Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXI Legislatura
Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Director del
Diario de los Debates
Jesús Norberto Reyes Ayala
Año I
México, DF, FECHAERRONEA 10 de 1603
Sesión No. 16

SUMARIO


SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica conmemorativa del 72 aniversario de la Expropiación Petrolera

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña hace uso de la tribuna

Solicitan moción de procedimiento desde sus curules los diputados:

Jorge Carlos Ramírez Marín

Pablo Escudero Morales

Carlos Alberto Pérez Cuevas

Omar Fayad Meneses

Jorge Carlos Ramírez Marín

Se designa comisión que represente a la Cámara de Diputados para asistir al acto que refiere la invitación recibida

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Oficio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con el que envía la Memoria anual de funcionamiento del tribunal correspondiente al ejercicio fiscal de 2009. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento

VIRUS INFLUENZA AH1N1

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del 13 de enero pasado, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre las medidas que ha implementado para el resguardo y buen uso de vacunas o medicamentos de emergencia y sobre la vacuna contra la influenza AH1N1. Se remite al promovente para su conocimiento

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del 13 de enero pasado, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el monto de subejercicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) del ejercicio fiscal 2009, así como de la reasignación de dichos recursos a los mismos programas y beneficiarios de apoyo al campo, y a no exigir en los programas de tipo pari passu la aportación estatal correspondiente. Se remite al promovente para su conocimiento

VIGILANCIA DE LOS AEROPUERTOS DE MEXICO

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del 20 de enero pasado, relativo a la vigilancia de los aeropuertos de México. Se remite al promovente para su conocimiento

PREVENCION DE LAS ADICCIONES

Oficio de la Presidencia de la Mesa Directiva por el que comunica los nombres de diputadas y diputados designados por los grupos parlamentarios para la integración del grupo de trabajo interinstitucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a fin de impulsar la elaboración de un nuevo y eficaz Programa Nacional Contra las Adicciones, aprobado el pasado 23 de febrero. Aprobado

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Se recibe del diputado Leobardo Soto Martínez iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para eliminar las delegaciones federales de las secretarías de Estado subordinadas al Ejecutivo federal. Se turna a la Comisión de Gobernación

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

Se recibe de los diputados Canek Vázquez Góngora y Maurilio Ochoa Millán iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, para extender el plazo de registro por un año más del registro de usuarios de telefonía móvil. Se turna a la Comisión de Comunicaciones

LEY GENERAL DE SALUD - LEY GENERAL DE EDUCACION

Desde su curul, la diputada María Cristina Díaz Salazar presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud, y el artículo 75 de la Ley General de Educación, en relación con el sobrepeso y la obesidad. Se turna a las Comisiones de Salud y a la de Educación Pública y Servicios Educativos

ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL

Desde su curul, el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un derecho de las minorías parlamentarias para interponer de manera directa controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

Se recibe del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional, para considerar como amenaza a la seguridad nacional los actos intencionados en contra de las áreas naturales protegidas. Se turna a la Comisión de Gobernación

Desde su curul, el diputado José Luis Soto Oseguera solicita moción de procedimiento

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

Desde su curul, la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 12, 45 y 58 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en relación a los servicios que prestan las misiones diplomáticas, representaciones consulares y unidades administrativas de México en el extranjero. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

TRABAJOS LEGISLATIVOS

Desde su curul, el diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega realiza comentarios en relación a tema a tratar en el apartado de agenda política. El Presidente da respuesta

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

Desde su curul, la diputada Laura Arizmendi Campos se adhiere a la iniciativa presentada

Desde su curul, la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez acepta la adhesión, y solicita cambio de trámite

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores

LEY GENERAL DE EDUCACION

La diputada Leticia Quezada Contreras presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 14 y 38 de la Ley General de Educación, para establecer escuelas de tiempo completo de educación básica, que impulsen y favorezcan el desarrollo de competencias definidas en los planes y programas de estudio. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Desde su curul, el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta realiza comentarios en relación programa de reducción de gasto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Presidente da respuesta

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTES FEDERALES

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para crear las áreas de descanso y estacionamiento en las carreteras y autopistas nacionales. Se turna a la Comisión de Transportes

Desde su curul, la diputada Claudia Edith Anaya Mota se adhiere a la iniciativa

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández acepta

ARTICULO 79 CONSTITUCIONAL - LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION

Se recibe del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona un artículo 40 Bis y reforma el artículo 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en relación a las atribuciones del Auditor Superior de la Federación en procedimientos y acciones de la administración pública. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

El diputado Miguel Angel Riquelme Solís presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con incidentes de falsedad de firma. Se turna a la Comisión de Justicia

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El diputado Juan Carlos Natale López presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 167 y 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para determinar el momento en el que se da inicio a ciertas etapas del procedimiento de inspección y vigilancia en materia ambiental. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

LEY DE APOYO SOLIDARIO PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CAMPO

La diputada Narcedalia Ramírez Pineda presenta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Desde su curul, el diputado Sergio Mancilla Zayas se adhiere a la iniciativa

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

La diputada Sofía Castro Ríos presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, fin de procurar que en los recibos de cobro se apliquen criterios que den mayor certidumbre y claridad en el cobro de la electricidad. Se turna a la Comisión de Energía

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto a la deducción de impuestos en los pagos de colegiatura, inscripción y reinscripción en todos los niveles educativos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

ARTICULO 25 CONSTITUCIONAL - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

El diputado Omar Fayad Meneses presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo noveno al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para establecer a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como un organismo público constitucional autónomo. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia

LEY DE COORDINACION FISCAL

El diputado Ovidio Cortázar Ramos presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, con objeto de destinar un determinado porcentaje de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a las actividades prioritarias de los municipios, y fortalecer los recursos financieros que se destinan a la seguridad de la población. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Desde su curul, el diputado Camilo Ramírez Puente se adhiere a la iniciativa

Desde su curul, el diputado Ovidio Cortázar Ramos acepta

ARTICULOS 73, 76 Y 89 CONSTITUCIONALES

El diputado José Luis Jaime Correa presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la definición de la participación del Poder Legislativo en los lineamientos generales de política exterior. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales

LEY FEDERAL PARA LA REGULACION DE LOS CENTRO DE APOYO Y REHABILITACION EN MATERIA DE ADICCIONES Y DISCAPACIDADES

La diputada Caritina Sáenz Vargas presenta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Regulación de los Centro de Apoyo y Rehabilitación en Materia de Adicciones y Discapacidades. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Desde su curul, la diputada Rosi Orozco se adhiere a la iniciativa

La diputada Caritina Sáenz Vargas acepta

DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

Comunicación de la diputada Judith Fabiola Vázquez Saut con la que solicita licencia para separarse de su cargo como diputada federal electa en el XX distrito del estado de Veracruz. Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquese

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

Comunicación del diputado Roberto Gil Zuarth con la que solicita licencia para separarse de su cargo como diputado federal electo en la tercera circunscripción plurinominal. Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquese

Desde su curul, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia realiza comentarios

Aprobados los puntos de acuerdo; comuníquese

Desde sus curules, expresan comentarios los diputados:

Pablo Escudero Morales

Jaime Fernando Cárdenas Gracia

Víctor Humberto Benítez Treviño

Juan Enrique Ibarra Pedroza

Emilio Serrano Jiménez

Armando Ríos Piter

Víctor Manuel Castro Cosío

Julio Castellanos Ramírez

Cora Cecilia Pinedo Alonso

Jaime Alvarez Cisneros

DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

El Presidente designa comisión que acompañe a los ciudadanos Ana Georgina Zapata Lucero y Rafael Rodríguez González, diputados suplentes electos en el II y XX Distrito de los estados de Chihuahua y Veracruz, respectivamente, en el acto de rendir su protesta de ley

LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Ciencia y tecnología con proyecto de decreto que reforma las fracciones IV y V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología

LEY GENERAL DE POBLACION

Primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Gobernación con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 71 y 128 de la Ley General de Población

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 y adiciona los artículos 33, 43 y 44 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Sin discusión, es aprobado; pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural con proyecto de decreto que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

A discusión, intervienen los diputados:

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña

Desde su curul, el diputado Carlos Luis Meillón Johnston solicita moción de orden

Emilio Serrano Jiménez

Desde su curul, el diputado Pablo Escudero Morales solicita moción de orden

Desde su curul, el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña realiza comentarios

Continúa el diputado Emilio Serrano Jiménez

Suficientemente discutido, es aprobado; pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural con proyecto de decreto que reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Sin discusión, es aprobado; pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales

LEY GENERAL DE EDUCACION

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos que reforma y adiciona los artículos 21 y 33 de la Ley General de Educación. Sin discusión, es aprobado; se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional

LEY GENERAL DE POBLACION

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 67 y una fracción VI al artículo 113 de la Ley General de Población

Se aprueban en lo general y en lo particular los artículos no reservados

A discusión en lo particular, presenta modificación el diputado Marcos Pérez Esquer, que se acepta

Es aprobado, con la modificación presentada. Se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional

TRABAJOS LEGISLATIVOS

Desde su curul, el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña realiza comentarios en relación con el orden del día. El Presidente da respuesta

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con punto de acuerdo sobre la proposición presentada el 15 de diciembre de 2009 por la que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal a cumplir, en el diseño de las reglas de operación de los programas correspondientes a la dependencia a su cargo, de manera puntual lo establecido en el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2010. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES MEXICANOS

Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada el 15 de diciembre de 2009 para que esta soberanía se pronuncie a favor del respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos que se encuentran fuera de las fronteras nacionales, que retornan durante el fin y principio de año; y exhorta a los diferentes niveles de gobierno a mantenerse vigilantes de lo anterior. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

OFICINAS DE ATENCION DE MIGRANTES

Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios con punto de acuerdo respecto a la proposición presentada el 6 de octubre de 2009 relativa al fortalecimiento de las oficinas de atención de migrantes de los estados de la República Mexicana. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

FONDO DE DESASTRES NATURALES

Dictamen de la Comisión de Gobernación con punto de acuerdo referente a la proposición presentada el 1o de diciembre de 2009 por la que se exhorta al gobierno federal a modificar mediante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para 2010. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

ESTADOS DE DURANGO, CHIHUAHUA, CHIAPAS, OAXACA, SAN LUIS POTOSI Y GUERRERO

Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria con punto de acuerdo sobre la proposición presentada el 1 de diciembre de 2009 por la que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobernadores de Durango, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero a integrar con las dependencias y las entidades federales y las estatales involucradas mesas de diálogo para que, con la participación de los legisladores de la Comisión de Reforma Agraria, atiendan la problemática social, agraria y ambiental de los municipios, los ejidos y las comunidades que se citan. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

DISTRITO FEDERAL

Dictamen de la Comisión del Distrito Federal con punto de acuerdo respecto de la proposición presentada el 24 de noviembre de 2009 por la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas necesarias para detener las invasiones de barrancas en Cuajimalpa de Morelos y Alvaro Obregón. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

DISTRITO FEDERAL

Dictamen de la Comisión del Distrito Federal con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada el 24 de noviembre de 2009 por la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a implantar una política integral de salud en Iztapalapa, donde pondere la zona que abarcan las colonias Alvaro Obregón, Los Frentes, Leyes de Reforma Segunda y Tercera Secciones y Renovación. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

DISTRITO FEDERAL

Dictamen de la Comisión del Distrito Federal con punto de acuerdo a proposición presentada el 8 de diciembre de 2009, por el que se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal, así como al jefe delegacional en Tlalpan, a que con estricto respeto a las formas internas de organización política determinadas por el Consejo de los Pueblos Originarios de Tlalpan, mantengan una puntual observación en los distintos procesos electivos que se lleven a cabo del cumplimiento de las normas de elección de representantes, establecidas por las propias comunidades de Tlalpan. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo a proposición presentada el 15 de diciembre de 2009, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir, a través del Comité de Expertos en Vacunación de México, en el esquema nacional de aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano a las mujeres mexicanas de entre 9 y 55 años de edad. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

CANCER DE MAMA

Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo sobre la proposición presentada el 15 de diciembre de 2009 por la que se exhorta a la Secretaría de Salud a destinar recursos para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y al Fondo de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Seguro Popular y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que modifique la NOM- 041-SSA2-2002 con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y atención del cáncer de mama en el país. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

PROGRAMAS DE SALUD PARA MIGRANTES

Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo referente a la proposición presentada el 15 de diciembre de 2009 por la que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer el Seguro Binacional de Salud y a fortalecer los programas de salud para migrantes. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

SALUD MENTAL

Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada el 6 de octubre de 2009 para exhortar al Ejecutivo federal a través de la Secretaria de Salud para que dicte la norma oficial mexicana que contemple un modelo integrado de atención a la salud mental que sea aplicado a la población en general. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

Son aprobados en conjunto los anteriores 12 dictámenes; comuníquense

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada el 30 de abril de 2008. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural con puntos de acuerdo por los que se desechan las iniciativas con proyectos de decreto que adicionan la fracción XII del artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentadas el 11 de abril de 2007 y el 6 de marzo de 2008. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable presentada el 28 de enero de 2009. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre presentada el 11 de diciembre de 2008. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

LEY GENERAL DE EDUCACION

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con puntos de acuerdo por los que se desechan las iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación presentadas el 18 de agosto de 2004, 13 de agosto y 11 de septiembre de 2008. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Seguridad Privada presentada el 26 de marzo de 2009. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada presentada el 3 de marzo de 2009. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

LEY DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 6, 9 y 10, de la Ley de la Policía Federal Preventiva presentada el 26 de abril de 2007. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública recibida el 3 de septiembre de 2009. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

LEY DE EXPROPIACION Y RESTRICCIONES AL DOMINIO DE LOS BIENES

Dictamen de la Comisión de Gobernación con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Expropiación y Restricciones al Dominio de los Bienes presentada el 18 de septiembre de 2007. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

LEY ORGANICA Y DEL GOBIERNO CORPORATIVO DE PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía, y de Presupuesto y Cuenta Pública con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica y del Gobierno Corporativo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; y abroga la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios presentada el 26 de abril de 2007. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal recibida el 17 de septiembre de 2008. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

LEY DE PROTECCION A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS

Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Protección a Migrantes y sus Familias recibida el 5 de abril de 2006. Sin discusión, se reserva para su votación en conjunto

Se aprueban en conjunto los anteriores 13 dictámenes, archívense los expedientes como asuntos concluidos. Por lo que se refiere al dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, se remite a la Cámara de Senadores para los efectos del apartado D del artículo 72 constitucional

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

Sobre la solución del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas y la compañía Luz y Fuerza del Centro interviene los diputados:

Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega

Francisco Hernández Juárez

Jaime Fernando Cárdenas Gracia

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña

Ramón Jiménez López

Víctor Manuel Castro Cosío

José Narro Céspedes

Laura Itzel Castillo Juárez

Gerardo Sánchez García

Pedro Avila Nevárez

Miguel Ernesto Pompa Corella

Se considera suficientemente discutido

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

Sobre la militarización y violación de los derechos humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, se concede el uso de la palabra a los diputados:

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña

Avelino Méndez Rangel

Leticia Quezada Contreras

Adán Augusto López Hernández

Teresa Guadalupe Reyes Sahagún

Arturo Zamora Jiménez

Se considera suficientemente discutido el tema

ORDEN DEL DIA

De la próxima sesión

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los siguientes dictámenes:

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 y adiciona el 33, 43 y 44 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (en lo general y en lo particular)

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (en lo general y en lo particular)

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (en lo general y en lo particular)

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 21 y 33 de la Ley General de Educación (en lo general y en lo particular)

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 67 y la fracción VI al artículo 113 de la Ley General de Población (en lo general y en lo particular los artículos no reservados)

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 67 y la fracción VI al artículo 113 de la Ley General de Población (en lo particular la adición de un artículo transitorio, propuesto por el diputado Marcos Pérez Esquer y aceptado por la asamblea)


Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras diputadas y señores diputados.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 300 diputados. Por tanto hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(11:40 horas): Se abre la sesión.



ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 16 de marzo de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 72 aniversario de la Expropiación Petrolera, el próximo 18 de marzo a las 10:00 horas.

De la diputada Judith Fabiola Vázquez Saut.

Del diputado Roberto Gil Zuarth.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Oficio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Con el que remite la Memoria anual de funcionamiento del tribunal correspondiente al ejercicio fiscal de 2009.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Tres, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

Iniciativas

Que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, suscrita por los diputados Canek Vázquez Góngora y Maurilio Ochoa Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud, y el artículo 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 8, 14 y 38 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167 y 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona un artículo 40 Bis y reforma el artículo 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo del diputado Miguel Ángel Riquelme Solís y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por los diputados Eduardo Alonso Bailey Elizondo y María de Lourdes Reynoso Femat, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, suscrita por los diputados Narcedalia Ramírez Pineda y Luis Videgaray Caso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de los diputados Sofía Castro Ríos y Cruz López Aguilar y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal para la Regulación de los Centros de Apoyo y Rehabilitación en Materia de Adicciones y Discapacidades, a cargo de la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma las fracciones IV y V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 71 y 128 de la Ley General de Población.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 y adiciona los artículos 33, 43 y 44 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 21 y 33 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 67 y una fracción VI al artículo 113 de la Ley General de Población.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal a cumplir, en el diseño de las reglas de operación de los programas correspondientes a la dependencia a su cargo, de manera puntual, lo establecido en el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2010.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo para que esta soberanía se pronuncie a favor del respeto irrestricto a los Derechos Humanos de los Migrantes Mexicanos que se encuentran fuera de las Fronteras Nacionales que retornan durante el fin y principio de año, y exhorta a los diferentes niveles de gobierno para que se mantengan vigilantes de lo anterior.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo relativos al fortalecimiento de las oficinas de atención a migrantes de los estados de la República Mexicana.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que modifique las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales.

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los gobernadores de los estados de Durango, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero a integrar mesas de diálogo, para que con la participación de los Legisladores de la Comisión de Reforma Agraria, atiendan la problemática social, agraria y ambiental de los municipios, ejidos y comunidades que se citan.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a tomar medidas necesarias para detener de forma inmediata las invasiones a las Barrancas de las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que implemente una política pública de salud en la delegación Iztapalapa, ponderando la zona que abarcan las colonias Álvaro Obregón, Los Frentes, Leyes de Reforma segunda y tercera sección y Renovación.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, así como al jefe delegacional en Tlalpan a mantener, con estricto respeto a las formas internas de organización política determinadas por el Consejo de los Pueblos originarios de Tlalpan, una puntual observación en los distintos procesos electivos que se lleven a cabo, del cumplimiento a las normas de elección de representantes establecidas por las propias comunidades de esa demarcación.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir, a través del Comité de Expertos en vacunación de México, a las mujeres mexicanas de entre 9 y 55 años de edad en el esquema nacional de aplicación de la vacuna contra el virus del Papiloma Humano.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud destine recursos para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y al Fondo de Protección contra Riesgos Sanitarios del Seguro Popular y a la Cofepris para que modifique la NOM-041-SSA2-2002.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud a lanzar y poner en funcionamiento el Seguro Binacional de Salud, así como fortalecer los Programas de Salud para Migrantes.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, dicte la Norma Oficial Mexicana de Prevención y Atención Integral de Salud y Enfermedades Mentales.

Dictámenes negativos de iniciativas

De la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII del artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desechan tres Iniciativas con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Seguridad Privada.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 6, 9 y 10 de la Ley de la Policía Federal Preventiva.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Expropiación y Restricciones al Dominio de los Bienes.

De las Comisiones Unidas de Energía y Presupuesto y Cuenta Pública, con puntos de acuerdo por los que se dese-cha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica y del Gobierno Corporativo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; y abroga la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Protección a Migrantes y sus Familias, remitida por el Senado de la República y turnada a esta Comisión en la pasada LIX Legislatura.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar el precio del diesel durante 2010 y a reorientar los subsidios de los comestibles, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular al gobierno del estado de Durango, del municipio de Lerdo, a la Conagua, a la Segob, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y al Infonavit, a establecer una mesa plural para resolver la problemática que aqueja a los habitantes de la Colonia César G. Meraz, derivada de los hundimientos en el lugar donde está asentada, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que informe sobre la situación de las inversiones realizadas por el IMSS en la empresa Metromedia, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH, para que por conducto de la visitaduría correspondiente, realice las investigaciones e inspecciones pertinentes a fin de determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos en los penales de Durango, a cargo del diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de crear una Comisión Especial para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo federal en la estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas del Gobierno del Estado de Tamaulipas a realizar las acciones necesarias para cubrir las plazas de maestros jubilados en el municipio de Matamoros, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a rendir un informe respecto al programa denominado “escuelas de tiempo completo”, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco de México, a la SHCP, a la STPS, a la SE, a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y a la Profeco a instrumentar las medidas necesarias, urgentes y suficientes para proteger y compensar el creciente deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSP y de la Segob a permitir, en cumplimiento de sus atribuciones y funciones, salvaguardar la integridad, los derechos y bienes de las personas integrantes de esta sociedad mexicana; asimismo, a actuar de manera igualitaria en la atención y dar respuestas concretas y eficientes a las víctimas de la delincuencia y el crimen organizado, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, referente al embargo camaronero impuesto por Estados Unidos a México, suscrita por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, y Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al DIF nacional y a los DIF estatales y del Distrito Federal a realizar un censo de los albergues que operan en sus demarcaciones, con el objeto de conocer cuántos menores de edad tienen a su cuidado y sus condiciones, e implar un programa permanente de supervisión de los albergues, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer, a través de la SHCP y de la CFE, tarifas especiales para uso domiciliario y agrícola en las zonas de atención prioritaria, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de la Policía Federal y a informar, a través del titular de la SSP, sobre las razones por las cuales no se ha publicado dicha norma, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del GDF a cumplir con la entrega del Subsidio para la Segundad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con la finalidad de que las dieciséis delegaciones beneficiadas ejerzan éste de manera autónoma, conforme a la fórmula que refleja los criterios que estableció esta soberanía en el PEF 2010, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera urgente al Ejecutivo federal a remover al titular de la STPS, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al DIF nacional a implementar un registro nacional de adopciones, a cargo del diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al clima de inseguridad y violencia en el estado de Chihuahua, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir para que la SHCP, la Conagua, la SCT y la Sedesol trabajen en coordinación para implementar un programa emergente de rehabilitación de los caminos rurales, sistemas de distribución de agua entubada, reparación de viviendas, así como la operación del Programa de Empleo Temporal y de Apoyos Económicos, a efecto de resarcir los daños causados por las precipitaciones fluviales e inundaciones en detrimento de las familias que viven en los municipios de la región de La Montaña y de la Costa Chica, estado de Guerrero, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Pleno de esta soberanía que, dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, suscriba el documento Compromisos por la igualdad entre mujeres y hombres, suscrito por diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Equidad y Género. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivos y a los Congresos estatales, así como del Distrito Federal a conformar a partir del Presupuesto para el ejercicio de 2010 un fondo especial para garantizar los recursos necesarios a los municipios o demarcaciones territoriales a efecto de que estos accedan al Subsemun, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León a informar a esta soberanía sobre el proceso de licitación número 48111002-09, correspondiente a la obra “construcción de techos cuenca para cosecha de agua de lluvia para el consumo humano”, llevada a cabo por la Corporación para el Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Nuevo León, en el que se incluya el presupuesto base con sus correspondientes costos unitarios, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que las legisladoras y los legisladores de esta honorable Cámara de Diputados donen voluntariamente un día de su dieta, destinado a las y los damnificados de los municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, México y el Distrito Federal, a los órganos político administrativos de las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa, que fueron afectados por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos en los primeros días de éste mes, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, emita el pago del Procampo en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural y no por transferencia bancaria, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del gobernador del Banco de México y del titular de la SHCP, ante el Pleno de esta soberanía para que informen respecto de la serie de monedas conmemorativas fusión cultural “la mercancía” y “el intercambio”, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinarse, a través de la Semarnat, con los gobiernos estatales y municipales que forman parte de la cuenca del río Laja para elaborar y ejecutar un plan de manejo de la cuenca, a fin de proteger y sanear dicho río, a cargo del diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob para que, en el ámbito de sus facultades, las radiodifusoras de todo el país dejen de trasmitir o tocar la canción “Unas nalgadas”, que canta Alejandro Fernández, en su disco Dos mundos, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Gobierno del estado de Jalisco, al INAH y a las autoridades competentes a impulsar y promover como patrimonio de la humanidad el centro de la ciudad de Puerto Vallarta, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer, a través de la Sedesol y de la Ssa, las medidas conducentes para que aquellos ex braceros que participaron en el Programa Bracero (1942-1964) puedan ser incorporados al Programa 70 y Más y al Seguro Popular, a fin de que cuenten con un ingreso mínimo y acceso a los servicios de salud que requieren para vivir con dignidad, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México a establecer una mesa de diálogo y negociación para resolver las demandas de los damnificados por las inundaciones en los municipios de Chalco y de Valle de Chalco, a cargo del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP y a la SSP que implementen en el estado de Chihuahua un programa de regularización para los vehículos usados de procedencia extranjera, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de la SEP y de la Segob a respetar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para reforzar acciones a favor de una cultura de respeto a las diferencias y la no discriminación entre los miembros de las comunidades escolares, autoridades, trabajadores, maestros y estudiantes que favorezcan la sana convivencia y el cumplimiento de los objetivos educativos, a cargo de la diputada Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob y de la CNBV para que sean aceptadas como documento oficial de identificación las credenciales de los diputados federales en las instituciones bancarias y sucursales que operan dentro de la República Mexicana, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a desechar toda iniciativa que pretenda modificar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, por el que se protegen las especies reservadas en exclusiva a la pesca deportivo-recreativa, en este caso particular el pez dorado, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a abatir el rezago en la ejecución de las órdenes de aprehensión, a cargo del diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la SCT para que presente un informe pormenorizado sobre los ingresos recaudados en 2009 por concepto de peaje, tanto de la red propia como por las autopistas concesionadas; asimismo, a implementar un programa mejoramiento de servicios, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que a través de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, se realice un encuentro nacional de reconocimiento a adultos mayores centenarios en el marco de esas conmemoraciones, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a hacer públicas las recomendaciones de dicha dependencia para desarrollos habitacionales en las 16 delegaciones del Distrito Federal, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear el Consejo de Atención Inmediata a las Comunidades y Municipios que Presentan Mayor Incidencia Delictiva en el País, a cargo del diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, a través de la SCT, la pertinencia de agilizar y aumentar los frentes de trabajo respecto a la ampliación y modernización de la Carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, estado de Sonora, a cargo del diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una Comisión Especial para el desarrollo de la familia, suscrito por las diputadas María Joann Novoa Mossberger y Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la tención y las indemnizaciones por las inundaciones en el estado de México y en el Distrito Federal, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impedir, a través de la SE, la importación de frijol, y dar prioridad a los productores nacionales sobre la compra en el extranjero de esta leguminosa; y al titular de la Sagarpa, a realizar un estudio urgente sobre el daño que una acción de importación de esta naturaleza causaría a los productores y consumidores nacionales, a cargo del diputado Rolando Zubía Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la Segob a solicitar, formular, establecer e implantar, en el ámbito de su competencia y con sus contrapartes estadounidenses, los mecanismos correspondientes y estrategias de simplificación de los trámites y tiempos de resolución, con el objetivo de agilizar la expedición de visas; y al Congreso de la Unión a incluir en el marco de la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos el tema específico del apoyo del Congreso Estadounidense para que el procedimiento para la obtención de visa sea expedito y claro, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera, y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la huelga de Cananea, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit, a la SHCP, a la CNBV y a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, en el marco de sus atribuciones, a otorgar a los cuerpos policiacos del país el acceso a créditos para la adquisición de vivienda y de vehículos automotores, a cargo del diputado Ernesto de Lucas Hopkins, y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Institutos Electorales de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, a solicitar al IFE que colabore en la organización de los procesos electorales por llevarse cabo en sus entidades respectivas durante el año 2010, a cargo del diputado Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ordenar, coordinar e implementar las acciones precisas y necesarias con el titular de la Conagua a efecto de solucionar la grave crisis hidrológica y ambiental que viene padeciendo la cuenca de los ríos Lerma-Chapala-Santiago, a cargo del diputado Joel González Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Excitativa

Al Senado de la República, a solicitud del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios sobre la militarización y violación de los derechos humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios sobre la militarización del país e instalación de retenes militares en diferentes partes de la República, en particular en Querubabi, Sonora, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios relativos a la partidización de los apoyos y la parcial participación de las autoridades del estado de México y del Distrito Federal en las inundaciones registradas en ambas entidades federativas, a cargo del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios relativos al desalojo de los vecinos de la colonia Nuevo Sol, en el municipio de Tuxpan, Veracruz, a cargo del diputado Miguel Martín López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»



ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves once de marzo de dos mil diez, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 281 diputadas y diputados, a las 11 horas con 19 minutos del jueves 11 de marzo de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura al orden del día y enseguida del acta de la sesión anterior. Desde su curul el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, realizó comentarios. El presidente hizo aclaraciones y en votación económica se aprobó el acta.

Se dio cuenta con oficio de la Mesa Directiva por el que informa la recepción de dictámenes en sentido negativo relativos a proposiciones publicados en la Gaceta Parlamentaria del miércoles 10 de marzo, de las Comisiones de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos concluidos, por lo que se refiere al dictamen de la Comisión de Población, Fronteras  y Asuntos Migratorios, se dio por atendida la proposición correspondiente.

Se dio cuenta con oficio del diputado Héctor Agustín Murguía Lardizabal, del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el II distrito del estado de Chihuahua, a partir de esta fecha. En votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente. Comuníquense.

Se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite anexos actualizados relacionados con los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al cuarto trimestre de 2009. Desde su curul el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, hizo comentarios. El presidente realizó aclaraciones e instruyó remitir los anexos a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el que remite el Presupuesto para el Proyecto del Sistema Satelital Mexicano. Se remitió a las Comisiones de Comunicaciones, para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente relativos:

• Al caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos. Se remitió a la Comisión de Gobernación y al promovente, para su conocimiento.

• Al caso del campo algodonero contra los Estados Unidos Mexicanos. Se remitió al promovente, para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficios de la Cámara de Senadores con los que remite:

• Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010; el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995; el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Asistencia Social. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

El presidente informó a la asamblea que en relación con la proposición con punto de acuerdo presentada en la sesión del miércoles 10 de marzo de 2010 por el diputado Alfonso Navarrete Prida, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una Comisión Especial para investigar las denuncias ciudadanas contenidas en el libro “Camisas Azules, Manos Negras”, se turnó a la Junta de Coordinación Política.

Se dio cuenta con las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

• Cuauhtémoc Salgado Romero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las instituciones de salud, a los Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que en conjunto y de manera coordinada desarrollen un plan de difusión de los centros de atención primaria de adicciones “Nueva Vida”. Se dio cuenta de su recepción y se turnó a la Comisión de Salud.

• Eduardo Mendoza Arellano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad, a que rinda un informe detallado de los reportes de eventos diarios que emite el Sistema Integral de Control Remoto y Acción de Datos instalados en los centros de operación de las redes de distribución de Ecatepec, Pedregal y Verónica, como causa de las inundaciones ocurridas en Chalco, Ecatepec e Iztapalapa. Se dio cuenta de su recepción y se turnó a las Comisiones Unidas de Energía, y de Recursos Hidráulicos.

• Leticia Robles Colín y Vidal Lleneras Morales, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a las afectaciones por las precipitaciones pluviales e inundaciones de los días 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2010, en municipios de los estados de México y Michoacán, así como en cuatro delegaciones del Distrito Federal. Se dio cuenta de su recepción y se turnó a la Comisión de Gobernación.

• Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México, relativo a los recursos para la prevención y control del virus del papiloma humano y el cáncer cérvicouterino, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011. Se dio cuenta de su recepción y se turnó a la Comisión de Salud.

• Carlos Samuel Moreno Terán, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que instruya a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Gobernación, para que en conjunto se avoquen al estudio jurídico sobre la posibilidad de solicitar la cancelación de la concesión que opera la mina de Cananea, a la empresa Mexicana de Cananea Sociedad Anónima de Capital Variable. Se dio cuenta de su recepción y se turnó a las Comisiones Unidas de Economía y de Gobernación.

• Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como al Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, tomen las medidas pertinentes para cubrir el pago correspondiente a los ex braceros o a sus beneficiarios, cuando éste se les haya negado por errores tipográficos o en el proceso de integración de su expediente los cuales son totalmente ajenos a su responsabilidad, así como a corregir los mismos. A solicitud hecha desde su curul por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, y aceptado por el proponente se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Josué Cirino Valdés Huezo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al director general del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que se cuente bien a los mexicanos de los municipios del país y considere la idea de no disminuir a menos de la mitad las preguntas del cuestionario en el próximo Censo General de Población y Vivienda. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

• Martha Elena García Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de Secretaría de Desarrollo Social a fin de que impulse la creación de un programa social de instauración de instancias de día para las y los adultos mayores del país. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

• Narcedalia Ramírez Pineda, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Economía, escuche la opinión de los sectores productivos del campo mexicano, antes de avanzar en las pláticas preparatorias y en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Brasil, para no afectar a nuestro sector agropecuario en ese acuerdo. Se turnó a la Comisión de Economía.

• José Ignacio Seara Sierra, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes y en ejercicio de sus atribuciones, consideren al estado de Campeche como sede para la construcción de un Centro de Investigaciones Espaciales. Se dio cuenta de su recepción y se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a pagar en una sola exhibición, la cantidad que se adeuda a ex trabajadores migratorios, con cargo al patrimonio del Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que pongan en marcha medidas para el control de las inundaciones en Tabasco, así como para que en conjunto con la Comisión Nacional del Agua, se regule el desfogue de las presas de acuerdo a las temporadas de lluvias y los sistemas meteorológicos nacionales, y se obligue a la Comisión Federal de Electricidad a responder por los daños que está ocasionando a los bordos de protección y obras hidráulicas que se realizan en Tabasco. Se turnó a la Comisión de Energía, con opinión de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

A las 12 horas con 12 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 412 diputadas y diputados.

• Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se considere en las festividades propias de las embajadas y consulados mexicanos, en el exterior, el consumo de vinos de mesa preferentemente mexicanos, con el objeto de expandir la industria vitivinícola del país. Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, para que la Cámara de Diputados apruebe la implantación de un plan emergente de desarrollo social en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

• Carolina Gudiño Corro, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Energía, reclasifiquen las tarifas de energía eléctrica en el estado de Veracruz. Se dio cuenta de su recepción y se turnó a la Comisión de Energía.

• Sergio Tolento Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Baja California, para que asignen los recursos necesarios para que se realicen los estudios del estado de salud y estatus de conservación de la población de Totoaba, en el Golfo de California. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Juan Enrique Ibarra Pedroza, en nombre propio y de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo, por el que se solicita la comparecencia ante esta soberanía de los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de la Función Pública , de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Comisión Federal de Electricidad, del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a fin de exponer un informe documentado, completo y detallado del estado en que se encuentra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, la situación que guarda su proceso de desincorporación y el estado en que se encuentra la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región atendida por Luz y Fuerza del Centro. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Sergio Mancilla Zayas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad, a que disponga la reubicación de la planta generadora de energía, dentro de la misma subestación “Los Remedios”, en razón de que genera contaminación ambiental acústica y daños a las construcciones de los habitantes de los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, del municipio de Naucalpan de Juárez, México. Se turnó a la Comisión de Energía.

• Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, para que a la brevedad otorgue seguridad social a todas las personas que prestan sus servicios en esta soberanía, sea a grupos parlamentarios o por el régimen de honorarios. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

Desde sus curules realizaron comentarios en relación con los sucesos de la sesión del 10 de marzo de 2010 los diputados: Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Partido Acción Nacional, quien ofreció disculpas al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y Juan José Guerra Abud, quien en nombre de ese grupo parlamentario las aceptó.

• Diva Hadamira Gastélum Bajo, en nombre propio y del diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destine parte de los subejercicios a que se refiere el artículo 14 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, al Fideicomiso 2106, con el fin de incrementar el patrimonio de éste y dar cauce al objeto por el que fue creado. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Samuel Herrera Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, proporcionen información concreta sobre la utilización de los datos de medición de pobreza, las correcciones, modificaciones y supresiones de programas que hayan sido resultado de la aplicación de dichas evaluaciones. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

• Nazario Norberto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, a que informe con qué tecnología cuenta para la prevención de sismos, que complemente el Sistema de Alerta Sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, para reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México, asimismo se coordine con la Secretaría de Gobernación para hacerlo extensivo a las entidades federativas con riesgo sísmico. Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

• Agustín Guerrero Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que remueva de su cargo al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, asimismo se exhorta al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, cese la subrogación de guarderías y proceda a manejarlas de manera directa en apego a derecho y para la prestación de un servicio de calidad y que vele por la seguridad de las hijas e hijos de los trabajadores afiliados. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Julio Saldaña Morán, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las autoridades municipales de Veracruz, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, a no autorizar los proyectos en el humedal de tembladeras en dicha entidad. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, ajusten la tarifa eléctrica doméstica del municipio de Muzquiz, Coahuila, tomando como referencia los datos climatológicos de la estación meteorológica automática localizada en el centro del área urbana de dicho municipio. Se dio cuenta de su recepción y se turnó a la Comisión de Energía.

• Ezequiel Retiz Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las entidades federativas y a sus respectivos municipios, que a la fecha no hubiesen expedido las leyes o realizado las modificaciones conducentes en materia de responsabilidad patrimonial del estado, a que realicen las reformas necesarias para ello, con el fin de dar cumplimiento a la obligación constitucional en la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002. Se turnó a la Comisión de Justicia.

• Tomasa Vives Preciado, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, a los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, así como a los gobiernos del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales para que, de forma individual o coordinada, implanten campañas informativas sobre los riesgos de la usura. Se dio cuenta de su recepción y se turnó a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público.

• Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobernador del estado de México y a la Procuraduría General de la República, a que instruyan –en el ámbito de sus competencias– la realización de investigaciones para deslindar responsabilidades y, en su caso, proceder penalmente contra quien resulte responsable por la supuesta participación y vinculación de miembros de la Agencia de Seguridad Estatal con la delincuencia organizada. Se dio cuenta de su recepción y se turnó a la Comisión de Justicia.

• Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista de México, relativo a la deforestación, conservación y protección de los bosques y selvas y su inventario. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, revise exhaustivamente el proceso de evaluación de la calidad de los programas de las escuelas normales públicas del país. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• David Hernández Vallín, en nombre propio y de la diputada Margarita Gallegos Soto, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al presidente de la República a no intervenir en el proceso electoral de Aguascalientes y suspenda sus giras de proselitismo electoral en los estados del país donde habrán de celebrarse procesos electorales, asimismo que esta soberanía forme una Comisión Especial de legisladores para dar seguimiento al presente punto de acuerdo, bajo el cumplimiento irrestricto de la ley. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Blanca Estela Jiménez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Gobernación, dejen de transmitir boletines de aprehensión en contra de la delincuencia o acciones policíacas, en medios de difusión. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Economía, a que lleven a cabo las acciones necesarias para regular adecuadamente la comercialización, distribución y venta de las denominadas bebidas energizantes. Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía.

• Florentina Rosario Morales, del Partido de la Revolución Democrática, en nombre propio y de diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, por el que se hace público el conocimiento oficial y las obligaciones derivadas de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso Rosendo Radilla en contra del Estado mexicano. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno de Baja California y a los miembros del Partido Acción Nacional de esta entidad, a que cesen de inmediato la campaña de violencia sistemática en contra la ciudadanía, especialmente en perjuicio de la maestra en ciencias Martha Beatriz López Amador. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Óscar Martín Arce Paniagua, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobernador del estado de México y a la Procuraduría General de Justicia de dicho estado, para que investiguen los posibles vínculos de miembros de la Agencia de Seguridad Estatal con la delincuencia organizada, así como para que se implanten de manera urgente, procedimientos de control y confiabilidad a los integrantes de dicha corporación policiaca. Se dio cuenta con su recepción y se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Víctor Manuel Báez Ceja, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Turismo, emita a la brevedad posible el Reglamento de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo.

• Rafael Pacchiano Alamán, del Partido Verde Ecologista de México, relativo al embargo camaronero impuesto por Estados Unidos de América a México. Se turnó a la Comisión de Pesca.

Se dio cuenta con las siguientes proposiciones de acuerdo de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se exhorta al Poder Judicial de la federación a que revise el proceso de las ciudadanas Teresa Alcántara Juan y Alberta González Cornelio, y a la Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura, a que solicite al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos información detallada sobre las acciones que ha tomado en la defensa de las ciudadanas mencionadas.

• Por el que se hace un urgente llamado al titular del Poder Ejecutivo en contra del uso de la fuerza del Estado en las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco.

En sendas votaciones económicas se aprobaron los acuerdos. Comuníquense.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 14 horas con 13 minutos y citó para la próxima que tendrá lugar el martes 16 de marzo de 2010 a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Aprobada el acta.

Proseguimos con el desahogo del orden del día con el capítulo de comunicaciones.



SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Secretarios de la honorable Cámara de Diputados, presentes.

La Secretaría de...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Con permiso, compañero. Estamos en huelga, en apoyo a la huelga...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Diputado Ramírez Marín, dígame usted.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente, para solicitar atentamente, en primer lugar, que llame al orden de la sesión. En segundo lugar, a que tome las medidas necesarias para que continúe. En tercer lugar, presidente, para decir a nuestros compañeros que hay un espacio en la agenda política donde esos temas pueden inscribirse y debatirse. Le suplicamos que continúe con la sesión.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado, por sus comentarios. Sí, señor diputado Escudero, dígame usted.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): En el mismo sentido. Existe un gran rezago legislativo. Lo que tiene que hacer esta Cámara de Diputados es ponerse a trabajar. Le pedimos atentamente que reanude la sesión y empecemos a trabajar con gran responsabilidad. No podemos ser rehenes de unos cuantos. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado Escudero. Diputado Carlos Pérez, dígame usted.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Señor presidente, en el mismo sentido de lo que ya ha manifestado la bancada del PRI y la bancada del Verde. Acción Nacional considera que tenemos en puerta una gran cantidad de trabajo por construir y no podemos seguir siendo rehenes de unos cuantos. Que tienen derecho a manifestarse, sí, pero jamás tendrán el derecho de impedir que esta Cámara siga trabajando.

La bancada de Acción Nacional se pronuncia para que haga uso de sus facultades, presidente, y que la sesión continúe.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado. Le agradezco sus comentarios. Pido a los señores secretarios que vengan a ocupar su espacio en esta Mesa Directiva, en la parte donde nos encontramos. Sí, diputado Omar Fayad, dígame usted.

El diputado Omar Fayad Meneses(desde la curul): Presidente, preguntarle si nos pueden informar a qué se debe la toma de la tribuna porque hasta acá no se escuchó. Cuando menos saber de qué se trata. Pedirles que inscriban el tema en la agenda política, y después que continúe la sesión.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Creo que tomaron la decisión los compañeros del PT de así hacerlo. Así es que están en su derecho y están ahí haciendo lo que ellos consideran que es correspondiente.

Pido a los señores secretarios y a las señoras secretarias que suban a este espacio donde nos encontramos los vicepresidentes y su servidor, a efecto de continuar con la sesión.

Pido a la Secretaría que dé cuenta de la comunicación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado, dígame usted.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Comunicaciones. De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.

Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica conmemorativa del 72 aniversario...

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Ramírez Marín, dígame usted.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Señor presidente, para que la sesión continúe en un ambiente de orden, por favor, le solicitamos declare un receso.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Vamos a continuar con la sesión, porque también la asamblea no puede ser rehén de quienes impiden la realización de las tareas parlamentarias.

Le pido a todos los grupos parlamentarios actuemos con responsabilidad y vamos a desahogar nuestro orden del día. Gracias, diputado.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 72 aniversario de la Expropiación Petrolera (1938), el jueves 18 de marzo, a las 10:00 horas, en el Eje Central Lázaro Cárdenas y Doctor Erazo, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Guadalupe Lozada León, coordinadora.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: Roberto Rebollo Vivero y Avelino Méndez Rangel.

Señoras y señores diputados, continuamos con oficios de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Diputado Francisco Ramírez...



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción XXXIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por su amable conducto me permito presentar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la memoria anual de funcionamiento de este tribunal, correspondiente a 2009, elaborada por la Junta de Gobierno y Administración, con las actividades y los resultados obtenidos por todas las áreas que integran este órgano jurisdiccional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 8 de marzo de 2010.— Francisco Cuevas Godínez (rúbrica), magistrado Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.



VIRUS INFLUENZA AH1N1

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-2-308 signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/312/2010, suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como los anexos que en el se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la vacuna contra la influenza AH1N1.

Atentamente

México, DF, a 8 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Contador Público José Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al punto de acuerdo presentado en la sesión celebrada el 13 de enero pasado por la senadora María del Socorro García Quiroz (PRI), en los siguientes términos:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que a la brevedad posible informe a esta soberanía las medidas emergentes que tiene implantadas para vacunas o medicamentos que requieran refrigeración en caso de existir cortes en los suministros de energía eléctrica y contingencias ambientales; asimismo, para que explique las medidas de seguridad en el resguardo de éstos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, a la brevedad posible, explique a esta soberanía sobre los criterios bajo los cuales se llevará a cabo la verificación y mecanismo de oferta para poner a disposición del sector privado la vacuna contra la influenza AH1N1.

Al respecto, me permito acompañar oficio número 0708, suscrito por el doctor Fernando Meneses González, coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, quien remite tos comentarios del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, respecto del punto de acuerdo referido.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 8 de marzo de 2010.— Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández (rúbrica), director general adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

En atención a su oficio 170/UCVPS/DGAVS/48/2010 mediante el cual hacen del conocimiento el punto de acuerdo presentado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en donde se solicita lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Salud, hacer llegar a esta soberanía a la brevedad, un informe sobre:

a) Las medidas emergentes que se tienen implantadas para vacunas y medicamentos que requieran refrigeración, principalmente en caso de existir cortes en los suministros de energía eléctrica y contingencias ambientales, explicando a detalle las medidas de seguridad en el resguardo de las mismas.

b) Los criterios bajo los cuales se llevará a cabo la verificación y mecanismo de oferta para poner a disposición del sector privado la vacuna contra la influenza AH1N1.

c) Los contratos que se han otorgado o se vayan a otorgar para la compra de las vacunas contra la influenza AH1N1, explicando a detalle las condiciones que imperaban durante la fase de alarma y, concretamente, durante la contratación.”

Al respecto, me permito adjuntar los oficios números 405/CeNSIA/2010 y CENAVECE/3117/10, suscritos por la directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y el director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, respectivamente, mediante los cuales proporcionan la opinión técnica a los puntos de acuerdo de referencia.

Sin otro particular

Atentamente

México, DF, a 5 de marzo de 2010.— Doctor Fernando Meneses González (rúbrica), coordinador.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Fernando Meneses González, coordinador de Asesores de la SPPS.— Presente.

En respuesta a su oficio 0347 recibido el día 8 de febrero en este centro, le envío la información correspondiente:

a) Relacionado con las medidas emergentes que tienen implementadas para vacunas y medicamentos que requieran refrigeración, principalmente en caso de existir cortes en los suministros de energía eléctrica y contingencias ambientales, explicando a detalle las medidas de seguridad en el resguardo de éstas.

Anexo Plan de Contingencia de Cadena de Frío.

b) Los criterios bajo los cuales se llevará a cabo la verificación y mecanismo de oferta para poner a disposición del sector privado la vacuna contra la influenza A (H1N1).

Este centro no dispone de biológicos para sector privado, esta tarea la realiza Birmex, quienes tienen conocimiento de los requisitos de cadena de frío y conservación de vacunas necesarios para asegurar que la vacuna llegue en condiciones adecuadas a su destino final.

c) Los contratos que se han otorgado o se vayan a otorgar para la compra de las vacunas contra la Influenza A (H1N1), explicando a detalle las condiciones que imperaban durante la fase de alarma y, concretamente, durante la contratación.

Censia no ha otorgado, ni firmado contrato de compra de vacunas contra influenza.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de febrero de 2010.— Doctora Vesta Richardson López Collada (rúbrica), directora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Plan de Contingencia de la Cadena de Frío.

Establecer un Plan de Contingencia, es indispensable ante un desastre natural o por error humano (huracán, inundaciones, sismos, corte de energía eléctrica) ya que pone en peligro la integridad y funcionamiento de los equipos frigoríficos instalados en las unidades de salud que pudieran ser afectados por dichos eventos. Por este motivo es necesario prever los posibles daños u rompimiento de la cadena de frío, por ello es conveniente contar con un sistema bien establecido garantizando la conservación y el poder inmunógeno de las vacunas.

El Plan de Contingencia es aplicable al sector salud así como organismos públicos, privados y sociales en los diferentes niveles de atención, tanto nivel estatal, jurisdiccional, municipal, delegación, zona o localidad.

Objetivo general:

Unificar criterio entre el sector salud, privado y social, ante eventualidades que ponga en riesgo o dañe la cadena de frío para la conservación de las vacunas.

Específicos:

• Establecer líneas de acción a seguir en situaciones de emergencia que pueden afectar el adecuado funcionamiento de la cadena de frío para la conservación de las vacunas en cada uno de los niveles que conforman la cadena de frío.

El plan de contingencia incluye lo siguiente:

• Un esquema y procedimientos a seguir ante un desastre natural

• Fortalecer los consejos estatales de vacunación

• Coordinación interinstitucional e intersectorial

• Contar con un directorio del personal involucrado en la cadena de frío

• Evaluación periódica de las condiciones del equipo de la cadena de frío por institución.

• Análisis y reportes de accidentes de la cadena de frío.

• Establecer unidades centinelas tales como: centros de vacunología, almacenes de vacunas, centro de salud, clínicas u hospitales. Los cuales deben de contar con el equipo idóneo exclusivo para almacenamiento de vacunas y con la capacidad suficiente para garantizar su resguardo

• Elaborar un mapa para la ubicación de las unidades centinelas,

• Contar con una red de comunicación entre las áreas donde se ubican las unidades centinelas, tales como Internet, fax, teléfono móvil e inalámbrico, etcétera, asimismo con vías accesibles de transporte.

• Contar con un programa de capacitación para el personal involucrado en el manejo de la cadena de frío y vacunación, por cada nivel de salud.

• Elaborar un programa de supervisión con las acciones del plan de contingencia por cada uno de los niveles de salud.

• Seguimiento a las acciones planeadas y ejecutadas.

• Recursos Humanos: coordinador de vacunación, coordinador de Recursos Financieros, coordinador de epidemiología y personal encargado de infraestructura, salud ambiental, personal de mantenimiento preventivo y correctivo para las unidades refrigerantes, y personal vacunador.

• Análisis de información con la finalidad de evaluar o reforzar cualquier tipo de acción que beneficie las medidas tomadas antes, durante y después del evento.

• Recursos Financieros. Contar con una partida para la dotación suficiente y oportuna de insumos tales como gasolina, viáticos, etcétera, en caso de desastres naturales

• Recursos Materiales:

Las instituciones del sector salud, privadas o públicas dotarán los insumos necesarios: vacunas, jeringas, equipo necesario para conservación de las vacunas, papelería, etcétera, vehículos termoking para el traslado de vacuna, para transporte de personal, trasporte de carga para traslado de las unidades refrigerantes conforme lo tenga contemplado y de acuerdo a sus necesidades.

Durante el desarrollo normal de las actividades realizadas en el Programa de Vacunación Universal, es probable que se presenten situaciones de emergencia en las unidades refrigerantes; estas situaciones generalmente se presentan por descompostura de la unidad refrigerante o por interrupción de la energía eléctrica. Para ello es conveniente que se tomen las siguientes medidas

Medidas inmediatas

a) Verificar que la temperatura se encuentre dentro del rango entre 2°C y 8°C.

b) Revisar la unidad refrigerante, sin abrir la puerta, con la intención de detectar la causa y de ser posible, darle solución (verificar si el cordón o cable eléctrico ésta conectado, si las conexiones o contactos están debidamente instalados, si los fusibles no están fundidos, etcétera).

c) Si no resuelve el problema, avisar a la persona responsable, sellar con tela adhesiva la puerta y colocar en la parte frontal un letrero con la leyenda “No se abra”; también se debe registrar la hora del incidente y la temperatura que guardan las vacunas en ese momento.

d) En caso de emergencia por falla del refrigerador o cortes de energía eléctrica, dependiendo de la capacidad del evaporador, del número de paquetes refrigerantes dentro de él y la cantidad de botellas con agua en los espacios libres del gabinete, la temperatura entre 2°C y 8°C se puede mantener hasta por cuatro horas en climas cálidos, y hasta por 10 horas, en climas fríos, siempre y cuando no se abra la puerta del refrigerador.

e) En aquellos lugares donde la temporada invernal alcanza temperaturas ambientales por debajo de 0°C, que afecta la temperatura interna del refrigerador, se deberá de regular el termostato y retirar las botellas del gabinete para estabilizar su temperatura interna.

Medidas mediatas

a) Tener un esquema de coordinación bien establecido, con los posibles lugares para trasladar la vacuna en caso de ser necesario.

b) Contar siempre con paquetes refrigerantes, o hielo y termos, para el traslado de vacunas.

c) Disponer de termómetro de lectura externa, tomar la temperatura cada hora a partir del inicio del incidente. En el momento en el que se observe fuera del rango normado, preparar el termo con los paquetes refrigerantes o hielo en bolsas de plástico; colocar las vacunas y trasladarlas a una unidad refrigerante que esté funcionando.

d) Recordar que cuando el refrigerador tiene paquetes refrigerantes en el congelador, y botellas con agua en los espacios libres del gabinete, la temperatura interna puede durar hasta cuatro horas en regiones costeras y hasta 10 horas en las regiones serranas y frías.

Un accidente de la cadena de frío ocurre cuando las vacunas son expuestas a temperaturas menores a 2°C o mayores a + 8°C, que aceleran la pérdida de potencia de éstas.

En cuanto se tenga conocimiento de un evento de esta naturaleza, se deberán seguir los siguientes procedimientos:

• Notificar a la autoridad superior.

• Colocar las vacunas en termos con refrigerante o en refrigeradores domésticos, y las vacunas no deben utilizarse hasta nueva indicación.

• Notificar inmediatamente a través de acta administrativa a los niveles jurisdiccional, zonal, estatal y nacional, de la institución correspondiente.

Con los siguientes datos:

Nombre de la vacuna

Número de lote

Presentación

Cantidad

Fecha de caducidad

Costo

Temperatura alcanzada

Tiempo de exposición

Cada una de las entidades federativas en sus distintos niveles, cuenta con un directorio de unidades de apoyo y de los responsables de las unidades que coordinarán las acciones en caso de contingencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.



SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L 61-II-8-214 signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.-152, suscrito por el ingeniero Jorge Zermeño González, Coordinador General de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los subejercicios y a los programas tipo pari passu.

Atentamente

México, DF, a 10 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente.

En atención a su oficio número SEL/UEL/311/293/10 del 18 de enero de 2010, a través del cual comunica punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, mediante el cual exhorta respetuosamente al titular de la Sagarpa, a que los subejercicios presupuestarios sean subsanados en términos del último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y que en esta ocasión, se pondere la posibilidad de que en los programas tipo pari passu no se exija la aportación correspondiente. Se solicita de la secretaría citada, se sirva enviar a la brevedad a esta soberanía, un informe detallado del avance sobre las acciones emprendidas para subsanar los subejercicios de referencia.

Al respecto, anexo fotocopia del oficio número 510.-719 del 1 de marzo de 2010, elaborado por la Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas de la Oficialía Mayor, para los fines que estime procedentes.

Sin más por el momento, y en espera de que esta información le sea de utilidad, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufrágio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 5 de marzo de 2010.— Ingeniero Jorge Zermeño González (rúbrica), coordinador general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero Jorge Zermeño González, coordinador general de Política Sectorial.— Presente.

Hago referencia a su oficio 112.-060 en el que remite punto de acuerdo aprobado en sesión del honorable Congreso de la Unión, referentes a que los subejercicios presupuestarios sean subsanados en los términos del último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como a que se pondere la posibilidad de que en los programas con pari passu, no se exija la aportación estatal correspondiente.

Al respecto, en atención a dichas peticiones comunico a usted lo siguiente:

• En 2009, todos los subejercicios fueron subsanados en su totalidad, registrándose al cierre de ese año, un ejercicio del 99.9% del presupuesto autorizado (se anexa estado del ejercicio presupuestal preliminar 2009).

• Respecto a no exigir las aportaciones estatales que corresponden al pari passu en programas con concurrencia de recursos, es de destacar que es el propio Legislativo quien establece dicha obligatoriedad en el artículo 36, fracción V, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1 de marzo de 2010.— Licenciado Carlos Gutiérrez Jaime (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.



VIGILANCIA DE LOS AEROPUERTOS DE MEXICO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-2-292 signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-095/2010 suscrito por el maestro Mony de Swaan, titular de la Unidad de Apoyo al Cambio Estructural de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Atentamente

México, DF, a 10 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SEL/UEL/311/191/10, de fecha 21 de enero de 2010, por el que comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en sesión celebrada, el 20 del citado mes, que a continuación se transcribe:

“Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la titular del Instituto Nacional de Migración y al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informen por escrito a esta soberanía, la situación actual y las acciones que están llevando a cabo agentes estadounidenses en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para supervisar el paso de extranjeros por territorio mexicano, así como informar el detalle de los mecanismos o filtros a pasajeros que, en su caso, se les niegue el acceso a nuestro país, antes del término de la Comisión Permanente.”

Sobre el particular, la Subsecretaría de Transportes informó a esta unidad a mi cargo, que la Subdelegación Regional del Instituto Nacional de Migración en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, solicitó la expedición de tarjetas de identificación aeroportuarias tipo C con acceso a la terminal 1 y terminal 2, por tres meses, a nombre del personal y de los funcionarios estadounidenses que participarían en el Programa Conjunto de Seguridad de Viajeros en México, celebrado entre el gobierno estadounidense por conducto de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y el gobierno de México a través del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación. Por lo que la presencia de los mencionados funcionarios estadounidenses en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México obedece a la participación de éstos en el referido Programa Conjunto de Seguridad de Viajeros en México, y en consecuencia no recae en el ámbito de competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni de la autoridad aeronáutica, sino del Instituto Nacional de Migración.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de marzo de 2010.— Maestro Mony de Swaan (rúbrica), titular de la Unidad.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.

Proceda la Secretaría a dar cuenta con los asuntos de la Junta de Coordinación Política.



PREVENCION DE LAS ADICCIONES

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los nombres de diputadas y de diputados designados por los grupos parlamentarios para la integración del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para impulsar una Estrategia y un Programa Eficaz en materia de Atención y Prevención de las Adicciones, cuya creación fue aprobada por el pleno el 23 de febrero pasado.

Sin más por ahora, le reitero las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 16 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

«Grupo de Trabajo de Alto Nivel para impulsar una Estrategia y un Programa Eficaz en materia de Atención y Prevención de las Adicciones:

Diputados: María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI), presidenta; Luis Carlos Campos Villegas (PRI), Miguel Ángel García Granados (PRI), Malco Ramírez Martínez (PRI), Alma Carolina Viggiano Austria (PRI), María Dolores del Río Sánchez (PAN), Julián Francisco Velázquez y Llorente (PAN), Sergio Talento Hernández (PAN), Indira Vizcaíno Silva (PRD), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (PRD), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (PVEM), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT), María del Pilar Torre Canales (Nueva Alianza), Víctor Hugo Círigo Vásquez (Convergencia).»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.



LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Continuamos con el capítulo de iniciativas. La Presidencia recibió del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Leobardo Soto Martínez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 55, fracción II, 56, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal renta de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como objeto único reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública en su artículo 17 Bis, eliminando definitivamente a las delegaciones federales de la administración pública centralizada, es decir las secretarías de Estado subordinadas al Ejecutivo federal, generan un gasto administrativo muy alto, que al final de cuentas no se refleja en nada, ni beneficia a los ciudadanos del país, ya que un alto porcentaje del presupuesto destinado a cada una de las delegaciones se destina a nomina, pago de rentas, vehículos, gasolina, papelería etcétera, por lo que se propone eliminar esta figura, generando una vinculación y coordinación entre las secretarías federales con los gobiernos de las entidades federativas a través de sus secretarías homólogas.

Consideraciones

La división de poderes que predomina en el mundo, remite al concepto de la separación de poderes que fue definido por el teórico francés Charles-Louis de Montesquieu en uno de sus principales ensayos, El espíritu de las leyes(1748), donde ya quedaba descrita la triple división (él no usó el término “separación”) que desde entonces se convirtió en el eje fundamental de la mayoría de las constituciones contemporáneas.

La división o separación de los poderes del Estado constituye una exigencia indeclinable de todo régimen democrático principio característico del constitucionalismo contemporáneo, supone una garantía para el propio Estado y para el ciudadano que queda protegido por un marco legal que dificulta los abusos de poder y posibles actuaciones arbitrarias de instituciones públicas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 49 establece al respecto que el supremo poder de la federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositar el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 (suspensión de garantías).

La función ejecutiva; denominada también administrativa o gubernativa, es aquella que está encomendada a los órganos del Poder Ejecutivo.

La Carta Magna en el artículo 80 define que el Poder Ejecutivo de la Unión, reside en un presidente de la República; en el artículo 89 se otorgan facultades y establecen obligaciones así como en el 90 se establece que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Presidencia de la República, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, integran la administración pública centralizada.

La centralización administrativa se caracteriza por la relación de jerarquía que liga a los órganos inferiores con los superiores de la administración.

Esa relación implica varios poderes, de decisión y de mando, que mantienen la unidad de dicha administración.

La concentración del poder de decisión consiste en que no todos los empleados que forman parte de la organización administrativa tiene facultad de resolver, de realizar actos jurídicos creadores de situaciones de derecho, ni de imponer sus determinaciones; son pocos lo que tienen esas facultades, por lo que los demás simplemente realizan actos materiales necesarios para auxiliar a aquellas autoridades.

Además, existe una concentración de la fuerza pública, de tal manera que las medidas de ejecución forzada de las resoluciones administrativas no pueden llevarse a cabo por cualquier órgano de la administración, sino por un número muy reducido de ellos a quienes legalmente se les otorga competencia para tal efecto.

La forman el presidente de la República, los secretarios de Estado, los departamentos administrativos y el procurador general de la República.

El presidente de la República, único titular del Poder Ejecutivo, tiene en la organización constitucional un doble carácter, de órgano político y de órgano administrativo.

Su carácter de órgano político deriva de la relación directa e inmediata que guarda con el Estado. Dentro de la esfera que le señala la ley, en su voluntad constituye la voluntad del Estado.

Mientras que el carácter de órgano administrativo se configura al realizar la función administrativa bajo el orden jurídico establecido por el Poder Legislativo; es decir, ejecutando las leyes como función administrativa.

Como autoridad administrativa el presidente de la República constituye el jefe de la administración pública federal. Ocupa el lugar más alto de la jerarquía, concentrando en sus manos los poderes de decisión, mando y jerárquico para mantener la unidad de la administración.

La situación legal del presidente de la República es regulada fundamentalmente por el derecho constitucional: el régimen relativo a su designación, su separación, las facultades que le corresponden y sus relaciones con el Estado y otros Poderes del Estado.

Cuadro que determina el gasto por entidad federativa en relación con las delegaciones federales

Entidad federativa              Presupuesto destinado a las delegaciones

Aguascalientes                    851.3 millones

Baja California                    1 mil 776.4 millones

Baja California Sur             1 mil 028.9 millones

Campeche                           1 mil 158.0 millones

Coahuila                              1 mil 360.0 millones

Chiapas                               2 mil 734.3 millones

Colima                                 3 mil 834.2 millones

Chihuahua                           1 mil 797.8 millones

D.F.                                     1 mil 271.8 millones

Durango                              1 mil 600.0 millones

Guanajuato                          2 mil 620.0 millones

Guerrero                              1 mil 912.2 millones

Hidalgo                               1 mil 346.0 millones

Jalisco                                  2 mil 293.2 millones

México                                1 mil 974.8 millones

Michoacán                           2 mil 514.0 millones

Morelos                                        852.0 millones

Nayarit                                1 mil 157.0 millones

Nuevo León                        1 mil 661.0 millones

Oaxaca                                2 mil 817.5 millones

Puebla                                 1 mil 560.7 millones

Querétaro                                     948.9 millones

Quintana Roo                      1 mil 91.0 millones

San Luis                              2 mil 195.8 millones

Sinaloa                                1 mil 505.0 millones

Sonora                                 1 mil 769.7 millones

Tabasco                               1 mil 510.0 millones

Tamaulipas                          1 mil 577.7 millones

Tlaxcala                                        925.4 millones

Veracruz                              2 mil 10.9 millones

Yucatán                               1 mil 884.4 millones

Zacatecas                            1 mil 454.6 millones

Total                                   54 mil 994.5                                millones de pesos

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

A raíz de las facultades que le otorga actualmente, a las secretarías de estado el artículo 17 Bis de La Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, para crear sus propias delegaciones y ubicarlas en las entidades federativas o regionalmente, es necesario comentar que el gasto que se genera es meramente administrativo que oscila entre los 55 mil millones de pesos anuales en toda la República Mexicana, que no refleja ni beneficia a los ciudadanos del país, ya que un alto porcentaje del presupuesto destinado a cada una de las delegaciones se destina a nomina, pago de rentas, vehículos, gasolina, papelería, etcétera.

Eliminando definitivamente las delegaciones federales, se podrá recomponer el presupuesto de la federación estimando invertir más en infraestructura, educación, empleos, salud, etcétera, evitando seguir gastando en gasto corriente de la administración pública centralizada.

Con la crisis que estamos viviendo los mexicanos necesitamos reformas que en realidad adelgacen el gasto burocrático, por lo que pongo a consideración de este pleno el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma el artículo 17 Bis para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, se vincularán y coordinarán con los gobiernos de las entidades federativas a través de las secretarías homólogas, para el cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 16 de marzo de 2010.— Diputado Leobardo Soto Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Gobernación.



LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Recibimos iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, suscrita por los diputados Canek Vázquez Góngora y Maurilio Ochoa Millán, del Grupo Parlamentario del PRI, así como de Jorge Juraidini Rumilla.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, suscrita por los diputados Canek Vázquez Góngora y Maurilio Ochoa Millán, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Canek Vázquez Góngora y Maurilio Ochoa Millán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía iniciativa que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de febrero de 2009, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

El 9 de febrero de 2009 se publicó en el DOF una serie de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, encaminadas a combatir los delitos derivados del mal uso de la telefonía inalámbrica. Entre las consideraciones de los legisladores se planteó la necesidad de formar una base de datos con la información proporcionada por los usuarios en el momento de activar una línea telefónica, tanto en la modalidad de prepago como de pospago, que permitiera ubicar al adquiriente del equipo, o SIM card, a efecto de identificar el punto geográfico del propio equipo, y con ello de-sincentivar la comisión de actos delictivos por medio de teléfonos móviles.

Asimismo, se establecía la necesidad de que las empresas concesionarias de redes inalámbricas móviles del país contribuyeran a resolver un problema social generado por el dinamismo de las comunicaciones vía telefónica móvil. Se planteaba que la autoridad debía exigir la implantación de un control sobre la información de usuarios del sistema a través de una estrategia mediante la cual los datos de las personas que adquieren un chip inteligente, y los equipos telefónicos en la modalidad de prepago, pudieran acreditarse a través documentos oficiales que permitan identificarlo, presentando para ello la credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral o la CURP (Clave Única del Registro de Población) y ubicar su domicilio (constancia de domicilio oficial con recibo de agua, luz o teléfono) que corresponda al solicitante del servicio o adquiriente de chips inteligentes (SIM card). Con dicha información, se argumentaba, se inhibirá el uso indiscriminado de la telefonía móvil que se utiliza en la comisión de delitos como la extorsión y el secuestro, de manera fehaciente o virtual.

Los artículos transitorios de la referida reforma facultaban a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para emitir las medidas administrativas correspondientes a efecto de reglamentar el registro de usuarios de telefonía, así como la actualización de datos personales y registros fehacientes de identificación y ubicación de los usuarios que contratan telefonía en cualquiera de sus modalidades, que fueron publicadas en el DOF el 15 de mayo de 2009. Asimismo, se establecía que los concesionarios contarían con un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del decreto, para cumplir las obligaciones de registro y control.

A partir de la entrada en vigor del decreto, de acuerdo con información de la Cofetel, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones móviles han iniciado el registro de los usuarios de conformidad con lo ordenado en las reglas, además de realizar campañas de información dirigidas a los usuarios, para informarles de la obligación de registrar y actualizar los datos de las líneas de telefonía móvil derivada de las reformas.

Otro aspecto relevante de la reforma establece la obligación de los concesionarios para, una vez expirado el plazo de registro, suspender del servicio del usuario que no se haya registrado, sin derecho a reactivación, pago o indemnización.

Situación actual

El mercado de la telefonía móvil en el país se ha constituido como el principal medio de comunicación: alcanzar una penetración cercana a 75 por ciento de la población nacional, contando con aproximadamente 78.5 millones de usuarios, de los que unos 76.7 millones son usuarios preexistentes a la entrada en vigor del decreto.

Pese a las campañas de difusión, los usuarios de telefonía móvil registrados, en el marco de la reforma, al 10 marzo de 2010 es de aproximadamente 38 millones de usuarios: apenas 46 por ciento de la población, por lo que se estima necesario, ante el inminente vencimiento del plazo para el registro y reflexionando sobre las sanciones establecidas para las líneas que no estén registradas, sin perjuicio del planteamiento de estrategias más eficaces para incentivar a la población a realizar el registro, reformar el marco normativo con el propósito de establecer una prórroga que permita concluir la formación de la base de datos de los usuarios de telefonía móvil, en los términos planteados en la reforma, considerando el amplio efecto que esta tecnología genera en la vida diaria de millones de mexicanos.

La ampliación del plazo permitirá replantear las estrategias de difusión hacia los usuarios para explicar de manera puntual las implicaciones de la reforma en virtud de que, debemos reconocerlo, una de las razones que han detenido el registro deriva de una gran desconfianza de los usuarios sobre el uso y destino de la información proporcionada. Los legisladores somos conscientes de la obligación del Estado mexicano de crear los mecanismos necesarios para dotar de la mayor certeza posible sobre las alcances de este tipo de medidas.

Propuesta de reforma

Ante el escenario expuesto, los suscritos consideramos necesario modificar el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones publicado en el DOF el 9 de febrero de 2009, a efecto de establecer la posibilidad de que la Cofetel tenga margen de maniobra para extender el plazo de registro por un año más, con posibilidad de ampliación de otro, buscando cumplir el registro de al menos 90 por ciento de los usuarios.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009

Único. Se reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman los artículos 52 y 64, fracción XV; y se adicionan la fracción XIII, recorriéndose la actual XIII para pasar a ser XIV, al artículo 7, el inciso D a la fracción I, recorriéndose el actual D para pasar a ser E, al artículo 16, las fracciones XI a XV al artículo 44, la fracción XVI, recorriéndose la actual XVI para pasar a ser XVII, al artículo 64 y la fracción VI al Apartado A del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado el 9 de febrero de 2009, para quedar como sigue:

Cuarto. En el caso del registro de usuarios de telefonía móvil en cualquiera de sus modalidades adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, los concesionarios contarán con un plazo de un año para cumplir las obligaciones de registro y control a que se refiere el presente decreto. En caso de que al término de ese plazo no se alcanzare a cubrir el registro de al menos noventa por ciento de los usuarios de telefonía móvil a esa fecha, el término se amplía por un año adicional, que será prorrogable por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por plazos iguales y hasta por una ocasión sucesiva, hasta en tanto no logre alcanzarse el registro de por lo menos noventa por ciento de los usuarios de telefonía móvil.

Los concesionarios deberán realizar una campaña de información, sin costo adicional, dirigida a sus clientes y que garantice el derecho a los usuarios en esta modalidad de servicios de que se les informe de la obligación de registrar y actualizar los datos, presentando el equipo celular o chip inteligente, así como la documentación correspondiente, y de las consecuencias en caso de no hacerlo dentro de los plazos señalados, incluyendo la suspensión del servicio, sin derecho a pago o indemnización.

Transcurrido el plazo señalado, y en su caso, considerando la ampliación respectiva, existirá la obligación de los concesionarios de cancelar en forma inmediata las líneas de telefonía móvil que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes. Los concesionarios que incumplan esta disposición se harán acreedores a las sanciones correspondientes que determinará la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputados: Canek Vázquez Góngora (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Comunicaciones.



LEY GENERAL DE SALUD - LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra, desde su curul, la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud y el artículo 75 de la Ley General de Educación.

La diputada María Cristina Díaz Salazar(desde la curul): La obesidad y el sobrepeso en escolares y adolescentes ha aumentado de manera acelerada en la última década en nuestro país. En la etiología de esta enfermedad se encuentran factores genéticos, biológicos, socioculturales, económicos y ambientales.

El Programa Nacional de Salud 2007-2012 señala que se considera con carácter de epidemia el sobrepeso y la obesidad y son dos de los principales riesgos a que se enfrentan la población mexicana y el sistema de salud.

Un ejemplo sumamente claro de esto es que su prevalencia en adultos se incrementó de 34.5 por ciento en 1988 a 69.3 por ciento en 2006. Actualmente nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial, y el segundo lugar en obesidad de los adultos. Más del 70 por ciento de la población adulta presenta sobrepeso u obesidad y, aunado a esto, 10 millones de mexicanos sufren diabetes.

El sobrepeso y la obesidad en su dimensión de epidemia no sólo son resultado de la suma de malos hábitos individuales, sino también se debe tomar en cuenta el efecto de un ambiente que los promueve y conocido por los especialistas como ambiente obesiogénico, es decir, ambiente que promueve la obesidad.

La publicidad es un arma poderosa para ayudar al problema de sobrepeso y obesidad, en particular si ésta va dirigida principalmente a los niños, ya que la carencia de una orientación nutricional adecuada y etiquetados confusos en los alimentos y bebidas provocan una excesiva oferta de lo que conocemos como comida chatarra en las escuelas principalmente.

Lo anterior se agrava ante la falta de acceso a agua potable y la enorme promoción que se hace de bebidas azucaradas como jugos y refrescos que, aunado a una forma de vida sedentaria, han conseguido que la obesidad y el sobrepeso se conviertan en el principal problema de salud pública en el país.

Durante el Encuentro Internacional de Expertos en Publicidad y Nutrición, realizado por la propia Organización Mundial de la Salud en 2006, se llegó a la conclusión de que el objetivo de cualquier acción reguladora debería ser proteger a los niños de la publicidad que está afectando negativamente sus dietas, reduciendo significativamente el volumen e impacto de la población comercial de alimentos y bebidas densamente energéticas y pobres en micronutrientes.

A pesar de la enorme oposición de la industria de alimentos procesados para regular la publicidad dirigida a los niños en alimentos y bebidas, algunos países están logrando avances en la materia. Tal es el caso de Inglaterra, Suecia, Noruega y otros países.

Asimismo, la Unión Europea aprueba que se formulen directrices en ese sentido y la Organización Mundial de la Salud ha centrado la atención en este tema esperando desarrollar un código internacional para la publicidad dirigida a niños.

La preocupación por el incremento de la inseguridad en nuestras calles, parques, campos deportivos, impide permitir a nuestros niños jugar libremente por el temor a la delincuencia. Esto es un factor determinante, que aunado a los avances en la tecnología orillan a disminuir la práctica del deporte y juegos al aire libre, encontrando distracción con la televisión, videojuegos y películas, orillando a que los niños se queden en casa en el sedentarismo.

La obesidad es una enfermedad grave, es un problema de salud pública que se incrementa día con día y es causa directa ésta, como un factor de riesgo importante, de muchas enfermedades graves y mortales.

El estilo de vida que ha ido cambiando es factor importante en las causales obesiogénicas. Los centros laborales se encuentran retirados de las casas habitación de los empleados y esto provoca que tengan que ingerir sus alimentos en restaurantes o expendios públicos de comida y de comida rápida, lo que no le permite adecuar su dieta equilibradamente.

Por esto es necesario que quienes se dedican a la elaboración y venta de alimentos disminuyan las porciones que ahí ofrecen y mejoren sus productos reduciendo el contenido de grasa y sodio, disminuyendo la densidad energética y limitando al mínimo los ácidos grasos.

También deben procurar que en sus menús se especifiquen el número de calorías contenidas en cada uno de ellos.

El sobrepeso y la obesidad tienen graves consecuencias para la salud, como causa de enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares como cardiopatías y accidentes vasculares cerebrales, siendo la principal causa de muerte en todo el mundo la diabetes, que se ha transformado rápidamente en una epidemia mundial.

La Organización Mundial de la Salud calcula que las muertes por diabetes aumentarán en todo el mundo en más de un 50 por ciento en los próximos 10 años.

El combate a esta epidemia es un reto urgente, multifactorial, en el cual inciden cambios de estilo de vida y entornos para mejorar la calidad de vida, bienestar, productividad y salud.

En virtud de lo antes expuesto, solicito que la presente iniciativa sea turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Educación Pública y Servicios Educativos de esta honorable Cámara de Diputados.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 115 y el segundo párrafo del artículo 212 de la Ley General de Salud. Y la fracción VIII del artículo 75 de la Ley General de Educación Pública, para quedar como siguen:

Artículo 115, fracción IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimiento de servicios colectivos en alimentos y bebidas no alcohólicas. Y en los restaurantes con más de 20 sucursales deberán informar en sus menús el número de calorías por platillo que se expenden, y ofrecer menús para adultos y niños, bajos en grasas y carbohidratos.

Artículo 212. En las etiquetas y contraetiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas serán obligatorios los datos de información nutrimental, incluyendo las calorías contenidas por porción y por 100 gramos, los gramos de hidratos de carbono, grasas (lípidos) y proteínas. Se eliminará el término kilojoules (kj) para dejar sólo el de calorías. También se incluirá el porcentaje de la ingesta diaria recomendada que aporta el producto por cada nutrimento. No está permitido que se incluya en la etiqueta o contraetiqueta que un alimento o bebida no alcohólica posee propiedades para prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad o trastorno.

Ley General de Educción.

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I a VII. ...

VIII. Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas densos en energía...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputada, por favor.

La diputada María Cristina Díaz Salazar(desde la curul): Estoy por concluir, presidente. Alimentos y bebidas no alcohólicas densos en energía, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo.

En el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas queda prohibida la publicidad que especifique cualquier producto de consumo con imágenes o con pintura subliminal que se venda dentro de los planteles.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor a los seis meses a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Salud y de Educación Pública...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Concluya, por favor, diputada.

La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde la curul): ... deberá ajustar los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes a los lineamientos que establece el presente decreto. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud, y 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa, con base en los siguientes

Antecedentes

La obesidad y el sobrepeso en escolares y adolescentes han aumentado de manera acelerada en la última década en el país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (Ensanut), 26 por ciento de los escolares presenta sobrepeso u obesidad. De 1999 a 2006, la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentó en ese grupo de edad 39.7 por ciento en ambos sexos.

En 2006 se reportó que 30 por ciento de los adolescentes presentaba sobrepeso u obesidad, con gran predisposición a ser obesos en la etapa adulta.

En la etiología de esta enfermedad se encuentran factores genéticos, biológicos, socioculturales, económicos y ambientales.

Mientras 33 por ciento de la obesidad se considera de origen hereditario, el resto se debe a hábitos alimentarios ina-decuados y al sedentarismo, que dan como resultado una diferencia positiva con relación a la ingesta con el gasto calórico.

El Programa Nacional de Salud 2007-2012 señala que se consideran con carácter de epidemia el sobrepeso y la obesidad, dos de los principales riesgos a que se enfrentan la población mexicana y el sistema de salud. Un ejemplo sumamente claro de esto es que su prevalencia en adultos se incrementó de 34.5 por ciento en 1988 a 69.3 en 2006. Actualmente, el país ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad de los adultos: más de 70 por ciento de la población adulta presenta sobrepeso u obesidad. Aunado a esto, 10 millones de mexicanos sufren diabetes.

Exposición de Motivos

El sobrepeso y la obesidad en su dimensión de epidemia no sólo son resultado de la suma de malos hábitos individuales: también debe tomarse en cuenta el efecto de un ambiente que los promueve, conocido por los especialistas como obesiogénico, “promotor de la obesidad”.

La publicidad es un arma poderosa para ayudar al problema de sobrepeso y obesidad, en particular si va dirigida principalmente a los niños, ya que la carencia de orientación nutricional adecuada, y los etiquetados confusos en los alimentos y bebidas provocan una excesiva oferta de comida chatarra en las escuelas principalmente. Lo anterior se agrava ante la falta de acceso a agua potable y la enorme promoción que se hace de bebidas azucaradas, como “jugos” y “refrescos” que, aunados a una vida sedentaria, han conseguido que la obesidad y el sobrepeso se conviertan en el principal problema de salud pública.

Ya que este problema es global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró la estrategia mundial sobre régimen alimenticio, actividad física y salud, donde señala entre otras cosas que la publicidadse aprovecha de la credulidad e inexperiencia de los niños, deteriorando sus hábitos alimenticios.

En el Encuentro internacional de expertos en publicidad y nutrición, realizado por la OMS en 2006, se concluyó que “el objetivo de cualquier acción reguladora debería ser proteger a los niños de la publicidad, que está afectando negativamente sus dietas, reduciendo significativamente el volumen e impacto de la promoción comercial de alimentos y bebidas densamente energéticas y pobres en micronutrientes”.

Pese a la enorme oposición de la industria de alimentos procesados para regular la publicidad dirigida a los niños en alimentos y bebidas, algunos países están logrando avances en la materia, como Inglaterra, Suecia y Noruega. Asimismo, la Unión Europea aprueba que se formulen directrices en ese sentido y la OMS ha centrado la atención en el tema esperando desarrollar un código internacional para la publicidad dirigida a niños.

La preocupación por el incremento de la inseguridad en calles, parques y campos deportivos impide a los niños jugar libremente por el temor a la delincuencia. Esto es un factor determinante que, aunado a los avances de la tecnología, orilla a disminuir la práctica del deporte y juegos al aire libre. Los niños encuentran distracción en la televisión, los videojuegos y las películas, por lo cual se queden en casa, en el sedentarismo.

Como se menciona en el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, signado por las Secretarías de Salud, y de Educación Pública, el ambiente promotor de la obesidad predomina en las escuelas del país. En estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública, los planteles de educación primaria indican:

• Los escolares tienen hasta cinco oportunidades de comer en cuatro horas y media de escuela. La ingesta durante el horario escolar llega a ser de alrededor de la mitad de requerimiento de todo el día.

• Hay amplia disponibilidad de alimentos densamente energéticos.

• La mayoría de los niños compra los alimentos en la escuela, en lugar de llevar refrigerio.

• Hay dificultad para el acceso al agua potable.

• Hay poca disponibilidad de frutas y verduras.

• El recreo y la clase de educación física son las únicas oportunidades que tienen los niños para realizar actividad física.

• La clase de educación física es sólo una vez a la semana y dura 39 minutos en promedio y su calidad no es adecuada, la materia tiene poco valor curricular y deja de ser obligatoria en el bachillerato, por lo que la mayoría de los jóvenes que cursan éste deja de practicar deporte durante la jornada escolar.

• Hay limitaciones de recursos humanos, espacios y materiales para la práctica de la actividad física.

En México, sólo 35 por ciento de las personas de entre 10 y 19 años es activo. Más de la mitad de esos adolescentes pasan 14 horas semanales o más frente a la televisión y una cuarta parte pasa hasta 3 horas diarias en promedio. De los adolescentes y los adultos jóvenes de 12 a 29 años, sólo 40 por ciento practica algún tipo de actividad física; el sedentarismo es mayor en mujeres que entre hombres.

El consumo de azúcar ha aumentado significativamente entre la población en general. En 2006, en México fue de casi 48 kilogramos per cápita, más del doble del promedio mundial: 21. De manera paralela, la Ensanut de 2006 reporta que el consumo de bebidas representa 22.3 por ciento de la ingesta calórica de los adultos, mientras que el resto, 77.7 por ciento, proviene del consumo de alimentos sólidos. La OMS alienta un estilo de vida saludable, facilitando información correcta y equilibrada mediante educación, comunicación y concienciación, incluyendo la información comercial y la publicidad, una responsable que no explote la falta de experiencia y la credulidad de los niños.

La obesidad es una enfermedad grave, problema de salud pública que se incrementa día con día y es causa directa o está como un factor de riesgo importante de muchas enfermedades graves y mortales. El estilo de vida, que ha ido cambiando, es importante en las causales de obesidad; los centros laborales se encuentran retirados de las casas de los empleados, y esto provoca que tengan que ingerir sus alimentos en restaurantes o expendios públicos de comida y de comida rápida, lo que no permite una dieta equilibrada. Por eso es necesario que quienes elaboran y venden alimentos disminuyan las porciones que ofrecen y mejoren sus productos, reduciendo el contenido de grasa y sodio, disminuyendo la densidad energética y limitando al mínimo los ácidos grasos. También deben procurar que en sus cartas especifiquen el número de calorías en cada uno de los platillos.

El sobrepeso y la obesidad tienen graves consecuencias para la salud como causa de enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares como cardiopatías y accidentes vasculares cerebrales, siendo la principal causa de muerte en todo el mundo.

La diabetes se ha transformado rápidamente en una epidemia mundial. La OMScalcula que las muertes por diabetes aumentarán en todo el mundo en más de 50 por ciento en los próximos 10 años la artrosis, el cáncer de mama y colón entre otros. Además, la diabetes infantil va en aumento, lo que disminuye las probabilidades de años vida con relación a los índices actuales.

El combate de esta epidemia es un reto urgente multifactorial, en el cual inciden cambios de estilo de vida y entornos para mejorar la calidad de vida, bienestar, productividad y salud, reorientando las conductas alimentarias en el país y fomentando el ejercicio.

En virtud de lo expuesto, solicito que la presente iniciativa sea turnada a las Comisiones Unidas de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Por lo anterior someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción IV del artículo 115, segundo párrafo del artículo 212 de la Ley General de Salud y la fracción VIII del artículo 75 de la Ley General de Educación

Ley General de Salud

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo

I. a III. ...

IV. Normar el valor nutritivo y las características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas y en los restaurantes con más de 20 sucursales deberán informar en sus menúes el número de calorías por platillo que expenden y ofrecer para adultos y para niños menúes bajos en grasas y carbohidratos.

Artículo 212. ...

...

En las etiquetas y contraetiquetas para los alimentos y las bebidas no alcohólicas serán obligatorios los datos de información nutrimental, incluyendo las calorías contenidas por porción y por 100 gramos, los gramos de hidratos de carbono, grasas (lípidos) y proteínas. Se eliminará el término kilojoules (kj) para dejar sólo calorías. También se incluirá el porcentaje de la ingesta diaria recomendada que aporta el producto por cada nutrimento. No está permitido que se incluya en la etiqueta o contraetiqueta que un alimento o bebida no alcohólica posee propiedades para prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad o trastorno.

Ley General de Educación

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos

I. a VII. ...

VIII. Realizar o permitir que se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas densos en energía, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo; en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, queda prohibida la publicidad que especifique cualquier producto de consumo con imágenes o con pintura subliminal que se venda en los planteles.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los seis meses a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Salud, y de Educación Pública, deberá ajustar los reglamentos y las normas oficiales mexicanas correspondientes a los lineamientos del presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010.— Diputados: María Cristina Díaz Salazar, Julieta Octavia Marín Torres, María Isabel Merlo Talavera, Noé Fernando Garza Flores, , Fermín Montes Cavazos, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Melchor Sánchez de la Fuente, José Trinidad Padilla López, Teresa del Carmen Inchaustegui Romero, Marcela Guerra Castillo, Germán Contreras García, María Dina Herrera Soto, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Armando Ríos Piter, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Sergio Tolento Hernández, Carlos Cruz Mendoza, David Hernández Pérez, José Antonio Yglesias Arreola, Laura  García Dávila, Cristabell Zamora Cabrera, Morelos Canseco Gómez, Clara Gómez Caro, María de Jesús Aguirre Maldonado, Olivia Guillén Padilla, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Ana Estela Durán Rico (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Educación Pública y Servicios Educativos.

El diputado Julián Velázquez y Llorente solicita adherirse a su propuesta, ¿está usted de acuerdo, diputada?

La diputada María Cristina Díaz Salazar(desde la curul): De acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí está de acuerdo la diputada. Favor de pasar a suscribirlo.

Con toda atención solicitamos a los medios de comunicación que tomen su lugar, que ocupen el lugar que tienen asignado para cumplir con su importante labor informativa.



ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra, desde su curul, el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del PT –en su curul, señor diputado–, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos(desde la curul): Compañeros y compañeras legisladoras. La iniciativa que sometemos a su consideración tiene el propósito de establecer en la fracción I inciso c) del artículo 105 de nuestra Constitución, un derecho de las minorías parlamentarias para interponer de manera directa controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta iniciativa justamente tiene el propósito de que las minorías tengamos la facultad de interponer de manera directa controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no estar sujetos a las mayorías en este Congreso de la Unión.

De todas maneras, compañeras y compañeros legisladores, es la Suprema Corte la que tendrá la facultad de decidir si tenemos o no tenemos razón. Esto tiene que ver con las experiencias que estamos viviendo.

El día de hoy, precisamente, hay una huelga política nacional encabezada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, precisamente porque esta Cámara no interpuso la controversia el 11 de octubre de 2009.

De igual forma la negativa en días pasados a impugnar, vía controversia constitucional, las disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.

Esto ha provocado que en una buena parte del pueblo –que el día de hoy está en las calles– esté la idea, persista la sospecha de que el PRI y el PAN se están prestando para entregar la riqueza de nuestro país por la vía de esos contratos a las empresas transnacionales.

Por eso estamos proponiendo esta iniciativa que reforma la fracción I del artículo 105 para quedar como sigue:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes: fracción I, inciso c) Los grupos parlamentarios de cada Cámara están legitimados para interponer controversias constitucionales cuando a su juicio consideren que existen actos o disposiciones generales del Poder Ejecutivo que puedan ser violatorios de esta Constitución.

Ésta es la reforma que proponemos y que evitaría que, como el día de hoy, una gran parte de los mexicanos esté luchando en las calles para tratar de hacer valer sus derechos.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su solidaridad con la lucha que el día de hoy de los electricistas del Sindicato Mexicano, los maestros de la Sección 22, de la Sección 7 y de muchas partes del país donde diversas organizaciones sociales están luchando.

El Partido del Trabajo, el Movimiento en Defensa de la Economía Popular, la Soberanía y el Petróleo se expresa en esta Cámara, porque aquí no se pueden ocultar o no se deben ocultar los grandes problemas que el país está viviendo.

Ya basta de que se siga entregando la riqueza de todos los mexicanos a las empresas transnacionales. Ya basta de que se esté golpeando a los trabajadores. No se pueden correr de un plumazo a más de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por ello esta protesta del día de hoy. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La iniciativa que sometemos a su consideración tiene el propósito de establecer en el artículo 105, fracción I, inciso c), de nuestra Constitución un derecho de las minorías parlamentarias para interponer de manera directa controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En términos de la regulación constitucional actual se requiere de mayoría absoluta del pleno de la Cámara de Diputados para interponer controversias constitucionales a través del Presidente de la Cámara.

Contrario a lo que señala el artículo 93 constitucional en su párrafo tercero, donde se indica que para constituir una comisión de investigación se requiere una cuarta parte de sus miembros, es decir, al menos 125 diputados que estén a favor de constituirla, para que ésta se integre y realice las investigaciones materia de su creación, o el 33% de los integrantes de las Cámaras del Congreso que se prevé en el propio artículo 105 fracción II, inciso a) y b), para interponer acción de inconstitucionalidad.

En el caso de las controversias constitucionales, prácticamente y sin señalarlo de manera expresa la Constitución, se nos obliga a contar con una mayoría calificada en virtud de que si están presentes los 500 diputados se requieren 251 votos a favor de la interposición de una controversia constitucional.

Compañeras y compañeros legisladores: en la iniciativa que sometemos a su consideración planteamos que se ponga en práctica uno de los principios contemporáneos del concepto de democracia que establece que las mayorías no pueden avasallar a las minorías, en este caso, parlamentarias.

Como legisladores, al tomar protesta de nuestros cargos, nos comprometimos a cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, según se dispone en el artículo 128 de nuestra norma fundamental, en relación con el artículo 15, numeral 6, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En tal virtud, los diputados tenemos interés directo en que la Constitución General de la República sea siempre, en términos del artículo 133 constitucional, la Norma Suprema de toda la Unión, que en virtud de esta supremacía no haya actos y disposiciones generales del Poder Ejecutivo que la violenten.

Ahora bien, debemos señalar que en el texto original de la Constitución aprobada en 1917, ya se preveía la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver controversias constitucionales entre dos o más estados, entre los poderes de un mismo estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la federación y uno o más estados.

Sin embargo, en estricto sentido, la Corte muy pocas veces ejerció esta facultad jurídica en virtud de que el titular del Poder Ejecutivo se convirtió en el artífice de solución de todo conflicto. Las soluciones no eran jurídicas ni como resultado de un proceso, sino estrictamente de índole político.

Existieron dos reformas al artículo 105 constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967 y el 25 de octubre de 1993, pero sus efectos no fueron trascendentales.

El 31 de diciembre de 1994 se reformó el artículo 105 y se establecieron, en la fracción I, las controversias constitucionales, así como quiénes pueden ser partes de ellas y las acciones de inconstitucionalidad, de igual forma quiénes son los legitimados para interponerlas.

En el caso de la justicia constitucional y como medios para salvaguardar la supremacía de la Constitución, se han establecido los siguientes medios de control:

a) El juicio de amparo,

b) La controversia constitucional, y

c) La acción de inconstitucionalidad

Es sabido que el juicio de amparo procede en los supuestos que señalan las fracciones I, II y III, del artículo 103 constitucional. Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se regulan conforme a lo que establece el propio artículo 105, también constitucional.

En la controversia se enfrentan poderes u órganos que se hayan investidos de autoridad y ejercen las facultades que se les ha conferido en la Constitución, principalmente.

En consecuencia, a través de la interposición de controversias constitucionales los órganos legitimados para interponerla pretenden la salvaguarda y supremacía de la Constitución.

En términos de las disposiciones legales aplicables en esta Cámara no se puede interponer controversia constitucional si las mayorías parlamentarias no están de acuerdo con ella, no sólo vulnerando los derechos de las minorías sino, lo más peligroso, permitiendo que la Constitución sea violentada.

Tenemos la experiencia cercana de la negativa de las mayorías de esta Cámara a interponer controversia constitucional en el caso del decreto inconstitucional expedido por Calderón el 11 de octubre de 2009, por el que se extingue el organismo público descentralizado Luz y Fuerza y la negativa en días pasados a impugnar vía controversia constitucional las disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Debemos recordar que el Poder Legislativo, en particular la Cámara de Diputados, en múltiples ocasiones ha interpuesto controversia constitucional en contra de disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo y la Corte le ha dado la razón a esta soberanía.

Con base en la teoría de la división de poderes y del control de los poderes públicos entre sí, la controversia constitucional es un instrumento fundamental para evitar que algún poder público se exceda en el ejercicio de sus atribuciones y con ello violente el orden constitucional.

Compañeras y compañeros legisladores: En el otro medio de control constitucional previsto en la fracción II del propio artículo 105, los partidos políticos nacionales se encuentran legitimados para interponer, por medio de sus dirigencias nacionales o estatales, acciones de inconstitucionalidad exclusivamente en materia electoral y basta ver las sesiones del pleno de la Corte o las sentencias publicadas en el Diario Oficial de la Federación para darnos cuenta que la Corte le ha dado la razón a los partidos y ha expulsado del orden jurídico tramos normativos de leyes electorales.

En el caso de las controversias constitucionales, que no es sino enfrentamiento jurídico entre poderes públicos u órganos de gobiernos distintos, en múltiples ocasiones la Corte ha fallado a favor o en contra del Ejecutivo federal.

En la página electrónica de esta Cámara de Diputados se encuentran publicadas las sentencias íntegras tanto de controversias constitucionales como de acciones de inconstitucionalidad.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone en la presente iniciativa que los Grupos Parlamentarios, que tienen reconocimiento constitucional en el artículo 70, párrafo tercero, de la Constitución, estén legitimados para interponer controversias constitucionales, como un derecho de las minorías para proteger la Constitución, finalmente ese es el interés de los diputados de nuestro grupo parlamentario y la obligación de todos los legisladores.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción i del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 105.La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. ...

a) y b) ...

c) ...

Los Grupos Parlamentarios de cada Cámara están legitimados para interponer controversias constitucionales cuando, a su juicio, consideren que existen actos o disposiciones generales del Poder Ejecutivo que puedan ser violatorios de esta Constitución.

d) a k) ...

II. y III. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.



LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los temas fundamentales en la percepción cotidiana de la sociedad y que genera constantes demandas a las autoridades es el relacionado con la seguridad. La demanda ciudadana por seguridad no es nueva, el tema siempre ha estado en el centro del debate teórico ya que el Estado tiene la responsabilidad absoluta de garantizar la protección a su población y para ello se ha dotado de facultades e instrumentos; sin embargo, hoy vemos que la seguridad de los individuos está amenazada por nuevas entidades que no habían sido previstas. Lo anterior pude ser explicado por que los instrumentos para vulnerar la seguridad de los individuos y del propio Estado jamás serán estáticos y provendrán de una misma fuente, por el contrario, estos cambian constantemente a lo largo de tiempo y se van perfeccionando.

La seguridad en el ser humano es un aspecto psicológico que se entiende como una situación en la cual se está a salvo de todo riesgo y peligro, y según algunos expertos, ésta puede considerarse bajo dos aspectos: el primero es el subjetivo y tiene que ver con la confianza de las personas de que sus bienes y derechos están a salvo de riegos; el segundo es el objetivo, que implica un orden jurídico cuya eficacia está garantizada por el poder público.

En una democracia regida por un estado de derecho, la seguridad nacional se concibe no como un fin sino como un medio para proveer estabilidad al desarrollo de los individuos. Por ello, los Estados impulsan diversos instrumentos (medios) que buscan tutelar y proteger todo aquello que consideren importante para la sobrevivencia del Estado y del individuo (fin), ya que en un estado de caos, anarquía o autoritarismo es imposible establecer condiciones de respeto a los derechos de las personas o el normal ejercicio de las funciones públicas.

Es en tal sentido que la seguridad nacional se entiende como la condición que asegura la existencia de un ambiente propicio para que todas las actividades del conglomerado social se desarrollen armónicamente y el medio por el cual se garantiza que las instituciones públicas funcionen adecuadamente en beneficio de la existencia del Estado, entendido éste como la organización social y política constituida por cinco elementos básicos: territorio, población, orden jurídico, gobierno y el fin teleológico consistente en procurar el bienestar y felicidad de cada persona en lo individual.

En México la seguridad nacional está definida como el conjunto de acciones, estrategias y políticas destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, del orden constitucional, de las instituciones democráticas y del desarrollo social, económico y político. La razón para ello es que los principios, normas y valores contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como garantías individuales, la soberanía nacional, la renovación de los titulares de los órganos estatales, la forma de gobierno republicana y democrática, la organización federal, la división de poderes, la creación y aplicación de leyes, la impartición de justicia, entre otros, serían de difícil realización si nuestro país no contara con las condiciones mínimas de seguridad para garantizarlos.

Por lo anterior, podemos considerar que las amenazas a la seguridad nacional pueden ser aquellas

1. Que violen los principios básicos contenidos en la Constitución

2. Que rebasan la circunscripción territorial jurídica, económica, política o social de varios estados de la República, pudiendo afectar a otros países.

3. Que tienen un carácter atemporal, es decir que pueden presentarse en cualquier momento.

4. Que pueden atentar contra personas e instituciones rebasando su capacidad de actuación y respuesta.

5. Que ponen en riesgo la existencia misma del Estado, cualquier posibilidad de organización social armónica y vigencia de los derechos humanos.

6. Que son difíciles de prevenir y de combatir aun con toda la capacidad militar, económica y política de un Estado.

7. Que vulneran el bien superior que es la existencia del individuo y del Estado como ente regulador.

Ahora bien, ¿por qué entonces los actos intencionados en contra de las áreas naturales protegidas y los servicios ambientales que en ellas se producen deben ser considerados un asunto de seguridad nacional?

A lo largo de muchos años el medio ambiente se ha venido deteriorando producto de la contaminación del aire, el agua y la deforestación de los bosques y selvas, hasta el punto donde hoy los terremotos son de mayor intensidad, las lluvias son mas fuertes en unos lados y mas escasas en otros, los huracanes son mas poderosos, etcétera. Algunos expertos en México consideran que de seguir  la tendencia actual de deterioro ambiental, para el año 2050 este fenómeno reducirá un 25 por ciento el área cultivable del país, la mitad de los ecosistemas de bosques tendrán vegetación de climas más secos, mientras que la desertificación y las sequías serán tan severas y extensas que, según el Banco Mundial, afectarán al 80 por ciento de la población en rápido crecimiento de México, es decir aquella población concentrada en las áreas del norte y centro, las cuales representan más del 80 por ciento del producto interno bruto, más del 90 por ciento de la irrigación y el 75 por ciento de la actividad industrial.

Ante esta situación, y desde hace algunos años, México ha buscado tener áreas naturales protegidas con el fin de tener primeramente un desarrollo sustentable y garantizar a las generaciones actuales y futuras un adecuado medio ambiente como lo garantiza la constitución; y segundo, tener áreas que ayuden a minimizar el cambio climático. Estos dos puntos son consecuencia uno de otro, pero son de vital importancia para la vida de un país, ya que como hemos observado recientemente con el terremoto en Haití, con el huracán Katrina en Estados Unidos de América, etcétera, el cambio climático tiene efectos devastadores en la población y afecta toda la vida institucional de un país. Sin embargo, consideramos que el esfuerzo pudiera ser mayormente significativo si establecemos como un asunto de seguridad nacional la protección de áreas naturales e involucremos en lo toma de decisiones del Consejo de Seguridad Nacional al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Aun a pesar de que los distintos gobiernos de los últimos 20 años han tenido una agenda, principalmente en el ámbito internacional, buscando implantar políticas públicas para mitigar los efectos del daño al medio ambiente y aun a pesar de que en nuestra Carta Magna esté consagrado el derecho a un medio ambiente sano, es considerado que la autoridades no tienen dimensionado el problema y sus consecuencias.

No exageramos cuando decimos que la falta de una visión estratégica y de largo plazo sobre los riesgos y amenazas silenciosas futuras puede ocasionarnos muchos más problemas a la seguridad nacional de los que ya tenemos. Como lo expusimos anteriormente, son amenazas a la seguridad nacional todo lo que pone en riesgo la existencia misma del Estado, cualquier posibilidad de organización social armónica y la vigencia de los derechos humanos.

En este sentido, y tan sólo por poner unos ejemplos, los brotes de epidemias como malaria, dengue, fiebre amarilla y cólera pudieran resurgir con el aumento de temperatura, ocasionando un aumento en la migración de poblaciones hacia otras zonas. El tema que más debe preocuparnos y que es la crisis de acceso al agua potable pudiera generar conflictos políticos y sociales que vulneren la capacidad institucional del país. La seguridad alimentaria tampoco puede soslayarse, pues con el cambio climático se prevé que pudiera reducirse la producción de granos y cereales a nivel mundial. Otro tema que debe considerarse, de aumentar el nivel de los mares, es el resguardo de la infraestructura estratégica del país: Petróleos Mexicano cuenta con 193 plataformas marinas, 4 mil 441 kilómetros de oleoductos y 7 mil 312 kilómetros de gaseoductos expuestos a fenómenos meteorológicos extremos. Cerca del 41 por ciento del total de hidrocarburos a nivel nacional se extrae en regiones marinas.

Los recientes desastres naturales en otros países, producto del cambio climático, nos deben llevar a reflexionar y a tomar con seriedad el asunto en mención. Por ello proponemos que las amenazas a la seguridad nacional y, por ende, a la viabilidad del Estado, producto del cambio climático, deban estar incluidas en el debate del Consejo de Seguridad Nacional y consideradas en la agenda nacional que elaboran las instancias de seguridad nacional. No podemos darnos el lujo de actuar hasta que el problema sea inminente ya que no sólo faltaríamos a la regla de oro de los asuntos de seguridad y que consiste en adelantarse a la amenaza para minimizar por todos los medios el riesgo latente, sino, más importante aun, comprometeríamos la viabilidad política, económica y social del país.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional para quedar como sigue:

Único.Se reforman los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley, son amenazas a la seguridad nacional

I a XII. ...

XIII. Actos intencionados en contra de las áreas naturales protegidas de carácter federal y los servicios ambientales que en ellas se producen.

Artículo 12.Para la coordinación de acciones orientadas a preservar la seguridad nacional, se establece el Consejo de Seguridad Nacional, que estará integrado por

I. a XI. ...

XII. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Régimen jurídico de la inteligencia gubernamental, tesis que presenta para obtener el grado de maestra en derecho Virginia Martínez Eleuterio. Página 72. UNAM, Facultad de Derecho.

2 Ídem.

3 Ídem.

4 www.cambioclimaticoyseguridadnacional.org. Febrero 25 de 2010.

5 En 1992 México firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual ratificó en 1993; en 2002 se ratificó el Protocolo de Kioto mediante el cual los países desarrollados y economías en transición se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un promedio de 5.2 por ciento respecto a 1990 para el periodo de compromiso 2008-2012.

6 www.cambioclimaticoyseguridadnacional.org. Febrero 25 de 2010.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 16 de marzo de 2010.— Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El diputado José Luis Soto Oseguera(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Soto, dígame usted.

El diputado José Luis Soto Oseguera (desde la curul): Presidente, muy atentamente comentarle a usted que desde hace un buen rato estaba pidiendo hacer uso de la voz. Pedirle que, con apoyo del personal de esta Cámara, pueda poner atención a quienes queremos hacer algún comentario.

Por otro lado, que la Presidencia pudiera tomar nota de los compañeros diputados que de manera voluntaria están manifestando su no intención o su no deseo por trabajar el día de hoy y se manifiestan en huelga, para que se les pueda hacer un descuento en su dieta. Sería cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias por sus comentario, señor diputado. Esta Cámara está trabajando de acuerdo a lo establecido en el orden del día. Sabemos que son condiciones un tanto cuanto especiales. Les pedimos a todos la mayor de las atenciones.



LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra, desde su curul, la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (desde la curul): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con base en lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 1o. de la ley que lo regula, el Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado encargados de representarlo en el extranjero. Asimismo, es el responsable de ejecutar la política exterior en México, de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, el artículo 2o. de la propia Ley del Servicio Exterior Mexicano adjudica al SEM, entre otras, las siguientes responsabilidades:

Primera. Promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los estados extranjeros y en el organismo y reuniones internacionales en los que participe México.

Segundo. Proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones.

Resulta pues que al Estado mexicano le corresponde la protección de sus ciudadanos donde éstos se encuentren.

Una verdadera política de Estado sobre los migrantes debe partir del alcance de su protección y del reconocimiento de los derechos que nuestra propia Constitución establece.

En función de ello, consideramos de gran trascendencia que se mejore el servicio que prestan los consulados mexicanos, la calidad de éstos, la ampliación de los horarios de atención al público cuando sea necesario, a fin de que se proporcionen los servicios de manera eficiente y evitar las largas filas para obtener la matrícula consular, pasaportes, actas de nacimiento, así como una real y eficaz asistencia jurídica a los migrantes que enfrentan la justicia en el extranjero.

Ante este panorama, el Poder Legislativo no debe permanecer impávido ante la realidad que viven nuestros connacionales hombres, mujeres y niños que residen en diversos países del mundo, particularmente en Estados Unidos, donde observamos que son objeto de agresiones, violaciones a sus derechos humanos y abusos en su persona, que se manifiestan en múltiples formas.

Motivo por el cual, en primer término, se propone reformar el artículo 2o. y el artículo 12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a fin de elevar a rango de ley la necesidad de que los funcionarios que laboren en representaciones diplomáticas y consulares lo hagan en periodos de ocho horas diarias, con guardias de 24 horas durante los 365 días del año, con objeto de garantizar la protección de nuestros connacionales en el extranjero.

Por otro lado es un tema superado el hecho de que los gobiernos democráticos como el nuestro deben rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones, y deben transparentarse para mostrar su funcionamiento y ser sujetos de escrutinio público.

Con la rendición de cuentas las autoridades se responsabilizan ante los gobernados de sus actos. Con la transparencia los funcionarios actúan de acuerdo con la necesidad de contar con el concurso y la aprobación del público.

La transparencia ataca la discrecionalidad y la corrupción. La rendición de cuentas es una herramienta útil para castigar a gobernantes ineficaces o deshonestos y premiar a quienes atienden los intereses de sus electores dentro del marco de la ley.

En resumen, la transparencia, la rendición de cuentas y, en medio de ellas, el acceso a la información forman el sustento de una buena relación en la que los ciudadanos son exigentes y los gobiernos son vigilados.

Tomar decisiones para institucionalizar la rendición de cuentas, garantizar el acceso a la información y obligar a los gobernantes a poner a disposición de cualquiera la información, de tal manera que la hagan transparente, es aceptar hasta sus últimas consecuencias que el poder político para que sea democrático debe estar limitado de manera efectiva y eficiente por el poder ciudadano. La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas forman parte fundamental de toda democracia.

En esta tesitura es que se propone, de igual manera, reformar los artículos 45 y 58 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a fin de que los jefes de misiones diplomáticas, representaciones consulares y unidades administrativas informen del estado que guardan sus representaciones, como resultado de la aplicación de políticas de rendición de cuentas y transparencia. Que brinden información suficiente respecto del número de apoyos legales que prestaron, el número de cadáveres repatriados, la atención de víctimas de maltrato, el apoyo a los migrantes, la asistencia consular a presos mexicanos en prisiones extranjeras, etcétera.

Por último y en obviedad del tiempo es que omito la lectura del decreto referido. Sin embargo, solicito a esta Presidencia que el texto de la presente iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada a la LXI Legislatura por el Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM).

Exposición de Motivos

De acuerdo con el artículo 1 de la ley que lo regula, el SEM es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado encargado de representarlo en el extranjero. Es el responsable de ejecutar la política exterior de México, de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El mismo artículo señala que el SEM depende del Ejecutivo federal. Su dirección y administración están a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y con los lineamientos de la política exterior que señale el presidente de la República, de conformidad con sus facultades constitucionales.

Las dependencias y las entidades de la administración pública federal mantendrán coordinación con la SRE para el ejercicio de acciones en el exterior, conforme a la misma ley orgánica.

El artículo 2 de la ley del SEM adjudica a éste, entre otras, las siguientes responsabilidades:

I. Promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los Estados extranjeros y en los organismos y en las reuniones internacionales en que participe México;

II. Proteger, de conformidad con los principios y las normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones...

Este cuerpo permanente de profesionales (diplomáticos) trabaja para el Estado en la SRE en México y en las embajadas, en los consulados, en las misiones y en las oficinas del país en el exterior.

Son seleccionados a través de un concurso de oposición que se convoca de forma regular y deben cumplir requisitos estrictos de probidad, disciplina, conocimientos muy amplios sobre México (historia, cultura, sociedad, política, economía) y dominio de varios idiomas.

Contra la percepción pública general, los integrantes del SEM no dependen directamente para sus asignaciones de los cambios de gobierno, ya que constituyen un servicio permanente. De igual forma, los miembros del servicio exterior no seleccionan personalmente el lugar o tipo de sus adscripciones en el extranjero sino que se limitan a cumplir las órdenes recibidas por las autoridades de la SRE.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, implantado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, uno de los ejes principales se refiere a una política exterior responsable. Dicha política sería puesta en marcha a través de diversas estrategias, entre las cuales sobresale la consistente en modernizar y fortalecer las capacidades del servicio exterior.

Como se ha mencionado, al Estado mexicano corresponde la protección de sus ciudadanos donde se encuentren. Una verdadera política de Estado sobre los migrantes debe partir del alcance de su protección y del reconocimiento de los derechos que la propia Constitución establece.

En función de ello, consideramos de gran trascendencia que se mejore el servicio que prestan los consulados mexicanos, la calidad de éstos y la ampliación de los horarios de atención al público cuando sea necesario, a fin de que se proporcionen los servicios de manera eficiente y evitar las largas filas para obtener la matrícula consular, pasaportes, actas de nacimiento, etcétera, así como una real y eficaz asistencia jurídica a los migrantes que enfrentan la justicia en el extranjero.

Ante este panorama, el Poder Legislativo no puede permanecer impávido acerca de la realidad que viven los connacionales que residen en diversos países, particularmente en Estados Unidos, donde observamos que son objeto de agresiones, violaciones de sus derechos humanos, y abusos en su persona que se manifiestan en múltiples formas, motivo por el cual en primer término se propone reformar los artículos 2 y 12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano a fin de elevar a rango de ley la necesidad de que los funcionarios que laboren en representaciones diplomáticas y consulares lo hagan en periodos de ocho horas diarias, con guardias de 24 horas durante los 365 días del año, con objeto de garantizar la protección de los connacionales en territorio extranjero.

Por otro lado, es un tema superado el hecho de que los gobiernos democráticos como el nuestro deben rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones, y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y ser sujeto de escrutinio público.

Con la rendición de cuentas, las autoridades se responsabilizan ante los gobernados de sus actos. Con la transparencia, los funcionarios actúan de acuerdo con la necesidad de contar con el concurso y la aprobación del público.

La transparencia ataca la discrecionalidad y la corrupción. La rendición de cuentas es una herramienta útil para castigar a gobernantes ineficaces o deshonestos y premiar a los atienden los intereses de sus electores en el marco de la ley.

En resumen, la transparencia, la rendición de cuentas y –en medio de ellas– el acceso a la información forman el sustento de una buena relación en la que los ciudadanos son exigentes y los gobiernos son vigilados. Tomar decisiones para institucionalizar la rendición de cuentas, garantizar el acceso a la información y obligar a los gobernantes a poner a disposición de cualquiera la información de tal manera y forma que la hagan transparente es aceptar hasta sus últimas consecuencias que el poder político, para que sea democrático, debe estar limitado de manera efectiva y eficiente por el poder ciudadano. La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas forman el trípode fundamental de toda democracia.

En esta tesitura se propone de igual manera reformar los artículos 45 y 58 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a fin de que los jefes de misiones diplomáticas, representaciones consulares y unidades administrativas informen del estado que guardan sus representaciones, como resultado de la aplicación de políticas de rendición de cuentas y transparencia que brinden información suficiente respecto del número de apoyos legales que prestaron, el número de cadáveres repatriados, la atención de víctimas de maltrato, el apoyo de los migrantes, la asistencia consular a reos mexicanos en prisiones extranjeras, etcétera.

Por lo anterior presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 45 y la fracción XIII del artículo 58; y se adicionan una fracción XII al artículo 2, recorriéndose la subsecuente, y un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a XI. ...

XII. Prestar los servicios consulares y de atención al público en general dentro de los horarios a que se refiere el artículo 12 de esta ley.

XIII.Las demás funciones que señalen el servicio exterior ésta y otras leyes y reglamentos, así como los tratados de que México sea parte.

Artículo 12. ...

...

Las misiones diplomáticas y representaciones consulares prestarán sus servicios dentro de un horario que en ningún caso será menor de ocho horas diarias, así como deberán establecer guardias de veinticuatro horas que operen los trescientos sesenta y cinco días del año. Dicho horario podrá ser ampliado por las autoridades competentes, tomando en consideración las necesidades de atención, ubicación, usos y circunstancias de la localidad.

Artículo 45. Es obligación de los jefes de misiones diplomáticas, de representaciones consulares y de unidades administrativas de la secretaría informar durante junio de cada año sobre el estado que guarda su representación, así como, con base en las actuaciones desarrolladas por los miembros del servicio exterior a sus órdenes, sobre su aptitud, comportamiento y diligencia, sin perjuicio de hacerlo cada vez que lo estimen necesario.

...

...

...

Artículo 58. ...

I. a XII. ...

XIII.Incumplir la obligación a que se refiere n los párrafos primero y segundo del artículo 45 de esta ley, así como incumplir o cumplir a destiempo la presentación del informe a que se refiere dicha disposición; y

XIV. ...

Artículo Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010. Diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez, Alberto Esquer Gutiérrez, María Guadalupe García Almanza, Laura Arizméndi Campos, Gumercindo Castellanos Flores, Justino Eugenio Arriaga Rojas, María Dina Herrera Soto (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.



TRABAJOS LEGISLATIVOS

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Solicita la palabra el señor diputado Porfirio Muñoz Ledo. Dígame usted, señor diputado.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Acaba de vencerse hoy el contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Habrá una huelga muy extendida con riesgos en el país.

En virtud de que se ha llegado –según entiendo– a un acuerdo para que este asunto tan grave lo podamos discutir en el primer punto de la agenda política, esto es a las 3 de la tarde, en mi criterio y en el de muchos podría la sesión continuar normalmente, agendando un debate fundamental para la nación. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Nada más le informo a usted que la sesión está desarrollándose normalmente. Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 167 y 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente...



LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

La diputada Laura Arizmendi Campos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Dígame diputada, por favor.

La diputada Laura Arizmendi Campos(desde la curul): Es para adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Está usted de acuerdo, diputada, en que se adhieran a su iniciativa?

La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez(desde la curul): Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo. Todas aquellas y aquellos compañeros que deseen hacerlo, favor de firmar en la Secretaría.

La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputada Norma Leticia, dígame.

La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez(desde la curul): Mi iniciativa fue turnada, le entendí, a Educación. Es una iniciativa que reforma el Servicio Exterior Mexicano, yo creo que lo conducente es que se vaya a Relaciones Exteriores.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene usted toda la razón. Disculpe, era un documento que tenía yo aquí. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

No se encuentra el señor diputado Natale López.



LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Por tanto, tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 14 y 38 de la Ley General de Educación.

La diputada Leticia Quezada Contreras:Muchas gracias, señor presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros, la verdadera igualdad de oportunidades inicia cuando partimos y visualizamos nuestras diferencias. En este sentido, les exhorto a que volteemos a ver nuestra realidad.

La familia, tal como la entendíamos hace 50 años, ha dejado de existir para dar paso a una multiplicidad de familias, todas merecedoras de nuestro respeto y apoyo social.

Así pues, la madre ya no es solamente denominada ama de casa, que recogía a medio día a las y los hijos, que cocinaba y empleaba el resto del día a las labores del hogar y de la familia. La realidad de hoy es diferente y exige de las mujeres compromisos de variada índole.

Actualmente, el 39 por ciento de las mujeres en edad económicamente productiva, según datos del Inegi, se desempeñan en trabajos formales y un número no calculado lo hacen en actividades no formales e inestables que las llevan a una doble y triple –incluso– jornada de trabajo.

Las causas pueden ser porque el ingreso familiar es insuficiente o porque están solas con las responsabilidades familiares por migración en algunos casos y, en la gran mayoría, por abandono de la pareja.

En este sentido, los horarios dedicados al hogar han cambiado, las dinámicas familiares también han cambiado. Hoy en día, a través de las redes de solidaridad familiares, las mujeres pueden ir a trabajar confiadas en que alguien de confianza cuida a sus hijas e hijos. Sin embargo, ese apoyo no puede ser medible respecto a alguna calidad académica, porque en el mejor de los casos las y los niños solamente son atendidos con cariño y respeto a sus necesidades.

Sin embargo, no son atendidas sus capacidades intelectuales ni son estimuladas sus habilidades, simplemente porque quien los cuida no es pedagoga o pedagogo, maestra o maestro. Así, en estos entornos, crecen nuestras niñas y niños sin mayores oportunidades.

En este contexto, se traslada la obligación formativa a las personas encargadas de cuidar a las niñas y los niños. Como una opción incipiente han surgido las escuelas de tiempo completo, que dan una oportunidad de atención pedagógica. Dichas escuelas se encuentran sustentadas en un programa, el que opera como forma de programa piloto en diversas entidades federativas y que atienden, según cifras oficiales, a unas 70 mil niñas y niños aproximadamente.

Es evidente que estas escuelas no cubren la totalidad de la demanda que reclama la población, principalmente de familias monoparentales cuyo sustento recae en la mujer y que generalmente es de recursos económicamente limitados.

Por tanto, es necesario que la modalidad de tiempo completo en las escuelas públicas se incorpore cada vez a más planteles y se atienda a un mayor número de niñas y niños en nuestro país. Se propone que la adopción de dicho modelo académico se incorpore gradualmente en las escuelas.

En consecuencia, proponemos la adición al artículo 8o. de una fracción IV para establecer la integralidad de las capacidades y competencias a los educandos a través de la implementación de horarios extendidos, de permanencia en los planteles de manera que la formación de los niños y jóvenes adquiera una dimensión humanista y cuya estrategia es la operación de modelo de escuelas de tiempo completo en un mayor número de planteles y consolidando la estrategia de enseñanza integral que permita a los alumnos aprovechar eficientemente el aprendizaje y el desarrollo de sus habilidades.

Por otra parte, se plantea una adición estableciendo la concurrencia entre Estado y federación para la instauración de escuelas de tiempo completo y que se convierta en una política pública en la que participen ambas autoridades.

Finamente, una adición para establecer los objetivos sociales que buscan resolver las escuelas de tiempo y completo y el enfoque humanista integral que alcanzarían, especificando las materias que se atenderían.

La educación en un país es la base del desarrollo y el crecimiento humano. Gracias a la educación se logran mejores estándares de vida y se incrementa sustancialmente el desarrollo social. Es la mejor inversión que se puede hacer en un país y es un detonador de avance y movilidad social que combate la discriminación y exclusión de oportunidades educativas y de desarrollo, al mismo tiempo que el Estado asume su responsabilidad con las mujeres trabajadoras de este país, desde la perspectiva de género.

Por economía y con fundamento en el artículo 184 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la inserción íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 8, 14 y 38 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan al artículo 8 una fracción IV, al artículo 14, la fracción XIII, y se recorre el texto del actual XIII para que sea el XIV, al artículo 38 un párrafo segundo de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación en un país es la base del desarrollo y el crecimiento humano. Gracias a la educación se logran mejores estándares de vida y se incrementa sustancialmente el desarrollo social. Es pues la mejor inversión que se puede hacer en un país y es un detonador de avance y movilidad social. La educación permite tejer redes sociales de entendimiento democrático, promueve el respeto a las diferencias individuales, contribuye a la erradicación de prácticas de discriminación y a la vez que fortalece la cohesión y armonía social.

Nuestra sociedad se enfrenta a los retos de las nuevas tecnologías, actualmente saber un idioma adicional al idioma materno permite obtener una herramienta de desarrollo y de acceso a oportunidades laborales, actualmente los niños y jóvenes se encuentran sujetos a una gran competencia laboral, en la que les exige estar preparados.

Por otra parte, las condiciones de competencia, las necesidades económicas y la creciente incorporación de las mujeres en la vida laboral formal e informal hacen que los mercados de trabajo se feminicen, lamentablemente aún en condiciones de desigualdad y falta de reconocimiento para éstas y propician que ambos padres participen activamente en el sustento económico familiar, lo cual disminuye las horas de atención que pueden dedicarle a sus hijos; sobrecargada principalmente en las mujeres, esta situación se recrudece en los casos de familias mono parentales, lo cual repercute en el óptimo desarrollo de los educandos que se hallan desatendidos por espacio de varias horas después de concluido el horario escolar. Dando lugar a las redes de apoyo familiares en las que son cuidados las y los hijos por abuelas, tías u otra clase de redes que no poseen herramientas pedagógicas para apoyar en la labor formativa.

Las escuelas de tiempo completo han dado una oportunidad de atención pedagógica, sin embargo estas escuelas actualmente se encuentran sustentadas en un programa, el que opera en forma piloto en diversas entidades federativas y que atiende a una colaboración con las entidades y el gobierno federal, sin embargo estas escuelas no cubren la totalidad de la demanda que reclama la población, principalmente trabajadora y de recursos económicos limitados, por lo tanto es necesario que la modalidad de tiempo completo en las escuelas públicas sea progresiva, incorporen cada vez más planteles y se atienda a más niñas y niños con esta oportunidad de desarrollo de capacidades.

Se trata de impulsar un modelo pedagógico, que permita recuperar actividades de educación física, más posibilidad de usar aulas de medios, dominio de la computación, una segunda lengua y a actividades artísticas.

El programa tal como se encuentra planteado constituye una alternativa pedagógica que prolonga la estancia de los maestros, niños y niñas en la escuela, con la finalidad de favorecer el desarrollo de las competencias definidas en los planes y programas de estudio para la educación básica. Uno de los objetivos que persigue es ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos, tanto las dedicadas al estudio de los contenidos establecidos en el currículo como otras asociadas al fortalecimiento de las competencias sociales, el aprendizaje de una lengua extranjera, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y así como el mejoramiento del trabajo colegiado entre el personal docente de las escuelas.

Para la realización de las actividades antes descritas se requiere que las escuelas de tiempo completo cuenten con comedor, sala de cómputo, espacio de usos múltiples, instalaciones deportivas y la participación de especialistas en la enseñanza de una segunda lengua, el uso de tecnologías informáticas en apoyo al aprendizaje, educación física y artística. Estas últimas materias pueden brindarse a través de convenios o acuerdos con instituciones civiles y gubernamentales locales que manejen estos campos.

Por ello, es conveniente que el esfuerzo de la acción pública encuentre sustento normativo en el marco jurídico de México, de manera que su aplicación sea de forma permanente y no esté sujeta a las voluntades políticas, por ello la necesidad de legislar en la materia.

Este modelo aunque no resulta nuevo en México, (pues ya se tuvo hace varios decenios) puede significar un beneficio para los educandos, para el profesorado, la autoridad educativa, y también para los padres de familia.

La escuela de tiempo completo presenta múltiples ventajas, en virtud de que al mismo tiempo que permite proteger a los menores y aprovechar mejor su tiempo, propicia que los niños además de recibir una educación con calidad tengan un aprovechamiento escolar mayor y puedan disfrutar de la lectura, el arte y otras actividades entre ellas las deportivas.

Otras características del programa son:

• El tiempo de permanencia de los alumnos en la escuela, aumenta de 4 y media horas a 8, más una hora dispuesta para que los maestros trabajen en la planeación, evaluación, trabajo con los padres y participación en talleres de capacitación.

• Se incorpora la enseñanza del inglés, el manejo de las tecnologías de la información en apoyo al aprendizaje y el desarrollo de las actividades físicas y artísticas.

•Se desarrollan talleres de apoyo a los alumnos en la realización de tareas y la regularización, en os casos que lo requieran.

• Se incide en la formación de buenos hábitos de alimentación en los educandos ofreciéndoles menús elaborados por instituciones especialistas en la materia.

• Se pueden concesionar los servicios de alimentación por decisión conjunta de las autoridades educativas locales y la comunidad del centro escolar.

• Se mejoran gradualmente los ambientes escolares.

• Se incorpora a los padres de familia a la toma de decisiones escolares, en el ámbito de su competencia.

• Se establecen vínculos con instituciones sociales y gubernamentales.

• Se pluralizan y modernizan las prácticas de gestión escolar.

• Se fomenta la convergencia de los programas estratégicos de la educación básica.

El funcionamiento de las sociedades todavía supone que hay una persona dentro del hogar dedicada completamente al cuidado de la familia. Los horarios escolares y de los servicios públicos, de hecho no son compatibles con los de una familia en que todas las personas adultas trabajan remuneradamente. Y no se ha generado un aumento suficiente en la provisión de infraestructura y servicios de apoyo para cubrir las necesidades de niños, niñas y otras personas dependientes. Aún más, la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo se da en un contexto de mayor inseguridad y menor protección social, en sectores altamente informales.

El Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo, responde a la exigencia de brindar una mejor y más completa formación educativa y cultural de los educandos, además de ofrecer una opción para los hijos de familias uniparentales y de madres trabajadoras que requieren este apoyo institucional, constituye una de las políticas públicas en materia de educación en la actual administración, por ello, debe garantizarse que sea un criterio para la política pública en materia educativa y ofrecerse como una opción educativa creciente y que propicie la equidad educativa, atajando brechas sociales a favor de la niñez mexicana.

Naturalmente, se requiere de sumar voluntades y buscar acuerdos básicos. Necesitamos a los padres de familia, a la comunidad, a los empresarios, a las autoridades, necesitamos la voluntad de toda la ciudadanía. Un llamado a la corresponsabilidad, al logro de acuerdos para mejorar las condiciones del país.

La existencia de guarderías o centros de cuidado es una medida fundamental para que trabajadoras y trabajadores puedan conciliar sus responsabilidades familiares con las obligaciones relacionadas al empleo. En las leyes laborales de varios países se explicita el deber del empleador de brindar estos servicios (en el local de trabajo o a través de la contratación de un proveedor externo). Lo problemático es que esta obligación generalmente se define en función del número de empleadas mujeres.

Esto, con la excepción de Bolivia, Ecuador, Paraguay y República Bolivariana de Venezuela. Fuera del ámbito de la legislación laboral, en los países de la región existen diversas iniciativas públicas relativas a servicios de cuidado –sobre todo infantil– pero en ninguno de estos casos se garantiza cobertura universal. Los Estados implantan programas de cuidado no solamente en el marco de medidas de seguridad social sino también como parte de sus políticas educativas. Estas, sin embargo, no siempre consideran las necesidades de las madres y padres trabajadores. Por eso, muchas veces el horario, los costos o la calidad de los programas preescolares y escolares no facilitan la conciliación de vida laboral y familiar, ni son una política pública generalizada.

El gobierno federal ha implantado el programa de estancias infantiles con el objetivo de apoyar a las madres trabajadoras y padres solos para que puedan contar con servicios de cuidado y atención infantil para sus hijos, sin embargo, dichas estancias sólo se ocupan del cuidado de menores entre uno y casi cuatro años de edad, sin embargo existe otra población de menores de edad que van desde los 4 años y hasta los 15, a quienes también se les debe prestar atención constante, de orientación y apoyo por parte de sus familiares directos. Las madres trabajadoras con hijos de estas edades se ven en la necesidad de buscar cuidado informal para sus hijos o pedir el apoyo de amigos o familiares, como pueden ser incluso los hermanos mayores. En muchos de los casos no hay de por medio una persona adulta al cuidado de estos menores o se corre el riesgo de contratar a personas poco profesionales, por lo que es latente el peligro de que éstos cometan un abuso de cualquier índole contra los menores.

En gran parte de los hogares con hijos en los que la madre trabaja, se pierde una importante contribución de ella al papel que juega dentro del desarrollo y educación.

La presente iniciativa se inscribe en el compromiso que las y los legisladores tenemos para seguir avanzando en una mejor calidad de vida, en preparar de forma integral a niños y jóvenes, dando cumplimiento a diversas recomendaciones al Estado mexicano en materia educativa y brindando equidad en el desarrollo humano, por todo lo antes expuesto me permito presentar la siguiente iniciativa que crea un criterio más a la política pública educativa, adicionando a el artículo 8 una fracción IV, para establecer la integralidad de las capacidades y competencias de los educandos, a través de la implementación de horarios extendidos de permanencia en los planteles, de manera que la formación de los niños y jóvenes adquiera una dimensión humanista, y cuya estrategia es la operación del modelo (de escuelas de tiempo completo) en un mayor número de planteles y consolidando la estrategia de enseñanza integral que permita a los alumnos aprovechar efectivamente el aprendizaje y el desarrollo de habilidades.

Por otra parte, se plantea la adición de la fracción XIV y la reforma del actual XIII, estableciendo la concurrencia entre estados y federación para la instauración de escuelas de tiempo completo y que se convierta en una política pública en la que participen ambas autoridades y finalmente la adición de un segundo párrafo al artículo 38, en el que queda establecidos los objetivos sociales que busca resolver las escuelas de tiempo completo y el enfoque humanista e integral que alcanzarían, especificando las materias que se atenderán.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración del pleno de ésta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se adicionan al artículo 8 una fracción IV, al artículo 14, la fracción XIII, y se recorre el texto del actual XIII para que sea el XIV, al artículo 38 un párrafo segundo, de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se adicionan una fracción IV al artículo 8, la fracción XIII y se recorre el texto del actual XIII para que sea el XIV del artículo 14, un párrafo segundo al artículo 38, para quedar como sigue

Ley General de Educación

Capítulo IDisposiciones generales

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan –así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan– se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I. ...

III. ...

IV. Favorecerá la integralidad de las capacidades y competencias de los educandos, a través de la implantación de horarios extendidos de permanencia en los planteles, de manera que la formación de los niños y jóvenes adquiera una dimensión humanista, es decir, que sea integradora de una visión formadora de valores de la persona humana y respetuosa de la diversidad, evaluando gradualmente la operación del modelo en un mayor número de planteles y consolidando la estrategia de enseñanza integral que permita a los alumnos aprovechar efectivamente el aprendizaje y el desarrollo de habilidades.

...

Capítulo IIDel federalismo educativo

Sección 1De la distribución de la función social educativa

...

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a XII. ...

XIII. Establecerán progresivamente escuelas de tiempo completo de educación básica, que impulsen y favorezcan el desarrollo de competencias definidas en los planes y programas de estudio, y

XIV. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

...

Capítulo IIIDe la equidad en la educación

Artículo 38. La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios.

El criterio que establece el artículo 8, fracción IV, de ésta ley se llevará a cabo a través de las denominadas: escuelas de tiempo completo, que tendrán un enfoque altamente social, pedagógico y humanista. Estas escuelas ampliarán las oportunidades de aprendizaje, a partir de la diversificación de actividades de enseñanza, la incorporación de temas relativos al uso de la tecnología de la información, la comunicación y el aprendizaje de una segunda lengua. Estas escuelas son una opción educativa que apoya a las madres o padres que trabajan al incrementar el tiempo de estancia de sus hijos en una escuela segura realizando actividades de alta carga formativa e instrumental.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá establecer la suficiencia presupuestal para cubrir los requerimientos humanos y materiales para dotar de la infraestructura necesaria.

Tercero. Las entidades federativas y el Distrito Federal colaboraran en los términos que establece ésta ley, procurando que se establezcan los planteles suficientes para los requerimientos de las entidades federativas.

Palacio Legislativo, a 16 de marzo de 2010.— Diputadas: Leticia Quezada Contreras, María Dina Herrera Soto (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita se inserta en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Dígame, diputado Mario di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente, una pregunta. El decreto de Presupuesto establecía que a más tardar el 15 de marzo la Secretaría de Hacienda tendría que remitir un programa de reducción de gasto. Quisiera saber si esta Presidencia ha recibido dicho programa, de lo contrario se estaría violando el decreto de Presupuesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le puedo comentar, señor diputado, que todo lo que nos llega a la Mesa Directiva inmediatamente lo informamos al pleno para su conocimiento, o lo turnamos a la Junta de Coordinación Política.



LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTES FEDERALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene el uso de la palabra la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federales.

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández: Muchas gracias, señor presidente. Considero que hay una asistencia más o menos normal, y por tanto me voy a permitir presentar esta iniciativa.

En nombre de la fracción del Partido del Trabajo, es para mí muy satisfactorio someter a la consideración de este pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para crear áreas de descanso y aparcamiento en las carreteras y autopistas nacionales.

Esta iniciativa responde a una preocupación que compartimos varios legisladores y ciudadanos. Las condiciones de trabajo de los trabajadores del volante, en particular de quienes se dedican al autotransporte de carga o pasajeros, y garantizar su seguridad, así como la de lugareños, locatarios, transeúntes y automovilistas, que a menudo suelen verse involucrados en accidentes carreteros.

Sabemos que la actividad del transporte, una de las más importantes y decisivas para la economía, conlleva un riesgo. A pesar de eso, la legislación actual ha dejado de lado las necesidades más recurrentes que todo conductor requiere para el desempeño de su actividad.

México cuenta con un estimado de 370 mil kilómetros de carreteras y en torno de ellas se ha desarrollado una intensa actividad que involucra la existencia descontrolada de miles de establecimientos dedicados a la atención y alojamiento de los trabajadores del volante: hoteles, moteles, posadas, departamentos y cuartos en renta, son un ejemplo.

Un problema derivado de este descontrol es que se presta a abusos, que van desde exigir pagos excesivos por el hospedaje hasta incidentes delictivos como asaltos, secuestros exprés, intentos de homicidio y homicidios.

Otro problema es que coexisten conductas de manejo precavidas para evitar accidentes, con prácticas inseguras al exceder los límites de velocidad, manejar cansado o bajo los influjos de alguna sustancia nociva. Lamentablemente conductas como las señaladas terminan de manera habitual en accidentes, que en nuestro país se hacen normales, tanto para las autoridades como para los usuarios de carreteras y autopistas.

Para llamar su atención sólo doy un dato: México ocupa actualmente entre el tercer y cuarto lugar de muertes por accidentes en carreteras, resultado del cual tenemos una cifra promedio de 20 mil muertes anuales. Frente a esa realidad tenemos que actuar.

Por ello me permito someter a su consideración la presente iniciativa. El objetivo que persigue es dar un paso enorme hacia la modernización en materia de cultura vial en las carreteras, autopistas y caminos que recorren todo lo largo y ancho del país, pero, sobre todo, mejorar las condiciones laborales y de esparcimiento de quienes trabajan como conductores del autotransporte. Darles garantías para cuidar su integridad física y, en general, la de todos los usuarios de las carreteras.

En esencia se trata de provocar un cambio de visión. Es decir, de hacer conciencia entre nuestras autoridades de una necesidad que, sin embargo, hoy no reconoce la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ha llegado a decir en su informe de labores de 2009 que la atención de accidentes es una tarea menor, cuando la prevención de los mismos debería ser una tarea primordial y parte de sus funciones.

Doy otro dato: actualmente se estima que el costo de los accidentes en carreteras puede ser del orden de 16 mil 535 millones de pesos anuales que equivalen al 1.5 por ciento del producto interno bruto. Hay que subrayar que si tuviéramos otro tipo de programas preventivos al menos un 80 por ciento de estos gastos podrían evitarse.

Si a este dato le sumamos que, de acuerdo a otros cálculos, el 70 por ciento de los accidentes que suceden en la red de carreteras federales son provocados por el factor humano, es un hecho que la batalla no está perdida y que lo mejor que podemos hacer es impulsar medidas y programas que realmente modifiquen este factor.

Por eso nuestra propuesta contempla la creación de la infraestructura necesaria para otorgar servicio de descanso y, en su caso, revisión médica a quienes tienen que usar las carreteras y autopistas nacionales.

Este tipo de servicios, mejor conocido como áreas de descanso y de aparcamiento, sobre todo en la Unión Europea y en Estados Unidos de Norteamérica, son un elemento indispensable no solamente por la prestación de los servicios dedicados al descanso y la atención médica oportuna de los usuarios, sino también una importante derrama económica producto de los cobros de servicios.

Llamo a la atención de ustedes, señoras y señores, compañeros legisladores, para que analicen y en su momento aprueben la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para crear las áreas de descanso y aparcamiento en las carreteras y autopistas nacionales. Ello implica reformar varios artículos de la misma: el 36, el 52, el 59, el 60, el 66 y otros más, por lo que yo los invito a reflexionar y a analizar, para que esto pase a la comisión respectiva.

Por su atención, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para crear las áreas de descanso y aparcamiento en las carreteras y autopistas nacionales, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Las condiciones de los trabajadores del volante, en particular de quienes se dedican al autotransporte de carga o pasajeros, distan mucho de ser seguras para los propios operadores, así como para el resto de los conductores y sus acompañantes, que a menudo suelen verse involucrados en accidentes carreteros.

Lugareños, locatarios, transeúntes y automovilistas son en la mayoría de los casos los afectados por alguno de estos accidentes. Las situaciones de riesgo son variadas: imprudencia al no respetar los límites de velocidad, los señalamientos, manejo agresivo, hasta llegar a provocar accidentes que generan daños materiales y pérdidas humanas.

Sabemos, con razón, que la actividad de autotransporte no obstante de ser una actividad noble conlleva un riesgo, y la legislación vigente no ha hecho los esfuerzos suficientes para mejorar las condiciones laborales; es decir, hemos dejado de lado las necesidades más recurrentes que todo chofer requiere para el desempeño de su actividad.

Nuestro país hoy día cuenta con un estimado de 370 mil kilómetros de carreteras y, en ellas, no es raro observar que a lo largo de acotamientos, parajes baldíos, orillas de comunidades, se hallan camioneros, transportistas de carga e incluso automóviles particulares detenidos, dedicando un periodo de tiempo variable al descanso.

Por otro lado, conocemos que existen miles de establecimientos dedicados a la atención y alojamiento de trabajadores del volante. Hoteles y moteles de paso, posadas, departamentos y cuartos en renta, que son un ejemplo del tipo de servicios ofrecidos para atender las necesidades de descanso de familias viajeras y trabajadores del volante, principalmente.

En este sentido, encontramos que personas como las ya mencionadas son quienes buscan solventar estas necesidades, involucrando así varios factores que conlleva la toma de decisiones que van desde hacer pagos excesivos por el hospedaje, abusos por las condiciones de premura por tener un lugar donde descansar, hasta incidentes delictivos como asaltos, secuestros exprés, intentos de homicidio e incluso, los asesinatos.

Paradójicamente ocurre que coexisten conductas de manejo precavidas para evitar accidentes con prácticas inseguras al exceder los límites de velocidad, manejar cansado o bajo los influjos de alguna sustancia nociva para el cuerpo, para tratar de ganar un poco más de tiempo, por motivos que generalmente tienen que ver con la búsqueda de eficiencia y rendimiento en sus labores para ganar más dinero.

Lamentablemente, conductas como las señaladas terminan de manera habitual en accidentes que en nuestro país se hace normal tanto para las autoridades, como para los usuarios de carreteras y autopistas.

México, ocupa actualmente entre el tercer y cuarto lugar de muertes por accidentes en carreteras, llegando a obtener una cifra promedio de 20 mil decesos anuales.

A través de la presente iniciativa, queremos dar un paso enorme hacia la modernización en materia de cultura vial, sobre todo en las carreteras, autopistas y caminos que recorren todo lo largo y ancho del país. Estamos conscientes que haciendo un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales y de esparcimiento de quienes se asumen como conductores de autotransporte en nuestras carreteras, haremos de estas actividades un trabajo eficiente con grandes beneficios.

Así, debemos reconocer la falta de iniciativa en la procuración de garantías para la integridad física de usuarios y choferes-transportistas.

No sólo es cosa de anunciar programas parciales que remedien temporalmente la severidad de accidentes, como lo señala la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de su informe de labores de 2009, donde, por cierto, presumen en hacer de la atención de accidentes una tarea menor, cuando su prevención debe ser la tarea primordial.

Actualmente se estima que la cifra puede ser del orden de 16 mil 575 millones de pesos anuales, equivalentes a 1.5 por ciento del producto interno bruto, como fue el caso en 2009 por concepto de atención a siniestros automovilísticos en las carreteras del país, lo cual significa que al menos en 80 por ciento de estos gastos pueden ser prevenidos con medidas adecuadas y acordes a las necesidades de estos trabajadores.

Por otra parte, se calcula que 70 por ciento de los accidentes que suceden en la red carretera federal son provocados por “el factor humano”. Ante esto, debemos decir que ninguna normatividad en materia de transporte y vialidad en las carreteras de nuestro país, procura hacer cumplir algún mecanismo preventivo de actos o circunstancias que modifican este factor humano.

Ejemplo de ello es, el efecto perjudicial percibido en los conductores a consecuencia del cansancio e indebido esfuerzo por mantenerse frente al volante por más de seis horas continuas.

Nuestra propuesta contempla la creación de la infraestructura necesaria para dar servicio de descanso y revisión médica a quienes hacen uso de las carreteras y autopistas nacionales.

Este tipo de servicios, mejor conocidos como áreas de descanso y de aparcamiento, sobre todo en la Unión Europea y Estados Unidos de América, son un elemento indispensable no solamente por la prestación de los servicios dedicados al descanso y la revisión médica de los ya mencionados usuarios, sino también por la importante derrama económica producto de los cobros de servicios extra que son ofrecidos en estas áreas.

La razón es justificable, puesto que en nuestro país existen mínimas condiciones para dar certidumbre al trabajo de todos los hombres y mujeres dedicados al trasporte público y privado en carreteras.

Total de carreteras en México (año 2010):370 mil kilómetros de carreteras construidas.

Principales indicadores sobre accidentes carreteros:20 mil muertes anuales; 70 mil millones de pesos, equivalentes a la inversión en atención de accidentes carreteros al año; 70 por ciento de accidentes, producto del factor humano “fatiga”.

Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para crear las áreas de descanso y aparcamiento en la carreteras y autopistas nacionales, para quedar como sigue:

Primero. Se reforma el quinto párrafo del artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 36. ...

...

...

...

Los conductores de vehículos que transitan en los caminos y puentes deberán portar la licencia vigente que exijan las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, se abstendrán de conducir en estado de fatiga, de ebriedad o bajo los efectos de drogas, enervantes, estimulantes o por rebasar los máximos de velocidad establecidos por la secretaría.

Segundo. Se adiciona una fracción VI al artículo 52, para quedar como sigue:

Artículo 52. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Áreas de descanso y aparcamiento.

Tercero. Se adiciona un capítulo VII y un artículo 59 al Título Cuarto, recorriéndose los subsecuentes artículos de la ley en su orden, para quedar como sigue:

Título Cuarto

Capítulo I. ...

...

...

...

...

...

Capítulo VII. Áreas de descanso y aparcamiento

Artículo 59. La prestación del servicio de las áreas de descanso para conductores y de las áreas para el aparcamiento de todo vehículo automotor serán administrados por el permisionario y vigilados por la federación. Todo conductor, relevo o acompañante con oficio de chofer, que transite por las carreteras, autopistas y caminos del país, deberá efectuar cuando menos una parada obligatoria en cualquiera de estas áreas para que sea revisado en su estado físico y de salud, verificar su estado anímico y de lucidez. Asimismo, deberán mostrar su bitácora de viaje para cerciorarse de acatar las disposiciones del presente artículo, así como también, se sujetaran a las recomendaciones emitidas por el personal responsable de dicha verificación.

Cuarto. Se reforma el artículo 60, para quedar como sigue:

Artículo 60. Los vehículos nacionales y extranjeros destinados a la prestación de servicios de autotransporte internacional de pasajeros, turismo y carga a que se refiere el artículo anterior deberán cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por esta ley y sus reglamentos; asimismo, deberán contar con placas metálicas de identificación e instrumentos de seguridad. Los operadores de dichos vehículos deberán portar licencia de conducir vigente. Será motivo suficiente para cancelar la licencia de conducir, cuando los conductores sean sancionados por el incumplimiento de las disposiciones del artículo 59  de esta ley.

Quinto. Se adiciona una fracción VI al artículo 66, para quedar como sigue:

Artículo 66. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Será obligatorio para concesionarios, permisionarios, personas físicas o morales con permiso de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, para cada una de las unidades con ruta programada para viaje, mostrar en las bitácoras de viaje, los tiempos de descanso de los conductores en las áreas de descanso y aparcamiento destinados para este propósito.

Sexto. Se reforma el primer párrafo del artículo 70, para quedar como sigue:

Artículo 70. La secretaría tendrá a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, de las áreas de descanso y aparcamiento, así como de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo con ella. Para tal efecto, podrá requerir en cualquier tiempo a los concesionarios y permisionarios informes con los datos técnicos, administrativos, financieros, bitácoras de viaje y estadísticos, que permitan a la secretaría conocer la forma de operar y explotar los caminos, puentes, los servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares.

Séptimo. Se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 70 Bis, para quedar como sigue:

70 Bis. ...

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigilará permanentemente los itinerarios de viaje y las bitácoras del autotransporte de pasajeros y de carga, que hagan uso de las carreteras, autopistas y caminos del país.

La secretaría podrá sancionar a los concesionarios, permisionarios y a las personas físicas o morales con permiso de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, cuando contravengan lo dispuesto en el artículo 59 de esta ley.

Octavo. Se adiciona un sexto párrafo al artículo 74, para quedar como sigue:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Serán multados hasta con la suma equivalente a 3 mil salarios mínimos, a los conductores que hayan sido sancionados por infringir lo dispuesto en el artículo 59 de esta ley.

VII. Serán multados hasta con la suma equivalente a 10 mil salarios mínimos, los propietarios, concesionarios o permisionarios, que no se sujeten a lo dispuesto al artículo 59 de esta ley.

Noveno. Se adicionan las fracciones VI, VII, VIII y IX al artículo 74 Ter, para quedar como sigue:

Artículo 74 Ter. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Cuando sea detectado en un área de descanso y aparcamiento, un conductor, relevo o acompañante con oficio de chofer, cansado e insista a proseguir con su viaje.

VII. Cuando sea detectado en la bitácora de viaje menos del tiempo necesario de descanso, que garantice la lucidez para la operación del vehículo de autotransporte.

VIII. Cuando sean detectadas incoherencias entre el reporte de horas descanso del conductor en los paraderos de descanso obligatorios y las bitácoras de los conductores.

IX. Cuando sea alterada la bitácora de viaje.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan a la presente ley.

Tercero. Todas las empresas concesionarias deberán prever las adecuaciones e inversiones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente norma en materia de servicios brindados por las áreas de descanso y aparcamiento.

Cuarto. La secretaría tendrá 60 días para hacer las adecuaciones pertinentes a sus reglamentos, una vez que haya sido publicada la presente iniciativa en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Revista Transporte Siglo XXI. Marzo de 2004. México. Sección: Competitividad.

2 Diario Excélsior, 11 de marzo de 2008. México. Sección: Nacional.

3 Tercer informe de labores. México. SCT, página 64.

4 http://www.ehui.com/tag/accidentes

5 Documento Seguridad Vial en Carreteras. Instituto Mexicano del Transporte. 2003. Volumen 224, página 35.

6 Revista Panamericana de Salud Pública. Julio de 2004. Volumen 16.

7 Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales. México. SCT.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputadas: Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Yolanda de la Torre Valdez, Claudia Edith Anaya Mota, (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Transportes.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputada, dígame usted.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota(desde la curul): Solicitarle a la diputada Ifigenia si nos permite adherirnos a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Diputada Martínez, tiene usted inconveniente en que se adhieran a su propuesta?

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández:Perdón, ¿cómo dice, diputado presidente?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Están solicitando adherirse a su propuesta. ¿Está usted de acuerdo?

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández:Con todo gusto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pasen, las diputadas y los diputados que deseen hacerlo, a suscribirlo.



ARTICULO 79 CONSTITUCIONAL - LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona un artículo 40 Bis y reforma el artículo 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y adiciona el 40 Bis y reforma el 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se adiciona un artículo 40 Bis y se reforma el artículo 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La democracia no se conquista de una vez y para siempre. Se trata de un horizonte en movimiento que debe actualizarse constantemente para garantizar su relevancia y efectividad continuas (O’Donnell, 1999).

En el ámbito político, la rendición de cuentas tiene dos dimensiones básicas, incluye, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público y, por otro, la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos.

A la rendición de cuentas, las realidades del poder le dan su razón de ser. Su misión está en reducir las incertidumbres del poder, limitar sus arbitrariedades, prevenir y remediar sus abusos, volver predecible su ejercicio, mantenerlo dentro de ciertas normas y procedimientos previamente establecidos.

En México, en la medida que ha evolucionado el sistema político mexicano, cada vez es mayor la demanda ciudadana por información precisa y comprobable de la administración pública, tanto de sus recursos como de la toma de decisiones y de los resultados de la gestión gubernamental. Demanda que hoy consideremos este como un derecho fundamental para el ciudadano y una obligación para sus representantes.

Las instituciones dedicadas al control de los fondos públicos, como el resto de instituciones democráticas, tienen el reto permanente de modernizarse y adaptarse a las nuevas situaciones para que esta labor sea cada día más eficaz. Ello representa una exigencia de gestión permanente del cambio.

La sociedad actual no solamente exige que el dinero público se utilice respetando la ley y que las cuentas de las administraciones reflejen adecuadamente la actividad económico-financiera llevada a cabo, sino que también reclama que la utilización de esos fondos públicos esté basada en criterios de eficiencia y economía.

Las instituciones de control deben contribuir a la mejora de la gestión de las entidades a las que fiscalizan, a fin de lograr una mayor eficacia en la utilización de los recursos públicos. Por ello, es importante contar con herramientas de carácter preventivo que permitan, por un lado, propiciar la calidad de la gestión de las entidades públicas y de los servicios que éstas prestan y, por otro, mejorar la gestión de la propia institución, aumentando el rendimiento y la calidad de los trabajos que realiza.

En este sentido es que se considera conveniente dotar de facultades o acciones de control preventivo a la Auditoría Superior de la Federación para perfeccionar los resultados de auditoría ex ante, fortaleciendo el ámbito ex post en la revisión de la Cuenta Pública.

Es preciso establecer los procesos, técnicas y métodos para que la ejecución de la función de control de la gestión económica y financiera de las administraciones públicas evolucione hacia la evaluación de las políticas y servicios públicos en favor de la sociedad mexicana.

En las democracias occidentales, los sistemas de controles y equilibrios (checks and balances) incorporados en las estructuras gubernamentales han constituido el centro de la buena gobernabilidad, y han contribuido al poder de los ciudadanos. Los incentivos que motivan a los servidores públicos y a los autores de las políticas –las recompensas y sanciones vinculadas a los resultados que contribuyen al desempeño del sector público– se encuentran arraigados en los marcos de responsabilidad de un país. La eficaz gestión del sector público y de los gastos del gobierno contribuye a determinar el curso del desarrollo económico y la igualdad social, en especial para los pobres y otros grupos desfavorecidos, tales como las mujeres y los ancianos.

En el México de 1824, con la primera Constitución de la República surgen las raíces del control interno al crearse el Departamento de Cuenta y Razón, y asignarse a la Tesorería atribuciones de normatividad en materia de presupuesto.

Durante el siglo XIX y hasta 1917, con diversas variantes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concentró las funciones de recaudación, distribución de recursos y las del control interno de carácter preventivo.

En diciembre de 1917, se creó el Departamento de Contraloría General de la Nación. Su objetivo fue realizar una inspección eficaz sobre los fondos y bienes de la nación, y contribuir a la regularización de los servicios gubernamentales y a la organización de la contabilidad general de la Hacienda Pública.

A partir de entonces, las atribuciones de control interno sufren diversas reformas para, sucesivamente, asignarse a diversas dependencias del Poder Ejecutivo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, Secretaría de la Presidencia, y Secretaría de Programación y Presupuesto.

La crisis económica de 1982 obligó a un replanteamiento del esquema de control del gobierno mexicano. La creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, hoy Secretaría de la Función Pública, fue la respuesta a la necesidad de fortalecer el sistema de control interno de la administración pública federal.

La Secretaría de la Función Pública ejerce sus atribuciones de control interno antes, durante y después de realizada la gestión gubernamental, y es, desde el Poder Ejecutivo, la responsable de vigilar la aplicación del gasto federal y las políticas y programas públicos, y de supervisar la actuación de dependencias y entidades gubernamentales, así como del comportamiento de los servidores públicos.

En cuanto al control externo, el esquema previsto reservó al Congreso de la Unión la facultad exclusiva de la revisión del gasto público y la sanción final a la aplicación de los recursos federales. Esta función, realizada por el Poder Legislativo a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es la que hoy conocemos como fiscalización superior.

Por su parte, la ASF ejerce su función fiscalizadora de carácter externo en los tres Poderes de la Unión, los entes públicos constitucionalmente autónomos, los estados y municipios, e incluso los particulares, cuando éstos reciban recursos federales, realizando su revisión de manera anual y de forma posterior a la gestión financiera del gobierno, una vez que se rinde al Poder Legislativo la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Importante es señalar que la acción de ambos controles debe ser vista bajo un enfoque complementario en beneficio del propósito que cada uno de ellos persigue. Un eficiente control interno propicia acciones de buen gobierno y facilita las acciones del control externo a través de la fiscalización superior.

El concepto de responsabilidad por los recursos públicos es muy importante en el proceso de gobierno de nuestro país y un elemento de crucial importancia para una democracia saludable.

Los legisladores, funcionarios de gobierno y público en general desean saber si los servicios del gobierno están siendo suministrados en forma eficiente, eficaz y económica y en conformidad con las leyes y reglamentos. También quieren saber si los programas de gobierno están alcanzando sus objetivos y resultados propuestos, y a qué costo. Los administradores del gobierno tienen la responsabilidad de responder ante los entes legislativos y público en general por sus actividades y resultados correspondientes. La auditoría gubernamental es un elemento clave para que el gobierno cumpla su deber de responder ante el público. La auditoría les permite, a ellos y a otros interesados, confiar en la información presentada sobre los resultados de los programas u operaciones, así como en los correspondientes sistemas de control interno.

En la fiscalización superior el país ha logrado avances fundamentales en la configuración de un marco jurídico más sólido, en la aplicación de renovados instrumentos técnicos de revisión, mayores facultades y presupuestos para el órgano fiscalizador, así como un esfuerzo importante por reducir las áreas que estaban al margen de la fiscalización y mejoras operativas en la revisión de la Cuenta Pública, pero a pesar de estos avances en el marco institucional y operativo de la fiscalización superior, es un hecho que deben continuar reforzándose esquemas para consolidar la fiscalización superior en México.

Los hechos de corrupción dada la alternancia democrática han propiciado en la percepción social la idea de que la fiscalización es incapaz de detectar y menos de combatir de manera oportuna la corrupción y abusos de poder de los que ejercen recursos públicos.

Una insuficiente cobertura efectiva de fiscalización ha generando importantes áreas de opacidad de la gestión pública a pesar de los esfuerzos formales no sustantivos por transparentar áreas claves de la administración pública.

Las tendencias internacionales de la fiscalización identifican seis áreas de competencia para la fiscalización: a) Combate a la corrupción; b) Rendición de cuentas; c) Transparencia; d) Efectividad, eficiencia y economía de las políticas y programas públicos; e) Institucionalización de la implantación de mejoras a la práctica gubernamental; y f) Identificación de riesgos y tendencias económicas de un entorno cambiante, lo que incluye la priorización de temas estratégicos y la evaluación de los impactos estructurales de las políticas públicas y los programas gubernamentales, en este sentido debemos continuar con cambios graduales en el marco de la fiscalización superior.

En este orden de ideas, se debe fortalecer el insumo para mejorar la planeación de auditorías, los controles preventivos ex ante que mejoren la eficiencia y control del gasto público, así como la rendición de cuentas, mejorando finalmente los servicios públicos a favor de los ciudadanos, esto a través de participaciones presenciales con calidad de observadores en procedimientos y acciones de la administración pública en la creación y desincorporación de empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos, organismos descentralizados y situaciones de carácter excepcional en la adquisición de bienes o servicios que por su cuantía sean de interés  nacional, generando con esto finalmente la disminución de los daños al patrimonio del Estado.

Estos controles preventivos o ex ante mejoraran la organización de cargas de trabajo para la Auditoría Superior de la Federación, la planeación en áreas de riesgo, la supervisión al momento en la correcta aplicación de los recursos, reduciendo también los tiempos de revisión de la Cuenta Pública al propiciar  la entrega de informes  previos de auditoría en forma más oportuna y con información que se pueda utilizar en el proceso de deliberación del presupuesto.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se adiciona un artículo 40 Bis y se reforma el artículo 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Artículo Primero. Se  reforma el párrafo segundo; se adiciona un sexto párrafo a la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 79. ...

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de prevención,posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

...

I. ...

...

...

...

...

Finalmente, sin perjuicio de los principios de posterioridad, anualidad, y definitividad, el auditor superior de la Federación o personal de mando superior de la entidad de fiscalización superior de la federación podrán tener participación presencial sin derecho a voz y voto sólo en calidad de observadores en procedimientos y acciones de la administración pública.

Artículo Segundo.Se adiciona artículo 40 Bis; se adiciona una fracción II, recorriendo las subsecuentes al artículo 85 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 40 BIS. Para los efectos de lo previsto en el párrafo sexto de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el auditor superior de la Federación o personal de mando superior de la entidad de fiscalización superior de la federación podrán tener participación presencial sin derecho a voz y voto sólo en calidad de observadores en procedimientos y acciones de la administración pública en la creación y desincorporación de empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos, organismos descentralizados y situaciones de carácter excepcional en la adquisición de bienes o servicios que por su cuantía sean de interés  nacional.

Artículo 85. El auditor superior de la Federación tendrá las siguientes atribuciones:

I. ...

II. Tener participación presencial o delegar la misma en personal de mando superior de la  entidad de fiscalización superior de la federación. Dicha participación será sin derecho a voz y voto sólo en calidad de observador en procedimientos y acciones de la administración pública.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.



LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Miguel Ángel Riquelme Solís para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Miguel Ángel Riquelme Solís:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el juicio contencioso administrativo es un proceso judicial llevado a cabo por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se encuentra dentro de la estructura de la administración pública federal.

En un estado de derecho todo individuo que pudiera ser afectado en su esfera jurídica por un acto de autoridad administrativa tiene el derecho de defender sus intereses, buscando invalidar dicha decisión. El acceso a la administración de la justicia es un derecho fundamental que en parte no puede ser ejercido con plena eficacia al privilegiar procesalmente a la autoridad.

Actualmente existe la dificultad de que las personas que han iniciado un procedimiento y tienen su residencia en un lugar distinto al que radica la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conoce del conflicto, tienen que cumplir con cargas y obligaciones procesales dentro de plazos muy breves, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se producirá un perjuicio procesal que se reflejará en el sentido del fallo y por ende en su patrimonio.

Lo anterior resulta inequitativo y perjudica a los gobernados, en razón de que en el caso de las autoridades demandadas no existe tal cargo procesal, generalmente éstas residen en el mismo lugar de la sala ante la que se sigue el proceso. La norma, cuando se determina la competencia del tribunal, evidencia una cierta ventaja de la autoridad demandada sobre el demandante en términos procesales.

Esta iniciativa responde a la necesidad de equilibrar el proceso, ya que es una práctica procesal común que la autoridad demandada –al percatarse de la ventaja procesal antes referida– cuestione la autenticidad de la firma que calza el escrito de demanda y, por tanto, propicia que se le imponga al gobernado la obligación de trasladarse en un plazo insuficiente, dado que en la mayoría de los casos su domicilio está ubicado en un lugar distante a la sede de la sala que conoce de su controversia.

Para poder desahogar una carga procesal, lo que a diferencia de la autoridad demandada usualmente no ocurre por residir en el mismo lugar del tribunal y lo que de manera invariable coloca las partes en un estado de inequidad procesal en perjuicio del gobernado.

En este orden de ideas, el proceso actual afecta de manera directa el patrimonio de los ciudadanos, ya que éstos requieren incurrir en gastos de traslado, los cuales no pueden ser reembolsados, ya que no se contempla el pago de costos.

Por otra parte, si el demandante no logra trasladarse a tiempo para cumplir con el requerimiento antes referido, resultaría en el desecho su demanda. No obstante que pudiera resultar auténtica la firma que calce ese documento.

La iniciativa en comento propone compensar la inequidad procesal, haciéndose las modificaciones pertinentes a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con la finalidad de que cuando la parte demandada sostenga la falsedad de una promoción firmada por la actora, y ésta resida en un lugar distinto al que se ventila el juicio de nulidad, la sala ordene la ratificación de la firma cuestionada por la parte que la suscribió y que, en caso de que ésta no acuda en el plazo fijado, ya no sea desechada de plano la promoción cuestionada, sino que se inicie un incidente de falsedad de firma, que se tramite por cuerda separada suspendiendo el procedimiento principal.

Para efectos del trámite del incidente en mención, la sala apoyada en la prueba pericial que se rinda por un perito oficial determinará la autenticidad o falsedad de la firma cuestionada, lo que implica un procedimiento que a pesar de interrumpir el juicio principal no conlleva un trámite complejo y le dota de certeza, evitando esa inequidad y consecuente perjuicio de los derechos de los gobernados.

Por tanto, compañeros diputados, someto a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para que se adicione un segundo párrafo al artículo 4o. de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo en caso de que se cuestione la autenticidad de la firma estampada en un lugar distinto a la que se radica en la sala ante la que se sustancie el juicio. El magistrado instructor puede citar a dicha parte para que en el plazo de tres días estampe su firma en presencia del secretario, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo de oficio se dará inicio al incidente de falsedad de la firma.

De igual manera, propongo que se adicione el artículo 36 Bis a la mencionada Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que cuando la parte actora no acuda a rectificar su firma, en los términos de lo dispuesto en el artículo 4o. de esta ley –termino, presidente–, de oficio se inicie un incidente de falsedad de firma estableciendo que ésta se tramitará por cuerda separada y con la suspensión del procedimiento principal –como ya lo he mencionado–, en donde el magistrado instructor solicitará a un perito oficial la emisión del dictamen respectivo, quien a su vez estando en aptitud de rendir su dictamen deberá hacerlo en un plazo improrrogable de 10 días.

Solicito a la Presidencia sea incluido el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo del diputado Miguel Ángel Riquelme Solís y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

pri3Los diputados a la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Miguel Riquelme Solís, Francisco Saracho Navarro, Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Rubén Moreira Valdez, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Noé Fernando Garza Flores y Tereso Medina Ramírez, con fundamento en los artículos 71, fracción II; 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 4, y el actual segundo párrafo pasa a ser tercer párrafo; se adiciona una fracción VII al artículo 29; se reforma el primer párrafo del artículo 36; y se adiciona un artículo 36 Bis, a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Exposición de Motivos

Es claro que aún no ha sido superada aquella tradición adoptada del derecho español y que data del siglo XIX, relativa a la centralización de la tarea de impartición de justicia, tal como sucedió en la época colonial cuando se provocó la concentración de los abogados en las ciudades de México y Guadalajara, en las cuales residían las dos únicas audiencias o tribunales de apelación.

Hoy día, esta tradición centralista ha permeado en el ámbito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo que se desprende del contenido del artículo 34 de la Ley Orgánica de dicho tribunal, dado que será competente la sala del lugar de residencia de la autoridad que haya dictado la resolución impugnada, que pretenda ejecutarla, o que busque la nulidad de una resolución administrativa favorable a un particular; es decir, si tomamos en cuenta que el lugar donde residen la mayoría de las autoridades administrativas federales, es del Distrito Federal y que por ello, la generalidad de los juicios de nulidad deberán sustanciarse en esta entidad federativa, se confirma que el aludido centralismo, sigue vigente.

Lo anterior resulta pernicioso para los demandantes que tienen su residencia particular en un lugar distinto al de la circunscripción territorial a la que pertenece la sala regional que conocerá del conflicto expuesto, dado que existen cargas y obligaciones procesales que las partes deben cumplir dentro de los plazos señalados por la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, bajo el apercibimiento de que de no desahogarse en forma personal, se producirá un perjuicio procesal que se reflejará en el sentido del fallo que resuelva el juicio y, por ende, en su patrimonio.

Tal dificultad se ve agudizada en forma notable, cuando el gobernado demandante tiene que trasladarse en un plazo sumamente corto, desde su domicilio particular que puede estar ubicado en una región muy distante a la sede de la sala que conoce de su controversia, para poder desahogar una carga procesal; a diferencia de la autoridad demandada, que usualmente no tiene dicha dificultad por residir en el mismo lugar de la sala, lo que de manera invariable coloca a las partes en un estado de inequidad procesal en perjuicio del gobernado.

Lo antes relatado se verifica cuando la autoridad demandada al percatarse de la desventaja que le representa al gobernado residir en una entidad federativa distinta a la en que radica la sala en que se ventila su juicio de nulidad, tilda de falsa la firma que calza el escrito de demanda lo que, consecuentemente, origina que el magistrado instructor le imponga al actor la carga procesal de ratificar la firma plasmada en el documento, en un plazo sumamente breve de tres días, so pena de que, de no hacerlo, se desechará el escrito inicial de demanda.

En este sentido, al resultar, en la mayoría de los casos, imposible para el gobernado trasladarse a tiempo para cumplir con el requerimiento antes referido, se le genera el perjuicio de que le sea desechada su demanda o, en otros casos, por precluido el derecho ejercido en la promoción desestimada, no obstante que pudiera resultar auténtica la firma.

La iniciativa en comento propone evitar estos casos de inequidad procesal, haciéndose las modificaciones pertinentes a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, con la finalidad de que cuando la parte demandada sostenga la falsedad de una promoción firmada por la actora que resida en una entidad federativa distinta a la que radique la sala ante la que se ventila el juicio de nulidad, el magistrado instructor ordene la ratificación de la firma cuestionada, por la parte que la suscribió y que, en caso de que ésta no acuda en el plazo fijado, ya no se dese-che de plano la demanda o promoción cuestionada, sino que se inicie de oficio un incidente de falsedad de firma que se tramite por cuerda separada suspendiendo el procedimiento principal.

Para efectos del trámite del incidente en mención, la sala apoyada en la pericial que se rinda por un perito oficial, determinará la autenticidad de la firma cuestionada; lo que implica un procedimiento que, a pesar de interrumpir el juicio principal, no conlleva un trámite engorroso y le dota de mayor certeza evitando esa inequidad y perjuicio a los derechos de los gobernados, antes precisado.

Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 4o. de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, y el actual segundo párrafo pasa a ser tercer párrafo, para quedar como sigue:

Artículo 4o. Toda promoción deberá contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada de quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada. Cuando el promovente en un juicio en la vía tradicional, no sepa o no pueda estampar su firma autógrafa, estampará en el documento su huella digital y en el mismo documento otra persona firmará a su ruego.

Si se cuestiona la autenticidad de la firma estampada en alguna promoción suscrita por la parte actora y ésta reside en una entidad federativa distinta a la que radica la sala ante la que se substancia el juicio, el magistrado instructor citará a dicha parte, para que en el plazo de tres días, estampe su firma en presencia del secretario, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, de oficio se dará inicio al incidente de falsedad de firma, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 Bis y 39 de ésta ley.

Cuando la resolución afecte a dos o más personas, la demanda deberá ir firmada por cada una de ellas, y designar a un representante común que elegirán de entre ellas, si no lo hicieren, el magistrado instructor nombrará con tal carácter a cualquiera de los interesados, al admitir la demanda.

Segundo. Se adiciona una fracción VII al artículo 29 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 29. En el juicio contencioso administrativo federal sólo serán de previo y especial pronunciamiento:

I. a VI. ...

VII. La falsedad de firma en términos de lo establecido en el artículo 4 de esta ley.

Tercero. Se reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 36. Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento, incluyendo las promociones y actuaciones en juicio, distintas de las precisadas en el artículo 4 de esta ley, el incidente se podrá hacer valer ante el magistrado instructor hasta antes de que se cierre la instrucción en el juicio. El incidente se substanciará conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 39 de esta ley.

Cuarto. Se adiciona un artículo 36 Bis a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 36 Bis. Cuando la parte actora no acuda a ratificar su firma, en términos de lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley, de oficio se iniciará un incidente de falsedad de firma, que se tramitará por cuerda separada y con suspensión del procedimiento principal, en el que el magistrado instructor solicitará a un perito oficial la emisión del dictamen respectivo.

Para efecto de que el perito oficial esté en aptitud de rendir su dictamen, se solicitará a las partes los documentos y comparecencias que dicho profesionista considere necesarias.

Una vez que el perito oficial cuente con los elementos necesarios para la elaboración de su dictamen, deberá rendirlo en un plazo improrrogable de 10 días.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 16 de marzo de 2010.— Diputados: Miguel Riquelme Solís (rúbrica), Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Rubén Moreira Valdez (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Tereso Medina Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia.



REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados asistentes.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 433 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no hayan registrado su asistencia disponen de 15 minutos para hacerlo por cédula.



LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 167 y 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El diputado Juan Carlos Natale López: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Como bien sabemos la Profepa es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tiene por objeto vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia ambiental.

Esta dependencia posee el carácter de ser la entidad administrativa directamente responsable de investigar, procesar y, en su caso, de iniciar los procedimientos administrativos derivados de las visitas de inspección y verificación en materia ambiental.

Los procedimientos administrativos de inspección y vigilancia se caracterizan por integrarse bajo tres etapas procesales: la primera, es la etapa de planteamiento que se lleva a cabo con una visita de inspección. Le sigue la etapa probatoria, materializada con el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Y concluye con la etapa de resolución conformada por la presentación de alegatos y la resolución administrativa.

Sin embargo, las disposiciones que actualmente regulan este procedimiento presentan algunas imprecisiones que se pretenden solucionar con la iniciativa objeto de nuestra propuesta legislativa.

La primera es la falta del término máximo para que la autoridad resuelva la procedencia de instaurar o no un procedimiento administrativo y emplazar al presunto responsable.

Actualmente la ley en comento solamente prevé el término que el interesado tendrá para ofrecer pruebas, lo que presupone que el particular ya ha sido emplazado pero no indica cuál es el tiempo máximo que la autoridad ordenadora tiene para llevar a cabo el emplazamiento una vez que ha recibido el acta de inspección.

Es por ello que propongo que el emplazamiento que da inicio al procedimiento administrativo se lleve a cabo dentro de los 10 días hábiles posteriores a que se concluya con la visita de inspección.

La segunda imprecisión se basa en la falta del plazo en el que la autoridad deberá poner a disposición del interesado las constancias que integran el expediente, a efecto de que cuente con los elementos necesarios para formular sus alegatos.

Por ello se propone reformar la ley a efecto de establecer que una vez que hayan sido deshogadas las pruebas ofrecidas por el interesado o bien que haya transcurrido el término previsto para tales efectos, sin que se haya hecho uso de este derecho, la autoridad dentro de los cinco días hábiles posteriores a la actualización de esta hipótesis declarará concluido el periodo probatorio y pondrá a disposición del interesado las constancias que integran el expediente, a efecto de que esté en la posibilidad de formular sus alegatos.

Por último, la ley obliga a la autoridad ordenadora a emitir la resolución administrativa que pone fin al procedimiento de inspección y vigilancia, dentro de los último 20 días hábiles siguientes a la fecha en que se reciben los alegatos o a que transcurra el término previsto para tales efectos sin que se haya hecho uso de este derecho.

Con este artículo se da fin al procedimiento administrativo instaurado por la Profepa. Sin embargo, y de acuerdo con el procedimiento llevado a cabo por esta dependencia, antes de la resolución se emite un acuerdo de trámite de presentación o no presentación de alegatos, el cual tiene como objeto dejar evidencia de la recepción y análisis de los documentos presentados en esta etapa del procedimiento.

Dicho acuerdo no tiene una fecha de elaboración ni notificación al presunto infractor, lo cual ha ocasionado retrasos en las resoluciones administrativas. Es por ello que se propone que la Profepa elabore y notifique el acuerdo de alegatos respectivos en un periodo no mayor a cinco días.

Con esta reforma se pretende limitar la discrecionalidad que actualmente tienen las autoridades administrativas, estableciendo los tiempos máximos que deben existir entre la conclusión de una etapa del procedimiento y el inicio de la siguiente etapa, a fin de garantizar la consolidación y transparencia de dicho proceso administrativo. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma los artículos 167 y 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

Juan Carlos Natale López, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el presente proyecto de decreto con base a la siguiente

Exposición de Motivos

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natural, que tiene por objeto vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia ambiental.

Entre sus atribuciones se encuentran vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales; salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental procurando el cumplimiento de la legislación ambiental y sancionando a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales

La Profepa, esta integrada por 4 subprocuradurías y 32 delegaciones federales. La Subprocuraduría Jurídica y las ares respectivas en las 32 delegaciones de la Profepa, están encargadas de llevar los procedimientos administrativos derivados de las visitas de inspección y verificación.

Los procedimientos administrativos de inspección y vigilancia que regula la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), constituye un elemento fundamental del sistema de impartición de justicia ambiental en el país. A través de éste las autoridades administrativas competentes vigilan que los particulares cumplan con las disposiciones que prevé dicho ordenamiento y los que de él derivan, e impone sanciones de índole administrativo a los que las incumplen.

En términos generales, el procedimiento de inspección y vigilancia, inicia con una visita de inspección que la autoridad verificadora realiza al particular que se presume pudiera estar incumpliendo alguna disposición ambiental. De esta forma, la autoridad verificadora se constituye en el sitio de la probable afectación ambiental y constata in situ la forma de la afectación, asentando el resultado de la diligencia en un acta circunstanciada que al término de la diligencia remite a la autoridad ordenadora.

Posteriormente, la autoridad que ordenó la práctica de la visita de inspección determina, a partir del contenido del acta circunstanciada, si es necesario imponer mediadas correctivas o de urgente aplicación, en caso de que durante la visita de inspección se hayan constatado afectaciones al medio ambiente de tal magnitud que merezcan una intervención inmediata; asimismo emplaza al presunto responsables para que acuda a manifestar lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes a su causa.

Una vez desahogadas las pruebas que, en su caso, hayan sido ofrecidas por el interesado, la autoridad pone a disposición de éste las constancias que integran el expediente para que formule sus alegatos en los que expresa porque considera que le asiste la razón. Finalmente, la autoridad dicta la resolución administrativa correspondiente, en donde determina si el presunto responsable incumplió o no con sus obligaciones ambientales y, en su caso, impone las sanciones que conforme a derecho corresponden.

En este orden de ideas, es factible afirmar que el procedimientos administrativo de inspección y vigilancia está integrado de tres etapas procesales bien diferenciadas: i) la etapa de planteamiento (materializado con la visita de inspección) ii) la etapa probatoria (materializada con el ofrecimiento y desahogo de pruebas; y iii) la etapa de resolución (materializada con la presentación de alegatos y la emisión de la resolución administrativa).

Ahora bien, es importante señalar que las disposiciones que actualmente regulan este procedimiento presentan las siguientes imprecisiones que la iniciativa que se pone a consideración de la Cámara de Diputados pretende resolver:

1. En el primer párrafo del artículo 167 de la LGEEPA no se establece un término máximo para que la autoridad resuelva sobre la procedencia de instaurar o no un procedimiento administrativo y emplazar al presunto responsable.

En la actualidad el precepto en cita dispone lo siguiente:

“Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, cuado proceda... para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación... Asimismo, deberá señalarse al interesado que cuenta con un término de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la secretaría”.

Como se desprende de este precepto, solamente se prevé el termino que el interesado tendrá para ofrecer pruebas, lo que presupone que el particular ya ha sido emplazado, pero no indica cuál es el tiempo máximo que la autoridad ordenadora tiene para llevar a cabo el emplazamiento, una vez que ha recibido el acta de inspección.

Es importante indicar, que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es la ley supletoria a la LGEEPA, la cual en su artículo 32 indica:

Artículo 32. Para efectos delas notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos, visitas e informes, a falta de términos o plazos establecidos en las leyes administrativas para la realización de trámites, aquéllos no excederán de diez días. El órgano administrativo deberá hacer del conocimiento del interesado dicho plazo.

Por lo cual, el plazo establecido para la emisión del emplazamiento esta subsanado con la Ley del Procedimiento Administrativo.

Sin embargo, es necesario que se establezca en la LGEEPA, la acción del emplazamiento y el plazo para su emisión, con la finalidad de que los procedimientos administrativos en materia ambiental instaurados por la autoridad no tengan debilidades en el marco jurídico que permitan la nulidad del proceso.

Es por ello que en la presente iniciativa proponemos para subsanar esta omisión, adicionar un párrafo segundo al artículo 167 de la LGEEPA, recorriéndose el subsiguiente, a efecto de prever que el emplazamiento al procedimiento debe llevarse a cabo dentro de los diez días hábiles posteriores a que se concluya con la visita de inspección, esto sin perjuicio de que la autoridad con anterioridad al emplazamiento requiera al interesado para que adopte las medidas correctivas o de urgente aplicación que considere necesarias, en aquellos casos en los que durante la visita de inspección se constaten afectaciones al medio ambiente de tal magnitud que merezcan una intervención inmediata de parte de la autoridad.

2. En el actual segundo párrafo de la LGEEPA, no señala el plazo en el que la autoridad deberá poner a disposición del interesado las constancias que integran el expediente a efecto de que cuente con los elementos necesarios para formular sus alegatos. Por ello, se propone reformar el segundo párrafo del citado precepto, a efecto de establecer que una vez que hayan sido desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado o bien que haya transcurrido el termino previsto para tales efectos, sin que se haya hecho uso de este derecho, la autoridad, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la actualización de esta hipótesis, declarará concluido el periodo probatorio y pondrá a disposición del interesado las constancias que integran el expediente a efecto de que esté en posibilidad de formular sus alegatos.

3. Por último, en el primer párrafo del articulo 168 de la LGEEPA, se obliga a la autoridad ordenadora a emitir la resolución administrativa que pone fin al procedimiento de inspección y vigilancia, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en la que se reciban los alegatos o a que transcurra el termino previsto para tales efectos sin que se haya hecho uso de este derecho.

Con este artículo se da fin al procedimiento administrativo instaurado por la Profepa. Sin embargo y de acuerdo con el procedimiento llevado a cabo por esta dependencia, antes de la resolución se emite un acuerdo de trámite de presentación o no presentación de alegatos, el cual tiene como objeto dejar evidencia de la recepción y análisis de las documentales presentadas en esta etapa del procedimiento. Dicho acuerdo, no tiene una fecha de elaboración y notificación al presunto infractor, lo cual ha ocasionado retrasos en las resoluciones administrativas.

Si bien, el acuerdo de alegatos, no es una etapa de procedimiento administrativo, de acuerdo con la LGEEPA y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, es una acción llevada a cabo para dar cumplimiento a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual es supletorio a la Ley del Procedimiento Administrativo. Por tal motivo, es un requisito indispensable durante el procedimiento administrativo, con el cual se da certeza a los presuntos infractores que todas las pruebas entregadas a la autoridad fueron analizadas y forman parte del expediente del procedimiento bajo el cual están sujetos.

Es por ello, que se propone reformar el primer párrafo del artículo 168 de la LGEEPA, para que se elabore y notifique el acuerdo de alegatos respectivo en un periodo no mayor a 5 días.

Con la reforma que se plantea se pretende limitar la discrecionalidad que actualmente tienen las autoridades administrativas, para determinar el momento en el que se da inicio a ciertas etapas del procedimiento de inspección y vigilancia en materia ambiental, estableciendo, por disposición de la ley, el tiempo que como máximo deberá existir entre la conclusión de una etapa del procedimiento y el inicio de la siguiente etapa, a fin de garantizar la sustanciación concatenada de dicho procedimiento administrativo.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 167 y 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Artículo Único. Se adiciona el párrafo segundo recorriéndose el subsiguiente y se reforman el párrafo segundo ahora tercero del artículo 167 y se reforma el artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 167. ...

El emplazamiento deberá practicarse dentro de los diez días hábiles siguiente a que concluya la visita de inspección, sin perjuicio de que la autoridad requiera previamente al interesado para que adopte las medidas correctivas o de urgente aplicación que considere necesarias.

Dentro de los cinco días posteriores a que se concluya con el deshago de las pruebas ofrecidas por el interesado, o bien trascurrido el término referido en el primer párrafo de este artículo sin que se haya hecho uso de este derecho, la autoridad declarará concluido el periodo probatorio y en el mismo acto pondrá a disposición del interesado las actuaciones que consten en el expediente para que dentro del término de tres días hábiles formule sus alegatos por escrito.

Artículo 168.- Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la Secretaría en un periodo no mayor a 5 días posteriores a la entrega, elaborará y notificará el acuerdo de alegatos respectivo, posterior a la notificación y en un plazo no mayor a 20 días, se dictará por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciseis días del mes de marzo del año dos mil diez.— Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



LEY DE APOYO SOLIDARIO PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CAMPO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, suscrita por la diputada Ramírez Pineda y Luis Videgaray Caso, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Narcedalia Ramírez Pineda:Señor presidente, compañeros diputados: la iniciativa de Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo que hemos suscrito el diputado Luis Videgaray y yo, expresa los sentimientos de aquellos humildes mexicanos, del México profundo, que quieren terminar su vida de una manera digna.

Me honra mucho presentarles este alegato reivindicador. Traer hasta esta tribuna la voz de poco más de un millón y medio de adultos mayores de 70 años y más, que no piden ni requieren de nuestra misericordia, sino que reclaman nuestra plena solidaridad y responsabilidad legislativa.

En el mundo rural ancestralmente se han respetado socialmente los años. El viejo, sobre todo en las comunidades indígenas, tenía un lugar destacado, no por viejo sino por la madurez y sus juicios más reposados producto de la experiencia.

Hoy, sin embargo, en ese universo, envejecer en la pobreza para los hombres y mujeres que dejaron atrás su edad productiva es sencillamente una condena. Pobreza para este sector social no quiere decir sólo carecer de satisfactores materiales, para ellos implica también exclusión social, negación de oportunidades para llevar una vida plena.

En el campo, la ley de hierro del mercado los expulsa de la competencia y los hace pasar al recinto de los innecesarios. Por eso los adultos mayores se debaten en el círculo vicioso de las necesidades. Su realidad de desechables incuba su pobreza.

La seguridad social de la que hoy se benefician los obreros y los trabajadores al servicio del Estado no ha llegado a la población rural. 20 millones de personas del agro mexicano no tienen acceso a la seguridad social y sólo dos de cada 100 pesos que entran como cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social provienen de ese sector. Son datos duros que desafortunadamente comprueban que si el mundo rural en general está desprotegido, el segmento de la población mayor de 70 años vive una auténtica soledad social.

Muchos países, para hablar de América Latina, han alcanzado una cobertura en su régimen de seguridad social, principalmente en el área rural, donde se otorgan pensiones asistenciales por vejez e invalidez a las personas mayores de 70 años que no cuentan con algún tipo de beneficio previsional o de retiro. Son pensiones no contributivas que han tenido repercusiones importantes en el alivio a la pobreza en esos pueblos.

La filosofía de la seguridad social de esos programas es lo que queremos para los adultos mayores de México como una política de Estado. Lo que esta iniciativa propone es que este sector de adultos mayores tenga garantizados en esta ley los apoyos económicos que le son indispensables.

Plantea que con criterios de justicia, equidad y sustentabilidad fiscal el Estado garantice y atienda con prioridad a los adultos mayores de 70 y más años, que viven en comunidades rurales de hasta 2 mil 500 habitantes.

Asegurar para ellos los beneficios del Seguro Popular y con él una pensión vitalicia, un seguro de vida y un pago de marcha sería nuestra más trascendental contribución a los valores de la solidaridad humana.

Compañeros diputados, los adultos mayores de las comunidades rurales han esperado históricamente la justicia social que les reivindique su dignidad y sus derechos humanos. Esta iniciativa busca recuperar para ellos el respeto social a que tienen derecho y darles un poco de certidumbre en el invierno de su vida.

Hoy los mexicanos de 70 años y más deben saber que en su nombre estamos luchando por sacarlos de su marginación social, que estamos buscando alternativas para que la esperanza pueda renacer para ellos. Queremos estar a la altura de nuestra responsabilidad social y política como representantes del pueblo.

Señor presidente, le solicito respetuosamente que la iniciativa que hoy el diputado Luis Videgaray y la de la voz hemos inscrito sea publicada íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, suscrita por los diputados Narcedalia Ramírez Pineda y Luis Videgaray Caso, del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados que suscriben, Luis Videgaray Caso y Narcedalia Ramírez Pineda, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En toda la geografía rural de nuestra patria, sobre todo en las miles de pequeñas poblaciones menores de 2 500 habitantes, los mexicanos de 70 o más años de edad, padecen lacerantescondiciones de pobreza extrema, prácticamente excluidos de los programas gubernamentales y con pocas perspectivas de superar las condiciones de precariedad de su existencia y el abandono en que viven.

El Consejo Nacional de Población estima que, debido al aumento de la esperanza de vida, en las zonas rurales del país la población de adultos mayores de 70 años de edad será de 1 632 000 este año, de 1 930 000 en el 2015 y de 3 594 000 en el 2030.

En los hogares de estos mexicanos, el ingreso –cuando existe- es extremadamenteinferior al indispensable para atender sus necesidades alimentarias. Sin embargo,su pobreza no es sólo la carencia de satisfactores materiales. Su miseria implica también exclusión social, negación de oportunidades para llevar una vida plena, es discriminación e incluso rechazo familiar.

Esta condición de vulnerabilidad, asociada a la falta deindependencia, confianza yautoestima,nos confirma que la pobreza no es sólo un problema de falta de ingresos o de desarrollo humano. Para estos hombres y mujeres que dejaron atrás su edad productiva, esta situación social implica también carencia de representación para hacer escuchar sus voces de inconformidad y exigir sus derechos.

Golpea la conciencia constatar el abandono, maltrato y marginación que, aun al interior de sus hogares, caracterizan la vida cotidiana de los adultos mayores del campo; son imágenes que reproducen de manera dolorosa la realidad de las comunidades más marginadas donde mujeres y hombres ancianos, abandonados a su suerte, enfermos, sin opciones y menos atención alguna, se ven obligados, en muchos casos, a la indigencia que lastima aún más su dignidad.

El problema de fondo es la desigualdad. La estructura socioeconómica del campo es inequitativa e injusta. De las 4 500 000 unidades productivas con que cuenta el país, bajo diferentes modalidades jurídicas de propiedad y tenencia, 3 millones corresponden a parcelas de ejidatarios, la mayoría de ellas minifundios de escasa productividad; 1 335 000 a productores medianos; 150 000 a pequeños productores; y sólo 15 000 a grandes negocios o empresas.

Esta estructura piramidal de la propiedad y uso de la tierra campesina, de base muy ancha y de cúpula privilegiada, hace que los campesinos involucrados también difieran grandemente en cuanto a su potencial productivo y económico. Aproximadamente el 90% sólo produce para el autoconsumo. Ante lo exiguo de su ingreso, la inmensa mayoría -si no es que la totalidad- de los adultos mayores del campo, no pudieron, a lo largo de su vida, cotizar en un esquema de seguridad social que les otorgara un ingreso permanente para enfrentar los riesgos de su vejez, discapacidad o invalidez.

Así, los logros sociales mayores del siglo XX, como son la Reforma Agraria y la seguridad social universal, prácticamente no llegaron a este olvidado grupo social de nuestra patria y su situación de miseria y marginación a lo largo y ancho de nuestro territorio, es hoy una dramática denuncia que no podemos desoír, sino, antes bien, nos compromete política e ideológicamente a enfrentar con determinación para saldar la añeja e insoluta deuda que tiene nuestra sociedad con todos esos mexicanos que merecen toda nuestra solidaridad.

Partimos de la realidad de que la Seguridad Social de la que hoy se benefician los obreros y los trabajadores al servicio del Estado, no sólo no ha llegado a los adultos mayores del campo, sino incluso ha sido omisa o ha retrocedido en el aseguramiento de los trabajadores agrícolas, pues de los 3.7 millones que venden su fuerza asalariada en los campos productivos de nuestro país, a más de medio siglo de haber sido creado el Instituto Mexicano del Seguro Social, apenas se encuentran afiliados 450 mil, que representan únicamente un 12% de ese universo.

En la actualidad, 20 millones de personas del agro mexicano no tienen acceso a la seguridad social y sólo dos de cada cien pesos que entran como cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social provienen de ese sector. Son datos duros que desafortunadamente comprueban que si el mundo rural en general está desprotegido, el segmento de población mayor a los 70 años vive una auténtica soledad social.

No existe una política de Estado en materia de seguridad social para los campesinos y las familias rurales, desatendiéndose asuntos como las pensiones y jubilaciones por cesantía, que hagan posible el sostenimiento de los adultos mayores que ya no están en condiciones de trabajar y que, en consecuencia, no pueden valerse por sí mismos.

La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares más reciente destaca que sólo el 10% de los ingresos por pensiones fueron captados por los hogares ubicados en localidades rurales, y, en el caso de lossegmentos de hogares más pobres, que se ubican en comunidades de hasta 2 500 habitantes, esta participación es de sólo 0.1%.

La seguridad social para los campesinos que sólo dependen de su tierra y de su fuerza de trabajo es la que les ofrece el Seguro Popular en materia de atención a la salud. Los demás beneficios que implica la seguridad social, como la pensión por vejez, el seguro de vida y el pago de marcha, de los que sí se benefician otros sectores, son inexistentes para este sector.

La Organización Internacional del Trabajo define la seguridad social como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.”Para los adultos mayores del campo mexicano esta definición es sólo una buena y remota intención que no está presente en sus vidas ni en sus familias.

Lo mismo ocurre con el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que “ Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”

Rigen también en nuestro país los convenios 35 (1933), 36 (1933), 48 (1935), 128 y 131 (1967) de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales nos comprometen a garantizar la seguridad social y las pensiones para los ancianos mayores de 65 años de edad.

Por su parte, nuestra Constitución Política establece claros mandatos a favor del bienestar y la seguridad social de los campesinos, que esperan la acción efectiva del Estado y de las leyes para hacerse realidad.

En su artículo primero la Constitución establece que “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”.

Asimismo, el Apartado B en su artículo segundo dispone con claridad que “La Federación, los Estados y los Municipios, (...) tienen la obligación de (...) III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil”.

Y en su artículo cuarto establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Y si bien el artículo 123 de nuestra Constitución regula las relaciones laborales y el derecho de los trabajadores a la protección social para todos, incluidos los trabajadores del campo y jornaleros agrícolas, esta disposición tiene escasa aplicación en las comunidades rurales, y es letra muerta en el caso de los ancianos y discapacitados que viven en esas comunidades.

Lo mismo ocurre con la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que definen las modalidades para llevar diversos bienes públicos, entre ellos los de la seguridad social, a campesinos, trabajadores del campo, indígenas y pequeños productores; señalan la obligatoriedad para los programas del gobierno federal de impulsarla, lo mismo que la salud, la educación, la alimentación y la atención a personas de la tercera edad.

Estas disposicionesreflejan el interés del Estado mexicano por la población rural, pero en la realidad sus beneficios no están a la altura de las intenciones ni se traducen en una vida más digna para los campesinos y sus familias, especialmente de los que más necesitan el apoyo del Estado.

Entre otras disposiciones pertinentes, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece en su artículo 154 que “Los programas del Gobierno Federal, impulsarán una adecuada integración de los factores del bienestar social como son la salud, la seguridad social, la educación, la alimentación, la vivienda, la equidad de género, la atención a los jóvenes, personas de la tercera edad, grupos vulnerables, jornaleros agrícolas y migrantes, los derechos de los pueblos indígenas, la cultura y la recreación; mismos que deberán aplicarse con criterios de equidad”.

Y por si estos mandatos legales y otros similares no fueran suficientes, el Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito en el 2003, asume el objetivo de “alcanzar un desarrollo rural sustentable que garantice una redimensión social, productiva y económica de la población campesina, bajo el criterio de paridad urbano-rural que ha sido enunciado como principio rector del Acuerdo Nacional para el Campo, a través de la promoción y transformación productiva del sector primario, así como de actividades económicas alternativas y de un acceso justo a los más elementales satisfactores y servicios públicos, que el Estado está obligado a proporcionar a todos los mexicanos por igual, sin importar su ubicación territorial, urbana o rural.

A pesar de estas justas y humanitarias intenciones, acuerdos y normas jurídicas, en las comunidades campesinas e indígenas de México, por ausencia de políticas e insuficiencias administrativas, los dispositivos emanados de los mismos e incluso de recientes programas de gobierno, como el denominado “70 y Más”, originalmente destinado a los ancianos de las localidades rurales con hasta 2 500 habitantes, se quedan sólo en la intención. Lo mismo ocurre con lo dispuesto en la Ley del Seguro Social que extiende la seguridad social al campo mexicano, al señalar claramente que son sujetos de ella las mujeres y los hombres del campo que tengan el carácter de trabajadores independientes; o con la declaración de que los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; los ejidos y otras formas superiores de organización, podrán acceder a la seguridad social.

A nivel mundial, por el contrario los apoyos económicos y la seguridad social a los grupos vulnerables se han ido convirtiendo en una política de Estado bajo el criterio de que ése es el medio más idóneo para redistribuir mejor el ingreso y luchar más eficazmente contra la pobreza. Así,en Europa se tiendea garantizar el derecho de todos a recibir un ingreso permanente y ser objeto de atención especializada a determinada edad.

Lo mismo sucede en diversos países de América Latina en los que existen leyes, políticas y programas que otorgan diversos beneficios, incluyendo un apoyo económico a los adultos mayores, por los cuales no se requiere ningún pago de cuotas para tener derecho al mismo.

Gracias a la introducción depensiones no contributivas para adultos mayores, Brasil ha alcanzado una cobertura excepcional de su régimen de seguridad social, principalmente en el área rural.

En Argentina se otorga pensiones asistenciales por vejez e invalidez a las personas mayores de 70 años que no cuentan con algún tipo de beneficio previsional o de retiro; tampoco con bienes, ingresos ni recursos de cualquier tipo que les permitan la subsistencia de su grupo familiar. La pensión de vejez es un monto fijo mensual que incluye servicios médicos, y es financiada con recursos provenientes de impuestos generales.

Los bolivianos mayores cuentan con el Bonasol, un programa que transfiere dinero en efectivo a todos los ciudadanos residentes que tienen 65 o más años de edad, y que incluye gastos funerarios equivalentes a nuestro “pago de marcha”. El Bonasol es financiado con el Fondo creado por la privatización de empresas estatales.

En Chile existe la pensión básica solidaria de vejez e invalidez. Para la pensión de vejez el beneficiario debe tener 65 años de edad y no estar inscrito en otro régimen previsional. Los beneficiarios carentes de recursos tienen, adicionalmente, derecho a una asignación por muerte y están exentos de la cotización del 7% para salud.

En Costa Rica el sistema de seguridad social no contributiva incluye una pensión mensual, el pago de un décimo tercer mes, un seguro de salud y acceso a las prestaciones sociales. El sistema es financiado con recursos de impuestos generales: 20% del total recaudado por concepto de impuesto sobre ventas y un recargo del 5% del total de sueldos y salarios que empleadores públicos y privados pagan a sus trabajadores.

En Uruguay existe un programa de carácter no contributivo, que incluye beneficios especiales para la rehabilitación de los pensionados por invalidez. La edad mínima para acceder a este beneficio es de 70 años. Esta prestación se ajusta de acuerdo a la variación del índice medio de salarios. El financiamiento total se cubre con los impuestosgenerales y está supeditado a un examen de ingresos familiares.

De acuerdo con diversas investigaciones, estos apoyos a la población de adultos mayores en los países mencionados han contribuido a aminorar los índices de pobreza nacional de forma importante, y a reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza.

En México por el contrario los esfuerzos realizados hasta hoy con esa finalidad, han sido atomizados, esporádicos y un tanto voluntaristas, sin la integralidad, intencionalidad y complementariedad requeridas.

Así, en la ciudad de México la “Pensión alimenticia para los adultos mayores de 68 años, residentes en el DF”, consiste en un apoyo de medio salario mínimo que se otorga a quienes habitan en unidades territoriales clasificadas como de muy alta, alta y media marginación.

Por su parte, el estado de México tiene el programa “Pensión alimenticia para adultos mayores”, que otorga un apoyo de 400 pesos mensuales para las personas mayores de 60 años que no cuenten con servicios de seguridad social y vivan en comunidades de alta marginación.

En el orden federal, el Programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social en su componente de “Adultos Mayores”, que operó entre el 2006 y el 2007, ofrecía un “apoyo alimentario” a los residentes de las comunidades rurales de hasta 2 500 habitantes, mayores de 70 años, materializando la entrega, contransferencias bimestralesen efectivo de 2 550 pesos en el curso del año.

Enseptiembre del 2006, la Secretaría de la Reforma Agraria puso en marcha el programa “Fondo de Tierras y Joven Emprendedor Rural”, el cual otorga una pensión dirigida a campesinos de 65 años o más, a cambio de la venta de sus tierras a jóvenes capacitados por ese programa. Alaporte producto de esa venta, se suma un subsidio de 50 000 pesos, misma que les aseguraría una pensión vitalicia garantizada por un salario mínimo mensual. El esquema, además de ser contributivo por los requisitos que impone a sus posibles beneficiarios, ha tenido poco éxito dada la resistencia de los ejidatarios a ceder sus derechos agrarios.

En el año 2007, la propia Secretaría de Desarrollo Social puso en marcha el Programa “70 y Más”. Inicialmente dirigido a los adultos mayores que viven en localidades rurales de hasta 2 500 habitantes, este programa amplió su cobertura en el año 2009 a las localidades de hasta 30 mil habitantes.

Es de destacarse sin embargo que, de acuerdo con diversas evaluaciones, “70 y Más” no ha alcanzado sus metas, concentrándose sus mayores insuficiencias en las comunidades de 2 500 habitantes o menos, tanto por ineficiencia operativa, como por las dificultades reales que representa la extrema dispersión de los asentamientos humanos que existen en ese ámbito.

De allí que no se justifica, pero se explica, que en la actualidad las acciones se concentren en localidades de hasta 30 000 habitantes, que son de más fácil acceso y operacionalidad.

Es evidente, sin embargo, que, con ello, el programa sealeja del objetivo más sentido y del grupo social más agraviado de más de un millón de adultos mayores de 70 años y más que es el que vive en esas dispersas y alejadas comunidades con menos de 2 500 habitantes.

Ello, no obstante que este programa ha contado con asignaciones importantes de recursos para su operación que se elevaron durante el ejercicio fiscal del 2009 a 12 509 millones de pesos; si bien para el presente ejercicio sufrieron una merma del 8% al habérsele autorizado en el Presupuesto de Egresos para el 2010, solo 11 551.1 millones de pesos.

Como se desprende de lo anterior, en México la problemática que aqueja a los adultos mayores, y muy en particular la de los que habitan en el medio rural, sólo muy recientemente ha pasado a formar parte de la agenda pública y, sin duda, los programas pertinentes han adolecido de falta de articulación, integralidad, permanencia y direccionamiento, lo que en la práctica ha impedido que se conviertan en una genuina política de Estado.

Es obvio queno habrá justicia plena para este desprotegido sector de mexicanos, mientras persistan estas deficiencias. Los apoyos a los adultos mayores no pueden minimizarse y los programas que los favorezcan no deben menospreciarse disminuyendo sus presupuestos ni menos manipularse como instrumentos puramente asistencialistas o con un ánimo de clientelismo electoral.

Al contrario. Las altas tasas de pobreza en esas comunidades, -significativamente más altas que en las zonas urbanas-, y el acelerado envejecimiento demográfico, obligan al Estado a garantizar a los hombres y mujeres de 70 años o más un apoyo económico permanente y universal, como primer paso para construiruna cultura de respeto y solidaridad hacia ellos.

Con ese propósito, es imperativo promover las reformas jurídicas e institucionales indispensables para que los ancianos campesinos no sigan condenados a un destino que no es inevitable, sino producto de la pobreza y la ineficacia de las instituciones, así como de la falta de instrumentos normativos que se traduzcan en políticas públicas y programas específicamente destinados a atender el desamparo y la dura problemática de los campesinos ancianos.

Como garante de los derechos ciudadanos, al Estado compete la responsabilidad de implementar acciones que promuevan la protección y seguridad social, no sólo por razones éticas y humanitarias, sino por expreso mandato constitucional y compromisos internacionales suscritos.

Eliminar toda forma de discriminación hacia las personas adultas mayores debe ser una condición fundamental de la acción de gobierno. Adoptar las medidas necesarias que les garanticen el acceso a un esquema de apoyo universal, es un paso crucial para poder brindarles una vejez con justicia, dignidad y respeto, en su diversidad social y cultural.

En este sentido, el proyecto de iniciativa que propongo significa sólo un paso inicial, justo y urgente. Implica asumir la pobreza como un fenómeno complejo y multidimensional que nos lleve a revisar y replantear los marcos conceptuales, normativos, instrumentales y estratégicos de la intervención destinada a superar la pobreza y el abandono que padecen los ancianos del país, particularmente de las áreas rurales, donde predominan condiciones de extrema marginalidad.

Esta iniciativa tiene como propósito ordenar y concertar la dispersa y heterogénea acción gubernamental en sus tres niveles a favor de los ancianos del campo. Su pretensión es que los apoyos que hoy se ofrecen a este sector de la población no se queden en el marco de simples programas asistenciales atomizados, sino que se articulen y complementen para que se conviertan en una consistente y vigorosa política de Estado.

La iniciativa, fundada en criterios de justicia, equidad y sustentabilidad fiscal, propone garantizar y atender con prioridad a todos los adultos del campo de 70 o más años, pero en primer término a los que viven en comunidades rurales de 2 500 habitantes o menos, eliminando con ello los errores de exclusión en los cuales han incurrido los programas vigentes, tergiversándose así el espíritu del que debiera estar revestida una política social a favor de este sector altamente vulnerable y marginado.

La propuesta busca asegurar beneficios que actualmente están incluidos en los programas asistenciales del gobierno federal y de los estados del país, asegurándoles un estatus legal; una pensión vitalicia a los adultos mayores de 70 años; un seguro de vida que se traduzca en una transferencia en efectivo por única vez al momento del deceso, en beneficio de su cónyuge; y un pago de marcha, también en efectivo, a la ocurrencia del fallecimiento del beneficiario, para cubrir los gastos funerarios.

Consecuentemente, en el artículo tercero de esta iniciativa proponemos que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, sea la responsable de la organización, administración y entrega de los apoyos solidarios; esta dependenciadeberá coordinarse en su caso con las demás instancias del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales.

De lo que se trata es de garantizar que los apoyos económicos a los adultos mayores del campo y los demás beneficios que conlleva la seguridad social, no sean un acto de voluntarismo aislado, o un juego retórico con ánimo partidario para fines electorales, sino una consistente política de Estado, un mandamiento expreso de ley que reivindique la dignidad y los derechos humanos de quienes han esperado históricamente la justicia social.

Esta iniciativa tienepor objeto normar y garantizar, en beneficio de los adultos mayores de setenta años residentes en centros de población del medio rural menores a los dos mil quinientos habitantes: una pensión vitalicia; servicios integrales de salud en el marco del Seguro Popular; un seguro de vida al momento del deceso del beneficiario a favor de su cónyuge; y un pago de marcha para la cobertura de gastos funerarios ante el fallecimiento del beneficiario.

Por todo lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que crea la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana, en la forma y términos que la misma establece.

Artículo 2. La Ley tiene por objeto normar y garantizar, en beneficio de los adultos mayores de setenta años residentes en centros de población del medio rural menores a los dos mil quinientos habitantes: una pensión vitalicia; servicios integrales de salud en el marco del Seguro Popular; un seguro de vida al momento del deceso del beneficiario a favor de su cónyuge; y un pago de marcha para la cobertura de gastos funerarios ante el fallecimiento del beneficiario.

Artículo 3.El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, será responsable de la organización, administración y entrega de los apoyos solidarios, así como del cumplimiento, aplicación e interpretación de la presente Ley en el marco de sus atribuciones, en coordinación, en su caso, con los gobiernos de las entidades federativas

Artículo 4.Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Adultos Mayores: Las personas con 70 o más años de edad.

II. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Social.

III. Apoyo solidario: beneficios en dinero por concepto de pensión vitalicia, servicios de salud, y otrasayudas sociales en favor de las personas de setenta o más años de edad en localidades del medio rural de hasta 2 mil quinientos habitantes,incluyendo un seguro de vida y un pago de marcha en caso de fallecimiento del beneficiario.

IV. Población objetivo: las personas de setenta o más años de edad susceptibles del apoyo solidario, de acuerdo a lo establecido en esta Ley y su reglamento.

V. Beneficiario: las personas de setenta o más años de edad que reciban el apoyo solidario.

VI. Padrón de beneficiarios: Base de datos que contiene la información necesaria de los beneficiarios, así como del apoyo que reciben.

VII. Residente: persona que acredite su residencia en localidades del ámbito rural de hasta 2 500 habitantes, de acuerdo al catálogo único homologado de claves de entidades federativas, municipios y localidades conforme a los criterios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

VIII. Representante acreditado: el familiar o la persona autorizada por el adulto mayor para realizar trámites y cobros ante la Secretaría con motivo del otorgamiento y la vigencia del apoyo solidario.

IX. Solicitante: persona que presenta su solicitud para ser incluido en el padrón de beneficiarios.

Artículo 5. Son susceptibles de los beneficios que otorga esta Ley todos los adultos de setenta o más años de edad, residentes en las comunidades rurales consideradas y registradas como tales por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como las consideradas como de alta o muy alta marginalidad por el Consejo Nacional de Población.

Los beneficiarios tienen derecho a recibir del gobierno federal, por conducto de la Secretaría, los apoyos solidarios que se establecen en el capítulo Uno del título Tercero de la presente Ley, en los términos y condiciones que ésta y su reglamento establecen. Estos beneficios se complementan con los otorgados por el Seguro Popular adscrito a la Secretaría de Salud.

Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos establecidos por esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. La inscripción en el padrón de beneficiarios, la entrega del apoyo solidario y cualquier otro trámite o solicitud relacionado con dicho apoyo, serán gratuitos y no estarán sujetos a ningún tipo de condicionamiento.

Título SegundoDe la competencia, concurrencia y participación social

Capítulo UnoDe las Atribuciones de la Secretaría

Artículo 7. Corresponde al gobierno federal, a través de la Secretaría:

I. Otorgar el apoyo solidario a los beneficiarios;

II. Administrar y actualizar el padrón de beneficiarios, pudiendo utilizar, en su caso, la información proporcionada por las entidades federativas y municipios;

III. Expedir el reglamento de esta ley;

IV. Verificar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios, conforme a lo establecido en la presente Ley;

V. Diseñar el formato de solicitud para la inscripción al padrón de beneficiarios;

VI. Atender las solicitudes de inscripción al padrón de beneficiarios, de asesoría y orientación a los solicitantes y beneficiarios, así como las peticiones de información pública y la resolución de recursos de quejas e impugnación;

VII. Realizar estudios e investigaciones, con apoyo de instituciones públicas y centros de educación superior, para mejorar las políticas de atención a las personas de setenta o más años de edad, con particular referencia a los que viven en localidades de hasta 2 500 habitantes;

VIII. Establecer mecanismos de participación social entre las personas de setenta o más años de edad, congruentes con la política pública dirigida a este grupo de la población, los cuales deberán quedar especificados y explicados en el reglamento de esta Ley;

IX. Evaluar las políticas y procedimientos relativos al pago del apoyo económico;

X. Diseñar e implementar indicadores de gestión que permitan dar seguimiento y evaluar los beneficios resultado de la aplicación de esta Ley;

XI. Establecer convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos, federales, estatales y municipales, para la mejor eficiencia y agilidad en la entrega de este apoyo solidario y, en general, para la atención a las necesidades de las personas de setenta o más años de edad;

XII. Rendir un informe trimestral al Congreso de la Unión, conforme a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, en el que se detalle la situación financiera de la entrega de los apoyos, el ejercicio del gasto administrativo relacionado con el mismo, el número total de beneficiarios, su distribución por entidad federativa, las altas y bajas del padrón de beneficiarios, y el impacto social y económico derivado de la aplicación de la presente Ley.

XIII. Evaluar la suficiencia del apoyo solidario y los criterios de cobertura, a fin de proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones que considere pertinentes para garantizar la suficiencia y, de ser necesario, la ampliación de la cobertura así como la inclusión de otros apoyos cuyo propósito sea lograr el constante bienestar de la población objetivo, así como la gradual y efectiva universalización de los beneficios de la seguridad social en los términos señalados por la Ley ; y

XIV. Las demás que le señalen la presente ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Capítulo DosDe la Concurrencia

Artículo 8.La Federación garantizará el pago de los apoyos solidarios, tomando en cuenta las particularidades demográficas, económicas y sociales de la población de cada entidad federativa o región.

Artículo 9. Cuando las disposiciones de esta Ley comprendan materias y acciones que incidan en las atribuciones de otras dependencias de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos que suscriban las partes interesadas. Esta disposición se hará extensiva a los organismos descentralizados del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios.

Artículo 10. El ejecutivo federal, a través de la Secretaría, podrá celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas, en los que se establezcan procedimientos de cooperación, administración y ejecución de los dispositivos de esta Ley.

Los gobiernos de las entidades federativas, previo convenio con la Secretaría, podrán aportar recursos para hacer cada vez mayores y más efectivos los apoyos solidarios que esta Ley establece.

Artículo 11. La Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, deberá realizar informes trimestrales sobre los resultados derivados de la aplicación de esta Ley, en materia de combate a la pobreza, así como coadyuvar en la elaboración de los indicadores a los que hace referencia la fracción X del artículo 7 de esta Ley.

Capítulo TresDe la Participación Social

Artículo 12. El gobierno federal, a través de la Secretaría, garantizará el derecho de las personas de setenta o más años de edad a participar de manera activa y corresponsable en la gestión de los apoyos solidarios, en los términos y condiciones que establezca el reglamento que al efecto se expida. Este derecho se entenderá otorgado a los individuos, a las familias o a las organizaciones civiles y privadas que tengan como objeto el mejoramiento de las condiciones de vida de los residentes del campo objetos de esta ley.

Artículo 13. La Secretaría establecerá las disposiciones y mecanismos más adecuados tendientes a garantizar la atención oportuna y eficaz de las quejas, denuncias, peticiones y sugerencias que respecto a los apoyos solidarios que establece esta Ley, presenten los beneficiarios, sus representantes acreditados, organizaciones de la sociedad civil o el público en general.

Título TerceroDel Apoyo Solidario

Capítulo UnoDe los Componentes y Montos

Artículo 14. El apoyo solidario que establece esta ley consiste en lo siguiente:

a. Una pensión vitalicia, consistente en el pago a cada beneficiario equivalente a 8.5 salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal al mes, en efectivo, mediante entregas bimestrales. Este apoyo será inembargable intransferible.

b. Un seguro de vida que se pagará en caso de fallecimiento del beneficiario. Dicho seguro consistirá en el pago en efectivo y en una sola exhibición, del equivalente a cuatrocientos noventa y cinco salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal, el cual será sólo a favor del cónyuge sobreviviente.

c. Un pago de marcha que tendrá lugar al ocurrir el deceso del beneficiario, en una cantidad equivalente a cuarenta salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal, y que se entregará al cónyuge sobreviviente del beneficiario, o en su defecto, al familiar más cercano que asumirá, con ese apoyo, los gastos correspondientes al sepelio del beneficiario fallecido.

d. Los derechos a la salud preventiva y curativa, hasta el tercer nivel, a través del Seguro Popular, incluyendo el acceso al cuadro básico de medicamentos, actualizado y seleccionado regionalmente para la efectividad terapéutica.

Artículo 15.El otorgamiento del apoyo solidario materia de esta Ley, es incompatible con el disfrute de otras pensiones, subsidios o ayudas en efectivo otorgadas por instituciones federales de seguridad social y de asistencia social, así como por gobiernos estatales o municipales, salvo cuando la ayuda económica que se establezca en dichos casos sea menor a la contenida en esta ley, en cuyo caso el apoyo solidario se determinará por la diferencia que exista entre los recursos que establece el artículo 13 de esta Ley, y el total de los apoyos en efectivo que establezcan los gobiernos estatales o municipales para el beneficiario que corresponda.

Capítulo DosDe los Beneficiarios

Artículo 16. Para ser beneficiario, el adulto mayor deberá cumplir con los siguientes requisitos y condiciones:

I. Tener setenta o más años de edad cumplidos al momento de solicitar su inscripción en el padrón de beneficiarios;

II. Tener su residencia permanente en localidades rurales de hasta 2 500 habitantes.

III. Encontrarse en situación de pobreza, de acuerdo con los criterios previstos en la Ley General de Desarrollo Social, y

IV. Informar, mediante la solicitud de inscripción a los beneficios que establece esta Ley, sobre el disfrute de pensiones, subsidios o ayudas en efectivo otorgadas por instituciones federales de seguridad social y de asistencia social, así como por gobiernos estatales o municipales, y

V. Aceptar y cumplir conlas obligaciones establecidas en esta ley y su reglamento.

Artículo 17.La acreditación de los requisitos establecidos en las fracciones I y II del artículo anterior, deberá realizarse mediante identificación oficial. A falta de lo anterior y en los casos previstos en la legislación común y en el reglamento de esta Ley, la acreditación se hará mediante la presentación de dos testigos de la comunidad bajo protesta de decir verdad.

Artículo 18. En caso de que el adulto mayor tenga algún impedimento físico, mental o de salud para presentar personalmente la solicitud de inscripción al padrón de beneficiarios, lo podrá hacer su representante acreditado mediante identificación oficial y documento expedido por la Secretaría, en los términos previstos por el reglamento de esta ley.

Capítulo TresDel Financiamiento

Artículo 19. El Presupuesto de Egresos de la Federación asignará cada ejercicio fiscal, recursos para cubrir los apoyos solidarios que esta Ley consigna. Para tal efecto, el ejecutivo federal deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, la estimación, así como un estudio sobre la población objetivo y el número de beneficiarios, desglosando los recursos que se deberán asignar a los conceptos que señala el artículo 14 de esta Ley.

Capítulo CuatroDe la Vigencia de Derechos

Artículo 20.La Secretaría tendrá un plazo no mayor a tres meses a partir de la recepción de la solicitud correspondiente, para corroborar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de los apoyos solidarios. En caso de que la Secretaría haya aprobado la solicitud, deberá hacer entrega de los apoyos solidarios en un plazo no mayor a tres meses a partir de la aprobación de la solicitud.

El beneficiario tendrá derecho a los apoyos solidarios correspondientes, a partir de la fecha en que hubiere entregado la solicitud y hubiere cumplido con los requisitos y condiciones que establece el artículo 16 de esta Ley, y los demás que establezca su reglamento.

Artículo 21.El beneficiario, por sí o mediante su representante, deberá comunicar, en un plazo no mayor a treinta días del momento en que se produzca, cualquier modificación en su condición económica, residencial o estado civil. La falta de esta notificación dará lugar a la suspensión de los apoyos solidarios, así como una notificación, en su caso y si así lo comprueban las visitas domiciliarias señaladas en los artículos 22 y 23 de esta Ley, en el sentido de que se han alterado las condiciones del beneficiario, en cuanto a los requisitos que lo hacen merecedor de los derechos amparados por el presente ordenamiento.

Artículo 22.Durante la vigencia, la Secretaría podrá realizar visitas de verificación, seguimiento y evaluación del otorgamiento de los apoyos. El personal que realice estas visitas deberá contar con una identificación expedida por la Secretaría, la que deberá mostrar al beneficiario, a su representante y a sus familiares al momento de la visita.

Artículo 23.Las visitas a que se refiere el artículo anterior tendrán como objeto verificar el cabal cumplimiento de los fines y disposiciones reglamentarias que regulen el apoyo solidario, y atender dudas o problemas relacionados con la entrega del mismo. Durante las visitas se podrá recopilar información que requiera la Secretaría para implementar acciones y estrategias orientadas a mejorar el otorgamiento de los apoyos solidarios

Capítulo CincoDe la Suspensión y Cancelación de los Apoyos Solidarios

Artículo 24.La suspensión y, en su caso, cancelación de los apoyos solidarios tendrá lugar por las siguientes causas:

I. Cuando después de al menos tres visitas domiciliarias consecutivas en días y horarios diferentes, el beneficiario no sea localizado en el domicilio reportado como residencia del mismo, sin que exista motivo que lo justifique a juicio de los visitadores;

II. Cuando se compruebe que el beneficiario se haya inscrito, con intención dolosa, más de una vez en el padrón;

III. Cuando se compruebe que el beneficiario no cumple con los requisitos de edad y residencia establecidos en el artículo 16 de esta ley;

IV. Cuando el domicilio señalado por el solicitante o beneficiario como lugar de residencia no exista;

V. En el caso del apoyo mensual y otros beneficios pertinentes, cuando el adulto mayor haya fallecido;

VI. Cuando el beneficiario no pueda ser calificado como en situación de pobreza, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 15 de esta ley y de otros ordenamientos aplicables.

VII. Cuando el fallecimiento del beneficiario, cause su baja del padrón, y una vez que se hayan cubierto las cantidades correspondientes a los conceptos de seguro de vida y pago de marcha conforme a lo establecido en esta Ley.

Artículo 25.Las causas para la cancelación de los apoyos, con excepción de los fallecimientos que deberán ser notificados por el representante acreditado, serán corroboradas por la Secretaría mediante las visitas domiciliarias a que se refiere los artículos 22 y 23 de esta ley.

Artículo 26.La cancelación de los apoyos solidarios deberá notificarse por escrito al beneficiario o a su representante acreditado.

Artículo 27.En caso de que el adulto mayor sea remitido a un asilo o sea hospitalizado, el representante acreditado o un familiar notificarán a la Secretaría esta situación, mediante documentación oficial, para que conserve el derecho al beneficio.

Artículo 28.El rechazo a la inscripción en el padrón de beneficiarios o la baja del mismo podrán ser impugnadas por el beneficiario por sí o por su representante mediante los mecanismos jurídicos, administrativos y reglamentarios previstos en la Ley General de Desarrollo Social relativos a la denuncia popular, así como en la legislación común o directamente al Órgano Interno de Control de la Secretaría. La respuesta que al efecto emita la autoridad competente deberá estar debidamente fundada.

Título CuartoDel Padrón de Beneficiarios, la Transparencia y el Acceso a la Información

Capítulo Único

Artículo 29. La Secretaría establecerá y mantendrá el padrón de beneficiarios, construido de acuerdo a lo establecido en los “Lineamientos normativos para la integración, mantenimiento y consulta del padrón de beneficiarios de programas de Desarrollo Social” y demás normatividad aplicable.

El padrón de beneficiarios estará conformado por la información individual de cada uno de éstos para el registro, control y certificación de la asignación, continuación, suspensión y/o cancelación de los apoyos solidarios.

Artículo 30. La información contenida en el padrón de beneficiarios será pública, con las reservas y los criterios de confidencialidad que prevé la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 31. La información contenida en el padrón de beneficiarios no podrá ser destinada a otro fin que el establecido en la presente ley y sus disposiciones reglamentarias, por lo que queda prohibida su utilización para fines políticos, electorales, de lucro o cualquier otro ajeno al objeto de esta Ley.

Artículo 32.La Secretaría, a través de su página de Internet, deberá publicar trimestralmente los movimientos de baja y alta del padrón, estableciendo, para el caso de la cancelación de los apoyos solidarios y por cada beneficiario, las causas que la originaron.

Título QuintoDe las Responsabilidades

Capítulo Único

Artículo 33. Los servidores públicos responsables de la aplicación de los procedimientos de la presente Ley deberán cumplir sus actividades observando los principios de respeto a la dignidad humana, imparcialidad, apego a derecho y veracidad.

Artículo 34. La falta de cumplimiento de los principios mencionados en el artículo anterior será sancionada, según sea el caso, de acuerdo a lo que establecen el Código Penal Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Transitorios

Primero. Esta ley entrará en vigor en toda la república, en lo conducente, el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. Pasan a regirse por la presente Ley todos los programas y servicios del Estado orientados a los mismos fines en cuanto estén asignados al sector rural y al segmento de la población referida.

Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo federal expedirá el reglamento de esta ley en un plazo no mayor de noventa días naturales a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Quinto. La convocatoria pública para la inscripción al padrón de beneficiarios se hará en un plazo no mayor a noventa días naturales posteriores a la publicación del presente decreto.

Sexto.El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal posterior a la entrada en vigor del presente decreto contendrá las partidas a que hace referencia el Capítulo Uno del Título Tercero de la presente ley.

Séptimo.La Secretaría de Desarrollo Social dispondrá de un plazo máximo de noventa días contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para el diseño y puesta en operación del padrón de beneficiarios de los apoyos solidarios estipulados en esta ley, así como para la ejecución de ésta.

Diputados: Luis Videgaray Caso y Narcedalia Ramírez Pineda, Oscar Lara Salazar, Rosalina Mazari Espín, Guadalupe Pérez Domínguez, Sergio Mancilla Zayas Fernando Ferreyra Olivares, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Nazario Herrera Ortega, Humberto Lepe Lepe, Julieta Octavia Marín Torres, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Margarita Gallegos Soto, Hilda Ceballos Llerenas, Janet Graciela González Tostado, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Hugo Héctor Martínez González, Laura Felícitas García Dávila, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Francisco Saracho Navarro, Margarita Liborio Arrazola, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Claudia Edith Anaya Mota, Carlos Cruz Mendoza, David Hernández Vallín (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Si diputado, dígame usted.

El diputado Sergio Mancilla Zayas(desde la curul): Para solicitar a la diputada si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo la diputada en que se puedan adherir. Todas y todos aquellos diputados que deseen hacerlo, por favor pasen a la Secretaría a firmar el documento correspondiente.



LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Sofía Castro Ríos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, suscrita por la diputada Castro Ríos, por el diputado Cruz López Aguilar e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Sofía Castro Ríos:Muy buenas tardes, compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Con su venia, señor presidente. En efecto, a nombre de los legisladores cenecistas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y en uso de las facultades que la ley me confiere, vengo ante ustedes a presentar la iniciativa con proyecto de reforma al artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en razón de las siguientes consideraciones:

Es sabido que la Procuraduría Federal del Consumidor ha recibido quejas por los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, cuyas quejas se han incrementado un 30 por ciento durante enero de 2010, en relación o en comparación con las quejas que recibió en el mismo mes del año pasado.

Esto, desde luego, ha sido contemplado dentro de las estadísticas de la Subprocuraduría de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quienes precisaron que en el mes pasado se recibieron 625 quejas, cuando en enero de 2009 se recibieron 481 quejas en total.

Por lo cual consideramos que hay un incremento en estas quejas y en nuestras regiones, en las zonas rurales del país, hemos recibido los planteamientos de los usuarios fundamentalmente de las amas de casa de las familias que en su domicilio han recibido un incremento de manera inexplicable.

Pero también lo es el señalamiento, la denuncia, de los campesinos que usufructúan el consumo de energía eléctrica para el uso de riego.

En esas consideraciones quiero también señalar que la Auditoría Superior de la Federación durante 2003 a 2008 señaló que el gasto de la Comisión Federal de Electricidad por megavatio generado había incrementado un 53.6 por ciento y, en cambio, se había reducido el 16.1 por ciento en la generación de energía eléctrica en el mercado nacional ante las concesiones a la iniciativa privada.

Por ello, no obstante, la Comisión Federal de Electricidad no ha depurado las cuentas de grandes clientes por 6 mil 37 millones 156 mil 500 pesos, de los cuales 1 mil 466 millones 944 mil 300 pesos corresponden al ejercicio 2008, y así existen muchas más cuentas en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad.

Por lo cual la iniciativa, que solicito sea incluida de manera íntegra en el Diario de los Debates, está planteando que la Comisión Federal de Electricidad, por mandato de la ley, establezca la obligatoriedad para verificar de forma mensual a los medidores de cada uno de los usuarios, a efecto de cobrar lo que puntualmente consumen las familias mexicanas y evitar un incremento, que no sólo la tramitología, la parte burocrática de la Comisión Federal de Electricidad, va en detrimento de las familias mexicanas.

De establecer por mandato de este artículo 32, en su adición que proponemos, la obligatoriedad por parte de la Comisión Federal de Electricidad para poder llevar a cabo la lectura del consumo de energía eléctrica, con una periodicidad mensual y cobrar de manera bimestral estableciendo en el recibo para el cobro la separación del consumo mensual registrado, evitaríamos que la Comisión Federal de Electricidad sea la primera instancia de la empresa mexicana federal que ha sido denunciada ante la Procuraduría Federal del Consumidor, en detrimento del raquítico ingreso de las familias mexicanas.

Es cuanto, señor presidente. Espero que esta iniciativa sea vista por todos los compañeros, se turne a la Comisión de Energía y a la comisión correspondiente a efecto de atender puntualmente esta problemática. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de los diputados Sofía Castro Ríos y Cruz López Aguilar, y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a fin de procurar que en los recibos de cobro se apliquen criterios que den mayor certidumbre y claridad en el cobro de la electricidad, en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

El servicio eléctrico es una pieza fundamental en el funcionamiento del aparato productivo nacional, asimismo, representa un elemento indispensable para el desarrollo de las actividades cotidianas de la sociedad. En la actualidad no podríamos imaginarnos nuestra vida sin la electricidad.

Para proveer del servicio de energía eléctrica a los habitantes del país, el Estado mexicano cuenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual divide a la República mexicana en nueve áreas de generación y transmisión, por motivos de operación y planeación, así los sistemas eléctricos regionales comparten recursos de capacidad y un funcionamiento confiable y económico.

Hasta diciembre de 2009, el número de kilómetros que la CFE utilizó para la cobertura del servicio alcanzó los 49 mil 250 kilómetros.

En el rubro de la distribución, el mayor porcentaje de usuarios se ubica en el sector doméstico con el 88.15 por ciento del servicio, seguido del comercio con 9.99 por ciento, el industrial con 0.81 por ciento, y en los últimos lugares se ubican los sectores servicios y rural, con el 0.63 y 0.43 por ciento, respectivamente.

Con respecto al nivel de ventas por sector, la industria encabeza el segmento con el 55.71 por ciento de la compra de electricidad, se sigue el sector doméstico con el 27.85 por ciento, el comercio con un 6.36 por ciento, el agrícola con el 6.10 por ciento y finalmente el sector servicios el cual compra el 3.97 por ciento de la energía generada.

Las entidades federativas que cuentan con un mayor número de usuarios son: Jalisco, Veracruz, Puebla y Guanajuato. En tanto que Baja California Sur, Campeche, Hidalgo y Colima tienen la menor cantidad de demandantes del servicio eléctrico.

Por otra parte, los estados del país a los que mayores ventas realizó CFE durante el año 2009 son Nuevo León, Jalisco, Coahuila y Veracruz. Mientras que los que menos demanda presentaron fueron Hidalgo, Campeche, Nayarit y Colima.

Si bien es cierto que debemos reconocer el esfuerzo loable que realiza la CFE para poder ampliar la cobertura del servicio eléctrico, también debemos considerar que hay aspectos de tipo técnico que impiden una cobertura total.

Asimismo, no debemos perder de vista que la CFE, a pesar de ubicarse como una empresa competitiva a nivel mundial, debemos reconocer que hay una alta ineficiencia en su funcionamiento.

Es por todos conocido que ha faltado voluntad y compromiso para acabar con el robo de la luz, a pesar de que se han identificado los puntos en donde se presenta esta situación, y de que se tienen registradas cientos de averiguaciones previas por el robo de la electricidad, el gobierno federal y sus instituciones han hecho poco al respecto.

Algunas estimaciones señalan que las pérdidas anualizadas como consecuencia de robo de la luz superan los 21 mil millones de pesos al año entre las causas que ocasionan dicha disminución en el cobro de energía se encuentran: los asentamientos irregulares, el comercio informal y la manipulación de los medidores, entre otras más.

Una estrategia, por cierto mal aplicada por parte de CFE, es querer compensar dicha pérdida de recursos mediante el cobro disfrazado adicional que se realiza a los clientes que cumplen con su pago.

Valiéndose de la falta de información, de la manipulación técnica y de la poca claridad con que son emitidos los recibos para el cobro de luz, incorporan un conjunto de elementos que incrementan de manera cuantiosa los montos a pagar por los usuarios.

Lo anterior ha ocasionado que miles de personas acudan a las oficinas de aclaraciones a fin de rectificar y corregir dicho error, teniendo que enfrentarse a la tramitología y a las largas filas. Ante esta situación es imperativo que la CFE implante medidas que permitan corregir estas irregularidades.

Es por ello que el objetivo de la presente propuesta es que los recibos que emite la CFE para el cobro de la electricidad sean más claros en su contenido a fin de evitar confusiones y que se realice un cobro justo, de acuerdo al nivel de consumo que presente cada usuario.

Que quede claro que no estamos solicitando ningún tipo de exención o disminución de tarifa aplicable, lo que solicitamos es mayor claridad y transparencia en los recibos para el cobro de luz.

Tampoco estamos proponiendo ni cambiando el esquema que utiliza CFE para la medición y cuantificación de la electricidad consumida, lo que proponemos es que en el propio recibo de realice un desglose mensual del consumo, lo que permitirá a los usuarios poder tener mayores elementos para conocer cual es su consumo real.

En razón de lo anterior, se pone a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 32. El ajuste, modificación...

La Comisión Federal de Electricidad tomará lectura del consumo de energía con una periodicidad mensual y cobrará el servicio de manera bimestral, estableciendo en el recibo para cobro, la separación del consumo mensual registrado.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrara en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Queda sin efecto cualquier normatividad que se contraponga a lo establecido en el presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputadas: Sofía Castro Ríos, Margarita Liborio Arrazola (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Como lo solicita, se turna a la Comisión de Energía.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el señor diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo y María del Lourdes Reynoso Femat, a efecto de ser presentado por los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN, respectivamente.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo:Con su permiso, diputado presidente. El tema educativo es parte fundamental de nuestra Constitución. Quedó plasmado como un derecho el acceder a estos servicios de forma gratuita porque se está consciente de que la educación es el elemento fundamental para la superación del ser humano y como nación.

El Estado mexicano ha desarrollado grandes esfuerzos, sin embargo, siempre han sido insuficientes. Por ello, también se ha apoyado a las instituciones de carácter privado, algunas de las cuales han logrado acreditarse en la comunidad nacional y aún internacional, que han coadyuvado de manera exitosa con el Estado. Es por ello que los mexicanos permanentemente debemos explorar los diversos medios a nuestro alcance para hacer de esta aspiración una realidad; que los mexicanos tengan acceso, en todos sus niveles a la educación. Que no sea la falta de oferta una limitante.

El reto, como se aprecia, es mayúsculo. Es importante mencionar que algunas publicaciones recientes establecen que a las instituciones ingresan un promedio de 98 por ciento de los niños en edad escolar, pero ya para secundaria sólo termina el 62 por ciento. Es decir, el 36 por ciento deserta. Pero aún más grave es que entre los que egresan, 62 por ciento, y los que ingresan a nivel medio superior, es sólo el 46 por ciento. Es decir, se pierde un 16 por ciento.

En los niveles superiores el patrón se repite: de este 46 por ciento sólo termina el 25 por ciento del nivel medio superior, y en licenciaturas sólo la concluye el 13 por ciento. En posgrado sólo continúa entre un 2 y un 3 por ciento de los educandos.

Debemos preguntarnos a qué se debe esta deserción. Vamos a encontrar que existen diversas motivaciones, básicamente la falta de recursos económicos, y también la oferta. La oferta de bachillerato es menor a la demanda; se presenta normalmente en las capitales de los estados.

En ese sentido es fundamental el apoyo que brindan las instituciones educativas de carácter privado, que a veces se muestra con costos muy elevados para el grueso de la población por lo que se deben buscar los medios para que esta posibilidad de acceso se dé.

Se trata de apoyar a los padres de familia para que la falta de estos recursos económicos no sea un elemento determinante para que se abandonen los estudios. Debemos fortalecer las instituciones públicas como prioridad, sí, pero también debemos buscar alternativas para que los padres de familia puedan acceder a estos servicios en todos los niveles.

Algunas encuestas realizadas en 2009 establecen que la cobertura en educación superior es de un promedio nacional de 27.6 por ciento, con entidades como el Distrito Federal que tiene un 57 por ciento. Nuevo León con un 38 por ciento. Y por otro lado, otras como Quintana Roo y Chiapas que están con un promedio de cobertura de sólo el 15 por ciento aproximadamente, cuando en Estados Unidos es de 82 por ciento a nivel nacional y en Argentina el 67 por ciento, sólo por mencionar algunos ejemplos.

Como diputados hemos hecho el esfuerzo por dotar de mayores recursos en las reasignaciones. Entre 2001 y 2009 se reasignaron 50 mil 934 millones de pesos contantes, establece un documento proporcionado por el doctor Narro Robles.

Es claro que no se debe desperdiciar ese tesoro del ser humano que es la juventud, porque es alarmante que hoy en día de los 35 millones de jóvenes mexicanos, el 22 por ciento de éstos, 7 millones 490 mil no estudian ni cuentan con un trabajo.

Es en esa dirección en que se inscribe la iniciativa que se presenta, la deducción en los gastos efectuados por los conceptos de pago de colegiaturas, inscripción, reinscripción y la transportación escolar, busca aliviar un poco el alto costo de los estudios en instituciones académicas privadas, evitando así que crezcan los índices de deserción educativa y dando mayores oportunidades a los jóvenes.

Volvamos los ojos a experiencias ya probadas de otros países, como lo son los países europeos. Así, por ejemplo, la educación en Europa está exenta del cobro del IVA, todos los países europeos poseen alguno o varios tipos de apoyo a la educación que ofrecen directamente a los educandos y sus familias. Todos los países europeos ofrecen subsidios y/o incentivos fiscales directamente a las familias, aunque difieren en cuantía.

Con base en las consideraciones anteriores, y en mi carácter de diputado federal por el estado de Nuevo León, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es que presento y someto al pleno de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción VII del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los términos siguientes:

Los gastos efectuados por los conceptos de pago de colegiaturas, inscripción, reinscripción y transportación escolar, para sí mismos o para sus descendientes en línea recta, en el caso de éstos últimos, sólo cuando éstos sean obligatorios en los términos de las disposiciones legales del área donde la escuela se encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados Eduardo Alonso Bailey Elizondo y María de Lourdes Reynoso Femat, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN, respectivamente

Eduardo Alonso Bailey Elizondo, diputado federal por Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 176, fracción VII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El pueblo de México ha demostrado a lo largo de su historia su indomable espíritu por ser cada vez mejores. Para que como pueblo todos podamos acceder a una mejor calidad de vida, ello tiene que ver con los aspectos sociales, de salud y económicos. Lo anterior pasa necesariamente por contar con una mejor preparación, con una mejor educación: en este sentido no es ocioso recordar que el tema educativo fue una parte fundamental de los reclamos en el movimiento revolucionario y que a su conclusión, con la redacción de la Constitución de 1917, este tema formó parte fundamental de este ordenamiento legal que rige la vida de los mexicanos. Fue uno de los tres pilares que le dieron contenido social a la Carta Magna, que la llevó a que en ese momento fuera considerada como la Constitución más avanzada del mundo.

Fue ahí en la Constitución de 1917, en su artículo 3o. que se estableció una de las obligaciones fundamentales del Estado mexicano, que es la de proporcionar educación básica gratuita a todos los mexicanos. Así quedó plasmado como un derecho de acceder a estos servicios de forma gratuita. Por que se estaba consciente de que la educación es el elemento fundamental para la superación como ser humano y como nación.

La Carta Magna señala en su artículo 3o. que la educación preescolar, primaria y secundaria es obligatoria y al propio tiempo, establece que toda la educación que el Estado imparta deberá ser gratuita, ello al margen que se permita a los particulares impartirla, otorgando reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen fuera de las instituciones del Estado, en planteles particulares.

Así por disposición expresa se ha impuesto la obligación de promover y atender todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo a la educación superior, cuya oferta, siempre ha sido insuficiente en relación a la demanda.

Sin embargo hay que reconocer que se emprendieron grandes cruzadas con el fin de lograr este objetivo, sólo baste recordar la construcción, en cantidad sin precedente, de escuelas rurales en todo el territorio nacional en el nivel básico y secundaria; la creación de escuelas para la formación de los docentes encargadas de brindar esta educación, como lo fueron la normales rurales que hoy siguen funcionando a cabalidad; se amplió la cobertura a la educación secundaria aprovechando las tecnologías, a través de la utilización de la televisión, con la creación de las telesecundarias y con la educación a distancia; en fin se llevaron a cabo muchas otras acciones entre las que se destacan la educación para los adultos y las escuelas normales para trabajadores, entre otras.

Este esfuerzo debe de ser reconocido, sin embargo nunca fue suficiente, sabemos que no se tuvo un control poblacional y ello ha venido presionando permanentemente la demanda de servicios educativos. Hoy cada vez más y más mexicanos reclaman el acceso a esta educación básica, lográndose una cobertura importante en estos niveles.

Paralelamente, también se abordó el tema de la educación media superior y superior, con el fortalecimiento de las instituciones públicas en esos niveles; sólo baste recordar el crecimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México y la creación del Instituto Politécnico Nacional, dos instituciones emblemáticas de la nación. Hoy en día en todas las entidades federativas ya se cuenta con instituciones de educación superior fuertes y con un amplio reconocimiento nacional.

Son loables los esfuerzos que el Estado mexicano ha desa-rrollado en sus en su diversas etapas en el ámbito educativo, sin embargo siempre ha sido insuficiente, por ello es que el esfuerzo ha sido permanente; así en el marco de la Constitución se ha dado apoyo para la educación impartida por el Estado, pero también se ha apoyado en este esfuerzo a las instituciones de carácter privado, algunas  de las cuales han logrado acreditarse en la comunidad nacional y aun internacional, como instituciones serias con un excelente nivel académico, que han cotribuido de manera exitosa con el Estado mexicano en la prestación de este servicio.

Es por ello que los mexicanos permanentemente debemos de explorar los diversos medios a nuestro alcance para hacer de esa aspiración, de contar con una formación de excelencia en todos los niveles educativos, una realidad: Que los mexicanos tengan acceso en todos sus niveles a la educación. Que no sea la falta de oferta una limitante. Por lo anterior, y sólo con la idea de dejar en claro la magnitud del esfuerzo de que estamos hablando y de lo que ello implica, es que resulta conveniente mencionar de manera general como está constituido el sistema educativo escolarizado de nuestro país:

Educación básica

Preescolar

• General

• Indígena

• Comunitaria

Primaria

• General

• Indígena

• Comunitaria

Secundaria

• Técnica

• Telesecundaria

• Comunitaria

• Para los trabajadores

Educación media superior

• Bachillerato general

• Bachillerato tecnológico

Educación superior

• Licenciatura

• Educación normal

• Universitaria

• Tecnológica

Posgrado

• Maestría

• Doctorado

El reto como se aprecia es mayúsculo, ya que la deficiencia en la demanda y otros factores sobre todo de tipo económico han ocasionado que no se adquiera  esta formación. En este sentido, es importante mencionar que algunas publicaciones recientes establecían que del 100 por ciento de alumnos que ingresa al primer nivel, es decir el preescolar, al final de su trayectoria en el posgrado, sólo dos personas terminan concluyen éste; el panorama que se presenta es el siguiente:

Al nivel primaria ingresan un promedio de 98 por ciento de los niños en edad escolar, por lo que sólo el 2 por ciento no cuenta con esta posibilidad, pero ya para el nivel escolar de secundaria sólo termina el 62 por ciento, es decir, el 36 por ciento deserta en este tramo entre la primaria y la secundaria. Pero lo que es aún más grave, es que entre los que egresan 62 por ciento y los que ingresan al nivel medio superior que es solo el 46 por ciento, se pierden el 16 por ciento. En los niveles superiores el patrón se repite, de este 46 por ciento sólo termina el 25 por ciento el nivel medio superior, y en licenciatura sólo la concluyen el 13 por ciento. En el posgrado sólo continúan entre un 2 y el 3 por ciento. Esa es la gravedad de nuestro sistema educativo. Ese es el déficit que tenemos como país y que nos reduce mucho las posibilidades competitivas con los países con los que queremos vincular nuestra economía.

Debemos preguntarnos ¿a qué se debe esa deserción, por que los jóvenes no están accediendo de un nivel educativo a otro? Y vamos a encontrar que existen diversas motivaciones, que tiene que ver básicamente con la falta de recursos económicos para que los jóvenes puedan acceder a esta educación. No se cuentan recursos para  pagar los útiles escolares, la manutención del alumno, los uniformes escolares, el pago de cuotas y porque no decirlo,  la falta la imposibilidad del pago de las colegiaturas privadas.

La educación privada, en todos los niveles, es absolutamente indispensable, puesto que viene a coadyuvar en la materia con los insuficientes esfuerzos públicos, posibilitando de manera real y efectiva que los mexicanos tengan la posibilidad de acceso a la educación. La educación que proporcionan los particulares tiene la ventaja de no presionar las finanzas públicas, su subsistencia y costos son ajenos a los recursos del Estado, a pesar de que, su labor es igualmente significativa en el logro de estas tareas públicas.

Así, la limitación del Estado mexicano por otorgar una oferta adecuada de estos servicios y la falta de capacidad económica de las familias, que aun cuando la educación pública sea gratuita no puede acceder a los servicios educativos, lo que obliga al joven al abandono de la educación, ubicando en este sentido a la pobreza como elemento central de la deserción.

Son entonces la conjugación de diversos elementos los que han provocado esta enorme deserción, sobre todo reflejado, entre los que egresan de la secundaria y los que ingresan al nivel de bachillerato, lo cual tiene una explicación lógica en esta ámbito de pobreza, pero también y de manera muy importante en la oferta educativa por parte del Estado mexicano.

La oferta de bachillerato es muy menor a la demanda que se presenta, aunado al agravante de que esta oferta se presenta normalmente en las capitales del los estados, lo que hace que aun cuando sean gratuitos los servicios educativos al joven le cuesta el desplazamiento, el hospedaje y la manutención en general, ello aunado a que ya está en la etapa productiva y ellos forman parte importante de los ingresos  para la familia. Por lo que no basta solo el ampliar la oferta de estos servicios sino además habrá que acercarlos lo más posible al beneficiario. En este sentido es fundamental en este nivel y al igual que en los otros, contar con el valioso apoyo que brindan las instituciones educativas de carácter privado, las cuales como es evidente tienen la necesidad de obtener un lucro, entendido este de manera no peyorativa como la ganancia legítima que deben de tener toda negociación, para la continuación de la prestación del servicio.

Es este servicio privado, en la prestación de un servicio público concesionado, o autorizado por el Estado, como lo es la educación, los que conjuntamente habrán de hacer realidad la legítima aspiración de todos los mexicanos de contar con mejores elementos para hacer frente a la vida. No es estigmatizando a los particulares que prestan este servicio, como mejor podemos apoyar a los mexicanos.

Es así como al concurrir las instituciones de carácter privado al apoyo del Estado mexicano cobran importancia la prestación de sus servicios empresariales, que para poder seguirlos prestando, a veces se muestran como muy elevados para el grueso de la población que no puede encontrar en estas instituciones el elemento que cubra  las necesidades de educación ante la limitación en la oferta por parte del Estado, por lo que se deben de buscar los medios para que esta posibilidad se dé.

Se insiste, de lo que se trata con esta iniciativa es de beneficiar a los padres de familia que no cuentan con la posibilidad de pagar una cuota para cubrir una colegiatura, por la imposibilidad del Estado de ofertar suficientemente estos servicios educativos: que la falta de estos recursos económicos no sea un elemento determinante para que se abandone la educación que todos requerimos para aspirar a mejores niveles de vida tanto como persona y como nación.

Recientemente el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en representación de las universidades públicas del país daba un panorama general de la educación superior en México que resulta realmente desalentador y que debe de avergonzar y obligarnos a ocuparnos más de la educación superior en nuestro país, dotándolas de una mayor cantidad de recursos. Pero también debemos de buscar alternativas, no para que las instituciones privadas que imparten educación hagan los grandes negocios, el cual por cierto debe de ser moderado atendiendo a lo que significa este servicio público, sino para que los padres de familia puedan acceder a estos, en todos los niveles educativos para sus hijos.

El panorama educativo que se planteó en las instituciones de educación superior (en reunión celebrada con representantes de la ANUIES y rectores de diversas instituciones públicas de nivel superior del país con el Grupo Parlamentario del PRI) es el siguiente:

(Existe) Baja cobertura escolar, inequidad en el acceso, heterogeneidad de la calidad y la ausencia de una política de financiamiento con visión de Estado.

En las encuestas realizadas  con información de la SEP, Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto y Pronosep en el año 2009; podemos observar que la cobertura en educación superior, otorga un promedio nacional de 27.6 por ciento, con entidades como el Distrito Federal que tiene un 57 por ciento, Nuevo León con un 38 por ciento y; por el otro lado, otras como Quintana Roo y Chiapas que están con un promedio de cobertura de sólo el 15 por ciento aproximadamente, lo que denota un promedio muy por debajo de la media. En este sentido la UNESCO, Global Educación Digest 2009, afirman que las tasas de cobertura en educación superior abarcan en Estados Unidos el 82 por ciento a nivel nacional, en Argentina el 67 por ciento y México un 27 por ciento, con lo cual queda de manifiesto la deficiencia en la oferta que como Estado estamos dando a la educación superior.

Confiando en esta información, abunda, “de mantenerse el crecimiento inercial de la matrícula en educación superior, que refiere al 3.6 por ciento anual, México alcanzaría una cobertura similar a la Argentina que cuenta con el 67 por ciento, pasando por el 52 por ciento de Chile, todo esto para el año 2029; no obstante, la meta oficial plantea alcanzar una cobertura en educación superior del 30 por ciento en el año 2012; es decir, claramente insuficiente, incluso, por debajo de la media de América Latina con el 34 por ciento.”

En este sentido, “observamos que la inversión en educación superior por alumno a nivel internacional, en países como Estados Unidos es de 22 mil 476 dólares, Alemania invierte 12 mil 255 dólares y México tiene una pobre inversión de 5 mil 778 dólares; todas estas cifras relacionan el gasto de país-alumno anualmente. De mantenerse un crecimiento inercial en el financiamiento público de la educación superior, la meta de destinar el 1 por ciento del PIB se cumplirá en el año 2047; lo cual es un hecho que no puede esperar.”

“En años recientes, el incremento del presupuesto para educación superior en gran medida es atribuible a las reasignaciones aprobadas por el Poder Legislativo. Entre 2001 y 2009, se reasignaron 50, 934 millones de pesos constantes.” Estos datos proporcionados por el doctor Narro Robles conjuntamente con otros rectores de universidades públicas en el país en noviembre del 2009, es altamente significativa de que es necesario fortalecer estas instituciones públicas, pero también de diversificar los apoyos que se dan en el ámbito educativo a los padres de familia para que sus hijos puedan acceder a esta educación.

Es claro que no se debe desperdiciar ese tesoro del ser humano que es la juventud, porque es alarmante que hoy en día de los 35 millones de jóvenes mexicanos, el 22 por ciento de éstos (7 millones 490 mil 345), no estudia ni cuenta con un trabajo. Es algo que debe de avergonzar a todos los que tenemos la posibilidad de apoyarlos desde esta posición privilegiada en que nos encontramos.

Existen entonces cuatro elementos constitucionales fundamentales en materia educativa:

• El derecho de los mexicanos a recibir educación

• La obligación de los padres de hacer que sus hijos acudan a las escuelas para obtener educación primaria y secundaria.

• La obligación del Estado (federación, estados y municipios) de impartir educación preescolar, primaria y secundaria en forma gratuita.

• La obligación de promover y atender todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo a la educación superior

Desafortunadamente la falta de capacidad por parte del Estado para cubrir todos los niveles educativos en el país, aunada a la actual crisis económica, está afectando de manera importante la economía de las familias mexicanas; particularmente de aquéllas con alta vulnerabilidad en sus ingresos y de quienes con una mínima variación en éstos, alteran de forma notable los bienes y servicios que podían cubrir.

Es claro que en México, como se ha establecido por quienes han abordado este tema, lo que nos ha llevado al atraso, a la dependencia económica y, demás males que nos aquejan, es la falta de una educación bien estructurada, tendente a cubrir las siguientes aspiraciones legítimas:

• El progreso económico, ya que le da a las personas los conocimientos científicos, técnicos y demás, que les permitirá incrementar su productividad.

• Una sana convivencia social, ya que la serie de valores morales, de normas cívicas que se obtienen a través de ella, nos permiten crear un ambiente sano de respeto a los demás. Respeto que desgraciadamente ya nadie conoce y nadie aplica.

• Para el logro de una sociedad, ya que para que ésta pueda funcionar en términos reales se requiere de un nivel mínimo y generalizado educativo, entre otros aspectos importantes.

Es en esta dirección en que se inscribe la iniciativa que se presenta, la deducción en los gastos efectuados por los conceptos de pago de colegiaturas, inscripción, reinscripción y a la transportación escolar, busca aliviar un poco el alto costo de los estudios en instituciones académicas privadas, evitando así, crezcan los índices de deserción educativa y permita acceder a lo enunciado anteriormente.

Lo anterior difícilmente se podrá atender si no se revierten las tendencias de deserción, a que ya referimos y que son reafirmadas por las que ha emitido la OCDE respecto a la cobertura educativa en nuestro país; más de 30 millones de mexicanos no concluyeron o no comenzaron la primaria; 4 millones 100 mil niños no tienen educación básica (14.4 por ciento de la población entre 6 y 15); y 3 millones 600 mil niños de 5 a 17 años trabajan.

Sin embargo, es de reconocer que el Estado no puede, ni tiene la capacidad de impartir educación en todos sus niveles como lo instruye la Carta Magna en su artículo 3o., por eso, esta medida fiscal que se propone en la presente iniciativa, ayudará a que se compense de manera gradual el déficit que históricamente ha acumulado el país, en cuanto a la inversión en educación se refiere, por sus elevados costos que representa para el Estado, por lo que la oferta parece ir en descenso. El Tercer Informe de Gobierno proporcionado por el Ejecutivo federal, durante el ciclo escolar 2008-2009, se contó con 247 mil 700 escuelas, esto se distribuyó de la siguiente manera:

• Educación básica 71 por ciento (175 mil 867 escuelas)

• Educación media superior 21.7 por ciento (53 mil 750 escuelas),

• Educación superior 5 por ciento (12 mil 385 escuelas) y capacitación para el trabajo 2.3 por ciento (5 mil 697 escuelas).

En contraparte, tomando en cuenta el último Conteo de Población y Vivienda 2005, realizado por el Inegi, se contaron 103 millones 263 mil 388 habitantes en México, es decir que durante los últimos 50 años, la población en la República a crecido cuatro veces, pasando nuestro país a formar parte de los once países más poblados del mundo, después de China, India, Estados Unidos de América, Indonesia, Brasil, entre otros. Lo cual presiona la demanda, por lo que la oferta cada vez es menor, en términos absolutos.

Cabe mencionar que no es la primera iniciativa que se presenta con este objetivo de incentivar la educación, apoyando a los padres de familia vía la metería fiscal. Se han presentando ya varias iniciativas incluso por compañeros diputados de Nuevo León en legislaturas anteriores, cuyos objetivos principales han sido permitir que todos aquéllos gastos destinados a la educación sean deducibles del Impuesto sobre la renta, buscando  apoyar a los padres de familia y a la vez, se fomente la inversión por parte de las personas físicas y de las empresas, contribuyendo así a elevar el grado de escolaridad en el mediano plazo.

De esta forma, por ejemplo, se planteó la propuesta de adición al artículo 113 en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que busca que se permita reducir una cantidad equivalente al costo erogado por el Estado para cada alumno, según el nivel correspondiente, actualizado anualmente con base en los datos oficiales del gobierno federal;

Tabla de acreditamiento

• Educación preescolar: 13 mil 400 pesos.

• Educación primaria: 12 mil 200 pesos.

• Educación secundaria: 18 mil 700 pesos.

• Educación Profesional Técnico: 17 mil 900 pesos.

• Educación Bachillerato: 25 mil 7 pesos.

• Educación Superior: 57 mil 600 pesos.

(Erogación estatal anual por alumno aplicable para 2010. Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo federal correspondiente a 2009).

Como se puede observar existen muchas formas en que se puede apoyar la educación en el país, sólo debemos explorar alternativas. Volvamos los ojos a experiencias ya probadas de otros países, que ya a han transitado este camino, como los son los países europeos, y ver cómo han abordado estos temas. Se insiste sólo como un marco de referencia que podemos retomar atendiendo a nuestra realidad especifica, a nuestras fortalezas pero también a nuestras debilidades.

A continuación se muestran, sólo a manera de ejemplo, diversos planteamientos en los que la educación es motivo de incentivos fiscales por parte de los Estados nacionales, por ser éste un sector prioritario y por lo que representan los conocimientos aplicados a la producción, como el motor de la economía global y las determinación de las posibilidades de competir en un entorno mundial que en el que cada vez las  fronteras geográficas son menores y las desigualdades en los parámetros educativos son determinantes.

Las principales características del sistema educativo europeo y su tratamiento fiscal son las siguientes

1. La educación en Europa está exenta del cobro de IVA.

2. Todos los países europeos poseen alguno o varios tipos de apoyo a la educación que ofrecen directamente a los educandos y sus familias.

3. Todos los países europeos utilizan fondos públicos para financiar tanto el costo directo de la educación como el costo de manutención de los estudiantes.

4. La mayoría de los países europeos financian en alguna forma las escuelas privadas de educación básica obligatoria, exceptuando Grecia por no contar con instituciones privadas en este nivel de enseñanza.

5. Con excepción de Grecia (que no tiene escuelas privadas a nivel básico) e Irlanda del Norte (que no cuenta con suficientes recursos) todos los países en Europa apoyan a los estudiantes con la colegiatura en escuelas particulares.

6. La educación superior en Europa es mayoritariamente pública, sin embargo todos quienes invierten en la educación superior (pública o privada) reciben incentivos fiscales y becas o ambos y préstamos del gobierno.

7. Todos los países europeos ofrecen subsidios y incentivos fiscales directamente a las familias aunque difieren en cuantía y en límites de edades para recibirlas.

8. Los subsidios e incentivos fiscales o ambos a las familias de ingresos más bajos tienen efectos redistributivos, aunque en la mayoría de los países el subsidio y incentivo fiscal o ambos es igual para cualquier familia dependiendo el número de hijos sin importar los ingresos familiares.

Como podemos apreciar es de especial relevancia como se desprende la obligatoriedad de exentar del cobro de IVA a los servicios de educación en todos los países de la Comunidad Económica Europea.

De esta forma, podemos apreciar en términos generales existen cuatro tipos de ayuda pública que se otorga a la educación en Europa:

a) Pagos de colegiaturas e inscripción.Este apoyo se da en dos formas a lo largo de los países europeos para la educación superior. En la primera forma, el pago lo hace en su totalidad el gobierno (Alemania, Dinamarca, Grecia, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Suecia y Noruega); y en la segunda forma, se requiere de una contribución privada por parte de los estudiantes cuando se inscriben (Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, Holanda, Portugal y el Reino Unido, así como en Islandia y Liechtenstein.)

b) Becas y préstamos o ambos.Las becas no tienen que ser pagadas por el estudiante; los préstamos se pagan posteriormente al término de los estudios con años de gracias distintos para cada país. Ambos proveídos fundamentalmente por el gobierno aunque fundaciones privadas y las ONG también ofrecen apoyos.

c) Incentivos fiscales a las familias.Vía deducciones de impuestos al ingreso.

d) Otros beneficios sociales.Incluye apoyo económico para el alojamiento de estudiantes, alimentación, seguro de gastos médicos y transportación.

Es importante ver que en la mayoría de los países  el gasto de manutención para la educación es responsabilidad de las familias y estudiantes pero con un incentivo fiscal que permite deducir una cierta cantidad por estudiante así como deducir los gastos relacionados con la educación. Es de destacar que existen también apoyos directos otorgados como subsidios, que se dan considerando el número de hijos con los que se cuenta en edad escolar;

1) Subsidio anual por hijo estudiante. Todos los países otorgan un subsidio anual por estudiante a las familias que tienen hijos dependientes que son estudiantes.

2) Becas y préstamos educativos o ambos. Este tipo de apoyo como única forma adicional al subsidio con el que se apoya a las familias con descendientes estudiando la educación básica.

3) Incentivos fiscales. Como la deducibilidad de los gastos que incurren los padres por conceptos relacionados con la educación de sus hijos en el nivel básico de instrucción.

Quizás estos  temas son los que  debemos abordar en una siguiente generación de reformas fiscales en materia de educación.

Las becas es otro medio que han venido usando los Estados nacionales para apoyar a los estudiantes siendo el promedio de recursos anuales destinados a las becas por estudiante en Europa en 1996 fue de mil 933 euros (ppp), siendo Austria, Dinamarca e Irlanda con 3 mil 397, 3 mil 64, 2 mil 934 euros (ppp), respectivamente. Los que menos recursos destinan son Bélgica, España y Portugal con 1 mil 31, 1 mil 395 y 1 mil 398 Euros (ppp) anuales por estudiante.

Otro métodos son los préstamos a estudiantes cuyo promedio en la Comunidad Económica Europea fue en 1996 (según datos bajados de la red de Internet) fue de 1 mil 978 Euros (ppp) en 1996. Luxemburgo, Suecia, y Holanda fueron los que más préstamos/estudiante otorgaron con 5 mil 72.

Existe gran variedad de procedimientos mediante los cuales se ha procurado incentivar a la educación, que como ya se dijo va desde la beca directa, los prestamos, los créditos bancarios, o los incentivos fiscales, por cierto la mayoría de ellos probados en el sistema educativo nacional. Hoy en día hay la obligación de otorgar un porcentaje de becas tanto en el sector público como el privado que presta servicios educativos, las modalidades son muy variadas, pero normalmente los porcentajes de colegiatura o inscripción cada vez son menores con la idea de beneficiar a un mayor número de personas. Los créditos también han ido en aumento, habiendo instituciones privadas que están otorgando créditos hasta del 80 por ciento de la colegiatura, con vencimientos a largo plazo, de hasta 15 años, y tasas fijas que en promedios son del 10 o el 12 por ciento anual.

Sin embargo, el objeto de la presente iniciativa es explorar el ámbito impositivo como medio para incentivar de la formación de cada vez mas mexicanos en instituciones privadas, atendiendo a la insuficiencia de la oferta del Estado en materia de servicios educativos, y evitar se cancelen las esperanzas de un número muy considerable de mexicanos por esta ausencia de oportunidades.

Así podemos apreciar que en la Unión Europea se establecieron procedimientos básicos de estímulos fiscales en sus sistemas tributarios: Las exenciones fiscales y los créditos fiscales basados en el gasto que se dedica a la educación, incluyendo a los estudiantes que son padres. Se calculan en base a una capacidad tributaria del contribuyente. Una cantidad fija llamada cuota o crédito fiscal que varia con el número de hijos estudiantes y del nivel de estudios en el que se encuentran. También pueden reducir el ingreso total directamente todos los gastos asociados a la educación mediante la debida comprobación fiscal de dichas erogaciones. Otro sistema utilizado en Europa es la de puntajes para reducir el ingreso de los contribuyentes a su capacidad tributaria mediante la suma de puntos por cada hijo dependiente y así obtener un coeficiente tributable por familia. Una exención fiscal progresiva dependiendo el número de hijos de hasta 3 mil 428 euros (ppp) anualmente por estudiante, en cuyo caso el 100 por ciento del costo de la colegiatura puede ser deducible en los ingresos tributarios de los padres.

Es importante aclarar, sin embargo, que la reforma propuesta no debe afectar necesariamente la recaudación que estima obtener la federación. De esta forma, permitir que las colegiaturas pagadas por los particulares para que sus dependientes en línea recta puedan recibir educación en los niveles que son responsabilidad del Estado por mandato constitucional puedan ser acreditables en el pago del impuesto sobre la renta a cargo de los contribuyentes hasta por un monto de 75 por ciento del costo que el Estado eroga por alumno en la educación obligatoria y en aquella que sin ser una obligación establecida en la Constitución, sí constituye una obligación moral de todo Estado nacional que aspira acceder a estadios más elevados en la calidad de vida de sus habitantes, como lo es la educación media superior y superior, y aún el posgrado. Todos ellos nos llevarán a ser cada vez mejores mexicanos.

En 2009 se estima que el gasto de los particulares en educación presentó un incremento anual real de 1.9 por ciento, el cual se espera pueda verse duplicado para el presente año con la aplicación de esta reforma. Con la presente se propone se otorgan elementos legislativos y normativos que permiten contribuir a hacer de la educación, un sector más amplio, más competitivo y moderno, el cual no sólo colabora como detonante para el desarrollo de este sector, sino de toda la economía, además de que el mismo impacta positivamente el equilibrio de los gastos de los contribuyentes.

Sin que lo anterior dé un resultado negativo en la recaudación o desequilibre las finanzas públicas, toda vez que como se ha dicho por quienes han presentado las diversas propuestas anteriores, los impactos por un mayor acceso a la educación, generarán efectos positivos en el mediano y largo plazo, tales como el crecimiento de las instituciones educativas privadas a consecuencia de un posible incremento de los educandos. Por lo anterior, los recursos que en teoría, se dejarían de percibir, al introducir el acreditamiento de dichos gastos, serían significativamente menores a los beneficios fiscales y económicos que recibiría el Estado.

Con base a las consideraciones anteriores y en mi carácter de diputado federal por Nuevo León, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, someto al pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 176, fracción VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en los términos siguientes

Decreto

Único.Se reforma el artículo 176, fracción VII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 176..........

VII. Los gastos efectuados por los conceptos de pago de colegiaturas, inscripción, reinscripción y a la transportación escolar, para sí mismos o para sus  descendientes en línea recta, en el caso de estos últimos sólo cuando éstos sean obligatorios en los términos de las disposiciones legales del área donde la escuela se encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura, debiéndose separar en el comprobante el monto que corresponda por concepto de transportación escolar. Respecto de la colegiatura, inscripción y reinscripción se podrá deducir en todos los niveles educativos y solamente por el equivalente al 75 por ciento de los montos totales anuales por alumno erogados por el Estado, atendiendo al nivel de que se trate y de conformidad con las cifras oficiales del ejercicio fiscal inmediato anterior  a la presentación de la declaración fiscal del contribuyente, reportado por la SEP; en el caso de las instituciones de nivel medio superior se estará a lo erogado por alumno anualmente, en el ejercicio inmediato anterior a la presentación de la declaración del contribuyente, por el Estado en el sistema del Colegio de Bachilleres, y en el nivel superior se estará bajo el mismo esquema a lo erogado por la UNAM.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputados: Eduardo Alonso Bailey Elizondo, María de Lourdes Reynoso Femat, Carlos Cruz Mendoza, David Hernández Vallín, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



ARTICULO 25 CONSTITUCIONAL - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

El diputado Omar Fayad Meneses:Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación.

Esta tarde vengo a intentar llamar la atención de todos y cada uno de ustedes con un tema que me parece que no solamente es importante porque somos representantes del pueblo, representantes de la sociedad, sino como ciudadanos creo que resulta de la mayor trascendencia, y vengo a hablarles de lo que es el ombudsman fiscal. Lo que debería ser ya, y no es, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para la República Mexicana.

La materia fiscal –y seguramente la gran mayoría de ustedes va a coincidir conmigo– es muy compleja, es absolutamente técnica y, en muchos de los casos –por no decir que en la gran mayoría– los contribuyentes pequeños, o nosotros como personas físicas, a veces no contamos con los recursos suficientes para acudir a abogados o despachos de contadores que nos orienten y asesoren en actos que tienen que ver con la autoridad fiscal y esto, sin duda, deja a las personas en estado de indefensión.

Lo que vengo a proponer a esta tribuna, esta figura, no es novedad porque ya había sido propuesta por una diputada desde hace muchos años. Desde 2003 está intentando que se introduzca esta figura a la legislación mexicana, y que lo logra a través de muchos problemas. Sin embargo, una vez más demostramos que muchas de las leyes en este país son ineficaces.

Hay una iniciativa que se presenta desde el 2003 que crea la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de los Contribuyentes como organismo descentralizado del gobierno federal. Funge como Cámara de origen el Senado de la República. La aprueba. La manda a esta Cámara. Esta Cámara la aprueba también. Regresa al Senado y se le envía al presidente para su promulgación y publicación respectiva y el presidente de la República la observa. Con sus observaciones la devuelve a la Cámara de origen. Se atienden las observaciones del presidente y una vez que fueron atendidas, se le regresa para su debida promulgación y publicación, lo cual el presidente hace.

Sin embargo, una dependencia del gobierno federal la impugna ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una vez impugnada, ésta va a la Corte y la Corte decide resolverla, ¿y qué creen? La deja subsistente. Simplemente habla de que dos artículos de la propia ley, el 5 y el 12, deben de cambiarse en su texto, porque podrían ser violatorios a la Constitución, pero queda completamente vigente.

Asimismo, la propia Cámara de Senadores subsana lo señalado por la Corte y hoy es totalmente vigente, está en la ley, pero desde entonces hasta la fecha no se ha podido constituir la institución y el Ejecutivo federal no ha enviado jamás la terna para ver quién debe constituirse como titular de esta dependencia. Increíble.

Esto es lo que yo llamaría, como dicen los abogados cuando algo no es precisamente de la técnica jurídica, sino de procedimientos de litigantes, dicen que es una chicana. Así la veo yo. Se ha hecho cualquier tipo de chicanas para que esta ley no cobre vigencia y para que esta institución no tenga un titular.

Por eso hoy vengo a presentar una iniciativa que cambia esto. No puede ser el ombudsman dependiente del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Hacienda, puesto que nos va a defender de ellos. Por eso planteamos aquí la autonomía de ese órgano, para que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sea un órgano constitucional y sea completamente autónomo.

Tampoco dejamos a meras recomendaciones sus decisiones. Le estamos dando en esta iniciativa carácter totalmente vinculatorio. Espero que estos breves argumentos –por el tiempo– los convenzan y si no, ahí está el texto de la iniciativa, o su servidor, para ampliar la información al respecto. Ojalá que cada una y cada uno de ustedes apoye esta iniciativa de reforma a la Constitución para crear un verdadero defensor de los derechos de los contribuyentes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañeros.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Omar Fayad Meneses, diputado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa que adiciona un párrafo noveno al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para establecer a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como un organismo público constitucional autónomo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 18 de febrero de 2010 presenté a consideración de esta honorable asamblea una iniciativa para adicionar la fracción IV del artículo 31 constitucional para transformar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un organismo constitucional autónomo que diera certeza y seguridad jurídica al manejo organizado y transparente de los ingresos fiscales, derivados de la obligación que tenemos los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del Estado y municipios en que residan.

Sin embargo, estas contribuciones, así lo establece claramente la Constitución, deben de ser de manera proporcional y equitativa; es por ello que al aplicar estas dos características a la materia impositiva, la obligación de contribuir se convierte en una garantía individual que le corresponde titular al Estado mexicano.

Para cumplir con este principio constitucional, es indispensable que a la obligación contributiva se le coloque en forma paralela un instrumento del Estado que coadyuve al pleno respeto de las garantías de igualdad fiscal, cumpliendo así con los postulados de desarrollo económico y una justa distribución de la riqueza, establecidos en el artículo 25 de la Constitución.

Precisamente, bajo estos postulados constitucionales, el Poder Legislativo promovió y aprobó la actual Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que garantiza las garantías de igualdad fiscal, la de contribuir de manera proporcional y equitativa.

A pesar de que dicha ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2006 para entrar en vigor al día siguiente, al día de hoy es una ley ineficaz.

Parte de este problema se derivó de la acción de inconstitucionalidad 38/2006, que el procurador general de la Republica promovió en su tiempo contra la aprobación de esta ley por las Cámaras de Diputados y de Senadores, y la promulgación por el presidente de la República, debido a que consideró que tal norma contravenía a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El 16 de mayo del 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la resolución a esta acción de inconstitucionalidad por parte de los ministros de la Suprema Corte en contra de la intentona de declarar su invalidez, por lo que esta ley mantiene su vigencia.

Pero increíblemente, a ya tres años y medio desde su promulgación y publicación, y a casi dos años de haberse resuelto la acción de inconstitucionalidad, no se ha nombrado aún al procurador de la Defensa del Contribuyente.

Es patente que no se está respetando la voluntad de los legisladores y de esta ley federal, pues en el artículo tercero transitorio se establece que la elección del primer procurador de la Defensa del Contribuyente deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes al inicio de vigencia de esta ley, y que la Procuraduría con todo y órgano de gobierno, el cual también es facultad del presidente de la República nombrarlo, deberá estar operando y funcionando, a más tardar, dentro de los siguientes ciento veinte días de vigencia.

La omisión por parte del presidente de la República de proponer la terna para el nombramiento del procurador de la Defensa del Contribuyente y la implícita implantación operativa de la propia procuraduría ha desprovisto hasta la fecha a todos los mexicanos obligados a contribuir de un instrumento legal indispensable para garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal, oponible, en su caso, a los actos arbitrarios de las autoridades que pudieran transgredir sus garantías constitucionales.

El hecho de que un instrumento de defensa ciudadana tan importante como este, que primero fue impugnado poniendo en duda su constitucionalidad por una dependencia del Ejecutivo federal y en la que una vez que se salva este inconveniente pasan ya casi 4 años y el propio Ejecutivo federal  no ha tomado la iniciativa ni siquiera de mandar la terna para su titular, nos debe de convencer de que no dependa del Ejecutivo federal y nos debe de apurar a ponerlo ya en operación con la autonomía de órgano del Estado que debe de tener para un eficaz servicio a los mexicanos.

Ante la posibilidad de que en un futuro pudiera presentarse otra acción de inconstitucionalidad para evitar la operación de este instrumento de defensa ciudadana en materia fiscal, el suscrito presenta esta iniciativa a la consideración del pleno para modificar la naturaleza jurídica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, transformándola de un organismo descentralizado dependiente del Ejecutivo a un órgano constitucional autónomo. El defensor fiscal del ciudadano no debe ser un trabajador del Ejecutivo federal.

Ante la falta de voluntad del Ejecutivo federal,  el procurador fiscal y los consejeros que integran el órgano de gobierno, deben ser nombrados por el Senado a propuesta de las fracciones legislativas de la Cámara de Diputados.

Si pretendemos avanzar en una reforma fiscal integral para fomentar la eficiencia recaudatoria administrativa, propiciando que la estructura impositiva se transforme en una administración notablemente eficaz, con un mínimo uso de recursos en su cumplimiento y recaudación, es imprescindible caminar paralelamente en la puesta en operación de estos medios autónomos de defensa de los contribuyentes.

Muy importante es que la propuesta que presento cambia la facultad de emitir sólo recomendaciones, a la de que la procuraduría pueda emitir resoluciones que tendrán el carácter de vinculantes para las autoridades fiscales, lo cual le da mayor valor y credibilidad a su operación.

Por lo expuesto, y reiterando la importancia de que a la mayor brevedad posible los contribuyentes cuenten con un ente protector de sus derechos fundamentales, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto deiniciativa de

Decreto que adiciona un párrafo noveno al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo noveno al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 25

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El Estado contará con un organismo público autónomo denominado Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, gozará de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su objeto y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones, y tendrá como objetivo garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y emisión de resoluciones que tendrán el carácter de vinculantes para las autoridades fiscales. El órgano de gobierno de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un cuerpo colegiado que se integrará por el procurador y seis consejeros independientes cuyo nombramiento lo hará el Senado de la República o, en su caso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre la terna que someta a su consideración las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados. El procurador de la Defensa del Contribuyente y los consejeros durarán en su encargo cuatro años y el primero podrá ser ratificado por el Senado a solicitud de la Cámara de Diputados sólo para un segundo periodo y ambos sólo podrán ser removidos por causa grave, estando sujetos a lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las atribuciones, facultades ejecutivas, de operación y requisitos para el personal que integre la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente estarán determinadas por la ley orgánica respectiva.

Artículo Segundo. Se reforman el Titulo del Capitulo V y los artículos 1, párrafo primero, 2, 5,8, fracción V, 9, 10, 12, 13,14, 18, 21,22, 23, 25, 26,27 y 28 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para quedar como sigue:

Capítulo VDe los Acuerdos y Resoluciones

Artículo 1. La presente ley es de orden público, de aplicación en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a fin de garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y emisión de resoluciones que tendrán el carácter de vinculantes para las autoridades fiscales.

Artículo 2. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo constitucional, con autonomía técnica, funcional y de gestión; personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para garantizar el derecho de los contribuyentes.

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Artículo 5. ...

I. ...

II. Previo estudio del caso y de las características socioeconómicas del contribuyente, el órgano de gobierno resolverárepresentar al contribuyente ante la autoridad correspondiente, promoviendo a su nombre los recursos administrativos procedentes y, en su caso, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ejerciendo las acciones a que haya lugar, deduciendo con oportunidad y eficacia los derechos de sus representados, hasta su total resolución; en caso contrario, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente deberá emitir un dictamen técnico jurídico, que podrá servir de documento base de acción legal para que el contribuyente agraviado por los actos de la autoridad fiscal promueva los medios de defensa correspondientes que la ley prevé.

III.Conocer e investigar de las quejas de los contribuyentes afectados por los actos de las autoridades fiscales federales por presuntas violaciones a sus derechos, en los términos de la presente ley y, en su caso, formular resoluciones vinculatorias, respecto a la legalidad de los actos de dichas autoridades;

IV. a VI. ...

VII.Atender, dentro de los límites legales que en la materia existan para las autoridades fiscales, las obligaciones sobre transparencia e información que impone la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, difundiendo entre la población en general, a través de la página electrónica que tenga establecida en el sistema Internet las principales acciones que haya realizado tanto en defensa de los contribuyentes como para mejorar la relación entre éstos y las autoridades fiscales, en términos estrictos de las facultades que esta ley le concede. Asimismo y con objeto de garantizar el cumplimiento de esta ley, la Procuraduría publicará, al menos semestralmente, en su página de Internet la información sobre sus principales actividades en defensa del contribuyente.

VIII. a XV. ...

XVI.Proponer a la Cámara de Diputados modificaciones a las disposiciones fiscales.

XVII. Ejercitar Acciones de Inconstitucionalidad en materia fiscal; y

XVIII. Las atribuciones que deriven de otros ordenamientos.

Artículo 8. ...

I. a IV. ...

V.Emitir las resoluciones públicas vinculativas, así como los acuerdos que resulten de los procedimientos que practique;

VI. a XII. ...

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Artículo 9.La designación del procurador de la Defensa del Contribuyente será realizada por el Senado de la República o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre la terna que someta a su consideración las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados.

El procurador de la Defensa del Contribuyente durará en su encargo cuatro años y podrá ser ratificado por el Senado a solicitud de la Cámara de Diputados sólopara un segundo periodo.

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Artículo 10. Los asesores jurídicos deberán reunir para su nombramiento los mismos requisitos que el procurador, exceptuando la fracción IV del artículo 7, ya que será necesario que cuenten con experiencia acreditada en materia fiscal por un período continuo de dos años inmediato anterior a su nombramiento.

Artículo 12. ...

I. ...

II.Seis consejeros independientes, los cuales serán designados por el Senado, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados.

El procurador de la Defensa del Contribuyente, así como los consejeros independientes que integran el órgano de gobierno, sólo podrán ser removidos por causa grave, estando sujetos a lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Congreso de la Unión preservará un adecuado equilibrio al designar a dichos consejeros, tomando en cuenta a los representantes de las principales universidades del país, a los representantes de asociaciones profesionales, así como a las principales cámaras empresariales. Estos nombramientos deberán recaer en personas que cuenten con amplia experiencia en la materia tributaria y quienes por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia , sean ampliamente reconocidos y coadyuven al buen funcionamiento de la procuraduría.

...

Los consejeros independientes deberán cumplir para su nombramiento, los mismos requisitos que el procurador.

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Artículo 13. ...

I. a III. ...

IV.Evaluar y, en su caso, aprobar el proyecto de informe anual del procurador de la Defensa del Contribuyente, que enviará a la Cámara de Diputados para su conocimiento y evaluación correspondiente;

V. a VII. ...

Artículo 14. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tendrá un órgano interno de control, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios.

El órgano interno de control, su titular y los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades desarrollarán sus funciones conforme a las atribuciones que les confiere el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Artículo 18. La presentación de la queja o reclamación a que se refiere la fracción III del artículo 5, podrá hacerse en cualquier tiempo, a menos que, el acto que se reclame de las autoridades fiscales federales vaya a ser objeto de defensa contenciosa por la procuraduría, en términos de la fracción II del artículo 5, caso en el cual la queja para efectos de la resolución que le precediera, deberá presentarse a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del acto o resolución a impugnarse con el apercibimiento de que, si no se presenta en el término antes indicado, se tendrá por no presentada.

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Artículo 21. ...

Las conclusiones del expediente, que serán la base de las resoluciones, estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación y pruebas que obren en el propio expediente.

Artículo 22. ...

I. ...

II. Resoluciones vinculatorias para la autoridad o servidor público a la que se dirija; y

III. Acuerdos de responsabilidad yde no responsabilidad.

Artículo 23. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del informe de las autoridades responsables a que se refiere el artículo 19 de esta ley, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente formulará una resolución, analizando los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores han violado o no los derechos de los afectados, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales, señalando, en su caso, las prácticas en que hubieren incurrido las autoridades responsables.

En la resolución se propondrán las medidas correctivas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos y, si procede, la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.

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Artículo 25.La resolución tendrá carácter vinculatoria para la autoridad o servidor público a los cuales se dirija y no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o reclamación.

Una vez recibida la resolución y dependiendo del caso, la autoridad o servidor público de que se trate informará por escrito a la procuraduría, dentro de los diez días hábiles siguientes, las pruebas que acrediten la manera en que ha tomado en cuenta la resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez por igual término cuando la naturaleza de la resolución así lo amerite y lo autorice el procurador de la Defensa del Contribuyente o los delegados regionales.

En contra de los acuerdos o resoluciones definitivas de la procuraduría no procede ningún recurso, salvo el de aclaración, que deberá ser presentado ante el órgano interno de control de la misma procuraduría.

Artículo 26.La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente estará obligada a entregar las pruebas que resulten necesarias a la autoridad a quien se dirigió una resolución, con objeto de que dicha autoridad cuente con los elementos necesarios para cumplimentar, en todo caso, la resolución de que se trate.

Artículo 27.Las resoluciones y los acuerdos se referirán a casos concretos; las autoridades no podrán aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría de razón. Sin embargo, sí podrán formar precedentes como criterios de resoluciones para su aplicación en casos semejantes por parte de la procuraduría y de las delegaciones regionales.

Artículo 28. ...

I. ...

1. ...

2.No informen dentro de los términos a que se refieren los párrafos segundo y cuarto del artículo 25 de esta ley, en su caso, la manera en que han tomado en cuenta la resolución emitida por la procuraduría;

II. ...

III.Será motivo de responsabilidad administrativa, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, cuando los servidores públicos de las autoridades fiscales federales se nieguen a tomar en cuenta la resolución que se les dirija, siempre que el contribuyente logre, mediante el ejercicio de acciones administrativas o contenciosas, que el acto que fue objeto de la intervención de la procuraduría sea declarado nulo por ausencia total de fundamentación o motivación mediante resolución definitiva.

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Artículo Tercero.Se deroga el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente publicada el 4 de septiembre del 2006.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.La designación del procurador de Defensa del Contribuyente se hará dentro del término de treinta días hábiles contados a partir de que la reforma constitucional cause efectos legales y entren en vigor las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría del Contribuyente. Dentro de los siguientes cuarenta y cinco días hábiles a su elección, deberá constituirse el órgano de gobierno de la procuraduría, órgano que deberá expedir su estatuto orgánico a más tardar dentro de treinta días siguientes a su constitución.

Artículo Tercero.Quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, debiendo adecuarse las leyes en la materia en un plazo que no exceda de treinta días hábiles.

Artículo Cuarto.A la entrada en vigor del presente decreto, los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se regirán por el Apartado B del artículo 123 constitucional.

Artículo Quinto.Conforme a las disposiciones aplicables, el régimen presupuestario del organismo creado en los términos del presente decreto deberá garantizar la libre administración y la suficiencia de recursos públicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputado Omar Fayad Meneses (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.



LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Ovidio Cortázar Ramos: Con su venia, diputado presidente. No cabe duda que no hay nada más que lesione tanto a México como el crimen y la delincuencia.

Es de destacar que la seguridad pública es un asunto de primera jerarquía en la agenda nacional, por lo cual debemos continuar en la elaboración de propuestas que permitan avanzar en el fortalecimiento de las necesidades directamente vinculadas con esta área a favor de la seguridad ciudadana.

En este tenor, de conformidad con el Plan Nacional de De-sarrollo, en su eje de política pública, titulado estado de derecho y seguridad, señala que para garantizar que la vida, el patrimonio, las libertades y los derechos de todos los mexicanos estén debidamente protegidos, se proveerá una base firme para el desarrollo óptimo de las capacidades de la población.

En concordancia con el objetivo planteado es importante continuar impulsando reformas desde una perspectiva presupuestaria, promoviendo, entre otras actividades, iniciativas de ley en la materia que potencien un avance continuo del área que se traduzca en una palanca para el desarrollo económico y social de la nación. En definitiva, la seguridad pública va a incidir favorablemente en el crecimiento del país, incrementa las posibilidades de atraer inversiones y con ello más y mejores empleos.

De conformidad con la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el 58.5 por ciento notó que en su municipio aumentaron los delitos durante el 2008. Es importante resaltar que en esta materia se han logrado avances significativos. Sin embargo, aún nos encontramos frente a enormes retos y desafíos esenciales.

Por su parte la seguridad pública en los municipios es uno de los servicios primordiales que el ayuntamiento debe proporcionar de manera directa. La seguridad pública es uno de los aspectos de la administración municipal que mayores requerimientos materiales, técnicos y financieros consume debido a que el servicio de seguridad que demanda la sociedad para su desarrollo es gratuito y de carácter permanente para toda la comunidad.

A partir del ejercicio fiscal de 1998 los municipios, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, reciben, además de las participaciones federales, dos importantes fondos de aportaciones federales destinados a la infraestructura básica municipal y a la seguridad pública municipal, principalmente el Fondo de Aportaciones Federales de la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamundf).

La Ley de Coordinación Fiscal establece que los recursos destinados al Fortamundf se podrán utilizar para todas aquellas obligaciones financieras adquiridas por los ayuntamientos para el pago de derechos de agua, así como la atención de necesidades vinculadas directamente con la seguridad pública.

Con el objeto de apoyar a los gobiernos municipales en su lucha por erradicar la inseguridad pública a nivel local, la propuesta busca establecer, en el artículo 37 de la ley en comento, lo que señala el artículo 9o. del decreto del Presupuesto de Egresos de 2010, que refiere que el Consejo Nacional de Seguridad Pública promoverá que al menos el 20 por ciento de los recursos del Fortamundf se destinen a la seguridad pública a nivel local.

Como diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos a favor de apoyar la misión y visión del Plan Nacional de Desarrollo y continuar generando propuestas que ayuden a fortalecer la competitividad del país, y qué mejor mecanismo que el de promover reformas dirigidas a combatir la inseguridad pública y, en consecuencia, atraer y retener inversiones.

Sin duda, esto nos permitirá elevar el nivel de vida de la ciudadanía y contribuirá a reducir la brecha de desigualdad.

Por lo expuesto, someto a la apreciable consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Único. Se reforma el artículo 37 del la ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 37. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, y dedicarán por lo menos el 20 por ciento de los recursos a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

Respecto de las aportaciones que reciban, con cargo al fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refieren las acciones primera y tercera del artículo 33 de esta ley.

Presidente, solicito a usted atentamente, insértese íntegra al Diario de los Debates la iniciativa con proyecto de decreto que hoy presento en virtud de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de seguridad pública, la cual se fundamenta en la siguiente

Exposición de Motivos

No hay nada que lesione tanto a México como el crimen y la delincuencia.

La seguridad pública es asunto de primera jerarquía en la agenda nacional, por lo cual debemos continuar en la elaboración de propuestas que permitan avanzar en el fortalecimiento de las necesidades directamente vinculadas con esta área, en favor de la seguridad ciudadana.

El Plan Nacional de Desarrollo señala en el eje de política pública 1, “Estado de derecho y seguridad”:

Una premisa fundamental de la interacción social estriba en que las personas necesitan garantías de seguridad para su desarrollo humano sustentable. De otra manera, las personas no podrían actuar y desarrollarse en forma libre y segura. En definitiva, los mexicanos deben contar con la tranquilidad de que, en el futuro, no perderán los logros que son fruto de su esfuerzo.

El gobierno es el primer obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, de modo que haya un auténtico estado de derecho en México. Sólo garantizando que la vida, el patrimonio, las libertades y los derechos de todos los mexicanos están debidamente protegidos se proveerá de una base firme para el desarrollo óptimo de las capacidades de la población.

Es también obligación del Estado promover la adecuación del marco legal para que éste sea justo y responda a la realidad nacional, de manera que la ciudadanía esté convencida de que su interés está mejor protegido dentro de la legalidad que al margen de ella.

En concordancia con el objetivo planteado, es importante continuar impulsando reformas desde una perspectiva presupuestaria, promoviendo, entre otras actividades, iniciativas de ley en la materia que potencien un avance continuo del área, que se traduzca en una palanca para el desarrollo económico y social de la nación. En definitiva, la seguridad pública incidirá favorablemente en el crecimiento del país e incrementará las posibilidades de atraer inversiones y, con ello, más y mejores empleos.

Además, la seguridad pública constituye parte esencial del bienestar y la tranquilidad de la sociedad; representa una de las exigencias más sentidas de los ciudadanos.

De conformidad con la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, 65 por ciento por ciento de la población de 18 años y más considera inseguro su estado. Además, 58.5 por ciento notó que en su municipio aumentaron los delitos durante 2008.

Se han logrado avances significativos en la materia; sin embargo, aún nos encontramos frente a enormes retos y a desafíos esenciales.

La sociedad exige de las autoridades una entrega total; es nuestro deber continuar realizando propuestas que permitan una transparente revisión de los gastos y de los propósitos que se persiguen al realizarlos.

La función de la seguridad pública está vinculada a la idea de participación. La seguridad no puede alcanzarse con estrategias y acciones aisladas de la autoridad: exige la articulación y coordinación de todos los órganos que intervienen en los tres niveles de gobierno, a lo cual deben sumarse instituciones encargadas de educación, salud y desarrollo social e, incluso, la sociedad civil misma.

La seguridad pública en los municipios es uno de los servicios primordiales que el ayuntamiento debe proporcionar de manera directa. La seguridad pública es uno de los aspectos de la administración municipal que mayores requerimientos materiales, técnicos y financieros plantea, pues el servicio de seguridad que demanda la sociedad para su desarrollo es gratuito y de carácter permanente para toda la comunidad.

Es de subrayarse que las formas y los procedimientos para elaborar y ejecutar el presupuesto se vean en función de las necesidades del país y su atención continua y progresiva.

A partir del ejercicio fiscal de 1998, los municipios, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, reciben además de las participaciones federales que dicha normatividad regula, dos importantes fondos de aportaciones federales, destinados a la infraestructura básica y seguridad pública municipales principalmente:

• Fondo de Aportaciones Federales de la Infraestructura Social Municipal; y

• Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamundf).

Del valor que revisten los anteriores deriva la importancia de regular respecto al Fortamundf lo relativo a las prioridades a que se destinarán dichos recursos.

Tan sólo por mencionar un dato, el Fortamundf ha tenido un incremento en la asignación de sus recursos: mientras que en el ejercicio fiscal de 2007 el monto ascendió 32 mil 682.2 millones de pesos, en el Presupuesto de 2010 en la Cámara de Diputados se aprobaron 42 mil 417.8 millones.

Es imprescindible enfrentar el reto de mejorar la calidad del gasto, a través de la orientación del presupuesto a la consecución de metas y objetivos concretos. Así también, una mayor eficacia del sistema presupuestario requiere instrumentos que permitan mayor flexibilidad y simplificación de procesos, y oportunidad en el gasto, como señaló la exposición de motivos del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Ley de Coordinación Fiscal establece que los recursos destinados al Fortamundf podrán utilizarse para todas las obligaciones financieras adquiridas por los ayuntamientos para el pago de derechos de agua, así como a la atención de necesidades vinculadas directamente con la seguridad pública.

Con objeto de apoyar a los gobiernos municipales en su lucha por erradicar la inseguridad pública local, la propuesta busca establecer en el artículo 37 de la ley en comento lo que señala el artículo 9 del decreto de Presupuesto de Egresos de 2010: el Consejo Nacional de Seguridad Pública promoverá que al menos 20 por ciento de los recursos del Fortamundf se destinen a la seguridad pública a escala local.

En virtud de lo expuesto, se propone que 20 por ciento de los recursos previstos en el Fortamundf se destine a la atención de necesidades vinculadas directamente con la seguridad pública.

La iniciativa que propongo tiene por objeto destinar un determinado porcentaje de los recursos del fondo en comento a una de las actividades prioritarias de los municipios, y con ello fortalecer los recursos financieros que se destinan a la seguridad de la población.

La reforma que presentamos a su consideración etiquetaría justificadamente el destino de los recursos aportado al respectivo fondo, constriñéndolos a los ejes expresamente indicados, en beneficio de la sociedad, al permitir destinarlos a un área esencial para el desarrollo del país.

Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estoy en favor de apoyar la misión y visión del Plan Nacional de Desarrollo y de continuar generando propuestas que ayuden a fortalecer la competitividad del país; y qué mejor mecanismo que el de promover reformas dirigidas a combatir la inseguridad pública y, en consecuencia, atraer y retener inversiones. Sin duda, esto nos permitirá elevar el nivel de vida de los ciudadanos y contribuirá a reducir la brecha de desigualdad.

Garantizar a la población la administración eficiente de los recursos por los tres niveles de gobierno, que no se ejerza mal y a destiempo, y crear procedimientos para mejorar la rendición de cuentas redundará en la confianza de los ciudadanos en sus autoridades e instituciones.

Por lo expuesto, y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 37.Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y dedicarán por lo menos 20 por ciento de los recursos a la atención de las necesidades vinculadas directamente con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto a las aportaciones que reciban con cargo al fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I y III del artículo 33 de esta ley.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en www.presidencia. gob.mx

2 El ICESI surgió en 2002, con el esfuerzo de cinco importantes instituciones de la sociedad civil: Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Fundación Este País, UNAM y Tecnológico de Monterrey. La asamblea de asociados se forma por los titulares de cada institución. El levantamiento de campo de la ENSI-6 estuvo a cargo del Inegi.

En la encuesta se omiten los resultados correspondientes a Tabasco, Tamaulipas, Villahermosa y Nuevo Laredo, en virtud de que en la primera entidad se presentaron problemas inherentes al levantamiento de campo; y en Tamaulipas no se realizaron las entrevistas en condiciones adecuadas debido a la vigilancia efectuada en algunas ciudades por personas no identificadas. Los indicadores nacionales de la ENSI-6 se han generado con base en las 30 entidades y los globales de ciudades con base en las 14 zonas metropolitanas restantes

3 Peñaloza, Pedro José; y Garza, Mario A. Los desafíos de la seguridad pública en México, primera edición, Procuraduría General de la República e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2002.

4 Guía técnica 24, La seguridad pública municipal, Instituto Nacional de Administración Pública, Centro de Estudios de Administración Estatal y Municipal, http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l= 1719

5 http://www.indetec.gob.mx/News/files/FondosMunicipRamo33.htm

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputados Ovidio Cortazar Ramos, Camilo Rodríguez Puente, Carlos Martínez Martínez, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Luis Hernández Cruz, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, María Antonieta Pérez Reyes, Obdulia Magdalena Torres Abarca, Jesús Giles Sánchez, Luis Enrique Mercado Sánchez,  Juan José Cuevas García, José Ignacio Seara Sierra, Laura Elena Estrada Rodríguez, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, Adriana Fuentes Cortés (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El diputado Camilo Ramírez Puente (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Ramírez Puente, dígame.

El diputado Camilo Ramírez Puente (desde la curul): Sí, señor presidente, con la venia. Nada más para que sea tan amable de preguntarle al orador si acepta que me adhiera a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Diputado Cortázar, está usted de acuerdo que se adhieran a su propuesta?

El diputado Ovidio Cortázar Ramos(desde la curul): Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo el señor diputado. Así que todas y todos aquellos que deseen pasar a suscribirla, pasen a la Secretaría, por favor.



ARTICULOS 73, 76 Y 89 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Luis Jaime Correa:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en el pasado y durante muchos años el sistema de partido hegemónico en México se caracterizó por un presidencialismo en el que el Poder Ejecutivo concentraba la toma de decisiones en lo absoluto, de tal forma que supeditaba su voluntad a los otros poderes republicanos, tanto al Legislativo como al Judicial.

El presidente, investido como jefe de Estado, de gobierno y como máxima figura del partido oficial copaba prácticamente todos los espacios de representación política. Fue hasta las reformas políticas de los años sesenta y setenta que cristalizaron, gracias a la presión social y a la presión opositora del régimen, cuando se logró una apertura inicial que permitió que diversos partidos, sobre todo de izquierda, que habían estado proscritos en el pasado, pudieran tener registro oficial y representación parlamentaria, lo cual permitió que durante los 10 años siguientes la oposición cobrara una enorme fuerza que se manifestó contundentemente en las elecciones de 1988, cuando la sociedad claramente expresó en las urnas su simpatía por una fuerza distinta al partido oficial.

Con el advenimiento de la pluralidad se desvaneció el amplio consenso que existía hacia el Ejecutivo –más control que consenso– y la oposición empezó a cuestionar duramente la conducción del gobierno, incluida la política exterior.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD ha manifestado reiteradamente su rechazo a una política exterior de corto plazo y basada en intereses de grupo. Por eso hoy vengo a plantear reformas para avanzar hacia una política exterior de Estado.

Quiero decirles que esta propuesta forma parte de un conjunto de iniciativas de reforma constitucional que nuestro Grupo Parlamentario está planteando en esta legislatura para fortalecer al Poder Legislativo.

Como ustedes saben, de manera reciente hemos propuesto que el Congreso de la Unión tenga mayores facultades para evaluar el ejercicio de la función pública, para ratificar las decisiones del Ejecutivo y para pedirle cuenta de sus funciones, para que la Cámara de Diputados, y no solamente el Senado, tenga la facultad de aprobar los tratados internacionales, los tratados que suscribe el Ejecutivo, porque nuestra aspiración máxima es poder lograr un cambio de régimen que le dé equilibrio republicano a la relación entre poderes y al ejercicio de gobierno.

El Congreso es el espacio que representa la pluralidad política del país y consideramos que es muy importante que participe en los asuntos de Estado, sobre todo en aquéllos que tienen que ver con definir la posición que debe tener nuestro país en el mundo.

Consideramos que el Ejecutivo debe seguir manteniendo la facultad de instrumentar la política exterior. Sin embargo, es importante que los ejes fundamentales de la misma, que necesariamente tienen el rango de asuntos de Estado, sean previamente discutidos y aprobados por el Poder Legislativo, porque las relaciones que mantenga nuestro gobierno con otros países o regiones del mundo no pueden conducirse a partir de la improvisación o con una visión de coyuntura generada a capricho del presidente en turno, sino que deben ser diseñadas a partir de una política de Estado, apegada a los principios de política exterior consagrados en la Constitución, que considere a largo plazo el rumbo que le queremos dar a nuestro país y eso debe ser una responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Necesitamos promover cabalmente los intereses de México en el mundo, independientemente de la administración que se encuentre en el gobierno.

Necesitamos posicionar nuestra agenda para el desarrollo con una visión de largo plazo que nos permita reducir la desigualdad, la injusticia y la inseguridad que imperan en nuestro país, a la luz del esfuerzo nacional y de la cooperación a través de la experiencia internacional.

Como es sabido, el Poder Legislativo tiene participación desde hace muchos años en algunos aspectos de la política exterior, pero curiosamente ésta no ha sido un logro que se le pueda atribuir a una iniciativa del Congreso de la Unión, sino que es un espacio que se ha ido generando de manera espontánea gracias al entorno internacional que ha involucrado cada vez más a los legisladores de ambas Cámaras a participar en diversos organismos internacionales y a reuniones interparlamentarias con otros congresos del mundo.

Sin embargo, esta participación es muy acotada, porque se circunscribe al ámbito de la diplomacia parlamentaria, que si bien es un espacio de gran importancia, no trasciende para la definición de los lineamientos generales de política exterior.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente propuesta de reforma constitucional, a fin de avanzar hacia una mayor participación del Congreso de la Unión en la definición de los ejes rectores de la política exterior del Estado mexicano. Por su atención, muchas gracias.

Solicito al presidente que esta intervención, junto con la iniciativa y proyecto de decreto, sean incorporados de manera íntegra en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma los artículos 73, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado José Luis Jaime Correa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, presenta ante esta soberanía la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el pasado y durante muchos años, el sistema de partido hegemónico en México se caracterizó por un presidencialismo en el que el Poder Ejecutivo concentraba la toma de decisiones, supeditando a su voluntad a los otros poderes republicanos, tanto al Legislativo como al Judicial. El presidente, jefe de Estado, de gobierno y máxima figura del partido oficial copaba prácticamente todos los espacios de representación política.

Fue hasta las reformas políticas de los años sesenta y setenta, gracias a la presión social y a la presión opositora al régimen, cuando se logró una apertura inicial que permitió que diversos partidos, sobre todo de izquierda, que habían estado proscritos en el pasado, pudieran tener registro oficial y representación parlamentaria, lo cual permitió que durante los diez años siguientes, la oposición cobrara una enorme fuerza que se manifestó contundentemente en 1988, cuando la sociedad claramente expresó en las urnas su simpatía por una fuerza distinta al partido oficial.

Posteriormente, nuestro país transitó por un proceso de cambio político en el que la pluralidad comenzó a permear en los distintos ámbitos del gobierno, de los estados y en el propio Congreso de la Unión. De tal forma que a partir de 1997 nuestro país experimentó su primer “gobierno de minoría” porque fue a partir de entonces cuando el gobierno federal perdió su respaldo mayoritario en la Cámara de Diputados y el control de la misma. Pese a todo ello, el Ejecutivo conservó sus facultades exclusivas, incluyendo la de dirigir la Política Exterior de nuestro país.

Sin embargo, con el advenimiento de la pluralidad, se desvaneció el amplio consenso que existía hacia el Ejecutivo en general y particularmente hacia la conducción de la política exterior, la cual se consideraba de muy bajo perfil.

Los legisladores también manifestaron su desacuerdo respecto a la precaria participación de nuestro país en la Organización de las Naciones Unidas, así como su rechazo a las tensiones innecesarias que en su momento se generaron con países como Cuba, Venezuela, Argentina, Chile y Brasil entre otros.

El Grupo Parlamentario del PRD ha manifestado reiteradamente su rechazo a una política exterior de corto plazo y basada en intereses de grupo, por eso hoy vengo a plantear reformas para avanzar hacia una política exterior de Estado.

Esta propuesta forma parte de un conjunto de Iniciativas de reforma constitucional que estamos planteando en esta legislatura para fortalecer al Poder Legislativo.

De manera reciente hemos propuesto que el Congreso de la Unión tenga mayores facultades para evaluar el ejercicio de la función pública; para ratificar las decisiones del Ejecutivo y para pedirle cuentas de sus funciones; a fin de que la Cámara de Diputados y no solamente el Senado tenga la facultad de aprobar los tratados internacionales que suscriba el Ejecutivo, porque nuestra aspiración máxima es poder lograr un cambio de régimen que le dé equilibrio republicano a la relación entre poderes y al ejercicio de gobierno.

El Congreso es el espacio que representa la pluralidad política del país y consideramos que es muy importante que participe en los asuntos de Estado, sobre todo en aquellos que tienen que ver con definir la posición que debe tener nuestro país en el mundo.

Necesitamos que el Congreso de la Unión participe con el Ejecutivo en la conducción de la Política Exterior de nuestro país, con esto no estamos planteando eliminar facultades al Ejecutivo, consideramos que éste debe seguir manteniendo la facultad de instrumentar la Política Exterior; sin embargo, es importante que los lineamientos y los ejes fundamentales de la misma, que necesariamente tienen rango de asuntos de Estado, sean previamente discutidos y aprobados por el Poder Legislativo; porque las relaciones que mantenga nuestro gobierno con otros países o regiones del mundo, no pueden conducirse a partir de la improvisación o con una visión de coyuntura generada a capricho del Presidente en turno, sino que deben ser diseñadas a partir de una política de Estado, apegada a los principios de Política Exterior consagrados en la Constitución, que considere a largo plazo el rumbo que le queremos dar a nuestro país y eso debe ser una responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Necesitamos promover cabalmente los intereses de México en el mundo, independientemente de la administración que se encuentre en el gobierno; necesitamos posicionar nuestra agenda para el desarrollo, con una visión de largo plazo, que nos permite reducir la desigualdad, la injusticia y la inseguridad que imperan en nuestro país, a la luz del esfuerzo nacional y de la cooperación a través de la experiencia internacional.

Como todos ustedes saben, el Poder Legislativo tiene participación desde hace muchos años en algunos aspectos de la política exterior, pero curiosamente esto no ha sido un logro que se le pueda atribuir a una iniciativa del Congreso de la Unión, sino que es un espacio que se ha ido generado de manera espontánea gracias al entorno internacional que ha involucrado cada vez más a los Legisladores de ambas Cámaras a participar en diversos organismos internacionales y a reuniones interparlamentarias con otros Congresos del mundo. Sin embargo, esta participación es muy acotada, porque se circunscribe al ámbito de la diplomacia parlamentaria, que si bien es un espacio de gran importancia, no trasciende para la definición de los lineamientos generales de Política Exterior.

Por lo expuesto, propongo a esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto de reforma constitucional en los términos siguientes:

Artículo Único. Se adicionanlas fracciones XXX y XXXI, y se recorre la última fracción del artículo 73; y se deroga el primer párrafo de la fracción I del artículo 76; se reformala fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-O. (...)

XXX. Examinar, discutir y aprobar los ejes rectores de la política exterior que instrumente el Ejecutivo federal de acuerdo a los principios establecidos en la fracción X del artículo 89 de la Constitución.

XXXI. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la república y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso.

XXXII.Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Artículo 76.Son facultades exclusivas del Senado:

I. (Primer párrafo) se deroga

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II. a XII...

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

I. a IX. ...

X. Dirigir la política exterior de acuerdo a los ejes rectores aprobados por el Congreso de la Unióny celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI. a XX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2010.— Diputado José Luis Jaime Correa (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita el señor diputado insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.



LEY FEDERAL PARA LA REGULACION DE LOS CENTRO DE APOYO Y REHABILITACION EN MATERIA DE ADICCIONES Y DISCAPACIDADES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Regulación de los Centros de Apoyo y Rehabilitación en Materia de Adicciones y Discapacidades.

La diputada Caritina Sáenz Vargas: Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, el fenómeno de las adicciones en nuestro país ha venido incrementándose de manera alarmante en los años recientes.

Actualmente, cifras de los centros de rehabilitación para las adicciones nos muestran que cada vez más niños y jóvenes son propensos a caer en el consumo de drogas, incrementándose el número de adictos de 307 mil a 465 mil. Es decir, de 4.6 por ciento a 5.2 por ciento, sólo en el año 2002 al 2008.

Por otra parte, existe una realidad en México que no podemos seguir obviando y éste es el tema del cuidado y la atención a personas con algún tipo de discapacidad.

La Organización Mundial de la Salud ha calculado una población discapacitada de 14 por ciento. Es decir, más de 14 millones de mexicanos padecen alguna discapacidad física o mental.

Según la Oficina de Representación para la Promoción de Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, cada año se suman en México a las más de 14 millones de personas con alguna discapacidad un promedio de 270 mil personas más.

Estos números más que alarmarnos nos deben alertar sobre la importancia que tiene legislar sobre este tema de manera más eficaz, con resultados a corto plazo.

Lo anterior ha generado que la sociedad busque alternativas para la atención especializada a estos grupos vulnerables, las cuales van en función de nivel socioeconómico de las familias y personas que requieren este tipo de apoyo.

Ello con el propósito de encontrar una alternativa que les procure la recuperación y rehabilitación de quienes padecen algún tipo de adicción a sustancias psicoactivas, así como a quienes requieren apoyo para la atención, cuidado y rehabilitación de personas con capacidades diferentes.

Cabe mencionar que en relación con esta importante problemática existen en nuestro país un sinnúmero de centros de apoyo y rehabilitación en materia de adicciones y discapacidades de carácter público y privado. Algunas de estas organizaciones privadas operan como asociaciones civiles, religiosas, entre otras, con fines altruistas o lucrativos, y son comúnmente denominados anexos, granjas, centros de ayuda mutua, centros para ingobernables, centros 24 horas.

Sin embargo, es importante señalar, compañeras y compañeros, que no existe un registro confiable, una normatividad estricta ni un control real de la operatividad de dichos centros, lo cual dificulta la atención integral a estas personas.

Asimismo, es importante señalar que cada vez se registran con mayor frecuencia denuncias sobre abusos y maltratos en los centros de apoyo y rehabilitación en las diversas entidades de nuestro país, quedando al descubierto la falta de vigilancia de las autoridades para garantizar la adecuada atención de estos centros, en donde se llevan a cabo maltratos y abusos de toda índole, tanto físicos, psicológicos, sexuales, así como la trata de personas, incluso, recientemente, esclavitud.

Lo anterior nos da una idea de lo grave de la situación a la que se enfrentan tanto las personas que buscan rehabilitarse de alguna adicción o una discapacidad física o mental, así como sus familias que, en el ánimo de buscar apoyo y ayuda, caen en manos de instituciones y personas sin escrúpulos, sin la preparación adecuada y sin los principios ni la vocación de servicio que se requieren para el cuidado y la atención a este problema tan delicado.

Al margen de considerar que la causa de este problema es multifactorial, debemos considerar que es obligación del Estado mexicano atender el derecho a la salud de los connacionales. Por ello, se presenta esta propuesta inicial de Ley Federal para la Regulación de los Centros de Apoyo y Rehabilitación en Materia de Adicciones y Discapacidades, con la finalidad de que juntos la revisemos. Se puede enriquecer y fortalecer en el seno de las comisiones legislativas, a través de las aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios que conforman esta legislatura.

Señoras diputadas y señores diputados, nos corresponde, como legisladores, revisar y proponer el marco jurídico para resolver esta problemática nacional. Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos profundamente necesario que mediante la presente iniciativa de ley se evite que operen en nuestro país centros de apoyo y rehabilitación que no cumplan con los requisitos mínimos indispensables en materia de salud e higiene, y que, por ello, puedan poner en riesgo la integridad física y mental de quienes acuden de buena fe a estos centros para su rehabilitación, buscando atención y apoyo para todos.

Debemos posibilitar que los mexicanos cuenten con estos servicios y que el Estado garantice que en todo momento se les dé pleno respeto a sus garantías individuales, a sus derechos fundamentales y procurando el respeto a la libertad y dignidad humana. Ésa es nuestra responsabilidad legislativa. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que expide la Ley Federal para la Regulación de los Centros de Apoyo y Rehabilitación en materia de Adicciones y Discapacidades, a cargo de la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Congreso de la Unión la presente iniciativa de Ley Federal para la Regulación de los Centros de Apoyo y Rehabilitación en Materia de Adicciones y Discapacidades, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El fenómeno de las adicciones en nuestro País ha venido incrementándose de manera alarmante en los años recientes. Esto, ha generado que la sociedad busque alternativas para la atención especializada a este tipo de adicciones, las cuales van en función del nivel socioeconómico de las familias y personas que requieren apoyo de este tipo. Ello, con el propósito de encontrar una alternativa que les procure la recuperación y rehabilitación de quienes padecen algún tipo de adicción a sustancias psicoactivas así como, a quienes requieren apoyo para la atención, cuidado y rehabilitación de personas con capacidades diferentes.

Actualmente cifras de los Centros de Rehabilitación para las adicciones en la República Mexicana, en relación al consumo de drogas nos muestran que cada vez más niños y jóvenes son propensos a caer en el consumo de drogas tanto las permitidas (alcohol, cigarro, inhalantes, medicamentos) como las ilegales (cocaína, marihuana, heroína y drogas sintéticas). Algunas de estas cifras son;

El número de adictos a drogas ilegales en nuestro país aumentó de 307 mil a  465 mil entre 2002 y 2008. Quienes han utilizado alguna droga ilegal sólo para experimentar pasaron -en el mismo periodo- de 3.5 millones a 4.5 millones.

Las encuestas sobre el consumo de drogas se han realizado en nuestro país desde 1988. El INEGI ha participado en 2002 en la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) y el Centro de Integración Juvenil (CIJ) concluyó su última en 2005.

De acuerdo al estudio, las mujeres son mayormente consumidoras de drogas médicas que los hombres, mientras que estos últimos consumen más drogas de otro tipo.

La marihuana es la droga ilegal usada por un mayor porcentaje de mexicanos adictos varones de entre 12 y 65 años con un 79.8 por ciento, seguido de la cocaína con 25.9 por ciento mientras que en las mujeres adictas, los porcentajes son del 34.2 y 19.5 por ciento, respectivamente.

Lo lamentable es que, de acuerdo a la ENA, solamente el 5.7 por ciento de los hombres y el 2.2 por ciento de las mujeres adictas ha solicitado ayuda a alguna institución para atender su problema de adicción.

Algunos de los problemas sociales generados por el consumo se traducen en discusiones intrafamiliares, en primer lugar; seguido por violencia –11.2%– problemas con la policía, en la escuela o en el trabajo con un 10.8 por ciento y problemas económicos un 9.3 por ciento.

Ocho hombres por una mujer tienen problemas con la policía, escuela o trabajo por una relación 4 a 1 relacionados con problemas económicos.

Al margen de considerar que la causa de este problema es multifactorial, debemos de considerar que es obligación del Estado Mexicano atender el derecho a la salud de los connacionales de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su Art. 4, establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, además de que en el Art. 39 de la   Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, está establecido que a la Secretaría de Salud le corresponde ejercer atribuciones en materia de salud, entre ellas la de coordinación con las entidades federativas.

En este sentido, es oportuno destacar que una de las funciones primordiales del Estado, establecidas en la Ley General de Salud es el otorgamiento de cualquier tipo de atención médica a la ciudadanía, incluida la prestación de los servicios de rehabilitación, que deberán cumplir con los requisitos suficientes que permitan garantizar a quienes reciban estos servicios, un trato digno, respetuoso, profesional y con pleno respeto a los derechos que les asisten como ciudadanos Mexicanos.

Asimismo, las principales atribuciones del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), consisten en promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado encaminadas a prevenir y combatir los problemas de salud pública causados por las adicciones, así como proponer y evaluar los programas nacionales contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, el tabaquismo y la fármaco-dependencia.

Por otra parte, existe una realidad en México que no podemos seguir obviando, y este es el tema del cuidado y la atención a personas con algún tipo de discapacidad; la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calculado una población discapacitada del 14%, es decir, más de 14 millones de mexicanos padecen alguna discapacidad física o mental.

Según la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, cada año se suman en México, a las más de 14 millones de personas con alguna discapacidad, alrededor de:

125,000 discapacitados por secuelas de fracturas

67,000 por malformaciones congénitas

43,000 por secuelas de enfermedad vascular cerebral

20,000 como consecuencia de trauma cráneo-encefálico

12,000 por parálisis cerebral Infantil

2,400 por sordera congénita

Estos números, más que alarmarnos, nos deben alertar sobre la importancia que tiene el legislar sobre este tema de manera más eficaz y con resultados a corto plazo.

Haciendo referencia al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal encontramos ahí que le corresponde a la Secretaría de Educación Pública; establecer y ejecutar, planes y programas para la asistencia, prevención, atención y tratamiento a los discapacitados ello, en coordinación y participación correspondiente con otras dependencias asistenciales, públicas y privadas.

Esta Secretaría también tiene a su cargo el Programa de Educación Especial a través de los Centros de Atención Múltiple (CAM), cuyos servicios de educación especial tienen la responsabilidad de escolarizar a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales asociadas con discapacidad múltiple, trastornos generalizados del desarrollo o que por su condición requieren de adecuaciones curriculares altamente significativas y de apoyos generalizados y/o permanentes.

En la República Mexicana operan más 1,400 Centros de Atención Múltiple (CAM), cuyo objetivo es satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos para promover su autónoma convivencia social y mejorar su calidad de vida.

Asimismo, dentro del Programa Especial de la SEP se cuenta con la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER)cuyos servicios de educación especial están encargados de apoyar el proceso de integración educativa de alumnos que presentan necesidades educativas especiales, prioritariamente aquellas asociadas con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, en las escuelas de educación regular de los diferentes niveles y modalidades educativas. Actualmente en nuestro país existen más de 2,300 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular.

Es importante señalar así mismo, que cada vez se registran con mayor frecuencia, denuncias sobre abusos y maltratos en los “Centros de Apoyo y Rehabilitación” en las diversas entidades de nuestro país, quedando al descubierto la falta de vigilancia de las autoridades para garantizar la adecuada atención de estos centros en donde se llevan a cabo maltratos y abusos de toda índole, tanto físicos, psicológicos, sexuales, así como la trata de personas y esclavitud.

Lo anterior nos da una idea de lo grave de la situación a las que se enfrentan, tanto las personas que buscan rehabilitarse de alguna adicción o una discapacidad física o mental, así como sus familias que en el ánimo de buscar apoyo y ayuda, caen en manos de instituciones y personas inescrupulosas, sin la preparación adecuada y sin lo principios ni la vocación de servicio que requiere el cuidado y la atención a un problema tan delicado.

Como sociedad y nación debemos promover y fomentar una cultura de respeto hacia todas las personas, sea cual sea su situación, como parte de la salvaguarda de los derechos fundamentales de todo individuo, sobre todo de los que se encuentran en mayor desventaja, ya sea porque sufren una dependencia a una sustancia que vulnera sus integridad, como los que padecen algún impedimento físico o mental que merma su capacidad para valerse por si mismos.

A nosotros como representantes populares nos corresponde ser garantes de los derechos humanos, en particular legislar para que cada día sean menos los caso en que las violaciones a los mismos se presenten, acotando los temas más vulnerables como este que en particular nos ocupa, y como mexicanos debemos buscar que a todos se les de un trato digno y que reciban la atención y el cuidado que merecen, que nadie se aproveche para medrar con su situación o para vejarlos y hacerlos víctimas de abusos de cualquier tipo.

Ante estas circunstancias, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consideramos profundamente necesario que mediante la presente iniciativa de ley se evite que operen en nuestro país, Centros de Apoyo y Rehabilitación que no cumplan con los requisitos mínimos indispensables en materia de salud e higiene y que por ello, pudiesen poner en riesgo la integridad física y mental de quienes acuden de buena fe a estos centros para su rehabilitación para abandonar el consumo de sustancias psicoactivas o de aquellos que busquen atención y apoyo para la rehabilitación de personas con discapacidades.

Cabe mencionar que en la República Mexicana existe un sin número de Centros de Apoyo y Rehabilitación en materia de adicciones y discapacidades de carácter privado; estas organizaciones generalmente operan como Asociaciones Civiles, religiosas, entre otras, con fines altruistas o lucrativas, sin embargo, no existe un registro confiable, una normatividad estricta ni un control real de la operatividad de dichos Centros, lo cual dificulta la atención integral a estas personas.

Consciente de la necesidad de legislar el marco normativo que posibilite que los mexicanos que acudan a hacer uso de estos servicios, cuenten con la seguridad de que el Estado habrá de vigilar y garantizar que se les brinde en todo momento una atención con pleno respeto a sus garantías individuales, a sus derechos fundamentales y procurando el respeto a la libertad y dignidad humana, someto a la consideración de esta H. LXI Legislatura la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que expide la Ley Federal para la Regulación de los Centros de Apoyo y Rehabilitación en Materia de Adicciones y Discapacidades.

Artículo Único. Se expide la Ley Federal para la Regulación de los Centros de Apoyo y Rehabilitación en Materia de Adicciones y Discapacidades, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL PARA LA REGULACION DE LOS CENTROS DE APOYO Y REHABILITACION EN MATERIA DE ADICCIONES Y DISCAPACIDADES

CAPITULO IDISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para regular la atención y operación de los centros de apoyo y rehabilitación en materia de adicciones y discapacidades.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto regular la operación de los centros de apoyo y rehabilitación en materia de adicciones y discapacidades, ubicados en los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud.

Las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Federal y Estatales, en el ámbito de su respectiva competencia, coadyuvarán al cumplimiento del objeto de la presente Ley.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entienda por:

I. Centros de Apoyo y Rehabilitación: Todos aquellos lugares, comúnmente denominados “anexos” o “granjas”, “centros de ayuda mutua”, “centros espirituales para ingobernables” o cualesquiera que sea su denominación, que ofrezcan atención en materia de apoyo y rehabilitación a personas con problemas de adicción a sustancias psicoactivas así como a quienes requieren rehabilitación debido a discapacidades físicas o mentales; y que la permanencia sea mayor de veinticuatro horas.

II. Sustancias psicoactivas: Las sustancias psicoactivas son aquellas cuyo consumo puede alterar los estados de conciencia, de ánimo y de pensamiento. Son sustancias psicoactivas, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, el cannabis, las anfetaminas, el éxtasis, la cocaína y la heroína, entre otras, refiriendo las anteriores en forma enunciativa y no limitativa.

III. Discapacidades físicas o mentales: Las limitaciones en la capacidad de una o más personas para realizar por sí misma actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico como consecuencia de una insuficiencia física, psicológica y social.

IV. Adicción: Enfermedad crónica caracterizada por episodios continuos y/o periódicos, de consumo de sustancias psicoactivas que altera la mente y se caracteriza por la modificación del comportamiento y otras reacciones causando un impulso irreprimible por consumir en forma continua a fin de experimentar sus efectos psíquicos en detrimento de la salud física y mental del individuo.

V. La Secretaría: La Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

Artículo 5. Esta ley se aplicará a todos los Centros de Apoyo y Rehabilitación que señala la presente ley ubicados en territorio de la República Mexicana.

Artículo 6. Todos los Centros de Apoyo y Rehabilitación a que se refiere la presente ley, deberán ser registrados y contar con la autorización de la Secretaría.

Artículo 7. La autorización expedida a los programas específicos de los Centros de Apoyo y Rehabilitación por parte de la Secretaría, debe de contar con el reconocimiento y validez de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.

CAPíTULO SEGUNDODE LOS DERECHOS

Artículo 8.El ingreso de los individuos a los Centros de Apoyo y Rehabilitación debe ser de manera voluntaria, y cuando el paciente no tenga la capacidad de decidir, su ingreso será responsabilidad de un familiar directo y avalado por una constancia médica que así lo establezca.

Artículo 9. Son derechos de los individuos que acuden a Centros de Apoyo y Rehabilitación voluntariamente, el ser tratados por el personal de dichos centros, con dignidad y respeto, exigiendo que en todo momento sean atendidos con pleno respeto a su integridad física, psicológica y social y desde luego salvaguardando sus derechos constitucionales. Además de que estos Centros de Apoyo y Rehabilitación deben estar avalados y supervisados por profesionales en las áreas de medicina, psiquiatría y psicología.

Artículo 10. Son derechos de los individuos que acuden a estos servicios voluntariamente, ser atendidos en estos centros por personal profesional y debidamente registrado en la Dirección de Profesiones, Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal en carrera médica o afín.

Artículo 11. Son derechos de los individuos que acuden a estos servicios voluntariamente, ser atendidos en estos centros bajo normas y procedimientos autorizados por la Secretaría.

Artículo 12. Son derechos de los individuos que acuden a estos servicios voluntariamente, ser informados en todo momento por los responsables de los Centros de Apoyo y Rehabilitación, de la evolución y tratamiento de que sean objeto los individuos que sean atendidos por dichos Centros.

CAPÍTULO TERCERO DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 13. Será responsabilidad de los titulares de los Centros de Apoyo y Rehabilitación, garantizar el trato digno y respetuoso de los individuos que acuden a recibir sus servicios, salvaguardando en todo momento la integridad física, psicológica y social de aquellos.

Artículo 14.Será responsabilidad de los titulares de los Centros de Apoyo y Rehabilitación, garantizar a los individuos que acuden a recibir sus servicios, la atención por personal profesional debidamente acreditado en la Dirección de Profesiones, Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, en carrera médica o afín.

Artículo 15. Será responsabilidad de los titulares de los Centros de Apoyo y Rehabilitación, garantizar a los individuos que acuden a recibir sus servicios, que sean tratados bajo procedimientos debidamente acreditados ante la Secretaría.

Artículo 16. Será responsabilidad de los titulares de los Centros de Apoyo y Rehabilitación, presentar su marco regulatorio, procedimientos de trabajo así como la acreditación del personal responsable ante la Secretaría para el ejercicio de su operación.

Artículo 17. Será responsabilidad de los titulares de los Centros de Apoyo y Rehabilitación, garantizar a los individuos y a sus familiares en caso de que su estado físico o mental no se los permitiera, ser informados en todo momento de la evolución y tratamiento de que sean objeto por parte de los Centros de Apoyo y Rehabilitación.

Artículo 18.Corresponderá a la Secretaría, vigilar la aplicación de esta ley, y realizar periódicamente visitas de supervisión para garantizar su cumplimiento, así como ser el conducto para recibir en su caso, quejas respecto de la falta de cumplimiento del presente ordenamiento, brindando la atención respectiva a familiares y canalizando a las instancias competentes las mismas para su debida atención.

Artículo 19. Corresponderá a la Secretaría elaborar un Padrón de los Centros de Apoyo y Rehabilitación que operan al interior de la República Mexicana, así como de sus responsables y de darlo a conocer a la ciudadanía, en el marco de Transparencia y Acceso a la Información a la que todo ciudadano tiene derecho.

Artículo 20. Los Centros de Apoyo y Rehabilitación podrán ser visitados en forma aleatoria y sin aviso alguno, a fin de vigilar su funcionamiento y acceder a los expedientes de cada interno.

Artículo 21. Corresponderá a la Secretaría, vigilar la aplicación de esta ley, y realizar periódicamente visitas de supervisión para garantizar el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 22. Es obligación de la persona responsable de internar al individuo a los Centros de Apoyo y Rehabilitación, asegurar que en dichos lugares se le otorgue al individuo que atienden, la atención conforme a lo que establece la presente ley, o en su caso, es su obligación denunciar a las autoridades de la Secretaría, las anomalías observadas, para su intervención ante las instancias correspondientes.

CAPITULO CUARTODE LA INOBSERVANCIA DE LA LEY

SANCIONES

Artículo 23. Las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ellas, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, independientemente de lo señalado en la Legislación Civil y Penal.

Artículo 24. Las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ellas, en caso de Servidores Públicos, serán sancionados conforme a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo I y II de la  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, independientemente de lo señalado en la Legislación Civil y Penal.

Artículos Transitorios

Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La Secretaría, expedirá su reglamento interno dentro de los 90 días naturales siguientes a la expedición de la presente Ley.

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los diesiseis días del mes de marzo del año dos mil diez.— Diputados: Caritina Saénz Vargas, Diego Guerrero Rubio, Alejandro del Mazo, Rosi Orozco, Juan Carlos Natale López, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Gloria Romero León, Lorena Corona Valdés, Rafael Pacchiano Alaman, Carlos Cruz Mendoza y David Hernández Vallín (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sí, diputada Orozco, dígame usted.

La diputada Rosi Orozco(desde la curul): Para unirme a la propuesta de mi compañera, si es tan amable.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputada Sáenz Vargas, ¿está usted de acuerdo en que suscriban su documento?

La diputada Caritina Sáenz Vargas: De acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo. A quien le interese suscribir la iniciativa pase a la Secretaría.

Damos la más cordial bienvenida a estudiantes de derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que se encuentran con nosotros, invitados por la diputada Rosalina Mazari Espín. Gracias por acompañarnos.

Proceda la Secretaría con las licencias de los señores diputados solicitadas a este pleno.



DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto, y para los efectos conducentes, me permito solicitar que se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi encargo como diputado federal, con efectos a partir del martes 16 de marzo del presente año.

La presente se funda en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Agradeciendo que pueda resolverse conforme a derecho, sin otro particular, reitero mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 11 de marzo de 2010.— Diputada Judith Fabiola Vázquez Saut (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Judith Fabiola Vázquez Saut, para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en el distrito XX, del estado de Veracruz, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.



DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Diputado Francisco Ramírez Acuña, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar que se me conceda licencia al cargo de diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión a partir de esta fecha y hasta nueva solicitud de reincorporación.

Lo anterior, para todos los efectos conducentes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

México, DF, a 16 de marzo de 2010.— Roberto Gil Zuarth (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado, dígame.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Con respecto al Reglamento para el Gobierno Interior, carecen de motivación las solicitudes de licencia.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Una vez que dé lectura y que se ponga a votación, con mucho gusto, diputado.

Proceda el diputado a poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Puntos de Acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Roberto Gil Zuarth, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la tercera circunscripción a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

Solicitó el uso de la palabra el señor diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, misma que se le concede desde su curul.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para reconocer el trabajo del diputado Gil, quien siempre buscó los consensos necesarios, así como la construcción de acuerdos para impulsar la labor legislativa.

Para el Partido Verde, el diputado Gil ha sido, es y será, un interlocutor válido y confiable. Le deseamos mucha suerte, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Cárdenas Gracia. Dígame usted, señor diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, señor presidente. Tengo aquí –no sé si pueda pasar a tribuna o quiere que lo haga desde mi lugar.

A mí también me da mucho gusto y reconozco la labor del diputado Gil en su grupo parlamentario y en los trabajos de esta Cámara. Creo que debiera ser práctica parlamentaria que cuando un señor legislador o una señora legisladora solicitan licencia se expongan los motivos, las razones, los argumentos de por qué se solicita esa licencia.

La solicitud de licencia del diputado Gil, lo hace con fundamento, dice su solicitud, en el artículo 62 de la Constitución. Es decir, se refiere, posiblemente, a una incompatibilidad parlamentaria para ocupar un cargo en la federación o en los estados, pero no hay ningún razonamiento al respecto. Nos enteramos por los medios de comunicación, que posiblemente el diputado Gil vaya a ocupar el cargo de subsecretario en la Secretaría de Gobernación, pero desgraciadamente la licencia no contiene ese razonamiento jurídico.

Por otra parte, el artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior señala que sólo se concederán licencias por causas graves y, cuando más, a la cuarta parte de la totalidad de los miembros que deban componer la Cámara de Diputados.

Es decir, el espíritu de la Constitución en los artículos 14, 16, 62 y en este artículo 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior, es fundamental que los legisladores expongan razones y argumentos y no solamente fundamenten jurídicamente la solicitud de licencia.

Yo sé que el diputado Gil –por lo que han dicho los medios de comunicación– ocupará ése importante cargo. Lo felicito, me congratulo. Me parece importante la tarea que va a desempeñar y seguramente, lo hará tan bien como lo hizo aquí en esta Cámara de Diputados.

Pero me parece también una omisión, que debiera ser satisfecha ampliamente, para que los legisladores al momento de votar conozcamos las razones que impulsan al diputado Gil Zuarth a solicitar esta licencia.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado Benítez, dígame usted. Sonido para el diputado Benítez Treviño.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño(desde la curul): Señor presidente, quiero hacer una reflexión con motivo de la licencia de nuestro compañero Roberto Gil. Decía Reyes Heroles que en política no hay enemigos, que en política hay contrarios.

El compañero diputado Roberto Gil ha acreditado ser un contrario de calidad, siempre privilegiando la concertación y el diálogo como métodos de hacer política.

No me gusta que se vaya porque es de los diputados que han prestigiado a este Congreso y, por otro lado, que ha acreditado que no se necesita insultar cuando se tienen argumentos, cuando se tiene capacidad dialéctica, cuando la política se convierte en método de concertación, de búsqueda de consensos, de acuerdos, de soluciones compartidas.

Por esa razón estoy de acuerdo en que ejerza su derecho legítimo de retirarse de este Congreso. Pero sí quiero subrayar que diputados como el diputado Roberto Gil prestigian a este Congreso. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Solicita la palabra el diputado Enrique Ibarra. Adelante, señor diputado.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Gracias, ciudadano presidente. A título individual quiero expresar aquí que cotidianamente, o en la mayoría de las ocasiones, estuve en desacuerdo con los posicionamientos que presentó el diputado Gil en tribuna o en los alegatos de esta asamblea. Posicionamientos contrastantes en los diversos temas que se han ventilado en lo que va de esta Legislatura.

Sin embargo, quiero dejar asentado mi reconocimiento por su disposición al diálogo, por su disposición a la construcción de puntos de vistas convergentes. Expresarle ese reconocimiento.

Al mismo tiempo pedirle al diputado Gil que a partir de hoy, que va a iniciar otra función, tiene que partir de la premisa de que a diferencia de su papel aquí en el Parlamento, que es parcial, que fue parcial por razones de su pertenencia a un grupo parlamentario, hoy va a asumir una función desde el gobierno, de interés para los mexicanos, por lo que espero que su conducta, sus actos sean en el terreno, si no de la neutralidad, cuando menos de la imparcialidad como subsecretario en Gobernación. Le deseo suerte al diputado Gil.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Nada más para enfatizar que como diputado federal se tuvo posiciones antagónicas, inclusive a veces un tanto tirantes, pero qué bueno que se discuta, se razone y se llegue a entendimientos.

Nosotros respetamos el derecho del diputado Gil y en la responsabilidad que tenga le decimos que no olvide lo que vivió aquí, en la Cámara de Diputados, que no olvide lo que escuchó, los reclamos, las demandas, las peticiones e inclusive a veces hasta las exageraciones que tuvimos en tribuna para hacernos escuchar, hacernos entender; y que en la encomienda que va a tener recuerde que el pueblo se lo va a reclamar, se lo va a tomar en cuenta y hace falta el trabajo, no solamente de legisladores, sino de funcionarios que abonen al progreso, al desarrollo del país. Este país que se lo están acabando, este país que está en riesgo.

Sólo falta un cerillo para que esto arda, y en la posición que va a estar usted, diputado, su trabajo va a ser muy importante. Se necesita entereza, firmeza en ese lugar, y sí le deseo suerte porque la va a necesitar, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): Para comentar respecto a la solicitud de licencia que hace el diputado Gil, que en lo personal siempre encontré en él a una persona dispuesta al diálogo.

Compartimos una visión generacional, que independientemente de las trincheras partidistas en las que estemos, creo que ayuda y abona a la construcción de puentes y que abona precisamente a la construcción de un mejor momento para el país, en un momento en el que la vida democrática de nuestro país se encuentra enfrentando grandes retos.

Por tanto, a título personal, desearle en esta nueva encomienda que el trabajo que pueda construir en este nuevo encargo le siga ayudando a la vida de la República democrática. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Castro, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío(desde la curul): Compañero Gil, quiero decir que ha habido muchas licencias y creo que estás cosechando lo que sembraste. Sembraste aquí algo muy positivo, que es un buen debate. Una buena posibilidad de que esta generación de jóvenes mexicanos, como tú, encuentren de verdad, en la diversidad, lo mejor.

Yo hace un momento te expresé –y lo quiero hacer público– de corazón que te vaya bien. Yéndole bien a la gente bien intencionada, a la gente que demostró verticalidad y apuró el paso para que su partido, aún con las profundas diferencias que podamos tener, estuviera bien representado en este Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados.

Te lo digo públicamente, si te va bien, le va bien a la República. Entendiendo que es de gran trascendencia el que la conducción del país pueda reencontrar un mejor camino.

Sé, Gil Zuarth, que por lo que aquí has logrado, te puedes ir contento porque de las distintas expresiones hoy, esta manifestación pública de reconocimiento, que te sirva no de autoelogio, que te sirva como acicate para enfrentar las batallas futuras que vienen. Ojalá en esa diferencia podamos seguir construyendo algo mejor. Mucho éxito. Que te vaya bien.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Julio Castellanos, del Partido Acción Nacional.

El diputado Julio Castellanos Ramírez (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Compañeros legisladores, en especial compañero Roberto Gil, quiero expresarles que para la bancada del PAN el día de hoy pide licencia no solamente un extraordinario legislador, sino un entrañable amigo y compañero.

Roberto Gil, sin lugar a dudas representa, como muchos otros jóvenes y políticos de este país, lo mejor de México no solamente en su compromiso que mostró durante estos meses que tuvimos el privilegio de ser compañeros de bancada, sino por esta unanimidad que existe en los diferentes grupos parlamentarios de la labor y del trabajo que deja aquí nuestro compañero Roberto Gil.

Yo estoy seguro que en esta encomienda que habrá de tener Roberto Gil a partir de estos días, seguirá sirviendo –como lo ha hecho– al país, a México, y no solamente a esta generación, sino a las futuras generaciones que lo que están anhelando es tener servidores públicos y políticos de la talla de Roberto Gil.

Roberto, tus compañeros de bancada te deseamos lo mejor. Sabemos que al país, al PAN, a tus compañeros, nos va a ir bien siempre contando con amigos como tú. Éxito, Roberto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Cora Pinedo, de Nueva Alianza.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Igual, a nombre de la bancada del Partido Nueva Alianza, nos sumamos al reconocimiento del compañero Roberto Gil. A su labor y a su gran capacidad para construir acuerdos. Sabemos de la alta responsabilidad que le espera. Le servirá de mucho esta gran formación que se tiene en esta soberanía. El respeto a la diversidad ideológica, a la pluralidad será sin duda fundamental en esa nueva encomienda.

De corazón le deseamos que tenga éxito profesional y personal. Un abrazo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Muchas felicidades, señor diputado. Perdón, Diputado Álvarez.

El diputado Jaime Álvarez Cisneros(desde la curul): Para el mismo tema. Gracias, presidente. En nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia no queremos dejar pasar la ocasión sin saludar este nombramiento. Es un reconocimiento, no solamente al diputado Roberto Gil, sino a la valía que existe en esta Cámara de Diputados. Creo que aunque haya quien quiera hacer ver aspectos que no son necesariamente los mejores de esta Cámara, hay mucha calidad, hay respeto, hay compromiso con la sociedad nacional y Roberto Gil es uno de ellos.

Yo creo que tiene una gran relevancia que siga tomando fuerza y paso esta Cámara de Diputados, independientemente de aspectos que son parte de la cotidianeidad. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, señor diputado.



DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Ana Georgina Zapata Lucero y Rafael Rodríguez González, diputados suplentes electos en el II y XX distritos de los estados de Chihuahua y Veracruz, respectivamente.

Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes diputados: Antonio Benítez Lucho, Luis Carlos Campos Villegas, Camilo Ramírez Puente, Israel Madrigal Ceja y Adriana Sarur Torre. Les suplicamos que cumplan su encomienda.

(La comisión cumple con su encargo)

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Invitamos a los presentes a ponerse de pie, por favor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Ciudadana Ana Georgina Zapata Lucero y ciudadano Rafael Rodríguez González, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero y el diputado Rafael Rodríguez González: Sí, protesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Felicidades.



LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es dictámenes de primera lectura.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 44, 45 y 47 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 57, 85, 87, 88, 90 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1.Con fecha diez de diciembre de dos mil nueve, la diputada Cora Pinedo Alonso, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 44, 45 y 47 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

2.Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la iniciativa fuera turnada a esta Comisión de Gobernación para estudio y dictamen.

3.El once de enero de dos mil diez se remitió a esta comisión la fe de erratas a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 44, 45 y 47 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas, presentada por la diputada Cora Pinedo Alonso.

4.Con fecha cuatro de marzo de dos mil diez, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada, la proponente sostiene lo siguiente:

1. El apoyo a la ciencia, la tecnología e innovación, a escala nacional, continúa manteniéndose en niveles por debajo, incluso, de países pequeños y pobres. La actual tendencia internacional en materia de asignación de recursos a la educación, impulso de la investigación científica e innovación tecnológica obliga a fortalecer dichas áreas consideradas estratégicas y definitorias para alcanzar el desarrollo como país.

2. Es imperativo establecer como prioridad nacional el apoyo a la investigación científica, tecnológica y de innovación, siendo indispensable el reconocimiento público del Estado al campo de la innovación entendida, genéricamente, como un factor y elemento de cambio que permitirá al país formar parte de los sectores dinámicos de la economía mundial y con ello generar los empleos de mayor valor añadido que requiere la población económicamente activa, sin dejar de lado que la innovación se encuentra estrechamente relacionada con la imaginación, la creatividad, las ideas, las experiencias prácticas y teóricas, los centros de investigación, de de-sarrollo, de negocios, de transformación gerencial y organizacional, entre otras.

3. La innovación no comprende solamente tecnología: es un proceso amplio e intensivo en conocimiento de organización interna, recursos técnicos, económicos, humanos y del mercado. En consecuencia, uno de los problemas centrales que presenta este campo es el de un concepto que admite diversos significados con alcances distintos en función de los agentes que intervienen, es decir, mientras que para los empresarios dedicados a elaborar productos, la innovación es la mejora en un proceso de producción, en el producto o en sus procedimientos de comercialización, para un administrador la innovación está relacionada con la implantación de procesos más eficientes y para un científico es el diseño de nuevos materiales derivados de la aplicación de conocimientos de la ciencia básica.

4. Por otro lado, señala que el 1 de diciembre de 2009, al concluir la 19 Cumbre de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el secretario general Enrique V. Iglesias convocó a los países integrantes de la cumbre a crear una cultura de la innovación, como elemento indispensable para avanzar decididamente en el camino del crecimiento y del desarrollo sostenido.

5. Finalmente señala que la ley vigente en materia de premios, estímulos y recompensas civiles no estimula de forma cabal la imaginación, la inventiva y la creatividad de los mexicanos. Tampoco destaca el mérito ni auspicia la emulación en el campo de la innovación.

6. En este sentido, propone reformar el artículo 44 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para incluir el sustantivo “innovación” en el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en la categoría señalada en la fracción V, para llamarse “Detecnología, innovación y diseño”.

7. Por otro lado, propone reforma el artículo 45, a fin de considerar en la premiación a quienes por sus producciones o trabajos docentes, de investigación o de divulgación hayan contribuido a enriquecer el acervo cultural del país, el progreso de la ciencia del arte o de la filosofía y de la tecnología e innovación.

8. En cuanto al numerario del premio, propone reformar el artículo 47 de la ley en comento a fin demodificar la entrega de 100 mil pesos a mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de acuerdo con el índice de precios al consumidor, así como en el caso de concurrencia de 50 mil pesos a 500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes

Consideraciones

1. La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, tiene por objeto determinar las normas que regulan el reconocimiento que hace el Estado a las personas que merezcan los premios, estímulos o recompensas que en ella misma se establecen.

2. Los premios que se otorgan obedecen al reconocimiento público de una trayectoria vital ejemplar o bien a determinados actos u obras valiosas o relevantes, realizadas en beneficio de la humanidad, del país o de cualquier persona.

3.El artículo 6 del ordenamiento señalado establece los premios nacionales que serán entregados por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, determinando en la fracción III la existencia del Premio Nacional de Ciencias y Artes:

Artículo 6. Se establecen los siguientes premios, que se denominarán y tendrán el carácter de nacionales:

I. a II. ...

III.De Ciencias y Artes;

III Bis a XVII. ...

4. El Premio Nacional de Ciencias y Artes es uno de los más altos reconocimientos que el gobierno de la república otorga a intelectuales, investigadores, científicos, artistas y artesanos que destacan por su contribución y enriquecimiento al patrimonio cultural del país, al progreso de la ciencia, del arte y de la filosofía.

5.De conformidad con el artículo 44 de la citada Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, el Premio Nacional de Ciencias y Artes se otorga en las siguientes categorías:

I.Lingüística y Literatura;

II.Bellas Artes;

III.Historia, Ciencias Sociales y Filosofía;

IV.Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales;

V.Tecnología y Diseño; y

VI.Artes y Tradiciones Populares.

6. La dependencia a la que corresponde el trámite del Premio Nacional de Ciencias y Artes es la Secretaría de Educación Pública y su titular preside el consejo de premiación que se integra por los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, los directores generales del Instituto Politécnico Nacional y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y por representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior y del Colegio Nacional.

7. Los galardones del Premio Nacional de Ciencias y Artes consisten en venera y mención honorífica y una entrega en numerario de 100 mil pesos; sin embargo, en el caso de que concurran hasta tres personas para el premio del mismo campo, la entrega en numerario será de 50 mil pesos para cada concurrente. Si hay más de tres concurrentes, los excedentes de este número serán premiados hasta el siguiente año.

8. El objeto de la iniciativa materia del presente dictamen es reformar la Ley de Premios Estímulos y Recompensas Civiles para dar a la innovación un reconocimiento público a través del Premio Nacional de Ciencias y Artes.

9. El artículo 4 de la Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2002, establece el concepto de innovación de la siguiente forma:

Artículo 4

Para los efectos de esta ley se entenderá por

...

IX. Innovación, generar un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u organización o añadir valor a los existentes;

10. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 considera profundizar y facilitar los procesos de investigación científica y la adopción e innovación tecnológica para incrementar la productividad de la economía nacional, así como impulsar la apreciación, el reconocimiento y el disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población. Destaca, por otro lado, la importancia de apoyar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación con la finalidad de que se refleje en la mejora competitiva del país.

11. El eje 2, “Economía competitiva y generadora de empleos, estrategia 5.5”, del mencionado Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, señala la necesidad de establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazos que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos.

12. En concordancia con lo anterior, el 16 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012, que tiene su fundamento en el artículo 20 y demás relativos de la Ley de Ciencia y Tecnología. Dicho programa propone el fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento y la innovación y el reconocimiento público de su carácter estratégico para el desarrollo integral del país, así como la articulación efectiva de todos los agentes involucrados para alcanzar ese fin.

13. El mencionado programa sostiene que en México existen esfuerzos del sector privado para incrementar sus capacidades en la generación de innovación buscando mejorar su competitividad. Estos esfuerzos se han concentrado en algunas empresas y ramas industriales y no se han generalizado, constituyendo uno de los eslabones más débiles de la cadena de articulación del sistema, debido a la baja capacidad de absorción tecnológica en la mayor parte de pequeñas y medianas empresas, así como a una pobre cultura de innovación, reflejada en la tendencia a privilegiar la compra de tecnologías, además de una visión a corto plazo que impide conceptualizar la importancia estratégica de generar tecnología propia, incluso para propósitos de asimilación.

14. Esta comisión considera importante el Premio Nacional de Ciencias y Artes por ser un aliciente en la sociedad mexicana, teniendo como efecto la promoción del desarrollo cultural, científico y tecnológico del país estimulando la producción de creaciones artísticas y científicas de calidad que contribuyen al progreso, la cultura, la ciencia, el arte y la filosofía. En consecuencia, la promoción y fomento de las diferentes ramas que se incluyen en las categorías del Premio Nacional de Ciencias y Artes tiene como consecuencia un beneficio de carácter personal, social y económico que mejora el nivel de vida de los mexicanos.

15. Dados los argumentos esgrimidos con anterioridad, se considera procedente dicha reforma al artículo 44 para incluir el sustantivo “innovación”, al sostener que la promoción de ésta constituye un eje fundamental en el desarrollo del país y de los mexicanos.

16. Asimismo se considera viable la reforma del artículo 45 para considerar en el otorgamiento del premio a quienes por sus producciones, trabajos docentes, de investigación o de divulgación, hayan contribuido a enriquecer el acervo cultural del país, el progreso de la ciencia, del arte o de la filosofía, por lo que se incluye la tecnología e innovación.

17. Por otro lado, y de acuerdo a la fe de erratas remitida por la Mesa Directiva a la que se ha hecho mención en el capítulo de antecedentes, la iniciativa en estudio propone modificar el monto del numerario del Premio Nacional de Ciencias y Artes para otorgar 10 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, que se actualizaría de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor y, en el caso de que concurran hasta tres personas para el premio del mismo campo, la entrega en numerario sería de 5 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal para cada concurrente.

18.En este sentido, se considera loable el espíritu que anima a incrementar el numerario del premio; sin embargo,es necesario hacer énfasis que la idea fundamental de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles es fortalecer los vínculos de solidaridad entre los mexicanos y los valores cívicos, culturales y axiológicos que la nación tiene proclamados como propios y que ésta cultiva e impulsa, de tal forma que al Estado se atribuye la función de premiar una conducta noble, estimulante y positiva. (Dictamen de las Comisiones Unidas Segunda de Gobernación y Quinta Sección de Estudios Legislativos del Senado de la República, con proyecto de decreto que expide la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Octubre 21 de 1975.)

19. A mayor abundamiento, el artículo 8 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles establece como regla general que los premios puedan ser entregados con un estímulo en numerario que será determinado por los consejos de premiación respectivos; sin embargo, esto es considerado accesorio al objetivo del premio que se otorgue.

20. No obstante lo anterior, y como una excepción a la regla general, el Premio Nacional de Ciencias y Artes considera un estímulo específico en numerario, mismo que esta comisión considera suficiente al tener en cuenta la actual emergencia económica que atraviesa el país, por lo que no se considera viable la reforma al artículo 47 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 44 y 45 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Artículo Único. Se reforman los artículos 44, fracción V, y 45 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para quedar como sigue:

Artículo 44. ...

I. a IV. ...

V.Tecnología , InnovaciónyDiseño;

VI. ...

Artículo 45.Merecerán estos premios quienes, por sus producciones o trabajos docentes de investigación o de divulgación, hayan contribuido a enriquecer el acervo cultural del país o el progreso de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, del arte o de la filosofía.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 4 de marzo de 2010.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Sami David David, Alejandro Encinas Rodríguez, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ricardo López Pescador, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Paredes Rangel, Julio Saldaña Morán, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

Es de primera lectura.



LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma las fracciones IV y V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología

Honorable Asamblea:

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los miembros de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

Primero. Con fecha 14 de octubre de 2008, los senadores Francisco Javier Castellón Fonseca y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado turnó la iniciativa para estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tercero. El 13 de octubre de 2009, después de estudiar y analizar la iniciativa en comento, las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Segunda, sometieron a consideración del pleno del Senado de la República el dictamen correspondiente, que se aprobó con 85 votos.

Cuarto. El 3 de diciembre de 2009, para los efectos constitucionales fue enviado por la Mesa Directiva del Senado de la República el expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Quinto. En sesión celebrada con fecha 8 de diciembre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores con el que remitió el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Sexto. Con esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología el expediente para la elaboración del dictamen correspondiente y sus efectos constitucionales.

II. Contenido

La propuesta de la colegisladora señala lo siguiente:

A. Busca incluir en la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico a representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), a fin de contribuir a promover de manera más eficaz las relaciones entre las instituciones y los centros de investigación científica y desarrollo tecnológico con los sectores productivo y de servicios del país.

B. Se propone mejorar la operación y organización de los comités de trabajo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, los cuales deberán estar integrados por especialistas en los diversos temas de la ciencia y tecnología.

III. Consideraciones

Primera. La minuta que se estudia tiene por objeto promover la expresión de la comunidad científica, académica y tecnológica, y del sector productivo para la formulación de propuestas en materia de política y programas de investigación científica y tecnológica.

Segunda. Mediante la inclusión de representantes de la Coparmex y de la Canacintra en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico se contribuirá al establecimiento de condiciones para la prosperidad de todos los mexicanos que propicien una creciente cohesión social, a la vez que propiciaría que las empresas se desarrollen, multipliquen y cumplan su función creadora de empleo y de riqueza con responsabilidad social. Asimismo, se promovería aún más el desarrollo del capital humano, de las instituciones, de la infraestructura, de la ciencia y tecnología de manera coordinada, lo que redundaría en mejores políticas públicas, a la vez de fortalecer las acciones tendentes al desarrollo y adopción de nuevas tecnologías en los sectores público y privado como los pilares determinantes del nivel de productividad y el potencial de crecimiento.

Tercera. A través de las propuestas y opiniones de la Coparmex y de la Canacintra en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico de las políticas y los programas sectoriales de apoyo de la investigación científica y desarrollo tecnológico se detectarían áreas de oportunidad para la implantación de acciones prioritarias para el crecimiento armónico y sustentable en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico, formación de investigadores, difusión del conocimiento científico y tecnológico y cooperación técnica internacional.

Cuarta. Al formular en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico sugerencias tendentes a vincular la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector productivo, en el que son partícipes la Coparmex y la Canacintra, se incrementaría la vinculación entre la investigación científica y su aplicación.

Quinta. La comisión dictaminadora concuerda con la colegisladora en lo siguiente:

Fortalecer el Foro Consultivo Científico y Tecnológico mediante la incorporación de representantes de la Coparmex y de la Canacintra a su mesa directiva, así como en la propuesta de una fórmula para su mejor operación, en el sentido de tener una organización basada en comités de trabajo integrados por especialistas en los diversos temas de la ciencia y la tecnología.

La inclusión de representantes del sector industrial en los organismos encargados de fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en México, ya que contribuiría a promover de manera más eficaz las relaciones entre las instituciones y los centros de investigación científica y desarrollo tecnológico con los sectores productivos y de servicios del país.

Significa una representación más equilibrada y efectiva en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, al incorporar en su mesa directiva a representantes de los sectores industriales. Este equilibrio de sectores interesados en la ciencia y la tecnología del país favorecerá su vinculación, así como consistencia y armonía con las reformas de la Ley de Ciencia y Tecnología promulgadas el 12 de junio del año próximo pasado.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología someten a consideración de la honorable asamblea, para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman las fracciones IV y V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología

Artículo Único. Se reforman las fracciones IV y V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 36.

...

I. a III. ...

IV. Tendrá una organización basada en comités de trabajo integrados por especialistas en los diversos temas de la ciencia y la tecnología;

V. Contará con una mesa directiva formada por veinte integrantes, diecisiete de los cuales serán los titulares que representen a las siguientes organizaciones: la Academia Mexicana de Ciencias, AC; la Academia Mexicana de Ingeniería, AC; la Academia Nacional de Medicina, AC; la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, AC; la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; la Confederación Nacional de Cámaras Industriales; el Consejo Nacional Agropecuario; la Confederación Patronal de la República Mexicana; la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, y un representante de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, AC; la Universidad Nacional Autónoma de México; el Instituto Politécnico Nacional; el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; la Academia Mexicana de la Lengua; la Academia Mexicana de Historia; el Sistema de Centros Públicos de Investigación y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales.

......

VI. a VIII. .........

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2010.

La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados:Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Robles Medina (rúbrica), secretarios; Ángel Aguirre Herrera (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica), Germán Osvaldo Cortez Sandoval (rúbrica), Alejandro del Mazo Maza (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Aarón Irízar López, José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Óscar Lara Salazar (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Miguel Antonio Osuna Millán, José Trinidad Padilla López (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Jorge Romero Romero (rúbrica), Laura Margarita Suárez González (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica).»

Es de primera lectura.



LEY GENERAL DE POBLACION

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 71 y 128 de la Ley General de Población

Honorable Asamblea:

A las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Gobernación, les fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 71 y 128 de la Ley General de Población.

Estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 71 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente dictamen de la iniciativa que reforma, adiciona los artículos 71 y 128 de la Ley General de Población, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

1. Con fecha 12 de abril de 2007, el diputado Alejandro Chanona Burguete, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 71 y 128 de la Ley General de Población.

2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ordenó que la iniciativa de referencia fuera turnada a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Gobernación, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 17 de febrero de 2010, los integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios aprobaron el dictamen correspondiente.

4. Con fecha 4 de marzo de 2010, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa del diputado Chanona Burguete propone incorporar dos nuevos párrafos al artículo 71 de la Ley General de Población, para garantizar que el aseguramiento de los extranjeros se hará con arreglo a las garantías que otorga nuestra constitución y con el respeto de sus derechos humanos.

Asimismo, pretende garantizar que las estaciones migratorias cuenten con instalaciones adecuadas, para evitar el hacinamiento de los migrantes.

Se propone la modificación del artículo 128 para garantizar que no sean utilizados los centros de detención o reclusión federales, estatales o municipales, con el fin de cumplir las funciones de estaciones migratorias o lugares habitacionales, cuando no se ha cometido delito alguno.

Establecidos los antecedentes y el contenido de las iniciativas, los integrantes de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Gobernación, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones

1. El artículo 71 de la Ley General de Población establece la facultad de la Secretaría de Gobernación para habilitar las estaciones migratorias en los lugares de la República Mexicana que estime conveniente con la finalidad de alojar en ellas, como medida de aseguramiento, a los extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional y los que deban ser expulsados.

2. Asimismo, el artículo 94 del Reglamento de la Ley General de Población señala que la Secretaría de Gobernación debe establecer o habilitar en lugares que considere adecuados las estaciones migratorias para la estancia provisional de los extranjeros carentes de algún requisito migratorio que no puedan satisfacer en el momento de la revisión de la documentación, y a los que deban ser expulsados. En aquellos lugares en que la secretaría no tenga establecidas estaciones migratorias, se habilitarán locales de detención preventiva para el aseguramiento de los extranjeros que deban ser expulsados. Se establece además que en ningún caso podrá habilitarse para este fin a los centros de reclusión para sentenciados, como señala a continuación:

Artículo 94. La secretaría podrá establecer o habilitar, en los lugares que considere adecuados, estaciones migratorias para la estancia provisional de los extranjeros y extranjeras carentes de algún requisito migratorio que no puedan satisfacer en el momento de la revisión de la documentación, o para alojar, como medida de aseguramiento, a los extranjeros que deban ser expulsados. En aquellos lugares en que la secretaría no tenga establecidas estaciones migratorias, se considerarán habilitados locales de detención preventiva para el aseguramiento de los extranjeros que deban ser expulsados.

En ningún caso podrá habilitarse para este fin a los centros de reclusión para sentenciados.

Cuando las autoridades sanitarias determinen la internación de extranjeros en estaciones sanitarias, la secretaría podrá establecer la vigilancia que juzgue adecuada, si los extranjeros de que se trate no tuvieren autorizada su internación al país.

3. De conformidad con el artículo 209 del Reglamento de la Ley General de Población, al asegurar a un extranjero en alguna estación migratoria, se debe proceder con base en las siguientes reglas:

Artículo 209. Cuando se asegure al extranjero en la estación migratoria en virtud de haber violado la ley, este reglamento o demás disposiciones aplicables que amerite su expulsión, se procederá de la siguiente forma:

I.Se le practicará examen médico, mediante el cual se certificarán sus condiciones psicofísicas;

II.Se le permitirá comunicarse con la persona que solicite, vía telefónica o por cualquier otro medio de que se disponga;

III.Se notificará de inmediato a su representante consular acreditado en México y, en caso de no contar con pasaporte, se solicitará la expedición de éste o del documento de identidad y viaje;

IV.Se levantará inventario de las pertenencias que traiga consigo, las cuales se depositarán en el área establecida para ello;

V.Se procederá a su declaración mediante acta administrativa y en presencia de dos testigos, haciéndole saber los hechos que se le imputan, su derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga; ello siempre y cuando la autoridad migratoria no lo hubiere declarado al momento de ser asegurado. En caso de ser necesario, se habilitará traductor para el desahogo de la diligencia.

Al momento de ser levantada el acta, se notificará al extranjero el derecho que tiene a nombrar representante o persona de su confianza que lo asista; el extranjero tendrá acceso al expediente que sobre el particular se integre;

VI.Se le proporcionará durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario;

VII.Tendrá derecho a ser visitado durante su estancia por sus familiares, su representante o persona de su confianza;

VIII.Cuando se trate de aseguramiento de familias, se alojarán en la misma instalación y la autoridad permitirá la convivencia diaria, de conformidad con las disposiciones administrativas aplicables, y

IX.Al momento de ser autorizada la salida del extranjero de la estación migratoria, se le devolverán todas las pertenencias que le hayan sido recogidas en su ingreso, excepto la documentación falsa que haya presentado.

4. De la misma forma, el artículo 7o. de la Ley General de Población señala la obligación de la Secretaría de Gobernación para que, en asunto de orden migratorio, vele por el respeto de los derechos humanos de los migrantes como se describe a continuación:

Artículo 7o. Por lo que se refiere a los asuntos de orden migratorio a la Secretaría de Gobernación corresponde:

I.a IV.

En el ejercicio de estas facultades, la Secretaría de Gobernación velará por el respeto a los derechos humanos y, especialmente, por la integridad familiar de los sujetos a esta ley.

5. En este sentido, el acuerdo por el que se emiten las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, publicado el 7 de octubre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, establece una serie de prohibiciones en las estaciones migratorias entre las que destacan las acciones u omisiones que vulneren los derechos humanos de los alojados en estos centros:

Artículo 6. Queda prohibido en las estaciones migratorias:

I. Toda acción u omisión que viole los derechos humanos de los alojados;

II. Toda acción u omisión que constituya un trato cruel, inhumano o degradante para los alojados;

III. La discriminación hacia los alojados, en los términos que establece la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, en lo relativo al origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro tipo de condición propia del individuo;

IV. a VIII. ...

6. Por lo anterior, estas comisiones unidas estiman viable la propuesta de adición del artículo 71 de la Ley General de Población toda vez que, de acuerdo con la tutela de las garantías individuales consagradas en la Constitución, de las cuales todo individuo goza en los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con la normatividad secundaria en la materia, deben ser respetados los derechos fundamentales de los migrantes que sean asegurados por las autoridades migratorias, evitando que sean víctimas de malos tratos por parte de los servidores públicos, cuidando que los centros de aseguramiento cuenten con las instalaciones adecuadas que eviten problemas como el hacinamiento, como ya se viene estableciendo en el artículo 46 del acuerdo por el que se emiten las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración:

Artículo 46. No se alojará a un número de extranjeros que supere la capacidad física de las estaciones migratorias. En caso de contingencia, el responsable de la estación migratoria informará a su superior jerárquico con el objetivo de que se habilite un lugar como estación migratoria o bien se traslade a los extranjeros a otra. En caso de que estas medidas no puedan realizarse, el superior jerárquico del responsable de la estación migratoria deberá coordinarse con la Dirección de Estaciones Migratorias del instituto para resolver la situación en un plazo máximo de veinticuatro horas, tomando las medidas pertinentes para evitar el hacinamiento.

7. En este sentido, estas comisiones unidas consideran una modificación al proyecto original del diputado Chanona Burguete, de manera que la adición de un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley General de Población señale la protección y respeto de los derechos humanos de los migrantes en cualquier momento, es decir, desde su aseguramiento, traslado, alojamiento en las estaciones migratorias y, dado el caso, de su expulsión del país o repatriación, tutelando las garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. Por otro lado, se considera establecer que las estaciones migratorias deban contar con instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento, tomando en consideración la disponibilidad de recursos que permitan las condiciones óptimas de los centros a los que se ha hecho referencia.

9. De esta manera, se reforzarán las acciones que se han llevado a cabo con la despenalización de la migración y estar en posibilidades de reforzar las reformas al brindar a los migrantes un trato digno, toda vez que ellos no pueden ser considerados como delincuentes.

10. Asimismo, se considera viable la reforma al artículo 128 para prohibir el uso de los centros de detención o reclusión federal, estatal y municipal como estaciones migratorias y evitar el trato a los migrantes indocumentados como delincuentes; de esta manera se irán cumpliendo con las disposiciones contenidas en los tratados o acuerdos internacionales firmados por nuestro país relativos al respeto de los derechos fundamentales de los migrantes; en este sentido, las comisiones unidas consideran oportuna la adición de un segundo párrafo al artículo 128 de la Ley General de Población para señalar que en las estaciones migratorias se garantizará el goce de los derechos humanos de los extranjeros, conforme a los tratados internacionales suscritos y ratificados por México en la materia, fortaleciendo así el sentido del proyecto del diputado Alejandro Chanona Burguete.

Por lo anterior expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Gobernación, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 71 y 128 de la Ley General de Población

Único. Se reforma el artículo 128 y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 71 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 71. ...

En el aseguramiento, traslado y alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias, expulsiones o repatriaciones, se respetarán y protegerán sus derechos humanos, con arreglo a las garantías individuales que establece la Constitución.

Las estaciones migratorias deberán contar con instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento de los migrantes, proveyéndoles lo necesario para su estancia temporal, así como adoptar las medidas pertinentes de conformidad con los recursos disponibles.

Artículo 128. Son de orden público, para todos los efectos legales, la expulsión de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría de Gobernación para el aseguramiento de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, cuando tengan por objetivo su expulsión del país. Queda prohibida la utilización de los centros de detención o reclusión federales, estatales o municipales, con ese fin, cuando no se ha cometido delito alguno.

Lo anterior se realizará garantizando el pleno goce de los derechos humanos de los extranjeros y conforme a los tratados internacionales suscritos y ratificados en la materia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2010.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Héctor Agustín Murguía Lardizábal, Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras, Judith Fabiola Vázquez Saut, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica).

La Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Sami David David, Alejandro Encinas Rodríguez, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ricardo López Pescador, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel, Julio Saldaña Morán, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez.»

Es de primera lectura.



LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados fue turnada, para estudio y dictamen correspondiente, minuta proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II del artículo 6; el inciso a) de la fracción II del artículo 10; el artículo 20; y se adicionan un nuevo párrafo al artículo 20 y una nueva fracción III Bis al artículo 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobada por el pleno de la honorable Cámara de Senadores el 3 de diciembre de 2009 y remitida ese mismo día a esta soberanía.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 87, 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. El 8 de diciembre de 2009, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados recibió del Senado de la República la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II del artículo 6; el inciso a) de la fracción II del artículo 10; el artículo 20; y se adicionan un nuevo párrafo al artículo 20 y una nueva fracción III Bis al artículo 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología (minuta), aprobada por la colegisladora en sesión plenaria el 3 de diciembre de 2009.

Segundo. El mismo 8 de diciembre, en sesión ordinaria, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta de referencia a la Comisión Ciencia y Tecnología para su estudio y dictamen correspondiente.

Tercero. En sesión de trabajo del 24 de febrero de 2010, la Comisión de Ciencia y Tecnología aprobó el presente dictamen en los términos y con las consideraciones que se expresan, para someterlo a la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados.

II. Contenido de la iniciativa

La minuta aprobada por el Senado contiene propuestas de modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología para dar características innovadoras al Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti):

1. Una visión de largo plazo, con proyección a 25 años;

2. Que sea actualizable cada tres años, coincidiendo con el inicio de cada nueva legislatura; y

3. Que se evalúe y atienda presupuestalmente conforme a las actualizaciones.

Para ello la colegisladora propone lo siguiente:

• Reformas para estimular el adecuado funcionamiento del Consejo General de Investigación Científica, Desa-rrollo Tecnológico e Innovación (Consejo General), encabezado por el presidente de la República, que sea el órgano encargado de aprobar y actualizar el Peciti con esa nueva visión de largo plazo; y

• Que en el Peciti se establezcan áreas prioritarias del conocimiento y la innovación, así como proyectos estratégicos de investigación y desarrollo por sectores y regiones, a los que puedan destinarse eficientemente  los apoyos que prevé la Ley de Ciencia y Tecnología mediante los fondos Conacyt y otros mecanismos.

III. Consideraciones

Primera. Las modificaciones propuestas a la Ley de Ciencia y Tecnología por la colegisladora son coincidentes con el eje central del programa de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, ya que nos proponemos promover que los esfuerzos realizados en la materia que nos ocupa adquieran el rango de política de Estado, en tanto integre una visión de largo plazo, que, con base en el análisis de la situación que actualmente vive México y su relación con los problemas que enfrenta el sector CTI, defina los ejes rectores de la acción, los objetivos que se propone y las estrategias para producirlos, y convoque y estimule la participación comprometida de los actores involucrados.

Apoyar la propuesta, también forma parte del cumplimiento del primero de los objetivos de nuestro programa de trabajo, que refiere actualizar, enriquecer y aplicar el marco jurídico en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Segunda. Esta Comisión de Ciencia y Tecnología considera fundamental que las actividades de investigación científica y el desarrollo tecnológico asuman un papel más activo en el crecimiento económico y el desarrollo social de México, lo cual sólo puede plantearse con visión estratégica de mediano y largo plazos y metas precisas. La proyección sexenal que se acostumbra no se traduce en los niveles de competitividad y desarrollo socioeconómico que caracterizan a nuestro país, frente a otros países que apostaron al apoyo decidido a la producción tecnológica y al desarrollo científico como medio de superación de circunstancias económicas de crisis (por ejemplo, Chile, Brasil, Irlanda y la India).

La visión de largo plazo requiere el compromiso de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno. Los momentos presentes de crisis financiera global son una valiosa oportunidad para asumir ese compromiso, que puede hacerse, en un primer momento reforzando los instrumentos de la política nacional de ciencia, tecnología e innovación reconocidos por la Ley de Ciencia y Tecnología.

Tercera. México forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que emitió en septiembre de 2008 un reporte en el que hace una evaluación global de la política mexicana de innovación y realiza diversas recomendaciones para mejorarla y poder hacer de la investigación, el desarrollo y la innovación elementos fundamentales para el crecimiento sostenible, el aumento de la productividad y la competitividad de las empresas nacionales y el desarrollo socio-económico de nuestro país.

Dentro de estas recomendaciones está la necesidad de que el gobierno mexicano realice una planeación de largo plazo para la ciencia, la tecnología y la innovación, y asuma un compromiso sostenido que brinde estabilidad a la inversión en actividades científicas y tecnológicas. Esta planeación debe identificar los beneficios económicos y sociales concretos como un prerrequisito indispensable para una política efectiva de ciencia, tecnología e innovación, con resultados palpables y con alto impacto social y económico.

La OCDE menciona también la importancia de apoyar la investigación pública para atender sectores estratégicos y áreas tecnológicas específicas que respondan a necesidades sociales e incrementen las ventajas competitivas, por lo que se hace necesario precisar las áreas prioritarias de de-sarrollo, en las políticas públicas nacionales y estatales.

Al respecto, debe reconocerse que la innovación, especialmente la tecnológica, se ha convertido en un tema central de las agendas públicas de crecimiento económico, que promueven la competitividad de las empresas y el beneficio social, por los impactos y satisfacciones que puede representar en la solución de problemas nacionales, locales y regionales. Lo anterior exige de los gobiernos en el orbe la planeación estratégica y la formulación de proyectos concretos de alcances mayores a cinco o seis años.

Cuarta. Se coincide con la colegisladora en que lamentablemente uno de los aspectos que caracteriza a nuestro país es su escasa actividad innovadora, lo que retrasa cada día y a una velocidad cada vez mayor el desarrollo nacional, especialmente frente a países que consideran la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como motor de crecimiento económico, con efectos favorables en el mediano y largo plazos.

El reconocimiento de esta situación desventajosa, motiva reformas legales cuya finalidad principal es sentar las bases y condiciones jurídicas mínimas que detonen el reforzamiento y multiplicación de programas de formación y perfeccionamiento de capacidades humanas en pro de la innovación tecnológica. En este contexto se plantearon las modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología aprobadas el año pasado por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009.

Quinta.Existe concordancia con el Senado en cuanto a la necesidad de que el Peciti, como instrumento que establece la política pública en materia de desarrollo científico, tecnológico y de la innovación, se formule con visión de largo plazo, con planteamientos estratégicos que se traduzcan en programas y proyectos que repercutan favorablemente en la solución de problemáticas nacionales, locales y regionales.

Lo anterior implica que se involucren y comprometan los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales, y Estatales, en una acción coordinada y colaborativa, por lo que esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora en que la actualización del Peciti debe promoverse y autorizarse, después de su análisis cuidadoso, por el Consejo General, liderado por el titular del Ejecutivo federal, e involucrar de forma directa al Poder Legislativo en los aspectos presupuestales trianuales y de rendición permanente de cuentas.

Sexta. Quienes integramos la Comisión de Ciencia y Tecnología consideramos que el Peciti debe replantearse como un instrumento abierto, flexible y práctico, que además de contener los fines de la política de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación, traduzca y exprese de manera precisa, directa y sensible los compromisos y sea sujeto de evaluación permanente.

Por ello, la importancia de definir con precisión las áreas del conocimiento, los programas y proyectos con los que se atenderán, los mecanismos de seguimiento y evaluación de sus acciones, de manera que cada tres años sea posible encauzar nuevos programas y apoyos, o bien fortalecer o reorientar los existentes.

Séptima. En el marco de los planteamientos anteriores, el papel del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación se considera fundamental, dada su naturaleza de órgano de política y coordinación en materia de ciencia y tecnología. Al respecto esta comisión dictaminadora concuerda con la colegisladora en el sentido de que el Consejo General debe operar con frecuencia y revisar periódicamente los resultados del seguimiento y evaluación de la consecución del Peciti, sus programas, proyectos y acciones para estar en posibilidades de autorizar su actualización trianual con el sustento necesario.

Octava. En apoyo al perfil de evolución programática que se plantea en la minuta que se dictamina, los integrantes de esta Comisión de Ciencia y Tecnología consideramos que las reformas al artículo 20 de la Ley de Ciencia y Tecnología habrán de precisarse en un soporte metodológico y administrativo que las haga viables, por lo que será necesario establecer las reglas que permitan la actualización trianual del Peciti. En caso contrario, se corre el riesgo de que al interior del Ejecutivo federal esta reforma no se haga efectiva por falta de disposición o reglas que establezcan el cómo se debe actualizar, ejecutar y evaluar dicho programa.

En este sentido será fundamental el compromiso del Ejecutivo federal para emitir las disposiciones que deriven de la Ley de Ciencia y Tecnología que regulen la forma y los términos en que se concretará la visión de largo plazo del Peciti y su proyección a 25 años, así como los pasos a seguir en el proceso de actualización trianual de dicho programa, considerando que el resultado de la actualización se someterá con posterioridad al Poder Legislativo Federal y especialmente a esta soberanía, que goza de la facultad de expedir anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo anterior, esta comisión estima necesario que a partir de las modificaciones propuestas corresponda al secretario general presentar al consejo directivo para su aprobación los lineamientos generales y específicos que regulen la forma y los términos en que se concretará la visión de largo plazo del Peciti, así como el proceso para su actualización trianual.

Novena.Respecto al momento de actualización del Peciti, esta comisión está de acuerdo con que se realice al inicio de cada legislatura, como propone su colegisladora, después de considerar que el inicio de cada legislatura coincide con dos momentos clave en la administración pública del Ejecutivo federal: ya sea en el preámbulo del inicio del periodo de gobierno federal (agosto-diciembre), ya sea con la mitad de la gestión del Ejecutivo federal. En el primer caso, la actualización del programa habría de tomar en cuenta los resultados del periodo de gobierno anterior y, en el segundo, los resultados de los primeros tres años de gobierno. En ambas circunstancias la actualización del programa habría de tomar en cuenta el trabajo legislativo relacionado con su contenido.

Décima.Los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología consideramos que las reformas planteadas en la minuta que se dictamina son congruentes con las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología promulgadas el 12 de junio de 2009, y constituyen una aportación más del Poder Legislativo por favorecer el desarrollo, con visión de Estado, de las actividades de desarrollo científico, tecnológico y la innovación.

Por lo expuesto, la Comisión de Ciencia y Tecnología somete a consideración de la honorable asamblea, para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología

Artículo Único.Se reforman las fracciones I y II del artículo 6; el inciso a) de la fracción II del artículo 10; el artículo 20; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 20 y una nueva fracción III Bis al artículo 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología para quedar como sigue:

Artículo 6

El Consejo General tendrá las siguientes facultades:

I.Establecer en el programa especial las políticas nacionales para el avance de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que apoyen el desarrollo nacional;

II.Aprobar y actualizarel Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación;

III. a XI. ...

Artículo 10

El secretario ejecutivo del Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:

I. y II. ....

a)El proyecto del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus actualizaciones, para su aprobación;

b) y c) ...

...

...

III. a VI. ...

Artículo 20

El programa será considerado un programa especial y su integración, aprobación, actualización, ejecución y evaluación se realizará en los términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley de Planeación y por esta ley.

El programa incluirá una visión de largo plazo y proyección de hasta veinticinco años en los términos de esta ley y de las disposiciones que deriven de ésta. El programa será actualizado cada tres años. Las actualizaciones coincidirán con el inicio de cada nueva legislatura del Congreso de la Unión.

Artículo 21

...

...

I. y II. ...

a) a g) ...

III. ...

III Bis. Las áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica, así como los proyectos estratégicos de ciencia, tecnología e innovación por sectores y regiones;

IV. y V. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2010.

La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados:Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), secretarios; Ángel Aguirre Herrera (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica), Germán Osvaldo Cortez Sandoval (rúbrica), Alejandro del Mazo Maza (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Aarón Irízar López, José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Óscar Lara Salazar (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), José Trinidad Padilla López (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Jorge Romero Romero (rúbrica), Laura Margarita Suárez González (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica).»

Es de primera lectura.



LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 y adiciona los artículos 33, 43 y 44 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 y adiciona el 33, 43 y 44 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, mediante el acuerdo de la Mesa Directiva relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y de proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 18 de septiembre de 2009, fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 28 de abril de 2009.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de De-sarrollo Rural somete a consideración de sus integrantes el presente dictamen, el cual se realiza conforme a los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 28 de abril de 2009, el diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

II. En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para estudio y dictamen.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa se sustenta en el hecho de que el acceso y uso de nuevas tecnologías de información y comunicación por la población rural no han sido valorados, destacando que en el Título Tercero, Capítulo II, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se establecen en las fracciones I y II los sistemas nacionales de investigación y transferencia tecnológica para el desarrollo rural sustentable, y de capacitación y asistencia técnica rural integral. En el artículo 33 de la citada ley se establece que la comisión intersecretarial, con la participación del consejo mexicano, integrará la política nacional de investigación para el desarrollo rural sustentable.

Respecto al sistema nacional de capacitación y asistencia técnica rural integral, dicho ordenamiento establece que corresponde al gobierno federal desarrollar la política de capacitación. Por lo anterior, el legislador proponente considera que hay formas de establecer vínculos que redunden en beneficio de los productores rurales, haciendo efectiva la aplicación de la investigación, la capacitación y la transferencia de tecnología al sector productivo rural.

Para el diputado proponente, el fortalecimiento de la coordinación institucional, la investigación y la transferencia de tecnología deben ser asequibles para los productores rurales para conocer y, en su caso, satisfacer sus necesidades específicas en materia de desarrollo rural sustentable, permitiéndoles conocer los avances que se vayan registrando conforme a los resultados de los procesos de investigación y los adelantos tecnológicos que se vayan generando.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. La Comisión de Desarrollo Rural, en su calidad de dictaminadora, realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la iniciativa citada, con objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda. La comisión dictaminadora coincide con los argumentos planteados por el legislador proponente respecto a la importancia que revisten la investigación y la transferencia de tecnología. En términos de lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se considera entre las acciones por establecer para incrementar la productividad y la competitividad en el ámbito rural dar impulso a la investigación y al desarrollo tecnológico agropecuario, a la apropiación tecnológica y su validación, así como la transferencia de tecnología a los productores, promoviendo la inducción de prácticas sustentables.

Tercera. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el sistema nacional de investigación y transferencia tecnológica para el desarrollo rural sustentable se establece para impulsar la generación de investigación sobre el desarrollo rural sustentable y, en particular, el desarrollo tecnológico, su validación, transferencia y apropiación por los productores y demás agentes rurales, considerando que la investigación y la formación de recursos humanos son una inversión prioritaria para el desarrollo rural sustentable, por lo que se deberán fortalecer las instituciones públicas encargadas de la generación de dichos activos.

Cuarta. La comisión dictaminadora coincide con el legislador proponente en que resulta conveniente que la población rural cuente con los elementos indispensables para que tenga acceso a las tecnologías de la información, facilitando la capacitación en el uso de portales informáticos, toda vez que con ello se fortalecen la investigación, la capacitación y la actualización de la asistencia técnica rural integral que, para efectos productivos, satisface las necesidades cognitivas de los productores rurales respecto al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del campo.

Quinta. Desde el punto de vista legislativo, si bien es cierto que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece instancias colegiadas como los sistemas y servicios nacionales inherentes a la capacitación, asistencia técnica rural integral, investigación y transferencia de tecnología, el acceso a tecnologías de la información y de la comunicación no se considera de manera expresa en estas instancias. Por ello destaca el legislador proponente que en la actualidad tener acceso a las comunicaciones electrónicas no es una necesidad que sólo se genere en las grandes ciudades, es también una vía para que los actores productivos del sector rural se comuniquen y amplíen su interacción con el resto de la sociedad.

Sexta. La comisión dictaminadora coincide con la intención del diputado proponente de que es pertinente que la política nacional de investigación en el ámbito del desarrollo rural sustentable debe considerar el uso de las tecnologías de información y comunicación tanto para su formulación como para la difusión de avances con los diversos actores de la sociedad rural.

En mérito de lo expuesto, con base en las consideraciones anteriores y en el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura manifestamos nuestra aprobación y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único. Se reforma el artículo 37, fracción I; y se adicionan los artículos 33, con un tercer párrafo, 43, con un segundo párrafo, y 44, con una fracción VIII, recorriéndose las subsecuentes, a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 33. ...

...

La política nacional de investigación contemplará el uso de las tecnologías de información y comunicación tanto para su formulación como la difusión de avances, con los diversos actores de la sociedad rural.

Artículo 37. ...

I. Atender las necesidades en materia de ciencia y tecnología de los productores y demás agentes de las cadenas productivas agropecuarias y agroindustriales y las de carácter no agropecuario que se desarrollan en el medio rural;

II. a XVIII. ...

Artículo 43. ...

El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral deberá considerar el uso de las tecnologías de información y comunicación para el cumplimiento de sus propósitos.

Artículo 44. ...

I. a VII. ...

VIII. Las instituciones públicas de educación que desarrollan actividades en la materia;

IX. Los organismos de educación técnica y de capacitación de la Secretaría de Educación Pública; y

X. Los mecanismos y las estructuras que se deberán establecer para este fin en los distritos de desarrollo rural.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2010.

La Comisión de Desarrollo Rural, diputados: Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), presidente; Guillermina Casique Vences (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), Federico Ovalle Vaquera, María Esther Terán Velázquez (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), secretarios; Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Felipe Borja Texocotitla, Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Rubén Arellano Rodríguez, Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Avelino Méndez Rangel, Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Israel Madrigal Ceja (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:No tenemos registrado en este momento a nadie para su discusión. En consecuencia está a discusión en lo general. No se ha registrado ningún orador en lo general, por consiguiente se considera suficientemente discutido, en lo general.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso se pregunta a la asamblea si se reserva algún artículo para discutirlo en lo particular.

No habiendo ningún artículo reservado, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto del dictamen correspondiente.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

Señores diputados, se les informa que resta un minuto y medio para que puedan registrar su voto en el sistema electrónico.

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Por favor, diputado, está abierto el sistema. Por favor, regístrelo.

¿Falta alguna diputada o diputado? Por favor, regístrenlo, está el sistema abierto.

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema, por favor, quien no haya registrado su voto hágalo en este momento.

¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?

Los señores diputados que se acaban de integrar al recinto está aún abierto el sistema electrónico. Quien no haya registrado su voto, favor de hacerlo en este momento.

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

De viva voz, por favor, señora diputada. Perdón diputada, ¿su nombre?

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: De viva voz se solicita el voto de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se solicita de viva voz el voto del diputado Rafael Rodríguez González.

El diputado Rafael Rodríguez González(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Muchas gracias. El diputado Díaz Brown.

El diputado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh(desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Jiménez López(desde la curul): A favor.

La diputada Maricela Serrano Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Inocencio Ibarra Piña(desde la curul): A favor.

El diputado Balfre Vargas Cortez(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Señor presidente, se emitieron 388 votos en pro, ninguno en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular por 388 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 37 y adiciona los artículos 33, 43 y 44 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.



LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Continuamos con el siguiente punto del orden del día que es discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, mediante el acuerdo de la Mesa Directiva relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y de proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, publicado en la Gaceta Parlamentaria el pasado 18 de septiembre de 2009, fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa que adiciona el artículo 24 Bis de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el diputado Martín Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 30 de octubre de 2008.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Desarrollo Rural somete a consideración de sus integrantes el presente dictamen el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 30 de octubre de 2008, el diputado Martín Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

II. En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para estudio y dictamen.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa destaca la importancia de los factores que fortalecen el desarrollo rural sustentable, señalando que la tecnificación e intensificación del riego agrícola en el campo, así como las facilidades para acceder a mayores financiamientos para la compra de activos, como tractores y otros tipos de maquinaria, permite a los productores generar alimentos de mejor calidad que pueden ser ofertados a precios más competitivos.

El legislador proponente plantea que una de las medidas más atinadas que pudiera adoptar el gobierno federal a corto plazo consiste en hacer efectiva la planeación del desarrollo rural sustentable a mediano y largo plazos, a través de la creación de comités consultivos alimentarios, en las cadenas productivas en las que se considere necesario integración que se vería reflejada al interior de los Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable.

Lo anterior se pretende concretar a través de la adición de un artículo 24 Bis en el contenido de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de que estos comités consultivos especializados en política alimentaria y conformados por algunos miembros de los consejos, se enriquecieran con la opinión de jóvenes egresados de carreras dedicadas al aprovechamiento del campo, profesionales que con sus contribuciones apoyarían a los referidos comités en el diseño e implantación de políticas públicas en materia alimentaria, particularmente de la producción agropecuaria, considerando las características agroecológicas, económicas, sociales y culturales del estado, región o municipio de que se trate, impulsando así la producción nacional con criterios de factibilidad económica, en beneficio de productores y consumidores.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. La Comisión de Desarrollo Rural, en su calidad de comisión dictaminadora, realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la iniciativa citada con objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda. Esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos planteados por el legislador proponente en que es indispensable hacer efectiva la planeación del desarrollo rural sustentable, haciendo uso de los conocimientos actualizados en el aprovechamiento de los recursos naturales del campo mexicano, utilizando herramientas tales como la tecnificación e intensificación del riego agrícola en el campo, así como las facilidades para acceder a mayores financiamientos para la compra de activos, como tractores y otros tipos de maquinaria.

Tercera. En términos de lo establecido en el artículo 22, fracciones II, y XV de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable mediante la concertación que realice con las dependencias y entidades del sector público y con los sectores privado y social integrará el sistema y el servicio nacionales de capacitación y asistencia técnica rural integral. Por ello el gobierno federal desarrollará la política de capacitación a través del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, atendiendo la demanda de la población rural y sus organizaciones.

Cuarta. Por otro lado, en el marco jurídico aplicable al desarrollo rural sustentable se tiene previsto que las acciones en materia de cultura, capacitación, investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología son fundamentales para el fomento agropecuario y el desarrollo rural sustentable y se consideran responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los sectores productivos, las cuales se deberán cumplir en forma permanente y adecuada a los diferentes niveles de desarrollo y consolidación productiva y social.

Quinta. En este sentido, la comisión dictaminadora coincide con el proponente en que es importante que tanto la capacitación, como la asistencia técnica rural integral que demanda de la población rural y sus organizaciones, podrá ser atendida de manera adecuada con la creación de comités consultivos alimentarios que operen al interior de los consejos estatales, municipales y distritales, con profesionales preparados que proporcionen la información requerida para que los productores alimentarios cuenten con herramientas eficientes para hacer uso de la tecnificación de forma sustentable.

Sexta. Finalmente, en aras de enriquecer la iniciativa de referencia, el diputado Israel Madrigal Ceja expreso ante el pleno de esta comisión dictaminadora expresó la conveniencia de citar en el cuerpo del artículo 24 Bis, que también podrán incorporarse expertos de gran valía adscritos a los centros de investigación y a instituciones educativas de nivel superior, propuesta que fue aprobada por los integrantes del pleno de la Comisión de Desarrollo Rural.

Consecuentemente, la Comisión de Desarrollo Rural, por acuerdo unánime de sus integrantes, adiciona al segundo párrafo del artículo 24 Bis la redacción que compila la propuesta del diputado Israel Madrigal Ceja.

En mérito de lo expuesto, con base en las consideraciones anteriores y el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 Bis de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura manifestamos nuestra aprobación y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único. Se adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 24 Bis. Se podrán integrar, dentro de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales, cuando así se considere necesario, comités consultivos alimentarios, cuya finalidad será opinar al seno de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales en materia de producción agropecuaria, utilizando criterios de factibilidad técnica y económica, considerando principalmente las características agroecológicas, económicas, sociales y culturales del ámbito territorial en cuestión.

Podrán participar en los comités consultivos alimentarios, adicionalmente a los integrantes de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales, profesionistas inscritos en el padrón de prestadores de servicios del sector rural perteneciente al Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral al que hace referencia esta ley en el Capítulo Tercero del Título Tercero, en su carácter de expertos en los temas abordados por los comités consultivos alimentarios, con la finalidad de reforzar la opinión técnica que dichos comités puedan emitir en el seno de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2010.

La Comisión de Desarrollo Rural, diputados:Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), presidente; Guillermina Casique Vences (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), Federico Ovalle Vaquera, María Esther Terán Velázquez, Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), secretarios; Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Felipe Borja Texocotitla, Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Sabino Bautista Concepción, Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Rubén Arellano Rodríguez, Alba Méndez Herrera (rúbrica), Avelino Méndez Rangel, Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Rolando Zubia Rivera (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres, Alberto Esquer Gutiérrez, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Israel Madrigal Ceja (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:No se tiene registrado a ningún participante...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado, dígame.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Quiero hablar a favor del dictamen.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame. En consecuencia está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Esta Presidencia informa que se ha registrado para discutirlo en lo general y en lo particular, a favor del proyecto de decreto, el diputado Gerardo Fernández Noroña. Adelante, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, la propuesta que estamos revisando es que se integren con consejo nacional, estatal, distrital y municipal para el desarrollo rural sustentable, comités consultivos alimentarios y precisar sus facultades y formas de integración.

Me parece que es una buena intención lo que está planteando esta iniciativa y por esta razón decidí hacer uso de la palabra a favor. Estoy planteando esta posición. Pero creo que esta Cámara de Diputados merece una explicación de lo que sucedió esta mañana. Rechazamos de manera absoluta y tajante... Sí, ése es el tema, el tema es esta iniciativa ¿no?

Entonces les decía, rechazamos de manera tajante que se esté buscando el desprestigio del Poder Legislativo. En más de una ocasión...

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Meillón, dígame usted.

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston(desde la curul): Sí, para pedirle al expositor que se apegue estrictamente al tema, por favor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo está solicitando el señor diputado, diputado Fernández Noroña la moción de orden consiste en que trate el tema que se está discutiendo en el punto del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 24 Bis, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: A ver, diputado presidente, no acepto ni su comentario ni el del diputado y le explico por qué: el diputado está diciendo que me pide a mí que me centre en el tema y él no es nadie para pedirme a mí que me centre en el tema.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:No, por eso la Presidencia le está pidiendo a usted, diputado...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Permítame, permítame, permítame, diputado presidente...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pido que se ajuste al tema correspondiente, si no tendré que quitarle el sonido, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: No sea oficioso, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:No, no es oficialidad.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: A ver, escúcheme primero. Nadie le está pidiendo a usted que me llame a centrarme en el tema. El diputado me está pidiendo a mí que me centre en el tema y estoy diciendo que no es su derecho. Así es que no está haciendo la petición de manera correcta.

Segundo. Ni siquiera he expresado lo que quiero expresar y ya están diciendo que no estoy en el tema. ¿Me leen el pensamiento o qué es lo que pasa con este diputado panista? No ha escuchado lo que estoy diciendo. ¿En qué momento me he desviado del tema si hago dos frases y ya me están diciendo que me centre en el tema? Por tanto le pido, diputado presidente, que respete mi intervención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se la estamos respetando y ajústese al tema que se está tratando en el dictamen, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Me ajusto al tema. Como estaba diciendo, voy a votar a favor porque el campo está abandonado, está destrozado, no hay ni un solo apoyo a la actividad económica de los productores del campo. Están empobrecidos, no tienen acceso a crédito, no tienen acceso a semillas, no tienen apoyo para ninguna posibilidad de un desarrollo productivo verdadero.

El campo es hoy uno de los rostros más brutales de la miseria en nuestro país. La injusticia, la desigualdad y la desesperanza que hay en el campo obligan no sólo a tomar iniciativas como la que está presentándose y que estoy planteando mis argumentos a favor, sino obliga a cambios de fondo para hacer de la actividad productiva del campo la actividad económica central del país.

No tenemos suficiencia alimentaria, importamos la mayor parte de los productos del extranjero, traemos semillas y carnes transgénicas que estoy cierto que son los responsables, aunque no lo puedo probar, de que México tenga el primer lugar en obesidad. Gordura monstruosa que no existía antes entre los mexicanos y que a raíz del consumo de granos y de carne con hormonas y con manejos dizque científicos, han generado daños brutales a la salud de la población del país.

Así es que, como ven, sigo en el tema y planteo de manera muy clara que aquí hay compañeros y compañeras diputados que son muy celosos de la honra y muy desentendidos del gasto. Están muy preocupados por la forma y muy despreocupados del fondo. Se van sobre la superficie y no sobre los verdaderos problemas que hay en el país como éste del campo mexicano.

Se van sobre el asunto de si se ve mal que de repente los diputados tomen la tribuna porque hay 44 mil trabajadores lanzados a la calle y no ven mal que quien está usurpando la Presidencia de la República haya comprado casas de 1 mil 940 metros cuadrados: tres casas en la colonia Las Águilas, sin que su sueldo justifique que pueda acceder a ese tipo de cosas. Entonces planteamos con toda firmeza y con toda claridad nuestra decisión.

Quiero comentar aquí que el diputado Martel –con eso termino– se acercó en la mañana a nosotros, preocupado de que pudiera usarse la toma de la tribuna para golpear al Legislativo y fue esa preocupación compartida y no otra cosa la que dio la salida que finalmente aceptamos.

Y quiero plantearlo con toda claridad, porque me parece que en esa línea estamos coincidiendo, pero me parece que no podemos seguirnos haciendo ciegos frente a los graves problemas que están poniendo al país en una crisis económica, política y social brutal. Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Emilio Serrano, a favor.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Gracias, diputado presidente, con su venia. Creo que es importante que reflexionemos –claro que estoy a favor de votar esta iniciativa–, reflexionemos –al compañero de Acción Nacional– que estamos dando motivo a que haya una reacción.

Yo les puedo garantizar, sin temor a equivocarme, que si fuéramos escuchados quienes opinamos diferente, si fuéramos atendidos en los reclamos de la gente, no habría razón para tomar medidas drásticas, a veces exageradas que molestan y duelen. A veces no nos dejan otro camino.

Tenemos un gran desprestigio. Nos dicen que somos flojos, que aprovechamos el espacio de diputados federales para cobrar bien, para hacer negocios y para utilizar el fuero, es la impresión que tiene la gente de nosotros.

Podemos constatar que sí trabajamos, habemos a quienes sí nos interesa el trabajo legislativo, la representación popular, la gestión, y sé que muchos diputados saliendo de aquí van a sus comunidades a escuchar a la gente, principalmente la del campo –el campo se está muriendo. Hacen gestión, meten demandas, escuchan, representan a la gente. Pero también hay diputados que les vale poco el trabajo legislativo y la representación que tenemos, que no vienen, que no asisten a comisiones, que no asisten a las plenarias, que no regresan a sus distritos, que no escuchan a la gente, y eso es grave...

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Escudero, dígame usted.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente, para ver si es tan amable de invitar al diputado que está haciendo el uso de la palabra a que se apegue al tema. Hay muchos dictámenes importantes y el tiempo apremia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Diputado Serrano, por favor, trate el tema correspondiente del dictamen que está a discusión.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Con mucho gusto, diputado presidente...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputado. Sí, diputado Fernández Noroña, dígame.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Pediría solamente, diputado presidente, le pediría a usted que hubiera un trato parejo a todos los diputados y a todas las diputadas de esta Cámara, porque el diputado César Nava pidió la palabra en un dictamen, habló de lo que le dio la gana y nadie lo llamó al tema, se le permitió que expresara su posición porque era conveniente que así se hiciera. Me parece que están siendo muy parciales mis compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:De ninguna manera, diputado. No hay parcialidad, sino que se aplica el reglamento correspondiente. Y a solicitud de cualquiera de la asamblea, de los diputados, estamos pidiéndole al señor diputado Serrano que por favor se ajuste al tema.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Con mucho gusto, diputado presidente, estoy haciendo uso de mi tiempo.

Le digo al diputado que no sea hipócrita, ni falto de memoria, porque aquí se han tratado temas diferentes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pido diputado, por favor, que mantenga la cordura y el respeto para los compañeros de la asamblea.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Con mucho gusto, diputado presidente. Hay que ser congruentes, no sirvamos de tapete de nadie, hay que tener vergüenza. El interés primordial es el país, es México. Antes de los intereses personales, de grupo o de partido, son los intereses de México; es lo que se nos ha olvidado.

Aquí se ha desviado, no una, sino muchas veces el tema y, sin embargo, no han protestado. Insisto, voy a votar a favor, pero por un desarrollo auténtico del campo, que nos dé de comer a los mexicanos, que cree fuentes de trabajo. Se está abandonando al campo, porque quienes lo trabajan se están muriendo de hambre. Ni siquiera hay producción para el autoconsumo. Es a donde debemos enfocar nuestras baterías, nuestra atención, a sacar a esa gente de la miseria.

El campo daba de comer a los mexicanos y ahora somos consumistas. No producimos en el campo. Los apoyos no deben ser para terratenientes, sino para los de la pequeña y mediana producción en el campo. Claro que mi voto es a favor y, de veras, vamos a ser parejos y todos centrarnos al tema que nos ocupa, porque siempre la tribuna se utiliza para hablar de todo, menos del tema que se está tratando.

Y si va a ser para unos, que sea parejo para todos, porque cuando se toman medidas drásticas, es cuando se provoca la reacción. Y la gente está cansada, muy cansada. Vamos a abonar todos, vamos a cambiar el rumbo del país, pero con trabajo, no deteniendo la protesta, no deteniendo la demanda, no deteniendo el grito de justicia, hay que trabajar para lograrla. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. En virtud de no haber más oradores inscritos, y en los términos del artículo 122 que señala que cuando sólo piden en pro podrán ser hasta dos miembros de la Cámara quienes hagan uso de la palabra. Se considera suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Todavía nos queda un minuto.

¿Falta alguna diputado o diputado por emitir su voto? Ciérrese el sistema.

Los diputados que no pudieron emitirlo pueden hacerlo de viva voz.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero(desde la curul): A favor.

El diputado Rafael Rodríguez González(desde la curul): A favor.

La diputada María Dolores del Río Sánchez(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: El de la voz, a favor.

El diputado Roberto Rebollo Vivero(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, se informa que son 372 a favor, 0 en contra, 1 abstención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Aprobado en lo general y en lo particular por 372 votos a favor el proyecto de decreto que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.



LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, mediante el acuerdo de la Mesa Directiva relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y de proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 18 de septiembre de 2009, fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo del artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de De-sarrollo Rural somete a consideración de sus integrantes el presente dictamen, el cual se realiza conforme a los siguientes

Antecedentes

1. La iniciativa mencionada fue presentada por el diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del PRI, el 24 de abril de 2009 y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de esa fecha.

2. En términos del último párrafo del artículo 94 del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa referida en el proemio del presente dictamen fue turnada por la Mesa Directiva de la LXI Legislatura a la Comisión de Desarrollo Rural como parte de los asuntos legislativos pendientes de resolución con el carácter de proyectos.

Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa materia del presente dictamen implica la adición del tercer párrafo del artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como a continuación se transcribe:

Artículo Único. Se reforma y adiciona un tercer párrafo al artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 84. El gobierno federal, a través de las dependencias y entidades competentes, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la participación de los productores beneficiarios, promoverá el desarrollo de la electrificación y los caminos rurales y obras de conservación de suelos y agua, considerándolos como elementos básicos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del medio rural y de la infraestructura productiva del campo.

...

La infraestructura de comunicación deberá ser la adecuada a las condiciones geográficas y climatológicas de la zona, así como con la calidad requerida para ser usada por transporte de personas, productos, insumos y maquinaria necesarios para las tareas agrícolas, ganaderas y pecuarias, incidiendo en la producción y en las condiciones de bienestar de la población rural.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de la comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. La Comisión de Desarrollo Rural, en su calidad de dictaminadora, realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la iniciativa precitada, con objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como ordenamiento reglamentario de la fracción XX del artículo 27 constitucional, considera de interés público el desarrollo rural sustentable, que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas las acciones tendentes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Carta Magna, para lo cual el Estado tendrá la participación que determina este ordenamiento.

Tercera. En términos de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la comisión intersecretarial se encargará de atender, coordinar y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable. Asimismo, será la responsable de promover y coordinar las acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades federales competentes en las materias consideradas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Cuarta. Según lo establece el artículo 36, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde formular y conducir las políticas y los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo con las necesidades del país. Asimismo, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una de las dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.

Quinta. Como expone el legislador proponente, en el campo mexicano hay una notable demanda de vías de comunicación eficientemente acondicionadas, las que optimizarían el transporte de personas y productos resultado de las actividades económicas del sector rural, facilitando el acceso de insumos, materias primas, equipos y maquinaria para las tareas productivas, incrementando el bienestar de la población que vive en el campo y, con ello, propiciando una efectiva calidad de vida a ese sector de la población.

Sexta. En consecuencia, de aprobarse la adición propuesta en la iniciativa de referencia, al establecer que la infraestructura de comunicación deberá tomar en cuenta las condiciones geográficas y climáticas de cada zona, así como con la calidad requerida para ser usada por transporte de personas, productos, insumos y maquinaria necesarias para las tareas agrícolas, ganaderas y pecuarias, se estarían haciendo efectivas las acciones tendentes a la elevar de la calidad de vida de la población rural, de conformidad con la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política y con el objeto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Conclusiones

Primera. En virtud de lo anterior y una vez que la comisión dictaminadora ha entrado en el análisis del fondo del asunto, valorando los argumentos que sustentan la adición propuesta en la iniciativa, se determina que la propuesta legislativa es jurídicamente procedente.

Segunda. Consecuentemente, la Comisión de Desarrollo Rural considera que es procedente aprobar la iniciativa materia de este dictamen, por resultar congruente con lo establecido por la fracción XX del artículo 27 constitucional y con el objeto que persigue la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por lo que respecta a elevar la calidad de vida de la población rural.

En mérito de lo expuesto, y con base en las consideraciones anteriores y en el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su primer párrafo, y se adiciona al mismo artículo 84 un párrafo tercero, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura manifestamos nuestra aprobación y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 84. El gobierno federal, a través de las dependencias y entidades competentes, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la participación de los productores beneficiarios, promoverá el desarrollo de la electrificación y los caminos rurales y obras de conservación de suelos y agua, considerándolos elementos básicos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del medio rural y de la infraestructura productiva del campo.

...

La infraestructura de comunicación rural deberá ser la adecuada a las condiciones geográficas y climáticas de la zona, así como con la calidad requerida para ser usada por transporte de personas, productos, insumos y maquinaria necesarios para las tareas agrícolas y pecuarias, incidiendo en la producción y en las condiciones de bienestar de la población rural.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2009.

La Comisión de Desarrollo Rural, diputados:Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), presidente; Guillermina Casique Vences (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), María Esther Terán Velázquez (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Federico Ovalle Vaquera (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Guadalupe Pérez Domínguez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu, Francisco Alberto Jiménez Merino, Sabino Bautista Concepción, José Erandi Bermúdez Méndez, Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Fermín Montes Cavazos, Rolando Zubía Rivera, Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Avelino Méndez Rangel, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Israel Madrigal Ceja (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:No existiendo participación de la comisión, en consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.

No existiendo quien haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

Todavía está el tablero electrónico abierto, señores diputados. Pueden emitir su voto. Ciérrese el tablero electrónico.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero(desde la curul): A favor.

El diputado Enrique Torres Delgado(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Vamos a empezar de derecha a izquierda, por favor.

El diputado Gustavo González Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán(desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Ramírez Bucio(desde la curul): A favor.

La diputada Marcela Guerra Castillo(desde la curul): La de la voz, a favor.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): A favor.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo(desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Hernández Silva(desde la curul): A favor.

La diputada Leticia Robles Colín(desde la curul): A favor.

El diputado Balfre Vargas Cortez(desde la curul): A favor.

El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): A favor.

El diputado Uriel López Paredes(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: A favor.

Señor presidente, se emitieron 357 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular por 357 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 21 y 33 de la Ley General de Educación. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 21 y 33 de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnada para su estudio y análisis la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 21 y 33 de la Ley General de Educación, en materia de educación indígena.

De conformidad con lo enunciado en los artículos 71 y 72 constitucionales, y de conformidad con los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procedió al análisis de la mencionada minuta, presentando a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. El 8 de febrero de 2007, el senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, presentó ante el Pleno del Senado iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de manera que se garantice que la educación indígena sea bilingüe e intercultural. La iniciativa fue suscrita, además, por el senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. El 6 de septiembre de 2007, el senador Adolfo Toledo Infanzón del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Senado de la República iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 33 de la Ley General de Educación, con el propósito de garantizar que se atienda de manera especial a las escuelas de las comunidades indígenas y se impulsen la matriculación, la asistencia escolar y la conclusión de estudios de las niñas y niños indígenas.

3. El 29 de octubre de 2007 el senador Andrés Galván Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con el propósito de incorporar la figura de la educación básica intercultural y bilingüe y propiciar la formación de profesores especializados en lenguas indígenas, así como generar los contenidos educativos, materiales didácticos, escuelas y demás procesos educativos necesarios para la especialidad.

4. En esa misma fecha y por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, las iniciativas fueron turnadas para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos y, en particular, la del senador Andrés Galván Rivas se turnó, además, a la Comisión de Asuntos Indígenas.

5. El 21 de abril de 2008 el dictamen se aprobó en la Cámara de Senadores por 70 votos y, en esa misma fecha, la minuta se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. El 22 de abril de 2008 la Minuta se recibió en la Cámara de Diputados, y la Presidencia de la Mesa Directiva acordó turnarla a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.

7. Con fecha 1 de abril de 2009, el dictamen con sentido positivo –que incorpora la opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas– fue aprobado por el Pleno de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, LX Legislatura.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos llevó a cabo el análisis de la minuta en cuestión y el presente dictamen, en el que se considera la opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas, da cuenta de las observaciones, comentarios y conclusiones expresadas en relación con el contenido de la misma.

II. Contenido de la minuta

La minuta da cuenta del contenido de las tres iniciativas dictaminadas, en las cuales los Senadores promoventes expresan preocupación por la calidad de la atención educativa que reciben los hablantes de lenguas indígenas que cursan por los distintos niveles del sistema educativo nacional. Las iniciativas proponen un conjunto de reformas y adiciones a la Ley General de Educación, cuyo contenido se sintetiza en las siguientes líneas:

1. Iniciativa del senador Cué Monteagudo:

a. Incorporar el derecho de los indígenas a recibir educación bilingüe e intercultural en sus pueblos y comunidades.

b. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas de todos los niveles educativos.

c. Establecer un sistema de educación, formación y capacitación que asegure la atención educativa de la población indígena.

d. Promover la preservación y difusión de la cultura indígena.

e. Elaborar y mantener actualizados libros de texto gratuitos en lenguas indígenas.

f. Incorporar las necesidades y propuestas de las comunidades indígenas en las acciones federales y estatales dirigidas a apoyar la función social educativa.

g. Tomar medidas para garantizar el acceso a la educación y la permanencia de los alumnos provenientes de comunidades indígenas.

h. Facultar a los Consejos Municipales de Participación Social para que promuevan la cultura de los pueblos indígenas.

i. Incorporar a representantes de las comunidades indígenas en los Consejos Estatales de Participación Social.

2. Iniciativa del senador Toledo Infanzón:

a. Especificar que la atención de las escuelas ubicadas en comunidades indígenas, junto con las que se encuentran en localidades aisladas y zonas urbanas marginadas, deberá ser prioritaria para las autoridades educativas, estableciendo incentivos que impulsen el ingreso, la asistencia y la conclusión de los estudios.

3. Iniciativa del senador Galván Rivas:

a. Añadir el texto “y educación básica intercultural y bilingüe” en todas las referencias que se hacen a la “educación básica”, específicamente en las fracciones I, II, VI y XIII del artículo 12; las fracciones I a VI del artículo 13; la fracción IV del artículo 14; los párrafos primero y segundo del artículo 16; la fracción I del artículo 20; primer párrafo del artículo 37; el artículo 38; el primer párrafo del artículo 48; el primer párrafo del artículo 51; primer párrafo del artículo 53; segundo párrafo del artículo 54; fracción III del artículo 55; primero y cuarto párrafos del artículo 69; segundo párrafo del artículo 70; y, fracción III del artículo 77.

III. Consideraciones del Senado

En sus consideraciones, la Cámara de Senadores señala que “las iniciativas en análisis representan un esfuerzo de reflexión de parte de los iniciantes por tratar de incidir en el hecho de que la educación indígena en general mantiene índices de eficiencia terminal y deserción por debajo de la media nacional y un índice superior de reprobación, no obstante la puesta en marcha de planes y programas para lograr mayor equidad y cobertura en la educación en las comunidades en las que habitan. Asimismo, también son muestran del interés de los senadores por encontrar fórmulas que permitan mantener el patrimonio cultural intangible que representan los idiomas indígenas, cuya pérdida se acrecienta cuando las propias comunidades dejan de escribir y comunicarse en su propia lengua...”

Sin embargo, la codictaminadora destaca diversos argumentos en los cuales fundamenta modificaciones a las propuestas de los promoventes. Los principales argumentos se citan a continuación:

1. La reforma a los artículos 1o., 2o., 4o., 8o. y 115 constitucionales promulgada el 14 de agosto de 2001, otorga mayor presencia en el orden jurídico nacional a las inquietudes y demandas de los pueblos y comunidades indígenas, pues se reconoce la autonomía de los pueblos para preservar y enriquecer sus lenguas, así como para fortalecer su cultura e identidad; también se estipula la obligación del Estado para garantizar e incrementar los niveles de escolaridad de la población indígena, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, además de establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas de todos los niveles y definir programas educativos de contenido regional que reconozcan el legado cultural de los pueblos indígenas.

2. En congruencia con lo anterior, el 13 de marzo de 2003 se adicionó la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de Educación, misma que establece como uno de los fines de la educación que imparta el Estado la promoción, mediante la enseñanza, del conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, así como que los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en español.

3. Asimismo, se publicó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, cuyo artículo 11 establece que las autoridades educativas federales y estatales garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, independientemente de su lengua; también se establece que en los niveles medio y superior se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. El artículo 13 de la citada ley señala lo siguiente:

“Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente ley, y en particular las siguientes:

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas;

...

IV. Incluir en los programas de estudio de la educación básica y normal, el origen y evolución de las lenguas indígenas nacionales, así como de sus aportaciones a la cultura nacional;

V. Supervisar que en la educación pública y privada se fomente o implemente la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüística para contribuir a la preservación, estudio y de-sarrollo de las lenguas indígenas nacionales y su literatura;

VI. Garantizar que los profesores que atiendan la educación básica bilingüe en comunidades indígenas hablen y escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena de que se trate;

VII. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas nacionales y sus expresiones literarias;

VIII. Crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales u otras instituciones depositarias que conserven los materiales lingüísticos en lenguas indígenas nacionales;

IX. Procurar que en las bibliotecas públicas se reserve un lugar para la conservación de la información y documentación más representativa de la literatura y lenguas indígenas nacionales;

...”

4. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) ha constituido una red de servicios educativos en el territorio nacional para atender el rezago educativo en la población indígena y para dar solución a la demanda educativa bilingüe e intercultural.

5. De acuerdo con datos de la DGEI, para el ciclo escolar de 2004-2005 “de los 62 grupos indígenas que existen en el país, 54 grupos étnicos cuentan con los servicios de educación inicial, preescolar y primaria indígena, así como de apoyo y asistenciales. Estos servicios se encuentran ubicados en 25 entidades federativas, siendo las lenguas con mayor captación de matricula: Náhuatl, Mixteco, Tseltal, Tsotsil, Zapoteco, Hñahñu y Maya”.

6. En preescolar se brindan servicios en 46 lenguas indígenas, principalmente Náhuatl, Mixteco, Maya, Zapoteco y Tseltal. El servicio de primaria se brinda en 51 lenguas indígenas, siendo el Náhuatl, Mixteco, Tseltal, Tsotsil, Hñahñu, Mazateco, Zapoteco y Chol las que mayor número de alumnos concentran. Los servicios de educación indígena se ofrecen en entidades en las que no existen grupos originarios, pero que por efectos de la migración interna cuentan con población indígena.

Con base en las consideraciones anteriores, el senado formula el siguiente:

“Proyecto de decreto que reforma los artículos 21 y 33 de la Ley General de Educación en relación con la educación indígena

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 21; se reforma la fracción I y se adiciona una fracción XIII recorriendo la actual a la XIV del mismo artículo 33, para quedar como sigue:

Artículo 21. El educador es promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. Deben proporcionársele los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.

Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades competentes. En el caso de los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español.

...

...

...

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas o comunidades indígenas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades;

De la II. a la XII. ....

XIII. Proporcionarán materiales educativos en las lenguas indígenas que correspondan en las escuelas en donde asista mayoritariamente población indígena.

XIV. Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior.

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

IV. Consideraciones de la comisión

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos coincide en lo general y en lo particular con el dictamen elaborado por la Cámara de Senadores, así como con el proyecto de decreto que se propone en la minuta.

De manera específica, esta comisión coincide con la codictaminadora cuando señala que la educación bilingüe e intercultural a que se refieren los preceptos constitucionales, no implica la puesta en marcha de un sistema paralelo a la educación básica que atienda específicamente a esa población, ni tampoco se orienta al establecimiento de un nuevo tipo educativo. La educación bilingüe e intercultural forma parte de la educación básica, integrada por los niveles preescolar, primaria y secundaria, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 37 de la Ley General de Educación.

Como señala el Senado, algunos de los temas propuestos por los senadores promoventes están expresados en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como en los fines educativos señalados en la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de Educación:

“IV. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español.”

Sin embargo, como complemento a la disposición citada anteriormente, esta comisión considera pertinente la reforma al artículo 33 de la Ley General de Educación, que propone proporcionar materiales educativos en las lenguas indígenas correspondientes, en aquellas escuelas a las que asista población indígena, ya sea de manera mayoritaria o no. Es importante mencionar que en este sentido hay un gran avance, ya que –como los señala el dictamen del Senado– actualmente la SEP ha publicado libros de texto gratuitos en las 42 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país.

Interesa destacar que la distribución y uso pedagógico de libros de texto en lengua indígena –elevada a rango de ley- constituye, sin duda, un elemento importante en la construcción de una sociedad plural, entendiendo que esto significa el reconocimiento de los sectores culturalmente diferenciados “como gente que no son iguales que nosotros, pero que son legítimamente diferentes”. De acuerdo con Díaz (2001), “no es lo mismo tratar de utilizar el instrumento educativo del Estado [los libros de texto gratuitos] para crear una nación unitaria, culturalmente homogénea, que para construir una nación plural”.

Respecto a la formación de los educadores, la fracción I del artículo 20 de la misma ley, establece las instancias responsables del sistema de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros con nivel licenciatura. Este sistema también incluye la formación de maestros indígenas, encargados de la atención educativa en las 24 entidades federativas en las que se prestan servicios de educación indígena.

Sin embargo, es necesario reconocer que nuestro sistema educativo aún enfrenta el reto de lograr que todos los niños y jóvenes indígenas sean atendidos por maestros profesionales y bilingües, cuya lengua materna –además- coincida con la de los alumnos que atienden. Por esta razón, se considera pertinente la reforma propuesta al artículo 21 de la Ley General de educación, en el sentido de que los docentes de educación indígena que no cuenten con estudios de licenciatura, participen de manera obligatoria en programas de profesionalización, además de que acrediten su bilingüismo.

Esta propuesta no pretende constituirse en un mecanismo que permita a personas sin la formación adecuada acceder, en un futuro, como docentes de educación indígena, sino garantizar que todos los profesores adscritos actualmente a este subsistema cuenten con estudios profesionales en la docencia.

De acuerdo con datos de la SEP, los jóvenes maestros que atienden a los niños indígenas tienen una “insuficiente capacitación y actualización”, pues sólo tienen estudios de secundaria o preparatoria. Sólo 9% (4 mil 626) del total de los maestros indígenas han logrado acreditar exámenes para profesores en servicio. Sin embargo, esa condición se complica porque de un catálogo de 539 programas de actualización, sólo 30% son orientados específicamente a los maestros de las comunidades indígenas.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano de la Educación destaca que “los docentes indígenas todavía son contratados sólo con estudios de bachillerato y enviados, después de un curso de inducción de tres meses, a laborar frente a grupo. Se les pide que se inscriban en la licenciatura semiescolarizada de la Universidad Pedagógica Nacional, que cursan en cuatro o cinco años. Hace algunos años, los docentes eran contratados con secundaria. Esto explica porqué en las escuelas indígenas ahora poco menos del 50% de los maestros no cuentan con estudios de licenciatura.”

En este sentido, la dictaminadora hace hincapié en que los programas de capacitación que la autoridad educativa diseñe, deben cumplir con los criterios de calidad y pertinencia, por lo cual es necesario que no se limiten a cursos breves sino que contemplen diversas estrategias que aseguren una preparación profesional sólida de todos los docentes que atienden actualmente población indígena.

En relación con el tema de la equidad educativa –en cobertura, permanencia y eficiencia terminal– esta comisión coincide con el Senado cuando señala que es suficiente la normatividad vigente, pues la Ley General de Educación incluye un capítulo sobre el tema. Los distintos apartados del artículo 33 incluyen a la educación indígena como sujeto implícito, aunque también se coincide con el Senado en que es pertinente retomar la propuesta de enfatizar que los esfuerzos educativos deben establecer como prioridad la atención de las escuelas indígenas, además de las escuelas ubicadas en zonas rurales y urbanas de alta marginación, debido a que es en ellas donde se concentran los mayores rezagos.

Respecto a la propuesta de entregar materiales educativos en lengua indígena en las escuelas en donde asista mayoritariamente población indígena, es importante destacar que su inclusión en el artículo 33 de la Ley General de Educación implica una obligación concurrente de los distintos órdenes de gobierno, debido a que el citado artículo establece explícitamente las actividades que deberán llevar a cabo “las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias...” Por tanto, dicha labor no es exclusiva del gobierno federal, sino de las entidades federativas y municipios, en concurrencia.

En apoyo a lo anterior debe mencionarse que en el presente ciclo escolar la SEP, a través del subsistema de educación indígena, atiende a más de 1.3 millones de alumnos de primaria y secundaria, para quienes se producen materiales educativos en las 42 lenguas indígenas de nuestro país, más algunas variantes dialectales. La producción actual de libros de texto en lengua indígena asciende a más de 1.5 millones de ejemplares.

Los datos anteriores permiten apreciar que existe un avance considerable respecto a la propuesta de reforma del artículo 33, por lo cual la medida no implicaría erogaciones extraordinarias. Además, es importante mencionar que la reforma se plantea en un sentido más amplio que la sola producción de materiales educativos, ya que la “entrega de materiales” incluye también la distribución oportuna de los mismos, lo cual es competencia de las autoridades educativas estatales; de esta manera, un efecto probable de la reforma sería la mejora de los sistemas de distribución.

Otro señalamiento en que se coincide con el dictamen del Senado, es que el artículo 38 de la citada Ley señala que en los tres niveles de la educación básica se realizarán las adaptaciones necesarias para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios. En este sentido, resulta redundante la propuesta de añadir el término “intercultural y bilingüe” en cada uno de los artículos en los que se habla de la educación básica.

De manera más general, esta comisión destaca que la reforma propuesta por el Senado refrenda el compromiso adquirido con la sociedad para reivindicar los derechos de todos los mexicanos, en particular de los pueblos indígenas. Es importante recordar que el artículo 2 de nuestra Carta Magna decreta que la nación mexicana es única e indivisible, y reconoce su composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. El mismo artículo impone la obligación a la federación, estados y municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria.

Asimismo, la reforma propuesta está en armonía con los esfuerzos internacionales para preservar la diversidad cultural de los pueblos. En la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, Koichiro Matsuura, Director General del organismo, señala que “La riqueza cultural del mundo reside en su diversidad dialogante”, y sostiene que el documento “... aspira a evitar toda tentación segregacionista y fundamentalista que, en nombre de las diferencias culturales, sacralice esas mismas diferencias y desvirtúe así el mensaje de la Declaración Universal de Derechos Humanos”. De acuerdo con el artículo 1o. de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, ésta es patrimonio común de la humanidad.

En este sentido, la comisión considera importante cualquier esfuerzo por preservar la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas. La escuela en nuestro país debe ser un fuerte impulsor del respeto por la diversidad cultural y la igualdad de todos los pueblos y de todas las personas, a fin de evitar cualquier tipo de privilegio no sólo de razas, religiones, grupos, de sexos, sino también y, en particular de cualquier persona.

Adicionalmente, esta comisión subraya que la reforma propuesta en la minuta es congruente con los planteamientos formulados por los distintos grupos parlamentarios de LX Legislatura, en la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), creada en el marco de la Ley para la Reforma del Estado (Diario Oficial de la Federación, 13 de abril de 2007).

Al igual que las reformas propuestas por el Senado a la Ley General de Educación, las aportaciones de la CENCA respecto a la educación indígena se orientan al reconocimiento y atención de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país y a la promoción del respeto a las diferencias. Con estas reformas se robustece el fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional, así como con el desarrollo de actitudes y prácticas que tienden a la búsqueda de libertad y justicia para todos, que favorezcan el desarrollo y consolidación tanto de la lengua indígena como del español y eliminen la imposición de una lengua sobre otra.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21 y 33 de la Ley General de Educación, en materia de educación indígena

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 21; y se reforma la fracción I y se adiciona una fracción XIII, recorriéndose en su orden las demás fracciones del artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 21. El educador es promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. Deben proporcionársele los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.

Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades competentes. En el caso de los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español.

..

..

...

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas o comunidades indígenas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades;

II. a XI. ...

XII. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en el artículo anterior;

XIII. Proporcionarán materiales educativos en las lenguas indígenas que correspondan en las escuelas en donde asista mayoritariamente población indígena;

XIV .Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior, y

XV. Apoyarán y desarrollarán programas destinados a que los padres y/o tutores apoyen en circunstancias de igualdad los estudios de sus hijas e hijos, prestando especial atención a la necesidad de que aquellos tomen conciencia de la importancia de que las niñas deben recibir un trato igualitario y que deben recibir las mismas oportunidades educativas que los varones.

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento con el presente decreto se sujetarán a los recursos aprobados en sus respectivos presupuestos para tales fines por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos del apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas:

1 Díaz Couder, Ernesto (2001). “Sociolingüística y planeación lingüística”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa, mayo-agosto, vol. 6, núm. 12, pp. 283-315.

2 SEP (2008). Diagnóstico de la educación indígena en México.

3 OCE (2008). La educación indígena en México: inconsistencias y retos. Septiembre.

4 SEP (2008). Segundo informe de labores. México, SEP.

5 Adoptada por la 31ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, París, 2 de noviembre de 2001.

6 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2010.

La Comisión de Educación Pública, diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Germán Osvaldo Cortez Sandoval (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia magdalena Torres Abarca, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Reyes Tamez Guerra (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:En consecuencia está a discusión en lo general en virtud de no haberse registrado nadie de la comisión.

En virtud de no haberse registrado ninguna diputada y ningún diputado se considera suficientemente discutido, y para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

No se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular. Abra la Secretaría el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Señores diputados, solamente les quedan dos minutos para emitir su voto. Sigue abierto el sistema electrónico, emitan su voto por favor.

Se les suplica atentamente que se dirijan a su curul y puedan emitir su voto en el sistema electrónico.

Señoras diputadas y señores diputados, sigue abierto el sistema electrónico, por favor registren su voto.

¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? Está abierto el sistema electrónico, por favor regístrenlo.

Está abierto el sistema electrónico, por favor registre su voto desde su curul, diputado Moreno.

¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? Está abierto el sistema por favor regístrenlo.

¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? Por favor, compañero diputado. Regístrenlo, está abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico.

De viva voz se pide el voto de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero. No se encuentra en el salón. De viva voz, también, el diputado Rafael Rodríguez González.

El diputado Rafael Rodríguez González(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza(desde la curul): A favor.

El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez(desde la curul): A favor.

El diputado Armando Neyra Chávez(desde la curul): A favor.

El diputado Herón Agustín Escobar García(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Velasco Lino(desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Antonio Martínez Armengol(desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Jiménez López(desde la curul): A favor.

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga(desde la curul): A favor.

El diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa(desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Marcos León Perea(desde la curul): A favor.

La diputada Norma Leticia Orozco Torres(desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy(desde la curul): Rectificación de voto, es a favor.

El diputado Alejandro del Mazo Maza(desde la curul): A favor.

El diputado José Antonio Yglesias Arreola(desde la curul): A favor.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero(desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza(desde la curul): A favor.

El diputado César Mancillas Amador(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: ¿Falta alguna diputada o diputado?

El diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo(desde la curul): A favor.

El diputado Antonio Benítez Lucho(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez(desde la curul): A favor.

El diputado Patricio Chirinos del Ángel(desde la curul): A favor.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? El diputado Víctor Hugo Círigo.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Señor presidente, se emitieron 355 votos en pro. Unanimidad, señor presidente. No hay ningún voto en contra ni ninguna abstención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 355 votos en pro, que reforma y adiciona los artículos 21 y 33 de la Ley General de Educación. En consecuencia, se devuelve al Senado para los efectos del apartado E del artículo 72 constitucional.



LEY GENERAL DE POBLACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 67 y la fracción VI del artículo 133 de la Ley General de Población.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 67 y la fracción VI al artículo 113 de la Ley General de Población

Honorable Asamblea:

Esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LXI Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 39, fracciones 1 y 2, y 45, fracción 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente dictamen con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 67 y una fracción VI) al artículo 113 de la Ley General de Población, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

Que en fecha 13 de octubre de 2009 se recibió en esta honorable Cámara de Diputados oficio de la Cámara de Senadores, mediante el cual remite la minuta proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 67 y una fracción VI al artículo 113 de la Ley General de Población.

Que en esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Contenido de la minuta

Propone la incorporación de dos párrafos al artículo 67 de la Ley General de Población, con el objetivo de garantizar la atención de quejas en materia de derechos humanos y la procuración de justicia en todos los niveles, así como el derecho a ser auxiliados en el caso de desastres, y a recibir la tención médica que requieran en enfermedades o accidentes que pongan en riesgo su vida, independientemente de su situación migratoria.

La segunda adición se refiere a garantizar la seguridad laboral a empleado que asista o brinde el apoyo a los migrantes en las materias anteriormente señaladas y, de esta manera, no sea sujeto de sanción por lo que establece el párrafo primero del artículo 113 de la Ley General de Población.

Consideraciones de la comisión

Primero. Que esta comisión considera justo garantizar al extranjero el mínimo de protección que nuestra carta magna ofrece a los individuos, toda vez que nosotros peleamos y pedimos ante los países del extranjero protejan y respeten los mismos derechos a nuestros connacionales y esta sería una forma más de mandar las señales, que en nuestro país se avanza en la lucha de defender los derechos de los individuos.

Segundo. También debemos garantizar una estabilidad laboral para aquellos servidores públicos que presten o brinden el auxilio que requieran los extranjeros en casos de emergencia y así garantizarles el apoyo mínimo que otorga nuestra Carta Magna, sin que por esas acciones se encuentre en riesgo su estabilidad laboral, por lo establecido en la misma Ley General de Población.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 67 y una fracción VI al artículo 113 de la Ley General de Población

Artículo Único. Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 67 y una fracción VI al artículo 113 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 67. ...

No se podrá negar o restringir a los extranjeros que lo requieran, cualquiera que sea su situación migratoria, la atención de quejas en materia de derechos humanos y la procuración de justicia en todos los niveles, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables. Asimismo, los extranjeros tendrán derecho a ser auxiliados en el caso de desastres, así como a recibir la atención médica que requieran en enfermedades o accidentes que pongan en riesgo su vida, independientemente de su situación migratoria.

Los servidores públicos que atiendan a los extranjeros en los supuestos antes establecidos, no estarán obligados a dar el aviso a que se refiere el párrafo primero del presente artículo.

Artículo 113. Los empleados de la Secretaría de Gobernación serán sancionados con suspensión de empleo hasta por treinta días o destitución en caso grave, cuando:

I. a III. ...

IV. No expidan la cédula de identidad a la persona que se presente con los documentos requeridos o retenga indebidamente dicha cédula una vez expedida;

V. Dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a terceras personas documentación migratoria, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, y

VI. Cometan actos u omisiones que violen los derechos humanos de las personas que se encuentran sujetas a esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, deberá llevar a cabo las modificaciones pertinentes al artículo 149 del Reglamento de la presente ley, para adecuarlo a las disposiciones aquí aprobadas, en un término que no excederá de 90 días posteriores a la entrada en vigor de este decreto.

Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2010.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados:Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Héctor Agustín Murguía Lardizábal, Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences, José del Pilar Córdova Hernández, Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Socorro Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras, Judith Fabiola Vázquez Saut, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León, José M. Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:No se ha registrado nadie de la comisión, en consecuencia, está a discusión en lo general. Al no existir registro de diputadas o de diputados en lo general, se considera suficientemente discutido, repito, en lo general.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

La Presidencia informa que ha reservado el diputado Marcos Pérez Esquer para hacer la adición de un artículo transitorio.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema todavía. Ciérrese el sistema de votación.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero (desde la curul): A favor.

La diputada María del Rosario Brindis Álvarez(desde la curul): A favor.

El diputado Rafael Rodríguez González(desde la curul): A favor.

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Marcos León Perea(desde la curul): Rectificación de voto. Es a favor.

La diputada María Dolores del Río Sánchez(desde la curul): A favor.

El diputado Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): A favor.

El diputado Julio Castellanos Ramírez(desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Cadena Morales(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Herrera Jiménez(desde la curul): A favor.

El diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez(desde la curul): A favor.

El diputado Genaro Mejía de la Merced(desde la curul): A favor.

El diputado Ignacio Téllez González(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, se emitieron 359 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 359 votos.

Esta Presidencia informa que se ha reservado para la discusión en lo particular una adición de un artículo transitorio, y se ha registrado para hacer la propuesta correspondiente el diputado Marcos Pérez Esquer, a quien le pido haga uso de la palabra a efecto de hacer el comentario correspondiente.

El diputado Marcos Pérez Esquer:Con su venia, presidente. Tanto a nombre del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del PRD, como del mío propio, Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN, venimos, con fundamento en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior, a presentar esta reserva para promover la adición de un artículo tercero transitorio al dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 67 y la fracción VI al artículo 113 de la Ley General de Población, que se está votando.

En este segundo párrafo que se adiciona al artículo 67 de la Ley General de Población, contenido en el dictamen en comento, se establece que no se podrá negar o restringir a los extranjeros que lo requieran, cualquiera que sea su situación migratoria, la atención de quejas en materia de derechos humanos y la procuración de justicia en todos los niveles, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, los extranjeros tendrán derecho a ser auxiliados en el caso de desastres, así como a recibir la atención médica que requieran en enfermedades o accidentes que pongan en riesgo su vida, independientemente de su situación migratoria. Hasta ahí la cita textual.

Al respecto es importante señalar que en el contenido del dictamen no son señaladas las características o los elementos objetivos que permitan determinar el alcance de las acciones a realizar, así como estimar los recursos necesarios para cumplir y evaluar adecuadamente el mandato de ley que esta propuesta establece.

Atendiendo a los términos del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en caso de que una propuesta de ley implique nuevos compromisos de gasto para la administración pública federal debe señalarse una fuente de ingresos que permita solventar dichos gastos.

En consecuencia, se deben tener identificados los recursos presupuestarios con cargo a los cuales se realizarían las erogaciones que genere un nuevo ordenamiento legal. De no ser así se correría el riesgo de que se aprobara esta reforma sin contar con los recursos necesarios.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la honorable consideración de ustedes la adición de un artículo tercero transitorio al dictamen con proyecto de decreto mencionado, para que ese artículo tercero diga lo siguiente:

Tercero. La Cámara de Diputados asignará en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año los recursos presupuestarios necesarios para cumplir cabalmente con la obligación impuesta por el artículo 67 de esta ley.

La idea es asegurarnos, autoimponernos la obligación en esta Cámara de Diputados de asignarle recursos cada año a este tema y evitar el riesgo de que se vuelva una mera buena intención. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la adición propuesta de un artículo tercero transitorio, del señor diputado Marcos Pérez Esquer.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la adición de un artículo transitorio propuesto por el diputado Marcos Pérez Esquer. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada.

En consecuencia consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la adición de un artículo transitorio, propuesta por el diputado Marcos Pérez Esquer.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la adición propuesta por el diputado Marcos Pérez Esquer. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado y aceptado. Por tanto, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación de la adición de un artículo transitorio.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación nominal de la adición del artículo transitorio propuesto por el diputado Marcos Pérez Esquer.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación. Los diputados que no hayan alcanzado a registrar su voto, háganlo de viva voz.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero(desde la curul): A favor.

El diputado Rafael Rodríguez González(desde la curul): A favor.

El diputado Adán Augusto López Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Fausto Sergio Saldaña del Moral(desde la curul): A favor.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor(desde la curul): A favor.

El diputado Ovidio Cortázar Ramos(desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Cadena Morales(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Hernández Juárez(desde la curul): A favor.

El diputado Gumercindo Castellanos Flores(desde la curul): A favor.

El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo(desde la curul): A favor.

La diputada Ana Luz Lobato Ramírez(desde la curul): A favor.

La diputada Olga Luz Espinosa Morales(desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, el resultado de la votación son 335 a favor, 0 en contra, 3 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado. Aprobada la adición de un artículo transitorio por 335 votos a favor, por tanto está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 67, y una fracción VI al artículo 113 de la Ley General de Población. Se devuelve al Senado para los efectos del apartado E del artículo 72 constitucional.

Continuamos con el orden del día. El siguiente punto del orden de día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.



TRABAJOS LEGISLATIVOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado, dígame. Sonido, por favor. Se bloqueó el sistema, señor diputado, si gusta usted pase y dígame.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Gracias, diputado presidente. Qué ironía, yo que quería hacer uso de la palabra desde mi curul. Sólo para comentar que se acordó desde las 3 de la tarde entrar a la agenda política y al tema que nos movió a tomar la tribuna por la mañana. Son ya casi las 4 de la tarde y no se ha entrado aún al tema.

Yo pido, a propósito de lo que reclamaban algunos panistas por la mañana, respeto a los acuerdos.

Me parece que la base del entendimiento es el respeto a los acuerdos, por tanto le solicito entremos al punto de la agenda política. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Estamos precisamente en el tema que usted comenta, diputado, sólo que también tenemos urgencia de darle respuesta a los trámites que tenemos en cartera.

Por eso estoy pidiéndole que la Secretaría pida la anuencia de la asamblea para que solamente se dé lectura a los encabezados y de esa forma, poder sacar con suma rapidez estos temas que son urgentes en el trámite del orden del día.

De la misma forma en dictámenes negativos, para pasar directamente a lo que usted comenta, que es la agenda política y con el punto número uno, tal como fue acordado, diputado.

Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si nos autoriza a solamente dar lectura a los encabezados.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Consulto a la asamblea. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se autoriza. En consecuencia, pido a la Secretaría dé lectura a los encabezados de una manera corta, a efecto de poder concluir con suma rapidez este trámite.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal a cumplir puntualmente en el diseño de las reglas de operación de los programas que le corresponden lo establecido en el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y análisis, proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a efecto de que en el diseño de las reglas de operación de los programas correspondientes a esa dependencia se cumpla de manera puntual el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 para que se incluyan las propuestas, las experiencias y los conocimientos de los secretarios de Educación estatales, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

a) En sesión ordinaria celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2009, el diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a efecto de que en el diseño de las reglas de operación de sus programas se incluyan las propuestas, experiencias y conocimientos de los secretarios de Educación estatales, a fin de que se cumpla con el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

b) En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición de referencia a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para estudio y dictamen correspondiente.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El proponente señala la importancia de los programas federales para el desarrollo de la sociedad, calificándolos de valiosos incentivos e instrumentos para la atención de diversos grupos.

Observa también que dichos programas funcionan sujetos a reglas de operación, respecto de las cuales el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, menciona en su artículo 29, fracción I:

I. Las reglas de operación de los programas federales deberán sujetarse a los siguientes criterios generales:

a) Deberán ser simples y de fácil acceso para los beneficiarios;

b) Se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas federales que por su naturaleza así lo permitan, sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación del programa respectivo;

c) Se deberán tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del país;

d) Se deberán considerar las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo;

e) Prever que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato;

f) Se promoverá una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos; y

g) Deberán incluir criterios que aseguren, transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos.

Relativo a los lineamientos citados, el diputado González Morales expresa su particular preocupación acerca los programas a cargo de la Secretaría de Educación Pública, cuyas reglas de operación son diseñadas exclusivamente por dicha dependencia federal y enviadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisión y publicación.

Respecto de este proceso, el diputado González Morales observa que las propuestas realizadas por los titulares en las dependencias a nivel estatal no son consideradas y, en su opinión, esto deja en entredicho la transparencia en el ejercicio de los recursos, además de la inobservancia del artículo antes citado.

En este orden de ideas, el diputado González Morales propone que el pleno de la Cámara de Diputados exhorte al titular de la Secretaría de Educación Pública a cumplir, en el diseño de las reglas de operación de los programas correspondientes a la dependencia a su cargo, de manera puntual, lo establecido en el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, con el objetivo de que se incluyan las propuestas, experiencias y conocimientos de los titulares de educación de las entidades federativas.

III. Consideraciones de la comisión

Los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos comprendemos las preocupaciones expuestas por el diputado González Morales y compartimos su interés respecto de que las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Educación Pública establezcan de manera clara el funcionamiento de éstos, así como la participación de los secretarios de Educación estatales.

Entendemos también la inquietud del diputado proponente al referirse a las entidades federativas y los municipios como “administradores y gestores de los recursos federales”, ya que en las reglas de operación de diversos programas a cargo de la SEP no se observa la participación de los estados.

Por ejemplo, en las Reglas de Operación del Programa Educativo Rural se hace referencia a las entidades federativas únicamente en los lineamientos específicos, dónde sólo se señala que en el caso de la Dirección General de Educación Superior Técnica el presupuesto asignado a “bienes muebles e inmuebles” puede ser transferido a las entidades federativas con el fin de buscar una aportación similar por parte de éstas.*

Sin embargo, la Ley General de Educación establece, en el artículo 17, la concurrencia de las autoridades educativas federal y locales en el desarrollo del sistema educativo nacional. El numeral a la letra dice lo siguiente:

Artículo 17. Las autoridades educativas federal y locales se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del sistema educativo nacional, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la función social educativa, estas reuniones serán presididas por la secretaría.

En razón de este artículo fue creado el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), órgano colegiado que colabora en la creación de los principales lineamientos para la implementación de las políticas educativas nacionales, integrado por el secretario de Educación Pública, los secretarios (o equivalentes) encargados del ramo educativo de las entidades federativas, los subsecretarios de la SEP, el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el coordinador general de Educación Intercultural y Bilingüe.

Entre los objetivos del Conaedu, con relación al dictamen que nos ocupa, se encuentran los siguientes:

• Proponer las acciones necesarias para la adecuada y armónica organización y articulación de los sistemas educativos nacional y estatales, en sus distintos tipos, niveles y modalidades, propiciando su correcta planeación, programación, administración y evaluación.

• Discutir, analizar y construir acuerdos que garanticen el diseño, formulación, implementación y evaluación de forma pertinente de las políticas federales con los gobiernos de las entidades federativas.

De esta manera, si bien la participación de las autoridades educativas estatales en el sistema educativo nacional, incluyendo desde luego los programas estratégicos, se encuentra claramente establecida en la Ley General de Educación, los integrantes de esta dictaminadora consideramos importante reforzar las aportaciones y conocimientos de los gobiernos locales en la administración de los sistemas educativos.

Finalmente, hacemos nuestras las ideas plasmadas en la exposición del diputado José Alberto González Morales y creemos que el exhorto que se presenta consolida el consenso en la toma de decisiones y el reconocimiento a la diversidad regional, fortaleciendo así el compromiso y la participación de las autoridades educativas estatales en la implementación de los programas nacionales.

Con base en las consideraciones anteriores, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública federal a cumplir, en el diseño de las reglas de operación de los programas correspondientes a la dependencia a su cargo, de manera puntual, lo establecido en el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, con el objetivo de que se incluyan las propuestas, experiencias y conocimientos de los titulares de educación de las entidades federativas.

Nota:

* Diario Oficial de la Federación, octava sección, 30 de diciembre de 2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2010.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Baley Elizondo (rúbrica), Germán Osvaldo Cortez Sandoval (rúbrica), Elpidio Desideiro Concha Arellano, Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basualda (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Continúe, por favor.



DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES MEXICANOS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo para que esta soberanía se pronuncie por el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos que retornan al país durante el fin y el principio de año; y se exhorta a los distintos niveles de gobierno a mantenerse vigilantes de ello

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LXI Legislatura de conformidad con lo establecido en los artículos 39, incisos 1) y 2), fracción XXVII; 45, fracción 6), incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente dictamen a la proposición con punto de acuerdo para que esta soberanía se pronuncie a favor del respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos que se encuentran fuera de las fronteras nacionales que retornan durante el fin y principio de año, y exhorta a los diferentes niveles de gobierno para que se mantengan vigilantes de lo anterior, bajo los siguientes

Antecedentes

1. Que en fecha 15 de diciembre de 2009, se presentó la proposición con punto de acuerdo, para que esta soberanía se pronuncia a favor del respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos que se encuentran fuera de las fronteras nacionales que retornan durante el fin y principio de año, y exhorta a los diferentes niveles de gobierno para que se mantengan vigilantes de lo anterior, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín.

2. Que en esa fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Contenido de la Proposición

En la proposición el diputado Héctor Pedraza Olguín manifiesta su preocupación por el respeto irrestricto de los derechos humanos de los mexicanos que regresan a su lugar de origen para celebrar con sus familias las fiestas navideñas o en algunos casos para restablecer su estancia permanente en el país.

Actualmente las autoridades migratorias registran un número muy elevado de personas que regresan a México por lo que esta situación se presta para que, en muchos de los casos, los integrantes de algunas corporaciones policiacas pretendan sobornar incluso hasta despojar de sus pertenencias a los que con muchos esfuerzos han trabajado para llevar herramientas a sus hogares en territorio nacional.

De esa manera, los connacionales son víctimas de engaños, amenazas y hasta maltratos en contra de su persona, por lo que es de suma importancia señalar que las autoridades tienen como prioridad el resguardo y seguridad de los mexicanos, así como de las personas que transitan por el territorio en su camino a sus países de origen.

Es por lo anterior que solicita a los diferentes niveles de gobierno para que se mantengan al tanto respecto de los derechos humanos de los connacionales que regresan del país vecino del norte.

Consideraciones de la Comisión

Primero. Esta comisión considera pertinente la solicitud del diputado Héctor Pedraza Olguín para que esta soberanía se pronuncie a favor del respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos que retornan durante el fin y principio de año, y de los extranjeros que se internan en nuestro país, y se exhorta a los diferentes niveles de gobierno para que se mantengan vigilantes de lo anterior, pero creemos que la solicitud anterior debe ser extendida durante todo el año.

Segundo. Asimismo, se considera conveniente solicitar a todos los niveles de gobierno, a las instituciones migratorias y a las corporaciones policiacas, se pronuncien a favor del respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos, así como de los migrantes transeúntes en el territorio nacional.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, sometemos a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Esta soberanía se pronuncia a favor del respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos que retornan al país y se exhorta a los diferentes niveles de gobierno para que se mantengan vigilantes de lo anterior.

Segundo. Se solicita a las instituciones migratorias y policiacas de los tres órdenes de gobierno para que se pronuncien a favor del respecto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos y refuercen las acciones que realizan al respecto, poniendo énfasis en aquellos que retornan al país y en especial de aquellos que regresan en el periodo denominado decembrino, así como de los migrantes transeúntes en el territorio nacional.

Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2010.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados:Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Héctor Agustín Murguía Lardizábal, Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras, Judith Fabiola Vázquez Saut, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya, María Yolanda Valencia Vales, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León, José Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica).»



OFICINAS DE ATENCION DE MIGRANTES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo relativo al fortalecimiento de las oficinas de atención a migrantes de los estados de la República Mexicana

Esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, inciso 1) y 2), fracción XXVII, 45, fracción 6), incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente dictamen de la proposición con punto de acuerdo relativo al fortalecimiento de las oficinas de atención a migrantes de los estados de la República Mexicana con base en los siguientes

Antecedentes

1. Que en fecha 6 de octubre de 2009 se presentó la proposición con punto de acuerdo relativo al fortalecimiento de las oficinas de atención a migrantes de los estados de la República Mexicana, a cargo de la diputada María Isabel Merlo Talavera.

Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Contenido de la proposición

La proposición presentada por la diputada Merlo Talavera expone, entre otras cosas, que los programas para atender el fenómeno migratorio requieren la participación de todos los órdenes de gobierno.

Asimismo hace constancia de la importancia que tienen las casas o clubes de migrantes, por las actividades que realizan y del reconocimiento que éstos han tenido por autoridades del orden federal, estatal y, en algunos casos, municipal.

Así también busca en sus resolutivos que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), revalore la importancia y existencia de instancias en los estados de la república, que atiendan mediante programas propios y de colaboración con la secretaría las consecuencias del fenómeno migratorio en las comunidades de origen de los nacionales que emigran al extranjero.

También solicita un exhorto a la SRE a instrumentar un programa que permita la institucionalización, formalización y fortalecimiento de las oficinas de atención a migrantes de los estados de la república, mediante la asistencia, capacitación, información y apoyo de la propia dependencia.

Consideraciones de la comisión

Primera. Resulta trascendental que el gobierno federal revalore la importancia y existencia de instancias que atiendan las consecuencias del fenómeno migratorio en las comunidades de origen de los nacionales que emigran al extranjero, sin embargo, eso más que ser una tarea o atribución de la cancillería, es más una tarea de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual, entre otros programas que lleva a cabo con diversas dependencias, el de la implantación de programas de apoyo a los migrantes, los cuales tienen como objetivos el disminuir la emigración de los connacionales.

Segundo. Asimismo, solicitar que la Secretaría de Relaciones Exteriores instrumente un programa el cual permita la institucionalización, formalización y fortalecimiento de las oficinas de atención a migrantes de los estados de la república, mediante la asistencia, capacitación, información y apoyo de la propia dependencia. En consideración de esta comisión, ésas son actividades propias de la Secretaría de Desarrollo Social, toda vez que, en muchas ocasiones, es en coordinación con estas oficinas que la Secretaría de Desarrollo Social coordina los apoyos y la ejecución de programas que tienen como objetivo el otorgar los beneficios a las regiones donde hay este tipo de instancias y beneficie a los connacionales.

Tercero. Que si bien en el punto de acuerdo de referencia se hace mención de la importancia del fenómeno migratorio, en esta comisión se tienen antecedentes que abordan este tema, como es la proposición de la diputada Medina Macias, de la LX Legislatura, y presenta la preocupación respecto del número de ex braceros que han recibido el pago correspondiente al fideicomiso de apoyo social a ex trabajadores braceros.

Cuarto. Asimismo, en esta comisión existe el interés porque se rinda un informe de parte de la Secretaría de Gobernación sobre la situación que guardan los ex braceros registrados en el padrón de beneficiarios, a la mayor brevedad posible, en virtud de que en 2007 sólo habían sido beneficiados 51 personas del estado de Aguascalientes y que todo indicaría que quedan pendientes de pago alrededor de 116. Pero consideramos que es algo que debemos extender a los datos que existen sobre los 31 estados y el Distrito Federal, para de esta manera abarcar el total y no sólo fragmentos.

Quinto. Se estima pertinente solicitar al comité encargado de la aplicación de los recursos para el pago a los ex braceros que considere en su próxima reunión la modificación a las reglas de operación, mediante las cuales se fijan los montos a pagar a cada beneficiario, y que éste pueda ser de 38 mil pesos nuevamente y no de 4 mil, como se viene haciendo hace apenas unos meses.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sometemos a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Gobernación, por conducto del comité técnico encargado de la aplicación de recursos para el pago de los beneficiarios del programa ex bracero, que informe a esta soberanía, por medio de un reporte pormenorizado, el número y nombre de los ex braceros registrados, los autorizados, los pendientes de pago, los liquidados, así como el monto que fue cubierto a cada uno de ellos, en el entendido que dicho informe debe estar integrado por entidad federativa.

Segundo.Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social que refuerce los programas que tiene a su cargo y que atienden las consecuencias del fenómeno migratorio en las comunidades de origen de los nacionales que emigran al extranjero o que son potencialmente sujetos a emigrar.

Tercero. Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social que establezca una comunicación más activa y de fortalecimiento con las oficinas de atención a migrantes de los estados de la república, mediante la asistencia, capacitación, información y apoyo de la propia dependencia, en la medida de sus capacidades y recursos.

Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2010.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados:Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Héctor Agustín Murguía Lardizábal, Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences, José del Pilar Córdova Hernández, Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras, Judith Fabiola Vázquez Saut, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León, José Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica).»



FONDO DE DESASTRES NATURALES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a modificar las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se modifiquen las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales para 2010.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde dictaminar la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

El 1 de diciembre de dos mil nueve, la diputada Paula Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo, que exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se modifiquen las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales para 2010.

El 1 de diciembre de dos mil nueve, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la mencionada proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

El 4 de marzo de dos mil diez, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el dictamen correspondiente.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. Los fenómenos climatológicos han cambiado de manera importante, ello es consecuencia de la transformación y afectaciones que ha realizado el ser humano sobre la biodiversidad y los ecosistemas, tales cambios que han ocasionado desequilibrios ecológicos que se manifiestan en los cambios de los fenómenos naturales, los cuales han incrementado sus efectos devastadores.

Segunda. Los nocivos efectos provocados por el cambio climático que nos afecta a nivel mundial, ya que provoca que las repercusiones de los fenómenos naturales tiendan a ser cada vez más fuertes e impredecibles.

Tercera. Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), México presenta un promedio anual de 326 desastres climáticos.

Cuarta. El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento financiero mediante el cual dentro del Sistema Nacional de Protección Civil tiene como finalidad, apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus Reglas de Operación.

Quinta. Sin embargo, las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales han sido obstáculo para la operación de los recursos de manera eficiente y oportuna en beneficio de la población que resulta afectada por dichas contingencias.

Sexta. En el año 2008, se llevo a cabo una modificación a las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, buscando agilizar la entrega de recursos, para lo cual se introdujo la nueva figura de apoyos parciales inmediatos en dichas reglas, cuyo objetivo es atender las emergencias en tiempo más real. El retraso observado entre la concurrencia del desastre, la evaluación definitiva y la transferencia de los recursos al fideicomiso es considerable, en algunos casos hasta más de un mes se tardan en emitir el dictamen técnico. Por lo que se plantea que para el inicio de la recuperación de los daños se libere un anticipo de recursos en tanto se tiene la evaluación definitiva.

Séptima. Por lo anterior, resulta necesario e inaplazable que el Fondo de Desastres Naturales sea un instrumento eficaz y eficiente para brindar el apoyo que requieren las entidades federativas de la República Mexicana, respondiendo en tiempo y forma a las declaratorias de emergencia que solicitan los estados damnificados.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes de esta comisión dictaminadora, tenemos a bien emitir el presente dictamen en sentido positivo al tenor del siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, modifique las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con la finalidad de encontrar mecanismos que permitan utilizar los recursos con mayor eficiencia y transparencia para mitigar lo antes posible los efectos de los desastres naturales que afectan a la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a cuatro de marzo de dos mil diez.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Sami David David, Alejandro Encinas Rodríguez, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ricardo López Pescador, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel, Julio Saldaña Morán, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»



ESTADOS DE DURANGO, CHIHUAHUA, CHIAPAS, OAXACA, SAN LUIS POTOSI Y GUERRERO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los gobernadores de Durango, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero a integrar mesas de diálogo para que, con la participación de los integrantes de ese órgano legislativo, atiendan la problemática social, agraria y ambiental de los municipios, de los ejidos y de las comunidades que se citan

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los gobernadores de Durango, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero a integrar con las dependencias y entidades federales y estatales involucradas mesas de diálogo para que, con la participación de los legisladores de la Comisión de Reforma Agraria, atiendan la problemática social, agraria y ambiental de los municipios, ejidos y comunidades que se citan.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Reforma Agraria somete a consideración de la honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo mencionado, el cual se realiza conforme a los siguientes

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo de este dictamen fue presentada por el diputado Óscar García Barrón en la sesión del 16 de febrero de 2010 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Reforma Agraria para efectos de análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se sustenta en las atribuciones conferidas a las comisiones en los artículos 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el primero de los cuales autoriza a su presidente para pedir a cualesquiera archivos y oficinas de la nación todas las instrucciones y copias de documentos que estimen convenientes para el despacho de los negocios y también para ilustrar su juicio, tener conferencias con los funcionarios a que se refiere el artículo 53 del mismo ordenamiento; y de acuerdo con el artículo 39, párrafo segundo, de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, “las comisiones pueden solicitar información a dependencias públicas, invitar a servidores públicos federales a reuniones de trabajo, o convocar a foros de consulta o eventos similares”.

III. La proposición con punto de acuerdo implica para los diputados de la Comisión de Reforma Agraria el ejercicio de las atribuciones de información y de control evaluatorio que a las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados confieren los párrafos primero del artículo 93 constitucional y tercer del artículo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. La particularidad de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina consiste en que para el ejercicio de estas atribuciones, se propone realizarlo en el lugar o lugares de los hechos donde según los solicitantes ocurren, o en los lugares más próximos a ellos, de modo que la información proceda de las instituciones involucradas en la solución de los conflictos y también de los afectados.

V. La comisión dictaminadora toma en cuenta que, dada la gravedad actual o potencial de los conflictos sociales, agrarios y ambientales que se someten a su consideración, se precisa del ejercicio del control evaluatorio, con la apreciación directa de los legisladores comisionados para valorar mejor la información derivada de las fuentes que corresponda a los interesados, así como a la propia, que se obtenga directamente con su presencia y del diálogo que se desarrolle entre las partes interesadas.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Reforma Agraria se permite someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero.La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los gobernadores de Durango, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero a integrar con las dependencias y las entidades federales y las estatales involucradas mesas de diálogo para que, con la participación de los legisladores de la Comisión de Reforma Agraria, atiendan la problemática social, agraria y ambiental de los ejidos y las comunidades de Nazas y Lerdo, Durango; Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; los municipios de la zona lacandona, en Chiapas; Santiago Yaveo, Oaxaca; y diversos municipios de San Luis Potosí y de Guerrero.

Segundo.La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura exhorta a los secretarios de Gobernación, y de Seguridad Pública federales; a los gobernadores de Durango, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero; y a los alcaldes de los municipios citados en el acuerdo primero, y de la zona lacandona donde se localizan los conflictos, para que en sus acciones de gobierno interior y de seguridad pública, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, favorezcan en lo posible la seguridad y la paz social de estas regiones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Óscar García Barrón (rúbrica), presidente; María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), secretarios; Ángel Aguirre Herrera, Felipe Cervera Hernández, Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Socorro Sofío Ramírez Hernández, María Esther Terán Velázquez, Héctor Eduardo Velazco Monroy (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston, Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Juan de Jesús Pascualli Gómez, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica).»



DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a tomar medidas para detener de inmediato las invasiones de las barrancas de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas necesarias para detener de inmediato las invasiones de las barrancas de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada en la sesión del 24 de noviembre de 2009 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numerales 6, inciso f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión del Distrito Federal somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo mencionado, el cual se realiza conforme a los siguientes

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo del dictamen fue presentada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo en la sesión del 24 de noviembre de 2009 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión del Distrito Federal, para efectos del análisis y la elaboración del dictamen, previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se sustenta en que las barrancas son formaciones geológicas que albergan especies de flora y fauna de tipo silvestre, las cuales capturan y mitigan los daños que produce el bióxido de carbono, con lo que se contribuye a regular el clima del Distrito Federal. Señala que dichas formaciones son sumamente importantes en el ciclo hidrológico, pues captan agua de lluvia, recargan el manto acuífero de la ciudad y abastecen alrededor de 70 por ciento del agua que se consume en el Distrito Federal.

La diputada postulante manifiesta que a consecuencia de invasiones, deforestaciones y daños provocados por la falta de planeación y de correcta aplicación de las políticas públicas se han perdido aproximadamente 500 hectáreas anuales del suelo de conservación del Distrito Federal. Aunado a ello, las autoridades de la ciudad han sido incapaces de salvaguardar las áreas protegidas, por tolerar el crecimiento de asentamientos humanos irregulares.

Añade que en las barrancas y los ríos de Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos hay un daño ecológico evidente, dado que se ha permitido la construcción de residencias, y de viviendas de cartón y lámina.

La postulante indica que en Cuajimalpa se encuentra la barranca El Ocote, cuya profundidad es de 80 metros y en la que fueron arrasados árboles de pino, tepozán, capulín y varias especies de cactáceas que se localizaban en una de sus laderas, hasta dejarla devastada, haciendo de lado la conservación de las áreas naturales para dar paso a la Cuarta Sección de El Chamizal. De igual modo, sobre la avenida La Palma se cruza la barranca La Providencia, lugar en el que se desarrolló un conjunto habitacional de lujo, que abarcó parte de los márgenes del río La Providencia. Menciona finalmente la barranca La Diferencia, donde se encuentran construcciones irregulares, pese a que en la zona el uso de suelo es de área verde.

Por lo anterior, la diputada proponente afirma que resulta apremiante que las autoridades ambientales y delegacionales del Distrito Federal incrementen las acciones y apliquen la ley sin distingo a todo el que viole los usos de suelo y afecte las barrancas, así como contar con instrumentos legales que frenen el deterioro de las zonas verdes, en virtud de que éstas desempeñan un papel importante en el equilibrio del clima del Distrito Federal y mantenimiento de los mantos acuíferos.

III. La Comisión del Distrito Federal toma en cuenta que para entrar de lleno en el dictamen, se hace necesario analizar los conceptos, la importancia y la situación actual que guardan las barrancas del Distrito Federal:

1.Las barrancas urbanas son depresiones geográficas que, por sus condiciones topográficas y geológicas, se presentan como hendiduras formadas por dos laderas, que sirven de cauce a los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos o precipitaciones pluviales, las cuales se encuentran inmersas en el contexto urbano.

Constituyen drenes integrados a un sistema hidrológico, por donde escurre el agua proveniente de diversas unidades de captación que, a su vez, forman parte de una cuenca hidrológica. Su presencia es característica de regiones montañosas, ya que por ellas escurre el agua que se precipita de las tierras altas hacia los valles; su formación se encuentra estrechamente asociada a procesos de erosión hídrica y forman parte de procesos geológicos dinámicos, por lo que son indicadoras de condiciones de inestabilidad en la medida en que aumentan en cantidad o tamaño.

Las barrancas también son consideradas ecosistemas, ya que sus características biológicas y bioquímicas les permiten mantener flujos de materia y energía con características peculiares, diferentes de las encontradas en el resto de una cuenca hidrológica. Se crean condiciones microclimáticas que permiten tener vegetación, conocida generalmente como “vegetación riparia”, con una biodiversidad frecuentemente superior a la del resto de las zonas con que colinda; por tanto, pueden localizarse especies endémicas o difícilmente halladas en el resto de la región ecogeográfica donde se encuentran.

El efecto del hombre sobre estos sitios se produce principalmente cuando éste altera su cubierta vegetal, las urbaniza o modifica las condiciones en que se desarrollan los escurrimientos superficiales, afectando el funcionamiento del sistema hidrológico general. Frecuentemente, la perturbación provocada por la urbanización incrementa la erosión del suelo, lo que se asocia a desgajes, azolves e inundaciones, los que ponen en riesgo la vida de las personas o la conservación de bienes e infraestructura.

2.En la actualidad hay 99 sistemas de barrancas, distribuidas en 15 microcuencas en el Distrito Federal, que se hallan principalmente en el poniente de la ciudad, concretamente en Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa de Morelos. Todos sus afluentes y tramos localmente cuentan con nombres distintos y, dependiendo de las condiciones sociourbanas en que estén inmersos, mantienen características y problemáticas particulares.

3.Entre los beneficios ambientales proporcionados por las barrancas al valle de México figuran ser el reservorio para especies de flora y fauna silvestres, retienen partículas suspendidas en el aire, fijan dióxido de carbono, contribuyen a la captación de agua para la recarga de los acuíferos y regulan el balance hídrico. Aunado a ello, su equilibrio define la velocidad de los escurrimientos y la cantidad de azolve que afecta la captura de aguas en la ciudad, por lo cual ayudan a regular el ciclo hidrológico y atmosférico y sirven de áreas verdes porque son lugares propicios para el crecimiento de los árboles.

4.Las barracas del valle de México se encuentran en una situación adversa, pues en años anteriores se efectuaron cambios de los usos de suelo para convertirlos de rural a urbanos, lo cual trajo como consecuencia la construcción de desarrollos habitacionales, lo que convirtió las barrancas en receptores de desechos sólidos y líquidos, con focos de infección, pérdida de la biodiversidad, desequilibrio de las funciones ecológicas e hidrológicas principales y, más grave aún, la exposición de sus habitantes al peligro constante en los márgenes y las partes bajas.

IV.Del análisis se desprende que la problemática general a que se enfrentan la urbanización y el descuido de las barrancas es principalmente el desconocimiento social de la contribución ambiental al suelo de conservación, tan importante en estos días para la Ciudad de México.

La insuficiente coordinación entre autoridades federales y locales involucradas provoca falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra e indefinición de áreas de dominio público federal y del Distrito Federal.

En Álvaro Obregón, los asentamientos de las zonas altas, particularmente los de carácter irregular, han generado diversos problemas ecológicos y sociales, que han hecho de esta delegación una de las que presentan mayor índice de zonas de riesgo. Especialmente en el periodo de lluvias, éstas registran reblandecimiento del suelo y subsuelo, derrumbes y desgajamientos de tierra y piedras, lo que pone en riesgo tanto las edificaciones precarias como, sobre todo, a sus habitantes. Asimismo, la invasión de las barrancas hace inevitables el deterioro del ambiente, la deforestación, la erosión y la contaminación.

En cuanto a Cuajimalpa de Morelos, 80 por ciento de su territorio corresponde a suelo de conservación, convierte en una zona generadora de oxígeno y filtradora de contaminantes atmosféricos, dada su extensa zona boscosa. Además, recibe las precipitaciones pluviales más altas del Distrito Federal; ello, su sistema de barrancas, cañadas y corrientes superficiales de agua recarga los acuíferos y contribuye en gran parte a la regulación del clima de la ciudad.

Dicha delegación cuenta con varias elevaciones importantes:

• La Palma, 3 mil 810 metros sobre el nivel del mar;

• San Miguel, 3 mil 800;

• El Cochinito, 3 mil 760; y

• El Ángel, 3 mil 330.

Su red hidrográfica cuenta con tres sistemas: dos pertenecen a la región hidrológica número 26 Pánuco, cuenca río Moctezuma, subcuenca lago Texcoco-Zumpango; y el otro, a la región hidrológica número 12 Lerma-Santiago, cuenca río Lerma-Santiago, subcuenca río Almoloya-Otzolotepec, en la subcuenca lago Texcoco-Zumpango, con corrientes principales como río Borracho, Oyametitla, Chamixto, Santa Rita, Milpa Vieja, La Diferencia, Tlapexco, río Tacubaya, Huayatla, Atzoyapan, Los Helechos, La Cañada y Agua de Leones.

Desde finales de la década de 1980, la dinámica del crecimiento de la ciudad y la saturación de las zonas céntricas obligaron al gobierno y a los particulares a buscar espacios que pudieran ser habilitados o rehabilitados para desarrollar vivienda, centros de recreación y espacios comerciales; se encontró como nuevo lugar para el desarrollo y los asentamientos el poniente del Distrito Federal, concretamente Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos.

A iniciativa de diversas corporaciones, se decidió renovar la zona de los tiraderos de Santa Fe para desarrollar un nuevo espacio urbano. Las tierras fueron expropiadas; las comunidades irregulares, reubicadas; y el lugar, rehabilitado.

Además de la Universidad Iberoamericana y, posteriormente, de otras instituciones de educación superior, como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la zona se desarrolló un amplio proyecto de oficinas y centros comerciales –uno de ellos, el mayor de la Ciudad de México–. A la fecha siguen estableciéndose en la zona diversas empresas, dando pie a una gran innovación arquitectónica, con edificaciones modernas, propiciando la construcción de nuevas vialidades y desarrollo, lo cual implícitamente trajo como consecuencia la invasión desmedida de las barrancas.

V. Esta comisión ha revisado la normatividad que impera al respecto. Encontró que, de conformidad con el artículo 6 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, “son autoridades en materia ambiental en el Distrito Federal I. El jefe de, Gobierno del Distrito Federal; II. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente; III. Los jefes delegacionales del Distrito Federal; y IV. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal...”

Sin embargo, como los jefes delegacionales son la autoridad de gobierno más cercana a los habitantes, se hace necesario que implanten acciones de conservación y restauración del equilibrio ecológico, difundiendo programas y estrategias relacionados con la protección del ambiente; también, aplicando las sanciones administrativas, y las medidas correctivas y de seguridad correspondientes por infracciones de la Ley Ambiental del Distrito Federal y su reglamento.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal, están prohibidos la urbanización, los asentamientos humanos o el depósito de basura o residuos en las barrancas. La Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, en coordinación con la delegación respetiva, tratándose de suelo urbano, o con la Comisión de Recursos Naturales, por lo que atañe a suelo de conservación y áreas naturales protegidas, es la autoridad facultada para sanear, preservar y restaurar ecológicamente las barrancas y los cauces de ríos y arroyos, en los asuntos no reservados a la federación conforme a la Ley de Aguas Nacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Asimismo, hay criterios normativos para la protección, la restauración, la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, los recursos naturales y el suelo de conservación, así como el establecimiento, la rehabilitación, la protección y la preservación de las áreas naturales protegidas, entre las que se consideran las barrancas.

De la revisión del Programa General de Ordenamiento Ecológico se desprende que todas las barrancas son consideradas suelo de conservación, con zonificación forestal. Sin embargo, cuando éstas se hallan en el perímetro del suelo de conservación, les es asignada una zonificación conforme a su zona.

El Programa General de Desarrollo Urbano especifica en las normas 15 y 21:

Norma 15. Refiere que las zonas federales y los derechos de vía, tanto por escurrimiento de agua, como por instalaciones especiales definidas por los organismos correspondientes, se consideran con zonificación AV (área verde).

Norma21. Establece que las barrancas definidas en los términos de esta norma que se encuentren en el suelo urbano tienen zonificación de AV (área verde de valor ambiental, públicas y privadas).

Finalmente, el Código Penal del Distrito Federal considera diversos delitos ambientales punibles cometidos en barrancas: los principales, tiro clandestino de residuos sólidos, descarga de residuos de construcción, extracción de suelo o de capa vegetal, incendios, tala o derribo de árboles, descarga de aguas residuales, cambio de uso de suelo y ocupación.

Con todo lo expresado, la comisión considera que nos encontramos no ante una carencia de normatividad en la materia sino ante la inaplicabilidad de ésta por las autoridades facultadas para ello.

VI. Si bien la degradación de las barrancas del poniente del Distrito Federal ha llevado al gobierno de la Ciudad de México a tomar como una de sus prioridades elaborar acciones y proyectos encaminados a la conservación, a la restauración o al rescate ambiental y urbano de estos ecosistemas de montaña, falta propagar mayor información a los habitantes de la ciudad y su área metropolitana sobre el valor ambiental y su deterioro, así como difundir ampliamente los usos de suelo permitidos, los riesgos permanentes de desastres naturales, y la inseguridad social y económica que puede provocar asentarse en ellas.

Permitir o realizar conductas omisas a ello sólo provoca la expansión de la mancha urbana, lo que producirá la pérdida gradual de la cobertura vegetal y los cambios de uso del suelo, lo cual a su vez se traduciría, en el mediano plazo, en conflictos de interés político entre autoridades y corporativos o desarrolladores. Por ello, la comisión coincide con la proponente y considera que las autoridades gubernamentales locales que cuentan con atribuciones en la gestión de barrancas del Distrito Federal deben atender la funcionalidad, convergiendo una serie de esfuerzos en los que interactúen dependencias de los tres niveles de gobierno, consolidando el marco jurídico institucional-programático y desarrollando las políticas públicas idóneas.

VII. La comisión dictaminadora quiere resaltar que se hace necesario, principalmente en Álvaro Obregón y en Cuajimalpa de Morelos, recuperar las zonas de barrancas invadidas, contener las invasiones de éstas y proceder a su delimitación física para evitar que se continúe propagando la urbanización, por lo cual resulta apropiada y considera que debe aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas necesarias para detener de inmediato las invasiones de las barrancas de Álvaro Obregón y de Cuajimalpa de Morelos, realizada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal se permite someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a realizar en el ámbito de sus facultades y atribuciones las acciones necesarias para detener las invasiones de las barrancas situadas en Álvaro Obregón y en Cuajimalpa de Morelos.

Segundo.Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a realizar en coordinación con las autoridades en materia ambiental, obras y de desarrollo urbano las acciones necesarias para delimitar física y documentalmente las zonas de barrancas del área poniente de la Ciudad de México.

Tercero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, a los jefes delegacionales en Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos y el gobierno federal a proponer en coordinación y en el ámbito de sus competencias opciones de vivienda para que se recuperen las zonas de barrancas invadidas, en uso de los instrumentos legales aplicables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), presidenta; Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Roberto Rebollo Vivero, Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal, Armando Corona Rivera (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina, Kenia López Rabadán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Óscar González Yáñez (rúbrica).»



DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a implantar una política pública de salud en Iztapalapa, en la que pondere la zona que abarcan las colonias Álvaro Obregón, Los Frentes, Leyes de Reforma Segunda y Tercera Secciones, y Renovación

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a implantar, con pleno respeto a la división de poderes, una política integral de salud en la delegación Iztapalapa, ponderando la zona que abarcan las Colonias Álvaro Obregón, Los Frentes, Leyes de Reforma segunda y tercera sección y Renovación, a cargo del Diputado Eduardo Mendoza Arellano del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 24 de noviembre del 2009 y presentada en la sesión de la misma fecha.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numerales 6, inciso f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo de este dictamen fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 24 de noviembre del 2009 y presentada por el Diputado Eduardo Mendoza Arellano en la sesión de la misma fecha.

2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión del Distrito Federal, para efectos del análisis y elaboración del dictamen, previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

I.La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II.La proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se sustenta en el hecho de que la salud, es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, no obstante la población enfrenta un sinnúmero de problemas para acceder al cuidado de la misma, dado que el sistema de salud en nuestro país está segmentado en tres subsectores: el público, seguridad social y privado.

Señala el proponente, que la delegación Iztapalapa concentra una población 1,820,880 personas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; de dicha población sólo el 40.25% cuenta con seguridad social, lo que significa que 861,036 personas carecen de servicios de salud.

Añade, que el gobierno de la ciudad dividió el Distrito Federal en 1,352 unidades territoriales, clasificadas a partir de la integración de un análisis geográfico, demográfico, ambiental, económico, político, social y cultural del territorio de la ciudad; siendo la delegación Iztapalapa el órgano político administrativo que concentra el mayor número de unidades territoriales clasificadas como de muy alto y alto índice de marginación, pues tan solo en el distrito 18, que el diputado proponente representa, 17 de las 35 unidades territoriales, son altamente marginadas, como por ejemplo, las colonias Álvaro Obregón, Los Frentes, Leyes de Reforma segunda y tercera sección y Renovación, entre otras.

Asimismo, el postulante indica que es la delegación Iztapalapa, quien cuenta con la mayor población del Distrito Federal y con tan sólo tres hospitales administrados por el gobierno, haciendo un comparativo con la delegación Miguel Hidalgo, que cuenta con el mismo número de hospitales, pero con una población cinco veces menor.

III.La comisión dictaminadora toma en cuenta que, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Salud del Distrito Federal, corresponde al Gobierno del Distrito Federal realizar las actividades establecidas en el artículo 13, apartado B), de la Ley General de Salud, para lo cual tiene la atribución de planear, organizar, operar, supervisar y evaluar, la prestación de los servicios de atención médica en sus formas preventivas, curativas y de rehabilitación, preferentemente en beneficio de la población de mayor riesgo y daño.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Coordinación del Sistema de Salud, puede impulsar la descentralización y consolidar la desconcentración de los servicios en las delegaciones, así como establecer y evaluar los mecanismos de acceso a los servicios tanto públicos, como sociales y privados en la ciudad.

Para ello, se cuenta con Comités Delegacionales de Salud que participan en la planeación, organización y evaluación de los servicios y funcionan actualmente en cada uno del los órganos políticos administrativos, su integración se encuentra determinada por el propio jefe de Gobierno, a través de los acuerdos delegatorios que son publicados en la Gaceta del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación.

Por otra parte la Secretaría de Salud del Distrito Federal es el órgano centralizado del Gobierno del Distrito Federal que tiene a su cargo garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios, preferentemente a grupos vulnerables, definiendo criterios de distribución, regionalización, escalonamiento y universalización de la cobertura.

IV.Para encontrarse en posibilidad de elaborar el presente dictamen, esta comisión entró al estudio de la situación económica y social que ha guardado en las últimas décadas la delegación Iztapalapa, encontrando que su crecimiento demográfico representa una muy alta proporción del incremento total de la población del Distrito Federal.

Durante la década de 1980 a 1990, la delegación tuvo un crecimiento superior a 1.6 veces el crecimiento total del Distrito Federal, al convertirse en el destino de personas procedentes de otras entidades federativas y asiento de numerosas familias que abandonaron las delegaciones centrales. Para los últimos años, el órgano político administrativo en Iztapalapa ha alojado al 83.7% del crecimiento del Distrito Federal, agotando prácticamente su reserva de suelo urbanizable.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Censo General de Población y Vivienda, hasta el año 2000, en la delegación Iztapalapa existían 422,495 hogares, de los cuales 121,999 tienen un grado de marginación alta y 116,300 un grado de marginación muy alta, lo que equivale a que el 56.4% de las familias que habitan en la demarcación no cuentan con los recursos económicos para acceder a los servicios privados de salud, encontrándose principalmente establecidos en las Colonias denominadas Álvaro Obregón, Los Frentes, Leyes de Reforma segunda y tercera sección y Renovación.

La delegación Iztapalapa, en la actualidad, cuenta con una estructura médica consistente en:

• 3 Hospitales y 22 Centros de Salud Comunitarios de la Secretaría de Salud.

• 2 Hospitales Generales y 3 Unidades de Medicina Familiar del IMSS.

• 2 Hospitales generales y 2 clínicas de medicina familiar del ISSSTE.

De lo anterior se desprende que, pese a que la delegación Iztapalapa cuenta con una población superior a un millón ochocientos veinte mil habitantes, solo existen tres Hospitales públicos gubernamentales ubicados en la demarcación, que son el Hospital General Iztapalapa, Hospital de Especialidades Belisario Domínguez y el Hospital Pediátrico Iztapalapa; es de destacar que entre todas las  unidades médicas de acceso público, se cuenta con un total de 806 médicos y 1157 enfermeras, según cifras del Subsistema de Información en Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud. Concluyendo, que en los servicios públicos hospitalarios, se cuenta con un médico por cada 2,258 habitantes.

V.Es de destacar que en los últimos años los programas de salud del Gobierno del Distrito Federal se han sectorizado y focalizado, para ofrecer a sectores específicos de la población apoyos alimentarios, de servicios médicos y medicamentos, cuyo articulador principal es la distribución de apoyos económicos en efectivo que los beneficiarios usan libremente. Sin duda, el objetivo que buscó el Gobierno del Distrito Federal fue hacer realidad la atención médica a todos los habitantes de la Ciudad, combatir el desabasto de medicamentos y la falta de cobertura de servicios de salud a los sectores marginados donde vive la gente más pobre.

Al instituir el Programa de Apoyo Alimentario, Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 Años, de la población total objetivo sólo unas tres mil personas declinaron el apoyo, por lo que se considera que el programa atiende al 88% de la población elegible en zonas de alta y muy alta marginación del Distrito Federal.

En el caso específico de la salud, el Gobierno del Distrito Federal expidió el 15 de marzo de 2001 una resolución de carácter general en la que exime del pago de derechos por servicios médicos a los beneficiarios del programa a favor de los adultos mayores de 70 años: sin embargo, el resto de la población tiene que pagar la cuota señalada en el artículo 251 del Código Financiero del Distrito Federal.

En forma paralela se creó el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos (PSMMG), en el cual se han inscrito 500 mil familias habitantes del Distrito Federal, dicho programa tiene por objetivo ofrecer servicios de salud a los residentes que no cuentan con seguridad social, así como a los adultos mayores de 70 y más años, sin importar que también tengan cobertura del IMSS y el ISSSTE.

De acuerdo con las estadísticas en materia de salud que ha elaborado el Gobierno del Distrito Federal, la población sin cobertura de las instituciones de seguridad social, denominada “población abierta”, es del orden de 4 millones 51 mil personas. Del total de población abierta en el Distrito Federal, los usuarios del sistema de salud capitalino alcanzaron más de 2 millones 85 mil, es decir que dos millones de habitantes en el Distrito Federal, no tienen cobertura de los servicios de salud.

La estadística, en este sentido, por delegación Iztapalapa es la siguiente:

Población abierta: 910,215

Población usuaria de los programas: 241,409.

VI.Por todo lo anterior, y de conformidad con lo estipulado por el artículo 16 Bis de la Ley de Salud del Distrito Federal, el cual indica que la población de la Ciudad de México tiene derecho a una atención médica apropiada, independientemente de la condición económica, cultural, identidad étnica y género del individuo; esta comisión dictaminadora es coincidente con el punto de acuerdo propuesto por el diputado Eduardo Mendoza Arellano, en el sentido de permitir el acceso a servicios de salud a las personas y familias de la delegación Iztapalapa, cuya condición laboral y socioeconómica les impide ser derechohabientes en las instituciones de seguridad social, a través de la institución de una política pública basada en el diagnóstico integral de las zonas con mayor marginación en la demarcación territorial, y la posible construcción de un hospital general que beneficie directamente a esa población, teniendo como única finalidad que todas las personas no derechohabientes puedan tener acceso tanto a los servicios de salud de calidad que proporciona la Secretaría de Salud del Distrito Federal, como a los medicamentos asociados a los tratamientos que requieren.

Lo anterior pretende que la condición socioeconómica ya no sea un impedimento para el acceso a la salud en la delegación Iztapalapa, evitando los pagos catastróficos cuando las familias desprotegidas son afectadas por la enfermedad de alguno de sus miembros.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a implementar una política pública de salud en la delegación Iztapalapa, basada en el diagnóstico integral de las zonas consideradas como de alta y muy alta marginación, que incluya la posible construcción de un hospital general, de fácil acceso para los habitantes de las colonias Álvaro Obregón, Los Frentes, Leyes de Reforma segunda y tercera sección y Renovación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Roberto Rebollo Vivero, Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal, Armando Corona Rivera (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina, Kenia López Rabadán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Óscar González Yáñez (rúbrica).»



DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al jefe delegacional en Tlalpan a mantener, con estricto respeto de las formas internas de organización política determinadas por el Consejo de los Pueblos Originarios de Tlalpan, una puntual observación –en los comicios que se lleven a cabo– de las normas de elección de representantes establecidas por las comunidades de Tlalpan

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen proposición con punto de acuerdo:

Por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como al jefe delegacional en Tlalpan, a que con estricto respeto a las formas internas de organización política determinadas por el Consejo de los Pueblos originarios de Tlalpan, se mantenga una puntual observación en los distintos procesos electivos que se lleven a cabo, del cumplimiento de las normas de elección de representantes establecidas por las propias comunidades de Tlalpan, al amparo de sus garantías de autodeterminación, a cargo del diputado César Daniel González Madruga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, publicada en la Gaceta Parlamentaria en fecha 3 de diciembre de 2009 y turnada a esta comisión dictaminadora el 8 de diciembre del mismo año.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numerales 6, inciso f) y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión del Distrito Federal, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen relativo al Punto de Acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo de este dictamen fue presentada por el diputado César Daniel González Madruga en la sesión del 8 de diciembre de 2009 y previamente publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 3 de diciembre de ese año.

2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión del Distrito Federal, para efectos del análisis y elaboración del dictamen, previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

I.La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II.La proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se sustenta en que en México, tanto en la Constitución General de la República, como en sus similares de las entidades federativas, se consignan las garantías de autodeterminación de las comunidades indígenas con el fin entre otras cosas de que se establezcan sus reglas y mecanismos democráticos de organización política, con base en sus usos y costumbres.

Señala el diputado postulante, que en marzo de 2007, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el “Acuerdo por el que se crea el Consejo de los Pueblos y Barrios originarios del Distrito Federal”, como un Órgano de Coordinación de la Administración Pública del Distrito Federal y participación ciudadana, enfocado al fomento, preservación y difusión de la cultura originaria y tradicional de los pueblos y barrios de la Ciudad de México.

Es el caso, que en la delegación Tlalpan, desde hace más de una década, los pueblos de Magdalena Petlacalco, Parres “El Guarda”, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Miguel Chicalco, San Pedro Mártir, Santo Tomás Ajusco y Chimalcoyotl, se encuentran constituidos en un Consejo de los Pueblos Originarios de Tlalpan, los cuales designan bajo el procedimiento de voto universal, secreto y directo en las urnas a sus representantes rurales.

Agrega el proponente, que el 22 de noviembre del año próximo pasado, dicho consejo, emitió la convocatoria a los habitantes de los pueblos que lo integran, para participar en la elección del “Subdirector de Relaciones con los Pueblos Originarios de Tlalpan”, el cual tiene la responsabilidad fundamental de representar a las comunidades ante cualquier instancia de gobierno; dicha convocatoria establece que el registro de los candidatos habría de llevarse a cabo los días 23 y 24 de ese mes, para que la elección tuviese lugar el día 6 de diciembre del año 2009.

Al respecto, el diputado manifiesta que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y la delegación política en Tlalpan, deben garantizar permanentemente la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Esto es, las autoridades delegacionales habrán de validar el debido desarrollo del proceso electoral, en cada una de sus etapas, a fin de preservar la imparcialidad, objetividad y certeza, de manera tal que la mayoría de los habitantes que conforman los pueblos en Tlalpan se hubiesen encontrado informados con el debido tiempo y de diferentes formas sobre la emisión de la convocatoria a postularse como representantes.

Añade, que sin la validación por las autoridades, no se puede tener la certeza de que la jornada electoral fue celebrada con estricto apego a los principios democráticos que le dieran la legitimidad,  sino por el contrario, es de presumirse que fue truncado el derecho fundamental de muchos miembros de las comunidades a ser votados, destacando que la falta de transparencia y de certeza en los procesos democráticos de elección de representantes populares, abre la puerta a prácticas que vician de legitimidad la voluntad popular.

III.La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando:

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

Asimismo, tal y como lo establece la Carta Magna, la nación mexicana es única e indivisible, teniendo una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, los que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; de tal suerte que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les confiere el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas garantizando su derecho a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización, aplicando sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres; asimismo, se les concede elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la equidad, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

En la Ciudad de México, conviven formas complejas de organización social, política y económica, donde los aspectos propios de las culturas originarias y tradicionales constituyen una de las manifestaciones evidentes de la dinámica intercultural de la capital, en los que existe una dinámica social sustentada en la riqueza de sus creencias, tradiciones, festividades y manifestaciones artísticas, cuyo origen se remonta al sincretismo originado a partir del periodo colonial.

IV.Con base en lo expuesto, el 21 de marzo de 2007, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el “Acuerdo por el que se crea el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal y reglas de Operación y control Interno”, como una muestra del reconocimiento del Gobierno del Distrito Federal a su compromiso de promover y desarrollar la actividad cultural en la Ciudad de México, entendiendo como un derecho de sus habitantes el conocer y preservar su historia, identidad y formas de convivencia comunitaria.

Dicho acuerdo, se sustenta en sentar las bases para que se lleve a cabo el ejercicio de una democracia participativa en la que los pueblos y barrios originarios expresaren sus sistemas culturales, tradiciones, festividades y manifestaciones artísticas, propiciando las condiciones para fortalecer los planes, políticas y programas del sector público, del sector social y del sector privado; Teniendo como objetivo principal el perfeccionamiento de un órgano de consulta e interlocución entre los pueblos y barrios originarios, las agencias gubernamentales, y organizaciones sociales y civiles.

De igual forma, se crearon reglas de operación y control interno para desarrollar y complementar la regulación contenida en el acuerdo por el que se crea el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, en lo relativo a su estructura, organización y funcionamiento.

El Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal de conformidad con el artículo 3 de dicho acuerdo, es un órgano de coordinación de la administración pública del Distrito Federal y participación ciudadana, enfocado al fomento, preservación y difusión de la cultura originaria y tradicional de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Dicho consejo, se encuentra integrado por el jefe del Gobierno del Distrito Federal quien lo presidirá, y por los titulares de las Secretarías del Distrito Federal en materias de Gobierno, Medio Ambiente, Desa-rrollo Social, Salud, Turismo, Cultura, Protección Civil, Educación, Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, los Órganos Políticos Administrativos de cada demarcación territorial, los representantes de los diversos pueblos y barrios originarios del Distrito Federal y los representantes de las organizaciones sociales y civiles interesadas en la materia.

V.Para el caso concreto del órgano político administrativo en Tlalpan, existen ocho pueblos en dicha demarcación que se encuentran representados en el Consejo de los Pueblos, por habitantes originarios de los mismos, designados bajo un procedimiento de voto libre, secreto y directo.

Dichos representantes, como ha quedado de manifiesto en párrafos anteriores, forman parte de los integrantes del Consejo Delegacional de los Pueblos y Barrios en Tlalpan, y por tanto cuentan con las facultades y atribuciones que establecen los artículos 34, 35 y 36 de las Reglas de Operación y Reglamento Interno del Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal.

En ese orden de ideas, si bien esta comisión dictaminadora está cierta de que es una garantía inalienable de las propias comunidades el establecer con base en sus usos y costumbres las reglas con las cuales habrá de llevar a cabo los ejercicios democráticos de elección de sus representantes, también es un hecho que las distintas autoridades, en el caso que nos ocupa, el Gobierno del Distrito Federal y la Delegación Política en Tlalpan, deben garantizar el desarrollo integral de sus pueblos y los derechos de los indígenas.

Aunado a lo anterior, es de relevancia que los servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, de los órganos político-administrativos, de los organismos descentralizados y de los órganos autónomos del Distrito Federal, apliquen con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, y de igual modo, vigilen que la propaganda que difundan cada uno de estos órganos bajo cualquier modalidad de comunicación social, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, siendo que en ningún caso esta propaganda incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

VI.Por lo anterior, esta comisión dictaminadora con base en lo establecido en el Apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a que la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos; considera apropiado y que se apruebe la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como al jefe delegacional en Tlalpan, a que con estricto respeto a las formas internas de organización política determinadas por el Consejo de los Pueblos Originarios de Tlalpan, mantengan una puntual observación en los distintos procesos electivos que se lleven a cabo, del cumplimiento de las normas de elección de representantes establecidas por las propias comunidades de Tlalpan, al amparo de sus garantías de autodeterminación, propuesta realizada por el diputado César Daniel González Madruga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal, se permite someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como al jefe delegacional en Tlalpan, a que con estricto respeto a las formas internas de organización política determinadas por el Consejo de los Pueblos Originarios de Tlalpan, mantengan una puntual observación en los distintos procesos electivos que se lleven a cabo, del cumplimiento a las normas de elección de representantes establecidas por las propias comunidades de Tlalpan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), presidenta; Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Roberto Rebollo Vivero, Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Armando Corona Rivera (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, César Daniel González Madruga (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina, Kenia López Rabadán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica) Óscar González Yáñez (rúbrica).»



VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir, mediante el Comité de Expertos en Vacunación de México, en el esquema nacional de aplicación la vacuna contra el virus del papiloma humano a las mexicanas de entre 9 y 55 años de edad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal a incluir en el esquema nacional la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, y a suministrarla paralelamente a las mexicanas de entre 9 y 55 años de edad.

Con fundamento en los artículos 39, 44, y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen relativo al Punto de Acuerdo, el cual se emite el siguiente dictamen.

1. Con fecha 15 de diciembre de 2009, la diputada Gabriela Cuevas Barron del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno el punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno federal a incluir en el esquema nacional la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, y a suministrarla paralelamente a las mexicanas de entre 9 y 55 años de edad

2. Con misma fecha, la proposición con punto de acuerdo le fue turnada a esta Comisión de Salud, para efectos de su análisis y elaboración de dictamen.

II. Consideraciones

I. Esta comisión realizo el estudio y análisis de los planeamientos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. El punto de acuerdo que se pretende dictaminar surgió como consecuencia que en el esquema de vacunación no cuenta en su programa con la vacuna contra el VPH (virus del papiloma humano).

III. Parte de estos esfuerzos se han canalizado a través del fortalecimiento del Seguro Popular, el Seguro Médico para una Nueva Generación y Caravanas de la Salud, programas que han permitido acercar los servicios de salud a las poblaciones más desprotegidas y con bajo índice de desarrollo humano.

IV. El papiloma humano es un virus de transmisión sexual que no es nuevo. El contagio se da principalmente por medio del contagio genital, y al menos 50 por ciento de las personas que han tenido experiencias sexuales tendrán VPH en algún momento. La infección por ciertos tipos de VPH es la causa principal de cáncer cervical, el cual afecta en todo el mundo a casi 500 mil mujeres anuales y cobra mas de 250 mil vidas.

V. En México, alrededor de 30 por ciento de las mujeres de edad reproductiva han presentado alguna infección de ese tipo, dando lugar al cáncer cervicouterino, neoplasia que se ubica en los primeros lugares de mortalidad por cáncer de este grupo poblacional. Tan sólo en 2007, la tasa de mortalidad fue de 14 mil 300 decesos por cada 100 mil mujeres de 25 años y mas. Se elevó súbitamente año con ao, y afecta principalmente a entidades como Chiapas (21 mil 800), Oaxaca (21 mil 600), Veracruz (21 mil 600) y Campeche (21 mil 200).

VI. En un inicio la vacuna estuvo indicada únicamente para un rango de población de entre 9 y 26 años que no llevara vida sexual. Actualmente, diversos estudios han revelado que puede servir en mujeres hasta de 55 años de edad con vida sexual activa, hayan tenido o no lesión por VPH. En el grupo de edad de 9 a 26 años, la protección es de 100 por ciento, pues en teoría no han tenido contacto con el VPH, y en el rango de 26 a 55 años se habla de una protección que va desde 70 hasta 80 por ciento.

VII. El costo de la vacuna contra el VPH sigue siendo elevado. El precio al público en la actualidad es de 2 mil pesos cada dosis, y se requieren tres. Debido a los costos, los sectores de mayor pobreza no tienen acceso a ella. De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Salud, si bien ha realizado una estrategia desde 2008 para inmunizar a 300 mil mujeres entre la población femenina de 35 a 64 años de edad en 125 municipios con menor índice de desarrollo no tienen acceso a ella, es por ello necesario llevar la lucha contra el cáncer cervicouterino para disminuir la incidencia de este padecimiento, que cada año cobra la vida a 4 mil 100 mujeres que habitan en áreas rurales y marginadas, con menor índice de escolaridad y sin acceso regular a los servicios de salud.

VIII. Los integrantes de esta comisión coinciden respecto a que la vacunación generalizada puede disminuir la necesidad de atención médica, biopsias y procedimientos agresivos asociados con el seguimiento de pruebas anormales de papanicolaou, lo que ayudaría a reducir los costos de atención médica y la ansiedad relacionada con las pruebas anormales de papanicolaou y procedimientos de seguimiento que realiza el Estado.

IX. El Consejo Nacional de Vacunación busca que toda la población esta protegida contra las enfermedades prevenibles por vacunación. La decisión de incorporar nuevas vacunas al esquema básico lo realiza el Comité de Expertos en Vacunación de México, dicho comité toma en cuenta varios aspectos para definir sus recomendaciones, entre los cuales se encuentra la carfa de enfermedad y el análisis de costo-efectividad, por ello es recomendable que si estuviera dentro de sus medidas presupuestarias ampliar el rango de vacunación para las mujeres entre 9 a 55 años de edad.

Dicha proposición se considera factible, debido a que la fuerte carga económica que representaría para el gobierno la aplicación de las vacunas a manera de prevenir, se reflejaría claramente en la disminución o erradicación de la enfermedad.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud consideran que la propuesta es viable, por lo que se somete al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que a través del Comité de Expertos en vacunación de México, si estuviera dentro de sus medidas presupuestarias, incluir en el esquema nacional la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, a las mujeres mexicanas de entre 9 y 55 años de edad.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Arciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras.»



CANCER DE MAMA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud a destinar recursos para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y al Fondo de Protección contra Riesgos Sanitarios del Seguro Popular; y a la Cofepris, a modificar la NOM-041-SSA2-2002

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a destinar mayores recursos al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del seguro popular con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y atención del cáncer de mama en nuestro país.

Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano Velasco, en la revisión del proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2002, “Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama”; para quedar como Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-041-SSA2-2009, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama; a tomar en cuenta las recomendaciones que diversas instituciones y organizaciones hacen en el estudio “México Reporte Rosa 2009-2010”, en específico, las indicaciones referentes a la aplicación de la mamografía.

Con fundamento en los artículos 39, 44, y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo, el cual se emite el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 15 de diciembre de 2009 la diputada Cora Pinedo Alonso del Grupo Parlamentario Partido Nueva Alianza, presentó ante el pleno el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que destine recursos para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y al Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, y a la Cofepris para que modifique la NOM-041-SSA2-2002, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.

II. Consideraciones

I. Es importante precisar que el punto de acuerdo que se pretende dictaminar surgió debió al aumento de una de las enfermedades como lo es el cáncer, que ha causando grandes estragos en la población mexicana y que a nivel mundial, la cual según la Organización Mundial de la Salud, es la principal causa de mortalidad.

II. Es preocupante, que actualmente en México, 12 mujeres mueren diariamente a causa de cáncer mamario, lo cual representa, aproximadamente, una tercera parte de las pacientes diagnosticadas con este tumor maligno. Diversos estudios revelan que nuestro país muestra incrementos constantes en la mortalidad de esta enfermedad; basta mencionar que en el período de 1980 a 2005 se registraron un total de 67,854 defunciones por cáncer mamario, con un aumento estimado anual del 3.6 por ciento en los últimos 18 años.

III. Sin duda alguna los integrantes de esta Comisión están consientes de que la detección tardía sigue siendo la norma y no la excepción. Más del 80 por ciento de los casos de cáncer de mama se identifica en etapas avanzadas de la enfermedad en contraste, por ejemplo, con la situación en los Estados Unidos, donde aproximadamente el 60 por ciento de los casos de cáncer mamario son diagnosticados en estadio I, en nuestro país la cifra se estima menor al 10 por ciento. De hecho, entre 40 y 50 por ciento de los casos se presentan en estadios III y IV y se ve poca mejoraría en estos porcentajes desde principios de los años noventa.

IV. Es importante señalar que el Cáncer de mama en México es considerada como una prioridad apremiante, una iniciativa de política clave fue la creación del Seguro Popular de Salud ya que incluyó un aumento sustancial del financiamiento y ofreció protección financiera a todas las familias que no contaban con seguridad social, con énfasis particular en los segmentos más pobres de la población.

V. El tratamiento del cáncer de mama, fue incluido en el 2007, los servicios de diagnóstico y medicamento, se incorporaron al Fondo para la Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Ello derivó en que, a partir de entonces cualquier persona diagnosticada con cáncer de mama, al margen de su situación de ingreso y empleo, tiene ahora el derecho de recibir atención médica integral con fondos públicos.

VI. A pesar de ello y coincidiendo con la colegisladora, los integrantes de esta comisión consideran viable, pero con dichas modificaciones, el presente punto de acuerdo, ya que es necesario solicitar a la Secretaría de Salud para que dentro de sus medidas presupuestarias destine recursos para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

VII. Con respecto al punto en el cual se solicita que el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, y a la Cofepris modifique la NOM-041-SSA2-2002, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, esta comisión considera viable la proposición debido a que el documento que unifica en México las acciones en salud en materia de cáncer de mama y tiene como propósito contribuir a la disminución de las tendencias de mortalidad por esta patología es la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2002, en la que se definen los criterios de operación para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer mamario y la cual es de observancia obligatoria para todo el personal de salud, profesional y auxiliar de los sectores público, social y privado que brinden atención médica. Así también, el anteproyecto contempla varias modificaciones que ofrecen aportaciones importantes; sin embargo algunos cambios han causado controversias. Por ejemplo, el Reporte Rosa México 2009-2010, destaca que entre las diferencias importantes con la NOM-041-2002 se encuentra que el anteproyecto no menciona la necesidad de realizar actividades extramuros para difundir información sobre el riesgo y la detección del cáncer mamario.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud consideran que la propuesta es viable, por lo que se somete al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que dentro de sus medidas presupuestarias destine mayores recursos al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del seguro popular con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y atención del cáncer de mama en nuestro país.

Segundo. Se solicita al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en cuanto a la revisión del proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2002, “Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama”; para quedar como Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-041-SSA2-2009, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama; a tomar en cuenta las recomendaciones que diversas instituciones y organizaciones hacen en el estudio “México Reporte Rosa 2009-2010”, en específico, las indicaciones referentes a la aplicación de la mamografía.

La Comisión de Salud, diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Arciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras.»



PROGRAMAS DE SALUD PARA MIGRANTES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud a lanzar y poner en funcionamiento el seguro binacional de salud y fortalecer los programas de salud para migrantes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta la Secretaría de Salud del gobierno federal a lanzar y poner en pleno funcionamiento el Seguro Binacional de Salud, a través del establecimiento de la agencia (pública o mixta) que se encargará de dar funcionalidad y operatividad al sistema del seguro binacional, así como de articular todos los esfuerzos en la materia y dar viabilidad a los mecanismos de coordinación, tanto en México como en Estados Unidos de América.

Segundo. Se hace un llamado a la Secretaría de Salud para que se fortalezcan todos los programas de salud para migrantes, y de manera preponderante: la promoción del Seguro Popular en Estados Unidos para realizar afiliaciones desde aquel país; las ventanillas de salud en EUA; la repatriación de connacionales enfermos; así como la investigación binacional en salud.

Con fundamento en los artículos 39, 44, y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo, el cual se emite el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 15 de diciembre de 2009, el diputado Miguel Antonio Osuna Millán del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer el Seguro Binacional de Salud, y a fortalecer los programas de salud para migrantes.

2. Con misma fecha, la proposición con punto de acuerdo le fue turnada a esta Comisión de Salud, para efectos de su análisis y elaboración de dictamen.

II. Consideraciones

I. Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. El punto de acuerdo que se pretende dictaminar surgió debido a que actualmente en Estados Unidos Alrededor de 6.5 millones de ciudadanos mexicanos que residen actualmente en Estados Unidos no tienen acceso a alguna forma de seguro de salud ni servicios médicos.

III. Es menester mencionar que las leyes Mexicanas reconocen a nuestros emigrantes como ciudadanos mexicanos, al igual que quienes habitamos en el territorio nacional, por lo que no se les puede negar ninguno de sus derechos, y mucho menos el derecho a la salud.

IV. Esta comisión coincide con el tema del Seguro Binacional de Salud, y es necesario empezar a concretar estas políticas a favor de nuestros emigrantes de origen mexicano, con este seguro de salud  se proporcionarán beneficios concretos en ambos lados de la frontera, basándose en la coordinación del Sistema de Salud privado no lucrativo en Estados Unidos y el sistema público de salud en México.

V. De la misma forma, se considera primordial fortalecer las acciones que ya realiza la Secretaría de Salud, en la materia de programas de salud para migrantes, como son: la promoción del Seguro Popular en Estados Unidos para que de esta manera se lleven acabo las afiliaciones desde aquel país; las ventanillas de salud en EUA; la repatriación de connacionales enfermos; así como la investigación binacional en salud.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud consideran que la propuesta es viable, por lo que se somete al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Salud coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contemplar de manera explícita y con toda claridad, dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 que el Ejecutivo federal deberá enviar a la Cámara de Diputados, y como parte del Ramo 12 de Salud del Presupuesto, dos partidas especificas o rubros de gastos denominados “Seguro Binacional de Salud” y “Programas de salud para migrantes”, con montos específicos de recursos previstos para cada una de estas.

Segundo. Se exhorta la Secretaría de Salud del gobierno federal a lanzar y poner en pleno funcionamiento el Seguro Binacional de Salud, a través del establecimiento de la agencia (pública o mixta) que se encargará de dar funcionalidad y operatividad al sistema del seguro binacional, así como de articular todos los esfuerzos en la materia y dar viabilidad a los mecanismos de coordinación, tanto en México como en Estados Unidos de América.

Tercero. Se hace un llamado a la Secretaría de Salud para que se fortalezcan todos los programas de salud para migrantes, y de manera preponderante: la promoción del Seguro Popular en Estados Unidos para realizar afiliaciones desde aquel país; las ventanillas de salud en EUA; la repatriación de connacionales enfermos; así como la investigación binacional en salud.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Secretaría de Salud, para que, en el marco y de acuerdo a las facultades que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria otorga a los ejecutores de gastos y a la propia SHCP, se realicen todas las adecuaciones, ajustes, ampliaciones y modificaciones presupuestarias y de gasto correspondientes a efectos de que se puedan destinar recursos suficientes durante el año 2010 para el establecimiento y lanzamiento del Seguro Binacional de Salud, así como para el fortalecimiento de los programas de salud enfocados a nuestros migrantes.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Arciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras.»



SALUD MENTAL

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a dictar mediante la Secretaría de Salud la norma oficial mexicana sobre prevención y atención integral de salud y enfermedades mentales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el punto de acuerdo:

Primero. La Cámara Diputados del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respecto a la división de poderes, exhorta al Ejecutivo federal, para que por conducto de la Secretaria de Salud emita una Norma Oficial Mexicana de prevención y atención integral de salud y enfermedades metales.

Segundo. Dicha Norma Oficial deberá contener un modelo que contemple: la identificación de factores de riesgo y según resultado, el desarrollo de habilidades para la vida en especial en menores de 18 años y muy especialmente en niños menores de 5 años.

Tercero. Que el modelo de atención integrada de salud mental, contemple tamizajes por grupos de edad, para ser explicados a la población por los servicios de salud de los tres niveles de gobierno a todo usuario que acuda a atención como a la población abierta y aquellas personas que resulten con la posibilidad de tener algún trastorno mental, sean canalizados y atendidos por servicios de salud y los servicios de psicología ya existentes.

Cuarto. Que el modelo de atención integrada de salud mental, contemple un instrumento de medición para evaluar la mejora en calidad de los servicios y el bienestar de la población.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 87, 88 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

Con fecha 6 de octubre de 2009 el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el peno, el punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a través de la Secretaria de Salud para que dicte la Norma Oficial Mexicana que contemple un modelo integrado de atención a la salud mental que sea aplicado a la población en general.

Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnada a esta comisión para efectos de análisis y elaboración del dictamen.

II. Consideraciones

Primera. Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda. El punto de acuerdo que se pretende dictaminar surgió a raíz del aumento de trastornos mentales relacionados con diversos factores por los que pasa actualmente nuestro país.

Provocando acontecimientos violentos que ponen en peligro no sólo la integridad de las personas que sufren este desequilibrio mental, sino también la de todos los ciudadanos.

Tercera. Datos de estudios recientes que la Organización Mundial de la Salud realizó en conjunto con el Instituto Nacional de Epidemiología, revelan que en México el 5 por ciento de la población sufre de depresión (siendo la cuarta causa de discapacidad), con un mayor porcentaje en mujeres. Se calcula que el 1.6 por ciento de la población tiene trastorno bipolar, cerca del 1 por ciento de la población tiene esquizofrenia y entre el 5 por ciento y 6 por ciento de la población infantil padecen trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

Cuarta. Es por ello que comprometiéndose con la salud mental de todos los mexicanos, y en pro de crear acciones de difusión para promover la detección y atención oportuna de estas enfermedades, el 16 de Noviembre 1995 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994 Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, entrando en vigor el 17 de noviembre de 1997.

Quinta. Dicha Norma Oficial Mexicana tiene como objetivo primordial uniformar criterios de operación, actividades inherentes a los servicios de atención hospitalaria médico- psiquiátrica como lo son las preventivas, curativas, de rehabilitación, de enseñanza y capacitación e investigación científica. Así como actitudes para proporcionar en forma continua e integral, atención hospitalaria médico-psiquiátrica, con calidad y calidez para enfermos agudamente perturbados y otros de estancia prolongada, de los sectores público, social y privado del país que conforman el Sistema Nacional de Salud. Todo esto para beneficio de la población mexicana.

Sexta. La NOM-025-SSA2-1994 no solo cuenta con un tamizaje por grupos de edad, para su adecuada atención medica, sino que también señala  que para que se tengan una atención integral hospitalaria médico psiquiátrica adecuada, se cuente con las instalaciones especificas necesarias para dar atención a los usuarios, de acuerdo a su grupo de edad, tal como lo establece la NOM-025-SSA2-1994, en su apartado 4.3 el cual establece que:

4.3. Las Unidades que prestan servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica deben contar, según sea el caso y considerando sus características, con las instalaciones específicas necesarias para dar atención a los usuarios, de acuerdo a lo siguiente:

4.3.1. Con episodio agudo.

4.3.2. De larga evolución.

4.3.3. Hombres.

4.3.4. Mujeres.

4.3.5. Niños.

4.3.6. Adolescentes.

4.3.7. Adultos.

4.3.8. Ancianos.

Séptima. Con referencia a que el modelo de atención integrada de salud mental, se complete un instrumento de medición para evaluar la mejora en la calidad de los servicios y el bienestar de la población, es preciso mencionar que la NOM-025-SSA2-1994 ya lo establece en su disposición 3.8.:

Detección y manejo oportuno de casos en la comunidad:

Proceso que consiste en efectuar revisiones periódicas con fines de identificar y atender precozmente el daño.

Octava. Sin embargo estamos consientes que es necesario que se prevengan los problemas de salud mental, por lo que es importante que se priorice en especial a niños y jóvenes, otorgándoseles  acciones necesarias para detectar con prontitud problemas de salud mental y dar los tratamientos adecuados, debido a que un diagnostico, en una edad temprana, evita en el futuro daños irreversibles para el usuario y menos costos en el tratamiento de este. Es por ello que los integrantes de la Comisión de Salud consideran que el apartado cuarto del punto de acuerdo es necesario.

En merito de lo expuesto, la Comisión de Salud considera que la propuesta es viable, por lo que somete al pleno de la Cámara de Diputados, El siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud que priorice a los menores de 18 años y muy especialmente a los niños menores de 5 años, para la detección de factores de riesgo, establecidos en la Norma Oficial NOM-025-SSA2-1994 para la Prestación de Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos, Heladio Gerardo Verver y Vargas (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Arciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo anteriormente comentados y que se les dio lectura.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.



LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados de los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se autoriza.

En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados de los puntos de acuerdo que se ponen a consideración.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, mediante el acuerdo de la Mesa Directiva relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y de proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, publicado en la Gaceta Parlamentaria el pasado 18 de septiembre de 2009, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable presentada por el diputado Israel Beltrán Montes, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 30 de abril de 2008.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Desa- rrollo Rural somete a la consideración de sus integrantes, el presente dictamen el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 29 de abril de 2008, el diputado Israel Beltrán Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Desarrollo Rural Sustentable.

II. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y dictamen.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa sostiene que la crisis por la que atraviesa la producción agropecuaria y pesquera, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha provocado que los dirigentes campesinos y los legisladores locales y federales hayan expresado la necesidad de ampliar el concepto de productos básicos y estratégicos, como una unidad, para separar ambos conceptos, propiciar y ampliar el número de aquellos que, sin ser alimentos, ni ser considerados como básicos, cumplen un papel estratégico en el desarrollo rural a nivel nacional y regional.

Esta iniciativa propone una distinción en las definiciones de productos básicos y productos estratégicos que permitan una clara diferenciación entre ellos, teniendo en cuenta que los primeros se refieren específicamente a la soberanía alimentaria y, muy particularmente, a la dieta fundamental del mexicano, y los segundos se refieren a la productividad del campo, su competitividad y al desarrollo de la economía rural.

El propósito de tal diferenciación es reservar la prioridad más alta para los productos básicos y ampliar las posibilidades de establecer modalidades, condiciones y salvedades a los productos estratégicos que pueden cobrar mayor o menor importancia en función de su impacto económico y las características de una etapa particular del desarrollo económico del país.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. La Comisión de Desarrollo Rural, en su calidad de comisión dictaminadora, realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la iniciativa citada con el objetivo de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada el 7 de diciembre de 2001, definió como “productos básicos y estratégicos” aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales.

Tercera. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable contempla que el gobierno federal deberá conducir su política agropecuaria a fin de que los programas y acciones para el fomento productivo y el desarrollo rural sustentable, así como los acuerdos y tratados internacionales propicien la inocuidad, seguridad y soberanía alimentaria, mediante la producción y abasto de los productos básicos y estratégicos.

Cuarta. En términos del artículo 183 de la Ley de Desa-rrollo Rural Sustentable, para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el gobierno federal impulsará, en las zonas productoras, líneas de acción en los aspectos de la identificación de la demanda interna de consumo de productos básicos y estratégicos y, a partir de ello, conducir los programas del sector para cubrir la demanda y determinar los posibles excedentes para exportación, así como las necesidades de importación; la identificación de los factores de riesgo asociados con los alimentos para la elaboración de diagnósticos que permitan establecer acciones en campo o comerciales para asegurar el abasto; y el establecimiento de compromisos de productividad y calidad por parte de los productores, dependiendo del tipo de productos de que se trate, sean los de la dieta básica o los destinados para el mercado internacional.

Quinta. La distinción propuesta en la iniciativa resulta innecesaria toda vez que la definición legal de “productos básicos y estratégicos” está estrechamente vinculada con la obligación del Estado mexicano de hacer prevalecer la seguridad y soberanía alimentaria de la nación.

Sexta. En consecuencia, si bien es cierto que la importancia económica de los productos que en la iniciativa se mencionan como estratégicos es evidente, los criterios utilizados por el legislador proponente, en cuanto a la declaración de distinguir los productos básicos de los estratégicos, contraviene el espíritu de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Séptima. Finalmente, cabe mencionar que el agave, la cebada y el tabaco son utilizados como insumos en la generación de productos no alimenticios que, adicionalmente, están sujetos al pago de un impuesto especial sobre producción y servicios y no se vinculan con la preservación de la soberanía y seguridad alimentaria.

Conclusiones

Primera. En virtud de lo anterior y una vez que esta comisión dictaminadora ha entrado al análisis del fondo del asunto, valorando los argumentos que sustenta la iniciativa, se determina que no resulta procedente jurídicamente su aprobación.

Segunda. Consecuentemente, la Comisión de Desarrollo Rural considera que no ha lugar a aprobar la iniciativa materia de este dictamen y que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.

En mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural tenemos a bien expedir los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el diputado Israel Beltrán Montes, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 30 de abril de 2008, por contravenir a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en términos de seguridad y soberanía alimentaria.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2010.

La Comisión de Desarrollo Rural, diputados: Javier Usabiaga Arroyo (rúbrica), presidente; Guillermina Casique Vences (rúbrica), Carlos Meillón Johnston (rúbrica), Alfonso Martínez Alcázar (rúbrica), Federico Ovalle Vaquera, María Esther Terán Velázquez (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Rogelio Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), secretarios; María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Felipe Borja Texocotitla, Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Rubén Arellano Rodríguez, Alba Méndez Herrera (rúbrica), Avelino Méndez Rangel, Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Rolando Zubia Rivera (rúbrica), Norma Orozco Torres (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, Sergio Gutiérrez Villanueva, Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Espinosa Ramos, Israel Madrigal Ceja (rúbrica).»



LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII del artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, mediante el “acuerdo de la Mesa Directiva relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y de proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura”, publicado en la Gaceta Parlamentaria el pasado 18 de septiembre de 2009, le fueron turnadas, para estudio y dictamen, las iniciativas siguientes:

1. Con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), presentada por el diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 10 de abril de 2007.

2. Con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), presentada por la diputada Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 6 de marzo de 2008.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Desa-rrollo Rural somete a consideración de sus integrantes el presente dictamen el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. En términos del último párrafo del artículo 94 del Reglamento  para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  las iniciativas referidas en el proemio del presente dictamen se turnaron por parte de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura a la Comisión de Desarrollo Rural como asuntos legislativos pendientes de resolución, con el carácter de proyectos.

2. Mediante oficio número CDR/701/2008 del 22 de octubre de 2008, suscrito por el entonces presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, diputado federal Carlos Ernesto Navarro López, se informó a la Mesa Directiva de la LX Legislatura que la iniciativa presentada por el diputado Pedro Montalvo Gómez había sido dictaminada en sentido positivo, por ello se programó para primera lectura el 4 de noviembre de 2008, sin embargo nunca se le dio lectura ante el pleno y quedó pendiente de resolución.

3. Con motivo de que ambas iniciativas presentan similitud en lo que respecta a su exposición de motivos y a los planteamientos legislativos de adicionar una fracción más al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Comisión de Desarrollo Rural de la LXI Legislatura determinó estudiar y analizar ambas iniciativas para ser resueltas bajo la aplicación de los mismos criterios de técnica legislativa, previa valoración de la problemática concreta atendida por cada uno de los proyectos.

Contenido de las iniciativas

1. La iniciativa presentada el 10 de abril de 2007 por el diputado Pedro Montalvo Gómez implica una adición que repercute de manera específica en la modificación del texto original del artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mediante la adición de la fracción XII, para quedar como a continuación se transcribe:

“Artículo 179. ...

I. a XI. ...

XII. Naranja.

Transitorios

Primero. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberá integrar y publicar un programa específico para el desa-rrollo y la producción de la naranja, con visión de sustentabilidad económica y social, a los 60 días naturales de la publicación de este decreto.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

2. La iniciativa presentada el 6 de marzo de 2008 por la diputada Mónica Fernández Balboa implica una adición que repercute de manera específica en la modificación del texto original del artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mediante la adición de la fracción XII para quedar como sigue:

Artículo 179. Se considerarán productos básicos y estratégicos, con las salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o de manera extraordinaria la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y los comités de los sistemas-producto correspondientes, los siguientes:

I. a XI. ...

XII. Plátano y cacao.

Transitorios

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

3. En atención a la modificación legislativa que plantea cada una de las iniciativas, se aprecia que la incorporación de la naranja, así como del plátano y cacao, como productos básicos y estratégicos se sustenta en la importancia económica que representa la actividad productiva de estos frutos y en los valores nutricionales que cada uno de estos productos alimenticios contiene, y por ello se plantea la necesidad de calificarlos como básicos y estratégicos.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. La Comisión de Desarrollo Rural, en su calidad de comisión dictaminadora, realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en cada una de las iniciativas citadas, con objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda. Según se definió en la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada al pleno de la Cámara de Diputados el 27 de abril de 2001, el concepto y regularización de la seguridad alimentaria, sería un compromiso del Estado para garantizar a la población nacional el abasto suficiente de alimentos.

Tercera. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada el 7 de diciembre de 2001, definió como “productos básicos y estratégicos” aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales.

Cuarta. No obstante que en ambas iniciativas se ha destacado la importancia económica que representa la producción de la naranja, del plátano y del cacao, adicionalmente a los altos valores nutritivos que contienen cada uno y de los múltiples beneficios que representa a la salud su consumo, no se deduce de manera contundente que estos alimentos formen parte de la dieta de la mayoría de la población general, esto es, en un hogar mexicano promedio que no cuenta con recursos para ingerir una dieta balanceada, es más probable que se prescinda de los frutos mencionados, que de productos como el maíz, el frijol, el huevo o la leche.

Quinta. En términos del artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el maíz, la caña de azúcar, el frijol, el trigo, el arroz, el sorgo, el café, el huevo, la leche, la carne de bovinos, porcinos, aves y el pescado son considerados como productos básicos y estratégicos, con las salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o de manera extraordinaria, la Comisión Intersecretarial con la participación del Consejo Mexicano y los comités sistema-producto correspondientes.

Sexta. Del análisis practicado a las iniciativas mencionadas, no se identifica de manera clara y contundente que los comités sistema-productos de naranja, de plátano y de cacao hayan agotado el mecanismo previsto en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tal como lo estableció el Poder Legislativo federal a través de dicho ordenamiento.

Séptima. En el supuesto de que esta honorable Comisión de Desarrollo Rural de la LXI Legislatura aprobara las iniciativas de referencia, en los términos en los que fueron presentadas, incurriría en un grave contrasentido, toda vez que el Poder Legislativo federal estableció que mediante las salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año, o de manera extraordinaria, la Comisión Intersecretarial con la participación del Consejo Mexicano y los comités sistema-producto correspondientes, por tanto incluir como productos básicos y estratégicos, a la naranja, el plátano y el cacao, por la vía solicitada no resulta jurídicamente procedente.

Octava. En estricto apego a derecho y con fundamento en lo ordenado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que establece que el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable es la instancia consultiva del gobierno federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural, entre los que se encuentran los comités sistema-producto, se conmina a los interesados en que la naranja, el plátano y el cacao sean calificados como productos básicos y estratégicos, lo realicen a través de las instancias de representación facultadas para tal efecto, de conformidad con las leyes secundarias emanadas por este honorable Congreso de la Unión.

Conclusiones

Primera. En virtud de lo anterior y una vez que ésta Comisión Dictaminadora ha entrado al análisis del fondo del asunto, valorando los argumentos que sustentan a cada una de las iniciativas, se determina que no resulta procedente jurídicamente su aprobación.

Segunda. Consecuentemente, la Comisión de Desarrollo Rural considera que no ha lugar a aprobar las iniciativas materia de este dictamen y que procede el archivo de los expedientes como asuntos definitivamente concluidos.

En mérito de lo expuesto, los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Rural tenemos a bien expedir el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desechan las iniciativasque a continuación se citan, por no resultar congruentes con lo estipulado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de productos básicos y estratégicos:

1. Con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), presentada por el diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, publicada en el Gaceta Parlamentaria el 10 de abril de 2007.

2. Con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), presentada por la diputada Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 6 de marzo de 2008.

Segundo. Archívense como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2009.

La Comisión de Desarrollo Rural, diputados:Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), presidente; Guillermina Casique Vences (rúbrica), Rogelio Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), María Esther Terán Velázquez (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Federico Ovalle Vaquera (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla, Luis Félix Rodríguez Sosa, Guadalupe Pérez Domínguez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu, Francisco Alberto Jiménez Merino, Sabino Bautista Concepción, José Erandi Bermúdez Méndez, Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica), Alba Méndez Herrera (rúbrica), Fermín Montes Cavazos, Rolando Zubia Rivera, Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Avelino Méndez Rangel, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Israel Madrigal Ceja.»



LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, mediante el “acuerdo de la Mesa Directiva relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y de proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura”, publicado en la Gaceta Parlamentaria el pasado 18 de septiembre de 2009, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentada por el honorable Congreso de San Luis Potosí, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 28 de enero de 2009.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de De-sarrollo Rural somete a consideración de sus integrantes el presente dictamen, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha 12 de diciembre de 2008, el honorable Congreso de San Luis Potosí presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desa-rrollo Forestal Sustentable.

II. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y dictamen.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa sostiene que los principales problemas del campo forestal están relacionados con la insuficiencia o poca claridad de los mecanismos de control y seguimiento para programas y proyectos, así como para aspectos de vigilancia y aplicación de la legislación, el combate a la corrupción y el tráfico ilegal.

Por tal motivo, la iniciativa tiene por objeto coadyuvar a una mejor aplicación de programas y la implementación de políticas públicas que beneficien el desarrollo forestal de nuestro país.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de ésta Comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. La Comisión de Desarrollo Rural, en su calidad de dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la iniciativa citada con el objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada el 25 de febrero de 2003, tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a los órdenes de gobierno, bajo el principio de concurrencia, con el fin de propiciar el desa-rrollo forestal sustentable.

Tercera. Bajo esta tesitura, el artículo 13 de la Ley de De-sarrollo Forestal Sustentable establece que son atribuciones de los Estados y del Distrito Federal el diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política forestal nacional, la política forestal en las entidades federativas; así como elaborar, coordinar y aplicar los programas relativos al sector forestal de la entidad.

Cuarta. En ese sentido, en el efectivo ejercicio de las facultades concurrentes que le otorga la Ley General de De-sarrollo Forestal Sustentable a las entidades federativas, y en cumplimiento a lo previsto en el artículo 124 constitucional, corresponde al Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí aplicar los criterios de política forestal previstos en la citada ley y en las leyes locales en la materia.

Quinta. En consecuencia, y una vez realizado el análisis de la propuesta, se desprende que la mayoría de las disposiciones que se pretenden integrar al texto vigente de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se encuentran previstos en diversos ordenamientos derivados de la misma; por tanto, de aprobarse la iniciativa en los términos en que fue presentada se estarían reiterando preceptos legales ya existentes.

Sexta. Finalmente, en opinión de esta comisión dictaminadora las aportaciones legislativas contenidas en la iniciativa son valiosas, en ese sentido se sugiere sean incorporadas en la legislación local en materia forestal de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable.

Conclusiones

Primera. En virtud de lo anterior y una vez que esta comisión dictaminadora ha entrado al análisis del fondo del asunto, valorando los argumentos que sustenta la iniciativa, se determina que no resulta procedente jurídicamente su aprobación.

Segunda. Consecuentemente, la Comisión de Desarrollo Rural considera que no ha lugar a aprobar la iniciativa materia de este dictamen y que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.

En mérito de lo expuesto, los integrantes de ésta Comisión de Desarrollo Rural tenemos a bien expedir el siguiente:

Acuerdo

Primero . Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable presentada por el honorable Congreso de San Luis Potosí, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 28 de enero de 2009, dado que la mayoría de las disposiciones que pretende integrar al texto vigente de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se encuentran previstas en diversos ordenamientos derivados de la misma.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2010.

La Comisión de Desarrollo Rural, diputados:Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), presidente; Julio Saldaña Morán (rúbrica), María Esther Terán Velázquez (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Federico Ovalle Vaquera, Guillermina Casique Vences (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, secretarios; María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Francisco José Erandi Bermúdez Méndez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Rubén Arellano Rodríguez, Alba Leonila Méndez Herrera, Avelino Méndez Rangel, Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel, Rolando Zubia Rivera (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres, Alberto Esquer Gutiérrez, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Israel Madrigal Ceja (rúbrica).»



LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 5123 que contiene la iniciativa que reforma el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el entonces diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. El 11 de diciembre de 2008, el entonces diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de esta Cámara, la iniciativa que reforma el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

2. En la misma fecha, fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, bajo el expediente número 5123 para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. Durante el proceso de entrega recepción de la LX a la LXI Legislatura de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se recibió como asunto de rezago el proyecto de dictamen del expediente de la Iniciativa que reforma el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el entonces diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui.

4. El martes 8 de diciembre de 2009, los diputados integrantes de la Mesa Directiva del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, enviaron a la presidenta de esta comisión ordinaria oficio, sin número, mediante el cual, emiten opinión con respecto a la iniciativa que se dictamina, aprobando su desecho.

Contenido de la iniciativa

Del análisis realizado al expediente de la iniciativa con proyecto de decreto que se dictamina, se entiende que el legislador propone agregar excepciones al texto vigente del artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, con el objeto de que, mediante el cambio de uso del suelo o aprovechamiento de las zonas de manglar, se permita la ejecución de una diversidad de obras o actividades, particularmente portuarias que, a decir del diputado promovente, sean consideradas estratégicas e impliquen beneficios de importancia para las entidades federativas o para la economía en general, sujetándolas exclusivamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) para su autorización. Para tal efecto se propone la siguiente redacción:

Artículo 60 Ter. ...

...

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior:

I. Obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar;

II. Obras de infraestructura marítimo-portuaria y de vías generales de comunicación de interés público, así como aquéllas que signifiquen el desarrollo sustentable de una comunidad y que por su naturaleza no puedan ser ubicadas en otro sitio; y

III. Aquellas obras que signifiquen el desarrollo sustentable de una región.”

Dichas obras o actividades estarán sujetas al procedimiento de evaluación del impacto ambiental de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y sus reglamentos.

La secretaría deberá establecer las medidas necesarias para recuperar los bosques de mangle que resulten afectados por las obras mencionadas en este artículo, de conformidad con las disposiciones federales aplicables.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con base en las disposiciones legales aplicables, en los siguientes 30 días hábiles a la fecha de publicación del proyecto de decreto iniciará el proceso para modificar las normas oficiales mexicanas que involucren la salvaguarda de humedales y manglares en la República Mexicana, incluyendo los niveles equivalentes para las acciones o medidas de compensación, restauración o reparación de los ecosistemas de manglar necesarias que deberán realizarse en la misma región, zona o cuenca.

Tercero. Entrando en vigor el presente decreto se derogan todas las disposiciones legales que contravengan al éste.”

Consideraciones

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, ...”. Del mismo modo, “bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.”

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, define al desarrollo sustentable como:

El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;

De tal suerte que, por mandato constitucional, todos y cada uno de los sectores que promueven el desarrollo de la economía mexicana deben considerar los criterios de política ambiental, antes descritos. Si bien es cierto, el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, citado por el diputado promovente, reconoce que el crecimiento económico y las oportunidades de bienestar están claramente relacionados con el grado de desarrollo de la infraestructura del país, éste, no puede fomentarse a costa de los elementos naturales o su degradación. En igual o mayor grado, para la población mexicana, la educación de alta calidad y el acceso efectivo a un sistema de salud eficiente, son elementos fundamentales para el crecimiento económico y el bienestar social en el país.

No debe escapar a la atención de los legisladores, que el principio rector del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 es el Desarrollo Humano Sustentable, el cual reconoce que: “Para que el desarrollo humano planteado sea sustentable, requiere la protección del patrimonio natural del país y el compromiso con el bienestar de las generaciones futuras.”

Este programa nacional también plantea como uno de sus objetivos nacionales: “asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país logrando afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.” En ese sentido, no sorprende que reconozca que: “No lograremos respetar, ni conservar los recursos naturales de nuestro país, ni la extraordinaria biodiversidad de nuestro entorno, si no transformamos significativamente la cultura de nuestra sociedad.”

Más aún, el PND 2007-2012 claramente determina que: “México está aún a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con la protección del ambiente.” Adicionalmente reconoce que: “El cuidado del ambiente es un tema que preocupa y ocupa a todos los países. Las consecuencias de modelos de desarrollo, pasados y actuales, que no han tomado en cuenta al medio ambiente, se manifiestan inequívocamente en problemas de orden mundial como el cambio climático.”

Aunque el diputado promovente reconoce la importancia de los manglares, afirma que la disposición legal vigente ha detenido la inversión en proyectos portuarios y carreteros, destacando los casos de: “Michoacán, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz, donde las inversiones en puertos con proyectos de crecimiento están detenidas por encontrarse en zonas de manglar; dichas inversiones ascienden a 9 mil 190 millones de pesos, que para ser específicos son la ampliación del puerto en la laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz; la ampliación del canal suroeste y la vialidad norte en la isla de Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán; y la ampliación del puerto profundo y la instalación de terminales portuarias en Puerto Morelos, Quintana Roo; todos ellos proyectos ambiciosos que resultan de estudios técnicos y de impacto ambiental, los cuales otorgarán, no sólo a estos estados, sino a la regiones y en general al país, de esas herramientas mencionadas y necesarias para el desarrollo. En lo que respecta a los proyectos carreteros detenidos también por la ley vigente, y por lo cual se exponen los motivos para su modificación, son por ejemplificar algunos cuantos los siguientes: libramiento de Atasta, en Campeche; costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, en Michoacán; la carretera Tuxpan-Tampico, en Veracruz y Tamaulipas; y la carretera Mérida-Progreso y el acceso al puente Yucalpetén, en Yucatán; proyectos que representan inversiones por 3 mil 970 millones de pesos y los cuales generarían miles de empleos directos.”

A efecto de corroborar la afirmación del diputado promovente citada en el párrafo anterior, la comisión que dictamina llevó a cabo una investigación acuciosa sobre los citados proyectos encontrando lo siguiente:

• Ampliación del puerto en la laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz

La obra no está detenida.  De acuerdo con la información contenida en el boletín 240 de noviembre de 2008, publicado con motivo de la Segunda Reunión Anual de la Asociación Americana de Puertos del Golfo de México, celebrada del 12 al 14 de noviembre de 2008, en Mérida, Yucatán, el Lic. Alejandro Chacón Domínguez, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, realizó una presentación sobre los principales proyectos de infraestructura portuaria que lleva a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  Sobre el caso de Veracruz de Ignacio de la Llave, señaló, entre otros: “los servicios del Ferrobuque y el desarrollo portuario en la Laguna de Pajaritos”.

Adicionalmente, se considera relevante mencionar que, el 16 de diciembre de 2008, se presentó la manifestación de impacto ambiental correspondiente, encontrándose actualmente en proceso de evaluación. De acuerdo con las disposiciones del proceso de EIA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene hasta el 26 de marzo próximo para emitir la resolución correspondiente.

A la luz de lo anterior, resulta sumamente preocupante que el diputado promovente formule una aseveración tan delicada, perjudicando negativamente el proceso de impacto ambiental. Asimismo, preocupa que el coordinador general de Puertos y Marina Mercante informe que los trabajos de infraestructura se están llevando acabo, cuando la autoridad ambiental no ha emitido aún su resolutivo sobre la manifestación de impacto ambiental (MIA), de ser así, se estaría violentando la legislación federal en la materia.

• Ampliación del canal suroeste y la vialidad norte en la isla de Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El documento de la Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas, SA de CV, “Obra Pública. Ejercicio 2008, Capítulo 6000”, no contempla una fecha que indique el período de ejecución de esta obra, así como tampoco señala al contratista. Lo anterior reconoce que, en el año 2008, no se llevó a cabo el concurso de licitación que diera pie a la preparación y presentación ante la autoridad ambiental de la manifestación de impacto ambiental, hecho que quedó constatado al revisar la base de datos de la Semarnat.

No obstante, la comisión que dictamina considera importante informar que el 13 de enero de 2009, la Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas, SA de CV, presentó una manifestación de impacto ambiental para la “Integración y Validación de los Proyectos en ese recinto, en el marco de los ordenamientos vigentes y vocaciones de uso de suelo.” Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene como plazo hasta el 9 de abril próximo para emitir la resolución correspondiente.

• Ampliación del puerto profundo y la instalación de terminales portuarias en Puerto Morelos, Quintana Roo.

Este es un caso particularmente importante. En el mes de mayo de 2002 la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V. presentó la Manifestación de Impacto Ambiental “Ampliación y Modernización del Recinto Portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo”, que fue declarada improcedente por la autoridad ambiental, ya que contravenía diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de su Reglamento en materia de EIA, Programa de Manejo del Área Natural Protegida, Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos, así como del Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Tulúm.

El 6 de diciembre de 2007, la autoridad ambiental recibió nuevamente la manifestación de impacto ambiental “Ampliación y Modernización del Recinto Portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo”, que fue negada al subsistir las irregularidades encontradas en el proyecto presentado en 2002, entre las que destacan: el daño grave a los arrecifes coralinos de Puerto Morelos, la falta de información sobre la disposición de residuos sólidos urbanos, la violación de lo dispuesto por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Benito Juárez, al pretender ubicar las obras dentro de la poligonal de un área natural protegida federal, entre otros. A continuación se muestra el resolutivo.

Primero. Negar la autorización solicitada en materia de impacto ambiental para el proyecto “Ampliación y modernización del recinto portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo” promovido por la empresa Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV, con pretendida ubicación en la localidad de Puerto Morelos, municipio Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, dado que de la manifestación de impacto ambiental, modalidad regional, contraviene lo dispuesto en el artículo 30, primer párrafo, de la LGEEPA; los artículos 13, fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del REIA; así como por contravenir lo dispuesto en los lineamientos establecidos en los criterios ecológicos CG-44, CO-13 del Programa de Ordenamiento Ecológico local del municipio de Benito Juárez(POELMBJ) publicado en el Periódico Oficial del Estado los días 20 y 21 de julio de 2005, así como los criterios ecológicos FF-25 y FF-26 del Programa de Ordenamiento Ecológico de la región denominada corredor Cancún-Tulúm, publicado en el Periodico Oficial el 16 de noviembre de 2001, de acuerdo a lo indicado en los considerandos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13del presente resolutivo.

• Libramiento de Atasta, Campeche.

El 12 de diciembre de 2008, se presentó la actualización de la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente, misma que ha sido remitida al evaluador.  De acuerdo con las disposiciones del proceso de EIA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene como plazo hasta el 24 de marzo próximo para emitir la resolución correspondiente.

• Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La MIA correspondiente fue presentada el 11 de noviembre de 2008, y actualmente se encuentra en evaluación, por lo que de acuerdo con las disposiciones del proceso de evaluación de impacto ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene como plazo hasta el 4 de marzo próximo para emitir la resolución correspondiente.

• Autopista Tuxpan-Tampico, en Veracruz y Tamaulipas.

Esta carretera forma parte del Eje Carretero del Golfo, presentado por el Gobernador de Veracruz de Ignacio de la Llave en abril de 2008, quien el pasado 2 de diciembre informó que: “la Secretaría de Comunicaciones de Veracruz ha comenzado hace unas horas todos los trabajos de liberación de derechos de vía de lo que será la autopista Tuxpan-Tampico en sus primeros 30 kilómetros, del tramo del libramiento de Tampico sur a la parte veracruzana, dentro de lo que se ha llamado el paquete del Eje Carretero del Golfo”. Como se aprecia, el anuncio del gobernador Herrera Beltrán ilustra claramente que esta obra no se encuentra detenida.

• Carretera Mérida-Progreso y el acceso al puente Yucalpetén, en Yucatán.

De acuerdo a la información contenida en la tabla “Principales Trabajos de Construcción y Modernización de Carreteras Federales Realizados en el periodo SEPT./2007-AGO./2008”, que se encuentra en la página 49 del Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la carretera Mérida-Progreso II, se encuentra en ampliación, obra que representó una inversión de 199 millones de pesos y añadió 11.1 kilómetros de red carretera a Yucatán.

Por lo que se refiere al acceso al puente Yucalpetén, se tiene conocimiento que en octubre de 2008, dieron inicio las labores de acceso al puente, que se inicia entre las calles 140 y 37. Más aún, el pasado jueves 15 de enero, el Diario de Yucatán informó que ese mismo día el Puente de Yucalpetén sería abierto a la circulación en esa misma fecha y agregó que: “Trabajadores de Canteras Peninsulares, empresa que construyó el puente, informaron que ya se les avisó que hoy se abre al tránsito. La inauguración de la obra se hará después en fecha aún por determinar. Ayer, una cuadrilla de trabajadores se encargaba de instalar señalamientos en el puente y la avenida que conduce a la zona de marinas turísticas y la de Yucalpetén que entronca con el Periférico Poniente. La glorieta de la calle 140 con la avenida de la 37 (Yucalpetén) ya casi está lista.” Esta información comprueba que la obra no esta detenida.

Como resultado de la investigación, se puede afirmar que en ninguno de los casos referidos por el promovente, resulta cierta la afirmación de que las obras de infraestructura se encuentran detenidas por lo dispuesto en el vigente Artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

Ahora bien, por lo que se refiere al monto de la inversión de estos proyectos, la comisión dictaminadora no es ajena a su importancia, ni al impacto que esas obras tendrán en la generación de empleos –la mayoría de ellos temporales– así como en el bienestar de la sociedad. Sin embargo, considera igualmente importante destacar que el fomento al desarrollo de infraestructura a costa del ecosistema de humedales costeros, particularmente el manglar, así como su zona de influencia, ignora que en el mediano y largo plazo, el costo que deberán asumir el Estado Mexicano y la sociedad por la degradación y pérdida de los ecosistemas que los protegen de los efectos adversos del cambio climático y que además les proporcionan una amplia gama de servicios ambientales, será exponencialmente mayor.

Al respecto, esta comisión dictaminadora considera importante mencionar que en el año 2005, el costo por degradación del medio ambiente para México fue estimado en 684 mil 761.801 millones de pesos. Más aún, de acuerdo al estudio de Robert Costanza (1997), los servicios ambientales que prestan los humedales costeros han sido valuados en 4 mil 800 millones de dólares por hectárea al año, a precios de 1994. Sin embargo, si este valor se expresa a precios de 2006, alcanza la cifra de 13 mil 589 millones de dólares por hectárea al año. Ahora bien por lo que se refiere al valor cultural del manglar, éste, en términos monetarios ha sido calculado en 881 dólares por hectárea al año, a precios de 1994. Tomando en cuenta estos datos es importante reconocer las bondades que proporciona la conservación de los bosques de mangle toda vez que realizan funciones económicamente rentables.

La importancia del valor económico intrínseco de los humedales costeros, entre ellos los manglares, ante los efectos adversos del cambio climático, queda reforzada con la propuesta del gobierno de México a la décima Conferencia de las Partes de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, celebrada del 28 de octubre al 4 de noviembre de 200,8 en la ciudad de Changwon, China; además de reiterar el valor económico que da a los humedales el estudio de Robert Costanza: “Destacando asimismo que el estudio intitulado “El Costo de la Inacción de Políticas” publicado en mayo de 2008, alerta que en caso de no alcanzar el objetivo de reducir significativamente la tasa actual de pérdida de Biodiversidad para 2010 el mundo deberá enfrentar costos significativos difíciles de solventar como los siguientes: por pérdida de arrecifes coralinos en el año 2030, entre 35 y 200 mil millones de dólares; por pérdida de los servicios ambientales que prestan los Humedales en Europa 6 mil millones de euros anuales, mientras que en África el costo será de 221 millones de dólares anuales.”

Aquí es importante mencionar que no se pudo incorporar a la resolución el valor económico de los humedales costeros mexicanos, incluidos los manglares, toda vez que a la fecha no se cuenta con dicha estimación.

Por si lo anterior no fuera suficiente, la propuesta de reformas y adiciones que se dictamina ignora las recomendaciones del Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). En éste, estudios científicos demuestran que los manglares son particularmente vulnerables al incremento del nivel del mar y al cambio en el grado de salinidad del agua. El Informe establece que la pérdida de manglares será más severa en el Golfo de México, por lo que deben adaptarse políticas para protegerlos, al igual que a los arrecifes coralinos. Destaca asimismo que aún cuando existen algunos manglares que pueden adaptarse al cambio climático, la indiscriminada construcción de infraestructura limitará la potencial migración de los bosques de manglar.

A ello, debe sumarse una de las conclusiones del Segundo Día de los Bosques que se llevó a cabo en el marco de la decimocuarta Conferencia de las Partes a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en la Ciudad de Poznan, Polonia; del 1 al 12 de diciembre pasado. Ésta conclusión, además de reafirmar el contenido del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, aludido en el párrafo anterior, recomienda a la comunidad internacional conservar los ecosistemas que de forma gratuita permiten reducir la vulnerabilidad y facilitar la adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Entre esos se incluyen los humedales costeros y por ende, los manglares y sus zonas de influencia.

Otro aspecto que esta Comisión dictaminadora considera importante aclarar relacionada a la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina, es que dentro del dictamen de 2006, no se incluyó la siguiente referencia: “Se tiene claridad que las principales amenazas a los manglares en el país son la afectación del espacio de vida del manglar, ya sea por disminución del insumo hídrico de agua dulce o por la erosión de la costa por falta de sedimento (éstos son causados por la extracción masiva de agua de las cuencas hidrológicas); la construcción de granjas camaronícolas; la destrucción ocasionada por el desarrollo de centros turísticos y urbanos; y la tala motivada por la ampliación de la frontera agrícola-ganadera.” Ello puede ser corroborado al revisar la Gaceta Parlamentaria, número 2157-III, del jueves 21 de diciembre de 2006, día en que se votaron y aprobaron las reformas vigentes. Por lo que, se presume que el Diputado promovente utilizó información “no fidedigna” para la realización de su exposición de motivos, hecho que, además de preocupante es sumamente grave, ya que inevitablemente debilita el fundamento de la iniciativa de reformas propuesta.

De igual forma, esta comisión dictaminadora considera pertinente comentar que, aún cuando el Diputado promovente afirme que: “las obras y actividades que más amenazan a los ecosistemas de manglar son otras distintas al de-sarrollo portuario”, todas las organizaciones y centros de investigación que participaron en la elaboración de la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, reconocieron lo contrario. Y para sustentar esta afirmación, la Dictaminadora se permite citar el numeral 0.43, de la norma antes citada, que establece: “Que la suma o acumulación de impactos ambientales producidos en la mayoría de las lagunas costeras y estuarios provocadas por los desarrollos portuarios y la infraestructura turística, canalizaciones, dragados, rellenos, así como diversas actividades productivassobre las cuencas hidrológicas (agricultura, ganadería, deforestación, etc.), así como por el vertimiento de aguas residuales urbanas, la disposición de residuos sólidos y algunas formas de energía, han reducido y deteriorado los hábitats productivos deteriorando los depósitos de sedimentos, afectando la calidad del agua del estuario, alterando los ciclos biogeoquímicos y provocando presión sobre las poblaciones de diversas especies estuarianas en general.”

A efecto de despejar cualquier duda de que el numeral 0.43 se refiere a los manglares, la dictaminadora se permite citar el numeral 3.23 de la Norma Oficial Mexicana en comento, que define al Estuario como: “... un ecosistema costero cuya fisiografía semicerrada con conexión al mar abierto y cuya característica es la dilución de agua marina con aporte de agua dulce proveniente de un escurrimiento continental, por lo que la salinidad varía entre 3 y 25 partes por millón. Los sistemas estuarinos incluyenestuarios, deltas, lagunas costeras, esteros, manglares y zonas lodosas y arrecifes.”

De igual forma cita el contenido del numeral 3.45 de la Norma Oficial Mexicana, que al definir a las obras o actividades productivas, establece claramente que entre éstas se incluyen las obras del sector comunicaciones y transportes: “3.45. Obra o actividad productiva: Aquellos trabajos, labores u ocupaciones antropogénicas tales como: acuacultura, asentamientos humanos, industriales, obras: eléctrica, minera, turística, comunicaciones y transportes, que modifican el marco biofísico y generan degradación del ecosistema en los humedales costeros.”

Es importante señalar que en sesión del 12 de agosto de 2009, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de los artículos 60 Ter y 99, segundo párrafo, de la Ley General de Vida Silvestre al negar el amparo 1573/2009 a los quejosos, en virtud de que la prohibición impuesta en dichos artículos está plenamente justificada en aras del bien jurídico que se tutela, que es siendo éste el equilibrio ecológico.

Con lo anterior, esta comisión dictaminadora confirma su preocupación respecto del motivo real del diputado promovente, al proponer una reforma que pone en riesgo el equilibrio ecológico de las zonas costeras donde predomina el ecosistema de manglar ya que, las reformas que propone son precisamente las que la NOM-022-SEMARNAT-2003 prohibía, antes de que se publicara la especificación 4.43 a la misma. De igual forma, esta comisión dictaminadora comprueba que el diputado promovente ha convertido al tema motivo del dictamen, en un asunto de percepción, determinado por factores económico y políticos pero no así, científicos, ambientales y mucho menos sociales, toda vez que ha quedado comprobado que de afectarse el ecosistema de humedal costero y su zona de influencia, la población asentada en zonas costeras será una de las más vulnerables a los embates de fenómenos meteorológicos como huracanes.

Por lo motivado y fundado, esta comisión dictaminadora considera la reforma propuesta improcedente toda vez que la preocupación del diputado promovente tiene su origen en la inadecuada lectura de lo dispuesto por el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre y por la sección V Evaluación de Impacto Ambiental, del Capítulo IV Instrumentos de Política Ambiental, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Ya que de acuerdo con estos artículos, las actividades a que hace referencia el diputado promovente pueden llevarse a cabo siempre que no impliquen los supuestos del primer párrafo del Artículo 60 Ter y cumplan con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente.

La dictaminadora también considera que la reforma propuesta contraviene el espíritu de lo dispuesto en la ley en su Capítulo I Especies y Poblaciones en Riesgo y Prioritarias para la Conservación, del Título VI Conservación de la Vida Silvestre. Toda vez que los manglares, así como otras especies y poblaciones asociadas al ecosistema de humedal costero, son consideradas por la normatividad vigente como especies y poblaciones en riesgoque, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre se define como: “aquellas identificadas por la secretaría como probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, con arreglo a esta ley.”

El artículo 61 de la ley en comento, dispone que la designación de una especie o población en riesgo, obedece a que una determinada especie o población se encuentra en, al menos, alguno de los siguientes supuestos:

a)Su importancia estratégica para la conservación de hábitat y de otras especies.

b) La importancia de la especie o población para el mantenimiento de la biodiversidad, la estructura y el funcionamiento de un ecosistema o parte de él.

c) Su carácter endémico, cuando se trate de especies o poblaciones en riesgo.

d) El alto grado de interés social, cultural, científico o económico.”

Adicionalmente, para el caso que nos ocupa, es fundamental destacar que, de conformidad con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-059 SEMARNAT-2001. Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo, las especies de manglar del país se clasifican como “sujetas a protección especial”.

A la luz de lo anterior se estima necesario recordar lo dispuesto por el inciso c) del artículo 58 de la ley en comento, que define a las especies y poblaciones en riesgo sujetas a protección especial como: “aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas.”

Aunado al hecho de que los manglares de México son especies sujetas a protección especial, algunas de las especies que habitan en el ecosistema de humedales costeros mexicanos son endémicas. Como ejemplo tenemos: la codorniz yucateca, el loro yucateco y los peces “cachorritos”. Los humedales costeros mexicanos también acogen especies migratorias como la cigüeña americana, la garceta rojiza, el flamenco rosa del Caribe y la barlaca carinegra. Asimismo, albergan especies en peligro de extinción como el mono aullador, la pardela mexicana, el ganso de collar, el ganso de melena, el rascón café, el caracol rosado, y a las tortugas: laúd, golfina, carey, caguama, blanca y prieta.

En ese sentido, la reforma que motiva el presente dictamen propiciaría que fracasen los esfuerzos de conservación de ecosistemas prioritarios, especies y poblaciones en riesgo, así como todas aquellas acciones tendientes a mitigar y adaptar a las comunidades costeras, incluidas las llanuras costeras, a los efectos adversos derivados del cambio climático, al exceptuar de lo dispuesto en el artículo 60 Ter a las obras de infraestructura marítimo-portuaria y de vías generales de comunicación de interés público, así como a las obras que signifiquen el desarrollo sustentable de una comunidad o región y que, por su naturaleza, no puedan ser ubicadas en otro sitio. Bajo esta perspectiva, el costo de esta reforma será mucho mayor que el mantener la legislación sobre manglares en el estado actual.

De permitir la ejecución de obras o actividades de infraestructura en manglares de la forma que pretende la reforma motivo del presente dictamen, se fomentará el inadecuado desarrollo costero, con las consecuentes amenazas de desmontes y actividades de construcción que implican la remoción de la vegetación natural, dragado, relleno, canalización y desagües; la extracción de arena, la pérdida de dunas costeras, humedales, playas y áreas adyacentes.

Resulta inconveniente confiar plenamente en instrumentos como la evaluación de impacto ambiental y las compensaciones por daño ambiental como mecanismos que garanticen la protección ambiental, toda vez que, entre otras cosas, la evaluación del efecto acumulativo no es considerada en una manifestación de impacto ambiental, mientras que la compensación definida y conceptualizada, desde la perspectiva jurídica, derivada del derecho civil, no incluye criterios de ingeniería ecosistémica, necesarios para que una compensación sea efectiva en términos de reparación del daño ambiental producido.

En México la evaluación de impacto ambiental viene operando desde finales de la década de los años 70. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente vigente, ubica a la figura de la EIA, como uno de sus instrumentos de política ambiental, definiéndola en su artículo 28 como:

“...el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente”.

Desafortunadamente, se considera que la EIA –como instrumento de política ambiental– con aplicación específica e incidencia directa en las actividades productivas, ha perdido su carácter preventivo, ya que en los últimos años, son cada vez más constantes y notorias las irregularidades jurídicas que presentan los procedimientos de evaluación y autorización de las MIA. Igualmente, muchos de los proyectos incumplen con los requisitos que la ley exige, y aún así, son autorizados.

Aunado a esto, las denuncias sobre presuntas responsabilidades de servidores públicos, que diversas organizaciones no gubernamentales e incluso instituciones académicas han presentado ante la Secretaría de la Función Pública, ponen en evidencia la ineficacia de la autoridad ambiental al de-sahogar los procedimientos evaluatorios de impacto ambiental. Cada vez es más frecuente la problemática relacionada con autorizaciones emitidas sobre una base estrictamente intuitiva, aplicando medidas de mitigación sin conocer si quiera los impactos ambientales reales carentes, en muchas ocasiones, de criterios técnicos, regulación y procedimientos coherentes, por lo que en la mayoría de las veces, el proceso se supedita a un mero trámite administrativo por cumplir.

El problema no sólo estriba en el actuar del servidor público, sino también en que nuestra legislación cuenta con vacíos jurídicos, que la hacen flexible y benevolente, razón por la cual pese a que los proyectos sean ambientalmente inviables, jurídicamente son posibles. Basta mencionar, que en esta Legislatura diversos Grupos Parlamentarios han presentado iniciativas de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, reconociendo los vacíos y problemas que tiene el procedimiento evaluatorio de impacto ambiental. Así la comisión dictaminadora reitera que de permitir la modificación del artículo 60 Ter en los términos propuestos por el diputado promovente y confiar en que la EIA será suficiente para garantizar el aprovechamiento sustentable y mitigación de los impactos que las obras o actividades generen sobre los ecosistemas de manglar, no es un argumento lo suficientemente válido como para aceptar la reforma sujeta a dictamen.

Si como refiere el diputado promovente, se quiere un país que se desarrolle y que cuide sus recursos naturales, la Comisión dictaminadora considera que este es el momento decisivo para pasar de la retórica a la práctica. Pero para ello, los desarrolladores de obras de infraestructura, en este caso portuaria, no requieren de reformas legales sino de un cambio en la forma en que conciben y materializan los proyectos que sin lugar a duda son necesarios para el desa-rrollo del país.

Si hemos de heredar a las generaciones futuras, un México sustentable, esta comisión dictaminadora considera que las reformas propuestas por el diputado promoverte, son del todo improcedentes.

Por las razones señaladas, los integrantes de la comisión legislativa que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo y adiciona los párrafos tercero y cuarto al artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

Notas:

1 Que reforma el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre. Presentada por el diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, PRI. Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gaceta Parlamentaria, número 2651-II, martes 9 de diciembre de 2008 (2444).

2 Presidencia de la República. 2007.Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México, p. 24.

3 Ídem. página 26.

4 Ídem. página 27. Las negritas son de la comisión dictaminadora.

5 Ídem, página 234. Las negritas son de la comisión dictaminadora.

6 Ídem, páginas 234 y 236.

7 “Inicia Secom liberación de derecho de vía de la Tuxpan-Tampico.” Diario de Jalapa. 2 de diciembre de 2008 . En: http://www.oem.com. mx/diariodexalapa/notas/n953439.htm. Página consultada el 18 de enero de 2008.

8 “El nuevo puente se abre hoy a la circulación” Diario de Yucatán. Jueves 15 de enero de 2009. En: http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=51$4109060000$3994592&f=20090115. Página consultada el 18 de enero de 2009.

9 Auditoría Superior de la Federación. 2005. Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, Tomo I; México, DF, página 186.

10 Costanza, Robert.. 1997. “The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital”. Nature, Vol. 387, 15 May 1997, p. 256.

11 Nicholls, R.J., P.P. Wong, V.R. Burkett, J.O. Codignotto, J.E. Hay, R.F. McLean, S. Ragoonaden and C.D. Woodroffe, 2007: Coastal systems and low-lying areas. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Editores, Cambridge University Press, Cambridge, UK, páginas 315-356.

12 Que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.

13 Las negritas son de la comisión dictaminadora.

Dado en el salón de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, el día 17 de febrero 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Roberto Borge Angulo, Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), María Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvares Cisneros (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Gerardo del Mazo Morales, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Judith Fabiola Vázquez Saut (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»



LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desechan tres iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 7o., fracción XI, y 18, segundo párrafo, de La Ley General de Educación presentada por el diputado Fernando Moctezuma Pereda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confiere los artículos 39 numerales 1 y 2, fracciones XIII, XXIV, XXV y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo y modifica la fracción undécima al artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la LX Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 18 de agosto de 2004 y turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.

Con fecha 13 de agosto de 2008, el diputado Fernando Moctezuma Pereda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., fracción XI, y 18, segundo párrafo, de La Ley General de Educación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., fracción XI, y 9o., correspondiente al Capítulo I, “Disposiciones Generales”, de la Ley General de Educación, a cargo de la LV Legislatura del honorable Congreso de Colima, presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 11 de septiembre de 2008 y turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.

II. Descripción de las iniciativas

Las iniciativas en análisis tienen como objeto principal el incluir dentro de los fines de la educación, previstos en el artículo 7o. de la Ley General de Educación, temas relacionados con el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos. Los contenidos específicos se describen a continuación:

1. La iniciativa del diputado Fernando Moctezuma Pereda, señala en su exposición de motivos que “Defender, conservar y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en el objetivo prioritario de la humanidad”, por lo que advierte es urgente nuevas estrategias y trabajar por la formación y desarrollo de la conciencia ciudadana para actuar en consonancia con la magnitud de los problemas del medio ambiente. Asimismo, señala que: “La educación ambiental ha sido creada y difundida por el mundo como un nuevo enfoque educativo, producto de la percepción del hombre de que está inmerso en una crisis ambiental provocada por él y que sólo él podrá solucionarla”.

Después de hacer una relación de las acciones que más repercusiones han tenido en el establecimiento de una relación conceptual y operática urgente entre la preservación ambiental y la educación, precisa que para “enfrentar la crisis ambiental, se necesita una educación más participativa. Se debe considerar que no habrá soluciones reales mientras no se dé una transformación de la educación en todos los niveles y condiciones, y no haya un cambio en el concepto educativo ambiental”.

La iniciativa en comento propone como objetivo que la educación básica y media superior que imparta el Estado, así como los particulares “...jueguen un papel primordial en la educación ambiental o plantación y cuidado de árboles en México, en las tres esferas del individuo que son los aspectos cognitivos, en el psicomotriz y en sus valores”. Por lo que propone establecer que en dichos niveles para obtener su certificado de fin de estudios, cada alumno haya contribuido con su patria mediante la plantación de un árbol.

En tal sentido, propone que se reformen los artículos 7o., fracción XI, y 18, segundo párrafo, de La Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. ...

XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental y el desarrollo sustentable, así como la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico integral del individuo y la sociedad. Como parte de una educación ambiental integral, procurará la vinculación entre la teoría y la práctica para el cuidado de los ecosistemas.

...

Artículo 18. El establecimiento de instituciones educativas que realice el Poder Ejecutivo federal por conducto de otras dependencias de la administración pública federal, y la formulación de planes y programas de estudio para dichas instituciones, se harán en coordinación con la secretaría. Dichas dependencias expedirán constancias, certificados, diplomas y títulos que tendrán validez correspondiente a los estudios realizados.

Para la entrega de las constancias, certificados, diplomas y títulos, por la conclusión de estudios realizados en la educación básica, media y media superior en las instituciones descritas en el primer párrafo del artículo 1o. de esta ley, se requerirá que cada egresado haya plantado previamente cuando menos un árbol”.

2. En lo referente a la iniciativa presentada por la LX Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, ésta propone modificaciones a la Ley General de Educación, en los siguientes términos:

Artículo 7o. ...

I. a X. ...

XI. Hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de la preservación y restauración del equilibrio ecológico y de la protección del ambiente.

Para tales efectos, la Secretaría de Educación Pública instituirá como obligatoria la asignatura de ecología y medio ambiente, dentro de los programas de estudios del nivel básico, a fin de fomentar en los educandos una verdadera cultura de preservación, restauración y protección del medio ambiente”.

3. En lo que respecta a la iniciativa presentada por el honorable Congreso del estado de Colima, se advierte que no obstante que en la actualidad algunos programas educativos incluyen temas de enseñanza en el conocimiento del ambiente, no se da la importancia y el estudio a fondo que requiere. Lo anterior en virtud de que se deja al margen la conciencia en la educación ambiental. Y se precisa que “...si bien se cita la implantación hacia los niños y los padres de familia en el aprovechamiento racional de los recursos naturales y protección del ambiente”, en la mayoría de los casos, “...sigue siendo una meta en puro [sic] papel porque los problemas ambientales que enfrenta la sociedad mexicana deben atacarse desde ahora; si no, se correría el grave riesgo de que el daño que sufre el hábitat en algunos casos resulte irreparable”.

Así, el objetivo de la Iniciativa es establecer la educación ambiental en la Ley General de Educación, logrando con ello que la población mexicana “...adquiera la conciencia del cuidado del ambiente y se interesen en sus problemas conexos, así como que cuenten con los conocimientos, las aptitudes, las actitudes, los valores y las motivaciones necesarios para trabajar de forma individual y colectiva, en la búsqueda de soluciones de la problemática actual del nuestro hábitat y prevenir con ello los que pudieran presentarse en lo sucesivo”.

Por lo anterior, el honorable Congreso de Colima plantea las siguientes reformas:

Artículo 7o. ...

I. a X. ...

XI. Hacer conciencia en los educandos fomentándoles actitudes que contribuyan a un aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como establecer programas de educación ambiental en las instituciones educativas, buscando que los contenidos teóricos de estos programas de estudio se vinculen con proyectos ecológicos, fomentando la conciencia y preservación ambiental; y

...

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá la educación ambiental en sus planes y programas de estudios, a fin de salvaguardar y conservar el ambiente, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; y atenderá directamente mediante sus organismos descentralizados a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio, todos los tipos y las modalidades educativos, incluidas la educación media superior y la superior, necesarios para el desarrollo de la nación. Asimismo, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

...

III. Consideraciones generales

Esta comisión dictaminadora está plenamente consciente de la importancia que el cuidado al medio ambiente tiene para la sustentabilidad de las futuras generaciones. Así también, coincidimos en términos generales con las justificaciones de los que promueven las reformas materia del presente dictamen. En este sentido, vale la pena mencionar que la oficina de las Naciones Unidas presentó en el 2008 un informe respecto a los avances de los Objetivos de De-sarrollo del Milenio, donde se expusieron algunos de los acontecimientos adversos para lograr el objetivo principal, que es el de erradicar la pobreza extrema en el mundo.

Dentro de los ocho objetivos del desarrollo del mileno, el objetivo número siete tiene que ver con garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. En este sentido, se establecen como metas: incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente; haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de zonas marginadas; reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible a agua potable y a servicios básicos de saneamiento y reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa de la tasa de pérdida.

El mismo informe de las Naciones Unidas, en cuanto al medio ambiente  especifica que la región tiene un historial ambiguo en materia de medio ambiente. “El crecimiento económico ha traído un aumento en las emisiones de dióxido de carbono, de mil millones de toneladas en 1990 se pasó a mil 400 millones de toneladas en 2007, en parte debido a la deforestación. Como reflejo del deseo de los gobiernos de luchar contra la degradación del medio ambiente, la proporción protegida de recursos marinos y de tierra en la región aumentó del 7.3 por ciento en 1990 al 18.8 por ciento en 2007”.

En este sentido, coherentes con el compromiso que ha asumido nuestro país con el cuidado y protección del medio ambiente, el Congreso de la Unión ha tomado el tema con gran preocupación y responsabilidad. Así, durante la LX Legislatura, la Comisión de Educación han aprobado diversas reformas al marco legal, a efecto de promover una mayor atención a la temática del medio ambiente.

De manera específica, en sesión plenaria de fecha 18 de septiembre de 2008, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía dictaminó favorablemente reformas a la Ley General de Educación y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En el referido dictamen, se tomó en cuenta la esencia de diversas Iniciativas, incluyendo las que se analizan en el presente documento.

En el mencionado dictamen aprobado, se reforman a los artículos 2o., 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, para incorporar los temas del desarrollo sustentable, la responsabilidad ambiental y el cambio climático, para quedar como sigue:

Artículo 2o....

...

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo, al desarrollo sustentabley a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.

En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social y ambiental para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o..

Artículo 7o. ...

I. a X. ...

XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad, así como promover la sensibilización del educando sobre el cambio climático y sus efectos adversos.

Artículo 8o. ...

I. ...

II. Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento sustentable de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y

III. ...

Asimismo, se aprobaron reformas a los artículos 17, 39 y 41, y para añadir un artículo 39 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en los siguientes términos:

Artículo 17. En la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la política ambiental, el ordenamiento ecológico y la educación ambiental, que se establezcan de conformidad con esta ley y las demás disposiciones en la materia.

...

Sección VIIIInvestigación y Educación Ambiental

Artículo 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ambientales, conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud.

...

...

...

Artículo 39 Bis. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley General de Educación, las actividades de educación ambiental o relacionadas con la misma se desarrollarán de acuerdo a los fines siguientes:

a) Actualización y, en su caso, especialización de educadores en materia ambiental en todos los tipos y modalidades de educación del sistema educativo nacional;

b) Incorporación de la temática ambiental en todos los tipos y modalidades de la educación desde una perspectiva multidisciplinaria;

c) Formación de profesionales en materia de gestión ambiental y de atención a los grupos sociales que enfrenten situaciones de riesgo o contingencia ambiental, y

d) Difusión de material educativo y de conocimientos, tecnologías y experiencias exitosas en materia ambiental.

...

...

...

Artículo 41 Bis. La Secretaría promoverá ante las autoridades educativas competentes de los órdenes federal, estatal y municipal de gobierno, el otorgamiento de reconocimientos y distinciones a los educadores que se destaquen por su desempeño en materia de educación ambiental.

Con base en lo anterior, esta comisión considera que buena parte de los cambios propuestos por las Iniciativas materia del presente dictamen son redundantes, ya que están en proceso de incorporarse al marco legal de nuestro país. Por ello, no es viable la aprobación de las iniciativas en comento.

IV. Consideraciones particulares

En lo que corresponde a las iniciativas del diputado Fernando Moctezuma Pereda, de la LX Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua y de la LV Legislatura del honorable Congreso del estado de Colima, en las cuales se propone reformar el artículo 7o. de la Ley General de Educación, para insistir el que se incluyan dentro de los fines de la educación más conceptos relacionados con el tema del medio ambiente, se considera que sería reiterativo y, por lo tanto, innecesario, toda vez que en la fracción XI del artículo 7o. se señala de manera incluyente como fin de la educación el “inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad”.

Por las razones expuestas, las diputadas y diputados que suscriben, integrantes de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, ponemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desechan las siguientes iniciativas que reforman y adicionan la Ley General de Educación.

Con proyecto de decreto, que adiciona un párrafo y modifica la fracción undécima al artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la LX Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 18 de agosto de 2004 y turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.

Con fecha 13 de agosto de 2008, el diputado Fernando Moctezuma Pereda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., fracción XI, y 18, segundo párrafo, de La Ley General de Educación.

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., fracción XI, y 9o., correspondiente al Capítulo I, “Disposiciones Generales”, de la Ley General de Educación, a cargo de la LV Legislatura del honorable Congreso de Colima, presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 11 de septiembre de 2008 y turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Nota:

1 http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/LatinAmericaSPANISH.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2010

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Germán Osvaldo Cortez Sandoval (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica).»



LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Seguridad Privada

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Seguridad Privada.

La Comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

I. En sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el 26 de marzo de 2009, el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Seguridad Privada.

II. En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para estudio y dictamen.

III. El 17 de febrero de 2010, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido negativo por unanimidad.

Contenido de la iniciativa

1. El proponente expresa que en la LX Legislatura, los trabajos en materia de seguridad y procuración de justicia han sido arduos y fructíferos. Derivado de ellos se realizaron sustanciales reformas constitucionales y se expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de establecer mejores lineamientos para coordinar la facultad concurrente de procurar la seguridad pública. Una de las materias que se regularon a través de este ordenamiento fueron los servicios de seguridad privada como auxiliares de las instituciones de seguridad pública (artículo 152).

2. Por ello, el proponente manifiesta como indispensable introducir en la Ley Federal de Seguridad Privada la obligación que los prestadores de estos servicios tienen como auxiliares de las instituciones de seguridad pública para asumir los principios que en materia de uso de la fuerza se establecen en la iniciativa que pretende regularla.

3. Derivado de las consideraciones anteriores, propone adicionar el artículo 35 a la Ley Federal de Seguridad Privada a fin de que los prestadores de servicios de seguridad privada, en caso de hacer uso de la fuerza, se atengan a lo establecido en la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal.

Además de las obligaciones previstas en la presente ley, los prestadores de servicios deberán sujetar su actuación a las disposiciones locales que rijan materias distintas de la regulación de la seguridad privada en la entidad federativa en que presten los servicios.

Consideraciones

Primera. Con base en los antecedentes indicados y con los elementos de información disponibles, la Comisión de Seguridad Pública, con las atribuciones señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto de referencia.

Segunda. La iniciativa objeto del presente dictamen busca establecer que los integrantes de las instituciones de seguridad privada se sujeten a las disposiciones del uso de la fuerza pública en virtud de que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que estas instituciones podrán coadyuvar con las autoridades y las instituciones de seguridad pública en situaciones de urgencia o desastre, o cuando así lo solicite la autoridad competente de la federación, de los estados, del Distrito Federal o de los municipios.

Tercera. México ha suscrito documentos internacionales en los que específicamente se regula el uso de la fuerza pública. Entre esos documentos se encuentran el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979; y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley, adoptados en el octavo Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990. En esos documentos se establece claramente que los únicos facultados para ejercer la fuerza pública son los integrantes de las instituciones de seguridad pública o funcionarios y dependencias designados por el Estado para esta actividad.

Por ello resulta improcedente la propuesta, toda vez que contraviene las disposiciones mencionadas.

Cuarta.La fracción II del artículo 2o. de la Ley Federal de Seguridad Privada define la seguridad privada como “una actividad a cargo de los particulares”, por lo que con la reforma que se plantea se pondría en manos de particulares una actividad encomendada únicamente a los órganos del Estado mexicano. En caso de que estas instituciones privadas coadyuven con las autoridades y las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, la participación deberá darse de acuerdo con los requisitos y las condiciones que establezca la autorización respectiva, por lo que no se entiende que la coadyuvancia de las instituciones de seguridad privada incluya todas las facultades con que cuentan los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

Quinta. Con fecha 18 de septiembre de 2008, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, que fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para estudio y dictamen.

Sexta. En sesión plenaria celebrada en fecha 14 de abril de 2009 se sometió a consideración de los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura el proyecto de dictamen, que fue aprobado.

Séptima. Con fecha 28 de abril de 2009 dicho dictamen se sometió a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, que lo aprobó con 353 votos en pro y 6 abstenciones.

Octava. El 30 de abril de 2009 fue enviada al Senado de la República para los efectos constitucionales, encontrándose pendiente de dictaminación en comisiones de la revisora.

Como se observa, aún se encuentra en proceso legislativo la ley en comento. De ahí que por no ser texto legal vigente, resulten imposibles su observancia y aplicación.

Por lo expuesto, la Comisión de Seguridad Pública somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, para análisis, discusión y, en su caso, aprobación, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Seguridad Privada, presentada por el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 26 de marzo de 2009.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Salón de sesiones de la Comisión de Seguridad Pública, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2010.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández, Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.»



LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Publica, de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

I. En sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de marzo de 2009, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron al pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa que reforma el articulo 10 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

II. En la misma fecha el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

III. El 17 de febrero de 2010, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, éste dictamen fue aprobado en sentido negativopor unanimidad.

Contenido de la iniciativa

1. Los que proponen, consideran necesario reforzar las acciones para prevenir el delito de lavado de dinero e incluso,  trabajar en obligar a notarios públicos, contadores públicos y empresas inmobiliarias, entre otros, a reportar a los organismos financieros sus operaciones, en virtud de que las organizaciones criminales emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial, lo que se conoce como “lavado” o “blanqueo de dinero”, donde los recursos de procedencia ilícita se invierten en la constitución de empresas como bares, discotecas, gasolineras y complejos turísticos para de esa forma, introducirlo en la economía formal.

2. Por ello, manifiestan que deben revisarse todas las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero relacionadas con bancos, casas de cambio, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto limitado, almacenes generales de depósito y el resto de intermediarios sujetos a regulación.

3. Los que proponen consideran que el gobierno federal debe actuar con inteligencia y firmeza en su lucha contra la delincuencia organizada, pero siempre con arreglo a la legalidad y con respeto irrestricto de los derechos fundamentales del ser humano.

4. En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza propone reformar y adicionar el artículo 10 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de que se establezca que a solicitud del Ministerio Público de la federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar auditorías a personas físicas o morales cuando haya indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada ,o que poseen, administren, dispongan o manejen recursos financieros de procedencia ilícita. En cualquier caso el Ministerio Público razonará fundadamente su solicitud, basándose en la aportación de elementos que reciba de las autoridades competentes o de las personas que aporten pruebas convincentes.

Consideraciones

Primero. Que con base en los antecedentes antes expuestos y con los elementos de información disponibles, la Comisión de Seguridad Publica, con las atribuciones antes señaladas se avocó a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto de referencia.

Segundo.En México no hay estimaciones oficiales en el sistema financiero sobre el lavado de dinero derivado de actividades ilícitas como el narcotráfico, secuestro, pornografía infantil y piratería, aunque cálculos realizados por organismos internacionales sitúan la cifra en 25 mil millones de dólares anuales.

Por ello, deben revisarse todas las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero relacionadas con los bancos, casas de cambio, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto limitado, almacenes generales de depósito y el resto de intermediarios sujetos a regulación.

Tercero.El delito de delincuencia organizada es un tipo penal básico, autónomo, previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en él se prevén como comportamientos penalmente relevantes: a) El acordar organizarse con la finalidad de realizar los delitos que se consideran como delincuencia organizada. b) El formar un grupo organizado para cometer en forma permanente o reiterada conductas que unidas a otras tengan como finalidad o resultado cometer alguno o algunos de los siguientes delitos que serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada: Terrorismo, delitos contra la salud (sólo en el caso de narcotráfico y posesión), falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita,acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, secuestro, tráfico de menores, robo de vehículos, entre otros.

Cuarto. El nuevo concepto de delincuencia organizada, va más acorde con la realidad que padece la sociedad, pues esta delincuencia ha manifestado en los últimos tiempos una gran transformación, observando entre otras tendencias, además de una mayor organización, mayor violencia en su comisión y su indiscutible transnacionalización, como en el caso de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero.

El lavado de dinero es un fenómeno antisocial de carácter criminal, generalmente con implicaciones internacionales, donde regularmente participa la delincuencia organizada y cuyo proceso consiste en ocultar, disfrazar o encubrir el origen ilícito de las ganancias derivadas de la comisión de actividades ilícitas,  a fin de darles una apariencia de legitimidad.

Quinto.Se considera superada la propuesta en comento, debido a  que  se considera innecesaria la propuesta toda vez que el artículo 2o., fracción I, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece lo siguiente:

“Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente  reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos e los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 Y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal...”

Sexto. Por lo tanto, al contemplarse las operaciones con recursos de procedencia ilícita en el citado precepto legal, así como en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, no es necesario agregar entonces de forma expresa el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita al articulo 10 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como proponen los diputados de Nueva Alianza.

Por lo expuesto, la Comisión de Seguridad Publica, somete al pleno de esta soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, del siguiente

Acuerdo

Primero.Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 3 de marzo de 2009.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de febrero de 2010.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández, Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.»



LEY DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 6, 9 y 10 de la Ley de la Policía Federal Preventiva

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura le fue turnada, para su estudio y análisis, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 6, 9 y 10 de la Ley de Policía Federal Preventiva.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, asó como en los artículos 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

I. En sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 26 de abril de 2007 el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa que reforma los artículos 5, 6, 9 y 10 de la Ley de Policía Federal Preventiva.

II. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

III. El 17 de febrero de 2010, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido negativo por unanimidad.

Contenido de la iniciativa

1. El proponente establece su exposición de motivos que el derecho se ha vuelto tan complicado como la propia complejidad humana. Ello en parte porque las sociedades y los sistemas jurídicos están transitando por el dilema de la globalidad y la unificación normativa. Tan sólo el sistema jurídico cuenta con 248 cuerpos normativos en el ámbito federal que van desde la Constitución Política, códigos y leyes, hasta el Presupuesto de Egresos, la ordenanza de la Armada y nuestro antiquísimo Reglamento Interior. Lo anterior, sin contar los reglamentos, acuerdos, circulares y demás normatividad secundaria que desarrolla el Poder Ejecutivo para particularizar los supuestos de ese cúmulo de normas.

2. Señala que por ello, antes de crear más leyes o de modificar las ya existentes, debe preguntar si primeramente se hizo un análisis profundo y sistemático del lenguaje jurídico vigente.

3. El proponente manifiesta que se trata de evitar, lo más que se pueda, el uso indiscriminado de términos, así como su correspondiente depuración ya que en muchas ocasiones, el trabajo legislativo no permite a los legisladores y a su staff un análisis profundo e integral que se vea reflejado en la elaboración de los dictámenes y que abarque todas y cada una de las disposiciones afectadas o adminiculadas con la reforma. Por ello es común encontrar artículos de la legislación vigente con denominaciones de secretarías, autoridades, funciones e instancias que han concluido o modificado su vida jurídica y, en consecuencia, la ratio d’étredel término.

4. El proponente establece que la uniformidad, debe ser entendida como el uso y preservación del texto jurídico sin variaciones de palabras, conceptos, términos y fórmulas, lo cual otorgará certeza jurídica a los gobernados y permitirá una eficaz aplicación a la autoridad. El ejercicio más real y tangible de unificación normativa lo vemos actualmente en la Unión Europea, en donde se busca la unificación de toda la legislación positiva y vigente de los países miembros.

5. En virtud de todo lo expuesto, el proponente somete a la consideración de esta honorable soberanía el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 6, 9 y 10 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, a efecto de establecer lo siguiente:

• Que las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mecanismos administrativos, presupuestarios y de control, aplicables de manera específica a las funciones y actividades excepcionales de la Policía Federal Preventiva que requieran realizarse con riesgo o urgencia.

• Que sean facultades y obligaciones del comisionado de la Policía Federal Preventiva: I. Proponer al Ejecutivo federal, a través del secretario de Seguridad Pública, la adopción de políticas que ayuden a la prevención de la incidencia delictiva en el país; II. Informar periódicamente al Secretario de Seguridad Pública y al Subsecretario de la materia, sobre el desempeño de las atribuciones de la Policía Federal Preventiva y de los resultados alcanzados.

• Que en el desempeño de sus atribuciones y obligaciones, la Policía Federal Preventiva y su Comisionado tengan el apoyo de las unidades administrativas que establezca el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.

• Que las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría General de la República, así como aquellas dependencias y entidades de la administración pública federal, cuyas atribuciones se relacionen con las de la Policía Federal Preventiva, se coordinen para el despacho de los asuntos relativos a seguridad pública a cargo de la Federación. Este mecanismo de coordinación estará presidido por el representante de la Secretaría de Seguridad Pública.

Consideraciones

Primero. Que con base en los antecedentes antes indicados y con los elementos de información disponibles, la Comisión de Seguridad Pública, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Iniciativa con proyecto de decreto de referencia.

Segundo. Se considera superada la propuesta en comento, derivado de la expedición de la nueva Ley de la Policía Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2009, la cual en el artículo 9o. faculta a las Secretarías de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, a establecer mecanismos administrativos, presupuestarios y de control, aplicables de manera específica a las funciones y actividades excepcionales de la Policía Federal que requieran realizarse con riesgo o urgencias.

Tercero. A su vez, en el artículo 10, fracción III, mantiene como facultad del Comisionado General de la Policía Federal vigilar, en el área de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas en materia de protección de derechos humanos.

Cuarto. Se establece de manera expresa la naturaleza jurídica de la Policía Federal como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, suprimiéndose en el cuerpo de la ley a la Secretaría de Gobernación.

Quinto. Lo anterior, obedeció a la reforma realizada a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual tuvo como una de las finalidades separar las funciones de política interior de las de seguridad pública, de ahí que algunas atribuciones, que anteriormente se depositaban en la Secretaría de Gobernación, ahora formen parte de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública (artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Seguridad Pública somete al pleno de esta Cámara de Diputados para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el siguiente:

Acuerdo

Primer. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 6, 9 y 10 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, presentada por el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 26 de abril de 2007.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Salón de sesiones de la Comisión de Seguridad Pública, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de febrero de 2010.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández, Bonifacio Herrero Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinazo (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Oscar Martín Arce Paniagua, Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.»



LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Honorable asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

I. En sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada en fecha 11 de octubre de 2007, el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

II. En esa misma fecha, la Presidencia de la mesa Directiva acordó que se turnara dicha iniciativa a la Comisión de Seguridad Pública.

III. En sesión plenaria celebrada en fecha 13 de diciembre de 2007, se sometió a consideración de los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura el proyecto de dictamen, siendo aprobado por 17 votos a favor.

IV.En sesión celebrada el 4 de marzo de 2008, fue aprobado el dictamen por la Cámara de Diputados con 385 votos a favor y 1 abstención, y turnado a la honorable Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales.

V. En sesión celebrada el 6 de marzo de 2008, la Mesa Directiva del honorable Senado de la República recibió de la honorable Cámara de Diputados el expediente correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

VI. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores, haciendo uso de sus facultades, turnó dicha minuta a las comisiones unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.

VII. En sesión celebrada con fecha 30 de abril de 2009 por la Cámara de Senadores, fue aprobado por 89 votos a favor el dictamen por el que se desecha la minuta en estudio.

VIII. En sesión celebrada con fecha 3 de septiembre de 2009 por la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, se dio cuenta del oficio con el que se remite el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IX. Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados turnó la mencionada minuta a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y posterior dictamen.

Contenido

La minuta en comento tiene por objeto dar por concluido el proceso legislativo de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, toda vez que con la publicación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2008, del decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el duodécimo artículo transitorio se establece la abrogación de le Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se derogan demás disposiciones que se opongan a la presente Ley, con lo cual queda sin sustento formal la minuta en comento.

Consideraciones

A) En lo general

1. Que la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad de la Cámara de Diputados para expedir leyes que establezcan la coordinación de la federación, el Distrito Federal, los estados y municipios en materia de seguridad pública.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

I. a XXII. ...

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución;

XXIV. a XXX. ...

2. Que los párrafos noveno y décimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen la seguridad pública como una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, y dispone la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública como una instancia de coordinación entre los mismos.

3. Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009, tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para la integración y funcionamiento en la materia.

4. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley citada, las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá, además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B) De la minuta

1. Que de acuerdo con el artículo séptimo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se establece que el Congreso de la Unión, a más tardar dentro seis meses a partir de la publicación de este decreto, expedirá la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2. Que el 18 de septiembre de 2008 el diputado Andrés Lozano Lozano, en nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis, estudio y dictamen.

3. Que el 2 de octubre de 2008, el titular del Ejecutivo federal presentó a la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que adiciona diversos artículos del Código Penal Federal, la cual fue turnada a las comisiones unidas de Seguridad Pública, y de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto.

4. Que por acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, del 23 de octubre de 2008, se modificó el turno a la iniciativa por la que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se adicionan diversos artículos al Código Penal Federal, dictándose el siguiente trámite: túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; la iniciativa por la que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, en lo que respecta a la adición de diversos artículos al Código Penal Federal, a la Comisión de Justicia.

5. Que el 11 de diciembre de 2008 la Cámara de Diputados aprobó la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, devuelta por la Cámara de Senadores, el 10 de diciembre de 2008, pasando al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales.

6. Que el 2 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 Constitucional, que tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en esta materia.

7. Que con la publicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se abroga la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública,por lo que la minuta descrita en los antecedentes del presente dictamen queda sin materia.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72, Fracción D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura, sometemos a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Segundo.Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández, Bonifacio Herrero Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinazo (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.»



LEY DE EXPROPIACION Y RESTRICCIONES AL DOMINIO DE LOS BIENES

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Expropiación y Restricciones al Dominio de los Bienes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Expropiación y Restricciones al Dominio de los Bienes.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 2, fracción XIX y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

I.El dieciocho de septiembre de dos mil siete, el diputado Félix Castellanos Hernández, diputado de la LX Legislatura sin partido, haciendo uso de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Expropiación y Restricciones al Dominio de los Bienes.

II. El dieciocho de septiembre de dos mil siete la Presidenta de la Mesa Directiva dispuso que la iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación, con opinión de las Comisiones de Reforma Agraria y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. El cuatro de marzo de dos mil diez, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen, sin haber sido remitido la opinión de las comisiones correspondientes.

Contenido de la iniciativa

Señala el iniciador que la Ley de Expropiación no establece de forma clara y puntual el procedimiento por el que el Estado ejerce, de forma unilateral, la expropiación. La existencia de lagunas jurídicas ha motivado, en la práctica, que se presenten problemas en la ejecución de decretos expropiatorios; en este sentido, continúa la exposición de motivos, es imprescindible realizar diversas adecuaciones al texto de la ley vigente que establezca elementos normativos para que el Ejecutivo federal ejerza la expropiación en apego a las disposiciones establecidas en la Constitución.

La iniciativa hace énfasis en que la ley no define claramente “los distintos tipos de restricciones al derecho sobre los bienes, precisando el procedimiento expropiatorio y la ocupación temporal, mas no así la limitación al dominio”. Señala, por otro lado, que en la expropiación no rige el “principio de audiencia previa” por lo que considera, de capital importancia, el conocimiento que tengan los afectados de la declaratoria de expropiación.

Por lo que hace al pago de la indemnización, el iniciador señala que “es otro aspecto que ha causado agravio de los afectados en el proceso... porque, en primer término, no se realiza el pago... bajo el argumento de la insuficiencia de recursos presupuestales y, en segundo término, porque el pago no se realiza dentro del plazo de un año establecido en la ley”.

En ese sentido, la iniciativa propone abrogar la Ley de Expropiación en vigor para dar lugar a una nueva Ley de Expropiación y Restricciones al Dominio de los Bienes que, en esencia, pretende establecer:

a) Las restricciones al derecho de la propiedad, como son la expropiación, la ocupación temporal y la limitación al dominio de los bienes.

b) Cuando el objeto de la expropiación tenga como finalidad la especulación y genere lucro o utilidades para terceros, que no sea proporcional a la indemnización, se considerará esta circunstancia en la fijación del monto.

c) La regulación de la ocupación temporal y la limitación al dominio de las tierras de los afectados.

d) El fortalecimiento de los derechos de los sujetos afectados ante la expropiación de sus bienes.

e) El fortalecimiento de los derechos de las tierras sujetas al régimen agrario y las pertenecientes a pueblos indígenas.

f) La ejecución del decreto expropiatorio previo el pago o depósito del importe total de la indemnización.

g) La regulación del proceso de reversión de los bienes expropiados.

h) La actualización del texto de los artículos relativos al procedimiento de expropiación, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.

i) La adecuación de las causas de utilidad pública en materia de medio ambiente y protección civil ante desastres naturales.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, exponemos las siguientes

Consideraciones

1. La Ley General de Expropiación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936, tiene por objeto establecer las causas de utilidad pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones.

2. El 5 de junio de 2009, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 20 y 20 Bis y se adicionan un primer párrafo, recorriéndose los demás párrafos, y una fracción III Bis al artículo 1o. todos de la Ley de Expropiación”.

3. Las propuestas planteadas en el proyecto en referencia, pretenden regular elementos fundamentales que fueron incorporados en la Ley de Expropiación, las cuales fueron estudiadas y aprobadas por la LX Legislatura del Congreso de la Unión y que, tuvieron como propósito, un nuevo procedimiento que otorgara certeza jurídica a los afectados.

4. El decreto de referencia contiene una reforma integral a la Ley de Expropiación, la cual, en un primer término, establece la realización de la audiencia previa además del procedimiento administrativo en etapas diferenciadas.

5. Efectivamente, por lo que hace a la declaratoria de utilidad pública, ésta debe ser emitida por la Secretaría competente con fundamento en las causales previstas en la ley. Para ello deberá justificarse plenamente el costo-beneficio del proyecto que se pretenda ejecutar o la medida que se busque adoptar con base a los dictámenes técnicos correspondientes. La misma declaratoria debe ser notificada personalmente a los titulares de los bienes y derechos que resultarían afectados, además de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y en algún medio impreso de la localidad que se trate.

6. Los interesados tendrán un plazo de quince días para manifestar lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas que estimen pertinentes. La autoridad estará obligada a citar a una audiencia de desahogo de pruebas que se celebrara dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de las manifestaciones del titular o titulares; señala, por otro lado, un plazo de tres días siguientes a la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas para presentar alegatos por escrito.

7. Presentados los alegatos o transcurrido el tiempo para que se presentaren, el Ejecutivo federal contará con un plazo de 10 días hábiles para confirmar, modificar o revocar la declaratoria de utilidad pública, resolución que no admitirá recurso administrativo alguno y que podrá ser impugnada a través del juicio de amparo.

8. El Ejecutivo deberá decretar la expropiación dentro de los treinta días siguientes a que se haya dictado la resolución de declaratoria de utilidad pública; sin embargo, la ley prevé que si no se emite el decreto expropiatorio en el plazo señalado, entonces la declaratoria de utilidad pública quedará sin efectos. Al interponerse el juicio de amparo, se interrumpirá el plazo al que se ha hecho referencia.

9. Por otro lado, en cuanto al decreto expropiatorio, las reformas recientes contemplan un novedoso procedimiento relativo al pago de la indemnización para el caso de que la misma sea controvertida. Se prevé que el decreto sea notificado, dentro de los quince días hábiles posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de manera personal a los propietarios o interesados legítimos, mismo que deberá contener el avalúo en que se fije el monto de la indemnización.

10. En tal sentido, la indemnización deberá ser pagada en moneda nacional o en especie, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la publicación del decreto expropiatorio. La autoridad podrá proceder a la ocupación del bien o a la disposición del derecho objeto de la expropiación una vez cubierto el monto de la indemnización fijado en el avalúo.

11. Por lo anterior, la reforma descrita fortaleció el marco de la Ley de Expropiación y la salvaguarda de la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, estableciendo procedimientos bien diferenciados en cuanto a la declaratoria de utilidad pública y el decreto expropiatorio que establece la indemnización, garantizando el pago de la misma en un período determinado, lo que viene a redundar en los motivos de la iniciativa del diputado Hernández Castellanos, por lo que la misma ha sido satisfecha en sus objetivos.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura, someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Expropiación y Restricciones al Dominio de los Bienes, presentada el dieciocho de septiembre de dos mil siete.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a cuatro de marzo de dos mil diez.

La Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Illich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Guadalupe Acosta Naranjo, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Alejandro Encinas Rodríguez, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ricardo López Pescador, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel, Julio Saldaña Morán, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»



LEY ORGANICA Y DEL GOBIERNO CORPORATIVO DE PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica y del Gobierno Corporativo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; y abroga la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

Honorable Asamblea:

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Energía, y de Hacienda y de Crédito Público, correspondientes a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. El 26 de abril de de 2007 fue turnada a las Comisiones de Energía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la Legislatura LX, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica y del Gobierno Corporativo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; y abroga la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, presentada por el diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. En la misma fecha, la iniciativa en comento fue turnada para su estudio y análisis a las Comisiones Unidas de Energía, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

II. Contenido y objeto de la iniciativa

El diputado Raúl Cervantes Andrade plantea la expedición de la Ley Orgánica y del Gobierno Corporativo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Ésta ley prevé en su Artículo Transitorio Segundo la derogación de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

En principio explica el diputado Cervantes Andrade la urgencia de perfeccionar el modelo de la industria petrolera para convertirla en un eslabón esencial de las cadenas productivas y en un verdadero motor del desarrollo económico y regional.

En su exposición de motivos, el exponente señala que Petróleos Mexicanos se encuentra “sobreregulado” en materia fiscal y administrativa; y que, sin embargo, en materia petrolera, esta “subregulado” ya que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía no tienen atribuciones suficientes ni infraestructura e instrumentos adecuados para reglamentar y supervisar las operaciones y las actividades productivas del organismo.

Expone que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios necesitan una reforma corporativa para que las normas y las reglas jurídicas que los rigen equilibren el ámbito fiscal y financiero con el ámbito operativo-productivo, y no simplemente “autonomía presupuestaria”. Dicha reforma corporativa, de acuerdo al exponente, se puede sustentar en tres ejes principales: 1) Modificar la composición del Consejo de Administración; 2) Otorgar autonomía presupuestaria; y 3) Flexibilizar las normas legales en materia de obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios.

El objeto de una reforma corporativa, señala el diputado Cervantes Andrade, es proporcionar a Pemex un nuevo marco jurídico que le permita ser más eficiente, disminuir sus costos, agilizar la toma de decisiones y alcanzar estándares productivos, todo lo cual redundará en mayores ingresos públicos para la Nación y en menores precios de los combustibles para los agentes económicos.

Con base en los anteriores planteamientos, propone establecer un nuevo mandato a Pemex para que tenga incentivos de operar con criterios empresariales, porque dichos criterios representan la mejor opción en términos financieros y económicos para el país en lo relativo a la ejecución de una actividad que es estratégica y que está reservada al Estado. Un mandato en términos de garantizar una oferta suficiente de energéticos para consumo nacional, con estándares de calidad internacionales y a precios justos que no afecten la competitividad de las empresas mexicanas ni la economía de las familias.

En resumen, la propuesta de reforma en comento plantea transformar a Pemex en un organismo descentralizado, de carácter productivo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión, con nueva estructura corporativa, atribuciones y facultades.

Asimismo, propone crear como organismos subsidiarios de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con autonomía de gestión, los siguientes: Pemex Pemex-Exploración y Producción; Pemex-Refinación; Pemex-Gas y Petroquímica Básica; Pemex-Petroquímica; Pemex-Comercio Internacional; y, por último, Pemex-Investigación y Desarrollo.

También prevé como órganos de gobierno de Petróleos Mexicanos, además del Consejo de administración y la Dirección General, la creación de una Asamblea, como el órgano superior de gobierno de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Por otra parte, propone reestructurar el Consejo de Administración, establecer su profesionalización y el otorgamiento de facultades de autorización del presupuesto, de los proyectos de inversión y del nivel de endeudamiento. De igual forma, prevé el proponente establecer las figuras de consejeros independientes, comisarios y auditores externos. Los primeros, como integrantes del Consejo de Administración; los segundos, encargados de vigilar que los funcionarios y empleados de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios cumplan con la normatividad vigente; y, por último, los auditores externos, quienes deberán informar a los comisarios sobre las irregularidades graves en que se encuentren al desempañar su labor y, además, presentar sus informes a la asamblea.

Por último, el diputado Cervantes Andrade establece mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, así como para la participación y capacitación de trabajadores de Petróleos Mexicanos, y un régimen fiscal especial para la paraestatal.

II. Consideraciones

Primera.En atención a que la iniciativa materia del presente dictamen pretende expedición de la Ley Orgánica y del Gobierno Corporativo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a través de la cual se prevé la derogación de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, esta comisión dictaminadora estima necesario y oportuno señalar los siguientes puntos:

1. A partir del 8 de abril del 2008 se inició un proceso de reformas en materia energética, con motivo de la entrega de una serie de iniciativas al Senado de la República por parte del Ejecutivo Federal, el cual incluyó un amplio debate al interior de las comisiones dictaminadoras en la Cámara de Senadores, así como la realización de diversos foros en los que además de distintos sectores de la sociedad participaron destacados miembros de la Cámara de Diputados.

2. El proceso legislativo correspondiente finalizó el 28 de noviembre de 2008, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los siguientes decretos:

a. Por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos; se adicionan el artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y un párrafo tercero al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

b. Por el que se expide la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

c. Por el que se expide la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

d. Por el que se expide la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

e. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

f. Por el que se reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

g. Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

Entre las publicaciones arriba citadas se encuentra el decretomediante el cual se expide la Ley de Petróleos Mexicanos, misma que inició su vigencia al día siguiente de su publicación, de conformidad con lo establecido en su artículo primero transitorio del mismo instrumento jurídico.

Asimismo, quedó abrogada la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992, de conformidad con el texto de la Ley de Petróleos Mexicanos en sus artículos transitorios siguientes:

“Segundo.Se abroga la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992, con excepción de lo dispuesto en el transitorio siguiente, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.”

Tercero.Los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos: Pemex-Exploración y Producción; Pemex-Refinación; Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex-Petroquímica continuarán realizando sus actividades en cumplimiento de su objeto, garantizando los compromisos asumidos y los que asuman en los Estados Unidos Mexicanos y en el extranjero, hasta en tanto el Ejecutivo federal emita los decretos de reorganización respectivos y determine lo conducente, con base en la propuesta que le presente el Consejo de Administración.

Mientras tanto continuarán vigentes los artículos 3o., 11, y 15 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992, únicamente por lo que se refiere a dichos descentralizados y a su operación, en lo que no se opongan a la presente ley.”

El énfasis en los puntos anteriores obedece al hecho de que el régimen jurídico que regula las actividades de la paraestatal Petróleos Mexicanos ha sido reformado de manera general. También en atención a que dentro de ese régimen se encontraba la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, la cual no sólo se derogó sino que la ley que la sustituye ha dejado de ser una ley “orgánica”. Esto último por considerar que la nueva Ley de Petróleos Mexicanos contiene diversos elementos (deuda públic