitado a esta compañía el traslado de maquinaria pesada del puerto de Mazatlán, Sinaloa, a las Islas Marías, así como Desarrolladora Homex, SA de CV, cuyo objeto social conocido en nuestro país es la construcción de vivienda unifamiliar fundamentalmente económica, y que ha solicitado el traslado de maquinaria, materiales de construcción y recursos humanos del puerto de Mazatlán a la citada isla.

3. El proponente expresa que con base a los indicios apuntados en el contenido de la proposición,  del gobierno federal, se encuentra desarrollando una obra civil de gran volumen e impacto ambiental, sin que se tenga conocimiento exacto de que dichas obras hayan cumplido con la normatividad ambiental aplicable a una de las islas del archipiélago que han sido declaradas por la UNESCO área natural protegida.

4. El que propone señala que de resultar cierta la información que se tiene en el sentido de que en el presente caso no se ha cumplido con la normatividad ecológica, resulta claro que Homex, la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del gobierno federal y las áreas de vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales están violando la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y disposiciones complementarias, en perjuicio de los ecosistemas que existen en la Isla María Madre, declarada como reserva de la biosfera.

5. Por lo anterior, el proponente considera adecuado que se examine y estudie muy puntualmente los pormenores del nuevo modelo penitenciario que se pretende introducir en ese lugar, cuya puesta en práctica, necesariamente tendrá un importante impacto en temas tan importantes como la procuración y administración de justicia y los derechos humanos de los justiciables.

Consideraciones

Primero.A partir de 2000, las Islas Marías fueron decretadas área natural protegida, la agenda ambiental tuvo que comenzar a incorporarse a las políticas públicas y programas productivos de la colonia penal federal Islas Marías. El decreto reconoce el asentamiento de la colonia penal y establece que las acciones necesarias para contribuir al de-sarrollo socioeconómico deben realizarse mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de capacitación para la readaptación social.

Segundo.Con base en ello, en abril de 2006, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública solicitó al Instituto Nacional de Ecología (INE) la vinculación interinstitucional con dicho órgano, para la capacitación en materia ambiental, enfocada al desarrollo de proyectos productivos sustentables y a la conservación de los ecosistemas, a fin de coadyuvar a la profesionalización de los servidores públicos de la colonia penal federal Islas Marías y, con ello, cumplir con el enfoque de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.*

Tercero.De las consideraciones vertidas en la propuesta en comento, se observa que ésta se enfoca al posible daño ecológico o ambiental que se ocasionaría los ecosistemas que existen en la Isla María Madre, declarada como reserva de la biosfera, de no contar con  estudios y autorizaciones que en la materia expidan las autoridades competentes.

Cuarto.En este sentido, el proponente expresa que no se tiene conocimiento exacto de que dichas obras hayan cumplido con la normatividad ambiental aplicable a una de las islas archipiélago que han sido declaradas por la UNESCO como área natural protegida. Al respecto es de indicar que el artículo 32 Bis, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal establece como facultad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales “organizar y administrar áreas naturales protegidas, y supervisar las labores de conservación, protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración recaiga en gobiernos estatales y municipales o en personas físicas o morales”.

A su vez, dicho artículo establece en la fracción XI como facultad de la mencionada secretaría “evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica”.

Como se desprende del citado precepto normativo, corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales vigilar que la construcción de campamentos en la colonia penitenciaria Islas Marías, específicamente en la Isla Madre, cuente con los permisos y estudios que en materia de impacto ambiental deberán considerarse para llevar acabo la construcción antes citada.

Quinto.En la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen no se observa a qué autoridad va dirigida la petición ya que únicamente señala el numeral único que se turne a las Comisiones de Justicia, de Seguridad Pública, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que investiguen en su integridad las condiciones presupuestales y normativas en que la Secretaria de Seguridad Pública federal está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías.

Al respecto, es menester señalar que las comisiones “son órganos constituidos por el pleno que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales”,de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

A su vez, el numeral 3 del citado precepto legal señala que “las comisiones ordinarias (entre las cuales se encuentra la de Seguridad Pública, de Justicia y de Medio Ambiente y Recursos Naturales) tienen a su cargo la tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 93 constitucional, y su competencia  se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal”.

Por ello se considera improcedente solicitar a las comisiones ordinarias mencionadas en la citada proposición con punto de acuerdo “investiguen” en su integridad las condiciones presupuestales y normativas en que la Secretaría de Seguridad Pública Federal está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías, ya que ello, a la luz del artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sería facultad de una comisión de investigación, las cuales se constituyen con carácter transitorio y para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional.

Resultando

Primero.Derivado de las consideraciones anteriores y toda vez que no hay una autoridad expresa a la cual se dirija la petición y al enfocarse el contenido de la proposición con punto de acuerdo a cuestiones ambientales, esta comisión considera improcedente la misma, en todo caso, quien debería conocer de la propuesta sería la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, en su caso, exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informar si la construcción a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública federal que se realiza en el complejo penitenciario Islas Marías cumple con la normatividad ambiental aplicable, por ser ésta la competente y apta para proporcionar dicha información.

Segundo.Que consecuentemente, esta Comisión de Seguridad Pública considera que no ha lugar a aprobar la proposición con punto de acuerdo materia de este dictamen, por lo que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.

Por lo expuesto, los integrantes de las Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero.Se desecha la proposición con punto de acuerdo para que se investiguen las condiciones presupuestales y normativas en que la Secretaría de Seguridad Pública Federal está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Nota:

* Véase Instituto Nacional de Ecología: http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/501/islasmarias.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica en contra), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica en contra), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente, Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos concluidos.

Proceda la Secretaría con oficio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.



DELITOS CONTRA MUJERES

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo.—Gobierno del Estado de Sonora.—  Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, Vicepresidente;diputada María Dolores del Río Sánchez, secretaria de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.— Presentes

En atención a las instrucciones del gobernador de Sonora, licenciado Guillermo Padrés Elías, y con relación al oficio número D.G.P.L. 61-11-9-0417, que establece los acuerdos que aprobó la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, a fin de que en los planes y programas de trabajo de las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas integren el fortalecimiento de los Centros de Orientación, Protección y Atención a Víctimas del Delito, mediante los cuales se brinda atención especializada a mujeres en crisis y actos de violencia.

En la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora se ha diseñado un modelo de atención a víctimas del delito por el propio personal de la institución y académicos de la Universidad de Sonora, el cual fue publicado el 8 de septiembre del 2009 bajo el número ISBN 978-607-7782-01-8; este trabajo partió del análisis de las pautas de intervención profesional que se han transformado por efecto de las reformas legislativas, así como de los retos institucionales que ha implicado para nuestro sistema la atención a víctimas y discusiones sobre las que se ha ido afirmando el establecimiento de estrategias de protección y garantía a escala internacional y local, hasta crear una modalidad propia de funcionamiento que hemos plasmado en este documento.

Dicho modelo está basado en tres aspectos principales: interdisciplinariedad, adaptativo-situacional e interinstitucionalidad, los cuales hacen referencia al trabajo colaborativo y colegiado de los profesionales tales como psicólogas, médicos, abogadas y trabajadoras sociales, la flexibilidad como forma de respuesta sensible a las necesidades y expectativas de las personas haciendo valer el ejercicio de los derechos fundamentales, así como la coordinación con otros organismos públicos o de la sociedad civil.

Su objetivo es poner a disposición de las víctimas del delito los elementos de comprensión y de instrumentación que les permitan alcanzar el equilibrio emocional sustancial y adjetivo para el ejercicio pleno de sus derechos durante el procedimiento penal, mediante la atención especializada e integral que se brinde a través de los profesionales.

Es importante mencionar que dentro de las fases de atención del modelo se brindan pautas para la intervención en crisis y su contención, conduciendo a las víctimas de los delitos a una reorganización psicológica, así como reestablecerlas emocionalmente.

Uno de los proyectos a mediano plazo es su implantación y con ello el fortalecimiento de los Centros de Orientación, Protección y Atención a Víctimas del Delito con los que contamos en Sonora, situados en los municipios de Hermosillo, Obregón, Nogales, Navojoa, San Luis Río Colorado, Caborca, Agua Prieta, Huatabampo y Guaymas, los cuales cubren 85 por ciento de la incidencia delictiva.

Externando nuestra disposición para la coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de crear un vínculo efectivo para proporcionar una atención integral a las víctimas del delito, se les proporcione refugio, asesoría y acompañamiento.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Hermosillo, Sonora, a 30 de marzo de 2010.— Licenciado Abel Murrieta Gutiérrez (rúbrica), procurador general de Justicia del Estado.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Equidad y Género para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con minutas.



LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Seguridad Nacional.

Atentamente

México, DF, a 27 de abril de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

MINUTAPROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 1, párrafo segundo; 3; 4; 5, fracción XII; 6, párrafo primero y fracciones III y IV; 7; 10; 13, fracciones III y IV; 14; 15, fracciones IV y V; 19, fracciones I, IV, VI, VII, IX, X y XI; 38, fracción I; 46; 51, fracciones I y II; 57, fracción II; se ADICIONAN al artículo 3, fracción I, los incisos a), b), c), d), e) y f); al artículo 4, los párrafos segundo y tercero; al artículo 5, la fracción XIII; al artículo 6, las fracciones VI, VII, VIII, IX y X; al artículo 19, las fracciones XII y XIII; y la actual XI pasa a ser XIV, y un último párrafo; al artículo 51, la fracción III; al artículo 53, un párrafo segundo; se CREAN un TÍTULO SÉPTIMO, denominado “SEGURIDAD INTERIOR”, integrado por los artículos 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78; un CAPÍTULO I, denominado “PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA EXISTENCIA DE UNA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR”, perteneciente al TÍTULO SÉPTIMO, integrado por los artículos 68, 69 y 70; un CAPÍTULO II, denominado “DE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES EN UNA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR”, perteneciente al TÍTULO SÉPTIMO, integrado por los artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78; se adicionan los artículos 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78; todos de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar en los siguientes términos:

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

Artículo 1. ...

La misma tiene por objeto establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de contribuir a preservar la Seguridad Nacional, en sus ámbitos interno y externo de competencia; determinar la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea; regular las actividades de inteligencia para la Seguridad Nacional y los instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables a la materia.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Seguridad Nacional: La condición de integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, cuya preservación es una función a cargo del Poder Ejecutivo Federal, a través de políticas, acciones, recursos y medios dirigidos a hacer frente a Riesgos y Amenazas que atenten en contra de:

a) La soberanía e independencia nacionales;

b) El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

c) La unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

d) La preservación del régimen democrático, republicano, federal y representativo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

e) La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados, de otros sujetos de derecho internacional y de agentes no estatales, y

f) La preservación del territorio nacional y de su población considerando su afectación general por factores de orden ambiental, climático, químico o físico, o bien por acciones que expongan a éstos a siniestros de carácter colectivo.

II. Riesgo: Contingencia o proximidad de un daño o circunstancia que pueda afectar, parcial o totalmente, los valores contenidos en la fracción anterior;

III. Amenaza: Los actos que por sus características afectan, total o parcialmente, la Seguridad Nacional;

IV. Seguridad Interior: La condición de estabilidad interna, paz y orden público que permite a la población su constante mejoramiento y desarrollo económico, social y cultural; y cuya garantía es una función que está a cargo de los tres órdenes de gobierno;

V. Defensa Exterior: Las acciones de legítima de defensa que el Estado mexicano realiza a través de su Fuerza Armada permanente, para salvaguardar la integridad territorial, independencia y soberanía nacionales, respecto de otros Estados, de otros sujetos de derecho internacional y de agentes no estatales, y

VI. Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas: El instrumento estratégico de política pública en la materia, dirigido a identificar, dimensionar, jerarquizar y atender Riesgos y Amenazas a la Seguridad Nacional, con la finalidad de orientar las operaciones del Sistema.

Artículo 4. El Sistema de Seguridad Nacional es el conjunto de instancias, instrumentos, políticas, acciones y procesos previstos en esta Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Nacional.

La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y sus garantías, así como por la confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.

Los organismos constitucionales autónomos y las autoridades estatales y municipales tendrán la participación que les corresponda, en términos de la Constitución, las leyes aplicables y los convenios de colaboración que al efecto se suscriban.

Artículo 5. ...

I. a X. ...

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia;

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégica o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, y

XIII. Actos o hechos que, de conformidad con la declaratoria que al efecto se expida, afecten la Seguridad Interior.

Artículo 6. Además de las definiciones previstas en el artículo 3 de esta Ley, se entiende por:

I. y II. ...

III. Red: Red Nacional de Información;

IV. Centro: Centro de Investigación y Seguridad Nacional;

V. Información gubernamental confidencial: los datos personales otorgados a una instancia por servidores públicos, así como los datos personales proporcionados al Estado Mexicano para determinar o prevenir una amenaza a la Seguridad Nacional;

VI. Fuerza Armada permanente: Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos;

VII. Fuerzas Federales: Fuerza Armada permanente, Policía Federal y Policía Federal Ministerial;

VIII. Programa: Programa para la Seguridad Nacional;

IX. Secretario Ejecutivo: Secretario de Gobernación en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo, y

X. Sistema: Sistema de Seguridad Nacional.

Artículo 7. ...

Para la elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas, se tomará en cuenta tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el programa respectivo.

Artículo 10. El personal de las Instancias de Seguridad Nacional estará obligado a guardar el secreto y confidencialidad de la información que conozca en o con motivo de su función. El ingreso y permanencia del personal de confianza estará sujeto a evaluaciones de control de confiabilidad, de conformidad con las disposiciones aplicables; dichas evaluaciones consistirán, cuando menos, en exámenes médicos, poligráficos, de entorno socioeconómico, psicológicos y toxicológicos.

Artículo 13. ...

I. a II. ...

III. El Programa para la Seguridad Nacional y la definición anual de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas;

IV. La evaluación periódica de los resultados del Programa y el seguimiento de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas;

V. a X. ...

Artículo 14. El Secretario Ejecutivo tendrá la obligación de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Consejo, y estará facultado para celebrar los convenios y bases de colaboración que acuerde éste, así como para emitir los acuerdos por los que se den a conocer las determinaciones adoptadas en el seno del Consejo.

Artículo 15. ...

I. a III. ...

IV. Proponer el contenido del Programa;

V. Presentar al Consejo la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas;

VI. a XIII. ...

Artículo 19. Son atribuciones del Centro:

I. Realizar tareas de inteligencia y contrainteligencia, como parte del Sistema, que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad, funcionalidad y permanencia del Estado mexicano, a dar sustento a la gobernabilidad y a fortalecer el Estado de Derecho;

II. a III. ...

IV. Elaborar anualmente la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas, con la información del Sistema y someterla a consideración del Consejo;

V. ...

VI. Establecer cooperación interinstitucional con las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, autoridades de las entidades federativas y municipales o delegacionales, en estricto apego a sus respectivos ámbitos de competencia, con la finalidad de coadyuvar en la preservación de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano;

VII. Establecer sistemas de cooperación con instituciones extranjeras homólogas, que contribuyan al cumplimiento de su objeto y al ejercicio de sus atribuciones conforme a las leyes aplicables;

VIII. ...

IX. Operar la tecnología de comunicaciones especializadas, en cumplimiento de las atribuciones que tiene encomendadas o en apoyo de las Instituciones de Seguridad Nacional;

X. Prestar auxilio técnico a cualquiera de las instancias de gobierno que le solicite el Consejo, conforme a los acuerdos que se adopten en su seno;

XI. Administrar la Red y coordinar el proceso de integración de inteligencia civil de carácter estratégico para la Seguridad Nacional;

XII. Brindar asesoría y prestar servicios en materia de control de confiabilidad a las Instancias y a otras instituciones y autoridades del Estado mexicano;

XIII. Desarrollar y prestar servicios académicos en materia de inteligencia civil para la Seguridad Nacional, y

XIV. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o le señale, en el ámbito de su competencia, el Consejo o el Secretario Ejecutivo.

En el ejercicio de las atribuciones propias de la producción de inteligencia y contrainteligencia, se entenderá que los servidores públicos del Centro actúan en cumplimiento de un deber jurídico, siempre que lo hagan conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 38. ...

I. ...

...

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los datos de identificación omitidos en la solicitud, serán transmitidos a través de medios que cuenten con garantías de seguridad, certeza y confidencialidad, los que serán debidamente identificados y señalados por el juez mediante acuerdo reservado que recaiga a la solicitud. El expediente que se forma con este motivo, se manejará en sigilo y se guardará en el secreto del juzgado;

II. a III. ...

Artículo 46. Las empresas que provean o presten servicios de comunicación de cualquier tipo, están obligadas, en los términos de la autorización judicial correspondiente, a conceder todas las facilidades para la intervención de comunicaciones privadas y la entrega de los datos conservados, así como acatar las resoluciones por las que se autoricen las actividades materia del presente Título. El incumplimiento será sancionado en los términos de las leyes aplicables.

Artículo 51. ...

I. Aquella cuya difusión implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignen;

II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar un Riesgo o una Amenaza, o

III. Aquella que sea producto del intercambio de información de inteligencia con servicios homólogos extranjeros, y que haya sido transmitida al Gobierno Federal con un nivel de clasificación equivalente al de la información confidencial o reservada.

Artículo 53. ...

El acceso a información en materia de Seguridad Nacional por parte de servidores públicos, deberá estar condicionado a su nivel jerárquico, a la necesidad de conocer la información con base en sus facultades, atribuciones o funciones, y a la certificación que en materia de control de confiabilidad les sea expedida por la Instancia a la que se encuentren adscritos.

Artículo 57. La Comisión Bicamaral tendrá las siguientes atribuciones:

I. ...

II. Conocer el proyecto anual de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas y emitir opinión al respecto;

III. a IX. ...

TÍTULO SÉPTIMOSEGURIDAD INTERIOR

CAPÍTULO IPROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA EXISTENCIA DE UNA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 68. Para los efectos de este Título, se considera que afectan la seguridad interior, los actos o hechos que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad, la paz o el orden en una entidad federativa, un municipio, delegación o región; y que la capacidad de las instancias competentes sea insuficiente o ineficaz para ejercer sus funciones y restablecer la normalidad.

Artículo 69. Para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior, se observará el procedimiento siguiente:

I. La Legislatura o el Ejecutivo de una entidad federativa o del Distrito Federal que considere que existe una afectación en los términos del artículo anterior, presentará por escrito su solicitud de declaratoria al Secretario Ejecutivo, la cual deberá contener toda la información en que se sustente. Los ayuntamientos podrán solicitar la declaratoria por conducto de la Legislatura local o del Ejecutivo del Estado;

II. El Secretario Ejecutivo integrará el expediente respectivo con la información recibida. Cuando requiera información adicional, podrá solicitarla a las autoridades correspondientes;

III. Integrado el expediente, el Secretario Ejecutivo convocará de inmediato al Consejo para analizar y evaluar:

a) La magnitud de la afectación a la seguridad interior;

b) La capacidad de las instituciones competentes para ejercer sus funciones de manera suficiente y eficaz;

c) Las acciones o medidas a implementarse y su temporalidad; y

d) Las instituciones que deban brindar el apoyo solicitado.

IV. El Secretario Ejecutivo elaborará acta circunstanciada de las deliberaciones y acuerdos del Consejo, así como el proyecto de declaratoria de afectación a la seguridad interior. La declaratoria deberá contener:

a) Las directrices, las instancias que colaborarán y el responsable de la coordinación de las fuerzas federales que intervendrán;

b) La determinación de la temporalidad de las acciones;

c) El ámbito de actuación geográfica y su alcance material; y

d) La convocatoria a la sociedad en general para colaborar con las acciones derivadas de la ejecución de la misma.

V. El Secretario Ejecutivo remitirá el proyecto de declaratoria al Presidente de la República para su aprobación, así como a la Cámara de Senadores o en sus recesos a la Comisión Permanente, para revisar su legalidad. Las Cámaras del Congreso podrán ejercer sus funciones legales de control político;

VI. Si lo considera procedente, el Presidente de la República emitirá la declaratoria de afectación a la seguridad interior y dispondrá de la Fuerza Armada permanente para que actúe en auxilio de las autoridades civiles competentes que así lo requirieran;

VII. La declaratoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación, será de orden público y de interés social, en ningún caso podrá ser por tiempo indefinido ni suspenderá o restringirá el ejercicio de los derechos humanos y sus garantías establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. El Secretario Ejecutivo informará de la declaratoria a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas, para que ejerzan sus facultades y atribuciones en materia de promoción y protección de los derechos humanos;

No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior, cuando la solicitud tenga su origen o causa en el cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social.

Artículo 70. La vigencia de la declaratoria podrá prorrogarse o modificarse mientras subsistan las causas que le dieron origen, lo solicite la autoridad local y se substancie el procedimiento previsto en el artículo anterior.

Atendida la afectación, el Presidente de la República emitirá el acuerdo de conclusión correspondiente y dentro de los treinta días siguientes enviará a la Cámara de Senadores un informe sobre el resultado de las acciones efectuadas. En el mismo término la Comisión Nacional de los derechos Humanos informará sobre las quejas recibidas y las recomendaciones emitidas.

CAPITULO IIDE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES EN UNA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 71. En toda operación para atender una afectación a la seguridad interior, las autoridades participantes actuarán de conformidad con las atribuciones que legalmente les correspondan, y atendiendo las directrices contenidas en la declaratoria.

Artículo 72. Las fuerzas federales se coordinarán con las autoridades civiles locales y estarán subordinadas al orden jurídico establecido en la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.

En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada permanente a que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delito que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 73. En las operaciones en que participen de manera conjunta la Fuerza Armada permanente y agentes de las instituciones de seguridad pública, éstos últimos serán los responsables de hacer del conocimiento de la autoridad competente los hechos, transmitiéndole todos los datos que tuvieren y poniendo a su disposición a los inculpados, si hubieren sido detenidos.

Artículo 74. Las instancias que participen en la atención de una afectación a la seguridad interior, tendrán acceso a la información con la que cuente la Red y el Centro Nacional de Información que prevé la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 75.- En caso de que la autoridad responsable de la coordinación de las fuerzas federales estime necesarias medidas cautelares, providencias precautorias o técnicas de investigación, hará el requerimiento respectivo por escrito al Ministerio Público que corresponda.

El Poder Judicial de la Federación resolverá sobre las solicitudes del Ministerio Público señaladas en el párrafo anterior en un plazo que no exceda de 12 horas a partir de su presentación.

Artículo 76.- El personal que participe en la atención de una afectación a la seguridad interior, por lo que hace a su de-sempeño, desahogará sus testimonios ante las autoridades ministeriales o judiciales en la forma prevista en el artículo 21 de esta ley.

Artículo 77.- El personal de las instituciones de seguridad pública y de las que conforman la Fuerza Armada permanente, dentro de la temporalidad y ubicación geográfica señaladas en la declaratoria, deberán respetar los derechos humanos y las garantías de las personas conforme al protocolo que se establezca para tal efecto, que entre otras cosas deberá contener:

a) Mecanismos de identificación de los efectivos de las instituciones que participen en las acciones de la declaratoria, y

b) Principios de racionalidad, proporcionalidad, profesionalismo, honestidad y uso legítimo de la fuerza.

Artículo 78.- La información contenida en las averiguaciones previas que se inicien con motivo de la declaratoria de afectación a la seguridad interior, podrá ser utilizada en las tareas de inteligencia y contrainteligencia previstas en esta Ley. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de procesar esta información guardando el sigilo o la reserva establecidos en las leyes.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- Las referencias hechas a la seguridad nacional y a la seguridad interior en otros ordenamientos, se entenderán en los términos previstos en la presente Ley.

ARTICULO CUARTO.- Las operaciones que a la entrada en vigor del presente Decreto desarrolle la Fuerza Armada permanente por alguna de las causas a que se refiere esta Ley, continuarán llevándose a cabo siempre que se observe el procedimiento previsto en el artículo 69 dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. En caso contrario las operaciones deberán cesar de inmediato.

ARTICULO QUINTO.- El Congreso de la Unión deberá emitir la Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza en un plazo no mayor a doce meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 27 de abril de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y de Defensa Nacional.

Continúe la Secretaría con el capítulo de iniciativas.



ARTICULOS 52, 53, 54, 55, 56 Y 58 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto incluir la representación de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión y promover su participación política, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las características fundamentales de nuestro régimen político es su democracia representativa. Desde el primer programa político de la insurgencia, Los sentimientos de la nación, que llevaría a hacer de México un país independiente, José María Morelos y Pavón plasmó, en el punto quinto, el principio de la democracia representativa, al definir que “ ...la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus representantes dividiendo los Poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judicial...”; este principio sigue siendo vigente cuando nuestra Constitución, en su artículo 41, establece que el “...pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión”.

La Carta Magna, en el artículo 50, define que el Poder Legislativo se deposita en dos Cámaras, la de diputados y la de senadores, la Cámara de Diputados, dice el artículo 51, “...se compondrá de representantes de la nación...”, y la Cámara de Senadores, de acuerdo con el espíritu del artículo 56, por representantes de las entidades federativas.

Así, a través del principio de democracia representativa, los ciudadanos y los estados de la federación, llevan a los órganos legislativos la voz, las necesidades, las propuestas y las alternativas que, en forma de Ley han de atender los anhelos de sus representados.

El medio para la concreción de esto son los partidos políticos, es decir las instituciones que, según el artículo 41 constitucional, tienen la tarea de “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan...”

Así, por la diversidad ideológica y programática de los partidos políticos y siendo éstos el instrumento para integrar la representación ciudadana y de las partes que integran la federación, el Congreso de la Unión se constituye en el espacio político de las expresiones ideológicas y, en consecuencia, de negociación de los intereses legítimos de los diferentes sectores de la sociedad.

La historia del Congreso federal mexicano está muy ligada a los movimientos sociales que han definido el rumbo del país. El Congreso General Constituyente de 1824, inspirado por los ideales libertarios, de prosperidad y de justicia de la recientemente consumada independencia nacional, definió a México como una república democrática y federal, principios que han sustentado, hasta nuestros tiempos, la estructura política del Estado mexicano. El Congreso Extraordinario General Constituyente de 1856-1857 y las Leyes de Reforma, promulgadas por el presidente Benito Juárez García, regresaron a la Constitución las bases liberales y progresistas que sentaron las transformaciones sociales y económicas que impulsarían el desarrollo del país, de la separación de las funciones de la iglesia y el Estado pero, fundamentalmente, fue el sustento de legitimación de la restauración de la República, después del intento de establecer el 2o. Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo. El Congreso Constituyente de 1917, tuvo como imperativo plasmar en la Carta Magna las reivindicaciones de la lucha armada de 1910, su producto fue la Constitución Política más adelantada de su época que creó el Estado Social de Derecho, vigente hasta hoy.

Sin embargo, los derechos y los avances sociales y económicos del México independiente no tuvieron un efecto positivo entre la población indígena: Los criterios raciales de diferenciación social en que se sustentó la Colonia, siguen presentes; si bien el liberalismo del siglo XIX y las leyes surgidas de esa corriente, expresaron la igualdad de los hombres frente a la Ley, en la práctica, ese principio no se aplica, dando como resultado una sociedad cada vez más inequitativa, acentuándose la desigualdad entre la población indígena. Los indígenas vieron en el proceso revolucionario de 1910-1917, sobre todo en la propuesta zapatista, la posibilidad de recuperar sus territorios ancestrales y su capacidad de influir en la edificación de la nueva sociedad mexicana, pero la reforma agraria solo les regresó algunas tierras y los nuevos derechos sociales, al estar dirigidos a estimular un concepto de desarrollo en mucho ajeno a sus intereses.

La construcción de la nación mexicana bajo los principios del liberalismo y de la adopción de una sola lengua y una sola cultura, como base de la unidad nacional, ha demandado a los pueblos indígenas subordinar a esos principios su territorio, sus recursos naturales y su rica herencia lingüística y cultural, lo que ha llevado a profundizar el aislamiento y el empobrecimiento de nuestros pueblos originarios.

Producto de lo anterior es que históricamente, entre la población indígena y sus regiones, se concentren los indicadores socioeconómicos más desfavorables. Esta situación ha provocado a lo largo de los últimos 200 años, diversos intentos, incluso violentos, por recuperar sus tierras, pero sobre todo, por un trato digno y justo por parte del Estado. La expresión más reciente de inconformidad es el levantamiento armado del EZLN, en enero de 1994, quien demandó justicia y libertad para los pueblos, comunidades y ciudadanos indígenas.

Consecuencia de ese movimiento fue que, en el año 2001 se reformara la Constitución, particularmente el artículo 2o., para intentar dar respuesta al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y a la superación de las de-sigualdades que les caracterizan.

Esas reformas no agotaron el camino para el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas ni los mandatos a las autoridades para hacerlos valer y para superar sus carencias, quedaron truncos e incompletos en varios aspectos fundamentales; lo que nos coloca frente a la imperiosa tarea de lo que implica emprender un intenso desarrollo legislativo en los ámbitos federal y local, que tiene como referentes inmediatos, las propias disposiciones constitucionales logradas, los llamados Acuerdos de San Andrés Sacab Chen o Larrainzar y la abundante legislación internacional en la materia, encabezada por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

A nivel federal, desde la reforma del 2001, solo se han expedido las Leyes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que sustituyó al Instituto Nacional Indigenista, y la General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Las propuestas legislativas que pudieran consolidar los derechos, la participación y el desarrollo de los pueblos indígenas en los últimos años son mínimas, en comparación con otras materias, además su avance es sumamente lento debido, sobre todo, a que en la mayoría de los casos, el proceso de dictamen requiere del trabajo bajo la figura de “comisiones unidas” y para la mayoría de las comisiones el tema indígena no tiene relevancia. Por otro lado, en el proceso legislativo en general, no se consideran las posibles consecuencias de las propuestas legislativas sobre los derechos, los territorios y la vida de los pueblos y comunidades indígenas.

Y en las entidades federativas, el desarrollo legislativo en la materia, no ha logrado garantizar el reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades indígenas ni la vigencia de sus derechos colectivos, como lo ordena el artículo 2o. constitucional. En 17 congresos locales se han promovido cambios constitucionales y legales, pero solo, en dos de ellos, San Luis Potosí y Querétaro, se establecen procedimientos para el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas como sujetos de derecho. Por lo que se puede afirmar que el reconocimiento y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas son solamente declarativos.

Uno de los factores que contribuye significativamente a esta situación es la carencia de legisladores indígenas y el desconocimiento generalizado en los órganos de representación popular sobre tema y sus necesidades de reforma al marco legal del país. Además, de que, como ya dijimos, al momento de valorar las propuestas legislativas, en todas las materias, no se toman en cuenta sus impactos entre los pueblos indígenas.

Lo anterior es debido a que no existe la suficiente representación indígena en los órganos legislativos que pudiera contribuir con su opinión y con su voto a edificar un país con la equidad y justicia que establece la propia Constitución y que hoy más que nunca son necesarias y demandan los pueblos indígenas y sus comunidades.

La llamada “Reforma en materia de derechos y cultura indígena”, del 14 de agosto de 2001, intentó promover la representación y la participación política de los pueblos indígenas en el artículo tercero transitorio del decreto que expide la reforma, donde se expresa: “Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política.”

A partir de este mandato, el Instituto Federal Electoral al emprender la redistritación electoral de febrero de 2005, integró 28 distritos electorales con 40% y más de hablantes de lenguas indígenas, tomando como base la información censal de 2000, a los que para efectos del precepto citado arriba, denomina “distritos indígenas”.

Sin embargo, lo anterior no ha tenido efectos concretos en la representación de los pueblos indígenas en los órganos legislativos. El promedio de diputados de origen indígena en las últimas 3 legislaturas es de 4.5 lo que equivale a menos del 1% del total de los legisladores, mientras que la población indígena es de más del 12% del total nacional. Aún, si la totalidad de los diputados de los distritos indígenas fueran de ese origen, la representación abarcaría solo al 47 % de la población indígena.

Esta desproporción en la representación viene a confirmar una de las conclusiones académicas y populares sobre la relación entre representatividad y productividad legislativa, que señala que formalmente los legisladores representan a los ciudadanos, pero no llevan al Congreso las necesidades y demandas de sus representados. Esta situación es particularmente observable en el caso indígena. En la LIX Legislatura, de los 28 diputados de los distritos considerados indígenas por el IFE sólo tres diputados propusieron iniciativas en la materia y durante la LX Legislatura, lo hicieron solo cuatro.

En Cámara de Senadores en la LIX y LX legislaturas, salvo excepciones que no se asumen como tales, en general no se identifican senadores indígenas, no obstante lo cual, la formulación de propuestas legislativas fue más intensa, aunque por sus contenidos pocas son viables, la mayoría de ellas pretenden amplia atribuciones a las instituciones indigenistas del gobierno y sus contribución a fortalecer los derechos de los pueblos no son trascendentes.

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto: Integrar una representación indígena que por su fuerza, impulse propuestas legislativas que promuevan la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, así como mejores condiciones de vida y mayores oportunidades de participación en los retos y beneficios del desarrollo nacional para su población.

Además de la necesidad de llevar la voz de los indígenas al Congreso y con ello contribuir a que el Congreso esté más cerca de este sector de la sociedad, la propuesta pretende dar concreción al mandato del anteriormente citado artículo tercero transitorio del decreto de la llamada Reforma en materia de derechos y cultura indígena, en su artículo tercero transitorio, del 14 de agosto de 2001, así como atender los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano al ratificar, por conducto de la Cámara de Senadores, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y al firmar y votar favorablemente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de ese organismo multilateral en septiembre de 2009.

Derecho comparado

En relación con los documentos de los organismos multilaterales que abordan el tema de los derechos indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, resalta que sus preceptos, en materia de derechos políticos, fomentan que los gobiernos respeten, conserven y fortalezcan las instituciones y cultura políticas de los pueblos, al mismo tiempo que señalan la obligación de los estados nacionales firmantes, de promover la participación de los pueblos y ciudadanos indígenas, a través de representantes propios, en las instancias de decisión nacional.

Particularmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la Cámara de Senadores el 11 de julio de 1990, expresa:

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a )...

b ) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;...

Por otra parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sesión del 13 de septiembre de 2007, establece:

Artículo 5

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 18

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 37

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus  sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

A partir de estos mandatos, en diversos países de Latinoamérica, se ha reconocido, en sus constituciones, el derecho de los pueblos indígenas a estar representados en las instancias de su respectivo Poder Legislativo, este es el caso de Bolivia, Colombia, Nicaragua, Nicaragua y Venezuela.

Del análisis de los textos constitucionales de esos países se observa que para la definición de espacios en sus órganos legislativos, el criterio común es garantizar la proporcionalidad de los representantes indígenas respecto de su población nacional. Las diferencias son de modalidades de elección, caracterizadas por los derechos colectivos que les son reconocidos, el diseño institucional del país, su sistema electoral vigente y su ubicación y continuidad geográfica.

Además, por su distribución poblacional, un factor que facilita la definición de representantes es la continuidad territorial, a excepción de Bolivia, que por su elevado porcentaje de población originaria, deja a la legislación secundaria la definición de las “circunscripciones especiales” que definirán el ámbito territorial de la representación indígena.

Destaca que en Colombia y Venezuela es requisito para ser representante indígena en su órgano legislativo, haber sido integrante del sistema tradicional de cargos de los pueblos y comunidades indígenas.

En países como Guatemala, Panamá, Perú y Ecuador, aunque constitucionalmente no tienen mandato para incorporar representantes de los pueblos indígenas a sus respectivos órganos legislativos, los partidos hacen acuerdos con los pueblos para postular candidatos indígenas.

La expresión de la representación indígena en los espacios legislativos en el Continente, lo constituye el Parlamento Indígena de América, organismo que agrupa a legisladores indígenas de los países de todo el Continente. Este organismo ha sesionado en México diferentes ocasiones, incluso, ha tenido como presidentes a diputados indígenas mexicanos.

Contenido de la iniciativa

La Iniciativa que se presenta da continuidad, fortalece y amplía los derechos de los pueblos indígenas que derivan del artículo 2o.constitucional y de la legislación internacional obligatoria para México, donde se reconoce a los pueblos indígenas como entes políticos, y no solo como grupos de la sociedad caracterizados por sus desventajas sociales. El análisis histórico es contundente: la situación de pobreza de los pueblos indígenas es producto, entre otros factores, de un ejercicio de gobierno que los ha marginando como sujetos colectivos y les abolió sus derechos políticos, lo que provocó su marginación territorial y social. No se trata de regresar a los pueblos y comunidades a como estaban antes de la Colonia o durante ésta o a la condición de reservas como en otros países; de lo que se trata es de promover su participación y acceso a su representación política en los órganos de Poder del Estado multicultural al que pertenecen, para que compartan los retos y beneficios del desarrollo y progreso de México.

La propuesta desarrolla dos vertientes de participación. La primera garantiza una presencia indígena fija, por la vía de la representación plurinominal en la Cámara de Diputados, y la segunda promueve la participación de los indígenas en la contienda política del país, a través de los partidos, al competir por candidaturas de mayoría relativa en los “distritos indígenas” de la Cámara de Diputados y por la vía de las fórmulas de candidatos plurinominales en la Cámara de Senadores.

Lo anterior se materializa a través de diversas reformas y adiciones a los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de las cuales, de decretarse, se lograría:

1. Que se establezca una circunscripción indígena, con carácter nacional, integrada por 40 diputados, de acuerdo al actual criterio de distribución de espacios de representación para cada circunscripción, lo que equivale al ocho por ciento del total de legisladores que integran la Cámara de Diputados, todavía por debajo del 12 por ciento que constituye la población indígena en relación a la población nacional. El carácter nacional de la circunscripción indígena ofrece la probabilidad de que se integren a esa representación, según el criterio de los partidos, los mejores cuadros indígenas; además posibilita la presencia de la mayoría de los pueblos que componen la diversidad cultural y lingüística de México.

2. Que los partidos políticos postulen como candidato a diputado a un ciudadano indígena, en cada una de las fórmulas, en los distritos electorales donde la población indígena constituya por lo menos el 40% de su población total. La definición de la categoría en la que participará el candidato indígena, propietario o suplente, será definida por el partido postulante.

3. Que en la contienda para los espacios en la Cámara Senadores, participen candidatos indígenas en los procesos electorales a través de los partidos quienes postularán candidatos indígenas en las primeras 16 fórmulas de las 32 que integrarán su lista de candidatos por la vía plurinominal. En el supuesto caso de que fueran indígenas los que alcanzaran dichas curules, esto representará el ocho por ciento del total de los senadores. Queda a los partidos políticos, de acuerdo a sus normas o criterios propios, definir la modalidad, propietario o suplente, en que participarán los candidatos indígenas. Aunque por esta vía no se garantiza la presencia de indígenas en la Cámara de Senadores, República, sí se fomenta su participación en la contienda electoral, además de que, siendo esta Cámara donde se hace presente la representación del Federalismo, se dará un paso trascendente para dar significado político, como parte integrante de la Federación, al reconocimiento que hace el artículo 2o.constitucional de los pueblos indígenas.

4. Que se promueva la participación de las comunidades indígenas en la definición de los candidatos de ese origen, ya que aunque se diera el caso de que los candidatos se acogieran al principio de autoadscripción, definido en el artículo 2o.constitucional, se requerirá que por lo menos una comunidad indígena valide su identidad y calidad de indígena.

Es necesario hacer notar que la representación y el trabajo del legislador indígena será de la misma naturaleza que la del resto de los actuales legisladores. En el caso de los posibles diputados electos por el principio de mayoría relativa, si bien provendrán de un “distrito indígena” y estarán avalados por una o más comunidades, también su legitimidad estará sustentada por el partido en que milite y por el voto de los ciudadanos del distrito; representará, como sucede ahora, a todos los ciudadanos del distrito y; su trabajo y voto en la actividad legislativa, como ahora, será de ámbito nacional.

Con base en lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 52; el actual segundo párrafo que pasa a ser tercero del artículo 53; el primer párrafo y las fracciones II y III del artículo 54; el segundo párrafo de la fracción III del artículo 55; el segundo párrafo del artículo 56. Se adicionan: un párrafo, que será el segundo, del artículo 53; un párrafo que será el tercero, de la fracción tercera del artículo 55, y un párrafo que será el segundo del artículo 58; todo de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante un sistema de distritos electorales uninominales; y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en circunscripciones plurinominales.

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

En los distritos electorales donde se asiente 40 por ciento y más de población indígena, los partidos deberán postular en cada una de las fórmulas, un candidato indígena.

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales, cuatro regionales y una nacional destinada a la representación indígena.

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas votadas, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. ...

II. Todo partido político que alcance por lo menos el dos por ciento del total de la votación emitida para la listas de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados  por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados que le corresponda en cada circunscripción plurinominal con base en las listas registradas. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en dichas listas.

IV. a VI.

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

I. a II. ...

III. ...

Para poder figurar en las listas de las cuatro circunscripciones regionales electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

Además, para ser incluido como candidato indígena en las formulas de los distritos con 40 % y más de población indígena y para figurar en la lista de candidatos a la circunscripción nacional indígena, se requiere pertenecer a algún pueblo indígena, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2o. de esta Constitución, y contar con la acreditación de, por lo menos, una comunidad indígena. La ley determinará el proceso para la acreditación de los candidatos por parte de las comunidades .

IV a VII

Artículo 56. ...

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. Los partidos políticos deberán postular en las dieciséis primeras formulas de sus listas a un candidato indígena . La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

...

Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección.

Para ser registrado como candidato indígena en las 16 fórmulas a que se refiere el artículo 56, se requiere pertenecer a algún pueblo indígena, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2o. de esta Constitución, y contar con la acreditación de, por lo menos, una comunidad indígena. La ley determinará el proceso para la acreditación de los candidatos por parte de las comunidades.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Ver en: http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf

2 En Memoria de la sesión ordinaria del Parlamento Indígena de América, Anexo. Cámara de Diputados LX Legislatura, México, Diciembre de 2008.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2010.— Diputados: Teófilo Manuel García Corpus, José Antonio Yglesias Arreola, Socorro Sofío Ramírez Hernández, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Margarita Liborio Arrazola, Heriberto Ambrosio Cipriano, Sofía Castro Ríos, Violeta Avilés Álvarez, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.



LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Estela Durán Rico, diputada Federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Exposición de motivos

Una tarea constante del Estado, es hacer que su política social esté fundamentada en leyes que logren bienestar para la mayoría de la población. En esta propuesta se identifican dos grupos sensibles como aquellos hacia los que se deben reforzar las políticas públicas. Estos grupos son los de adultos en edad avanzada y el de madres solteras que ejercen la función de jefas de familia.

En los últimos años, los gobiernos de los distintos órdenes; han tratado de intensificar sus esfuerzos para lograr un mayor bienestar integral para grupos sensibles. Sin embargo, la visión incluyente del Estado se ha mantenido apartada de la realidad. Especialmente porque se ha desestimado el potencial productivo de estos grupos, y porque es mínimo el apoyo y estímulo ofrecido a los particulares que emprenden acciones para mejorar las condiciones de vida para este tipo de personas.

Por otra parte, en el caso de la política fiscal, la ley enuncia que el Estado otorgará estímulos fiscales para aquellas personas que contraten los servicios de personas discapacitadas, satisfaciendo requisitos establecidos por la norma. En esta disposición jurídica se ha tenido como objetivo, que se aliente la inserción a la vida productiva de dichas personas.

Para esta ocasión, se propone que en este estímulo fiscal se deduzcan de la base gravable del impuesto sobre la renta, aquellas erogaciones que se efectúen con motivo de la contratación de adultos mayores y jefas de familia solas.

Con esta iniciativa, se pretende favorecer a las personas en edad avanzada mediante incentivos que impulsen su inclusión en la actividad laboral formal. Consideramos que la inserción en la vida económica y productiva del país de las personas mayores, no sólo es una dignificación a la vida de éstos, sino que es un aliciente al progreso económico del país. Por ello, la integración de los adultos mayores debe ser tomada como una temática de análisis permanente y no sólo uno más de coyuntura en la agenda política.

La experiencia nos dice que las personas mayores de 60 años de edad, demuestran un gran potencial productivo y útil en actividades del sector terciario, como es el caso de servicios distributivos y personales, manualidades y de venta, etcétera. Pero por otro lado, en la mayoría de los casos, las personas que se dedican a las actividades antes mencionadas no gozan de estabilidad, ni tampoco de la seguridad social indispensable. Por lo anterior, la medida que se pretende plasmar en la Ley del Impuesto sobre la Renta es, que los empleadores reciban un estímulo fiscal cuando contraten a personas de la tercera edad.

En este reto de mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, se debe excluir cualquier manejo electoral o político, para lograr que nuestra sociedad tome mayor conciencia sobre los derechos y necesidades de las personas con discapacidad y no privarlos de la oportunidad de contribuir al desarrollo de sus comunidades; además de que su calidad de vida se vería mejorada al mantener un equilibrio psicoemocional por tener ocupación de forma activa. Asimismo la modificación a la ley fiscal en comento, promoverá el empleo y propiciará, en gran medida, la contratación formal de aquellos adultos mayores que necesiten trabajar nuevamente, completar los años de servicio cotizados y tener opción a jubilación.

Otra propuesta contenida en esta iniciativa, es la que va dirigida a las mujeres que por alguna circunstancia asumen las funciones de jefa de familia, así como las  responsabilidades en la educación y figurar como la única fuente de ingresos de una familia. Estas mujeres se enfrentan con la adversidad, escasas oportunidades, discriminación y viven bajo situaciones de desventaja social y económica.

El desamparo en el que viven la gran cantidad de jefas de familia, a causa de la falta de empleo formal, constituye un problema social en el que el Estado debe intervenir para mejorar su situación, ya que el único recurso con el que cuentan es el de su fuerza de trabajo.

Actualmente, la participación de la mujer en el mercado laboral, ha sido objeto constante de señalamientos de discriminación, acoso y falta de oportunidades. Ello ha complicado la perspectiva para que las mujeres que tienen la carga familiar, puedan acceder al empleo formal. Estas mujeres tienen la necesidad de trabajar, ya que constituyen la única fuente de ingresos de su familia, pero también tienen los mayores problemas para la armonización de la vida familiar y laboral por asumir solitariamente la educación de los hijos.

En esta tesitura, se propone que los empleadores que contraten madres solteras, puedan gozar de estímulos fiscales a fin de que los beneficios del empleo formal se extiendan a este grupo de mujeres. Con ello, se brinda la oportunidad de que el Estado, pueda estar en condiciones de otorgar seguridad social a los hijos de las jefas de familia solas.

Algunas cifras: casi el 58 por ciento de las mujeres ocupadas en el mercado laboral no tiene prestaciones sociales, ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geo-grafía e Informática (INEGI), de los 22.8 millones de mujeres mexicanas que son madres, casi 40 por ciento trabajan y 22 por ciento no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos.

Por todo lo anterior, en razón de que deben existir políticas de Estado para alentar la ocupación de las mujeres así como de mejorar las condiciones laborales de las madres trabajadoras, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 222. ...

El empleador que contrate a personas adultas mayores de 60 años de edad y mujeres que constituyan la única fuente de ingresos de una familia, podrá deducir de sus ingresos, el impuesto sobre la renta retenido y enterado de estos trabajadores en la misma forma establecida en el párrafo anterior.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.— Diputada Ana Estela Durán Rico (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la comisión ordinaria de planeación, a fin de que el poder Legislativo coadyuve, participe y colabore en la planeación del desarrollo nacional, en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

La planeación es uno de los instrumentos fundamentales que determinan el desarrollo de un país, no sólo porque permite el diseño de estrategias, programas y acciones, sino por el efecto que estas pueden tener en el conjunto de la sociedad, así como en los diferentes ámbitos de la vida nacional.

Para México, la planeación juega un papel fundamental, razón por la cual en la década de los ochenta se reformó el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de conferir al Estado la atribución de planificar las acciones que permitan lograr el desarrollo.

De igual forma, es importante mencionar que el Estado asume las funciones de dirección y coordinación para el desa-rrollo regional, así como la regulación, protección y promoción de la producción y provisión de bienes y servicios públicos.

La planeación del desarrollo nacional debe ser un ejercicio plural e incluyente, es decir, el gobierno federal por sí solo no puede ni debe asumirse como el único nivel de decisión, el federalismo debe imperar como un elemento que permita la cooperación y colaboración de los restantes niveles de gobierno.

Nuestra Carta Magna, la cual se caracteriza por ser una constitución con un alto contenido social y federalista, establece en su artículo 26 que los Estados de la República tienen la capacidad de participar en la integración del Plan Nacional de Desarrollo, lo que permite la coordinación intergubernamental. En dicho artículo se establece que el Ejecutivo federal debe convenir con los gobiernos de las entidades federativas para la planeación del desarrollo en temas como: salud, educación, infraestructura y fiscalización.

En la planificación para el desarrollo de un país es imperativo que se encuentren presentes elementos que permitan construir estrategias que impacten de manera positiva en los ámbitos regional, sectorial y social.

Durante los últimos diez años, los resultados que nuestro país ha logrado en materia de desarrollo socioeconómico y ambiental no son satisfactorios, ello es consecuencia de una falta de planeación derivada de un diagnóstico erróneo que no ha logrado identificar de manera clara los problemas que afecta a quienes habitan en el territorio nacional.

En este contexto, es urgente diagnosticar y planear desde abajo, para decidir desde arriba. Es decir, planificar tomando en cuenta las problemáticas específicas y las propuestas de los grupos sociales que enfrentan dicha situación, ya que planificar todo desde arriba nos lleva a tomar decisiones equivocadas.

La normatividad secundaria que establece el marco normativo para el diseño e implementación del Plan Nacional de Desarrollo es la Ley de Planeación, siendo esta la directriz que marcará el rumbo del país durante la administración en turno.

Por otra parte, es importante señalar que en las entidades federativas son los Comités Estatales de Planeación para el Desarrollo Estatal, quienes tienen la capacidad de aportar las propuestas que consideren necesarias para lograr la meta de alcanzar un mayor nivel de desarrollo.

En este sentido, en anteriores legislaturas han presentado diversos proyectos que han tenido como principal objetivo adecuar el marco normativo relacionado con la planeación, sin embargo, los avances son insuficientes. Muestra de ello es el incremento en el número de pobres, que durante los últimos años ha sido superior a los 6 millones; la disminución del poder adquisitivo de las familias, quienes ahora sólo les alcanza para comprar una canasta básica ínfima, así como una preocupante distribución del ingreso, la cual es similar a la que teníamos en el año de 1910.

El estudio denominado “Educación para todos” en su versión del año 2009, señala que poco más 12 por ciento de la población mexicana sobrevive con menos de 2 dólares al día.

En términos del aparato productivo nacional, en lo que llevamos del siglo XXI, las políticas públicas no han logrado atender los problemas estructurales que tiene la economía mexicana, siendo el sector primario uno de los que más resiente esta falta de estrategias y acciones gubernamentales.

El sector de la industria y manufacturero padece los estragos de la falta de planeación, lo que se manifiesta en la disminución de la producción, la pérdida del empleo, las bajas remuneraciones, la falta de seguridad social, que en conjunto, dificultan la posibilidad de incrementar la productividad del país.

En el rubro de los servicios, a pesar de presentar tasas de crecimiento superiores al 4 por ciento anual y de que en él se concentra la mayor cantidad de empleados, enfrenta dificultades derivadas de las malas políticas públicas que, en la mayoría de los casos, no lo considera como un elemento estructural.

Ante este panorama complejo, es imperativo sumar esfuerzos para avanzar en la construcción de acuerdos para el diseño de políticas públicas y acciones concretas que se traduzcan en beneficios reales para la sociedad, asimismo, es fundamental contar con programas que erradiquen la pobreza, la marginación, y generen un entorno favorable que permita a los grupos vulnerables incorporarse al desarrollo nacional, disminuyendo las desigualdades sociales.

En el diseño de la planeación de las políticas públicas, uno de los errores más graves es que los programas sectoriales son diseñados y planificados desde los escritorios de la capital del país, y de las capitales estatales, lo que complica la obtención de buenos resultados en su implementación, ya que el desconocimiento de la problemática real dificulta alcanzar los objetivos planteados.

En este sentido, es prioritario atender a los más de 54 millones de pobres que habitan el país, a los casi 12 millones de discapacitados, a los millones de mujeres, niñas y niños, personas de la tercera edad, que requieren de programas especiales, a través de los cuales puedan solucionar sus dificultades y aliviar sus necesidades.

En el medio rural la situación de precariedad requiere de acciones inmediatas que permitan a las familias superar sus necesidades, el último informe del Coneval señala que más del 60 de los campesinos en el país se encuentran en pobreza patrimonial.

Un estudio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México a finales del año pasado, denominado “Pobreza, Migración y Remesas en México”; señala que:

• Durante los últimos tres años se ha deteriorado en un 44 por ciento el nivel de vida de los campesinos mexicanos.

• Se estima que el número de campesinos que no pueden adquirir los productos de una canasta básica es superior a los 28 millones 280 mil personas.

• El fenómeno de la migración de las comunidades rurales se ha incrementado en más del 40 por ciento, durante los últimos seis años.

• Según el estudio, el destino de las remesas que reciben las familias rurales en México los distribuyen entre gastos corrientes (comida, renta y salud) en un 81 por ciento; para el ahorro, el 7 por ciento; gastos escolares 6 por ciento; la inversión en un negocio, uno por ciento.

• En términos del desempleo, la pérdida estimada de empleos es superior a los 500 mil, cifra registrada durante el año 2009.

• En mayo de 2009, de los más de 33 millones de personas que se encontraban en el medio rural, sólo 8.5 millones de ellas estaban ocupadas en las actividades agrícolas y ganaderas.

• En lo que se refiere al nivel de ingresos, del total de la población rural, el 35 por ciento no reciben ingreso (11 millones 615 mil personas); 24 por ciento, tiene hasta un salario mínimo (siete millones 964 mil personas); 27.9, de uno hasta dos salarios mínimos (8 millones 421 mil personas); el siete por ciento recibe de dos hasta cinco salarios mínimos (2 millones 112 mil personas), y sólo 6.1 por ciento de los trabajadores agrícolas, obtiene un ingreso superior a cinco salarios mínimos (1 millón 841 mil 285 personas)”.

En este contexto, es que resulta de fundamental importancia que el Poder Legislativo participe de manera directa y permanente en los temas vinculados con la planeación. Entre las funciones que tendrá esta Comisión Ordinaria de Planeación se pueden mencionar las siguientes:

• Realizar propuestas para la planificación del desarrollo nacional.

• Vigilar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y en su caso, implementar medidas que contribuyan a alcanzar los objetivos.

• Coadyuvar con el Poder Ejecutivo en el diseño de programas gubernamentales que sean el mecanismo que permita a la sociedad mexicana superar las desigualdades y la pobreza.

• Revisar, y de ser necesario, rediseñar, las líneas estratégicas que plantea el Ejecutivo para lograr los objetivos planificados.

Como legisladores tenemos la responsabilidad de implementar medidas que beneficien a la sociedad en general, poniendo especial énfasis en aquellas que tienen por objeto atender a los grupos vulnerables y marginados.

Debemos conjugar esfuerzos que permitan a las políticas públicas atender de manera prioritaria las desigualdades sociales y erradicar la marginación y la pobreza, pues el desa-rrollo nacional y el bienestar de las y los mexicanos no puede ni debe depender de la voluntad o la falta de capacidad de los funcionarios gubernamentales.

En razón de lo anteriormente señalado, se pone a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se adiciona una fracción XXVII y se recorre el orden de las fracciones, en el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. Las Comisiones son...

2. La Cámara de Diputados cuenta con...

I. a XXVI. ...

XXVII. Planeación

XXVIII.Población, Fronteras y Asuntos Migratorios;

XXIX.Presupuesto y Cuenta Pública;

XXX.Puntos Constitucionales;

XXXI. Radio, Televisión y Cinematografía;

XXXII.Recursos Hidráulicos;

XXXIII.Reforma Agraria;

XXXIV.Relaciones Exteriores;

XXXV.Salud;

XXXVI.Seguridad Pública;

XXXVII.Seguridad Social;

XXXVIII.Trabajo y Previsión Social;

XXXIX.Transportes;

XL.Turismo, y

XLI.Vivienda.

3. ...

La Comisión de Planeación, adicional a lo señalado en el párrafo anterior, revisará, analizará, discutirá y emitirá el dictamen del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, dará seguimiento a todos los programas que se implementen por parte de la Administración Pública Federal. En razón de lo anterior, y para realizar un seguimiento y evaluación puntual de los avances en las metas del Plan Nacional de Desarrollo, la presente Comisión se reunirá, cuando menos, una vez cada mes.

Transitorio

Primero.El presente decreto entrara en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2010.— Diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.



LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma el artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

Sofía Castro Ríos, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Autotransporte federal de pasajeros es el servicio destinado a la transportación de personas que se presta de manera regular en caminos federales, con itinerarios y rutas fijas, sujeto a horarios para la llegada y la salida de vehículos, en lugares autorizados para el ascenso y el descenso de pasajeros, en terminales registradas y autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), según las clases de servicio y las características de las poblaciones.

El servicio, si bien en los últimos años ha tenido una considerable mejoría, está concentrado en únicamente tres empresas: Inversionistas en Autotransportes Mexicanos, SA de CV; Estrella Blanca; y Autobuses de Oriente, que conservan y acrecientan el gran negocio de la transportación de pasajeros en México.

Sin embargo, las opciones de movilidad se han diversificado, la explosión demográfica hace que las opciones de transporte de pasajeros tengan que ser cada vez mayores; y las condiciones económicas actuales obligan al usuario a buscar opciones a las que puedan tener acceso sin lastimar en gran medida su ingreso.

Las zonas urbanas del territorio nacional han sido invadidas por redes de autotransportes que operan sin regulación de la autoridad, pero pululan por las necesidades de transportarse con rapidez, en camionetas que dan mayor movilidad, con horarios continuos, a bajo precio, pero a veces son vehículos desecho de las restricciones vehiculares impuestas en las grandes ciudades, como el Distrito Federal, o chatarra importada de manera ilegal de Estados Unidos de América: vehículos chocolate y sin seguro de viajero. Es pertinente suponer que quienes prestan el servicio sólo buscan ejercer su derecho al trabajo digno y socialmente útil, como garantiza el artículo 123 de la Constitución Política; y en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 5o. de la Carta Magna, que menciona que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.

Sin embargo, aunque las gestiones son continuas, no han encontrado disposición de la autoridad para reglamentar su servicio, a fin de que sean sometidos a regulación, por lo cual no hay garantía de que se cumplirá el contrato de prestación de servicio que celebran con el usuario y, peor aún, la garantía de seguridad para los pasajeros y los conductores no existe.

Planteo el siguiente caso real, ocurrido el 5 de marzo del año en curso: en el kilómetro 133+900 de la carretera federal número 175, en el tramo San José del Pacífico, Oaxaca, una camioneta Suburban de la empresa Eclipse 70, sin placas de circulación, invadió el carril contrario y embistió de frente a un automóvil Pointer, con placas de circulación 829NVV, del Distrito Federal; el resultado, siete personas lesionadas, incluido a un bebé, que viajaba en el auto compacto. De los dos lesionados que viajaban en la camioneta, uno perdió el ojo izquierdo, y no encontrará la reparación del daño, pues no lo ampara ningún seguro.

Ante esa situación, es indispensable participar de los procesos mundiales de modernización del transporte, los cuales están diversificando la gama de opciones de vehículos, y para ello, con objeto de aprovechar las opciones que hay, es pertinente que los vehículos tipo van o suburban, a los que llamaremos vehículos utilitarios, sean incorporados a la normatividad para que puedan prestar el servicio de autotransporte federal de pasajeros con toda la garantía de que en caso de accidente cuenten con el resarcimiento del daño, que proporcione al usuario condiciones de regularidad, uniformidad y continuidad, con sujeción a horarios, dispuestos en el artículo 23 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, los cuales deberán ser fabricados ex profeso para el transporte de personas, no mayor de 15 pasajeros, con antigüedad máxima de 5 años desde su fabricación, sujetos en todas sus condiciones al marco legal vigente.

Los vehículos utilitarios tendrán las siguientes características: motor delantero de 6 u 8 cilindros, de 2 ejes y 4 llantas, de 4 o 5 puertas, las posteriores abatibles o corredizas, además de 1 posterior para el compartimiento de carga, con tracción en el eje delantero o trasero y capacidad máxima de 15 personas.

Es importante señalar que esta iniciativa de ley se halla dentro del planteamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, pues se refiere a la economía competitiva y generadora de empleos. En el rubro de las telecomunicaciones y transportes, menciona en la estrategia 14.7., ampliar la cobertura de los transportes en todas sus modalidades, modernizar la infraestructura y proporcionar servicios confiables y de calidad para toda la población. En la estrategia 14.8. habla de abatir el costo económico del transporte, aumentar la seguridad y la comodidad de los usuarios, así como fomentar la competitividad y la eficiencia en la prestación del servicio de transporte; y en la estrategia 14.9., la propuesta es modernizar la gestión del sistema de transporte, fortaleciendo el ejercicio normativo, rector y promotor del Estado, a fin de garantizar el desarrollo y el uso de la infraestructura de transporte.

Por lo expuesto, la legisladora que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido revolucionario Institucional en la LXI legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único.Se reforma el artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 46. Atendiendo a su operación y al tipo de vehículos, el servicio de autotransporte federal de pasajeros se prestará en autobús integral, autobús convencional o en vehículos utilitarios de hasta 15 pasajeros.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2010.— Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Transportes.



ARTICULOS 73, 76, 89, 105, 108, 110, 111, 122 Y 135 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que  reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El Distrito Federal fue creado en 1824 con el territorio correspondiente a un círculo cuyo centro era el Zócalo, con un territorio capitalino dividido en 16 delegaciones. Cada una es encabezada por un jefe delegacional desde el año 2000, elegido por sufragio universal y cada delegación está integrada por pueblos, barrios y colonias.

El Distrito Federal se formaba bajo un órgano del gobierno federal llamado Departamento del Distrito Federal que se encontraba a cargo del presidente de la república, quien nombraba un funcionario para que ejecutara el gobierno en su nombre.

Dicho funcionario tenía el cargo de jefe del Departamento del Distrito Federal, también era denominado popularmente Regente del Distrito Federal, ya que antes de la reforma de 1970 existía diferenciada del Distrito Federal la Ciudad de México la cual se le denominaba Departamento de México y como tal era regida directamente por el jefe de Departamento, al contrario de las delegaciones que eran regidas por un delegado nombrado por el jefe de Departamento.

A diferencia de los Estados que forman la República Mexicana, el Distrito Federal no cuenta con poderes, sino órganos de gobierno ya que jurídicamente no es un estado de la federación, sino un territorio de carácter federal por lo que a priori sus órganos de gobierno son entes del gobierno federal, que deben servir a todos los miembros de la federación.

Dentro de estos órganos se encuentran el jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los cuales están a cargo de las funciones ejecutivas, legislativas y judicial

En 1996, mediante una reforma constitucional, se otorgó mayor autonomía al Distrito Federal a través de la eliminación de la figura del Jefe del Departamento del Distrito Federal y la creación del jefe del Gobierno del Distrito Federal, quien es electo de manera directa por los ciudadanos; además se otorgaron mayores facultades al órgano legislativo local, denominado como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Gobierno del Distrito Federal estará a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial locales.

Para 2001, legisladores federales y locales empezaron a plantear la posibilidad de realizar otra reforma política al marco jurídico del Distrito Federal; organizando diversos seminarios internacionales y foros nacionales para la viabilidad de la propuesta.

En este contexto el 9 de noviembre de ese mismo año, la Asamblea legislativa del Distrito Federal presenta y aprueba por unanimidad las reformas pertinentes al marco constitucional, las cuales fueron presentadas al Congreso de la Unión el 13 de noviembre de 2001.

La Cámara de Diputados discute dicho proyecto del 11 al 14 de diciembre de ese mismo año, y lo aprueba por 358 votos a favor y 7 abstenciones; quedando archivada en el Senado de la República.

Exposición de Motivos

La propuesta aspira alcanzar una profunda transformación del marco jurídico existente, sustentada en una reingeniería Constitucional de todo el aparato del gobierno capitalino, busca la rectificación de anomalías, mediante una amplia Reforma Política del Distrito Federal, que parta del reconocimiento explicito de un hecho concreto: La realidad social y económica que vivimos los capitalinos.

El Distrito Federal actualmente ha sido excluido de los beneficios del sistema de coordinación fiscal, con el argumento de no ser estado, es decir, por la falta de soberanía de la entidad, los ciudadanos no resultan beneficiados de las participaciones federales en materia de combate a la pobreza, infraestructura social y fortalecimiento de los municipios.

La deuda del Distrito Federal se sustenta en las disposiciones de la Ley General de Deuda Pública, donde se establece que la totalidad de la deuda contraída por el DF se considera una obligación del Gobierno Federal y su contratación se sujeta a la aprobación del Congreso de la Unión y se rige por los lineamientos marcados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la ley mencionada.

El hecho de que el Congreso de la Unión apruebe el monto de endeudamiento anual del Distrito Federal, significa una disposición negativa desde cualquier punto de vista ya que aprobar una deuda local que no se paga con recursos federales, no tiene explicación económica alguna limitándose las posibilidades de obtener de manera autónoma mejores recursos para canalizar a obras públicas e infraestructura.

Por lo anterior, esta iniciativa prevé en sus puntos torales lo siguiente:

1. La designación del procurador general de Justicia del Distrito Federal.

2. La designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como los titulares del Consejo de la Judicatura, en la forma y términos que dispongan la Constitución Local y leyes en la materia.

3. Designar al presidente y a los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la forma y términos que dispongan la Constitución local y leyes en la materia.

4. Designar al Secretario de Seguridad Pública.

5. La facultad de remover al Ejecutivo local, en los términos que dicte el Estatuto Constitucional

9. Conocer y resolver sobre las renuncias de los diputados, del jefe de Gobierno, del procurador general de Justicia, de los magistrados del Poder Judicial, de los titulares del Consejo de la Judicatura, del presidente.

10. conocimiento a las autoridades locales de ausencias y suplencias del titular del Ejecutivo.

11. Se propone transformar las actuales delegaciones políticas en municipios libres: nuestra Constitución habla del municipio libre, como la base de la organización política y de la administración pública de los estados. Para ello, adoptaron para su régimen interior la forma de Gobierno Republicano, representativo y popular, teniendo como fundamento de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre.

Dado el crecimiento demográfico que ha observado la Ciudad de México, con un estatuto constitucional se podrá proponer la creación de dos nuevas demarcaciones políticas, en la ley aplicable competente.

Para concluir, lo que proponemos es que el Distrito Federal como entidad federativa tenga mayores atribuciones para que en algún momento sus facultades se equiparen al resto de los estados de la república.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos ante el pleno de este órgano local la siguiente iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Decreto

Artículo Único. Se reforman las fracciones VIII y XXIII del artículo 73; la fracción XIV del artículo 89; el inciso e fracción II del artículo 105; los artículos 108, 110 y 111; apartado C, base primera incisos b, d, f y g; base segunda fracciones I y II incisos d, e, f y g, base tercera fracción II y los apartados D, E y F del artículo 122; y artículo 135 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos . Se derogan la fracción IX del artículo 76; y las fracciones II y III del apartado A y fracciones II y III del apartado B del artículo 122; para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. al VII. ...

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la república en los términos del artículo 29;

IX. al XXII. ...

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, en materia de seguridad pública; así como para la organización y funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal;

Artículo 76. ...

I. al VIII. ...

IX. Derogado.

X. ...

Artículo 89. ...

I. al XIII. ...

XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales.

XV. al XX. ...

Artículo 105. ...

I. ...

II. ...

a) al d) ...

e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea.

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, o en la administración pública federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El presidente de la república, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Los gobernadores de los estados y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los diputados a las legislaturas locales y los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y los magistrados del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de los estados de la república y el Estatuto Constitucional del Distrito Federal, precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados o el Distrito Federal y en los municipios o en los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales.

Artículo 109. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Procurador General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los gobernadores de los estados y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputados Locales o los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y los magistrados del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales y del Distrito Federal, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Procurador General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

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...

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados locales, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, los magistrados del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, l os magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales y del Distrito Federal, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

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...

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y el Estatuto de Gobierno.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta.

El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero común en el Distrito Federal.

La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:

A. Corresponde al Congreso de la Unión:

I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa;

II. Derogado

III. Derogado

IV. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión; y

V. Las demás atribuciones que le señala esta Constitución.

B. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:

I. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal;

II. Derogado;

III. Derogado

IV. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal; y

V. Las demás atribuciones que le señale esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes.

C. El Estatuto Constitucional de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

Base Primera. Respecto a la Asamblea Legislativa:

I. Los Diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos cada tres años por voto universal, libre, directo y secreto en los términos que disponga la Ley, la cual deberá tomar en cuenta, para la organización de las elecciones, la expedición de constancias y los medios de impugnación en la materia, lo dispuesto en los artículos 41, 60 y 99 de esta Constitución;

II. Los requisitos para ser diputado a la Asamblea no podrán ser menores a los que se exigen para ser diputado federal. Serán aplicables a la Asamblea Legislativa y a sus miembros en lo que sean compatibles, las disposiciones contenidas en los artículos 51, 59, 61, 62, 64 y 77, fracción IV de esta Constitución;

III. Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal, le será asignado el número de Diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea;

IV. Establecerá las fechas para la celebración de dos períodos de sesiones ordinarios al año y la integración y las atribuciones del órgano interno de gobierno que actuará durante los recesos. La convocatoria a sesiones extraordinarias será facultad de dicho órgano interno a petición de la mayoría de sus miembros o del jefe de Gobierno del Distrito Federal;

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto Constitucional de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al jefe de Gobierno del Distrito Federal para el solo efecto de que ordene su publicación;

b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, sometiéndose a lo que dicta el artículo 117 fracción octava de esta Constitución.

Los órganos del Distrito Federal, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en su Estatuto Constitucional de Gobierno, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del Distrito Federal, establezcan las disposiciones del Estatuto Constitucional de Gobierno y legales aplicables.

Dentro de la ley de ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado la Asamblea Legislativa, para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal.

La facultad de iniciativa respecto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal. El plazo para su presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del jefe de Gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre.

La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que éste lo incluya en su iniciativa.

Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de esta Constitución;

c) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la entidad de fiscalización del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracción VI del artículo 74, en lo que sean aplicables.

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros días del mes de junio. Este plazo, así como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la ley de ingresos y del proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea;

El titular de la entidad de fiscalización del Distrito Federal será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta o de remoción, al jefe de Gobierno del Distrito Federal;

e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al n) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) y m) hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y Presidentes Municipales;

g) Legislar en materia de deuda pública, responsabilidad de servidores públicos locales y de Administración Pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos;

h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio;

i) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social;

j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal;

k) Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios;

l) Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento cultural cívico y deportivo; y función social educativa en los términos de la fracción VIII, del artículo 3o. de esta Constitución;

m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal;

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito Federal;

ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión; y

o) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

Base Segunda. Respecto al jefe de Gobierno del Distrito Federal:

I. Ejercerá su encargo, que durará seis años, a partir del día 5 de diciembre del año de la elección, la cual se llevará a cabo conforme a lo que establezca la legislación electoral.

Para ser jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán reunirse los requisitos que establezca el Estatuto de Gobierno, entre los que deberán estar: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos con una residencia efectiva de tres años inmediatamente anteriores al día de la elección si es originario del Distrito Federal o de cinco años ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad; tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la elección, y no haber desempeñado anteriormente el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal con cualquier carácter. La residencia no se interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la federación en otro ámbito territorial.

Para el caso de remoción del jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa con aprobación de la mayoría calificada de dos tercios de su pleno, nombrará un sustituto que concluya el mandato. En caso de falta temporal, quedará encargado del despacho el servidor público que disponga el Estatuto Constitucional de Gobierno. En caso de falta absoluta, por renuncia o cualquier otra causa, la Asamblea Legislativa designará a un sustituto que termine el encargo. La renuncia del jefe de Gobierno del Distrito Federal sólo podrá aceptarse por causas graves. Las licencias al cargo se regularán en el propio Estatuto Constitucional.

II. El jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

a) Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias;

b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podrá hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe para su promulgación, en un plazo no mayor de diez días hábiles. Si el proyecto observado fuese confirmado por mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes, deberá ser promulgado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal;

c) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa;

d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes;

Para el caso del Procurador General de Justicia y del Secretario de Seguridad Pública ambos del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno enviará la propuesta, a través de una terna de funcionarios para ocupar el cargo, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, misma que analizará y en su caso aprobará, con dos terceras partes de su pleno, la designación del funcionario que ocupe el cargo.

e) Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con el Estatuto Constitucional de Gobierno;

f) Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos del orden común;

g) Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto Constitucional de Gobierno y las leyes.

Base Tercera. Respecto a la organización de la Administración Pública local en el Distrito Federal:

I. Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones entre los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados;

II. Establecerá la figura jurídica de gobierno municipal, su forma de integrarlos, su funcionamiento y competencia, así como las relaciones de dicho gobierno con el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Los titulares de los ayuntamientos serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley.

Serán aplicables a la organización municipal del Distrito Federal, las disposiciones conducentes de los artículos 115 y 116 de esta Constitución.

Base Quinta. Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tendrá plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública local del Distrito Federal.

Se determinarán las normas para su integración y atribuciones, mismas que serán desarrolladas por su ley orgánica.

D. El Ministerio Público en el Distrito Federal será presidido por un Procurador General de Justicia, que será nombrado en los términos que señale el Estatuto Constitucional de Gobierno; este ordenamiento y la ley orgánica respectiva determinarán su organización, competencia y normas de funcionamiento.

E. En el Distrito Federal será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en la fracción VII del artículo 115 de esta Constitución. La designación y remoción del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública se hará en los términos que señale el Estatuto Constitucional de Gobierno.

F. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, o en sus recesos, la Comisión Permanente, podrá solicitar a la Asamblea Legislativa la remoción del jefe de Gobierno del Distrito Federal por causas graves que afecten las relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal. La solicitud de remoción deberá ser presentada por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso, debidamente fundamentada.

G. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, fracción VI de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes.

Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, estructura y funciones.

A través de las comisiones se establecerán:

a) Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisiones, conforme a las cuales se acuerden los ámbitos territoriales y de funciones respecto a la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones en las materias indicadas en el primer párrafo de este apartado;

b) Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes de las comisiones, las funciones específicas en las materias referidas, así como para la aportación común de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación; y

c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los integrantes de las comisiones.

H. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados se aplicarán para las autoridades del Distrito Federal.

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario oficial de la federación.

Segundo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal electa en el proceso electoral del año 2009, se erigirá como Congreso Constituyente del Distrito Federal para elaborar su Estatuto Constitucional de Gobierno, inmediatamente después de entrado en vigor el presente decreto y tendrá treinta días hábiles para elaborarlo.

Tercero. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al texto Constitucional que se opongan al presente Decreto.

Diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.



LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma el artículo 80 de la Ley General de Desa-rrollo Social, a cargo del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina señalan en diversos estudios que el gobierno está fracasando en la tarea de mejorar el desarrollo humano de sus habitantes, especialmente en lo que se refiere a las expectativas de vida, niveles educativos, ingresos reales y, en general, en la reducción de las desigualdades, por lo que llama a dar mayor atención en materia de gasto en infraestructura y capital humano en las regiones donde las desigualdades están más acentuadas, especialmente programas para la reducción de la pobreza.

El nuevo diseño de instrumentos para la distribución de los recursos públicos destinados a la infraestructura, mediante la creación del Ramo 33 en el Presupuesto de Egresos de la Federación y previsto en un nuevo capítulo de la Ley de Coordinación Fiscal, no resuelven en lo esencial el problema básico de las familias que consiste en tener oportunidades de ocupación y, por tanto, de ingresos para su sustento. Esto explica en parte el enorme éxodo de mexicanos, especialmente de los jóvenes, al extranjero. Es un capital humano que formamos en México para que trabaje en Estados Unidos. Por tanto, conviene poner a debate en el futuro próximo, la cuestión de las formas y orientación de los subsidios para la formación de capital humano, tomando en cuenta las especificidades regionales y los complejos entramados sociales de nuestras comunidades donde existe una amplia diversidad de valores, creencias y filiaciones que deben ser consideradas para la toma de decisiones.

No se puede tratar de la misma manera a comunidades de la frontera norte, a los grupos sociales de La Montaña de Guerrero, de los Altos de Chiapas o Las Cañadas de Oaxaca.

Por otra parte, el análisis de la evolución de la política social en el país en los últimos años, debe considerar también los efectos del comportamiento de nuestra economía que ha impactado de diversas maneras el desarrollo social. Por ejemplo, las crisis financieras y económicas de 1995 y de 2009, significaron un retroceso, pese a que se mantuvo y amplió hasta donde fue posible el presupuesto destinado a la política social. El impacto de la emergencia agudizó la situación de pobreza y acrecentó el reto por la acumulación de rezagos y la aparición de nuevas demandas.

En este contexto, debemos reconocer que los programas sociales se han expandido en términos nominales por el aumento del gasto fiscal, pero no en la proporción necesaria para tener mejores resultados en la disminución de la desigualdad social. Además, el complejo entramado institucional, la inacabada descentralización de competencias y de recursos, acompañada de una interrumpida política del fortalecimiento municipal, así como la falta de mecanismos más ágiles y efectivos para el ejercicio del gasto encarecen la prestación de los servicios, propician sesgos políticos y actos de patrimonialismo, sin que existan instrumentos adecuados para el seguimiento, control y transparencia del ejercicio del presupuesto para el desarrollo social.

El resultado de esta ineficacia, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es que más de cincuenta millones de mexicanos viven sumidos en la pobreza, que representa el 47,4% de la población. Entre 2006 y 2008, periodo que compara el informe, el porcentaje de pobres ha subido cerca de un 5% en lo relativo a pobreza de patrimonio y a pobreza alimentaria.

En total son 50,6 millones de mexicanos –el país tiene aproximadamente 107 millones de habitantes– los que viven en situación de pobreza patrimonial. Es decir, no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades de salud, educación, alimentación, vivienda, vestido y transporte público. Asimismo, 19.2 millones de personas son afectadas por la pobreza alimentaria, de las cuales 7.2 vivían en zonas urbanas (localidades de 15.000 o más habitantes), mientras que 12.2 millones residían en el área rural del país.

Adicionalmente a la falta de efectividad, los programas sociales están afectados por su falta de transparencia. A pesar de que el concepto de la rendición de cuentas es utilizado desde el Congreso Constituyente de 1917 y fue concebido como un acto obligatorio para que los gobernantes informen sobre sus actos y decisiones, en la realidad es una práctica débil, escasamente institucionalizada. Prueba de ello es que nuestro país, de acuerdo con la organización Transparencia Internacional, ha bajado del lugar 52 en el año 2000, al 65 en 2006 y al 89 en el año 2009 en materia de transparencia; 37 lugares en 9 años, lo que es, a todas luces, un serio retroceso en el apego a la Ley y a la ética por parte de las dependencias públicas.

En este orden de ideas, la vigilancia y la fiscalización de los recursos y de la operación de los programas, son aspectos que adquieren cada vez mayor fuerza ante una ciudadanía demandante de contar con información más detallada y que sustenten la toma de decisiones, bajo criterios más objetivos, sustentados en el verdadero interés público.

Por ello, la política social, así como el gasto público dirigido a la operación de programas dirigidos a población de bajos recursos económicos han sido objeto, en las últimas décadas, del mayor interés del Poder Legislativo, que ha expedido sendas reformas en materia de responsabilidades, acceso a la información pública, indicadores de desempeño y en el ámbito de la contabilidad y la auditoría gubernamental, no sólo por parte de la autoridad sino también de la sociedad civil, en virtud del riesgo permanente a que se encuentran sometidos, incluidos los intereses de carácter electoral. Vale la pena recordar el señalamiento hecho por el Tribunal Electoral en el dictamen emitido en las elecciones de 2006, respecto de la inducción que puede realizar el Poder Ejecutivo y los llamados “poderes fácticos”.

La Constitución y el marco legal en su conjunto, establecen la obligación de vigilar el cumplimiento de los objetivos de la política social, así como el buen uso de los recursos de los programas sociales, evitando su uso político y clientelar. La ética, la objetividad y la transparencia constituyen, hoy por hoy, aspectos de la mayor relevancia para ejecutar políticas públicas más eficaces, que tengan mayor eficacia, eficiencia, cobertura y trascendencia para los grupos sociales en condición de mayor desigualdad.

En este orden de ideas, la Ley General de Desarrollo Social, aprobada en el año 2004, creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia. Este consejo ejerce sus facultades a través de decisiones colegiadas de la Comisión Ejecutiva y del Comité Directivo, órganos de los cuales forman parte investigadores académicos.

Dicho consejo tiene entre sus principales funciones, normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desa-rrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

No obstante lo anterior, sus resoluciones en materia de evaluación, y sobre todo sus recomendaciones, son limitadas, ya que carecen de obligatoriedad en su cumplimiento o inclusión, por parte de la autoridad que ejecuta u opera dichas políticas o recursos económicos, lo cual implica que tales evaluaciones generan información muy importante, pero cuyo único destino es servir de referentes, pero no impactan de fondo la orientación y fallas de ejecución de la política social.

Por ello, con la presente Iniciativa se busca revertir esta situación al adicionar un párrafo segundo al artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de dotar de un nuevo nivel a sus recomendaciones, ya que el Consejo podría presentarlas a la Comisión Nacional de Desarrollo Social, la cual tendrá un plazo de treinta días a partir del día siguiente de su recepción para emitir opinión sobre las mismas, lo que podrá ser considerado por el consejo, para elaborar las adecuaciones pertinentes y remitirlas de nueva cuenta a la Comisión. Las observaciones en las que exista coincidencia entre el Consejo y la Comisión tendrán obligatoriedad de ser cumplidas por las dependencias ejecutoras de gasto en materia de desarrollo social. Estas observaciones también serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

La evaluación del desempeño en el proceso de rendición de cuentas, es una ventana de oportunidad fundamental para incidir de forma directa y positiva en el contenido y la efectividad de las políticas públicas al cuestionar sus elementos constitutivos, sus objetivos y resultados e identificar, a partir de su evaluación, desviaciones de los propósitos o deficiencias en sus planteamientos o en su funcionamiento. Esto sin duda se constituye en un cabal cumplimiento de esta importante función social del Estado mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social

Único. Se reforma el artículo 80 de la Ley General de Desa-rrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 80. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, presentará sus observaciones y recomendaciones a la Comisión Nacional de Desarrollo Social, la cual tendrá un plazo de treinta días a partir del día siguiente de su recepción para emitir opinión sobre las mismas. Esta opinión será considerada por el Consejo, para elaborar las adecuaciones pertinentes y remitirlas de nueva cuenta a la Comisión. Las observaciones en las que exista coincidencia entre el Consejo y la Comisión tendrán obligatoriedad para todas las dependencias ejecutoras de gasto en materia de desarrollo social, debiendo publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010.— Diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.



LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que le confiere los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numeral 3; y 40, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una Comisión Ordinaria de Narcotráfico y Consumo de Drogas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

a) Justificación general

Existe un principio jurídico que establece, que el derecho debe de adaptarse a la realidad y no viceversa, por esto, es necesario que las instituciones de todos los ámbitos de gobierno conserven su armonía y se adecuen, de forma permanente, su marco jurídico vigente.

Lo anterior, es necesario para no crear confusión dentro de la sociedad en general, en primer término, puesto que una población que no tiene certidumbre respecto de las autoridades que lo gobiernan, acaba por no creer en las mismas.

Estamos ciertos de que el Estado tiene la facultad de emitir instrumentos jurídicos que norman las actividades políticas, económicas y sociales de los gobernados, cuyos fines son, entre otros, el funcionamiento eficiente de las instituciones, la convivencia social, la viabilidad jurídica de las relaciones entre gobernados y la autoridad.

En este sentido es necesario integrar un marco legal que sancione de manera específica al narcotráfico y consumo de drogas, a pesar de que existen normas sobre la materia en diferentes instrumentos legales, no se observa una adecuada coordinación entre estas, así como en los encargados de realizar su operación.

En su informe de 2009 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, al realizar el debate sobre las drogas y la delincuencia, reflexionaron extensamente al respecto, llegando a la conclusión de que la relación entre las drogas con la delincuencia organizada –narcotráfico-, es un problema grave que debe detenerse. Convocó a los gobiernos a reajustar la combinación de políticas públicas sin demora e imponer una mayor fiscalización al narcotráfico y el consumo de las drogas.

En concordancia con las recomendaciones de los organismos internacionales, y sobre todo porque en este momento a nivel nacional, la critica a los partidos políticos se ha vuelto parte de la noticia cotidiana, debido que la opinión pública percibe que las instituciones no trabajan en bien de la ciudadanía, por esto, los legisladores debemos reflexionar sobre los efectos del narcotráfico y consumo de drogas, que invadió a la sociedad de la que somos parte, cuestionarnos como legisladores, y saber de lo que estamos dispuestos hacer por devolver la tranquilidad y credibilidad al ciudadano, más que tomar una acción popular, es una decisión que tenemos que asumir en conciencia y en bien de nuestro país.

Durante muchos años el narcotráfico ha penetrado las estructuras sociales en el mundo, ahora México se encuentra afectado, originando un intenso debate en relación con el narcotráfico y el consumo de drogas, cuyo aspecto fundamental está relacionado con la imperante necesidad de mantener un régimen democrático, que nos ha permitido superar los problemas sociales, económicos y políticos de los mexicanos. Considerando que el narcotráfico es un mal que puede relegar toda expresión de progreso y avance social, debemos impedir que altere la paz social, para seguir buscando las soluciones que nos permitan transitar hacia el de-sarrollo que como país aspiramos.

En este momento, debemos tomar decisiones fundamentales para legislar y establecer los instrumentos necesarios, que contribuyan a remediar los problemas acumulados en el país; desempleo, falta de alimentos y de agua, educación deficiente, servicios de salud precarios, crisis económica, y sobre todo inseguridad y narcotráfico. Si no tomamos acciones al respecto, contribuimos a violar las garantías individuales de la sociedad. No puede haber concesiones, cuando el narcotráfico está afectando a la sociedad, los legisladores debemos y podemos protegerla con determinación, promoviendo las políticas públicas que debe asumir el gobierno federal.

El Poder Legislativo siempre ha intervenido en diferentes problemas del país, buscando el beneficio de la población, desarrollando las facultades que la Constitución le tiene asignadas; así el Congreso ha sido responsable al considerar en su agenda legislativa las reformas urgentes que el país requiere. Ahora es necesario incluir el relativo al narcotráfico y consumo de drogas, aún estamos a tiempo de eliminarlo y proteger a la sociedad en general. Sin embargo, hemos permanecido sin reacción ante él, por eso quiero llamar la atención sobre sus efectos, puede ser el apocalipsis de toda nuestra sociedad, por las implicaciones que tiene; nadie escapa a su actividad, es un problema nacional e internacional.

Tomemos las grandes decisiones que requiere nuestro país antes que afecte en mayor grado a la sociedad, la situación que vivimos en nuestras entidades tiene en este momento al Ejército en las calles de algunas ciudades del país.

Nuestras acciones pueden hacer que siga creciendo el problema, no nos acostumbremos a vivir en una sociedad en la que la muerte sea un acto cotidiano y nos insensibilice, no perdamos la posibilidad de preservar un Estado de derecho moderno.

Asumamos la oportunidad de trascender, ejerzamos la responsabilidad que tenemos como legisladores federales, hagamos una revisión exhaustiva del marco jurídico vigente e intentemos corregirlo, ataquemos de fondo al narcotráfico y consumo de drogas, encontremos los instrumentos legislativos y las contradicciones en las normas actuales, aprobemos la creación de una Comisión encargada de hacerlo.

b) Consideraciones sociales, económicas y políticas

Los datos acerca del consumo de drogas no es uniforme, tanto en lo que se refiere a los tipos de droga como entre regiones. Las estimaciones sobre el consumo de drogas provienen de los estudios relativos al tratamiento, aunque solo un número limitado de países recopila esta información. Sin embargo está claro que el narcotráfico constituye la primera fuente de ingresos de la delincuencia.

Así, el número total de personas que consumieron drogas a nivel mundial entre 15 a 64 años en 2007 fueron: 4.343 millones de personas; las que han consumido drogas por lo menos una vez al año: 172 a 250 millones de personas; que utilizan drogas inyectables: 11 a 21 millones de personas; y los que son “consumidores problemáticos de drogas” o grandes consumidores: 18 a 38 millones de personas. De estos últimos es posible que su nivel de consumo tenga importantes consecuencias para la salud pública y el orden público.

Los países de China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia y el Brasil son los que tienen la mayor población de consumidores de drogas inyectables, que en su conjunto representan el 45% del total estimado de la población de consumidores de drogas inyectables del mundo. Se estima que entre 800,000 y 6,6 millones de consumidores de drogas inyectables en todo el mundo están infectados por el VIH.

En la sección dedicada a México en el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las acciones contra el narcotráfico a nivel internacional, entregado al Congreso Norteamericano, especifica que:

“México sigue siendo una fuente para el lavado de dinero. Se estima que los ingresos anuales de los cárteles varían entre 15 y 30 mil millones de dólares por la venta de drogas ilícitas en Estados Unidos. La mayoría de estos ingresos son regresados desde Estados Unidos principalmente en cargamentos de dinero en efectivo y son lavados mediante negocios mexicanos legítimos.”

Entre otros datos, reporta que es este flujo de dinero lavado, como el de armas, el que permite que los cárteles continúen operando, y señala que en 2009 el cultivo de mariguana y amapola aumentó en México. El cultivo de amapola, fuente del opio, aumentó a más del doble, con 15 mil hectáreas sembradas hasta septiembre de 2009. Un año antes, en 2008, la cantidad de hectáreas sembradas era de 6,900.

Este aumento en el cultivo de amapola es el mayor nivel de producción que se haya estimado en la historia de México y toda América Latina combinada. La producción de mariguana aumentó 35%, con 12 mil hectáreas sembradas en 2009, en 2008 eran 8 mil 900, convirtiéndose en el mayor incremento desde 1992.

Las autoridades mexicanas erradicaron menos sembradíos de mariguana en 2009 que en 2008. De 18 mil 663 hectáreas erradicadas en 2008, en 2009 la cantidad se redujo a 14 mil 135. En ambos casos, 2009 y 2008, la eliminación de mariguana disminuyó de manera significativa, ya que en 2002 se erradicaban más de 30 mil hectáreas.

El mismo reporte afirma que ha aumentado el consumo de drogas en México, con 3.5 millones de mexicanos que han probado narcóticos y 600 mil que se han convertido en adictos.

De acuerdo con la información señalada confirmamos que el narcotráfico involucra cada día a más individuos al consumo y venta de drogas, dejándoles grandes ganancias, que han servido incluso para intentar influir en la política de los países democráticos de Latinoamérica y del mundo. En su momento, estos recursos se han utilizado para financiar la compra de armas con el objetivo de atentar en contra de la vida democrática de las naciones, así como para influir en los procesos internos de los países para instaurar gobiernos afines a las políticas de globalización. Es tal su penetración, que incluso intentan ya influir en las campañas electorales en la designación legal de aquellos que responden a sus intereses económicos.

En el mundo, Pakistán es uno de los países mas importantes en la producción de heroína y se agrega ahora a la producción de cocaína, sin que los países afectados de ello tomen decisiones para su erradicación, quizá porque no lo consideran un problema a su seguridad nacional, prefieren mantener sus objetivos y recursos en la explotación de los bienes naturales, como es el petróleo, que les genera enormes ganancias.

Esta tendencia es cada vez mayor, por parte de gobiernos de países desarrollados al “globalizar la justicia” justificando sus acciones con la persecución de delitos relacionados con el trafico de drogas, se violan las soberanías nacionales.

c) Afectación en los estados del país

La expansión del narcotráfico está afectando el Estado de Derecho de las instituciones, este hecho puede causar inquietud en algunos legisladores e indiferencia en otros. Todavía no hemos imaginado el grado de destrucción que puede ocasionar a nuestra sociedad, creemos que sus efectos sólo se van a sentir en la población de menores ingresos. Hoy hay muchos ejemplos en contrario, publicados en la prensa nacional, en los que podemos constatar que todos los sectores de la sociedad se han visto involucrados como agredidos o como agresores, y lo que resulta más grave, ha invadido todos los niveles de gobierno y de la sociedad.

Las responsabilidades de los tres poderes del Estado, en sus tres niveles de gobierno se ven afectadas, el narcotráfico ha penetrado sus funciones, originando gestiones deficientes, aún cuando se destinan grandes recursos para enfrentarlo no se ve que tenga solución en el mediano plazo, y si somos pesimistas tardara mucho más tiempo. Debido a que cada día las autoridades se ven crecidamente rebasadas por este, la sociedad afectada está reclamando acciones de fondo, muchos otros se han tenido que ir, por la ingobernabilidad que han percibido en el país.

La situación política nacional e internacional, y demás características sociales y económicas de México han cambiado de tal manera que ya no existe diferencia con otros países que sufren y enfrentan al narcotráfico.

En México, las acciones del narcotráfico durante los últimos diez años se han incrementado de una manera descomunal, quizás hace quince años no hubiese sido necesario crear una Comisión Ordinaria especializada sobre el narcotráfico y el consumo de drogas, así como tampoco fue necesario que el Ejército saliera a las calles, pero hoy esta situación es considerada un problema de Estado. Los gobiernos extranjeros han tomado grandes decisiones para su atención, al grado de que han blindado sus fronteras, han propuesto planes como el Plan Mérida, realizado visitas de Estado para establecer las políticas a seguir, así como de intervenciones de agentes encubiertos y directos, para detener o investigar las acciones del narcotráfico.

Requerimos ayudarnos nosotros mismos, lo que no hagamos por nosotros, otros no van a venir hacerlo, y si lo intentan, será para obtener beneficios propios, a través de una política intervencionista violando la soberanía de nuestro país. No dejemos pasar la oportunidad para crear una Comisión de narcotráfico y consumo de drogas que legisle, supervise y controle de manera especializada y permanente las diferentes acciones nacionales y del extranjero realizadas en contra del narcotráfico, en nuestro país.

Debemos realizar estudios y diagnósticos desde una visión nacionalista, no esperemos información del extranjero que determine lo que debemos hacer, tómenos la iniciativa e integremos la nuestra, para elaborar las propuestas de solución reales que requiere el país, así como para crear una política propia en la materia, con un enfoque de lo que necesitamos los mexicanos, y con su conocimiento exigir de otros países, el respeto a nuestra soberanía.

Actualmente el problema del narcotráfico se ha agudizado en la mayoría de las entidades de la Republica Mexicana, en donde a diario aparecen muertos y ejecutados por venganza producto de la guerra entre las mafias, pero también aparecen ciudadanos, autoridades civiles, policiales, estudiantes y detenidos que son desaparecidos, sin que los gobiernos de las entidades del país sean capaces de resolver esta situación. Trabajemos con la Conferencia Nacional de Gobernadores los grandes objetivos nacionales en la materia, sobre todo para las entidades del país.

Se ha requerido de la intervención del Ejército y de la Marina para detener al narcotráfico, pero nadie ha podido informar sobre estas acciones, y cuando se llama a comparecer al procurador general de la República, no ha dado información convincente, ya sea porque se considera confidencial o no cuenta con ésta. En el Gobierno Federal cada quien hace lo que cree conveniente, sin enterar a los órganos responsables de estas actividades, cada dependencia actúa de manera independiente sin coordinación en la política en contra del narcotráfico.

Los gobiernos de los estados han sido rebasados por las acciones del Ejecutivo federal; en las entidades se realizan operativos sin informar a los gobernadores.

En el Congreso los grupos parlamentarios han levantado sus voces sin respuesta. Por ello es necesario crear una Comisión Ordinaria que evalúe todas las acciones que realiza el Gobierno Federal encaminadas a resolver las implicaciones del narcotráfico, hacer estudios, programas, observaciones y propuestas en la materia, orientada a preservar la gobernabilidad del país.

La operación del narcotráfico en las entidades ha ocasionado que los ciudadanos vivan en un Estado de excepción, donde las garantías individuales están afectadas y sí las autoridades de los derechos humanos realizan las recomendaciones sobre el particular, son ignoradas por los funcionarios responsables de la aplicación de la justicia.

d) Administración pública

Las dependencias centrales que integran el poder ejecutivo representan un total de 18 secretarías de Estado, y de una gran cantidad de organismos descentralizados, que han asumido responsabilidades de una manera disfuncional, ocasionado un ejercicio deficiente en su administración, reflejada en la poca atención de las necesidades sociales. Los órganos responsables de dar viabilidad a la nación y de enfrentar al narcotráfico, como es: la Secretaría de Relaciones Exteriores, encargada de la política exterior, está muy ocupada en reparar la muy deteriorada política exterior con los países latinoamericanos, con los que se ha perdido liderazgo; la Secretaría de Gobernación, encargada de la política interior, está más preocupada por mejorar la relación con los partidos políticos, la gobernabilidad y la coordinación con los gobiernos de los estados, con los que ha perdido credibilidad; la Secretaría de Seguridad Pública, encargada de proteger al ciudadano, se encuentra saturada y rebasada por la delincuencia ordinaria; la Secretaría de Salud, responsable de los servicios de atención, prevención y tratamiento de la salud de la población, se encuentra perdida en la burocracia de los servicios de salud que requiere la población y saturada por la deficiente reacción ante las epidemias que se han presentado, dejando pendientes los relativos a las drogas; y la Procuraduría General de la Republica, abrumada por los delitos federales que se han incrementado enormemente; y los encargados de la justicia, saturados en la impartición de la misma con graves deficiencias en su procesos; todas desarrollan sus tareas en beneficio de la población, sin embargo la ineficiencia y la corrupción las han invadido, además, existen indicios de que han sido rebasados por el narcotráfico.

En el Poder Legislativo se tienen cuarenta comisiones ordinarias para atender el trabajo legislativo, de supervisión y control, relacionadas con las funciones del Ejecutivo Federal, a pesar de ello todavía quedan funciones que requieren de atención específica y especializada, sobre todo de asuntos del narcotráfico que vienen afectando a la sociedad. El Poder Legislativo tiene que asumir con mayor responsabilidad las facultades que le confiere la Constitución y orientar sus actividades de una manera especializada para su mejor atención, por ello se han creado comisiones ordinarias encargadas de las diferentes materias de la función pública, sin embargo es necesario agregar una nueva Comisión en el Congreso de la Unión, que responda específicamente a los temas del narcotráfico, de otra manera, si se agrega a las existentes se podría distraer un tiempo considerable de estas, al asumir este tema entre las atribuciones que vienen desarrollando. En aras de no hacer un trabajo deficiente, se requiere crear una comisión ordinaria encargada del narcotráfico y consumo de drogas.

Hace quince años la población era menor a la que actualmente tenemos, eran menos los problemas sociales, mucho menos las funciones que realizaban las instituciones del Estado, no había los niveles de consumo de drogas como en este momento. Eran escasos los hechos delictivos, en este momento se presentan grandes actos violencia, a diario nos amanecemos con ellos producto del narcotráfico. Ahora tenemos la necesidad de atacar el problema, cuya solución no la percibimos de manera inmediata, por ello requerimos de un nuevo instrumento legislativo dentro del Congreso de la Unión.

Ahora bien, el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la competencia de las comisiones ordinarias se corresponda en lo general con de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En este sentido es de suma importancia tomar la iniciativa en el Congreso, al no existir en la actualidad en la administración pública federal una dependencia o entidad que ostente dicha denominación, ni otra que asuma de manera integral esa responsabilidad, debemos en el Poder Legislativo realizar los cambios correspondientes en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de otorgar seguridad y certeza jurídicas a la población en general.

e) Propuesta legislativa

Si bien, el trabajo parlamentario en el Congreso no significa que deba guiarse con la similitud de órganos administrativos y cuerpos legislativos o colegiados, nacionales o internacionales, en este momento las acciones Legislativas requieren establecer una comisión de narcotráfico y consumo de drogas, además de que sería importante conformar en el Ejecutivo federal y en el Judicial de órganos específicos, pues se requiere de la participación de los tres Poderes del Estado para solucionar tan complicada situación.

El problema del narcotráfico requiere de una atención especializada e inmediata tanto del Ejecutivo como del Legislativo, así como del Judicial, por ello en la Cámara de Diputados creemos indispensable la creación de una comisión ordinaria, que con una visión integradora de las diferentes políticas públicas desarrolladas por los tres niveles de gobierno, se apliquen con racionalidad y eficiencia en las diferentes acciones realizadas en contra del narcotráfico. Lo anterior con el fin de darle certidumbre a la población de que puede confiar en el poder Legislativo, y de que trabaja con miras de resolver la situación en la que el país se halla inmerso.

En el Congreso se han presentado propuestas legislativas para atender el tema del narcotráfico; unas aprobadas y otras pendientes, en la mayoría se propone castigar el narcotráfico, desde la visión de los delitos graves, elevando los años de prisión, otras proponen hasta la pena de muerte. También se tiene las que regulan el consumo de drogas y recientemente se han hecho propuestas para atender las adiciones y permitir el consumo personal hasta una pequeña dosis, las de mejorar la vigilancia en las aduanas y la legalización de la drogas. Sin embargo falta tomar en cuenta la integralidad del daño que está haciendo a la sociedad en todos los niveles económicos para definir las sanciones, asumir acciones con una visión de fondo que garantice el respeto a la soberanía del país.

De esta forma podemos cuestionarnos y plantear ¿Es o no es necesario crear esta comisión? Puede ser que las prioridades de los grupos parlamentarios se orienten a las reformas estructurales que predominan en el Congreso o creer que nosotros no tenemos nada que hacer en este problemas o no queramos asumir nuestra responsabilidad, y que esto evite hacer el ejercicio Legislativo necesario para establecer en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la comisión de narcotráfico y consumo de drogas.

Hagamos lo posible por entregar a nuestros hijos la oportunidad de una mejor convivencia, en paz, sin temor de que se vean involucrados en el consumo de la droga que afecte su vida y la de sus familias. Continuemos nuestra labor propiciando la formación de ciudadanos valiosos que requiere el país, que no vean interrumpida sus ilusiones de estudiar y trabajar con tranquilidad.

Contribuyamos en el logro de estos objetivos enfrentando el problema del narcotráfico, con todas las herramientas legislativas, y si se requiere que forme parte de la reforma del Estado, que pretende establecer mecanismos para darle el poder a la gente, también debemos otorgarle la seguridad de que el narcotráfico no atente en contra de sus derechos individuales.

La sociedad está demandando acciones de fondo del Poder Legislativo, reformas legislativas que inhiban las acciones del narcotráfico, que impiden a los ciudadanos salir a las calles a desarrollar sus actividades. Es necesario que demos muestras de que estamos trabajando, que atendemos con responsabilidad las demandas de la ciudadanía, por ello debemos propiciar la creación de una Comisión de Narcotráfico y Consumo de Drogas encargada de uno de los grandes problemas de la humanidad, del mundo y de nuestro país.

Aprobemos la creación de esta nueva comisión, demos un mensaje a los infractores de la ley a nivel nacional y mejoremos nuestra imagen, no esperemos más tiempo para hacerlo, ni pongamos trabas a una comisión que requerimos para empujar las acciones del gobierno federal, y darle una visión de integralidad a las responsabilidades que en la materia deben realizar las dependencias del Ejecutivo federal. De esta manera podremos legislar, supervisar y controlar los programas y acciones particulares, que vienen realizando, perdidas entre las muchas otras facultades que tienen asignadas.

f) Responsabilidades de la Comisión de Narcotráfico y Consumo de Drogas

• Revisar la normatividad estratégica y funcional que rige las decisiones de las instituciones comprometidas en la lucha contra el crimen organizado vinculado al narcotráfico.

• Integrar informes respecto de la lucha contra el crimen organizado vinculado al narcotráfico.

• Proponer las prioridades para atajar el financiamiento al crimen organizado y poner más controles para evitar el “lavado” de dinero.

• Reforzar y fortalecer el sistema financiero, para evitar que los cárteles de la droga cuenten con recursos económicos.

• Colaborar con el gobierno federal de manera más intensa y coordinada, para cerrar las puertas a las transacciones y poner candados al tráfico de recursos y al lavado de dinero.

• Retomar los temas relacionados con el narcomenudeo, la nueva actitud de policías, peritos, agentes del Ministerio Público y jueces, para actualizar su normatividad.

• Coordinación permanente con los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, para instrumentar normas generales y particulares.

• Supervisar el avance en la depuración y el control de confianza de los cuerpos policíacos.

• Estudiar y proponer políticas y normas sobre el tema de la infiltración del narcotráfico en las instituciones gubernamentales.

• Legislar sobre la integración de un registro de los servidores públicos adscritos en las entidades, que fueron denunciados por relacionarse con el narcotráfico.

• Requerir al Ejecutivo Federal la información relativa al financiamiento realizado por Gobiernos Extranjeros, destinados a establecer nuevos sistemas de lucha en contra del narcotráfico.

• Integrar informes relacionados con los temas en que se han visto involucrado las instituciones, en la intercepción de comunicaciones, rastreo de llamadas telefónicas y correos electrónicos.

• Normar los servicios de inteligencia para combatir el narcotráfico, cuidando que no cause polémica en la opinión pública.

• Evaluación de las publicaciones hechas por los diarios nacionales y locales, relativos a la infiltración del narcotráfico en las instituciones públicas y empresa privada.

• Estudiar la penetración del narcotráfico en los poderes del Estado, y en las esferas de la política nacional.

• Controlar y evaluar las denuncias por infiltración del narcotráfico en las campañas electorales.

• Promover la cruzada nacional contra la droga, narcotráfico y lavado de dinero, y el financiamiento de candidaturas.

• Integrar una agenda legislativa sobre la narcopolítica.

• Realizar trabajos legislativos en coordinación con otras instancias internacionales en el combate al narcotráfico, para detectar inversiones con dinero de dudosa procedencia.

• Trabajar junto con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para evitar la posible infiltración del dinero del narcotráfico en el sector privado.

• Analizar la aplicación práctica y creación de una Ley Federal para Prevenir el Tráfico y Consumo de Drogas en las entidades del país.

• Realizar el análisis comparativo de las legislaciones locales, consultas y foros con los diferentes sectores de la sociedad para enriquecer las correspondientes reformas en materia de narcotráfico.

• Promover las iniciativas del Legislativo y del Ejecutivo para fortalecer el trabajo del Poder Judicial, y coordinar las políticas públicas para frenar el narcotráfico.

• Identificación de estructuras financieras vinculadas con el narcotráfico, conformación de políticas públicas para la lucha frontal contra el lavado de dinero y confiscación de bienes.

g) Consideraciones finales

Tomemos en cuenta que estamos en una etapa de suma vulnerabilidad, propicia para que el narcotráfico vicie y lastime la armonía social, avance y destruya las instituciones del Estado que hemos construido durante toda la historia de nuestro país, sobre todo ahora que se evidencian los lastres que las atacan; corrupción, ineficiencia, burocratismo, y falta de gobernabilidad.

El Congreso de la Unión debe ir al fondo del asunto: se trata de la vigencia de los derechos fundamentales de los mexicanos. Nada menos que las garantías constitucionales amenazadas por la empresa criminal del narcotráfico.

Por todo lo anterior, creemos necesario establecer en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un instrumento legislativo de manera inmediata que atienda el problema del narcotráfico. Por ello proponemos reformar el numeral dos del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e incorporar en esta norma la Comisión de Narcotráfico y Consumo de Drogas. Con esta reforma legal, contaremos con el espacio legislativo donde las y los Diputados Federales, podrán legislar y debatir sobre los aspectos fundamentales del tema y en el ámbito de su competencia, hacer su mejor aporte al combate de este trastorno social.

Busquemos los acuerdos políticos en el Congreso de la Unión, con el Gobierno Federal, y con los sectores de la sociedad civil, que permitan consolidar las normas jurídicas existentes y las nuevas que se propongan, así como el diseño de políticas públicas de Estado, orientadas a enfrentar con eficacia al narcotráfico. Con miras de recuperar la tranquilidad y garantizar la continuidad democrática del país, así como darle confianza a la sociedad en general para de-sarrollar sus actividades, condiciones que los mexicanos tenemos derecho por mandato constitucional.

En razón de las consideraciones antes expuestas someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único: Se adiciona una fracción XXXVIII, y se recorre el contenido de la actual fracción XXXVIII, Transportes, para pasar a ser la XXXIX, y así las subsecuentes XXXIX y XL del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 39.

1. ...

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

I. a XXXVII. ...

XXXVIII. Narcotráfico y Consumo de Drogas

XXXIX. Transportes;

XL. Turismo; y

XLI. Vivienda.

3. Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Transitorio

Único. Las reformas del presente decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 abril de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.



ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

En ejercicio de la facultad que me conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe diputado federal Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, somete al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 115, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de que los municipios tengan a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: limpia, recolección, traslado, tratamiento, además de controlar sus efectos ambientales y a la salud y disposición final de residuos. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El municipio libre es la expresión política que da vida al funcionamiento institucional del país, por lo que siempre ha representado un pilar del desarrollo social, político, económico y regional.

Han sido los municipios los que más han permitido el daño ecológico, ya que el manejo de residuos no se ha controlado y mucho menos normado, prueba de ello es la gran cantidad de tiraderos clandestinos con residuos industriales, químicos, toneladas de tóxicos abandonados, escorias de la industria minera, terrenos de fabricantes de plaguicidas, tierras saturadas de llantas.

Ha sido la creciente demografía de las ciudades y la expansión de la mancha urbana las que han propiciado una fuerte generación de residuos y desechos, los cuales generan a los municipios altos costos por manejo de los mismos y en la mayoría de los casos ha propiciado la creación de tiraderos clandestinos que generan efectos directos sobre la salud e impactos negativos sobre el medio ambiente.

En América Latina, se calcula que le cuesta al municipio de 75 a 95 dólares la tonelada del manejo de residuos y en los Estados Unidos cuesta entre 65-70 dólares la tonelada del manejo de residuos, en México lejos de analizar esta cifra, requerimos visualizar los daños al patrimonio ecológico que es irreversible.

Actualmente, sólo el artículo 115, fracción III, inciso c) de la Constitución Política Estados Unidos Mexicanos, se refiere al tema de los residuos, pero desde el ángulo jurídico sólo se está facultando a la autoridad municipal a la prestación del servicio de limpia pública, traslado, recolección, tratamiento y disposición final, siendo que lo único que establece es reconocer a los municipios como prestadores de servicio, pero por el contrario debería estar velando por los interés de la sociedad en materia de salud pública y equilibrio ecológico.

Bajo estas circunstancias, los municipios de México quedan en una franca vulnerabilidad en materia de residuos sólidos urbanos logrando con ello daños serios al entorno ecológico, lo cual frena la calidad de vida de los ciudadanos y ocasiona distorsiones al medio ambiente abonando a la aceleración del cambio climático del país y del resto del mundo.

Debemos mirar a los municipios como los pilares firmes del desarrollo de este país, por lo que debemos fortalecer sus facultades y darles armas para que atenúen el cambio climático desde la esfera del manejo de residuos.

En este tenor, ha sido la propia Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en donde se ha considerado a los tres niveles de gobierno, pero carece al detallar las particularidades de cada entidad federativa y de los municipios que la integran ocasionando una corresponsabilidad del municipio en los daños provocados al medio ambiente. Por lo que es urgente y necesario dotar de nuevos instrumentos de política pública para atenuar los daños a la salud y los propios ocasionados al medio ambiente

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue:

Decreto que reforma y adiciona el artículo 115, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Mexicanos.

Único. Se reforman la fracción III en su inciso c) del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. ...

II. ...

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento, además de controlar sus efectos ambientales y a la salud y disposición final de residuos;

Artículo Transitorio

Único.La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2010.— Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.



ARTICULO 8O. CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe diputado Jorge Arana Arana, integrante de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de petición, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 8o. constitucional, entre otros aspectos, dispone lo siguiente:

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa;...”

Además, señala:

“A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. descrito, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad para formularle una petición, solicitud o instancia, misma que se debe formular por escrito, adoptando específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados públicos, tienen la obligación de emitir un acuerdo por escrito a la solicitud presentada por el gobernado, respuesta que debe serle dada a conocer en breve término, esto es, no basta que se dé contestación a la solicitud planteada, sino que también sea notificada al particular en breve término. En muchos casos, ni siquiera se da contestación a las peticiones y solamente son archivadas o desechadas, y en otros solo es de palabra.

Cabe enfatizar, que lo que en realidad se garantiza en este numeral es solamente el derecho a recibir una respuesta por parte de la autoridad a la que se ha dirigido la petición. En este sentido, todas las gestiones o peticiones que realicen los particulares frente a los órganos del Estado están protegidas por esta garantía individual del derecho de petición.

Con relación a los requisitos que debe cumplir el derecho de petición, se establece que ésta debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa. La exigencia que se formula por escrito, tiende a dar certeza jurídica al gobernado, al tiempo que debe permitir constatar el cumplimiento de los otros dos requisitos.

En cuanto al carácter pacífico de la solicitud, significa que debe estar exenta de amenazas para el caso de que la autoridad no dé la respuesta solicitada o simplemente no responda.

Con respecto a la manera respetuosa, representa que no se injurie o presione a las autoridades a las que se formula la petición.

La autoridad por su parte, está obligada a responder también por escrito y dar a conocer al peticionario la respuesta “en breve término”.

El sentido de esta disposición constitucional, ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera:

Por breve término, debe entenderse

“Aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse”.

Esto es, la Corte considera que casuísticamente, según el tipo de petición, debe considerarse violado el artículo 8o., pero en jurisprudencia posterior aclaró que ello no significaba que debía pasar ese lapso para que se considere violado tal artículo, y es cierto que eso era así, pues en el caso concreto en el que habían pasado más de cuatro meses sin que se respondiera, consideró evidente la violación por no haberse contestado en breve término, pero de ello no se inferiría que por breve término deberían entenderse los cuatro meses citados.

Además de estos requisitos, existe el de dar a conocer el acuerdo que haya tomado la autoridad correspondiente al peticionario.

En este sentido, la Corte ha sentado jurisprudencia en cuanto a que no basta con que la instancia requerida tome alguna determinación con respecto a lo solicitado del contenido del acuerdo y esa circunstancia; en caso de amparo, debe ser demostrada por esa autoridad.

Adicionalmente, el máximo órgano jurisdiccional ha establecido como requisito de la respuesta que se dé a una petición, el que sea congruente con lo solicitado, es decir, que debe haber una relación lógica entre lo que pide el particular y el acuerdo que recaiga a su solicitud.

Asimismo, la Corte ha determinado que la autoridad no puede argumentar exceso de trabajo para dejar de dar respuesta a una petición, y además tiene la obligación, en caso de no ser competente para resolver, de poner dicha circunstancia en conocimiento del peticionario e incluso, existe una tesis de jurisprudencia en la que se establece que:

“la autoridad ante quien se presente, está obligada a hacerla llegar a aquella a quien va dirigida, sin que exista razón para que deje de hacerlo, el que la autoridad que recibe la petición, no esté capacitada para resolver sobre ella.”

Con esta propuesta de reforma, se pretende dar seguridad y certeza jurídica al gobernado que hace uso de su derecho de petición conforme a la ley.

Lo anterior, con el fin de que toda petición que realice el gobernado sea acordada por la autoridad a quien se haya dirigido, misma que tiene la obligación legal de hacerlo conocer al gobernado en breve término, individualizado al caso concreto, debiendo de tomar en consideración la naturaleza y características de la solicitud.

En función del desarrollo y conclusión del asunto en estudio, la respuesta al peticionario en ningún caso deberá exceder los tres meses, reduciendo en un mes el término señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerarse que es suficiente para el proceso, además de procurar e impulsar una pronta y eficiente administración de justicia.

Por lo expuesto, presento ante el pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que reforma el segundo párrafo del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de petición, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 8. ...

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, individualizado al caso concreto, tomando en consideración la naturaleza y características de la misma y en función al caso concreto en estudio, sin que en ningún caso dicho término exceda de tres meses.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2010.— Diputado Jorge Arana Arana (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.



LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma los artículos 12 y 17 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

Sofía Castro Ríos, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presento ante esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 12, fracción III, y 17 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y adiciona el inciso c) a la fracción III del artículo 12 de la misma ley, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El principio fundamental de igualdad jurídica entre hombres y mujeres se integró a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1974, mediante la reforma al artículo 4o. Con ello se dio un paso fundamental para conseguir la equidad de género. En ese tenor, fueron reformados algunos instrumentos normativos como códigos civiles y penales en varios estados de la República Mexicana, lo que buscó garantizar los derechos de las mujeres.

El 12 de enero del año 2001, por iniciativa de varios partidos políticos y aprobada por todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Es mediante esta ley que se crea una instancia para el adelanto de las mujeres mexicanas, como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Actualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres opera con el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012 (Proigualdad), programa especial que pretende englobar las acciones de la Administración Pública Federal y establecer una plataforma de líneas básicas de acción y objetivos para garantizar los derechos humanos de las mujeres, la no discriminación, el acceso a la justicia y a la seguridad, así como fortalecer las capacidades de las mujeres para potenciar su agencia económica a favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo.

El Instituto Nacional de las Mujeres debe trabajar para crear una cultura de igualdad libre de violencia y discriminación, capaz de propiciar el desarrollo integral de todas las mujeres mexicanas y permitir, tanto a hombres como a mujeres por igual, ejercer plenamente todos sus derechos, así como participar equitativamente en la vida política, cultural, económica y social del país; hoy la violencia contra las mujeres y las niñas es considerada como una violación a los derechos humanos.

Tristemente, a nueve años de su creación, solo ha defendido posiciones conservadoras sin dar una batalla real por garantizar con su apoyo la igualdad jurídica en los hechos, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación; el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la protección civil, así como su acceso a una vida libre de violencia y sobre todo el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.

No se ha visto al Instituto Nacional de las Mujeres luchando denodadamente a favor de las mujeres en Ciudad Juárez, o en Querétaro, a favor de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio; ni mucho menos en los movimientos en cada Estado de la República propugnando por el derecho a la maternidad libre y voluntaria; la libertad de las personas se traduce en que puedan elegir libremente contar con alternativas.

En México, 73 por ciento de las mujeres de 15 años o más celebrarán el día de las madres, lo que significa que 27.9 millones de mujeres han tenido al menos un hijo o hija, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo). Una mujer es atacada sexualmente cada tres minutos, una de cada cuatro sufre violencia doméstica, el 25% sufre una violación o un intento de violación y el 25% son acosadas sexualmente en el trabajo o espacios públicos.

Es por ello que basada en estas consideraciones, y en el afán de darle pluralidad al Instituto Nacional de las Mujeres, para que realmente represente la lucha de género para el que fue creado; propongo quitar al titular del Poder Ejecutivo Federal el poder del monopolio de la decisión sustantiva de designar a la presidenta del Instituto, depositándolo en un organismo plural como lo es, el Senado de la República.

Al mismo tiempo, propongo dar voto a las y los invitados permanentes en la junta de gobierno, debido a que no es admisible que la máxima instancia de justicia del País, no pueda tener plena participación, cuando por su papel en la estructura del Estado, es una institución profundamente involucrada en los derechos de ambos géneros, es donde se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículo 94 constitucional). Tampoco es dable suponer que el Consejo de la Judicatura Federal, que ejerce con toda independencia e imparcialidad su labor (artículo 100 constitucional), cuyas decisiones son definitivas e inatacables, no tengan voto sus dos representantes.

Quienes llevan la representación popular, facultados para iniciar leyes o decretos (artículo 71, Fracción II, constitucional) a favor de los derechos de las mujeres, tienen más cerca el pulso ciudadano; son los Diputados y Senadores, y serán un punto de equilibrio en la pluralidad de las decisiones de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres; es por eso que hay que darles voto.

Propongo también que se incluya entre los invitados permanentes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres, a la mujer que presida el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de género de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, la legisladora que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

De la ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo Primero. Se reforma la fracción III del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

III. Las y los invitados permanentes, quienes tendrán derecho a voz y voto, que se mencionan a continuación:

Artículo Segundo. Se adiciona inciso C a la fracción III del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

III. ...

a) ...

b) ...

c) Quien presida el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 17 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

Artículo 17. La Cámara de Senadores nombrará a la presidenta, de una terna propuesta por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de los integrantes de la Junta de Gobierno. De no haber consenso, será la propia Cámara de Senadores la que proponga la terna.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010.— Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.



LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado el 9 de febrero de 2009, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman los artículos 52; 64, fracción XV y se adicionan una fracción XIII, recorriéndose la actual XIII para pasar a ser XIV al artículo 7; un inciso d) a la fracción I, recorriéndose el actual d para pasar a ser e), al artículo 16; las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 44; una fracción XVI, recorriéndose la actual XVI para pasar a ser XVII al artículo 64 y una fracción VI al Apartado A del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado el 9 de febrero de 2009, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, los objetivos de dicho ordenamiento son promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social.

El mismo artículo, en su fracción XIII, establece que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, supervisar la elaboración y actualización por parte de los concesionarios del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Al efecto, el artículo 44, fracción XI, de la ley citada establece la obligación para los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones de llevar un registro y control separado de sus usuarios, tanto en líneas contratadas en plan tarifario como en líneas de prepago, en tanto que dicho artículo en su fracción XII los obliga a conservar un registro y control de las comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad.

Por su parte, por disposición del artículo tercero transitorio del “decreto por que se reforman los artículos 52; 64, fracción XV y se adicionan una fracción XIII, recorriéndose la actual XIII para pasar a ser XIV al artículo 7; un inciso d) a la fracción I, recorriéndose el actual d) para pasar a ser e), al artículo 16; las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 44; una fracción XVI, recorriéndose la actual XVI para pasar a ser XVII al artículo 64 y una fracción VI al Apartado A del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, la Comisión Federal de Telecomunicaciones emitió aquellas disposiciones administrativas para reglamentar el registro de usuarios de telefonía, así como para la actualización de datos personales y registros fehacientes de identificación y ubicación de los usuarios que contratan telefonía en cualquiera de sus modalidades, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2009.

Asimismo, de acuerdo al artículo cuarto transitorio del decreto, los concesionarios contarán con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, para cumplir con las obligaciones de registro y control a que se refiere.

No obstante, a la fecha, las acciones realizadas por los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones para fomentar el registro y actualización de los datos de las líneas de telefonía móvil de los usuarios han sido insuficientes y sus ineficiencias no deberían perjudicar a los millones de usuarios de estos servicios.

Asimismo, la supervisión de dicho registro por parte de las autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, también ha sido deficiente, incumpliéndose las obligaciones establecidas en la fracción XI del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones contenido de la iniciativa.

Para efectos de la iniciativa que aquí se propone, es necesario considerar que los servicios de comunicaciones móviles constituyen el principal medio de comunicación existente en el país, habiendo alcanzado una penetración cercana al 75 por ciento de la población nacional, contando con aproximadamente 79 millones de usuarios, de los cuales el 98 por ciento son usuarios preexistentes a la entrada en vigor del decreto. Sin embargo el total de los usuarios de telefonía móvil registrados al inicio de febrero de 2010 es de sólo 33.1 millones de usuarios.

Por lo anterior, y considerando por una parte el limitado avance en el registro de usuarios de telefonía móvil y por otra la obligación de los concesionarios, conforme al párrafo tercero del artículo cuarto transitorio del decreto, de que una vez transcurrido el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del mismo, de cancelar en forma inmediata las líneas de telefonía móvil que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes; con objeto de no afectar a la población, es necesario otorgar una prórroga para el registro citado, a fin de que no se provoque daño a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones móviles, el cual sería irreparable y afectaría gravemente el desarrollo y la seguridad nacionales, sin perjuicio del planteamiento de estrategias más eficaces para incentivar a la población a realizar el registro, incluidas la realización de campañas tanto de los concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones, como por parte de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Por lo expuesto, formulo la iniciativa siguiente

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero del artículo cuarto transitorio del “decreto por que se reforman los artículos 52; 64, fracción XV y se adicionan una fracción XIII, recorriéndose la actual XIII para pasar a ser XIV al artículo 7; un inciso d) a la fracción I, recorriéndose el actual d) para pasar a ser e), al artículo 16; las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 44; una fracción XVI, recorriéndose la actual XVI para pasar a ser XVII al artículo 64 y una fracción VI al Apartado A del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones”, publicado el 9 de febrero de 2009, para quedar como sigue:

Artículo Cuarto Transitorio. En el caso del registro de usuarios de telefonía móvil en cualquiera de sus modalidades adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, los concesionarios contarán con un plazo que expirará el 22 de abril de 2011 para cumplir con las obligaciones de registro y control  a que se refiere el presente decreto.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente  de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 23 de marzo de 2010.— Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.



LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Olivia Guillén Padilla, diputada federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 27, 61, 64, 65 y 73 de la Ley General de Salud en materia de atención en el periodo de postparto, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La atención histórica a las demandas más sentidas de las mujeres en nuestro país, ha ido avanzando paulatinamente, en gran medida gracias al trabajo y esfuerzo conjunto que muchas mujeres han ido realizando a lo largo de muchos años, enmarcados dentro del propósito de asumir el papel preponderante que les corresponde por derecho en la sociedad.

No hay duda que el rezago y desentendimiento de sus demandas, es entre otras circunstancias el resultado de la falta políticas públicas transversales de género y de una sociedad excluyente que limita su naturaleza; situación que ha exigido una labor ardua de cada una de las mujeres desde la posición que ocupa, para lograr una reivindicación permanente de las condiciones de la mujer que presenta nuevas y diversas necesidades que obliga a atender las circunstancias desfavorable que afectan su desarrollo.

El papel que desempeña la mujer dentro de la sociedad y en la familia, y en muchos casos siendo el sostén de la misma; así como ser un elemento importante de la fuerza laboral de nuestro país, en la política, la educación, la ciencia, la cultura, por mencionar algunos espacios en los que cada vez es más preponderante, le exigen mayores esfuerzos a la mujer que propician desgastes físicos y emocionales.

Lo anterior demanda de nosotros una mayor atención del entorno en que se desenvuelva, debido a que estos nuevos roles la ponen en una situación de desventaja al someterla a una mayor presión y estrés, que pueden desencadenar en trastornos como es la depresión antes y después del parto.

La depresión en general es un padecimiento que afecta tanto a hombres como a mujeres y en este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que la depresión se presenta cada vez más frecuente en la sociedad moderna. Comenzando a tener dimensiones que dañan considerablemente la salud de la mujer, aun cuando la depresión afecta tanto a hombres como a mujeres, son estas últimas quienes tienen el riesgo de padecerla de manera leve a moderada, y son las mujeres quienes tienen la probabilidad de padecerla en un 30 por ciento a lo largo de toda su vida, mientras que en el hombre varía entre el 7 y 12 por ciento.

Este estudio coincide con el presentado en el Plan Sectorial de Salud 2007-2012, donde plantea que la depresión es 1.5 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, sin considerar el periodo de embarazo y postparto, que son periodos particularmente críticos porque incrementan la probabilidad de sufrir este padecimiento.

Estos datos sin lugar a duda son alarmantes, porque estamos hablando de una doble propensión de las mujeres a una situación de depresión, por un lado las derivadas de su rol por el entorno en que se desenvuelven, así como por los factores biológicos y naturales propios de las mujeres que se de-sarrollan durante el embarazo y en el periodo de postparto.

De acuerdo con los estudios realizados, concluyeron que la incidencia más alta de la depresión en las mujeres se presenta entre los 30 y 35 años de edad, es decir, un rango de edad en el que la mujer se encuentra en el proceso de ser madre, sin que hasta el momento se preste una atención especial a un problema que ha quedado en el olvido, como es la depresión postparto.

La depresión postparto es un tipo de padecimiento que se desarrolla en las mujeres que acaban de dar a luz, solo se ha observado que algunas desviaciones emocionales se presentan sin razón alguna, sin embargo no se ha estudiado la sintomatología que tiene repercusiones no solo en la salud de la mujer sino también en su entorno y las personas que la rodean; hijos, pareja, familiares y a la sociedad en general.

Este tipo de depresión en la mujer según un reporte del Centro para el Control de Enfermedades del 2008, indica que afecta a una de cada ocho mujeres en la etapa de posparto a nivel mundial, este hecho en nuestro país su incidencia es mayor por el alto número de embarazos en adolescentes; situación que nos obliga como diputadas y diputados federales a revisar este problema que prevalece en las mujeres mexicanas y legislar urgentemente sobre el tema.

Lamentablemente son pocos los estudios realizados, por ende es escaso su conocimiento y atención. Hoy en día se empieza a realizar investigaciones médicas para identificar el origen y los actores de la depresión postparto, pero se ha avanzado más en conocer la influencia negativa en el entorno de la mujer que en la falta de apoyo, orientación y atención durante el padecimiento de este problema.

Se tiene registrado que los síntomas depresivos en este periodo se presentan dentro de las primeras 4 semanas del postparto pero con un rango de inicio de hasta 3 meses después del mismo, iniciando con síntomas leves pero con una alta probabilidad de intensificarse con el paso del tiempo si no se tiene la debida atención.

Además, especialistas internacionales en la materia, determinaron que la mayoría de las mujeres que presentan la depresión postparto la padecen por más de 6 meses y si no son tratadas profesionalmente puede durar hasta un año o a veces más teniendo un índice mayor de riesgo de recurrencia de estos episodios más severos en embarazos subsecuentes.

En nuestro país, en un informe de especialistas del IMSS señalaron que hasta un 20 por ciento de las mujeres mexicanas presentan depresión postparto derivados de cambios hormonales y químicos en el cerebro, que afectan principalmente el estado de ánimo de la madre después del parto, esto sin considerar que cerca del 50 por ciento de los casos no son detectados, creando problemas de intolerancia social.

Así, a pesar de que es un trastorno típico que afecta a las mujeres a lo largo de su vida reproductiva nada se ha hecho, lo cual ocasiona que un gran número de mujeres la padezcan en silencio, por el desconocimiento de sus síntomas y el desentendimiento de las autoridades de salud de brindar la atención a este mal.

En el continente como en el país se empieza a considerar algunas acciones sobre este tema. Las investigaciones realizadas revelaron que en mujeres latinas este tipo de depresión se presenta con una incidencia del 30 por ciento contra un 10 por ciento de las europeas o norteamericanas, motivada esta variación por la enorme diferencia en las condiciones de vida y el acceso a servicios de salud de calidad, que hay entre unas de otras, también se ha identificado que si una mujer ha sufrido depresión postparto tiene un 70 por ciento de probabilidad de sufrir nuevamente un episodio de esta naturaleza.

Entre otros factores que profundizan el impacto negativo de este problema, es que en América Latina aun prevalece la cultura de trato misógino contra la mujer, condición que agrava esta situación, porque se ignoran y minimizan condiciones y estados emocionales que se presentan en las mujeres, además de que a la mujer solo se le considera como la encargada de criar a los hijos y atender el hogar.

En nuestra sociedad todavía se representa a la mujer con la típica figura de sufrida, conformista e insegura, impidiendo que cuando la mujer presenta un episodio de depresión postparto no sea detectado como debería, restándole de esta forma importancia. Se considera que las situaciones emocionales que se presentan a lo largo de su vida no son importantes y que cualquier episodio sentimental tiene que ver con una situación de manipulación o chantaje o con su ciclo menstrual, afirmación categóricamente equivocada.

El desentendimiento de la sociedad y de nuestras instituciones encargadas de brindar la atención a problemas de este tipo de salud, reafirma el hecho lamentable de que en nuestro país cualquier episodio de depresión postparto, sigue interpretándose como un estado “natural” de la mujer y sin relevancia alguna tanto para la pareja como para la familia o la comunidad en su conjunto.

En el año 2000 una organización sudamericana llevo a cabo un estudio para conocer los factores que inciden en la depresión postparto, incluyendo a modo de excepción en este estudio como dato muestra un pequeño número de mujeres mexicanas que presentaban esta condición, la cual se considero representativa porque México es un país que carece completamente de un esquema tanto de salud así como de una normatividad en este tema.

Esta investigación determinó que la depresión poco antes del parto puede considerarse como un factor indicativo confiable de la presencia de la depresión postparto, pero que es ignorada por completo a pesar de que casualmente se puede detectar de manera espontánea.

También existe una estrecha correlación entre la calidad de vida y los servicios de salud a los que tienen acceso las mujeres que propician la incidencia de presentar episodios de depresión postparto, así como de la severidad de los síntomas y la prolongación del padecimiento; de tal forma solo se han identificado factores externos calificados de forma superficial, como son, las relaciones matrimoniales de mala calidad y sobre todo la falta de apoyo durante el parto, pero no se ha incluido un diagnostico médico que identifique las condiciones físicas naturales de la mujer, hechos que fomenta que la depresión postparto se agudice.

Es por eso que desde esta soberanía, tenemos que asumir la responsabilidad de legislar en lo conducente para trabajar en el reconocimiento del problema y establecer las normas que garanticen el tratamiento necesario para revertir esta condición.

Por tanto, es necesario ampliar la cobertura de atención de salud hacia las mujeres en este aspecto, sobre todo, garantizar el diagnostico profesional y el tratamiento especializado del padecimiento, para impedir que se convierta en una experiencia que afecte irreparablemente a la mujer, a los hijos y a su entorno.

Desde hace tiempo, hemos ignorado los pronunciamientos de los especialistas sobre la necesidad de profundizar en la investigación de los factores que acercan a la depresión al suicidio, debido a que en los últimos años México ha presentado una de las tasas más altas de suicidios en la mujer, detectándose que tienden a suicidarse 3 o 4 veces más que los hombres, creciendo este índice a un ritmo anual de casi 5 por ciento; haciendo de vital importancia la exigencia de que se lleven a cabo acciones legislativas específicas.

Todos estos datos justifican por si mismos la necesidad de que las y los legisladores federales escuchemos la voces que nos indican la trascendencia de detectar de manera oportuna este padecimiento, realizar una evaluación integral a la mujer, mediante la aplicación obligatoria de entrevistas clínicas estructuradas y pruebas auxiliares que ayuden a identificar y diagnosticar la depresión antes y después del parto y finalmente a tratarla de manera adecuada.

La valoración médica especializada es indispensable para integrar el diagnostico, sus síntomas y su historial, auxiliándose si es necesario con una exploración física o pruebas sanguíneas para descartar que algo pueda estar agravando los síntomas.

Los especialistas mencionan que el tiempo de tratamiento para la depresión postparto depende del grado de la intensidad del cuadro que se presente ya sea leve, moderado o grave, y puede ir de seis meses a tres años, para eliminar la posibilidad de que este padecimiento se convierta en un trastorno que pueda terminar dañando más la salud de la mujer.

En general, se acepta que el tratamiento tiene buenos resultados siempre que se diagnostique a tiempo. En este sentido es importante proporcionar a la mujer la orientación profesional especializada, que apoya a la madre en la prevención y durante el tratamiento.

En el Plan Sectorial de Salud 2007-2012 se menciona que es necesario mejorar el diagnostico y tratamiento oportuno de las complicaciones del embarazo, y aumentar la calidad y seguridad de la atención del parto; pero no se menciona directamente y de forma clara, la atención a los padecimientos del periodo de postparto.

No cabe duda de que contamos con médicos y enfermeras preparadas para detectar y diagnosticar la depresión postparto, solo falta establecer en la norma la obligatoriedad de llevar a cabo los procedimientos para hacerlo.

En tal virtud es importante que se reconozca el tema de la depresión postparto, como un asunto que afecta de manera alarmante la salud de las mujeres mexicanas y exigir que se cuente con estrategias adecuadas de prevención, atención, orientación y difusión sobre este padecimiento y sus implicaciones.

La depresión postparto es un padecimiento preocupante, frecuente, pero además tratable, que tiene repercusiones en la salud de la madre, del hijo y la familia en el corto y largo plazo, sin embargo es habitual que diagnostiquen mal o en el mejor de los casos que sub-diagnostiquen esta padecimiento, por lo que tenemos que implementar medidas obligatorias para su detección oportuna a cargo de médicos capacitados que puedan identificar y evaluar las sintomatología e iniciar oportunamente el tratamiento y seguimiento adecuado en los casos que así se requiera.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud

Artículo Primero. Se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 3 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a VII. ...

VIII. La salud mental;

VIII Bis. El programa de detección y tratamiento de síntomas depresivos en el periodo postparto;

IX. a XXX. ...

Artículo Segundo.Se reforma el artículo 27º, fracción IV, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a III. ...

IV. La atención materno-infantil y los síntomas emocionales en la mujer derivados del parto;

V. a X. ...

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 61, fracción I, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61. La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones:

I. La atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, y de su desarrollo emocional en el periodo de postparto;

II. a V. ...

Artículo Cuarto. Se adiciona la fracción IV al artículo 64 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. a III. ...

IV. Procedimiento de aplicación de entrevistas clínicas estructuradas para la detección y tratamiento de síntomas depresivos en la mujer postparto.

Artículo Quinto. Se reforma el artículo 65, fracción III, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 65. Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:

I. y II. ...

III. La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en peligro la salud física y mental de los menores y de las mujeres embarazadas, y durante el periodo de manifestación de sintomatología del postparto, y

IV. ...

Artículo Sexto.Se adiciona la fracción II Bis al artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. ...

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental;

II Bis. La difusión de los trastornos emocionales en el periodo postparto, así como la atención y tratamiento que realizaran las instituciones;

III. a IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 22 de abril de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Salud.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Antonio Benítez Lucho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

A partir del mes de febrero, las autoridades hacendarias pretenden gravar con el ISR las jubilaciones y pensiones de los trabajadores que durante toda su vida de asalariados pagaron las tributaciones correspondientes. Sin duda, ello constituye una política tributaria inequitativa y equivocada, pues los jubilados y pensionados tendrían que pagar nuevamente gravámenes, en este caso hasta del 30 por ciento.

Esta medida, no ayudaría a resolver los problemas que enfrentan las finanzas del país, ya que es un sector poblacional reducido y empobrecido.

Por esas razones, nuestro Grupo Parlamentario se suma a la posición expresada por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que ha rechazado enérgicamente la aplicación de 30 por ciento en el impuesto sobre la renta (ISR) a jubilados y pensionados, toda vez que siempre fueron causantes cautivos de la Secretaría de Hacienda para cobrarles gravámenes.

Se calcula que la mayoría de los pensionados y jubilados gana menos de nueve salarios mínimos y sólo unos cuantos rebasan ese monto, por lo que cobrar más tributación es inconstitucional, injusto e inequitativo.

Asimismo, esta intención contraviene convenios internacionales y la propia Constitución. Efectivamente, con ello México está violando el Convenio 102 que suscribió en 1985 con la Organización Internacional del Trabajo, que establece que las pensiones no causarán impuestos. Además, se viola el artículo 123 de la Constitución Política, que establece que el salario será gravable, pero jamás cita a las pensiones o a las jubilaciones.

En derecho fiscal y laboral, la pensión es producto del trabajo que el pensionado desarrolló durante un determinado número de años, el cual ya fue objeto del cobro de impuestos, por lo tanto, su pensión no puede ser sujeta a la aplicación de un nuevo gravamen. El fisco quiere gravar pensiones altas, pero no es correcto, pues no estamos hablando de una fuente de capital o de un rendimiento. No hablamos de intereses, estamos hablando de montos constitutivos pensionarios que se dieron en el periodo activo del trabajador.

Es importante señalar, que las pensiones ya estaban gravadas por el ISR, desde diciembre de 1980, por el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta anterior, derogada el 30 de diciembre de 2002, al entrar en vigor la ley actual. Aprobada por el Congreso en 1979, esta disposición figura en el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y actualmente obliga a cumplir con ella a todos los trabajadores retirados con pensión de más de 16 mil pesos al mes, condición en la que se afecta a pensionados del IMSS e ISSSTE. No obstante, no se aplicaba por una evidente acción de solidaridad y justicia social.

Al cierre del 2009 el IMSS tenía 2 millones 677 mil 264 pensionados en sus tres diferentes seguros (invalidez y vida, riesgos de trabajo y retiro cesantía en edad avanzada y vejez) mismos que accedieron a este beneficio de conformidad con la Ley del 73. Históricamente en el IMSS menos del 2 por ciento (1.7 por ciento) se encuentran registrados cotizando con el salario tope de 25 salarios mínimos, para lo cual deben de haber cotizado 500 semanas.

En el ISSSTE se tenían al cierre de 2008, 666 mil 654 pensionados, mismos que recibieron beneficios de conformidad con la Ley abrogada (de 1983), la cual determina la pensión en base al sueldo básico de cotización con un límite de 10 salarios mínimos y aplicando un porcentaje de acuerdo a su edad y antigüedad laboral. Solo trabajadores con al menos 28 años de servicio percibirán una pensión igual a su sueldo básico promedio. De lo anterior se deduce que aproximadamente el 5 por ciento de los pensionados reciben una pensión superior a 9 salarios mínimos.

Petróleos Mexicanos a junio del 2007 informaba tener 65,026 jubilados y 11,060 pensionados, cantidad que debemos de considerar que se encuentra incrementada a esta fecha. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad a diciembre de 2008 informaba tener en el rubro de jubilados 51,917, situación que de igual manera a esta fecha se encuentra incrementada.

Esta situación no abarca a los jubilados y pensionados del Banco de México, ex presidentes, Banca de Desarrollo y ministros de la Suprema Corte de Justicia, para los cuales la SHCP manifiesta que existen fideicomisos “públicos” que son utilizados para sufragar sus pensiones y jubilaciones, tratamiento que es diferente para los trabajadores enunciados en los rubros anteriores.

Asimismo, en el IMSS, que presenta el mayor número de jubilados se observa que corresponde a personas de la tercera edad, (informe de Lockton consultores actuariales e IMSS del 12 de diciembre de 2008) mismas a las que ya no les es posible realizar actividades laborales, además de que deben acudir a médicos particulares para proteger su salud, lo cual les presenta una fuerte proporción de sus ingresos.

Lo anterior, demuestra que la SHCP castiga de un total aproximado de 3,471,921 a un 2 por ciento aproximado, esto es a 69,438 jubilados que se encuentran cautivos para la Secretaría. Si bien el número pareciera pequeño no debemos olvidar que corresponde a personas de la tercera edad, que ya no cuentan con fuentes propias y diversas de ingresos.

Por otra parte, este esquema tributario sobre las pensiones, deja al margen a las pensiones derivadas de sistemas privados o que son cubiertas por fideicomisos, creando tratamientos inequitativos, aunque la Constitución lo prohíbe expresamente.

En virtud de lo anterior, esta iniciativa propone una solución de raíz y plenamente apegada a los criterios de tributación, consistentes en la proporcionalidad, la gradualidad y la universalidad, para que, corrigiendo la norma y proveyendo como lo decía José María Morelos a su exacta observancia con moderación y con prudencia, que toda la población jubilada y pensionada de el país, quede exenta del pago de impuesto sobre la renta.

Al reformar el artículo 109 de la Ley del ISR se eliminarían falsas interpretaciones, injustos tributos y regímenes de excepción, para un sector que, hoy por hoy, requiere de una acto de elemental justicia: nuestros padres y abuelos trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la presente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Único. Se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. ...

II. ...

III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte.

IV. a XXVIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.— Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma los artículos 29, 31, 35 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del PRI

En ejercicio de la facultad que me conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, diputado federal por el estado de Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 29, fracción V; 31, fracción XIV, 35 y 226, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

Según datos recientes las Pymes conforman aproximadamente el 97% de las empresas en México, constituyéndose con ello en la base de la economía mexicana, siendo también las principales generadoras de empleo.

Son estas empresas quienes cuentan con mayor potencial para continuar el fortalecimiento de la generación de empleo, lo cual en nuestro país puede impactar hasta en un 79% de la población.

Son también las Pymes una parte fundamental de los ingresos del país, ya que generan ingresos equivalentes al 23% del producto interno bruto nacional.

Lo anterior es una clara señal de que debemos poner atención a este tipo de empresas y verlas como lo que en realidad son: la base de la economía mexicana por el papel fundamental que juegan en los ingresos del país, en el empleo y en las cadenas productivas de las grandes empresas. Se estima que de las aproximadamente 2.9 millones de empresas que existen en nuestro país, el 99% corresponde a las Mpymes.

Sin embargo, existen diversos factores que afectan para que el número existente de Pymes sea todavía mayor.

• Falta de capacitación del capital humano que las opera.

• Barreras de diversos tipos para el acceso a nuevas tecnologías.

• Trámites excesivos para su constitución.

• Dificultades para el acceso a los créditos privados.

• Insuficiencia de los programas gubernamentales que se les destinan.

• Problemas de vinculación con las cadenas productivas.

• Ausencia de una estrategia de vinculación productiva regional, que les abata costos.

Estos factores son solo algunos de la gran cantidad de problemas que enfrentan las empresas de menor tamaño (Mipymes); dentro de las que hay que hacer especial énfasis en las carencias de mano de obra calificada, barreras al acceso a nuevas tecnologías y créditos insuficientes para su capitalización.

Históricamente, ha existido falta de vinculación entre los sectores productivos y el sistema educativo nacional, donde las instituciones educativas, sus programas de estudio y los proyectos de investigación están desvinculados con las necesidades empresariales. Existe una clara ausencia de política pública que vincule el sector productivo y las instituciones educativas; que atienda a las vocaciones naturales de las regiones y que exploten estas diferentes potencialidades con que cuenta nuestra nación y que permitan un desarrollo sustentable del sector productivo en esta vertiente de las Mpymes.

Otro problema grave que enfrentan las Pymes es la excesiva carga fiscal, pero sobre todo, los procedimientos fiscales que son largos, burocráticos y con constante variación. En la actualidad, no existe una estructura fiscal diferenciada que de un tratamiento adecuado a las empresas, de acuerdo a su tamaño, características especificas, e incluso a su grado de madurez.

Desde los años 80 el gobierno federal ha diseñado estrategias para atender al sector de las micro y las pequeñas empresas. Se han constituido programas muy diversos de apoyo, que sin embargo no se han podido consolidar como el factor fundamental que de un verdadero impulso al sector. Hoy en día, estos programas se presentan desarticulados, sin recursos suficientes, y sobre todo sin claridad en los mecanismos para su acceso: las reglas de operación de los programas son complejos y faltos de mecanismos para su necesaria difusión, la gran mayoría de los micro y pequeños empresarios desconoce su existencia, por lo que se presta a la manipulación clientelar por parte de las instituciones encargadas de los programas para el ejercicio de estos apoyos. En todo caso, estos apoyos han sido siempre insuficientes para las necesidades de este sector de la industria.

Por lo anterior, es que se hace necesario volver los ojos a otras alternativas de apoyo en estas empresas, como lo es proponer nuevos esquemas en donde se puedan conjugar los esfuerzos de quienes tienen esas posibilidades de apoyar el desarrollo de estas empresas, tanto desde el sector público como en el privado.

En este sentido se busca que la banca, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la SHCP, dinamicen el financiamiento implementando nuevas medidas para dar créditos a Mipymes. En donde estas empresas específicamente puedan acceder a los créditos bancarios con reglas más flexibles y expeditas; y en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permita que la banca otorgue, bajo otros parámetros préstamos, a las personas que trabajan por su cuenta y a las Pymes, como lo han venido manifestando reiteradamente funcionarios bancarios, consientes de este nicho de oportunidad, le daría un matiz social a la banca.

En entrevista reciente de un medio de comunicación con el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), éste comentaba que en breve se darán a conocer cambios a la medición paramétrica, que tiene como finalidad lograr que la autoridad financiera cumpla con el reclamo de hacer que los préstamos sean más expeditos y menos burocráticos.

En este sentido las nuevas normas serán un impulso adicional al financiamiento para los pequeños negocios. Ya que según información de los propios bancos, actualmente la banca atiende a más de 440,000 Pymes (las cifras varían mucho en diversas publicaciones, en todo caso solo se mencionan como referencia), pero existen alrededor de 1 millón de esas empresas susceptibles de acceder a un financiamiento. Esto quiere decir que, el financiamiento que otorga la banca se puede duplicar, por lo que se le debe incentivarla para que preste estos créditos. Se insiste en la perspectiva social de estos créditos por los empleos que generan.

Dentro de la normatividad existen diversos requisitos para que las Mpymes obtengan más créditos, que habrá que analizar y en su caso hacerlos más expeditos, y que en todo caso se deberá tomar en cuenta y a consideración de los banqueros los siguientes elementos:

• Se requiere una evaluación cuantitativa y cualitativa del cliente.

• Estados financieros de la empresa como comprobante de ingresos.

• Dos años de estar constituida.

• El plan de negocios de la compañía.

• Los bienes primordiales del cliente o de las Pymes que sirven como garantía para un crédito bancario.

• Las pruebas paramétricas son aceptadas por la ley para evaluar créditos al consumo e hipotecarios.

Recientemente algunos banqueros proponen que incluso estos sean mínimos, o equivalentes a los que se solicitan para la obtención de una tarjeta de crédito.

Lo anterior porque en la actualidad la banca solicita al acreditado declaraciones e impuestos, estados financieros, libros de flujo de efectivo. Por ello los requisitos deberán ser menores y que los puedan cumplir plenamente las empresas, que como sabemos carecen de los apoyos técnicos y recursos para que puedan ser solventados.

Se menciona en reportes institucionales, que ahora una parte del financiamiento a las empresas se está surtiendo con crédito bancario, por lo que constituye una noticia muy positiva que el financiamiento a través de los mercados y que la Banca ha empezado otra vez a funcionar.

A este esfuerzo se han sumado instituciones financieras como ABC Capital, Afirme y Banamex, las cuales ofrecen líneas de crédito a tasas de interés bajo. Los planes de financiamiento de las entidades crediticias van desde los 20 mil hasta 1.5 millones de pesos.

El costo del financiamiento para las Pymes en México es alto todavía (alrededor del 20%) contra menos del 10% que se cobra en países desarrollados, en el caso del BBVA, Latinoamérica aporta el 40% de sus beneficios y dicha cifra no es por el número de clientes (a diferencia de otros países en los que está colocado) sino por las cuotas que cobra en América Latina. Esto por sólo mencionar un ejemplo, recordemos que la banca instalada en México hoy en día es banca internacional y sólo queda como banco mexicano Banorte. El interés de estos bancos finalmente es la obtención de ingresos, pero no se tiene una visión clara de la utilización de sus recursos en beneficio de la sociedad mexicana. Estos bancos en sus países de origen, fomentan de manera asombrosa el desarrollo económico, social y cultural.

No se puede negar que sí ha habido algunos avances, pero no han sido tan impactantes como se necesitan. Realmente, hay mucho que hacer, por ello la presente iniciativa busca incidir en esta parte social que debe contener toda estrategia de desarrollo de las instituciones crediticias, que se insiste, deben tener un componente social: lo que se busca es incentivar la parte del sector productivo con mayor incidencia directa en los ingresos, a través del empleo.

Respecto a infraestructura, es muy importante reconocer que por primera vez en esta crisis, comparada con las del 2001, la de1995 y otras crisis menores que hemos tenido, el gasto público está creciendo y esto se refleja en obras de infraestructura. El crédito de la banca comercial para infraestructura ha crecido en un año de 149 mil a 181 mil, más de 30 mil millones de pesos, a una tasa superior al 20 por ciento. Se menciona esto porque si bien la micro y la pequeña industria en apariencia no forman parte del sector empresarial que realiza las grandes obras de infraestructura, es claro que forman parte de las cadenas y sí tienen un impacto directo en ellas.

El crédito total a las Pymes, según las estimaciones de las propias instituciones bancarias ha crecido 13 por ciento con respecto del año anterior al mes de mayo, pudiéndose observar que no se ha detenido el número de pequeñas y microempresas atendidas por la Banca, e incluso se aprecia que se ha duplicado en 3 años; ya que eran 73 mil en 2005 y hoy están rebasando ya las 140 mil empresas atendidas con crédito.

En contraste con lo anterior, también hay que mencionar que las elevadas tasas de interés, acompañadas de fuertes restricciones, a través de requisitos excesivos; el poco interés mostrado por los bancos, han tenido como consecuencia que sólo el 22.5 por ciento de las Mpymes en México cuenten con créditos de la banca comercial.

Por lo anterior, las Mpymes han tenido que recurrir a fuentes alternas de financiamiento, entre las que se encuentran proveedores, créditos personales e incluso tarjetas de crédito. Por lo que es aquí en donde se debe incidir para que un número mayor de estas empresas tengan acceso al crédito bancario privado.

Como se puede apreciar es mucho lo que hay por hacer en este sector de la producción, las Mpymes, que se insiste, tiene un impacto importante en los ingresos del País, el empleo y su redistribución del ingreso, así como en las cadenas productivas. Debido a esto debe ser prioritario lo mucho que se tiene que hacer en este ámbito, y como primera tarea podemos mencionar la necesidad de fortalecer los mecanismos más apropiados para la difusión estatal de los programas con los que cuenta para el apoyo de éstas, con el objetivo de promover los servicios y programas de apoyo empresarial, tanto federales como estatales y en general a los programas del Estado en este sentido.

Pero sobre todo, el gran reto es construir una estructura de financiamiento integral, con la concurrencia de los diversos sectores que cuentan con los recursos financieros necesarios para brindar los apoyos, y también, hay que profundizar en el cambio de mentalidad, para ver en estas empresas un elemento esencial para alcanzar los objetivos de crecimiento que el país necesita. Las Mpymes son las que más requieren de un impulso. Para apoyarlas y estimularlas, se necesita crear nuevos proyectos y planes para que puedan salir adelante.

Por ello se insiste, hay que buscar todos los medios posibles para apoyar a estos empresarios, a través de los diversos mecanismos de financiamiento y parte importante de la posibilidad de financiamiento esta en el sector privado. De ahí la necesidad de hacerlo atractivo para el propio sector financiero, para que por la vía de los créditos coadyuve con el Estado para financiar a las micro y pequeñas empresas.

Es en este sentido que se presenta la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto para modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta; para que en esta Ley se establezcan de manera expresa, estímulos fiscales a aquellas instituciones crediticias que destinen recursos para apoyar a estos sectores de la industria que, como ya se mencionó, son realmente poco sujetos de crédito.

Así, estimulando a las instituciones crediticias, estos estímulos en realidad se convierten en un apoyo directo para las Mpymes, y por lo tanto hacemos una mejor redistribución social del ingreso nacional; a través del empleo; se fortalece el desarrollo nacional, por medio de un desarrollo integral de los sectores productivos mediante cadenas productivas articuladas y sólidas, y sobre todo, nos fortalecemos como nación.

Por lo expuesto, presentamos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforman los artículos 31, fracción XIV, 35 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se reforman los artículos 29, fracción V, 31, fracción XIV, 35 y 226, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

...

V. Los créditos otorgados por las instituciones nacionales de crédito y las auxiliares de crédito, para la creación de micro, pequeñas y mediana industrias.

...

Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. ...

...

XXIV. En el supuesto establecido en el artículo 29, fracción V, esta deducción se otorga como un estímulo fiscal a las instituciones Nacionales de crédito y las auxiliares de crédito consistente en el 1% sobre los montos de los créditos o apoyos directos otorgados a la micro, pequeña y mediana industria; el cual podrá ser acreditado contra el propio impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se otorguen dichos créditos.

Artículo 35. Tratándose de créditos a la micro, pequeña y mediana industria, el monto de los créditos otorgados serán reportados semestralmente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, procurando que la orientación de dichos créditos respondan a las prioridades nacionales, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales. Y será considerado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un estímulo fiscal a las instituciones de crédito y las auxiliares de crédito consistente en el 1% sobre los montos de los créditos o apoyos directos otorgados.

Artículo 226. Se otorga un estímulo fiscal a las instituciones nacionales de crédito y las auxiliares de crédito sobre el impuesto sobre la renta, consistente en el 1% sobre los montos de los créditos o apoyos directos otorgados a la micro, pequeña y mediana industria; el cual podrá ser acreditado contra el propio impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se otorguen dichos créditos. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 3% del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.

Para los efectos de este artículo, se considerarán como créditos o apoyos directos otorgados a la micro, pequeña y mediana industria, los otorgados por las instituciones Nacionales de crédito y las auxiliares de crédito en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales en el territorio nacional,destinadas a la generación de empleos y el fortalecimiento de las cadenas productivas.

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:

I. Se creará un comité por un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité y tendrá voto de calidad, uno de la Secretaría de Economía uno de la Secretaría del Trabajo, uno de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, uno de la Asociación mexicana de Banqueros y uno del Consejo Coordinador Empresarial.

II. El Comité publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, un Programa de Prioridades Nacionales de Créditos a las Micro, Pequeñas y medianas Industrias así como los montos que comprenderán dichos créditos o apoyos directos así como los rangos de industriales que se verán beneficiados.

III. Las instituciones nacionales de crédito y las auxiliares de crédito deberán cumplir lo dispuesto en el programa que establezca el Comité y a las reglas generales que este emita para beneficiarse de este estimulo, las cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputados: Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma los artículos 57, 58 y 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI

Jeny de los Reyes Aguilar, diputada integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 57, 58 y 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual se sustenta en la siguiente

Exposición de Motivos

Las áreas naturales protegidas son definidas por el artículo 3, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección la Ambiente como las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.

Nadie pone en duda la necesidad y los beneficios de fomentar la conservación y restauración de nuestros recursos biológicos mediante el establecimiento de áreas naturales protegidas en las diferentes modalidades que permite la ley.

Las áreas naturales protegidas nos brindan innumerables servicios ambientales, coadyuvan en la conservación de la biodiversidad de que tanto presumimos los mexicanos y tienen un papel sumamente importante para revertir los efectos negativos que tiene sobre el clima el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, resulta imperativo asegurar la participación de la ciudadanía, ejidos, comunidades, estados y municipios, organizaciones no gubernamentales y todo tipo de actores interesados en los procesos de creación y modificación de éstas, a fin de asegurar su viabilidad.

Si bien actualmente de conformidad con el artículo 58 de la LEGEEPA, la Semarnat realiza procesos de consulta previo a la emisión de una declaratoria, sometiendo a consideración pública los estudios justificativos y los proyectos de decretos, resulta conveniente otorgar a estos procesos la mayor publicidad posible a fin de asegurar que todo aquel interesado o afectado por la declaratoria de un área natural protegida se le proporcione la información necesaria y tenga la oportunidad de exponer sus opiniones, garantizando su derecho de audiencia y de esta manera evitando posteriores impugnaciones.

Asimismo, se considera necesaria la colaboración de todos los sectores interesados en una declaratoria de ANP desde el inicio de los trabajos previos, esto es, desde la realización de los estudios justificativos, a fin de otorgar un mejor sustento científico, jurídico y social al proyecto de decreto. Queda claro que la toma de decisiones de este tipo resultan infructuosas si no se asegura la concertación con todos los sectores sociales involucrados.

Por lo anterior, se considera conveniente establecer la obligatoriedad de realizar un aviso sobre el inicio del proceso que conlleve a la emisión de una declaratoria de ANP, y que ésta deberá publicarse en el DOF y en un diario de gran circulación en el o los estados involucrados para dar la mayor publicidad posible al asunto.

Por otra parte, y partiendo de la premisa de que todos estamos de acuerdo con el valor que debe darse a la creación y conservación de las áreas naturales protegidas, resulta sumamente incongruente que la gran mayoría de las áreas declaradas actualmente no cuenten con un programa de manejo, violentando a todas luces el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece:

Artículo 65. La secretaría formulará, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas.

La violación sistemática y reiterada de las cormas jurídicas no puede ser justificada bajo ningún argumento, toda vez que sería en todo caso responsabilidad del funcionario encargado de su cumplimiento el señalar la problemática que se presente y en todo caso los mecanismos para solucionarla.

En la actualidad, sólo 57 de 173 áreas naturales protegidas cuentan con programas de conservación y manejo publicados, lo que representa una cobertura del 34.14 por ciento del territorio protegido. Cuál es la finalidad de decretar un área protegida si posteriormente no se van a emitir las normas específicas bajo las cuáles se van a realizar las labores de conservación de ésta.

Durante la comparecencia del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales llevada a cabo en el proceso de glosa del Tercer Informe de Gobierno me permití cuestionar a dicho funcionario sobre la falta de programas de manejo, recibiendo como respuesta que la dependencia a su cargo llevaba a cabo un programa para corregir dicha omisión, y aún se permitió celebrar la publicación de algunos programas de manejo durante el periodo del informe.

A más de seis meses de distancia de dicha comparecencia, observamos que no ha habido un avance significativo en la corrección de esa deficiencia. En la mayor parte de los casos, la falta de información y concertación con los propietarios, ejidatarios y comuneros han impedido la concertación de acciones para la conservación y aprovechamiento de las áreas sujetas a conservación.

Por tal motivo, consideramos necesario eliminar o al menos atenuar los factores que inciden en la falta de publicación de los programas de manejo. En primer término, consideramos necesario señalar un plazo máximo para la designación del Director del área, toda vez que éste funcionario es quien se encuentra encargado de de coordinar los trabajos encaminados a la formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo con la participación de todos los actores sociales interesados, y tanto la ley como su reglamento son omisos al no señalar un plazo para su nombramiento.

En segundo término, se considera necesario señalar un plazo máximo para que dicho funcionario, una vez que ha sido designado, comience los trabajos para la formulación del programa de manejo. De esta manera al menos se busca asegurar que el inicio de los trabajos técnicos y de consulta se comiencen en un plazo no mayor de 4 meses posteriores a la expedición del decreto, y en un caso extremo de negligencia podríamos hablar de sancionar al funcionario responsable conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En tercer lugar consideramos necesario señalar que se deberá privilegiar la concertación social como mecanismo idóneo para el establecimiento de las medidas para la conservación y aprovechamiento del área de que se trate. Como se ha mencionado anteriormente, ninguna medida de protección al ambiente tiene viabilidad si no participan de ella todos los actores sociales interesados, particularmente aquellos que verían restringidos sus derechos de propiedad.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los Artículos 57, 58 y 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Único. Se reforman los artículos 57, 58 y 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 57. Las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta Ley, se establecerán mediante declaratoria que expida el Titular del Ejecutivo Federal conforme al procedimiento señalado en ésta y las demás leyes aplicables.

El inicio del procedimiento tendiente a la declaratoria de un área natural protegida deberá divulgarse mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como en un diario de mayor circulación en la entidad de que se trate.

Artículo 58. Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, se deberán realizar los estudios que lo justifiquen, en los términos del presente capítulo, los cuales deberán ser puestos a disposición del público, y deberán realizarse reuniones públicas de información con los propietarios y actores sociales interesados a fin de dar a conocer los alcances de la declaratoria, así como recibir sus propuestas. Asimismo, la secretaría deberá solicitar la opinión de:

...

...

...

...

Artículo 65. La secretaría formulará, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas.

Una vez establecida un área natural protegida de competencia federal, la Secretaría deberá designar al Director del área de que se trate dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación de la declaratoria, quien será responsable de coordinar la formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las disposiciones que de ella se deriven.

El director del área deberá iniciar el procedimiento de consulta tendiente a la formulación del programa de manejo dentro de los 30 días naturales siguientes a su nombramiento, estableciendo los mecanismos de concertación con los actores sociales interesados en la conservación y aprovechamiento del área natural protegida.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de abril de 2010.— Diputada Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con objeto de establecer una tarifa preferencial a planteles e infraestructura del sector público educativo, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, brindando educación laica, obligatoria y gratuita a toda la población del país en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación que deben recibir las mexicanas y los mexicanos, apegado a lo establecido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3o., es obligatoria, laica y gratuita. Por lo cual, el Estado tiene la obligación de brindar dicho servicio que promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo desde la educación inicial hasta la superior, apoyando la investigación científica y tecnológica, así como alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, lo cual es necesario e indispensable para el desarrollo de la nación.

Por otra parte, la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es el proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, además de ser el factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

Sin embargo, el impacto económico sufrido por la crisis económica internacional en la economía de los hogares mexicanos se ve reflejada de manera directa en la educación, porque al elevarse el costo de los servicios proporcionados por el Estado y los organismos descentralizados, como lo es el servicio eléctrico, repercute directamente en los costos que absorben las instituciones públicas educativas e impacta en el presupuesto de las secretarías de educación de cada una de las entidades federativas.

El alto costo que implica el pago de la energía eléctrica en los planteles de educación básica del país motiva que se destine cerca del 35 por ciento de los recursos del gasto corriente del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) para el pago de dicho servicio, cuyos recursos apoyan en 20 a 80 por ciento los costos de dicho servicio, el cual se complementa con las aportaciones que realizan los padres de familia, las cuales en la actualidad han disminuido debido al contexto económico internacional y nacional.

Ha de señalarse que si bien es cierto que la problemática actual es de alto impacto en el subsistema de educación básica, también se reflejan en el ámbito educativo nacional en su conjunto y en las esferas de ciencia y tecnología, la investigación y las universidades y planteles de educación superior.

El servicio eléctrico es un elemento clave en el funcionamiento del aparato productivo nacional, asimismo, es un componente indispensable para el desarrollo de las actividades cotidianas de la sociedad.

En estos momentos sería muy complejo imaginar que nuestra evolución social se hubiese dado sin la existencia de la electricidad.

Por otra parte, el factor educativo es fundamental para cualquier nación y México no es la excepción, ya que el contar con una sociedad mejor preparada, que cuenta con las herramientas educativas suficientes como Enciclomedia, Internet, equipos de computo, salas audiovisuales, entre otras, permiten aprovechar de mejor manera sus potencialidades, nos otorga ventajas que nos ubican por encima de países con características similares.

Hay que destacar que México es un país que cuenta con diversidad tanto geográfica como climática, lo que permite que los niveles de consumo de energía no sean iguales, tomando en consideración la existencia de escuelas unitarias y bidocentes que existen en nuestro territorio nacional, amén del grado de marginación en que se encuentran, lo que propicia rezago y deserción escolar.

La relación que existe entre el componente educativo y el energético se encuentra en que la electricidad es uno de los insumos prioritarios para el buen funcionamiento del sistema educativo nacional, los planteles escolares y la infraestructura educativa no pueden desarrollarse de manera plena sin la industria eléctrica.

Sin embargo, a pesar de saber de las implicaciones que conlleva lo anterior, poco se ha realizado para apoyar la labor educativa mediante un uso más eficiente, racional y barato de la electricidad.

Cabe señalar que un porcentaje importante de los gastos fijos que deben realizar los planteles escolares es destinado al pago por el servicio de consumo de energía eléctrica, aportación que en ocasiones superan por mucho lo planificado por autoridades educativas y padres de familia.

No se trata de generar un beneficio sectorizado o local, el objetivo es que los planteles del sistema educativo nacional: básico, bachillerato, universidades, posgrados, centros de investigación, docencia y demás infraestructura educativa reciban dicha prerrogativa.

De igual forma, es de destacar que no estamos solicitando una exención por el pago del servicio de consumo de energía eléctrica, se está proponiendo que se pueda incorporar una tarifa preferencial inferior a la mínima publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, lo que no tendría graves repercusiones en el nivel de ingresos públicos esperados.

Esta medida es una oportunidad para impulsar de manera real la enseñanza, la investigación y el desarrollo tecnológico a partir de una disminución de los costos fijos de los planteles educativos. Los ahorros generados pueden ser canalizados o reasignados a otro tipo de actividades académicas, que permitan la adquisición de materiales y suministros para la enseñanza.

La educación es de interés público y social a nivel nacional, alcanzando en la actualidad rubros tan delicados como la prevención del delito y otras políticas de seguridad pública nacional, recordando que un país sin educación, cultura e investigación es un país condenado a desaparecer como nación.

Por los motivos antes mencionados, propongo reformar el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a fin de que se incorpore un párrafo segundo, recorriendo el párrafo segundo actual a tercero con el objeto de que se especifique que los pagos por consumo de energía eléctrica en planteles e infraestructura educativa pública se realizarán en base a una tarifa preferencial mínima, la cual será publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, especificando así en la clasificación la tarifa para el sector público educativo.

Dicha reforma se sustenta en el hecho de que actualmente el pago por el consumo de energía eléctrica que realizan los planteles y la infraestructura del sector educativo nacional público, representa un porcentaje elevado de los recursos destinados a las actividades de este sector, los cuales no son recuperados debido a que la educación es un derecho social que debe cubrir el Estado, por lo cual no hay lucro en el gasto de los mismos, pero si repercute en las finanzas de las instituciones educativas y de los padres de familia.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Decreto

Único. Se reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, incorporando un párrafo segundo y recorriendo el actual párrafo modificándolo como tercero, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará una tarifa preferencial para los planteles e infraestructura del sector educativo público nacional, la cual deberá ser considerada por debajo de la clasificación mínima publicada actualmente en el Diario Oficial de la Federación.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.— Diputado José Alberto González Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Energía.



LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados federales de Coahuila Rubén Ignacio Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores. en la voz de Melchor Sánchez de la Fuente.

De conformidad con los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social y reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El envejecimiento de la población mundial es creciente, pues la proporción de las personas de 60 años o más está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de población. Este aumento se ha manifestado en el incremento de la participación porcentual de las personas adultas mayores en la estructura de la población general.

La transición demográfica de las últimas décadas trajo consigo una fuerte transformación de la distribución por edades de la población mundial. Lo anterior dio paso a un cambio en la pirámide poblacional, traducida en el estrechamiento de su base y la ampliación de su cúspide. La reducción del número de personas en las edades más jóvenes, y el aumento de los sectores con edades más avanzadas dio como resultado, por un lado, el beneficio que arroja el bono demográfico al hacer posible, de forma gradual, una relación más favorable entre la población en edades laborales y la población en edades dependientes; y por el otro, el desafío que conlleva atender la nueva demanda social que representan las personas adultas mayores.

Así según datos de la Organización de las Naciones Unidas a nivel mundial el envejecimiento de la población se incrementa anualmente en una proporción del 2% para los adultos mayores de 60 años. Así mismo, se calcula que en el planeta viven aproximadamente 600 millones de adultos mayores y en el año 2025 se duplicará y para el 2050, el número de personas de la tercera edad ascenderá a 2000 millones de personas.

Nuestro país, no permanece ajeno a esta situación, así en el año de 1970 presentaba un crecimiento de su población en forma piramidal, es decir, una base amplia y una cúspide angosta y 50% de su población era menor de 15 años. En el año 2000 se observaba una pirámide abultada en el centro que refleja un aumento de las personas en edades medias y una disminución de la proporción de los menores de cinco años. En el año 2050 se prevé, una forma piramidal inversa motivada por una mayor proporción de población en senectud provocada por la disminución de las tasas de natalidad y un aumento de la esperanza de vida.

Si bien el incremento de la esperanza de vida es un indicador de mejoría del estado de salud de la población, también sabemos que los adultos mayores desarrollan enfermedades crónicas degenerativas e incapacidades que les afectan en su desarrollo.

Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) se estima que hasta el presente año, existen 9 868 303 adultos mayores de 60 años en todo el país, lo que representa casi e1 9% del total de la población.

En promedio el 23.8% de los hogares tienen al menos un adulto mayor de los que el 12.4% son hogares ubicados en el primer decil por lo que la capacidad para garantizarles por lo menos la alimentación es sumamente cuestionable.

Las personas adultas mayores que viven en países que cuentan con sistemas oficiales de pensiones y programas públicos de transferencias tienen menor riesgo de caer en la pobreza que los grupos de edad más jóvenes de la misma población, mientras que en los países donde la cobertura del sistema de pensiones es limitada –situación en que se encuentran la mayoría de los países en desarrollo– la pobreza durante la vejez tiende a ir en paralelo con la media nacional.

Así, en México, datos de las proyecciones elaboradas por el Conapo revelan una media nacional de 13.4% de los adultos mayores que dependen directamente de sus familias, ya que no obtiene ingreso alguno, esto aunado al hecho de que habite en un hogar que no percibe ingresos suficientes, la situación del adulto mayor es aun más vulnerable dada su condición de dependiente.

Aun en casos en los que los adultos mayores no son dependientes sus condiciones son muy similares a la de los adultos mayores que aun trabajan, el 49.95% no cuentan con seguridad social, en el caso del ascendente (padres o suegros) el porcentaje aumenta a 53.41%.

La media nacional de los adultos mayores que trabajan es de 26.38%, más del 50% de los adultos mayores que aun trabajan se encuentran autoempleados, lo que revela la causa de la falta de seguridad social. El hecho de no percibir un ingreso fijo en el caso de los auto-empleados, cuestiona la capacidad de estos para cubrir sus propias necesidades alimenticias.

De los adultos mayores que trabajan, el 26.4% se encuentra en el sector primario, el 17.8% en el secundario y el 45% en el terciario. Este dato debe considerarse, pues aunque la mayoría de estos se ubica en el sector terciario, esto se debe a la concentración de este segmento poblacional en las ciudades. Si este dato se le deslindara la estacionalidad, el índice revelaría una alta frecuencia de trabajadores mayores de 60 años en las zonas rurales. La mayoría de los adultos mayores que aun trabajan se han empleado en actividades poco calificadas o como obreros, en lugares con poca o nula seguridad para ellos.

El 54.8% de la población de adultos mayores se concentran en los distritos urbanos el 45% restante se encuentra en las comunidades rurales, en las que comúnmente se encuentran las zonas de alta marginación con poco acceso a los servicios médicos y en los que se encuentran los grupos con los menores ingresos.

El 26.1% de los adultos mayores no perciben ingreso alguno, el 10.2% recibe menos de la mitad de un salario mínimo, el 15% recibe entre la mitad y un salario mínimo, siendo esta población sin duda la más vulnerable, misma que conforma la población objetivo.

Los cambios demográficos y el déficit de recursos implicaran mayores riesgos de inseguridad alimentaria en los ancianos, ya que el acceso a la cantidad y calidad de alimentos se verá afectado en forma dramática, incrementando así la probabilidad de desarrollar desnutrición. De hecho, en la actualidad la desnutrición es el tipo más frecuente de malnutrición en el anciano. Diversos estudios muestran que entre en 5% y el 10% de los ancianos que viven en la comunidad se encuentran desnutridos. Los estudios en hospitales y asilos indican que la desnutrición afecta a 26% de los pacientes internados por padecimientos agudos, y entre el 30% y 60% de los ancianos en unidades de cuidados intensivo o los que se encuentran confinados en asilos.

El tipo de desnutrición más frecuente entre los ancianos hospitalizados es la desnutrición proteico-calórica la cual explica entre el 30 y 65% de los casos. la desnutrición en el anciano está en general condicionada por cinco ejes causales: cambios fisiológicos asociados al envejecimiento, modificaciones del medio hormonal y mediadores plasmáticos, coexistencia de enfermedades crónicas, alteraciones psicológicas y aspectos determinados por el medio ambiente.

Los pacientes hospitalizados con desnutrición, y en especial los adultos mayores, desarrollan mayores índices de morbi-mortalidad, incrementando así los días de estancia y los costos invertidos en los sistemas de salud.

La Organización Panamericana de la Salud realizó en 1999 la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento para evaluar el estado de salud de la población de adultos mayores en siete ciudades de América latina y El Caribe, incluida la Ciudad de México. las enfermedades registradas con más frecuencia fueron las siguientes: hipertensión arterial, problemas articulares, reumatismo, desnutrición y osteoporosis.

México cuenta con poca información de las características del entorno del adulto mayor y su perfil de salud y nutrición. La información disponible procede de la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas (ENEC-1993), realizada en zonas urbanas, y la Encuesta Nacional de Salud 2000; ambas notificaron que los problemas más comunes en las personas mayores de 60 años eran la hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia y algunas enfermedades renales.

El estudio realizado por la Secretaría de Salud “Estado de salud y nutrición de los adultos mayores en México: resultados de una encuesta probabilística”, publicado en 2008, es uno de los más actuales que nos permite vislumbrar el contexto actual de nutrición de los adultos mayores, evidenciando que los adultos mayores de 60 años de edad en México se caracterizan por estaturas muy bajas y una muy preocupante prevalencia de sobrepeso y obesidad. Otro de los problemas importantes de salud de esta población fue la elevada prevalencia de anemia, comparable a la de países africanos que sufren condiciones de pobreza y marginación mayores a las de México.

Por otra parte la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 arroja datos alarmantes en cuanto al grado de anemia tan elevado que sufren adultos de 50 años y mayores, la prevalencia nacional de anemia en este grupo de población fue de 23.7%. Al aplicar factores de expansión se puede inferir que en toda la nación alrededor de 4 446 262 adultos de 50 años y mayores padecen anemia. los grupos de edad más afectados por la anemia fueron de 80 años en adelante y de ambos sexos. Esta tendencia fue la misma para las localidades urbanas y rurales.

En cuanto a la condición de discapacidad, de los adultos mayores, se encontró que, para el año 2000, el 10.7% de la población de 60 años y más reportó tener algún tipo de discapacidad.

Ante el escenario planteado se puede explicar que la combinación de deficiencias en el ingreso económico, la desigualdad entre géneros, la falta de educación formal, la inequidad, la deficiencia en el acceso a los servicios de salud, de la mano con la mayor incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas en los adultos mayores, los hace un grupo especialmente vulnerable que demanda y demandará mayores recursos financieros y políticas públicas claramente enfocadas a corto, mediano y largo plazo.

El envejecimiento de la población se presenta en todo el mundo, la diferencia radica en cómo los estados asumen su responsabilidad social para con las personas de la tercera edad, por ello es importante actuar con planeación y preparación para afrontar este cambio y llegar a una vejez con dignidad y calidad. En nuestro país los cambios demográficos están aumentando la proporción de adultos mayores de 60 años, pero los cambios sociales ponen en riesgo de inseguridad alimentaria a los actuales adultos mayores y a las futuras generaciones.

Es por lo anterior, que la presente iniciativa tiene por objetivo garantizar a los adultos mayores de bajos recursos un alimento diario, a través, de la instalación de comedores públicos para la tercera edad, establecido a través de un programa sujeto a reglas de operación, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social como un programa más de los programas alimentarios que la dependencia ejecuta actualmente. Mediante una reforma al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social y al artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas de los Adultos Mayores.

De conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que requiere realizar una valoración del impacto presupuestario. La presente iniciativa contiene un impacto presupuestario que permite observar el costo real de implementarse dicho programa y la adquisición de los recursos:

Programa de Comedores Públicos para Adultos Mayores de 60 años en condiciones de Pobreza

Datos:

La población objetivo se ha calculado mediante la media nacional de los adultos mayores ubicados en el primer decil:

La cuota de recuperación se destina al pago de bienes no perecederos, y pertenecen a los gastos de operación, tal como son el pago de agua, luz, gas, compensaciones económicas para el personal, renta del inmueble etc. La Sedesol, a través de sus programas alimentarios dota de los insumos perecederos (comida) al comedor, mismos que serán procesados y servidos por los operadores del comedor.

El operador de este programa como se ha mencionado seria la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), esta dependencia ya cuenta’ con programas de índole alimenticia, sin embargo, lejos de cubrir los nutrimentos necesarios, los programas focalizados para los adultos mayores no están diseñados para cubrir las necesidades de micronutrimentos como hierro, a pesar de que la mayor parte de los casos de anemia se debe a la deficiencia de este elemento, por el contrario, proporcionan, en particular energía, y ésta puede contribuir a incrementar la tasa de sobrepeso. Estos programas deben garantizar la satisfacción de los requerimientos de micronutrimentos en este grupo de edad.

El impacto presupuestal queda como sigue:

El presupuesto asignado a la Sedesol en 2009 fue de 68 mil 147 millones de pesos, mismo que para 2010 ascendió a 80 mil 477 millones de pesos, es decir se incremento en un 18.01%. Durante el año 2009 la Sedesol concentro un 43.8% de su presupuesto en programas de índole alimentario que en cifras es 29 mil 886 millones 400 mil pesos, si la propensión del destino del presupuesto creciera en la misma proporción que el presupuesto asignado, entonces el aumento del presupuesto destinado a este tipo de programas debiera presentar un incremento proporcional idéntico quedando como sigue, 34 mil 605 millones 110 mil pesos, cuya diferencia con el año anterior seria de 4 mil 718 millones 710 mil pesos.

Esto quiere decir que el aumento en el presupuesto es mayor que el costo anual del programa, pues este representa el 83.4% del incremento presupuestal. Además del sentido humano del programa debe destacarse que la presencia del subejercicio en la dependencia es un mal que continua aquejándole, no proponemos el despilfarro a fin de evitar el subejercicio, pero si la presencia de programas que atiendan a uno de los segmentos poblacionales más vulnerables, los adultos mayores.

El costo del programa comparado con el presupuesto asignado a Sedesol para el ejercicio 2010 es de 4.8%, porcentaje incluso inferior al subejercicio 2009 de la dependencia.

Nuestra iniciativa responde a la necesidad de miles de adultos mayores que día con día se encuentran en la disyuntiva de llevarse un alimento a la boca, que ante la falta de un alimento y nutrición adecuadas se encuentran enfermos. La vulnerabilidad que enfrentan nuestros adultos mayores es alarmante, no es un orgullo decir que nuestro país tiene una mayor esperanza de vida, es necesario tener una mejor calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social y el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Primero. Se reforma la fracción V del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

I. a IV. ...

V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno­infantil y de los adultos mayores.

VI. a IX. ...

 Segundo. Se reforma el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y se agrega un inciso X, para quedar como sigue:

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. a II. ...

III. De la salud, la alimentación y la familia:

a. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando nutrición adecuada, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral.

b. y c. ...

X. Promover la difusión de programas destinados a promocionar y concientizar a la sociedad sobre los principios básicos de una alimentación adecuada y necesaria para el bienestar de los adultos mayores.

Transitorios

Artículo Primero. la presente iniciativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. la Cámara de Diputados aprobará anualmente los recursos destinados al Programa de Comedores Públicos para los adultos Mayores en Condiciones de Pobreza.

Notas:

1 La expresión “persona adulta mayor” establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es aceptada mundialmente como la correcta para referirse a las personas de 60 años o más.

2 Segunda Asamblea Mundial Sobre el Envejecimiento. Madrid. Organización de las Naciones Unidas, 2002.

3 Los deciles son los nueve valores que dividen la serie de datos en diez partes iguales. Los deciles dan los valores correspondientes al 10%, al 20%... y al 90% de los datos.

4 Nutrición Hospitalaria. Prevalencia de desnutrición del adulto mayor al ingreso hospitalario. J.G. Gutiérrez Reyes, A. Serral de Zúñiga y M. Guevara Cruz. Servicio de Nutriología Clínica del Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición Salvador Zubirán. Tlalpan. México. DF.

Dado en el Palacio legislativo de San lázaro, a 21 de abril del 2010.— Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Melchor Sánchez de la Fuente, Héctor Franco López, Hugo Héctor Martínez González, Francisco Saracho Navarro, Héctor Fernández Aguirre, Miguel Ángel Riquelme Solís, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Atención a Grupos Vulnerables.



LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Cristina Díaz Salazar, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Título Quinto de la Ley General de Salud en materia de investigación clínica.

Exposición de Motivos

En el ámbito económico, la relación entre el crecimiento de un país y que éste cuente con políticas de fomento a la investigación y desarrollo es ampliamente reconocida. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, los gobiernos tienen la posibilidad de acelerar la recuperación y sentar las bases para un crecimiento más sólido, más limpio y más justo si realizan las inversiones adecuadas y crean un marco propicio para la innovación. Para las economías emergentes como México, la innovación debe ser la piedra de toque de la política nacional de desarrollo.

La capacidad nacional de innovación depende del nivel de desarrollo tecnológico de una economía y de la especialización de su fuerza laboral, del fomento sostenido a la inversión en investigación y desarrollo, de contar con un marco legal óptimo y ejecutar los procesos administrativos de manera eficiente. En el caso específico de las ciencias de la salud, la capacidad de innovación depende también de que existan fuertes lazos colaborativos entre gobierno, academia y sector privado para trasladar los descubrimientos científicos al alcance de los pacientes.

Como parte de la innovación, la investigación para la salud es uno de las disciplinas que aportan no sólo mayores recursos económicos –aproximadamente 65.3 mil millones de dólares a nivel mundial–, sino mayores beneficios para la calidad de vida de la población. Durante los últimos decenios, los avances de las ciencias de la salud han logrado que la expectativa y calidad de vida tanto en hombres como en mujeres haya aumentado significativamente, evitando complicaciones o el agravamiento de una condición existente.

En este sentido, el descubrimiento, desarrollo y acceso de los pacientes a nuevos tratamientos juega un papel crítico. Se estima que el desarrollo de nuevos medicamentos redujo la mortalidad humana global alrededor de 50 por ciento en un periodo de cuatro décadas. En el caso específico de los países menos desarrollados, la mortalidad infantil cayó 50 por ciento durante los últimos 25 años. Gracias a que cada vez más gente tiene acceso a mejores tratamiento, la tasa de supervivencia de cáncer aumentó entre 50 por ciento y 60 por ciento de 1975 a la fecha.

Una de las etapas críticas de la innovación para la salud es la investigación clínica, que el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (artículo 66) define como la secuencia de estudios que se llevan a cabo desde que se administran por primera vez al ser humano hasta que se obtienen datos sobre su eficacia y seguridad terapéutica en grandes grupos de población.

La investigación clínica representa 40.7 por ciento del gasto total en investigación y desarrollo de un medicamento. Su importancia radica en que para poder tener incidencia en la práctica médica, todo conocimiento generado en experimentación “básica” (molecular, celular o animal) debe evaluarse a partir de sus resultados sobre el paciente, antes de comercializarse. Es decir, la investigación clínica es el paso que permite que un descubrimiento científico tenga una aplicación práctica e incidencia sobre la calidad de vida de los pacientes.

Cuando una nueva molécula ha pasado por diversos modelos de experimentación animal (por un periodo de entre 2 y 3 años) puede utilizarse por primera vez en humanos. Entonces, la molécula es ya un medicamento en investigación, y su desarrollo continúa a través de lo que se denomina Investigación Clínica, que consta de las siguientes fases:

Fase I. Entre 50 y 100 voluntarios sanos entran en contacto con el nuevo medicamento para estudiar primordialmente su seguridad y dosificación

Fase II. En ella se estudia la eficacia y seguridad del medicamento entre 100 y 300 personas que padecen la enfermedad que se intenta combatir.

Fase III. Se estudian entre mil y 10 mil pacientes para asegurar la validez estadística necesaria y conocer con certeza la seguridad, tolerabilidad y eficacia del medicamento. Esta etapa generalmente se desarrolla en varios países, decenas de hospitales y con la participación de cientos de investigadores y coinvestigadores.

Fase IV. Se realiza después de que el medicamento sale a la venta, por diferentes motivos: para introducir el fármaco al mercado, para estudios de farmacoeconomía, calidad de vida, supervivencia o eventos adversos inesperados.

Además del avance en general de la ciencia médica, el ejercicio de la investigación clínica resulta en una serie de beneficios notables para todos los actores participantes: médicos, pacientes e instituciones de salud.

a) Apoya el desarrollo y especialización de los médicos mexicanos: en numerosas ocasiones, un estudio de investigación clínica requiere de la participación de cientos de especialistas de todo el mundo. Los investigadores tienen la oportunidad de intercambiar conocimiento y experiencia con sus pares, reciben instrucción sobre los últimos avances acerca de una enfermedad, y tienen la oportunidad de observar el funcionamiento de los medicamentos antes de que estos se comercialicen.

La investigación para la salud es un pilar de la investigación nacional. En 2006, 20 por ciento de los investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) realizaron sus actividades en centros hospitales e institutos de salud públicos. Esto significa que el sector salud acogió el mayor número de investigación científica, sólo después del Conacyt.

b) Permite que los pacientes reciban tratamientos altamente especializados: los pacientes se benefician de contar con atención médica especializada, recibir seguimiento mediante exámenes de laboratorio y tener acceso a medicamentos altamente especializados, en muchos casos, para enfermedades que todavía no cuentan con tratamientos disponibles en el mercado. Además, es indispensable notar que muchos de ellos cuentan con recursos escasos y de otra manera no tendrían la posibilidad de acceder a tratamientos y atención médica por sí mismos.

c) Abona a la solvencia y competitividad de las instituciones de salud pública: En México, 80 por ciento de los protocolos se realizan en instituciones públicas. Comúnmente, un laboratorio de investigación absorbe los gastos de atención de los pacientes, los honorarios médicos, los exámenes de laboratorio y gabinete, los medicamentos en estudio, etcétera, evitando así que la institución incurra en erogaciones económicas importante. Además de los ahorros derivados de la atención médica, a las instituciones se les otorga un pago por sus servicios, lo que contribuye a financiar otras investigaciones no patrocinadas.

Potencial para México

Desde 2002, la Food and Drug Administration (FDA) ha reportado que la investigación clínica realizada fuera de Estados Unidos de América ha incrementado 15 por ciento cada año, mientras que la investigación local ha disminuido 5.5 por ciento. La migración de la investigación clínica ha sido sobre todo a países en desarrollo, lo que se atribuye principalmente a dos causas: la posibilidad de reducir los costos del protocolo y la capacidad de reclutar pacientes que no han tenido acceso a otro tipo de tratamiento. Esto significa pues, que las tendencias mundiales en materia de investigación clínica abren una gran ventana de oportunidad para que países como México se beneficien en mayor medida del flujo de recursos.

En nuestro país, el potencial de fomentar la investigación clínica no ha pasado desapercibido. Una de las estrategias del Programa Nacional de Salud 2007-2012 es “fortalecer la investigación y la enseñanza en salud para el desarrollo del conocimiento y los recursos humanos”. Derivado de ésta, como línea de acción se plantea “definir la agenda de investigación y desarrollo con base en criterios de priorización en salud”, que entre otras decisiones, significaría “actualizar el Reglamento de Investigación derivado de la Ley General de Salud y proponer una reglamentación en materia de investigación clínica”. Igualmente, la Visión México 2030 plantea un sistema de salud que propicia los espacios para la formación de los recursos humanos para la salud y la investigación.

Por su parte, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012 propone como una de sus metas aumentar la inversión nacional en investigación y desarrollo como porcentaje del producto interno bruto de 0.47 por ciento –cifra actual– a 1.2 por ciento en 2012. Esto, mediante la colaboración del sector privado con las instancias gubernamentales e instituciones de enseñanza e investigación pertinentes. Fomentar esta colaboración no es un asunto menor, en tanto en 2007 más de 70 por ciento de los recursos erogados para la investigación clínica en el mundo provinieron de la industria farmacéutica, seguida en 34.4 por ciento por recursos públicos y 2.37 por ciento por instituciones educativas.

México cuenta ya con muchos elementos a su favor para atraer una proporción importante de los aproximadamente 27 mil millones de dólares que se invierten mundialmente para financiar investigación clínica. El primero de sus atractivos se refiere a su perfil demográfico. México cuenta con una población cuantiosa que lo ubica entre las naciones más pobladas del mundo, cuyo perfil epidemiológico es complejo: prevalecen enfermedades crónicas que son caras y difíciles de tratar, pero siguen sin erradicarse algunos malestares propios de los países del tercer mundo. En este sentido, la investigación que se realiza en nuestro país atiende directamente a las necesidades más urgentes de la población en áreas terapéuticas tales como la oncología y las enfermedades cardiovasculares, entre otras.

Por otro lado, contamos con profesionales de la salud y centros de especialidad de excelencia, reconocidos internacionalmente por su capacidad plena en términos de infraestructura, equipo y recursos humanos para acoger protocolos de investigación que a la larga, abonan al avance científico en todo el mundo.

En tercer lugar, en México se observan plenamente los más altos estándares éticos en materia de derechos de los pacientes. Nuestro país es signatario de todos los acuerdos internacionales en la materia, y su observancia está garantizada tanto en la Ley General de Salud, como en sus ordenamientos secundarios.

Finalmente, el marco de protección a la propiedad intelectual se ha fortalecido paulatinamente. Entre otras cosas, existen previsiones para proteger los datos clínicos que se desprenden de las investigaciones, otorgando así certidumbre a los investigadores, lo que no sucede en otros mercados importantes, como Brasil o Argentina.

Gracias a todo lo anterior, el ejercicio de la investigación clínica en México ha crecido de manera sostenida. Mientras en 2003 se benefició a poco menos de 30 mil pacientes, en 2008 (últimos datos disponibles) fueron 75 mil. En el mismo periodo de tiempo se pasó de desarrollar protocolos en 800 centros de investigación, a hacerlo en 1300, aumentando el número de protocolos en casi 600 por ciento. En términos económicos, la inversión pasó de casi  600 millones de pesos a 1, 100 millones de pesos.

Sin embargo, tanto para cumplir con los propósitos en diversos programas gubernamentales como para explotar el propio potencial de nuestro país en materia de investigación clínica, es necesario superar diversos obstáculos, que se enlistan a continuación.

Obstáculos persistentes

En México, el marco legal vigente no refleja un reconocimiento al potencial de la investigación clínica en términos científicos, médicos, económicos y sociales. Actualmente, prevalecen ciertas lagunas que limitan la certeza jurídica de los interesados en promover un protocolo clínico, y provocan ineficiencias operativas en la Secretaría de Salud, encargada de su aprobación.

Según la regulación actual, el interesado en realizar un protocolo tiene que someterlo a la aprobación de la institución que lo acogería. Una vez que el protocolo se aprueba en esa instancia, se somete a la autorización de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Es decir, el interesado puede someter un protocolo para la autorización de la Secretaría de Salud sólo acreditando la aprobación de la institución sede. Posteriormente, la Cofepris procede a otorgar los permisos de importación para los insumos correspondientes. Este proceso no está homologado en las instituciones donde se realiza la investigación, y está condicionado por las propias presiones estructurales a las que está sometida la operación de la Cofepris.

El 14 de septiembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites Empresariales que aplica la Secretaría de Salud”, que establece que la resolución al trámite de autorización de protocolos de investigación deberá emitirse en un plazo de 20 días hábiles. Por otro lado, en el Acuerdo  con el mismo título publicado en el DOF el 19 de junio de 2009, se establece que Cofepris deberá emitir la resolución a los trámites sometidos en un periodo máximo de tres meses –periodo de por sí largo, en comparación con otros países–. Sin embargo, en la práctica la aprobación de un protocolo toma entre 6 y 12 meses, lo que limita seriamente la competitividad de México para atraer investigación clínica.

Por otro lado, existe un reto persistente respecto a la operación de la Cofepris, instancia que cuenta con recursos limitados para cumplir con innumerables responsabilidades. En otros trámites de autorización sanitaria la comisión puede apoyarse de los reportes u autorizaciones que emiten terceros autorizados para cumplir con esas responsabilidades (tal es el caso, por ejemplo, de los estudios de bioequivalencia que requieren los medicamentos genéricos). De la misma manera, la autorización de terceros para que dictaminen los protocolos de investigación resultaría en un alivio importante de las carga de trabajo de Cofepris, permitiendo su uso óptimo de recursos.

A continuación se hace una revisión de las mejores prácticas en países que han logrado atraer recursos para investigación clínica de manera competitiva. Esto, en buena medida, gracias a proveer un marco institucional y regulatorio que permite la resolución eficiente de trámites.

Mejores prácticas internacionales

En contraste con el nuestro, otros países han logrado convertirse en polos de investigación clínica gracias a ofrecer procesos administrativos eficientes. En Hong Kong, por ejemplo, la autoridad sanitaria autoriza un protocolo en 3 meses; en Corea se logra en 2. En el caso de este último, la eficiencia administrativa ha resultado en un crecimiento de la investigación clínica: entre 1992 y 2005, el número de protocolos aprobados pasó de 3 a 185, es decir, un aumento de más de 6000 por ciento.

En los países asiáticos referidos, así como en algunos polos de investigación en otras regiones, la autorización de los protocolos es expedita porque se hace de manera simultánea en las instituciones de salud y la autoridad sanitaria, no en etapas sucesivas (como es el caso de México). Esto evita que el retraso en una instancia incida en el resto del proceso administrativo. De esta manera no sólo países industrializados como Francia y el Reino Unido, sino economías emergentes como Brasil, han implementado estrategias novedosas y eficientes para evitar que los procesos administrativos indispensables para garantizar la seguridad y validez científica de los protocolos de investigación, resulten un obstáculo para atraer importantes recursos.

Como se observa en la tabla siguiente, los tiempos de aprobación que ofrecen estos países son menores a los tiempos vigentes en México en todos los casos; además en algunos se permite que tanto la autoridad sanitaria como los Comités de Ética trabajen de manera simultánea, evitando retrasos sucesivos en ambas instancias.

Francia

Tiempos de aprobación:Máximo 5 semanas; sometimiento de aprobación simultáneo ante autoridad sanitaria ( Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) y Comité de Ética ( Comité de Protection des Personnes)  

Reino Unido

Tiempos de aprobación:Máximo 30 días; el sometimiento puede procesarse de manera simultánea ante la autoridad sanitaria y el Comité de Ética (Coordinado por el National Research Ethics Service del National Health Service)

Colombia

Tiempos de aprobación:Aunque los procesos de aprobación no se someten de manera simultánea, sí  se establece un periodo de tiempo límite para la aprobación del Comité de ética (3 semanas).

Brasil

Tiempos de aprobación:Entre 60 y 90 días; sometimiento de aprobación simultáneo  

Ejes de la propuesta

La presente iniciativa busca adecuar la Ley General de Salud para fomentar la investigación clínica a partir de tres ejes:

1. Acelerar procesos y otorgar certeza jurídica: se propone que los procesos para aprobar protocolos de investigación clínica que involucran a las instituciones de salud y la Secretaría de Salud se puedan realizar de manera paralela, con la finalidad de que el retraso en una institución no afecte el resto de la cadena administrativa. Esto se lograría bastando que el interesado acredite ante la Secretaría de Salud que el protocolo está bajo proceso de aprobación en el instituto sede.

Para otorgar certeza jurídica, se establece un periodo límite para que la Secretaría de Salud emita la resolución correspondiente teniendo como referencia el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, arriba citado.

2. Permitir la participación de terceros autorizados para la aprobación de protocolos de investigación: la presente iniciativa propone que las instituciones donde se realiza investigación para la salud puedan fungir como terceros autorizados en materia de investigación clínica, en tanto acrediten probidad y autorización técnica.

Los terceros autorizados podrían entonces emitir dictámenes sobre la seguridad y validez científica de los protocolos de investigación que notificarían a la Secretaría de Salud, y con lo que se podría dar inicio a estos.

3. Simplificar procesos de importación: los protocolos de investigación sobre nuevos fármacos pueden requerir de a) medicamentos o b)estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos o preparados que los contengan. En el caso de los primeros, se propone que para importarlos baste con presentar ante la autoridad aduanera la autorización al protocolo de investigación, especificando el uso y cantidad necesarios.

Además de lo anterior, se propone homologar el uso del término “consentimiento informado” de los pacientes, sancionado y definido en documentos internacionales y en el propio reglamento de la ley en materia de investigación para la salud. Este último ordenamiento en su artículo 20 lo define como “el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna”.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el artículo 100, fracción IV; artículo 102, párrafo segundo; se adiciona un artículo 102 Bis; se reforma al artículo 103; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 295, todos  de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 100.La investigación en seres humanos se desa-rrollará conforme a las siguientes bases:

I. a III.[...]

IV.Se deberá contar con el consentimiento informado del sujeto en quien se realizará la investigación, o de su representante legal en caso de incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos de la experimentación y de las posibles consecuencias positivas o negativas para su salud;

V. a VII.[...]

Artículo 102. La Secretaría de Salud podrá autorizar con fines preventivos, terapéuticos, rehabilitatorios o de investigación, el empleo en seres humanos de medicamentos o materiales respecto de los cuales aún no se tenga evidencia científica suficiente de su eficacia terapéutica o se pretenda la modificación de las indicaciones terapéuticas de productos ya conocidos. Al efecto, los interesados deberán presentar la documentación siguiente:

I. Solicitud por escrito;

II. Información básica farmacológica y preclínica del producto;

III. Estudios previos de investigación clínica, cuando los hubiere;

IV. Protocolo de investigación;

V. Carta de sometimiento de aprobaciónante la institución donde se efectúe el protocolo , en el caso que ésta no cuente con carácter de tercero autorizado.

Una vez presentada la documentación, la Secretaría de Salud deberá emitir la resolución del trámite dentro de los siguientes 20 días hábiles.

Los procesos de autorización ante la Secretaría de Salud y la institución donde se pretenda conducir la investigación podrán iniciar al mismo tiempo.

Artículo 102 Bis. Si la investigación se efectúa en instituciones autorizadas por la Secretaría de Salud como terceros, el dictamen técnico que dichas instituciones emitan avalará la seguridad y validez científica del protocolo de investigación de que se trate. En estos casos, para iniciar la investigación sólo se requerirá que la institución correspondiente notifique a la Secretaría de Salud el dictamen en sentido positivo del protocolo de investigación.

La Secretaría de Salud podrá revocar la autorización para realizar investigaciones para la salud, otorgada en términos de este artículo y el 102 de esta ley, cuando ésta no se ajuste a las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento y demás aplicables.

Artículo 102 Ter. Sólo podrán fungir como terceros autorizados para lo dispuesto en este capítulo las instituciones donde se realice investigación para la salud, pertenecientes a una dependencia o entidad de la administración pública, o una institución social o privada en donde se lleve a cabo una o varias de las acciones establecidas en el artículo 96 de esta ley, y que se cumplan con lo dispuesto en el artículo 391 Bis de ésta.

Artículo 103. En el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar recursos terapéuticos o de diagnóstico bajo investigación cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del pariente, siempre que cuente con el consentimiento informado de éste, de su representante legal, en su caso, o del familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determine esta ley y otras disposiciones aplicables.

[...]

Artículo 295. Sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias del Ejecutivo federal, se requiere autorización sanitaria expedida por la Secretaría de Salud para la importación de los medicamentos y sus materias primas, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos que determine el secretario, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En el caso de importación definitiva de muestras amparadas bajo un protocolo de investigación en humanos, así como de medicamentos con fines de investigación científica, únicamente se requerirá presentar ante la autoridad aduanera la autorización al protocolo correspondiente, indicando el uso y volumen necesarios para llevarla a cabo.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con 180 días naturales, posteriores a la publicación del decreto, para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para su aplicación.

Tercero.La Secretaría de Salud, en términos de lo que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, deberá adecuar las normas oficiales mexicanas relacionadas a lo establecido por este decreto.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputada Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Salud.



LEY DE COORDINACION FISCAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma los artículos 25 y 47-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado del la LXI Legislatura, Esteban Albarrán Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona fracción IX, al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, para estudio y dictamen al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos años el Estado mexicano ha establecido diferentes modalidades en los criterios de prioridad del gasto público. Este ha recibido diferentes modificaciones que se han orientado en muchas de las ocasiones, en esta Honorable Cámara de Diputados.

Una de estas modificaciones, es de propiciar que el gasto público sea eficiente. Consiste en que su destino y aplicación produzcan resultados concretos en la vida de los mexicanos y en sus condiciones de vida material.

Esta nueva política ha sido producto, de la transformación institucional generada en el país, entre otras cosas, por la construcción de nuestro sistema político basado en la pluralidad política, en la alternancia en el ejercicio el poder y de la formación de minorías opositoras  que realizan la función de contrapesos.

Sin embargo, el gasto público, su destino y aplicación requieren transparencia y lograr los propósitos para los cuales se destinó. Este es uno de los desafíos más importantes en esta época. Fue así que al Estado Mexicano se le destinaron mayor número de recursos por la vía impositiva para el año 2010. En su momento se señaló, en el debate del presupuesto que con estos recursos, se podrían afrontar las ingentes necesidades de los mexicanos por la vía del sacrificio fiscal.

De acuerdo a esta lógica, se comprende que a mayor disposición de recursos públicos, el gasto tendrá que mejorar y gastarse bien, con impacto social y beneficio colectivo.

En este contexto el objetivo de esta iniciativa que se presenta, a esta honorable asamblea consiste en establecer la creación del Fondo Especial para el Desarrollo Estructural de la Región Sur-Sureste. Región que como ustedes saben, posee desafortunadamente los elementos de pobreza, marginación y exclusión social que la hacen distintiva ante otras regiones de México, condiciones que son indispensables remontar e impedir que se agudicen.

Es importante mencionar que en la región sur-surestedel país, viven alrededor de 30 millones de mexicanos, de los aproximadamente 107 que somos.

Allí la marginación y la pobreza subsisten aún como elementos permanentes, el sistema educativo posee serios rezagos y altos índices de deserción, el atraso económico y cultural es manifiesto, en la región no existe una industrialización como en el norte y centro del país. Por otro lado, esta región posee abundantes recursos naturales, agua en abundancia, ríos, lagos, variedad de suelos, grandes extensiones de costas, regiones boscosas y selvas, yacimientos minerales, petróleo, y una gran variedad de climas, es decir, los elementos primarios de la geografía económica para detonar el desarrollo que se pueden traducir en una lógica elemental para la transformación de la calidad de vida de la población, siempre y cuando el Estado Mexicano y la sociedad organizada no abandonen su obligación de facilitar las condiciones para el cambio y mejoramiento de la calidad de vida de esa región. Asimismo, la zona es afectada por el impacto de la migración centroamericana, que se interna cruzando el país para llegar a la frontera con Estados Unidos de América.

Por otro lado, la zona está siendo atendida por el Fidesur que es un fideicomiso interestatal creado en diciembre de 2001 para canalizar apoyos a estudios y proyectos que detonen el desarrollo económico y social en la región y esta representado por los gobiernos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán y en la cual participa un representante de la Secretaría de Desarrollo Social.

Esta institución entre otras cosas, recomienda construir las bases para la competitividad de la región que abarque la creación de infraestructura; el establecimiento de destinos turísticos con ofertas diversificadas, la introducción de industrias de alta calidad con servicios tecnológicos en sectores regionales; así como el desarrollar un sistema de calidad educativa y orientación tecnológica productiva; como fortalecer a las ciudades medias por medio de un ordenamiento territorial y construir una estrategia a largo plazo. Sin embargo, ninguna de estas metas podrá ser alcanzada sino se presenta una planeación de largo plazo que supere el marcado atraso económico. Se requiere una política específica que dé resultados específicos, que atienda con profundidad las causas de la pobreza en sus diferentes modalidades, que establezca como uno de sus objetivos los equilibrios regionales en el país. Y se induzca y fortalezcan las fuerzas transformadoras en un mundo de cambios permanentes y globales. Es decir aspirar a un verdadero desarrollo regional integral exige un cambio de mentalidad y de una nueva forma de comprender a la planeación como instrumento administrativo, para diseñar y superar las condiciones de atraso.

En este orden de ideas la existencia de buenas intenciones, nos describen una ruta necesaria para poder transitar de un estadio de marginalidad y sin cohesión social, hacia uno de transformación social y progreso. Sin embargo, para lograrlo se requiere la existencia de una política de gasto concreto para la región de modo permanente y basado en resultados y metas previamente diseñadas, en la definición de objetivos para impulsar un desarrollo rápido en la región.

En esta propuesta de iniciativa se pretende definir la temporalidad de quince años para observar y verificar que las políticas emprendidas para la transformación de la región y puedan ser exitosas, es decir, medir los resultados con base en una política previamente diseñada para la transformación estructural de la región y, en su caso, evaluar sus alcances y consecuencias. La intención es realizar un ejercicio crítico de la aplicación de los recursos del fondo estructural en la sociedad a la cual va dirigida. El propósito de esta propuesta es fundar las bases de la transformación social de la zona más pobre de México, con un esfuerzo determinado por un periodo de tiempo específico para su aplicación, se considera que estos quince años pueden ser suficientes para medir y evaluar los resultados de políticas previamente diseñadas en los estados de la República que forman el sur-sureste de México.

Por otro lado, recordemos que nuestro país asumió el compromiso de los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas y en consecuencia la realización de su cumplimiento para el año 2015. Siendo dos de los más relevantes en relación con el tema que nos ocupa; la erradicación de la pobreza extrema y la sostenibilidad del medio ambiente.

Asimismo, después de 10 años los gobiernos del mundo realizaron esfuerzos para cumplir estos objetivos y a cinco años de la fecha establecida para alcanzarlos, la ONU prepara los informes respectivos para la reunión de septiembre de este año, afirmando que una de las lecciones aprendidas durante este tiempo consiste en que “Aunque el crecimiento económico es necesario, no es suficiente para el progreso. El proceso de crecimiento debe ser inclusivo y equitativo para maximizar la reducción de la pobreza... Por ello, los países necesitan políticas macroeconómicas innovadoras que apoyen un crecimiento general estable... Para lograr los Objetivos son esenciales un apoyo financiero adecuado, uniforme y predecible, así como un contexto de políticas predecibles y coherentes”.

Comprendiendo que la política del gasto público permite obtener resultados en su ejercicio traducido en obras de infraestructura y en mejoramiento social de la población, la creación de un fondo especial, con esta temporalidad específica podrá abordar con profundidad las condiciones estructurales de los rezagos históricos existentes. Este instrumento podrá generar nuevas condiciones materiales de desarrollo para millones de mexicanos, priorizando sus acciones y obras, sujetándolas a la evaluación de los resultados y el cumplimiento de las metas en el ejercicio del gobierno.

En suma, se pretende que se modifique la actual estructura de atraso económico y social para poder pasar a construir condiciones de progreso y mejoramiento de la vida de la población de esta región.

En tal sentido y en mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona fracción IX, al artículo 25 y adicción al artículo 47 A de la Ley Coordinación Fiscal

Articulo Único. Se adiciona fracción IX al artículo 25 y adicción al artículo 47-A de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue

Artículo 25.

Fracción

I. a VIII. ...

IX. Fondo Especial para el Desarrollo Estructural del Sur Sureste, que comprende los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán.

Articulo 47 A. El Fondo Especial para el Desarrollo Estructural del Sur Suresteque comprende los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán, se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y tendrá una duración de quince años a partir de su creación. Este fondo se enterará a las entidades respectivas, que se destinará a proyectos y obras de impacto social y mejoramiento de las condiciones materiales de los habitantes de la región. En ningún caso los recursos fiscales del fondo serán utilizados para el gasto corriente. Los objetivos y las metas definidas serán evaluados para verificar el cumplimiento de sus resultados. Las disposiciones oficiales que regulen el fondo serán claras y concretas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Guadalupe Pérez Domínguez, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles con sujeción de la siguiente

Exposición de Motivos

El dinamismo que  caracteriza a las sociedades contemporáneas exige que los procesos judiciales se modernicen a efecto de que la justicia se torne efectiva, para lo cual es imperioso que la legislación procesal incorpore a su texto mecanismos que la hagan mucho más ágil y accesible para sus protagonistas, obviando formulismos innecesarios en aspectos tan elementales como aquellos que atañen a la solicitud y expedición de copias de las actuaciones y documentos que obran en los expedientes respectivos. Por ello la presente iniciativa propone reformar el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyo texto ha permanecido inalterado desde su publicación inicial en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres.

En primer término se trata de regular de una manera más completa el aspecto concerniente a la expedición de copias certificadas que las partes le soliciten al tribunal correspondiente –entendiendo el vocablo “tribunal” en su acepción jurídica más amplia, es decir, en cuanto designa a cualquier órgano de autoridad que realice funciones materialmente jurisdiccionales en el ámbito federal, habida cuenta que dicho ordenamiento procesal se aplica, con exclusión de la materia penal, de manera supletoria para regular los actos emitidos en procedimientos seguidos en forma de juicio por autoridades del orden federal, siempre que no exista disposición legal en contrario–, para lo cual se explicita que tal solicitud puede realizarse no solamente en forma escrita sino también mediante comparecencia del interesado en obtenerlas, al tiempo que, dada la relevancia de las copias de esa naturaleza en cuanto constituyen reproducciones fieles de las constancias o documentos que militan en el proceso, se establece la modalidad de que para su expedición se requiera como condición indispensable la emisión de decreto judicial. Asimismo, se procura la salvaguarda del equilibrio procesal entre las partes en cuanto se estipula que cuando se solicite copia o testimonio de tan sólo una parte de un documento o pieza, la parte contraria del solicitante tenga derecho de que a su costa se adicione con lo que crea conducente del mismo documento o pieza. Por otro lado, siendo del conocimiento general que desde mucho tiempo atrás, quienes son parte en procesos seguidos en forma de juicio ante tribunales del orden federal a los que les resulta aplicable el ordenamiento procesal que nos ocupa, con demasiada frecuencia le solicitan a esos tribunales la expedición de copias simples, la iniciativa se hace cargo de dicha particularidad y por ello introduce un mecanismo sencillo y ágil a efecto de que el interesado obtenga copias simples de cuanto conste en el expediente, a través de la mera solicitud verbal que formule al respecto, sin necesidad de que el tribunal emita acuerdo alguno para acceder a su petición, bastando con que se asiente constancia de su entrega y recepción en el expediente, en la medida de que las copias simples no revisten la misma trascendencia que las certificadas, pues el contenido de aquéllas no implica una reproducción auténtica de la resolución o documento al que se refieren, sino que normalmente se utilizan con el objeto de facilitar la actividad de los litigantes o participantes en el proceso.

Pero la gran innovación de la presente iniciativa estriba en que el artículo que se sugiere modificar, prevé la posibilidad de que los interesados que cuenten con instrumentos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología que sirvan para la grabación o reproducción de documentos (por ejemplo scanners, lectores láser, cámaras fotográficas, etcétera) puedan utilizarlos a efecto de copiar o reproducir el contenido de las resoluciones y documentos que obren en el expediente, con la sola limitante de que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción a través de esos medios, siendo suficiente para que el tribunal autorice el empleo de dichos mecanismos de copiado o reproducción de textos, la pura solicitud verbal de la parte interesada, sin que sea preciso que recaiga proveído al respecto, dejándose únicamente constancia en el expediente de que se llevó a cabo dicha copia o reproducción y sin que se genere responsabilidad alguna para el funcionario que autorice o haga constar el empleo de los consabidos implementos, respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados de las copias de las resoluciones o documentos así obtenidos.

Con esta reforma se intenta dar un paso más a efecto de que la legislación en materia de administración de justicia no quede en una situación de inferioridad respecto a la sociedad a la que tiene que servir, respondiendo así al desafío legislativo que representa la constante aparición de nuevos recursos tecnológicos, pues sólo de esa manera la ley procesal tiene vigencia real, en la medida de que se encarga de normar los nuevos hechos que se suscitan en el mundo contemporáneo.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único.se reforma el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 278.Las partes, en cualquier asunto judicial, pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos, la que les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes. En este caso la solicitud respectiva podrá realizarse por comparecencia o por escrito, requiriéndose decreto judicial.

Cuando se solicite copia o testimonio solo de una parte de un documento o pieza, el contrario tendrá derecho de que a su costa se adicione con lo que crea conducente del mismo documento o pieza. Cuando la parte interesada solicite copia certificada de uno o varios documentos completos, en ningún caso se dará vista a la contraria.

En cualquier caso, al entregarse las copias certificadas el funcionario respectivo dejará constancia en autos de la naturaleza y cantidad de las copias expedidas, así como de su entrega y recibo.

Cualquiera de las partes puede solicitar, a su costa, copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos, las que el tribunal está obligado a expedirles sin demora alguna, bastando para ello que lo solicite verbalmente el interesado sin que se requiera decreto judicial, únicamente dejándose constancia en autos de su entrega y recepción.

La parte interesada podrá hacer uso de cualquier instrumento científico o tecnológico que permita copiar o reproducir el contenido de las resoluciones o documentos que obren en el expediente, para lo cual bastará que solicite verbalmente al tribunal el empleo del instrumento respectivo, sin que se requiera que recaiga proveído al respecto, dejándose únicamente constancia en el expediente de que se realizó la copia o reproducción por ese medio y precisándose qué constancia procesal fue reproducida. No se autorizará la copia o reproducción por los medios indicados cuando se trate de un documento o texto cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En el caso de que la solicitud de uso de los mecanismos de copiado o reproducción a que se refiere este párrafo, se realice cuando se haya ordenado una notificación personal a la parte interesada en obtener la copia o reproducción, la autorización podrá concederse una vez efectuada dicha notificación.

La autorización que se conceda a la parte respectiva para copiar o reproducir constancias que obren en autos, mediante el empleo de los instrumentos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, no generará responsabilidad alguna para el funcionario que autorice o haga constar la utilización de dichos instrumentos, respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados de las copias de las resoluciones o documentos así obtenidos.

Para obtener copia o testimonio de cualquier documento que se encuentre en archivos o protocolos que no están a disposición del público, aquel que pretenda lograrlo y carezca de legitimación en el acto contenido en el documento requiere de decreto judicial que no se dictará sino con conocimiento de causa y audiencia de parte, procediéndose incidentalmente en caso de oposición.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputada Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Justicia.



ARTICULO 79 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Francisco Rábago Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Francisco Rábago Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 70, 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presenta a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79, fracción IV, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 79 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,en materia de la duración del encargo del auditor superior de la Federación al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de julio de 1999, se introdujeron reformas al artículo 79 de la Constitución General de la República, con objeto de transformar la entonces Contaduría Mayor de Hacienda de la honorable Cámara de Diputados y dar paso a un sistema de fiscalización superior de la Cuenta Pública de la hacienda federal. Con base en dicha reforma se previó la designación del titular de la entidad de fiscalización superior de la federación por parte de las dos terceras partes de la honorable Cámara de Diputados, y que durara en sus funciones por un periodo de 8 años, considerándose inclusive la posibilidad de un nuevo mandato por un periodo adicional de esa duración.

Con base en el nuevo texto constitucional y en cumplimiento a lo dispuesto por la entonces vigente Ley de Fiscalización Superior de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2000, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación sometió a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, el 15 de diciembre de 2001, el dictamen con la propuesta de una terna de candidatos para ocupar el cargo de auditor superior de la Federación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En aquel entonces la honorable Cámara de Diputados, con el voto favorable de 323 de sus integrantes, designó para ocupar el cargo de auditor superior de la Federación al contador público certificado Arturo González de Aragón, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2009.

Posteriormente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayor de 2009 el decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en la que, entre otras cosas, se establecen disposiciones relativas a la designación del titular de la entidad de fiscalización superior de la federación.

Derivado de esas reformas en materia de fiscalización, la nueva ley estableció los plazos y procedimientos a que deberá sujetarse la designación del titular de la entidad de fiscalización superior de la federación.

En ocasión del vencimiento del periodo para el cual fue nombrado como auditor superior de la Federación el contador público certificado Arturo González de Aragón, esta honorable Cámara de Diputados se enfrentó a la disyuntiva de nombrar nuevamente y por una sola vez,  para un segundo periodo, al entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación, o bien, a designar a un nuevo titular, en los términos del procedimiento previsto en el artículo 80 de la ley de la materia.

Ese fue el contexto plural y democrático en el que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación decidió que resultaba conveniente aplicar por primera vez las disposiciones relativas a la designación y, por tanto, renovación del titular de la Auditoría Superior.

Si bien la citada comisión se pronunció por la renovación del titular de la entidad de fiscalización superior de la federación y no considerar la hipótesis de un segundo periodo de desempeño para su entonces titular, cabe reconocer que el orden normativo aplicable hubo de ser complementado para garantizar transparencia y certeza a la participación abierta de aquellos ciudadanos que se consideraron en aptitud para desempeñar el cargo y manifestar su deseo de ser considerados para el proceso de selección de la persona propuesta, con el objetivo de dar paso a un ejercicio democrático y en igualdad de condiciones.

En ocasión de haber ejercido la facultad de renovar al auditor superior de la Federación, esta honorable Cámara de Diputados pudo reflexionar sobre el hecho de que la duración del cargo de titular de una entidad de fiscalización superior es una variable importante en la definición de la arquitectura de la institución. La fiscalización es una de las funciones de control de mayor importancia en el catálogo de atribuciones de esta honorable representación popular, razón por la cual cabe evaluar periódicamente el contenido y aplicación de la norma que la regula, así como formular las modificaciones pertinentes, con el propósito de perfeccionar las disposiciones jurídicas en que tiene sustento.

Con base en la experiencia aludida, esta propuesta de reforma constitucional y a la ley de la materia plantea ratificar un periodo pertinente de desempeño para el auditor superior que lo refrende en una consideración suprapartidaria, pero sin que pueda recibir un mandato adicional por un nuevo periodo; es decir, reiterar el nombramiento por un periodo de ocho años, con base en el voto de las dos terceras partes de los miembros de la honorable Cámara de Diputados sin posibilidad de ser reelectos.

Si examinamos la normatividad aplicable a diversas entidades de fiscalización superior del mundo, veremos que es variable la previsión sobre la duración del encargo de su titular, debido a la existencia de distintos tipos de órganos.

Por ejemplo, existen estructuras unipersonales como las auditorías y contralorías generales en las cuales la duración tiende a ser prolongada, mientras que existen órganos colegiados, como tribunales, cortes y consejos de auditoría, en los que existe una rotación para el cargo de titular por un periodo muy corto.

Un ejemplo de la situación anterior podría ser el Tribunal de Cuentas de la República Federativa del Brasil, donde su titular dura un año en el cargo; el extremo opuesto lo constituyen los casos en los cuales la titularidad es vitalicia, como la Corte de Cuentas de Francia.

Aunque resulta evidente que no puede haber una uniformidad total en cuanto a la duración del mandato del titular de la entidad superior de fiscalización, considero que es necesario ofrecer a quien ocupa esa posición un término adecuado para cumplir sus funciones, sin el elemento de un eventual nuevo periodo como elemento que gravita sobre el mandato y el desempeño en marcha.

En 2007, durante el decimonoveno Congreso de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, se emitió la llamada Declaración de México sobre Independencia de las mismas, que contiene los principios universales básicos para asegurar que las entidades fiscalizadoras puedan lograr autonomía plena en el desarrollo de su gestión, y cuya aplicación representa el ideal para poder considerar como independiente a una entidad de fiscalización superior; así, en el principio número 2, se indica que la máxima autoridad de una entidad fiscalizadora superior debe ser designada por periodos “lo suficientemente prolongados y fijos”.

En este sentido, la estabilidad en el mando resulta un valor importante, puesto que la elección del titular y su gestión deben mantenerse al margen de circunstancias externas que puedan alterar su funcionamiento normal; por ejemplo, los calendarios electorales para la renovación del Poder Legislativo o las transiciones entre periodos de gobierno resultantes del cambio en el titular del Poder Ejecutivo de la nación.

Por otra parte, la estabilidad en la duración del mandato del titular de una entidad de fiscalización superior y la certeza de un plazo fijo para su desempeño permiten la implantación de planes estratégicos a mediano y largo plazos, la construcción de equipos de trabajo profesionales y la consolidación del rumbo de la institución con criterios estrictamente técnicos.

Si lo que pretendemos es el fortalecimiento de esa institución del Estado mexicano, debemos impulsar su permanente modernización estructural e institucional, y por ello se estima adecuado considerar el perfil del encargo con base en un mandato único con duración definida al inicio del mismo, sin la consideración de un eventual periodo adicional, como ya ocurre en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese mandato permanecería en una duración de ocho años.

En virtud de lo expuesto y fundado, presento a consideración del órgano revisor de la Constitución, por el digno conducto de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de

Decreto mediante el cual se reforma el párrafo cuarto del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 79.La entidad...

La función...

Esta entidad...

I. a IV. ...

La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años sin posibilidad de ser nombrado para un nuevo periodo. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

Para ser...

Los Poderes...

El Poder...

Transitorio

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, honorable Cámara de Diputados, a 28 de abril de 2010.— Diputado José Francisco Rábago Castillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.



ARTICULOS 76, 78, 89 Y 96 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Omar Fayad Meneses, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de este pleno la presente iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de designación de ministros, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

De las ideas políticas de todos los tiempos, no hay ninguna con mayor fama que la del filósofo y ensayista ilustrado del siglo XVIII Montesquieu, en especial su articulación de la teoría de la separación de poderes, que se da por descontado en los debates modernos sobre los gobiernos, y que ha sido implantada en muchas Constituciones a lo largo del mundo, como elemento imprescindible en la organización del Estado.

La intención de ese autor era encontrar una manera de evitar la concentración del poder porque, afirmaba, el poder tiende a ser abusado. Su sugerencia era frenar el poder con el poder mismo.

Recordando los planteamientos que lo hicieron famoso, comentaba que la unión de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en la misma persona o institución es un ataque a la libertad. Esa unión significaría la emisión de leyes déspotas y tiránicas que serán aplicadas de la misma manera. La unión del Poder Judicial al Legislativo significaría que la vida y la libertad de los ciudadanos estarían sujetas a un poder arbitrario, ya que el mismo juez es a la vez el legislador; y que la unión del Poder Judicial al Ejecutivo significaría que el juez tendría la fuerza del opresor.

Por tanto, para evitar los abusos de la autoridad y preservar la libertad, el poder del gobierno debe ser equilibrado. Debe ser dividido. Debe ser separado.

Estas ideas no pueden ignorarse, especialmente en México, donde muchas veces se cree que la democracia es sólo cambiar de gobernantes y se pone poca atención a la existencia de pesos y contrapesos en el gobierno.

El énfasis mexicano en la noción del “sufragio efectivo” como único elemento de la democracia ha producido un efecto colateral importante, pues la democracia no es sólo tener elecciones limpias que al final resulten en el triunfo legítimo de un gobernante en el que se depositan todas las esperanzas de mejorar el país.

La democracia es bastante más que esa limitada visión mexicana, heredada en buena parte por los orígenes de la Revolución de 1910 fundados en ese reclamo no reeleccionista.

Si el voto ciudadano y el respeto de los resultados de una elección son, en sí mismos, un mecanismo para la división del poder y no un sistema de elección de los mejores gobernantes.

La división de poderes, convertida históricamente en un dogma en los Estados modernos, se concibe ahora como una separación de las funciones del gobierno del Estado, fijando claramente las respectivas esferas de competencia y evitando las interferencias de la actividad de un órgano en el campo correspondiente a los demás.

Ése es el principio en que debe basarse el procedimiento de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual ha tenido ajustes en diversas etapas históricas y ha involucrado tanto al Poder Legislativo, en una primera instancia, como al Ejecutivo, más recientemente.

Ese procedimiento tiene su antecedente más actual en la Constitución federal de 1917, la cual, de acuerdo con el texto original del artículo 96, señalaba que los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serían elegidos exclusivamente por el Congreso de la Unión en funciones de colegio electoral.

El mecanismo fue cambiado en 1928, mediante una iniciativa del presidente Álvaro Obregón, para imponer la facultad del presidente de la República en el nombramiento de los ministros, con el argumento de que había una mayoría irresponsable en el Congreso de la Unión, que designaba a esos funcionarios judiciales sin reunir las características de profesionalismo, honradez y calidad moral.

Tal facultad del presidente fue acompañada con algunas otras en materia de destitución de funcionarios judiciales, incluidos los ministros, hasta que se implantó el sistema de responsabilidades de los servidores públicos, a través de la creación del Título Cuarto de la Constitución.

Básicamente, se mantiene presente el sistema instaurado desde 1928, con algunas variantes introducidas en 1994 para hacer participar más activamente al Senado de la República en su designación.

Actualmente, el proceso de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia es establecido en los artículos 76, 78, 89 y 96 constitucionales.

De acuerdo con el artículo 76, es facultad del Senado de la República ratificar y designar a los ministros de entre la terna que le someta el presidente de la República, así como otorgar o denegar sus solicitudes de licencia o renuncia.

La misma atribución es conferida en el artículo 78 a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En términos del artículo 89, es facultad del presidente nombrar a los ministros con aprobación del Senado, presentando a su consideración una terna, así como someter sus licencias y renuncias para aprobación.

El artículo 96 señala que para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado el cual, previa comparecencia de los propuestos, designará al que deba cubrir la vacante.

La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de treinta días. Si el Senado no resolviere en tal plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que de dicha terna designe el presidente.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente someterá una nueva, y si ésta fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que en dicha terna designe el residente de la República.

Él artículo 98 constitucional refiere que cuando la falta de un ministro excediere de un mes, el presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interino a aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96.

Si faltare un ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el presidente someterá un nuevo nombramiento a aprobación del Senado, en los términos del mismo artículo 96.

Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia procederán solamente por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para aprobación al Senado.

Las licencias de los ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo podrán concederse por el presidente de la República, con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.

Así las cosas, estas disposiciones ciertamente establecen funciones importantes en materia de tramitación y aprobación de licencias, renuncia o falta definitiva de los ministros en favor del presidente y del Congreso, y en el caso de la designación éstos, prácticamente deja en manos de estos dos poderes la postulación, el análisis, la selección y la designación de quienes ocuparán las vacantes, sin intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Eso ha generado lo mismo suspicacias acerca de los perfiles de los personajes que propone el presidente como del análisis, la valoración y la selección que realiza el Senado.

Si antes se tachaba este procedimiento como mero trámite para avalar una decisión presidencial ya tomada en favor de un candidato, ahora se esgrime la intervención de los grupos parlamentarios en el Senado para seleccionar un candidato afín a su filiación partidista, lo cual entrampa y politiza una decisión de la mayor trascendencia para el Poder Judicial federal, para la administración de justicia y para la vida institucional del país.

Hoy, la preocupación es que la designación de ministros sea producto de arreglos cupulares en los que se privilegien los acuerdos políticos por encima de la formación profesional, jurídica y la independencia que debe caracterizar a los integrantes de la corte.

Al menos las últimas cuatro designaciones de ministros han requerido amplias negociaciones e, incluso, han debido superar el rechazo total de algunas ternas sometidas.

Lo anterior sin duda afecta desfavorablemente la independencia, el funcionamiento y la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia como máxima instancia jurisdiccional y como tribunal constitucional.

Por ello, la presente iniciativa pretende reformar los artículos relativos al proceso de designación de ministros, así como de autorización de licencias y ausencias.

Resulta fundamental dar al Poder Judicial en su conjunto la participación, responsabilidad e independencia que le corresponden para la integración de las propuestas de sustitución de los ministros y en la aprobación de licencias.

De igual forma, es muy importante integrar la opinión de las facultades, escuelas e institutos de derecho, así como de las asociaciones, barras y colegios de abogados de representación nacional, con el propósito de que incorporen propuestas de profesionales calificados que puedan ocupar el cargo de ministro.

La propuesta es que el propio Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presente la terna al Senado para la sustitución de ministros, considerando las propuestas de candidatos que surjan de entre los miembros de la propia judicatura, de las facultades, escuelas e institutos de derecho, así como de las asociaciones, barras y colegios de abogados del país.

Con ello estaríamos permitiendo que se privilegie la elección en torno de la calidad profesional, honorabilidad y probada experiencia en el ejercicio del derecho, alejada de militancias partidarias.

El Senado de la República tendría una terna bastante diferenciada para poder hacer la mejor selección.

De igual forma, proponemos una modalidad en la votación necesaria para la designación, al introducir la posibilidad de que si en una primera votación no se logra la mayoría calificada, se proceda a una segunda vuelta y se elija mediante mayoría simple. Si aun así hubiere empate, la corte designaría al ministro.

De rechazarse la terna por completo, la corte deberá enviar una nueva y procederse de la misma forma para la votación en el Senado.

Pese a que en la reforma constitucional de 1994 que modificó el sistema para la designación de los ministros del máximo tribunal del país se fortaleció en gran medida la independencia del Poder Judicial federal, con el nuevo mecanismo de designación propuesto se garantiza totalmente que los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean ajenos a posiciones partidistas e ideológicas, previniendo así cualquier tipo de injerencia que redundara en perjuicio de una justicia imparcial e independiente.

Con esta reforma se avanza en la tarea de garantizar la independencia, imparcialidad y eficacia de la Suprema Corte de Justicia que garantice un verdadero estado de derecho, y que consolide con ello la aspiración de una nación más democrática.

En los últimos años, la Suprema Corte ha ejercido un poder real, y debe estar a toda prueba su constitución de ser un garante del principio de división de los Poderes de la Unión.

Las garantías de independencia y autonomía son el supuesto necesario para una justicia imparcial.

La independencia judicial total es por tanto el pilar fundamental para alcanzar su legitimación política y una situación real de estado democrático de derecho. La percepción de los ciudadanos de que sus ministros y sus jueces actúan con independencia es una circunstancia necesaria para que asuman y aprecien los valores en que se funda el estado de derecho.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno el presente proyecto de

Decreto que reforma las fracciones VIII del artículo 76, VII del 78, III y XVIII del 89; y el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de designación de ministros

Artículo Primero.Se reforma la fracción VIII del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. ...

I. a VII. ...

VIII. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que ésta someta a su consideración, así como otorgar o denegar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de éstos que le someta dicho órgano;

IX. a XII. ...

Artículo Segundo.Se reforma la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 78....

I. a VI. ...

VII. Ratificar los nombramientos que el presidente haga de agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, así como designar a los ministros, aprobar o denegar las licencias de éstos, en términos de lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 76 de esta Constitución.

VIII. ...

Artículo Tercero.Se reforman las fracciones III y XVIII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89....

I. y II. ...

III. Nombrar los agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado;

IV. a XVII. ...

XVIII. Derogada;

XIX. y XX. ...

Artículo Cuarto.Se reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 96.Para nombrar a los ministros, el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, someterá una terna a consideración del Senado, la cual la integrará tomando en consideración las propuestas de candidatos que surjan de entre los miembros de la propia judicatura, de las facultades, escuelas e institutos de derecho, así como de las asociaciones, barras y colegios de abogados del país. La Suprema Corte de Justicia deberá establecer un procedimiento claro y transparente para solicitar formalmente y en tiempo dichas propuestas, elegir la terna y enviarla al Senado.

Previa comparecencia de las personas propuestas, el Senado designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona con mayores méritos jurídicos y profesionales a juicio de la Suprema Corte de Justicia. Si sometida a votación la terna ninguno obtiene la votación especial requerida, se someterá a una segunda votación y se designará a quien obtenga simple mayoría. En caso de empate, hará la designación la Suprema Corte de Justicia, de entre quienes hubieren obtenido igualdad de votos.

Si el Senado, por mayoría de las dos terceras partes de los presentes, considera que ninguno de los integrantes de la terna reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo, la rechazará en su totalidad, y la Suprema Corte de Justicia someterá una nueva terna en los términos del párrafo anterior.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo.Se derogan todas las demás disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Omar Fayad Meneses (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.



LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del PRI

Rolando Rodrigo Zapata Bello, diputado en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La situación de las finanzas públicas  refleja con claridad que se trata de una época de cambio en la política fiscal que deberá ejercerse con responsabilidad y transparencia. Por ello, el país debe profundizar en reformas económicas, en especial, en las entidades federativas, ya que ante la baja en la recaudación  de impuestos federales y en los ingresos petroleros, se ve afectada su capacidad financiera, principalmente para la inversión pública.

Por tal motivo, se requiere adherir componentes necesarios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que las entidades federativas, tendientes a aprovechar mejor sus recursos humanos y naturales, se apeguen a los lineamientos en la Programación de la Inversión Pública Federal, así como criterios que permitan ampliar su rendimiento a escala regional, con fundamento en un federalismo mas participativo.

Así, el objetivo de esta iniciativa es modificar el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de que las entidades federativas estén facultadas para presentar propuestas de programas y proyectos de inversión, y con ello, poder contar un registro directo dentro de la Cartera de Inversión que integra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Actualmente, el precepto materia de esta reforma –donde se establece el procedimiento que las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán observar a efecto de programar los recursos destinados a programas y proyectos de inversión– y sus artículos reglamentarios, sólo atañen derechos y obligaciones a las dependencias y entidades, entendiendo a las primeras como secretarías de Estado y departamentos administrativos, incluyendo a sus órganos desconcentrados, así como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal; y a las segundas como organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos.

En su fracción III del artículo mencionado se establece que para la programación de los recursos, las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán registrar cada programa y proyecto de inversión en la Cartera que integra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta manera, sólo los programas y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos.

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece los conceptos que integran la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, que deberán contar con el análisis costo y beneficio correspondiente, presentado por las dependencias y entidades  a través del sistema de programas y proyectos de inversión.

De la misma manera y de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es responsabilidad de las dependencias y entidades de la administración pública federal mantener actualizada la información contenida en la Cartera; para lo cual solicitarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cualquier momento y a través del sistema de programas y proyectos  de inversión, la actualización de la cartera, para incluir nuevos programas y proyectos de inversión, así como para modificar o cancelar los ya registrados.

La participación que tienen las entidades federativas para presentar sus propuestas de proyectos de inversión para sus estados es a través de las delegaciones de la administración pública federal, ya que éstas son las que se encuentran facultadas para el registro tal como se establece en el mencionado artículo 34, lo que para efectos prácticos incurre en muchas ocasiones en una duplicidad de funciones y  genera  una deficiente reasignación de recursos públicos , o bien, que los proyectos que las entidades federativas presenten no sean tomados en cuenta por las delegaciones, generando una ausencia de los estados en el proceso de programación y asignación de recursos federales para proyectos de alto impacto regional.

De acuerdo a los preceptos anteriores, estamos en presencia de una limitante que pone en juego la capacidad de inversión para cumplir con los objetivos específicos que satisfagan las necesidades de la sociedad, ya que los únicos que deberán observar las disposiciones de los programas y proyectos de inversión son las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Es por eso que se deben implementar las acciones necesarias para modificar esta práctica y se pueda tener una mejor distribución y ejercicio de recursos públicos de tal manera que pudieran ser reasignados a proyectos de inversión prioritarios, los cuales, son mejor conocidos y detectados por las propias entidades federativas.

Lo que se busca con esta reforma es que las entidades federativas estén facultadas para iniciar el registro de proyectos de inversión en la cartera de la Secretaría de Hacienda, con el objetivo de que dichos proyectos puedan ser evaluados directamente por las instancias correspondientes y así, determinar su viabilidad y beneficios sociales en la población del estado que es el proponente.

De esta manera, el Presupuesto de Egresos tendría un componente regional de mayor importancia, al lograr que los gobiernos de las entidades federativas puedan participar directamente en el procedimiento de programación y asignación de recursos.

De ser aprobada esta iniciativa de reforma, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estaría obligado a realizar las adecuaciones legales conducentes a el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto, así como a los lineamientos y disposiciones complementarias que regulan el funcionamiento de la Cartera de Inversión, con la finalidad de contemplar un registro directo de los proyectos de inversión provenientes de las entidades federativas, siempre y cuando éstos cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad en la materia.

Cabe señalar que se debe garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas estipulados en los programas y proyectos de inversión, de tal manera que los recursos autorizados se ejerzan de manera responsable, tomando en cuenta las propuestas que las entidades federativas presenten.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se reforman el primer párrafo y la fracción III del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 34.Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las dependencias, entidades y, en su caso, las entidades federativas, deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el Reglamento:

I. ...

II. ...

III. Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra la Secretaria, para lo cual se deberá presentar la evaluación costo y beneficio correspondiente. Las dependencias, entidades y, en su caso, las entidades federativas, deberán mantener actualizada la información contenida en la cartera. Solo los programas y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos. La secretaría podrá negar o cancelar el registro si un programa o proyecto de inversión no cumple con las disposiciones aplicables, y

IV. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal deberá adecuar las disposiciones reglamentarias relativas a la presente reforma.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.



LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Rolando Zapata Bello, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete respetuosamente a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un Título Sexto con un Capítulo Único a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La calidad en un sistema democrático ocurre no solamente cuando se celebran elecciones competitivas con regularidad bajo ciertas condiciones de libertad y justicia, sino también cuando se garantiza un Estado democrático de derecho, se ejercen libertades políticas y civiles y existen mecanismos institucionales para la rendición de cuentas.

La diferencia entre una democracia deficiente y una consolidada o de calidad radica en la diferencia sustantiva que existe con relación a los procedimientos, contenido y resultados en cada una de sus dimensiones de evaluación entre las que destacan cuatro: estado de derecho, rendición de cuentas vertical de los gobernantes a los gobernados, rendición de cuentas inter-institucional u horizontal, es decir, controles entre los órganos establecidos de gobierno, así como libertades políticas y civiles.

Derivado de lo anterior, tenemos que una condición fundamental para el funcionamiento de un régimen democrático es la existencia de un sistema de rendición de cuentas que permita el escrutinio del ejercicio público de las autoridades.

El concepto “rendición de cuentas” se emplea en la ciencia política para referirse a la responsabilidad que un sujeto de poder debe asumir frente a otro sea individual o colectivo, subordinado u horizontal, con el fin de controlar el ejercicio del poder y sancionar su abuso.

Para que dicha relación sea formal, es necesario que se traduzca en ordenamientos legales, los cuales contemplen no sólo la capacidad para rendir cuentas sino también la obligación legal de hacerlo.

Actualmente, la doctrina ubica dos tipos de rendición de cuentas, la vertical y la horizontal. La primera de ellas resulta crucial para toda democracia representativa, debido a la exigencia de un proceso electoral justo donde los electores, en el ejercicio libre de su derecho político, sancionan o premian a sus representantes o partidos políticos que postulan.

Sin embargo, para que la fórmula de rendición de cuentas vertical resulte, es necesario que cuente con una herramienta indispensable, la transparencia. Por lo que el elector se encuentra en condiciones de ejercer la redición de cuentas vertical, siempre y cuando cuente con la información suficiente para el desempeño de su representante, su legislador, o del cuerpo representativo, la legislatura.

Por otro lado, respecto a la rendición de cuentas horizontal, esta se refiere a la relación entre los órganos estatales clásicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y sus mecanismos de frenos y contrapesos.

Ahora bien, un Parlamento, como cualquier otra institución de un estado democrático, observa dos tipos de rendición de cuentas: vertical en sus modalidades social y electoral, donde el sujeto vigilante de su función es el ciudadano en ejercicio de sus libertades políticas civiles; horizontal, en sus dos modalidades balance y designada, cuando otras instituciones del estado ejercen contrapesos frente al Legislativo y cuando fiscalizan sus acciones y tienen la capacidad de impedir presuntos abusos.

Al mismo tiempo, el Poder Legislativo ejerce las mismas funciones de órgano que balancea a otros poderes y cuenta con instrumentos sofisticados y agencias semiautónomas para la fiscalización de otros agentes públicos, es decir, el Parlamento es sujeto de rendición de cuentas y a su vez, rinde cuentas.

Concretamente, en el Poder Legislativo la rendición de cuentas opera en dos dimensiones: interorgánica e intraorgánica. La primera dimensión opera a través de los controles institucionales que los Poderes del Estado ejercen sobre sí.

La dimensión interorgánica opera en el nivel colectivo ya que las facultades le son otorgadas al Congreso como tal y en esa capacidad ejerce controles sobre los otros poderes.

En México ha habido avances en la materia de la rendición de cuentas en ambas clasificaciones doctrinales: horizontal y vertical, a saber, en 1999 se creó la Auditoria Superior de la Federación, en el 2009 se aprobó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la cual, otorgó y fortaleció las capacidades técnicas y autonomía de gestión a este órgano de apoyo técnico del Poder Legislativo. En el 2003 el Congreso aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso Pública Gubernamental que reglamentaba la reforma de 1977 al artículo 6o. Constitucional en materia de derecho a la información, y se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información.

El ordenamiento en mención estableció la obligatoriedad de dependencias y entidades públicas a dar acceso a la información contenida en sus documentos, respecto de sus funciones, ejercicio del gasto y desempeño en general.

En ese contexto, tenemos que si bien es cierto todos los ciudadanos pueden acceder a la información gubernamental, son sólo algunos los que la solicitan y la tienen en sus manos, además de que la mayoría de las ocasiones se limita a transparentar recursos.

En México, en el ámbito parlamentario, no existe un diseño institucional de rendición de cuentas, el legislador mexicano no está obligado a informar o justificar sus acciones o decisiones en el Congreso a sus electores, sus distritos electorales u otro.

Lo idóneo sería que fuera obligación del mismo legislador aportar la información, el rendirla de una manera accesible y hacerla entendible para todos sus electores.

En el nivel individual, los legisladores deben ser responsables ante sus representados, además de que no se establece un mecanismo efectivo mediante el cual el legislador sea quien aporte directamente la información de su desempeño, transparentando su gestión.

Por lo anterior, en la presente iniciativa se propone establecer en la Ley Orgánica del Congreso General, disposiciones que contengan los mecanismos para que los legisladores rindan cuentas a sus representados, principalmente acerca de sus actividades y decisiones en su desempeño legislativo.

Es necesario que se facilite la difusión de sus tareas, de-sempeño, proyectos, metas, en fin que su labor tenga seguimiento, para que el mismo ciudadano sea el que realice sus juicios con base a dicha información, que sea el receptor de las cuentas que se le ofrezcan por parte del Poder Legislativo.

Una legislatura democrática, funcional, institucionalizada, responsable y eficaz, debe pasar por un control externo que evalúe su funcionamiento, que valide su representatividad y fomente el respeto de los derechos políticos del ciudadano.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Artículo Único.Se adiciona un Título Sexto, denominado “De la Rendición de Cuentas” en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Título Sexto

Capítulo ÚnicoDe la Rendición de Cuentas

Artículo 135 Bis. El presente capítulo establece los mecanismos para la rendición de cuentas sobre el desempeño legislativo de los integrantes del Congreso de la Unión.

Artículo 135 Bis 1. Los legisladores del Congreso deberán presentar anualmente ante sus representados un informe acerca de sus actividades parlamentarias.

Dicho informe deberá de contener de manera explícita y clara la información referente a los proyectos, proposiciones, acuerdos y reformas de las cuales el legislador directamente haya participado, así como de los objetivos ya cumplidos dentro de la legislatura a la que pertenezca.

Artículo 135 Bis 2. Cuando ocurran modificaciones legales de impacto sustantivo para sus representados, los legisladores deberán informar de manera accesible dichos cambios o actualizaciones al marco legal, describiendo las implicaciones vinculantes para el ciudadano.

Artículo 135 Bis 3. Los integrantes del Congreso de la Unión, deben de establecer esquemas mediante los cuales se realicen consultas a sus representados y de esta forma allegarse de sus opiniones y planteamientos de manera directa.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Morlino, Leonardo (2007) “Explicar la calidad democrática: ¿Qué tan relevante s son las tradiciones autoritarias?” Revista de Ciencia Política,vol. 27 (2), pp. 3 y 22

2 Mainwaring, Scott y C. Welna, eds. (2003) Democratic Accountability in Latin America,New York: Oxford University Press.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de Abril de 2010.— Diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.



LEY GENERAL DE POBLACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Jorge González Ilescas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Población.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:Muchas gracias, diputado presidente.

El que suscribe, diputado federal Jorge González Ilescas, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7o., fracción V de la Ley General de Población.

Con fecha 10 de diciembre del año próximo pasado, presenté ante este pleno de la Cámara de Diputados iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Migración, en donde propuse otorgar mayor protección a los migrantes y transmigrantes que requieren apoyos especiales para el ingreso o la salida de nuestro país.

Para ello, señalé, se debería de realizar un acuerdo entre los tres niveles de gobierno para la creación de grupos de protección a los migrantes y transmigrantes, a efecto de evitar prácticas discriminatorias que atenten contra la integridad física o psicoemocional, así como a la violación de los derechos humanos de los migrantes y transmigrantes que entren y salgan del país, respetando plenamente sus derechos humanos sin discriminación y se dé atención especial en el caso de que sean mujeres, niñas o niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

Con fecha 23 de marzo la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios determinó dictaminar dicha iniciativa en sentido negativo, tomando como referencias, entre otras, los siguientes razonamientos:

Señalo textual: el Reglamento de la Ley General de Población establece que existen grupos Beta dedicados al rescate de los migrantes y transmigrantes que se encuentran en territorio nacional. Asimismo, dentro de sus atribuciones se encuentra la protección de los derechos humanos de éstos.

Las bases legales —continúo— para la creación de los grupos Beta de protección al migrante son los artículos 137 y 138 del Reglamento de la Ley General de Población. Grupos de protección al migrante es el nombre con el que son denominados en dicho reglamento. Concluyo la cita.

En ese dictamen se puede observar que la única norma que defiende a los migrantes y transmigrantes es el Reglamento de la Ley General de Población y no la Ley General de Población. Por lo que el suscrito propuso desde un principio que se reforme y adicione la Ley General de Población, a efecto de incorporar en el artículo 7o. un nuevo párrafo, en donde tenga sustento legal la creación de los grupos de protección a los migrantes y transmigrantes.

Es el caso que en este país no existen los grupos de protección a los migrantes y transmigrantes que puedan otorgar apoyo a estos individuos. Tal es el caso, que en el proyecto de Egresos de la Federación el Ejecutivo federal no proyectó gasto alguno para dicho programa y en el Presupuesto de Egresos de la Federación la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios no aprobó presupuesto alguno para este programa.

Anexo en este sentido un cuadro que espero que se incorpore también.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población.

Artículo primero. Se adiciona la fracción V, del artículo 7o, de la Ley General de Población.

Artículo 7o. Por lo que se refiere a los asuntos de orden migratorio, a la Secretaría de Gobernación corresponde:

I a IV...

V. En coordinación entre el Ejecutivo estatal, así como con las autoridades municipales del país, crear grupos de protección a los migrantes y transmigrantes que se encuentren dentro del territorio nacional.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se reasigne presupuesto para el programa de Protección a los Migrantes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2011.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, este es un tema que reviste la mayor importancia. Hace días nos enojamos, nos exaltamos y protestamos de manera, inclusive airada, por la ley que aprobaron en los Estados Unidos en contra de los migrantes que ahí se encuentran.

Sin embargo, en nuestro país, en la franja sur, la trata de niñas, de niños, el narcotráfico, el hacerse de territorios impenetrables por las autoridades de parte de las bandas han generado no solamente en esa zona, una zona de alto riesgo, sino que han provocado en nuestros hermanos centroamericanos, sobre todo, que no solamente vean con tristeza, con dolor, con frustración, que muy poco, por no decir nada, se hace en ese sentido. Sino que estamos generando también contra México odio de parte de ellos, por la forma inhumana en que se trata muchas veces, por desgracia, a nuestros hermanos, que tienen que transitar...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:... o que tienen que ocupar de paso nuestro país.

Por eso compañeras y compañeros diputados, los invito para que pongamos atención a esto, le demos seriedad al tema y entremos en materia pronto. Muchas gracias por su tiempo.

«Iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Jorge González Ilescas, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Jorge González Ilescas, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona en el artículo 7 la fracción V de la Ley General de Población.

Exposición de Motivos

1. Con fecha 10 de diciembre del año próximo pasado, presenté ante el pleno de esta Cámara de Diputados iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Migración, en donde propuse otorgar mayor protección a los migrantes y transmigrantes que requieran apoyos especiales para el ingreso o la salida de nuestro país.

Para ello, se deberá de realizar un acuerdo entre los tres niveles de gobierno para la creación de Grupos de Protección a los Migrantes y Transmigrantes a efecto de evitar prácticas discriminatorias, que atenten contra la integridad física o psicoemocional, así como a la violación de los derechos humanos de los migrantes y transmigrantes que entren o salgan del país, respetando plenamente sus derechos humanos, sin discriminación, y se dé atención especial en el caso de que sean mujeres, niñas o niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

Con fecha 23 de marzo la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios determinó dictaminar dicha iniciativa en sentido negativo, tomando como referencias, entre otros, los siguientes razonamientos:

• El Reglamento de la Ley General de Población, establece que existen Grupos Beta dedicados al recate de los migrantes y transmigrantes que se encuentran en territorio nacional, asimismo, dentro de sus atribuciones se encuentra la protección de los derechos humanos de estos.

• Las bases legales para la creación de los Grupos Beta de Protección al Migrante son los artículos 137 y 138 del Reglamento de la Ley General de Población, Grupos de Protección al Migrante, es el nombre con el que son denominados en dicho reglamento.

2. En este dictamen se puede observar que la única norma que defiende a los migrantes y transmigrantes es el Reglamento de la Ley General de Población y no la Ley General de Población.

Por lo que el suscrito propone, desde un principio, que se reforme y adicione la Ley General de Población, a efecto de incorporar en el artículo 7o., un nuevo párrafo en donde tenga sustento legal la creación de los Grupos de Protección a los Migrantes y Transmigrantes.

3. Asimismo, solicito se reasigne presupuesto para el Programa de Protección a los Migrantes, del Ramo de la Secretaría de Gobernación, toda vez que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo federal no proyectó gasto alguno para dicho programa y en el Presupuesto de Egresos de la Federación la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios no aprobó presupuesto alguno para este programa. (Véase cuadro No. 1).

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Población.

Primero. Se adiciona la fracción V del artículo 7 de la Ley General de Población:

Artículo 7. Por lo que se refiere a los asuntos de orden migratorio a la Secretaría de Gobernación corresponde:

I. a IV. ...

V. En coordinación entre el Ejecutivo estatal, así como con los presidentes municipales del país, crear Grupos de Protección a los Migrantes y Transmigrantes que se encuentren dentro del territorio nacional.

Segundo. Se reasigne presupuesto para el Programa de Protección a los Migrantes, por parte de la Secretaría de Gobernación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se reasigne presupuesto para el Programa de Protección a los Migrantes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011.

Diputados: Jorge González Ilescas, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Silvia Esther Pérez Ceballos, Miguel Ernesto Pompa Corella, Janet Graciela González Tostado, María del Carmen Izaguirre Francos, Georgina Trujillo Zentella, Ana Estela Durán Rico, Violeta Avilés Álvarez, Sofía Castro Ríos, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Gabriela Cuevas Barrón, Lorena Corona Valdés, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Rosalina Mazari Espín, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Malco Ramírez Martínez, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Guadalupe Pérez Domínguez, José Manuel Agüero Tovar (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame, diputado López-Portillo.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave(desde la curul): Señor presidente, para que le solicite al orador si me autoriza adherirme a su propuesta, y le pediría a nuestros compañeros que hagamos lo mismo.

Coincido en que no podemos exigir trato digno para nuestros connacionales en Estados Unidos si no estamos dispuestos a dar el ejemplo en México con los que sufren para ir a Estados Unidos viniendo de Sudamérica.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado González Ilescas ¿está usted de acuerdo en que se adhiera el diputado López-Portillo?

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas (desde la curul): De acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo, diputado. Pase usted a la Secretaría a suscribir el documento. Se turna, repito, a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.



LEY DE VIVIENDA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.

El diputado Rafael Pacchiano Alamán:Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el agua dulce es esencial para sostener la vida, el de-sarrollo y el medio ambiente. Además, es un factor crítico para el progreso, pues no contar con agua suficiente para cubrir la demanda impone límites al desarrollo de las naciones.

Actualmente en México la disponibilidad de agua podría alcanzar niveles de escasez. La Conagua reconoce que el 11 por ciento de las 428 ciudades con más de 2 mil 500 habitantes reciben menos de 200 litros diarios por habitante, que es el volumen óptimo para cubrir las necesidades de una persona y que para el 2030 ese volumen por habitante será difícilmente cubierto.

La situación del agua será crítica y la competencia por este recurso causará conflictos de distinta intensidad. Como muestra de la disminución de la disponibilidad del líquido tenemos que en 1950 se calculaba que cada habitante contaba en promedio con 18 mil metros cúbicos. Para 2006 la disponibilidad promedio por habitante fue de 4 mil metros cúbicos. Esto representa una disminución de más de 76 por ciento en sólo 56 años.

Esta reducción es resultado de las pérdidas en las redes de distribución, de la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos y, en gran medida, del crecimiento de la población y del aumento de la actividad económica. La presión sobre el recurso hídrico es muy fuerte y su disponibilidad tiene implicaciones en materia de vivienda y de planeación urbana.

Con base en las tendencias demográficas de México, la demanda de vivienda para el próximo cuarto de siglo requerirá construir 650 mil unidades habitacionales en promedio. Específicamente la política nacional de vivienda prevé el financiamiento de más de 4 millones de viviendas para el periodo 2007-2012, destinando para ello un subsidio de más de 70 millones de pesos.

Es por ello que en el Partido Verde presentamos esta iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda, que suscita el reconocimiento de sustentabilidad ambiental como un factor para proporcionar calidad a la vivienda y promueve la implementación de sistemas tecnológicos para la captación, el control, el uso, reuso y reciclaje del agua pluvial y de la suministrada.

El propósito de esta iniciativa es lograr el beneficio racional y sustentable de cada gota de agua, sea de lluvia o suministrada, a fin de mitigar la presión sobre la disponibilidad de agua para la vivienda y evitar la sobreexplotación de los mantos freáticos.

En México se registra un volumen anual de agua por precipitación promedio de alrededor de mil 500 millones de metros cúbicos. Si bien este volumen es diferente año con año y cada región registra volúmenes distintos, solamente el 30 por ciento constituye la disponibilidad natural media, es decir, sólo el 30 por ciento de lo que llueve se absorbe al subsuelo o se incorpora a los ríos, el resto simplemente se evapora.

Es preciso destacar que en nuestro país contamos hoy por hoy con los elementos arquitectónicos y tecnológicos que, además de ser probados, son de origen mexicano y sirven para captar, controlar, usar y reusar, incluso reciclar el agua pluvial y la suministrada.

Por ello es objeto de esta iniciativa definir un marco normativo federal para lograr que los beneficios que brinda esta tecnología se apliquen a la vivienda y a los conjuntos habitacionales y sean aprovechados al máximo, al mismo tiempo que contribuye a un uso más racional del recurso hídrico y responde a la imperiosa necesidad de implantar medidas eficientes para conservar el agua.

Por otro lado esta iniciativa pretende que los ciudadanos que realicen acciones relacionadas al uso eficiente del agua reciban los incentivos fiscales que establece la Ley de Aguas Nacionales.

No obstante, corresponderá a la Comisión Nacional de Vivienda establecer en su reglamento cuáles son las directrices para generar estos beneficios de carácter fiscal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

En suma, se aspira al reconocimiento de la sustentabilidad ambiental como un factor para proporcionar calidad de la vivienda y se innova en el sentido de garantizar la disminución de la demanda de agua para la vivienda.

Un factor esencial para concretar dicha innovación será la emisión de una norma oficial mexicana para el uso eficiente del agua para la vivienda, que sea de observancia nacional sin que haya lugar a duplicidad de funciones con Conagua.

Confiamos en que esta iniciativa atenderá la urgente demanda de los ciudadanos por asegurar la disponibilidad del líquido indispensable para sostener la vida y el desarrollo de las generaciones presentes, sin comprometer la sustentabilidad de las generaciones futuras. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del PVEM

Rafael Pacchiano Alamán, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto; 71, fracción II; 72; y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforma y adiciona la Ley de Vivienda.

Exposición de Motivos

El agua dulce es un recurso finito, vulnerable, y esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente;  de hecho es considerada un factor crítico para el desarrollo de las naciones y quizá sea el recurso que define los límites del desarrollo sustentable, principalmente porque el crecimiento de la demanda,  la sobreexplotación y una mayor escasez de agua son elementos que pueden imponer límites al desa-rrollo.

En nuestro país el volumen óptimo por habitante al día se ubica en 200 litros; no obstante, de acuerdo a datos del reporte Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 2009 de la Comisión Nacional del Agua once por ciento de las 428 ciudades con más de 2500 habitantes reciben menos de esa cantidad; es incuestionable que en algunas regiones de nuestro territorio el volumen demandado es mayor que el suministrado, lo que obliga al gobierno a decidir a quién dejar sin este recurso, ocasionando problemas distributivos.

Según estimaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se prevé que a causa del crecimiento de la población y de la actividad económica del país, para el año 2030 la situación del agua en México será más crítica; la competencia por este recurso es ya causa de conflictos de diferente intensidad y escala, y se presenta no sólo entre usuarios de la misma comunidad sino entre distintas comunidades, municipios, estados e incluso en el ámbito transfronterizo.

Con base en las tendencias demográficas en México, la demanda de vivienda para el próximo cuarto de siglo requerirá construir 650 mil viviendas por año, en promedio. Específicamente, la Política Nacional de Vivienda prevé el financiamiento de 3.9 millones de viviendas nuevas en el periodo 2007-2012 destinando para ello subsidios por sesenta mil millones de pesos.

Adicionalmente, en nuestro país los acuíferos subterráneos son la fuente de abastecimiento de más de las dos terceras partes del agua urbana que representa el 14 por ciento del agua nacional; no obstante, de acuerdo con especialistas del Centro de Investigaciones para América del Norte, de 653 acuíferos que el país tiene delimitados y reconocidos, alrededor de 104 se encuentran en un estado crítico debido a un mal manejo de extracción.

De conformidad con algunas proyecciones, en algunas regiones la disponibilidad de agua podría alcanzar niveles de escasez, basta mencionar que en 2006 la disponibilidad promedio del líquido por habitante del país fue de 4 mil 416 metros cúbicos, mucho menor a los 18 mil 035 metros cúbicos que se tenían por habitante en 1950.

En consecuencia, el problema de la disponibilidad de agua para consumo humano se agrava; no debemos olvidar que además de la contaminación de las fuentes superficiales y subterráneas, se registran pérdidas en las ciudades (Colima, Sonora, Distrito Federal) que alcanzan en promedio 40 por ciento del agua suministrada en las redes de distribución.

Es pues innegable que los datos anteriores ilustran la fuerte presión sobre este recurso y la necesidad de implantar medidas eficientes para su conservación; es además importante reconocer que su disponibilidad tiene implicaciones en materia de vivienda y planeación urbana entre otros.

A diferencia de otros países, en México llueve; si bien el volumen de agua que se recibe por precipitación es diferente año con año y cada región registra volúmenes distintos, el Compendio de Estadísticas Ambientales 2009 del SNIARN informa que el volumen total promedio de agua que se obtiene por precipitación es de 1 billón 488 mil 192 millones de metros cúbicos, pero la mayor parte (70 por ciento) regresa a la atmósfera por evapotranspiración; el 30 por ciento restante constituye la disponibilidad natural media (458 100.13 millones de metros cúbicos), que se calcula de la suma del escurrimiento natural medio superficial y la recarga media de acuíferos.

En conclusión, en México la administración del agua es deficiente y genera pérdidas del precioso líquido. Es pues imperioso beneficiarse de manera racional y sustentable de cada gota de agua, sea pluvial o suministrada.

Es por ello que esta iniciativa busca promover la captación, el control, el uso, reúso y reciclaje del agua pluvial o del agua suministrada en las viviendas, a través de la adaptación de los sistemas y tecnologías de tratamiento actualmente disponibles.

Vivienda sustentable

Para poder hacer frente a la demanda creciente y a la reducción en la disponibilidad del agua, esta iniciativa propone que las entidades federativas y municipios cuenten con la atribución de convenir con la federación programas y acciones de suelo y vivienda sustentable, a fin de incorporar elementos arquitectónicos y tecnológicos promotores de la eficiencia energética, del uso eficiente del agua y que adicionalmente minimicen los impactos ambientales.

Asimismo, incluiremos entre los requerimientos mínimos que deben ser materia de coordinación con entidades federativas y municipios para la regulación de las construcciones, el uso eficiente del agua y de la energía, con base en las disposiciones legales en la materia y de acuerdo con los elementos arquitectónicos y tecnológicos disponibles.

El tema de la vivienda sustentableno es nuevo en la política nacional de vivienda; cierto es que la Comisión Nacional de Vivienda ha reorganizado sus políticas basándose en los principios del desarrollo sustentable; no obstante, la Ley de Vivienda aún no ha armonizado estos conceptos indispensables para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.

En ese sentido, es adecuado recordar que el Programa Nacional de Vivienda 2007-2012, hacia un desarrollo habitacional sustentable, reconoce que nuestro país demanda soluciones para reducir el impacto del crecimiento urbano sobre el medio ambiente y no omite mencionar entre sus objetivos “impulsar un desarrollo habitacional sustentable por medio de acciones específicas de racionalidad en el uso de la energía y el cuidado y reciclamiento del agua”.

En cuanto al cuidado y reciclamiento del agua, se aprecia el esfuerzo realizado por Conafovi (2005) para la elaboración de la Guía para el uso eficiente del agua en desarrollos habitacionales, con el que se busca contribuir a que los desa-rrolladores y constructores de vivienda aprovechen al máximo los beneficios que les brinda la tecnología aplicable al agua, para ser utilizada en la vivienda y en los conjuntos habitacionales al mismo tiempo que se contribuye a un uso más racional de este recurso. Es indiscutible el valor de los elementos arquitectónicos y tecnológicos que este documento propone para la vivienda sustentable.

De los municipios y de los estados

En virtud de que en México los instrumentos que regulan la edificación de la vivienda son los denominados Reglamentos de Construcción y corresponde a los gobiernos locales (estados y municipios) elaborar y aplicar esa normatividad, esta iniciativa verá por que exista regulación a nivel local y que los municipios vigilen el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, que son instrumentos fundamentales para la sinergia entre la sustentabilidad y el desarrollo.

El artículo 115 constitucional en lo relativo a la división territorial básica de los Estados de la Federación, establece que la dotación de servicios, la infraestructura urbana, y algunos equipamientos  públicos son responsabilidad del municipio.  Los preceptos jurídicos señalados en el 115 de la Carta Magna, otorgan al municipio las facultades para expedir sus planes de desarrollo urbano, participar en la formulación de planes de desarrollo regional, administrar la zonificación y los planes de desarrollo municipal  así como sus reservas territoriales, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, otorgar permisos y licencias de construcción y expedir los reglamentos y demás disposiciones para la buena administración y funcionamiento de los servicios públicos.

Dado que los proyectos de vivienda sustentable que prevé esta iniciativa  se sujetarán en la mayoría de los casos a los reglamentos de las leyes estatales o municipales en materia de desarrollo urbano o a los resolutivos de impacto ambiental que requieren algunos proyectos, esta iniciativa propone que los municipios incluyan en sus reglamentos la aplicación de tecnologías sustentables.

Es preciso comentar que no obstante los esfuerzos de la Comisión Nacional de Vivienda por promover recomendaciones y estrategias para el ahorro y el cuidado del agua, a través de diversas publicaciones entre las que destaca el Código Edificación de Vivienda, o la Guía para el uso eficiente del agua en desarrollo habitacionales los municipios no están obligados a incorporar estas nuevas tecnologías en sus construcciones.

Un factor a ponderar es que la Ley de Vivienda reconoce la sustentabilidad ambiental como un factor para proporcionar calidad en la vivienda e incluso institucionaliza la política de vivienda como una política estratégica de estado para el desarrollo sustentable de la Nación.  Es sin duda por ese motivo que el Programa Nacional de Vivienda Sustentable plantea como un objetivo el adecuar la normatividad vigente en materia de vivienda hacia el cuidado del medio ambiente y diseñar lineamientos que permitan definir y calificar a una vivienda como sustentable.

Por su carácter de autoridad local, es recomendable que los municipios tengan la atribución de normar en sus reglamentos el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y la aplicación de tecnologías a lo largo de todo el proceso de diseño y construcción de conjuntos habitacionales, fraccionamientos y vivienda en general como el paso necesario para que las preocupaciones por lograr el desarrollo sustentable sean una acción manifiesta e institucional.

Observancia de las normas de la vivienda

Se estima que en cada vivienda, el uso de un conjunto relativamente sencillo de dispositivos tecnológicos –medidores, regaderas, inodoros, mezcladoras monomando en lavamanos y cocinas, tuberías entre otros– ayuda significativamente al uso eficiente del agua, alcanzando ahorros de más de un 40 por ciento en el consumo, sin reducir el nivel de confort en los usuarios. Las disposiciones técnicas para estos bienes aplicables a la edificación y equipamiento de vivienda quedan establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas.

Actualmente, dado el panorama de escasez anunciado, empresas, universidades y centros de investigación, proponen día a día nuevos diseños constructivos y la aplicación de nuevas tecnologías que brindan nuevas condiciones de sustentabilidad. Dichos avances merecen la creación de nuevas Normas Oficiales Mexicanas, cuyas disposiciones coadyuvarán a mantener nuestra calidad de vida sin los impactos ambientales.

Como ejemplo, podemos mencionar  la recientemente publicada Norma Oficial Mexicana NOM-015-CONAGUA-2007, Infiltración artificial de agua a los acuíferos.- Características y especificaciones de las obras y del agua, cuyo propósito es proteger la calidad del agua de los acuíferos y aprovechar el agua pluvial y de escurrimientos superficiales para aumentar la disponibilidad de agua subterránea a través de la infiltración artificial; adicionalmente, nos referimos al proyecto de Norma Oficial Mexicana de vivienda sustentable del Gobierno del Distrito Federal prevé reducir el consumo de agua y energía en un 60 por ciento.

La viabilidad de ese proyecto de NOM ha sido probada por el Gobierno del Distrito Federal con la  construcción de  un conjunto habitacional de 546 viviendas en la Delegación Azcapotzalco; ese desarrollo recientemente inaugurado, ha logrado incorporar elementos arquitectónicos y tecnológicos  de diseño mexicano, que reducen el consumo de  agua y energía por encima del 60 por ciento previsto en el proyecto de NOM.

Las normas oficiales mexicanas (NOM) son obligatorias y en teoría llevan una sanción por parte del Estado; la expedición de normas es uno de los pilares ambientales en el mundo y en distintos sectores económicos y fungen como eslabones de coordinación entre las políticas ambientales y las políticas sectoriales.

La observancia de las NOM están sujetas a los sistemas de fiscalización o de verificación y certificación de distintas entidades de gobierno; no obstante, es labor de los municipios y los estados, como autoridades locales y con base en la facultad de otorgar la manifestación de terminación de obra y autorización de ocupación de uso de las viviendas, vigilar la aplicación de estos instrumentos fundamentales para la sinergia entre la sustentabilidad y el desarrollo.

Habitualmente, previo a otorgar la manifestación de terminación de obra y autorización de ocupación de las viviendas, la Dirección de Obras o equivalente dictamina el cumplimiento de la normatividad aplicable a edificación y equipamiento de vivienda, con base en lo dispuesto en la legislación local, los reglamentos, las NOM y otros instrumentos normativos.

En México, la Ley de Vivienda contiene actualmente tres artículos que hacen referencia a las NOM y medidas para el uso eficiente de agua, aplicables en la construcción de nuevas viviendas: el artículo 19, el artículo 81 y el artículo 83; no obstante, actualmente dicha ley no señala las instituciones responsables de vigilar el efectivo cumplimiento de las NOM aplicables en la construcción de vivienda, lo cual contribuye a que las compañías constructoras omitan su cumplimiento.

Con respecto a esa labor de vigilancia, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, señala que las delegaciones son responsables de vigilar que las viviendas cumplan lo establecido en su manifestación de construcción:

Artículo 244. Una vez registrada la manifestación de construcción o expedida  la licencia de construcción especial, la Delegación y en su caso, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ejercerá las funciones de vigilancia y verificación que correspondan, de conformidad con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal y el Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que es facultad de la Semarnat, la vigilancia del cumplimiento de las NOM referentes a recursos naturales:

Artículo 32 Bis.A la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a IV. ...

V. Vigilar y estimular en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con los recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes;

El objetivo principal de la Comisión Nacional de Vivienda, Conavi, es el fomento de la coordinación, la promoción y la instrumentación de la política y el programa nacional de vivienda, del Gobierno Federal, de conformidad con la Ley de Vivienda, Ley General de Asentamientos Humanos y demás disposiciones aplicables. Por lo tanto, la Conavi no está explícitamente obligada a participar en la vigilancia del cumplimiento de las NOM aplicables a vivienda; sin embargo, la Conavi también tiene el objetivo “de buscar garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias mexicanas y contribuir al desarrollo económico del país”, por lo tanto, debe ser partícipe en lo posible de procurar el cumplimiento de las NOM para impulsar el desarrollo adecuado y sustentable de las viviendas mexicanas.

En suma, las disposiciones actuales de la Ley de Vivienda no son suficientes para garantizar que las construcciones incluirán equipamientos, materiales, tecnologías así como dispositivos y todas aquellas innovaciones que puedan coadyuvar en el ahorro y uso eficiente del agua en las viviendas.

En atención a lo anterior, se propone que la Comisión Nacional de Vivienda en coordinación con las autoridades estatales y municipales promueva y participe a través de sus delegaciones y agencias en el territorio nacional, en la verificación del cumplimiento de las NOM aplicables a edificación y equipamiento de la vivienda, a la producción y distribución de materiales de construcción y para uso eficiente del agua. Confiamos que esta atribución dará consistencia a la labor de verificación que realizan los municipios y favorecerá una mejor observancia de la normatividad a nivel local.

Uso eficiente del agua en la vivienda

A pesar de que el problema de la disponibilidad del agua se agrava y que el modo de cubrir la demanda urbana provoca la sobreexplotación de los acuíferos, el reúso y reciclaje del agua así como la utilización y reutilización y reciclaje de agua de lluvia en la vivienda, es una práctica de excepciónporque el desarrollo habitacional de nuestro país ha carecido históricamente de criterios de sustentabilidad, dando paso al crecimiento urbano caótico y la explotación irracional del agua, la energía y los recursos naturales.

En ese sentido, el marco jurídico aplicable a vivienda a través de la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Vivienda han omitido establecer lineamientos específicos para el reúso y reciclaje del agua en la vivienda así como para el aprovechamiento del agua de lluvia; no obstante, otros marcos jurídicos aplicables a nivel local como la Ley de Aguas del DF y la Ley de Desarrollo Urbano del DF sí lo establecen.

Uno de los pendientes de la política de vivienda expresada en el Programa Nacional de Vivienda 2007-2012 es establecer las normas oficiales de la vivienda que garanticen la calidad de la vivienda; la presente iniciativa se atreve a ver más allá al considerar la solicitud de la expedición de la NOM “uso eficiente del agua para la vivienda” que, a pesar de la imperiosa necesidad, no ha sido expedida.

Es evidente que existe preocupación en torno a la falta de normatividad para el uso eficiente del agua para la vivienda: los pronunciamientos más relevantes  durante la última sesión del Comité de Sustentabilidad de la Conavi, abordaron sistemáticamente la sustentabilidad de la vivienda y se insistió en intensificar la reutilización del agua de la vivienda para realmente obtener resultados.

Adicionalmente, El Programa Específico para el Desarrollo Habitacional Sustentable ante el Cambio Climático, publicado por Conavi en 2008 prevé la captación de agua pluvial en techos, con un diseño adecuado, como una medida primordial para el ahorro del agua.

Como se mencionó, en nuestro país ya se ha experimentado con la aplicación de tecnologías que garantizan más del 60 por ciento en el reciclaje y reutilización del agua de uso doméstico. La NOM en materia de uso eficiente del agua para vivienda, tendrá el propósito de marcar límites y requerimientos para la aplicación de todas las medidas de ahorro, de reutilización, de reciclaje, de conservación y de reúso ambiental seguro del agua para consumo doméstico, y de esa manera dar viabilidad a la adaptación de los dispositivos o materiales, de las tecnologías aplicables a la edificación de los sistemas de captación, de control y de aprovechamiento de agua de lluvia, así como la instalación de equipamientos que puedan intensificar la reutilización del agua y que puedan generar ahorros mayores al 50 por ciento en el consumo de agua.

Por ese motivo y con fundamento en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, esta iniciativa propone a través de un artículo transitorio que la Comisión Nacional de Vivienda conjuntamente con Comisión Nacional del Agua remitan a Semarnat la solicitud correspondiente para la expedición de la NOM en materia de uso eficiente de agua para vivienda, que dará sustento al presente proyecto de decreto.

Incentivos económicos de carácter fiscal

De acuerdo con lo expresado por el Subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua, “los incentivos provienen de los recursos fiscales que son de todos los ciudadanos y se deben gastar de la mejor forma posible, y en este sentido poder incrementar la eficiencia de los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento”.

En efecto, es posible un mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales: por ejemplo, el Código Fiscal del Distrito Federal prevé para los propietarios de viviendas que instalen y utilicen dispositivos como lo son paneles solares, y sistemas de captación de agua pluvial para la disminución del consumo de energía y/o agua o el reciclaje de esta última, una reducción de hasta el 20 por ciento de los derechos por suministro de agua que se harán efectivas en las Administraciones Tributarias o, en su caso, ante el Sistema de Aguas.

Con la presente iniciativa se pretende que los ciudadanos que realicen acciones relacionadas con el consumo de agua potable y colaboren con el uso eficiente del agua, reciban los incentivos que establece la Ley de Aguas Nacionales:

Artículo 14 Bis 5 fracción XVIII. Las personas físicas y morales que hagan uso eficiente y limpio del agua, se harán acreedores a incentivos económicos, incluyendo los  de carácter fiscal que establezcan las leyes en la materia.

Asimismo, la Ley Federal de Derechos en su artículo 231-A prevé la posibilidad de que los ingresos que se obtengan por pago de derechos de uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales para uso de agua potable se asignen a los contribuyentes que así lo soliciten hasta por un monto igual al cubierto por dicho concepto a efecto de realizar acciones de mejoramiento de la eficiencia en la infraestructura de agua potable, alcantarillado y  tratamiento de aguas residuales; previéndose también en dicho ordenamiento la facultad de que la Comisión Nacional del Agua a través de su titular de emitir lineamientos para la correcta aplicación del precepto antes citado.

Si bien el reglamento de la Ley de Vivienda no ha sido publicado, será responsabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda establecer en su reglamento las directrices para generar incentivos económicos de carácter fiscal a quienes realicen uso eficiente del agua en la vivienda.

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa ha previsto como una atribución de la Comisión Nacional de Vivienda la emisión del reglamento de la Ley de Vivienda, tal como se expresa en la fracción XXIV del artículo 19 de este decreto.

En suma, las reformas propuestas en esta iniciativa tienen un fin loable: impulsar el desarrollo habitacional sustentable; la coordinación de la Comisión Nacional de Vivienda con las entidades y municipios para que las construcciones aseguren además de la calidad, seguridad y habitabilidad, el uso eficiente del agua y de la energía; aprovechar las ventajas de captar, controlar y aprovechar el agua de lluvia para uso doméstico en la vivienda y contar con los sistemas tecnológicos necesarios para reciclarla; generar autosuficiencia y  brindar un marco jurídico acorde.

Es inaplazable dar certeza a la sustentabilidad en las políticas públicas que definirán el futuro del desarrollo urbano de nuestro país; es igualmente urgente aceptar que la situación es grave y que los nuevos desarrollos habitacionales proyectados para la zona metropolitana del Valle de México (Zumpango, Tecamac, Huehuetoca) no cuentan con la factibilidad del servicio de agua, donde la propia Conagua recomienda aplicar captación pluvial, reciclaje y uso eficiente del agua.

Es incuestionable que el siglo XXI ha dado gran cantidad de señales sobre los efectos perversos de la extracción irracional y de la casi nula infiltración del agua al subsuelo: las investigaciones del Centro de de Estudios del Agua concluyen que actualmente se registra una extracción promedio de más del doble de la capacidad de recarga natural de agua y que bombeamos agua que entró al subsuelo hace trescientos años.

En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, sometemos a la consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley de Vivienda

Artículo Único.Se reforma la fracción XVII del artículo 8; se reforma la fracción III y se adiciona una fracción VII al apartado A. y se adicionan las fracciones VIII, IX y X al apartado B. del articulo 17; se reforma la fracción XV y XXIV del artículo 19 y se adiciona una fracción XXV.; se reforma la fracción I del artículo 23; se reforma la fracción V. del artículo 38; se reforma el artículo 71, y 83; se reforma la fracción IV. del artículo 87;  se reforma el artículo 88 y se adiciona un artículo 97 Bis a la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

Artículo 8. ...

I. a XVI. ...

XVII. Los requerimientos mínimos que deban ser materia de coordinación con las entidades y municipios para la regulación de las construcciones para asegurar calidad, seguridad, habitabilidad, uso eficiente del agua y de energíaen la vivienda de acuerdo con las disposiciones legales en la materia.

XVIII. y XIX. ......

Artículo 17. ...

A. ...

I. y II. ...

III. Convenir programas y acciones de suelo y vivienda sustentable con el gobierno federal, con los gobiernos de otras entidades federativas y con municipios;

IV. a VI. ....

VII. Verificar en el ámbito de su competencia, que se dé cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley en materia de calidad y sustentabilidad de la vivienda y a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

B. ...

I. a VII. ...

VIII. Normar en sus reglamentos la aplicación de tecnologías sustentables para la captación, el control y aprovechamiento del agua pluvial así como el tratamiento y reúso del agua en la vivienda.

IX. Normar en sus reglamentos el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas aplicables a la edificación, al equipamiento y al uso eficiente del agua en la vivienda.

X. Establecer y difundir en la población estrategias para el uso eficiente del agua en la vivienda en cumplimiento con la normatividad correspondiente.

Artículo 19. ...

I. a XIV. ...

XV. Promover y participar en la verificación, en coordinación con las demás autoridades estatales y municipalescompetentes, que la vivienda cumpla con las normas oficiales mexicanas correspondientes, de conformidad a la ley de la materia;

XVI. a. XXIII. ...

XXIV. Expedir el Reglamento de esta ley.

XXV. Las demás que le otorgue la presente ley u otros ordenamientos.

Artículo 38. ...

I. a IV. ...

V. Organizar y promover el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas aplicables a la producción y distribución de materiales de construcción, a la edificación, al  equipamiento  y al uso eficiente del agua de la vivienda.

VI. a XII. ......

Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a sus ocupantes, la comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, con sistemas de control, aprovechamiento, captación pluvial y de reutilización de agua de uso doméstico, sin menoscabo de la provisión de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de eficiencia energética, uso eficiente de aguay prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

Artículo 83. La Comisión promoverá y participará en coordinación con las autoridades estatales y municipales competentes,  en la verificación de todas las viviendas nuevas o en proceso de reforma, para que cumplan con sistemas de control, aprovechamiento, captación de aguas pluviales y de reúso de agua de uso doméstico; además verificará que las viviendas empleenmateriales y productos que contribuyan a evitar efluentes y emisiones que deterioren el medio ambiente, que propicien el ahorro de energía, el uso eficiente del agua, y favorezcan un ambiente más confortable y saludable dentro de la vivienda, de acuerdo con las características climáticas de la región.

La comisión establecerá en su reglamento las directrices para generar incentivos económicos de carácter fiscal a quienes realicen uso eficiente y limpio del agua de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 88. La Comisión el coordinación con los organismos de vivienda y con las entidades federales, estatales y municipales fomentará en los programas y proyectos de producción social de vivienda la inclusión de acciones de uso eficiente del agua, de actividades productivas y generadoras de ingreso orientadas al fortalecimiento económica de la población participante en ellos, de conformidad con lo establecido en las disposiciones y normas oficialesaplicables.

Artículo 97 Bis. Los servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercerán las facultades y atribuciones previstas en la presente ley; su incumplimiento será sancionado conforme a lo dispuesto por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos o en su caso por el Código Penal Federal.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional de Vivienda conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua en un plazo no mayor a quince días contados  a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto remitirá la solicitud de expedición de la Norma Oficial Mexicana en materia de uso eficiente del agua para vivienda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien en un plazo no mayor a un año posterior a la recepción de la solicitud, deberá expedir la Norma Oficial Mexicana correspondiente, a que se refiere este decreto.

Tercero. Para que la Comisión Nacional de Vivienda dé cumplimiento a los estímulos fiscales y económicos a que se refiere el artículo 83 de la Ley de Vivienda de este decreto, se incluirán las estimaciones necesarias a partir de la próxima Ley de Ingresos de la Federación.

Cuarto. La Comisión Nacional de Vivienda en un plazo no mayor a sesenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá expedir y publicar el reglamento de la Ley de Vivienda a que se refiere la fracción XXIV del artículo19 de la Ley de Vivienda de este decreto.

Quinto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.

Notas:

1 Programa Específico para el Desarrollo Habitacional Sustentable ante el Cambio Climático, Conavi 2008 página 56.

2 Periódico Reforma. Domingo 7 de marzo de 2010 sección nacional página 10.

3 Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales

4 Según el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.

5 Diario Oficial de la Federación 18 de agosto de 2009.

6 Desarrollo Aldana II en Azcapotzalco financiado por Invi y casas Geo inaugurado en marzo de 2010.

7 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Artículo 3. fracc XI. Norma oficial mexicana: la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación;

8 Página web de la Comisión Nacional de Vivienda www.conavi. gob.mx

9 Ley sobre Metrología y Normalización. Artículo 44. Tercer párrafo: Para la elaboración de normas oficiales mexicanas se deberá revisar si existen otras relacionadas, en cuyo caso se coordinarán las dependencias correspondientes para que se elabore de manera conjunta una sola norma oficial mexicana por sector o materia. Además, se tomarán en consideración las normas mexicanas y las internacionales, y cuando éstas últimas no constituyan un medio eficaz o apropiado para cumplir con las finalidades establecidas en el artículo 40, la dependencia deberá comunicarlo a la secretaría antes de que se publique el proyecto en los términos del artículo 47, fracción I.

10 Los eventos extraordinarios pueden ser  controlados en el predio del inmueble a través de sistemas de infiltración (NOM-015-CONAGUA-2007) y de reservas de agua, de tal suerte que no se saturará la red de drenaje y se evitarán inundaciones.

11 Comunicado 184-08 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ciudad de México.

12 Código Fiscal del Distrito Federal 2009. Artículos 130, 276, 277, 296, 297.

13 Centro de Estudios del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán, AC.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los trece días del mes de abril del año dos mil diez.— Diputados: Rafael Pacchiano Alamán, Gabriela Cuevas Barrón, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Silvia Esther Pérez Ceballos, Lorena Corona Valdés, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Rosalina Mazari Espín, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Malco Ramírez Martínez, Guillermo Cueva Sada (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Vivienda.

La diputada Lorena Corona Valdés(desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Corona, dígame.

La diputada Lorena Corona Valdés(desde la curul): Solamente para preguntarle al diputado si me puedo adherir a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputado, acepta usted que se adhieran a su iniciativa?

El diputado Rafael Pacchiano Alamán: Estoy de acuerdo, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Pase por favor, diputada, a firmar a la Secretaría.



ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL - LEY GENERAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORIAS SOCIALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que expide la Ley General para la Práctica de Auditorías Sociales.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, esta iniciativa propone reformas y adiciones a la Constitución general de la República, al artículo 73, y también presenta una Ley General para la Práctica de Auditorías Sociales.

La auditoría social es una institución que existe en distintos países de América Latina. Es una institución que ha resultado muy valiosa en muchos países para vigilar, fiscalizar a las autoridades. Se trata de grupos ciudadanos, de grupos de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales que pueden no solamente vigilar y fiscalizar a la autoridad, como ya lo dije, sino proponer, corregir políticas públicas, detectar desviaciones e irregularidades de las autoridades y en algunos casos presentar denuncias o quejas de carácter administrativo y hasta de carácter penal.

Esta institución existe en países como Honduras, Argentina, Colombia, Guatemala, Bolivia y Chile y muestra claramente el desarrollo que en América Latina tiene la democracia participativa y cómo en México, en este aspecto como en otros de la construcción de instituciones, nos vamos quedando rezagados.

¿Cuáles son las ventajas de la auditoría social? Por un lado, promueve la participación de los ciudadanos, promueve la transparencia, la rendición de cuentas, educa a la población, permite un ejercicio escrupuloso del gasto público y es un instrumento de combate a la corrupción.

La auditoría social, como la estamos proponiendo en esta ley general, tendría los siguientes objetos o materias:

La auditoría social que proponemos serviría para vigilar, fiscalizar planes, programas, estrategias y políticas gubernamentales, para vigilar el procedimiento de aprobación y de ejercicio del presupuesto de egresos, tanto de la federación como de estados y municipios. Para vigilar y supervisar los actos y procedimientos legislativos, judiciales de la administración pública. Para supervisar documentos públicos. Para analizar la manera en que se ejercen recursos para invertirlos públicamente, en fin. Para en general determinar cómo está funcionando la administración pública, las instituciones, los poderes del Estado y detectar posibles irregularidades o violaciones a los derechos humanos. Ése es el objeto y la materia de la auditoría social.

¿Quiénes pueden realizar auditoría social en esta propuesta de ley general que estamos presentando? Pueden realizar auditoría social grupos de ciudadanos. No se requiere de una formalidad especial o de que las ONG estén constituidas legalmente. Basta que los grupos de ciudadanos deseen y se inscriban ante la autoridad para presentar un mecanismo de auditoría social y ésta pueda realizarse.

Las autoridades, por su parte, tienen obligaciones para colaborar con los grupos ciudadanos para informar de las actividades que están realizando y desde luego, existen obligaciones muy importantes para la autoridad a fin de transparentar su funcionamiento, procedimientos, documentos, archivos, etcétera.

Hay también, al final de cada procedimiento de auditoría social previsto en esta iniciativa, la obligación de difundir, por parte del grupo ciudadano, los resultados de la auditoría ciudadana. Esos resultados no solamente deben tener por propósito describir el objeto analizado por la auditoría social, sino proponer, corregir, insistir en algunas desviaciones o irregularidades que se hayan detectado y, en su caso, en el artículo final de esta ley general estamos proponiendo también que los ciudadanos puedan presentar denuncias administrativas, penales, juicios políticos, si se encuentran irregularidades que permitan la procedencia de estos instrumentos.

Éste es el objeto de esta iniciativa, que espero la acompañen. Se inscribe en otras iniciativas que ya hemos presentado, mi grupo parlamentario y su servidor, para promover el desarrollo de la democracia participativa y deliberativa en nuestro país. Por su atención, muchas gracias compañeros.

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley General para la Práctica de Auditorías Sociales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente

Exposición de Motivos

El objeto de la presente iniciativa es proponer un mecanismo de democracia participativa, denominado “auditoría social”. La auditoría tradicional entraña la revisión, el control y el seguimiento de determinada actividad, compromiso o recurso; por su parte, la auditoría social evoca el esquema ordinario de revisión y evaluación que conocemos y que aplican todos los gobiernos, pero añade el enfoque social, el que se refiere al trabajo que realiza la propia población, la sociedad civil que se organiza con un legítimo deseo de conocer, de participar, y de analizar la gestión gubernamental, sus proyectos, metas, presupuestos, resultados, etcétera, y de proponer que se corrijan las desviaciones o errores en que hubieran incurrido las instancias gubernamentales.

Definición de auditoría social

La auditoría social es un proceso en el que la población ejerce sus derechos de participación y exige rendición de cuentas a las autoridades y funcionarios públicos, quienes informan sobre lo que hacen y cómo lo hacen. El propósito de esta herramienta es contribuir a prevenir la corrupción.

Según el Instituto del Banco Mundial,el término auditoría social atañe a los procesos mediante los que los ciudadanos inciden en la administración pública, con la finalidad de lograr una provisión de los servicios de manera más eficiente y satisfactoria a sus demandas. La mejora de un servicio público debe sustentarse en una respuesta eficiente a las necesidades de la población. Sin embargo, muchas veces los ciudadanos se encuentran excluidos de la gestión de un servicio público. En este sentido los procesos de auditoría social tienen como objetivo lograr un mejor acceso de los ciudadanos al diseño, evaluación e implementación de los servicios que el Estado brinda dentro de un proceso de verificaciones y balances (monitoreo de la gestión).

En esta línea de ideas, un proceso de auditoría social supone la existencia de un Estado abierto y transparente que incorpora a los ciudadanos en sus actividades y en los procesos de decisiones y que, además, genera un flujo de información consistente y persistente hacia ellos y viceversa. Así, la auditoría social guarda similitud con el fenómeno de la participación ciudadana. Sin embargo, la auditoría social lo trasciende, pues además de los mecanismos de participación ciudadana, incorpora canales de comunicación y colaboración en términos de corresponsabilidad con las partes involucradas, así como la participación de la autoridad en la implementación de la experiencia y la intervención de los ciudadanos en la ejecución de las soluciones planteadas.

En suma, la auditoría social puede ser resumida como la complementariedad de cuatro grandes conceptos, autónomos uno del otro, pero que sintetizados generan sinergia y permiten la existencia de una figura que va cobrando gran importancia en la relación Estado-sociedad.

+      Participación ciudadana

+      Acceso a la información

+      Transparencia

+      Rendición de cuentas

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= Auditoría social

La auditoría social implica la participación ciudadana en los diversos procesos del Estado; un flujo de información oportuna, clara y precisa; mayor claridad de los procesos administrativos; y mecanismos que permitirán dar cuenta de manera responsable a las diversas instancias sociales.

Se debe tener en cuenta que el desarrollo adecuado del proceso de auditoría social es indispensable que conjuguen las siguientes condiciones:

1. Debe ser ejercida por ciudadanos capacitados o debidamente informados sobre las funciones, los procesos y los fines de las entidades o la actividad de los funcionarios públicos auditados, lo anterior sin que se requiera ninguna especialización al respecto.

2. Debe ajustarse a una metodología.

3. Debe contribuir a mejorar el funcionamiento y el uso de los recursos del Estado en beneficio de los ciudadanos, así como fortalecer la relación Estado-ciudadanos.

Antecedentes y experiencias de auditoría social

A. Honduras

La auditoría social para el sector público encuentra sus orígenes en los siguientes hechos:

• El huracán Mitch que se abatió sobre Honduras a finales de octubre de 1998, y causó daños cuantiosos, propició que a ayuda humanitaria y los recursos para la reconstrucción tuvieran su origen en la respuesta de la comunidad internacional y nacional a fin de mitigar las pérdidas y el daño ocasionado por el desastre natural.

• El proyecto “Supervisión a la distribución de la ayuda humanitaria y recursos para la reconstrucción” que fue auspiciado en el Comisionado por el Programa de Dinamarca pro Derechos Humanos para Centroamérica, en noviembre de 1998 después del Huracán Mitch. La opinión pública calificó este proyecto como de “auditoría social”.

• La Declaración de Estocolmo, firmada el 27 de mayo de 1999 por el gobierno de la República de Honduras y la comunidad financiera internacional. Entre los seis principios consensuados que sustentan la declaración destaca el manejo transparente de los recursos destinados a la reconstrucción y transformación del país, con la activa participación de la sociedad civil.

En la actualidad, el comisionado nacional de los Derechos Humanos de la República de Honduras, a fin de fortalecer la gobernabilidad y el estado de derecho en ese país, a través del Programa de Auditoría Social (PAS), promueve grupos de ciudadanos, organizados en la sociedad civil, para que fiscalicen la gestión pública, gastos e inversiones del gobierno central y de su localidad.

Para el PAS hondureño, la formación y funcionamiento de estas instancias auditoras desde la sociedad civil están sustentadas en el derecho constitucional que tiene el ciudadano de petición, de información y, de pedir cuentas a los funcionarios, autoridades y contratistas del gobierno, cuando manejan fondos públicos, y la obligación que tienen éstos de satisfacer lo solicitado. En las fiscalizaciones realizadas el grupo auditor puede encontrar

1. Omisiones. Por haberse dejado de hacer algo necesario o conveniente.

2. Negligencias. Por dejadez, descuido, ineficiencias o abandono.

3. Abusos. Por deshonestidades o el uso indebido de lago o de alguien, que causa daños a otras personas, a la población en general o al entorno.

Los resultados permiten al ciudadano ejercer su derecho a denunciar las arbitrariedades cometidas ante los responsables inmediatos y demás autoridades. Si estas no corrigieren los errores, elevar la queja al comisionado nacional de los Derechos Humanos o a los entes contralores del Estado. Si fuere el caso que no se encontraran las faltas anteriores, el PAS promueve el reconocimiento público de quienes hayan cumplido su gestión.

En varios países de América Latina, la auditoría social se ejerce como un medio idóneo para reducir la corrupción, el crimen organizado, los abusos de autoridad, el mal servicio público, la democratización política y fortalecer la gobernabilidad.

B. Argentina

En Argentina desde 1989 existe lo que se denomina “control ciudadano”, una fundación que promueve la participación y la responsabilidad ciudadana. Invita a hacer uso de los derechos constitucionales y promueve el debate sobre las formas en que se puede organizar la participación ciudadana en la vida política, en la educación y en la justicia. Entre los objetivos específicos de control ciudadano se encuentran

• Comprometer al conjunto de la sociedad en el diseño y ejecución de sistemas de control de la corrupción en el sector público;

• Mejorar el sistema de representación a través de la participación de los ciudadanos en los canales ya existentes y creación de nuevas alternativas que mejoren la relación entre representantes y representados; y

• Contribuir a fortalecer las instituciones democráticas a través de la divulgación y activación de mecanismos de fiscalización ciudadana de los actos de gobierno, promoviendo el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.

C. Colombia

En Colombia existen veedurías, que son grupos de ciudadanos que organizados observan el otorgamiento de servicios públicos y las políticas sociales y de seguridad pública del gobierno. Además de los casos citados, existen experiencias más recientes en países como Guatemala, Bolivia y Chile.

Ventajas de la auditoría social

Entre las ventajas se destacan las siguientes:

• Incentiva la participación de la sociedad en la administración pública;

• Incentiva la transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobernantes;

• Educa y capacita a la población;

• Mejora la calidad de vida de la población en medida que los resultados de la auditoría social inciden en las políticas públicas del gobierno;

• Instaura mecanismos de control social sobre los gobiernos;

• Combate la corrupción, los abusos de autoridad, el servicio público deficiente; y

• Fortalece la gobernabilidad y la relación Estado-sociedad.

La propuesta que se presenta

La iniciativa que presento consta en términos generales de los siguientes elementos:

1. Establece las bases y disposiciones generales para la práctica de auditorías sociales en México.

2. Incentiva la participación de la sociedad en el control ciudadano de la administración pública.

3. Estimula la capacidad crítica de los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones para demandar una administración pública eficiente.

4. Establece principios rectores que guíen la elaboración de auditorías sociales: participación, rendición de cuentas y transparencia y revelación de resultados.

5. Obliga a las instituciones del Estado y a los funcionarios y servidores públicos a colaborar en el proceso de auditoría social para garantizar el cumplimiento de la ley.

6. Los órganos de control gubernamental serán los encargados de dar seguimiento a los resultados de la auditoría social hasta su atención o desahogo.

Por lo expuesto, presento a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 73, fracción XXIX-P, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley General para la Práctica de Auditorías Sociales

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-O. ...

XXIX-P. Para expedir las leyes generales que establezcan los procesos de plebiscito, referéndum, iniciativa legislativa ciudadana, revocación del mandato, presupuesto participativo, acciones ciudadanas de inconstitucionalidad, acciones para la protección de intereses colectivos y difusos, auditoría social y, demás medios e instrumentos de democracia participativa y deliberativa.

Artículo Segundo. Se expide la Ley General para la Práctica de Auditorías Sociales, cuyo contenido es el siguiente:

Ley General para la Práctica de Auditorías Sociales

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. Objeto de la ley. Establecer las bases y disposiciones generales para la práctica de auditorías sociales.

Artículo 2. Conceptos. Para efectos de la presente ley se entenderá lo siguiente:

Auditoría Social: Es un proceso de revisión, control, monitoreo, seguimiento, verificación y evaluación cuantitativa y cualitativa, que la sociedad civil realiza a la gestión del Estado y entidades no estatales que administran recursos del Estado. La sociedad civil realiza el proceso de auditoría social a través del derecho de petición en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sociedad civil organizada: Expresiones de la sociedad civil, tales como: ciudadanos organizados, comités de ciudadanos de vigilancia social, mesas de concertación, organizaciones cívicas, núcleos sociales comunitarios, coordinadoras de organizaciones, organizaciones no gubernamentales y, otras expresiones de sociedad civil.

Artículo 3. Finalidad. La auditoría social tiene como finalidad la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana y el control democrático de la gestión de la administración pública.

La presente ley promueve la participación de la sociedad civil organizada en la revisión, evaluación y control de la gestión pública.

Artículo 4. Objetivos. Son objetivos de la auditoría social los siguientes:

I. Estimular la capacidad crítica de los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones para demandar una administración pública eficiente.

II. Contribuir a garantizar la equidad, la eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia en la gestión del Estado.

III. Involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones, acompañamiento y evaluación para la solución de los problemas nacionales y su incidencia en la aplicación de políticas públicas.

Artículo 5. Sujetos de auditoría social.Son sujetos de auditoría social los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; instituciones autónomas; órganos de control del Estado; gobiernos de los estados, municipios, Gobierno del Distrito Federal, delegaciones políticas; organizaciones que reciban para su actividad recursos públicos; y, toda persona física o jurídica que ejerza funciones públicas y administre recursos del Estado.

Artículo 6. Obligaciones generales de los sujetos de la auditoría social. Los sujetos de auditoría social y los funcionarios y servidores públicos que administren recursos públicos están obligados a colaborar en el proceso de auditoría social para garantizar el cumplimiento de la ley, debiendo entregar con puntualidad y veracidad la información requerida por el grupo auditor conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En caso de imposibilidad de entrega de información, el grupo auditor le solicitará por escrito las causas de tal imposibilidad.

Capítulo IIPrincipios Rectores

Artículo 7. Los principios rectores de la auditoría social son los siguientes:

Participación. Abrir amplios espacios de participación ciudadana. La auditoría social es un medio para que la sociedad civil organizada participe y acceda a la rendición de cuentas del Estado.

Transparencia y revelación de resultados.El proceso de auditoría social será transparente y sus resultados objeto de difusión, a fin de que la población en general pueda tener conocimiento de ellos.

Rendición de cuentas.La sociedad civil solicitará la debida rendición de cuentas y el gobierno y los sujetos auditados deberán rendir información veraz y oportuna sobre su gestión pública.

Capítulo IIIDel Proceso de la Auditoría Social

Artículo 8. Instancias de auditoría social. Son instancias de auditoría social las siguientes:

I. Sociedad civil organizada. La auditoría social es una facultad exclusiva de la sociedad civil. Este derecho garantiza la inclusión de temas, sectores y áreas en que la sociedad tenga interés en auditar a cualquier institución o entidad del Estado, no gubernamental o privada que administre recursos públicos. Por tanto, pueden realizar auditoría social

a) Ciudadanos organizados;

b) Comités de ciudadanos de vigilancia social;

c) Mesas de concertación;

d) Núcleos sociales comunitarios e indígenas;

e) Coordinadoras de organizaciones; y

f) Cualquier otra expresión de la sociedad civil.

II. Grupo auditor.La sociedad civil organizada seleccionará e integrará a los grupos auditores que se encargarán de realizar la auditoría social.

Artículo 9. Objeto de la auditoría social. Son objeto de auditoría social los siguientes aspectos:

• Planes, programas, estrategias y políticas gubernamentales;

• Presupuesto de Egresos de la Federación;

• Presupuestos estatales y municipales;

• Actos y procedimientos legislativos;

• Actos y procedimientos judiciales;

• Documentos públicos que provienen de los funcionarios;

• Discursos e intervenciones públicas;

• Inversión pública;

• Compromisos explícitos o implícitos con la sociedad civil;

• Cumbres, convenciones, protocolos, convenios y tratados;

• Funciones y resultados de la gestión pública;

• Violaciones de los derechos humanos; y

• Cualquier otra que involucre el ejercicio de recursos públicos.

Artículo 10. Alcances de la auditoría social.El alcance tiene que ver con la vigilancia de la sociedad civil en la identificación de áreas de cumplimiento, búsqueda de la causas que produjeron anomalías o incumplimientos y la sugerencia de acciones correctivas. En este sentido, el alcance de la auditoría social será determinado por las organizaciones proponentes.

Artículo 11. Fases de la auditoría social. El proceso de auditoría social tiene las siguientes fases:

• Establecimiento de la estrategia de organización social;

• Identificación del referente por monitorear o revisar;

• Acciones de verificación;

• Evaluación en cantidad y calidad de la gestión del Estado respecto de las metas y actividades programadas o los compromisos contraídos;

• Elaboración de propuestas por parte de la sociedad civil organizada;

• Difusión de los resultados;

• Seguimiento del cumplimiento de las medidas correctivas; y

• Presentación de denuncias.

Artículo 12. De la información. Las instancias de auditoría social podrán solicitar a los sujetos de auditoría, información adicional y asistencia técnica cuando la complejidad de la materia analizada así lo requiera.

Artículo 13. Difusión de resultados de la auditoría social. El informe de resultados de la auditoría social debe presentarse en las siguientes instancias:

I. Organismos de control interno y externo al gobierno, entendidos éstos como la Secretaría de la Función Pública o el equivalente en las entidades federativas, municipios y delegaciones; los órganos internos de control; y, la Auditoría Superior de la Federación y, órganos externos de control de las entidades federativas, con el objeto de que den seguimiento a la atención y correcciones de los hallazgos y mantengan informado al grupo auditor de los avances y atención de los resultados de la auditoría social.

II. Medios de comunicación, preferentemente mediante convocatoria a conferencia de prensa, difusión en radio, televisión, medios electrónicos y prensa escrita o cualquier otra al alcance de la sociedad civil, con la finalidad de socializar y transparentar los resultados de la auditoría social.

III. Sujetos auditados, con objeto de atender las propuestas de la sociedad civil y corregir los errores o desviaciones que en su caso se presenten.

Artículo 14. Presentación de denuncias. En caso de que los grupos auditores presuman la existencia de irregularidades e ilícitos, los pondrán en conocimiento de las autoridades competentes.

Capítulo IVDe las Incompatibilidades

Artículo 15. De las incompatibilidades. No podrán fungir como auditores sociales los que desempeñen cargos electivos o ejerzan la función pública en los gobiernos federal, estatal o municipal.

Transitorio

Único. La presente modificación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Acuña Alfaro, Jairo; y González de Asis, María. “Gobernabilidad y auditorías sociales en América Latina: retos para la implementación y replicabilidad”, en Materiales del programa de capacitación a distanciaGobernabilidad, empoderamiento comunitario e inclusión social: auditoría social y mecanismos participativos de monitoreo y evaluación, organizado por el Instituto del Banco Mundial del 28 de octubre al 11 de diciembre de 2003.

2 Programa de Auditoría Social, USAID/Honduras, resumen ejecutivo, sin año, páginas electrónicas www.conade.hn y www.sigloxxi.org consultadas el 6 de abril, a las 10:45 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2010.— Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.



LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la historia nacional refiere desde 1527 la existencia de grupos naturales comandados en la época por soldados españoles dedicados al combate de lo que hoy conocemos como siniestros. Pero hasta el México independiente no se integró formalmente la Compañía de Bomberos, formada por la Guardia Civil Municipal, bajo la responsabilidad directa del ayuntamiento.

El 22 de agosto de 1873 se creó en el puerto de Veracruz el primer cuerpo de bomberos del país. Entre las destacadas aportaciones del presidente Benito Juárez a la construcción de las instituciones, tenemos en la materia el inicio de la profesionalización de las labores que hoy corresponden a los cuerpos de bomberos.

Durante el porfiriato se creó el primer cuerpo de bomberos en la Ciudad de México, recibiendo en 1951 por decreto presidencial el carácter de Heroico Cuerpo de Bomberos, preservando para los municipios esta función en el resto de la República.

Los cuerpos de bomberos en el país se organizan y actúan con los escasos recursos asignados para su función, optimizándolos al máximo para llevar a cabo la encomiable e indispensable función de proteger cientos de vidas en peligro, igual que un sinnúmero de activos y bienes en riesgo, a través de su trabajo heroico y comprometido con la ciudadanía, en el que arriesgan la vida para salvaguardar la de otros.

Actualmente los cuerpos de bomberos se financian, en su mayoría, a través de figuras como los patronatos y el apoyo de los diferentes representantes de los sectores público, privado y social, los cuales conllevan en la integración de su patrimonio. Sin embargo, resulta fundamental que tales órganos cuenten con una fuente de recursos constantes que contribuyan a garantizar el equipamiento necesario y la capacitación permanente requerida para el desempeño de las loables tareas que les competen.

El artículo 47 señala los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas de la Ley de Coordinación Fiscal. Establece que se destinará:

VII. Para los sistemas de protección civil en los estados y el Distrito Federal, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia.

Las reformas y adiciones propuestas en la presente iniciativa de la Ley de Coordinación Fiscal pretenden garantizar la modernización del equipo de los cuerpos de bomberos de todo el país, igual que su debida capacitación, para lo cual se propone reformar que los recursos que reciban las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en términos de este artículo deban destinarse exclusivamente a infraestructura en materia de protección civil para los cuerpos de bomberos, por lo menos en un 5 por ciento directo para modernización y equipamiento.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo único. Se reforma y adiciona el artículo 47, fracción VII de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 47. Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas se destinarán:

...

VII. Para los sistemas de protección civil y cuerpos de bomberos en los estados, municipios y el Distrito Federal, de las aportaciones federales destinadas a este rubro deberá destinarse por lo menos el 5 por ciento directo a los cuerpos de bomberos de los estados, de los municipios y Distrito Federal para modernización y equipamiento, independientemente de los recursos de naturaleza local aportados por las legislaturas locales en dicha materia. Las aportaciones federales destinadas a este rubro serán adicionales a los recursos de naturaleza local.

Agradezco su atención. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 47, fracción VII, de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La historia nacional refiere desde 1527 la existencia de grupos naturales comandados en la época por soldados españoles dedicados al combate de lo que hoy conocemos como “siniestros”, pero hasta el México independiente no se integró formalmente la Compañía de Bomberos, formada por la Guardia Civil Municipal, bajo la responsabilidad directa del ayuntamiento.

El 22 de agosto de 1873 se creó en el puerto de Veracruz el primer cuerpo de bomberos del país. Entre las destacadas aportaciones del presidente Benito Juárez a la construcción de las instituciones, tenemos en la materia el inicio de la profesionalización de las labores que hoy corresponden a los cuerpos de bomberos.

En el porfiriato se creó el primer cuerpo de bomberos en la Ciudad de México, que recibió en 1951 por decreto presidencial el carácter de Heroico Cuerpo de Bomberos, y se preservó para los municipios esta función en el resto de la república.

Los cuerpos de bomberos en el país se organizan y actúan con los escasos recursos asignados para su función, optimizándolos al máximo para llevar a cabo la encomiable e indispensable función de proteger cientos de vidas en peligro, igual que un sinnúmero de activos y bienes en riesgo, a través de su trabajo heroico y comprometido, en el que arriesgan la vida para salvaguardar la de otros.

Con el paso del tiempo, los cuerpos de bomberos han ido acumulando tareas de diversa índole, encaminadas a servir y a prestar apoyo a la sociedad. Así, en la actualidad les atañen tanto la prevención de accidentes e incendios como el control y la extinción de estos últimos; igualmente, tienen a su cargo la atención de incidentes con materiales peligrosos; el salvamento de personas y de animales en casos de urgencia, la asistencia y el rescate en accidentes de tránsito y el concepto técnico para la prevención en los proyectos de edificación.

Los bomberos en su actividad diaria se enfrentan a tareas cuya versatilidad abarca desde el retiro de árboles y enjambres hasta incendios, fugas de gas, explosiones, cortocircuitos, flamazos, rescate de cadáveres, apoyo en accidentes viales, inundaciones y derrames de sustancias tóxicas, entre otras, las cuales realizan con gran arrojo y valor, pero esto no quiere decir que se cuente con el equipo necesario ni la protección adecuada: las condiciones son precarias y adversas, pues se carece en la mayoría de los casos de tecnología adecuada para atender, con grandes limitaciones, siniestros.

Los uniformes que con orgullo portan son en la mayoría de los casos muy viejos, y los accesorios, equipos y materiales no cumplen los estándares de calidad necesarios para el de-sarrollo de las actividades de rescate que realizan. Se debe fortalecer el servicio que brinda el Heroico Cuerpo de Bomberos, con recursos financieros para la compra de equipos y materiales.

Los cuerpos de bomberos dependen administrativamente de los ayuntamientos y, en la mayoría de los casos, se encuentran adscritos a la unidad de protección civil de los municipios, de la cual reciben su presupuesto, asignado de manera discrecional, salvo en casos como el del Distrito Federal, en el que se constituye como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Actualmente, los cuerpos de bomberos se financian en su mayoría a través de figuras como los patronatos y el apoyo de los representantes de los sectores público, privado y social, que coadyuvan en la integración de su patrimonio. Sin embargo, resulta fundamental que tales órganos cuenten con una fuente de recursos constante que contribuya a garantizar el equipamiento necesario y la capacitación permanente requerida para el desempeño de las loables tareas que les competen.

De lo anterior deriva la importancia de regular respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal lo relativo a las aportaciones destinadas a protección civil, particularmente al rubro de equipamiento y profesionalización de los cuerpos de bomberos.

Las aportaciones federales, por ser recursos que se rigen por disposiciones federales y que ingresan en las haciendas de estados y de municipios para coadyuvar a su fortalecimiento, por su especial naturaleza no están comprendidas en el régimen de libre administración, pues en la Ley de Coordinación Fiscal se establecen su destino y aplicación, al constituirse como gastos predeterminados respecto de actividades específicas.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuye el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, respecto a los municipios, en proporción directa con el número de habitantes de cada entidad federativa con base en la información estadística emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las entidades federativas, a su vez, distribuyen los recursos del fondo a sus municipios en proporción directa con el número de habitantes.

Según el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal,los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas de la Ley de Coordinación Fiscal se destinarán

VII.Para los sistemas de protección civil en los estados y el Distrito Federal, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local probados por las legislaturas locales en dicha materia;

La iniciativa que propongo conlleva el objeto de ampliar los fines del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a una de las actividades sustantivas de protección civil, a fin de fortalecer los recursos financieros que integran el patrimonio de los cuerpos de bomberos.

La reforma que hoy someto a su consideración etiquetaría justificadamente el destino de los recursos aportados a los respectivos fondos, constriñéndolos a los ejes expresamente indicados en beneficio de la sociedad, al permitir un mejor desempeño y mayor capacitación de los cuerpos de bomberos, pues resulta contradictorio e inaceptable pedir mayor eficacia preventiva en materia de protección civil cuando tenemos cuerpos de bomberos que trabajan con gran valor y heroísmo, pero sin los recursos humanos, materiales y financieros necesarios y suficientes para atender las necesidades de la población.

Las reformas y adiciones propuestas en la presente iniciativa respecto a la Ley de Coordinación Fiscal pretenden garantizar la modernización del equipamiento de los cuerpos de bomberos del país, igual que su debida capacitación, para lo cual se propone reformar “que los recursos que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, en términos de este artículo, deban destinarse exclusivamente a infraestructura en materia de protección civil para los cuerpos de bomberos, por lo menos en un porcentaje de 5 por ciento directo para modernización y equipamiento”.

Dicho incremento permitirá a los municipios y al Distrito Federal destinar a las acciones de protección civil, particularmente al equipamiento y a la profesionalización de los cuerpos de bomberos, 5 por ciento por ciento, respectivamente, de los recursos que reciben a través del fondo mencionado, lo que implicará un incremento global de los recursos para municipios y el Distrito Federal.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se reforma y adiciona el artículo 47, fracción VII, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 47.Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán

I. a VI. ...

VII.Para los sistemas de protección civil y cuerpos de bomberos en los estados, municipios y el Distrito Federal, de las aportaciones federales destinadas a este rubro deberá destinarse por lo menos 5 por ciento directo a los cuerpos de bomberos de los estados, de los municipios y del Distrito Federal para modernización y equipamiento, independientemente de los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia ; las aportaciones federales destinadas a este rubro serán adicionales a los recursos de naturaleza local;

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2010.— Diputados: Alfredo Francisco Lugo Oñate, Susana Hurtado Vallejo, Rosario Ortiz Yeladaqui, Esteban Albarrán Mendoza, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Rafael Rodríguez Gonázlez, José Francisco Yunes Zorrilla, María Isabel Pérez Santos, Cuauhtémoc Salgado Romero, Delia Guerrero Coronado, Miguel Álvarez Santamaría, Reginaldo Rivera de la Torre, Jesús María Rodríguez Hernández, David Hernández Vallin, Adriana Refugio Castelán Macías,  Daniela Nadal Riquelme Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, José Manuel Agüero Tovar, Luis Félix Rodríguez Sosa, Jaime Sánchez Vélez, José Trinidad Padilla López, Tereso Medina Ramírez, Jeny de los Reyes Aguilar, Guillermo Ruiz de Teresa, Sabino Bautista Concepción, Gerardo Sánchez García, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Manuel Humberto Cota Jiménez, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Ángel Aguirre Herrera, José Antonio Aysa Bernat, Julieta Octavia Marín Torres, Blanca Estela Jiménez Hernández, Janet Graciela González Tostado, María Isabel Merlo Talavera, Francisco Ramos Montaño, Olivia Guillén Padilla (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD - LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 6o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

La diputada Kenia López Rabadán: Con su venia, diputado presidente.

Antes de iniciar la presentación de la iniciativa que hoy ponemos a consideración del pleno quisiera, a nombre de la Comisión de Cultura de esta Cámara de Diputados, agradecer el turno a la Junta de Coordinadores para la realización de una sesión solemne para conmemorar los primeros 100 años de la Universidad Nacional Autónoma de México, y así la Cámara de Diputados pueda ingresar a las conmemoraciones de ésta nuestra máxima casa de estudios. Gracias por el turno, diputado presidente.

Hoy ponemos a consideración los suscritos diputados Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Laura Margarita Suárez González, María de Lourdes Reynoso Femat, y la de la voz, una iniciativa a propósito de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

La posición histórica de esta generación de legisladores es privilegiada. México está en el umbral de celebrar su bicentenario de libertad y su centenario de reflexión, y dentro de estas festividades la cultura como constituyente de identidad juega un papel importante.

A casi un año de la reforma constitucional, hoy subo a esta tribuna con la finalidad de presentar una miscelánea cultural donde se modifican, reforman y adicionan diversos ordenamientos tales como la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la Ley del Instituto Mexicano de las Mujeres, la Ley que Crea el Instituto Nacional para las Bellas Artes y Literatura, la Ley de la Personas Adultas Mayores, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley para Personas con Discapacidad, donde se pondera de manera transversal el acceso de la cultura a todos los mexicanos.

Es así que enfrentamos grandes retos para las jóvenes y los jóvenes en México, para las mujeres y para los hombres de nuestro país, en términos de lograr ingresar un espacio de cultura para el desarrollo de nuestras vidas.

El acceso a la cultura y la equidad de género son temas de los que debemos hablar con cada uno de quienes innegablemente serán referentes de uno o de otros en el desarrollo de la identidad de las mujeres y por supuesto, de la identidad de los hombres.

En el espacio de las mujeres se enfrentan sus propios retos. Por ejemplo, el año pasado, de cada 100 mujeres, 8 no saben leer ni escribir, mientras que en los varones la proporción es de 5 a cada 100 hombres.

En la participación de las mujeres, como generadoras de políticas públicas en materia de cultura para obtener un puesto de elección popular, se observa que el acceso a ellas en el año 2009, como presidentas municipales, se ha mantenido en un nivel que oscila entre el 3.5 y el 5 por ciento.

Un estudio del Instituto Nacional de las Mujeres refleja datos interesantes sobre la acción y comportamiento de las mujeres hacia la cultura y hacia las artes. Existen licenciaturas vinculadas al arte y a la cultura con un predominio de mujeres matriculadas en la danza, escenografía, letras, arte dramático, educación y docencia, artes e historia.

Del total de una población en áreas vinculadas al arte y a la cultura a nivel licenciatura, el 52.6 por ciento son mujeres matriculadas, y el 56.8 de las mujeres egresadas y así, el 58.4 son mujeres tituladas.

Al desagregar la información por centro de enseñanza, donde al menos se imparte una carrera de arte, son mujeres matriculadas en un 53.2 por ciento y las mujeres egresadas, de un 60.7 por ciento, así como de 65 por ciento de ellas son tituladas.

Evidentemente, podemos reconocer que hay centros de cultura establecidos, en donde por ejemplo, podemos ubicar el Centro de Cultura Casa Lamm, la Universidad  Iberoamericana, la Universidad de la Ciudad de México, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, la Escuela de Arte Teatral y por supuesto, un sinnúmero de escuelas en donde el espacio para desarrollarse de las mujeres es el mejor y el más idóneo para encontrar la sensibilidad y la propensión a poder contar con los insumos necesarios para hacer su trabajo más eficiente.

Por ello, hoy ponemos a consideración esta miscelánea de reformas, para que en su caso se fortalezca el espacio de las mujeres en las artes, el espacio de los jóvenes en las artes, el espacio de los adultos mayores y de las personas con vulnerabilidad.

Por obviedad de tiempo, presidente, solamente quisiera decir que hoy se presentan dos... una iniciativa de reformas que contempla dos leyes y que se han turnado ya. Dos iniciativas más que contemplan cinco leyes para que en su caso, el derecho a la cultura consagrado en la Constitución y como reforma trascendente pueda tener viabilidad en los instrumentos jurídicos que permiten a la ciudadanía accesar a la cultura.

Muchas gracias, señor presidente, por el turno de estas siete leyes versadas en tres iniciativas. Es cuanto. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 6o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Kenia López Rabadán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracciones V a VII, y 4, fracciones XI a XIII, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; y 6, fracciones III a V, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El país es un lugar privilegiado por su acervo cultural, arqueológico e histórico, el cual se nutre de las raíces de distintas culturas y visiones que definen nuestra mexicanidad. Basta saber que

• Hasta 2007, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura había clasificado con distintas categorías 27 ciudades, monumentos y conjuntos arquitectónicos, arqueológicos y artísticos en la lista de patrimonio de la humanidad.

• Hay por lo menos 173 zonas arqueológicas abiertas al público en el país, según el Sistema Nacional de Información Cultural, adscrito al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

• Tan sólo Teotihuacán, la zona arqueológica más visitada en el país, en 2006 acogió a 1 millón 395 mil visitantes. En tanto, el Museo Nacional de Antropología fue visitado por más de 9 millones de personas entre 2001 y 2006; y el museo del Palacio de Bellas Artes contó con la asistencia de más de 3.7 millones entre 2000 y 2007.

• A diferencia de lo que pudiera pensarse y sin detallar la calidad de sus acervos, México contaba en 2007 con 7 mil 211 bibliotecas, distribuidas en todo el país, de las cuales Tabasco, Zacatecas, Oaxaca, Tlaxcala e Hidalgo tenían el promedio más alto de bibliotecas por número de habitantes.

Sin embargo, no es claro cuántos de los bienes y servicios culturales que el país ofrece pueden llegar a grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres, jóvenes, adultos mayores o indígenas. Tampoco hay plena certeza de si las capacidades de los grupos en situación de vulnerabilidad para producir y crear bienes y servicios culturales están totalmente cubiertas.

La presente iniciativa busca incidir en dos de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad que requieren acciones afirmativas para el tema específico de la cultura: jóvenes y mujeres.

En el caso particular de los jóvenes, la Encuesta Nacional de Juventud de 2005 muestra indicadores que hacen patente la falta de oportunidades y el escaso empoderamiento para la autonomía de sus decisiones. Por ejemplo:

• 29 por ciento de los jóvenes de entre 20 y 24 años no estudia ni trabaja. En el grupo de edad 25-29 años, la proporción se eleva a 34.1.

• Entre los 25 y 29 años, sólo 24.7 por ciento de los hombres ha concluido la universidad, mientras en ese grupo de edad las mujeres apenas si alcanzan 10.7 por ciento. Ello evidencia las escasas oportunidades para los jóvenes, pero cuando son mujeres la situación empeora.

• La encuesta demuestra la escasa satisfacción con el nivel de estudios, la cual se torna más crítica conforme avanza la edad. Tan es así que mientras 57.2 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 14 años de edad se siente muy satisfecho, la proporción baja a 50.9 si tienen entre 15 y 19 años, a 39.5 si están entre 20 y 24 y a 32.2 cuando tienen entre 25 y 29.

• En torno del respeto de sus derechos, si bien el derecho a disfrutar de la cultura es uno de los indicadores con mejor expectativa, 20.4 por ciento de los hombres considera que sí se respetan en parte, mientras que 20 por ciento dijo que no había respeto alguno. En las mujeres, la proporción es de 23 y 18.5, respectivamente.

• Desafortunadamente, la encuesta no incluye indicador sobre el acceso a la cultura en específico.

Para las mujeres, como grupo cuyos derechos son vulnerados ante esquemas de desigualdad y discriminación, la situación no es diferente. Un ensayo cuyo contexto responde a la vida cultural española pero con destacado paralelismo para nuestra sociedad, traduce tres prejuicios para la producción y oferta cultural hacia las mujeres:

• La primera es que atribuye a lo masculino per se un alcance universal, mientras que lo femenino es visto como de / sobre / para mujeres.

• La segunda es la asociación de lo femenino con lo defectuoso.

• La tercera, la asignación a las mujeres de un único terreno: el del amor, la sexualidad, la maternidad.

Un estudio del Instituto Nacional de las Mujeres refleja datos interesantes sobre la acción y el comportamiento de las mujeres hacia la cultura y las artes:

• Hay licenciaturas vinculadas al arte y a la cultura con un predominio de mujeres matriculadas: danza (71.8 por ciento), escenografía (67.1), letras (66.1), arte dramático (62), educación y docencia (57.5), artes (56.4) e historia (53.4). De la población escolar en áreas vinculadas al arte y la cultura, a nivel licenciatura 52.6 por ciento corresponde a matriculadas, 56.8 a egresadas y 58.4 a tituladas.

• Al desagregar la información por centros de enseñanza donde al menos se imparte una carrera de arte, 53.2 por ciento corresponde a matriculadas, 60.7 a egresadas y 65 a tituladas. Destacan el Centro de Cultura Casa Lamm (93.4), la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México (82.8), la Universidad del Claustro de Sor Juana, AC (75), la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (74.5), la Escuela de Arte Teatral (61.9) y la Universidad de la Ciudad de México, plantel Centro Histórico (59.3 por ciento).

• Mención aparte merece la Universidad Nacional Autónoma de México: de 7 mil 756 alumnos matriculados en 2003, 56 por ciento corresponde a mujeres, cuya hegemonía se extiende por la Facultad de Filosofía y Letras (56 por ciento) y la Escuela Nacional de Artes Plásticas (58.4).

• La dedicación de las mujeres también las hace sobresalir en los niveles de especialización, maestría y doctorado. Si consideramos la estadística de titulados en maestrías relacionadas, las mujeres tienen un lugar destacadísimo: para artes (54.2), historia del arte (71.4) y letras (72.1) son dominantes.

• Sin embargo, conforme a los estímulos otorgados por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes entre 1989 y 2005, de 8 mil 681 que fueron el total, 5 mil 396 se destinaron a hombres (62.2 por ciento) y sólo 3 mil 285 a mujeres (37.8). Por si fuera poco, del personal académico adscrito a las escuelas de educación artística del Centro Nacional de las Artes, 62 por ciento corresponde a hombres; y el resto, a mujeres.

• La Encuesta Nacional de Empleo 2003, cuando analiza la población de 12 años y más ocupada en actividades relacionadas con el arte y los espectáculos, especifica que 76.1 por ciento corresponde a hombres y sólo 23.9 a mujeres.

En tal virtud, aunque la calidad de la información presentada es mejor en las mujeres, hay evidencia suficiente para justificar una iniciativa con los alcances de la presente, donde por lo demás los marcos normativos vigentes no incluyen un tratamiento preciso.

Para cubrir tales fines, la presente iniciativa incorpora los siguientes elementos, que agrupados por marcos normativos modificados pueden exhibirse como sigue:

1. Ley del Instituto Mexicano de la Juventud:

a) Se destaca como un objeto del instituto diseñar y coordinar políticas para los jóvenes que promuevan el acceso a las manifestaciones culturales, al desarrollo de sus habilidades artísticas y a la gestión cultural.

b) Se atribuyen al instituto el diseño, la instauración y la coordinación de políticas públicas centradas en el acceso de manifestaciones culturales y el desarrollo de habilidades artísticas entre los jóvenes.

2. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres:

a) Se consolidan como objetivo de este instituto el diseño, la instauración y la coordinación de políticas públicas que permitan el acceso y disfrute de bienes y servicios culturales para las mujeres. Para las actividades organizadas por el instituto deberán privilegiarse exposiciones, representaciones y conciertos donde intervengan mujeres.

En virtud de lo expuesto y fundado, propongo ante el pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de las Leyes de los Institutos Mexicano de la Juventud, y Nacional de las Mujeres

Artículo Único.Se reforman los artículos 3, fracciones V a VII, y 4, fracciones XI a XIII, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; y 6, fracciones III a V, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

1. Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Artículo 3. El instituto tendrá por objeto

I. a IV. ...

V. Promover coordinadamente con las dependencias y las entidades de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos ;

VI. Fungir como representantes del gobierno federal en materia de juventud, ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación ; y

VII. Diseñar y coordinar políticas, planes y programas para los jóvenes que promuevan el acceso a las manifestaciones culturales, al desarrollo de sus habilidades artísticas y a la gestión cultural.

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a X. ...

XI. Proponer a la Secretaría de Educación Pública la operación de programas especiales de becas para fortalecer la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior de los estudiantes indígenas ;

XII. Diseñar, instaurar y coordinar políticas públicas centradas en el acceso de manifestaciones culturales y en el desarrollo de habilidades artísticas entre los jóvenes; y

XIII. Las demás que le confieran la presente ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

2. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 6. El instituto tendrá como objetivos específicos los siguientes:

I. y II. ...

III. La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia.

La representación del gobierno federal en materia de equidad de género y de las mujeres ante los gobiernos estatales y los municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales;

IV. La promoción y el monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales celebrados en términos de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La ejecución de programas de difusión e información para las mujeres de carácter gratuito y de alcance nacional, que informen acerca de los derechos de las mujeres y procedimientos de impartición de justicia, y proporcionen orientación sobre el conjunto de políticas públicas y programas de organismos no gubernamentales y privados para la equidad de género; y

V. El diseño, la instauración y la coordinación de políticas públicas que permitan el acceso y disfrute de bienes y servicios culturales para las mujeres.

En las actividades culturales y artísticas organizadas o coordinadas por el instituto, se procurará privilegiar las expresiones artísticas donde intervengan mujeres.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Estadísticas básicas de la cultura en México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, septiembre de 2008.

2 Según la Comisión Norteamericana de Derechos Civiles, una acción afirmativa puede considerarse como “cualquier medida, más allá de la simple terminación de una práctica discriminatoria, adoptada para corregir o compensar discriminaciones presentes o pasadas o para impedir que la discriminación se reproduzca en el futuro”. Citado por Santiago Juárez, Mario. Igualdad y acciones afirmativas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie Doctrina Jurídica, número 399, México, 2007, página 197.

3 Freixas, Laura. “Mujeres y cultura: una breve arqueología de la misoginia reinante”, en Letras Libres, México, 9 de junio de 2006. Disponible en http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/Mujeres-y-cultura-una-breve

4 Instituto Nacional de las Mujeres. Boletín estadístico: las mujeres en la cultura y las artes, México, 2006. Disponible en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100720.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.— Diputados: Kenia López Rabadán, Laura Margarita Suárez González, Baltazar Martínez Montemayor, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, María Yolanda Valencia Vales, Adriana Fuentes Cortés, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Ignacio Téllez González, José Adán Ignacio Rubí Salazar, Germán Osvaldo Cortez Sandoval, Juan Huerta Montero, Rosa Adriana Díaz Lizama, María Sandra Ugalde Basaldúa, José Ignacio Seara Sierra, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Alberto Esquer Gutiérrez, María Marcela Torres Peimbert, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Equidad y Género.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Baltazar Martínez, dígame.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor(desde la curul): Diputado presidente, para preguntarle o que me haga favor de preguntarle a la diputada Kenia López si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo, diputada, en que se adhieran a su propuesta?

La diputada Kenia López Rabadán(desde la curul): Estoy de acuerdo, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Manifiesta su aceptación. Pase por favor a la Secretaría.



LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS - CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, del Código Penal Federal, y del Código Federal de Procedimientos Penales.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Lizbeth García Coronado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 257, 258 y 259 del Código Penal Federal; los artículos 12 y 13 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para establecer que el juego ilegal sea tipificado como delito grave, en atención a la siguiente

Exposición de Motivos

El auge que han tenido y siguen teniendo los juegos con apuesta y sorteos en México, por un lado se han convertido en un fenómeno realmente increíble desde el siglo pasado; pero por  otro lado deja en un retraso legal a la aplicación de la Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente en nuestro país, desde su creación en 1947.

Ha estado presente en el debate legislativo, económico y social. Las posturas entre los distintos sectores sociales y políticos se han concentrado alrededor del tema, argumentando que es necesario regular el fenómeno social para que no se multiplique el vicio y prácticas perniciosas.

La apuesta es una forma de juego basado en el azar, del que los sujetos que lo practican esperan obtener algún tipo de beneficio. El término “juego” en este contexto, se refiere a las actividades específicamente permitidas por la ley. Apuesta, por tanto, se refiere al monto apreciado en moneda nacional que se arriesga en un juego contemplado por la Ley, del que se espera  un premio dentro de las posibilidades existentes en la eventualidad del propio juego.

El juego ha evolucionado al mismo paso en que la tecnología avanza, se ha hecho popular tanto en las entidades federativas, como en los municipios de México, asimismo se ha permitido en cierta medida que a través de esta industria se generen empleos y se estimule la captación de inversiones; nacional y extranjera, considerando también las divisas.

En contraste, la legislación federal tocante al tema de juegos y sorteos, no ha tenido ningún progreso. Lo obsoleto de las disposiciones legales respecto al tema de juegos y sorteos, permite que se ocasionen lagunas legislativas sobre todo en la interpretación jurídica que se le da a la Ley y su Reglamento, incurriendo en omisiones, faltas y errores de fondo.

El mercado de los juegos y sorteos, está dominado por muy pocas empresas con permisos de juego; pero con una rudimentaria regulación y una potestad desfavorable por parte de las autoridades, lo que suscita la existencia de operaciones irregulares e, incluso, el juego ilegal.

En México existen un sinnúmero de casas de juegos y sorteos que no dejan ningún beneficio al gobierno federal, a los estados o a los municipios, igualmente escurridizos a la justicia federal, ya que los únicos que salen ganando de ello son los particulares. Se sabe también que muchos de los recursos económicos con los cuales trabajan las casas de juego clandestinas son de procedencia ilícita para dar efectividad al lavado de dinero.

Por más de 50 años, ha existido la clandestinidad que opera en el juego de azar y apuesta ilegales, que impiden el aprovechamiento de los posibles beneficios que una industria de esta naturaleza puede otorgar, como son empleos mejor pagados que la media nacional y desarrollo regional municipal, actualmente nuestra legislación no prevé como delito grave el juego ilícito; por ende no se  puede ejecutar un instrumento eficaz para la industria del juego, como la que se da a nivel mundial, en pocas palabras, debe ser sumamente profesional y dar un alto grado de confianza a los usuarios.

Es así, como uno de los problemas que aquejan a la sociedad, es el relativo a  la corrupción, las operaciones de la delincuencia organizada y la impunidad; es por ello que se pretende que todos los permisos se regulen y los permisionarios se sujeten en todo momento tanto a las disposiciones vertidas en la Ley Federal  de Juegos y Sorteos como en el del Código Penal Federal, así como a las disposiciones que en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita se contemplen en este ultimo ordenamiento legal.

Ante esas severidades, resulta inminente la regulación integral del juego en México, bajo un marco jurídico actual, transparente y con reglas claras que den certidumbre jurídica a los jugadores y apostadores impidiendo la corrupción e impunidad en este sector. Sabemos que actualmente existe en alguna medida la emisión de permisos por parte de la Secretaría de Gobernación y no es suficiente para lograr que lo legal combata la trasgresión de la ley y su Reglamento.

Por lo anterior y ante las irregularidades de los permisionarios y la impunidad de las casas de  juegos con apuesta y sorteos clandestinos, es que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, pretende con esta iniciativa evolucionar las disposiciones legales que regulan el sector de juegos y sorteos, además de que se puedan pedir penas contra quienes organicen, promocionen, ofrezcan o comercien con apuestas o sorteos fuera del margen jurídico.

Castigando eficazmente también a quienes faciliten máquinas o elementos para el juego clandestino, ordenándose el secuestro de todo el material utilizado al margen de la Ley, incluyendo el dinero apostado.  Es ineludible, hacer uso de la mano dura a la impunidad de los establecimientos y juegos ilegales.

Pero no solamente se trata de combatir al juego ilegal, sino también de prevenir la ludopatía (del latín “ludus” y del griego “patheia”, afección o padecimiento), que es una afección irreprimible de jugar a pesar de ser consciente de sus consecuencias y del deseo de detenerse.

Como ventajas colaterales, un régimen legalizado desplazaría probablemente las extensas operaciones ilegales. Quizás es comprensible que tal opción sea considerada raramente. Los juegos de azar son un tema que genera pasiones en muchos. Pero el argumento para la legalización y la regulación deberían de tener mucho atractivo tanto para los opositores como para los partidarios de las apuestas.

Se necesita una legislación que se ocupe de la imposición de candados a las operaciones con cualquier tipo de recursos, cuya procedencia sea sospechosa y  una pena ejemplar en el ilícito. Hoy más que nunca, hay que echar mano dura en el asunto, pues nuestro país vive una creciente ola de violencia y actividades de la delincuencia organizada, cuyas ganancias son multimillonarias y están buscando la forma de entrar al sistema financiero para volverlas “legitimas”.

En cuanto no exista un ordenamiento jurídico que regule con eficiencia y eficacia los juegos de azar y de sorteos físicos y virtuales (Internet), se considera pertinente tomar medidas jurídicas para frenar las conductas ilícitas que esto deriva.

El Código Penal Federal, en el Titulo Vigésimo Tercero “Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, en su artículo 400 Bis prevé las operaciones con recursos de procedencia ilícita, y es precisamente en este artículo y en relación con el artículo 29 fracción IV del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos en el que se señala que una de las obligaciones para los permisionarios es la de denunciar cualquier conducta o práctica de los usuarios que pueda relacionarse con la delincuencia organizada; sin dejar a lado la posibilidad de que los permisionarios también sean responsables en el ilícito. Por lo que se considera pertinente establecer que todas las actividades derivadas del juego ilegal o del establecimiento de casas de juego con recursos de dudosa procedencia, sean tipificadas como delito grave y por lo tanto sancionadas como tal. Elevando la penalidad y días de multa en virtud de que estas tienen que ser acordes a la realidad económica del país.

Se propone estatuir el artículo 257 del Código Penal Federal en el cual se considerarán como juegos prohibidos, todos aquellos que no estén contemplados en el artículo 2 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en donde se permiten por ley, el juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar; el de pelota en todas sus formas y denominaciones; las carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes.

Se propone restablecer los artículos 258 y 259 del Código Penal Federal para disponer la penalidad y multa a la que se harán acreedores todas aquellas personas que  incurran en delito. Por una parte se propone para el artículo 258 que la prisión vaya de cinco a quince años y de mil a siete mil días de multay destitución de empleo en su caso a los empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías o sorteos que no cuenten con autorización legal; a los dueños, organizadores, gerentes o administradores de casa o local, abierto o cerrado, en que se efectúen juegos prohibidos o con apuestas, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, así como a los que participen en la empresa en cualquier forma; o de cualquier modo intervengan en la venta o circulación de billetes o participaciones de lotería o juegos con apuestas que se efectúen en el extranjero, a todas aquellas personalidades públicas que autoricen juegos prohibidos, los protejan, o asistan a locales en donde se celebren, excluyendo a los que lo hagan en cumplimiento de sus obligaciones.

Por otra parte, en el artículo 259, se busca la aplicación de pena corporal de cinco a quince años y de cincuenta  a setecientos días de multa: a los que alquilen a sabiendas un local para juegos prohibidos, o con apuestas, o para efectuar sorteos sin permiso de la Secretaría de Gobernación; a los jugadores y espectadores que asistan a un local en donde se juegue en forma ilícita.

En el mismo sentido se propone adicionar en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales el inciso 37 y la fracción XVIII, en el que se establezcan y relacionen con el Código Penal Federal los casos en los cuales se actualicen los ilícitos. Respecto a las penalidades dispuestas en los artículos 12 y 13 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se equiparan a lo propuesto para los artículos 258 y 259 respectivamente del Código Penal Federal, para que sean calificados como delito grave.

Finalmente se propone reformar en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, los artículos 12 y 13, además, adicionar la fracción V modificando la fracción I y recorriéndose la subsiguiente, a efecto de que en un sentido se  eleve la pena y multa a que son acreedores los que trasgredían los numerales mencionados; y por otro sentido, que los que practiquen juegos que no estén contemplados en el artículo 2 de la misma Ley, no queden impunes ante las actividades prohibidas por la Ley.

Por los motivos expuestos, ante ustedes, me permito poner a su consideración la siguiente iniciativa de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para establecer que el juego ilegal sea tipificado como delito grave

Para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el Capitulo III de los artículos 257, 258 y 259 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Capítulo IIIJuegos prohibidos

Artículo 257. Se consideran Juegos prohibidos todos aquellos que no se contemplan en el artículo 2o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Artículo 258. Se impondrá prisión de cinco a quince años y de mil hasta siete mil días de multa y destitución de empleo en su caso:

I. Los que practiquen juegos que no estén contemplados en el artículo 2° de esta Ley.

II. A los empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías o sorteos que no cuenten con autorización legal. No quedan incluidos en esta disposición los que hagan rifas sólo entre amigos y parientes;

III. A los dueños, organizadores, gerentes o administradores de casa o local, abierto o cerrado, en que se efectúen juegos prohibidos o con apuestas, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, así como a los que participen en la empresa en cualquier forma;

IV. A los que, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, de cualquier modo intervengan en la venta o circulación de billetes o participaciones de lotería o juegos con apuestas que se efectúen en el extranjero.

V. A los funcionarios o empleados públicos que autoricen juegos prohibidos, los protejan, o asistan a locales en donde se celebren, siempre que en este último caso no lo hagan en cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 259. Se impondrá pena de uno a seis añosprisión y de cincuenta hasta setecientos días de multa:

I. A los que alquilen a sabiendas un local para juegos prohibidos, o con apuestas, o para efectuar sorteos sin permiso de la Secretaría de Gobernación;

II. A los jugadores y espectadores que asistan a un local en donde se juegue en forma ilícita.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 194 y se adicionan el inciso 37) y la fracción XVIII correspondiente al delito de juegos prohibidos del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) a 36) ...

37) Juegos prohibidos, previsto en los artículos 257, 258, 259.

II. a XVII. ...

XVIII. De la Ley Federal de Juegos y Sorteos, los previstos en el artículo 12 y 13.

...

Artículo Tercero. Iniciativa de decreto por el que reforma los artículos 12 y 13 y se adiciona la fracción V de la Ley Federal  de Juegos y Sorteos, para quedar como sigue:

Artículo 12. Se impondrá prisión de cinco a quince años y de mil a siete mil días de multay destitución de empleo en su caso:

I. Los que practiquen juegos que no estén contemplados en el artículo 2o. de esta ley.

II. A los empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías o sorteos que no cuenten con autorización legal. No quedan incluidos en esta disposición los que hagan rifas sólo entre amigos y parientes;

III. A los dueños, organizadores, gerentes o administradores de casa o local, abierto o cerrado, en que se efectúen juegos prohibidos o con apuestas, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, así como a los que participen en la empresa en cualquier forma;

IV. A los que, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, de cualquier modo intervengan en la venta o circulación de billetes o participaciones de lotería o juegos con apuestas que se efectúen en el extranjero.

V. A los funcionarios o empleados públicos que autoricen juegos prohibidos, los protejan, o asistan a locales en donde se celebren, siempre que en este último caso no lo hagan en cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 13. Se aplicará prisión de uno a seis años y de cincuenta a setecientos días de multa:

I. A los que alquilen un local en un espacio abierto o cerrado a sabiendas de que se destinará para juegos prohibidos, o con apuestas, o para efectuar sorteos sin permiso de la Secretaría de Gobernación;

II. A los jugadores y espectadores que asistan a un local en donde se juegue en forma ilícita.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas las demás disposiciones que contravengan lo dispuesto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputada Lizbeth García Coronado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia.



CODIGO DE JUSTICIA MILITAR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 57 y 58 del Código de Justicia Militar.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:Con su venia, ciudadano presidente. Señoras diputadas y señores diputados, en atención a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco, que ordena al Estado mexicano reformar la legislación para que los militares acusados de violaciones a los derechos humanos de civiles ante los tribunales penales ordinarios, he presentado una iniciativa de reforma que deroga dos artículos del Código de Justicia Militar que consideran los delitos comunes cometidos por miembros del Ejército como delitos contra la disciplina militar.

En el simposio Fuerzas armadas, justicia y respeto a los derechos humanos que el Grupo Parlamentario del PT llevó a cabo aquí el pasado 3 de marzo, expertos de la academia y la sociedad civil plantearon mayoritariamente acabar con el fuero militar para los casos en que los afectados por las operaciones de ellos sean civiles.

De esta manera debe orientarse la actual discusión sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hacia el respeto irrestricto de los derechos humanos y el cumplimiento de los estándares internacionales por parte del Estado mexicano.

Cabe agregar que la sentencia de la Corte es de cumplimiento obligatorio, hasta un año a partir de la fecha de su emisión, el 23 de noviembre de 2009. Hasta la fecha el Estado mexicano no ha emitido ninguna señal sobre un proyecto de reforma, por lo que el Congreso debe asumir su papel en esta urgente tarea, hoy que la violencia desbordada ha tenido por resultado el crecimiento de la impunidad por varios elementos del Ejército y la Armada, responsables de violaciones a los derechos humanos.

Es pertinente, a raíz de lo que votó ayer el Senado, que sea el Código de Justicia Militar el ordenamiento que regule la jurisdicción castrense, ya que sólo retirando la actual definición de los delitos comunes en contra de civiles como delitos contra la disciplina militar, es posible limitar la indebida extensión de la jurisdicción militar.

La reforma del Código de Justicia Militar no es una concesión graciosa ni una moneda de cambio, como admitieron los senadores ayer. Las obligaciones del Estado mexicano ante instancias internacionales no están sujetas a negociación ni pueden pretender su cumplimiento por vías jurídicamente inaceptables y políticamente tramposas, como las que aprobó la mayoría del Senado ayer.

La actualización de impunidad y el descontento social, así como la responsabilidad del Estado mexicano nos obliga a que la reforma del fuero de guerra sea el punto de partida y no una consideración secundaria en los debates de este Congreso.

Por eso, la diputación del PT se opone y se va a oponer firmemente a legislar al vapor sobre las iniciativas como lo que aprobó ayer el Senado de la mal llamada Ley de Seguridad Nacional, que sólo son del interés de una camarilla en el poder de dudosa legitimidad y que degradan el papel del Legislativo, habiendo tantas propuestas que legislar en materia de derechos humanos, seguridad pública, defensa, entre otros.

Es por esto que en el PT nos opondremos tajantemente a que se nos quiera convertir, a la Cámara de Diputados, en una simple oficialía de partes, si se pretende desahogar en 24 horas la mal llamada Ley de Seguridad Nacional.

Por ello, presidente, le solicito que se inserte íntegra en el Diario de los Debates esta iniciativa que pongo a consideración de los diputados y las diputadas para derogar el artículo 57 y 58, del Código de Justicia Militar. Y le solicito que por asepsia procedimental sea turnada la misma a la Comisión de la Defensa Nacional. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 57 y 58 del Código de Justicia Militar, a cargo del diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT

Juan Enrique Ibarra Pedroza, Pedro Vázquez González, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Laura Itzel Castillo Juárez, Mario Alberto di Costanzo Armenta, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Óscar González Yáñez, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo De La Vega, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Herón Agustín Escobar García, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, diputados federales a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto decreto que deroga la fracción II y los dos últimos párrafos del artículo 57, así como el artículo 58, ambos del Código de Justicia Militar.

Exposición de Motivos

El objetivo de esta iniciativa es promover una reforma legislativa que coadyuve en el cabal cumplimiento con la sentencia del 23 de noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos en el punto resolutivo número 10, donde dispone que “El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos...”, para retirar el carácter de delito contra la disciplina militar a los delitos del orden común o federal en que las víctimas sean civiles, y por lo tanto encauzar a los presuntos responsables a la jurisdicción penal ordinaria.

Nos guía la convicción de que el fuero militar es vital para mantener la disciplina de las Fuerzas Armadas de acuerdo a sus reglas particulares; sin embargo, dicho fuero debe ser acotado, de tal forma que excluya los casos en que las víctimas sean civiles, en debieran ser conocidos únicamente por la jurisdicción penal ordinaria.

Este proyecto aporta una solución precisa a la grave situación de los derechos humanos en nuestro país a partir de la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y procuración de justicia. Esto ha provocado que la Secretaría de la Defensa Nacional encabece el número de quejas ciudadanas por violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cifra que ha incrementado más de 500 por ciento en los últimos cinco años.

De no aprobar las reformas que ordena la Corte Interamericana para limitar la extensión indebida de la jurisdicción militar para procesar los delitos de los elementos de las Fuerzas Armadas contra la población civil, se podría prolongar una situación de ingobernabilidad, en la que siga creciendo la percepción de que los abusos por parte de elementos militares no serán investigados y sus perpetradores no serán procesados ni castigados.

Esta iniciativa debería ser apenas una muestra incipiente de un amplio debate sobre la legislación de defensa, seguridad pública, seguridad nacional y derechos humanos. Estamos conscientes de la urgencia de discutir más adelante, bajo un esquema de integralidad, una serie de reformas entre las que destaca el artículo 215-A del Código Penal Federal de acuerdo a los estándares internacionales sobre Desaparición Forzada de Personas, como mandata la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia referida.

En la actualidad, resulta impostergable avanzar hacia un mayor involucramiento del Poder Legislativo en la actualización de un sector sumamente rezagado en la transición democrática, ya que ha permanecido sin cambio alguno la posibilidad del uso por parte del Ejecutivo del Ejército y la Marina apartados de sus funciones constitucionales, tal y como ocurre desde la época del partido hegemónico.

La tarea de la rendición de cuentas y el sometimiento al estado de derecho por parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas debe comprender un paso hacia el control civil del sector, basado en la vigilancia y la colaboración responsable en un sinnúmero de áreas de naturaleza legislativa: presupuesto, gasto, auxilio en casos de desastre, cooperación internacional, adquisición de armamento, control de explosivos y armamento, etcétera.

Cualquier iniciativa en este sentido debe tener por sustento y objetivo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas ante la sociedad y los poderes del Estado. En la actualización de las normas, el Congreso de la Unión debe velar por una gobernabilidad democrática, única vía hacia la cohesión social en nuestro tiempo.

La jurisdicción militar y la jurisdicción ordinaria

El Código de Justicia Militar vigente fue adoptado en 1933 por el presidente Abelardo L. Rodríguez. Contiene diversas normas de derecho que regulan las conductas de los miembros de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y organizan las instancias de procuración e impartición de justicia militar.

Debido a la importancia de las funciones que desempeñan el Ejército, Fuerza Aérea y Marina, el concepto de justicia militar debe orientarse al bien común de la ciudadanía y de los propios miembros de las Fuerzas Armadas, con una adecuada actuación del Estado, como responsable de proteger las garantías individuales que son el sustento de la preservación del pacto social fundamental.

Históricamente, la existencia de una jurisdicción militar separada de la ordinaria se ha sostenido debido a la especificidad de las atribuciones de este sector, como depositario parcial del monopolio de violencia del Estado e institución garante de la seguridad interior y defensa exterior de la nación. Es por ello que la procuración y la impartición de justicia componen el llamado “fuero de guerra” nombrado por el artículo 13 de la Constitución Política.

Sin embargo, el rigor de la disciplina que rige a las Fuerzas Armadas no puede justificar que las autoridades encargadas de la justicia militar cumplan con los requisitos de independencia e imparcialidad que deben observar todas las autoridades judiciales al impartir justicia a los ciudadanos, de acuerdo a diversos ordenamientos internacionales y a las resoluciones de órganos multilaterales. Asimismo, la extensión del fuero militar representa un conflicto para el principio de la división de poderes, ya que la propia Secretaría de la Defensa Nacional se encarga de nombrar y dirigir a los funcionarios en la procuración y en la impartición de justicia; por lo tanto, concentra funciones ejecutivas y judiciales a la vez.

La impunidad en el sector es posible sin necesidad de que un caso llegue a un tribunal militar, ya que el Código de Justicia Militar contempla, en su artículo 36, que el Ministerio Público como único capacitado para el ejercicio de la acción penal “no podrá retirarla o desistirse de ella, sino cuando lo estime procedente o por orden firmada por el Secretario de Guerra y Marina o por quien en su ausencia lo substituya; orden que podrá darse cuando así lo demande el interés social, oyendo, previamente, el parecer del Procurador General de Justicia Militar”.

Delitos y disciplina

El Código de Justicia Militar define como delitos contra la disciplina militar, sobre los que tiene jurisdicción, a todos aquellos delitos del orden común o federal cometidos por militares contra civiles en algunas circunstancias, que tienen por común denominador los actos de “servicio”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha considerado que en la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre los delitos del fuero de guerra subsisten denominaciones como “delito cometido en ejercicio de funciones militares” o “contra el deber o decoro militar”, que corresponden a “...conceptos jurídicos indeterminados (...), lo que permite extender la jurisdicción militar a actos que nada tienen que ver con la necesidad de una jurisdicción especializada, como es el caso de los procesos seguidos a militares por delitos relacionados con el tráfico de drogas”.

Como han señalado las organizaciones de la sociedad civil, para que los órganos de justicia militar conozcan de un delito debe cumplir una condición objetiva, la tipificación de la acción como delito, y otra subjetiva, la pertenencia del presunto responsable a las instituciones castrenses. En consecuencia, no todos los delitos que cometa un militar deben ser procesados por jueces militares, sino solamente aquellos que atenten contra la disciplina. La legislación vigente “permite que cualquier delito cometido por militares, sin importar cuál sea el bien jurídico afectado, sea investigado por la procuraduría castrense y juzgado por los tribunales del mismo ámbito”.

Es así que la conexión entre el delito y la jurisdicción penal militar revela que el “fuero” de guerra es entendido en el antiguo sentido de privilegio, de condición excepcional, ya que la naturaleza del delito es irrelevante mientras el que la cometa sea un militar, con el consecuente menoscabo del derecho a la justicia de un civil que es víctima u ofendido de los actos de integrantes de las Fuerzas Armadas.

Es menester recordar que la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos considera a “la disciplina militar como principio de orden y obediencia que regula la conducta de los individuos que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos” (artículo 1º). El servicio de las armas exige que el militar “anteponga al interés personal, el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía de la Nación, la lealtad a las instituciones y el honor del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos” (artículo 1º bis). El artículo 2º añade un argumento teleológico al asentar que el militar observe “buen comportamiento, para que el pueblo deposite su confianza en el Ejército y Fuerza Aérea y los considere como la salvaguarda de sus derechos”.

La utilización de las Fuerzas Armadas en labores de contrainsurgencia y combate al crimen organizado ha trastocado el concepto mismo de la disciplina militar, ya que en contextos no bélicos la actuación sitúa en contradicción la disciplina como obediencia de una instrucción superior y la disciplina como respeto al ordenamiento jurídico, especialmente en lo que atañe a los derechos de las personas. Así, la ausencia de un ejército regular abre paso a lo que se da en llamar un “enemigo difuso”, que puede confundirse entre la ciudadanía común. Si a ello agregamos la impunidad y la parcialidad que han mostrado los órganos de justicia de las Fuerzas Armadas, entenderemos la configuración de los incentivos para violar el orden legal y constitucional.

En definitiva, el respeto a los derechos humanos y a la justicia exige una separación adecuada entre estos ámbitos. La legislación vigente degrada la importancia de delitos como desaparición forzada al tipifica conductas delictivas como faltas a la disciplina militar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso Rosendo Radilla

En 1998 México resolvió integrarse al sistema internacional de tutela de derechos humanos. Así, asumió compromisos claros y públicos para su garantía, sometiéndose a la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una decisión soberana y de altas miras.

En la Declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 16 de diciembre de 1998, se señala: “Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62,1 de la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

La Corte ya se ha pronunciado sobre el tema de la jurisdicción militar con anterioridad al caso Radilla Pacheco. En el caso de las hermanas González Pérez la Corte recomendó, en el informe No. 32/01, que el Estado mexicano llevara a cabo una investigación “completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana”.

El 15 de marzo de 2008, después del reiterado incumplimiento por parte del Estado mexicano a las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ésta sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos originada en la denuncia del 15 de noviembre de 2001 por la desaparición forzada, a manos de efectivos del Ejército, del profesor Rosendo Radilla Pacheco en 1974, cerca de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en el contexto de persecución armada de las guerrillas y las operaciones de intimidación sobre la población civil.

En la sentencia emitida el 23 de noviembre de 2009 sobre el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que el Estado mexicano era responsable de la violación de diversos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de Rosendo Radilla y sus familiares. Así, emitió una serie de reparaciones que van desde la indemnización y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado hasta garantías de no repetición.

En el numeral 266 de la sentencia se refrenda que “la Comisión Interamericana señaló que la actuación de la justicia penal militar constituye una violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, ya que no cumple con los estándares del sistema interamericano respecto a casos que involucran violaciones a derechos humanos, principalmente por lo que se refiere al principio de tribunal competente”.

La Corte juzgó que las conductas de los militares implicados en el caso “son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y protección de los derechos humanos y, por lo tanto, están excluidas de la competencia de la jurisdicción militar” y que en la instancia judicial interna el Primer Tribunal Colegiado “generó la aplicación de un fuero personal que operó sin tomar en cuenta la naturaleza de los actos implicados”. Por ello, alude a su propia jurisprudencia para afirmar que “la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional” y que, “tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos”.

En virtud de ello, el numeral 10 de las resoluciones la Corte Interamericana dispone que “el Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos...”.

La Corte Interamericana no consideró necesario ordenar la reforma al artículo 13 de la Constitución Política, ya que su interpretación “debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana”. A ese respecto, cabe recordar que no hay un pronunciamiento específico del Poder Judicial sobre el tema, pues en el reciente caso llevado ante Suprema Corte de Justicia por la viuda de Zenón Medina López, asesinado por miembros del Ejército, el alto tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar y con ello dejó en suspenso una nueva interpretación jurisprudencial del artículo 13 de la Carta Magna.

Obligación del Estado mexicano

El artículo 133 constitucional establece claramente que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. De esta manera, el tratado firmado por México, en el que se adhiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es Ley Suprema.

Del mismo modo, el Estado mexicano, como sujeto de derecho internacional, debe cumplir con las obligaciones que ha contraído soberanamente. Por lo demás, la Corte Interamericana recuerda en la sentencia haber manifestado que en el caso de los tratados sobre Derechos Humanos, que “no son tratados multilaterales de tipo de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos [...] Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 2 el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, ya que si el ejercicio de los derechos y libertades de la misma Convención “no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

En ello se fundamenta la sentencia del caso Radilla Pacheco para disponer que México adopte las reformas legislativas ya mencionadas. Asimismo, advierte que “La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia (...) y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado deberá, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma”.

Por tanto, los derechos humanos trascienden las fronteras establecidas por los países, tienen supremacía sobre los Estados y sobre los límites políticos. Requieren de un andamiaje institucional que los garantice y los proteja, lo que significa la adecuación del sistema constitucional y legal que confirme el lugar primordial que los derechos humanos tienen en las sociedades contemporáneas. Cuando no hay un reconocimiento explícito en orden jurídico interno, se configura una situación de déficit para la tutela de los derechos por parte del Estado.

Cabe recordar que en el Programa Nacional de Derechos Humanos se plasma a intención del Estado para “impulsar reformas en materia de procuración e impartición de justicia militar acordes con los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos”. Hoy dichos compromisos ya tienen una expresión específica.

Antecedentes

No podemos dejar de mencionar que por varias décadas, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos han insistido en modificar la jurisdicción militar para que las autoridades civiles sean las encargadas de investigar, juzgar y sancionar a los elementos de las fuerzas armadas que cometan violaciones a los derechos humanos. En la actual circunstancia, se reafirma la necesidad de abordar prioritariamente sus propuestas y asumirlas como una prioridad del Estado mexicano.

Antes de la aparición de la sentencia sobre el caso Radilla Pacheco, distintos legisladores plantearon reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, lo que confirma la urgencia del tema y su correspondencia con el interés de la sociedad y de sus representantes.

El 12 de marzo de 2007, el senador René Arce presentó una iniciativa de reforma que abarca modificaciones al artículo 13 constitucional y la derogación de la fracción segunda del artículo 57 del Código de Justicia Militar. Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de la Defensa Nacional, sin que hasta el momento exista dictamen alguno.

El 16 de octubre de 2007, la diputada Marina Arvizu Rivas presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia militar, especialmente en cuanto al fondo de compensaciones para víctimas y ofendidos por delitos cometidos, que abarca reformas a los artículos 57 y 58 de dicho código. La iniciativa fue desechada en el proceso de dictamen de la Comisión de la Defensa Nacional.

El 4 de julio de 2007, la diputada Valentina Batres Guadarrama presentó una iniciativa fundamentada en múltiples casos impunes de violaciones a los derechos humanos, al tenor de los cuales propuso la reforma al artículo 13 de la Constitución y al artículo 57 del Código de Justicia Militar. Fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Por otro lado, la diputada Florentina Rosario Morales remitió una proposición con punto de acuerdo con relación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, que fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que exhortó al titular de la Secretaría de Gobernación, a implantar los mecanismos para dar cabal cumplimiento a la sentencia y le solicitó remitir un informe acerca de las acciones que haya realizado o se estén realizando sobre la situación que guarda el asunto concerniente a la sentencia.

Además, la diputada Rosario remitió otro punto de acuerdo el 11 de marzo de 2010, por el que se hace público el conocimiento oficial y las obligaciones derivadas de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 23 de noviembre de 2009, por el caso de Rosendo Radilla suscrito por diputados de los grupos parlamentarios del PRD y del PT.

El 8 de marzo, la Secretaría de Gobernación respondió con un texto escueto, donde resume el procedimiento que ha seguido la sentencia, reconoce que “las sentencias de la CIDH son definitivas y no aceptan ningún medio de impugnación” y acepta la obligación del Estado para cumplir con las decisiones de la Corte, pero no menciona en plan de acción alguno para una reforma legislativa.

De ahí la importancia de que el Congreso de la Unión retome la iniciativa de impulsar las modificaciones legales pertinentes.

Propuesta

Es urgente reconocer que cualquier subterfugio o retraso en el cumplimiento de la sentencia tendría graves consecuencias, pues significaría que las Fuerzas Armadas componen un poder autónomo dentro del Estado, con la suficiente influencia para desafiar el mismo estatuto de legalidad del Estado y para poner en entredicho la gobernabilidad. Por ello, hoy tenemos la oportunidad de actualizar uno de los pilares de la fundación del Estado mexicano: el control civil del sector militar y, destacadamente, su inserción en un Estado democrático de Derecho.

Sin duda, el acotamiento del fuero de guerra permitirá que las Fuerzas Armadas mantengan el control exclusivo sobre la estricta disciplina castrense. Es así que mediante la resolución del problema de la jurisdicción y la redefinición de la tipología de los delitos proponemos cumplir cabalmente con la multicitada sentencia. Por ello, planteamos que la potestad para la aplicación de la ley recaiga adecuadamente en el Poder Judicial.

El Código de Justicia Militar vigente establece, como parte de su Título Quinto, donde se define la competencia de la Justicia Militar:

Artículo 57. Son delitos contra la disciplina militar:

I. Los especificados en el Libro Segundo de este Código;

II. Los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias que en seguida se expresan:

a). Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo;

b). Que fueren cometidos por militares en un buque de guerra o en edificio o punto militar u ocupado militarmente, siempre que, como consecuencia, se produzca tumulto o desorden en la tropa que se encuentre en el sitio donde el delito se haya cometido o se interrumpa o perjudique el servicio militar;

c). Que fueren cometidos por militares en territorio declarado en estado de sitio o en lugar sujeto a la ley marcial conforme a las reglas del derecho de la guerra;

d). Que fueren cometidos por militares frente a tropa formada o ante la bandera;

e). Que el delito fuere cometido por militares en conexión con otro de aquellos a que se refiere la fracción I.

Cuando en los casos de la fracción II, concurran militares y civiles, los primeros serán juzgados por la justicia militar.

Los delitos del orden común que exijan querella, necesaria para su averiguación y castigo, no serán de la competencia de los tribunales militares, sino en los casos previstos en los incisos (c) y (e) de la fracción II.

Artículo 58. Cuando en virtud de lo mandado en el artículo anterior, los tribunales militares conozcan de delitos del orden común, aplicarán el Código Penal que estuviere vigente en el lugar de los hechos al cometerse el delito; y si éste fuere de orden federal, el Código Penal que rija en el distrito y territorios federales.

Es así que, en atención a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se plantea derogar la fracción II del artículo 57, del mismo Código de Justicia Militar, para que los delitos del fuero común o federal dejen de ser considerados como delitos contra la disciplina militar. De esta manera, el fuero de guerra subsistiría para los casos de estricta disciplina, especificados en el Libro Segundo del propio Código.

Asimismo, se propone eliminar el artículo 58, ya que en consecuencia con la derogación anteriormente descrita, ningún tribunal militar podrá conocer de delitos del orden común y sería innecesario mantener dicha disposición.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que deroga la fracción II y los dos últimos párrafos del artículo 57, así como el artículo 58, ambos del Código de Justicia Militar.

Artículo Único. Se derogan la fracción II y los últimos dos párrafos del artículo 57, así como el artículo 58 del Código de Justicia Militar para quedar como sigue:

Artículo 57. Son delitos contra la disciplina militar:

I. Los especificados en el Libro Segundo de este Código;

II. Se deroga.

a). a e). Se deroga.

... Se deroga.

... Se deroga.

Artículo 58. Se deroga.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 2003, pp.35-36

2 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y otras organizaciones de la sociedad civil, “Violaciones a la Convención Americana por la aplicación del fuero militar a casos de violaciones de derechos humanos en México. Documento preparado para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la audiencia temática llevada a cabo en este tema el 20 de marzo de 2009”, p. 7

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de abril de 2010.— Diputados: Juan Enrique Ibarra Pedroza, Pedro Vázquez González, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Laura Itzel Castillo Juárez, Mario Alberto di Costanzo Armenta, Óscar González Yáñez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, inscríbase en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de la Defensa Nacional.



LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El diputado Jaime Sánchez Vélez:Honorable asamblea, la infraestructura carretera del país era cuidada por la Policía Federal de Caminos, hoy día Policía Federal Preventiva, cuya función primordial es salvaguardar la integridad y derechos de las personas, vigilando la zona terrestre de las vías generales de comunicación y los medios de transporte que operen en ellas, levantando infracciones e imponiendo sanciones por las violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes federales.

Así como a la operación de los servicios de autotransporte federal y transporte privado cuando circulen por zona terrestre de las vías generales de comunicación, como lo determina el artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Con base en ello, los elementos de la Policía Federal Preventiva que están adscritos en la red de carreteras del país, ante los conductores de vehículos que cometan infracciones a las disposiciones reglamentarias, tienen un procedimiento el cual consiste en:

I. El policía indicará al conductor que detenga la marcha del vehículo.

II. El conductor se identificará y exhibirá la documentación de la unidad y el policía revisará la documentación, así como el vehículo en su parte exterior. Si todo está en orden, devolverá la documentación en el mismo sitio.

III. Para el caso de que existiera algún incumplimiento, el policía procederá a llenar la boleta de sanción, de la que extenderá una copia al interesado y devolverá la documentación del vehículo.

Es en este punto donde la ciudadanía se queja del abuso de esta corporación policiaca, específicamente los transportistas de mercancía en pequeño y campesinos, de aquella gente que se despiertan en la madrugada para ir a los centros de distribución y comprar mercancías, principalmente alimentos, para que posteriormente las vendan en los mercados o los tianguis. Personas que viven al día, que dependen para subsistir de la venta de esos productos.

Pero sus unidades vehiculares, que por lo regular son camionetas de modelos rezagados y funcionan mecánicamente, que no les sobran los recursos para mantener los vehículos en la mejor forma estética, son presa fácil de la Policía Federal Preventiva, que vigila las carreteras. Estos los detienen y les hacen la relación de todas las anomalías que anteriormente se perciben. Los conductores de estos vehículos son extorsionados y el poco dinero que podían obtener de la venta de ese día va a parar a manos de los que deben cuidar el camino.

Este fenómeno es una realidad que pareciera un reflejo de otros escenarios de la realidad mexicana.

Para ello, es importante conocer la experiencia del sur de los Estados Unidos de América, que consiste en que si un policía de caminos nota que algún conductor está infringiendo el reglamento de tránsito detiene al conductor, le pide sus documentos y le hace ver cuáles son los motivos por los que puede ser sancionado, señalándole que lo va a dejar ir sin ninguna infracción, con la condición de que se abstenga de seguir violando la disposición. Y si el motivo es la condición física del vehículo, que acuda a repararlo inmediatamente. De lo contrario, para la siguiente ocasión que se le vuelva a detener por los mismos motivos será sancionado.

Este sistema debería existir en los caminos del país. Es adecuado, es educativo y es primordial aplicarlo en una época de crisis económica. De lo contrario, la situación actual seguirá constituyendo un abuso de la autoridad, principalmente en contra de aquellos que día a día se tienen que esforzar para sobrevivir.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y atendiendo a la exigencia ciudadana, particularmente de campesinos y de aquellas personas que su trabajo consiste en utilizar las carreteras federales, que trasladan en camionetas de poblado en poblado, mercancías en pequeño, se propone como prioridad adicionar al Título Octavo correspondiente al capítulo de las Sanciones, la modificación a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que establecerá las bases para ir mitigando el fenómeno que se expone.

Por tal motivo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV del artículo 74, para quedar de la siguiente manera:

Único. Se adiciona la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue: fracción IV, del artículo 74. Incumplir con cualquiera de las disposiciones en materia de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado con multa de hasta 500 días de salario mínimo, quedando excluida la infracción al transporte de carga hasta de mediana capacidad, exclusivamente para las unidades cuyo funcionamiento mecánico sea aceptable, pero su fisonomía exterior tuviese algún faltante donde se transporten animales y productos relacionados con el campo. Para estos casos será suficiente la llamada de atención como medida preventiva, haciendo la observación al conductor de una posible sanción ante el aviso reincidente, previo registro establecido.

Transitorio. Único. La presente iniciativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Jaime Sánchez Vélez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con base en la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el correlativo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona en el título octavo, correspondiente al capítulo de las sanciones, para la modificación de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Exposición de Motivos

En 1952 se inauguró la primera autopista de cuota en el país, la México-Cuernavaca (con una longitud de 62 Km.). En 1958 surge el organismo público federal Caminos Federales de Ingresos adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que administraba diversas carreteras del territorio nacional, en lo sucesivo dependencias públicas responsables de la construcción y modernización de carreteras se fueron transformando. Como dato importante el 14 de agosto de 1998, Capufe recibió del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la transferencia de 23 concesiones (conocida en su momento como el rescate carretero) para su operación, conservación y mantenimiento, la modernización de éstas se ha visto reflejada en la disminución del manejo de efectivo en las plazas de cobro, incrementando el pago electrónico además de incluir el pago con tarjetas bancarias.

La infraestructura carretera del país era cuidada por la Policía Federal de Caminos, hoy en día Policía Federal Preventiva, cuya función primordial es salvaguardar la integridad y derechos de las personas, vigilando la zona terrestre de las vías generales de comunicación y los medios de transporte que operen en ellas, levantando infracciones e imponiendo sanciones por las violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes federales, así como a la operación de los servicios de autotransporte federal y transporte privado cuando circulen por zona terrestre de las vías generales de comunicación, como lo determina el artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Con base en ello, los elementos de la Policía Federal Preventiva que estén adscritos en la red de carreteras del país, ante los conductores de vehículos que cometan infracciones a las disposiciones reglamentarias tienen un procedimiento el cual consiste en lo siguiente:

I. El policía indicará al conductor que detenga la marcha del vehículo.

II. El conductor se identificará y exhibirá la documentación de la unidad, el policía revisará la documentación, así como el vehículo en su parte exterior, si todo está en orden devolverá la documentación en el mismo sitio.

III. Para el caso de que existiera algún incumplimiento, el policía procederá a llenar la boleta de sanción de la que extenderá una copia al interesado y devolverá la documentación del vehículo.

Es en este punto, donde la ciudadanía se queja del abuso de esta corporación policíaca, específicamente los transportistas de mercancía en pequeño y campesinos, de aquellas gentes que se despiertan en la madrugada para ir a los centros de distribución y comprar mercancías, principalmente alimentos para que posteriormente las vendan en los mercados o tianguis, personas que viven al día, que dependen para subsistir de la venta de esos productos.

Pero sus unidades vehiculares que por lo regular son camionetas de modelos rezagados, que apenas y funcionan mecánicamente que no les sobran los recursos para mantener los vehículos en la mejor forma estética, son presa fácil de la Policía Federal Preventiva que vigila las carreteras. Estos los detienen y les hacen la relación de todas las anomalías que exteriormente se percibe, los conductores de estos vehículos son extorsionados y el poco dinero que podían obtener de la venta de ese día va a parar a manos de los que deben de cuidar el camino.

Este fenómeno es una realidad que parecería un reflejo de otros escenarios de la realidad mexicana. Para ello es importante conocer la experiencia en el sur de los Estados Unidos de América, la que consiste en que un policía de caminos si nota que algún conductor está infringiendo el reglamento de tránsito, detiene al conductor le pide sus documentos y le hace ver cuáles son los motivos por los que lo puede ser sancionado, señalándole que lo va a dejar ir sin ninguna infracción con la condición de que se abstenga de seguir violando la disposición y si el motivo es la condición física del vehículo, acuda a repararlo inmediatamente, de lo contrario, para siguiente ocasión que se le vuelva a detener por los mismos motivos, ahora sí, será sancionado.

Este sistema debería de existir en los caminos del país, es adecuado, es educativo y es primordial aplicarlo en una época de crisis económica, de lo contrario la situación actual seguirá constituyendo un abuso de la autoridad, principalmente en contra de aquellos que día a día se tienen que esforzar para sobrevivir.

Si efectivamente el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pretende impulsar la modernización carretera del país con proyecciones de inversión importante, con el afán de que el país se posicione internacionalmente, será necesario que la Policía Federal Preventiva que esté al cuidado de la red carretera, tenga la capacitación suficiente para que responda al requerimiento de la ocasión, que verdaderamente sea una dependencia pública que auxilie a los ciudadanos que lo requieran y principalmente que tengan la sensibilidad para los transportistas de mercancías en pequeño y campesinos, debiendo recibir éstos, recomendaciones o sugerencias para mantener en óptimas condiciones sus vehículos, previniéndolos de las consecuencias si los avisos se hacen reincidentes.

Por todo lo expuesto y fundado, y atendiendo a la exigencia ciudadana, particularmente de campesinos y de aquellos que su trabajo consiste en utilizar las carreteras federales que trasladan en camionetas de poblado en poblado mercancías en pequeño, se propone como prioridad adicionar al Título Octavo, correspondiente al Capítulo “De las Sanciones”, la modificación a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que establecerá las bases para ir mitigando el fenómeno que se expone. Por tal motivo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona a la fracción IV del al artículo 74

Único. Se adiciona a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el artículo 74 Bis de la presente ley, las infracciones a lo dispuesto en la misma, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Incumplir con cualquiera de las disposiciones en materia de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, con multa de hasta quinientos días de salario mínimo. Quedando excluida la infracción, al transporte de carga hasta de mediana capacidad, exclusivamente para las unidades cuyo funcionamiento mecánico sea aceptable, pero su fisonomía exterior tuviese algún faltante donde se transporte animales y productos relacionados con el campo, para estos casos, será suficiente la llamada de atención como medida preventiva, haciendo la observación al conductor de una posible sanción ante el aviso reincidente, previo registro establecido; y

V. ...

Transitorios

Único. La presente iniciativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010.— Diputados Jaime Sánchez Vélez, José Manuel Agüero Tovar, Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbricas).»

Presidencia del diputado Felipe Solís Acero

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, a usted, diputado Sánchez Vélez. Túrnese a la Comisión de Transportes.

El diputado José Manuel Agüero Tovar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Agüero Tovar ¿con qué objeto?

El diputado José Manuel Agüero Tovar (desde la curul): Presidente, gracias. Para preguntarle al diputado Sánchez Vélez si nos permite a la fracción del estado de Morelos, adherirnos a su iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Sánchez Vélez ¿está usted de acuerdo en que se adhieran a su iniciativa?

El diputado Jaime Sánchez Vélez(desde la curul): De acuerdo.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha dado su anuencia el diputado. Quienes estén con el deseo de sumarse a la iniciativa pasen a suscribirla a la Secretaría.



LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la propia diputada Guajardo Villarreal y el diputado Jesús Zambrano Grijalva, ambos del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal:Gracias, diputado presidente.

Efectivamente esta iniciativa la presento a nombre de varios compañeros diputados, el compañero Carlos Torres, el compañero Jesús Zambrano Grijalva, el diputado Ignacio Moreira Valdez y la de la voz, Mary Telma Guajardo Villarreal.

En ejercicio de nuestra facultad legislativa presentamos una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para proteger de manera prevalente los derechos de la niñez en extrema vulnerabilidad, con base en la siguiente exposición de motivos.

La situación actual de la niñez es un tema de preocupación nacional. La desnutrición, la alimentación no sana, el acceso a la educación, la violencia en sus hogares, en la escuela y en la calle, la explotación sexual y laboral, la inexistencia de una familia adecuada son, entre otras cosas, problemas actuales que implican la vulneración grave de los derechos de la niñez en México.

Existen, en efecto, informes de la UNICEF que muestran que en el medio rural el 42.8 por ciento de niñas y niños menores de cinco años padecen desnutrición y el 16.9 por ciento de éstos están en alto riesgo.

Por otro lado, el 27 por ciento de la población de 4 y 5 años no reciben atención preescolar, mientras que alrededor de 2 millones de niñas y niños no asisten a la escuela. Además de que el promedio de escolaridad en la población indígena es de 3.2 años, la mitad de lo alcanzado a nivel nacional, aunque en el caso de las mujeres indígenas es de 2.6 años. Esta fuente igualmente estima que existen en México 3.5 millones de niñas y niños trabajando entre los 12 y los 17 años de edad. Cerca de un millón como jornaleros agrícolas.

Son datos duros que sin duda revelan el déficit que la niñez en extrema vulnerabilidad tiene en materia de sus derechos a la alimentación, la educación y el disfrutar de un espacio adecuado para su desarrollo integral.

Esta iniciativa pretende plantear la protección legislativa para la niñez en extrema vulnerabilidad. En efecto, en la actualidad los estudiosos del tema de la niñez en estado de calle, como uno de los principales grupos vulnerables, apuntan varias razones por las cuales es deficiente la política pública que se ha seguido.

Por tal razón, de acuerdo con el principio de protección a los más débiles, propio de las propuestas impulsadas por el Partido de la Revolución Democrática, expongo y proponemos establecer el principio de máxima protección de la niñez vulnerable. Establecer los derechos de prioridad de ese grupo vulnerable. Establecer un programa nacional a favor de la niñez en condiciones de extrema vulnerabilidad para articular con la concurrencia de los sectores público, privado y social, un sistema de protección y apoyo integral que les permita estudiar y vivir con dignidad. Establecer la obligación de protección de los niños en estado de calle, con programas de reinserción social financiados con esquemas cooperativos a nivel federal, estatal y municipal.

Compañeros legisladores y legisladoras, aquí propongo el tema a discutir, en esta sede legislativa. Esta iniciativa incorpora las ideas de muchos especialistas y asociaciones que trabajan en el tema para plantear mejores modelos legislativos que tiendan a prevenir, a atender y a erradicar este grave problema.

Es momento en que pensemos más en las personas con mayor vulnerabilidad. Nuestra niñez lo demanda por un principio de dignidad humana. Son nuestro presente y nuestro futuro. Una nación sin una niñez sana es un país condenado al fracaso.

Señor presidente, le pido insertar íntegramente esta iniciativa en el Diario de los Debates. Gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD

Jesús Zambrano Grijalva, Mary Telma Guajardo Villarreal, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputados federales, en ejercicio de la legislativa, presentan iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para proteger de manera prevalente los derechos de la niñez en extrema vulnerabilidadcon base en la siguiente

Exposición de Motivos

La situación actual de la niñez es un tema de preocupación nacional. La desnutrición, el acceso a la educación, la violencia en sus hogares, en la escuela y en la calle, la explotación sexual y laboral, la inexistencia de una familia adecuada son, entre otras cosas, problemas actuales que implican la vulneración grave de los derechos de la niñez en México.

Existen, en efecto, informes del Unicef que muestran que en el medio rural el 42.8 por ciento de niñas y niños de 5 años padecen desnutrición y el 16.9 por ciento de éstos están en alto riesgo. Por otro lado, el 27 por ciento de la población de 4 y 5 años no recibe atención preescolar, mientras que alrededor de dos millones de niñas y niños no asisten a la escuela, además de que el promedio de escolaridad en la población indígena es de 3.2 años (la mitad de lo alcanzado a nivel nacional), aunque en el caso de la mujeres indígenas es de 2.6 años. Esta fuente, igualmente, estima que existen en México 3.5 millones de niñas y niños trabajando entre los 12 y los 17 años de edad, cerca de un millón como jornaleros agrícolas. Son datos duros que sin duda revelan el déficit que la niñez en extrema vulnerabilidad tiene en materia de sus derechos a la alimentación, la educación y el disfrutar de un espacio adecuado para su desarrollo integral.

Por otro lado, Unicef señala que la presencia de niños y niñas de la calle se incrementó en 3.5  por ciento en tres años lo que provoca que en nuestro país existan unos 150 mil niñas y niños trabajadores y de la calle. Se considera, además, que cada año cruzan a la frontera norte cerca de 50 mil niños y niñas sin acompañantes adultos.

En materia de violencia, hace algunos años se hizo público un estudio que recibió la ONU para integrar el informe mundial sobre la violencia que padecen niños y adolescentes en América Latina, en donde una consulta hecha a 20 grupos de niños, niñas y adolescentes de áreas rurales y urbanas de nuestro país, revelan problemas graves: familiares que violan a las niñas, maestros que las encierran en el baño como castigos e intenta violarlas, diciendo, si no acepta baja el promedio de calificaciones, padres y maestros golpeadores: jalan las orejas, pegan con reglas, pegan con cinturón, golpean a los niños más grandes, patean a los niños, entre otras graves violaciones. Esta consulta promovida por Save The Children compila las experiencias de la niñez mexicana y a grandes rasgos, los consultados dijeron que están bajo el riesgo de la violencia en casi todos los ámbitos: en la casa, en la escuela y en la comunidad.

Según datos del DIF, por otro lado, los niños y adolescentes de una de cada tres familias han sufrido golpes, gritos, insultos, humillaciones y abuso sexual. De las 13 mil 711 denuncias que se recibieron el año pasado de maltrato, en o8 mil 711 se comprobó el maltrato y se detectó que la niñez fue violentados por las madres y padres. Los tipos de maltrato más recurrentes fueron la omisión de cuidados, maltrato físico y sicológico, abandono, negligencia y ataque sexual. La mayoría de los niños mexicanos que sufren malos tratos tienen entre 5 y 13 años, pero también hubo denuncias a lactantes y a la niñez entre 2 y 5 años.

Existe, asimismo, violencia en las calles. Se estima, por ejemplo, que en la Ciudad de México se han registrado mil 500 pandillas juveniles, conformadas por niños y niñas entre 10 y 18 años. La tasa de homicidio entre jóvenes (entre 10 y 29 años) fue en 1997, de 15.3 víctimas por 100 mil habitantes. La violencia homicida entre los jóvenes ha oscilado entre 14.7 y 15.6 por cada 100 mil habitantes.

En México también se registran la explotación laborar: 4.5 millones de niños trabajadores. Entre ellos, 3.5 millones tendrían entre 12 y 17 años: 42 por ciento de esta niñez trabajaría en el campo. La Confederación Nacional Campesina Mexicana estimó que en 2002 había aproximadamente 4 millones de niños trabajando en el campo, en jornadas laborales más allá de ocho horas diarias, y recibiendo un salario menor a 22 pesos por jornada.

El rubro de la explotación sexual es grave. Se estima que 16 mil niños y niñas mexicanas son víctimas de la explotación sexual, según el Unicef. En 3 años, según se estima, han desaparecido 150 mil niños en México.

Por último, la violencia y el sida son asuntos inquietantes. Durante el primer trimestre del 2002, por ejemplo, la proporción de los niños y niñas de 15 años que habían sido diagnosticados con Sida fue de 3.6 por ciento a nivel nacional, siendo 0.6 por ciento en los varones y 5.6 por ciento en mujeres.

La vulnerabilidad sexual de la niñez es otro dato que debe preocuparnos. Una investigación auspiciada por el DIF nacional señala que en la zona del centro del Distrito Federal, La Merced, hay 19 áreas identificadas donde se ejerce esa la prostitución, ya sea en hoteles, fondas, loncherías, cervecerías, bares y baños públicos, algunos de los cuales tienen fachada de consultorios médicos. El estudio revela que la edad de inicio en esa actividad es de 10 a los 13 años, y si son vírgenes, la familia las llega a “ofrecer” en 20 mil pesos. Esta situación de prostitución y comercio sexual de la niñez en la zona de La Merced revela la existencia de grupos de poder que se dividen en el territorio para proporcionar esta situación intolerable; incluso, hay una toda una delincuencia organizada para generar estas redes de explotación sexual.

Es así como México en los últimos años registra un aumento en el número de niñas y niños que trabajan fuera de su casa y en la calle y que, además, consumen drogas y están expuestas a la violencia y la explotación sexual, mientras que, por otro lado, disminuye el número de niños varones en la calle, según datos oficiales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Por ejemplo, la proporción de niñas —cuyas edades van entre 6 y 17 años— aumentó desde hace nueve años, pasando de 27 mil 954 a 28 mil 194. En 1997, la proporción entre niñas y niños en la calle que consumían drogas era de tres por cada 100 y, según el estudio más reciente del DIF en 2004, aumentó a cuatro por cada 100.

La principal actividad que desarrollan las niñas trabajadoras en la calle es el comercio ambulante, mientras que los niños son, en su mayoría, cerillos en tiendas de autoservicio.

Según el DIF, las actividades comerciales en la vía pública impiden a las niñas superar sus condiciones de vulnerabilidad y pobreza, pero también se considera que la razón que obliga a las niñas a trabajar y a vivir en las calles pueden ser más violentas que las de los niños: la violación por parte de algún pariente cercano y la responsabilidad que recae en ellas, como el cuidado de los hermanos o, en su caso, las tareas domésticas.

Esta situación es preocupante, porque la niñez en la calle es un grupo vulnerable que hay que proteger. Las estadísticas, por ejemplo, señalan que las niñas se dedican, en su mayoría, al comercio ambulante, ya que en esta actividad de la economía informal se emplea 40.1 por ciento de las niñas de la calle, frente a 26.6 por ciento de los niños, cuyo principal empleo es como empacadores dentro de las tiendas de autoservicio. En el rubro de actividades de ayuda y mendicidad, las niñas suelen ser ayudantes de todo tipo, mendigan o son pepenadoras. En tanto que los niños son limpiaparabrisas, ayudantes en general y cargadores.

Por otro lado, también ha aumentado la proporción de niñas que consumen drogas, ya que en 1997 la proporción de mujeres era 3 de cada 100 y actualmente son 4 de cada 100. En los niños también se incrementó este número y paso de 7 de cada 100 a 11 de cada 100.

Estos datos justifican la necesidad de crear un marco jurídico adecuado para la niñez en extrema vulnerabilidad, que son lo que sufren violencia en su hogar, en la escuela y en la calle; son explotados sexualmente; son explotados laboralmente, todo lo cual genera una marginación de todo el ambiente social adecuado para el desarrollo de la niñez, en fin, que por su vulnerabilidad el Estado debe plantear una política pública adecuada para prevenir y resolver este problema de manera integral y holística de asistencia social.

Ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos se ha proclamado que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, en este sentido, la iniciativa que se analiza pretende garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la infancia a partir del principio del interés superior de ésta. Los derechos de las niñas y los niños deben ser ejercidos de manera holística, entonces en el caso de la niñez en situación de calle se están violando tales derechos, como son su derecho al estudio, al descanso y a ser protegidos contra toda forma de explotación.

Mi propuesta pretende plantear la máxima protección legislativa para la niñez en extrema vulnerabilidad. En efecto, en la actualidad, los estudiosos del tema de la niñez callejera, como uno de los principales grupos vulnerables, apuntan varias razones por las cuales es deficiente la política pública que se ha seguido, entre las que destacan:

— La nula o poca continuidad de los programas sobre el tema porque dependen más de los tiempos electorales que de la problemática social.

— La falta de poner en práctica las experiencias exitosas que han demostrado eficacia, sean públicas o privadas.

— La prevalencia de acciones de asistencia social que mantienen sin cambio la situación de los niños, dejándolos en la dependencia institucional o en la caridad pública.

— La falta de especialización del personal destinado para la atención de este grupo vulnerable no está preparado, ni cuenta con el perfil u disposición para enfrentar una problemática educativa tan compleja.

— La falta de reconocimiento del Estado de la complejidad de este problema social.

— La falta de mecanismos de articulación entre los esfuerzos públicos y privados, sobre la base de los criterios de calidad, pertinencia, relevancia, presupuesto, marco jurídico, transparencia y visión a futuro.

Así, los especialistas del tema plantean como propuestas:

— Crear un plan de prevención y atención a la infancia en riesgos asociados a la extrema vulnerabilidad.

— Establecer mecanismos permanentes de coordinación entre instancias públicas y sociales, con capacidad de decisión y presupuesto para operar.

— Impulsar la propuesta de norma oficial mexicana para la atención a la niñez en situación de calle.

— Desarrollar programas que complementen los esfuerzos de las ONG en ámbitos que requieren de mayor especialización e inversión.

— Ampliar los fondos para el fortalecimiento de los programas realizados por las ONG.

— Atender a las condiciones estructurales que determinan que niñas, niños y jóvenes vivan y trabajen en la calle, a través de medidas que fortalezcan el empleo bien remunerado, la infraestructura familiar y comunitaria, así como la capacidad de crianza y educación de hijos e hijas.

— Desarrollar un programa de articulación nacional, estatal y municipal para prevenir y atender el fenómeno de infancia y juventud que vive y trabaja en la calle, que se caracterice por: a) El desarrollo de mecanismos de toma de decisiones conjunta entre instancias de gobierno y organismos no gubernamentales; b) La adecuación de las instancias y programas de desarrollo y asistencia social a las características propias de esta población. Esto implica la creación de programas especializados dirigidos a prevención y tratamiento de adicciones, salud mental, enfermedades como VIH-sida, entre otros; c) La creación de fondos públicos permanentes para el financiamiento a los programas públicos y de los organismos no gubernamentales; d) El reconocimiento, validación, regulación y fortalecimiento de metodologías apropiadas, así como el desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación; e) La modificación de pautas y comportamientos culturales que fomentan el arraigo de niñas, niño y jóvenes a la calle, así como la generación de nuevos conocimientos relacionados con esta población.

Por tal razón, de acuerdo con el principio de protección a los más débiles que es propio del pensamiento de la izquierda del PRD que se basa en doctrinas sociales que forman parte del pensamiento político actual, propongo:

— Establecer el principio de máxima protección de la niñez vulnerable.

— Establecer los derechos de prioridad de este grupo vulnerable.

— Establecer un programa nacional a favor de la niñez en condiciones de extrema vulnerabilidad para articular con la concurrencia de los sectores público, privado y social, un sistema de protección y apoyo integral que les permita vivir con dignidad.

— Establecer la obligación de protección de los niños y niñas de la calle con programas de integración social financiados con esquemas cooperativos a nivel federal, estatal y municipal.

Aquí propongo el tema a discutir en sede legislativa. Esta iniciativa incorpora las ideas de muchos especialistas y asociaciones que trabajan en el tema, para plantear mejores modelos legislativos que tienen a prevenir, atender y erradicar este grave problema.

Es momento en que pensemos más en las personas con mayor vulnerabilidad. Nuestra niñez lo demanda por un principio de dignidad humana. Son nuestro futuro: una nación sin una niñez sana es un país condenado al fracaso.

Por todo ello, someto a consideración del pleno la presente la siguiente iniciativa de

Decreto

Artículo Único.Se adicionan la letra H del artículo 3o., el segundo párrafo del artículo 5°o. con las letras de la A a la E, así como el Capítulo Decimocuarto denominado “Del Derecho a la Protección de la Niñez en la Calle”, con un artículo 42 Bis de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar de la manera siguiente:

Artículo 3. ...

...

A. a G. ...

H.El de máxima protección y tutela preferente a favor de la niñez en extrema vulnerabilidad, a partir del principio integral y holístico de la asistencia social.

Artículo 5....

En todo caso, se implantará un Programa Nacional para la Protección de la Niñez en Extrema Vulnerabilidad, de acuerdo a las bases siguientes:

A. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de su Dirección General, se encargará de elaborar y darle seguimiento a un Programa Nacional para la Protección de la Niñez en Extrema Vulnerabilidad bajo las reglas siguientes:

1. Se definirán los objetivos, estrategias y acciones particulares para diagnosticar, analizar y evaluar la problemática de la niñez en extrema vulnerabilidad.

2. Se definirá la participación que corresponderá a las dependencias o entidades de la federación, de los estados, los municipios, el Distrito Federal y a la comunidad en general.

3. Este programa deberá propiciar la colaboración y participación activa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con las autoridades federales, estatales, municipales, el Distrito Federal y la comunidad en su conjunto.

4. Los gobiernos estatal, municipal y el Distrito Federal, en los ámbitos de sus competencias, brindarán la asesoría, el apoyo o el auxilio necesario para ejecutar este programa en su ámbito de competencia.

5. Se evaluará objetiva, sistemática y periódicamente, el avance del programa y los resultados de su ejecución, así como su incidencia en la consecución de los objetivos previstos en esta ley.

6. Con base en las evaluaciones, el programa se modificará o adicionará en la medida en que se estime necesario.

B. Este programa tendrá por objeto que todas las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, en coordinación con la sociedad organizada e interesada en el tema, establecerán las políticas y las acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, atender y erradicar la vulneración de los derechos de la niñez en extrema vulnerabilidad.

C. En la elaboración del programa, podrán participar en forma especializada e interdisciplinariamente, las personas siguientes:

1. Las autoridades federales, estatales o municipales involucradas en los temas y problemas de que se trate.

2. Las instituciones de investigación y de educación superior.

3. Las organizaciones sociales, civiles y las organizaciones no gubernamentales.

4. Cualquier especialista, persona o grupo interesado en el tema.

D.El programa contendrá, por lo menos, los elementos siguientes:

1. La identificación de los temas y problemas en relación a los derechos de la niñez.

2. El monitoreo ciudadano, profesional e interdisciplinario para identificar los problemas de la comunidad.

3. Cualquier otro criterio para detectar, depurar o clasificar los problemas de la comunidad.

4. La delimitación de las causas, efectos y vertientes del tema o problema.

5. La problemática social, cultural, económica y política del tema o problema.

6. Cualquier otro criterio para delimitar las cuestiones principales del tema o problema.

7. Las políticas, lineamientos o acciones que realicen las autoridades para tratar el tema o problema.

8. El desarrollo de las líneas de análisis del tema o problema comunitario.

9. Las propuestas de solución y de acciones, poniendo especial énfasis en la educación de la niñez.

10. Las acciones de protección social de la niñez vulnerable financiados con esquemas cooperativos a nivel federal, estatal, municipal y el Distrito Federal, así como los planes de apoyo para financiar a los proyectos de organizaciones sociales que cumplan con la normatividad que se expida para tal efecto.

11. Los mecanismos de participación de los ciudadanos o habitantes en la solución de los problemas.

E. La evaluación de los temas o problemas, bajo los criterios siguientes:

1. La identificación de indicadores confiables para medir objetivamente el seguimiento del tema o problema.

2. La creación de observatorios comunitarios.

3. Cualquier otro criterio objetivo para evaluar los temas o problemas de la comunidad.

Capítulo DecimocuartoDel Derecho a la Protección de la Niñez en la Calle

Artículo 42 Bis. Es de interés prevalente la protección de la niñez en extrema vulnerabilidad bajo la asistencia social integral y holista. La federación, estados, municipios y el Distrito Federal deberán en forma conjunta instrumentar todas las garantías necesarias para evitar, prevenir y resolver la grave violación a los derechos fundamentales de este grupo vulnerable.

El Estado, a través de sus autoridades competentes, deberá  instrumentar las medidas siguientes:

A. Determinar el grupo vulnerable, a partir del Programa Nacional para la Protección de la Niñez en Extrema Vulnerabilidad, para identificar los problemas y violaciones graves de que sean objeto los niños, niñas o adolescentes en sus derechos.

B. Planear e instrumentar los recursos públicos necesarios para atender esta problemática de manera preferente.

C. Determinar los grupos vulnerables por explotación sexual o laboral, por violencia grave, por falta de acceso a la educación y los servicios de salud, por discriminación, por falta de una familia, o por cualquier otra circunstancia que afecte gravemente sus derechos.

D. Instrumentar una política pública a favor del grupo vulnerable que evite duplicidad de funciones y recursos, que promueva medidas efectivas y que, por tanto, se sujete a los principios de profesionalismo, transparencia y continuidad.

E. El Congreso de la Unión, a través de las comisiones competentes, tendrá facultad para citar a los funcionares federales que correspondan para informar sobre este tema.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de su Dirección General, deberá expedir el Programa Nacional para la Protección de la Niñez en Extrema Vulnerabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto.

En la ley de la materia se establecerá la asignación presupuestal necesaria para la implantación del Sistema Nacional para la Protección de la Niñez en Extrema Vulnerabilidad.

Por todo lo expuesto, atentamente solicito se le dé el trámite legal que corresponda a la presente iniciativa para que se discuta y, en su caso, se apruebepor el Pleno de la Cámara de Diputadospara posterior trámite en la Cámara de Senadores.

Distrito Federal, a 13 de abril de 2010.— Diputados: Jesús Zambrano Grijalva, Mary Telma Guajardo Villarreal, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Víctor Manuel Castro Cosío, Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Carlos Torres Piña, Lizbeth García Coronado, Filemón Navarro Aguilar (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted diputada. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates la iniciativa presentada por usted. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Sonido en la curul de la diputada María de Jesús Aguirre. Con qué objeto, diputada.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul): Diputado presidente, si me hace el favor de preguntarle a la diputada proponente si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: ¿Diputada Mary Telma Guajardo, acepta usted que la diputada María de Jesús Aguirre y quienes deseen hacerlo se adhieran a su iniciativa?

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal: Claro que sí, con todo gusto. Tenemos que, juntas y juntos, legislar por el bien de la niñez mexicana.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias. Ha sido aceptado. Quienes deseen suscribir la iniciativa por favor pasen a la Secretaría a firmar el documento.



LEY GENERAL DE SALUD - LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley del Seguro Social.

El diputado Antonio Benítez Lucho:Con su permiso, señor presidente. Distinguidas diputadas y diputados, entre 1985 y 1987 se descentralizó parcialmente el programa IMSS-Coplamar, actualmente IMSS-Oportunidades, mismo que opera en 17 estados, pasando a formar parte de los servicios estatales de salud. Lo anterior en cumplimiento al decreto presidencial del 8 de marzo de 1984.

En el resto de las entidades esta integración orgánica y funcional no se realizó, ocasionando que a la fecha exista una duplicación de jurisdicciones entre dos instituciones que atienden a un mismo grupo de población abierta o no derechohabiente a la seguridad social y a la salud. Existen hospitales y unidades médicas de IMSS-Oportunidades que dependen del Instituto Mexicano del Seguro Social y por el otro lado existen hospitales y centros de salud que dependen de los servicios estatales de salud.

Al existir dos instituciones que atienden a un mismo grupo de población y que ambas funcionan con recursos federales, se genera un dispendio de recursos derivado de la existencia de dos estructuras administrativas para un mismo fin, duplicando las funciones de planeación, dirección y control.

Por todo lo anterior, nos parece necesario legalizar su integración funcional, de modo que contemple la coordinación programática de esta infraestructura en salud, así como su integración orgánica, es decir, la función de una sola organización a cargo de la autoridad más cercana que es de carácter local, esto es, la Secretaría de Salud de los estados.

Al aprobarse este proyecto de decreto se obtendrían los siguientes beneficios para la federación: eficacia y eficiencia al desaparecer una unidad administrativa que requiere de recursos financieros para operar y que además duplica funciones.

Para las instituciones de salud se podrían georreferenciar adecuadamente las localidades hacia la unidad de salud más cercana. se podría incrementar la cobertura de atención a la población. Se mejorará el proceso de crecimiento de la infraestructura en salud, al identificar con precisión áreas o regiones sin acceso a los servicios de salud. Desa-parecen las desigualdades en los universos o áreas geográficas de responsabilidad. Se optimizan recursos en el proceso de distribución de insumos.

Las unidades de salud operan bajo un mismo modelo de atención a la población. Se podrán conformar las redes de servicios de salud conforme lo establece el Modelo Integrado de Atención a la Salud (MIDAS).

Para la población, se mejora la accesibilidad de la población hacia los servicios de salud, abatiendo tiempos de recorrido y riesgo de muerte. se evitarán confusiones y malestar en la población por la falta de coordinación en su atención médica. Sobre todo a los beneficiarios del programa de desarrollo humano, Oportunidades.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo transitorio decimosexto del decreto, por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2003, y se derogan los artículos 214, 215 y 216 y se modifican los artículos 216 A y 217 de la Ley del Seguro Social.

Primero. Se deroga el artículo transitorio decimosexto del decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2003.

Segundo. Se derogan los artículos 214, 215 y 216 y se modifican los artículos 216 A y 217 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 216 A. El Instituto deberá atender a la población no derechohabiente en los casos siguientes: tratándose del programa Vacunación Universal y de promoción de la salud.

Artículo 217. Las prestaciones anteriores de apoyo social serán financiadas por la Federación.

Transitorio. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Palacio Legislativo en San Lázaro, abril de 2010. Gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, y del Seguro Social, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Antonio Benítez Lucho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Entre 1985 y 1987 se descentralizó parcialmente el programa IMSS Coplamar, (actualmente llamado IMSS Oportunidades), mismo que actualmente opera en 17 estados del país, pasando a formar parte de los Servicios Estatales de Salud respectivos. lo anterior en cumplimiento del decreto presidencial del 8 de marzo de 1984.

En el resto de las entidades federativas, esta integración orgánica y funcional no se realizó, ocasionando que a la fecha exista una duplicación de jurisdicciones, entre dos instituciones que atienden a un mismo grupo de población, abierta o no derechohabiente a la seguridad social; es decir, existen hospitales y unidades médicas de IMSS Oportunidades, que dependen del Instituto Mexicano del Seguro Social, y por otro lado existen hospitales y centros de salud que dependen de los Servicios Estatales de Salud.

Al existir dos instituciones que atienden a un mismo grupo de población objetivo, y que ambas funcionan con recursos federales, se genera un dispendio de recursos, derivado de la existencia de dos estructuras administrativas para un mismo fin, duplicando las funciones de planeación, dirección y control.

El Sistema Nacional de Salud plantea una organización funcional por redes de servicios. Una red de servicios para la atención a la salud, es el componente sustantivo central del Modelo Integrador de Servicios de Salud (Midas); cabe mencionar que las UMR de IMSS Oportunidades, funcionan con base en otro modelo denominado, Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS). Ello hace inoperante la conformación de las redes con base al Midas, cuyo objetivo es brindar servicios de salud de calidad, optimizando los recursos disponibles.

Las UMR del IMSS Oportunidades, mantienen en términos generales su mismo universo de trabajo desde que fueron construidas; es decir, atienden únicamente a la población de la localidad sede y la que reside en las localidades llamadas de acción intensiva, que fluctúan entre tres y cinco localidades. La incongruencia radica en que los nuevos asentamientos humanos, que a través de los años conforman localidades ubicadas cerca de la sede de la UMR o bien entre las localidades de acción intensiva, no son atendidas por las UMR.

De acuerdo a lo anterior, no es posible desarrollar una adecuada georreferenciación de las localidades, que facilite y garantice la accesibilidad de la población a los servicios de salud.

El universo de trabajo de los centros de salud en el área rural, se conforma por la población de la localidad sede, así como la de las localidades que se encuentran en un área geográfica de no más de 60 minutos de recorrido, por los medios habituales de la población, desde las localidades hasta la sede del Centro de salud, además de todas las localidades que dejan de atender las UMR.

Lo anterior ocasiona problemas sociales, ya que la población de las localidades no atendidas por la UMR, tienen que hacer grandes recorridos para recibir la atención médica que necesitan en los centros de salud.

En consecuencia, el universo de trabajo de las UMR y de los centros de salud, no es equitativo y genera confusión en la población, misma que exige la atención médica a la que tiene derecho, por disposición constitucional y que no entiende de este tipo de problemas administrativos ni de tecnicismos.

Este problema se acentúa, cuando se tienen que incorporar familias beneficiarias al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ya que la accesibilidad a los servicios de salud, no siempre es la mejor, teniendo la población que recorrer grandes distancias para acceder a la atención que le proporciona un centro de salud, cuando tienen una UMR Oportunidades más cerca y que supuestamente deberían estar enfocadas a la atención de este tipo de población.

Por todo lo anterior, nos parece necesario realizar legislativamente su integración funcional, de modo que contemple la coordinación programática de esta infraestructura en salud, así como su integración orgánica, es decir, la fusión en una sola organización, a cargo de la autoridad más cercana, que es la de carácter local.

Al aprobarse este proyecto de decreto se obtendrían los siguientes beneficios:

Para la Federación: Eficacia y eficiencia al desaparecer una unidad administrativa que requiere de recursos financieros para operar y que además duplica funciones.

Para la Institución de salud:

• Se podrán georreferenciar adecuadamente las localidades hacia la unidad de salud más cercana.

• Se podrá incrementar la cobertura de atención a la población.

• Se mejorará el proceso de crecimiento de la infraestructura en salud, al identificar con precisión áreas o regiones sin acceso a los servicios de salud.

• Desaparecerán las desigualdades en los universos o áreas geográficas de responsabilidad.

• Se optimizarán recursos en el proceso de distribución de insumos, así como en la supervisión de las unidades médicas.

• Las unidades de salud operarán bajo un mismo modelo de atención a la población.

• Se podrán conformar las redes de servicios de salud, conforme lo establece el Modelo Integrador de Servicios de Salud (Midas)

Para la población:

• Se mejorará la accesibilidad de la población hacia los servicios de salud, abatiendo tiempos de recorrido y riesgo de muerte.

• Se evitarán confusiones y malestar en la población por la falta de coordinación en su atención médica; sobre todo a los beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

En lo que concierne a la derogación del artículo transitorio décimo sexto del decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2003, se subraya que el mismo, no forma parte de de la Ley General de Salud actualizada al 2009, por lo que carece de valor legal.

Lo anterior propicia un vacío en la Ley General de Salud, en lo que respecta a la existencia y funcionamiento de las unidades de salud del programa IMSS Oportunidades, por lo que nuestra propuesta tiende a subsanar esta contradicción jurídica.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que deroga el artículo transitorio décimo sexto, del decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2003, asimismo, se derogan los artículos 214, 215 y 216 y se modifican los artículos 216-A y 217 de la Ley del Seguro Social.

Artículo Primero. Se deroga el artículo transitorio décimo sexto del decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2003, para quedar como sigue:

...

Décimo Sexto. Derogado.

...

Artículo Segundo.Se derogan los artículos 214, 215 y 216 y se modifican los artículos 216-A y 217 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 214. Derogado.

Artículo 215. Derogado.

Artículo 216. Derogado.

Artículo 216-A. El Instituto deberá atender a la población no derechohabiente en los casos siguientes:

I. ...

II. Tratándose del Programa Vacunación Universal y de promoción de la salud,

.........

Artículo 217. Las prestaciones anteriores de apoyo social, serán financiadas por la Federación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2010.— Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, a usted, diputado Benítez Lucho. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social.



LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió del diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del PAN

Miguel Martínez Peñaloza, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción VI del artículo 115 de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La obesidad se ha convertido en los últimos años en un problema de salud pública en nuestro país que no reconoce género, edad, condición socioeconómica ni preparación académica.

La obesidad infantil constituye un problema de salud pública que ha alcanzado proporciones de epidemia en distintos países y regiones del mundo.

El crecimiento de la obesidad infantil en México es un problema social alarmante, que puede tener como consecuencia una población futura con enfermedades crónicas y calidad de vida deficiente, lo anterior, debido fundamentalmente, al consumo indiscriminado de alimentos bajos en valores nutritivos, de los llamados coloquialmente “chatarra”, lo cual se ha convertido en un problema serio en los planteles de educación básica en todo el País.

El término comida chatarra se utiliza para referirse a los alimentos que aportan algunos nutrientes, pero además contienen ingredientes que pueden afectar la salud, al ingerirse con frecuencia o en forma regular.

En nuestro país, el 81 por ciento de las cooperativas de las primarias, ofrecen dulces, el 78.8 por ciento botanas industrializadas, el 71.8 por ciento refrescos y el 48 por ciento pastelitos industrializados, en contraste, solo el 50 por ciento vende agua embotellada, 29 por ciento yogurt, 20 por ciento verduras frescas y solo en 19 por ciento leche.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), un niño tiene cuatro veces más posibilidades de encontrar en la cooperativa de su colegio un dulce procesado con diversos químicos que en exceso resultan dañinos para la salud, que un vaso de leche, una fruta o una verdura, priorizando en su oferta productos altamente calóricos que provocan obesidad de forma rápida.

Al salir del colegio, los estudiantes se encuentran con más productos calóricos, pues en las inmediaciones de los centros educativos se venden principalmente botanas industrializadas, dulces y helados, refrescos y pastelitos industrializados, apenas el 36 por ciento de los estudiantes encuentran fuera de sus escuelas un vaso de fruta y solo el 10 por ciento verdura fresca.

Especialistas de la Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma del Estado de México aseguran que las tienditas escolares y comercios ambulantes establecidos al exterior de los planteles fomentan más del 15 por ciento de las calorías diarias que debe consumir un niño.

Al respecto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que la mala alimentación ocasiona que la expectativa de vida de la población se reduzca de 75 a 50 años.

A causa de la obesidad los niños y adolescentes sufren enfermedades cardiovasculares, principalmente hipertensión, elevación del colesterol y de triglicéridos en sangre, dislipidemias y diabetes mellitus trastornos silenciosos que anteriormente eran exclusivos del adulto. La evidencia sugiere que se trata de una enfermedad con origen multifactorial: genético, ambiental, psicológico, entre otros.

Actualmente el 40 por ciento de la población de México, padece obesidad y el 30 por ciento sobrepeso, mientras que el 25 por ciento de los niños y uno de cada tres adolescentes está por encima del peso que sería deseable, según la ultima Encuesta Nacional de Salud.

El porcentaje de ese sector de la población con esos problemas alcanzaría en los próximos años, de continuar la tendencia actual, a 10 millones de niños, y de acuerdo con especialistas nuestro país podría superar a Estados Unidos en índice de sobrepeso y obesidad en niños para el año 2018.

Aproximadamente el ochenta por ciento de los adolescentes obesos en nuestro país lo seguirá siendo el resto de su vida y la edad de aparición en el cincuenta por ciento de los casos de obesidad en niños es antes de los dos años.

En México 4 cuatro millones de niños entre cinco y once años sufren de sobrepeso; 25 de cada 100 jóvenes de entre 16 y 18 años padecen algún grado de obesidad, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo se calcula que para 2025 el 25 por ciento de la población adulta de México será diabética, es decir, una de cada cuatro personas, a causa de su mala alimentación.

Pese a lo anterior, en el país la cultura del cuidado de la salud y la prevención es incipiente, por lo que tiene aún la oportunidad de arraigarse en la población a través de su difusión masiva e inclusión dentro de los contenidos y programas educativos.

Los mexicanos gastan alrededor de 240 mil millones de pesos al año en la compra de comida chatarra, durante un ciclo escolar, los niños gastan más de 20 mil millones de pesos en alimentos insanos, disminuyendo desde hace algunos años en un 30 por ciento el consumo tanto de vegetales como de frutas.

Ante esta problemática, es necesario especificar la obligación del Estado de vigilar y limitar la venta de comida chatarra en las escuelas, dado que su baja calidad nutricional afecta de manera directa o indirecta la salud de los estudiantes.

La autoridad puede sustituir gradualmente la venta de este tipo de productos en los colegios, por alimentos diversos como frutas y verduras de temporada y vigilar la venta de bebidas embotelladas que sean de preferencia elaborados con frutas naturales o bebidas con menos azúcar y sin gas.

No cabe duda de que las escuelas públicas de los niveles educativos básicos son un espacio en el cual acciones preventivas de las autoridades sanitarias y educativas de los tres órdenes de gobierno pueden aplicar con éxito las medidas de control en materia de nutrición y lucha contra la obesidad en los educandos.

La formación de los individuos debe ser integral y la parte del cuidado de la salud es fundamental. La calidad de vida de los niños es lo primero, ya que de que serviría tener niños muy aplicados si estos presentaran diabetes mellitus a los ocho o diez años.

Hoy, la obesidad le esta ganando la batalla a millones de niños, protejamos a las generaciones presentes y futuras de esta enfermedad, como representantes de la Nación es un deber que no podemos posponer.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción VI del artículo 115 de la Ley General de Salud

Único. Se reforma la fracción VI del artículo 115 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo. Para ello, la Secretaría de Salud vigilará y garantizará, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, que los alimentos y bebidas que se brinden o expendan en las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria posean el valor nutricional que coadyuve a una dieta para el óptimo desempeño intelectual, el sano desarrollo y la lucha contra la obesidad de los educandos.

VII. ...

VIII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal tendrá 60 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias y normativas correspondientes conforme a lo establecido en éste.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2010.— Diputado Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Salud.



ARTICULO 3O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado José Luis Velasco Lino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputado Velasco.

El diputado José Luis Velasco Lino:Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, la semana pasada estuve aquí, en esta tribuna, defendiendo la Agencia Espacial Mexicana. Nuevamente me toma el interés de impulsar una reforma en el artículo 3o. constitucional con este tema, ya que en la actualidad la tecnología aparece como una condición esencial de la posibilidad y como característica definidora de nuestra sociedad.

La ciencia y la tecnología están presentes como uno de los hechos configuradores de la realidad presente.

De acuerdo a la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Consejo Económico y Social (Ecosoc), de las Naciones Unidas, la tecnología no puede seguir considerándose un tema secundario, separado del desarrollo económico y social. La tecnología es el desarrollo. Es la clave de casi todas las esferas de la vida económica y social.

Las posibilidades que se abren a partir de esta omnipresencia de la tecnología en la vida social son tantas que una nueva ética reclama una protección más global e imaginativa de los derechos de los individuos. Dichos derechos se englobarían en la que podría ser considerada una cuarta generación de los derechos humanos, donde la universalización del acceso a la ciencia y la tecnología juega un papel fundamental.

Hablar de los derechos humanos supone hablar de calidad de vida y del acceso a mayores condiciones para diseñar y realizar nuestra propia vida. El reconocimiento de ellas es algo mucho más digno que la simple existencia biológica. Hoy resulta imposible hablar de calidad de vida sin mencionar a la ciencia y a la tecnología.

El acceso a ésta como un derecho se hace indispensable si tomamos en cuenta que así como en algún momento el género, la preferencia sexual, el color de piel, la edad o los ingresos económicos se han constituido como una variable en el fenómeno de la discriminación, hoy día el acceso a la ciencia y a la tecnología se suma a esta lista. Actualmente, la sociedad está generando este nuevo fenómeno discriminador, por eso debe ser una obligación del Estado generar las condiciones positivas y afirmativas que reviertan esta situación.

Otra de las razones que nos urgen de la universalización del acceso a la ciencia y la tecnología se encuentra, sin duda alguna, en el desarrollo de las naciones. Una de las principales características de las potencias mundiales es el apoyo que otorgan a sus sistemas de ciencia y tecnología, toda vez que actúan directamente en el incremento de las capacidades para la innovación y el progreso tecnológico.

En México, aunque hemos tenido avances importantísimos en el impulso de los estudios de las investigaciones científicas y tecnológicas, particularmente asociadas en la materia espacial al aprobar recientemente la creación de la Agencia Espacial Mexicana, pero no existe un apoyo tan fuerte como en los países del primer mundo.

Aun cuando la Ley de Ciencia y Tecnología en su artículo 9o. Bis obliga al Estado: federación, entidades federativas y municipios a asignar el 1 por ciento del PIB a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, en realidad, en el pasado PEF de 2010 sólo estamos destinando el 0.46 por ciento.

Ante la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología nos comprometimos a fortalecer el artículo 3o. constitucional para que esté presente como punto de partida la nueva realidad de la ciencia y la tecnología en nuestro país.

Por lo expuesto, presento a la consideración de esta representación nacional el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo la educación inicial y  la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación.

Todo individuo tiene derecho al acceso a los conocimientos y a los productos científicos y tecnológicos en igualdad de condiciones y oportunidades. El Estado apoyará, promoverá y financiará la investigación científica y el desa-rrollo, adaptación e innovación tecnológica.

La base principal del desarrollo científico y tecnológico serán las universidades, institutos y centros de investigación y educación superior del sector público, no nada más del privado, y estará bajo la dirección de los propios investigadores y técnicos académicos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Luis Velasco Lino, del Grupo Parlamentario del PRI

José Luis Velasco Lino, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La ciencia y la tecnología han experimentado desde el pasado milenio un apresurado y creciente desarrollo que ha impactado en todos los aspectos y manifestaciones de la vida, principalmente, a través del proyecto de la ilustración, según el cual la ciencia y la tecnología eran claves en la promoción de la felicidad humana, estado que se conseguía mediante el dominio racional del mundo y de la superación de las carencias que la naturaleza había impuesto al hombre.

En la actualidad, como lo señala el doctor Javier Bustamante Donas, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, la tecnología aparece como condición esencial de posibilidad y como característica definidora de nuestra sociedad. La tecnociencia está presente como uno de los hechos configuradores de la realidad presente.

Así lo afirma también la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Consejo Económico y Social (Ecosoc), de las Naciones Unidas, cuando señala que la tecnología no se puede seguir considerando un tema secundario, separado del desarrollo económico y social. La tecnología es el desarrollo. Es la clave de casi todas las esferas de la vida económica y social.

Las posibilidades que se abren a partir de esta omnipresencia de la tecnología en la vida social son tantas, que una nueva ética reclama una protección más global e imaginativa de los derechos de los individuos. Dichos derechos, se englobarían en lo que podría ser considerada una cuarta generación de derechos humanos, en los que la universalización del acceso a la ciencia y la tecnología juega un papel fundamental.

Hablar de derechos humanos supone hablar de calidad de vida y de acceso a mayores condiciones para diseñar y realizar nuestra propia vida, el reconocimiento de ellas es algo mucho más digno que la simple existencia biológica, el día de hoy resulta imposible hablar de calidad de vida sin mencionar a la ciencia y la tecnología.

El acceso a la ciencia y la tecnología como un derecho, se hace indispensable si tomamos en cuenta que así como en algún momento el género, la preferencia sexual, el color de piel, la edad o los ingresos económicos se han constituido como una variable en el fenómeno de la discriminación, hoy en día el acceso a la ciencia y a la tecnología se suma a esta lista. Actualmente, la sociedad está generando este nuevo fenómeno discriminador, por eso debe ser una obligación del Estado generar las condiciones positivas y afirmativas que reviertan esta situación.

La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ha reconocido que la trasferencias de conocimientos tecnológicos es una parte indispensable en la tarea de acelerar el acceso de los países en desarrollo y países con economías en transición a las nuevas tecnologías sobre una base no discriminatoria.

En este sentido, entre las razones que nos urgen a la universalización del acceso a la ciencia y la tecnología se encuentra, sin duda alguna, el desarrollo que ésta otorga a las naciones. Una de las principales características de las potencias mundiales es el apoyo que otorgan a sus sistemas de ciencia y tecnología, toda vez que actúan directamente en el incremento de sus capacidades para la innovación y el progreso tecnológico.

A este respecto, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció, a través de su resolución A/RES/56/182, que el conocimiento de la ciencia y tecnología y de las habilidades prácticas y estructuras institucionales asociadas con el manejo de tecnología, son herramientas esenciales para permitir que los países se beneficien de las oportunidades ofrecidas por la globalización, así como para  erradicar el riesgo de marginalización en el proceso de globalización.

Vemos como ejemplo las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que nos dicen que, en nuestra región en 2005-2006 de 14 países latinoamericanos analizados, sólo México, Uruguay y Costa Rica tienen un porcentaje superior al 20 por ciento de hogares con computadora; los hogares con acceso a internet en México es de 10 por ciento, Costa rica 10.2 por ciento y Uruguay de 13.7 por ciento, mientras que en países como Estados Unidos, Japón y Dinamarca el promedio de hogares con computadora y acceso a internet se situaba alrededor del 80 por ciento.

Por otra parte, nuestro país ha signado diversos instrumentos internacionales por los cuales ha adquirido compromisos en la materia, entre ellos se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que los Estados Parte reconocen, entre otros, el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones y se obligan al desarrollo y la difusión de la ciencia, a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora, asimismo, los Estados se comprometen a mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos.

Siendo una obligación internacional adquirida por nuestro país la difusión de la ciencia y dado el importante impacto de la tecnología en el desarrollo y bienestar de los mexicanos se hace indispensable la reforma de nuestro marco legal constitucional para consagrar el acceso a  las  mismas  como un derecho fundamental de los individuos, reconociéndose dentro de los derechos culturales, el carácter de interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación.

Al respecto el filósofo alemán Habermas señalaba: “Un orden jurídico no sólo tiene que garantizar que cada persona sea reconocida en sus derechos por todas las demás personas sino que el reconocimiento recíproco de los derechos de cada uno por todos los demás tiene que descansar en leyes que serán legítimas en la medida en que garanticen iguales libertades a todos, de suerte que ‘la libertad de arbitrio de cada uno sea compatible con la libertad de cada uno de los demás’.”

Un derecho sólo llega a ser verdad cuando se universaliza y se conquista de forma efectiva por todos los individuos en un momento histórico determinado y, a la naturaleza de este momento histórico le corresponde la democratización de la ciencia y la tecnología como un nuevo norte en el camino hacia un concepto de ciudadanía que englobe a todos los seres humanos y garantice su calidad de vida. Una ética que permita fundamentar la necesidad y la oportunidad de la extensión de los derechos humanos de cuarta generación sin distinciones entre pueblos e individuos, es una de las condiciones esenciales para la supervivencia del género humano.

Por lo expuesto, presento a la consideración de esta representación nacional el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción V el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se reforma y adiciona la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos

Artículo 3o. ...

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación.

Todo individuo tiene derecho al acceso al conocimiento y a los productos científicos y tecnológicos en igualdad de condiciones y oportunidades. El Estado apoyará, promoverá y financiará la investigación científica y el desa-rrollo, adaptación e innovación tecnológica.

La base principal del desarrollo científico y tecnológico serán las universidades, institutos y centros de investigación y educación superior del sector público y estará bajo la dirección de los propios investigadores y técnicos académicos.

Transitorios

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2010.— Diputados: José Luis Velasco Lino, Miguel Angel Luna Munguía, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias diputado Velasco Lino. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.



ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió de la diputada Leticia Quezada Conteras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2 y 12, fracciones III y IV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. La presente iniciativa de ley tiene como principal fuente la realidad mexicana, una cruda realidad que acongoja a millones de mexicanos por su recurrente asidero en la violencia y en la muerte.

2. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. En este marco, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

3. La falta de seguridad pública ha pasado a ser en los últimos tiempos uno de los temas centrales de preocupación de los ciudadanos y, por tanto, una de las cuestiones a resolver a cargo de las diversas autoridades encargadas de la seguridad pública en los tres ámbitos de gobierno, ya que la seguridad colectiva e individual son fundamentales para la vida humana.

La protección de la seguridad pública es un derecho reconocido en diversos instrumentos jurídicos del ámbito internacional en materia de derechos humanos incorporados al sistema jurídico mexicano como Ley Suprema de toda la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La idea de seguridad públicaestá pues ligada a la protección de la paz pública, de manera tal, que podría concebirse como el conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas, que tienden a garantizar la paz pública a través de la prevención y represión de los delitos y las faltas contra el orden público, mediante un sistema de control penal y de policía administrativa.

4. En una lógica similar, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 2 determina que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo.

En el contexto de la seguridad pública, el Estado tiene la obligación de desarrollar políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

5. Bajo tal prescripción de carácter constitucional y legal, no cabe duda de que las Fuerzas Armadas no tienen como misión institucional realizar actividades de seguridad pública.

Relacionado con lo anterior, es categórico lo definido por el artículo 129 de nuestra Carta Magna, mismo que define el campo de actuación de las fuerzas armadas en el país:

Artículo 129.En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

6. Se reitera, de un análisis de la Ley Orgánica de la Armada de México y de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se puede desprender que las instituciones armadas de la Unión no tienen una misión y funciones relacionadas con la materia de seguridad pública.

7. Desde los inicios de su gestión al frente del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa ha recurrido al Ejército como parte de la estrategia para fortalecer las tareas de seguridad pública. Tal circunstancia no es nueva, en anteriores administraciones se ha empleado la misma medida a pesar de los resultados cuestionados.

En la acción militar se ha dado preeminencia a la persecución, detención y sanción a los responsables de los delitos a través de la fuerza y de operativos aparatosos que han amedrentado y generado miedo en la sociedad, sin que el respeto a los derechos humanos signifique una limitación a sus actos.

Lo anterior ha generado una opinión pública negativa hacia las fuerzas armadas en su desempeño en labores de “seguridad pública”, pues su actuación ha quedado al margen de la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal.

La misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha afirmado que las fuerzas armadas del país constitucionalmente no tienen la posibilidad de intervenir en tareas de seguridad pública; menos de sustituir la función encomendada a la autoridad civil.

El ombudsman nacional refiere, y con razón: “La intervención directa del ejército en tareas de seguridad pública plantea riesgos como el exceso en el uso de la fuerza, sobre todo porque los militares a diferencia de las policías preventivas, están entrenados en tácticas para la eliminación del enemigo y para situaciones de emergencia, no para la prevención del delito”.

8. En el contexto de los operativos militarizados anticrimen en diversas entidades federativas, el gobierno federal ha desplegado decenas de miles de tropas, encomendándole a las instituciones armadas de la Unión la realización de tareas que legalmente competen a la policía civil. Resulta en nuestros días comunes que miembros del Ejército sean nombrados jefes de las fuerzas policiales federales, estatales y municipales, militarizando de esta forma la seguridad pública.

Human Right Watch sostiene que más de 40 mil miembros de las fuerzas federales, entre militares y policías, han sido desplegados en todo el país desde la llegada de Calderón al poder.

9. Si bien es cierto que el problema del narcotráfico es asunto sensible de carácter nacional, también lo es que la intervención de elementos militares en esta labor no ha demostrado su efectividad en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, al contrario, dicha intromisión ha vulnerado los derechos humanos de un sin número de ciudadanos inocentes.

10. En los últimos meses, los recurrentes enfrentamientos entre corporaciones policiales y militares por un lado y por el otro, presuntos sicarios del narcotráfico, evidencian la capacidad de fuego del crimen organizado y las fallas en las estrategias gubernamentales para garantizar la seguridad de ciudadanos y ciudadanas de amplias regiones del país.

11. Es indudable que se debe sancionar a quienes vulnera la ley; sin embargo, en el caso del crimen organizado, la estrategia no debe reducirse al combate militar.

Diversos estudios y voces han indicado que otros factores han de ser atendidos, entre ellos las carencias existentes en los diversos cuerpos policiales; los salarios deficientes; la falta de capacitación adecuada; la alianza entre los grupos de poder a nivel regional, nacional, trasnacional y las organizaciones delictivas; la impunidad como práctica arraigada en amplios sectores de la estructura gubernamental y la corrupción que favorece la actuación al margen de los procedimientos institucionales.

Los delitos deben ser prevenidos o castigados, pero resulta inaceptable que a nombre del Estado se actúe contra el orden jurídico.

12. En los últimos 10 años se han implantado al menos 7 programas para abatir el problema de la inseguridad pública: Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia (agosto de 1998), Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006 (2002), 10 Acciones contra la Delincuencia Organizada, Comprometidas por el Ejecutivo Federal (14 de julio de 2004), Programa Sectorial de Seguridad, Gobernabilidad y Política Exterior 2007-2012 (2007), programas y estrategias nacionales de seguridad, como Plataforma México (el Sistema Único de Información Criminal) y Limpiemos México, en sus tres fases: Centros en Recuperación, Escuelas Segura y Centro de Atención Primaria de Adicciones y Salud Mental (2007 y 2008), Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 (2008), Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012 (2008) y Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (2008).

Tales programas –a decir de la CNDH– contienen estrategias y acciones específicas similares, nacidas de demandas ciudadanas, pero comparten el destino de haberse quedado a un paso de los objetivos propuestos y limitados en cuanto a resultados cualitativos que permitan a la sociedad mexicana acceder a mejores condiciones de seguridad pública.

13. Si bien tener al Ejército y la Marina en las calles ha generado una situación de contención a la delincuencia en algunas regiones del país, también es necesario reconocer que el protagonismo de las fuerzas armadas ha impedido la consolidación de las soluciones civiles, las cuales tendrían que ser las únicas con cabida en el marco de un estado democrático.

14. La intervención de la milicia durante este sexenio ha sido severamente cuestionada por una parte importante de la sociedad mexicana, debido a que las autoridades militares, al extraerse de sus facultades constitucionales, han infringido el marco constitucional, dañado de manera directa e irreparable a cientos de ciudadanas y ciudadanos mexicanos en su vida, libertad, integridad física y bienes.

Tras asumir el gobierno en diciembre de 2006, Felipe Calderón lanzó a las calles a miles de soldados para luchar contra el crimen y, desde entonces, la cifra de homicidios relacionados con el narcotráfico alcanza más de 18 mil, según estadísticas periodísticas.

“Nueve años de operativos y miles de muertos”,es el título del artículo publicado por el periodista Gustavo Castillo García en el diario de La Jornada del 3 de febrero del 2010, mismo que da cuenta de que sólo “en Juárez se ha cometido en promedio 71 por ciento de los asesinatos de todo Chihuahua en 2008 y 2009, esto es, 4 mil muertes presuntamente vinculadas a la disputa de la rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos y las zonas de distribución de enervantes en esa ciudad fronteriza”.

15. Insertadas en la llamada “guerra contra en narcotráfico”, los miembros de la milicia han generado un ánimo público de repudio, pues sin seguir protocolos de investigación del delito, han afectado a ciudadanos inocentes, y fracturado de manera diversos principios generales del derecho: debido proceso legal, garantía de audiencia, principio de legalidad, etcétera.

16. En 2006 y 2007, diversos casos consternaron a la opinión pública en los que efectivos militares atentaron contra civiles indefensos: la violación tumultuaria de 13 bailarinas y sexoservidoras en Castaños, Coahuila; la violación y el homicidio de Ernestina Ascencio Rosario, en Veracruz; la agresión de cuatro mujeres adolescentes en Michoacán, que fueron secuestradas, drogadas y violadas por elementos del Ejército Mexicano; la ejecución de la familia Esparza Galaviz, en Sinaloa; y la ejecución de Héctor Adrián Salazar Fernández, en Tamaulipas, quien fue asesinado por elementos del Ejército cuando el conductor ignoró el alto que marcado por un retén militar.

17. En el informe, de fecha 21 de diciembre de 2009, denominado Sin controles, sin castigo, las violaciones del Estado mexicano a los derechos civiles y políticos, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, hace visible que a tres años de iniciado el “combate frontal” contra la delincuencia organizada, la decisión del gobierno de utilizar al Ejército para realizar la labor de la policía ha provocado un estado de excepción de facto y un drástico aumento de violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con el informe mencionado, la impunidad en casos graves de violaciones a derechos civiles y políticos, incluidas ejecuciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, allanamientos y otros abusos cometidos por las fuerzas de seguridad de México continúa siendo la norma. El uso de la jurisdicción militar para investigar delitos contra civiles cometidos por las fuerzas armadas ha servido para impedir que los autores enfrenten la justicia.

18. Por lo que hace al contexto internacional, desde 1999 el Comisión de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por “la creciente intervención de los militares en la sociedad, especialmente en los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde desarrollan actividades propias de las fuerzas policiales. En este sentido, recomienda que el mantenimiento del orden dentro del territorio del país debe realizarse por medio de las fuerzas de seguridad civiles”.

19. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en diversas oportunidades que la autorización estatal otorgada para que las fuerzas armadas intervengan en cuestiones de seguridad, se da confundiendo los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional.

Tal criterio es confirmado por lo expuesto por la CNDH al indicar que el concepto de “seguridad pública” se ha ido modificando o flexibilizando a grado tal de equipararlo al de “seguridad interna o interior”, situación que se traduce en el hecho de elevar un problema que de origen es de la competencia de las fuerzas de seguridad del orden civil. Bajo el parámetro del ejercicio de la mayor fuerza pública, también se evidencien excesos en el uso de dicha fuerza, que desembocan en un alto grado de vulneración a las libertades individuales de los mexicanos generando además de víctimas del delito, víctimas del abuso de poder.

20. Durante la administración de Felipe Calderón, el uso de retenes ha formado parte de los operativos militarizados anticrimen realizados en numerosos estados. Los retenes de este tipo se han convertido frecuentemente en sitios de abusos a derechos humanos, incluyendo ejecuciones arbitrarias. Tan sólo de enero de 2007 al 10 de junio de 2008, al menos 149 casos fueron reportados en los medios de comunicación en los que civiles fueron victimizados en los retenes militares: en la mayoría de los casos los militares dispararon a civiles por no haber detenido los vehículos a tiempo para la inspección, lo cual tuvo consecuencias fatales en varios casos.

21. Lejos de implantar las recomendaciones internacionales, en los últimos tres años la administración federal ha aumentado significativamente el papel de las fuerzas armadas en las labores policiales. Esta militarización de la seguridad pública ha provocado un incremento drástico de las violaciones a derechos humanos, de las cuales no han sido investigadas y juzgadas adecuadamente en gran parte por causa del fuero militar.

22. El gobierno federal intenta justificar la intervención del ejercito en labores de seguridad pública, utilizando únicamente criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha determinado que es constitucionalmente posible que el ejército, fuerza aérea y armada, en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública.

23. Hoy día, sin embargo, el verdadero papel de las fuerzas armadas supera con creces los límites descritos, pues actúan por ‘por sí y ante sí’, extrayéndos de la autorización expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles, además, sus actuaciones cada vez más se apartan del orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes y en los tratados adoptados por el Estado mexicano.

24. Recientemente la organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) su quinto informe sobre México, en el que acusa al estado de encubrir a militares presuntamente violadores de derechos humanos, pues sólo hay una condena por estos actos.

En el informe, Impunidad uniformada, uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, HRW da cuenta de que las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones sexuales de mujeres indígenas y detenciones arbitrarias durante operativos de lucha contra la insurgencia y el narcotráfico; en donde muchas de las víctimas en los casos documentados en este informe no tenían ningún vínculo con el tráfico de drogas ni con grupos insurgentes.

25. Aparte de la naturaleza inconstitucional del papel actual del Ejército en las tareas de seguridad pública, los operativos militares se caracterizan por actos que violan los derechos fundamentales de la población civil, como allanamientos sin orden judicial, tortura de civiles detenidos en condiciones irregulares en instalaciones militares y ejecuciones extrajudiciales.

26. Una revisión a las recomendaciones emitidas por la CNDH en los últimos tres años, revela un patrón de detenciones y tortura contra civiles por parte de soldados, en las que frecuentemente las personas son retenidas en condiciones irregulares en instalaciones militares. Entre los métodos de tortura recurrentes documentados por la CNDH están golpes, choques eléctricos en partes sensibles del cuerpo y el uso de bolsas de plástico para sofocar a las víctimas.

Caso real. Detención ilegal y abuso de 36 civiles y violación de cuatro jóvenes

Luego de que un grupo de personas no identificadas atacaron a varios militares y asesinaron a cinco soldados el 1 de mayo de 2007, cientos de soldados se trasladaron a los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo en el estado de Michoacán con el fin de encontrar a los agresores. Cometieron decenas de abusos, incluidas detenciones arbitrarias, detenciones ilegales en una base militar, torturas, golpizas, violaciones sexuales e ingreso ilegal a varias viviendas.

Durante los dos días que siguieron a la emboscada, los soldados detuvieron arbitrariamente a 36 personas, entre ellas cinco menores, quienes fueron retenidas en la base militar de la 21 zona militar por un término de hasta 84 horas. Golpearon reiteradamente a los detenidos, les ataron las manos con cinta o cuerdas y, en algunos casos, les cubrieron la cabeza con bolsas de plástico o telas. Uno de los detenidos presentaba quemaduras en la piel, y otro informó que los soldados habían sumergido su cabeza en un recipiente con agua para obligarlo a proporcionar información. Los soldados mantuvieron incomunicados a la mayoría de los detenidos, y cuatro de ellos tuvieron su rostro y ojos cubiertos todo el tiempo.

27. En este contexto, el número de quejas recibidas por la CNDH contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por violaciones a derechos humanos se sextuplicó durante los primeros dos años de la administración de Felipe Calderón, con 1230 quejas presentadas tan sólo en 2008 y un mayor número de quejas reportadas en 2009.

28. El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez ha señalado que entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de julio de 2009, los medios de comunicación monitoreados han reportado más de 200 casos de presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por militares. Dichos casos han sido reportados en los estados de Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Baja California, estado de México, Morelos, Tabasco, Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Querétaro, Sonora, Yucatán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Puebla y el Distrito Federal, es decir, en 24 de las 32 entidades federativas de México. Estos reportes incluyen decenas de casos de ataques con armas de fuego, numerosos casos de tortura (incluyendo tortura sexual), detenciones arbitrarias generalizadas, así como ejecuciones y desapariciones forzadas.

29. La milicia en la vida civil también se ha extralimitado y producido violencia de género.

El caso de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, Michoacán, sucedidos el 1 de mayo de 2007, ejemplifica una de las formas en las que pueden manejarse los militares en las calles y frente a la población civil, y estoy segura que a los legisladores de todos los partidos políticos les dará un indicador poderoso para su actuar:

Cuatro de las personas que estuvieron detenidas durante más de 20 horas eran jóvenes mujeres de menos de 18 años en su momento, quienes declararon ante los agentes del ministerio público federal que fueron golpeadas reiteradamente, abusadas sexualmente y violadas por los soldados, con el fin de obtener información sobre sus supuestos vínculos con grupos armados y de narcotraficantes. Las jóvenes relataron que los soldados las obligaron a subir a un helicóptero, donde fueron amenazadas y abusadas sexualmente. Una de las jóvenes contó que los soldados les dijeron “pinches derechos humanos ni existen, las vamos aventar al mar y se las van a comer lo tiburones”. Otra relató que la obligaron a subirse la falda y bajarse la ropa interior, mientras los soldados le decían “pinches putas, al fin es lo que les gusta”. Un soldado hizo una estampita de la Virgen María que llevaba una de las jóvenes, la arrugó hasta formar una bolita y la introdujo en su ano. Según la cuarta joven, los soldados le dijeron “ni la virgencita te va salvar”. Cuando llegaron a las instalaciones militares, las obligaron a inhalar una sustancia que las adormeció, y se despertaron con terribles dolores en el cuerpo, especialmente en el abdomen inferior.

Algunas de las jóvenes advirtieron que estaban expulsando espuma por la nariz y la boca, y que un líquido salía de su vagina y les producía picazón.

30. Estadísticas dadas a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelan que en lo que va del gobierno de Felipe Calderón se ha presentado el mayor número de quejas contra militares ante la CNDH.

De acuerdo con las estadísticas dadas a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional, la CNDH le ha formulado 35 recomendaciones: 7 durante 2007, 14 en 2008 y 14 en 2009. Por lo que hace a la personalidad jurídica de los promoventes de las denuncias, en diciembre de 2006 ocho civiles se quejaron; en 2007 fueron 292; en 2008, mil 100, y en lo que va de 2009, 888.

31. Por otra parte, la organización internacional de Amnistía Internacional en su informe del año 2009 da cuenta del aumento de informes sobre la implicación de personal militar en homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros ilegales de viviendas.

En su informe denominado México, nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del Ejército, Amnistía Internacionalexhibe que “las violaciones de derechos humanos por miembros del ejército no son excepcionales, sino frecuentes y, en algunas zonas, habituales”.

En el plano doméstico, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, han documentado diversos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares y autoridades municipales, justificados por la actual lucha contra el narcotráfico, en la cuales las detenciones ilegales y arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y/o degradantes durante arraigo en cuarteles militares, incomunicación así como ocultamiento de información, falta de una defensa adecuada y un debido proceso legal, son aplicadas de manera sistemática hacia ciertos sectores de la población.

La Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, AC, en su Informe 2009 sobre la militarización del territorio y la criminalización de la protesta social,indica de manera categórica que “las políticas y reformas gubernamentales en materia de seguridad nacional y fortalecimiento del estado de derecho, son totalmente lo opuesto, se utilizan los mecanismos legales y extrajudiciales para violentar de manera legítima los derechos humanos de la población mexicana, las prácticas de autoritarismo y corrupción dejan en total desamparo a quienes intentan ejercer sus derechos humanos y se vulnera la posibilidad de defenderlos; la violencia y desinformación en que está actualmente sometida la sociedad, permiten que se impongan estrategias económicas, sociales y culturales que impiden el desarrollo de las mexicanas y los mexicanos, a favor de intereses extranjeros”.

32. El gobierno de México en su quinto informe periódico, en cumplimiento del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el Pacto) presentado a consideración del Comité de Derechos Humanos de la ONU, justifica la intervención de las fuerzas armadas en tareas diversas de seguridad pública, fundándose solamente en los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, situación que denota la falta de un fundamento constitucional claro al respecto.

En esta materia, al concluir su 98 periodo de sesiones, un grupo especializado de la ONU (18 expertos independientes), mostró su inquietud en cuanto al uso del arraigo prolongado, la violación de derechos de las mujeres, la tortura y la seguridad de los periodistas y activistas humanitarios.

33. Por último, tres sucesos recientes confirman la necesidad de acuartelar a los militares: la muertes de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, mismos que fueron abatidos el día 19 de marzo del año en curso luego de un enfrentamiento entre sicarios y militares; la declaración del doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, al rendir su informe ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que apunta a la Secretaría de la Defensa Nacional como la dependencia con más quejas por violación a derechos humanos, y finalmente el homicidio de los niños Martín y Bryan Almazán Salazar, de 9 y 5 años de edad respectivamente, quienes perdieron la vida a manos de militares agazapados en un retén militar instalado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por todo lo expuesto, se propone reformar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de insertar una prohibición expresa para que las instituciones armadas de la unión participen en actividades de seguridad pública. El mismo resultado se persigue con las reformas planteadas respecto a los artículos 2 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aprobadas las reformas planteadas, el titular del Poder Ejecutivo Federal deberá reformar a la prontitud necesaria los Decretos por el cual se crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (9 de mayo de 2007), así como el Decreto por el que se reforma el diverso que crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (17 de septiembre de 2007); instrumentos normativos que regulan la participación del ejército en relación con el apoyo a las autoridades civiles en tareas relacionadas con la seguridad pública.

Coincidimos con diversas voces que indican que la seguridad pública debe plantearse como una labor de fortalecimiento del tejido social y, en consecuencia, la policía considerada como una institución que contribuye a la convivencia comunitaria; y que las estrategias de seguridad ciudadana sean fundamentalmente preventivas e integrales.

Apuntado lo anterior, nos manifestemos para que cese la permanencia de las instituciones armadas de la Unión en las tareas de seguridad pública, concluyendo así la militarización de la vida nacional.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2 y 12, fracciones III y IV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo Primero. Se reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 21.La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

...

e)Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Queda prohibido que cualquier elemento de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina participen en actividades de seguridad pública.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo Segundo.Se reforma el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 2.La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito federal, los estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

Queda prohibido que cualquier elemento de las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina participen en actividades de seguridad pública.

Artículo Tercero.Se reforma el artículo 12, fracciones III y IV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 12.El Consejo Nacional estará integrado por

I.El presidente de la República, quien lo presidirá;

II.El secretario de Gobernación;

III.Se deroga;

IV.Se deroga;

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Aprobada la reforma de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2 y 12, fracciones III y IV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el titular del Ejecutivo federal deberá instruir lo necesario para su debido cumplimiento, modificando en consecuencia los decretos por el cual se crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (9 de mayo de 2007) y el que se reforma el diverso que crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (17 de septiembre de 2007).

Notas:

1 Segundo informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la seguridad pública en el país.

2 Seguridad pública. Claudia Gamboa Montejano y Sandra Valdés Robledo, agosto de 2004, Servicio de Investigación y Análisis.

3 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

4 La Ley Orgánica de la Armada de Méxicoestablece que “la Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; teniendo entre sus atribuciones, 1) Organizar, adiestrar, alistar, equipar y operar a las fuerzas que la constituyen para el cumplimiento de su misión y ejercicio de sus funciones; 2) Cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado Mexicano; 3) Realizar acciones para salvaguardar la soberanía y defender la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental; así como en aguas interiores, lacustres y ríos en sus partes navegables, incluyendo los espacios aéreos correspondientes, así como vigilar los derechos de soberanía en la zona económica exclusiva y, 4) Salvaguardar la vida humana en la mar y en las aguas interiores, mediante operaciones de búsqueda, rescate y salvamento en las aguas marinas nacionales e internacionales y en todas aquellas en las que el Mando Supremo lo ordene”.

La Ley Orgánica del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos, establece que “el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales de: Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; Garantizar la seguridad interior; Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas”.

5 “PF remplazará a militares en Ciudad Juárez”, http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/513916.pf-remplazara-a-militares-en- ciudad-juarez.html

Nombran mandos militares en Ciudad Juárez para acabar con guerra de carteles.

http://www.diarioeldia.cl/index.php?option=com_content&task= view&id=16223&Itemid=166

Toman Juárez 2 mil 500 soldados y militares. http://www.cronica.com. mx/nota.php?id_nota=354148

Vienen militares a Seguridad Pública. http://www.sipse.com/noticias/2688-vienen-militares-seguridad-publica.htmlMilit ares asumen policía de Cancún.. http://www.eluniversal.com.mx/notas/646199. html}

Militares y policías serán directores de Seguridad Pública en municipios de Michoacán. http://www.milenio.com/node/307960

Militares asumen el control de dos corporaciones policiacas de Sinaloa. http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=politica&article=01 6n2pol

Otro militar como secretario de Seguridad Pública de Durango. http://www.durangoaldia.com/otro-militar-como-secretario-de-seguridad-publica-d e-durango/2010/01/

6 Segundo informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la seguridad pública en el país.

7 http://www.jornada.unam.mx/2010/02/03/index.php?section=politica&article=00 3n2pol.

Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (diciembre de 2000 a diciembre de 2009), mil 326 menores han perdido la vida en la llamada “guerra contra el crimen organizado”. Del total, 600 han fallecido en balaceras entre narcotraficantes o presuntos delincuentes y autoridades; los otros 726, cuyas edades iban de 15 a 17 años, fueron asesinados por ser sicarios o narcomenudistas, revelaron mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, http://pocamadrenews.wordpress. com/2010/03/28/mas-de-1300-menores-muertos-y-mas-de-mil-mujeres-muertos-en-la-g uerra-contra-el-narco/

8 Informe presentado al Comité de Derechos Humanos de la ONU en el marco del quinto informe periódico del Estado mexicano sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en México.

9 Ídem.

10 Véanse, e.g., las siguientes recomendaciones formuladas a la Secretaría de la Defensa Nacional: 73/09, 71/09, 70/09, 66/09, 63/09, 61/09, 59/09, 55/09, 54/09, 53/09, 41/09, 38/09, 34/09, 33/09, 28/09, 18/09, 13/09, 67/08, 60/08, 33/08, 32/08, 31/08, 30/08, 29/08, 39/07 y 38/07, disponibles en www.cndh.org.mx

11 “Impunidad uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, Human Rights Watch, a bril de 2009.

12 http://www.jornada.unam.mx/2009/07/24/index.php?section=politica&article=00 8n1pol

13 Publicado en 2009 por Amnistía Internacional. Secretariado Internacional. Peter Benenson House. 1 Easton Street. London WC1X 0DW. Reino Unido. http://amnistia.mx/abusosmilitares/informe.pdf

14 Informe sobre la situación de los derechos humanos en México elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, presentado ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas en su 98 Periodo de Sesiones, del 8-26 Marzo del 2010, Nueva York.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CMDPDHMexico98_sp. pdf

15 http://cinoticias.com/2010/02/11/informe-2009-sobre-la-militarizacion-del-terri torio-y-la-criminalizacion-de-la-protesta-social/

16 Quinto informe periódico, en cumplimiento del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. CCPR/C/MEX/5 24 de septiembre de 2008, http://www.cndh.org.mx/INFORMES/ExamenComitDH/5°INFORMEPERIODICO.pdf

Palacio Legislativo, a 13 de abril de 2010.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.



LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar  iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o., 2o. A y 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Adelante, diputada Guillén.

La diputada Olivia Guillén Padilla:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, un problema que se viene presentando en las finanzas de los municipios del país, básicamente por la equivocada interpretación de los lineamientos que emite el Sistema de Administración Tributaria, es la devolución del impuesto al valor agregado que se genera por la prestación del servicio del suministro de agua para uso doméstico, recursos que se destinan a financiar infraestructura hidráulica.

Hay toda una serie de propuestas que se han manifestado a favor de dotar de recursos a los municipios, reconociendo la relevancia de invertir en materia de sistema de agua potable y alcantarillado y realizar obra hidráulica, contemplado tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, como en el programa Hídrico 2007-2012.

En este sentido se han realizado varias reformas a los artículos 2o. A, 3o. y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, siempre reconociendo que se debe devolver el impuesto del IVA para que los ayuntamientos cuenten con los recursos complementarios derivados del acreditamiento del impuesto al valor agregado, para invertir en el mantenimiento de las redes del suministro de agua de uso doméstico, tan necesarias para eficientar la distribución de este líquido a la población del país.

Sin embargo, los mecanismos y la interpretación de las normas establecidas por el Sistema de Administración Tributaria han hecho complicado el proceso de devolución, y en otros casos no se ha podido tener una respuesta favorable por no contar con el criterio claramente definido para la recuperación del impuesto acreditable del IVA, a pesar de que se tiene la normatividad vigente como única condición para hacerlo el que se destinen exclusivamente a inversión de obra hidráulica.

La ley vigente señala que los actos o actividades a los que se aplica la tasa de 0 por ciento producen los mismos efectos legales que aquéllos en los que se debe pagar el impuesto. Esto significa que por las operaciones sujetas a la tasa de 0 por ciento que no causan IVA, procede el acreditamiento del IVA trasladado y del pago en importaciones, como si se tratase de actos o actividades gravados.

La ley en la materia establece, en el artículo 3o., que los municipios deberán aceptar el traslado a que se refiere el artículo 1o. de la ley, y en su caso pagar el IVA y trasladarlo de acuerdo con los preceptos establecidos.

En este sentido, la ley establece que la federación, el Distrito Federal, los estados, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen, que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o pagado en las importaciones. Que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta ley o le sea aplicable la tasa de 0 por ciento. Para el acreditamiento de referencia se deberá cumplir con los requisitos previstos en esta ley.

De lo anterior se deduce que el Sistema de Administración Tributaria debe devolver el IVA sobre las actividades de suministro de agua y no debe negar su devolución con el argumento de falta de claridad en la ley correspondiente, de insuficiencia de documentos o de que quienes realizan las actividades en la materia no son contribuyentes.

Asimismo, el Sistema de Administración Tributaria debe aplicar a cabalidad las reglas de miscelánea vigentes, que regulen la devolución del impuesto al valor agregado a los municipios para que se apliquen exclusivamente a las obras de infraestructura hidráulica, conforme a los lineamientos fiscales que garanticen su aplicación y comprobación correspondiente. Que eviten abusos e inversiones improcedentes que no se establecen expresamente en la ley.

Lo anterior confirma que el espíritu plasmado en las reformas realizadas a la ley en la materia es precisamente el de establecer incentivos fiscales a los organismos municipales o estatales operadores de los servicios de agua para su uso doméstico, consistente en acceder a los saldos del IVA.

Por lo antes expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Primero. Se adiciona la fracción III del artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Segundo. Se reforma el artículo 2o. A, fracción II, inciso h) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Tercero. Se reforma el artículo 3o., párrafo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señor presidente, le solicito se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 1o., 2o.-A y 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Olivia Guillén Padilla, diputada federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o., 2o.-A y 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Un grave problema que se viene presentando en las finanzas de los municipios del país, básicamente por la mala interpretación de los lineamientos que emite el Sistema de Administración Tributaria, es la devolución del impuesto al valor agregado que se genera por la prestación del servicio de suministro de agua para uso doméstico, recursos que se destinan a financiar infraestructura hidráulica.

El uso y aprovechamiento doméstico del agua potable en el país enfrenta diversos conflictos técnicos y financieros, desde hace ya varios años, el agua es un recurso cada vez más escaso, la falta de lluvias y escurrimientos motivados por la erosión y el deterioro ambiental, ha llevado al agotamiento de cuencas y mantos acuíferos.

Los organismos que se encargan de extraer, conducir, potabilizar y distribuir el agua para uso doméstico, enfrentan enormes problemas debido a que las tuberías de conducción y redes de distribución en la mayoría de las ciudades son obsoletas y nunca son suficientes, requiriendo permanentemente de grandes cantidades de inversión.

En el presupuesto de 2009 se asignaron 151,325,380 millones de pesos para la Comisión del Agua y para el programa nacional hidráulico 32,814 millones de pesos; para el ejercicio de 2010 se incrementaron en un porcentaje mínimo los recursos de mejoramiento del servicio de agua, a la comisión se le destinaron solo 157.5 millones de pesos y al programa 34,499,168,743 millones de pesos, recursos que permitirán solventar con algunas carencias el mantenimiento del sistema de agua potable en las entidades municipios del país, lo que hace necesario aún mas que se devuelvan algunos recursos, como es el IVA por el cobro de el servicio de agua para el uso domestico, que acrediten los estados y municipios.

Hay toda una serie de propuestas que se han manifestado en sentido positivo para dotar de recursos a los municipios, reconociendo la relevancia de invertir en materia del sistema de agua potable y alcantarillado y realizar obra hidráulica, contemplado tanto en Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, como en el programa Hídrico 2007-20012, por ello es importante la devolución del IVA, de otra forma los organismos operadores de agua potable o los propios de los municipios del país -cuando no existe este organismo descentralizado- se verán obligados a transferir dicho impuesto a los usuarios del servicio, aumentando la tarifa de agua potable para uso doméstico.

En este sentido se han realizado varias reformas al artículo 2-A, 3o. y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, siempre reconociendo que se debe devolver el impuesto del IVA para que los ayuntamientos cuenten con los recursos complementarios derivados del acreditamiento del impuesto al valor agregado, para invertir en el mantenimiento de las redes del suministro de agua de uso doméstico, tan necesarias para eficientar la distribución de este liquido a la población en el país, política nacional que considera las reglas de operación de los programas en materia de infraestructura hidroagrícola y de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua.

En la reforma realizada al artículo 1o. se define quienes están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, determinando a las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I.Enajenen bienes.

II.Presten servicios independientes.

III.Otorguen el uso o goce temporal de bienes.

IV.Importen bienes o servicios.

Asimismo, se han presentado en el Congreso de la Unión varias iniciativas para que el Ejecutivo federal permita la devolución del IVA, y el mismo Ejecutivo ha reconocido la necesidad de establecer facilidades fiscales para que se les devuelvan los recursos por concepto del IVA, para destinarlos a inversión física hidráulica del sistema de agua potable.

Sin embargo, los mecanismos y la interpretación de las normas establecidos por el Sistema de Administración Tributaria, ha hecho complicado el proceso de devolución y en otros casos, no se ha podido tener una respuesta favorable por no contar con el criterio claramente definido para la recuperación del impuesto acreditable del IVA, a pesar de que se tiene en la normatividad vigente, como única condición para hacerlo el que se destinen exclusivamente a inversión de obra hidráulica.

En las diferentes propuestas de 1995 al 2000 sobre la tasa cero que integraron la reforma de la Ley del Impuesto al Valor Agregado de 2001 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación se dispuso lo siguiente: “durante el ejercicio fiscal de 2001 el impuesto al valor agregado sobre el servicio o suministro de agua para uso doméstico que se efectúe en dicho ejercicio, se causará a la tasa del cero por ciento”.

Con la reforma de 2002, que adiciona el inciso h) del artículo 2o.-A, se dispone que el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

II. La prestación de servicios independientes:

a) a g) ...

h) Los de suministro de agua para uso doméstico.

Asimismo se determina desde esa fecha que “la federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta ley o les sea aplicable la tasa del 0%. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en esta ley”.

Lo anterior demuestra que la intención del legislador fue el beneficiar al contribuyente a través de un tratamiento fiscal, como lo ha sido el de la tasa del cero por ciento y no el de exención que el Ejecutivo había estado proponiendo anualmente, lo anterior con la clara finalidad de que lo estipulado en la parte final del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, también le fueran atribuibles a la prestación de servicios para el suministro de agua potable.

Esta modalidad de tasa “0” ofrece al contribuyente ventajas sobre la del régimen de exenciones, ya que se tiene la oportunidad de recuperar y obtener devolución del IVA que se le hubiera trasladado por otros contribuyentes o el que hubiera pagado en importaciones, con lo que el legislador plasmo en la reforma de la norma el espíritu de simplicidad, para que se realizara la devolución del IVA trasladado.

La ley vigente señala que los actos o actividades a los que se aplica la tasa del 0% producen los mismos efectos legales que aquéllos por los que se debe pagar el impuesto. Esto significa que por las operaciones sujetas a la tasa del 0%, que no causen IVA, procede el acreditamiento del IVA trasladado y del pagado en importaciones, como si se tratase de actos o actividades gravados.

La ley en la materia establece en el artículo 3o. que los municipios deberán aceptar el traslado a que se refiere el artículo 1o. de la ley y, en su caso, pagar el IVA y trasladarlo de acuerdo con los preceptos establecidos.

En este sentido la ley establece que “la federación, el Distrito Federal, los estados, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta ley o les sea aplicable la tasa del cero por ciento. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en esta ley”

De lo anterior se deduce que el Sistema de Administración Tributaria debe devolver el IVA sobre las actividades de suministro de agua, y no debe negar su devolución con el argumento de falta de claridad en la Ley correspondiente, de insuficiencia de documentos o de que quienes realizan las actividades en la materia no son contribuyentes.

Ello de conformidad con lo que se señala en el último párrafo del artículo 6° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que determina la devolución que se deriva de la prestación del servicio de suministro de agua para uso domestico, en donde se señala lo siguiente:

“Tratándose de los contribuyentes que proporcionen los servicios a que se refiere el inciso h) de la fracción II del artículo 2o.-A de esta ley, cuando en su declaración mensual resulte saldo a favor, dicho saldo se pagará al contribuyente, el cual deberá destinarlo para invertirse en infraestructura hidráulica o al pago de los derechos establecidos en los artículos 222 y 276 de la Ley Federal de Derechos. El contribuyente, mediante aviso, demostrará ante el Servicio de Administración Tributaria la inversión realizada, o en su caso, el pago de los derechos realizados.”

Asimismo, el Sistema de Administración Tributaria debe aplicar a cabalidad las reglas de la miscelánea vigentes que regulan la devolución del impuesto al valor agregado a los municipios, para que se apliquen exclusivamente a obras de infraestructura hidráulica, conforme a los lineamientos fiscales que garanticen su aplicación y comprobación correspondiente, que eviten abusos en inversiones improcedentes que no se establecen expresamente en la ley.

De no hacerlo así, los municipios deberán transferir dicho costo a su presupuesto de operación anual, lo que conlleva por un lado, a no ampliar su red de servicios o en el peor de los casos, hacer más deficientes los mismos o por otro lado, a buscar que el ayuntamiento municipal respectivo, destine una partida de recursos extraordinarios para cubrir la merma presupuestal.

Podemos pensar que los servicios de suministro de agua para uso domestico tiene un tratamiento perfectamente definido en la ley y en los criterios de miscelánea fiscal vigentes, sin que se pueda dar una interpretación errónea o diferente en su aplicación en cuanto a la tasa “0” por ciento, y a la devolución del impuesto al valor agregado por los servicios de agua de uso domestico, para destinarlos a inversión a infraestructura hidráulica.

Por otra parte, con el fin de acentuar en la definición y establecimiento de conceptos claros que no causen confusión para la devolución del impuesto al valor agregado en materia de servicios de agua para uso doméstico podemos concluir con lo siguiente:

a) Resulta necesario precisar el alcance de los preceptos que actualmente contempla el artículo 1o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en cuanto al uso o goce temporal de bienes, para ampliar su concepto, en relación con el artículo 2o.-A de la misma ley, que establece la obligación de la federación, estados y municipios de pagar el IVA por los servicios de agua para uso domestico, así como con el artículo 3o. que se refiere a que sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta ley o les sea aplicable la tasa del 0%.

Lo anterior confirma que el espíritu plasmado en las reformas realizadas a la ley en la materia, es precisamente el de establecer incentivos fiscales a los organismos municipales o estatales operadores de los servicios de agua para uso domestico, consistente en acceder a los saldos del IVA.

Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Primero. Se adiciona la fracción III del artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

I. a II. ...

III.Otorguen el uso o goce temporal de bienes y servicios.

IV.Importen bienes o servicios.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 2o.-A, fracción II, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A.El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. y II. ...

a) a g) ...

h) Los relacionados con la prestación de servicios o suministro de agua para uso doméstico.

Artículo Tercero.Se reforma el artículo 3º, párrafo segundo, de la ley del impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

...

La federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, salvo que se trate de derechos estatales o municipales por el servicio o suministro de agua potable,y podrán acreditar todoel impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta Ley o les sea aplicable la tasa del 0%. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 4o. y en las fracciones II, III y IV del artículo 5o. y demás aplicables de esta Ley.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 6 de abril de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada. Como lo solicita, insértese íntegro el texto de su iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



LEY GENERAL DE TURISMO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Adelante, diputado Ríos Piter.

El diputado Armando Ríos Piter:Con su permiso, señor presidente. La presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo es parte de un circuito de iniciativas que habrán de ser presentadas y que tienen que ver con una modificación importante y trascendente de un tema que nos debe interesar a todos los mexicanos, que sin duda alguna significa una de las vertientes más importantes del futuro desarrollo del país.

El turismo ha sido y sin duda alguna está convocado a ser la principal fuente de desarrollo nacional. Así es como considera esta iniciativa que debe ser vista.

Ante la caída de los ingresos petroleros, ante una situación donde depender de las remesas de los Estados Unidos cada vez se vuelve mucho más inestable, es importante que empecemos a apuntalar variables de desarrollo donde el mercado interno sea la punta de lanza para poder garantizar una mejora en los ingresos de las familias de nuestros conciudadanos.

El turismo para nosotros significa una de las principales vertientes, en donde a nivel regional pueden generarse mejores condiciones de distribución del ingreso. Desafortunadamente el actual modelo de desarrollo que hemos criticado desde esta tribuna no ha logrado apuntalar una verdadera distribución de los ingresos de los mexicanos.

Y es en el turismo en donde con nuevas áreas de potencial podemos encontrar precisamente que las comunidades, especialmente aquellas localidades que son caracterizadas por una gran marginación, pueden aportar con su riqueza, con su belleza natural, con los ecosistemas que la definen, una nueva aportación que permita dentro del mercado no solamente nacional sino dentro de los nuevos circuitos de demanda internacional por servicios turísticos, nuevas fuentes de aprovechamiento.

Por eso, esta iniciativa que busca complementar una iniciativa que estará siendo presentada para consolidar una Secretaría de Turismo y Fomento para la Competitividad Económica, lo que quiere es hacer sinergias con otros ámbitos del desarrollo, especialmente con la parte medioambiental y educativa, donde a través del ecoturismo y el turismo ecológico, a través del turismo de aventura, a través del turismo rural y el turismo cultural podemos involucrar cada vez a más localidades y salirnos de esa dinámica del turismo tradicional.

Esta iniciativa lo que quiere y lo que busca es, como lo decía yo, generar sinergias con el sector medioambiental, en el cual podamos tener un sano equilibrio, en donde hoy reconozcamos que prácticamente el 80 por ciento del macizo boscoso y selvático del país está en manos de esas localidades que hoy son definidas por la pobreza alimentaria.

Desafortunadamente hoy, si vamos a la parte de Puebla, o si bajamos a la parte de Guerrero, o estamos en la parte de Baja California, encontramos que son esas localidades rurales las que desafortunadamente presentan los peores lugares de desarrollo. Esto es una grave contradicción si nos ponemos a ver que el macizo boscoso, por decirlo así, o si la generación de agua, la generación de riqueza de flora y fauna está en manos precisamente de esas localidades.

¿Cómo podemos hacer que un modelo genere distribución del ingreso? Estamos convencidos, y es precisamente hacia lo que apunta esta iniciativa, que tenemos que involucrar a las localidades y a las comunidades en esos nuevos tipos de desarrollo. Que logremos no solamente trasladar el pago de servicios ambientales por la generación de agua, sino que hagamos sinergias precisamente para que el ecoturismo y turismo rural puedan aprovechar sinergias positivas con esos ámbitos, tal vez donde ya hay turismo, el que es el turismo tradicional.

Así, definir circuitos donde posiblemente desde Los Cabos podamos ir a la parte alta de Baja California e involucrar a las localidades. Donde en la parte poblana podamos llevar a la gente a que conozca la belleza y riqueza de una ciudad milenaria, una ciudad con la tradición cultural que tiene cultural Puebla. Pero también que puedan ir a la parte cafetalera y aprovechar en esa dinámica las sinergias positivas que se pueden tener con este tipo de desarrollo turístico.

Hoy se está cerrando el Tianguis Turístico en el puerto de Acapulco. Hoy se están celebrando alrededor de 17 mil encuentros para generar acciones positivas. Queremos que crezcan, queremos que sean 30 mil, 60 mil, 100 mil encuentros de negocios con todos los países del orbe para que vuelvan a venir a México y para que encuentren en su riqueza natural una nueva alternativa de desarrollo, pero sobre todo que esta iniciativa, y es a lo que apunta el Partido de la Revolución Democrática, involucre a los que menos tienen a través de estas nuevas fuentes de crecimiento y desarrollo turístico. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito Armando Ríos Piter, diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de esta honorable soberanía para su consideración iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismoal tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México tenemos paisajes inigualables a nivel internacional, una cultura vasta, llena de vida e historia, gran riqueza en nuestros entornos naturales,  tradiciones y costumbres que solo nuestro país puede brindar, pero sobre todo tenemos esa gran calidez humana del pueblo mexicano, que hacen sentir como en casa, a toda persona que viene a visitarnos.

De forma paralela es claro que necesitamos otras opciones, para reactivar la economía en las diferentes entidades federativas del país. Debemos estar a la vanguardia mundial para ser competitivos y no quedarnos atrás, evolucionar nuestra forma de generar recursos, especialmente, en el ámbito turístico, que permita traducir acciones concretas, en empleo, educación, infraestructura, mayor capacidad adquisitiva y una mejor calidad de vida para las familias mexicanas.

Hoy en día, tenemos que ser competitivos con lo que esta sucediendo a nivel mundial en el ámbito turístico, sobre todo en las nuevas formas de generar recursos que reflejen equilibrios entre oferta y demanda. En la actualidad, los turistas ya no buscan solamente sol, arena y mar, buscan aventura, tranquilidad, contacto con la naturaleza, aprendizaje, historia, costumbres, y demás, que en México con sus bosques, litorales, tradición cultural, riqueza histórica, diversidad animal y vegetal, entre muchas otras, podemos brindar sin problema alguno. Este tipo de turismo se conoce como turismo alternativo, el cual se diversifica en sus modalidades de: ecoturismo o turismo ecológico, turismo de aventura, turismo rural y turismo cultural.

La presente iniciativa define los conceptos de cada tipo de turismo en la adición al artículo 17 bis, mismos que se proponen en la presente, quedando de la siguiente forma:

I. El ecoturismo o turismo ecológico. Es aquel que tiene como valor específico disfrutar, educar, crear conciencia y valorar, los elementos naturales, identificando las cualidades especificas de los ecosistemas y minimizando los impactos ambientales que la actividad turística genera.

II. El turismo de aventura. Es aquel que tiene como finalidad ofrecer al turista una gama diversificada de eventos que implican cierto nivel de riesgo físico y que en su mayoría se desarrollan dentro de espacios naturales.

III. El turismo rural. Es aquel en donde el turista se involucra en actividades de la vida cotidiana de las comunidades agrarias, ejidales y pueblos indígenas, que le permiten conocer y participar en las tradiciones productivas y autóctonas con debido respeto a sus usos, costumbres y forma de vida; y

IV. El turismo cultural. Es aquel que ofrece visitas guiadas a la amplia gama de sitios históricos y arqueológicos del País, con recorridos dirigidos por guías de turistas especializados e investigadores encargados del estudio y protección de dichos lugares.

No podemos darnos el lujo de estar perdiendo competitividad en el sector turístico en México, sobre todo porque no hemos agotado nuestros recursos turísticos con las posibilidades que ofrece una nueva visión de servicios, como lo es el turismo alternativo. Existe una importante área de oportunidad toda vez que todos  los Estados pueden aprovechar esta modalidad para explotarla de manera responsable. Detonar el turismo alternativo no se trata de degradar o destruir nuestros entornos, sino por el contrario, de procurar todas aquellas zonas y reservas que tenemos, generándose una educación ambiental mucho más amplia, teniendo como objetivo principal el de fortalecer los aspectos naturales y culturales con los que cuentan las comunidades del país.

Para ello es necesario establecer dentro de nuestra legislación federal, en este caso en la Ley General de Turismo, el tema del turismo como una visión sustentable de desarrollo económico, estableciendo las facultades del Estado mexicano para  implementar y promocionar el desarrollo de este tipo de turismo. En muchas comunidades, sobre todo en las de mayor marginación existe poca o nula informacion sobre las potencialidades de este subsector económico, así como su articulación con otros sectores y ámbitos de desarrollo por lo que, además de establecerlo en nuestras ordenanzas legales, sera también necesario, deinir por parte de las autoridades competentes,  como se puede instaurar este turismo en México, aprovechar el entorno de cada pueblo, su diversidad ecológica, étnica y cultural.

Diferentes puntos de vista internacionales y locales, han  definido al turismo alternativo como un turismo que da énfasis al contacto y entendimiento entre las comunidades receptoras y el turista, así como con el medio ambiente; del mismo modo, como un turismo que es consistente con los valores naturales, sociales y comunitarios, que propicia una relación positiva entre locales y turistas.

El turismo alternativo es una nueva opción, dentro de nuestras actividades económicas y laborales. Es un tema noble que podemos aprovechar al máximo, pues contribuye al equilibrio de sustentabilidad y conservación del medio ambiente. La presente iniciativa faculta de forma organizada al gobierno, a las comunidades agrarias, ejidos y pueblos indígenas, a la sociedad civil, empresas privadas entre otras, para que todos contribuyan a la conservación de nuestra naturaleza, cultura y tradiciones, al mismo tiempo que se generan recursos económicos por parte de las comunidades. Con el turismo alternativo la protección del medio ambiente se convierte de manera automática en pilar del desarrollo turístico. Se busca corregir la expansión masiva y desarticuladacde algunos centros turísticos y sus impactos negativos sobre el medio ambiente, se vincula de manera importante con otros sectores como la agricultura, educación, tradición y demás de la economía local, destaca la importancia que reviste la participación del pueblo, en el desarrollo del turismo, toda vez que, además de contribuir al desa-rrollo económico, mejora el nivel de vida de los habitantes de las comunidades rurales e indígenas.

El gobierno tiene la obligación de promover la protección del medio ambiente y el desarrollo económico sustentable. Por ello debe buscar una mejor coordinación entre los sectores y subrayar la necesidad de una mayor conciencia frente a los estragos que ha tenido nuestro planeta por la deforestación, la contaminación del aire, los ríos y los mares, la pérdida de nuestros hábitat, la falta de respeto por nuestras especies animales y vegetales así como la tala inmoderada. Por ello, no podemos pasar por alto la necesidad de una educación ambiental y la generación de nuevas actitudes sociales y culturales con respecto al medio ambiente, sobre todo en este tema que nos puede generar riqueza, una nueva forma de hacer turismo.

El turismo alternativo nace como contraparte del turismo tradicional, desarrollado en grandes conglomerados y resorts turísticos. Es uno de los segmentos que presentan mayor tasa de crecimiento anual en el mercado mundial de viajes, debido al interés creciente del viajero de interactuar, conocer y apreciar la naturaleza y la cultura de sus anfitriones, siendo estos los valores más importantes que en la actualidad buscan los turistas. El turismo alternativo ha cobrado cada vez más importancia, tanto por su enorme potencial económico para los ciudadanos locales, como por sus implicaciones ambientales, especialmente por su potencial para conservar el entorno natural si se planifica, desa-rrolla y gestiona debidamente.

Existen países como Brasil, Bulgaria, Costa Rica, Kenia, Madagascar, Nepal, Mongolia, España, Ecuador, entre otros, donde el turismo alternativo sostiene una parte significativa de los ingresos de divisas del rubro turístico.

México encaja perfectamente dentro de la oferta turística alternativa, los Estados de la Republica tienen lugares maravillosos donde se puede incursionar en este tipo de turismo y practicar actividades diversas como: nadar en balnearios naturales, la observación y preservación de fauna y flora, la observación de fenómenos y atractivos naturales, esquí acuático, buceo, caminata, rappel, escalada, cabalgata, espelismo, ciclismo de montaña, camping, kayak, pesca, paracaidismo, globo,  ecoarqueologia, fotografía rural, vivencias místicas, etnoturismo, entre otras más.

Adicionalmente el turismo alternativo que regula la presente iniciativa, ofrece grandes oportunidades para la distribuion del ingreso hcia zonas con enorme potencial y que paradógicamente viven la pobreza.

La presente propuesta solicita a través de un transitorio al Ejecutivo federal el decretar el nuevo Reglamento de la Ley General de Turismo y abrogar el Reglamento de la Ley Federal de Turismo, ya que la Ley Federal de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1992, fue abrogada el 17 de Junio del 2009, por lo tanto, se requiere un reglamento expedido por el ejecutivo sea acorde con la Ley General de Turismo actual, y sobre todo a las reformas que van suscitando en esta honorable soberanía.

Por lo anteriormente expuesto someto al pleno de esta soberanía, la siguientepropuesta de iniciativa de

Decreto por el que se reforman y adicionan  diversas disposiciones a la Ley General de Turismo

Artículo Primero. Se reforma el artículo 2 fracción XV, para quedar como sigue:

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto.

I. a XIV. ...

XV. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística mediante el conocimiento, la protección y el fortalecimiento del patrimonio natural, histórico y cultural de cada región del país, todas las modalidades turísticas se considerarán como un factor de desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades.

Artículo Segundo.Se adiciona el articulo 3 con una fracción XIV, el articulo 4 con una fracción XIV, y un capitulo IV, recapitulándose los siguientes consecutivamente, al titulo tercero denominado Turismo Alternativo con los artículos 17 Bis, 17 Ter, 17 Quarter, 17 Quiquies, 17 Sexies, el articulo 44 con una fracción XVII y 45 con las fracciones VII y VIII, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a XIII. ...

XIV. Turismo alternativo: Es aquel turismo que tiene como fin realizar actividades recreativas en contacto con la naturaleza y las expresiones culturales, de comunidades rurales, indígenas y urbanas, con la actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la preservación de los elementos y recursos naturales y culturales.

El turismo alternativo incluye dentro de sus modalidades al turismo de aventura, el turismo ecológico o ecoturismo, el turismo rural y el turismo cultural.

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo federal, que se ejercerán a través de la secretaría:

I. a XIII. ...

XIV. Promocionar y fomentar  el turismo alternativo del país.

Capítulo IVDel Turismo Alternativo

Artículo 17 Bis. Son modalidades específicas del turismo alternativo:

I. El ecoturismo o turismo ecológico. Es aquel que tiene como valor específico educar, concientizar y valorar, los elementos naturales, respetando las capacidades de carga de los ecosistemas y minimizando los impactos ambientales que la actividad turística genera.

II. El turismo de aventura. Es aquel que tiene como finalidad ofrecer al turista una gama diversificada de eventos que implican cierto nivel de riesgo físico y que en su mayoría se desarrollan dentro de espacios naturales.

III. El turismo rural. Es aquel en donde el turista participa en actividades de la vida cotidiana de las comunidades agrarias, ejidales y pueblos indígenas, que le permiten conocer y participar en las tradiciones autóctonas con debido respeto a sus usos, costumbres y forma de vida; y

IV. El turismo cultural. Es aquel que ofrece visitas guiadas a la amplia gama de sitios históricos y arqueológicos del País, con recorridos dirigidos por guías de turistas especializados e investigadores encargados del estudio y protección de dichos lugares.

Artículo 17 Ter. La Secretaria a través del fondo fomentará el desarrollo y promoción del turismo alternativo mediante un fideicomiso para el fomento y desarrollo del turismo alternativo, el cual funcionará y ejercerá sus recursos de manera bipartita, federación y estados, en coordinación con el Consejo Consultivo de Turismo y sus homólogos estatales, conforme al programa sectorial de turismo, acciones y convenios que sobre la materia formulen.

El comité de los fideicomisos estatales será presidido por el ejecutivo estatal, a través del área responsable del sector turístico y los delegados estatales o representantes de las dependencias federales que integran el comité técnico del fondo.

La secretaría también podrá coordinarse con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales para los fines antes señalados.

Artículo 17 Quarter. La Secretaría coordinará el desarrollo y promoción del turismo alternativo, con base a los siguientes principios y atribuciones:

I. Formular, aplicar y evaluar el turismo alternativo dentro del Programa Sectorial de Turismo;

II. Difundir métodos y técnicas de planificación, gestión, reglamentación y seguimiento del turismo alternativo que garantice la sustentabilidad a largo plazo;

III. Incorporar y reconocer la cultura de las comunidades agrarias, ejidos y poblaciones indígenas en el desarrollo de productos y servicios de turismo alternativo, en su forma de organización y manejo, en la formulación de políticas, en la planificación y en la promoción;

IV. Promover la capacidad del turismo alternativo para contribuir al desarrollo sustentable y a la conservación del patrimonio natural, cultural, arqueológico e histórico del país;

V. Elaborar y difundir estudios sobre turismo alternativo;

VI. Los demás que establezcan la ley y demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 17 Quinquies. La Secretaría promoverá la constitución y operación de empresas con miembros de las comunidades agrarias, ejidos y pueblos indígenas, que tengan por objeto la prestación de servicios de turismo alternativo.

Cuando la prestación de servicios y actividades de turismo alternativo se pretendan desarrollar dentro de las áreas naturales protegidas o las áreas de valor ambiental, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales será la encargada de otorgar los permisos correspondientes.

En todos lo casos, la Secretaría del Medio Ambiente definirá las áreas potenciales para el desarrollo del turismo alternativo en suelo de conservación, a las cuales se sujetará la aprobación del permiso correspondiente.

Artículo 17 Sexies. La vigilancia y control que realice la Secretaría sobre las actividades de turismo alternativo, se sujetarán exclusivamente a la operación y calidad de la prestación del servicio, a la protección del turista y a los demás factores que se refiere la presente ley.

Artículo 44. El fondo tendrá las siguientes funciones:

I. a XVI. ...

XVII. La creación de un fideicomiso para el fomento y desarrollo del turismo alternativo, el cual funcionara y ejercerá sus recursos de manera bipartita, federación y estados en coordinación con el Consejo Consultivo de Turismo y sus homólogos estatales, conforme al programa sectorial de turismo, acciones y convenios que sobre la materia formulen.

Artículo 45. El fondo tendrá un Comité Técnico que estará integrado por representantes de cada una de las siguientes dependencias y entidades:

I. a VI. ...

VII. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

VIII. Secretaría de la Reforma Agraria.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal en un plazo no mayor a 90 días deberá decretar el nuevo Reglamento de la Ley General de Turismo y abrogar el Reglamento de la Ley Federal de Turismo del 17 de junio del 2009, con la regulación a las reformas y adiciones concernientes de la presente iniciativa.

Tercero.Las dependencias competentes deberán expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las especificaciones para el desarrollo y funcionamiento del turismo ecológico, el turismo de aventura, el turismo rural, y el turismo cultural, en un plazo no mayor a ciento noventa días a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2010.— Diputados: Armando Ríos Piter, Emilio Serrano Jiménez, José Adán Ignacio Rubí Salazar, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Georgina Trujillo Zentella, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Armando Ríos Piter. Túrnese a la Comisión de Turismo.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Dígame, diputado Verver.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez(desde la curul): Presidente, preguntar si me permite el diputado Armando Ríos Piter adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: ¿Está de acuerdo en que se adhiera a su iniciativa el diputado Verver? Y veo también al diputado Rubí, diputado Emilio, Arellano.

El diputado Armando Ríos Piter:Encantado, señor diputado.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Está de acuerdo, diputados. Quienes deseen adherirse a su iniciativa pueden pasar a suscribirla a la Secretaría.

Honorable asamblea, nos visitan el día de hoy estudiantes del municipio de Cuernavaca, Morelos, que han sido invitados por el diputado Carlos Bello Otero. Sean ustedes bienvenidos.

Están presentes también ciudadanos invitados, procedentes también de Morelos, invitados por el diputado Jesús Giles Sánchez, a quienes también damos la bienvenida.

Y finalmente también damos la bienvenida a ciudadanos de Oaxaca, invitados del licenciado Abraham Emiliano Arellano, que nos hacen el favor de visitarnos también el día de hoy. Todos ustedes sean bienvenidos.



ARTICULOS 35, 40 Y 73 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 40 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputado Santana.

El diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado presidente, con su venia. Compañeros diputados y compañeras diputadas, en sesiones pasadas hemos recibido una serie de iniciativas de reformas a la Constitución, pero incluso también iniciativas de carácter secundario que crean ya leyes en materia de plebiscito, de referéndum, de revocación de mandato, de presupuesto participativo, incluso de una contraloría ciudadana.

El tema aquí, compañeros y compañeras legisladores, es que no hemos avanzando en la parte sustancial para darle forma legal y crear un marco legal congruente con la democracia participativa en nuestro país.

Me refiero a lo siguiente. Si no reformamos la Constitución, si no damos o creamos los cimientos fundamentales para efecto de crear una verdadera democracia participativa, entonces seguiremos igual, entonces seguiremos como estamos.

Es el caso que en la Comisión de Participación Ciudadana y debido a los antecedentes que les estoy comentando, hemos creado una serie de mesas de trabajo, una serie de reuniones con especialistas en la materia, incluso, el día de hoy está terminándose un foro de carácter internacional, con especialistas en la materia de los países más avanzados del mundo, en materia de democracia participativa.

Países como Francia, como Estados Unidos de Norteamérica, como Canadá, etcétera, han venido a darnos sus experiencias y a aportarnos una serie de datos que creemos, nosotros, son fundamentales para implementar una verdadera democracia participativa en nuestro país.

Por eso el día de hoy acudo ante esta la más alta tribuna de la nación, para hacer una propuesta de reformas a la Carta Magna y poderle dar este sustento constitucional a la materia de democracia participativa.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, estoy proponiendo reformas y adiciones en materia constitucional a los artículos 35, 40 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta va encaminada a adicionar una fracción VI al artículo 35 de la Constitución Política, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano.

VI. Ejercer los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos que la ley respectiva así lo determine.

Segundo. Se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como se indica:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, participativa y federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Tercero. Se adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como se indica.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad... Fracción XXIX-P: para legislar en materia de participación ciudadana.

Compañeras y compañeros legisladores, es hora de otorgarle a nuestro país, pero sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil que han venido manifestándose en los diversos rubros, porque la democracia participativa es transversal para resolver los grandes problemas de nuestro país. Es necesario que ya demos este paso y que dejemos cimentadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las bases, para entonces sí pasar a la creación de una serie de leyes secundarias, incluso, porqué no pensar en una ley general o una ley federal en materia de participación ciudadana, como ya en algunos estados de la República y en el Distrito Federal se encuentran normando este rubro, pero que no se cuenta con el sustento constitucional deseable y que esté acorde para ellos.

Por eso solicito a todos ustedes su apoyo y participación, para que de una vez por todas pasemos y demos ese gran paso a una reforma constitucional que nos permita legislar en materia de democracia participativa. Es cuanto, diputado presidente. Solicito se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma los artículos 35, 40 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Arturo Santana Alfaro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 35, 40 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de fortalecer el derecho a la participación ciudadana, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

De ello, se aprecia que aún y cuando el pueblo tiene en todo tiempo el derecho de modificar su forma de gobierno, en la Carta Magna no existen los instrumentos legales mediante los que la población puede hacer valer este derecho. Reconocer este derecho y legislar en materia de Participación Ciudadana, es participar en la tarea fundamental de la reforma del Estado, es así, como adquiere sentido pensar en el principio de la participación ciudadana.

La participación ciudadana en México tal y como se concibe  con la presencia  activa y determinante de los ciudadanos en la vida pública que debe imperar en toda sociedad moderna no está permeando nuestra Nación, ya que en la actualidad no contamos con medios a través de los cuales la sociedad pueda intervenir en los asuntos que le son de importancia.

La intervención de la sociedad hoy por hoy se da a través de los representantes populares, ya que somos fiduciarios del voto de confianza de la ciudadanía y una de las tareas fundamentales que tenemos a cargo es la de contribuir al cumplimiento de las condiciones necesarias que deben privar para que los ciudadanos sean parte integral de las decisiones que les afectan.

La importancia de la democracia dentro de la vida política de la nación es fundamental, sin embargo, y como ya quedo establecido, actualmente la Carta Magna solamente reconoce la llamada democracia representativa, en la cual la participación de la ciudadanía se limita a elegir a aquellas personas que los representarán en las instituciones; por tanto, la Carta Magna no establece esquemas que abran paso a una democracia participativa, en la que el ciudadano no sólo se limite a elegir a las personas que nos representaran, sino lo que se busca es que participen directamente en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones trascendentales para el país, mismas que pudieran afectar su vida cotidiana.

Por ello y con la finalidad de reafirmar la igualdad de los hombres en las organizaciones políticas, sociales y económicas, se torna necesario establecer en nuestra máxima legislación los canales necesarios para que construyamos una democracia participativa como forma de gobierno, la cual ratificaría derechos civiles y políticos, que giran en torno a la libertad, la igualdad y la Participación Ciudadana, proclamándose como derechos individuales que tienen como finalidad salvaguardar la Democracia y la libertad de expresión.

La participación ciudadana es ineludiblemente el principio fundamental de libertad de expresión, así como de la libertad de asociación, puntos clave de la democracia participativa, garantías que como manda la Constitución, no podrán restringirse ni suspenderse.

La presente iniciativa es producto de las demandas de la ciudadanía, demandas congruentes con el conjunto de derechos y prerrogativas del ciudadano, es la condición necesaria para que los individuos puedan participar en la vida pública.

El objetivo primordial de la presente iniciativa es que la sociedad se convierta en un órgano de apoyo para el gobierno, para que a través del establecimiento de dicha prerrogativa a favor de los ciudadanos, se actúe en conjunto; en otras palabras, lograr que la democracia participativa y la representativa se complementen mutuamente, respetando ambas la libertad y el pluralismo.

El principio fundamental de la participación ciudadana para todos y cada uno de los mexicanos debe quedar plasmado en nuestra ley de leyes, derivada de la relevancia que tiene la democracia participativa como instrumento de transformación y equidad social.

Lo anterior, no significa delegar al pueblo la responsabilidad del gobierno, sino por el contrario lo que se pretende es la ampliación de los canales de participación para que los ciudadanos intervengan activamente en la toma de decisiones que los afectan, lo que hasta este momento no es percibido y por lo tanto no es aplicado por el legislador, lo que se pretende con la presente iniciativa es darle un cauce constitucional a los procedimientos de participación ciudadana como lo son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular la revocación de mandato, todos estos mecanismos deben de estar reconocidos en la ley general de la materia, no nos debemos quedar a medio camino reconociendo únicamente aquellos mecanismos que solo nos convengan como autoridad, debemos integrar a toda la población dotándolos de todos los mecanismos que deben tener a su alcance para hacer valer su voz.

Al dejar fuera la colaboración de la ciudadanía, México no puede autoproclamarse como un Estado democrático si no reconoce constitucionalmente los mecanismos de participación ciudadana con los que debe contar la población, ya que esta es la  única forma  en que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva del pueblo.

En conclusión, para que un país otorgue oportunidades a su población, debe contar con gobiernos receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos. Es por ello que se torna imprescindible la participación de todos los hombres y mujeres que quieran implicarse en los problemas que les afectan, aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones siempre en beneficio de la comunidad.

En mérito de lo expuesto y con la finalidad de que México cuente con un régimen democrático, legítimo, en la que concurran la democracia representativa y la democracia participativa, pongo a consideración de esta Honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de

Decreto, por la que se reforman los artículos 35, 40 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se adiciona una fracción VI al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como se indica a continuación:

Artículo 35. ...

I. a V. ...

VI. Ejercer los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos que la Ley respectiva así lo determine.

Segundo. Se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como se indica a continuación:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, participativa, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Tercero. Se adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como se indica a continuación:

Artículo 73. El Congreso tiene la facultad:

I. a XXIX-O. ...

XXIX-P. Para legislar en materia de participación ciudadana;

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de abril de 2010.— Diputados: Arturo Santana Alfaro, Rosi Orozco, Ma. de Lourdes Reynoso Femat, Jaime Oliva Ramírez, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, María Marcela Torres Peimbert, Silvia Esther Pérez Ceballos, Agustín Carlos Castilla Marroquín, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Santana. Como lo solicita, se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La diputada María Marcela Torres Peimbert(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputada Marcela Torres ¿con qué objeto?

La diputada María Marcela Torres Peimbert (desde la curul): Solicitando autorización del diputado para adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Santana ¿está de acuerdo en la solicitud de adhesión que formula la diputada Torres? Entiendo que el diputado Emilio Serrano está en la misma circunstancia, la diputada Rosi Orozco.

El diputado Arturo Santana Alfaro:Con mucho gusto, diputado presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha aceptado el diputado Santana que las diputadas y diputados que deseen adherirse a su iniciativa lo puedan hacer mediante la suscripción correspondiente del documento que se encuentra en la Secretaría y que está a su disposición.



ARTICULOS 73, 74, 78 Y 123 CONSTITUCIONALES - LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Roberto Rebollo Vivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo. Adelante, diputado Rebollo.

El diputado Roberto Rebollo Vivero: Señor presidente, por economía parlamentaria sólo haré un resumen de la iniciativa, por lo que antes de hacer uso del tiempo asignado para mi intervención, le solicito a usted que apruebe la incorporación del texto íntegro en el Diario de los Debates, del cual hago entrega en este momento.

Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el que expone, diputado Roberto Rebollo Vivero, presento a su consideración iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73, 74, 78 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 90, 94 y 570 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salarios mínimos.

Preocupados por la situación socioeconómica de los trabajadores del país, en el año que se conmemora el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, procesos históricos en los cuales el pueblo ha trabajado y asumió su responsabilidad participando decididamente en la conformación de una nación libre y soberana.

Considero que ahora nosotros debemos cuidar que continúe así y sobre todo en paz. Para ello es indispensable dar a los trabajadores la seguridad de fuentes de trabajo dignas, con un salario mínimo que permita dar bienestar a sus familias y sustentabilidad económica y viabilidad democrática al país.

Las reformas económica, laboral, política y social requieren de un nuevo enfoque de las políticas públicas, concebirlas de manera integral para instrumentar no sólo lo que es posible, sino hacer lo que realmente el país requiere para avanzar en la creación de empleos como el elemento esencial para que las familias tengan una vida digna, además de respetar el derecho de los trabajadores a un salario mínimo que les permita adquirir los alimentos de la canasta básica. Elementos indispensables para garantizar una convivencia social armónica y duradera en nuestro país.

El gobierno federal recientemente propuso una reforma laboral que no considera un salario bien remunerado que permita la existencia de consumidores. Por el contrario, la política salarial impuesta en las últimas tres décadas ha depreciado el salario mínimo histórico, acumulando una pérdida de poder adquisitivo, a partir de los ochenta, de 82 por ciento.

Así, las recientes propuestas de reforma laboral del gobierno federal se han olvidado de una reforma a las relaciones de trabajo en su aspecto básico, como es el salario. Situación que se agudizará con la jornada por hora. Al mantenerse el salario mínimo se pagarán, en el mejor de los casos, 6 pesos con 50 centavos por hora, es decir, habría quien percibiría 30 pesos por media jornada, con lo cual los alimentos básicos determinados en la canasta básica cada día se verán más inalcanzables.

En México desde hace muchos años don José María Morelos y Pavón expresaba: nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo indispensable.

Asimismo, se encuentra reafirmado en el actual artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado A, fracción VI, párrafo segundo, lo siguiente: los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, para proveer la educación obligatoria de los hijos.

Así, se requiere que además de darle al ciudadano más participación política, es necesario que este gobierno se preocupe por proporcionar las oportunidades de trabajo y de obtener, mediante éste, un salario digno, que no sólo lo aleje de las ofertas que le plantea la delincuencia organizada, sino para darle a su familia un sustento y valores que le permitan a la sociedad mantener una convivencia ordenada.

Según lo establecido en el artículo 123 constitucional y su correlativo, el 94 de la Ley Federal del Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene sus atribuciones en la figura tripartita, en donde se reúnen los trabajadores, los líderes del Congreso del Trabajo y fundamentalmente algunas otras asociaciones del trabajo, así como los organismos empresariales y un solo representante del Poder Ejecutivo.

El Congreso de la Unión, como parte del Estado, no participa en la determinación del salario mínimo, a pesar de que está facultado para expedir leyes en materia de trabajo y alimentación.

Hasta ahora es el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien participa para este fin.

Por ello, propongo su reestructuración para fortalecer su funcionamiento, encaminado a instrumentar un nuevo modelo económico que permita alcanzar los objetivos del nuevo milenio.

El objeto central de la presente iniciativa plantea la intervención del Congreso de la Unión para aprobar el incremento de los salarios mínimos a través de una legislación anual, como lo viene haciendo con el presupuesto y la Ley de Ingresos, con la participación y propuestas de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que los trabajadores tengan un salario mínimo que les permita adquirir los productos de la canasta básica y tengan una buena alimentación.

Por ello, me permito plantear que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos sea un órgano que proponga el aumento a los salarios mínimos y que la Cámara de Diputados sea la responsable de aprobarlo con el objeto de procurar el más amplio y efectivo cumplimiento de los preceptos constitucionales en esta materia y de proteger el poder de compra de los trabajadores frente a la alza de precios de artículos alimentarios que componen la canasta básica conforme a los intereses de la nación y el desarrollo sustentable del país.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, debemos fortalecer a las instituciones para que trabajen por la democracia y la justicia social que demandan amplios sectores de la sociedad, impulsando el crecimiento...

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Concluya, por favor, diputado.

El diputado Roberto Rebollo Vivero: ... y el desarrollo equilibrado del país en beneficio directo de los que menos tienen. México, México, amigas legisladoras y amigos legisladores, nos necesita a todos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañeros.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Roberto Rebollo Vivero, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Roberto Rebollo Vivero, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 73, 74, 78 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 90, 94 y 570 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salarios generales y profesionales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

a) Justificación general

Preocupados por la situación socioeconómica de los trabajadores del país, en el año que se conmemora el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, procesos históricos en los cuales el pueblo trabajador asumió su responsabilidad participando decididamente en la conformación de una nación libre y soberana. Ahora nosotros debemos cuidar que continúe así y en paz, para ello es indispensable dar a los trabajadores la seguridad de fuentes de trabajo dignas, con salarios mínimos generales y profesionales que permita el bienestar de sus familias y sustentabilidad económica y viabilidad democrática al país.

La reforma política, económica y social requiere de un nuevo enfoque de las políticas públicas, concebirlas de manera integral, no sólo desde el punto de vista de lo posible sino de lo que realmente el país requiere para avanzar en su desa-rrollo económico. Fundamentada en la creación de empleos como el elemento esencial para que las familias tengan una vida digna, además del respeto del derecho de los trabajadores a un salario mínimo que les permita adquirir los alimentos de la canasta básica, elementos indispensables para garantizar una convivencia social armónica y duradera en el país.

El gobierno federal recientemente propuso una reforma laboral, que afecta los derechos de los trabajadores, considerando que esta generará más inversión, como si el respeto de los derechos laborales fuera impedimento para que exista un mercado interno. En la propuesta no consideran salarios bien remunerados para que haya consumidores. Por el contrario, la política salarial impuesta en las últimas tres décadas ha depreciado el salario al mínimo histórico, acumulando una pérdida de su poder adquisitivo, a partir de los años ochenta, de 82 por ciento. Al mismo tiempo, tenemos más de 9 millones de mexicanos que viven con un salario mínimo o menos. También, se plantea la jornada por hora, pero con ello lejos de crearse nuevos puestos de trabajo se fragmentará el mercado laboral y al mantenerse el salario mínimo, se pagará en el mejor de los casos 6 pesos 50 centavos la hora, es decir, habría quien percibiría 30 pesos por media jornada.

Por otra parte, ante la situación de pobreza de la mayor parte de la población y la mala distribución del ingreso, es necesario retomar la idea del empleo bien remunerado como un gran objetivo y no como un resultado automático del crecimiento económico. La generación del empleo y la protección de los mismos deben ser el centro de las políticas públicas, así como la vinculación salarial con las actividades productivas, con el objeto de que el crecimiento macroeconómico se refleje en un ingreso real para las familias trabajadoras.

Debemos tener presente que el deterioro salarial tiene que ser una prioridad de cualquier gobierno, ya que negar un incremento que compense la caída, en algún grado ocasiona el entorpecimiento de la efectividad de cualquier medida de política social.

La obligación del Estado mexicano es velar porque todos los trabajadores reciban un salario equitativo y satisfactorio que les asegure una vida digna, tanto a ellos como a sus familias, por ello el Estado mexicano está obligado a intervenir para que las remuneraciones cumplan con el propósito de crear condiciones dignas de existencia para todos los mexicanos.

En México, desde hace muchos años existe la idea de que “nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo indispensable”, expresaba don José María Morelos y Pavón; “a la nación se le sirve, no se le cobra”, decía por su parte Ignacio Ramírez. Es hora de recobrar las enseñanzas de nuestra historia pues cuando el pueblo llegue a extremos de “hambre y sed de justicia”, nuestra estabilidad social y política será una frágil ilusión.

El Constituyente de 1917 reconoció el movimiento social nacional de los trabajadores como forma específica de organización socioeconómica en la producción de todas las actividades del país. También, es cierto que el artículo 3o. Constitucional establece que nuestra democracia no solo es una estructura político jurídico, sino un sistema fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; que es esencialmente el derecho humano al desa-rrollo.

Asimismo, se encuentra reafirmado en el actual artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, inciso A, fracción VI, párrafo segundo lo siguiente: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

En México, desde el momento en que quedó consagrado el derecho al trabajo en la expresión de la Constitución Política de 1917, se han sucedido muchos esfuerzos y luchas de los trabajadores y trabajadoras de distintas generaciones para superar y perfeccionar las abstracciones de las relaciones jurídicas, pero sobre todo, para hacer avanzar el catálogo y la aplicación real de los derechos sociales de los trabajadores consagrados en el artículo 123 Constitucional, en su ley reglamentaria: la Ley Federal del Trabajo y en las instituciones laborales mexicanas creadas a partir del mismo.

Con fundamento en esta normatividad se abrió el camino para la expedición de una legislación endefensa de los derechos laborales que se encuadran dentro del marco de la producción con libertad, democracia y justicia social. Así las recientes propuestas de reforma laboral del Gobierno federal se han olvidado de una reforma a las relaciones de trabajo, en su aspecto básico, como es el salario, con el cual el trabajador pueda adquirir los alimentos básicos determinados en la canasta básica que cada día se ve inalcanzable.

Solo con la participación de los trabajadores podremos lograr la instrumentación de nuevos modelos económicos que permitan alcanzar los objetivos del nuevo milenio; además de darle al ciudadano más participación política, es necesario que este gobierno se preocupe por proporcionarle oportunidades de trabajo y de obtener mediante éste un salario digno, que no solo lo aleje de las ofertas que plantea la delincuencia organizada, y pueda darle a su familia un sustento y valores que le permitan a la sociedad mantener una convivencia ordenada.

Cuando se decidió instaurar el concepto de salario mínimo en nuestro país, se pensó con el fin de garantizar a los trabajadores mexicanos la satisfacción de las necesidades básicas, lo que implicaba que la cantidad a que ascendiera dicho salario debía determinarse en función de una canasta mínima de bienes y servicios básicos. En este sentido, ahora el salario mínimo no cumple el objetivo para el que fue creado, ya que actualmente no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de una familia.

El Constituyente de 1917, al aprobar el artículo 123, otorgó una de las garantías sociales más trascendentes para los trabajadores mexicanos comoes el derecho a percibir una remuneración justa a su esfuerzo, que le permitiera cubrir las necesidades básicas para él y su familia. Sin embargo, en este momento, grandes sectores de trabajadores no alcanzan a satisfacer con el salario mínimo, cuando tienen un empleo formal, los requerimientos más elementales para aspirar a una vida digna.

El poder adquisitivo del salario mínimo perdió 19 por ciento de su valor durante el periodo 2000-2006, lo que significa que sólo se puede conseguir 8 por ciento de la canasta básica, la cual tuvo un crecimiento de 50 por ciento durante el mismo período. El deterioro del poder adquisitivo de los salarios ha sido creciente e ininterrumpido, generando un rezago histórico sumamente grave, en la capacidad de compra de los trabajadores y sus familias, negándoles su derecho constitucional a su alimentación.

Ante la pérdida constante del poder adquisitivo de los salarios mínimos derivado por diversas circunstancias, entre ellas, la política neoliberal fijada por organizaciones internacionales que, en los últimos años son superiores al 52 por ciento, pérdida derivadaentre otros efectos, por la fijación de topes salariales que se sustenta en exigencias del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y organizaciones financieras internacionales.

También, se señala como principal factor de esta pérdida del valor del dinero, al mecanismo por el cual se sujetan los salarios mínimos a los aumentos inflacionarios, ignorando lo ordenado en la Constitución Política, lo que ha llevado a que el nivel del salario este por debajo de los precios de los alimentos básicos, lo cual es inaceptable para el trabajador.

De esta manera el sexenio anterior terminó ubicándose como el peor en cuanto a incrementos salariales en la historia reciente de nuestro país, al fijarse un salario mínimo tan bajo y con raquíticos incrementos, generó que los contratos colectivos tuvieran los mismos techos de incremento en las revisiones salariales.

b) Marco jurídico del salario mínimo

En el siglo XX, entre los años 1962 y 1964, un periodo de intenso quehacer legislativo en materia laboral, durante el cual fueron logradas entre otras importantes instituciones, la instauración en 1963 de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con el objetivo de resguardar el cumplimiento de los preceptos constitucionales en materia salarial. Según lo establecido en el artículo 123 constitucional y su correlativo, el 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda a esa comisión nacional, en su carácter de órgano tripartito, llevar a cabo la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales.

La Constitución establece el derecho de todo trabajador a recibir un salario digno que le permita el acceso a la alimentación, la salud, la educación y el esparcimiento para él y su familia. Sin embargo, en este momento el Congreso de la Unión como parte del Estado, no participa en la determinación del salario mínimo, a pesar de que está facultado para expedir leyes en materia del trabajo y alimentación. Hasta ahora es el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien participa para este fin, sin que haya resarcido la pérdida del poder adquisitivo del salario real de los trabajadores.

Actualmente este es un asunto en donde no interviene el Congreso de la Unión, es responsabilidad del Ejecutivo federal. Es una función fundamentalmente de una comisión tripartita, como lo es el Seguro Social, como lo es el Infonavit, donde se toman decisiones tripartitas y que ha sido beneficiosa, en estos ámbitos.

En esas circunstancias, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un órgano autónomo y tripartito, que basa sus resoluciones en los estudios socioeconómicos y consideraciones que presentan los representantes de cada sector, y que además cuenta con indicadores socioeconómicos históricos suficientes, no ha podido establecer salarios acordes con las necesidades económicas del país y de los trabajadores. Por ello proponemos su reestructuración, para fortalecer su funcionamiento. Creemos que es elmomento oportunodeque el Congreso de la Unión apruebe el incremento de los salarios mínimos a través de una legislación anual, como lo viene haciendo con el presupuesto y la ley de ingresos, con la participación y propuestas que haga la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

El objetivo central de la presente iniciativa propone la intervención del Congreso de la Unión, para que millones de mexicanos que trabajan con sacrificio dos o tres turnos para poder llevar el pan a la mesa de sus hogares, tengan un salario mínimo que les permita la adquisición de los productos de la canasta básica y tengan una buena alimentación. Se plantea un nuevo mecanismo para determinar el salario mínimo, porque cuando se tiene trabajo, la remuneración es insuficiente ya que cada vez el pago del trabajo es menos retribuido.

c) Política salarial en México

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, como órgano actual facultado para establecer los salarios que rigen cada año en el país, ha incrementado su monto en la última década de la siguiente manera; para el año 2001 fue de 6.99 por ciento, en 2002 de 5.78 por ciento, en 2003 de 4.5 por ciento, en 2004 de 4.25 por ciento, para el 2005 se ubicó en 4.5 por ciento y en el año 2006 fue de 4 por ciento, con una clara tendencia a la baja; siendo el promedio de estos últimos seis años de un 5 por ciento. Para 2007 el aumento de los salarios mínimos fue de apenas de 3.9 por ciento, por debajo incluso de la inflación del 2006 que alcanzó una tasa del 5.04 por ciento. El aumento a los mínimos para el 2010, es de apenas un 4.85 por ciento en promedio.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cerca de 16 millones de personas subsisten con menos de 3 mil pesos al mes, al ganar entre uno y tres salarios mínimos diarios. Estas cifras desmienten la afirmación hecha por varios empresarios de que ya nadie en este país es remunerado con el salario mínimo, y que en rea-lidad se trata sólo de un referente económico.

Es conocido que la inflación que calcula el Banco de México no se corresponde con el aumento de los precios de la canasta básica, por lo que el incremento salarial tendría que ser necesariamente mayor que el nivel inflacionario acumulado año con año. De lo contrario, con esta política restrictiva salarial el Gobierno Federal retarda la recuperación económica, pues resta demanda efectiva al mercado interno y mercado a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, el impacto negativo no sólo es para los bolsillos de los trabajadores, sino que genera el desarrollo de otras actividades como la economía informal y actividades ilícitas como la delincuencia.

De acuerdo con un estudio realizado en febrero de este año por la OIT, en América Latina y el Caribe aproximadamente 32 por ciento de jóvenes trabajan, 33 por ciento estudia, 13 por ciento estudia y trabaja, pero hay 20 por ciento que no estudian ni trabaja. Al respecto les pregunto ¿qué hacemos con ese 20 por ciento?, ¿hacia dónde se canaliza esa energía creadora que naturalmente tienen los jóvenes? ¿Cómo les respondemos cuando nos preguntan ‘yo terminé mi bachillerato’, ‘yo estudié en una escuela técnica’, ‘yo le hecho ganas para salir a trabajar y la sociedad no me da ninguna oportunidad’?

d) Económica nacional e internacional

Por supuesto, los patrones han considerado el aumento a los salarios mínimos, pero a su vez, advierten que, en caso de darse un incremento mayor, se verían afectados los empleos formales. Luego entonces, aquí lo que está realmente prevaleciendo en la política económica de este sexenio es el apego ortodoxo al extremo a una política monetarista que está estrangulando la economía, porque ningún productor nacional, ningún empresario, ningún inversionista se atreve a hacer inversiones de dimensión, de magnitud, cuando sabe que hay un cuello de botella, que el trabajador, el modesto trabajador no va a tener acceso a bienes de consumo de determinado nivel porque su salario apenas si le alcanza para sobrevivir y, seguramente, se condena a una crisis económica a sus hijos en un futuro próximo.

También es cierto que esto está propiciando inversión de productos baratos de Asia; simple y sencillamente porque la demanda es elástica a precio, porque el mexicano en su gran mayoría no tiene capacidad económica para un consumo de mediana importancia. En ese sentido, consideramos necesario, por lo menos, se nivelen los salarios nacionales y no se haga una discriminación de zonas que de por sí han sufrido un agobio y una parálisis económica y todavía con la incidencia de un salario bajo; van a paralizar y van a estrangular más la economía.

Este 1 de mayo habrá motivos de sobra para protestar por una política salarial completamente restrictiva. Porque el “presidente del empleo” habla de datos alegres en la creación de puestos de trabajo y dice que son 800 mil, cuando en realidad son menos de la mitad, como lo indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, porque la cifra abultada se debió a procesos de regularización administrativa en el Instituto Mexicano del Seguro Social y, para rematar, 60 por ciento de esos empleos son de carácter temporal. Porque México es el país con menor crecimiento en América Latina, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Los economistas ortodoxos que gobiernan el país han seguido los lineamientos de Washington, que cambia ya, que mantiene una trampa para la economía nacional y mantiene las condiciones de someter y de restringir el ingreso del salario mínimo a los trabajadores de las más modestas ocupaciones. De modo que incluso aquí podemos explicarnos, porque no hay empleo y sí hay empleos, están precariamente retribuidos, evidentemente el salario no alcanza para satisfacer las necesidades familiares mínimas, así entre otros casos, el individuo opta por salir del país.

El control inflacionario requiere una política restrictiva del salario, pero también que la restricción salarial defendida por las políticas neoliberales propicia la distribución inicua de la riqueza. Así los factores que han concurrido en esta delicada situación han sido variados y complejos, pero de entre ellos destacan los siguientes: la tendencia a establecer los salarios mínimos tomando como base únicamente la estimación anual del porcentaje de inflación que, generalmente, termina invariablemente siendo mayor a los pronósticos oficiales.

He aquí, pues, la razón de fondo, de por qué es evidente que el país está estrangulado por su propia política de salarios mínimos regresivos, porque es muy evidente que en la tónica oficial de anunciar inflaciones de entre 3 y 4 por ciento para contener el alza de los salarios a esos niveles está perfectamente programado para dar cumplimiento a una política económica monetarista que no reconoce sino la variable de los salarios mínimos para contener la inflación, que por cierto y como todos podemos constatar, siempre se anuncia evidentemente por debajo de sus niveles reales. ¿Quién va a creer que en estos días la inflación en México anual alcanza 4 por ciento?

e) La canasta básica y salario mínimo

Un estudio elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con otros institutos de investigación, señala que con el salario mínimo vigente en nuestro país sólo es posible adquirir 8 por ciento de los productos básicos alimentarios que componen la canasta, lo que deja fuera los de higiene y otros muchos.

El mismo estudio explica que hace cuatro sexenios con el salario mínimo alcanzaba para comprar 40 por ciento de la canasta básica, y que hoy para poder tener acceso al total de dicha canasta se requieren al menos 11 salarios mínimos.

Esta escalada de precios, más que las demandas de aumento salarial, se ha convertido en la principal amenaza para la estabilidad económica y social del país.

Hoy, la canasta básica incluye maíz, frijol, arroz, azúcar, harina de trigo y de maíz, aceite vegetal, detergente, sardina, leche en polvo, papel higiénico, café soluble, sal de mesa, jabón de tocador y de lavandería, pasta para sopas, atún, galletas y algunos artículos enlatados, el costo de estos productos es mayor de 100 pesos y no incluye productos como el huevo, el kilo de res o de puerco, el de pollo, por lo que podemos darnos cuenta de que la canasta básica indispensable está fuera del alcance de los trabajadores de bajos ingresos, que perciben un salario mínimo.

De acuerdo con la metodología y con los datos que al respecto ha venido publicando la Procuraduría Federal del Consumidor, tenemos que los precios que van del 1 de diciembre de 2006 al 3 de diciembre de 2007, algunos de los artículos de esta canasta alimenticia han tenido un incremento promedio de 26.7 por ciento.

De esta forma el actual salario mínimo deja fuera del alcance de muchos trabajadores productos como la carne, la fruta y la leche. Al no poder completar su canasta básica alimentaria, es difícil que los trabajadores puedan cubrir el consumo de calorías y proteínas diarias que requiere una persona para estar nutrida.

Desde enero de 2008 se ha venido produciendo un aumento considerable en la canasta básica nacional, lo cual afecta significativamente a la economía de los mexicanos, sobre todo la de los más necesitados. Como es sabido la escalada de precios en la Canasta Básica y otros productos proviene, en buena medida, de la reforma fiscal de septiembre de 2007 y del “gasolinazo” que componen tanto el incremento paulatino del precio de la gasolina como la escasez de alimentos y fertilizantes en el país, y lo más preocupante es que con ello aumenta el riesgo de que crezca la importación de granos y en consecuencia se eleve el precio de los alimentos de manera exponencial.

Entendemos que la política económica del Gobierno federal de contar con mayores recursos que equilibren las finanzas públicas, lo ha llevado a mantener un sistema que ignora las necesidades de los trabajadores, por ello se han presentando los constantes incrementos a los precios; tan sólo de enero a agosto de 2008 el pago de predial aumentó 19.5 por ciento; el del agua, 13 por ciento; la luz, 10.4 por ciento; y el gas, 6.9 por ciento. Lo anterior, sin tomar en cuenta el 7 por ciento más en educación, 5.2 en consultas médicas y casi 8 por ciento en transporte público.

Todavía por encima de estos incrementos está la indexación de la gasolina, la indexación de la luz, la indexación del gas que, incluso, desbordó este tope de indexación y que, por lo pronto, entonces también castiga y erosiona el ingreso de los trabajadores. Así los constantes incrementos a los precios de la energía eléctrica, de los combustibles y de los alimentos han provocado en las familias mexicanas un aumento real de un 70 por ciento aproximadamente en su gasto cotidiano.

Lo insuficiente del incremento en el salario para este año es evidente si se compara con el costo de las necesidades básicas del mexicano, como es el transporte o la alimentación. Ante ello, las medidas anunciadas por el presidente Felipe Calderón para combatir la crisis alimentaria se enfocan a la disminución arancelaria, la importación de granos y de leche en polvo.

f) Propuesta legislativa

El Ejecutivo federal deberá implantar acciones urgentes con el objetivo de detener el alza de precios de los bienes y servicios, a fin de que no se siga lacerando la economía de las familias mexicanas.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos no obstante el tiempo transcurrido que va más allá de una década, deberá revisar los incrementos que se han registrado durante el presente año en los productos de la canasta básica, ponderar la necesidad de proponer el salario mínimo general y profesional de las zonas A, B y C, con el propósito de proteger y promover el poder adquisitivo de los trabajadores que cubra sus necesidades básicas.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá extremar su función de supervisión de las acciones económicas de las secretarías, dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, de conformidad con sus facultades, para el control de los precios a los productos de la canasta básica, hasta lograr las condiciones de una verdadera y sana competencia entre los productores y comercializadores de bienes y servicios básicos que la componen. Así como redoblar sus esfuerzos para sancionar administrativamente a los vendedores o proveedores que especulen con relación a la venta de productos que integran la canasta básica.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene sus atribuciones en la ley laboral, tomando las decisiones tripartitas. En ésta figura orgánica tripartita; se reúnen los trabajadores, los líderes del Congreso del Trabajo, fundamentalmente, algunas otras asociaciones del trabajo, así como los organismos empresariales y un solo representante del Poder Ejecutivo.

Por ello planteamos que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que fue creada en el año de 1963, con el objeto de procurar el más amplio y efectivo cumplimiento de los preceptos constitucionales en esta materia, se reestructure, dándole una nuevo impulso, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, fortaleciendo su trabajo con la participación del Congreso de la Unión, para responderle a los trabajadores. México nos necesita, hagamos este esfuerzo.

El Congreso de la Unión deberá establecer salarios mínimos congruentes con lo estipulado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sean suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y de educación. Cualquier otra consideración, otra propuesta salarial diferente es violatoria de la Constitución y es un acto en contra de la estabilidad política, social y económica de la nación.

A través del devenir histórico se a presentando la necesidad de llevar a cabo adecuaciones constitucionales, legales y reglamentarias, que permitan precisar el valor del salario a nivel nacional para las tres zonas económicas, pero ello sólo han generado asimetrías en el desarrollo económico. Principalmente afectando a los estados más pobres que merman la economía familiar

Ante esto, el gobierno dice que no tiene instrumentos ni facultades para intervenir en los mecanismos de oferta y demanda, y se declara incompetente. Sin embargo, para fijar un tope máximo a los salarios mínimos, si tiene competencia y se declara dispuesto siempre a regularlo. Ésta es la forma de operar de un gobierno insensible y alejado del interés nacional.

Por eso expresamos que es una prioridad para el Partido Revolucionario Institucional responder a la clase trabajadora, impulsando los salarios de la clase trabajadora. También, ya es momento de atender y de decir al Gobierno Federal los reclamos de la clase trabajadora: para definir una cantidad evidentemente suficiente para el pago de habitación, educación, vestido y alimentación de una familia, de esparcimiento, de diversión, para millones de mexicanos.

Compañeras legisladoras y legisladores debemos fortalecer a las instituciones para que trabajen por la democracia y la justicia social que demandan amplios sectores de la sociedad, impulsando el crecimiento y el desarrollo equilibrado del país en beneficio directo de los que menos tienen.

Los legisladores priistas no nos vamos a quedar inmóviles ante esta situación,el PRI está comprometido con el pueblo de México, y desde el Congreso vamos a luchar hasta llegar a las últimas consecuencias para que sean escuchados y atendidos los reclamos de los trabajadores.

Finalmente, planteamos un alto a esta escalada de precios que sólo sigue hundiendo la economía y calidad de vida de los que menos tienen, se debe revisar los salarios mínimos en conjunto con los aumentos de precios, en aras de restituir el poder de compra de los trabajadores.

Todo lo anterior me permite plantear que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos sea un órgano que proponga el aumento a los salarios mínimos, que la Cámara de Diputados sea la responsable de aprobarlo, cumpliendo así con lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de proteger el poder de compra de los mexicanos frente al alza de precios de los artículos alimenticios de primera necesidad que componen la Canasta Básica, definida por la Procuraduría Federal del Consumidor.

De esta manera propongo a esta soberanía la presente iniciativa que se integra de cinco artículos. En el primero proponemos la reforma y adición de los artículos 73, 74, 78 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 90, 94 y 570, de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de establecer como atribución del Congreso de la Unión el fijar los salarios mínimos generales y profesionales. Esto con el fin de adecuar las normas conforme a los intereses de la nación y el desarrollo sustentable del país.

En razón de las consideraciones antes expuestas someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-P al artículo 73; se adiciona una fracción III al artículo 74; se adiciona una fracción IX al artículo 78; se adiciona un tercer párrafo, y se reforma el actual párrafo tercero y se recorre y pasa a ser el párrafo cuarto de la fracción VI del artículo 123 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma el párrafo segundo y se adiciona un tercer párrafo y el actual tercero pasa a ser el cuarto del artículo 90; se reforma el párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo al artículo 94; y se reforma el primer y segundo párrafo y se adiciona una fracción III del artículo 570, en materia de salarios mínimos en los siguientes términos

Artículo Primero. Se reforma y adiciona la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo. 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-O. ...

Fracción XXIX-P. Para expedir leyes en materia de salarios mínimos generales y profesionales para el año fiscal que corresponda, en el ámbito federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, con la participación del Titular del Poder Ejecutivo federal y de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, se fijarán tomando en consideración el precio de los productos de la canasta básica, y cuidando el desarrollo sustentable de los trabajadores y de la economía nacional.

XXX. ...

Artículo Segundo:Se adiciona una fracción III al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. y II. ...

III. Aprobar los salarios mínimos generales y profesionales en forma anual y revisar sus incrementos en forma trimestral o extraordinario, cuando suban los precios de la canasta básica, a propuesta de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de conformidad con la ley que regulará el ejercicio de estas atribuciones;

Artículo Tercero.Se adiciona una fracción IX, al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente...

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Determinar, en su caso, los aumentos de los salarios mínimos generales y profesionales, a propuesta de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de conformidad con la fracción XXIX, artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Cuarto. Se adiciona un párrafo tercero y se reforma el actual tercero que pasa ser el cuarto de la fracción VI del artículo 123 Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo. 123. ...

Apartado A

I. a V. ...

Fracción VI. ...

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Los salarios mínimos deberán responder al párrafo anterior, además, de observar el fundamento que para fijarlo determine el Congreso de la Unión, en la Ley que expida conforme al artículo 73, fracción XXIX-P, de esta Constitución.

La propuestade salarios mínimos generales y profesionales será elaboradapor la comisión nacional de los salarios mínimos, por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones de carácter consultivo que considere indispensable, y del Congreso de la Unión, que garantice salarios justos y acordes con las necesidades de la clase trabajadora del país.

B. ...

...

Artículo Quinto. Se reforma el párrafo segundo y se adiciona un tercer párrafo y el actual tercero pasa a ser el cuarto del artículo 90; se reforma el párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo al artículo 94; y se reforma el primer y segundo párrafo y se adiciona una fracción tercera del artículo 570, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue

Artículo 90. ...

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades reales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Que considere los precios de la Canasta Básica y de lo correspondiente a los rubros de comunicación, conocimiento y transportación.

...

Con tal propósito, el salario mínimo deberá aumentarse anualmente, con base en la evolución del índice nacional de precios al consumidor de la canasta básica, y podrá revisarse e incrementarse antes de ese periodo de tiempo, en función del deterioro salarial observado durante su vigencia, como lo determine la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, según sea el caso, a propuesta de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Asimismo, se deberá actualizar trimestralmente con el propósito de establecer un aumento real que retribuya el incremento de la productividad media de la economía en ese periodo, con base en el porcentaje que determine la Cámara de Diputados, tomando en cuenta la recomendación que al efecto emita dicha comisión.

...

Artículo 94. Los salarios mínimos que se fijen anualmente serán propuestos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo y del Congreso de la Unión que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

El Banco de México y la Procuraduría Federal del Consumidor, deberán proveer de información actualizada y precisa de los nuevos bienes y servicios que se incluyen en la canasta básica, así como las variaciones en los precios de los productos contendidos en ella; de manera que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos someta a consideración el salario mínimo en base a los productos calificados como básicos.

Artículo 570. La ley que expida el Congreso de la Unión que fijará los salarios mínimos generales y profesionales se expedirá cada año ycomenzarán a regir el primero de enero del año siguiente.

Los salarios mínimos generales y profesionales podrán revisarse trimestralmente o en cualquier momentoen el curso de su vigencia siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen:

I. Por iniciativa del secretario del Trabajo y Previsión Social, quien formulará al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos solicitud por escrito que contenga exposición de los hechos que la motiven;

II. A solicitud de los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores o de los patrones previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

...

...

...

III. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, podrán decretar un incremento extraordinario al salario mínimo, con fundamento en la propuesta que le formule la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, considerando el aumento de los precios de la canasta básica de acuerdo a la información mensual que conforme a la misma proporciona el Banco de México y al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación .

Segundo. Las remuneraciones de los trabajadores que se originen con motivo de la aplicación de esta reforma, surtirán efecto desde el uno de enero de 2011, por lo que se deberán reflejar en la Ley que se emita con este fin para el ejercicio Fiscal del 2011.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2010.— Diputados: Roberto Rebollo Vivero, Olivia Guillén Padilla, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Hugo Héctor Martínez González, Ricardo Armando Rebollo Mendoza, Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Rebollo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

La diputada Olivia Guillén Padilla(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Permítame, por favor. Le ruego una disculpa. Diputada Olivia Guillén ¿con qué objeto?

La diputada Olivia Guillén Padilla(desde la curul): Sí, señor presidente. Que le pregunte, por favor al orador, si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: ¿Diputado Rebollo, está usted de acuerdo en que la diputada Olivia Guillén se adhiera a su iniciativa?

El diputado Roberto Rebollo Vivero (desde la curul): Claro, por supuesto. México nos necesita a todos. Le agradezco.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado. Quienes estén en la misma situación de adherirse a la iniciativa pueden hacerlo, suscribiendo el documento en la Secretaría.



ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada Guajardo.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal:Gracias, diputado. Las suscritas diputadas Bélgica Nabil Carmona Cabrera y la de la voz, Mary Telma Guajardo, integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de esta LXI Legislatura y en el ejercicio de la facultad que nos concede el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas fracciones del artículo 123 constitucional, Apartado A, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

En México, en los últimos años ha habido amplios e inadmisibles retrocesos en el respeto a los derechos de las mujeres: los asesinatos, trata y secuestro de niñas y mujeres llenan de injusticia, de dolor, de terror al espíritu de la nación. Se trata a las mujeres como si valiéramos menos que un objeto. Haciendo aparecer no sólo prescindible, sino un estorbo el aparato estatal, cuyo objeto esencial supuestamente es garantizar la vida y salud de las mexicanas y de los mexicanos, pero que contrariamente con sus políticas erradas ha impulsado de manera sistemática la violación de los derechos humanos, la violación de todo tipo, a grados de una verdadera carnicería que aterroriza a los demás países del orbe.

En este zafarrancho son las mujeres uno de los sectores más afectados, pues a su histórica discriminación y explotación, bajo la forma de doble y triple jornada, ahora suma la escasez del empleo. El empleo precario, el trabajo informal, la subocupación, la falta de capacitación, la marginación en los puestos directivos de los sindicatos, el hostigamiento laboral, la falta de protección en materia de seguridad social, los obstáculos para hacerse justicia.

Cuando se golpea de esta ilegal manera a las mujeres, se golpea en realidad al grueso de la población, pues las mujeres trabajadoras contribuyen con sus ingresos al sostenimiento de un número cada vez más importante de familias.

Si queremos impedir la desintegración de México como nación debemos comenzar a reparar, además de los vínculos humanos, soberanía y valores nacionales, el estado de derecho y la justicia social.

La Constitución es como un croquis histórico que nos señala el camino para no naufragar, para lograr los equilibrios básicos y no repetir las injusticias y opresiones que han llevado a pugnas nacionales. Lo marcado por la Constitución del 17 no es un lujo, sino aspectos mínimos para la estabilidad de México. Si nuestro país ha de tener futuro, debemos acabar con esta fabricación en serie de la injusticia.

Hoy por hoy las mujeres necesitan y quieren trabajar en el ámbito productivo y de servicios. Sin embargo, en el mundo laboral las desventajas hacia las mujeres son evidentes, así como lo es el hecho de que las oportunidades que se les brindan y su situación dentro de las fuentes de trabajo son agravadas por la discrepancia entre el crecimiento demográfico y la creación de espacios en el actual mercado laboral, a la vez que de modo sistemático se devalúa económica y culturalmente su trabajo y sus capacidades.

Por lo cual presentamos el presente proyecto de decreto que propone reformas y adiciones al apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República para agregar lo siguiente: las mujeres deberán gozar de una igualdad real en el respeto de sus derechos laborales. Al efecto deberán crearse comisiones mixtas para el respeto de los derechos de las mujeres en cada centro de trabajo, entre otras.

De igual manera, las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozarán forzosamente de un descanso de dieciséis semanas durante el periodo previo y posterior al parto, cuyo inicio será determinado por la trabajadora durante este periodo.

Además, se garantizará a la trabajadora el ejercicio de sus derechos reproductivos en el momento de su elección, protegiendo su salud y la del producto. Toda trabajadora que decida ejercer este derecho conservará su empleo y puesto de trabajo, y sólo podrá ser despedida por causas graves o que hagan imposible la continuación de la relación de trabajo.

Le pido, por favor, por falta de tiempo, incorporar la iniciativa tal y como se presentó a la mesa íntegramente. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas, diputadas Mary Telma Guajardo Villarreal y Bélgica Nabil Carmona Cabrera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y en ejercicio de la facultad que les concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas fracciones del artículo 123 constitucional, Apartado A, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, en los últimos años ha habido amplios e inadmisibles retrocesos en el respeto a los derechos de las mujeres: los asesinatos, trata y secuestro de niñas y mujeres llenan de injusticia, de dolor, de terror al espíritu de la Nación. Se trata a las mujeres, como si valiéramos menos que un objeto. Haciendo aparecer no sólo prescindible, sino un estorbo el aparato estatal, cuyo objeto esencial, supuestamente es garantizar la vida y salud de los mexicanos, pero que contrariamente, con sus políticas erradas ha impulsado de manera sistemática la violación de los derechos humanos, la violencia de todo tipo, a grados de una verdadera carnicería, que aterroriza a los demás países del orbe.

Si esto sucede con el valor superior, esencial de la vida, no sorprende ver el desmantelamiento total, como jamás había ocurrido en los últimos tiempos, de todo el círculo de derechos laborales: el desempleo es sólo una estadística irrebatible con los hechos, la simulación, el fraude de los derechos laborales mata en su raíz la dignidad y derechos de las personas que viven de su trabajo, los derechos de sindicalización, contratación colectiva y huelga son perseguidos como si se tratara de los más graves delitos, todos los patrones compiten, sin importar si pertenecen al sector público o privado, nacional o extranjero, por llevarse la corona como máximos violadores de tales derechos. El cinismo es lo que campea en los gobiernos hacia los trabajadores y sus luchas.

En este zafarrancho, son las mujeres, uno de los sectores más afectados, pues a su histórica discriminación, y explotación bajo la forma de doble y triple jornada, ahora suma la escasez del empleo, el empleo precario, el trabajo informal, la subocupación, la falta de capacitación, la marginación en los puestos directivos de los sindicatos, el hostigamiento laboral, la falta de protección en materia de seguridad social, los obstáculos para hacerse justicia. Cuando se golpea de esta ilegal manera a las mujeres, se golpea en realidad al grueso de la población, pues las mujeres trabajadoras contribuyen con sus ingresos al sostenimiento de un número cada vez más importante de familias.

Si queremos impedir la desintegración de México como nación, debemos comenzar a reparar, además de los vínculos humanos, soberanía y valores nacionales, el estado de derecho y la justicia social. La Constitución es como un croquis histórico que nos señala el camino para no naufragar, para lograr los equilibrios básicos y no repetir las injusticias y opresiones que han llevado a pugnas nacionales, lo marcado por la Constitución del 17 no es un lujo, sino aspectos mínimos para la estabilidad de México. Si nuestro país, ha de tener futuro, debemos acabar con esta fabricación en serie de la injusticia.

A esto contribuirá de manera decisiva, el avanzar en la igualdad real de las mujeres, las mujeres deben ir conquistando espacios de poder y, uno de los más significativos es el jurídico y más concretamente el monopolio contenido en la Constitución General de la República. Urge pues feminizar a la Constitución desde la terminología empleada hasta el establecimiento de derechos básicos para las mujeres, incluido el ámbito laboral. La mujer en su especificidad está prácticamente borrada de nuestra Constitución; injusta, hipócrita y antihistórica, ya que las mujeres, hemos contribuido a la par en la construcción de este país, en sus luchas, en los sacrificios. Con lo cual no sólo se mostrará el verdadero rostro de la historia nacional en la cual las mujeres han jugado un papel fundamental, pese a las distorsiones y ocultamientos; sino que con ello se pondrán los cimientos de un México moderno que exige indispensablemente libertad, justicia y desarrollo para la población femenina. No se puede avanzar en tanto que más de la mitad de la población tiene como alternativa la opresión y la negación, en tanto que la otra parte se destruye en su tarea de oprimir y a negar. Por lo que se acaba negando toda perspectiva a la nación.

Así, en cuanto al trabajo desempeñado por las mujeres, si bien la Constitución federal otorgó algunos beneficios a éstas, la mayoría de los derechos consagrados en el Apartado “A” del artículo 123 constitucional son relativos a la protección de la maternidad y muy pocos a lo relacionado con otros ámbitos de su condición de mujer trabajadora, con presencia creciente, aunque contradictoria, en el mundo laboral. Reconocer las condiciones de desigualdad y discriminación en que la mujer realiza sus labores en la actualidad y atacar las causas desde la Constitución es una tarea inaplazable.

Las actuales condiciones sociales y económicas empujan cada vez más a las mujeres a la búsqueda de actividades fuera del hogar, provocando que en los últimos veinte años su participación en el trabajo remunerado se haya triplicado.

Hoy por hoy las mujeres necesitan y quieren trabajar en el ámbito productivo y de servicios. Sin embargo, en el mundo laboral las desventajas hacia las mujeres son evidentes, así como lo es el hecho de que las oportunidades que se les brindan y su situación dentro de las fuentes de trabajo son agravadas por la discrepancia entre el crecimiento demográfico y la creación de espacios en el actual mercado laboral, a la vez que de modo sistemático se devalúa económica y culturalmente su trabajo y sus capacidades.

Así pues, la forma como se inserta esta fuerza en el mercado laboral, obliga a cuestionarnos sobre la cantidad y calidad de empleos generados, la débil protección de las mujeres en este campo y la galopante discriminación que desdeña la capacidad y la calidad de su trabajo, al tiempo que niega la posibilidad de demostrar esas capacidades y cualidades.

Reconocer el fenómeno y erradicar el trato desigual hacia las mujeres es un acto de justicia social, sin el cual no se podrá garantizar las mismas oportunidades. Dado que el trabajo es el instrumento que permite el acceso a los servicios de salud, a una vivienda adecuada, a la recreación, seguridad, calidad alimentaria y satisfacción de necesidades, es decir, a condiciones de bienestar y crecimiento personal, familiar y social, el ámbito laboral es estratégico para el desa-rrollo y dignificación de las mujeres.

Con el objeto de promover la igualdad de oportunidades y de condiciones laborales entre hombres y mujeres, se deberán impulsar acciones afirmativas no sólo a cargo del Estado, sino de los patrones y los sindicatos.

Se entiende por acción afirmativa la adopción de medidas temporales destinadas a fomentar la participación de la mujer en el empleo, en la actividad sindical y en los programas de capacitación y adiestramiento de manera que se contribuya a corregir en los hechos los factores de discriminación por género.

Por otra parte, la protección de las mujeres y de su trabajo no es una pretensión grupal, es un muelle impulsor de la productividad reconocido y amparado internacionalmente mediante un cuerpo de numerosas normas de trabajo que ha signado México. Destacadamente la constitución de la OIT en 1919 en su artículo 41, que consigna el Principio de “Salario igual”, el Convenio 100 y 111, así como la recomendación número 90, que desde 1951 se dirigen específicamente a eliminar la discriminación entre el hombre y la mujer; el convenio 156 y la recomendación 165 que se aplica a hombres y mujeres con responsabilidades hacia los hijos a su cargo o hacia otros miembros de la familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén. Se garantiza a la trabajadora el ejercicio de sus derechos reproductivos en el momento de su elección, protegiendo su salud y la del producto. Toda trabajadora que decida ejercer este derecho conservará su empleo y su puesto de trabajo.

Así pues, es vital formular cambios en el derecho laboral y, concretamente en nuestra Constitución, que permitan a la mujer trabajadora integrarse al mundo productivo, en igualdad de condiciones respecto al hombre, respetando al propio tiempo sus diferencias. La desigualdad histórica de género ubica a las mujeres en una posición de opresión y desventaja que les impide incorporarse plenamente a la vida productiva; la legislación debe contribuir en lo posible a resolver esta injusta situación.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que propone reformas y adiciones al Apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República

Artículo Único. Se adicionan un primero, tercero, cuarto, sexto y séptimo párrafos de la fracción V, y se reforman los párrafos segundo y quinto de la misma fracción; se adicionan un segundo y tercer párrafo de la fracción XIII, y se reforma el primer párrafo de la misma fracción; y se adiciona un segundo párrafo de la fracción XIV, todas del Apartado A, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 123. ...

...

A. ...

I. a IV. ...

V. Las mujeres deberán gozar de una igualdad real en el respeto de sus derechos laborales. Al efecto deberán crearse Comisiones Mixtas para el Respeto de los Derechos de las Mujeres en cada centro de trabajo, entre otras.

Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de dieciséis semanas durante el periodo previo y posterior al parto, cuyo inicio será determinado por la trabajadora. Durante este periodo, las mujeres deberánpercibir su salario íntegro y conservar su empleo además delos derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En los partos múltiples, el periodo de recuperación posnatal se incrementará en dos semanas.

No podrá ejercerse ninguna forma de discriminación hacia las mujeres expresada como violencia física, sicológica, sexual, moral, verbal, económica o cualquier otra que atente contra su dignidad.

Con el objeto de promover la igualdad de oportunidades y condiciones laborales entre mujeres y hombres, se deberán formular y desarrollar acciones afirmativas a favor de las primeras.

En el periodo de lactancia tendrán derecho, a su elección,a dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, por un lapso de siete meses,para alimentar a su hijo en el lugar adecuado e higiénico que designe el patrón o bien a la reducción de su jornada diaria por una hora;

Se garantizará a la trabajadora el ejercicio de sus derechos reproductivos en el momento de su elección, protegiendo su salud y la del producto. Toda trabajadora que decida ejercer este derecho conservará su empleo y puesto de trabajo, y sólo podrá ser despedida por causas graves o que hagan imposible la continuación de la relación de trabajo.

La ley reglamentaria deberá estipular la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades;

VI. a XII. ...

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación, adoptando las medidas de acción afirmativa para garantizar condiciones efectivas de igualdad entre el hombre y la mujer en el ejercicio de este derecho.

En áreas laborales en donde la cuota de empleo de mujeres sea menor que la de los varones, aquellas tendrán acceso a una cuota equitativa de participación para lograr las mismas oportunidades de empleo en determinados puestos de trabajo.

La ley reglamentaria promoverá que en los planes y programas de capacitación sectoriales y en las empresas, se establezcan oportunidades de capacitación y adiestramiento para los trabajadores por tiempo u obra determinada;

XIV. ...

Asimismo, los patrones serán responsables de crear un ambiente laboral libre de riesgos y violencia laboral y de establecer condiciones, mecanismos e instancias para impedir el acoso o el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo;

XV. a XXXI. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010,— Diputadas: Mary Telma Guajardo Villarreal, Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Guajardo. Como lo ha solicitado y por ser procedente, se instruye la inserción del texto completo de su iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Honorable asamblea, esta Presidencia informa que se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría, por favor, a dar cuenta de esta comunicación.



ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno la modificación del orden del día, al tenor de lo siguiente:

• Que se incorpore como asunto nuevo la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada federal Yolanda de la Torre, Daniela Nadal Riquelme y Nelly Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI, sustituyendo al que aparece enlistado con el número 44 del orden del día de hoy, con iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Alejandro de Jésús Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes S. Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día, en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Aprobada la modificación al orden del día.



LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Nadal Riquelme, para presentar a nombre propio y de las diputadas Yolanda de la Torre Valdez y Nely Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Adelante, diputada Nadal.

La diputada Daniela Nadal Riquelme:Honorable asamblea. A nombre de quienes formamos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, atendiendo a la siguiente exposición de motivos.

Esta iniciativa tiene como objeto hacer realidad una reforma urgente y necesaria que ha sido postergada por este Congreso. Las personas con discapacidad enfrentan en nuestro país el más alto nivel de discriminación, manteniéndolos limitados, marginados del desarrollo y las actividades productivas.

Jurídicamente, las personas con discapacidad nos encontramos con una legislación a medias, ya que el Ejecutivo federal aún no ha publicado el reglamento de la ley, lo que hace difícil el reclamo de los diversos derechos, los cuales se pretende garantizar.

La ONU estima que en México el 10 por ciento de la población total vive con una discapacidad y más del 95 por ciento vive en condiciones de pobreza y marginación. Cada año se producen en México 265 mil nuevos casos de discapacidad, de acuerdo en el Plan Nacional de Salud 2000-2006 de la Secretaría de Salud.

El 94 por ciento de la población con discapacidad es segregado. De cuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación elaborada por el Consejo Nacional de la Prevención de la Discriminación en el 2005, las personas con discapacidad y sus familias enfrentan carencias institucionales que afectan sus derechos humanos, sociales, políticos y económicos.

Esta iniciativa propone una serie de reformas que el PRI pretende hacer realidad a través de un acuerdo y del consejo con todos los grupos parlamentarios, porque implica una profunda reforma social al marco jurídico, beneficiando a más de 10 millones de personas con discapacidad y a sus familias. Las necesidades que padecen las personas con discapacidad deben ser revisadas a fondo.

Esta iniciativa tiene como fin ratificar los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por el Estado mexicano en 2007, para que la sociedad y el gobierno reconozcan los derechos de las personas discapacitadas y luchar contra las condiciones de marginación y discriminación.

Esta iniciativa tiene como propósito responder a las exigencias y necesidades de la población con discapacidad y cumplir con las disposiciones de la convención. Debemos sensibilizarnos para una necesidad que está siendo superada. Necesitamos tomar conciencia y decisiones para evitar caer en la incertidumbre del futuro del nivel de vida de las personas con discapacidad.

Ante ello, esta iniciativa propone en esencia promover, proteger y asegurar los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y, a su vez, armonizar los derechos existentes que establece la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Se propone que la Conadis se constituya como un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios. Establece lineamientos para la elaboración del programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad.

Con ello se garantiza la participación, opinión y propuesta de las personas con discapacidad, tal y como lo establece la convención. Otorga garantías para que las personas con discapacidad puedan denunciar cualquier acto de discriminación o violación a sus derechos en los órganos de control que disponga la legislación vigente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y/o la Comisión de Derechos Humanos locales.

Las personas con discapacidad no pedimos dádivas ni pensiones. Queremos integrarnos a un entorno social y productivo, y no ser objeto de aberración, rechazo y corrupción. Es urgente llevar garantías concretas que protejan a las personas con discapacidad en México, situación que se ha visto agravada por los rezagos, la pobreza, la falta de oportunidades y el desinterés de actores públicos fundamentales, para asumir el compromiso social, político y económico para que la población con discapacidad y sus familiares tengan un mejor presente y un próspero futuro.

El gobierno en sus tres niveles y las entidades públicas necesitan de un